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(La Vanguardia, 07-09-2026) | Fiscal

Hacienda y las transferencias de boda: qué poner en el concepto para evitar problemas

La transferencia bancaria puede llegar al móvil de los novios incluso antes de que comience el banquete. En el concepto puede aparecer simplemente "regalo", una broma privada, el nombre de la pareja o, en ocasiones, no figurar ninguna referencia. Para los invitados se trata de una forma rápida y cómoda de hacer llegar el regalo, pero para quienes reciben el dinero ese pequeño detalle puede adquirir importancia si en el futuro tienen que justificar ante Hacienda el origen de esos ingresos. La cuestión no se limita a determinar si el dinero recibido en una boda puede tener la consideración de donación. También resulta relevante poder acreditar que esas cantidades proceden realmente de regalos realizados por los invitados. Para ello, tanto el concepto de la transferencia como los justificantes bancarios y la documentación relacionada con el enlace pueden desempeñar un papel importante. Las transferencias dejan un registro documental de los movimientos de dinero. Si la Agencia Tributaria decide revisar las operaciones de una cuenta, los ingresos recibidos por los recién casados podrían ser objeto de comprobación. En ese escenario, no solo importa que el dinero haya llegado a la cuenta, sino que exista una relación razonable entre las cantidades recibidas, la celebración de la boda y las personas que realizaron los pagos. Patricia Ebrat, abogada de Ebrat Advocats, recomienda conservar los comprobantes de las transferencias y los extractos bancarios. También considera conveniente que, siempre que sea posible, el concepto indique de manera expresa que se trata de un regalo de boda. Una referencia al enlace, al nombre de los novios o al motivo del ingreso puede facilitar posteriormente la identificación de la operación. Joana Marín, directora y abogada del Bufete Marín Fonseca, coincide en la importancia de poder justificar adecuadamente cualquier incremento patrimonial. En el caso de una boda, esta acreditación puede apoyarse tanto en los movimientos bancarios como en otros documentos relacionados con la celebración. Entre ellos pueden encontrarse las propias invitaciones o la lista de invitados. Según Ebrat, conservar esta documentación puede ayudar a demostrar que las cantidades ingresadas corresponden efectivamente a regalos realizados con motivo del enlace y no a otro tipo de ingresos. Esta precaución cobra especial relevancia cuando los novios reciben numerosas transferencias durante un periodo corto, especialmente si los conceptos utilizados son poco claros o las cantidades presentan importes similares. Disponer de los justificantes bancarios y de una relación de los invitados permite reconstruir con mayor facilidad el origen de cada movimiento y relacionarlo con la celebración. Marín recomienda además guardar facturas y contratos vinculados a los regalos o a los servicios contratados para la boda. El objetivo es disponer de documentación suficiente para explicar cualquier aumento patrimonial en caso de que la Administración solicite información dentro del correspondiente plazo de comprobación. El principal problema aparece cuando no existe una explicación suficientemente acreditada sobre el origen de determinadas cantidades. Si Hacienda detecta movimientos relevantes y los contribuyentes no pueden justificar de dónde procede el dinero, esas cantidades podrían ser objeto de una comprobación y recibir una consideración fiscal diferente a la de un simple regalo de boda. Marín advierte de que, cuando no se consigue justificar un incremento patrimonial, este puede llegar a calificarse como una ganancia patrimonial no justificada. En ese supuesto, los contribuyentes podrían tener que incorporarlo a su declaración de la renta, con las consecuencias fiscales correspondientes. Ebrat señala que las comprobaciones suelen prestar especial atención a operaciones de mayor importe o a aquellas que presentan determinados indicios de riesgo fiscal. Por ello, aunque la existencia de un regalo de boda no implique por sí misma un problema, contar con documentación que permita demostrar el origen de los fondos facilita la respuesta ante una eventual solicitud de información por parte de Hacienda. Una medida sencilla consiste en evitar conceptos demasiado genéricos, bromas privadas o referencias que no permitan identificar el motivo de la transferencia. Expresiones como "regalo boda", "regalo enlace" o el nombre de los novios pueden aportar contexto al movimiento bancario. En cualquier caso, el concepto de la transferencia no constituye por sí solo una prueba definitiva. Los justificantes bancarios, los extractos de cuenta y la documentación relacionada con la celebración son los elementos que, conjuntamente, pueden ayudar a demostrar que las cantidades recibidas proceden de los invitados y están vinculadas al enlace.

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(El Periódico, 07-09-2026) | Fiscal

Hacienda garantiza el quorum para llevar la reforma de la financiación al Congreso tras fracasar el boicot de Madrid

