La Agencia Tributaria ha confirmado un nuevo aplazamiento de la entrada en vigor definitiva de Verifactu, que queda fijada para octubre de 2028, coincidiendo también con la implantación de la factura electrónica obligatoria.
La decisión se ha conocido este lunes, el mismo día en que se ha anunciado el adelanto de las elecciones generales, y supone un nuevo cambio en el calendario previsto para la implantación del sistema de verificación de facturas.
El retraso llega después de que la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) presentara en junio una propuesta de hoja de ruta para coordinar la transición hacia la factura electrónica con la futura Directiva VIDA. El documento, elaborado por su grupo de expertos en impuestos indirectos, fue trasladado tanto a los medios de comunicación como a los distintos grupos políticos con representación parlamentaria. Tras el debate en el Senado de una propuesta de modificación, la Agencia Tributaria ha optado finalmente por adaptar el calendario.
Desde Aedaf consideran que la nueva planificación permitirá avanzar de forma más ordenada hacia un sistema armonizado, reduciendo costes para las empresas, evitando duplicidades y mejorando la eficiencia del sistema tributario.
La asociación también destaca que la coordinación de ambos procesos permitirá acercar progresivamente el modelo español al sistema de información digital que será obligatorio en el conjunto de la Unión Europea a partir de 2030. De esta forma, se pretende evitar que empresas y profesionales tengan que acometer sucesivas modificaciones de sus sistemas de facturación en un periodo de tiempo reducido.
Los planes de pensiones podrían beneficiarse de una mejora de su fiscalidad si tras las elecciones del 29 de noviembre se produce un cambio de Gobierno. El sector reclama desde hace tiempo elevar el límite de las aportaciones con derecho a ventajas fiscales, después de los sucesivos recortes aplicados en los últimos años.
Actualmente, los particulares pueden aportar hasta 1.500 euros al año con derecho a reducción fiscal. Esta cantidad se resta de la base imponible del contribuyente en la declaración de la renta, lo que permite reducir la factura tributaria en función del tipo impositivo aplicable.
El límite se encontraba en 8.000 euros anuales en 2020, pero comenzó a reducirse un año después, cuando quedó fijado en 2.000 euros. Posteriormente volvió a recortarse en 500 euros hasta alcanzar los actuales 1.500 euros. Ante las próximas elecciones, el sector confía en que un eventual Gobierno del PP pueda atender sus reivindicaciones y elevar nuevamente el límite de las aportaciones a estos productos, concebidos como una fórmula de ahorro complementaria a la pensión pública.
Inverco, la asociación que representa a las gestoras de fondos y planes de pensiones, ha reclamado en distintas ocasiones una mejora del tratamiento fiscal para impulsar el ahorro destinado a la jubilación. Los datos reflejan el descenso experimentado por las aportaciones en los últimos años.
Durante el pasado ejercicio se realizaron aportaciones por 3.252 millones de euros a planes de pensiones, frente a unas prestaciones de 3.621 millones, lo que dejó un saldo negativo de 369 millones. Las aportaciones se sitúan así claramente por debajo de los más de 5.000 millones registrados cinco años antes. Según Inverco, durante este periodo se han dejado de aportar más de 12.500 millones de euros a raíz de la reducción de los límites aplicada por el Gobierno.
Desde el sector también cuestionan los resultados de la reforma aprobada en 2022 para potenciar los planes de pensiones de empleo, impulsada durante la etapa de José Luis Escrivá al frente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La crítica es que la caída de las aportaciones a los planes individuales no se ha compensado mediante un aumento equivalente de las contribuciones a los sistemas de empleo.
