Después de que el Ministerio de Hacienda anunciara hace unas semanas, mediante una orden ministerial, la prolongación hasta 2026 del sistema de estimación objetiva del IRPF para los autónomos y de los regímenes simplificados del IVA, el Consejo de Ministros aprobó este martes la prórroga de los umbrales de facturación que permiten a los trabajadores por cuenta propia de distintos sectores -como el transporte, el comercio o la hostelería- seguir acogidos a este régimen y beneficiarse de una tributación generalmente más favorable a lo largo del ejercicio.
En concreto, los topes de ingresos se mantendrán en 125.000 euros y 250.000 euros, en función de si la facturación se realiza a otras empresas o directamente a consumidores finales. En el caso de agricultores y ganaderos, podrán conservar el límite máximo vigente durante todo el año 2026.
No obstante, el decreto deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados el próximo mes de enero. De no obtener el respaldo parlamentario, los límites regresarían a los niveles fijados en 2015, que eran aproximadamente la mitad de los actuales. Los asesores fiscales han mostrado su inquietud por esta situación y recuerdan que el año pasado la Cámara Baja rechazó el decreto ómnibus que incluía estos umbrales, aunque finalmente se mantuvieron en vigor al considerarse que, al estar aplicándose desde los primeros días de enero, podían extenderse durante todo el ejercicio.
Además de la prórroga de los límites aprobada por el Consejo de Ministros, la orden del Ministerio de Hacienda -dirigido por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero- que se sometió a información pública a mediados de noviembre, confirma también la extensión de la reducción del 5% sobre los rendimientos netos de la que se benefician cerca de 1,1 millones de autónomos acogidos al sistema de módulos. De ellos, unos 352.000 corresponden a actividades no agrícolas y alrededor de 772.000 al sector agrario, según datos de la Agencia Tributaria.
Con esta decisión, el Ejecutivo pospone la implantación de un sistema de IVA franquiciado para los autónomos, una opción que este año no llegará a aplicarse y que podría acarrear sanciones por parte de la Comisión Europea debido a su reiterado aplazamiento.
El Ejecutivo ha decidido mantener sin cambios las cuotas mensuales de los autónomos al no haber logrado un acuerdo con los agentes sociales sobre el diseño de las nuevas tablas de cotización basadas en los ingresos reales. No obstante, los cerca de 3,5 millones de trabajadores por cuenta propia sí asumirán un incremento en la aportación correspondiente al mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que se elevará hasta el 0,9%.
Ante la falta de consenso con sindicatos y asociaciones representativas del colectivo, la Seguridad Social optará por prorrogar en 2026 el esquema actual de cotizaciones. De este modo, quedan descartadas tanto la subida inicial planteada por el Gobierno -que oscilaba entre el 4% y el 34%- como la posterior propuesta más moderada, con incrementos de entre el 1% y el 2,5%. Finalmente, los autónomos continuarán abonando las mismas cuotas que en 2025, en función de sus rendimientos netos.
Así, las cuotas mensuales se mantendrán en una horquilla que va desde los 200 hasta los 591 euros. Sin embargo, sí se incrementará la carga asociada al MEI, el recargo destinado a reforzar la financiación de las pensiones, que alcanzará el 0,9% el próximo año. Este mecanismo se aplica con independencia del nivel de ingresos, tanto a trabajadores por cuenta propia como a asalariados. En el caso de los autónomos que tengan empleados, deberán asumir tanto su propia cotización como la parte correspondiente al empleador. En 2026, de ese 0,9%, el 0,75% corresponderá a la empresa y el 0,15% al trabajador.
Con esta decisión, el Gobierno gana margen para retomar las negociaciones con los agentes sociales y las organizaciones de autónomos con el fin de acordar las nuevas tablas que permitan culminar la transición al sistema de cotización por ingresos reales, en vigor desde 2023. El objetivo, que sigue defendiendo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, es acercar las aportaciones de los autónomos a las del régimen general para mejorar las prestaciones contributivas. Actualmente, la pensión media de jubilación de un asalariado alcanza los 1.669 euros mensuales, frente a los 1.012 euros de un autónomo, lo que supone una diferencia del 40,4%.
En este contexto, Elma Saiz ha reiterado su intención de seguir negociando para que las nuevas cuotas puedan aplicarse en los próximos años. Cabe recordar que el acuerdo para las tablas de 2026, 2027 y 2028 se frustró tras la propuesta del Ministerio de Seguridad Social, que planteaba incrementos de hasta 2.474 euros anuales en 2026 para los tramos de mayores ingresos, lo que habría supuesto aumentos de casi 7.500 euros al año en algunos casos. El rechazo frontal de ATA, la principal asociación de autónomos, y de la mayoría de los grupos parlamentarios llevó al Ejecutivo a rectificar. Posteriormente, se planteó una subida simbólica ligada al IPC, de entre el 1% y el 2,5%, pero la oposición de los sindicatos a esta vía finalmente ha desembocado en la congelación total de las cuotas.
