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(Expansión, 16-10-2026) | Fiscal

El barco de la economía española mantiene un ritmo de crecimiento muy superior al de sus homólogos europeos

La economía española perderá impulso durante los próximos trimestres, aunque las previsiones apuntan a una desaceleración gradual y sin grandes sobresaltos. Así lo anticipan los principales organismos económicos nacionales e internacionales, entre ellos la OCDE, el FMI y el Banco de España, así como los servicios de estudios de las grandes entidades financieras. BBVA Research revisó la semana pasada al alza, en dos décimas, su estimación de crecimiento del PIB español para 2026, hasta el 2,6%, mientras que mantuvo en el 2,1% la previsión para 2027. La entidad publicó ayer sus estimaciones de crecimiento desglosadas por comunidades autónomas, que apuntan a un cambio progresivo en las regiones que liderarán la actividad económica a medida que se modere la expansión. Este escenario estará condicionado por el repunte de la inflación, ya que el aumento de los costes energéticos y el endurecimiento de las condiciones financieras supondrán obstáculos para la economía y frenarán su ritmo de avance, según advierte BBVA Research en su último Observatorio Regional. En 2026, las comunidades con mayor presencia del turismo y los servicios continuarán encabezando el crecimiento económico. La Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Murcia se situarán entre las regiones más dinámicas. La economía valenciana registrará el mayor avance, con un incremento del PIB del 2,9%, impulsado todavía por el efecto de las ayudas destinadas a paliar las consecuencias de la dana, que estarían favoreciendo una mayor actividad inversora. Sin embargo, este impulso perderá fuerza progresivamente y el crecimiento regional se reducirá al 1,8% en 2027, a medida que se agoten los efectos de las medidas de apoyo. El consumo de los hogares, el turismo y las exportaciones de servicios serán algunos de los principales motores del crecimiento. Madrid y Andalucía, que ocupan el primer y el tercer puesto, respectivamente, por tamaño económico, avanzarán un 2,8% este año. Su evolución estará respaldada por el desvío de turistas hacia España desde otros destinos competidores, el dinamismo del consumo privado y el aumento de las exportaciones de servicios no turísticos. En Murcia, que también crecerá un 2,8%, estos factores se combinarán con el buen comportamiento de las exportaciones de bienes. Junto con Castilla-La Mancha, que registrará un avance del 2,7%, estas serán las únicas comunidades que superarán el crecimiento medio nacional, situado en el 2,6%. Cataluña y Aragón evolucionarán en línea con el conjunto de España. La economía catalana, segunda del país por volumen de PIB, continuará beneficiándose de la llegada de visitantes que optan por España frente a otros mercados afectados por la inestabilidad en Oriente Próximo. También contribuirán al crecimiento el consumo de los hogares y las exportaciones de servicios no turísticos, aunque Cataluña irá perdiendo terreno progresivamente frente a Madrid. El efecto refugio de España como destino turístico también favorecerá a varias comunidades del norte, entre ellas Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y Aragón. Según el informe de BBVA Research, estas regiones registran algunos de los mayores incrementos de las pernoctaciones de turistas extranjeros. No obstante, el turismo perderá parte de su dinamismo en los destinos más saturados, debido al encarecimiento de los precios y a las dificultades para seguir ampliando su capacidad. Los elevados niveles de ocupación, los límites para desestacionalizar la demanda, la desaceleración de la inmigración y la escasez de vivienda asequible podrían reducir el gasto de los visitantes extranjeros y frenar la actividad en los archipiélagos. De hecho, Baleares crecerá un 2,4% en 2026 y Canarias un 2,1%, ambas por debajo de la media nacional. Las perspectivas son menos favorables a corto plazo para las comunidades con mayor peso industrial. El deterioro del contexto internacional y el encarecimiento de la energía están perjudicando tanto a las exportaciones de bienes como a la producción manufacturera. En este escenario, Navarra crecerá un 2% y el País Vasco un 2,2%, mientras que Asturias y La Rioja registrarán avances más moderados, del 1,9% en ambos casos. Las previsiones para 2027 apuntan, sin embargo, a un cambio en el reparto del crecimiento territorial. Las comunidades del norte y las economías más industrializadas podrían ganar protagonismo gracias a la recuperación gradual de las exportaciones de bienes, la reactivación de la producción y la finalización de los ajustes en determinados sectores. Si se cumplen las estimaciones de BBVA Research, el País Vasco y Navarra encabezarán el crecimiento el próximo año, con un avance del 2,4% cada una. A continuación figurarán Cataluña y Galicia, con un 2,3%, seguidas de Aragón, Cantabria y La Rioja, con un 2,2%. Madrid, Andalucía y Asturias crecerán al mismo ritmo que el conjunto de España, un 2,1%. El consumo privado continuará siendo uno de los principales apoyos de la economía española tanto en 2026 como en 2027, gracias al comportamiento favorable del empleo y su repercusión sobre la renta disponible de los hogares. Sin embargo, el mercado laboral también mostrará una evolución menos dinámica. BBVA Research prevé que el empleo aumente un 2,4% este año, dos décimas menos que en 2025, y que su crecimiento se modere hasta el 2% en 2027. Por comunidades autónomas, Murcia liderará el incremento del empleo en 2026, con un crecimiento del 4,1%. Le seguirán la Comunidad Valenciana, con un 3,4%; Castilla-La Mancha, con un 3,2%, y Andalucía y Baleares, ambas con un 3%. En Madrid y Cataluña, las dos mayores economías regionales, la ocupación crecerá un 2,1% en cada caso. No obstante, el aumento del empleo se ha apoyado en buena medida en la incorporación de trabajadores inmigrantes, mientras que las mejoras de productividad han sido muy limitadas. Así lo refleja la evolución registrada desde 2019: aunque se han creado 2,5 millones de puestos de trabajo durante este periodo, la productividad por hora trabajada apenas ha aumentado un 1,7%.

