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(Expansión, 13-11-2026) | Fiscal

La UE y Reino Unido retrasarán el arancel del 10% a los vehículos eléctricos

La industria automovilística europea obtendrá cierto margen de maniobra después de que la Unión Europea y Reino Unido hayan acordado estudiar el aplazamiento de los aranceles aplicables a los vehículos eléctricos. Los fabricantes consideran que su entrada en vigor agravaría las dificultades del sector para competir con las marcas chinas, que continúan ganando presencia en el mercado europeo. Bruselas está consultando a la industria sobre distintas alternativas para retrasar el arancel del 10% que afectaría a la mayoría de los vehículos a partir del próximo 1 de enero. Según fuentes conocedoras de las conversaciones, Reino Unido también respalda esta iniciativa. Las restricciones están relacionadas con el acuerdo comercial posterior al Brexit, vigente desde 2021, que estableció un endurecimiento progresivo de las normas de origen para impulsar una cadena de suministro europea de baterías. El objetivo era aumentar gradualmente el porcentaje de componentes fabricados localmente que debe incorporar un vehículo para quedar exento de aranceles. Sin embargo, el desarrollo de la producción europea de productos químicos y baterías no ha avanzado al ritmo esperado. Como consecuencia, numerosos modelos eléctricos siguen dependiendo de baterías y componentes químicos importados de Asia. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) advierte de las consecuencias que tendría la aplicación de estas condiciones. Según sus estimaciones, alrededor del 82% de los 520.000 turismos y furgonetas eléctricos que se prevé comercializar en 2027, con un valor aproximado de 17.900 millones de euros, estarían sujetos a los aranceles. Por este motivo, la patronal reclama que se posponga hasta 2030 la entrada en vigor del requisito más exigente sobre el ensamblaje de los paquetes de baterías y hasta 2032 la obligación adicional de que el material catódico empleado en los electrodos tenga origen europeo. Los fabricantes temen que estas medidas reduzcan todavía más su competitividad en el mercado británico, especialmente ante el avance de los productores chinos. La UE y Reino Unido ya acordaron anteriormente retrasar de 2024 a 2027 la aplicación de las modificaciones de las denominadas normas de origen. En aquel momento, ambas partes establecieron jurídicamente que no volverían a conceder una prórroga de este tipo. Aunque el sector del automóvil recibiría favorablemente cualquier aplazamiento, la industria química europea se opone a esta posibilidad porque considera que perjudicaría la demanda de sus productos. Las empresas del sector han destinado importantes inversiones a desarrollar instalaciones europeas para fabricar materiales activos para cátodos, componentes fundamentales del electrodo positivo de las baterías. Las alternativas que estudia la Comisión Europea, todavía sujetas a posibles modificaciones, contemplan una prórroga más limitada que la solicitada por la ACEA. El propósito es aliviar la presión sobre los fabricantes de automóviles sin perjudicar excesivamente el desarrollo de la industria europea de baterías. Entre las opciones planteadas figura un aplazamiento directo de un año. Otra posibilidad consiste en conceder dos años adicionales y permitir que los fabricantes compensen los vehículos exportados que incorporen baterías no conformes con otros modelos comercializados en el mercado nacional que sí cumplan los requisitos. Representantes del sector consideran que este mecanismo podría ser viable, aunque todavía están evaluando cómo adaptarlo a sus operaciones. Por su parte, fuentes del Gobierno británico prevén que las negociaciones formales sobre una posible prórroga comiencen después de la cumbre entre la UE y Reino Unido prevista para el próximo 20 de noviembre. La dependencia exterior de las baterías sigue siendo uno de los principales problemas de la industria británica. Un informe elaborado este mes para la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT) señala que, pese a las inversiones estimadas en 72.000 millones de euros en instalaciones de producción de baterías y vehículos eléctricos desde 2017, Reino Unido todavía importa cerca de dos tercios de las baterías de iones de litio que consume. Además, su capacidad industrial nacional para fabricar estos componentes sigue siendo limitada. El consejero delegado de la SMMT, Mike Hawes, ha destacado la estrecha relación comercial entre ambos mercados, que mantienen intercambios anuales en el sector del automóvil por valor de 80.000 millones de euros y generan millones de puestos de trabajo. Por ello, considera necesario alcanzar una solución pragmática sobre las normas de origen aplicables en 2027 y reforzar la integración de las cadenas de suministro. El informe, elaborado por LSE Consulting, también recomienda coordinar las políticas industriales de ambas jurisdicciones, dada su elevada interdependencia. La Unión Europea recibe el 60% de las exportaciones británicas de vehículos, mientras que Reino Unido concentra el 30% de las exportaciones europeas y constituye el principal mercado de destino de los vehículos eléctricos fabricados en la región. El documento reclama, por tanto, una mayor flexibilidad en las normas de origen y una estrategia conjunta para impulsar la producción de baterías.

