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(El País, 11-05-2026) | Fiscal

Trump da un ultimátum a la UE para que elimine los aranceles a Estados Unidos o disparará las tasas sobre Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a elevar la presión sobre la Unión Europea en plena negociación comercial, aunque al mismo tiempo ha concedido algo más de margen para alcanzar un acuerdo. El mandatario ha fijado un ultimátum para resolver las diferencias entre ambas potencias: si Bruselas no elimina los aranceles a los productos estadounidenses antes del próximo 4 de julio, fecha en la que se conmemorarán los 250 años de la independencia de Estados Unidos, Washington responderá elevando de forma inmediata los gravámenes sobre las importaciones europeas. La amenaza, sin embargo, supone también una ampliación de los plazos para que las instituciones europeas puedan culminar el proceso de ratificación del pacto. Fiel a su estilo, y a través de su red social Truth Social, Trump aseguró que había esperado "pacientemente" a que la UE cumpliera con su parte del acuerdo comercial alcanzado en Turnberry, Escocia, al que volvió a definir como "el mayor acuerdo comercial de la historia". Según explicó, Bruselas se comprometió a reducir a cero los aranceles sobre productos estadounidenses y él accedió a conceder tiempo hasta la celebración del aniversario nacional estadounidense antes de aplicar represalias comerciales. El nuevo mensaje llega después de una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, máxima responsable de la política comercial del bloque y principal negociadora del acuerdo cerrado en Escocia durante una controvertida reunión celebrada en el club de golf del presidente estadounidense. La tensión se había intensificado esta semana después de que Trump amenazara con imponer aranceles del 25% al automóvil europeo, uno de los sectores más sensibles para la economía comunitaria. Por ello, en Bruselas la nueva fecha límite del 4 de julio se interpreta más como una prórroga que como una escalada inmediata del conflicto. Von der Leyen aseguró este jueves, tras su conversación con Trump, que las negociaciones avanzan con el objetivo de cerrar el acuerdo arancelario a comienzos de julio. No obstante, durante la madrugada, y tras más de seis horas de reunión, los negociadores europeos no lograron dar luz verde definitiva al texto que contempla la eliminación por parte de la UE de los aranceles a productos industriales estadounidenses, mientras Washington limitaría al 15% los gravámenes sobre la mayoría de importaciones europeas. El acuerdo ya había encontrado obstáculos en el Parlamento Europeo, donde varios grupos frenaron su aprobación por la volatilidad política de Trump y, especialmente, por sus reiteradas alusiones a una posible anexión de Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca. Actualmente se negocian modificaciones para introducir mecanismos de revisión y cláusulas de salvaguarda que permitan suspender el pacto si el presidente estadounidense lanza amenazas que afecten a la integridad territorial europea. Los representantes del Parlamento, de los Estados miembros y de la Comisión Europea han quedado emplazados para una nueva reunión el próximo 19 de mayo. Estos retrasos han provocado malestar en Washington. Sin embargo, Trump también ha tratado de rebajar la tensión y mostrar sintonía con Bruselas en otros asuntos, especialmente en relación con la guerra en Irán. En un mensaje publicado en su red social, el mandatario destacó que mantuvo una "excelente conversación" con Von der Leyen y subrayó que ambas partes comparten la convicción de que Irán no debe disponer de armamento nuclear. Según afirmó, coincidieron en que un régimen que reprime a su propia población no puede tener acceso a una capacidad destructiva de esa magnitud. La presidenta de la Comisión Europea también calificó la llamada de "positiva" y aseguró que ambas partes abordaron la situación en Oriente Próximo y la coordinación con los socios regionales. Von der Leyen insistió en que los acontecimientos recientes evidencian que los riesgos para la estabilidad regional y la seguridad internacional son demasiado elevados como para permitir que Irán acceda a armamento nuclear.

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(El Economista, 11-05-2026) | Fiscal

La mitad de los 13 millones de ciudadanos exentos de hacer la Renta la presentan para cobrar deducciones

