El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos suspendió este jueves la aplicación de un arancel general del 10% sobre la mayoría de las importaciones, al concluir que el presidente Donald Trump recurrió de manera inapropiada a una antigua ley comercial para justificar esta medida. La corte consideró que Trump hizo un uso indebido de esa normativa al aprobar los aranceles el pasado mes de febrero, poco después de que el Tribunal Supremo invalidara otro conjunto de medidas similares.
En su resolución, el tribunal con sede en Nueva York señaló que el Gobierno sobrepasó las competencias que le otorga la ley al imponer de forma masiva gravámenes a productos procedentes de casi todos los países. Aun así, el caso sigue abierto, ya que la Administración ya contemplaba que este arancel global fuera una solución provisional mientras buscaba otras vías legales para establecer tarifas más permanentes.
El gravamen del 10% comenzó a aplicarse el 24 de febrero al amparo de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y tiene una duración máxima de 150 días, por lo que dejará de estar vigente el próximo 23 de julio. Para extenderlo más allá de esa fecha sería necesaria la aprobación del Congreso, según informó la agencia Efe.
De acuerdo con The New York Times, se prevé que el Ejecutivo de Trump recurra la decisión judicial, lo que podría alargar el proceso. En caso de una derrota definitiva, el Gobierno tendría que reembolsar los ingresos obtenidos mediante estos aranceles, calculados en unos 166.000 millones de dólares. Tras el rechazo previo del Tribunal Supremo a otras medidas arancelarias, la Administración optó por apoyarse en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que rara vez se utiliza.
Sin embargo, el Tribunal de Comercio destacó que esta cláusula solo autoriza la aplicación temporal de aranceles limitados y únicamente en situaciones excepcionales relacionadas con desequilibrios graves en la balanza de pagos o problemas en el sistema financiero internacional. La sentencia también recuerda que dicha normativa permite imponer aranceles de hasta el 15% durante un periodo máximo de 150 días, y que cualquier prolongación posterior requiere la autorización expresa del Congreso.
La Agencia Tributaria comunicó este jueves que más de 4,49 millones de contribuyentes ya han recibido la devolución correspondiente a la declaración de la Renta. En el primer mes de campaña, Hacienda ha abonado un total de 3.147 millones de euros.
El volumen de devoluciones pagadas hasta ahora supera en un 3,5% al registrado en la campaña anterior, en línea con el aumento de las solicitudes de devolución presentadas por los contribuyentes, que alcanzan los 6,339 millones, un 4,4% más que hace un año. Esto supone que ya se ha efectuado el pago de cerca del 71% de las declaraciones con resultado a devolver presentadas hasta la fecha. No obstante, al tratarse en muchos casos de devoluciones de importe reducido, el dinero ya reintegrado representa aproximadamente el 58% del total pendiente de abono.
Por otro lado, Hacienda también ha señalado que se han presentado 1,179 millones de declaraciones con resultado a ingresar, lo que supone un incremento del 6% respecto al ejercicio pasado. En conjunto, durante el primer mes de campaña se han registrado 7,978 millones de declaraciones, un 4,9% más que en el mismo periodo del año anterior, pese a que este año la campaña arrancó seis días más tarde.
De todas las declaraciones presentadas, 1,376 millones se realizaron mediante el servicio Renta Directa. Además, a través de la aplicación móvil -que incorpora opciones de pago como Bizum y tarjeta bancaria- se tramitaron más de 635.000 declaraciones, un 24,5% más que en las mismas fechas del año pasado.
A estos canales se suma ahora el plan telefónico 'Le Llamamos', que vuelve a convertirse en una de las principales fórmulas de asistencia personalizada durante la campaña. El pasado ejercicio permitió confeccionar 1,188 millones de declaraciones. Este sistema ofrece a los contribuyentes una alternativa a la atención presencial en oficinas.
Durante toda la campaña, los usuarios también disponen de más contenidos y materias en el asistente virtual del portal de la Agencia Tributaria. Cuando la herramienta no resuelve completamente las dudas, los contribuyentes pueden recurrir al Informador, que reúne toda la información tributaria organizada por bloques temáticos, o contactar mediante chat con especialistas de la Administración Digital Integral para recibir atención personalizada.