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(El Economista, 13-11-2026) | Fiscal

El TEAC avala que la deuda con Hacienda prescriba si la inspección supera 18 meses y no se cobren intereses de demora

Cuando las actuaciones de inspección tributaria superan el plazo máximo legal de duración, el procedimiento no queda automáticamente anulado, sino que debe proseguir hasta su finalización. La principal consecuencia de este incumplimiento es que las actuaciones pierden su capacidad para interrumpir la prescripción, según establece el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en una resolución de 29 de septiembre. El Tribunal señala que, una vez reanudado el procedimiento mediante un acto que tenga eficacia interruptiva de la prescripción, la Administración vuelve a estar sometida al plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras. En el caso analizado, este periodo es de 18 meses, conforme a la redacción del artículo 150.1 de la Ley General Tributaria (LGT) aplicable. Por tanto, la liquidación definitiva será válida siempre que se notifique antes de que finalice dicho plazo. La pérdida del efecto interruptivo implica que el plazo de prescripción de cuatro años se considera que ha seguido transcurriendo sin interrupción. Así, si desde el día siguiente a la finalización del periodo voluntario de declaración hasta la reanudación formal de las actuaciones han transcurrido cuatro años, el derecho de Hacienda a determinar la deuda tributaria habrá prescrito y ya no podrá exigir el pago correspondiente a ese ejercicio. Además, la normativa establece otras consecuencias para la Administración cuando incumple el plazo máximo de inspección. En particular, no podrá exigir intereses de demora por el periodo comprendido entre el momento en que se supera el plazo legal y la reanudación formal de las actuaciones. De este modo, si finalmente procede practicar una liquidación, el importe de los intereses que deberá satisfacer el contribuyente será inferior. La reanudación también obliga a Hacienda a respetar nuevamente el límite temporal de 18 meses para concluir el procedimiento y notificar la liquidación. Un nuevo incumplimiento puede comprometer definitivamente la actuación administrativa y permitir que la prescripción afecte a los ejercicios que todavía sean objeto de comprobación. En consecuencia, cuando la liquidación definitiva se notifica dentro de los 18 meses siguientes a la reanudación válida de las actuaciones, se cumplen los requisitos temporales exigidos por la normativa, siempre que el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria no haya prescrito. Por tanto, el exceso de duración de la fase inicial de inspección no determina por sí mismo la nulidad de la liquidación final. Esta seguirá siendo válida si, tras una reanudación eficaz de las actuaciones, la Administración respeta el nuevo plazo legal y notifica la resolución dentro del periodo establecido.

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(Expansión, 13-11-2026) | Laboral

Una de cada cuatro nuevas pymes cierra en menos de cinco años asfixiada por los costes

Una de cada cuatro empresas creadas en España durante los últimos cinco años ha desaparecido antes de alcanzar su quinto aniversario. Esta es una de las principales conclusiones del Informe Pyme 2026, elaborado por el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME). El estudio pone de manifiesto que, pese al crecimiento económico y al buen comportamiento del empleo, las empresas siguen afrontando importantes dificultades para mantener su actividad a largo plazo. El informe clasifica las compañías en función de su antigüedad. Las empresas emprendedoras, con menos de diez años de trayectoria, representan el 12,5% del tejido empresarial analizado. Las que se encuentran en fase de desarrollo, con entre 11 y 25 años, suponen el 38,1%, mientras que las consolidadas, con una antigüedad de entre 26 y 50 años, alcanzan el 42,5%. Por último, las empresas longevas, con más de medio siglo de actividad, representan el 6,9%. Entre las principales causas que amenazan la continuidad de los negocios destaca la presión fiscal, señalada por el 16% de las más de 600 empresas encuestadas como uno de los factores que pueden provocar el cierre. La elevada carga tributaria reduce los márgenes empresariales y limita la capacidad de generar beneficios suficientes para sostener la actividad. También tienen un peso significativo los costes operativos, mencionados por el 10,7% de las compañías, y la falta de rentabilidad, que representa el 10,5%. Dentro de los gastos de explotación, los costes laborales constituyen el componente que más condiciona la estructura de costes, con una valoración media de 4,33 puntos sobre cinco. Su incidencia es especialmente elevada en sectores con una importante dependencia de la mano de obra, como la construcción (4,53) y los servicios (4,34). La fiscalidad ocupa igualmente una posición destacada entre los costes operativos, con una puntuación de 4,29 sobre cinco. Su impacto afecta al conjunto de las actividades empresariales, aunque resulta especialmente intenso en la construcción (4,60) y la industria (4,33), donde reduce el margen de maniobra financiera de las compañías. Por su parte, el encarecimiento y la volatilidad de los precios de la energía y las materias primas, con una valoración de 4,03, añaden presión sobre los resultados, especialmente en la industria y la construcción. La burocracia excesiva y la proliferación normativa constituyen otro obstáculo para la continuidad empresarial. El 8,7% de los encuestados las identifica como posibles desencadenantes del cierre, una proporción similar a la correspondiente a la presión competitiva (8,2%), relacionada con las guerras de precios y las prácticas de competencia desleal. A estas dificultades externas se añaden problemas internos que también comprometen la supervivencia de las empresas. Entre ellos sobresalen las dificultades para garantizar el relevo generacional, señaladas por el 13,4% de las compañías, debido principalmente a la jubilación de sus propietarios y a la ausencia de mecanismos que aseguren la continuidad del negocio. Asimismo, el 9,2% apunta a los problemas para encontrar y conservar trabajadores cualificados y profesionales con formación técnica. En cuanto a la evolución del empleo, durante 2025 las pymes españolas mantuvieron un comportamiento relativamente estable y, en términos generales, expansivo. El 61,6% conservó el mismo número de trabajadores, mientras que el 29,9% amplió sus plantillas y únicamente el 8,5% redujo su personal. La creación de empleo estuvo condicionada por el tamaño de las compañías. Las empresas medianas y pequeñas registraron los mayores porcentajes de crecimiento de sus plantillas, con un 37,5% y un 36,7%, respectivamente. En las microempresas, esta proporción fue considerablemente inferior, del 22%. Por actividades, el comercio y los servicios encabezaron el aumento de las contrataciones, con un 31,4% y un 30,5% de empresas que incorporaron trabajadores. La construcción presentó una evolución menos favorable: aunque el 28,9% de las compañías incrementó su plantilla, un 14,5% redujo el número de empleados. Las previsiones para 2026 apuntan a una moderación de las expectativas de contratación. El 68,2% de las pymes espera mantener sus equipos de trabajo, mientras que solo un 6,4% contempla realizar despidos. Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé incorporar trabajadores se sitúa en el 25,3%, por debajo del registrado en el ejercicio anterior. Las diferencias también son significativas en función del tamaño empresarial. Las compañías medianas mantienen una mayor disposición a contratar, con un 37,5% que prevé ampliar sus plantillas. En cambio, las microempresas muestran una actitud más prudente y menos del 20% contempla incorporar nuevos trabajadores. Por sectores, la construcción presenta las mejores perspectivas de creación de empleo, con un 30,1% de las pymes que espera aumentar sus equipos. Le siguen la industria, con un 26,7%, y el comercio, con un 16,9%.

