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(Expansión, 08-07-2026) | Fiscal

Cómo regresar a España sin sobresaltos fiscales

Cada vez son más los directivos españoles que, tras desarrollar una exitosa carrera internacional y acumular importantes patrimonios en el extranjero, deciden regresar a España. Sin embargo, este retorno plantea importantes desafíos fiscales y jurídicos, especialmente para quienes poseen participaciones empresariales, planes de acciones, sociedades, trusts o seguros de vida constituidos bajo legislaciones extranjeras. Los especialistas en fiscalidad internacional advierten de que el cambio de residencia no consiste únicamente en trasladar el domicilio, sino en adaptarse a un marco normativo diferente. Uno de los aspectos más relevantes es determinar el momento en que una persona adquiere la condición de residente fiscal en España, ya que no solo se tiene en cuenta la permanencia de más de 183 días en el país, sino también la localización del centro de intereses económicos y personales. En la práctica, muchos profesionales consideran que basta con controlar el número de días de estancia fuera de España para mantener la condición de no residente. Sin embargo, circunstancias como el traslado previo de la familia, la compra de una vivienda habitual, la gestión de inversiones desde España o el desempeño de funciones directivas en territorio nacional pueden llevar a la Administración tributaria a concluir que la residencia fiscal ya se ha producido. Esta discrepancia puede tener importantes consecuencias económicas, ya que el contribuyente pasaría a tributar en España por la totalidad de sus rentas mundiales y podría enfrentarse a situaciones de doble imposición internacional. Otro de los retos habituales afecta a los activos mantenidos en el extranjero. Instrumentos patrimoniales plenamente válidos en otros países, como trusts o determinados seguros de vida, pueden recibir un tratamiento fiscal muy distinto en España, provocando tributaciones no previstas, imputaciones de rentas o la pérdida de determinados beneficios fiscales. La planificación sucesoria también requiere una revisión específica. Es frecuente que los españoles residentes en el extranjero hayan otorgado testamentos conforme a la legislación de otros países o posean bienes repartidos entre varias jurisdicciones. Sin una adecuada coordinación jurídica, estas situaciones pueden generar conflictos y complicar la transmisión del patrimonio. Por ello, los expertos recomiendan preparar el regreso con una planificación integral que analice la fiscalidad, la estructura patrimonial y los aspectos sucesorios antes de efectuar el traslado. Consideran que una revisión previa entre asesores de los distintos países implicados reduce significativamente el riesgo de contingencias fiscales futuras y evita costes muy superiores a los derivados de una adecuada planificación. Para determinados profesionales que regresan por motivos laborales, el Régimen Especial para Trabajadores Desplazados, conocido como "Ley Beckham", puede representar una alternativa fiscal ventajosa. Este régimen permite tributar por los rendimientos del trabajo a un tipo fijo del 24% hasta un máximo de 600.000 euros anuales durante seis ejercicios, en lugar de aplicar los tipos progresivos del IRPF, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa. Entre ellos, no haber sido residente fiscal en España durante los cinco años anteriores al traslado y que el cambio de residencia responda a un contrato de trabajo, al teletrabajo o al desempeño de funciones como administrador de una entidad, debiendo solicitarse dentro de los seis meses siguientes al inicio de la actividad.

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(El País, 08-07-2026) | Fiscal

Hacienda renueva la cúpula de la Agencia Tributaria con el nombramiento de Antonio Ansón como director general