El Gobierno ha superado el primer obstáculo para sacar adelante un nuevo modelo de financiación autonómica. El Consejo de Política Fiscal y Financiera dio ayer su respaldo a la propuesta elaborada por el Ministerio de Hacienda y pactada inicialmente con ERC, cuyo origen se encuentra en el acuerdo que permitió la investidura de Salvador Illa en Catalunya. El actual sistema lleva vigente desde 2009 y acumula ya doce años de prórroga, en un contexto económico y demográfico muy diferente al de entonces. El siguiente paso será mucho más complicado: la tramitación en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo necesitará negociar con Junts para intentar reunir los apoyos necesarios. La reforma plantea incrementar en 21.000 millones de euros los recursos destinados a las comunidades autónomas, aunque deja fuera una de las principales reivindicaciones de Catalunya: la cesión completa del IRPF, una posibilidad que Hacienda no contempla. El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió tras la reunión la aprobación de una propuesta inicialmente impulsada por María Jesús Montero y señaló que deberá ser ratificada por el Consejo de Ministros en las próximas semanas antes de llegar al Parlamento. España calificó el acuerdo como positivo para el país y para la financiación de los servicios públicos y apeló a buscar un equilibrio en el reparto de los recursos. Su objetivo es que el nuevo sistema pueda comenzar a aplicarse el 1 de enero de 2027. La votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se desarrolló, en buena medida, según las previsiones. La propuesta recibió el respaldo de Catalunya y Canarias, esta última gobernada por Coalición Canaria y con el PP en el Ejecutivo de coalición, aunque su consejera de Hacienda no asistió al encuentro. Hacienda controla la mitad de los votos del órgano de coordinación financiera, por lo que la aprobación de su propuesta estaba garantizada. Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazaron el modelo, pese a que la reforma contempla un aumento de recursos para el conjunto de los territorios. Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Murcia y La Rioja votaron en contra. También lo hicieron Ceuta y Melilla. Madrid, que había pedido que se boicoteara la reunión, no acudió y dejó vacante su representación. Las comunidades populares justificaron su rechazo argumentando que el modelo había sido negociado previamente con ERC y que, por tanto, se trataba de una reforma impuesta al resto de territorios. Desde Hacienda respondieron recordando que el PP también alcanzó en el pasado acuerdos económicos relevantes con la antigua CiU de Jordi Pujol. La oposición al proyecto no se limitó a las autonomías gobernadas por el PP. Castilla-La Mancha y Asturias, ambas presididas por dirigentes socialistas, también votaron en contra de la propuesta planteada por el Gobierno. En conjunto, el modelo fue rechazado por el 87% de los territorios representados. La Generalitat, en cambio, valoró muy positivamente el resultado. La consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, destacó la satisfacción de Catalunya por el avance hacia un nuevo sistema de financiación que, según defendió, llevaba años reclamando. El nuevo modelo supondría para las finanzas catalanas una aportación adicional cercana a los 4.700 millones de euros, recursos que permitirían reforzar la financiación de los servicios públicos. Arcadi España cuestionó que algunas comunidades con problemas reconocidos de infrafinanciación, como la Comunidad Valenciana o Murcia, hubieran votado contra la reforma. Uno de los objetivos de Hacienda era precisamente conseguir que el bloque autonómico del PP se dividiera, algo que finalmente no ocurrió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro también criticó algunas de las alternativas planteadas por las comunidades populares porque, a su juicio, podían beneficiar a unos territorios en detrimento de otros. Como ejemplo citó una propuesta de Andalucía sobre el cálculo de la población ajustada, que incorpora factores como la despoblación o el envejecimiento y que, según Hacienda, habría perjudicado a Castilla y León. El proyecto afronta ahora su principal prueba con la negociación parlamentaria y, especialmente, con Junts. La formación de Carles Puigdemont reclama avanzar hacia un modelo de concierto económico para Catalunya. Su portavoz económico en el Congreso, Josep Maria Cruset, ya anticipó que Junts presentará una enmienda a la totalidad cuando la reforma llegue a la Cámara. A su juicio, la propuesta de Hacienda confirma que no habrá una financiación singular ni capacidad de Catalunya para controlar sus recursos fiscales y supone mantener el principio de un modelo común para todas las comunidades. Junts ya ha negociado anteriormente con Hacienda acuerdos relevantes, entre ellos el paquete fiscal de diciembre de 2024, que se desbloqueó tras las conversaciones entre Puigdemont y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, la relación entre ambas partes atraviesa actualmente un momento más complicado. Hacienda tampoco contempla entregar a Catalunya la gestión integral del IRPF. Arcadi España rechazó expresamente esa posibilidad y defendió, en cambio, un sistema de gestión compartida y coordinada del impuesto. El ministro sí mostró disposición a estudiar las enmiendas que puedan presentar los grupos durante la tramitación parlamentaria. El actual sistema de financiación autonómica fue aprobado en 2009 sin ningún voto en contra. En aquel momento, el Gobierno estaba presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y Elena Salgado ocupaba la vicepresidencia segunda y el Ministerio de Economía y Hacienda. En Catalunya, el conseller de Economía era Antoni Castells. El Ejecutivo consiguió entonces el respaldo de las comunidades gobernadas por el PSOE, además de Cantabria, gobernada conjuntamente por PRC y PSOE, y Canarias, en manos de CC y PP. Las comunidades gobernadas por el PP optaron por abstenerse siguiendo las instrucciones del entonces presidente del partido y líder de la oposición, Mariano Rajoy. Desde entonces, el modelo ha permanecido vigente pese a que su periodo de aplicación terminó hace doce años.

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(El Mundo, 07-09-2026) | Fiscal

El Gobierno propone a la UE más impuestos al petróleo y al gas en plena escalada de precios