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(El País, 13-11-2026) | Laboral

La remuneración media del sector financiero alcanza los 53.251 euros anuales, frente a los 14.867 de los servicios personales y de ocio

Las diferencias salariales entre los distintos sectores económicos en España siguen siendo muy significativas. Los trabajadores de las entidades financieras y aseguradoras perciben remuneraciones que multiplican por más de dos las del comercio y el transporte y que llegan a cuadruplicar las de algunas actividades de servicios. Según la estadística del Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, actualizada este miércoles por la Agencia Tributaria con datos de 2025, el salario medio anual de los casi 390.000 empleados del sector financiero y asegurador alcanzó los 53.251 euros. En el extremo opuesto se encuentran los trabajadores de otros servicios y actividades de ocio, con una retribución media de 14.867 euros anuales para un colectivo de cerca de 2,8 millones de personas. Por su parte, los 4,6 millones de asalariados del comercio y el transporte cobraron una media de 24.111 euros. La estadística recoge información de todas las provincias españolas, salvo las del País Vasco y Navarra, que disponen de sistemas tributarios propios. La clasificación salarial por actividades sitúa a las entidades financieras y aseguradoras a la cabeza, seguidas de los sectores de información y comunicaciones, con 40.036 euros anuales, y de las industrias extractivas, la energía y el agua, con 34.839 euros. Los servicios sociales registraron una media de 31.009 euros, mientras que la industria alcanzó los 30.427 euros. Por debajo se situaron la construcción y las actividades inmobiliarias, con 24.379 euros; el comercio y el transporte, con 24.111 euros, y los servicios a empresas, con 23.551 euros. Los últimos puestos correspondieron a otros servicios y actividades de ocio, con 14.867 euros, y a la agricultura y la pesca, donde la remuneración media fue de 12.073 euros anuales. Las diferencias retributivas también son importantes dentro de cada actividad dependiendo de la provincia. En el sector financiero y asegurador, Madrid registra el salario medio más elevado, con 70.482 euros anuales, prácticamente el doble que Badajoz, que presenta la remuneración más baja de esta rama. En el comercio y el transporte, la capital vuelve a encabezar la clasificación, con unos 31.000 euros, frente a los cerca de 16.000 euros de Huelva. También se observan contrastes destacados en las distintas ramas de servicios. En las actividades personales y de ocio, los ingresos medios de Baleares casi duplican los de Jaén. En los servicios a empresas, Madrid vuelve a situarse en primera posición y Jaén en la última. Por su parte, las remuneraciones de los servicios sociales en Ceuta y Melilla superan en más de 15.000 euros anuales las registradas en las provincias extremeñas. La comparación entre sectores y territorios permite identificar los salarios más elevados de la estadística. Madrid concentra buena parte de las primeras posiciones, con los 70.482 euros anuales de las entidades financieras y aseguradoras a la cabeza. También destacan Barcelona, donde los trabajadores de esta actividad perciben una media de 53.426 euros, y Madrid, con 50.509 euros en la industria extractiva. En el otro extremo, Jaén, que registra el salario medio general más bajo, presenta también la remuneración mínima de toda la clasificación en los servicios personales y de ocio. La diferencia entre este dato y el salario financiero más elevado de Madrid supera los 59.000 euros anuales. Las disparidades territoriales se reproducen en otras actividades. La industria extractiva, energética y del agua alcanza sus mayores remuneraciones en Madrid, mientras que Cuenca registra el dato más bajo. En la construcción y las actividades inmobiliarias las diferencias son más moderadas, aunque siguen siendo relevantes. La agricultura presenta uno de los contrastes más acusados: Cantabria supera los 23.000 euros anuales de salario medio, mientras que Jaén apenas rebasa los 5.000 euros. No obstante, para interpretar correctamente estas cifras es necesario tener en cuenta la metodología de la Agencia Tributaria. La estadística refleja los ingresos salariales medios anuales por trabajador, pero no equivale a una remuneración por hora ni a un sueldo correspondiente a una jornada completa durante los doce meses del año. En los cálculos se incluyen tanto los empleados a tiempo parcial como quienes trabajan de forma temporal o únicamente durante una parte del ejercicio, una circunstancia especialmente relevante en las actividades estacionales. La agricultura constituye un ejemplo de esta particularidad. La estadística registra una media nacional de 2,39 percepciones salariales por persona durante el año, lo que evidencia la fragmentación de los ingresos a lo largo del ejercicio. En Jaén, los 5.263 euros de salario medio anual en esta actividad, con 4,2 percepciones por trabajador, no representan necesariamente la remuneración de un jornalero empleado a jornada completa durante todo el año, sino que reflejan en buena medida la temporalidad y el carácter discontinuo de estos trabajos. En cambio, las entidades financieras y aseguradoras y la industria registran cerca de 1,2 percepciones salariales por persona, un indicador que apunta a una mayor continuidad en el empleo. Las diferencias entre sectores también están relacionadas con la composición de sus plantillas y las características de los puestos de trabajo. Las actividades financieras y aseguradoras concentran empleos que requieren habitualmente una mayor cualificación y especialización, mientras que el comercio y buena parte de los servicios personales cuentan con ocupaciones más diversas, en las que tienen mayor presencia los salarios reducidos, las jornadas parciales y la contratación estacional. Las diferencias de productividad entre actividades también contribuyen a explicar esta brecha, aunque los datos no permiten determinar el peso concreto de cada factor. En términos generales, la estadística de 2025 sitúa el salario medio anual en España en 28.685 euros para un colectivo próximo a los 17 millones de asalariados. Por otro lado, los 9,2 millones de pensionistas incluidos en el estudio percibieron una prestación media anual de 20.752 euros.