Casi la mitad de los contribuyentes que, en teoría, no están obligados a presentar la declaración de la Renta terminan haciéndolo para recuperar cantidades retenidas de más o acceder a determinadas deducciones fiscales. Actualmente, alrededor de 13,7 millones de personas están exentas de presentar el IRPF por percibir ingresos inferiores a 22.000 euros anuales -o menos de 15.876 euros en caso de contar con dos o más pagadores-. Sin embargo, de ese total, unos 6,6 millones acaban realizando igualmente la declaración para reclamar devoluciones o beneficiarse de ventajas fiscales como las deducciones por maternidad, familia, ayudas autonómicas, aportaciones a planes de pensiones o reformas destinadas a mejorar la eficiencia energética de la vivienda. La Agencia Tributaria, que analiza este fenómeno en un informe, destaca que el 48,1% de los ciudadanos exentos de declarar presentaron finalmente la Renta en 2023 con el objetivo de obtener devoluciones. El porcentaje supera al registrado un año antes, cuando se situó en el 46,5%, y evidencia, según el organismo, que esta situación se ha convertido en una práctica habitual y no en algo puntual. Aunque la posibilidad de quedar exento de declarar ya existía antes de 1999, ese año se aprobó una reforma que amplió de forma significativa el número de contribuyentes liberados de esta obligación. No obstante, más de dos décadas después, el propio análisis de la Administración reconoce que la evolución del impuesto ha provocado que cada vez más ciudadanos, pese a estar formalmente exentos, terminen teniendo que presentar la declaración. Además, el límite de ingresos a partir del cual no es obligatorio declarar apenas ha cambiado en los últimos 27 años. Mientras que actualmente se mantiene en 22.000 euros anuales, en 1999 el umbral ya rondaba prácticamente esa cifra, fijado entonces en 21.035 euros, equivalentes a 3,5 millones de pesetas. A ello se suma que en los últimos años determinados colectivos con ingresos inferiores a ese límite han pasado a estar obligados a presentar la declaración. Es el caso de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y de todos los trabajadores autónomos, independientemente de cuánto ingresen. Asimismo, desde el ejercicio pasado, aunque no exista obligación formal, todos los trabajadores que percibieron el Salario Mínimo Interprofesional -que en 2025 ascendió a 16.576 euros anuales- deberán presentar la Renta para recuperar las cantidades retenidas a través de una nueva deducción de 340 euros. Esta medida también afecta a quienes cobraron menos de 18.276 euros, ya que la deducción se aplica de manera progresiva para evitar saltos bruscos en la tributación. El perfil más habitual de quienes presentan la declaración pese a no estar obligados no corresponde, además, a los contribuyentes con ingresos cercanos al límite de 22.000 euros. Según los datos de la Agencia Tributaria, la mayoría son personas con rentas relativamente bajas. Un 33% declara ingresos de entre 10.000 y 15.000 euros anuales; un 25% percibe entre 15.000 y 20.000 euros; y un 22% ingresa entre 5.000 y 10.000 euros. En cambio, únicamente el 8% de quienes ganan entre 20.000 y 22.000 euros decide presentar la Renta. El informe también refleja que la mayoría de estos contribuyentes tiene menos de 40 años y que, en el 98% de los casos, sus ingresos proceden principalmente del trabajo. Solo un pequeño porcentaje obtiene rentas derivadas del alquiler de inmuebles o del ahorro.

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(Expansión, 11-05-2026) | Laboral

El Gobierno debe dedicar cada año un mayor porcentaje del presupuesto para los pagos a los jubilados

La contundente advertencia del Tribunal de Cuentas sobre el desvío en 2024 de recursos sobrantes de los fondos europeos Next Generation para afrontar el pago de las pensiones ha vuelto a evidenciar la falta de recursos suficientes para sostener el creciente gasto en jubilaciones. Resulta llamativo que un Estado que ese año ingresó 654.000 millones de euros entre impuestos y cotizaciones sociales, un 38% más que al inicio del mandato de Pedro Sánchez, recurriera a mecanismos contables para poder hacer frente a unas pensiones que alcanzaron los 200.000 millones de euros. Las razones son diversas, aunque el principal origen del problema se sitúa en la decisión política adoptada en 2021 de actualizar las pensiones conforme al IPC, tal y como recomendó de forma casi unánime la comisión del Pacto de Toledo, pero sin concretar cómo se financiaría ese incremento estructural del gasto. El desenlace, advertido por numerosos expertos, ha sido un fuerte aumento del coste de las pensiones para las cuentas públicas y una menor capacidad de las cotizaciones sociales para cubrirlo. En 2025, por ejemplo, el gasto en pensiones creció en torno a 13.000 millones de euros, mientras que los ingresos del sistema apenas aumentaron unos 11.300 millones. A ello se suman factores demográficos y estructurales como la jubilación de la generación del baby boom, la incorporación de nuevas pensiones más elevadas debido a carreras de cotización más largas y mejores salarios, así como el incremento de la esperanza de vida. Todo ello ha agravado el desequilibrio financiero de la Seguridad Social, hasta el punto de que el Estado ha tenido que incrementar de manera progresiva los préstamos destinados a sufragar las pagas extraordinarias, elevando la deuda del organismo por encima de los 136.000 millones de euros. Este contexto ha reducido notablemente el margen de actuación del Estado respecto a 2018. De ahí que reivindicaciones relacionadas con una mayor inversión en sanidad, vivienda, becas o ayudas familiares no hayan encontrado respuesta en un Gobierno que ha defendido el aumento del gasto social. La realidad es que el peso creciente de los compromisos fijos, especialmente las pensiones y el pago de intereses de la deuda, absorbe cada vez una mayor parte de los Presupuestos. De hecho, más del 38% del incremento de la recaudación por impuestos y cotizaciones sociales desde 2018 -68.000 millones de euros de un total de 178.300 millones- se ha destinado exclusivamente a cubrir el aumento del gasto en pensiones. En la mayoría de los ejercicios, este desembolso ha avanzado a un ritmo muy superior al del resto del gasto público, mientras áreas como educación o vivienda han registrado incrementos mucho más moderados. El crecimiento anual del gasto en pensiones equivale aproximadamente a sumar el presupuesto conjunto de los ministerios de Vivienda, Cultura, Universidades y Ciencia, y supera ampliamente la cuantía destinada cada año a becas. Esto pone de relieve la paradoja de que, pese al aumento de los ingresos públicos, buena parte de esos recursos se destina a prestaciones monetarias en lugar de a políticas transformadoras, precisamente aquellas que debían impulsarse con los fondos europeos y que finalmente fueron utilizados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para sufragar las pensiones. A diferencia de otras políticas sociales que pueden ajustarse o retrasarse en función de la situación económica, las pensiones constituyen una obligación legal ineludible. Además, cada revalorización anual incrementa la base sobre la que se aplican futuras subidas, consolidando un gasto estructural cada vez mayor y trasladando una pesada carga a los próximos gobiernos y generaciones. Precisamente por esa rigidez, el Ejecutivo ha terminado condicionado por una estrategia de corto plazo en la gestión de las pensiones desde la llegada de Sánchez al poder, garantizando su actualización conforme al IPC incluso en periodos de elevada inflación como los vividos entre 2022 y 2023.