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende elevar la presión fiscal sobre el sector energético y ha planteado ante la Unión Europea la creación de un impuesto sobre los beneficios de las compañías petroleras y gasistas. El objetivo sería destinar la recaudación a financiar medidas de adaptación y protección frente al cambio climático, en un contexto marcado por la sequía y los graves incendios forestales que afectan a distintos puntos de Europa. La propuesta llega, además, en un momento de fuerte incremento de los precios energéticos y con los carburantes en niveles máximos. La iniciativa aparece recogida en un documento elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, y remitido al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra. El Ejecutivo español plantea la creación de un Fondo Europeo para la Adaptación al Cambio Climático, que contaría con nuevos recursos financieros. Entre las vías para dotarlo de fondos figura un gravamen europeo sobre los beneficios obtenidos por las empresas de los sectores del petróleo y el gas, denominado por España impuesto para la Resiliencia Climática. La propuesta se plantea, sin embargo, en plena escalada de los precios energéticos provocada por la situación en Oriente Medio. El gas TTF neerlandés, principal referencia para el mercado europeo, ha superado los 73 euros por megavatio hora, su precio más elevado en más de tres años. El coste del gas en Europa duplica actualmente el registrado hace un año y el que existía antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, cuando se situaba en torno a los 32 euros por MWh. Aun así, permanece muy por debajo de los casi 340 euros por MWh alcanzados en agosto de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. El mercado petrolero también refleja el aumento de la tensión geopolítica. El Brent para entrega en noviembre, referencia en Europa, continúa por encima de los 95 dólares por barril y se aproxima a los 100 dólares, mientras persisten los ataques cruzados en Oriente Próximo y el estrecho de Ormuz no se considera todavía una vía de navegación plenamente segura. Con estos niveles, el Brent acumula una subida del 54,6% respecto a los 61,92 dólares con los que terminó 2025. El año pasado el crudo había bajado un 17%, después de las caídas del 3% en 2024 y del 6% en 2023. En 2022, coincidiendo con el inicio de la guerra en Ucrania, había aumentado un 5%. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, ronda los 92 dólares por barril y durante la jornada ha llegado a superar los 93 dólares. La evolución del petróleo se está trasladando directamente al precio que pagan los consumidores por los carburantes. La gasolina y el diésel acumulan ya nueve semanas consecutivas de incrementos y se han encarecido un 24% desde la aplicación de las rebajas del IVA al 10% a comienzos del pasado julio. Según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, los precios se encuentran actualmente en máximos desde la tercera semana de marzo. Llenar un depósito de diésel cuesta ahora unos 102,57 euros, frente a los 77,44 euros de hace un año, lo que supone un aumento de aproximadamente 25 euros. En el caso de la gasolina, un depósito medio de 55 litros requiere actualmente un desembolso de unos 95,26 euros, casi 14 euros más que los 81,29 euros registrados un año antes. En este escenario, el Ministerio para la Transición Ecológica defiende que la nueva fiscalidad serviría para proporcionar recursos al desarrollo de una estrategia europea más amplia frente a los riesgos climáticos. El planteamiento incluye anticipar y evaluar mejor estas amenazas, incorporar criterios de resiliencia climática en la planificación y en las decisiones de inversión, reforzar los mecanismos de respuesta ante emergencias y garantizar la financiación necesaria para acelerar las medidas de adaptación en el conjunto de la Unión Europea. España también propone estudiar nuevos mecanismos de financiación europeos, incluidos instrumentos de deuda comunes. El Ministerio considera necesario que Europa disponga de una evaluación científica y compartida de los riesgos climáticos y plantea que estos análisis se realicen cada cinco años tanto a escala europea como nacional y regional. El documento contempla además la creación de nuevos instrumentos financieros comunes, entre ellos un sistema europeo de reaseguro público-privado destinado a afrontar las pérdidas ocasionadas por fenómenos meteorológicos extremos y otros acontecimientos relacionados con el clima. Una de las posibilidades planteadas sería financiar este mecanismo mediante la emisión de bonos vinculados al riesgo climático. La propuesta española defiende igualmente que la resiliencia frente al cambio climático quede plenamente integrada en la arquitectura financiera de la Unión Europea y que se incorporen criterios específicos en el diseño del Marco Financiero Plurianual. En esta línea, España considera que el sector financiero europeo debe continuar incorporando los riesgos climáticos en sus programas de inversión, en la concesión de créditos y en las pólizas de seguros. Para ello, el Ministerio reclama la puesta en marcha de un Fondo Europeo específico para la Adaptación al Cambio Climático que cuente con nuevas fuentes de financiación, entre ellas el impuesto europeo sobre los beneficios de las empresas petroleras y gasistas que el Gobierno español ha bautizado como impuesto para la Resiliencia Climática.

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(La Razón, 07-09-2026) | Fiscal

Hacienda endurece el control sobre ingresos y retiradas de efectivo

Hay determinadas operaciones bancarias que, aunque sean completamente legales, pueden llamar la atención de la Agencia Tributaria si no se realizan o justifican adecuadamente. En los últimos años, Hacienda ha reforzado la vigilancia sobre los movimientos de efectivo para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, aumentando el control sobre las operaciones realizadas tanto por particulares como por empresas. Las entidades financieras tienen la obligación de comunicar a Hacienda determinadas operaciones, entre ellas los ingresos o retiradas de efectivo superiores a 3.000 euros y las transacciones en las que intervengan billetes de 500 euros, independientemente de la cuantía total de la operación. Esta comunicación no significa que exista una irregularidad ni que el movimiento sea ilegal, pero puede provocar que la Agencia Tributaria solicite al titular información que permita acreditar el origen del dinero. En cuanto al transporte de efectivo, también existen límites que obligan a realizar una declaración. Dentro de España, cualquier persona que traslade más de 100.000 euros en efectivo debe presentar el modelo S1. Si se entra o sale del territorio nacional con 10.000 euros o más, también es obligatorio efectuar esta declaración, incluso cuando el desplazamiento se produzca dentro de la Unión Europea. La ausencia de controles fronterizos internos no elimina esta obligación. No cumplir estas exigencias puede dar lugar a importantes sanciones económicas, especialmente cuando se manejan cantidades elevadas o existen indicios que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales. Las multas pueden derivarse tanto de la falta de presentación de las declaraciones obligatorias como de la existencia de operaciones cuyo origen no pueda justificarse adecuadamente. Las sanciones se calculan en función de la cantidad de dinero que no haya sido declarada. En determinados supuestos, la multa puede alcanzar hasta el 150% del importe omitido. Así, un traslado de 100.000 euros sin presentar el modelo S1 cuando era obligatorio podría llegar a generar una sanción de hasta 150.000 euros. Además, las autoridades pueden retener temporalmente el efectivo hasta que se acredite su procedencia. Las consecuencias pueden ser todavía mayores cuando la Administración detecta indicios de ocultación, información falsa o ausencia de explicaciones suficientes sobre el origen del dinero. En estas situaciones, además de la sanción económica, las autoridades pueden intervenir o inmovilizar los fondos mientras investigan la operación y reclaman documentación adicional. Por este motivo, los expertos aconsejan cumplir siempre con las obligaciones de declaración cuando se superen los límites establecidos. El hecho de que una entidad bancaria permita realizar determinadas retiradas de efectivo, incluso por importes próximos a 3.000 euros, no significa que esas operaciones queden fuera de los sistemas de control. Una sucesión habitual de retiradas o ingresos de cantidades importantes puede generar alertas en los mecanismos de prevención del fraude y provocar que Hacienda solicite explicaciones sobre el origen y destino de los fondos.

