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(El Economista, 30-01-2026) | Fiscal

Hacienda incrementa las inspecciones sobre las estructuras que inflan créditos fiscales para sus socios

La Agencia Tributaria ha intensificado su vigilancia sobre el uso de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) cuando se emplean para generar créditos fiscales artificiales o sobredimensionados con el objetivo de reducir la carga tributaria de sus socios. Las AIE son estructuras legales habitualmente utilizadas para financiar proyectos de I+D+i o producciones audiovisuales, como películas o series. En estos casos, una empresa que necesita financiación recurre a un inversor privado, que aporta capital a través de una AIE creada específicamente para el proyecto. Desde el punto de vista fiscal, estas agrupaciones no tributan como entidad propia, sino que los beneficios, pérdidas y deducciones se trasladan directamente a sus socios. Así, si un inversor aporta, por ejemplo, 10 millones de euros y el proyecto genera pérdidas, estas se convierten en créditos fiscales que el socio puede utilizar para reducir su factura tributaria. A ello se suman las deducciones vinculadas a actividades de I+D+i, lo que puede hacer rentable la operación incluso aunque el proyecto no obtenga beneficios económicos directos. Según explica Javier Lucas, socio responsable del área fiscal de Ceca Magán, este tipo de estructuras cuentan con respaldo legal y han sido avaladas en numerosas ocasiones por la Dirección General de Tributos, ya que su finalidad es fomentar la inversión privada en determinados sectores mediante incentivos fiscales. No obstante, el experto advierte de que en algunos casos se han detectado prácticas abusivas, lo que ha llevado a la Inspección a intensificar los controles. "Se están revisando tanto estructuras claramente irregulares como otras que, en principio, parecen ajustadas a la norma", señala. En concreto, Hacienda analiza si la actividad declarada es realmente un proyecto de I+D y, en segundo lugar, si los costes declarados se corresponden con la realidad. El foco está en detectar posibles inflados artificiales del presupuesto con el objetivo de generar mayores deducciones fiscales. Por ejemplo, si un proyecto requiere 10 millones de euros pero se factura por 18 millones, el crédito fiscal generado sería muy superior al que correspondería en condiciones normales. "La Agencia Tributaria comprueba si la facturación es real o si existe simulación. Primero revisa la AIE y a la empresa ejecutora del proyecto, aunque a estas normalmente solo se les impone una sanción. Después, una vez determinado el crédito fiscal correcto, regulariza la situación del socio inversor", explica Lucas. La propia Agencia Tributaria reconoce que ha reforzado el control sobre estas estructuras en los últimos años. De hecho, el Plan Anual de Control Tributario de 2025 ya advertía de una supervisión específica sobre el uso de las AIE como instrumentos para canalizar deducciones fiscales. Según el organismo, ante la proliferación de este tipo de vehículos resulta imprescindible verificar que se cumplen todos los requisitos legales para aplicar los beneficios fiscales. En especial, se vigilan aquellos casos en los que se detectan prácticas abusivas, simulaciones o incrementos artificiales de los créditos fiscales que desvirtúan el objetivo para el que fueron creados estos incentivos.

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(El Economista, 30-01-2026) | Fiscal

Sumar propone prohibir el pago en efectivo del alquiler para evitar el fraude fiscal de los caseros

Sumar ha planteado la prohibición del pago en efectivo del alquiler de viviendas como medida para combatir el fraude fiscal cometido por algunos propietarios, proponiendo que únicamente se permitan transferencias bancarias u otros sistemas de pago electrónicos que puedan ser rastreados. Según informa Europa Press, el diputado de Compromís y portavoz de Sumar en la Comisión de Vivienda del Congreso, Alberto Ibáñez, ha presentado una proposición de ley que recoge un conjunto de iniciativas orientadas a frenar el fraude en las rentas inmobiliarias y a avanzar hacia un modelo de vivienda más accesible. La iniciativa persigue reducir el volumen de ingresos no declarados procedentes del alquiler y proteger a los inquilinos frente a posibles abusos. Para ello, la propuesta contempla que las entidades financieras comuniquen de forma automática a la Agencia Tributaria los datos relativos a los pagos realizados mediante medios electrónicos. Entre las medidas incluidas figura también la creación de una retención del 1% sobre el importe del alquiler, que sería asumida por el propietario y abonada mensualmente a Hacienda. Según Sumar, este mecanismo permitiría además disponer de un indicador fiable para seguir la evolución de los precios del alquiler. De forma paralela, el grupo parlamentario ha solicitado la puesta en marcha de un plan específico contra la evasión y el fraude fiscal en el ámbito inmobiliario, que, según sus estimaciones, podría aflorar hasta 12.500 millones de euros al año. Dado el refuerzo de medios que requeriría esta estrategia, Sumar propone aumentar de manera sostenida los recursos humanos y materiales de la Agencia Tributaria, con especial atención a la creación de unidades especializadas en la detección, prevención y sanción de prácticas irregulares relacionadas con el mercado de la vivienda, como alquileres no declarados, plusvalías ocultas u otros fraudes fiscales.

