(Cinco Días, 18-11-2026) | Fiscal

El Gobierno elimina las retenciones del IRPF al salario mínimo para que la subida llegue íntegra desde enero

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno incorpora un cambio en su tratamiento fiscal para evitar que los trabajadores tengan que esperar a la declaración de la renta del ejercicio siguiente para recuperar las cantidades retenidas en sus nóminas. Además del incremento salarial y de la nueva deducción en el IRPF para garantizar que sus perceptores no tributen, el Ejecutivo modificará el reglamento del impuesto para suprimir directamente las retenciones mensuales. De esta forma, quienes cobren el nuevo salario mínimo recibirán íntegramente el aumento desde enero de 2027. Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Arcadi España, tras el Consejo de Ministros que ha aprobado estas medidas y la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y entidades locales. El ministro ha explicado que la modificación reglamentaria garantizará que los perceptores del SMI no soporten retenciones en sus nóminas desde el comienzo del próximo año. Según las estimaciones de Hacienda, el ajuste fiscal beneficiará a 2,7 millones de contribuyentes y tendrá un coste de 1.200 millones de euros anuales. Hasta ahora, el mecanismo diseñado por el Gobierno permitía compensar mediante una deducción en la declaración de la renta las cantidades que los trabajadores habían adelantado a Hacienda a través de las retenciones mensuales. Aunque finalmente estos contribuyentes no tuvieran que pagar el impuesto, debían esperar a la campaña del IRPF del año siguiente para recuperar el dinero descontado de sus salarios. La nueva regulación elimina este desfase y permite aplicar el beneficio fiscal directamente en la nómina. Para ello, Hacienda elevará hasta 1.033,58 euros la deducción correspondiente a los trabajadores que perciban los 18.004 euros anuales del nuevo SMI. Con esta cuantía, la cuota del IRPF quedará reducida a cero para quienes tengan unos ingresos equivalentes al salario mínimo. La medida también alcanzará a los trabajadores con retribuciones ligeramente superiores, con el propósito de evitar el denominado error de salto, que se produce cuando un pequeño aumento salarial genera un incremento desproporcionado de la carga tributaria. La deducción se irá reduciendo de forma gradual a partir del nuevo SMI hasta desaparecer para los contribuyentes cuyos rendimientos del trabajo alcancen los 23.172 euros anuales. La decisión modifica el sistema aplicado durante los últimos ejercicios. Hasta ahora, los trabajadores que cobraban el salario mínimo y no podían beneficiarse de determinadas reducciones por circunstancias familiares, principalmente las personas solteras sin hijos, soportaban retenciones mensuales que posteriormente recuperaban mediante la deducción en la declaración de la renta. Con el nuevo procedimiento, la adaptación fiscal tendrá efecto directamente en las nóminas, evitando que estos empleados tengan que anticipar parte de sus ingresos a la Agencia Tributaria. El real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros incluye también la actualización de las entregas a cuenta correspondientes a 2027, es decir, los anticipos que reciben las comunidades autónomas y las entidades locales con cargo a los recursos del sistema de financiación, que posteriormente se regularizan en función de la recaudación efectiva. Entre la liquidación del sistema y los pagos anticipados, las comunidades autónomas dispondrán de 185.593 millones de euros, un 9,1% más que en 2026. El ministro ha destacado que estos recursos permiten financiar servicios públicos esenciales, como la atención a la dependencia, la educación y la sanidad, y ha defendido que su incremento contribuye a garantizar la sostenibilidad financiera del Estado del bienestar. Por su parte, las entidades locales recibirán 33.773 millones de euros durante el próximo ejercicio, lo que representa un aumento del 11,5% respecto al año anterior. Hacienda atribuye el crecimiento de estos recursos a la evolución favorable de la economía española y del mercado laboral, que está impulsando los ingresos tributarios.

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(Expansión, 18-11-2026) | Fiscal

El Consejo Europeo acuerda eliminar el límite de 150 euros en la ventanilla única fiscal

El Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para modificar el sistema de tributación de las ventas por internet de productos procedentes de países extracomunitarios. La reforma pretende reforzar el control sobre la recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), combatir el fraude fiscal en las operaciones transfronterizas y reducir los trámites administrativos para las empresas y las autoridades aduaneras. El acuerdo introduce cambios importantes en el funcionamiento del sistema aduanero europeo. El ministro de Finanzas de Irlanda, Simon Harris, que ha dirigido las negociaciones, ha destacado que las nuevas medidas completan una profunda revisión del modelo actual. A su juicio, permitirán simplificar los procedimientos para los proveedores y las aduanas, al tiempo que mejorarán la recaudación de los ingresos públicos. Una de las principales novedades afecta a la Ventanilla Única de Importación (IOSS, por sus siglas en inglés), el mecanismo que permite a los operadores de terceros países declarar el IVA de sus ventas a consumidores de la UE mediante un único registro en un Estado miembro. Hasta ahora, este sistema estaba limitado a los envíos cuyo valor no superaba los 150 euros. Con la nueva regulación desaparece ese umbral y el IOSS podrá utilizarse para las mercancías con independencia de su valor. De esta manera, las empresas podrán gestionar las operaciones de mayor importe mediante un procedimiento común, con menos obligaciones burocráticas y mayores facilidades para los controles aduaneros. El alcance de la reforma también se extiende a las ventas de productos que se encuentren almacenados en depósitos aduaneros dentro de la Unión Europea antes de su distribución al consumidor final. Se trata de una práctica habitual entre las grandes plataformas digitales, que mantienen existencias de mercancías en territorio comunitario para agilizar las entregas. El cambio más relevante para los consumidores llegará el 1 de julio de 2028, fecha prevista para la entrada en funcionamiento del nuevo Centro de Datos Aduaneros de la UE. A partir de entonces, las plataformas de comercio electrónico establecidas fuera de la Unión tendrán la consideración de «proveedores presuntos» en las ventas de mercancías destinadas a compradores europeos. Esta figura jurídica hará que las propias plataformas asuman la responsabilidad de recaudar el IVA y los derechos arancelarios correspondientes a las operaciones y de ingresar las cantidades en las arcas públicas. De este modo, dejarán de limitarse a actuar como intermediarias y pasarán a asumir directamente las obligaciones tributarias vinculadas a las ventas. Para los consumidores, el nuevo modelo pretende aportar mayor transparencia en los precios y evitar los recargos que pueden aparecer cuando reciben sus pedidos. El importe que se muestre durante el proceso de compra deberá contemplar los impuestos aplicables, de manera que no se produzcan cargos adicionales inesperados en el momento de la entrega. El acuerdo será trasladado ahora al Parlamento Europeo para su consulta, antes de que el Consejo complete el procedimiento de adopción formal. La reforma busca reforzar los mecanismos de control sobre las importaciones, reducir la evasión fiscal y mejorar la supervisión de los productos que acceden al mercado comunitario.