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Antonio Ansón Latorre como nuevo director general de la Agencia Tributaria, un relevo con el que el Gobierno pone fin a varios días de especulaciones sobre un posible conflicto interno en la cúpula del organismo. Ansón sustituirá a Soledad Fernández Doctor, que deja el cargo tras cuatro años al frente de la institución. Su designación se hará efectiva con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El nuevo director general, nacido en Zaragoza en 1962, es inspector de Hacienda del Estado desde 1999 y desarrolla su trayectoria en la Administración tributaria desde 1988, cuando ingresó como técnico de Hacienda. Hasta ahora ejercía como director del Gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. Desde el Ministerio destacan su amplia experiencia en la gestión tributaria, su conocimiento del sistema fiscal español y su trayectoria en organismos internacionales como principales avales para asumir la dirección de la Agencia Tributaria. El relevo llega después de que trascendiera la intención de Soledad Fernández Doctor y de otros dos altos cargos del organismo de abandonar sus responsabilidades, una circunstancia que dio pie a distintas interpretaciones sobre un posible enfrentamiento con el Gobierno. La coincidencia temporal con el cierre de la campaña del IRPF y con el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica alimentó las especulaciones sobre el origen de estos movimientos. No obstante, el Ministerio de Hacienda ha sostenido desde el primer momento que las salidas estaban previstas desde hacía meses. Según la versión oficial, Fernández Doctor había comunicado con anterioridad su voluntad de dejar el puesto y ambas partes acordaron retrasar el relevo hasta la finalización de la campaña de la renta para no alterar uno de los periodos de mayor actividad del organismo. En cuanto a los directores de Recaudación y de Inspección Financiera y Tributaria, el departamento asegura que ambos habían solicitado destinos en el exterior mediante un concurso público, por lo que sus cambios de destino también estaban programados. A pesar de estas explicaciones, durante los últimos días surgieron diversas interpretaciones sobre los motivos de los relevos. Desde la oposición se relacionó el cambio con distintos asuntos de actualidad política, mientras que algunos sectores de la propia Administración tributaria lo vincularon al debate sobre la financiación singular de Cataluña y una eventual ampliación de las competencias tributarias de la Generalitat. El Ejecutivo ha rechazado ambas interpretaciones y ha insistido en que los cambios responden exclusivamente a una planificación previamente acordada. El ministro de Hacienda, Arcadi España, reiteró esta versión tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde explicó que, poco después de incorporarse al departamento, mantuvo una reunión con Fernández Doctor en la que esta le trasladó su intención de abandonar el cargo. Según indicó, ambos acordaron aplazar el relevo hasta concluir la campaña de la renta. Antonio Ansón Latorre cuenta con una amplia experiencia en distintos ámbitos de la Agencia Tributaria, donde ha desempeñado responsabilidades relacionadas con la atención al contribuyente, la planificación, la recaudación, las aduanas y la gestión de recursos humanos. Entre 2014 y 2022 desarrolló su actividad profesional en el Fondo Monetario Internacional (FMI) como especialista en administración tributaria y economista sénior. Tras su regreso a España ocupó diversos puestos en el Instituto de Estudios Fiscales y en la propia Agencia Tributaria antes de incorporarse, en 2025, al gabinete del secretario de Estado de Hacienda.

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(El País, 08-07-2026) | Fiscal

Los inspectores piden evitar injerencias

Tras conocerse el nombramiento de Antonio Ansón Latorre como nuevo director general de la Agencia Tributaria, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha expresado su satisfacción por el fin de la etapa de incertidumbre que, a su juicio, había generado el relevo en la dirección del organismo. En un comunicado, la organización considera que con esta designación concluye una "atípica situación de paréntesis" en la cúpula de la institución. La asociación, que representa al cuerpo de inspectores de Hacienda, ha aprovechado el nombramiento para reclamar al nuevo director un firme compromiso con la defensa de la integridad de la Agencia Tributaria. En este sentido, le insta a preservar la unidad del organismo, evitar cualquier tipo de injerencia externa y garantizar que no se produzca una fragmentación de la agencia, de la caja común ni del sistema de información tributaria. Estas peticiones se interpretan como una referencia al debate abierto desde hace años sobre la posible cesión de determinadas competencias tributarias a la Agencia Tributaria de Cataluña, una cuestión vinculada a las negociaciones mantenidas entre el Gobierno y sus socios parlamentarios. Asimismo, la Asociación de Inspectores solicita a Ansón que preserve la autonomía organizativa de la Agencia Tributaria y mantenga sin cambios los actuales sistemas de acceso y selección del personal, al considerar que constituyen una garantía de independencia y profesionalidad del organismo. La organización también ha solicitado mantener una reunión con el nuevo director general para trasladarle directamente sus principales preocupaciones y abordar los retos que afronta la institución. Entre sus prioridades figuran reforzar la autonomía e independencia de la Agencia Tributaria y mantener su reconocimiento como una de las administraciones tributarias de referencia en la lucha contra el fraude fiscal.