Asimismo, la Agencia Tributaria volverá a poner en marcha el envío de cartas preventivas, una iniciativa que ya aplicó en los dos ejercicios anteriores. Estas comunicaciones, junto con avisos en Renta Web y en la aplicación móvil, estarán dirigidas a contribuyentes que hayan modificado datos facilitados previamente por Hacienda al presentar su declaración.
El objetivo es que revisen si deben presentar una declaración complementaria ajustada a la información que obra en poder de la AEAT. Está previsto que el envío se realice en dos fases, una a mediados de mayo y otra en junio, con cerca de 130.000 cartas remitidas conforme avancen las presentaciones de declaraciones.
El Gobierno confía en obtener un fuerte aumento de la recaudación gracias al endurecimiento de la tributación del ahorro en el IRPF para las rentas más elevadas. Según el Informe de Progreso Anual 2026 remitido por el Ejecutivo a Bruselas a finales del pasado mes, los ingresos adicionales derivados de esta subida fiscal pasarán de 222 millones de euros en 2025 a cerca de 500 millones durante este año.
Las previsiones del Ministerio de Hacienda contemplan que esta recaudación extra se mantenga estable hasta 2029. Sin embargo, expertos fiscalistas consultados por elEconomista.es consideran probable que la cifra final sea incluso superior en los próximos años, ya que el Gobierno suele manejar estimaciones prudentes ante la Comisión Europea. A ello se suma el impacto de la inflación y el hecho de que el Ejecutivo no prevé deflactar los tramos del IRPF durante el resto de la legislatura.
La reforma del impuesto ha elevado hasta el 30% el tipo máximo aplicado a las rentas del capital mobiliario y a las ganancias patrimoniales, situando a España entre los países de la OCDE con una mayor presión fiscal sobre el ahorro.
El incremento se introdujo de manera progresiva. En una primera fase, el tipo aplicable a las rentas del ahorro superiores a 200.000 euros aumentó un punto, hasta el 27%. Posteriormente, se creó un nuevo tramo para bases superiores a 300.000 euros, gravado inicialmente al 28%.
Más adelante, y tras la presión ejercida por Sumar dentro del Gobierno de coalición formado después de las elecciones de julio de 2023, el PSOE aceptó elevar dos puntos más ese gravamen, situándolo finalmente en el 30% para los contribuyentes con rendimientos del ahorro superiores a 300.000 euros. Este porcentaje supera en doce puntos la media aplicada a las grandes rentas del ahorro en las economías desarrolladas.
Dentro de la Unión Europea, únicamente otros dos países han incrementado recientemente la fiscalidad sobre las ganancias de capital. Países Bajos elevó el pasado año el tipo del 33% al 36%, mientras que Letonia lo aumentó ocho puntos, hasta el 28%.
Con esta subida, España se equipara a Suecia y ambas economías pasan a ocupar la séptima posición entre los países que más gravan el ahorro. Por delante se sitúan Irlanda, con un 33%; Países Bajos, con un 36%; Finlandia y Francia, con un 34%; y Dinamarca, que mantiene el tipo más elevado, del 42%. En el sistema español, la tributación del ahorro arranca con un tipo del 19% para los primeros 6.000 euros. A continuación, el gravamen asciende al 21% hasta los 44.000 euros y posteriormente al 23%. A partir de los 150.000 euros se aplican tipos superiores, llegando al 27% entre 200.000 y 300.000 euros y alcanzando el 30% para cantidades superiores.
La documentación enviada a Bruselas refleja que la tributación del ahorro en el IRPF será una de las medidas fiscales con mejor evolución recaudatoria en los próximos años. En cambio, otros tributos muestran un comportamiento más estable o incluso descendente. Es el caso del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, cuya recaudación se mantendrá en 623 millones de euros anuales entre 2025 y 2029.