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(Expansión, 11-05-2026) | Laboral

La Seguridad Social aumenta un 24% la recaudación por cuotas de autónomos

Entre enero y marzo de 2026, los ingresos de la Seguridad Social procedentes de las cuotas de los autónomos aumentaron un 24% respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata de un crecimiento muy significativo que, sin embargo, no guarda relación con la evolución del número de trabajadores por cuenta propia inscritos en el sistema, que apenas creció un 1,2% en los últimos doce meses hasta marzo. En concreto, durante el primer trimestre del año la recaudación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) alcanzó los 3.399 millones de euros, es decir, 662 millones más que en 2025. Aunque las aportaciones de los cerca de 3,4 millones de autónomos representan solo el 7,3% del total de ingresos por cotizaciones sociales -que ascendieron a 46.714 millones, un 7,8% más que un año antes-, el aumento registrado en el RETA es muy superior al observado en el resto de regímenes, según reflejan los datos de ejecución presupuestaria. De hecho, este incremento cuadruplica el registrado en el régimen general de asalariados, cuya recaudación avanzó un 6,2% hasta situarse en 35.697 millones de euros en el mismo periodo. También supera ampliamente el comportamiento de otros sistemas especiales, como el agrario, donde los ingresos retrocedieron un 4%; el del mar, con una subida del 0,9%; el de la minería del carbón, que cayó un 12,5%; o el de empleados del hogar, cuya recaudación descendió un 13,5%. El fuerte aumento de los ingresos tampoco responde a un crecimiento equivalente del número de autónomos. En marzo de 2026, la Seguridad Social contabilizaba 3,42 millones de afiliados al RETA, apenas 40.287 más que un año antes, lo que supone un incremento muy moderado del 1,2%. Además, durante el ejercicio pasado, pese a mantener niveles similares de afiliación, la recaudación por cuotas de autónomos incluso registró una ligera caída del 0,5%, cerrando el año con unos ingresos acumulados de 12.106 millones de euros frente a los 12.176 millones del ejercicio anterior. Este incremento del 24% es, además, el más elevado desde la puesta en marcha del nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Desde la implantación de este modelo en 2023, el crecimiento de la recaudación había sido mucho más moderado: un 3,5% al cierre de 2023 y un 1,7% en 2024, llegando incluso a retroceder ligeramente el año pasado. La reforma del RETA, iniciada en 2023, establece que los autónomos coticen en función de sus rendimientos netos reales. El Ministerio de Seguridad Social estimó inicialmente, en el informe remitido a Bruselas sobre la reforma de pensiones en octubre de 2023, que esta medida permitiría incrementar la recaudación anual por cuotas de autónomos en más de 5.700 millones de euros de media entre 2022 y 2050. Por su parte, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) elevó ligeramente esa previsión, calculando un aumento medio anual de ingresos de 7.285 millones de euros en ese mismo periodo, equivalente al 0,47% del PIB. Según sus estimaciones, el impacto máximo se alcanzaría en 2050, cuando el incremento representaría un 0,6% del PIB, unos 9.300 millones de euros adicionales. La reforma también contempla una redistribución progresiva de las cuotas para adecuarlas a los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia. Antes de la entrada en vigor del nuevo sistema, los autónomos podían elegir libremente su base de cotización y cerca del 80% optaba por la mínima, según explicó hace un año la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Sin embargo, el primer proceso de regularización correspondiente a 2023, realizado entre finales de 2024 y principios de 2025, revisó las cotizaciones de 3,72 millones de autónomos que habían estado dados de alta en algún momento de ese año. Como resultado, únicamente 889.553 trabajadores tuvieron que abonar cantidades adicionales, con un pago medio de unos 450 euros por haber cotizado por debajo de lo que les correspondía. Aun así, los últimos datos de ejecución presupuestaria todavía no incorporan el impacto de la subida de cuotas aprobada para cerca de medio millón de autónomos societarios y colaboradores en la orden de cotización de 2026 publicada el pasado 30 de marzo. Esa medida contempla un incremento del 42% en la base mínima de cotización, hasta los 1.424 euros mensuales, lo que implica un aumento de las cuotas de aproximadamente 135 euros al mes y unos 1.620 euros más al año.