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(Expansión, 07-09-2026) | Laboral

El gasto en parados se dispara un 22% en cuatro años: más de 2.000 millones al mes

La mejora de los salarios y, por tanto, de las bases de cotización, junto con la actualización de la prestación máxima establecida por ley y la incidencia de los trabajadores fijos discontinuos que se encuentran inactivos, está elevando el gasto destinado a las prestaciones por desempleo pese a que el número de parados continúa descendiendo. Entre enero y julio, último periodo con datos disponibles, el desembolso acumulado alcanzó los 14.695 millones de euros, con un promedio mensual ligeramente superior a los 2.000 millones. Esto supone que el Estado gastó un 3,8% más en prestaciones durante los siete primeros meses de 2026 que en el mismo periodo del año anterior y un 22% más que cuatro años atrás, cuando la factura se situó en 12.051 millones. El aumento del gasto contrasta con la evolución del desempleo. A finales de julio, el SEPE contabilizaba 2,31 millones de desempleados, 93.107 menos que un año antes, lo que supone un descenso cercano al 4%. Además, se trata de la cifra más baja registrada en un mes de julio desde 2007. El desembolso acumulado hasta julio es el más elevado desde los años de la pandemia, cuando las prestaciones estuvieron condicionadas por los ERTE extraordinarios vinculados a la crisis sanitaria. Entre enero y julio de 2020 se alcanzaron los 23.064 millones de euros. Si se excluye ese periodo excepcional, hay que remontarse a 2014 para encontrar una cifra superior, con 15.406 millones en los siete primeros meses del año. Para acceder a la prestación contributiva, los trabajadores mayores de 16 años y por debajo de la edad ordinaria de jubilación deben haber cotizado al menos 360 días durante los seis años anteriores a la solicitud. También tienen que estar afiliados y en alta en la Seguridad Social, figurar como demandantes de empleo y encontrarse en situación legal de desempleo. Además, la prestación es incompatible con determinadas pensiones públicas de la Seguridad Social. En este contexto, el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes no parece explicar por ahora el incremento del gasto. Aunque cerca de 40.000 personas que se acogieron a este procedimiento ya se han inscrito como demandantes de empleo en el SEPE, el Ministerio de Trabajo considera que todavía no han tenido tiempo suficiente para generar el derecho a una prestación contributiva o a un subsidio. Para este último se requiere, entre otras condiciones, estar inscrito como demandante de empleo, no superar determinados límites de renta y haber cotizado entre tres y seis meses, dependiendo de si existen responsabilidades familiares. Trabajo sí advierte de que la incorporación de este colectivo puede tener efectos sobre las prestaciones durante los próximos meses, a medida que se tramiten los expedientes y los beneficiarios obtengan sus permisos de trabajo. Uno de los principales factores que explican el incremento del gasto es, en cambio, el aumento de las cuantías de las prestaciones. En 2026, la prestación contributiva alcanza los 1.225 euros mensuales para quienes no tienen hijos a cargo, 1.400 euros cuando existe un hijo y 1.575 euros con dos o más hijos. Estas cantidades son un 3,6% superiores a las de 2022. A esta evolución se suma el crecimiento de los salarios y de las bases de cotización, que determina una prestación más elevada. La cuantía se calcula aplicando el 70% de la base reguladora durante los primeros 180 días y el 60% a partir del día 181, aunque existen límites máximos. Como consecuencia, la prestación media ha pasado de 862,3 euros mensuales en 2022 a unos 1.000 euros en junio de 2026, un incremento del 16%, equivalente a 137,7 euros al mes. Otro elemento relevante es el peso creciente de los trabajadores fijos discontinuos que se encuentran temporalmente inactivos. Este colectivo presenta una particularidad estadística: durante los periodos en los que no trabaja no figura como afiliado a la Seguridad Social, pero tampoco se contabiliza como desempleado registrado. Sin embargo, puede acceder a la prestación por desempleo, lo que permite cobrarla sin aparecer en las listas oficiales de paro. Entre julio de 2022 y julio de 2026, el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo aumentó un 5,6%, desde 1,75 millones hasta 1,85 millones, lo que supone 98.767 perceptores más. El crecimiento se concentra especialmente en la prestación contributiva, cuyo número de beneficiarios aumentó un 21%, con 170.269 personas más, hasta alcanzar los 980.659 perceptores. Los beneficiarios de subsidios, por su parte, crecieron un 7%, hasta 812.116 personas. Una parte importante de este aumento de perceptores de la prestación contributiva está relacionada con los fijos discontinuos durante sus periodos de inactividad. Aunque no existe un registro específico que permita conocer con exactitud cuántos son, las estimaciones pueden aproximarse a través de los demandantes de empleo que mantienen una relación laboral, descontando a los trabajadores afectados por un ERTE. Según Randstad, este grupo alcanzaría las 884.323 personas. Si se incorporara esta cifra al paro registrado, el denominado desempleo efectivo se situaría en torno a los 3,2 millones de personas en agosto de 2026.