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(La Vanguardia, 08-07-2026) | Fiscal

El Gobierno aprueba un nuevo techo de gasto récord, de 226.000 millones para 2027

El Gobierno ha dado un nuevo paso en la preparación de los Presupuestos Generales del Estado al aprobar en el Consejo de Ministros un techo de gasto de 226.032 millones de euros para 2027, la cifra más elevada de la historia. El límite de gasto no financiero aumenta un 6,6% respecto al fijado para el ejercicio anterior, cuando se situó en torno a los 212.000 millones de euros, y servirá de base para la elaboración de las nuevas cuentas públicas. Junto al techo de gasto, el Ejecutivo ha aprobado también los objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2027-2029, aunque estos deberán ser ratificados por el Congreso y el Senado. El Gobierno afronta esta votación sin tener garantizados los apoyos parlamentarios necesarios, por lo que la aprobación de la senda fiscal se presenta como uno de los principales obstáculos para sacar adelante los Presupuestos. El techo de gasto establece el límite máximo de los gastos no financieros del Estado y constituye uno de los principales instrumentos de disciplina presupuestaria. Aunque el incremento previsto para 2027 es inferior al registrado el año anterior, cuando aumentó un 8,5%, responde al buen comportamiento de la economía española, cuyas previsiones de crecimiento han sido revisadas recientemente al alza hasta el 2,6%. Durante la negociación interna del Gobierno, el grupo Sumar defendió una mayor expansión del gasto aprovechando la mejora de las previsiones económicas. Finalmente, el techo aprobado incorpora un margen adicional de aproximadamente 1.500 millones de euros respecto a la propuesta inicial presentada por el Ministerio de Hacienda, fruto de las conversaciones mantenidas entre los socios de la coalición. Mientras que el techo de gasto no requiere autorización parlamentaria, la senda de déficit y deuda sí debe ser aprobada por las Cortes. Si el Parlamento rechazara los objetivos de estabilidad, el Ejecutivo dispondría de un mes para presentar una nueva propuesta. La senda fiscal mantiene para 2027 un objetivo de déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas. De ese porcentaje, el Estado asumirá un déficit del 1,5%; las comunidades autónomas dispondrán de un margen del 0,1%; la Seguridad Social registrará un déficit del 0,2%; y las corporaciones locales deberán mantener el equilibrio presupuestario. El Ejecutivo prevé continuar reduciendo el déficit en los años siguientes, hasta el 1,6% del PIB en 2028 y el 1,5% en 2029. Según el Ministerio de Hacienda, será la Administración General del Estado la que soporte el mayor esfuerzo de consolidación fiscal durante ese periodo. El Gobierno también ha fijado la evolución de la regla de gasto para las administraciones públicas. El crecimiento del gasto computable no podrá superar el 4% en 2027, el 3,8% en 2028 y el 3,6% en 2029, una senda diseñada para compatibilizar el crecimiento del gasto público con el cumplimiento de los compromisos fiscales asumidos con la Unión Europea. En materia de deuda pública, el Ejecutivo mantiene su previsión de continuar reduciendo el peso del endeudamiento sobre la economía. La ratio de deuda respecto al PIB pasaría del 99,1% previsto para este año al 97,6% en 2027, para descender posteriormente al 96,4% en 2028 y al 95,3% en 2029. El Gobierno confía en alcanzar estos objetivos principalmente gracias al crecimiento económico y a la evolución favorable del empleo y del consumo. El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió que las comunidades autónomas recibirán en 2027 un volumen récord de recursos procedentes del sistema de financiación, con un incremento cercano al 8%, y recordó que parte del déficit estatal corresponde a las transferencias destinadas a financiar las pensiones y a la recaudación del nuevo impuesto a la banca, cuyos ingresos se transferirán íntegramente a las comunidades autónomas. La tramitación parlamentaria de los Presupuestos continúa siendo uno de los principales desafíos del Ejecutivo, que acumula varios ejercicios sin lograr aprobar unas nuevas cuentas. La fragmentación del Congreso y la falta de una mayoría estable dificultan el proceso legislativo, aunque el Gobierno mantiene su intención de someter la senda de estabilidad a votación durante el mes de julio y aprobar el proyecto de Presupuestos en el Consejo de Ministros tras el verano para remitirlo posteriormente a las Cortes.

