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(Expansión, 04-02-2026) | Fiscal

Hacienda pospone "sine die" el golpe fiscal en Plusvalía tumbado en el decreto ómnibus

El Ejecutivo ha optado por reactivar, a través de dos nuevos reales decretos-ley, la mayor parte de las medidas que el Congreso había rechazado recientemente, aunque ha dejado fuera la subida de impuestos ante la falta de respaldo parlamentario. Entre las decisiones adoptadas figura también la eliminación nuevamente de la obligación de que las personas desempleadas presenten la declaración del IRPF. Tan solo una semana después de que la Cámara Baja tumbara el decreto ómnibus con el que el Gobierno pretendía cerrar 2025, el Consejo de Ministros volvió a poner en marcha la mayoría de aquellas iniciativas. Para ello, el Ejecutivo ha dividido el paquete en dos normas distintas: por un lado, la revalorización de las pensiones y, por otro, las medidas vinculadas al denominado escudo social, estas últimas con un enfoque más moderado para atraer el apoyo de sus aliados. Sin embargo, esta maniobra no ha sido suficiente para salvar la reforma fiscal del Impuesto de Plusvalía. La ausencia de consensos en torno a este punto obligó al Ministerio de Hacienda a retirar el incremento impositivo con el que había comenzado el año. En concreto, se trataba de la actualización de los coeficientes del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. La modificación incluida en el decreto ómnibus pretendía encarecer la tributación de las ventas de inmuebles realizadas pocos años después de su adquisición, con el objetivo de frenar operaciones de carácter especulativo. Cabe recordar que la revisión de estos coeficientes suele incorporarse cada ejercicio a los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, el Gobierno no ha logrado presentar un nuevo proyecto presupuestario desde la aprobación de las cuentas de 2023, que ya han sido prorrogadas en tres ocasiones. El impuesto de plusvalía se calcula aplicando al valor catastral del suelo, en el momento de la transmisión -ya sea por venta, donación o herencia-, los coeficientes correspondientes al año en que se adquirió el inmueble. Este sistema fue diseñado por el Ministerio de Hacienda en 2021, bajo la dirección de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, tras varias sentencias del Tribunal Constitucional que invalidaron el modelo anterior por permitir gravar operaciones con pérdidas o con una carga superior al beneficio real obtenido. Los coeficientes previstos inicialmente para 2026, que estuvieron en vigor desde el 1 de enero hasta la anulación del decreto por el Congreso la semana pasada, contemplaban subidas de hasta el 40% en algunos supuestos, como la venta de viviendas compradas nueve años antes. Al mismo tiempo, se introducían ventajas fiscales para inmuebles con una antigüedad superior a los 17 años, incluyendo rebajas de hasta el 12,5% en transmisiones de viviendas adquiridas hace dos décadas. Mientras el Gobierno confía en lograr un amplio consenso para la subida de las pensiones y en sacar adelante la prórroga de la suspensión de los desahucios con medidas de protección al pequeño propietario, la actualización fiscal de la plusvalía queda aplazada sin fecha definida, según admiten fuentes oficiales. El Ejecutivo no descarta retomar esta reforma en el proyecto de Presupuestos de 2026, que se ha comprometido a presentar en los próximos meses, aunque las posibilidades de que dichas cuentas sean aprobadas parecen cada vez más reducidas.

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(Expansión, 04-02-2026) | Fiscal

Cierre masivo de las galerías de arte españolas para exigir el IVA reducido a la pintura

Las empresas del sector denuncian un trato desigual respecto a otras disciplinas artísticas que sí disfrutan de tipos reducidos de IVA. En señal de protesta por la negativa del Gobierno a rebajar el impuesto aplicado a la venta de obras de arte, las galerías de todo el país bajaron ayer la persiana, una medida que podría extenderse a lo largo de toda la semana. El sector reclama una fiscalidad similar a la existente en la mayoría de los países europeos. La movilización llega tras la difusión de varios informes que alertan del impacto negativo que supone mantener el IVA en el 21%. Desde las galerías califican esta situación como un "agravio comparativo muy significativo", tanto frente a otros Estados de la Unión Europea como respecto a otras manifestaciones culturales en España, como la música, el cine o el teatro, que cuentan con una tributación más favorable. "En estas condiciones es imposible continuar", sostienen. En la misma línea, un reciente pronunciamiento del Círculo de Empresarios subraya que España se sitúa "en clara desventaja frente a las principales economías europeas" y advierte de que la elevada carga fiscal sobre las obras de arte frena la consolidación de un mercado cultural dinámico, accesible y competitivo. En la práctica, la mayoría de las transacciones de arte realizadas en España, especialmente las canalizadas a través de galerías, están sujetas a un IVA del 21%, un porcentaje que el sector considera muy superior al aplicado en los países de su entorno. A modo de comparación, en Italia estas operaciones tributan al 5%, en Francia al 5,5%, en Portugal al 6% y en Alemania al 7%. Según denuncian las asociaciones del sector, esta brecha fiscal perjudica al ecosistema cultural español y fomenta el traslado de artistas, galerías y coleccionistas a otros mercados europeos. Además, critican la falta de coherencia del sistema tributario actual, ya que otros productos y servicios culturales, como los libros, las artes escénicas o la música, disfrutan de tipos reducidos que oscilan entre el 4% y el 10%.