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(Expansión, 16-10-2026) | Fiscal

Las haciendas vascas aprueban deflactar un 3% el IRPF ante el repunte de la inflación

Las previsiones del Consejo Vasco de Finanzas apuntan a que la recaudación tributaria de este año superará en un 1,1% la cantidad presupuestada, hasta situarse en 21.365 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,1% respecto al cierre del ejercicio anterior. Las diputaciones forales han anunciado este jueves, durante la reunión del Consejo Vasco de Finanzas, que aplicarán una deflactación del 3% en el IRPF el próximo año. Con esta medida, las tres haciendas pretenden aliviar el impacto de la inflación, cuya tasa media anual prevista para Euskadi este año rondaba el 3,6% o el 3,7%. Sin embargo, en septiembre la inflación interanual alcanzó el 5%, una décima por encima de la media nacional, tras encadenar cinco meses de incrementos generalizados. La deflactación consiste en ajustar los tramos del impuesto sobre la renta a la evolución de los precios para evitar que los incrementos salariales destinados a compensar la pérdida de poder adquisitivo se traduzcan en una mayor carga fiscal por el salto a un tramo superior. Por otro lado, las previsiones confirman la evolución favorable de los ingresos tributarios durante este año. La recaudación por IRPF crecerá un 6,4% en comparación con 2025, mientras que los ingresos procedentes del impuesto sobre sociedades aumentarán un 15%, impulsados por la mejora de los beneficios empresariales. Para 2027, el Consejo Vasco de Finanzas calcula que la recaudación alcanzará los 22.681,7 millones de euros, un 6,2% más que este año, lo que representa un incremento de 1.316 millones. De esa cantidad, 11.711 millones corresponderán a Bizkaia, 7.481 millones a Gipuzkoa y 3.489 millones a Álava. El consejero Noël d'Anjou ha señalado que, pese al aumento de los ingresos previstos, los presupuestos mantendrán una línea continuista. En cuanto a las aportaciones de las diputaciones forales al Gobierno vasco, se ha fijado un importe conjunto de 15.125 millones de euros. Bizkaia asumirá el 50,37% del total, Gipuzkoa contribuirá con el 33,52% y Álava aportará el 16,11%.

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(El Economista, 16-10-2026) | Fiscal

