News

(Expansión, 30-06-2025) | Fiscal

La Comunidad de Madrid eleva del 25% al 50% la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD)

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado ya la nueva normativa que eleva del 25% al 50% la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) en transmisiones entre familiares del Grupo III, como hermanos, tíos, sobrinos, bisabuelos y bisnietos. Esta medida entrará en vigor mañana. La ley fue aprobada el pasado 12 de junio en la Asamblea de Madrid con el respaldo del Partido Popular y Vox, y modifica el texto consolidado que regula los tributos cedidos por el Estado a la Comunidad de Madrid. La principal novedad consiste en ampliar al 50% la bonificación sobre la cuota del impuesto para los contribuyentes del Grupo III de parentesco, conforme al artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987 del ISD. Esta bonificación se aplicará tanto a las herencias como a las donaciones, y se calculará únicamente sobre la parte proporcional de la cuota que corresponda a los bienes y derechos incluidos en la declaración del beneficiario. Además de este aumento en la bonificación, la ley introduce importantes simplificaciones en el ámbito de las donaciones. Una de las más destacadas es la eliminación de la obligación de otorgar escritura pública cuando la base imponible de la donación no supere los 10.000 euros, siempre que la ley no exija dicho documento para que la donación sea efectiva. Esta medida agiliza las transmisiones de menor cuantía entre particulares. En cuanto a aquellas situaciones donde la ley sí exige documento público para obtener beneficios fiscales, la norma específica que no se perderá el derecho a la bonificación si el documento privado se transforma en público dentro del plazo legal para presentar la autoliquidación. No obstante, si este trámite se realiza fuera del plazo establecido, el contribuyente perderá el derecho a aplicar las bonificaciones recogidas en el apartado 2.b) del artículo 25, lo cual es especialmente relevante para evitar sanciones o costes fiscales adicionales. El texto normativo también aclara la diferencia entre reducciones de la base imponible y bonificaciones aplicadas sobre la cuota tributaria. Estas se regulan por separado y están sujetas a condiciones específicas. En el caso del Grupo III, la nueva bonificación del 50% se aplica exclusivamente sobre la cuota a pagar. Por otro lado, el artículo 22 bis del texto refundido contempla una reducción del 100% (hasta un máximo de 250.000 euros) en donaciones de dinero realizadas a descendientes, ascendientes, cónyuges o colaterales de segundo grado por consanguinidad, siempre que los fondos estén debidamente justificados y dicho origen conste en el documento que formaliza la transmisión. Estas reformas han sido impulsadas a partir de propuestas de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) y fueron incorporadas en el programa electoral con el que el Partido Popular de Madrid concurrió a los comicios autonómicos de mayo de 2023.

READ MORE

(Expansión, 30-06-2025) | Fiscal

El G7 anuncia un pacto para eximir a multinacionales de EEUU del impuesto mínimo del 15%

El G7, que agrupa a las siete economías más avanzadas del mundo, anunció este sábado que ha llegado a un acuerdo para eximir a las grandes multinacionales estadounidenses del impuesto mínimo global del 15% establecido por la OCDE. Esta decisión ya había sido anticipada días atrás por el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, quien celebró que se hayan protegido los intereses de su país. A cambio, instó al Congreso a suprimir la denominada "cláusula 889", que contemplaba impuestos de represalia. El origen de este impuesto se remonta a 2021, cuando 136 países y jurisdicciones acordaron establecer un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas y un mecanismo para distribuir parte de sus beneficios en los países donde generan actividad económica. Este pacto, considerado en su momento como histórico, fue impulsado por la OCDE y el G20, y se estructuró en dos pilares: el Pilar 2, que fija ese mínimo impositivo para las multinacionales, y el Pilar 1, que trata de redistribuir los derechos fiscales entre países. El llamado Acuerdo Fiscal Global fue impulsado bajo el mandato del presidente demócrata Joe Biden con el objetivo de reducir la competencia fiscal entre países y frenar la elusión de impuestos por parte de grandes corporaciones. Sin embargo, al asumir el poder, Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas que retiraban a Estados Unidos de dicho acuerdo. Aun así, los países europeos podrían seguir aplicando este impuesto a las empresas estadounidenses con presencia en sus territorios. Según los miembros del G7, la nueva fórmula acordada aportará mayor previsibilidad y estabilidad al sistema fiscal internacional. En un comunicado emitido por Canadá, actual presidencia rotatoria del grupo, se afirmó que "la creación de un sistema paralelo facilitará avances en la estabilización del marco tributario global, fomentará un diálogo constructivo sobre la fiscalidad de la economía digital y ayudará a salvaguardar la soberanía fiscal de cada país". El G7 también expresó su compromiso de respaldar esta posición en las próximas conversaciones con el G20 y la OCDE, y su intención de alcanzar cuanto antes una solución que sea justa y viable para todos los implicados. Por su parte, Bessent advirtió que la administración de Trump se mantendrá firme ante cualquier intento de imponer impuestos que considere discriminatorios o que excedan los límites jurisdiccionales, asegurando que defenderá la autonomía fiscal de Estados Unidos frente a medidas extranjeras.