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(Expansión, 07-09-2026) | Laboral

El repunte de la inflación tensa la negociación para la subida del salario mínimo en 2027

El Ministerio de Trabajo afronta en los próximos meses la negociación de una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, en un escenario marcado por el repunte de los precios. La evolución de la inflación amenaza con aumentar la tensión tanto en la negociación del salario mínimo como en las conversaciones salariales entre empresas y trabajadores. El Gobierno considera que el incremento del SMI para el próximo año deberá tener en cuenta el aumento del coste de la vida, después de que la inflación alcanzara el 4,3% en agosto. Esta situación se produce además después de que el Ejecutivo rechazara aplicar una segunda subida del salario mínimo en 2026, una medida que habían reclamado los sindicatos. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, reconoció recientemente la preocupación del departamento por la pérdida de poder adquisitivo que está provocando el encarecimiento de los precios. Esta situación afecta tanto a los trabajadores que perciben el salario mínimo como al resto de empleados, cuyas retribuciones dependen en buena medida de las actualizaciones pactadas en los convenios colectivos. Trabajo mantiene su intención de continuar con la política de incrementos del SMI y ya prepara la apertura de la negociación. Pérez Rey ha señalado que el último trimestre del año es el momento de comenzar las conversaciones y que en ellas deberá analizarse el comportamiento de la inflación registrado durante los últimos meses. Los sindicatos habían reclamado una nueva actualización del salario mínimo durante 2026 precisamente por el avance de los precios, una posibilidad contemplada por la normativa. La inflación alcanzó en agosto el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, debido principalmente al encarecimiento de los carburantes, en un contexto condicionado por las tensiones en Oriente Medio y la retirada progresiva de algunas medidas fiscales de apoyo. Para 2026, el Gobierno aprobó un incremento del SMI del 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, equivalentes a 17.094 euros anuales. Desde 2018, el salario mínimo acumula una subida del 66%, lo que ha permitido reducir progresivamente la distancia respecto al salario más habitual entre los trabajadores españoles. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2024 sitúan el salario modal, es decir, el que percibe el mayor porcentaje de asalariados, en 16.520,18 euros anuales. Esta cantidad correspondía al 3,8% de los trabajadores. Las últimas actualizaciones del SMI se han aprobado sin el respaldo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. Aunque el Ejecutivo no tiene la obligación de alcanzar un acuerdo con los agentes sociales y únicamente debe consultarles, ha tratado de consensuar la cuantía del salario mínimo cada año. El incremento de los precios también está repercutiendo en los trabajadores cubiertos por convenios colectivos. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a julio, la subida salarial media pactada en los convenios con efectos económicos para 2026 se situaba en el 3,02%. Los convenios colectivos afectan actualmente a unos 8,6 millones de trabajadores y tienen como referencia el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el marco que tradicionalmente acuerdan sindicatos y organizaciones empresariales y que permanece sin renovar durante 2026. El repunte de la inflación puede complicar todavía más el inicio de las conversaciones entre CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, que durante este año todavía no han abierto formalmente la negociación del nuevo acuerdo. El anterior, el V AENC, firmado para el periodo 2023-2025, establecía una recomendación de incremento salarial del 3%. Los empleados públicos cuentan, en cambio, con un escenario salarial ya definido. En 2026 tienen prevista una subida del 1,5%, a la que podría añadirse otro incremento consolidable del 0,5% si el IPC alcanza o supera el 1,5%, algo que previsiblemente ocurrirá. Para 2027, el acuerdo alcanzado el año pasado contempla una subida retributiva del 4,5%.

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(Expansión, 07-09-2026) | Laboral