El Ayuntamiento de Madrid bajará el IBI al mínimo legal en 2027

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha comunicado este jueves la sexta y última reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles desde 2019, fijando el tipo impositivo en el 0,4%, que representa el suelo fijado por la legislación. Esta disminución progresiva del tributo, cuyos primeros cinco tramos ya están vigentes, terminará de aplicarse en 2027 tras la aprobación del proyecto de ordenanzas fiscales en la Junta de Gobierno. Con esta medida se da cumplimiento a una de las principales promesas del equipo de gobierno local para la presente legislatura, coincidiendo su aplicación con el año de los comicios municipales. El regidor explicó que no es posible continuar reduciendo este impuesto debido a los límites fijados por la Ley reguladora de Haciendas Locales. Sumando todas las rebajas desde 2019, cuando la tasa se situaba en el 0,51%, el ahorro estimado para los contribuyentes alcanzará los 245 millones de euros, de los cuales algo más de 31 millones corresponden al ajuste actual desde el 0,414% previo. Gracias a esta decisión, Madrid alineará su gravamen con los mínimos de Zaragoza y Santander, colocándose muy por debajo del promedio estatal, que gira en torno al 0,66%, e inferior al de otras grandes urbes. La rebaja beneficiará a 2,2 millones de recibos en la capital, concentrándose la mayor parte en inmuebles de uso residencial, además de miles de establecimientos comerciales, oficinas, espacios industriales, recintos de ocio y hostelería. Por otra parte, la fiscalidad municipal incorporará modificaciones en la tasa de basuras obligada por la normativa estatal e inspirada en directivas comunitarias. A pesar de las dificultades operativas y judiciales sufridas durante su implantación, el consistorio mantendrá este cobro en 2027 ajustando su diseño normativo. El nuevo esquema integrará el coeficiente de calidad en la recogida selectiva junto al valor catastral, el volumen de residuos generados y los empadronados por vivienda, manteniendo una cuota media calculada en torno a los 143 euros.

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(El Economista, 16-10-2026) | Fiscal

Funcas reclama medidas para hacer frente a las subidas de la inflación y del coste de la deuda

La Fundación de las Cajas de Ahorros ha reclamado la adopción urgente de medidas para contener el diferencial de inflación de España frente a la zona euro y mitigar el encarecimiento de la deuda pública derivado del alza de los tipos de interés. En su informe de previsiones de otoño, la entidad anticipa que el IPC se situará en el 3,7% este año y en el 3,1% el próximo, una evolución que mermará la capacidad de compra de las familias y ralentizará el ritmo de avance de la actividad económica. De acuerdo con las estimaciones presentadas por el director general del organismo, Carlos Ocaña, la economía española experimentará un suave desaceleramiento, pasando de un avance del 2,5% este año al 1,8% en 2027 y al 1,7% en 2028. Los responsables del análisis expresan especial preocupación por el componente diferencial de los precios españoles, precisando que cerca del noventa por ciento de la brecha respecto a Europa proviene del indicador subyacente y no únicamente de la energía. Para corregir este desequilibrio, la institución sugiere incentivar la inversión productiva como un ajuste de carácter positivo. En el ámbito monetario, las previsiones contemplan dos incrementos adicionales de las tasas de interés hasta alcanzar el 3%, nivel en el que también se mantendría el euríbor, mientras que el rendimiento del bono público se situaría en torno al 4%. Esta coyuntura elevará el coste anual de financiación de la deuda pública desde los 43.000 millones de euros actuales hasta aproximadamente 64.000 millones en 2031. El director de Coyuntura, Raymond Torres, ha advertido de que este incremento de 20.000 millones anuales equivale al ochenta y tres por ciento del rendimiento de Impuesto sobre Sociedades o al sesenta y nueve por ciento del presupuesto educativo. La ralentización económica responderá a un menor empuje de la demanda interna, cuya contribución al producto interior bruto pasará de tres puntos este año a dos puntos en 2028, unida a una aportación negativa del sector exterior y a la pérdida de dinamismo en el ámbito turístico. En sus proyecciones, la entidad asume como hipótesis la estabilización del conflicto en Oriente Próximo, la contención del gasto tras la prorroga presupuestaria y el ajuste de la recaudación mediante los estabilizadores automáticos del sistema. En este punto, se sugiere ajustar las tarifas del impuesto sobre la renta a la inflación para preservar la progresividad del tributo. Respecto al mercado de trabajo, el escenario trazado prevé la creación de 770.000 empleos netos hasta finales de 2028, lo que permitiría reducir la tasa de desempleo hasta el 9%, si bien se señala el estancamiento de la población activa como un elemento condicionante. Para hacer frente a este panorama, el centro de estudios plantea tres actuaciones prioritarias: reconstruir un margen de reserva presupuestaria, prolongar la fase de crecimiento mediante inversiones como la edificación residencial y potenciar la productividad y los salarios a medio plazo.