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(Expansión, 30-01-2026) | Laboral

Un trabajador puede modificar el permiso por nacimiento de un hijo aunque ya haya comenzado

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha rechazado el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra una sentencia que reconocía el derecho de un trabajador a modificar las condiciones de su permiso por nacimiento y cuidado del menor una vez iniciado el periodo de disfrute. La resolución confirma que los empleados pueden alterar la forma en que disfrutan este permiso, incluso después de haber comenzado a utilizarlo, siempre que exista acuerdo con la empresa. De este modo, el TSJ avala el fallo previo que dio la razón al trabajador frente a la negativa del INSS. El caso se remonta a un empleado que solicitó inicialmente el permiso a jornada completa entre agosto y diciembre de 2023. Sin embargo, en octubre comunicó su intención de reincorporarse parcialmente y pidió adaptar el permiso a un régimen de jornada parcial. Aunque la empresa aceptó el cambio, el INSS lo rechazó al entender que la vuelta anticipada al trabajo suponía la pérdida del derecho a la prestación. El tribunal aragonés, apoyándose tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la jurisprudencia existente, concluye que la normativa permite modificar el modo de disfrute del permiso, siempre que se respeten las seis semanas obligatorias posteriores al nacimiento y exista consenso entre las partes. Asimismo, la sentencia subraya que la regulación no establece un sistema rígido, sino que ofrece flexibilidad para adaptar el permiso a las necesidades familiares y laborales, favoreciendo la conciliación. Este pronunciamiento se suma a otras resoluciones dictadas por distintos tribunales superiores de justicia, que refuerzan la interpretación de que el permiso por nacimiento y cuidado del menor puede ajustarse a circunstancias sobrevenidas sin que una reincorporación parcial implique automáticamente la pérdida del derecho a la prestación.

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(Expansión, 30-01-2026) | Laboral

Gobierno y sindicatos pactan subir el salario mínimo a 1.221 euros, sin apoyo de CEOE