"No subirán las cuotas de los autónomos en 2026. Era lo que pedíamos y finalmente así será. Se mantienen los mismos tramos y tablas que en 2025", ha señalado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien recuerda que los autónomos que lo deseen pueden aumentar voluntariamente su base de cotización dentro de los límites establecidos en su tramo de rendimientos netos.
De acuerdo con la tabla vigente, las cuotas de 2026 partirán de los 200 euros mensuales para quienes se sitúen en el tramo reducido por bajos ingresos, con rendimientos inferiores a 670 euros al mes. Aquellos que ingresen entre 670 y 900 euros seguirán pagando 220 euros mensuales, mientras que la cuota será de 260 euros para quienes obtengan entre 900 y 1.166,7 euros al mes.
A partir de ahí, se mantienen los tramos superiores. Con ingresos mensuales de entre 1.166,7 y 1.300 euros, la cuota será de 291 euros, cantidad que también se aplica a los tramos de entre 1.300 y 1.500 euros y de entre 1.500 y 1.700 euros. Para rendimientos de entre 1.700 y 1.850 euros, la cuota asciende a 350 euros; quienes ingresen entre 1.850 y 2.030 euros abonarán 370 euros; y los que se sitúen entre 2.030 y 2.330 euros pagarán 390 euros mensuales.
En los siguientes niveles, la cuota se eleva a 415 euros si los ingresos oscilan entre 2.330 y 2.760 euros; a 440 euros para el tramo de entre 2.760 y 3.190 euros; a 465 euros entre 3.190 y 3.620 euros; y a 490 euros mensuales para quienes obtengan entre 3.620 y 4.050 euros. Por último, los dos tramos de mayores rendimientos contemplan una cuota de 530 euros mensuales para ingresos de entre 4.050 y 6.000 euros, y de 590 euros para quienes superen los 6.000 euros al mes.
El Consejo de Ministros ha aprobado un incremento del 3,9% en las bases máximas de cotización, una subida de la cuota de solidaridad que oscilará entre el 1,15% y el 1,45%, y el aumento del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) hasta el 0,9% a partir del 1 de enero. Este conjunto de medidas supondrá un fuerte aumento de las cotizaciones sociales para empresas y trabajadores, que se traducirá en unos ingresos adicionales de alrededor de 7.000 millones de euros en 2026 con el objetivo de reforzar la financiación de la Seguridad Social y afrontar el creciente gasto en pensiones.
Estos ingresos procederán del aumento del tope máximo de cotización -que se eleva un 3,9%-, de la cuota de solidaridad aplicada sobre los salarios que superan ese límite y del recargo correspondiente al MEI, que alcanzará el 0,9% desde comienzos de año. Las tres figuras de cotización fueron introducidas en la reforma de las pensiones aprobada entre 2021 y 2023, con la finalidad de fortalecer los recursos del sistema ante el continuo aumento del gasto en pensiones y otras prestaciones contributivas. Para el próximo ejercicio, se prevé que este desembolso se acerque a los 230.000 millones de euros.
En primer lugar, el mecanismo de equidad intergeneracional se situará en el 0,9% del salario bruto en 2026. Se trata de una cotización finalista destinada a reconstruir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, y se aplica por igual a trabajadores por cuenta ajena y autónomos, con independencia de su nivel de ingresos. El Ejecutivo calcula que esta vía de financiación aportará 5.298 millones de euros el próximo año, un 20% más que en 2025.
No obstante, el reparto de la carga no será equilibrado: de los 0,9 puntos porcentuales del MEI, las empresas asumirán 0,75 puntos y los trabajadores 0,15. De este modo, los empleadores soportarán aproximadamente el 83% de esta cotización, lo que equivale a unos 4.397 millones de euros.
Conviene recordar que los fondos acumulados no podrán utilizarse hasta 2033, cuando se prevé que comiencen las disposiciones para hacer frente a las tensiones financieras derivadas de la jubilación de la generación del baby boom. Además, aunque estas cotizaciones se destinan formalmente a las pensiones, no computan para el cálculo de la pensión futura al no formar parte de la base reguladora.
En segundo lugar, el incremento del tope máximo de cotización, aunque no constituye un tipo específico, también aumentará los ingresos al gravar una mayor parte de los salarios. El límite mensual se elevará un 3,9%, hasta los 5.101,2 euros (61.214,4 euros anuales). Este tope sigue una senda de crecimiento vinculada al IPC medio más 1,2 puntos adicionales, un ritmo superior al de la pensión máxima, que solo se actualiza con el IPC más un 0,115% extra.
Aunque la memoria económica de la orden de cotización no concreta el impacto recaudatorio exacto, se espera que sea ligeramente superior al del año anterior, cuando alcanzó los 1.000 millones de euros. Con los tipos actuales, más del 82% de este importe -unos 820 millones- recaerá sobre las empresas. La tercera fuente de ingresos será la cuota de solidaridad, una cotización adicional aplicada a los salarios que superan la base máxima y que entró en vigor en 2025. En 2026, los tipos aumentarán: el 1,15% para el tramo salarial hasta un 10% por encima del tope, el 1,25% para el tramo entre el 10% y el 50%, y el 1,46% para las retribuciones que superen en más de un 50% la base máxima.