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(El Economista, 11-05-2026) | Laboral

El Supremo impide que se penalice más a los trabajadores temporales en los despidos objetivos

Un convenio colectivo no puede restringir determinadas garantías laborales frente a despidos por causas económicas, organizativas o productivas únicamente a los trabajadores indefinidos, excluyendo a quienes tenían contratos temporales, según ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia fechada el 21 de abril de 2026. La resolución, cuyo ponente fue el magistrado Molins García-Atance, concluye que, cuando aparecen circunstancias sobrevenidas que justifican un despido objetivo o colectivo antes de que finalice un contrato temporal, el hecho de que ese vínculo laboral tenga duración determinada no constituye un motivo válido para ofrecer una protección inferior a estos trabajadores frente a los empleados indefinidos. Ambos colectivos, señala el fallo, se enfrentan a una extinción contractual derivada de causas imprevistas y, por tanto, deben disfrutar de las mismas garantías. La sentencia se apoya tanto en la Directiva 1999/70/CE de la Unión Europea como en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y subraya que el concepto de "condiciones de trabajo" no se limita únicamente a cuestiones salariales o de jornada laboral. También engloba expresamente la protección frente al despido y las normas relacionadas con la extinción de los contratos, incluidos aspectos como los preavisos. El magistrado recuerda además que la normativa europea prohíbe tratar de manera menos favorable a los trabajadores temporales respecto a empleados fijos comparables cuando se trata de garantías laborales recogidas en convenios colectivos. La resolución insiste en que la mera naturaleza temporal o indefinida del contrato no puede justificar, por sí sola, una diferencia de trato. Para que esta distinción sea legal y compatible tanto con el artículo 14 de la Constitución Española como con el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores, debe estar basada en razones objetivas y superar un criterio estricto de proporcionalidad. Esas razones deben relacionarse con elementos concretos vinculados a las funciones desempeñadas y no simplemente con el tipo de contrato firmado. El caso analizado afecta a Exolum Aviación, cuyo convenio colectivo reconocía el derecho a que las bajas fueran exclusivamente voluntarias únicamente al personal fijo existente a fecha de 24 de julio de 2007. El Tribunal Supremo considera discriminatorio excluir de esa protección a empleados que actualmente tienen contrato indefinido únicamente porque en aquella fecha histórica mantenían un contrato temporal. La sentencia destaca además que, dado el tiempo transcurrido desde 2007, la mayoría de aquellos trabajadores temporales ya forman parte hoy de la plantilla fija de la empresa, por lo que seguir utilizando su antigua situación contractual para limitar derechos actuales carece de justificación objetiva y razonable. Como consecuencia de esta interpretación, el Tribunal Supremo declara nula la referencia del convenio que limitaba esta garantía laboral exclusivamente al "personal fijo de plantilla" y amplía el derecho a la protección y a la voluntariedad de las bajas a todos los trabajadores que pertenecían a la empresa en esa fecha, independientemente de si entonces tenían un contrato temporal o indefinido.

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(Expansión, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

"Los avances en IA obligan a reevaluar la solidez de la infraestructura financiera"

