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(El Economista, 26-07-2024) | Fiscal

Las energéticas pierden ingresos por 2.200 millones y dejan en vía muerta el impuestazo

El gravamen a los ingresos de las energéticas tiene los días contados. Según los datos aportados esta semana por las empresas, Naturgy, Endesa e Iberdrola tuvieron unas ventas de electricidad de 16.955 millones en el primer semestre de 2023, unas cifras que se han recortado en casi 2.200 millones de euros hasta los 14.762 millones de euros y que dejan en vía muerta este impuestazo. De este modo, las grandes energéticas han recortado notablemente su contribución a las arcas del Estado con los llamados ingresos extraordinarios. Endesa ha sido la que menos ha notado la bajada, tan solo un 3% de 208 millones en el primer semestre de 2023 a 202 millones hasta junio de este año. Repsol provisionó a principios de año sus expectativas de pago del gravamen extraordinario, y ya lo ha reducido en casi un 25%, desde 444 millones hasta los 335 millones. Naturgy, por su parte, ha pasado de pagar 165 millones a 30 de junio de 2023 a 89 millones en lo que va de ejercicio, una caída del 46%. El diseño del impuesto no grava el beneficio, sino los ingresos por ventas energéticas de las empresas. En este sentido, la caída en vertical de los precios de se ha sentido en las cuentas de resultados de las empresas. El Gobierno estableció para un espacio temporal de dos ejercicios, 2022 y 2023, a liquidar, respectivamente, en 2023 y este año, este impuesto que grava con un 1,2% las ventas de las energéticas con unos ingresos superiores a 1.000 millones anuales. Los principales directivos del sector consideran que esta medida no será prorrogada por parte del Gobierno para el próximo ejercicio, pese a los constantes mensajes en los que insisten en que pretenden convertirlo en permanente. Las energéticas tienen a su favor la votación de este miércoles en el Congreso que tumbó los objetivos de déficit y de deuda, que vuelven a dejar en vía muerta los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025 y suman que la propia Comisión Europea consideró en noviembre que estos recargos especiales por la crisis energética debían desaparecer. En el sector recuerdan que el diseño del gravamen español está mal hecho, ya que se aplica a los ingresos y no a los beneficios y consideran que serán los tribunales los que finalmente les den la razón. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, uno de los directivos que se opuso con más contundencia a esta medida, aseguró este miércoles en la conferencia con analistas que esta medida no se va a prorrogar. En la misma línea se pronunció hace unos meses el consejero delegado de Endesa, José Bogas, que también daba por muerto este gravamen, o el de Iberdrola, Mario Ruiz Tagle, que aseguró que el impuesto afectaba a la inversión en redes y renovables.

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(El País, 26-07-2024) | Fiscal

El G-20 se compromete por primera vez a luchar contra la evasión fiscal de los megarricos