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(Cinco Días, 16-10-2026) | Laboral

Yolanda Díaz defiende una subida de salarios: “Con 1.700 euros al mes no se puede vivir con dignidad”

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido durante la segunda jornada del foro CREO, organizado por CincoDías, que los salarios deben continuar aumentando en España. A su juicio, las retribuciones actuales no permiten garantizar unas condiciones de vida dignas. "El salario más frecuente es de 1.700 euros al mes; no se puede vivir con dignidad", ha afirmado. En su intervención, también han participado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. La jornada contará asimismo con la presencia de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, además de representantes empresariales e institucionales como Fernando Campos, consejero delegado de DKV Seguros; Óscar Arce, director general de Economía del Banco Central Europeo; Sergio Vázquez Torrón, presidente de Ineco; María Jesús López Solás, directiva de Iberia; Nacho Moreno, consejero delegado de Grupo Cox; Jesús B. Serrano, CEO de GMV; Antonio Rubio, secretario general de Prosegur, e Inés Olóndriz, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Díaz ha situado la reducción de la desigualdad entre las principales prioridades del país y ha reclamado una mayor integración social en la Unión Europea, así como la recuperación del diálogo y los acuerdos políticos para afrontar los retos económicos. Según ha advertido, la polarización no solo afecta a las instituciones, sino que también tiene consecuencias sobre la economía. "El ruido se convierte en un problema económico", ha señalado. La ministra ha criticado la oposición a medidas como la revalorización de las pensiones y la reducción de la jornada laboral, y ha insistido en que las instituciones deben responder a las necesidades de la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables. También ha identificado el acceso a la vivienda como uno de los principales factores de desigualdad y ha reclamado medidas urgentes para facilitar el acceso a inmuebles a precios asequibles. "La fábrica de la desigualdad se llama vivienda", ha afirmado. La vicepresidenta ha defendido, además, la necesidad de modernizar el país mediante una reforma fiscal, la reducción de la jornada laboral y una prestación universal por hijo a cargo. En su opinión, si el crecimiento económico no se traduce en mejoras perceptibles para los hogares, puede generar una profunda fractura democrática. En materia laboral, ha destacado el descenso de la brecha salarial entre hombres y mujeres, del 21% al 16,6%, y el aumento del número de trabajadores hasta cerca de los 23 millones, frente a los 18 millones que, según ha indicado, había cuando el actual Gobierno llegó al poder. También ha reivindicado la solidez del sistema público de pensiones y la necesidad de seguir mejorando las prestaciones. Díaz ha atribuido parte de estos avances a los cambios introducidos en la política laboral, especialmente a la reforma aprobada mediante un acuerdo tripartito, y ha defendido que el empleo ha adquirido un papel determinante en la orientación de la política económica. Por último, ha criticado el uso de los aranceles como instrumento de presión comercial por parte de Estados Unidos y ha advertido de las dificultades que atraviesa Europa, frente a las cuales ha destacado el crecimiento de la economía española.

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(El País, 16-10-2026) | Laboral