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha advertido de que los últimos avances en inteligencia artificial obligan a replantearse la resistencia y seguridad de las infraestructuras financieras y de los sistemas de ciberseguridad. Durante la clausura del I LatAm Economic Forum celebrado en Roda de Berà, Escrivá se refirió a la "transformación tecnológica sin precedentes" que está atravesando la economía mundial y alertó de que esta revolución también incorpora nuevos factores de riesgo. En su intervención, posterior a la apertura del encuentro realizada el día anterior por la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, destacó especialmente el impacto de la tecnología en el ámbito de los pagos, uno de los sectores donde la innovación está teniendo una mayor capacidad de transformación. Aun así, defendió que el desarrollo tecnológico es compatible con el mantenimiento de las funciones esenciales de los bancos centrales, especialmente en lo relativo al dinero emitido por estas instituciones como principal soporte del sistema de pagos. Escrivá señaló que actualmente existen dos grandes fuerzas que están redefiniendo el escenario internacional: el avance tecnológico y la creciente fragmentación geoeconómica. Según explicó, en un contexto marcado por la incertidumbre, los bancos centrales continúan siendo una de las principales fuentes de estabilidad y confianza. En el plano geopolítico, el gobernador subrayó que la eficacia de las políticas monetarias depende en gran medida de la credibilidad de los bancos centrales, instituciones que, a su juicio, están mejor preparadas para adoptar decisiones con visión de largo plazo frente al predominio del cortoplacismo político. Respecto al ámbito tecnológico, sostuvo que los bancos centrales deben adaptarse e integrar las nuevas herramientas digitales, aunque recordó que esas mismas tecnologías necesitan apoyarse en instituciones capaces de garantizar la estabilidad y la confianza del sistema financiero. Sobre las criptomonedas estables o stablecoins privadas, Escrivá afirmó que, por su propia naturaleza, no pueden desempeñar el papel de referencia del sistema monetario, insistiendo en que los bancos centrales siguen siendo el principal respaldo sobre el que se sustentan los mercados financieros. En relación con el contexto económico internacional, condicionado por la guerra en Oriente Medio y la política arancelaria de Estados Unidos, el gobernador aseguró que el mundo atraviesa una transición desde un modelo basado en la cooperación multilateral hacia otro en el que las herramientas económicas y financieras se utilizan cada vez más como mecanismos de presión. Según explicó, cuando las medidas geoeconómicas dificultan las relaciones comerciales con determinados países, los flujos económicos tienden a reorientarse hacia otras regiones. Esto provoca, añadió, que acuerdos internacionales que llevaban años bloqueados puedan adquirir repentinamente una relevancia estratégica. Escrivá también advirtió de que los efectos a largo plazo de estas medidas pueden acabar siendo muy distintos de los objetivos iniciales con los que fueron diseñadas e incluso generar consecuencias contrarias a las pretendidas. En este sentido, sostuvo que los aranceles tienen más relevancia por las implicaciones financieras que desencadenan que por su efecto directo sobre el comercio. A su juicio, la verdadera capacidad de presión geoeconómica reside en los llamados "puntos de estrangulamiento", presentes en ámbitos como las finanzas, la tecnología, las plataformas digitales o los suministros estratégicos, cuya importancia depende de la facilidad o dificultad para encontrar alternativas. El foro, celebrado a puerta cerrada, reunió a gobernadores de bancos centrales de países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay y España, entre otros representantes institucionales.

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(El País, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El recibo de la luz y los cortes de Internet encabezan las quejas de los consumidores

El suministro eléctrico cerró 2025 como el servicio que generó un mayor nivel de insatisfacción comercial entre los consumidores españoles, según refleja el último Panel de Hogares elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El estudio indica que el 52,3% de los usuarios que manifestaron problemas con su compañía eléctrica señalaron la facturación como el principal motivo de sus quejas, un porcentaje superior al registrado en cualquier otro sector analizado. En paralelo, la banda ancha fija se situó como el servicio con más incidencias técnicas. El 64,2% de los clientes que reportaron problemas vinculó sus reclamaciones a cuestiones relacionadas con la calidad del servicio, como cortes de conexión o velocidades de internet inferiores a las contratadas. Esta proporción supera claramente las incidencias registradas en telefonía móvil, con un 53%, y en telefonía fija, con un 47,6%. La banda ancha fija también lideró el volumen de reclamaciones formales ante organismos oficiales. Uno de cada diez usuarios presentó alguna denuncia o reclamación administrativa durante los últimos doce meses. En el extremo contrario se situó el suministro de gas natural, que registró la menor conflictividad, con una tasa de reclamaciones del 5,2%. El coste del servicio continuó siendo el principal foco de descontento en el ámbito energético. Entre los consumidores insatisfechos con la electricidad, el 84,2% atribuyó su malestar al precio de la tarifa. En el caso del gas natural, el porcentaje ascendió hasta el 86,5%. La CNMC también relaciona el descontento de los usuarios energéticos con problemas de transparencia. Tras el precio, las principales críticas se dirigieron a la dificultad para entender las facturas y a la falta de claridad en la aplicación de las tarifas. Además, muchos consumidores señalaron deficiencias en la información sobre las condiciones del suministro y los términos contractuales. En relación con la atención al cliente y los cambios de compañía, el mercado eléctrico volvió a mostrar dificultades. El 11% de los hogares que intentaron cambiar de comercializadora eléctrica afirmó haber sufrido incidencias durante el proceso. En telecomunicaciones, los principales problemas se concentraron en las bajas de servicios: el 10,3% de los usuarios de telefonía móvil reportó obstáculos al intentar cancelar su contrato. A pesar de estos problemas, los servicios móviles de telecomunicaciones obtuvieron las mejores valoraciones globales de satisfacción. El 70% de los usuarios aseguró estar satisfecho o muy satisfecho con la telefonía móvil y el internet móvil. Estas cifras superan las registradas por el suministro eléctrico, con un 56,7% de satisfacción, y por el gas natural, que alcanzó el 58,9%. En telefonía, las reclamaciones se repartieron de forma más equilibrada entre cuestiones técnicas y comerciales. Los errores de facturación representaron el 31,9% de las incidencias en telefonía móvil y el 31,4% en telefonía fija, porcentajes muy inferiores a los detectados en el sector eléctrico. El informe de la CNMC también recoge un volumen relevante de incidencias clasificadas como "otros problemas", sin una categoría concreta. Estas afectaron al 24,9% de los usuarios del servicio eléctrico y al 25,7% de los clientes de telefonía fija, lo que apunta a dificultades adicionales relacionadas con la atención al cliente o la transparencia comercial.