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(Expansión, 08-07-2026) | Laboral

Caída de los salarios reales en España por la demora en la firma de convenios colectivos

El incremento de la inflación registrado en los últimos años, especialmente tras la pandemia, unido a una evolución más moderada de los salarios, ha provocado una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores españoles. Según el informe Perspectivas de Empleo 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los salarios reales en España descendieron cerca de un 2% entre el primer trimestre de 2021 y el de 2026, una vez descontado el efecto del aumento de los precios. El estudio sitúa a España entre las economías avanzadas donde más se ha deteriorado la capacidad adquisitiva de los trabajadores durante ese periodo. Entre los grandes países de la OCDE, únicamente Italia y Australia registran una caída superior, mientras que otras economías, como Francia y Alemania, presentan descensos similares. En el caso de Estados Unidos y Reino Unido, la pérdida de salarios reales ha sido más moderada. El informe explica que esta evolución no responde únicamente al fuerte repunte de la inflación. Aunque las sucesivas subidas del salario mínimo impulsadas por el Gobierno han contribuido a proteger las rentas más bajas, el resto de las escalas salariales no ha experimentado incrementos equivalentes, lo que ha limitado la recuperación del poder adquisitivo de una parte importante de los trabajadores. La OCDE también destaca que el sistema español de negociación colectiva influye en este comportamiento. Muchos convenios colectivos se negocian con una vigencia de varios años, por lo que, cuando la inflación aumentó con rapidez durante 2021 y 2022, gran parte de los salarios seguían sujetos a incrementos pactados antes de ese repunte de los precios. Esta circunstancia generó un desfase entre el encarecimiento del coste de la vida y la actualización efectiva de las retribuciones. A ello se suma la escasa presencia de mecanismos de actualización automática vinculados a la inflación, lo que retrasó la reacción de los salarios nominales frente al incremento de los costes de la energía y los alimentos, trasladando gran parte del impacto económico directamente a los trabajadores. Por último, la organización señala que el débil crecimiento de la productividad constituye otro factor que dificulta la mejora de los salarios reales. La ralentización de la productividad limita la capacidad de las empresas para asumir incrementos salariales por encima de la inflación sin afectar a su competitividad o a sus márgenes de beneficio. Este argumento ha sido defendido en reiteradas ocasiones por las organizaciones empresariales, que consideran que la evolución de los salarios debería tener en cuenta, además del IPC, variables como la productividad y el crecimiento económico.

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(Expansión, 08-07-2026) | Laboral

Feijóo cuestiona que un empleado de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido ante un grupo de empresarios vascos la necesidad de adoptar medidas para reducir el absentismo laboral, incluso aunque no exista un acuerdo entre la patronal y los sindicatos. A su juicio, el elevado número de bajas y ausencias al trabajo supone un problema que España no puede seguir asumiendo por su elevado coste económico. Durante un encuentro organizado por el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao, Feijóo aseguró que el absentismo laboral representa un coste superior a los 30.000 millones de euros anuales y recordó que el déficit de la Seguridad Social ronda los 70.000 millones. En este contexto, sostuvo que es imprescindible abordar esta situación mediante un diálogo entre el Gobierno, las comunidades autónomas, las organizaciones empresariales y los representantes de los trabajadores. El líder del PP señaló que el número de personas que no acuden diariamente a su puesto de trabajo ha aumentado de forma significativa en los últimos años, al pasar, según sus datos, de unas 450.000 en 2018 a cerca de 1,16 millones en 2025. Además, indicó que el absentismo continuó creciendo durante el primer trimestre de 2026 y destacó que el País Vasco figura entre las comunidades con mayores niveles de este fenómeno. Feijóo cuestionó que, en algunos casos, los convenios colectivos contemplen que un trabajador perciba la misma retribución cuando está de baja que cuando desempeña su actividad laboral, y también criticó que puedan producirse bajas laborales que, a su juicio, carezcan de una justificación suficiente sin que ello implique cambios en las prestaciones percibidas. Asimismo, recordó experiencias de su etapa de gestión en el antiguo Insalud y en Correos, donde afirmó haber impulsado medidas para reducir el índice de absentismo. Según explicó, en esta última entidad el porcentaje de ausencias se redujo del 8% al 4%, un nivel que considera razonable, al tiempo que sostuvo que cuando las tasas superan el 4% o el 5% existe un elevado riesgo de fraude. Por ello, insistió en la necesidad de impulsar una estrategia conjunta entre las administraciones públicas, los agentes sociales y las empresas para contener el absentismo laboral. Aunque expresó su preferencia por alcanzar un consenso, afirmó que, si no fuera posible, deberían adoptarse igualmente las decisiones que permitan reducir un coste que considera inasumible para la economía española.