Por primera vez, los países del G-20 ponen el foco sobre las grandes fortunas y se comprometen a cerrar la brecha de evasión fiscal de los megarricos en una declaración conjunta firmada este jueves en Río de Janeiro. "Al final de la reunión fue aplaudida la declaración que divulgaremos mañana [por este viernes] y que contempla varios asuntos, entre los cuales la propuesta brasileña para que se comience a pensar en la tributación internacional no solo de las empresas, sino también de los individuos ultrarricos", ha afirmado el ministro de Finanzas de Brasil -que tiene la presidencia del G-20-, Fernando Haddad, en la rueda de prensa posterior al encuentro con sus homólogos. Esta declaración supone un hito y puede convertirse en un antes y un después en el debate fiscal internacional. El G-20 abrió el melón de la tributación de los superricos en febrero de este año y nunca antes en una sede institucional de ese calibre se había alcanzado un consenso sobre este asunto. A la espera de que se publique el documento final, fuentes conocedoras de las negociaciones explican que el texto hace hincapié, más que en la creación de un impuesto global a los más pudientes, en la mejora de la cooperación fiscal internacional y de las herramientas para atajar la evasión y elusión tributaria de este colectivo, que suele caracterizarse por una elevada movilidad internacional. La declaración llega después de que la presidencia brasileña del G-20 encargara al economista francés Gabriel Zucman, uno de los mayores expertos en evasión fiscal, un informe sobre cómo gravar más a los individuos con mayores fortunas. El estudio concluye que, si las cerca de 3.000 personas más ricas del mundo, con patrimonios superiores a los 1.000 millones de dólares, tributaran cada año por el 2% de su riqueza, los Estados contarían con entre 200.000 y 250.000 millones de dólares adicionales a escala mundial. La propuesta de Zucman no plantea el diseño de un impuesto ad hoc sobre la riqueza, como podría ser el tributo español sobre el patrimonio, sino de un estándar que garantice una imposición mínima sobre las fortunas de los más ricos, con un planteamiento que se inspira en parte en el acuerdo global alcanzado en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G-20 para que las grandes multinacionales tributen más. "Por primera vez en la historia, existe ahora un consenso entre los países del G-20 de que se debe corregir la forma en que gravamos a los superricos, y un compromiso de trabajar juntos para lograrlo. Es un paso importante en la dirección correcta", ha señalado el economista en un comunicado difundido por el Observatorio Fiscal de la UE, del cual es director, al concluir la reunión de los ministros de Finanzas del bloque. "Se trata de un avance global importante: por primera vez en la historia, las mayores economías del mundo han acordado cooperar para gravar a los ultrarricos", ha añadido Susana Ruiz, responsable de Política Fiscal de Oxfam Internacional. Hace un par de semanas, la ONG coordinó, junto al Club de Madrid, la publicación de una misiva firmada por una veintena de antiguos jefes de Estado y de Gobierno de distintos países -entre ellos, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero-, en la que pedían a EE UU y al resto de los líderes del G-20 que elevaran la imposición fiscal a los megarricos. "En la cumbre del G-20 de noviembre de este año, los líderes deben ir más allá de sus ministros de finanzas y respaldar una coordinación concreta: acordar un nuevo estándar global que grave a los ultrarricos", ha instado Ruiz.

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(Expansión, 26-07-2024) | Laboral

Bruselas abre expediente a España por no solucionar la discriminación de los interinos

La Comisión Europea ha iniciado un expediente contra España por no eliminar las condiciones laborales discriminatorias en los contratos de trabajadores interinos del sector público. En una segunda carta de emplazamiento, la Comisión solicita a España que incorpore correctamente la directiva europea que prohíbe la discriminación de los trabajadores con contratos temporales en su legislación nacional. Bruselas advierte que la legislación española presenta condiciones de empleo menos favorables, como los derechos de vacaciones, para los empleados interinos en el sector público en comparación con los empleados fijos. Según la Comisión, esta situación representa una discriminación contraria al Derecho comunitario. Aunque España ha modificado las normas desde que se inició este procedimiento de infracción en 2014, la discriminación persiste. En su segunda carta, la Comisión señala deficiencias en el trato diferenciado en aspectos como el cálculo de la antigüedad, el derecho a ciertos permisos y el acceso a trayectorias profesionales. Las autoridades españolas tienen dos meses para corregir estos problemas, o la Comisión podría darles un ultimátum de dos meses antes de llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). En julio pasado, el TJUE dictaminó que la conversión de interinos en trabajadores con contrato indefinido puede ser adecuada para prevenir y sancionar los abusos de temporalidad en la administración pública, siempre y cuando no contradiga la ley nacional. Esta decisión se produjo poco después de que el Tribunal Supremo decidiera que el acceso a la función pública sin las correspondientes pruebas o oposiciones es incompatible con el sistema español de autoorganización de su administración pública, rechazando así la conversión automática de interinos en fijos. El Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos acordaron en junio abordar el problema de los interinos una vez que los tribunales españoles se pronuncien sobre la sentencia del TJUE. 