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(El País, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

China elige a España como su gran fábrica de coches en Europa

La industria automovilística europea atraviesa una etapa especialmente complicada, marcada por importantes ajustes laborales, aunque España está logrando mantener una posición relativamente sólida. En un contexto dominado por la creciente competencia de los fabricantes chinos, el descenso de las ventas en Europa, la compleja transición hacia el vehículo eléctrico y la pugna por controlar la cadena de suministro de esta tecnología, España se ha convertido en uno de los pocos países de la Unión Europea capaces de seguir atrayendo inversiones industriales vinculadas al automóvil. Precisamente, buena parte de las futuras inversiones procederán de China, el país que más ha alterado el equilibrio del sector automovilístico europeo. El gigante asiático ha situado a España como uno de sus principales puntos estratégicos para fabricar vehículos destinados al mercado europeo evitando el impacto de los aranceles comunitarios, siguiendo el camino abierto por Chery en 2024. Uno de los proyectos más avanzados es el de SAIC Motor, propietario de la marca MG, que comercializa actualmente el coche chino más vendido en España, el MG ZS de gasolina. La compañía negocia la construcción de una nueva planta en Galicia, una operación que, de materializarse, reforzaría aún más el peso industrial de la comunidad en el sector de la automoción. Galicia ya alberga la mayor fábrica de vehículos del país, propiedad de Stellantis, donde se ensamblaron cerca de 560.000 automóviles el pasado año. A diferencia de otros fabricantes chinos, SAIC cuenta con una gama más diversificada y menos centrada exclusivamente en el vehículo eléctrico. Tras su viaje institucional a China en abril, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó públicamente el interés de la compañía por invertir en Galicia. Diversas fuentes próximas a las negociaciones consideran muy probable que MG acabe instalándose en la comunidad, aunque todavía no se ha confirmado el emplazamiento definitivo. Entre las opciones planteadas figura el parque industrial de Plisan, en el sur de Pontevedra, mientras otros apuntan a Ferrol como posible destino. Otra firma china que ha mostrado interés por fabricar en España es Changan, que recientemente ha iniciado su actividad comercial en el mercado español con dos SUV eléctricos. Según diversas informaciones, la compañía estudia ubicar una futura planta en Aragón. Para Mathieu Bernard, responsable del área de automoción para Iberia de Roland Berger, el atractivo de España para las compañías chinas se explica por varios factores: el acceso directo al mercado europeo, una base industrial consolidada, costes inferiores a los de otros países del norte de Europa y una ubicación estratégica que facilita la conexión tanto con Europa como con mercados de Latinoamérica y África. A estas iniciativas se suma también el interés de otras marcas chinas por aprovechar instalaciones industriales ya existentes en España. Es el caso de Hongqi, fabricante de vehículos de lujo que negocia con Stellantis la producción de automóviles en la planta de Zaragoza, según diversas informaciones. Estas instalaciones ya cuentan además con una importante inversión china comprometida por parte de CATL, el mayor productor mundial de baterías, que construye junto a la fábrica una gigafactoría valorada en unos 4.100 millones de euros. También está confirmado el desembarco industrial de Leapmotor, empresa de la que Stellantis adquirió una participación en 2023 junto con los derechos de comercialización en Europa. La compañía fabricará en Zaragoza el modelo B10 a partir de este mismo año y aportará además tecnología para un futuro modelo eléctrico de Opel del segmento C. Fuentes cercanas al proyecto apuntan igualmente a que otros modelos de la marca podrían ensamblarse en España próximamente. Leapmotor también aparece como una posible vía de continuidad para la planta de Stellantis en Madrid, ubicada en Villaverde, que actualmente produce los modelos Citroën C4 y C4 X y carecía de nuevos proyectos industriales a medio plazo. La compañía china señaló recientemente que esta instalación podría integrarse en la empresa conjunta creada con Stellantis y asumir la fabricación de un vehículo eléctrico a partir de 2028. Por otro lado, Geely mantiene conversaciones con Ford para utilizar parte de la planta de Almussafes. La fábrica valenciana atraviesa actualmente una etapa delicada y funciona bajo el amparo del mecanismo RED aprobado por el Gobierno en 2024, que permite aplicar un ERTE rotatorio a toda la plantilla. En la actualidad, Ford únicamente produce allí el modelo Kuga, aunque prevé anunciar próximamente un nuevo vehículo multienergía destinado a reforzar la actividad industrial de la planta. Según diversas informaciones, Geely aportaría carga de trabajo adicional utilizando una zona de ensamblaje actualmente inactiva para producir tanto un modelo propio como otro destinado a Ford. La compañía estadounidense, no obstante, se limita a reconocer que mantiene conversaciones con diferentes empresas sin confirmar un acuerdo definitivo con el grupo chino.