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(Expansión, 18-11-2026) | Fiscal

España cerró 2025 como uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los que más aumentó la presión fiscal

La presión fiscal en España aumentó nueve décimas en 2025, hasta situarse en el 38,1% del PIB, frente al 37,2% registrado el año anterior. Según los últimos datos de Eurostat, publicados el 29 de octubre de 2026, este incremento coloca a España entre los países de la Unión Europea donde más creció el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales netas sobre la economía. Solo Alemania, con una subida de 1,1 puntos, registró un avance superior, mientras que Francia igualó el incremento español en términos redondeados. La evolución española se enmarca en una tendencia al alza en buena parte de Europa. La presión fiscal aumentó en 19 Estados miembros de la UE y también en Suiza. Eurostat atribuye este comportamiento a que los ingresos tributarios y las cotizaciones sociales crecieron a mayor velocidad que el PIB nominal. En el conjunto de la Unión, la recaudación alcanzó los 7,686 billones de euros, un 5,5% más que en 2024, lo que supone 401.000 millones adicionales y representa el 87,9% del total de los ingresos públicos. Desde 1995, únicamente se habían registrado descensos en 2009, durante la crisis financiera, y en 2020, como consecuencia de la pandemia. Pese al notable incremento, España continúa por debajo de los promedios europeos. En la UE, la presión fiscal pasó del 40,2% al 40,7% del PIB, medio punto más que en 2024. En la eurozona, el aumento fue de seis décimas, hasta alcanzar el 41,3%, después de que los ingresos tributarios sumaran 327.000 millones de euros adicionales y llegaran a los 6,558 billones. Las diferencias entre países siguen siendo considerables. Francia encabezó la clasificación comunitaria, con una presión fiscal del 46% del PIB, seguida de Bélgica (44,7%), Dinamarca (44,3%) y Austria (43,9%). También superaron el 42% Italia (43%), Finlandia (42,5%) y Luxemburgo (42,2%). En el extremo contrario se situaron Irlanda, con el 22,7%, Rumanía (29,3%), Malta (30,3%) y Bulgaria (30,6%). Suiza, por su parte, registró una ratio del 27,1%. Aunque todos los países europeos incrementaron sus ingresos tributarios en términos absolutos, los mayores avances correspondieron a Rumanía (10,5%), Bulgaria (10,4%) y Malta (9,4%). Sin embargo, ocho países redujeron su presión fiscal en relación con el PIB. Los descensos más destacados se produjeron en Suecia, cuya ratio bajó del 41,8% al 41,2%; Letonia, del 34,9% al 34,2%, y Bélgica, del 45,2% al 44,7%. Los datos de Eurostat también permiten comparar la composición de los ingresos tributarios. En los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los que destaca el IVA, España mantiene un peso relativamente reducido. Esta categoría representó el 11,5% del PIB español, una de las ratios más bajas de la UE, en la que el promedio se situó en el 12,9%. Luxemburgo y Países Bajos registraron el mismo porcentaje que España, mientras que únicamente Irlanda (6,3%), Malta (9,9%), Alemania (10,3%), Chequia (10,9%) y Rumanía (11,2%) presentaron valores inferiores. En el lado opuesto destacó Suecia, con un 20,8%. En cuanto a los impuestos sobre el capital, la recaudación española equivalió al 0,4% del PIB, el mismo porcentaje que Países Bajos y Finlandia. La media comunitaria fue del 0,3%, mientras que Francia y Bélgica alcanzaron el 0,7%. Otra de las particularidades del sistema tributario español es el reparto de los ingresos entre las distintas administraciones. España figura, junto con Alemania, Bélgica y Austria, entre los cuatro países de la UE que cuentan con un subsector regional con capacidad recaudatoria propia. En 2025, las comunidades autónomas concentraron el 16,6% de los ingresos tributarios nacionales, una proporción únicamente superada por los estados federados alemanes, que reunieron el 24,2%. Las regiones belgas representaron el 13,1% y los estados federados austriacos, el 2%. Por su parte, la Administración central española gestionó el 42,7% de la recaudación, la tercera proporción más baja de la UE, por detrás de Alemania (26,4%) y Francia (33,3%). Esta participación se situó por debajo de la media comunitaria, del 46,3%. El resto de los ingresos se distribuyó entre los fondos de la Seguridad Social, con el 35,9%; los gobiernos locales, con el 9,6%; las administraciones regionales, con el 7,8%, y las instituciones europeas, con el 0,4%. En el conjunto de la UE, los resultados de 2025 confirman la recuperación de la presión fiscal iniciada en 2024, después de los retrocesos registrados en 2022 y 2023, en un contexto marcado por la inflación energética y la aplicación de medidas fiscales temporales. El principal impulso procedió de las cotizaciones sociales netas, cuyo peso pasó del 13,9% al 14,3% del PIB. También aumentó ligeramente la recaudación por impuestos sobre la renta y el patrimonio, hasta el 13,2%, mientras que la tributación indirecta permaneció estable. A pesar de esta recuperación, la presión fiscal europea todavía se encuentra cinco décimas por debajo del máximo del 41,2% alcanzado en 2021. Con este resultado, España redujo parcialmente la distancia respecto a la media comunitaria, después de registrar uno de los mayores incrementos de la UE, a la espera de conocer los datos correspondientes a 2026.