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(El Economista, 26-07-2024) | Laboral

Los Inspectores de Hacienda impiden que la Agencia Tributaria nombre interinos sin aprobar la oposición

La Agencia Tributaria no podrá nombrar personal interino para ejercer como inspectores de Hacienda del Estado, según ha determinado el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 9, en sentencia de 23 de julio de 2024, a la que ha tenido acceso elEconomista. Este Juzgado considera que dicha práctica podría propiciar "una opacidad y un riesgo de arbitrariedad, intolerable en la actuación de la Administración al cubrir puestos tan importantes como los del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado". La ponente, la magistrada Alfageme Almena, responde al recurso interpuesto por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Esta alegaba que "es una compleja remisión normativa que parece querer ocultar el hecho de que permite nombrar personal funcionario interino a personas que no han aprobado la oposición ni han superado el curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales, obligatorio para todos aquellos que han superado la fase de oposición". Por ello, la magistrada concluye que "la convocatoria de acceso al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (CSIHE) no menciona la duración, características y funcionamiento de los posibles funcionarios interinos que puedan ser nombrados en el futuro", lo que considera "no es una cuestión baladí". La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado argumenta que "sin haber superado el proceso selectivo, que garantiza la posesión de los conocimientos esenciales para el desempeño profesional, como exige la Constitución para el acceso a la función pública, no se puede desempeñar una función tan sensible como la de los Inspectores de Hacienda". El fallo concluye que no se ajusta a derecho el apartado 2.10 de la resolución de 21 de septiembre de 2023, de la Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que convoca el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el CSIHE. Esta resolución establece que, "finalizado el proceso selectivo, el órgano de selección elaborará la relación de posibles candidatos para su consideración por el órgano convocante de la oferta de empleo público". La sentencia sostiene que el Cuerpo de Inspectores de Hacienda asume funciones y responsabilidades importantes, y que "es necesario acreditar mérito y capacidad, lo cual no implica que no se puedan nombrar funcionarios interinos si las circunstancias lo exigen, siempre y cuando se salvaguarden estos principios". No obstante, la sentencia también señala que la redacción actual de la cláusula impugnada no garantiza estos principios, ya que autoriza al órgano de selección a elaborar la relación de posibles candidatos sin especificar los criterios para ello. ¿Cuántos exámenes deben superar los candidatos para estar en esa lista? El Abogado del Estado defendió que la resolución impugnada no constituye un proceso de selección y contratación de personal interino, sino que se limita a indicar que, una vez finalizado el proceso selectivo, el órgano de selección elaborará la relación de posibles candidatos para su consideración. Alega que será en otro proceso selectivo posterior, según el artículo 3.21 del Real Decreto 407/2022, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 2022, cuando se seleccionará al personal interino, especificándose entonces la duración, características y funcionamiento. Sin embargo, la magistrada no comparte esta interpretación. Considera que, aunque la resolución impugnada no constituye una convocatoria para un proceso selectivo de funcionarios interinos, las bases para dicho proceso se fundarían en la relación de posibles candidatos elaborada por el órgano de selección, sin especificar los criterios a seguir.

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(El Economista, 26-07-2024) | Laboral