La patronal vuelve a descolgarse del acuerdo por sexto año consecutivo tras rechazar la deducción en el impuesto de Sociedades que permitía compensar íntegramente el coste del aumento salarial a cambio de la creación de empleo. Además, se restringe la posibilidad de absorber la subida del 3,1% mediante pluses y complementos. Por sexto año seguido, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se aprueba sin el respaldo de los agentes sociales. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO cerraron este jueves un aumento del 3,1%, que sitúa el salario mínimo en 1.221 euros mensuales en catorce pagas y lo deja exento de IRPF. Con esta actualización, el SMI acumula un alza del 66% desde 2018. El incremento, de 37 euros mensuales, tendrá efectos retroactivos desde enero de 2026, por lo que los 2,5 millones de trabajadores beneficiados recibirán en su nómina el ajuste correspondiente al primer mes del año. Uno de los aspectos clave de esta subida es que se limitará la posibilidad de que las empresas compensen el aumento mediante complementos salariales. Esta restricción se regulará a través de un desarrollo reglamentario paralelo al decreto del SMI, por lo que no necesitará tramitación parlamentaria al no tener rango de ley. El nuevo salario mínimo será aprobado en los próximos días por el Consejo de Ministros y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La urgencia se explica por la derogación de la prórroga del SMI de 2025 incluida en el fallido decreto ómnibus, lo que ha obligado al Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, a ordenar a la Inspección de Trabajo que vigile que los nuevos contratos no se firmen por debajo del umbral vigente a 31 de diciembre de 2025. Pese a que las expectativas eran reducidas, la última reunión del diálogo social confirmó el rechazo de las organizaciones empresariales. Consideran que la deducción fiscal ofrecida no compensa el aumento de costes y defendían una subida limitada al 1,5%. La patronal también criticó las condiciones impuestas a los incentivos fiscales, el hecho de conocerlos por la prensa y la restricción a la absorción de complementos, factores que terminaron por consolidar su negativa. Horas antes de la reunión final, ya habían calificado la propuesta de "trilerismo" y anticipado que no firmarían el acuerdo. "El salario mínimo no puede ligarse a los contratos públicos ni presentarse una propuesta fiscal inexistente", afirmó Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, quien calificó la subida de desproporcionada, al situarse por encima de la inflación media de 2025 (2,7%), y denunció el uso de "artificios estadísticos" para justificar el 3,1%. Amor añadió que se han perdido tres meses en una negociación que, a su juicio, ya estaba decidida de antemano y que ha supuesto "jugar con autónomos y empresas". En un comunicado, la patronal explicó que, tras reunirse su Comité Ejecutivo extraordinario, y ante la ausencia de una propuesta formal y la falta de coordinación entre ministerios, se decidió por unanimidad no respaldar la subida. Asimismo, advirtieron de que la limitación de la compensación y absorción vulnera el Estatuto de los Trabajadores y la negociación colectiva, lo que podría provocar un fuerte aumento de costes y poner en riesgo a muchas empresas. Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, defendió que la propuesta fiscal no se llevó a la mesa tras el rechazo previo de la patronal, al considerar que debatirla habría sido "una pérdida de tiempo". Por su parte, los sindicatos subrayaron la necesidad de regular de forma clara la absorción de complementos para evitar que la subida del SMI quede neutralizada. Fernando Luján, de UGT, reclamó que se garantice que los pluses que retribuyen otros conceptos se mantengan. En la misma línea, Javier Pacheco, de CCOO, insistió en la importancia de modificar las reglas de aplicación del SMI para impedir que, como ha ocurrido en años anteriores, miles de trabajadores vean diluido el efecto real de las subidas salariales.

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(El País, 30-01-2026) | Laboral

CEOE y Cepyme catalogan como “intervencionista” y “trilera” la propuesta del Gobierno para compensar el alza del salario mínimo

Las organizaciones empresariales se alejan prácticamente de un acuerdo para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supondría un incremento del 3,1%. Tanto la CEOE como Cepyme han expresado en un comunicado conjunto su malestar por haberse enterado a través de los medios de comunicación de la propuesta del Gobierno, diseñada para atraer su apoyo, y han dejado claro que no comparten el planteamiento. La iniciativa del Ministerio de Hacienda contempla una deducción progresiva en el Impuesto de Sociedades para aquellas empresas que contraten trabajadores con salarios superiores al SMI. Este incentivo podría llegar a compensar hasta el 100% del coste asociado a la subida del salario mínimo y estaría dirigido principalmente a sectores con un elevado peso de los gastos de personal. Según la propuesta, las compañías con menos de 100 empleados podrían acogerse a la deducción si incorporan al menos a un trabajador a jornada completa durante un año con un sueldo por encima del SMI. En el caso de las empresas de mayor tamaño, el requisito sería que el incremento salarial afecte como mínimo al 1% de la plantilla, con un umbral mínimo de dos empleados. Desde CEOE y Cepyme critican duramente la forma en la que se ha actuado. Aseguran que el Gobierno vuelve a mostrar "una falta de respeto al diálogo social" al filtrar una propuesta antes de presentarla oficialmente en la mesa de negociación. Consideran, además, que la medida sustituye la esperada actualización de los contratos públicos por fórmulas que califican de insuficientes y que no compensan el aumento de costes derivados del nuevo SMI, alejándose de lo acordado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Las patronales también denuncian que el planteamiento de Hacienda deja fuera a la mayoría de autónomos y empresas, especialmente a aquellas que atraviesan dificultades económicas. Subrayan que quedan excluidas, de manera llamativa, las compañías con pérdidas, las cooperativas y las entidades sin ánimo de lucro, precisamente las que más necesitarían este tipo de apoyo. Asimismo, consideran que los requisitos para acceder a la deducción son inasumibles para la mayoría del tejido empresarial y alertan de que la medida supone una intromisión en la negociación colectiva y en la libertad de empresa, calificándola de intervencionista. Anuncian que emitirán una valoración definitiva cuando reciban la documentación completa, una vez se reúna su Comité Ejecutivo. Este jueves está prevista una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo con sindicatos y patronal. Los representantes de los trabajadores ya habían mostrado ciertas reservas sobre la propuesta de Hacienda incluso antes de conocer sus detalles. La reivindicación que sí contaba con el respaldo sindical -y también del Ministerio de Trabajo- era la posibilidad de trasladar el aumento del SMI a los contratos públicos, una demanda que las patronales plantean cada año y que el Ministerio de Hacienda vuelve a rechazar. Con el rechazo empresarial prácticamente asegurado, todo apunta a que Yolanda Díaz volverá a cerrar el acuerdo únicamente con CCOO y UGT. La vicepresidenta segunda solo logró el respaldo de la patronal a una subida del SMI en 2020. Desde 2018, el salario mínimo ha aumentado un 61%, situándose actualmente en 1.184 euros brutos mensuales, y el Ejecutivo pretende ahora elevarlo hasta los 1.221 euros. A diferencia de otras reformas laborales, esta medida no requiere aprobación parlamentaria.