Cuerpo apunta a una subida de las pensiones después de las elecciones

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que la actualización de las pensiones prevista para 2027 se aprobará previsiblemente después de las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque el Ejecutivo mantiene su compromiso de aplicar una subida vinculada al Índice de Precios de Consumo (IPC). Durante una entrevista concedida este jueves a TVE, Cuerpo ha explicado que el calendario electoral dificulta la aprobación del incremento antes de los comicios. El motivo es que el dato adelantado de inflación de noviembre, necesario para calcular la revalorización, no se conocerá hasta el 27 de noviembre, apenas dos días antes de la cita electoral. Ante esta situación, el ministro considera viable que el Gobierno apruebe la correspondiente actualización mediante un real decreto-ley durante el mes de diciembre, cuando ya se encuentre en funciones. Posteriormente, la norma podría ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso, sin necesidad de esperar a la constitución del nuevo Ejecutivo. Cuerpo ha insistido en que la subida de las pensiones está garantizada por la legislación vigente, que establece su revalorización conforme a la evolución de los precios. Por tanto, ha defendido que la decisión debe adoptarse tan pronto como se disponga de los datos necesarios, con el objetivo de que las nuevas cuantías puedan aplicarse desde el inicio de 2027. El titular de Economía considera que existen argumentos suficientes para justificar la aprobación urgente de esta medida en diciembre, incluso con el Gobierno en funciones, dado su interés general y la necesidad de actualizar las prestaciones antes de finalizar el ejercicio. Desde Bruselas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado en términos similares y ha confirmado la intención del Ejecutivo de aprobar la revalorización de las pensiones antes de que termine el año, aunque sin comprometerse a hacerlo antes de las elecciones. Sánchez ha querido transmitir tranquilidad a los pensionistas y ha reiterado que las prestaciones se incrementarán de acuerdo con el IPC, tal como establece la normativa aprobada durante la actual etapa de gobierno. El presidente también ha defendido la situación financiera del sistema público de pensiones y ha destacado la evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Según sus previsiones, la denominada hucha de las pensiones alcanzará los 20.000 millones de euros al finalizar la legislatura, frente a los aproximadamente 5.000 millones que, según ha señalado, había cuando el actual Ejecutivo asumió sus responsabilidades. Asimismo, Sánchez ha vinculado la sostenibilidad del sistema con las políticas laborales desarrolladas en los últimos años, entre ellas las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional, la reducción de la temporalidad y la mejora de las condiciones de contratación. A su juicio, el fortalecimiento del empleo y el incremento de los salarios contribuyen a elevar las cotizaciones sociales y, por tanto, a mejorar los recursos disponibles para financiar las pensiones. En este contexto, el presidente ha criticado las posiciones del Partido Popular y Vox sobre el futuro del sistema, al considerar que sus propuestas generan incertidumbre entre los pensionistas. También ha reclamado a ambas formaciones que impulsen, en sus relaciones con las organizaciones empresariales, una mejora de las retribuciones de los trabajadores durante las próximas negociaciones colectivas. Según Sánchez, el debate debería centrarse en aumentar los salarios y reforzar los ingresos de la Seguridad Social, en lugar de plantear posibles recortes de las prestaciones. La sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha convertido en uno de los principales asuntos del debate político previo a las elecciones generales. Mientras el PSOE defiende las reformas aprobadas y sostiene que las pensiones están garantizadas, el Partido Popular ha planteado la necesidad de estudiar cambios que aseguren la viabilidad del sistema a largo plazo. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su compromiso con la actualización de las pensiones conforme al IPC, aunque también considera necesario avanzar hacia un modelo que garantice las prestaciones de las generaciones más jóvenes. Por su parte, la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, ha advertido de los riesgos que afronta el sistema en el futuro y ha defendido la conveniencia de introducir reformas estructurales. Vox, a su vez, ha planteado la posibilidad de avanzar hacia un modelo de pensiones que combine elementos de financiación pública y privada. En cualquier caso, Cuerpo ha reiterado que el incremento previsto para 2027 responde a una obligación legal y que el Gobierno pretende garantizar su aplicación independientemente del resultado electoral. Además de las pensiones, el Ejecutivo tiene pendiente determinar la actualización del salario mínimo interprofesional para el próximo ejercicio. En este ámbito existen diferencias sobre el calendario de aprobación. El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, pretende impulsar la subida antes de las elecciones del 29 de noviembre, mientras que Economía considera prioritario que la decisión se adopte antes de finalizar el año, sin concretar si será antes o después de los comicios. El departamento de Trabajo está pendiente de las conclusiones de la comisión de expertos encargada de analizar la evolución del salario mínimo y formular recomendaciones para su actualización. La intención del Ministerio es acelerar estos trabajos para disponer de una propuesta durante noviembre. Los sindicatos, por su parte, han reclamado un incremento del 7% para 2027, al considerar necesario seguir mejorando las retribuciones de los trabajadores con menores ingresos. A diferencia de la actualización de las pensiones, la modificación del salario mínimo puede aprobarse mediante un real decreto del Gobierno, sin necesidad de recurrir a un real decreto-ley. Cuerpo ha explicado que la convocatoria electoral y los plazos para constituir el nuevo Congreso y formar Gobierno aconsejan reducir cuanto antes la incertidumbre de las personas que perciben el salario mínimo. Las elecciones están previstas para el 29 de noviembre y la constitución del nuevo Congreso para el 23 de diciembre, por lo que la formación de un nuevo Ejecutivo podría prolongarse hasta 2027. En este escenario, el ministro considera conveniente que la actualización salarial quede definida antes de que termine 2026. Respecto a la cuantía del incremento, el responsable de Economía ha recordado que el salario mínimo ha aumentado aproximadamente un 66% durante los últimos años y sostiene que ya ha alcanzado la referencia del 60% del salario medio utilizada en el ámbito europeo. Las organizaciones sindicales discrepan de esta valoración y consideran que todavía existe margen para continuar elevando el salario mínimo, especialmente ante la evolución del coste de la vida. Pese a estas diferencias, Cuerpo ha subrayado que el principal objetivo debe ser preservar el poder adquisitivo de quienes perciben las remuneraciones más bajas. De esta manera, el Gobierno afronta las últimas semanas antes de las elecciones con dos decisiones relevantes pendientes en materia de protección social y laboral: concretar la revalorización de las pensiones para 2027 y determinar el nuevo salario mínimo, ambas con la intención anunciada de evitar que la inflación reduzca la capacidad económica de pensionistas y trabajadores.