También se prevé una reducción de ingresos ligada a la recuperación de los límites a las deducciones por pérdidas en el Impuesto de Sociedades. Tras aportar 6.255 millones adicionales en 2025, esta cifra caerá hasta 2.629 millones ya durante el presente ejercicio.
Uno de los compromisos incluidos en el Informe de Progreso 2026 enviado por el Gobierno a Bruselas pasa por la puesta en marcha de reformas fiscales orientadas a elevar la recaudación y actualizar el sistema tributario. El objetivo fijado es lograr un incremento permanente de los ingresos equivalente, al menos, al 0,1% del PIB. Aunque inicialmente estaba previsto antes, su aplicación se ha aplazado al segundo trimestre de 2026. Sin embargo, dado que ya se ha iniciado mayo, los expertos fiscales consultados consideran muy complicado que pueda materializarse en plazo.
Los especialistas recuerdan que apenas queda margen temporal y que, además, el Ejecutivo carece tanto de Presupuestos Generales aprobados como de una mayoría parlamentaria suficiente para acometer modificaciones tributarias de calado. El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan José Rubio, sostiene que, con los actuales niveles de inflación, ese aumento de ingresos del 0,1% del PIB ya se consigue mediante la decisión de no deflactar el IRPF. De hecho, el propio informe remitido a Bruselas reconoce expresamente que ese incremento de la recaudación procede de mantener sin actualizar las bases tributarias del impuesto sobre la renta.
Rubio considera además que el margen para reducir beneficios fiscales en el IRPF es muy limitado, motivo por el que el Gobierno rechaza aplicar una deflactación. A su juicio, la única vía que el Ejecutivo sigue explorando es endurecer la tributación del ahorro, una medida que políticamente resulta más aceptable. No obstante, advierte de que los ingresos obtenidos a través de los tramos más altos del ahorro tienen un peso relativamente reducido en el conjunto de la recaudación.
Ante estas limitaciones, tanto este como otros expertos creen que el foco podría desplazarse hacia los grandes impuestos con mayor capacidad recaudatoria, especialmente el IVA y el Impuesto sobre Sociedades. En el caso de Sociedades, consideran que todavía existe margen para seguir recortando deducciones fiscales. Respecto al IVA, la estrategia pasaría por evitar nuevas rebajas de tipos y, si circunstancias excepcionales como el encarecimiento energético derivado de la guerra en Irán obligaran a aplicarlas, procurar que tengan una duración lo más breve posible.
Las primeras estimaciones apuntan a que la reducción de tipos del IVA aplicada a los hidrocarburos supondrá una merma de unos 8.000 millones de euros para las arcas públicas. La intención del Gobierno sería revertir estas rebajas fiscales antes del próximo verano.
La guerra en Oriente Medio se aproxima ya a su tercer mes, pese al alto el fuego acordado en abril y mientras continúa la espera de un posible acuerdo de paz definitivo. Con el objetivo de amortiguar el impacto del encarecimiento energético, el Gobierno aprobó en marzo un paquete de ayudas, aunque la mayoría de las rebajas fiscales sobre la energía y de los apoyos a determinados sectores tienen como fecha límite el próximo mes de junio. Si finalmente no se prorrogan, la inflación podría repuntar de forma significativa durante el verano.
Así lo advierte Funcas en sus previsiones trimestrales publicadas este miércoles. Según sus cálculos, si las medidas fiscales vinculadas a la evolución de los precios energéticos se eliminan a comienzos de junio, la inflación pasaría ese mismo mes del 3,5% al 4,5%, es decir, un punto porcentual más. Además, ese incremento se prolongaría durante julio, agosto y septiembre, meses en los que el IPC se mantendría por encima del 4%.
Estas previsiones parten de la hipótesis de que el estrecho de Ormuz comience a reabrirse progresivamente desde junio y de que el petróleo cierre el año alrededor de los 80 dólares por barril. Bajo este escenario, Funcas estima que mantener las rebajas fiscales hasta octubre permitiría situar la inflación media de 2026 en el 3,3%, mientras que retirarlas en junio elevaría esa cifra al 3,6%.