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(El País, 18-11-2026) | Fiscal

La Comisión Europea estima que el PIB español crecerá un 2,6% este año, dos décimas más de lo que dijo en primavera, mientras eleva la media anual del IPC al 3,9%

La economía europea está soportando mejor de lo previsto las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, tal y como refleja la revisión al alza de las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea. Bruselas calcula que el PIB de la eurozona aumentará un 1,2% en 2026, tres décimas más de lo estimado en primavera, mientras que mantiene en el 1,2% su pronóstico para 2027. En España, las perspectivas también mejoran dos décimas para ambos ejercicios, hasta situar el crecimiento en el 2,6% este año y el 2,1% el próximo, en línea con las estimaciones del Gobierno para 2026. Pese a esta revisión favorable, el avance económico de la zona euro continúa siendo limitado, en consonancia con el escenario de crecimiento mediocre que ya advirtió el FMI en octubre. La Comisión considera que el riesgo de una interrupción prolongada del suministro energético mundial se ha materializado en buena medida, aunque sus efectos sobre la actividad económica se mantienen, por ahora, dentro de unos límites asumibles. La economía ha evolucionado mejor de lo esperado y se prevé que conserve cierto dinamismo, pese a que la inflación sigue elevada y podría prolongarse más de lo inicialmente previsto. Entre los factores que explican esta resistencia destaca el fuerte aumento de las inversiones en inteligencia artificial en Estados Unidos y el sureste asiático, cuyo impacto positivo se está trasladando parcialmente a Europa. Este impulso llega principalmente a través de la demanda de componentes y suministros necesarios para desarrollar los centros de datos. Aunque la inversión dentro de la UE continúa siendo débil, las empresas europeas se están beneficiando del aumento de las exportaciones de equipos energéticos, sistemas de refrigeración y productos relacionados con la fabricación de semiconductores. De este modo, la demanda exterior está compensando parcialmente el encarecimiento de la energía y unas condiciones de financiación más restrictivas. No obstante, Europa participa fundamentalmente como proveedora de componentes de esta cadena de valor, en lugar de ocupar una posición destacada en la fabricación de los equipos informáticos finales. La fortaleza del mercado laboral constituye otro elemento que está contribuyendo a amortiguar las consecuencias económicas del conflicto. La Comisión prevé que durante este año se creen alrededor de 800.000 puestos de trabajo adicionales en el conjunto de la Unión Europea. Sin embargo, advierte de que persisten importantes riesgos, especialmente los derivados de las guerras en Ucrania y Oriente Próximo y de sus posibles repercusiones sobre los mercados energéticos y financieros. El comportamiento de los precios representa, en cambio, uno de los principales motivos de preocupación. La guerra en Irán continúa y la incertidumbre sobre su evolución sigue condicionando los mercados. Además, el estrecho de Ormuz todavía no ha recuperado la normalidad, por lo que las alteraciones en el suministro de petróleo y gas siguen presionando los precios. En este contexto, Bruselas sitúa la inflación media de la eurozona en el 3,2% para 2026, mientras que para España eleva la previsión hasta el 3,9%. Esta última estimación supone un notable empeoramiento respecto a la calculada seis meses antes, cuando se esperaba una tasa nueve décimas inferior. La persistencia de las tensiones inflacionistas también está favoreciendo un endurecimiento de las condiciones monetarias. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Boris Vujcic, apuntó este lunes que es probable que los bancos centrales mantengan esta orientación. Un escenario que encarecería la financiación y dificultaría tanto el endeudamiento de los hogares para adquirir bienes de elevado valor, como viviendas y automóviles, como las decisiones de inversión de las empresas. A estas dificultades se sumará la finalización del fondo europeo de recuperación, prevista para este año. Su desaparición reducirá el respaldo financiero a las inversiones públicas, especialmente en países del sur de Europa como España, Italia y Grecia. En el caso español, la Comisión espera que el PIB mantenga un comportamiento sólido en 2026, pero que pierda progresivamente intensidad durante 2027 y 2028. Esta desaceleración estaría relacionada tanto con la moderación en la creación de empleo como con la retirada gradual del impulso económico procedente de los fondos europeos.