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(El País, 04-02-2026) | Fiscal

El Gobierno exigirá el reintegro de los fondos europeos sin utilizar o mal justificados

El calendario que rige la ejecución de los fondos europeos entra ya en su fase decisiva y el Gobierno está ultimando el marco normativo que regulará el cierre del plan, con la vista puesta en poder reclamar la devolución de los recursos que no se hayan utilizado correctamente o que no estén debidamente justificados. A iniciativa del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo ha comenzado a perfilar una orden destinada a concretar cómo, cuándo y en qué condiciones deberán reintegrarse los fondos procedentes del mecanismo europeo de recuperación que no se hayan empleado conforme a lo previsto o que incumplan los compromisos asumidos con la Unión Europea. El departamento encabezado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha publicado en el portal de audiencia pública el borrador de la norma que define las causas y las particularidades del procedimiento de reintegro de estas ayudas. En el texto se recuerda que los recursos solo pueden destinarse a financiar actuaciones que encajen en el marco regulador del plan y que, si el gasto no se realiza o si se incumplen total o parcialmente los objetivos fijados, tanto las administraciones como las entidades privadas beneficiarias estarán obligadas a devolver las cantidades percibidas al Tesoro Público. La orden en preparación, abierta a alegaciones hasta el 10 de febrero y que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, desarrolla lo ya previsto en la ley de diciembre de 2020 que sentó las bases del plan de recuperación. Aquella norma ya contemplaba la obligación de reintegrar los fondos en caso de incumplimiento de los compromisos con Bruselas. Ahora se trata de concretar ese mandato, detallando las situaciones que pueden dar lugar a una devolución total o parcial y el procedimiento administrativo que deberá seguirse para exigirla. Este paso se da en un momento en el que el plan avanza hacia su tramo final, con este año como horizonte para ejecutar y justificar todas las inversiones. El mecanismo europeo fue diseñado para impulsar las economías tras la pandemia entre 2021 y 2026. En el caso de España, la asignación supera los 79.000 millones de euros en subvenciones y ronda los 83.000 millones en préstamos, aunque el Gobierno prevé solicitar finalmente en torno a 22.000 millones de estos últimos. Según los datos más recientes del Ejecutivo, correspondientes a noviembre de 2025, la tasa de resolución global alcanza el 72%, con un desempeño algo mejor de la Administración General del Estado frente a comunidades autónomas y entidades locales. Distinto es el grado real de ejecución, cuya medición varía según se atienda a los fondos comprometidos o a los pagos efectivamente realizados, y que en cualquier caso se sitúa por debajo de esa tasa de resolución. La fase final del plan combina el intento de acelerar los proyectos más retrasados con un refuerzo de los controles y de la verificación del cumplimiento. En ese contexto, Hacienda busca completar el entramado normativo que regula no solo la asignación y el uso de los fondos, sino también su eventual devolución cuando se detecten incumplimientos. El borrador detalla los supuestos que pueden dar lugar al reintegro, total o parcial. Entre ellos figura la no ejecución del gasto comprometido, ya sea porque los proyectos o actuaciones no se hayan llevado a cabo o porque se hayan ejecutado solo de forma parcial. También se prevé la devolución cuando no se alcancen, total o parcialmente, los hitos y objetivos asociados a cada proyecto o medida, cuyo cumplimiento es imprescindible para que la Comisión Europea autorice los desembolsos. El funcionamiento del plan se basa en la aprobación de proyectos con objetivos concretos, a los que se asignan recursos de manera condicionada. El pago no se realiza de forma automática, sino que se va liberando conforme se acredita el cumplimiento de los hitos previamente establecidos. Otra causa de reintegro recogida en la norma es la falta de justificación adecuada del gasto, ya sea por ausencia de documentación, certificados o pruebas que acrediten que los fondos se han destinado a los fines previstos. Entre los ejemplos citados figuran la no emisión o firma del certificado de cumplimiento por parte de las entidades ejecutoras, la ausencia del informe que verifique la consecución de los objetivos o la falta de la documentación requerida por las autoridades nacionales o europeas encargadas del control y la fiscalización. El texto contempla, no obstante, que la devolución pueda ajustarse de forma proporcional al grado de ejecución y al nivel de cumplimiento alcanzado, evitando así que el reintegro tenga que ser necesariamente íntegro cuando parte de los objetivos sí se hayan cumplido. La orden también regula el procedimiento administrativo para exigir la devolución. Este se iniciará de oficio por el órgano que haya concedido los fondos y sea responsable del instrumento jurídico mediante el cual se transfirieron los recursos. Se detallan todas las fases del proceso, desde su inicio hasta la resolución final. Una vez dictada la resolución que declare procedente el reintegro, las cantidades a devolver tendrán la consideración de ingresos públicos no tributarios y deberán ingresarse en el Tesoro Público. Su recaudación se ajustará a lo previsto en la Ley General Presupuestaria y en el Reglamento General de Recaudación. Durante el periodo voluntario, el cobro corresponderá a las Delegaciones de Economía y Hacienda, mientras que si no se produce el pago en ese plazo, la Agencia Tributaria asumirá la recaudación en vía ejecutiva, con los recargos e intereses que procedan. En el caso de que una administración pública solicite aplazar o fraccionar el pago, deberá justificar que las dificultades de tesorería son transitorias, con independencia del importe adeudado.