A pesar de esta evolución, el patrimonio acumulado por los planes de pensiones mantiene una trayectoria positiva. En el segundo trimestre de 2026 aumentó en 9.256 millones de euros, hasta alcanzar los 145.107 millones a finales de junio, principalmente por la revalorización de las carteras de los fondos de pensiones. En ese mismo periodo, las aportaciones realizadas por los particulares ascendieron a 682 millones de euros, prácticamente en línea con las registradas un año antes. En conjunto, el ahorro acumulado en estos productos alcanzó los 1.509 millones de euros, un 8,5% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, paralizará buena parte de las iniciativas legislativas que se encontraban en tramitación. Entre ellas figuran asuntos de especial relevancia para Catalunya, como la reforma del sistema de financiación autonómica o la condonación de una parte de la deuda de las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
La disolución de las Cortes implica que los proyectos de ley y las iniciativas parlamentarias que estén pendientes de aprobación decaen. Si el próximo Gobierno considera oportuno recuperarlos, deberán iniciar de nuevo todo el procedimiento legislativo en la siguiente legislatura. Esta situación afecta tanto a las propuestas promovidas por el Ejecutivo como a las impulsadas por los diferentes grupos parlamentarios.
Además de la reforma de la financiación autonómica y la quita de deuda del FLA, también quedan en suspenso otras iniciativas promovidas por el Gobierno que todavía no habían completado su recorrido parlamentario. Entre ellas se encuentran las medidas destinadas a restringir el acceso de los menores a las redes sociales, la regulación de la inteligencia artificial y la reforma del modelo de instrucción judicial, que contempla trasladar a los fiscales las competencias que actualmente ejercen los jueces.
La caída de la reforma de la financiación tiene una especial trascendencia para Catalunya, ya que el proyecto partía del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Esquerra Republicana. Aunque el Ejecutivo no tenía asegurados todos los apoyos necesarios para su aprobación, el Govern había situado este cambio como una de las principales prioridades para la segunda mitad de la legislatura catalana.
Junts había anunciado una enmienda a la totalidad con un texto alternativo que habría permitido mantener viva la iniciativa en el Congreso y abrir posteriormente una negociación política sobre las modificaciones legales necesarias. Con el adelanto electoral, esa posibilidad queda descartada y el debate deberá retomarse, en su caso, en la próxima legislatura.
El Govern había considerado el nuevo modelo de financiación como una de las principales asignaturas pendientes de su mandato. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, lo señaló recientemente junto a cuestiones como la vivienda, la seguridad y las energías renovables. También la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, había defendido la necesidad de que el nuevo sistema permitiera incrementar los recursos disponibles para Catalunya, que según las estimaciones manejadas habría recibido unos 4.700 millones de euros adicionales.
También queda en suspenso el acuerdo alcanzado por ERC con el PSOE y Sumar para introducir en la ley de condonación de la deuda del FLA una modificación que habría permitido a Catalunya asumir una mayor participación en la gestión del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
El adelanto electoral, sin embargo, no impedirá necesariamente que todas las iniciativas del Ejecutivo queden paralizadas. Los decretos sobre vivienda que fueron rechazados por el Congreso la semana pasada podrían volver a ser aprobados por el Consejo de Ministros. En ese caso, con las Cortes ya disueltas, correspondería a la Diputación Permanente decidir sobre su convalidación. En este órgano, los votos de Junts no serían imprescindibles si el PNV mantiene el apoyo que ya expresó en la votación anterior.
En materia económica, el adelanto electoral deja también varias leyes sin posibilidad de completar su tramitación parlamentaria. Entre las principales figura la de los Presupuestos Generales del Estado, que ni siquiera había sido presentada dentro del plazo previsto, antes del 30 de septiembre.
El Ministerio de Economía tampoco podrá culminar en esta legislatura varias normas en las que había trabajado, como la creación de la autoridad de defensa del cliente financiero, la regulación de la información empresarial sobre sostenibilidad, la normativa sobre administradores de créditos y crédito al consumo, la reforma de la legislación de prevención del blanqueo de capitales y la actualización de los umbrales que determinan el tamaño de las empresas.
Algunas iniciativas, en cambio, podrían avanzar mediante reales decretos si el Gobierno consigue aprobarlas antes de que concluya el actual periodo legislativo o si pueden ser convalidadas por la Diputación Permanente. Entre ellas se encuentra la reforma del régimen de control de las inversiones extranjeras, que pretende reforzar el denominado escudo antiopas e incorporar los centros de datos entre los activos considerados estratégicos.