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(El Economista, 18-11-2026) | Fiscal

Hacienda permite exenciones en el IRPF por transformar pisos turísticos y locales en viviendas

La compra de un inmueble inscrito como apartamento turístico no impide beneficiarse de la exención por reinversión en vivienda habitual en el IRPF. Así lo establece la Dirección General de Tributos (DGT), que considera que la clasificación registral o catastral de una propiedad no determina por sí misma su naturaleza a efectos fiscales. Lo decisivo es que el contribuyente la utilice efectivamente como residencia habitual, de forma real y continuada. El criterio de Tributos responde a la consulta planteada por una contribuyente que vendió su vivienda habitual y destinó el importe obtenido a adquirir un inmueble catalogado como turístico. La normativa del IRPF contempla la exención de las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de la residencia habitual cuando el importe se reinvierte en la adquisición de otra vivienda habitual dentro del plazo de dos años. La duda residía en si la calificación administrativa o registral del nuevo inmueble podía impedir la aplicación de este beneficio fiscal. En su contestación, la DGT señala que debe prevalecer el uso efectivo del inmueble frente a su denominación formal. A estos efectos, el concepto fiscal de vivienda habitual puede comprender distintas clases de edificaciones, incluso cuando no se ajusten a la normativa urbanística sobre uso residencial o aparezcan inscritas en el Registro de la Propiedad con una finalidad comercial, como la de ocio y hostelería. Sin embargo, la aplicación de la exención está condicionada al cumplimiento de determinados requisitos. El inmueble debe reunir las condiciones necesarias para ser habitado o poder adaptarse inmediatamente a ese uso. Además, deben respetarse las exigencias establecidas en el Reglamento del IRPF: ocupar la vivienda en un plazo máximo de doce meses desde su adquisición y mantener en ella la residencia durante al menos tres años. Este último requisito admite excepciones cuando concurren circunstancias que obligan al contribuyente a cambiar de domicilio, como un traslado laboral o una separación matrimonial. Por último, la Dirección General de Tributos recuerda que corresponde al contribuyente acreditar que el inmueble constituye realmente su vivienda habitual y que se cumplen las condiciones exigidas para aplicar la exención. Por tanto, la inscripción como apartamento turístico no supone un impedimento automático, pero tampoco garantiza por sí sola el derecho al beneficio fiscal.

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(El Economista, 18-11-2026) | Fiscal

Abrir una cuenta a un hijo al nacer puede ser una donación si el origen de los fondos es de los padres

Hacienda considera que ingresar dinero en una cuenta bancaria abierta a nombre de un hijo desde su nacimiento puede constituir una donación si se acredita que los fondos proceden de los padres. La Dirección General de Tributos (DGT) aclara que la titularidad compartida de una cuenta no determina por sí misma quién es el propietario del dinero, por lo que resulta necesario identificar el origen de las cantidades depositadas. Este criterio figura en una consulta resuelta el pasado 15 de septiembre, a raíz de la pregunta planteada por una mujer adulta que compartía la titularidad de una cuenta bancaria con sus dos progenitores. Sus padres habían abierto la cuenta cuando nació y, según explicó, en ella se habían acumulado todos sus ahorros. La contribuyente pretendía abrir una nueva cuenta corriente a su exclusivo nombre y trasladar a ella un tercio del saldo disponible. Los otros dos tercios los repartiría entre sus padres, transfiriendo a cada uno una tercera parte del dinero. Su duda era si el traspaso de esa cantidad a una cuenta de su titularidad podía considerarse una donación sujeta a tributación. La DGT señala que la distribución del saldo entre los titulares no supone necesariamente una transmisión gratuita. Para determinar si existe una donación debe analizarse quién es el verdadero propietario de los fondos, atendiendo a su procedencia y a las aportaciones realizadas por cada uno de los titulares. Así, si el dinero que la mujer pretende transferir procede de sus propios ahorros o de ingresos generados por ella, la operación no constituye una donación. En cambio, si las cantidades fueron aportadas por sus padres, el traslado a una cuenta de su exclusiva titularidad sí puede considerarse una transmisión lucrativa y quedar sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Tributos recuerda que la titularidad de una cuenta bancaria no implica necesariamente la propiedad del dinero depositado. La existencia de un condominio sobre los fondos debe establecerse a partir de las relaciones internas entre los titulares y, especialmente, de quién aportó originalmente las cantidades ingresadas. Por tanto, la contribuyente deberá acreditar ante la Agencia Tributaria que el dinero que se transfiere a su nueva cuenta le pertenece realmente y que procede de sus propias aportaciones o ahorros. Si no puede demostrarlo y los fondos tienen su origen en el patrimonio de sus padres, el importe recibido deberá tributar por el Impuesto sobre Donaciones.

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(El País, 18-11-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba subir el salario mínimo un 5,3% y el sueldo de los funcionarios un 4,5%