READ MORE

(El País, 30-06-2025) | Fiscal

La lista de grandes morosos con Hacienda llega a su duodécima edición con nuevos rostros y viejos conocidos

La lista de morosos publicada este viernes por la Agencia Tributaria incorpora nuevos nombres destacados como el de la cantante Isabel Pantoja, que cerró el año 2024 con una deuda de un millón de euros. También se suman el presentador Bertín Osborne, con 865.000 euros pendientes, y el futbolista Arda Turan, quien debe 1,3 millones. Entre las nuevas incorporaciones figuran también la Autopista Madrid Sur Concesionaria Española, con una deuda de 1,7 millones, y la empresa Fórum Filatélico, con 1,5 millones. Por el contrario, abandonan el listado el club Real Murcia -que el año pasado debía 6,3 millones- y Afinsa, con una mora anterior de 1,5 millones. Para aparecer en esta lista, no basta con tener deudas con Hacienda: deben superar los 600.000 euros, no haber sido abonadas dentro del plazo voluntario, seguir pendientes de pago al 31 de diciembre de 2024 y no contar con un aplazamiento o suspensión legal. Entre los nombres conocidos que siguen apareciendo está el exbanquero Mario Conde, aunque ha reducido su deuda de 6,4 a 3,8 millones de euros al cierre del último ejercicio. También repite la actriz Paz Vega -bajo su nombre real, María Paz Campos Trigo- cuya deuda con el fisco ha aumentado de 1,7 millones a 2,3 millones en un año. Otro rostro habitual es Luis Medina, conocido por su implicación en el caso de las mascarillas, que mantiene su deuda sin cambios en 640.802 euros. La primera vez que Hacienda hizo pública esta lista fue en 2015, cuando Cristóbal Montoro era ministro y Mariano Rajoy presidía el Gobierno. En ese contexto, aún se sentían los efectos de la crisis financiera de 2008 y de la crisis de deuda posterior. Además, España acababa de recibir un rescate multimillonario para su sistema bancario. La publicación del listado buscaba entonces incentivar el pago de las deudas, confiando en el posible daño reputacional que esto pudiera suponer para los afectados, tanto personas como empresas. La edición más reciente del fichero incluye un total de 5.997 deudores, lo que representa una ligera reducción del 1,4% respecto al año anterior. No obstante, el importe total adeudado ha aumentado: a finales de 2024, las deudas acumuladas sumaban 16.138 millones de euros, un 5,9% más que en la lista previa. Al eliminar duplicidades -por ejemplo, entre deudores principales y responsables solidarios- la cifra se reduce a 13.697 millones, lo que aún supone un incremento del 8,5% respecto al año anterior. Del total de morosos, 1.077 son personas físicas, cuyas deudas ascienden a 1.579 millones de euros (frente a 1.052 personas y 1.500 millones el año anterior). El resto, 4.920, son empresas y entidades jurídicas, que adeudan a Hacienda 14.558 millones, un aumento en comparación con los 13.737 millones registrados en la edición anterior.