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(Expansión, 04-02-2026) | Laboral

El Gobierno da luz verde, por segunda vez, a la actualización de las cotizaciones sociales de 2026

La aprobación de un decreto centrado exclusivamente en las medidas de Seguridad Social asegura tanto la revalorización de las pensiones en 2026 como la actualización de las cotizaciones sociales. Esta última medida, además de aportar certidumbre jurídica a las empresas tras varios días de dudas, tendrá un efecto directo en los salarios, ya que los trabajadores verán incrementadas sus aportaciones a la Seguridad Social, al igual que las contribuciones que deben asumir las empresas. Al mismo tiempo, se confirma la prórroga de las cuotas de los trabajadores autónomos, una medida ya anunciada a finales del año pasado pero que había quedado en suspenso tras la caída del denominado decreto escoba. De este modo, las cuotas de los autónomos se mantendrán en 2026 en los mismos niveles que en 2025. Entre los cambios que impactarán directamente en las nóminas destacan el aumento del mecanismo de equidad intergeneracional hasta el 0,9%, la elevación de la base máxima de cotización en un 3,9%, hasta situarse en 5.101,2 euros mensuales (61.214,4 euros anuales), y el incremento de la denominada cuota de solidaridad, que oscilará entre el 1,15% y el 1,46% en función de cuánto supere el salario la base máxima de cotización. El mecanismo de equidad intergeneracional afecta tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos y tiene como finalidad reforzar los ingresos del fondo de reserva de las pensiones. En 2026, esta aportación se fija en el 0,9%. En el caso de los asalariados, el 0,15% corre a cargo del trabajador y el 0,75% del empleador, mientras que los autónomos deben asumir la totalidad del importe al no contar con empresa que comparta la cotización. Así, para un salario bruto de 1.500 euros mensuales en doce pagas, la aportación será de 13,5 euros al mes (162 euros al año); con un sueldo de 2.000 euros, alcanzará los 18 euros mensuales (216 euros anuales); con 2.500 euros, se situará en 22,5 euros al mes (270 euros al año); y con 3.000 euros brutos mensuales, en 27 euros al mes (324 euros anuales). En el caso del salario mínimo, que en 2026 se elevará a 1.221 euros mensuales en catorce pagas, la cuota será de unos 11 euros al mes y 153,8 euros al año. Por su parte, la cuota de solidaridad se incrementa en 2026 hasta el 1,15% para la parte del salario que exceda la base máxima hasta un 10%, al 1,25% para el tramo que supere entre un 10% y un 50% dicha base, y al 1,46% para los ingresos que rebasen en más de un 50% la base máxima. Este recargo, destinado también a reforzar el sistema de pensiones, no se aplica a los trabajadores autónomos. De este modo, el tipo del 1,15% se aplicará a la parte del salario comprendida entre 5.101,21 y 5.611,32 euros mensuales, de los cuales el 0,96% lo abonará la empresa y el 0,19% el trabajador. En el caso de una nómina de 5.500 euros brutos mensuales, el importe a pagar será de 63,25 euros al mes y 759 euros al año. El tramo gravado al 1,25% afectará a la parte del salario situada entre 5.611,33 y 7.651,80 euros mensuales, con un reparto del 1,04% para la empresa y del 0,21% para el trabajador. Así, un sueldo de 6.000 euros supondrá una aportación de 75 euros mensuales (900 euros anuales), mientras que con 7.000 euros al mes la cuota ascenderá a 87,5 euros mensuales (1.050 euros al año). Finalmente, el tipo del 1,46% se aplicará a la parte de la retribución que supere los 7.651,80 euros mensuales, con un 1,22% a cargo de la empresa y un 0,24% del trabajador. Para un salario de 8.000 euros brutos al mes, la aportación alcanzará los 116,8 euros mensuales y 1.401,6 euros anuales. Según las estimaciones recogidas en la memoria de impacto económico de la orden de cotización de la Seguridad Social, la subida de la base máxima hasta los 5.101,2 euros mensuales en 2026 permitirá que esta parte del salario que comienza a cotizar genere unos ingresos adicionales cercanos a los 1.000 millones de euros a lo largo del año. Por último, ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones representativas de los autónomos para actualizar las tablas de cotización en el marco del sistema de aportaciones según ingresos reales, se ha optado por prorrogar en 2026 las cuotas vigentes en 2025. Las cuotas partirán de los 200 euros mensuales para los autónomos con rendimientos netos inferiores a 670 euros al mes. Para ingresos de entre 670 y 900 euros, la cuota se mantiene en 220 euros, y asciende a 260 euros para quienes obtengan entre 900 y 1.166,7 euros mensuales. A partir de ese nivel, se despliegan los siguientes tramos: con rendimientos de entre 1.166,7 y 1.300 euros, la cuota será de 291 euros, importe que también se aplica a los ingresos de entre 1.300 y 1.500 euros y de entre 1.500 y 1.700 euros. En el siguiente escalón, los autónomos con ingresos de entre 1.700 y 1.850 euros abonarán 350 euros al mes; quienes ganen entre 1.850 y 2.030 euros pagarán 370 euros; y los que se sitúen entre 2.030 y 2.330 euros, 390 euros mensuales. En los tramos superiores, la cuota sube a 415 euros para ingresos de entre 2.330 y 2.760 euros; a 440 euros para quienes obtengan entre 2.760 y 3.190 euros; a 465 euros para el rango de 3.190 a 3.620 euros; y a 490 euros mensuales si los ingresos se sitúan entre 3.620 y 4.050 euros. Por último, los dos tramos de mayores rendimientos establecen una cuota de 530 euros mensuales para ingresos de entre 4.050 y 6.000 euros, y de 590 euros al mes para aquellos autónomos cuyos ingresos superen los 6.000 euros mensuales.