La banca busca jóvenes con FP para puestos tecnológicos

Los bancos están renovando sus equipos y acelerando la incorporación de profesionales con conocimientos muy específicos. La demanda se concentra especialmente en especialistas en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube y ciberseguridad. La competencia por estos perfiles es intensa, ya que las entidades financieras tienen que rivalizar con las grandes empresas tecnológicas para atraer a matemáticos, físicos e ingenieros con alta cualificación. Al mismo tiempo, están ampliando sus oportunidades para jóvenes que acaban de completar ciclos superiores de Formación Profesional (FP), especialmente para cubrir puestos tecnológicos de carácter más técnico. La llegada de la inteligencia artificial generativa está provocando una profunda transformación en el sector financiero. Estas herramientas permiten automatizar numerosas tareas de menor complejidad y, al mismo tiempo, incrementar de forma significativa la productividad de los empleados. Aunque los científicos de datos siguen siendo profesionales muy demandados y con salarios elevados, no todas las funciones tecnológicas requieren este nivel de especialización. Muchas de ellas pueden ser desarrolladas por titulados de FP superior, un colectivo al que las entidades están dando cada vez más espacio tanto en las oficinas como en áreas de servicios corporativos. Entre las titulaciones más buscadas figuran Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo de Aplicaciones Web y Administración de Sistemas Informáticos en Red. La Formación Profesional también se está convirtiendo en una vía de acceso a la banca para desempeñar tareas relacionadas con la administración, las ventas, el marketing o la publicidad. En general, estos perfiles pueden ocupar buena parte de los puestos que no implican asesoramiento directo sobre productos de inversión. En este último ámbito, la regulación Mifid II establece requisitos mucho más estrictos y exige contar con certificaciones que acrediten los conocimientos necesarios, expedidas por universidades o centros especializados. CaixaBank puso en marcha hace dos años un programa de prácticas dirigido a estudiantes de FP en Cataluña y recientemente lo ha extendido a Madrid y Andalucía. Los participantes deben completar una formación obligatoria que incluye una introducción al funcionamiento del negocio bancario. En las sucursales, los directores y subdirectores son los encargados de supervisar y acompañar a los estudiantes durante su periodo de prácticas. Una vez finalizada esta etapa, cuando se producen vacantes, la entidad analiza la posibilidad de incorporar a los estudiantes en función de su rendimiento y de las necesidades del negocio. Además, CaixaBank mantiene actualmente abierto un programa destinado a incorporar a 3.000 jóvenes menores de 35 años con perfiles técnicos. En el ámbito exclusivamente tecnológico, CaixaBank ha creado recientemente una titulación propia de FP junto a un centro vinculado a la Universidad Alfonso X el Sabio. El programa tiene una duración de dos años y está especializado en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma aplicadas al sector financiero. La formación se distribuye entre las aulas y las instalaciones de CaixaBank Tech, la filial tecnológica del grupo. Al terminar los estudios, los alumnos pueden acceder a prácticas en la entidad. BBVA también está apostando por esta vía de formación. El banco puso en marcha el año pasado, en colaboración con el Instituto de Educación Secundaria Francisco Tomás y Valiente, el primer Grado Superior de FP Dual en Administración y Finanzas especializado en el sector bancario de la Comunidad de Madrid. Durante el segundo curso, los estudiantes con mejores resultados tienen la posibilidad de conseguir una beca remunerada para formarse en la red de oficinas de la entidad. La banca española podría llegar a perder entre 25.000 y 40.000 puestos de trabajo durante la próxima década en el escenario más desfavorable como consecuencia del avance de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, la transformación tecnológica también generará nuevas oportunidades laborales y podría impulsar la contratación de alrededor de 15.000 profesionales con perfiles adaptados a las nuevas necesidades del sector. Estas son las previsiones de Funcas, el servicio de estudios vinculado a las antiguas cajas de ahorro. Aunque ningún directivo de la banca española ha cuantificado públicamente hasta ahora el impacto que tendrá la inteligencia artificial sobre el empleo, las entidades reconocen que se encuentran ante una transformación profunda de un negocio especialmente dependiente de los datos y de los procesos automatizados. El efecto ya comienza a apreciarse en algunos grandes grupos internacionales. Santander ha reducido su plantilla mundial en más de 11.000 trabajadores durante el último año, cerca de un 6%, hasta situarla en 185.250 empleados.

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(La Vanguardia, 07-09-2026) | Laboral

El Gobierno aprobará el martes el real decreto de transparencia en las relaciones laborales

El Ministerio de Trabajo llevará el próximo martes al Consejo de Ministros un nuevo real decreto que amplía las obligaciones de información que las empresas deberán proporcionar por escrito a sus trabajadores sobre las condiciones de su relación laboral. La nueva regulación sustituirá y ampliará los supuestos contemplados en el actual Real Decreto 1659/1998 e incorporará las exigencias establecidas por la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, cuya transposición estaba pendiente desde 2019. Además, el equipo dirigido por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, introduce nuevas obligaciones, especialmente relacionadas con el control de los períodos de prueba. Desde el Ministerio consideran que la norma supondrá una herramienta relevante para reforzar la información de la que disponen los trabajadores y facilitar así el ejercicio de sus derechos. Entre las principales novedades figura la obligación de detallar por escrito todos los elementos que componen la remuneración. El contrato no podrá limitarse a recoger el salario base, sino que deberá identificar de manera individualizada los distintos complementos, las dietas y cualquier otro concepto que tenga incidencia sobre la retribución. También tendrá que explicarse cómo pueden influir los algoritmos empleados por la empresa en el cálculo de la remuneración final del trabajador. La información contractual deberá incluir asimismo datos relativos a la mutua encargada de prestar determinados servicios, los reconocimientos de salud y las medidas específicas dirigidas al colectivo LGTBI que sean de aplicación. La regulación también endurece las exigencias sobre la jornada laboral. Esta deberá quedar especificada con precisión y, cuando la naturaleza irregular del trabajo impida establecerla de forma exacta, la empresa tendrá que fijar por escrito criterios que permitan prever su distribución. En concreto, deberán establecerse las referencias utilizadas para calcular las horas de trabajo diarias, semanales y mensuales. Además, tendrán que quedar recogidas las posibles modificaciones sustanciales de la jornada y las circunstancias relacionadas con el tiempo destinado a cuidados, conciliación y corresponsabilidad. El período de prueba será otro de los aspectos sometidos a un mayor nivel de detalle. Las empresas deberán indicar expresamente su duración y, cuando esta supere los seis meses establecidos con carácter general por la legislación, tendrán que señalar el apartado concreto del convenio colectivo de empresa que permite ampliar ese plazo. El contrato deberá especificar igualmente cuáles son las tareas y pruebas que debe superar el trabajador durante este período. De esta manera, deberán quedar identificadas las condiciones cuyo incumplimiento podría justificar la finalización de la relación laboral durante la fase de prueba.