A doce días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno ha concentrado en un mismo Consejo de Ministros la aprobación de varias medidas económicas y laborales. Entre ellas figuran el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, que subirá un 5,3% hasta alcanzar los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, y la actualización de las retribuciones de los empleados públicos, que crecerán un 4,5% el próximo año, con otro medio punto adicional durante el primer trimestre, de acuerdo con el pacto plurianual alcanzado anteriormente. La subida del SMI no necesita convalidación parlamentaria, pero sí deberán someterse a la Diputación Permanente el incremento salarial de los funcionarios y otras dos iniciativas aprobadas por el Ejecutivo: la modificación del IRPF para evitar que los perceptores del salario mínimo tengan que tributar y un decreto ley destinado a reforzar la transparencia retributiva en las empresas y endurecer las sanciones por incumplimiento. El incremento del salario mínimo supera la inflación interanual registrada en octubre, que fue del 4,9%, aunque se queda por debajo del 7% reclamado por las organizaciones sindicales. La rapidez con la que se ha tramitado la medida, la celebración de una única reunión con los agentes sociales y su coincidencia con el contexto de la huelga general por la vivienda han impedido que CC OO y UGT respalden formalmente esta nueva subida. Se trata de la primera ocasión en que ambas centrales sindicales no apoyan un aumento del SMI desde que Yolanda Díaz asumió el Ministerio de Trabajo. En un comunicado conjunto difundido este martes, UGT y CC OO reconocen el importante avance experimentado por el salario mínimo en los últimos años, pero reclaman al Gobierno que cumpla los compromisos adquiridos con los sindicatos en relación con el registro horario y la compensación y absorción de las subidas del SMI. Según fuentes del Ejecutivo, la segunda iniciativa no saldrá adelante durante lo que resta de legislatura, mientras que Trabajo mantiene su apuesta por sacar adelante la primera. El lunes, Díaz volvió a criticar al PSOE por no impulsar la regulación del control horario. La patronal tampoco ha respaldado este incremento ni la mayoría de las subidas anteriores. De hecho, únicamente apoyó la primera de las promovidas por Díaz. En esta ocasión, CEOE y Cepyme cuestionan que el aumento se apruebe antes de las elecciones y sin esperar a conocer su resultado. En ejercicios anteriores, las actualizaciones del salario mínimo solían aprobarse en torno al mes de febrero y con efectos retroactivos. Trabajo justifica el adelanto por su intención de evitar que la medida quede pendiente de un Gobierno en funciones. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha reprochado al Ejecutivo que celebre «dos consejos de ministros a la semana para hacer campaña electoral». La nueva cuantía supone un aumento de 65 euros mensuales, hasta los 1.286 euros. Desde 2018, año en que Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras la moción de censura, el SMI ha aumentado un 74%, pasando de 736 euros brutos al mes en 14 pagas. Durante el mismo periodo, los precios han subido alrededor de un 28%, lo que representa una mejora del poder adquisitivo del salario mínimo superior a 40 puntos porcentuales. Este suelo salarial tiene una incidencia especialmente elevada entre las mujeres, los jóvenes y la población inmigrante, así como en actividades como la agricultura, el trabajo doméstico y la hostelería. Las estimaciones oficiales sitúan en unos 2,5 millones el número de personas que perciben el SMI. Tras el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz ha defendido que los incrementos continuados del salario mínimo constituyen un éxito y han demostrado que no se han cumplido los pronósticos económicos que advertían de un posible deterioro de la economía española. El Gobierno también ha adelantado la aprobación del incremento salarial de los empleados públicos, que habitualmente se concretaba más adelante en el año. El Ejecutivo justifica esta decisión por la necesidad de evitar que la actualización de las nóminas quede en manos de un futuro Gobierno en funciones. Aunque el aumento coincide con la campaña electoral, su cuantía ya estaba recogida en el acuerdo plurianual firmado hace un año. El incremento inicial será del 4,5% y, según ha anunciado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, beneficiará a más de tres millones de empleados públicos. El ministro ha destacado que se trata de la mayor subida salarial desde 1992 y ha avanzado que el aumento efectivo será superior. A ese porcentaje se añadirá otro 0,5% correspondiente a 2026, condicionado a que la inflación interanual de ese ejercicio supere el 1,5%. Este compromiso forma parte del acuerdo suscrito con los sindicatos para elevar las retribuciones de los empleados públicos más de un 11% entre 2025 y 2028. La evolución definitiva del IPC se conocerá durante el primer trimestre del próximo año y, dado que se espera que supere ampliamente el umbral establecido, el incremento acumulado alcanzará previsiblemente el 5%. No obstante, desde el 1 de enero se aplicará inicialmente la subida del 4,5%. Función Pública calcula que el aumento supondrá 1.440 euros brutos adicionales al año para un administrativo, más de 1.900 euros para un policía nacional, más de 2.700 euros para un maestro, unos 3.700 euros para un médico y más de 4.000 euros para un juez. Por último, el Ejecutivo ha aprobado un decreto ley impulsado por el Ministerio de Trabajo que refuerza las obligaciones empresariales de información sobre las condiciones contractuales y salariales y aumenta las sanciones para las compañías que no faciliten los datos exigidos. Yolanda Díaz ha asegurado que con esta regulación se pone fin al secreto salarial en España. La iniciativa pretende avanzar en la aplicación de la directiva europea sobre igualdad retributiva, cuyo plazo de transposición finalizó el pasado 7 de junio, y amplía el derecho de los trabajadores a conocer las remuneraciones medias correspondientes a puestos de trabajo equivalentes, además de reforzar la información contenida en los registros salariales. La reforma incorpora también nuevas garantías para quienes realizan horas complementarias, es decir, las que se añaden a las pactadas en los contratos a tiempo parcial. Las empresas deberán comunicar su realización con al menos tres días de antelación. Si no respetan este plazo, el trabajador podrá rechazar las tareas asignadas sin sufrir consecuencias desfavorables. Asimismo, se endurecen los requisitos para establecer periodos de prueba superiores a seis meses, entre otras modificaciones. En materia de transparencia salarial, la norma reconoce a cada empleado un derecho individual a recibir información sobre las retribuciones, en lugar de limitar este acceso a través de la representación legal de los trabajadores. También declara nulas las cláusulas contractuales que impidan divulgar el propio salario. A ello se suma la incorporación expresa al Estatuto de los Trabajadores de una garantía de indemnidad que protege frente a cualquier trato desfavorable, perjuicio o represalia derivada del ejercicio o la reclamación de derechos laborales.