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(El País, 04-02-2026) | Laboral

Trabajo quiere que la ampliación a 10 días del permiso por fallecimiento entre en vigor pese al riesgo de que el Congreso la tumbe

El Ministerio de Trabajo anunció el pasado 15 de diciembre un acuerdo con los sindicatos para ampliar hasta 10 días el permiso retribuido por fallecimiento de familiares. La propuesta supone multiplicar el permiso actual, que hoy es de dos días ampliables a cuatro, y cuenta con el respaldo de CC OO y UGT, pero con el rechazo frontal de la patronal. Según confirmó este martes el secretario de Estado de Trabajo, la intención del departamento que dirige Yolanda Díaz es aprobar esta ampliación mediante un real decreto ley. De ser así, la norma entraría en vigor de forma inmediata tras su aprobación por el Consejo de Ministros y debería ser convalidada por el Congreso en un plazo máximo de un mes para no decaer. Este procedimiento abre la puerta a una situación poco habitual: que durante ese intervalo algunos trabajadores puedan acogerse al permiso ampliado y que, posteriormente, la mayoría parlamentaria de derechas lo derogue. "Nos gustaría que esto se materializara lo antes posible", señaló este martes Joaquín Pérez Rey durante la rueda de prensa en la que presentó los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social. El secretario de Estado añadió que la voluntad del ministerio es tramitar con urgencia la regulación de los permisos por duelo y fallecimiento y hacerlo a corto plazo mediante un real decreto ley. El acuerdo alcanzado entre Trabajo y los sindicatos no se limita a la ampliación del permiso por fallecimiento. Incluye también una prestación de 15 días por cuidados paliativos y un día de permiso para el acompañamiento en procesos de eutanasia. Todas estas medidas han sido rechazadas de forma tajante por CEOE y Cepyme, que acusan al ministerio de trasladar a las empresas el coste y la responsabilidad de políticas públicas de cuidados que, a su juicio, deberían ser asumidas por la Administración. Así lo expresaron en un comunicado difundido a principios de diciembre, en el que también denunciaban haber sido apartadas de la negociación. En esta misma línea, Trabajo ha cerrado recientemente con los sindicatos -y sin la patronal- un acuerdo para reforzar la prevención de riesgos laborales. La ampliación del permiso por fallecimiento requiere modificar el Estatuto de los Trabajadores, lo que obliga a obtener el respaldo del Parlamento. El Partido Popular ya ha anunciado su voto en contra, argumentando que la medida no cuenta con el apoyo de todo el diálogo social. Desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del partido, el PP defiende una posición clara en materia sociolaboral: apoya las reformas consensuadas entre sindicatos y patronal, pero rechaza aquellas respaldadas únicamente por los representantes de los trabajadores. Bajo este criterio, los populares votaron a favor de la última fase de la reforma de pensiones -avalada por CEOE y Cepyme-, pero se opusieron a la reducción de la jornada laboral. En ese precedente, el PP sumó sus votos negativos a los de Vox y Junts, alcanzando una mayoría absoluta que permitió tumbar la iniciativa. En aquel caso se trataba de un anteproyecto de ley, que no entra en vigor hasta completar todo el recorrido parlamentario. En cambio, un real decreto ley, como el que se plantea ahora para los permisos, se aplica de manera inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En este contexto, el futuro de la medida depende en buena parte del posicionamiento de Junts. Este medio ha consultado al grupo parlamentario catalán, que no adelanta el sentido de su voto. El partido ha mostrado en los últimos meses una actitud muy crítica con varias iniciativas del Gobierno que han generado rechazo en el ámbito empresarial, como la subida de las cotizaciones de los autónomos, debate en el que Junts se alineó claramente contra la propuesta de la Seguridad Social. Tampoco está definido el voto del PNV, el otro grupo nacionalista de derechas, tradicionalmente más próximo al Ejecutivo que Junts. Fuentes del partido vasco confirman que recibieron en diciembre el texto pactado entre Trabajo y los sindicatos, pero aseguran que aún no han fijado una posición definitiva. Para que la ampliación del permiso salga adelante, el Gobierno necesita el respaldo de toda la izquierda y el apoyo de ambos partidos nacionalistas o, al menos, el voto favorable de uno y la abstención del otro. La iniciativa de Trabajo tiene una clara carga política. El equipo de Yolanda Díaz busca dificultar el rechazo de la derecha ante una medida especialmente sensible, vinculada al fallecimiento de familiares de trabajadores. Además, desde el ministerio recuerdan que España se encuentra lejos de los países más avanzados en esta materia. En Portugal, por ejemplo, una reforma aprobada en 2023 amplió a 20 días el permiso retribuido por la muerte del cónyuge, frente a los cinco días anteriores, equiparándolo al permiso por fallecimiento de hijos. En Francia, el permiso es de 12 días laborables por la muerte de un hijo, que se amplía a 14 si este es menor de 25 años. Trabajo ya recurrió al real decreto ley para sacar adelante la reforma laboral, la principal iniciativa impulsada por Yolanda Díaz desde su llegada al ministerio. Su convalidación parlamentaria en la pasada legislatura se logró por un margen mínimo, gracias al error en la votación de un diputado del Partido Popular.