La retribución de los consejeros paraliza el fondo público de pensiones

El fondo público de pensiones se erigió como el gran proyecto de José Luis Escrivá para impulsar el ahorro colectivo con el apoyo del sector público y de las gestoras de previsión social privadas. No obstante, los plazos y objetivos marcados para el arranque de este ambicioso proyecto no se están cumpliendo. El ministerio de Seguridad Social ha tenido que corregir el reglamento de los planes y fondos de pensiones hasta en tres ocasiones en año y medio. La última, en junio de este año. Así con todo, el 'macrofondo' de pensiones que aspiraba a contar con 4.000 millones en su primer lustro sigue estancado por la política retributiva de los consejeros de la Comisión de Control Especial. Los interlocutores sociales que forman parte de este organismo supervisor -CEOE y Cepyme por la parte empresarial y UGT y CCOO por la parte sindical- quisieron realizar una serie de modificaciones que llegaron fuera de plazo y que desarticulaba en cierta medida el concepto inicial que ideó el ministro Escrivá para esta comisión de control, similar a los consejos de administración. Los supervisores de este fondo público están nombrados a reparto por el Ministerio (5), CEOE y Cepyme (2 cada uno), UGT y Comisiones Obreras (2 cada uno). El articulado actual establece que la retribución de los consejeros, que han sido nombrados de forma personal por las asociaciones a las que representan para buscar cierta independencia, tienen una retribución fija de 3.375 euros al mes en doce pagas más un extra por reunión de 1.390 euros, además de algunos bonus por reuniones no agendadas. La patronal y los sindicatos plantearon al Ministerio la voluntad de que las retribuciones definidas las cobre la asociación (empresarial o sindical) con carácter de institución en vez de la persona nombrada para el cargo. Además, la propuesta extemporal de los interlocutores sociales planteaba el deseo de tener un mayor control en la política de nombramientos de estos consejeros. Es decir, un mayor mandato para 'hacer y deshacer', según fuentes conocedoras. Estos dos aspectos, pendientes de corregirse mediante una Orden ministerial, bloquean el arranque de fondo público de pensiones. El antiguo ministro de la Seguridad Social elaboró la modificación de la legislación la segunda mitad de su mandato a la vez que buscaba hacer más atractivos los planes de empleo frente a los individuales, que han quedado relegados a un segundo plano por sus menores beneficios fiscales. Las elecciones de verano de 2023 obligaron a aprobar el reglamento de forma exprés y de forma incompleta, a la vista de las modificaciones, apuntes y mejoras a las que se ha debido someter el texto en el último año ahora con la ministra Saiz. En junio, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social tuvo que cambiar el texto para aplazar el momento en el que cobrarán los miembros de la Comisión de Control Especial. Paradójicamente, el sueldo de los consejeros se repercute sobre el patrimonio de estos fondos públicos de empleo que manejarán las gestoras, incluso si el ahorro es nulo como ocurre en la actualidad. Así, el departamento de pensiones tuvo que rectificar para establecer que los consejeros podrán cobrar solo cuando el patrimonio conjunto de dichos fondos alcance los 1000 millones de euros y mientras se mantenga dicho importe. Antes, sin dinero no se les podía pagar y no podían reunirse. Otro error legal paraliza la puesta en marcha de este proyecto: el reglamento de planes y fondos de pensiones no recoge de forma expresa la posibilidad de comercializar planes de empleo en el ámbito empresarial, tal y como publicó ABC. Esta figura sería vital para desarrollar los planes del segundo pilar y conseguir que cale entre el tejido empresarial más allá de su concepción en los convenios colectivos.