En concreto, se aplicará un 1,15% a la parte del salario comprendida entre 5.101,21 y 5.611,32 euros, con un reparto del 0,96% para la empresa y el 0,19% para el trabajador. El tramo entre 5.611,33 y 7.651,80 euros tributará al 1,25%, de los cuales el 1,04% corresponderá al empleador y el 0,21% al empleado. Por encima de 7.651,80 euros, el tipo será del 1,46%, repartido en un 1,22% para la empresa y un 0,24% para el trabajador.
En todos los casos, los empleadores asumirán en torno al 83% de la cuota de solidaridad. Dado que la Seguridad Social prevé recaudar 567 millones de euros por este concepto -un 41,7% más que el año anterior-, las empresas aportarán aproximadamente 470 millones. En conjunto, estas tres medidas aportarán cerca de 7.000 millones de euros adicionales al sistema, de los que unos 5.810 millones saldrán de las empresas.
De forma global, el Ministerio que dirige Elma Saiz estima que las aportaciones de empresas y trabajadores incrementarán la recaudación por cotizaciones en casi 12.500 millones de euros en 2026. Así, los ingresos totales por cuotas alcanzarían los 189.800 millones, un 7% más que en el ejercicio actual. Aun así, estos recursos seguirán siendo insuficientes para cubrir el gasto en pensiones, por lo que el Estado deberá aportar más de 50.000 millones de euros en transferencias para compensar el déficit de la Seguridad Social.
El Ejecutivo ya había avanzado que las pensiones se revalorizarán un 2,7% el próximo año, aunque hasta ahora no había concretado el aumento previsto para las pensiones mínimas y las no contributivas, que son las que perciben los colectivos más vulnerables. Estas prestaciones volverán a incrementarse por encima de la subida general del sistema: en 2026, las pensiones mínimas con responsabilidades familiares crecerán un 11,4%, el mismo porcentaje que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), mientras que las mínimas sin cargas familiares aumentarán un 7%.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, detalló estas cifras este martes, en su primera comparecencia tras el Consejo de Ministros como portavoz del Gobierno. En esa misma reunión, el Ejecutivo aprobó también la prohibición de desahucios sin una alternativa habitacional para hogares vulnerables, la prohibición de suspender suministros básicos como luz, agua y gas, y la prórroga del bono social eléctrico. Estas medidas forman parte de un acuerdo alcanzado con EH Bildu, anunciado por la formación vasca el día anterior.
El conjunto de estas iniciativas, junto con la revalorización de las pensiones, se integra en lo que el Gobierno denomina el "escudo social". Todas ellas se tramitarán de forma conjunta en un único decreto que deberá ser convalidado por el Parlamento en el plazo máximo de un mes. El Partido Popular había adelantado su disposición a apoyar la subida de las pensiones siempre que se presentara de manera independiente, por lo que, al incluirse junto a otras medidas, fuentes del PP no aseguran su respaldo a la propuesta del Ejecutivo.
Las pensiones mínimas representan las cuantías más bajas dentro de las prestaciones contributivas, es decir, aquellas generadas a partir de las cotizaciones realizadas durante la vida laboral. Su importe varía en función de la edad del pensionista, de si tiene o no familiares a su cargo y de que no supere determinados límites de ingresos. Estas cuantías actúan como un suelo del sistema contributivo, mientras que las pensiones máximas marcan el techo. Cuando la prestación calculada no alcanza ese mínimo, se aplican los denominados complementos a mínimos, que también dependen de la situación personal del beneficiario. Según los últimos datos de la Seguridad Social, en España existen 2,12 millones de pensiones que reciben este tipo de complemento. Tal y como explicó Saiz, las pensiones mínimas con cargas familiares subirán un 11,4% y las que no tienen cargas lo harán un 7%.
En España hay actualmente 10,42 millones de pensiones contributivas, percibidas por 9,42 millones de personas, ya que algunos beneficiarios reciben más de una prestación. Por sexo, 4,74 millones de hombres y 4,68 millones de mujeres cobran al menos una pensión. Por tipo, las pensiones de jubilación son las más elevadas y las más numerosas: alcanzan una media de 1.511 euros mensuales y suman 6,63 millones de prestaciones. Estas pensiones reflejan además una marcada brecha de género, ya que los hombres perciben una media de 1.728 euros, frente a los 1.209 euros que reciben las mujeres, cuyas trayectorias laborales han sido más discontinuas. A ellas se suman 2,35 millones de pensiones de viudedad, con una media de 926 euros al mes, y cerca de un millón de prestaciones contributivas por incapacidad permanente, que rondan los 1.211 euros mensuales.