En un escenario más negativo, marcado por una prolongación del conflicto más allá del verano, la fundación calcula que la inflación anual alcanzaría el 4% incluso aunque las ayudas fiscales se mantuvieran hasta otoño. El Ejecutivo introdujo una cláusula que condiciona la continuidad de las rebajas fiscales a la evolución de los precios energéticos. De este modo, los descuentos solo seguirán vigentes si la subida interanual de los carburantes y de la electricidad en abril supera el 15%.
El dato definitivo será publicado por el INE el próximo 14 de mayo, aunque los registros de marzo ya mostraban aumentos inferiores a ese umbral: la electricidad se encareció un 4,3% interanual y los carburantes y combustibles un 8,6%. Además, los datos adelantados de abril apuntan a una moderación adicional de la inflación energética, lo que incrementa las posibilidades de que las ayudas desaparezcan automáticamente el próximo mes, especialmente en el caso de la electricidad.
No obstante, el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres, explicó que el escenario principal manejado por la fundación da por hecho que el Gobierno acabará prorrogando las medidas, como ya ocurrió en crisis anteriores. En el caso de las ayudas fiscales aprobadas tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, estas no desaparecieron completamente hasta finales de 2024, precisamente para suavizar el impacto de la retirada progresiva de los descuentos. Aunque el Ejecutivo todavía no ha anunciado oficialmente una ampliación, el presidente Pedro Sánchez ya aseguró en marzo que el Gobierno destinaría más recursos económicos si fuese necesario.
Por su parte, la AIReF calcula que el coste fiscal del plan ascendería a 5.305 millones de euros si las ayudas se mantienen hasta finales de junio. El organismo también ha advertido de que el margen presupuestario es limitado y existe riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales en 2026 si se aprueban nuevas medidas de apoyo.
La retirada de los descuentos fiscales en junio coincidiría además con el periodo del año en el que se registran más desplazamientos en vehículo privado, lo que podría traducirse en un nuevo deterioro del poder adquisitivo de los hogares. Funcas prevé que la remuneración media por asalariado crezca un 3% este año, una subida insuficiente para compensar completamente el aumento de precios, por lo que considera prácticamente inevitable una pérdida de capacidad de compra, especialmente si desaparecen las ayudas fiscales.
Además, algunos productos básicos podrían experimentar una inflación superior a la media general incluso si las rebajas impositivas continúan. Funcas prevé que los alimentos frescos registren un incremento de precios del 4,5% en 2026, concentrado principalmente en la segunda mitad del año. La razón es que el encarecimiento de los fertilizantes tarda varios meses en trasladarse al consumidor final. Así, los alimentos podrían convertirse en el principal motor de la inflación incluso aunque mejore la crisis energética y se prolonguen las ayudas fiscales.
Más allá del impacto sobre los precios, el conflicto también condiciona el crecimiento económico. Raymond Torres señaló que España partía antes de la guerra de una posición relativamente favorable en términos de crecimiento del PIB respecto a otros países europeos, aunque ya sufría mayores tensiones inflacionistas. Según explicó, la economía española sigue creciendo más que la de sus vecinos, pero también soporta una presión más intensa sobre los precios, una tendencia previa al conflicto que la crisis energética ha terminado por agravar.
La patronal Cepyme alerta de que los pequeños negocios soportan un incremento de los costes laborales del 29% desde 2019 y advierte de que una prolongación del conflicto en Irán podría traducirse en más cierres y despidos en las microempresas.
Entre el primer trimestre de 2021 y el cierre de 2025, el salario mínimo interprofesional (SMI) aumentó un 22,7% en España, al pasar de 965 euros a 1.184 euros mensuales en catorce pagas. Durante ese mismo periodo, los costes laborales de las pymes crecieron un 28,7%, según los datos elaborados por Cepyme. Sin embargo, la organización empresarial subraya que el impacto del SMI sobre los pequeños negocios es aún mayor, ya que acumula una subida del 66% desde 2019 y del 86% en la última década.