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(El Confidencial, 26-07-2024) | Laboral

Las empresas recortan en formación para pagar las subidas de cotizaciones y sueldos

Aunque los empleados han visto disminuido su poder adquisitivo debido a la crisis inflacionaria, los costes laborales han aumentado considerablemente. Según los datos más recientes del INE, en 2023 el coste por trabajador se incrementó hasta los 36.130 euros, la cifra más alta de toda la serie histórica y un 13,5% superior a los costes salariales anteriores a la pandemia. Aunque este aumento no compensa la inflación, representa una subida que duplica la acumulada en los once años previos. En menos de la mitad del tiempo, las empresas han experimentado un incremento en sus costes laborales que equivale al doble del registrado en la década anterior. Este aumento se debe a un incremento del 13,2% en el salario por trabajador y a una subida de casi el 16% en las cotizaciones sociales, derivada de las medidas gubernamentales para incrementar los ingresos de la Seguridad Social. Las empresas han adoptado diversas estrategias para hacer frente al aumento de los costes laborales, como trasladarlos a sus precios. Han aprovechado la crisis inflacionaria para repercutir la mayor parte de estos costes en sus precios, pero también han recortado otros gastos. Uno de los más afectados ha sido el de la formación de sus empleados, esencial para mantener la actualización de conocimientos y la productividad de los trabajadores. Como suele ocurrir cuando algunos costes se disparan, las empresas buscan soluciones recortando en otras áreas. El porcentaje de gastos laborales dedicado a la formación de empleados cayó en 2023 por debajo del 0,2%, el dato más bajo de toda la serie histórica, igualando los niveles de los años de la pandemia cuando las empresas luchaban por sobrevivir. En 2019, las empresas destinaban algo más de 77 euros anuales por trabajador a la formación; en 2023, esta cifra se redujo un 9% hasta los 70 euros. Teniendo en cuenta la inflación, la caída real supera el 20%. La disminución del gasto en formación ha sido constante en las últimas dos décadas y contradice las necesidades actuales. España enfrenta serios problemas de cualificación de su fuerza laboral, lo que impacta en la productividad y los salarios. Hasta 2016, las empresas dedicaban algo más del 0,3% de su gasto laboral total a la formación, pero en los últimos años, este porcentaje se ha reducido en más de un tercio. Los recortes en formación han sido desiguales entre sectores, afectando más a las actividades de mayor valor añadido. Estas empresas, que enfrentan mayores dificultades para encontrar trabajadores cualificados, han recortado más en formación, temerosas de perder a estos profesionales. En el sector de la información y las comunicaciones (incluyendo las TIC), el gasto en formación ha caído un 26% en términos nominales desde 2019 (casi un 40% en términos reales); en las actividades profesionales, científicas y técnicas, un 25%; y en el sector financiero, un 20%. En contraste, los gastos han aumentado en los sectores educativo y sanitario. Además, las empresas han reducido otras partidas de gasto, como el pago de transporte a sus empleados, que ha disminuido un 16% en los últimos cuatro años, a pesar del aumento de los costes energéticos, lo que probablemente ha obligado a los trabajadores a cubrir esos gastos. También se han reducido los gastos sociales en un 25%. Aunque en el corto plazo los trabajadores valoran más la subida salarial, los recortes en formación tendrán repercusiones en sus carreras a medio y largo plazo. La economía, en plena fase de digitalización y con la irrupción de la Inteligencia Artificial, requiere trabajadores capacitados. Sin reciclaje, las oportunidades futuras de los empleados se verán limitadas, afectando también la productividad agregada del país. 