Para las personas mayores que no han cotizado lo suficiente y carecen de recursos económicos, el sistema cuenta con las pensiones no contributivas, que también se incrementarán un 11,4%. La Seguridad Social abona actualmente unas 471.000 prestaciones de este tipo, de las cuales el 63% corresponde a mujeres. Asimismo, el Gobierno ha confirmado una subida del 11,4% del Ingreso Mínimo Vital, la ayuda estatal destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares más vulnerables. En noviembre, esta prestación llegó a 785.722 hogares, en los que residen cerca de 2,4 millones de personas, según los últimos datos oficiales.
La revalorización general del sistema, del 2,7%, responde a la media interanual de la inflación registrada en los últimos 12 meses. Este mecanismo quedó consolidado en la reforma aprobada en 2021, que vincula por ley el aumento de las pensiones a la evolución de los precios para preservar el poder adquisitivo de los pensionistas.
La ratificación en el Congreso del nuevo decreto aprobado por el Gobierno, que prorroga varias medidas incluidas en el denominado escudo social, está lejos de estar garantizada. Los grupos de la derecha parlamentaria -PP, PNV y Junts-, a los que previsiblemente se sumará Vox, no han confirmado su apoyo y vuelven a criticar que el Ejecutivo agrupe en un mismo texto asuntos como la revalorización de las pensiones junto a otras medidas que, a su juicio, deberían negociarse de forma separada. El decreto deberá someterse a votación en el Parlamento en el plazo de un mes. Por el contrario, los socios de izquierda sí respaldan el acuerdo alcanzado entre los partidos de la coalición, PSOE y Sumar, con EH Bildu.
El escenario recuerda mucho al de hace un año, cuando el Gobierno presentó en el Congreso un decreto similar que incluía la actualización de las pensiones junto a distintas medidas de protección social y ayudas al transporte público. En aquella ocasión, Junts lo rechazó inicialmente junto al PP y Vox, para acabar apoyándolo días después tras introducirse algunos cambios. El nuevo decreto mantiene medidas como la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos -luz, agua y gas- y la prórroga del bono social eléctrico.
El Ejecutivo debe remitir este macrodecreto, que combina el escudo social con la subida de las pensiones aprobada este martes en el último Consejo de Ministros del año, al Congreso en el plazo de un mes hábil. Por ello, deberá cerrar apoyos antes de que finalice enero, con la intención de que pueda ser convalidado al retomarse la actividad parlamentaria ordinaria. De momento, esos respaldos no están asegurados. Las conversaciones con los distintos grupos las vuelve a liderar el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Desde el Gobierno insisten en que su intención es incluir todas las medidas en un único decreto y aseguran estar encontrando una "buena disposición" entre sus socios. El primer acuerdo en este sentido se cerró el lunes con EH Bildu, lo que ha provocado críticas del PP, que cuestiona que el Ejecutivo exhiba acuerdos con esa formación mientras solicita el apoyo de otros grupos. Así lo expresó la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz. Al PNV tampoco le ha sentado bien, una vez más, que el Gobierno priorice el entendimiento con Bildu, con quien compite electoralmente en el País Vasco.
El PNV ya señaló el lunes, tras conocerse el pacto entre el Ejecutivo y Bildu, que además de medidas para frenar los desahucios de personas vulnerables reclamaba otras destinadas a proteger a los pequeños propietarios que solo disponen de una vivienda en alquiler. Fuentes del partido subrayan también su rechazo a que se mezcle la subida de las pensiones con el escudo social y defienden que el paquete de ayudas incluya mayores garantías para los arrendadores. En esta línea, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, recordó que "la responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables corresponde al Estado". En definitiva, los nacionalistas vascos esperan conocer la respuesta del Gobierno antes de confirmar lo que, a priori, podría ser un voto favorable.
El PP, por su parte, lleva tiempo advirtiendo de su desconfianza hacia los macrodecretos que agrupan múltiples materias. Aunque en principio estaría dispuesto a respaldar la revalorización de las pensiones -que podría suponer subidas de entre el 7% y el 11% en las mínimas-, mantiene su voto en suspenso hasta analizar el contenido completo del texto. Muñoz insinuó este martes, vinculándolo al mal resultado electoral del PSOE en Extremadura, que el Ejecutivo debería reflexionar sobre con qué socios saca adelante determinadas iniciativas, en alusión a Bildu.
Con este panorama, y dado que los socios de izquierda vienen reclamando desde hace tiempo medidas "ambiciosas y progresistas" en favor de las familias más vulnerables como condición para sostener la legislatura, la convalidación del decreto vuelve a depender de los siete escaños de Junts. La formación catalana mantiene por ahora su posición abierta, a la espera de más información. Fuentes del partido se limitan a señalar que su postura se decidirá durante el debate parlamentario y cuando el decreto llegue a votación.