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(El País, 08-07-2026) | Laboral

Garamendi carga contra los sindicatos por las bajas laborales: “No están siendo responsables”

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, ha reclamado de nuevo medidas para frenar el aumento de las bajas por incapacidad temporal y ha acusado a los sindicatos de no actuar con la responsabilidad necesaria para afrontar este problema, que, a su juicio, afecta de forma creciente a la competitividad de las empresas españolas. Durante su intervención, Garamendi afirmó que la incidencia de las bajas laborales se ha duplicado en la última década y aseguró que el fenómeno genera un importante coste económico para las empresas. En este contexto, criticó que no se hayan producido avances suficientes en el diálogo social para reducir el absentismo y señaló que las organizaciones sindicales deberían implicarse más en la búsqueda de soluciones. El dirigente empresarial también sostuvo que un elevado número de bajas laborales se concentra al inicio o al final de la semana, especialmente entre los trabajadores menores de 35 años. No obstante, esta interpretación ha sido cuestionada por algunos estudios sindicales, que consideran que la distribución de las bajas no responde a un patrón intencionado. Garamendi vinculó esta cuestión a la negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), cuya renovación continúa pendiente. Aunque manifestó la voluntad de la patronal de alcanzar un nuevo pacto con los sindicatos sobre criterios salariales y negociación colectiva, advirtió de que el absentismo deberá ocupar un lugar destacado en las conversaciones. En este sentido, recordó que el anterior AENC ya recogía el compromiso de reforzar el papel de las mutuas colaboradoras en la gestión de determinadas bajas laborales, especialmente las derivadas de patologías musculoesqueléticas. Sin embargo, señaló que la aplicación práctica de estas medidas avanza con lentitud, ya que depende de acuerdos con los servicios de salud de las comunidades autónomas. El presidente de la CEOE cifró en alrededor de 1,4 millones las personas que cada día permanecen de baja laboral en España y calificó esta situación como un importante coste para el tejido empresarial. Entre las propuestas planteadas por la organización figura que las empresas dejen de asumir el coste económico de determinadas prestaciones durante los primeros días de incapacidad temporal y en aquellos procesos que se prolongan durante largos periodos sin resolución. Al mismo tiempo, Garamendi coincidió con los sindicatos al señalar que el deterioro de la sanidad pública constituye uno de los factores que contribuyen al aumento de la duración de las bajas. Por ello, reclamó más recursos para el sistema sanitario, un incremento del número de profesionales médicos y una mayor dotación para el Instituto Nacional de la Seguridad Social con el fin de agilizar las valoraciones y reducir los tiempos de espera. Asimismo, volvió a defender un mayor protagonismo de las mutuas colaboradoras en la realización de pruebas diagnósticas y en el seguimiento de determinados procesos de incapacidad temporal, una cuestión que continúa negociándose en la mesa de diálogo abierta entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos. Estas declaraciones se produjeron durante la Asamblea General de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, pocos días después de que su presidenta, Ángela de Miguel, expresara el respaldo de la organización a la candidatura de Garamendi para las próximas elecciones de la CEOE y reclamara una regulación más adaptada a la realidad de las pequeñas y medianas empresas.