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(El Economista, 18-11-2026) | Laboral

Las oficinas de empleo solo encuentran trabajo a 7 de cada 1.000 demandantes al mes

La capacidad de los servicios públicos de empleo para facilitar la incorporación al mercado laboral continúa perdiendo eficacia. En octubre de 2026, solo 7,28 de cada 1.000 demandantes inscritos consiguieron un puesto de trabajo a través de una oferta gestionada por estas oficinas. La cifra supone un retroceso del 16,2% respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa un 52,6% por debajo del nivel registrado en 2007, antes de la crisis financiera. La intermediación directa no es el único instrumento para evaluar el funcionamiento de las políticas activas de empleo, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas, salvo en Ceuta y Melilla. También forman parte de ellas los programas de formación y orientación laboral. Sin embargo, el número de colocaciones conseguidas mediante ofertas tramitadas por las oficinas constituye uno de los indicadores más visibles de su eficacia, tanto para los trabajadores como para las empresas. La evolución histórica de los datos del SEPE muestra un deterioro prolongado. En octubre de 2007, 15,36 de cada 1.000 demandantes encontraban empleo a través de esta vía. La crisis económica redujo la proporción hasta 4,32 en 2012, mientras que la posterior recuperación permitió elevarla a 8,36 en 2019 y a 8,62 en 2022, una vez aprobada la reforma laboral. En febrero de 2023 entró en vigor una nueva Ley de Empleo, concebida para mejorar la eficacia de las políticas activas y ampliar los servicios garantizados a las personas que buscan trabajo. Sin embargo, la tasa de colocación descendió hasta 7,87 en octubre de ese año. El pasado ejercicio se alcanzaron 8,69 colocaciones por cada 1.000 demandantes, el mejor resultado para ese mes desde 2009. No obstante, en octubre de 2026 el indicador ha vuelto a retroceder hasta 7,28, con 30.635 personas contratadas a través de las oficinas frente a 4,21 millones de inscritos. Aunque el deterioro se concentra especialmente en septiembre y octubre, la tasa media de los últimos doce meses apenas ha disminuido un 1,2%. Una de las circunstancias que condicionan estos resultados es el cambio en la contratación provocado por la reforma laboral, que restringió el uso de los contratos temporales y favoreció su sustitución por fijos discontinuos. Esta modalidad ha pasado de registrar una media de 21.903 contratos mensuales en 2019 a 184.869 en los últimos doce meses, lo que supone multiplicar su volumen por 8,4. La diferencia radica en que los trabajadores fijos discontinuos se reincorporan a sus puestos mediante un llamamiento de la empresa, sin necesidad de formalizar un nuevo contrato ni tramitar una oferta a través de los servicios públicos de empleo. Por este motivo, desde mayo de 2022 el SEPE contabiliza más colocaciones que contratos registrados, con una diferencia media de 388.437 al mes durante el último año. Estas reincorporaciones no pasan por las oficinas de empleo y, por tanto, no se contabilizan como intermediación directa. Este fenómeno influye en las estadísticas por dos motivos. El primero es el aumento de las personas inscritas que mantienen una relación laboral. Se trata de demandantes que tienen un contrato vigente y, por tanto, no figuran como desempleados. En 2007 eran 102.631 y en 2019 alcanzaban los 239.701, el 5,4% del registro. En septiembre de 2026 sumaban ya 802.580, el 19,1% del total. Este colectivo explica casi 700.000 de los 1,19 millones de inscritos adicionales respecto a antes de la crisis financiera, frente a un incremento de 362.142 personas desempleadas. Entre ellos figuran numerosos trabajadores fijos discontinuos que permanecen inscritos mientras esperan ser llamados para reincorporarse, aunque las estadísticas del SEPE no permiten identificar cuántos pertenecen a esta modalidad ni cuántos buscan simultáneamente otro empleo. Su presencia distorsiona a la baja la tasa general de colocación, puesto que el indicador se calcula sobre el conjunto de demandantes inscritos, incluidos quienes ya tienen una relación laboral, mientras que las colocaciones se contabilizan por separado. Si se excluye a estas personas, la evolución resulta diferente. En octubre de 2025, las oficinas consiguieron 36.227 colocaciones, prácticamente las mismas que en 2019, cuando fueron 36.848. Sin embargo, el número de inscritos sin relación laboral había descendido de 4,17 a 3,43 millones. Al calcular las colocaciones únicamente sobre este último grupo, la tasa alcanzó 10,57 por cada 1.000 demandantes en octubre de 2025 y se sitúa ahora en 8,99. Este resultado es un 1,7% superior al de 2019. No obstante, no significa que las oficinas estén encontrando trabajo a más personas, ya que las estadísticas no permiten determinar si quienes consiguen una colocación tenían previamente otro empleo. En cualquier caso, el descenso registrado en octubre de 2026 también se mantiene cuando se excluye a los inscritos con relación laboral: la tasa cae un 14,9% respecto al mismo mes del año anterior. El segundo efecto de la reforma laboral se aprecia en la reducción de las ofertas que llegan a los servicios públicos de empleo. Algunas campañas agrícolas que anteriormente recurrían a la contratación de temporeros a través de estas oficinas se cubren ahora mediante llamamientos a trabajadores fijos discontinuos. En el conjunto del país, la proporción de vacantes agrarias cubiertas ha pasado del 98% en 2019 al 61,4% en los últimos doce meses. En Andalucía, los puestos del campo cubiertos mediante esta intermediación han descendido de 750 a 254 mensuales, una caída del 66,1%. A estas dificultades se añade la falta de desarrollo reglamentario de una de las principales obligaciones recogidas en la Ley de Empleo de 2023. La norma estableció que las empresas debían comunicar sus vacantes a los servicios públicos, una medida que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reclamaba desde 2019, cuando ya calificaba de marginal el papel de estas oficinas en el ajuste entre la oferta y la demanda laboral. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha aprobado el reglamento necesario para aplicar esta obligación y la legislación tampoco contempla sanciones por incumplirla. En la práctica, informar de las vacantes continúa siendo voluntario, por lo que las empresas recurren a las oficinas cuando consideran que pueden resultarles útiles y prescinden de ellas cuando encuentran otros canales de contratación más eficaces. El resultado es que el volumen de ofertas comunicadas se ha reducido considerablemente. En octubre se registraron 46.867 vacantes, un 49% menos que en el mismo mes de 2007, pese a que el número de demandantes inscritos ha aumentado un 39,5%. Actualmente se ofrecen 11,1 puestos por cada 1.000 inscritos, frente a los 30,5 de hace casi dos décadas. Si el cálculo se realiza únicamente sobre las personas desempleadas, la proporción también ha disminuido, desde las 45,6 vacantes por cada 1.000 parados en 2007 hasta las 19,7 actuales. La caída de las ofertas también explica parte del retroceso de los dos últimos meses. Las vacantes comunicadas disminuyeron un 11% en septiembre y un 12,9% en octubre respecto a los mismos meses de 2025, aunque los datos disponibles no permiten determinar las causas de esta reducción. Las ofertas procedentes de los programas públicos de empleo constituyen una excepción, ya que las administraciones están obligadas a utilizar los servicios públicos para seleccionar a sus trabajadores. En los últimos doce meses, el sector público cubrió el 93,2% de los puestos que comunicó, mientras que en el resto de actividades la proporción se situó en el 61,5%, frente al promedio del 71% registrado en 2019. Por último, la Ley de Empleo contempla la creación de una tasa oficial de intermediación que permita medir cuántas personas encuentran trabajo gracias a los servicios públicos. Su desarrollo reglamentario está previsto para el primer trimestre de 2027. Hasta que se apruebe, España seguirá sin disponer de un indicador oficial que permita evaluar con precisión la eficacia de las oficinas en la búsqueda de empleo.