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(El País, 13-11-2026) | Laboral

España ya es el segundo país de la UE con más trabajadores nacidos en el extranjero

La inmigración se ha consolidado como uno de los principales factores de crecimiento del mercado laboral español. En apenas diez años, España ha pasado a situarse entre las economías desarrolladas que más trabajadores extranjeros incorporan a su actividad productiva. En 2025 contaba con más de 4,8 millones de ocupados nacidos en otros países, lo que la convertía en el segundo Estado de la Unión Europea con mayor número de trabajadores de origen extranjero, únicamente por detrás de Alemania. A escala internacional, España ocupa el cuarto puesto entre las economías desarrolladas que más mano de obra migrante atraen, según el informe International Migration Outlook 2026, publicado por la OCDE. Esta evolución mantiene una tendencia creciente. Durante el pasado año llegaron a España 460.500 nuevos residentes permanentes, un 25% más que en 2024. Entre las principales economías europeas, solo Alemania recibió un mayor número de nuevos residentes. El cambio también se aprecia en la composición demográfica: desde 2015, la población nacida en el extranjero ha aumentado un 61% y representa ya prácticamente el 20% de los habitantes del país. La llegada de población extranjera ha contribuido a compensar parcialmente el envejecimiento demográfico y a cubrir vacantes en actividades con dificultades para encontrar trabajadores, como la construcción. Sin embargo, su aportación al crecimiento económico sigue condicionada por su concentración en sectores de productividad reducida. Marruecos constituye el principal país de origen de estos trabajadores, seguido de varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Perú. La presencia de empleados extranjeros es especialmente elevada en determinadas actividades. En la hostelería representan cerca de la mitad de las personas ocupadas, mientras que en la construcción y los servicios de cuidados superan el 30%. También tienen un peso significativo en el comercio, donde suponen el 15% del empleo, la industria manufacturera (11%), los servicios domésticos (8%) y la agricultura (5%). Se trata de actividades fundamentales para el funcionamiento de la economía, pero caracterizadas, en buena medida, por una elevada intensidad de mano de obra, una productividad relativamente baja, remuneraciones más reducidas y una mayor inestabilidad laboral. La OCDE advierte de que una parte importante de los inmigrantes desempeña trabajos que requieren una cualificación inferior a la que poseen. Esta situación supone desaprovechar una parte de su formación y experiencia profesional. Aunque España destaca por su capacidad para incorporar trabajadores extranjeros al mercado laboral, también presenta uno de los mayores desajustes entre la preparación de estos empleados y los puestos que ocupan. El informe señala que la tasa de empleo de la población extranjera en España se aproxima considerablemente a la de los trabajadores nativos: alcanza el 66,6%, frente al 67,1% de estos últimos. Esta diferencia contrasta con la registrada en otros países europeos, como Alemania, donde la brecha llega a diez puntos porcentuales, o Países Bajos, donde se acerca a los trece. Sin embargo, la integración laboral no siempre se traduce en un aprovechamiento adecuado del capital humano. Muchos extranjeros con estudios superiores terminan ocupando puestos de cualificación baja o intermedia. Entre los obstáculos que explican esta situación figuran las dificultades para homologar titulaciones, acreditar la experiencia profesional adquirida en sus países de origen y acceder a determinadas ocupaciones. En el conjunto de la OCDE, el 33% de los trabajadores extranjeros con formación superior desempeña empleos de cualificación baja o media, frente al 24% de los trabajadores nativos. En España, este desajuste supera el 50%, lo que evidencia las dificultades para aprovechar plenamente las capacidades profesionales de la población inmigrante. Esta situación también tiene consecuencias sobre la productividad. Según la OCDE, la concentración inicial de los trabajadores extranjeros en actividades menos productivas restó un punto porcentual al crecimiento de la productividad agregada española entre 2014 y 2024. La posterior incorporación de parte de estos empleados a sectores con mayor productividad permitió compensar parcialmente ese efecto, aunque no fue suficiente para revertirlo. El organismo subraya que el problema no reside en la llegada de trabajadores extranjeros, sino en que su incorporación no ha ido acompañada de una transformación suficiente de la estructura productiva y empresarial. En materia migratoria, España también ha seguido una estrategia diferente a la de buena parte de las economías desarrolladas. Mientras países como Reino Unido, Canadá y Alemania han endurecido sus políticas mediante mayores exigencias salariales, restricciones al número de entradas y nuevas limitaciones en los procedimientos de asilo, el Gobierno español ha optado por flexibilizar la normativa y ampliar las vías de regularización. La reforma del Reglamento de Extranjería, que entró en vigor en mayo de 2025, simplificó los procedimientos para obtener permisos de residencia, redujo los plazos exigidos y estableció cinco modalidades de arraigo. A esta modificación se ha añadido el proceso extraordinario de regularización de 2026, que ha recibido 1,2 millones de solicitudes, de las cuales 610.000 han sido admitidas a trámite. Esta política responde también a las necesidades demográficas y económicas del país. El envejecimiento de la población y las dificultades de numerosas actividades para cubrir sus vacantes hacen necesaria la incorporación de nuevos trabajadores para mantener el crecimiento y sostener el mercado laboral. En cualquier caso, el peso de la inmigración en la creación de empleo no es exclusivo de España. La OCDE destaca que, entre 2014 y 2024, los trabajadores extranjeros representaron al menos la mitad del crecimiento neto del empleo en la mitad de los países que integran la organización.