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(El País, 16-10-2026) | Laboral

Trabajo prepara una subida del salario mínimo antes de las elecciones que rondará el 5%

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha activado los trámites para acometer un nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de la celebración de las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre. La pretensión del departamento laboral pasa por materializar esta medida antes de los comicios, garantizando que el suelo salarial no pierda capacidad adquisitiva frente al reciente repunte del índice de precios de consumo y mantenga la equivalencia con el 60% del salario medio neto, tal como recomienda la Carta Social Europea. Aunque el Ministerio se encuentra a la espera del dictamen encargado a la comisión de especialistas, las proyecciones sugeridas por los precedentes y las declaraciones de la vicepresidenta segunda apuntan a una subida próxima al 5%. Este cálculo tomaría como referencia el dato interanual de la inflación de septiembre, situado en el 4,9%, en un contexto donde el ritmo de avance de las retribuciones pactadas en convenio y de los costes laborales permanece por debajo de ese margen. Díaz ha solicitado al comité técnico que entregue sus recomendaciones con margen suficiente a finales de este mes, agilizando de manera notable los plazos habituales de ejercicios anteriores. De confirmarse un repunte en el entorno del 5%, la cifra quedaría por debajo de la pretensión de las centrales sindicales CCOO y UGT, que defienden una elevación del 7%. Los representantes de los trabajadores Supeditan además futuros compromisos a la aprobación de reformas complementarias, como la prohibición de que las empresas neutralicen las subidas mediante la absorción de complementos salariales o el refuerzo en el control del registro horario. Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha expresado un rechazo frontal tanto a las dinámicas del proceso como a la oportunidad temporal de la iniciativa en vísperas electorales. Las organizaciones empresariales se han opuesto a la mayoría de las revisiones del SMI aplicadas durante los últimos años, periodo en el cual la cuantía mínima ha pasado de los 736 euros mensuales fijados en 2018 a los 1.221 euros brutos en 14 pagas vigentes en la actualidad. Desde el área económica del Ejecutivo, el ministro Carlos Cuerpo ha abogado por reducir la incertidumbre de los perceptores confirmando el ajuste salarial antes de que concluya el año, sin explicitar si el acuerdo definitivo verá la luz antes o después de la cita con las urnas. A diferencia de las reformas con rango de ley, la actualización del salario mínimo se instrumenta mediante real decreto, por lo que su convalidación no requiere la fiscalización de la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes.

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(El País, 16-10-2026) | Laboral

CC OO y UGT concretan los motivos de la huelga ante la patronal: acceso a la vivienda, salarios y pacto de convenios

La reunión mantenida este jueves en la sede del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) entre las centrales sindicales CCOO y UGT y las organizaciones patronales CEOE y Cepyme concluyó sin entendimiento, constatando la imposibilidad de evitar la convocatoria de huelga general fijada para el próximo 11 de noviembre. Tras el encuentro de mediación, el organismo levantó un acta de desacuerdo en la que se formalizan los motivos del conflicto y se acredita el intento fallido de negociación entre las partes. En el documento remitido al SIMA, las organizaciones sindicales señalan directamente a las patronales como destinatarias de la protesta. Entres sus demandas principales figuran la exigencia de un mayor poder adquisitivo mediante incrementos salariales, el desbloqueo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y la articulación de medidas de calado que garanticen el derecho de acceso a la vivienda para los trabajadores. El trámite ante el órgano arbitral constituye un requisito formal imprescindible antes del registro del preaviso definitivo ante el Ministerio de Trabajo. La legislación vigente en materia de huelga exige dejar constancia de las gestiones previas realizadas para resolver la controversia, un precepto que queda cubierto formalmente tras la certificación emitida por el SIMA. Con este paso completado, los sindicatos formalizarán de manera inminente la comunicación oficial ante las autoridades laborales. En dicho registro deberán concretarse los objetivos del paro, el calendario previsto, el ámbito territorial y sectorial, así como la constitución del comité de huelga. La cita de protesta programada para el 11 de noviembre presentará una naturaleza singular al rebasar el marco de las reivindicaciones estrictamente laborales o salariales. Además del anclaje relativo a la negociación colectiva y las condiciones de empleo, la jornada de paro integrará en su plataforma social demandas estructurales orientadas a favorecer el acceso a la vivienda.