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(Expansión, 26-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE aprieta a la banca para que corrija sus deficiencias en gobernanza

El Banco Central Europeo (BCE) intensifica la supervisión bancaria. La institución, con sede en Fráncfort, reconoce los avances en gobernanza realizados por los bancos de la zona euro en la última década, pero identifica áreas que requieren mejoras. Para ello, bajo la dirección de Claudia Buch en el Consejo de Supervisión Bancaria, el BCE ha publicado una nueva Guía de Gobernanza y Cultura del Riesgo. Este documento aclara las expectativas del BCE sobre la composición y funcionamiento de los órganos y comités de gestión bancaria, detalla las funciones y responsabilidades de control interno, subraya la importancia de la cultura del riesgo y describe las expectativas sobre los marcos de apetito de riesgo de las entidades. "A pesar de los avances realizados, los bancos deben seguir mejorando sus estándares de gobernanza mientras el BCE intensifica su supervisión y toma medidas para asegurar la implementación de mejoras concretas", señalan desde el supervisor. El BCE reconoce que son posibles y saludables diferentes modelos de gobernanza, pero vela por el cumplimiento de los estándares aprobados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Para ayudar a los bancos a enfrentar los cambios necesarios, el supervisor incluye ejemplos de buenas prácticas en su guía. "En nuestra supervisión, vemos con frecuencia que las raíces de las vulnerabilidades bancarias están en la gobernanza y cultura del riesgo de la entidad. La mala gobernanza es un indicador temprano de problemas, y a veces, de crisis total", explica Frank Elderson, vicepresidente del Consejo de Supervisión Bancaria del BCE. Según Elderson, "una buena gobernanza y una sólida cultura del riesgo son esenciales y una prioridad para los supervisores globales en su misión de mantener a los bancos seguros y sólidos". El BCE señala algunas deficiencias, como la falta de expertos en tecnología en casi el 20% de los consejos de administración de los bancos supervisados, un rol crucial en la era de la digitalización y la ciberseguridad. Además, el BCE destaca la necesidad de avanzar en políticas de diversidad en los órganos de control, ya que solo el 19% de sus miembros son mujeres, frente al compromiso del 33% adoptado en la UE. También se ha detectado una insuficiente presencia de consejeros independientes en un tercio de los bancos supervisados, donde no alcanzan la mitad del consejo. El BCE solicita incrementar su número y realizar juntas sin la presencia de ejecutivos para mejorar el control en la toma de decisiones. Finalmente, pide que la remuneración del director de riesgos no esté tan alineada con los objetivos comerciales.