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(El Economista, 08-07-2026) | Laboral

Los mutualistas jubilados, en riesgo de ser excluidos de la pasarela al RETA

El Partido Popular ha presentado nuevas enmiendas en el Senado a la proposición de ley que regula la denominada pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los mutualistas alternativos, modificando algunos de los cambios que había impulsado durante la tramitación del texto en el Congreso. La principal rectificación afecta a los mutualistas ya jubilados. Mientras que la enmienda aprobada previamente permitía acceder a la pasarela tanto a los profesionales en activo como a los pensionistas de las mutualidades alternativas, la nueva propuesta limita este derecho únicamente a quienes continúen ejerciendo su actividad. De este modo, quedarían excluidos los mutualistas pasivos, salvo quienes perciban una pensión de viudedad. Con este cambio, el PP se aproxima nuevamente al planteamiento inicial del Gobierno, que ya contemplaba dejar fuera del sistema a los jubilados. Según las estimaciones del Ejecutivo, incluir a este colectivo habría supuesto un importante incremento del coste para la Seguridad Social, cifrado en torno a 5.200 millones de euros. Otra de las modificaciones afecta al sistema de reconocimiento de las cotizaciones realizadas en las mutualidades alternativas. En el Congreso, el PP había defendido que cada año cotizado en la mutualidad equivaliera a un año completo en la Seguridad Social, con independencia de las aportaciones efectuadas. Ahora, esa equivalencia se limita al cálculo del porcentaje de la pensión, mientras que la determinación de las bases de cotización se realizará aplicando un coeficiente corrector situado entre el 0,67 y el 0,87, en lugar de equipararlas automáticamente. La propuesta mantiene, no obstante, un tratamiento más favorable para determinados colectivos. Así, los mutualistas alternativos que hayan cumplido 52 años o más a 31 de diciembre de 2026 podrán computar cada mes completo cotizado en la mutualidad como un mes de alta en el RETA. Del mismo modo, quienes iniciaron su actividad profesional antes del 10 de noviembre de 1995 podrán ver reconocido como tiempo de alta en el régimen de autónomos todo el periodo en el que estuvieron obligatoriamente integrados en una mutualidad de previsión social sustitutiva. La tramitación parlamentaria en el Senado será decisiva para determinar la configuración definitiva de esta pasarela, una medida destinada a facilitar la integración de los mutualistas alternativos en el sistema público de Seguridad Social y que sigue siendo objeto de negociación entre los distintos grupos políticos.

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(El Economista, 08-07-2026) | Laboral

Justicia permitirá a sus funcionarios trabajar 32,5 horas a la semana durante la jornada de verano

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes prepara una nueva orden ministerial para adaptar la jornada y los horarios del personal de la Administración de Justicia y de Presidencia tras la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales. La propuesta establece que, con carácter general, los funcionarios realizarán una jornada de 35 horas semanales, mientras que el personal con régimen de dedicación especial trabajará 37,5 horas. Durante el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre se aplicará la jornada intensiva de verano, reduciendo el horario a 32,5 horas semanales para la mayoría de los empleados y a 35 horas para quienes tengan dedicación especial. El texto también prevé que el calendario laboral se apruebe cada año mediante la coordinación entre el Ministerio, las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia y las organizaciones sindicales. Además, dicho calendario deberá estar disponible antes del 1 de enero de cada ejercicio, adelantando así su publicación respecto al sistema actual. La futura regulación contempla igualmente la posibilidad de acogerse a una jornada reducida de cinco horas continuadas al día, entre las 9:00 y las 14:00 horas, con una retribución equivalente al 80% del salario. Esta modalidad no estará disponible para los funcionarios sujetos al régimen de dedicación especial. En cuanto a las horas extraordinarias, la propuesta establece un sistema de compensación para los excesos de jornada motivados por necesidades urgentes o inaplazables. Las horas trabajadas entre las 19:00 y las 22:00 darán derecho a dos horas de descanso compensatorio por cada hora adicional realizada, mientras que las efectuadas entre las 22:00 y las 7:30 del día siguiente se compensarán con dos horas y media. El proyecto de orden ministerial ha permanecido en trámite de audiencia pública entre el 30 de junio y el 8 de julio, periodo durante el cual los interesados han podido presentar alegaciones antes de su aprobación definitiva.