READ MORE

(El País, 30-06-2025) | Fiscal

¿Quiénes se benefician de la ‘ley Beckham’? Desplazados a España con sueldos medios de 160.000 euros

El abogado estadounidense Robert Amsterdam se ha hecho notar recientemente en el ámbito tributario español por su ofensiva legal y mediática contra la Agencia Tributaria. Fundador del despacho internacional Amsterdam & Partners, lleva meses acusando al fisco español de acosar y perseguir a quienes se acogen al régimen fiscal conocido como "ley Beckham". Este jueves, incluso, amenazó con llevar el caso ante la OCDE. Pero más allá de su retórica combativa, ¿a qué tipo de contribuyentes dice representar? Según los datos de Hacienda, se trata principalmente de altos directivos internacionales, deportistas profesionales, ejecutivos del sector tecnológico o financiero, y en general, trabajadores extranjeros con elevados ingresos. Los registros muestran que estos beneficiarios del régimen especial perciben una media de 160.000 euros anuales solo en salarios. No se contabilizan las rentas procedentes del extranjero -como plusvalías, dividendos o ingresos por inversiones-, ya que este tipo de ganancias no están sujetas a tributación en España durante un máximo de seis años. Esto impide tener una visión completa de sus ingresos totales, aunque desde la Agencia Tributaria se presupone que son considerablemente más altos. Por este motivo, se justifica una fiscalización rigurosa, pese a las críticas del bufete. El régimen especial, más conocido como ley Beckham, permite a los trabajadores desplazados -españoles o extranjeros que no hayan residido en el país durante los cinco años anteriores- tributar únicamente por sus rentas generadas en España. Además, hasta los 600.000 euros anuales, se les aplica un tipo fijo del 24%, y solo por encima de esa cifra, el tipo asciende al 47%. Este sistema se ha convertido en un fuerte atractivo para perfiles con ingresos elevados y con fuentes de rentas internacionales, según destacan los expertos fiscales. En 2023, un total de 16.733 personas presentaron su declaración de la renta bajo este régimen. La base liquidable total alcanzó los 2.789 millones de euros, de los cuales 2.705 millones correspondieron a rendimientos del trabajo. El resto procedía de transmisiones patrimoniales, ventas de inmuebles o cobro de pensiones. Estas cifras, sin embargo, podrían estar infravaloradas, ya que no incluyen rentas no declarables bajo el régimen especial. Teniendo en cuenta que el salario medio en España fue de poco menos de 29.000 euros ese mismo año, estos contribuyentes destacan notablemente por su nivel de ingresos. Y el hecho de que buena parte de sus ganancias no tribute en España convierte a este colectivo en objetivo de especial interés para Hacienda. Como sucede con todos los contribuyentes con rentas elevadas, cualquier anomalía detectada puede dar lugar a una inspección. Desde la Agencia Tributaria insisten en la necesidad de controlar el uso correcto de los regímenes fiscales especiales, ya que implican potenciales pérdidas de recaudación. Si se detectan irregularidades, afirman, corresponde una regularización de la situación y la correspondiente liquidación tributaria. Lo que el bufete de Amsterdam califica como "persecución" y "abuso de poder", Hacienda lo considera una actuación ordinaria dentro de sus funciones de control. A pesar del ruido generado, la Agencia Tributaria niega que exista una vigilancia especial sobre los acogidos a la ley Beckham o un nivel elevado de litigiosidad asociado al régimen. En los últimos diez años, cerca de 37.000 contribuyentes se han beneficiado de este sistema y solo 185 -el 0,5%- han sido inspeccionados por posibles incumplimientos. Entre las irregularidades más comunes, según José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), se encuentran la simulación de contratos de trabajo o la creación de empresas pantalla para acceder indebidamente al régimen. José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), señala que algunas personas constituyen sociedades sin actividad real en España mientras continúan prestando servicios a empresas extranjeras. El objetivo es aparentar una relación laboral nacional y así beneficiarse del régimen fiscal especial. En otros casos, se crean sociedades ficticias justo antes de obtener grandes beneficios fuera del país, con el fin de evitar tributar tanto en España como en el país de origen. Estas estructuras, según los inspectores, suelen ocultar al verdadero beneficiario utilizando intermediarios como asesores o familiares. El conflicto entre el despacho de Amsterdam y Hacienda ha ido escalando en los últimos meses. A finales de 2024, el bufete lanzó campañas publicitarias en medios internacionales acusando a los trabajadores del fisco de "carteristas" y ofreciendo sus servicios a quienes se sintieran agraviados. En respuesta, la Agencia Tributaria defendió públicamente su trabajo en mayo, y esta semana su directora, Soledad Fernández, envió una carta a los empleados del organismo mostrando su respaldo frente al "ataque frontal" recibido. Mientras tanto, Amsterdam anunció en rueda de prensa que llevará su denuncia contra España ante la OCDE y la ONU.