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(El País, 30-01-2026) | Laboral

Las patronales de sectores con más trabajadores extranjeros aplauden la regularización pese a que no convence a CEOE

El Gobierno dio este martes el primer paso para regularizar mediante decreto a miles de inmigrantes que actualmente residen en España sin autorización administrativa. Se trata de una medida de gran impacto laboral, ya que permitirá aflorar a un importante número de trabajadores que hoy operan en la economía sumergida y facilitará su acceso a un contrato y a los derechos laborales correspondientes. La iniciativa ha sido bien recibida por los sindicatos CCOO y UGT, aunque no ha contado con el respaldo de la patronal CEOE y de Cepyme. Las principales organizaciones empresariales venían defendiendo una regularización amplia a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), por lo que critican ahora que el Ejecutivo haya optado por aprobarla mediante decreto, sin debate parlamentario. A su juicio, este procedimiento resta legitimidad a la medida. Sin embargo, distintas patronales sectoriales, especialmente aquellas que emplean a un mayor número de trabajadores extranjeros, sí valoran positivamente la propuesta del Gobierno y no cuestionan el mecanismo elegido. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no se ha pronunciado públicamente, aunque fuentes de la organización han expresado su malestar por lo que consideran una decisión adoptada "de espaldas al Congreso". En una línea similar se ha manifestado la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, quien ha criticado que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos se haya cerrado mediante un pacto político y no como una cuestión de Estado debatida en el Parlamento. A su juicio, una medida de este calado debería contar con el mayor consenso posible y tramitarse de forma transparente. Esta postura contrasta con la de diversas organizaciones sectoriales, que no ven inconveniente en el procedimiento escogido. España alcanza actualmente un récord de empleo extranjero, con 3,58 millones de trabajadores, lo que representa el 16% del total. Desde el sector agrario, Andrés Góngora, responsable de relaciones laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, ha valorado positivamente la iniciativa, recordando que se trata de una reivindicación histórica ante la falta de mano de obra. En términos similares se pronuncia Juan José Álvarez, de Asaja, quien considera que la regularización es necesaria para garantizar el funcionamiento del sector y evitar la escasez de trabajadores. La agricultura es uno de los ámbitos con mayor presencia de empleados extranjeros, cerca de un tercio del total. En la construcción, donde los inmigrantes representan aproximadamente uno de cada cinco trabajadores, el diagnóstico es similar. Desde la Confederación Nacional de la Construcción subrayan que la regularización contribuirá a combatir la economía sumergida y facilitará la incorporación de trabajadores a través de procesos de formación y arraigo. También desde Confemetal se valora favorablemente la medida. Su presidente, José Miguel Guerrero, considera que puede ayudar a paliar la falta de profesionales cualificados, aunque subraya la importancia de acompañar el proceso con formación y acreditaciones para los oficios regulados del sector industrial y comercial. En el transporte por carretera, Confebus ve con buenos ojos la iniciativa, dado que el sector sufre una grave escasez de personal, especialmente en zonas turísticas y rurales. No obstante, recuerda que es imprescindible que los trabajadores cuenten con la formación y habilitaciones necesarias. Más crítica se muestra la patronal del transporte de mercancías, CETM, que considera que la regularización por sí sola no resuelve el problema estructural del sector y reclama una agilización de los trámites para homologar permisos de conducción y certificados profesionales.