Hace un año, el Gobierno afrontó una situación muy similar con un decreto ómnibus comparable. Tras una negociación intensa, Junts llegó incluso a forzar un retraso de varias horas en el Consejo de Ministros, mientras los miembros del Ejecutivo aguardaban en una sala contigua. Finalmente, el presidente Pedro Sánchez accedió a tramitar inicialmente la iniciativa sobre la cuestión de confianza que reclamaban los independentistas -que después fue retirada- y aceptó dividir el macrodecreto en dos: uno centrado en las medidas sociales, incluida la subida de las pensiones, y otro con disposiciones económicas. Ahora, todo apunta a que el Ejecutivo podría verse abocado a recorrer un camino similar.
Aunque ha sido la última institución en hacerlo público y el calendario está ya muy avanzado, la revisión al alza de las previsiones del Banco de España no ha sorprendido a nadie. El tono optimista que en las últimas semanas han mostrado numerosos organismos, tanto nacionales como internacionales, sobre la evolución de la economía española hacía prever este ajuste. Las nuevas estimaciones se sitúan, además, en línea con el consenso: el supervisor calcula que el PIB crecerá un 2,9% en 2025, exactamente la misma tasa que prevé el Gobierno y tres décimas más que en su proyección anterior, publicada en septiembre.
La mejora no se limita al próximo año. El mayor dinamismo de la actividad genera un efecto de arrastre que se traslada a los ejercicios posteriores. Así, el Banco de España eleva su previsión de crecimiento para 2026 hasta el 2,2%, cuatro décimas por encima de lo estimado hace tres meses, y sitúa la de 2027 en el 1,9%, dos décimas más. De cumplirse este escenario central, la economía española lograría en 2027 reducir de forma sostenida la tasa de paro por debajo del 10%, un umbral que no se ha superado de manera estable desde 2008.
En su informe, de 61 páginas, la institución que preside José Luis Escrivá atribuye esta revisión a varios factores. Por un lado, los sólidos avances del PIB en el segundo trimestre, con un crecimiento del 0,7%, y en el tercero, del 0,6%, permiten anticipar con mayor claridad el cierre del ejercicio y despejar parte de las dudas que pesaban sobre la actividad, especialmente en el ámbito comercial. A ello se suma la revisión al alza del crecimiento de 2024 realizada por el Instituto Nacional de Estadística el pasado 19 de septiembre, que elevó la cifra en tres décimas y mejora automáticamente el punto de partida de las nuevas proyecciones.
Por otro lado, el Banco de España destaca la solidez de la demanda interna, impulsada por un consumo privado que "ha superado las expectativas", en particular en bienes duraderos como muebles, vehículos, electrodomésticos o maquinaria. También otorga una valoración más positiva al sector exterior, apoyada en el fuerte empuje de las exportaciones de servicios no turísticos, entre los que figuran actividades como las financieras, la construcción, el comercio, las telecomunicaciones, la informática o el transporte.
A la espera de los datos del PIB del cuarto trimestre, los indicadores más recientes no apuntan a una pérdida de impulso. El informe señala que la economía española mantendría un crecimiento sólido, con una tasa trimestral estimada entre el 0,6% y el 0,7%, un ritmo que prácticamente duplicaría el de la media de la zona euro.
Durante el horizonte de previsión del Banco de España, que abarca algo más de dos años, el principal motor del crecimiento será el consumo privado. Este avance estará respaldado por la llegada de inmigrantes y por el aumento de la renta disponible de los hogares, sustentado en la creación de empleo y en las subidas salariales.
No obstante, esta fortaleza irá moderándose de forma gradual, lo que también se reflejará en una desaceleración progresiva del conjunto de la economía, aunque España seguirá creciendo por encima de sus principales socios. Según el organismo, el escenario central contempla una convergencia paulatina hacia tasas más cercanas al crecimiento potencial, que se sitúa en torno al 2%. La tasa de ahorro, actualmente en niveles elevados, tenderá a reducirse en los próximos años, si bien permanecerá por encima de su media histórica.
La inversión será el otro gran pilar del crecimiento, junto al consumo privado. Este componente se verá impulsado por la ejecución de los fondos europeos -vigentes hasta 2026-, por unos tipos de interés que facilitan la financiación de familias y empresas, y por el buen tono del sector de la construcción.
En contraste, el consumo público se mantendrá prácticamente estable, mientras que la aportación de la demanda exterior será negativa en 2025 y 2026, pasando a ser ligeramente positiva en 2027. El Banco de España advierte de una desaceleración gradual tanto en la llegada de turistas internacionales como en las exportaciones de servicios no turísticos, tras el fuerte repunte observado desde la pandemia, a medida que estas partidas normalicen su crecimiento.
En cuanto a las exportaciones de bienes, se prevé un comportamiento débil en 2025, con una recuperación posterior. Este avance se verá limitado por los malos resultados del sector del automóvil y del gas en sus ventas a la zona euro, un lastre que solo se compensará parcialmente con la mejora del sector farmacéutico.
Elevar la tasa de retribución financiera (TRF) de las redes eléctricas desde el 6,58% aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hasta el 7%, como solicitaban Iberdrola, Endesa y EDP, supondría un sobrecoste de unos 900 millones de euros para los consumidores entre 2026 y 2031.