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(La Vanguardia, 13-11-2026) | Laboral

Las mujeres cobran pensiones un 24,5% más bajas

La desigualdad salarial entre hombres y mujeres también se refleja en las pensiones. Las diferencias acumuladas durante la vida laboral, derivadas de jornadas más reducidas, salarios inferiores y una mayor dedicación a los cuidados, hacen que las mujeres perciban prestaciones más bajas al jubilarse. En la Unión Europea, la brecha de género en las pensiones alcanza el 24,5%. Esta situación centró uno de los debates celebrados en el Parlamento Europeo durante la semana de la igualdad de género. Expertas y eurodiputadas analizaron los avances logrados mediante las políticas destinadas a reducir esta diferencia, así como los desafíos que todavía persisten. En los últimos años, varios países comunitarios han aprobado medidas para reconocer los períodos dedicados al cuidado de los hijos como parte de la trayectoria laboral y contribuir así a reducir la brecha. Francia, Bélgica y España figuran entre los Estados que han impulsado este tipo de iniciativas. La diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres también ha disminuido con la jubilación de la generación del baby boom, en la que la incorporación femenina al mercado de trabajo fue más elevada que en las anteriores. Según la OCDE, la brecha se ha reducido del 28% al 23% entre 2007 y 2024. En España, ha pasado de superar el 30% hace una década al 29,2% actual. Detrás de esta desigualdad confluyen distintos factores, aunque el principal está relacionado con las diferencias en los ingresos acumulados durante la vida laboral. Monika Queisser, asesora principal del director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE y responsable de su división de política social, señaló que la menor cantidad de horas trabajadas explica buena parte de la diferencia. Las mujeres recurren con mayor frecuencia al empleo a tiempo parcial y también asumen más habitualmente los permisos y las interrupciones laborales por cuidados. La actividad laboral no es, sin embargo, el único elemento que influye. Lina Salanauskaite, investigadora del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE), advirtió de que los sistemas fiscales de los países de la UE también pueden contribuir a mantener las diferencias. Las personas con rentas bajas, entre las que hay una mayor proporción de mujeres, acceden a menos ventajas fiscales. Además, en numerosos Estados los rendimientos de los planes de pensiones de capitalización están exentos de impuestos, una circunstancia que favorece especialmente a quienes disponen de mayores ingresos y capacidad de ahorro. Esta desigualdad también se aprecia en los países donde los planes de pensiones de empresa tienen un mayor desarrollo. En Países Bajos, por ejemplo, estos sistemas están muy extendidos, pero las mujeres trabajan con más frecuencia a tiempo parcial. Aunque los complementos privados pueden ayudar a mejorar las prestaciones, también reproducen las diferencias existentes en el mercado laboral. La brecha de género en las pensiones neerlandesas alcanza el 36,3%, según Eurostat. Durante el debate, varias eurodiputadas defendieron la necesidad de avanzar en transparencia salarial y mejorar la educación financiera de las mujeres. No obstante, la experta de la OCDE recordó que no existe un modelo de pensiones que garantice por sí mismo la igualdad, ya que sus resultados dependen en gran medida de las características del mercado laboral. En el extremo opuesto de las estadísticas se encuentra Estonia, donde la diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres se limita al 5%. Sin embargo, este resultado no implica que el país haya eliminado las desigualdades laborales. Salanauskaite explicó que responde, en buena medida, a los patrones históricos de empleo y a los mecanismos redistributivos de su sistema de pensiones. De hecho, Estonia registra una de las brechas salariales entre hombres y mujeres más elevadas de la Unión Europea. La reducida diferencia en las pensiones estonias está relacionada con el legado de la etapa soviética, durante la que las mujeres alcanzaron tasas más elevadas de empleo a tiempo completo. La investigadora advierte de que esta situación podría cambiar en las próximas décadas. El aumento del trabajo a tiempo parcial, especialmente entre las mujeres, y las interrupciones profesionales para atender a los hijos podrían ampliar la brecha entre las generaciones más jóvenes.

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(Cinco Días, 13-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Diputación Permanente ha convalidado este jueves uno de los dos decretos de vivienda que el Gobierno aprobó a comienzos de octubre