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(El Confidencial, 04-02-2026) | Laboral

España entra en el club con salario mínimo más alto (1.519 euros al mes) en términos reales

El salario mínimo continúa creciendo y lo hace con fuerza en términos reales, es decir, teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los salarios, un criterio que permite establecer comparaciones entre países. Según los datos de Eurostat, España ya se sitúa -incluso antes de que entre en vigor en 2026 el incremento del 3,1%- entre los países cuyo salario mínimo, ajustado por paridad de poder de compra y libre del efecto de la inflación, supera los 1.500 euros mensuales. En concreto, el salario mínimo interprofesional alcanza los 1.519 euros al inicio del año, una cifra que solo es superada por Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica e Irlanda. A continuación se sitúan Francia y Polonia, este último el primer país del antiguo bloque del Este que entra en este grupo. La diferencia entre el salario mínimo más alto y el más bajo se mueve entre los 2.157 euros de Alemania y los 1.545 euros de Polonia. Por debajo se encuentra un conjunto de doce países cuyos salarios mínimos reales oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros mensuales. En el tramo inferior figuran Letonia y Estonia, ambos con un salario mínimo inferior a los 1.000 euros. Conviene recordar que, a 1 de enero de este año, 22 de los 27 países de la Unión Europea cuentan con un salario mínimo legal. El resto, entre ellos Italia, Austria o Suecia, no disponen de este instrumento. A partir de esta información se extrae una primera conclusión: la desigualdad salarial dentro de la UE sigue siendo muy elevada, aunque se reduce cuando la comparación se realiza en términos de paridad de poder de compra. Aun así, el salario mínimo más alto de la Unión -el alemán- es 4,4 veces superior al más bajo -el estonio- según esta metodología. En todos los casos, las cifras se expresan en términos brutos, es decir, antes de aplicar impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, que varían notablemente de un país a otro. En Dinamarca, por ejemplo, el sistema de protección social se financia fundamentalmente a través del IVA, por lo que los trabajadores no realizan aportaciones directas sobre su salario. Además, para facilitar la comparación, todas las cantidades se han homogeneizado a doce mensualidades, pese a que en países como España es habitual el pago en catorce. La utilización del poder de compra como referencia resulta clave para evitar distorsiones, ya que una comparación meramente nominal se ve afectada por la inflación y el coste de la vida. En el caso español, antes de la última subida acordada por UGT, CCOO y el Gobierno, el SMI en doce pagas se situaba en 1.424,5 euros mensuales, pero ajustado por poder adquisitivo asciende hasta los 1.519 euros, lo que explica su posición destacada en el ranking europeo. Eurostat publica los datos del salario mínimo en términos mensuales, aunque no todos los países lo abonan con esa periodicidad. Por ello, en aquellos donde se fija por horas -como Alemania, Francia, Irlanda o Países Bajos- la remuneración horaria se convierte en una equivalencia mensual. Otra forma de análisis consiste en comparar el salario mínimo con el salario medio o, de forma más precisa, con el salario mediano, que divide a los trabajadores en dos grupos iguales según sus ingresos. Desde esta perspectiva, la relación entre el salario mínimo y los ingresos brutos en Europa oscila entre el 44% en Estonia y el 69% en Portugal.

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(El Economista, 04-02-2026) | Laboral

Seguridad Social "depura" sus estadísticas y la volatilidad del empleo cae un 9,2% de golpe