Así lo señalaron fuentes del regulador, que el pasado lunes dio luz verde a las nuevas circulares que fijan los peajes de las redes para el próximo sexenio. La definición de estos peajes ha sido uno de los principales focos de conflicto en el sector eléctrico durante los últimos meses, ya que las compañías han insistido en reclamar incrementos superiores a los planteados por la CNMC.
Desde el organismo regulador defienden con firmeza la solidez jurídica y el rigor técnico de las circulares aprobadas, subrayando su fortaleza legal. En el sector, sin embargo, se da por descontado que el asunto acabará en los tribunales, mientras las eléctricas analizan aún la vía judicial más adecuada para impugnar la decisión.
Las circulares ya han sido enviadas al Boletín Oficial del Estado (BOE), que deberá publicarlas en los próximos días, antes del 31 de diciembre. En caso contrario, se prorrogaría de forma automática el esquema retributivo vigente en los seis años anteriores, sin posibilidad de introducir modificaciones.
De acuerdo con la CNMC, el proceso de elaboración de la propuesta de peajes ha sido "abierto y garantista", e incluyó siete consultas públicas, cinco periodos de audiencia y numerosas reuniones con los distintos agentes del sector.
A lo largo del procedimiento se produjeron diversas tensiones, entre ellas las referencias difundidas por las eléctricas sobre una supuesta oposición del Consejo de Estado. El regulador minimiza ese extremo y sostiene que el texto final incorporó algunos de los aspectos señalados por dicho órgano consultivo.
Finalmente, la CNMC ratificó una TRF del 6,58% para los próximos seis años, un periodo de aplicación más largo que el de la mayoría de los países de la Unión Europea. A juicio del organismo, este horizonte temporal proporciona estabilidad regulatoria, favorece la planificación de inversiones y reduce la incertidumbre.
Desde hace meses, las empresas eléctricas venían defendiendo una tasa de retribución superior al 7%, alertando incluso de que España podría perder atractivo frente a otros mercados cercanos, como Portugal, si no se elevaba la rentabilidad de las redes.
En materia de inflación, el análisis del Banco de España es claro: a corto plazo será algo más elevada de lo previsto inicialmente y, a más largo plazo, se moderará, sin que ello suponga una desviación significativa del objetivo. En todo caso, los precios se moverán muy cerca del 2% que persigue el Banco Central Europeo. En cifras concretas, la institución revisa al alza la inflación de 2025 hasta el 2,7%, dos décimas más que en su estimación anterior, un ajuste lógico teniendo en cuenta que solo resta por conocerse el dato de diciembre. También eleva la previsión para 2026, que pasa al 2,1%, cuatro décimas por encima de la anterior, ya muy próxima al nivel considerado óptimo. En cambio, para 2027 reduce su estimación en cinco décimas, situándola en el 1,9%, como consecuencia de la expectativa de menores precios energéticos derivada del aplazamiento de la entrada en vigor del nuevo sistema europeo de derechos de emisión.
Este escenario implicaría una reducción progresiva del diferencial de inflación con la zona euro, que actualmente supera el punto porcentual, en parte debido al mayor peso que tiene en España la inflación de los servicios.
Como ocurre con cualquier previsión, existen riesgos que podrían alterar este escenario. El Banco de España advierte de una posible evolución menos favorable de la demanda externa, en especial de las exportaciones de servicios no turísticos, así como de la incertidumbre en torno al crecimiento de los salarios pactados en los convenios colectivos. Este último factor podría derivar en un escenario alternativo caracterizado por una pérdida de competitividad, mayores presiones inflacionistas y un menor crecimiento económico.
Estas tensiones podrían intensificarse tras la reciente subida salarial de los empleados públicos aprobada por el Gobierno. Según el informe, los acuerdos que se negocien para 2026 y 2027 podrían incluir incrementos salariales superiores a los ya recogidos en los convenios vigentes, especialmente en un contexto en el que las subidas de sueldos en el sector público -con un impacto relevante en 2027- podrían trasladarse parcialmente al ámbito privado. Además, este compromiso tendrá efectos sobre las cuentas públicas, elevando el déficit en 2027 del 2,1% al 2,5% del PIB debido al aumento del gasto.
El organismo tampoco descarta escenarios mixtos, en los que ciertos factores impulsen el crecimiento pero presionen al alza los precios. Este sería el caso de un repunte más intenso de la construcción de vivienda para atender la actual escasez. Una respuesta más fuerte de la oferta inmobiliaria al dinamismo de la demanda podría traducirse, según el Banco de España, en un mayor crecimiento económico, pero también en un aumento de la inflación.
En relación con el mercado de la vivienda, el informe no aprecia señales claras de un fuerte incremento de la actividad constructora a partir de los visados concedidos. De hecho, la reciente desaceleración del indicador de ejecución de obra apunta a una moderación de la inversión residencial en el cuarto trimestre. No obstante, el banco central señala que la afiliación en el sector de la construcción sugiere que se mantiene un cierto dinamismo, al tiempo que se observa un aumento en el consumo de cemento.