El Congreso ha convalidado el decreto ley de vivienda que reúne la mayor parte de las medidas impulsadas por el Gobierno, mientras que el segundo texto, que contemplaba la instauración de contratos de alquiler indefinidos y el pago de indemnizaciones a los inquilinos cuando el propietario decidiera recuperar la vivienda, no ha conseguido los apoyos necesarios para continuar vigente. La primera norma mantiene así un amplio conjunto de disposiciones destinadas a regular el mercado del alquiler, limitar determinadas operaciones inmobiliarias y reforzar la protección de los arrendatarios. Entre las principales novedades figura la prohibición, hasta el 31 de diciembre de 2030, de que fondos, grandes tenedores y determinadas entidades adquieran viviendas por un importe inferior al 70% de su valor de mercado. Se contemplan excepciones para operaciones vinculadas al alquiler asequible, la vivienda social, las residencias asistenciales y los programas dirigidos a colectivos vulnerables. En materia de desahucios, se prolonga hasta finales de 2030 la suspensión de los procedimientos que afecten a personas vulnerables sin alternativa habitacional. Cuando el demandante sea un gran propietario inmobiliario y concurran las circunstancias previstas en la norma, la paralización tendrá carácter automático. En los demás supuestos, el juez podrá suspender el procedimiento mientras la Administración no proporcione una solución residencial. También se establecen compensaciones económicas para determinados propietarios afectados por estas medidas. Otra de las novedades es la denominada enervación extraordinaria, que permitirá que la Administración asuma las deudas de alquiler de los inquilinos vulnerables cuando no consiga ofrecerles una alternativa habitacional en un plazo de dos meses. En estos casos, la Administración se subrogará como deudora por las cantidades pendientes y, mientras se mantenga la situación de vulnerabilidad, no podrá ejecutarse el lanzamiento y el contrato de arrendamiento continuará vigente. La regulación también endurece las condiciones de los alquileres de temporada para evitar que se utilicen como fórmula para eludir las garantías previstas para los arrendamientos de vivienda habitual. Los contratos temporales deberán justificar una causa real y acreditable que explique el desplazamiento del arrendatario. Si no existe esa justificación, pasarán a considerarse contratos de alquiler ordinario, con las correspondientes protecciones legales para el inquilino. En cuanto al alquiler por habitaciones, la suma de las rentas individuales no podrá superar el importe que correspondería al arrendamiento de la vivienda completa. En las zonas declaradas de mercado residencial tensionado, además, deberán respetarse los límites de precios establecidos para los alquileres de vivienda habitual. El decreto incorpora asimismo nuevas garantías para los arrendatarios. Entre ellas, la prohibición de trasladarles los gastos de gestión inmobiliaria y los impuestos asociados a la vivienda, un refuerzo de sus derechos ante desperfectos que comprometan las condiciones de habitabilidad y mayores facilidades para exigir reparaciones urgentes. También se amplía el derecho de adquisición preferente cuando el propietario decida vender el inmueble arrendado. Respecto a la duración de los contratos y la actualización de las rentas, los alquileres de vivienda habitual que finalicen antes de terminar 2028 podrán beneficiarse, a petición del inquilino y si cumplen los requisitos establecidos, de una prórroga extraordinaria de hasta dos años. Asimismo, hasta el 31 de diciembre de 2027 se limitarán las actualizaciones de los precios. Cuando la renta supere los índices de referencia aplicables, no podrá incrementarse, mientras que en los demás casos la subida máxima será del 2% si no existe un acuerdo entre las partes. Un informe del Ministerio de Consumo estima que esta prórroga podría generar un ahorro medio de 4.341 euros por hogar y beneficiar a cerca de cinco millones de personas. La condición de gran tenedor deberá acreditarse mediante una certificación registral. Se mantienen como referencia los umbrales de más de diez viviendas o más de 1.500 metros cuadrados de superficie residencial, aunque las comunidades autónomas podrán reducir el límite hasta cinco inmuebles en las zonas declaradas tensionadas. En el ámbito fiscal, se modifica el sistema de incentivos en el IRPF para los propietarios, con mayores beneficios para quienes reduzcan los precios del alquiler, mantengan los contratos con los mismos inquilinos, alquilen por primera vez a precios asequibles o cedan inmuebles a programas sociales. En determinados supuestos, las reducciones podrán alcanzar el 100% del rendimiento neto. Los arrendatarios también contarán con una nueva ventaja fiscal. Los contribuyentes con ingresos inferiores a 33.007 euros anuales podrán deducirse en el IRPF el 10% de las cantidades abonadas por el alquiler de su vivienda habitual. La normativa introduce además cambios tributarios para desincentivar el uso turístico y la desocupación permanente de inmuebles. Los ayuntamientos podrán aplicar recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas turísticas situadas en zonas tensionadas y a los inmuebles que permanezcan desocupados de forma permanente. Por otra parte, los alquileres turísticos de corta duración tributarán al tipo reducido del 10% de IVA en los supuestos previstos por la regulación. También se establecen modificaciones para las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis), que estarán sujetas a un gravamen especial del 25% sobre determinados beneficios no distribuidos procedentes del alquiler residencial. Este gravamen podrá reducirse o desaparecer cuando una parte significativa de sus viviendas se destine al alquiler asequible y los beneficios se reinviertan en este tipo de inmuebles. Otra línea de actuación se dirige a incrementar el parque público de vivienda. El decreto garantiza la protección permanente del patrimonio de Casa 47, la empresa pública estatal de vivienda, de modo que los inmuebles transferidos a esta entidad, incluidos los procedentes de la Sareb y otros organismos públicos, mantendrán limitaciones de precio en futuras transmisiones. Asimismo, se facilita la incorporación de propiedades estatales y de la Seguridad Social al parque público. Por primera vez, la normativa establece una definición legal de vivienda asequible. Tendrán esta consideración los inmuebles cuyo precio de venta o alquiler, incluidos los gastos asociados, no supere el 30% de la renta mediana de la unidad de convivencia del municipio en el que se encuentren. Para impulsar la construcción de viviendas sociales y asequibles, se crea un Fondo de Vivienda de Impacto Social con una dotación inicial de 400 millones de euros. También se habilitan líneas de avales de hasta 2.000 millones para financiar promociones de este tipo de viviendas y otros 280 millones en garantías destinados a fomentar la construcción industrializada. El decreto contempla igualmente un programa de préstamos públicos para facilitar la adquisición de la primera vivienda habitual. A través del mecanismo TU CASA, podrán obtenerse préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros o del 20% del valor del inmueble. Las viviendas adquiridas mediante esta financiación estarán sujetas a limitaciones permanentes de precio en futuras transmisiones. Por último, se refuerzan las obligaciones de transparencia en los anuncios de alquiler. Las ofertas deberán incluir, cuando corresponda, el índice de referencia aplicable, el límite legal de la renta, la condición de gran tenedor del propietario y los identificadores administrativos del inmueble, con el objetivo de que los potenciales inquilinos puedan comprobar las condiciones del arrendamiento antes de formalizar el contrato.