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(El Economista, 16-10-2026) | Laboral

El gasto en pensiones se cuadruplicará en 2050

La viabilidad financiera del sistema público de pensiones se ha consolidado como uno de los principales ejes de debate económico ante la cita electoral del 29 de noviembre. Los cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estiman que la factura anual de las prestaciones por jubilación aumentará desde los 112.861 millones de euros registrados en 2024 hasta alcanzar los 422.315 millones en 2050, multiplicando casi por cuatro el volumen de gasto actual. Pese a que las distintas formaciones políticas han garantizado la protección de las retribuciones de los jubilados, los programas electorales carecen por el momento de concreción sobre la vía para sufragar este incremento estructural. El incremento proyectado tendrá un impacto significativo sobre la contabilidad nacional. Según las previsiones del departamento encabezado por Elma Saiz, la partida de pensiones elevará su peso sobre la riqueza nacional del 12,7% del PIB en 2024 al 15,3% en 2050, punto en el que el gasto tocaría su techo dentro del esquema de ingresos diseñado en la última reforma legislativa. Por su parte, los análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) dibujan un escenario de mayor presión fiscal, situando el impacto del sistema en el 13% del PIB en 2025 y proyectando que alcanzará el 16,4% en el horizonte de mediados de siglo. La trayectoria alcista responderá a factores demográficos y laborales clave, encabezados por la jubilación de la generación del baby boom, que representa aproximadamente a un tercio de la población española. La salida progresiva del mercado de trabajo de esta cohorte elevará la cifra total de pensionistas desde los 6,65 millones computados en agosto de 2026 hacia cotas próximas a los 17,7 millones de beneficiarios en las próximas décadas. A esta dinámica se suman la mayor longevidad, la incorporación de la mujer al empleo, el incremento de las bases de cotización acumuladas por las nuevas promociones de jubilados y la revalorización automática de las prestaciones ligada al IPC, que tras incrementarse un 2,7% en 2026 prevé un repunte cercano al 3,5% para 2027. Ante estas magnitudes, los mensajes de los partidos alternan el compromiso con las prestaciones y el diagnóstico de vulnerabilidad del modelo actual. Por un lado, la ministra Elma Saiz defiende la solidez, equidad y sostenibilidad del esquema vigente, recordando que las reformas impulsadas blindaron la actualización con la inflación y reforzaron los ingresos del sistema, al tiempo que reprocha a la oposición su rechazo a dichas medidas. Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que el mantenimiento y actualización de las pensiones conforma un compromiso innegociable, mientras que desde la portavocía parlamentaria de su formación se advierte de las tensiones estructurales que amenazan la viabilidad del modelo. Finalmente, desde Vox califican la estructura actual de insostenible a largo plazo y plantean analizar alternativas de financiación, como esquemas mixtos de capitalización, si bien subordinan la concreción de medidas al conocimiento actualizado del estado de las finanzas públicas.

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(Cinco Días, 16-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno autoriza la creación de la figura de economista jefe de la CNMC