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(Cinco Días, 30-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El capital privado se abre a trabajar con el fondo soberano de España: “Es una magnífica idea para el país”

La captación de nuevos fondos se ha convertido en uno de los principales retos para el capital privado a escala global, hasta el punto de que 2025 se perfila como el peor año desde el inicio de la pandemia en 2020. Sin embargo, España ha seguido una trayectoria distinta. En el mercado nacional, la recaudación alcanzó cerca de 4.200 millones de euros, el mejor dato de la serie histórica, pese a registrar un descenso del 8% respecto a 2024. Al mismo tiempo, la inversión se mantuvo prácticamente estable, en torno a los 6.400 millones de euros, según las cifras presentadas este jueves por SpainCap. En este contexto, el director general de la asociación, José Zudaire, ha mostrado su disposición a colaborar con el fondo soberano anunciado por el Gobierno. El capital privado continúa ganando peso en la economía española. Durante el último ejercicio se contabilizaron 828 operaciones y una capacidad inversora próxima a los 8.000 millones de euros, según se expuso en la rueda de prensa de SpainCap. La presidenta de la entidad, Elena Rico, destacó que el sector se ha consolidado en España con un volumen estable, a diferencia de otros mercados más maduros que han sufrido un mayor deterioro. A su juicio, el ecosistema español ha demostrado una notable resistencia. En 2025, la inversión total del capital privado en España ascendió a 6.403 millones de euros, lo que supone un ligero incremento del 1,8% respecto al año anterior. De esa cifra, 4.672 millones correspondieron a operaciones de private equity -dirigidas a empresas ya consolidadas, independientemente de su tamaño-, mientras que 1.731 millones se destinaron a venture capital, enfocado en compañías en fases iniciales de desarrollo. Por su parte, las desinversiones alcanzaron los 3.740 millones de euros, un 2% más que el año anterior. La principal vía de salida fue la venta a inversores industriales, que concentró el 56,4% de las operaciones, seguida por la venta a otros fondos de capital privado, con un 20%. Aunque a nivel internacional se observa una mayor dificultad para cerrar operaciones de salida, desde SpainCap subrayan que en el mercado español la situación ha sido más favorable. En relación con el fondo soberano anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el director general de la asociación lo calificó como "una excelente iniciativa para el país" y expresó la disposición del sector a colaborar. Este vehículo contará inicialmente con 10.500 millones de euros, con la previsión de alcanzar los 120.000 millones una vez incorpore capital privado. Desde SpainCap reiteraron su apoyo a este tipo de proyectos basados en la colaboración público-privada. "Respaldamos todas las iniciativas que apuestan por este modelo, porque es la mejor forma de construir un sector sólido y sostenible", señaló Zudaire, aunque también advirtió de que será necesario analizar en detalle cómo se articula el fondo y de qué manera se canalizarán los recursos.

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(Expansión, 30-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las ventas de los comercios aumentan un 4,1% en 2025, su mayor alza en diez años