También existe margen para aprobar el decreto sobre centros de datos que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica, cuya tramitación se está acelerando con el objetivo de aprobarlo durante octubre y que está pendiente, entre otros trámites, de un informe de la CNMC. Una situación similar se plantea con el nuevo mecanismo de capacidad del sistema eléctrico, que puede aprobarse mediante real decreto por el Consejo de Ministros.
En cambio, no podrá continuar su tramitación parlamentaria el anteproyecto de ley sobre hidrógeno y gases renovables. Otras iniciativas vinculadas a la planificación energética podrían tener recorrido, al considerar el Gobierno que algunas de estas materias pueden ser abordadas por la Diputación Permanente. Los reales decretos sobre autoconsumo y comunidades energéticas también mantienen opciones de salir adelante.
El adelanto electoral afecta asimismo a varias normas impulsadas por el Ministerio de Transformación Digital. Entre las iniciativas que quedan pendientes figuran las leyes de inteligencia artificial, función pública y servicios digitales, además de la regulación relacionada con los medios de comunicación.
Por último, también queda paralizada la ley de industria y autonomía estratégica, una de las principales iniciativas pendientes del Ministerio de Industria. El proyecto pretendía reforzar la protección de las empresas y del empleo en sectores considerados estratégicos y expuestos a mayores riesgos. El departamento, no obstante, sí ha conseguido completar la ejecución de los Perte vinculados a los fondos europeos y poner en marcha las ayudas a la adquisición de vehículos del Plan Auto Plus.
El Ministerio de Hacienda ha abierto el periodo de audiencia e información pública para dos proyectos de orden ministerial que plantean cambios en materia tributaria y estadística. El primero de ellos concentra en una única norma las modificaciones previstas para las declaraciones informativas correspondientes al ejercicio 2026. Los cambios afectan a los modelos 187, 190, 198, 289 y 346, además de incorporar una actualización del anexo de gastos deducibles del modelo 210.
La finalidad principal es mejorar la calidad de la información tributaria que recibe la Agencia Tributaria y que posteriormente se utiliza en las campañas de Renta y en herramientas como la cartera de valores. Hacienda pretende así evitar que las modificaciones queden dispersas en distintas normas y facilitar su conocimiento por parte de los contribuyentes, al tiempo que mejora las labores de asistencia, investigación y control mediante datos más completos y precisos.
Entre las novedades previstas se encuentran nuevos campos en el modelo 346 para identificar las ayudas agrícolas desacopladas de la Política Agraria Común. El modelo 190 incorporará información más detallada sobre el régimen fiscal especial de las empresas emergentes, mientras que los modelos 187 y 198 incluirán ajustes en los diseños de registro relativos a operaciones con activos financieros y a instituciones de inversión colectiva.
El segundo proyecto modifica la regulación de la declaración Intrastat, el sistema utilizado para recopilar estadísticas sobre el intercambio de mercancías entre los Estados miembros de la Unión Europea. El objetivo es reducir las obligaciones administrativas de los operadores económicos, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. La principal modificación consiste en elevar de 400.000 a 800.000 euros anuales el umbral de exención para presentar la declaración, tanto en las operaciones de importación como en las de exportación.
Según las estimaciones incluidas en la memoria del proyecto, este incremento permitirá que alrededor del 28% de las empresas que actualmente declaran operaciones de exportación y el 30% de las que realizan importaciones queden exentas de esta obligación. La medida pretende reducir la carga burocrática sin comprometer la calidad de las estadísticas comunitarias, ya que se mantendría una cobertura aproximada del 96,2% del valor del comercio exterior, por encima del mínimo del 95% establecido por la normativa europea.
Hacienda prevé que ninguna de las dos iniciativas tenga impacto presupuestario ni implique un aumento del gasto público. La modificación de las declaraciones informativas se aplicará a las correspondientes al ejercicio 2026 que se presenten a partir del 1 de enero de 2027. En esa misma fecha comenzará a aplicarse el nuevo umbral de exención del sistema Intrastat.
Las empresas pueden implantar sistemas complementarios y voluntarios para evaluar el desempeño de sus trabajadores sin que ello suponga una vulneración de la libertad sindical, según ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia dictada el 9 de septiembre. La resolución, con la magistrada Ureste García como ponente, considera que este tipo de iniciativas forman parte de las facultades de dirección y organización de la empresa cuando no alteran las condiciones salariales, los procesos de promoción ni el sistema establecido en el convenio colectivo.