READ MORE

(El Economista, 30-06-2025) | Fiscal

España recauda de las empresas diez puntos más que la media europea

España ocupa el cuarto lugar entre los países europeos que más dependen de los ingresos fiscales procedentes de las empresas. Así lo revela un informe elaborado por el centro de estudios fiscales Tax Foundation, con sede en Washington, que señala que el 49% de la recaudación del país proviene directamente de los impuestos abonados por las compañías. Esta cifra está diez puntos por encima del promedio europeo, situado en el 38,4%. Por delante de España se encuentran Chequia, Polonia y Eslovaquia, donde la aportación de las empresas supera el 50% del total recaudado. En cambio, aunque Francia y Alemania también están por encima de la media europea, registran una menor dependencia que España, con un 42,6% y un 40,9% respectivamente. En el extremo opuesto se sitúan Dinamarca e Islandia, los países con menor grado de dependencia fiscal respecto al sector empresarial. Según la autora del informe, la economista Cristina Enache, en Dinamarca las empresas solo representan el 15,1% de la recaudación, mientras que en Islandia aportan un 16,6%. Esta baja contribución empresarial en Dinamarca se explica, según Enache, por una menor carga en cotizaciones a la Seguridad Social. El estudio también destaca que, en términos generales, el 87% de los tributos en Europa son pagados o recaudados por las empresas, lo que subraya su papel esencial en el sostenimiento de los ingresos públicos. "Sin la participación de las empresas como contribuyentes y como agentes recaudadores, los gobiernos no podrían financiar ni los servicios más básicos", afirma Enache. Para la elaboración del informe, se han tenido en cuenta todos los impuestos que afectan directamente a las empresas en Europa. Entre ellos se incluyen los tributos que estas abonan como sujetos fiscales, aquellos que retienen o recaudan para terceros (como las cotizaciones a la Seguridad Social), los impuestos sobre la nómina y los impuestos especiales. También se consideran los gravámenes sobre bienes de inversión, los tributos recurrentes sobre inmuebles, el patrimonio empresarial, vehículos, licencias y otras tasas específicas del ámbito empresarial. En el caso de España, según datos de la Agencia Tributaria, las compañías contribuyen a través de varios impuestos, siendo el Impuesto de Sociedades uno de los principales. Este tiene un tipo general del 25%, aunque se aplica un 15% para nuevas empresas y un 23% para pymes. Además, las empresas deben pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), de carácter municipal, cuya cuota varía entre el 0,4% y el 1,3% según el tipo y ubicación del inmueble. Otro tributo relevante es el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que se calcula en función de la actividad, localización y tamaño de la empresa. Incluye una tarifa fija y unos coeficientes determinados por la ordenanza local. No obstante, las empresas con una facturación inferior al millón de euros anuales están exentas. También se aplica el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con una tasa que puede alcanzar hasta el 4% del coste real de la obra, en función del municipio. Asimismo, tributos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD) afectan especialmente a las empresas, este último con una tasa que oscila entre el 0,5% y el 1,5% sobre el valor del documento notarial. Eso sí, las operaciones sujetas a IVA están exentas del pago del AJD.