Como consecuencia de este incremento de cargas, el tejido empresarial ha perdido en los últimos seis años 13.350 microempresas. A finales de 2025 había registradas 692.231 compañías con entre uno y dos trabajadores. Si se toma como referencia el último dato disponible de la Seguridad Social, correspondiente a marzo de 2026, la cifra de negocios desaparecidos asciende a 16.223. Además, entre 2021 y marzo de este año también cerraron 1.603 empresas con plantillas de entre tres y cinco empleados.
Estas cifras contrastan con la evolución general del tejido empresarial y, según Cepyme, evidencian las dificultades que atraviesan las compañías de menor tamaño, afectadas tanto por el encarecimiento laboral como por el aumento de los costes de producción derivados de la inflación, especialmente intensa en los últimos años. De acuerdo con el Indicador Cepyme correspondiente al segundo semestre del año pasado, los costes operativos de las pymes se han incrementado un 25% desde finales de 2019.
Mientras las pequeñas empresas reducen su presencia, las grandes compañías son las que más han aumentado en número. Desde finales de 2021 hasta marzo de 2026 se contabilizan 451 empresas más con más de 499 trabajadores; 752 adicionales en el tramo de 250 a 499 empleados; 4.235 nuevas compañías de entre 50 y 249 trabajadores; 18.225 más de entre 10 y 49 empleados; y 3.638 adicionales en el segmento de seis a nueve trabajadores.
El ajuste que atraviesan los pequeños negocios también se refleja en el empleo. Aunque la afiliación general sigue creciendo, la creación de puestos de trabajo se concentra especialmente en las grandes empresas, que absorbieron el 67% del empleo generado entre el cuarto trimestre de 2024 y el de 2025, según Cepyme. La patronal interpreta esta evolución como un desplazamiento de trabajadores desde las pequeñas compañías hacia empresas de mayor tamaño, mejor preparadas para asumir el aumento de costes laborales y productivos, así como las nuevas exigencias regulatorias en materia laboral.
Entre finales de 2021 y marzo de 2025, las microempresas de uno a dos trabajadores perdieron 20.631 empleos, mientras que las compañías de tres a cinco empleados destruyeron otros 4.623 puestos de trabajo. Por el contrario, las empresas de seis a nueve trabajadores ganaron 27.220 empleos; las de entre 10 y 49 trabajadores sumaron 435.241 ocupados; las de 50 a 249 empleados incrementaron sus plantillas en 482.801 personas; las de 250 a 499 trabajadores añadieron 266.533 empleados; y las compañías con más de 499 trabajadores incorporaron 1,3 millones de nuevos asalariados.
El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a la nueva oferta de empleo público, que incluye cerca de 37.000 plazas. El desglose completo de estas vacantes ha sido publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde pueden consultarse los distintos departamentos y categorías convocadas.
La oferta correspondiente a este año contempla 27.232 plazas para la Administración General del Estado (AGE) y otras 9.785 destinadas a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, cuya convocatoria ya había sido adelantada previamente. En conjunto, el total asciende a 37.017 plazas, una cifra muy similar a la del pasado año, cuando se ofertaron 36.588, aunque todavía por debajo del récord alcanzado en 2024, con 40.146 vacantes. Dentro de las plazas de la AGE, 20.541 corresponden al turno libre, mientras que 6.345 estarán reservadas para promoción interna.
El Ministerio de Función Pública destaca que esta convocatoria permitirá generar unos 6.200 empleos netos. Esto significa que, descontando las jubilaciones previstas en una Administración central muy envejecida y con numerosas retiradas cada año, la plantilla aumentará en torno a 6.000 efectivos. El departamento dirigido por Óscar López asegura que las ofertas de empleo público aprobadas desde 2022 han permitido crear empleo neto durante cuatro años consecutivos.
Además, Función Pública subraya que estas convocatorias están contribuyendo a rejuvenecer la plantilla de la Administración. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a enero de 2026, la edad media de los empleados públicos se sitúa en 49,2 años, frente a los 51,63 años registrados en 2020.