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(Expansión, 18-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Luces, pero también sombras, en el comercio exterior español

Las exportaciones españolas mantienen su tendencia al alza y acumulan un crecimiento del 4,2% entre enero y septiembre, hasta alcanzar los 300.341 millones de euros. Se trata de la primera vez que las ventas al exterior superan los 300.000 millones en los nueve primeros meses del año. Sin embargo, este avance contrasta con el fuerte incremento de las importaciones, que ha provocado que el déficit comercial se dispare un 30,5%, hasta los 53.638 millones de euros. En septiembre, las exportaciones alcanzaron los 36.159 millones de euros, un 11,5% más que en el mismo mes de 2025, lo que supone un nuevo máximo histórico para ese periodo. El comportamiento del sector exterior refleja la capacidad de resistencia de las 45.408 empresas exportadoras españolas en un contexto condicionado por la incertidumbre geopolítica y las tensiones energéticas derivadas del conflicto en Oriente Próximo, factores que siguen afectando a la demanda y a las perspectivas económicas internacionales. Además, las ventas al exterior están creciendo en 2026 por encima de la inflación, algo que no sucedía en los tres ejercicios anteriores. En septiembre, las exportaciones avanzaron un 11,5%, frente al 4,9% del IPC. En el conjunto de los nueve primeros meses, el incremento del 4,2% también supera la inflación media prevista por el Banco de España para el conjunto del año, situada en el 3,9%. No obstante, la evolución de las importaciones está limitando el impacto positivo del dinamismo exportador. Las compras al exterior aumentaron un 14,5% en septiembre y un 7,4% entre enero y septiembre, hasta alcanzar los 353.979 millones de euros. Como consecuencia, el déficit de la balanza comercial se situó en 53.638 millones, un 30,5% por encima del registrado en el mismo periodo del año anterior. Se trata del mayor saldo negativo para los nueve primeros meses desde 2022. El encarecimiento de la energía, relacionado en parte con las tensiones provocadas por el bloqueo del estrecho de Ormuz, explica una parte de este deterioro. La presión sobre los precios del petróleo, el gas y otras materias primas ha elevado la factura exterior. Aunque las exportaciones energéticas crecieron un 37,1%, frente al 20% de las importaciones de estos productos, el déficit energético aumentó casi un 7%, hasta los 25.019 millones de euros. También preocupa el comportamiento del comercio no energético. Su déficit alcanzó los 28.618 millones de euros hasta septiembre, lo que representa un incremento del 61,6% respecto al mismo periodo de 2025. Según ha advertido el Club de Exportadores e Inversores, este desequilibrio era prácticamente inexistente hace pocos años. En las relaciones comerciales con la Unión Europea, que concentra el 62,4% de las exportaciones españolas, las ventas aumentaron un 5,1% durante los nueve primeros meses, mientras que las importaciones crecieron un 5,7%. Esta diferencia redujo un 4,2% el superávit comercial que España mantiene tradicionalmente con sus socios comunitarios. Por países, las exportaciones españolas evolucionaron favorablemente en mercados como Alemania, Italia y Portugal, donde crecieron más que las importaciones. La situación fue distinta en Francia, donde el avance de las ventas fue mucho más moderado, y en Países Bajos y Bélgica, donde retrocedieron un 10% y un 8,8%, respectivamente. Esta evolución se produce en un contexto de menor dinamismo económico en buena parte de la UE, cuyo PIB creció un 0,5% en el tercer trimestre, dos décimas menos que en el periodo anterior, según Eurostat. Por productos, los bienes de equipo encabezaron las exportaciones españolas hasta septiembre, con 57.804 millones de euros y un crecimiento del 5,5%. También fueron el principal capítulo de las importaciones, que superaron los 83.176 millones, un 9% más. La alimentación, las bebidas y el tabaco ocuparon la segunda posición entre los productos más exportados, aunque sus ventas descendieron un 1,4%, hasta los 55.334 millones de euros. También registraron retrocesos las exportaciones de productos químicos, con una caída del 5%, hasta 48.276 millones, y las de bienes de consumo duradero, que disminuyeron un 1,8%, hasta los 4.435 millones. En cambio, las ventas exteriores de productos energéticos aumentaron un 37,1%, mientras que las materias primas avanzaron un 24,9%. También crecieron las exportaciones de semimanufacturas no químicas (3,6%), manufacturas de consumo (2,6%) y automóviles (1,2%).