READ MORE

(Expansión, 30-06-2025) | Laboral

Los mayores de 50 años copan el aumento de autónomos desde 2021

En los últimos cuatro años, el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha aumentado en 106.654 personas. No obstante, este crecimiento se debe casi exclusivamente al incremento de trabajadores mayores de 50 años, cuya cifra ha subido en 176.078. Por el contrario, el grupo de autónomos de entre 30 y 49 años ha registrado una caída de 72.881 afiliados. El envejecimiento de la población activa es uno de los principales desafíos para los países desarrollados, especialmente en lo que respecta a la sostenibilidad del sistema de pensiones. En el caso de España, el aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad están reduciendo el número de trabajadores en activo, lo que tensiona aún más el equilibrio del sistema del bienestar. Esta tendencia afecta a todo el mercado laboral, pero es especialmente significativa entre los trabajadores autónomos. Desde 2021, en un contexto de crecimiento sostenido del empleo, el aumento de afiliaciones al RETA se ha concentrado casi exclusivamente en los mayores de 50 años, evidenciando el envejecimiento progresivo del colectivo. Así lo refleja un informe reciente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que detalla que entre mayo de 2021 y 2025, el crecimiento neto de afiliados al RETA se ha producido gracias al empuje de los trabajadores de mayor edad. De hecho, los mayores de 64 años son el segmento que más ha crecido, con 56.186 nuevos autónomos, lo que representa un aumento del 39,6%. Según Lorenzo Amor, presidente de ATA, esta subida se debe en gran parte al retraso en la edad de jubilación y al auge de la jubilación activa, cada vez más utilizada por autónomos que han alcanzado la edad legal para retirarse. En este sentido, el Gobierno está avanzando en medidas para flexibilizar la jubilación. Entre las propuestas recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se incluye una reforma para fomentar la jubilación flexible. Esta permitiría a los pensionistas reincorporarse al trabajo por cuenta propia, compatibilizando la actividad con el cobro del 20% de la pensión, una posibilidad que hasta ahora no estaba contemplada. Por otro lado, este desplazamiento hacia franjas de edad más avanzadas también se explica por factores relacionados con las expectativas vitales y laborales. Las personas mayores suelen mostrar mayor disposición a emprender, especialmente si pueden hacerlo mientras perciben parte de su pensión. Además, al contar con trayectorias profesionales más estables, suelen asumir con menor temor los riesgos asociados al autoempleo. Por contra, en las cohortes de edad media la expectativa de éxito a través de una actividad por cuenta propia es mucho menor. Prueba de ello es que del retroceso de afiliaciones al RETA entre los 30 y 49 años, dos de cada tres (66,3%) corresponde a trabajadores de entre 40 y 44 años. "En esta franja de edad existe una mayor expectativa en el trabajo por cuenta ajena, que provoca las bajas en el colectivo en esta franja de edad", señala Amor. Por su parte, el emprendimiento también ha contribuido ligeramente al saldo positivo del régimen de autónomos, concretamente con 23.457 nuevos autónomos de menores de 30 años desde 2021."El ritmo de altas es mucho menor entre los jóvenes", apunta el presidente de la patronal subrayando, eso sí, que el crecimiento en este segmento sería mucho mayor si se tienen en cuenta los datos de los últimos diez años, "lo que demuestra que sigue habiendo emprendimiento en España". Por otro lado, el informe realizado desde ATA muestra también una radiografía del colectivo en función de la edad. El colectivo sénior sigue a la cabeza, ya que prácticamente uno de cada dos autónomos que cotizan a la Seguridad Social en España, el 47,2%, tiene más de 50 años. "Lo que muestra el envejecimiento del colectivo", señala el documento, desglosando que los mayores de 64 años representan únicamente el 5,8% del total del RETA (198.240 autónomos) y los autónomos menores de 30 años representan el 7% del total (240.346), mientras que los menores de 20 años representan solo el 0,3%. Las mujeres se muestran mucho más emprendedoras que los hombres: de los 106.654 nuevos autónomos, 76.575 son mujeres, el 71,8% del total del crecimiento. Las mujeres autónomas han crecido desde mayo de 2021 en todos los tramos de edad a excepción de las mujeres que tienen entre 40 y 44 años, que han descendido en 6.277 cotizantes al RETA. "Los datos señalan a que este descenso tiene relación con periodos de maternidad y de cuidados familiares" apunta Lorenzo Amor.