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una modificación del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que introduce la figura del economista jefe, un nuevo puesto directivo con funciones transversales que dependerá directamente de la presidencia del organismo. La reforma entrará en vigor el viernes 16 de octubre de 2026 y supone una reorganización de su estructura técnica para reforzar las capacidades de análisis económico y supervisión de los mercados. La aprobación de esta medida se produce después de que el Consejo de Ministros acordara, el pasado 6 de octubre, tramitar de manera urgente el correspondiente real decreto y remitirlo al Consejo de Estado para la emisión de su dictamen. La reforma contempla la incorporación de una nueva dirección a la estructura de la CNMC, que se sumará a las unidades responsables de ámbitos como energía, telecomunicaciones y audiovisual, transporte y servicios postales, así como promoción de la competencia. El Ejecutivo justifica esta decisión por el progresivo incremento de las responsabilidades asumidas por el organismo desde su creación en 2013. Entre las nuevas tareas destaca la evaluación de las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo y el seguimiento de la eficacia de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a sus efectos. La iniciativa ha sido impulsada por el presidente de la CNMC, Juan José Ganuza, que asumió el cargo en septiembre de 2026, y cuenta con el respaldo del consejo del organismo. La creciente complejidad de los mercados, el volumen de información económica disponible y la utilización de tecnologías avanzadas han llevado al Gobierno a considerar necesario reforzar los recursos especializados del regulador. El nuevo economista jefe dispondrá de autonomía funcional y tendrá como principal responsabilidad ofrecer asesoramiento económico a los distintos órganos de la CNMC durante la tramitación y resolución de expedientes relacionados con la competencia, la regulación y la supervisión de los mercados. Entre sus competencias también se encontrarán la elaboración de metodologías de análisis comunes, el tratamiento de grandes cantidades de información económica y la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la evaluación de los mercados y apoyar la toma de decisiones. Asimismo, participará en la planificación estratégica de aquellas actuaciones del organismo que puedan tener una repercusión económica significativa. Otra de sus funciones será fortalecer las relaciones de la CNMC con el ámbito académico y científico, facilitando la colaboración con universidades, instituciones de investigación y especialistas en distintas disciplinas económicas. El nombramiento y el cese de la persona que ocupe este puesto corresponderán al pleno del consejo de la CNMC, a propuesta de su presidente. Para su designación se tendrán en cuenta la formación académica y la experiencia profesional acreditada en materias económicas. La reforma también prevé la creación de una Subdirección de Inteligencia Económica, que dependerá directamente del economista jefe y tendrá un papel operativo en el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas y analíticas. Esta unidad se encargará de diseñar y utilizar herramientas de análisis cuantitativo, gestionar información procedente de bases de datos económicas y aplicar técnicas estadísticas y sistemas de inteligencia artificial a los trabajos desarrollados por el organismo. Además, colaborará con las distintas direcciones de instrucción en la identificación y el análisis de posibles prácticas contrarias a la competencia, especialmente aquellas relacionadas con acuerdos restrictivos o conductas colusorias entre empresas. La persona responsable de esta subdirección será nombrada por el consejo de la CNMC a propuesta de la presidencia, después de escuchar al economista jefe. En el proceso de selección se valorarán especialmente los conocimientos en estadística, análisis económico y tratamiento avanzado de datos. El real decreto también modifica la regulación de 2013 para reconocer expresamente la condición de personal directivo tanto al economista jefe como a la persona titular de la Subdirección de Inteligencia Económica. La tramitación de la norma ha contado con la participación de los ministerios de Economía, Comercio y Empresa; Hacienda; y Transformación Digital y Función Pública, con el respaldo del departamento de Economía, al que está adscrita la CNMC. La creación de estas nuevas responsabilidades ha suscitado algunas dudas dentro del organismo, debido a que la CNMC ya dispone de unidades dedicadas al asesoramiento y al análisis económico. Actualmente cuenta con una asesoría económica dirigida por Javier García Verdugo, profesor de Economía Aplicada, así como con una subdirección de estudios económicos integrada en el área de Promoción de la Competencia. Algunas fuentes internas cuestionan, por este motivo, la necesidad de incorporar una nueva figura directiva con atribuciones que podrían coincidir parcialmente con funciones ya existentes. La CNMC nació en 2013 de la integración de varios organismos supervisores, entre ellos la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, los reguladores de los sectores aeroportuario y postal y la antigua Comisión Nacional de la Competencia. Aunque estos organismos no contaban con una figura equivalente a la de economista jefe, la antigua Comisión Nacional de la Competencia sí disponía de una asesoría económica, que estuvo ocupada por Juan Delgado durante la presidencia de Luis Berenguer. Con esta modificación, formalizada mediante el Real Decreto 825/2026, de 14 de octubre, el Gobierno pretende reforzar la capacidad técnica de la CNMC para afrontar los nuevos desafíos regulatorios, mejorar la utilización de los datos económicos y ampliar el uso de herramientas de inteligencia artificial en la supervisión de los mercados. La norma, publicada en el BOE del 15 de octubre de 2026, entrará en vigor al día siguiente de su publicación y establece el nuevo marco organizativo para desarrollar estas funciones dentro del organismo regulador.

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