Entre las plazas más destacadas incluidas en esta oferta figuran 1.700 puestos para especialistas en tecnologías de la información; 346 plazas vinculadas a la respuesta frente a la emergencia climática, entre ellas meteorólogos, ingenieros forestales y agentes medioambientales; y 601 puestos adscritos al Ministerio de Transportes destinados a reforzar infraestructuras.
También se incluyen 400 plazas relacionadas con una estrategia comercial dependiente del área de Economía y 1.589 puestos de personal civil adscritos a Interior y Defensa, orientados a reforzar la seguridad pública, la protección ciudadana y las capacidades de defensa.
El Ejecutivo también pone el foco en la mejora de la atención al ciudadano mediante el refuerzo de organismos como la Seguridad Social, el SEPE, la Agencia Tributaria, el Catastro y la Dirección General de Tráfico. Asimismo, destaca una oferta récord en el ámbito sanitario público estatal, con 1.037 plazas en hospitales y centros de salud, además de un incremento de efectivos en el área educativa dependiente de la Administración General del Estado.
A diferencia de otros anuncios recientes del Ministerio de Función Pública -como la reducción de la jornada laboral semanal a 35 horas en la AGE o las futuras subidas salariales- esta oferta pública de empleo ha sido aprobada sin el respaldo de las organizaciones sindicales.
UGT critica que el Gobierno no haya facilitado previamente el detalle de las plazas ni haya negociado cifras concretas en la mesa de diálogo, una queja compartida también por CSIF. Este último sindicato denuncia que se les ha impedido negociar tanto el reparto de refuerzos necesarios en las plantillas como las plazas destinadas a promoción interna.
Por su parte, CC OO advierte de que cada vez es más frecuente que personas que superan las oposiciones finalmente renuncien a incorporarse a sus plazas. El sindicato incluso no descarta futuras movilizaciones para exigir un mayor compromiso del Gobierno con los servicios públicos. Las organizaciones sindicales también alertan del aumento de carga de trabajo que están soportando las administraciones debido al proceso extraordinario de regularización de extranjeros.
Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el sector público estatal cuenta actualmente con 540.830 empleados. De ellos, 246.418 pertenecen a la Administración General del Estado, 280.012 a Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, y 14.400 trabajan en juzgados y tribunales.
Las comunidades autónomas concentran la mayor parte del empleo público, especialmente por las competencias de sanidad y educación, con alrededor de 1,93 millones de trabajadores. Por su parte, la administración local emplea a 632.030 personas, según los últimos datos disponibles correspondientes al mes de julio.
El debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones vuelve a intensificarse en Europa. El envejecimiento de la población, la jubilación progresiva de la generación del baby boom y el incremento del gasto público están llevando a distintos países europeos a replantear el funcionamiento tradicional de sus sistemas de jubilación.
En este contexto, un reciente informe del Instituto de Actuarios de España analiza diferentes modelos aplicados en países europeos como Francia, Alemania o Suecia, y plantea la posibilidad de explorar fórmulas alternativas al sistema español actual, basado en un modelo de reparto y prestación definida.
Actualmente, el sistema español combina cotizaciones sociales e impuestos generales para financiar las prestaciones. Aunque el déficit oficial de la Seguridad Social ronda los 7.400 millones de euros en 2025, distintos organismos advierten de que, sin las transferencias estatales, el desequilibrio superaría ampliamente los 50.000 millones de euros.
Uno de los sistemas analizados es el denominado "modelo de puntos", implantado de forma destacada en países como Alemania y Francia. En este esquema, cada trabajador acumula puntos durante su vida laboral en función de su salario y de las cotizaciones realizadas. Posteriormente, al llegar la jubilación, esos puntos se transforman en pensión según el valor que tenga el punto en ese momento.
En el caso francés, el sistema combina una pensión pública básica con un sistema complementario obligatorio basado en puntos. Los expertos consideran que este modelo refuerza la relación entre aportaciones y prestaciones, aunque advierten de que su sostenibilidad puede verse afectada si el valor del punto se fija con criterios políticos y no técnicos.