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(El Economista, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España se consolida como quinto país europeo en captación de inversión en IA

España se ha afianzado como el quinto país de Europa con mayor capacidad para atraer inversión vinculada a la Inteligencia Artificial, en un momento en el que esta tecnología se ha convertido en el principal destino del capital riesgo a escala mundial. Así lo recoge el informe "El impacto real de la Inteligencia Artificial en el ecosistema emprendedor", elaborado por South Summit -iniciativa ligada a IE University - junto a PwC.. El estudio pone de manifiesto que la Inteligencia Artificial concentra ya el 61% de toda la inversión global de capital riesgo, frente al 30% que representaba en 2022. Esto implica que, actualmente, seis de cada diez dólares invertidos en el mundo se dirigen a proyectos relacionados con esta tecnología. Dentro de Europa, España ocupa la quinta posición en captación de fondos para IA, solo por detrás de Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza. El ecosistema español cuenta actualmente con 392 startups especializadas en Inteligencia Artificial y ha logrado atraer cerca de 1.600 millones de euros en inversión entre 2020 y 2025. Pese a ello, el informe destaca que la diferencia respecto a los grandes polos tecnológicos europeos continúa siendo considerable. Mientras Alemania acumula más de 8.000 millones de euros invertidos en IA, Reino Unido alcanza los 18.000 millones. La creciente concentración del capital riesgo en torno a la Inteligencia Artificial está alterando además las dinámicas de financiación del ecosistema emprendedor. Según el análisis, las startups que incorporan esta tecnología obtienen valoraciones un 38% superiores a las de empresas tradicionales equivalentes. El mercado también refleja una tendencia hacia operaciones cada vez más grandes y una mayor concentración de recursos, impulsada por las denominadas megarrondas protagonizadas por compañías como OpenAI, Anthropic o Waymo. A pesar del entorno marcado por unos tipos de interés elevados y las tensiones geopolíticas, el primer trimestre de 2026 registró el mayor volumen de inversión de los últimos años, impulsado especialmente por el auge de la IA generativa. Europa, por su parte, ha reforzado su apuesta por esta tecnología y acumula ya 21.100 millones de euros invertidos entre 2020 y 2025. Los sectores que más financiación reciben son los relacionados con la salud y la defensa, reflejando el interés estratégico europeo por fortalecer su autonomía tecnológica y su competitividad internacional. No obstante, el informe advierte de que el continente sigue muy lejos de Estados Unidos y Canadá, regiones que concentran el 65% del capital riesgo mundial tras incrementar un 42% la inversión en startups durante 2025, hasta alcanzar los 289.300 millones de dólares, equivalentes a unos 246.000 millones de euros. En el caso español, la inversión en startups superó los 3.100 millones de euros en 2025, apenas un 3% menos que el ejercicio anterior. Al mismo tiempo, el número de operaciones aumentó un 11%, aunque el tamaño medio de las rondas descendió un 14%. El documento también señala la existencia de una importante diferencia entre el potencial teórico de la Inteligencia Artificial y su implantación real en las empresas. Aunque el 88% de las organizaciones asegura utilizar esta tecnología en alguna parte de su actividad, únicamente el 22% de los empleados hace un uso efectivo de ella en tareas concretas. En la actualidad, la IA se emplea principalmente en áreas de soporte como informática, recursos humanos o atención al cliente, mientras que su integración continúa siendo todavía reducida en otros departamentos considerados estratégicos.