READ MORE

(El Economista, 30-06-2025) | Laboral

El gasto en pensiones marca un nuevo récord en junio, 26.777 millones

La Seguridad Social desembolsó en junio un total de 26.776,94 millones de euros en pensiones, una cifra que duplica la de un mes habitual debido al abono de la paga extraordinaria de verano. En concreto, el Ministerio que encabeza Elma Saiz destinó 13.563,84 millones de euros a la nómina mensual ordinaria y otros 13.213,09 millones a la paga extra. Este importe representa un nuevo máximo histórico y supone un aumento del 6,38% respecto a junio del año pasado. Estos datos surgen en un contexto de debate sobre el incremento del gasto militar solicitado por la OTAN, y su posible encaje con otras partidas clave como pensiones, sanidad o dependencia. Si España accediera a elevar el presupuesto de Defensa al 5% del PIB, como propuso Donald Trump, se necesitarían 107.235 millones de euros adicionales, más de la mitad de lo que actualmente se dedica anualmente al sistema público de pensiones. El gasto mensual en la nómina ordinaria -es decir, sin contar la paga extra- también creció respecto al año anterior. Incluyendo pensiones por jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares, el aumento fue del 6,37%, y específicamente en las pensiones de jubilación, que concentran el 73% del total del gasto (9.914,5 millones), el incremento fue del 6,35%. Este repunte supera las proyecciones realizadas por la AIReF en mayo, que estimaban un crecimiento del 5,8% para finales de año. El alza del gasto se debe principalmente al mayor número de beneficiarios y al incremento en el importe medio de las pensiones. En junio, la pensión media del sistema ascendió a 1.311,4 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. En cuanto a la paga extra, el promedio fue de 1.280,3 euros. En el caso de los jubilados, que suponen más de dos tercios del total de perceptores, la pensión media mensual alcanzó los 1.505,9 euros, mientras que su paga extra se situó en 1.484,3 euros, unos 200 euros más que la media general. Por su parte, los nuevos jubilados registrados en junio tienen una pensión media de 1.551,7 euros mensuales, lo que representa un incremento del 1,29%. Para los que procedían del régimen de asalariados, la cifra asciende hasta los 1.656,8 euros, un 1,58% más. Durante el mes de junio, la Seguridad Social abonó pensiones a 10.342.975 personas, lo que supone un aumento del 1,76% respecto al año anterior. De ese total, 6.583.748 son jubilados, un 1,83% más que en junio de 2023. La mayoría de los pensionistas reciben el doble pago en junio -la mensualidad ordinaria más la extra de verano- salvo unos 22.463 beneficiarios que tienen prorrateada esta cuantía en sus doce pagas anuales. Entre enero y mayo, se han producido 155.131 nuevas altas de jubilación, según ha informado este jueves el Ministerio de Seguridad Social. Dentro de ellas, las jubilaciones demoradas, que se han incentivado desde 2022 y cuya reforma se aplicó en abril junto a los cambios en la jubilación parcial y activa, representan ya el 11,4% del total, frente al 4,8% de 2019. Este cambio, apunta el Ministerio, refleja el efecto de las bonificaciones por retrasar la edad de jubilación y la revisión de los mecanismos de retiro anticipado. Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se ha elevado hasta los 65,2 años, frente a los 64,4 años registrados en 2019.