El Supremo entiende que las facultades organizativas reconocidas al empresario permiten poner en marcha herramientas de evaluación y retroalimentación profesional dirigidas a determinados colectivos sin que sea necesario diseñarlas conjuntamente o negociarlas previamente con la representación de los trabajadores.
La Sala señala además que los procedimientos de tutela de derechos fundamentales están destinados a reparar lesiones directas e inmediatas. En este caso, al tratarse de un sistema al que los empleados podían acogerse de manera completamente voluntaria, considera que no se produjo una vulneración de la libertad sindical ni del derecho a la negociación colectiva.
La sentencia fundamenta esta interpretación en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a las facultades de dirección empresarial, y lo pone en relación con las garantías constitucionales de libertad sindical y negociación colectiva recogidas en los artículos 28.1 y 37.1 de la Constitución, así como con la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el XXII Convenio Colectivo del personal de tierra de la compañía aérea afectada.
En el ámbito procesal, el Tribunal Supremo recurre además al artículo 178 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y a la doctrina establecida previamente por el Tribunal Constitucional y por el propio Supremo. El conflicto se originó a raíz de una demanda presentada por UGT contra una aerolínea nacional por una supuesta vulneración de derechos fundamentales y reclamación de una indemnización. El sindicato recurrió la implantación de una guía interna destinada a evaluar el rendimiento y favorecer el desarrollo profesional de gestores y técnicos.
UGT sostenía que la empresa había introducido unilateralmente este programa, creando un sistema paralelo que no había sido negociado con la representación de los trabajadores y que, a su juicio, afectaba tanto a la negociación colectiva como al derecho de información. La Audiencia Nacional rechazó inicialmente las pretensiones del sindicato, decisión que ahora confirma el Tribunal Supremo.
El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre ha modificado las prioridades del Gobierno, aunque los ministerios mantienen capacidad para impulsar algunas medidas mientras el Ejecutivo continúe en plenas funciones. En este contexto, el Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha la tramitación de cambios en la regulación de la prestación por desempleo mediante un borrador de real decreto que introduce ajustes en tres ámbitos concretos.
El departamento dirigido por Yolanda Díaz publicó el texto el pasado viernes y este lunes abrió el periodo para presentar alegaciones, que permanecerá abierto hasta el 26 de octubre. El borrador plantea modificar hasta tres reglamentos y cuenta ya con informes del Consejo de Estado, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Por tanto, las modificaciones podrían llegar al Consejo de Ministros antes de las elecciones, aunque su aprobación dependerá de las prioridades del Ejecutivo durante las próximas semanas.
Uno de los principales cambios afecta a la capitalización de la prestación por desempleo, que permite cobrar el paro en un único pago para poner en marcha un negocio o incorporarse como socio a una cooperativa. Trabajo pretende ampliar esta posibilidad a los trabajadores que hayan impugnado su despido alegando que es improcedente y que opten a la indemnización correspondiente de 33 días por año trabajado.
Con la nueva regulación, quienes recurran judicialmente su despido por improcedente podrán solicitar la capitalización del paro sin tener que esperar a que exista una sentencia firme. La medida no se extenderá, sin embargo, a quienes impugnen el despido por considerar que es nulo ni a los representantes de los trabajadores que aleguen esta causa, ya que en estos casos podría producirse la readmisión del empleado si la demanda prospera. Trabajo considera que, en esas situaciones, la resolución sobre la capitalización debe esperar a que exista un pronunciamiento judicial definitivo.
El segundo cambio pretende modificar el tratamiento de las pensiones alimenticias que reciben las mujeres separadas o divorciadas por parte del otro progenitor para atender a sus hijos. Actualmente, estas cantidades se consideran ingresos de los menores a efectos del reconocimiento de responsabilidades familiares, una circunstancia que puede perjudicar al progenitor con el que conviven los hijos, habitualmente la madre.