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(El País, 26-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Sareb aprueba la licitación de casi 3.800 viviendas para alquiler asequible

La Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, también conocida como el banco malo) avanza en sus planes para levantar viviendas asequibles en sus suelos. El consejo de administración de la compañía, con mayoría de participación estatal, ha aprobado este miércoles la puesta en marcha del conocido como Proyecto Viena. En una primera fase, este implica edificar 3.771 casas. La construcción correrá a cargo de inversores privados, que podrán optar a un total de siete lotes que previsiblemente saldrán a concurso en otoño. De obtenerlos, deberán costear la construcción de los edificios a cambio de obtener la explotación de las casas, con importes de arrendamiento tasados, durante 80 años, al término de los cuales los suelos y los edificios revertirían al sector público. La propuesta a la que ha dado luz verde el consejo de la Sareb en su última reunión antes de vacaciones amplía ligeramente el alcance de la primera fase del proyecto. Si a finales del año pasado los planes pasaban por construir unas 3.500 casas en 10 comunidades autónomas, finalmente serán casi 3.800 en 12 comunidades: Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Galicia, Murcia, Madrid, Castilla y León, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón. En la primera es donde el banco malo activará más solares (12), pero en la Comunidad Valenciana el volumen de viviendas será mayor: 1.065 frente a 668 en Cataluña. En tercer lugar, Andalucía dispondrá de siete suelos en los que se proyecta levantar 589 casas. Entre los grandes mercados autonómicos, Madrid se queda con solo tres suelos y 177 casas, ya que el banco malo dispone en esta comunidad de muchos menos solares. "La distribución geográfica responde a las regiones en las que Sareb cuenta con una mayor cartera de activos", señalan en la entidad. Eso provoca también divergencias entre dos mercados con problemáticas similares, Baleares y Canarias. Ambos tienen un fuerte componente turístico y de compra de vivienda por parte de extranjeros, y figuran entre los que mayor escalada de precios han vivido en los últimos años. Pero en la primera, el banco malo pondrá ahora dos suelos para 58 viviendas, mientras que en el archipiélago atlántico serán cuatro parcelas para 337 viviendas, el cuarto territorio donde más se levantarán. La fórmula escogida para desarrollar las casas es la cesión del derecho de superficie a largo plazo. Esta es una fórmula de colaboración público-privada que el Gobierno impulsó hace años con un cambio legal y que, además de la Administración central, algunas comunidades autónomas ya han explorado. En este caso, según indican en el banco malo, los adjudicatarios de cada lote tendrán derecho a explotar los suelos durante 80 años a cambio de construir sobre ellos viviendas destinadas a arrendamiento al precio que se fije en los concursos. Esos importes, señala la Sareb en una nota, "serán asequibles para rentas medias y se establecerán en coordinación con el Ministerio de Vivienda". En la compañía no proporcionan información adicional sobre los precios, pero insisten en que la rentas que se pidan por los pisos "rondarán los márgenes que se manejan de manera genérica para la vivienda asequible". Es decir, en torno a un 20% o un 25% por debajo de los importes de mercado, aunque eso dependerá de cada parcela. En total se contemplan 50 suelos en la primera fase, que se dividirán en siete lotes distintos a los que podrán optar los inversores. Se estima que harán falta 460 millones para edificar 3.771 casas. Estas se ubicarán en 39 municipios con más de 10.000 habitantes que se han seleccionado analizando las condiciones del mercado inmobiliario, especialmente la demanda. El banco malo se reserva de momento el detalle de esas localidades, ya que en próximas semanas tiene previsto contactar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos concernidos para explicarles los planes. El Proyecto Viena forma parte del nuevo giro social que el banco malo emprendió coincidiendo con la toma de la mayoría de capital por el Estado. En total, contempla 133 suelos sobre los que se podrían edificar alrededor de 15.000 casas. En esta primera fase se movilizará, por tanto, un 38% de los suelos para levantar un 25% de la vivienda prevista. La construcción de pisos para alquiler asequible en suelos de la Sareb bajo fórmulas de colaboración público-privada está incorporada en los planes de vivienda del Gobierno. Este busca engordar el exiguo parque de vivienda social y asequible que tiene España, lo que, según el análisis del propio Ejecutivo y de no pocos expertos, agrava el problema de accesibilidad a la vivienda. El banco malo se conoce así porque se fundó en 2012, en plena crisis financiera, para que las entidades que lo deseasen (el BBVA no participó) pudieran descargar ahí el ladrillo tóxico y limpiar sus balances. Eso le hizo acumular activos (desde solares hasta casas a medio hacer, pero mayoritariamente préstamos de difícil recuperación) que se valoraron en unos 50.000 millones, con el objetivo de transformarlos o venderlos y recuperar el máximo valor posible para saldar una deuda de aproximadamente el mismo montante. Pero la valoración que se hizo, generosa según muchos analistas, dificultaba recuperar ese valor y de hecho desde su fundación siempre ha incurrido en pérdidas. Eso hizo que en 2021, ante la descapitalización de la sociedad, Bruselas obligase a España a asumir la deuda como pública. Y eso animó a que el Estado tomase la mayoría accionarial, que en los planes iniciales siempre debía de ser privada (aunque el Estado siempre fue el primer accionista, con casi el 46% de participación). Tras ese cambio se introdujo en el mandato de la organización el principio de sostenibilidad y utilidad social. Desde entonces, el banco malo compatibiliza su labor de siempre (deshacerse del máximo número de deuda posible) con la idea de utilizar parte de sus inmuebles para aliviar el problema de vivienda. Además de la construcción de alquileres en sus solares, también ha ofrecido edificios a comunidades autónomas y ayuntamientos, para que los compren o acepten su cesión, a cargo de correr con los gastos de mantenimiento, y los destinen a fines sociales, aunque esta iniciativa ha tenido poco éxito hasta ahora.