READ MORE

(El Economista, 30-06-2025) | Laboral

En España se acabará incrementando a 33 días por año trabajado la indemnización para interinos y personal laboral de la Administración

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha manifestado que, previsiblemente, en España se terminará estableciendo una indemnización de 33 días por año trabajado -con un tope de 24 mensualidades- para el personal interino y laboral de la Administración que sea cesado tras haber cubierto de forma prolongada y abusiva una plaza eventual. Actualmente, esta compensación es de 20 días por año con un límite de doce mensualidades. El Tribunal Supremo ha reiterado que la Administración no puede convertir en fijos a estos trabajadores, ya que ello vulneraría los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Esta posición ha sido mantenida incluso después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en dos sentencias emitidas en febrero y junio de 2024, instara a regularizar la situación de aquellos empleados con contratos temporales abusivos. Ante la negativa del Supremo a cambiar su doctrina, el TSJM considera probable que, como alternativa a la fijeza, se establezca una indemnización más elevada para los casos de abuso en la contratación temporal. Esta compensación debería, al menos, equipararse a la prevista en casos de despido improcedente, dado que el TJUE ya ha señalado que los actuales 20 días por año no son suficientes. Además, el TSJM se muestra crítico con la postura del Supremo y defiende que la Constitución podría permitir la conversión en fijos de estos trabajadores bajo ciertas condiciones, si bien admite que no puede aplicar esta interpretación por ser contraria a la jurisprudencia vigente del alto tribunal. En una serie de hasta 16 resoluciones emitidas en el último año, el TSJM ha defendido que el derecho al trabajo -consagrado en la Constitución- también debe garantizar la estabilidad en el empleo. A su juicio, cuando se produce una relación laboral prolongada basada en contratos temporales encadenados, y si no hay terceros interesados en acceder a esas plazas mediante concurso u oposición, debería prevalecer la estabilidad frente a otros principios constitucionales como el de igualdad. La Sala aclara que este criterio se refiere únicamente al personal laboral contratado directamente por la Administración, y no a los interinos, quienes han accedido a sus puestos mediante procesos selectivos y deben recurrir a la vía contencioso-administrativa, no a la jurisdicción social. Finalmente, el TSJM admite que, mientras el Tribunal Supremo mantenga su doctrina que impide de forma absoluta el reconocimiento de la fijeza incluso en casos de abuso, no existen las condiciones para que el propio tribunal madrileño cambie su criterio, cerrando así la puerta a la posibilidad de hacer fijos a estos trabajadores.

READ MORE

(Expansión, 30-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Arranca el registro de alquiler turístico que sacará del mercado hasta 250.000 viviendas

A partir del 1 de julio, los apartamentos turísticos y los alquileres de temporada deberán disponer de un número de registro obligatorio si desean ser anunciados en plataformas como Airbnb o Booking. El incumplimiento de esta normativa puede conllevar multas que alcanzan varios miles de euros. Coincidiendo con el inicio de la temporada estival, cientos de miles de propietarios podrían quedar fuera de estas plataformas si no cumplen con esta exigencia, lo que tendría consecuencias económicas notables. Esta nueva regulación, que también afecta a los arrendamientos de corta duración, busca reforzar el control sobre este tipo de alquileres, en línea con la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para abordar el problema del acceso a la vivienda. El Ejecutivo argumenta que restringir la oferta de pisos turísticos puede aliviar la presión sobre el mercado residencial, aunque algunos expertos discrepan. Estos señalan que muchas de estas viviendas no se encuentran en zonas con alta demanda de alquiler de larga duración, por lo que difícilmente pasarán al mercado tradicional. El Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, asegura que esta medida busca hacer frente al complicado panorama del mercado inmobiliario, combatiendo el fraude y fomentando un entorno más transparente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), a finales de 2024 existían en España unas 368.295 viviendas turísticas, concentradas especialmente en zonas costeras como Alicante, Málaga, Las Palmas o Baleares. Tras la entrada en vigor del registro obligatorio, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) estima que un 70% de estas propiedades podrían desaparecer de las plataformas, lo que supondría una pérdida económica de más de 13.700 millones de euros entre julio y diciembre. Esto implicaría que unas 257.000 viviendas no lograrían obtener el número de registro exigido, lo que les impediría anunciarse en portales como Airbnb o Booking, aunque no necesariamente dejarían de operar por completo. No obstante, al ser estas plataformas clave tanto para propietarios como para turistas, la actividad en el sector se vería seriamente reducida. Por otro lado, unos 110.000 propietarios sí habrían obtenido ya el número de registro y podrían seguir anunciando sus viviendas en estas plataformas, siempre y cuando cumplan con las normativas locales de su comunidad autónoma o ayuntamiento. Datos recientes del Colegio de Registradores de España respaldan estas cifras. Hasta el pasado miércoles, se habían recibido 178.856 solicitudes del Número de Registro Único de Alquiler (NRUA), de las cuales 81.281 habían sido aprobadas (45,44%), mientras que 16.133 fueron rechazadas (9%). El resto, 81.446 solicitudes, estaban aún en proceso de revisión. En estos casos, se asigna automáticamente un número provisional que permite operar mientras se completa la verificación. El NRUA puede solicitarse en línea a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, con un coste de 27 euros más IVA. La solicitud seguirá disponible tras la entrada en vigor de la obligatoriedad. Una vez obtenido, los propietarios deben incluir el número de registro en sus anuncios en las plataformas de alquiler turístico. Además, anualmente deberán presentar un informe con información sobre los arrendamientos de corta duración, especificando detalles por categoría y tipo de alquiler. Cabe señalar que si se incumplen los requisitos establecidos, la Dirección General de Planificación y Evaluación podrá revocar el número de registro en cualquier momento. Asimismo, plataformas como Airbnb o Booking estarán obligadas a reportar mensualmente las operaciones realizadas por sus usuarios, incluyendo información como el número de registro, dirección del inmueble y enlaces a los anuncios publicados.