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(Expansión, 17-11-2026) | Fiscal

Un millón de devoluciones de Renta, en el aire: Hacienda revisa plusvalías, criptos y autónomos

Cuatro meses y medio después de que concluyera la campaña de la Renta de 2026, correspondiente al ejercicio 2025, la Agencia Tributaria todavía tiene pendiente de abonar cerca de un millón de devoluciones. Según fuentes de la AEAT, hasta el momento se han completado 15,4 millones de los 16,4 millones de solicitudes presentadas, un 2,79% más que en la campaña anterior, relativa al ejercicio 2024. Esta situación entra dentro de los plazos habituales, ya que a partir de septiembre los técnicos de Hacienda intensifican la revisión de las declaraciones. Entre las operaciones que reciben una atención especial figuran las solicitudes de devolución por importes elevados, las ventas de inmuebles en las que no se han declarado ganancias patrimoniales, los ingresos procedentes del alquiler y las declaraciones de autónomos que incluyen posibles ajustes o deducciones. En este último caso, también se examina la regularización anual de las cuotas derivada del sistema de cotización en función de los ingresos reales. La Agencia Tributaria cuenta con un plazo de seis meses desde el final de la campaña, que terminó el pasado 30 de junio, para efectuar las devoluciones solicitadas. Durante este periodo, los técnicos comprueban especialmente aquellas declaraciones en las que pueden existir errores. Por este motivo, algunas de las solicitudes que todavía están pendientes podrían modificar su resultado e incluso convertirse en declaraciones con cantidades a ingresar a favor de Hacienda. El 31 de diciembre termina el plazo del que dispone el Fisco para completar esta fase de revisión sin tener que abonar intereses de demora. Según explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), las devoluciones que no se hayan resuelto para entonces podrán pasar a la fase de comprobación, un procedimiento que ya podría haberse iniciado en determinados expedientes. Si las comprobaciones realizadas por los órganos de Gestión de la AEAT concluyen que la declaración presentada es correcta, Hacienda tendrá que devolver el importe correspondiente junto con los intereses de demora, que en 2025 se sitúan en el 4,06%. Así, una devolución de 1.500 euros que se abonase con un año de retraso ascendería a 1.560,90 euros. En los casos de mayor complejidad, las devoluciones pueden quedar sometidas a procedimientos de inspección. Según Mollinedo, estas actuaciones buscan detectar posibles irregularidades de carácter más específico y complejo, por lo que sus plazos de resolución son más amplios y los pagos podrían demorarse considerablemente más allá de los próximos meses. Entre los principales ámbitos de vigilancia de Hacienda destaca este año, como novedad, la operativa con criptoactivos. La entrada en vigor de nuevas obligaciones de información para la Agencia Tributaria ha facilitado el control de las declaraciones en las que se hayan obtenido ganancias patrimoniales mediante monedas virtuales, como bitcoin o ethereum. El mercado inmobiliario constituye otro de los focos prioritarios. La AEAT está revisando especialmente las declaraciones en las que se ha solicitado una devolución después de vender una vivienda sin declarar una ganancia patrimonial, pese al incremento registrado en los precios de los inmuebles y al consiguiente aumento de las plusvalías en las operaciones de compraventa. También están bajo revisión las reducciones y deducciones aplicadas por los propietarios que tienen viviendas arrendadas. Los porcentajes de reducción de los rendimientos del alquiler, que pueden oscilar entre el 50% y el 90%, dependen de distintas circunstancias, como la fecha de formalización del contrato, la ubicación del inmueble en una zona de mercado residencial tensionado o la edad del arrendatario. Los técnicos de Hacienda también prestan atención a los ingresos obtenidos en el extranjero y a los cambios de residencia fiscal, dos cuestiones que pueden generar discrepancias en las declaraciones presentadas. En el colectivo de autónomos, las comprobaciones se centran tanto en la deducibilidad de los gastos vinculados a la actividad económica, una materia que ha provocado numerosos conflictos judiciales en distintos sectores, como en el tratamiento fiscal de las cuotas de cotización. La implantación del sistema basado en los ingresos reales y la posterior regularización anual obligan a declarar los ajustes correspondientes como ingresos o gastos, según proceda. Por último, fuentes de la Inspección señalan que una parte importante de las declaraciones sometidas a comprobación corresponde a contribuyentes que han solicitado devoluciones de cuantía elevada. En particular, la Agencia Tributaria utiliza un umbral de control que se sitúa aproximadamente en los 5.000 euros.

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