En cuanto a los precios de la vivienda, que crecieron un 12,8% interanual en el tercer trimestre, el informe subraya que siguen avanzando a tasas elevadas en un contexto marcado por una oferta rígida frente a una demanda muy sólida.
Respecto a los riesgos externos, vinculados a la inestabilidad geopolítica internacional, el Banco de España considera que han perdido intensidad en los últimos meses. A su juicio, los recientes acuerdos comerciales han reducido la probabilidad de los escenarios más adversos asociados a una escalada de la guerra comercial. En el contexto de la rivalidad entre grandes potencias, el organismo destaca el contraste entre una inflación muy contenida en China, por debajo del 1%, y tasas cercanas al 3% en Estados Unidos y al 2% en la zona euro. Esta divergencia supone, según señaló David López Salido, director general de Economía del Banco de España, una ganancia significativa de competitividad para China. Además, apuntó que existen indicios de que parte de las exportaciones chinas que antes se dirigían a Estados Unidos están siendo redirigidas hacia España.
Con la amenaza de una guerra arancelaria global más contenida, la atención se desplaza ahora hacia los mercados financieros y, en particular, al riesgo de un sobrecalentamiento de las bolsas vinculado al auge de la inteligencia artificial. Sin utilizar el término "burbuja", el informe advierte de que los recientes episodios de volatilidad financiera, especialmente en el sector tecnológico, ponen de relieve el peligro de una corrección brusca en la valoración de los activos de mayor riesgo.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto-ley que contempla la ampliación de las ayudas al transporte público y la puesta en marcha de un nuevo abono mensual único de 60 euros, una medida que el presidente del Gobierno ya adelantó en su balance anual. El anuncio oficial lo ha realizado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en su primera comparecencia como portavoz del Ejecutivo, mientras que los detalles han sido posteriormente explicados por el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Este nuevo título de transporte permitirá desplazarse por 60 euros al mes -30 euros en el caso de los menores de 26 años- en todos los servicios de Cercanías y Media Distancia de Renfe, así como en las líneas estatales de autobús de largo recorrido. El abono comenzará a aplicarse el próximo 19 de enero y coexistirá con los títulos actuales, sin sustituirlos. De este modo, seguirá vigente el abono mensual de 20 euros para Cercanías en todo el país, así como los distintos bonos autonómicos y los abonos de Media Distancia ya existentes.
El abono único será válido exclusivamente para Cercanías, Media Distancia y autobuses de competencia estatal, quedando fuera otros sistemas como metro, tranvía o autobuses urbanos. Para incorporar estos servicios sería necesaria la colaboración de comunidades autónomas y ayuntamientos, que ostentan las competencias en ese ámbito.
Óscar Puente ha reconocido que no ha sido posible integrar estos otros medios de transporte en el nuevo abono, debido tanto a dificultades técnicas como a razones políticas. El ministro ha señalado, además, que la respuesta de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ha sido desigual, aunque algunas de ellas sí han mostrado interés en sumarse a la iniciativa.
Las ayudas al transporte se prorrogan durante todo 2026. En el caso de los autobuses estatales, se mantiene la gratuidad para menores de hasta 14 años, un descuento del 40% en el bono de diez viajes y una rebaja del 50% en el abono mensual, que alcanza el 70% para jóvenes de hasta 26 años. En los transportes de competencia autonómica y municipal, el Estado seguirá financiando la gratuidad infantil, los descuentos del 50% para jóvenes y una bonificación general del 20% en el resto de los títulos.
A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, el Gobierno asumirá esta ayuda estatal aunque la administración correspondiente no aporte un 20% adicional. Según Puente, todavía no se dispone de información sobre si las comunidades autónomas optarán por complementar esta financiación.
También se mantienen las ayudas específicas para determinados territorios. En Canarias y Baleares continúa la gratuidad del transporte público terrestre para los viajeros recurrentes, mientras que en Asturias y Cantabria se prorroga la gratuidad de los servicios de Cercanías para estos usuarios habituales.
En el ámbito de Renfe, se prolongan las condiciones actuales: el abono mensual ilimitado de Cercanías seguirá costando 20 euros (10 euros para jóvenes), y los menores de 14 años viajarán gratis. En Media Distancia y en los Avant especiales se mantiene la gratuidad infantil y un descuento del 40% en los abonos mensuales y bonos de diez viajes. En los servicios Avant generales continuará la rebaja del 50% en el bono de diez viajes.
El ministro de Transportes ha anunciado además la creación de nuevos productos, como el abono trimestral "Pase Vía" para los servicios Avant, que aplica descuentos crecientes en función del número de trayectos realizados, y el sistema Cronos en Cercanías, que permite obtener rebajas del 40% a partir del quinto viaje pagando directamente con tarjeta bancaria en el torno. El "Pase Vía" elimina la necesidad de pagar por adelantado, ya que el usuario abona cada billete de forma individual y obtiene descuentos progresivos -de entre el 45% y el 72%- en función del uso real. Asimismo, en los servicios de Media Distancia de ancho métrico se incrementan los descuentos en los billetes de ida y vuelta, que pasan del 7% al 20%, equiparándose al resto de la red convencional.