Otra de las fórmulas que gana protagonismo es el sistema de "cuentas nocionales", utilizado en países como Suecia, Italia o Polonia. Este modelo funciona mediante cuentas virtuales individuales en las que se registran las cotizaciones del trabajador. Aunque las aportaciones siguen financiando las pensiones actuales -como ocurre en los sistemas de reparto-, cada persona dispone de una especie de "saldo teórico" que evoluciona en función del crecimiento económico o salarial.
Cuando llega la jubilación, el importe acumulado se divide teniendo en cuenta factores como la esperanza de vida de la generación correspondiente. Según el estudio citado, este sistema mejoraría notablemente la sostenibilidad financiera, aunque podría reducir las pensiones iniciales entre un 10% y un 13% respecto al modelo español actual.
El caso sueco incorpora además un componente mixto: una parte de las cotizaciones se destina a cuentas nocionales públicas y otra se canaliza hacia sistemas de capitalización privada obligatoria. Este enfoque pretende diversificar las fuentes de financiación de las pensiones futuras, aunque también plantea importantes retos, especialmente en relación con el coste de transición y la necesidad de mantener simultáneamente el pago de las pensiones actuales.
El informe de los actuarios españoles considera que las reformas parciales aplicadas hasta ahora podrían resultar insuficientes ante la presión demográfica prevista para las próximas décadas. Por ello, el debate sobre posibles cambios estructurales en el sistema de pensiones continuará previsiblemente ganando peso tanto en España como en el resto de Europa.
La proposición de ley que se encuentra en tramitación en el Congreso para mejorar la situación de los profesionales que cotizaron a través de mutualidades -como abogados, procuradores, médicos o arquitectos- deja fuera a quienes ya están jubilados y perciben pensiones reducidas.
Tras las últimas modificaciones incorporadas al texto, la reforma sigue sin satisfacer plenamente a los distintos colectivos afectados. La iniciativa contempla la creación de una pasarela extraordinaria y voluntaria que permitirá a estos profesionales integrarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social trasladando los derechos acumulados en sus mutualidades. Sin embargo, los jubilados no podrán beneficiarse de una mejora de sus prestaciones, una de las principales reclamaciones de las asociaciones que representan a abogados y procuradores mutualistas.
La propuesta tampoco recoge otra de las demandas históricas de los afectados: que cada año cotizado en las mutualidades sea reconocido automáticamente como un año de cotización en el RETA. Por ahora, el sistema previsto permitirá trasladar a la Seguridad Social el capital acumulado y calcular a cuántos años de cotización equivaldría esa cantidad tomando como referencia la base mínima del RETA. Aun así, se aplicará un coeficiente reductor del 0,77%, pensado para facilitar que los mutualistas puedan sumar más años dentro del sistema público. Los colectivos afectados reclaman que ese coeficiente se rebaje, al menos, hasta el 0,67%, con el objetivo de poder reconocer un mayor número de años cotizados en la Seguridad Social.
El informe de la ponencia será debatido el próximo 20 de mayo en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los afectados confían en introducir mejoras antes de que el texto llegue al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva.
El origen del problema radica en que muchos profesionales realizaron durante años aportaciones muy reducidas a sus mutualidades, incluso inferiores a las cuotas mínimas que pagan los autónomos al sistema público. Como consecuencia, numerosos jubilados perciben actualmente pensiones inferiores a 700 euros mensuales y, en algunos casos, incluso por debajo de 500 euros. Aunque el traslado al RETA supondrá una mejora de las prestaciones para muchos mutualistas, la ley no garantiza expresamente que estas alcancen la pensión mínima fijada por la Seguridad Social.
El nuevo redactado sí introduce algunas novedades relevantes. Entre ellas, elimina el requisito de estar dado de alta en la mutualidad en diciembre de 2022 para poder acogerse a la pasarela al RETA, ampliando así el número de beneficiarios potenciales. También permitirá acceder al sistema público a quienes perciban una pensión de viudedad.