READ MORE

(La Vanguardia, 30-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Carlos Cuerpo presenta su candidatura para competir por la presidencia del Eurogrupo

El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, ha oficializado su candidatura para presidir el Eurogrupo, el organismo que reúne a los ministros de Finanzas de los países de la zona euro. Competirá con el actual presidente, el irlandés Paschal Donohoe, que aspira a un tercer mandato, y con el titular de finanzas de Lituania, Rimantas Sadzius. La elección tendrá lugar los días 7 y 8 de julio en Bruselas, en el marco de la próxima reunión del Eurogrupo. Donohoe parte como favorito al contar con el apoyo de los gobiernos alineados con el Partido Popular Europeo, la fuerza política más influyente en el ámbito comunitario. Cuerpo llevaba tiempo considerando presentarse, aunque no lo había hecho público. Según fuentes diplomáticas, había mantenido contactos con varias capitales europeas para evaluar sus posibilidades. Aunque no lo había confirmado abiertamente, en Bruselas se daba por hecho que acabaría postulándose, algo que finalmente ocurrió este viernes, justo al cerrar el plazo para presentar candidaturas. Con este paso, Cuerpo se convierte en el tercer ministro de Economía español que intenta alcanzar este cargo, tras los intentos previos de Luis de Guindos y Nadia Calviño, que no lograron el puesto, pero sí acabaron ocupando altos cargos en instituciones financieras europeas: De Guindos es vicepresidente del Banco Central Europeo y Calviño preside el Banco Europeo de Inversiones. España ha mostrado en varias ocasiones su descontento con la labor de Donohoe al frente del Eurogrupo. No es la única. Hace unas semanas, los cinco países con mayor peso económico en la eurozona -Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y España- firmaron un documento conjunto proponiendo una reforma profunda del funcionamiento del Eurogrupo y señalando los temas en los que debería centrarse en el futuro. Aunque no contenía críticas directas al irlandés, el texto fue interpretado como un reproche velado a la gestión de su mandato. Durante los cinco años que Donohoe ha liderado el Eurogrupo, los avances en reformas clave como la Unión Bancaria o la Unión del Mercado de Capitales han sido escasos. Si bien esta falta de progreso no puede atribuirse únicamente al presidente actual -ya que existen diferencias estructurales y políticas entre los Estados miembros, como las que enfrentan a Alemania e Italia en el ámbito bancario, o a Irlanda y Luxemburgo en lo financiero-, hay quienes consideran que Donohoe ha evitado sistemáticamente los asuntos más conflictivos, lo que ha frenado los debates y limitado el alcance de sus logros.

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us

CONTACT GAF