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(Cinco Días, 07-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las energéticas dispararán su beneficio en 2026 gracias a los precios récord en gas y petróleo

Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Moeve, antigua Cepsa, sumaron en 2023 un beneficio neto conjunto de 10.466 millones de euros. Ese año, el Gobierno decidió aplicar a estas compañías un gravamen extraordinario al considerar que estaban obteniendo ganancias adicionales como consecuencia de los elevados precios energéticos provocados por la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, en los seis primeros meses de 2026, las cinco grandes energéticas ya acumularon 9.863 millones de euros de beneficio, una cifra prácticamente equivalente a la registrada en todo 2023 pero conseguida en apenas la mitad de tiempo. Las previsiones de analistas y expertos apuntan, además, a que los resultados podrían mejorar durante la segunda parte del ejercicio, después de los máximos alcanzados durante el verano por los precios de la electricidad, el gas y los carburantes. Tampoco se espera una relajación significativa de los mercados energéticos en los próximos meses, en un contexto marcado por la incertidumbre derivada de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero. Las propias compañías mantienen sus objetivos para el conjunto del año y algunas incluso anticipan una evolución más favorable de la prevista inicialmente. De cumplirse estas expectativas, las principales energéticas del Ibex-35 podrían cerrar 2026 con un beneficio histórico cercano a los 20.000 millones de euros. Esta cifra supondría más del doble de las ganancias obtenidas tres años antes y más de un 50% por encima de las registradas en 2025, cuando la situación en Oriente Próximo era mucho más estable. Este escenario ha reactivado las peticiones para establecer un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Quienes defienden esta medida consideran que una parte importante de estas ganancias está relacionada con el impacto de la guerra en Oriente Próximo, al que se suma la destrucción de infraestructuras energéticas en Rusia, que también está contribuyendo a mantener la presión sobre los precios. Las voces favorables a elevar la fiscalidad sobre el sector han aumentado en las últimas semanas. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, planteó recientemente la posibilidad de incrementar la fiscalidad sobre los combustibles para contribuir a financiar las inversiones necesarias para afrontar la emergencia climática. Ribera cuestionó la diferencia entre los elevados beneficios privados obtenidos por las petroleras y el coste que el cambio climático genera para el conjunto de la sociedad, y defendió abrir un debate sobre una posible fiscalidad global o europea sobre el petróleo. En una línea similar se pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien calificó de irresponsable mantener el consumo de combustibles fósiles ante la emergencia climática. El jefe del Ejecutivo también advirtió de que la dependencia energética supone una debilidad para los países. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido todavía más explícito al reclamar que las empresas que están obteniendo mayores beneficios como consecuencia de la crisis contribuyan también a aliviar sus efectos. A finales de agosto, España, Alemania, Italia, Austria y Polonia volvieron a reclamar a la Unión Europea la creación de un impuesto extraordinario sobre los beneficios obtenidos por las petroleras como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo. Esta petición se suma a otra iniciativa planteada en abril por Cuerpo junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal para establecer un tributo coordinado a escala europea. Los ministros sostienen que las petroleras están registrando una elevada rentabilidad y que sus márgenes en los productos refinados han aumentado incluso por encima de la subida del precio del crudo. El objetivo de la propuesta es establecer un mecanismo común que permita que las empresas beneficiadas por la crisis contribuyan a reducir el impacto económico que soportan los ciudadanos y las Administraciones públicas. La presión también llega desde los partidos que forman parte del espacio de la izquierda. Sumar y Podemos han reclamado medidas para limitar el precio de los carburantes y establecer un impuesto sobre los beneficios de las compañías energéticas, a las que acusan de beneficiarse del repunte de la inflación y, especialmente, del encarecimiento del petróleo. Podemos plantea además controles sobre determinados precios de los alimentos. Tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el Ejecutivo aprobó un Real Decreto-ley para hacer frente al impacto económico del conflicto y posteriormente prorrogó parte de sus medidas en junio. Entre ellas se incluyeron diferentes ayudas y rebajas fiscales sobre los consumos energéticos. La reducción fiscal aplicada a los carburantes continúa vigente en septiembre, aunque se ha ido reduciendo progresivamente durante los últimos meses. Pese a estas actuaciones, los precios no han dejado de aumentar y la inflación alcanzó en agosto el 4,3%, su nivel más elevado de los últimos tres años. El paquete de medidas aprobado por el Gobierno expira este mes. Cualquier prórroga de las rebajas o la aprobación de nuevas actuaciones, entre ellas un eventual impuesto adicional a las energéticas, necesitaría el respaldo del Congreso de los Diputados, algo que no se presenta sencillo para el Ejecutivo. La creación de nuevos impuestos sobre las grandes empresas se ha convertido en uno de los asuntos más complejos para el Gobierno en los últimos años. Algunos de sus socios parlamentarios, entre ellos el PNV y Junts, se han mostrado contrarios a establecer cargas adicionales sobre las grandes compañías energéticas. En el caso del País Vasco, empresas como Iberdrola y Repsol tienen además una especial relevancia económica. El Ejecutivo ya intentó prolongar el gravamen extraordinario sobre las energéticas en 2025, pero la iniciativa no consiguió salir adelante en el Parlamento. El enfrentamiento llegó incluso al ámbito empresarial: durante el Foro de Davos de enero de 2025, Sánchez mantuvo un encuentro con representantes de grandes compañías del Ibex y llegó a bromear con el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, sobre la votación parlamentaria que había impedido prorrogar el impuesto. Las compañías afectadas no cuestionan los elevados beneficios que están obteniendo actualmente, pero recuerdan que estos resultados deben analizarse dentro de una perspectiva más amplia. Desde una de ellas señalan que el Gobierno probablemente intentará impulsar nuevos impuestos, aunque también destacan las fuertes inversiones realizadas durante años y las pérdidas registradas en otros ejercicios. La capacidad del Ejecutivo para aprobar una nueva fiscalidad sobre el sector dependerá, por tanto, de su margen parlamentario. El escenario será especialmente complicado en un año previo a las elecciones, marcado por una inflación elevada, la evolución de los precios energéticos y las decisiones que pueda adoptar la Administración de Donald Trump, mientras aumenta la preocupación de los hogares por el encarecimiento de los productos y servicios básicos.