Además, la reforma endurece progresivamente el funcionamiento de las mutualidades. Una vez entre en vigor, los mutualistas deberán aumentar sus aportaciones hasta equipararlas a las cuotas mínimas del RETA. En concreto, abonarán el 86% de esa cuantía en 2026, el 93% en 2027 y el 100% a partir de 2028. La norma también obligará a las mutualidades a garantizar prestaciones que no sean inferiores al 100% de la pensión mínima de la Seguridad Social, así como a revalorizarlas al mismo ritmo que el sistema público. Por último, la ley prevé eliminar este modelo alternativo de cotización para los nuevos profesionales, que deberán incorporarse directamente al RETA desde el 1 de enero de 2028.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue muy de cerca las medidas que los países europeos están adoptando para amortiguar el impacto del nuevo encarecimiento energético provocado por la guerra de Irán. En un escenario cada vez más complejo, el organismo internacional ha entrado de lleno en uno de los debates más controvertidos entre los socios comunitarios: la posibilidad de recuperar un impuesto sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías energéticas gracias al aumento de los precios.
Helge Berger y Oya Celasun, subdirectores del departamento europeo del FMI, señalaron recientemente que este tipo de gravamen debería entenderse como una medida estructural y no como una herramienta puntual que se activa cada cierto tiempo para financiar gastos concretos derivados de una crisis.
Desde el FMI consideran que los impuestos sobre los llamados "beneficios caídos del cielo" tendrían que integrarse de manera estable en los sistemas fiscales nacionales, de modo que las empresas conozcan de antemano cómo funcionarían. La idea sería establecer un mecanismo automático que se active cuando determinados sectores registren ganancias extraordinarias, con criterios y porcentajes previamente definidos, evitando así medidas improvisadas ligadas a situaciones excepcionales. Según Berger y Celasun, aplicar estos impuestos de manera recurrente o inesperada puede alterar las decisiones de inversión de las empresas y generar distorsiones económicas.
Mientras tanto, la Comisión Europea continúa analizando la conveniencia de este gravamen para las energéticas. Sin embargo, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, recordó esta semana que se trata de una cuestión vinculada a la soberanía fiscal de cada país y que, por tanto, los Estados miembros son libres de decidir si lo implantan o no. Bruselas no contempla actualmente impulsar una recomendación conjunta para toda la Unión Europea, como había propuesto España para sufragar parcialmente las ayudas destinadas a paliar el impacto del encarecimiento energético sobre las familias.
Aunque el FMI considera legítimo recurrir a impuestos sobre beneficios extraordinarios, también advierte de que existen alternativas fiscalmente más eficientes. En concreto, el organismo apuesta por concentrar las ayudas en los colectivos más vulnerables, lo que permitiría reducir considerablemente el coste de las medidas de apoyo.
Precisamente en este ámbito es donde el FMI ha mostrado sus críticas más contundentes hacia las políticas adoptadas por muchos países europeos. El organismo subraya que la mayoría de las ayudas aplicadas son de carácter generalizado y no están dirigidas específicamente a los hogares con mayores dificultades económicas. De acuerdo con sus estimaciones, únicamente el 30% de las medidas puestas en marcha para amortiguar la crisis energética benefician realmente a los sectores más vulnerables. El porcentaje es muy similar al registrado durante la crisis energética derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania hace dos años, lo que, según el FMI, evidencia que los gobiernos están repitiendo errores ya cometidos anteriormente.
Además, esta tendencia afecta a prácticamente toda la Unión Europea. Más del 90% de los Estados miembros ha aprobado al menos una medida que altera los precios energéticos, como rebajas en impuestos especiales o subsidios generalizados. Para el FMI, este tipo de políticas reduce los incentivos al ahorro energético en un momento en el que los costes siguen siendo especialmente elevados.
En la misma línea, el organismo calcula que los países europeos están destinando alrededor del 0,2% del PIB comunitario a medidas de apoyo que podrían limitarse a apenas un 0,03% si estuvieran exclusivamente enfocadas en los colectivos más necesitados. Dado el reducido margen fiscal existente, el FMI considera prioritario que la Unión Europea mejore la focalización de estas ayudas para poder sostenerlas durante más tiempo en caso de que el conflicto y sus consecuencias económicas se prolonguen más de lo previsto.
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