El comercio minorista cerró 2025 con un incremento medio de las ventas del 4,1%, el mayor registrado desde 2015, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este resultado, el sector encadena cinco años consecutivos de crecimiento tras el fuerte desplome sufrido en 2020 a causa de la pandemia. Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la facturación aumentó un 4,3% en el conjunto del año. En diciembre, las ventas del comercio al por menor avanzaron un 4,7% en términos interanuales, ocho décimas más que en noviembre, lo que permitió sumar 18 meses seguidos de incrementos. No obstante, en la serie corregida, el crecimiento se moderó al 2,9%, la tasa más baja desde enero de 2025. En comparación mensual, y una vez descontados los efectos estacionales, las ventas retrocedieron un 0,8%, el mayor descenso desde enero del mismo año. El empleo también evolucionó al alza. La ocupación en el sector aumentó un 1,4% de media en 2025, encadenando cinco años consecutivos de crecimiento, aunque con una intensidad menor que en 2024 y 2023. De hecho, este avance es el más moderado desde 2021, cuando el empleo creció un 0,7%. Por territorios, todas las comunidades autónomas registraron incrementos en las ventas respecto a 2024. Murcia lideró el crecimiento con un 5,4%, seguida del País Vasco (5,3%) y Castilla-La Mancha (5,2%). En las ciudades autónomas, Ceuta destacó con un aumento del 6,9% y Melilla con un 5,5%. En cuanto al empleo, la ocupación creció en todas las regiones salvo en el País Vasco, donde se mantuvo estable. Los mayores aumentos se produjeron en Navarra (+2,3%), Baleares y Cataluña (+2,2% en ambos casos), Castilla-La Mancha (+1,7%) y Canarias (+1,6%). En Ceuta, el empleo avanzó un 2%, mientras que en Melilla lo hizo un 1,3%. Por tipo de establecimiento, las grandes cadenas fueron las que más incrementaron sus ventas en 2025, con un alza del 6,6%, seguidas del comercio electrónico (+4,7%), los comercios unilocalizados (+3%), las pequeñas cadenas (+2%) y las grandes superficies (+1,2%). Atendiendo al tipo de producto, las ventas de artículos alimentarios crecieron un 3,8% en el conjunto del año, mientras que las de productos no alimentarios avanzaron un 4,7%. Dentro de este grupo, destacaron los aumentos en equipamiento del hogar (+5,7%), equipamiento personal (+5,5%) y productos de salud (+3,9%). Si se excluyen las estaciones de servicio, el comercio minorista elevó sus ventas un 4% en 2025. Por su parte, las estaciones de servicio registraron un incremento del 4,6%. En lo relativo al empleo por formatos comerciales, todas las modalidades registraron aumentos. Las grandes cadenas lideraron la creación de puestos de trabajo (+3,2%), seguidas de las grandes superficies (+1,3%), los comercios unilocalizados (+0,6%) y las pequeñas cadenas (+0,3%). En las estaciones de servicio, la ocupación creció un 0,8% de media durante el año.

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(El Confidencial, 30-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo ya obliga a la banca a pagar triple costas cuando da la razón al consumidor

Los bancos tendrán que asumir un coste mucho mayor cuando decidan agotar todas las vías judiciales y finalmente pierdan el litigio frente a sus clientes. El Tribunal Supremo ya ha comenzado a aplicar su nueva doctrina sobre costas procesales en un caso que afecta a Abanca, al condenar a Novo Banco en un procedimiento iniciado por un antiguo cliente de Banco Espírito Santo por la cláusula suelo de su hipoteca. Además, la sentencia introduce un cambio relevante en la jurisprudencia existente. El alto tribunal está poniendo en práctica el criterio que fijó en diciembre, según el cual las entidades financieras deben hacerse cargo de las costas judiciales tanto de la primera como de la segunda instancia. Además, cuando el recurso de apelación presentado por el banco solo prospera parcialmente, la entidad debe pagar la mitad de los gastos de defensa del consumidor, ya que este se ha visto obligado a impugnar la validez de cláusulas abusivas y finalmente la resolución le da la razón, aunque sea de forma parcial. Este criterio se refleja en la sentencia número 1892/2025, a la que ha tenido acceso este medio. En ella, los magistrados Ignacio Sancho, Rafael Sarazá y Pedro José Vela estiman el recurso de un antiguo cliente de Banco Espírito Santo frente a Novo Banco por la cláusula suelo de su préstamo hipotecario. Cabe recordar que la filial española de Novo Banco fue adquirida por Abanca en 2021. El fallo llega tras analizar un recurso de casación presentado por el consumidor, representado por el despacho Legalsha. El Supremo decide estimar parcialmente los recursos tanto del cliente como de Novo Banco España y deja sin efecto la sentencia dictada el 14 de marzo de 2019 por el Juzgado de Primera Instancia número 14 bis de Vigo. Como consecuencia, ordena devolver al afectado las cantidades abonadas de más desde el 3 de agosto de 2014 por la aplicación de la cláusula suelo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había establecido que, conforme a las condiciones del rescate de Banco Espírito Santo en 2014 por el Banco de Portugal, Novo Banco no debía asumir reclamaciones derivadas de cláusulas abusivas anteriores a esa fecha. Esta interpretación había llevado a los tribunales españoles a desestimar muchas demandas de clientes, incluso en casos en los que la jurisprudencia general era favorable al consumidor, como ocurre con las cláusulas suelo. La nueva sentencia del Supremo resulta especialmente relevante por dos motivos. Por un lado, consolida la aplicación de la doctrina de las "triples costas" contra la entidad financiera. Por otro, modifica el criterio anterior respecto a Novo Banco, al considerar que sí debe devolver las cantidades cobradas indebidamente a partir de 2014 cuando se aplicó una cláusula suelo que impedía beneficiarse de la bajada del euríbor, que llegó a situarse en negativo durante varios años. "Hasta ahora, los clientes no recuperaban nada y Novo Banco quedaba exento de pagar. Este cambio supone un giro importante y abre la puerta a nuevas reclamaciones", explica José Feijóo, abogado procesalista de Legalsha, firma que ha llevado el caso y logrado la resolución favorable para el consumidor.