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(Cinco Días, 08-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE pide a la banca un plan de acción antes del 31 de octubre ante la amenaza de Mythos

El Banco Central Europeo (BCE) ha advertido a las principales entidades financieras de la eurozona sobre los nuevos riesgos de ciberseguridad derivados del desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial, especialmente aquellos con capacidad para localizar y explotar vulnerabilidades en sistemas informáticos. Entre ellos, el supervisor cita expresamente el modelo Mythos, desarrollado por Anthropic, y ha solicitado a los bancos que presenten antes del 31 de octubre un plan de actuación para hacer frente a este escenario. La petición se ha trasladado mediante una carta dirigida a los máximos responsables de las entidades, un formato conocido como Dear CEO, reservado para cuestiones consideradas de especial relevancia por el supervisor europeo. Se trata de un mecanismo que el BCE utiliza de forma excepcional para trasladar asuntos estratégicos que deben ser analizados al máximo nivel de gobierno de los bancos, incluidos sus consejos de administración. Actualmente, las entidades trabajan junto a sus equipos de supervisión en la elaboración de esos planes, que deberán contemplar medidas tanto inmediatas como de largo alcance. Entre las actuaciones prioritarias, el BCE reclama acelerar la detección y corrección de vulnerabilidades en el software, reforzar las capacidades de monitorización mediante herramientas de inteligencia artificial, verificar los estándares de seguridad de los proveedores tecnológicos y fortalecer los mecanismos de protección frente a posibles ciberataques. A más largo plazo, el supervisor europeo insta a las entidades a modernizar sus infraestructuras tecnológicas, sustituir sistemas obsoletos y mejorar su capacidad de recuperación ante incidentes mediante planes de continuidad del negocio y una mayor cooperación e intercambio de información dentro del sector financiero. La carta culmina varios meses de contactos entre el BCE y los principales bancos europeos, durante los cuales el organismo ha analizado las medidas de protección que las entidades ya tienen implantadas y su grado de preparación frente a los riesgos asociados a las nuevas herramientas de inteligencia artificial. La preocupación del supervisor se centra en que modelos como Mythos, al igual que otros sistemas de IA generativa desarrollados por distintas compañías tecnológicas, son capaces de identificar en muy poco tiempo fallos de programación que anteriormente requerían largos procesos de análisis. Estas capacidades pueden convertirse en una herramienta muy valiosa para reforzar la seguridad de los sistemas bancarios, pero también podrían ser utilizadas con fines maliciosos para localizar vulnerabilidades y facilitar ciberataques de gran impacto. Por este motivo, el BCE considera prioritario que las entidades revisen si los recursos humanos y económicos destinados a tecnología y ciberseguridad son suficientes para afrontar este nuevo contexto. Asimismo, recomienda intensificar la formación especializada de las plantillas, revisar la seguridad de la cadena de suministro tecnológica y reforzar los controles sobre los proveedores externos. El supervisor también reclama que los bancos aceleren los procesos de identificación y corrección de vulnerabilidades, aprovechando incluso las propias herramientas de inteligencia artificial para detectar posibles fallos antes de que puedan ser explotados. Además, pide inventariar todos los activos tecnológicos, incluidos los gestionados por terceros, reducir la exposición de los sistemas accesibles desde internet y reforzar la protección de los entornos alojados en la nube. Una vez recibidos los planes de actuación, el Banco Central Europeo llevará a cabo un análisis conjunto para identificar las principales tendencias, evaluar el grado de preparación del sector y detectar posibles áreas de mejora. El organismo prevé compartir posteriormente las conclusiones con las entidades y no descarta mantener nuevas reuniones con los responsables tecnológicos de los bancos para supervisar la implantación de las medidas propuestas.

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