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(El Periódico, 26-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La inversión pública creció el 28% tras el covid y cayó 23% con la gran recesión

El Gobierno del PSOE y Sumar no se cansa de reiterar que las respuestas a la crisis del covid, con ellos al mando; y las de la gran recesión de 2008, con el PP en el poder, fueron muy distintas. Un estudio de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), de su programa conjunto de investigaciones socioeconómicas, pone cifras a estas diferencias. Uno de los puntos en los que más se diferencian las respuestas es en la inversión pública, en ambos casos ligadas a unas reglas fiscales de la Unión Europea (UE) que provocaron efectos muy diferentes, según destaca la autora del estudio, Matilde Mas. Mientras que en la Gran Recesión prevaleció la austeridad, inicialmente impuesta desde Bruselas, y se produjo un recorte de las inversiones del -23,2% entre 2007 y 2011, tras el 'shock' del covid, la respuesta de la economía española fue la contraria, apoyada en los 140.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, y crecieron un 28,2% entre 2019 y 2023. Esta desigual respuesta se aprecia en todos los componentes de la inversión pública, incluida la partida para educación, que en la primera crisis se contrajo un 50%, pero durante la pandemia creció un 34,2%; la sanidad (-16,6 frente al 27,9%) y el resto de infraestructuras (-22,2% frente al 27,7%). Destaca especialmente el cambio de política entre las dos crisis en la actuación de las corporaciones locales. Los ayuntamientos españoles frenaron la inversión en infraestructuras urbanas un 150% durante la Gran Recesión, pero tras la pandemia han apostado por incrementarlas un 63%. Según Mas, que es, directora de Proyectos Internacionales del Ivie, en la economía española donde se constata mejor lo ocurrido es en la evolución del producto interior bruto (PIB) y el empleo. En la crisis financiera, el PIB cayó un 3,6% acumulado entre 2007 y 2011, pero en 2023 ya había recuperado los niveles de 2019 en un 2,2%. Y el empleo cayó un 10% acumulado, tanto en término de horas como en número de trabajadores, en los cuatro años posteriores a 2007, mientras que, en 2023, ya era un 0,3% superior al de 2019 en término de horas y un 2,9% en el de trabajadores. A juicio de la autora, las reglas fiscales "son necesarias" pero deben ser adaptables, "estar bien diseñadas" y que no entorpezcan la recuperación económica, tal como sucedió con las políticas restrictivas tras la crisis financiera. Por aquel entonces, agrega, "se aplicó una política restrictiva cuando lo que se tendría que haber hecho es aplicar una expansiva". Esa fue una de las lecciones que se aprendieron y que se han puesto en marcha con la crisis sanitaria del covid y que han supuesto también la reforma de las reglas fiscales, "con componentes de flexibilidad que impidan que suceda lo que sucedió en 2007". Con la crisis del covid se levantaron las reglas fiscales "porque se comprendió que las primeras, con las medidas de austeridad que llevaban implicadas, provocaron serios problemas en la evolución de las economías de España, Italia y Grecia, que fueron muy perjudiciales". En la crisis financiera, solo las inversiones ferroviarias, con un crecimiento acumulado del 7,9%, consiguieron mantenerse en positivo. Las restantes infraestructuras experimentaron caídas en algunos casos muy notables. Especialmente destacable fue el recorte de las inversiones de las corporaciones locales en infraestructuras urbanas, que se desplomaron un 150%. También cayeron las inversiones en infraestructuras hidráulicas (-70,7%) o aeroportuarias (-60,1%).  Sin embargo, la respuesta ante la covid-19 fue la opuesta.Todas las infraestructuras presentaron variaciones positivas de dos dígitos, y en algunos casos superiores al 50%. Este es el caso de la inversión de los ayuntamientos en infraestructuras urbanas, que, en esta ocasión, experimentaron un crecimiento del 63%; y de las portuarias, que han aumentado un 53,3% desde 2019. También son destacables las inversiones en infraestructuras hidráulicas y ferroviarias, con crecimientos que rondan el 40%. En el periodo 2019-2023, la inversión en infraestructuras urbanas de las corporaciones locales y las portuarias han sido las más dinámicas, mientras que las infraestructuras viarias se han revelado como las de avance más lento. En cualquier caso, los datos ilustran las respuestas tan distintas que siguió la inversión pública en general, y en infraestructuras en particular, en las dos crisis. Estas diferencias han dado lugar a cambios en la composición de las inversiones públicas. El peso de las inversiones en educación y sanidad y servicios sociales ha crecido y ya supone casi una cuarta parte del total de inversiones públicas efectuadas en promedio durante los cuatro años posteriores a la covid-19, frente al 16% que representaban tras la Gran Recesión. Por el contrario, la inversión en infraestructuras de transporte e hidráulicas ha pasado de concentrar más de la mitad de las inversiones totales en el primer periodo a no alcanzar el 40% en los cuatro años posteriores a la crisis sanitaria. También destaca la pérdida de peso de las inversiones en infraestructuras urbanas por parte de las corporaciones locales que, pese al aumento de la inversión en este último periodo, han pasado de representar un 5% entre 2007-2011 a un 3% en el periodo postcovid. Este descenso se explica en parte por las fuertes inversiones realizadas en la primera parte del periodo 2007-2011 a través de programas de estímulo económico como el Plan E.

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(El Mundo, 26-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Los nuevos vocales del CGPJ juran o prometen sus cargos ante el Rey

Los veinte vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), seleccionados por las Cortes tras el acuerdo entre el PP y el PSOE, han jurado o prometido su cargo este jueves ante el rey Felipe VI, en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la ceremonia realizada en el Palacio de la Zarzuela, también estuvo presente el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Los nuevos vocales fueron jurando o prometiendo sus cargos para los próximos cinco años. Después de leer los decretos de nombramiento, cada vocal se comprometió a desempeñar su función fielmente, a respetar y hacer respetar la Constitución, y a mantener en secreto las deliberaciones del órgano. Luego, el rey saludó uno a uno a los vocales y se tomó una foto de grupo con ellos, el presidente del Gobierno y otras autoridades. En el acto también estuvieron presentes el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Posteriormente, los nuevos miembros del CGPJ se trasladarán a la sede del órgano de gobierno de los jueces para celebrar su primer pleno, marcando el inicio del octavo mandato, que comienza con cinco años y medio de retraso debido a la falta de acuerdo entre los partidos políticos. Ahora, con diez vocales propuestos por cada partido, el CGPJ estará compuesto por doce magistrados y ocho juristas de reconocida competencia, incluyendo nombres que ya se habían consensuado en intentos previos de ambas formaciones para llegar a un acuerdo durante los más de cinco años en los que el Consejo ha estado en funciones. 

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