La difusión de los datos de paro y afiliación correspondientes al primer mes del año ha estado condicionada por la introducción de un ajuste estadístico en la clasificación de las actividades económicas, cuyo objetivo es afinar el peso real del sector tecnológico dentro de la economía, aunque el cambio también ha tenido efectos sobre otros ámbitos y ramas productivas. No ha sido la única novedad: la Tesorería General de la Seguridad Social ha aplicado además una "depuración" en el cómputo de las altas y bajas de afiliación con el fin de reflejar de manera más precisa la evolución del mercado laboral. Esta revisión, sin embargo, ha tenido un impacto significativo en los indicadores de rotación del empleo, que se reducen un 9,2%. Tras la modificación metodológica, en enero de 2026 se contabilizaron 1,69 millones de altas y 1,78 millones de bajas en el Régimen General, los niveles más bajos de toda la serie histórica -excluyendo el periodo de la pandemia-. Este descenso se produce pese al crecimiento del empleo, que normalmente implica un mayor volumen de entradas y salidas, y a pesar de que estas cifras habían aumentado de forma progresiva desde la reforma laboral. A modo de comparación, en enero de 2025 se registraron 1,87 millones de altas y 2,04 millones de bajas al cierre del mes, lo que supone alrededor de 200.000 movimientos menos en cada categoría en solo un año. No obstante, esta comparación directa no resulta estadísticamente válida, ya que se desconoce cómo habrían sido los datos de 2025 aplicando la nueva metodología, por lo que es necesario recurrir a otros enfoques para evaluar el impacto real del cambio. En cualquier caso, los nuevos registros encajan mejor con la evolución de un mercado laboral en el que el contrato indefinido ordinario ha ganado protagonismo y en el que, tal y como reflejan las estadísticas paralelas del Ministerio de Trabajo, se necesitan menos contratos para generar empleo. Aun así, España continúa presentando el mayor nivel de volatilidad laboral de Europa -medido por el volumen de entradas y salidas del empleo- incluso tras esta revisión estadística. La razón del ajuste queda recogida en una nota metodológica de la Tesorería General de la Seguridad Social, que explica que el recuento tradicional de altas y bajas se veía alterado por modificaciones en las condiciones de la relación laboral, como cambios de jornada, así como por anulaciones, correcciones u otros movimientos administrativos que afectaban al estatus del trabajador. Hasta ahora, estos supuestos se contabilizaban como nuevas relaciones laborales que sustituían a las anteriores, generando "altas ficticias" y "bajas ficticias" que no respondían a una contratación real ni a la finalización de un contrato. Como consecuencia, las estadísticas de rotación laboral aparecían sobredimensionadas. La actualización del algoritmo empleado por la Tesorería permite ahora filtrar este tipo de movimientos y ofrecer una imagen más fiel de la realidad laboral, manteniendo una única relación contractual cuando se producen cambios internos y avanzando hacia resultados más consistentes y alineados con otras fuentes estadísticas que miden las altas y bajas por métodos alternativos. No obstante, el brusco corte en la serie de datos acumulados a final de mes -y el hecho de que la nueva metodología no se haya aplicado de forma retroactiva- dificulta la comparación histórica. Existe, sin embargo, una vía alternativa: los datos en términos de media diaria, que sí incorporan una serie reconstruida hasta enero de 2025 y permiten analizar con mayor claridad el efecto de la depuración. Al comparar las altas y bajas calculadas con ambos sistemas, se observa que la nueva contabilidad reduce estos movimientos en torno a un 9,2% de media anual, con oscilaciones que van del 7% al 11% según el mes, en buena medida por la estacionalidad que caracteriza a muchos empleos. El impacto tampoco es homogéneo por tipo de contrato: en el caso de los fijos discontinuos, la modalidad con mayor rotación, la volatilidad solo se reduce un 6,7%. A la espera de que la Seguridad Social revise las estadísticas y mejore la comparabilidad histórica -un proceso complejo que coincide además con la implantación del nuevo sistema de clasificación de actividades económicas, el CNAE 2025, que sustituye al vigente desde 2009-, los datos apuntan más a una limpieza estadística que a una reducción sustancial de uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral español: la elevada volatilidad del empleo. De hecho, aunque los niveles absolutos sean ahora algo más bajos, la tendencia al alza de la rotación se mantiene, lo que sugiere un mercado laboral más dinámico, pero todavía muy condicionado por el peso de las actividades estacionales y temporales, aunque estas se articulen cada vez más mediante contratos indefinidos. Una de las cuestiones clave pendientes es cómo afectará esta depuración a las estadísticas que explican las causas de las bajas de afiliación. La publicación de estos datos se ha interrumpido justo cuando estaban a punto de difundirse las cifras correspondientes al cierre de 2025, que apuntaban a un máximo histórico -desde que existe la serie en 2012- en dimisiones y despidos, un récord que podría verse atenuado con la aplicación de la nueva metodología.

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(Cinco Días, 04-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las letras resisten en el 2% y refuerzan su papel como refugio para el ahorro