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(El Periódico, 30-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación vive su mayor caída en 10 meses y se modera al 2,4% en enero

La inflación ha comenzado el año dando un nuevo paso hacia la normalización. En enero, el índice de precios se situó en el 2,4%, según el avance publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa interanual se redujo en cinco décimas respecto a diciembre, el mayor descenso registrado desde marzo del año pasado. Esta moderación permite además estrechar de forma notable la diferencia con el resto de países europeos, que hasta ahora rondaba el punto porcentual, un factor clave para la competitividad de las empresas españolas. El principal motor de esta desaceleración ha sido la evolución de los precios energéticos. Aunque habrá que esperar a los datos detallados del INE, el Instituto Complutense de Análisis Económicos (ICAE) apunta a descensos tanto en la electricidad como en los carburantes, en contraste con las fuertes subidas registradas hace un año. Desde el Ministerio de Economía destacan que "la inflación continúa moderándose en línea con el objetivo del Banco Central Europeo de mantenerla cerca del 2%", lo que permite a los hogares recuperar parte de su poder adquisitivo. No ocurre lo mismo con la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos no elaborados-, que se mantuvo sin cambios en enero en el 2,6%, encadenando así tres meses consecutivos en ese nivel. Tras cerrar 2025 con una inflación media del 2,7%, la más elevada entre las grandes economías de la eurozona, España intenta ahora combinar un fuerte crecimiento económico con una evolución más contenida de los precios. Hasta ahora, el encarecimiento de los servicios y el mal comportamiento de los alimentos y bebidas no alcohólicas habían retrasado ese proceso de normalización, aunque el dato de enero apunta a una mejora. De cara a los próximos meses, uno de los factores que podría contribuir a seguir reduciendo la inflación es la debilidad del dólar frente al euro. La depreciación de la moneda estadounidense, que se encuentra en mínimos de cuatro años, abarata las importaciones de energía, especialmente gas y petróleo, lo que podría trasladarse a menores costes para los consumidores si la tendencia se mantiene. La energía continúa siendo un elemento clave. Aunque el gas natural ha subido cerca de un 50% en el último mes y medio en el mercado europeo TTF, su precio -en torno a los 40 euros por megavatio hora- sigue por debajo del registrado hace un año, cuando superaba los 50 euros. Algo similar ocurre con el petróleo: aunque es casi un 14% más caro que a comienzos de año, su cotización es un 10% inferior a la de hace doce meses, lo que contribuye a moderar la inflación interanual. Este dato llega en un contexto de estabilidad en los tipos de interés, que se mantienen en el 2%. El Banco Central Europeo no ha realizado cambios en las últimas cuatro reuniones y no se esperan movimientos a corto plazo. La política monetaria, por tanto, no actuará de momento como palanca adicional para contener los precios en España, ya que la inflación media de la eurozona se sitúa en el 1,9%, cerca del objetivo del 2% que marca el BCE, cuyas decisiones se basan en el conjunto del área y no en situaciones nacionales concretas.

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