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(Expansión, 13-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno limita a la mitad las licencias a ‘data center’

La nueva planificación del Gobierno para ampliar las redes eléctricas españolas hasta 2030 contempla reservar 9.300 megavatios (MW) de capacidad para los centros de datos, tanto para las instalaciones que ya se encuentran en fase de construcción como para los futuros proyectos. Esta cifra representa menos de la mitad de las previsiones del sector, que había planteado iniciativas con una demanda conjunta de hasta 22.000 MW. La decisión supone un nuevo obstáculo para el desarrollo de los centros de datos en España, una actividad sobre la que el Ejecutivo mantiene ciertas reservas y a la que ya ha impuesto otras condiciones, como la exigencia de un elevado consumo de energía procedente de fuentes renovables. La planificación concede mayor capacidad a otros sectores. Las instalaciones industriales podrán disponer de 14.900 MW, mientras que los proyectos vinculados al hidrógeno contarán con una reserva de 12.400 MW. En conjunto, el plan prevé incrementar en 47.400 MW la capacidad de la red eléctrica nacional, lo que supone una ampliación sin precedentes. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, defendió ayer el acuerdo alcanzado en torno a la Planificación de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, que movilizará una inversión de 17.142 millones de euros para responder al crecimiento de la demanda energética. Durante su comparecencia, a petición propia, ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, Aagesen subrayó que el documento es fruto del consenso y del trabajo desarrollado con las comunidades autónomas, el sector energético y la sociedad civil. La ejecución de las actuaciones corresponderá a Red Eléctrica de España (REE), como transportista único del sistema. El presupuesto previsto supera en un 30% los 13.188 millones de euros de la propuesta inicial sometida a audiencia pública y en un 146% los 6.964 millones contemplados en la planificación anterior, aprobada en 2022 y con vigencia hasta 2026. Los 47.400 MW de nueva demanda representan un aumento del 71% respecto al volumen inicialmente previsto y multiplican ampliamente las solicitudes registradas en 2022, cuando no alcanzaban los 2.000 MW. Aagesen reconoció la magnitud de este crecimiento y señaló que nunca había manejado, ni siquiera desde su formación como ingeniera, incrementos de demanda de semejante dimensión. La ministra destacó que la planificación supone un cambio de enfoque, al centrarse por primera vez en dar respuesta a las nuevas necesidades de consumo de las empresas y actividades que quieren instalarse en España, atraídas, entre otros factores, por sus precios energéticos competitivos. Aagesen también incidió en la dimensión social, económica, territorial, energética e industrial del proyecto, más allá de su componente inversor. En este sentido, señaló que las actuaciones destinadas a atender las necesidades de suministro eléctrico de las viviendas suman 6.000 MW, equivalentes al 12,6% de la nueva capacidad prevista.

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(Expansión, 12-11-2026) | Fiscal

Los Bizum que se tendrán que declarar a la Agencia Tributaria de cara a 2027

Desde el 1 de enero de 2026, las entidades bancarias están obligadas a comunicar mensualmente a la Agencia Tributaria, sin límite mínimo de importe, las operaciones realizadas mediante Bizum por empresarios y profesionales. El abogado, economista y asesor fiscal Andrés Millán, conocido en redes sociales como @lawtips, ha publicado en Instagram varios ejemplos para aclarar qué pagos deben declararse y cuáles pueden tener consecuencias fiscales. En una de sus publicaciones, Millán advierte de que la ausencia de comunicación a Hacienda no implica que una operación quede al margen de las obligaciones tributarias. Así, recuerda que cualquier cantidad entregada sin obligación de devolución puede considerarse una donación y quedar sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con independencia de que se haya transferido mediante Bizum o por otro procedimiento. Entre los ejemplos menciona los regalos de boda y cumpleaños. Aunque estas operaciones no se comuniquen inicialmente, podrían detectarse en caso de una inspección o si su cuantía genera alguna alerta. Una situación diferente es la de las cantidades destinadas al mantenimiento de los hijos. Según explica el asesor fiscal, los pagos para cubrir gastos de alimentación, estudios o vivienda no tienen la consideración de donaciones, ya que forman parte de la obligación legal de alimentos que corresponde a los progenitores. Por tanto, no están sujetos al Impuesto sobre Donaciones. Esta responsabilidad aparece recogida en el artículo 154 del Código Civil, que establece el deber de los padres de velar por sus hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. En cuanto a los préstamos entre particulares, Millán recomienda documentar adecuadamente la operación para acreditar que el dinero deberá devolverse y evitar que pueda interpretarse como una donación. Para ello, aconseja formalizar un contrato en el que consten la cantidad prestada, la fecha y las condiciones de devolución, realizar los movimientos a través de una entidad bancaria y presentar el documento ante la comunidad autónoma correspondiente. Aunque los préstamos están exentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, su documentación permite justificar la naturaleza de la operación ante Hacienda. El Real Decreto 253/2025, de 1 de abril, modificó el Reglamento del IRPF y otras normas de gestión tributaria para reforzar el control fiscal sobre los pagos digitales y los nuevos medios de cobro. Entre sus principales novedades figura la obligación de las entidades financieras, de pago y de dinero electrónico, incluidas las extranjeras que operen en España, de facilitar a la Agencia Tributaria información mensual sobre las cuentas de pago y los cobros recibidos por empresarios y profesionales mediante tarjetas y sistemas de pago móvil como Bizum. La modificación elimina el anterior límite de 3.000 euros que condicionaba esta obligación informativa. Además, la norma establece una nueva obligación de información anual para los emisores de tarjetas, que deberán comunicar los datos correspondientes a aquellas cuyo volumen total de operaciones supere los 25.000 euros anuales.