Pese a la profunda transformación que viven los mercados financieros, España continúa beneficiándose de un contexto especialmente favorable. Mientras el Ibex 35 encadena máximos históricos, el Tesoro Público avanza con normalidad en su calendario de financiación. El organismo encabezado por Paula Conthe ha abierto el mes de febrero con su habitual subasta de letras a seis y doce meses. En un momento en el que la política monetaria vuelve a acaparar la atención de los inversores, el Tesoro ha colocado un total de 6.134,4 millones de euros. La expectativa de que el Banco Central Europeo mantenga sin cambios los tipos de interés contribuye a mantener contenidas las rentabilidades. Con ligeros ajustes a la baja, el interés de la deuda a corto plazo se mantiene en torno al 2%. La demanda conjunta de ambas emisiones ha alcanzado los 9.316,8 millones de euros, un volumen elevado, aunque por debajo del doble de lo finalmente adjudicado. La mayor parte de la colocación correspondió a las letras a doce meses, con 4.324,72 millones adjudicados. Su rentabilidad desciende ligeramente, aunque logra mantenerse en el entorno del 2%. En un escenario marcado por la volatilidad generalizada -que incluso afecta a activos tradicionalmente considerados refugio, como el oro-, los inversores buscan opciones que ofrezcan rentabilidad con un nivel de riesgo moderado. Con los tipos lejos de sus niveles máximos y sin problemas de liquidez en el sistema bancario, los depósitos han perdido atractivo. Aunque las letras del Tesoro ya no superan la inflación, continúan siendo para muchos pequeños ahorradores una de las alternativas más seguras para obtener un retorno adicional. Superada la cuesta de enero, el interés del inversor minorista vuelve a intensificarse: las peticiones no competitivas, asociadas mayoritariamente a este perfil, ascendieron a 1.184,7 millones de euros. En el caso de las letras a seis meses, el Tesoro adjudicó 1.809,6 millones. La rentabilidad marginal también se redujo ligeramente, situándose cerca del 2%, mientras que la demanda minorista fue algo menor, con 611,8 millones. La próxima subasta del Tesoro tendrá lugar el jueves, apenas unas horas antes de que el BCE comunique su decisión sobre los tipos de interés tras la reunión de su consejo de gobierno. Con una inflación que cerró diciembre en el 2% y una economía que sigue mostrando un crecimiento sólido, el consenso del mercado da por hecho que la autoridad monetaria mantendrá los tipos inalterados por quinta vez consecutiva. Frente a las tensiones políticas que en Estados Unidos ponen en cuestión la independencia de la Reserva Federal, en la zona euro la estabilidad monetaria y la mejora del entorno macroeconómico están atrayendo capital. Este clima no solo beneficia a las grandes economías del bloque, como Alemania, sino que también impulsa el interés por los países periféricos, donde confluyen crecimiento, rentabilidades todavía atractivas y un menor nivel de incertidumbre política. En este contexto, España destaca de forma clara. La confianza de los inversores se ha reflejado tanto en el mercado primario -con una demanda histórica de 144.900 millones de euros en la emisión sindicada de enero- como en el secundario. La prima de riesgo, medida como el diferencial entre la rentabilidad de la deuda española y la alemana, continúa reduciéndose y se sitúa ya en torno a los 36 puntos básicos.

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(Cinco Días, 04-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España pide información al sector sobre el uso de la inteligencia artificial

El Banco de España ha puesto su atención en los primeros pasos que está dando el sector financiero en la incorporación de la inteligencia artificial. El supervisor ha pedido a las principales entidades que operan en el país información sobre sus planes y sobre el uso que ya están haciendo de esta tecnología, según fuentes del sector. La finalidad es garantizar que la IA no asuma funciones críticas de forma autónoma, ni tome decisiones relevantes sobre riesgos, concesión de crédito u otros procesos clave sin un control humano adecuado. Este interés no es exclusivo de la banca. La inteligencia artificial está transformando el funcionamiento interno de las grandes compañías y, para muchos directivos, supone un cambio equiparable al que en su día trajo internet. En el caso de los bancos, se analiza su potencial para recortar costes, ganar eficiencia y reforzar la rentabilidad del sector tras varios ejercicios de resultados elevados. Las grandes entidades ya han comenzado a actuar. Bankinter ha puesto en marcha un plan específico para acelerar la implantación de la IA, que dependerá directamente de su consejera delegada, Gloria Ortiz. BBVA ha sellado un acuerdo con OpenAI, mientras que CaixaBank ha creado una oficina dedicada a la inteligencia artificial. Santander, que también ha alcanzado un acuerdo con OpenAI, ha constituido una división de gran tamaño para abordar este ámbito, que se espera tenga un papel destacado en el próximo plan estratégico que presentará el grupo a finales de mes. La singularidad del sector financiero radica en su alto nivel de regulación y en la vigilancia constante de los supervisores. El posible impacto de la IA y los riesgos asociados a su uso han activado las alertas tanto en Fráncfort, sede del Banco Central Europeo, como en Madrid. De hecho, el BCE ya incluye la inteligencia artificial entre sus prioridades supervisoras para los próximos años, en coordinación con la Autoridad Bancaria Europea y los supervisores nacionales. Por ahora, son los supervisores de cada país quienes están liderando el diálogo con las entidades financieras sobre esta materia. Así lo recoge el anteproyecto de ley sobre el uso responsable y la gobernanza de la inteligencia artificial, todavía en fase de consulta pública, que designa al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como autoridades de vigilancia del mercado. Desde el sector bancario se señala que el papel de la IA, tanto para las entidades como para los supervisores, se encuentra en una fase muy inicial. No obstante, el interés del organismo que preside José Luis Escrivá se centra en comprender cómo y con qué fines quieren emplearla los bancos. En especial, se busca asegurar que estos sistemas no funcionen sin supervisión humana, que sus decisiones sean transparentes y comprensibles, y que no se utilicen en áreas especialmente sensibles como la gestión de riesgos, la concesión de crédito o la prevención del fraude. También preocupa el posible sesgo de estos modelos y el riesgo de que puedan discriminar a determinados colectivos, por ejemplo por razones de sexo o raza. En su memoria de supervisión de 2024, el Banco de España ya anticipaba que sería designado como autoridad de vigilancia del mercado en materia de inteligencia artificial y que estaba preparando su estructura interna para asumir estas funciones. En este sentido, cuenta con un equipo transversal dedicado al seguimiento de esta tecnología en el ámbito bancario y en contacto permanente con las entidades. Según recoge ese documento, esta labor de supervisión incluirá tareas como el control del cumplimiento de la normativa, la evaluación de la conformidad de los modelos de IA, la cooperación con otros supervisores europeos para garantizar una aplicación coherente de las reglas, el seguimiento de incidentes y el impulso de la innovación dentro de un marco regulado.