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(El Economista, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El retraso en los pagos que sufren las pymes llega hasta los cien días

Las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción continúan siendo las más perjudicadas por los retrasos en los pagos en España. Su Periodo Medio de Pago (PMP) alcanza ya los 96,5 días, una cifra muy superior a la media nacional y que refleja la elevada presión financiera que soporta esta actividad en un contexto donde la morosidad sigue siendo un problema estructural. Según el informe, los plazos registrados por la construcción al cierre de 2025 no se observaban desde comienzos de 2024. El dato aparece recogido en el Observatorio de la Morosidad correspondiente al segundo semestre de 2025 elaborado por Cepyme, que destaca que el sistema de pagos comerciales ha mostrado una mejora progresiva en los últimos cinco años. Desde 2019, antes de la pandemia, el PMP acumuló una reducción cercana al 4%, permitiendo cerrar 2025 en 80,5 días. Sin embargo, este nivel continúa situándose un 34% por encima del límite legal fijado en 60 días. En el corto plazo, la mayor reducción anual de los últimos años se produjo entre 2021 y 2022, cuando el PMP descendió 0,9 días, equivalente al 1,09%. El informe atribuye esta mejora al intento de muchas empresas de evitar la pérdida de valor de sus facturas en un entorno de elevada inflación. Pese a la evolución positiva del conjunto de la economía, la mejora no ha sido homogénea. Las pequeñas empresas se desmarcaron de la tendencia general y registraron un ligero aumento de sus plazos de pago, que se situaron en 78,9 días. Las microempresas siguen siendo el segmento más vulnerable. Presentan el índice de morosidad más elevado del mercado, un 17% superior a la media nacional. Además, el 10,7% de sus facturas se cobra con más de 30 días de retraso sobre el vencimiento, una proporción que duplica la registrada entre medianas y grandes compañías. Mientras el resto de pymes ha logrado reducir sus tiempos de cobro desde 2019, las microempresas han seguido la tendencia contraria: en 2025 cobraban con 2,8 días más de demora que antes de la pandemia. Por actividades, las diferencias siguen siendo muy acusadas. La construcción encabeza los mayores retrasos, aunque otros segmentos industriales, como el de maquinaria y equipo, también mantienen cifras elevadas, con un PMP de 88,8 días y niveles superiores a 85 días de forma continuada durante los últimos tres años. En cambio, los sectores servicios e industria han conseguido acortar sus ciclos de cobro hasta los 70,6 y 74,3 días, respectivamente. Aunque los plazos se han reducido en términos generales, el coste financiero derivado de mantener deuda comercial continúa siendo muy elevado. A finales de 2025, el esfuerzo total asociado a esta carga ascendía a 5.568 millones de euros. De esa cifra, cerca de 2.000 millones correspondieron a las pymes, lo que sigue limitando su capacidad de inversión pese a la reducción experimentada respecto a ejercicios anteriores. La caída de este coste financiero -desde los 6.404 millones registrados en el primer trimestre hasta los 5.568 millones al cierre del año- se explica principalmente por la evolución de la política monetaria. El interés de demora bajó del 12,25% al 10,15% a mediados de 2025, mientras que el coste de los nuevos créditos bancarios para pymes descendió cerca de un punto porcentual. Esta mejora permitió compensar parcialmente el aumento de la deuda comercial, que creció al mismo ritmo que el PIB nominal, cuyo avance fue del 5,7%. Uno de los factores que más contribuyó a la reducción del PMP nacional fue el ajuste realizado por las grandes empresas en sus plazos de pago. Este segmento logró reducirlos en 32,1 días respecto al año anterior, pasando de 101,5 días a finales de 2024 a 69,4 días al cierre de 2025. El comportamiento de las grandes compañías contrasta con la estabilidad observada en las pymes y resultó determinante para que el promedio nacional descendiera por primera vez de forma sostenida por debajo de los 81 días. En estas empresas de mayor tamaño, el 80,1% de los cobros se produce dentro de los 30 días posteriores al vencimiento, lo que explica que concentren el menor volumen de retrasos prolongados de todos los segmentos analizados. El informe también refleja importantes diferencias territoriales. Ocho comunidades autónomas lograron reducir su PMP durante el último año, destacando especialmente La Rioja y Illes Balears, con descensos de 3,1 y 3,4 días, respectivamente. En el lado contrario, Extremadura registró el peor comportamiento, al aumentar sus plazos de pago en 5,3 días. Por regiones, la Comunidad de Madrid presenta el PMP más elevado, con 90,9 días, seguida de Región de Murcia, con 89,1 días, y Galicia, con 88,7. En contraste, Aragón y Baleares destacan como las comunidades más ágiles en los pagos, con 68,7 y 69 días, respectivamente. En cuanto al comportamiento de los pagos, el porcentaje de facturas abonadas puntualmente descendió hasta el 30,4% al cierre de 2025, frente al 32,6% del año anterior. No obstante, el peso de los cobros realizados con retrasos superiores a 90 y 120 días sí logró moderarse ligeramente. Por último, el Índice de Morosidad en las facturas de Ventas a Plazo (Imfvp) rompió la tendencia descendente que mantenía desde 2023 y repuntó en el cuarto trimestre, pasando de 52,9 a 54,1 puntos.

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