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(El País,12-11-2026) | Fiscal

Hacienda obliga a tributar las prejubilaciones voluntarias si no se enmarcan en un despido colectivo

Hacienda exigirá tributar en el IRPF por las indemnizaciones recibidas en procesos de bajas incentivadas y prejubilaciones voluntarias cuando no exista un expediente de regulación de empleo (ERE) en curso en el momento en que se formalice el acuerdo entre la empresa y el trabajador. Así lo establece una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que unifica el criterio de la Administración tributaria y dificulta que miles de contribuyentes puedan recuperar los impuestos pagados por estas compensaciones. El pronunciamiento tiene especial repercusión en sectores que están llevando a cabo procesos de reorganización de sus plantillas, como el bancario. En los últimos años, las entidades financieras han recurrido cada vez más a los programas colectivos de bajas voluntarias y prejubilaciones para reducir personal sin necesidad de iniciar un despido colectivo formal. El origen del litigio se encuentra en la reclamación de un empleado de banca que se acogió voluntariamente a uno de estos programas en 2021. Posteriormente, solicitó a la Agencia Tributaria la rectificación de sus declaraciones del IRPF para recuperar las cantidades abonadas por la indemnización, al considerar que debía aplicarse la exención prevista para las compensaciones por despido. Hacienda rechazó la petición al entender que la extinción de la relación laboral se había producido por acuerdo entre las partes. El trabajador recurrió ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana, que en 2025 le dio la razón. El tribunal consideró que la adhesión a un plan colectivo de adecuación de plantilla tenía carácter involuntario y podía acogerse a la exención, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a casos como los de Banca Cívica y Banco Mare Nostrum. Ante esta interpretación, la Agencia Tributaria elevó el asunto al TEAC para que fijara un criterio común. El tribunal central aclara que la doctrina del Supremo sobre aquellos precedentes no puede aplicarse automáticamente a cualquier programa de prejubilaciones. En esos casos, el carácter forzoso de las salidas estaba vinculado a la existencia de un despido colectivo, dentro del cual los trabajadores podían optar por alguna de las medidas negociadas para evitar la extinción directa de sus contratos. En cambio, cuando la adhesión voluntaria se produce antes de un ERE o al margen de este procedimiento, el cese se considera fruto de un acuerdo entre empresa y empleado. El TEAC añade que la existencia de un despido colectivo no depende de cómo perciba el trabajador su salida de la empresa, sino de que se haya iniciado formalmente el procedimiento legal correspondiente, con la constitución de una comisión negociadora y la comunicación a la autoridad laboral. Las consecuencias alcanzan tanto a quienes ya han abandonado sus puestos mediante estos programas como a quienes tienen previsto hacerlo sin que exista un ERE abierto. Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, señala que, si no hay un despido colectivo en marcha, la adhesión a un plan de prejubilación se considera una decisión voluntaria y la indemnización debe tributar en el IRPF. La resolución afecta especialmente a los contribuyentes que mantienen reclamaciones para recuperar el impuesto pagado por estas compensaciones. Al tratarse de un criterio vinculante para la Administración tributaria, sus posibilidades de obtener una resolución favorable en vía administrativa se reducen considerablemente. No obstante, el pronunciamiento no vincula a los órganos judiciales, por lo que los afectados todavía pueden acudir a los tribunales para defender que la extinción de su contrato fue involuntaria. Según Fernández, las opciones de éxito judicial también disminuyen cuando no existía un ERE en el momento de formalizar la baja. El impacto fiscal puede alcanzar importes elevados y depende de las circunstancias personales y económicas de cada contribuyente. Los cálculos de TaxDown muestran que la diferencia entre acogerse a un ERE o a un programa voluntario de prejubilación puede representar decenas de miles de euros. Así, para un trabajador con un salario anual de 40.000 euros y una indemnización de 80.000, la exención de esta última permitiría tributar únicamente por el sueldo, con una cuota estimada de 7.200 euros en Madrid y 7.900 en Barcelona. Si la salida se produce mediante un plan voluntario sin ERE, la indemnización tendría que integrarse en la declaración y la factura fiscal ascendería a unos 29.600 euros en Madrid y 31.100 en Barcelona. La diferencia aumenta en los tramos salariales superiores. Para un empleado con una retribución anual de 70.000 euros y una indemnización de 140.000, la brecha fiscal entre ambas modalidades alcanza los 42.000 euros en Madrid y los 45.000 en Barcelona. En el caso de un directivo con un salario de 100.000 euros y una compensación de 300.000, el ahorro podría situarse en torno a los 54.000 y 61.000 euros, respectivamente. En este último supuesto, sin embargo, la exención no se aplicaría a toda la indemnización. La normativa establece un límite máximo de 180.000 euros, por lo que el importe que supere esa cantidad deberá tributar en el IRPF.

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