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(Expansión, 04-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE soportará las dudas y un euro fuerte sin bajar tipos

Mañana tendrá lugar en Fráncfort una nueva cita de política monetaria y todo apunta a que los tipos de interés permanecerán sin cambios. Esta situación se ha vuelto casi habitual, ya que la última modificación del precio del dinero se produjo en junio del año pasado, cuando el Banco Central Europeo (BCE) redujo sus tipos hasta el 2% en un contexto marcado por la escalada de la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump. Desde entonces, el Consejo de Gobierno ha celebrado cuatro reuniones consecutivas en las que, independientemente de la evolución de los indicadores macroeconómicos, ha defendido que la institución se encontraba en una posición sólida para afrontar las incertidumbres y cumplir con su mandato de estabilidad de precios. No obstante, en las últimas semanas han vuelto a aflorar las dudas. Estas inquietudes resurgieron a comienzos de año ante el aumento de los riesgos geopolíticos, motivados por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y por el choque entre Trump y la Unión Europea en torno a Groenlandia. Para los responsables de política monetaria, estos episodios evidencian que, pese a los acuerdos existentes, los conflictos pueden reactivarse de forma repentina. Por ello, la vigilancia sobre un posible deterioro de las perspectivas de crecimiento y su impacto en la inflación resulta esencial, y la capacidad de reacción debe mantenerse intacta. "Las amenazas arancelarias no son nuevas; ya hemos pasado por esto. Más allá de su efecto directo, lo realmente relevante es el retorno de la incertidumbre", señaló recientemente la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Aunque finalmente la amenaza de nuevos aranceles de Trump a la UE no se materializó, los motivos de preocupación para los banqueros centrales siguen multiplicándose. A la tensión geopolítica se sumó, pocos días después, una acusada depreciación del dólar frente al euro, asociada a una pérdida de confianza en la economía estadounidense, que llevó el tipo de cambio hasta los 1,2 dólares por euro, si bien posteriormente se ha moderado hasta el entorno de 1,18. Si bien el BCE no persigue un nivel concreto del tipo de cambio, sí evalúa sus efectos sobre las expectativas de inflación. Una apreciación intensa del euro causada por factores externos -y no por una mejora de la economía europea- puede resultar problemática, al restar competitividad a las exportaciones y abaratar las importaciones, lo que tiende a frenar el avance de los precios. Este escenario adquiere especial relevancia en un contexto de previsiones de inflación muy ajustadas: un 1,9% en 2026, un 1,8% en 2027 y un 2% en 2028. Cualquier revisión a la baja situaría la inflación por debajo del objetivo durante todo el horizonte temporal, comprometiendo la estabilidad de precios. "Estamos observando con atención la apreciación del euro y sus posibles efectos desinflacionarios", afirmó el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, quien subrayó que este factor será determinante para orientar la política monetaria en los próximos meses. Pese a todo, el Consejo de Gobierno ha optado por mantener la calma y no intervenir por ahora. La mayoría de sus miembros considera que actuar en este momento sería precipitado, ya que la política monetaria necesita conservar margen de maniobra para estimular la economía si la situación se deteriora, y cada decisión tomada ahora reduce el espacio de actuación futura. "No se trata de reaccionar de forma exagerada ante cada variación de los datos. Lo fundamental es identificar las tendencias y las fuerzas estructurales que configuran la economía", explicó Gediminas Simkus, gobernador del Banco de Lituania, quien admite, no obstante, que el tipo de cambio podría acabar inclinando la balanza hacia una subida o una bajada de los tipos. Mientras tanto, los mercados financieros ya han ajustado sus expectativas. Los futuros sobre los tipos de interés en la zona euro descuentan ahora un nuevo recorte a lo largo de este año, un giro significativo respecto a hace apenas unos meses, cuando se anticipaba una subida de 25 puntos básicos entre marzo y junio. "Si el euro continúa apreciándose, podría surgir en algún momento la necesidad de responder desde la política monetaria", reconoció la semana pasada Martin Kocher, gobernador del Banco de Austria. Su declaración resulta especialmente relevante, dado que se le considera uno de los miembros más restrictivos del BCE y habitualmente contrario a una orientación monetaria más flexible.

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