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(Cinco Días, 07-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La morosidad bancaria de las empresas toca mínimos, pero el 60% sufre el golpe de los impagos de sus clientes

La morosidad bancaria en España se encuentra en niveles mínimos desde 2008, una evolución que también se refleja en el ámbito empresarial. Los créditos dudosos de las compañías han disminuido un 22,7% desde 2023 y representan ya el 3,14% del volumen total de financiación concedida, según los datos del Banco de España. Sin embargo, esta mejora no se traslada por completo a las relaciones comerciales entre empresas. Un informe elaborado por Gestión de Riesgo de Crédito y Caución e Iberinform, publicado a finales de julio, señala que seis de cada diez compañías españolas se ven perjudicadas por la morosidad. Para el 48%, el problema supone una reducción de ingresos, mientras que un 23% afronta un aumento de los costes financieros y un 8,1% considera que la situación puede llegar a comprometer la continuidad de su negocio. Antes de que se produzca un impago, el principal problema es el retraso en los cobros. Las administraciones públicas, que por ley deberían abonar sus facturas en un máximo de 30 días, tardaron una media de 70 días en pagar durante el pasado año, según el último informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), publicado en abril. Es el plazo más elevado desde 2020. En el caso de las empresas privadas, el periodo medio de pago alcanzó los 67 días, tres más que el año anterior y por encima de los 60 días establecidos legalmente. Además, un 26% de las compañías percibió durante el último año un alargamiento de los plazos. Aun así, la PMcM destaca que el porcentaje de facturas que finalmente quedaron impagadas se redujo del 5,2% al 3,3% en 2025. Las diferencias entre empresas según su tamaño también se reflejan en su capacidad para fijar las condiciones de pago. Según el estudio de Crédito y Caución e Iberinform, solo el 14% de los autónomos consigue establecer sus propios plazos, frente al 36% de las pequeñas y medianas empresas y el 46% de las grandes compañías. Estas últimas, además, presentan un comportamiento especialmente desfavorable en materia de pagos: de acuerdo con los datos de la PMcM publicados en abril, apenas el 15% cumple con los plazos establecidos por la legislación. La aparente contradicción entre una caída de los impagos y el aumento de los periodos de cobro tiene una explicación relacionada con la gestión de la liquidez. Francisco Rodríguez, director de estudios financieros de Funcas, señala que cuando una empresa atraviesa dificultades de tesorería suele priorizar el cumplimiento de sus obligaciones con los bancos, ya que necesita mantener abiertas sus vías de financiación. El retraso se traslada después a los proveedores, que terminan convirtiéndose de facto en financiadores involuntarios del circulante. Rodríguez descarta, sin embargo, que esta situación responda a un descenso generalizado de las ventas y recuerda que la encuesta SAFE sobre acceso a la financiación refleja una economía empresarial resistente. La presión se concentra especialmente en los costes. Entre ellos destacan los laborales y las cotizaciones sociales, además del gasto energético en determinados sectores. A esto se suma que, aunque los tipos de interés hayan comenzado a descender, muchas compañías han tenido que refinanciar su deuda durante los últimos años a tipos superiores a los que soportaban antes del endurecimiento monetario. De esta forma, una empresa puede aumentar sus ventas y, al mismo tiempo, encontrarse con problemas de liquidez si sus costes crecen a mayor velocidad o si sus márgenes se reducen. El sector de la construcción es uno de los que soporta con mayor intensidad esta situación. Según un informe de Equifax publicado en junio, concentra el 16,1% de las empresas españolas que se encuentran en concurso de acreedores, solo por detrás del comercio. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) advierte de que el incremento de los precios de los materiales y de la energía, especialmente condicionado por la crisis en Oriente Próximo, está agravando las dificultades del sector. La patronal reclama recuperar un mecanismo de revisión de precios en los contratos de obra pública, eliminado por el Gobierno en 2015. Sin esta posibilidad, un aumento de los costes de materiales o energía no modifica el importe acordado inicialmente, lo que reduce directamente el margen de los contratistas. El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, explica que esta presión acaba trasladándose a lo largo de toda la cadena de proveedores. Las empresas priorizan el pago a las entidades financieras porque necesitan mantener su acceso al crédito, mientras que los retrasos terminan afectando a subcontratistas y proveedores. Fernández Alén asegura que algunas compañías están optando incluso por ralentizar de forma discreta la ejecución de sus obras a la espera de que los precios se moderen. La CNC solicitó formalmente a finales de julio al Ministerio de Hacienda que restablezca el mecanismo de revisión de precios y espera recibir una respuesta durante septiembre. Para Funcas, no obstante, todavía no existen motivos suficientes para hablar de una situación de alarma. El alargamiento de los plazos de pago no implica necesariamente que vaya a producirse un repunte de los impagos, aunque sí constituye una señal que debe vigilarse. La situación adquiriría una dimensión diferente si en los próximos meses los retrasos coincidieran con un deterioro de los márgenes empresariales, un aumento de los concursos de acreedores, un endurecimiento del acceso al crédito y un repunte de los préstamos dudosos. La cuestión fundamental será determinar si se trata únicamente de un problema de circulante derivado del aumento de los costes y de los plazos de cobro o si, por el contrario, supone el inicio de un deterioro financiero más profundo.

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