El conjunto de estas medidas contará con una dotación presupuestaria de 1.371 millones de euros. El decreto deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días, lo que exigirá el respaldo de una mayoría parlamentaria. Un apoyo que se antoja cada vez más complejo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras la ruptura con Junts y el malestar manifestado por otros socios como ERC o Podemos, en un contexto marcado por recientes escándalos de corrupción y un caso de acoso sexual en el seno del PSOE.
El euro se encamina a cerrar el año como la divisa más destacada del mercado de cambios. La moneda única, utilizada por 20 países, acumula una revalorización del 8,25% en 2025 frente a una cesta de las principales monedas internacionales, entre ellas el dólar, la libra esterlina y el franco suizo. La evolución de los tipos de interés de los principales bancos centrales y la salida de inversores de activos denominados en dólares durante la primera mitad del año han sido factores decisivos para que el euro mantenga su fortaleza durante casi todo el ejercicio. Aunque no se encuentra en los máximos anuales, todo apunta a que seguirá siendo una referencia clave en los próximos meses.
El índice de Bloomberg que mide el comportamiento del euro frente a una cartera ponderada de divisas del G-10 -con un peso predominante del dólar- se sitúa en torno a los 935 puntos. Este nivel permite a la moneda común aventajar en cerca de un 8% al resto de divisas en 2025 y firmar su mejor comportamiento en el mercado de divisas desde 2017.
El inicio de 2025 estuvo marcado por un fuerte recelo hacia los activos vinculados al dólar estadounidense. Parte de esa desconfianza estuvo relacionada con las políticas impulsadas desde la Casa Blanca y la escalada de la guerra comercial promovida por Donald Trump. Este contexto favoreció la salida de capitales de Wall Street, la venta de deuda pública estadounidense y el aumento de las compras de oro, lo que debilitó al dólar y reforzó al euro como activo refugio.
Posteriormente, aunque el conflicto arancelario se moderó gracias al avance de las relaciones bilaterales, los inversores no regresaron de forma inmediata a los activos denominados en dólares. A ello se sumó la reanudación de los recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, mientras el Banco Central Europeo mantenía la facilidad de depósito en el 2%. Este acercamiento entre las políticas monetarias de ambos bancos centrales redujo el diferencial de tipos y consolidó la posición dominante del euro. A pocas sesiones de finalizar 2025, el cruce euro-dólar se sitúa en torno a los 1,17 dólares, con una subida acumulada del 13,3% en el año.
El liderazgo del euro no se limita al dólar. La moneda común se aprecia un 5,6% frente a la libra esterlina y supera con claridad al yen japonés, con un cruce cercano a los 184 yenes, lo que supone una ganancia superior al 13% en 2025 y máximos históricos. Solo el franco suizo muestra un mejor comportamiento relativo, aunque con una ventaja mínima de en torno al 1%, apoyado también en su condición de valor refugio.
Las previsiones del consenso de mercado recopiladas por Bloomberg apuntan a que el euro seguirá ganando terreno en el mercado de divisas. Para los próximos meses se espera que continúe apreciándose frente al dólar, y los contratos de futuros anticipan un tipo de cambio próximo a los 1,20 dólares al cierre de 2026, impulsado por el mantenimiento del estrechamiento del diferencial de tipos entre el BCE y la Fed.
Una evolución similar se espera en el cruce con la libra esterlina, según las estimaciones de Bankinter. "El diferencial de tipos seguirá favoreciendo a la libra, con el tipo de referencia británico en el 3,25% frente al 2% de la facilidad de depósito en la zona euro. Sin embargo, la debilidad del sector exterior nos lleva a prever que la libra se mueva en un rango lateral con ligera depreciación frente al euro, entre 0,85 y 0,90, durante 2026 y 2027", señalan los analistas del banco. Por su parte, el yen tendería a apreciarse en los próximos meses, aunque sin recuperar totalmente lo perdido en 2025, mientras que el franco suizo se mantendría estable frente al euro.
No obstante, la fortaleza del euro no siempre juega a favor de los inversores europeos con exposición a activos denominados en otras monedas. Si la moneda única continúa apreciándose frente al dólar, la rentabilidad de invertir en la bolsa estadounidense se verá mermada al convertir los beneficios a euros. Lo mismo sucede con la compra de bonos de Estados Unidos sin cobertura de divisa. Esta situación ya se ha hecho evidente en 2025: gracias al avance del euro frente al dólar desde comienzos de año, un inversor europeo apenas obtiene una rentabilidad real del 2,4% en el S&P 500 si hubiera invertido el 1 de enero y cerrado su posición en la actualidad. En cambio, para un inversor estadounidense, la rentabilidad del índice, sin efecto divisa, supera el 16%.
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