El Ministerio considera que esta situación puede provocar que no se reconozcan determinadas responsabilidades familiares cuando la pensión alimenticia alcanza o supera el salario mínimo interprofesional, sin contar la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Esto puede afectar a la cuantía de la prestación contributiva por desempleo, que cuenta con límites máximos vinculados al IPREM y que pueden elevarse cuando existen hijos a cargo.
El impacto previsto de ambos cambios será, en cualquier caso, limitado. Trabajo calcula que la modificación relacionada con la capitalización del desempleo podría beneficiar a unas 330 personas, mientras que una cifra similar se vería afectada por el nuevo tratamiento de los ingresos vinculados a las pensiones alimenticias.
El tercer bloque de modificaciones se refiere a las aportaciones que deben realizar las empresas con beneficios que efectúan despidos de trabajadores mayores de 50 años. En este caso, los cambios tienen principalmente carácter técnico y pretenden precisar los procedimientos para el ingreso de estas cantidades y para la devolución al SEPE de los importes cobrados indebidamente. Durante 2025, las cantidades ingresadas de forma indebida y posteriormente objeto de devolución ascendieron a unos 330.000 euros.
CCOO y UGT han acordado este lunes convocar una huelga general de 24 horas durante este otoño para reclamar salarios suficientes que permitan a los trabajadores afrontar el coste de una vivienda digna. La fecha concreta del paro se determinará en coordinación con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas, dentro de una movilización que los sindicatos plantean bajo el lema del derecho a la vivienda y unos salarios dignos. El acuerdo deberá ser ratificado ahora por los máximos órganos de dirección de ambas organizaciones.
La decisión supone el paso adelante que CCOO y UGT habían anunciado el pasado viernes, después de que el Congreso rechazara los dos decretos relacionados con la vivienda. En aquel momento, los sindicatos avanzaron que reunirían a sus órganos de dirección para definir cómo incorporar al movimiento sindical a las movilizaciones, junto con las organizaciones sociales, vecinales y de inquilinos.
Para las organizaciones sindicales, las manifestaciones celebradas durante el pasado fin de semana han evidenciado la dimensión de la demanda social y consideran que la respuesta debe articularse entre todas las organizaciones implicadas. La convocatoria pretende dirigirse tanto a las administraciones públicas con competencias en materia de vivienda como a las organizaciones empresariales. CCOO y UGT sostienen que las empresas deben asumir que los salarios tienen que permitir a los trabajadores acceder a un bien básico como la vivienda.
Las reivindicaciones sindicales forman parte de las propuestas planteadas para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que contemplaba cláusulas de revisión salarial con incrementos de entre el 4% y el 7%, además de medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda. También se integran en la Propuesta Sindical Unitaria impulsada por ambos sindicatos.
Este documento incluye un decálogo por el derecho a la vivienda que plantea alcanzar un pacto social y político, ampliar el parque público de vivienda protegida con carácter permanente, limitar los precios de los alquileres y garantizar la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.
CCOO y UGT han llamado a los trabajadores a participar en las movilizaciones tanto en los centros de trabajo como en la calle y a secundar la futura huelga general. Los sindicatos aseguran que mantendrán la presión y la negociación colectiva hasta conseguir que la vivienda deje de considerarse un privilegio y los salarios permitan a los trabajadores vivir con dignidad.
La industria militar, aeronáutica y espacial cerró 2025 con una facturación récord, impulsada por el incremento de la inversión en defensa tanto en España como en el conjunto de Europa. De acuerdo con el informe anual elaborado por PwC y la patronal Tedae, presentado este lunes, las empresas de estos sectores alcanzaron unos ingresos consolidados de 18.034 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,6% respecto al ejercicio anterior. La actividad aeronáutica, tanto civil como militar, concentró la mayor parte de la cifra de negocio, con 12.080 millones de euros, un 6,2% más. No obstante, el mayor crecimiento correspondió al ámbito de seguridad y defensa, que incluye una parte de la actividad aeronáutica, con un avance del 16,2%, hasta los 10.877 millones. Por su parte, el sector espacial elevó sus ingresos un 9,5%, hasta los 1.416 millones.
Durante la presentación del estudio, la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, destacó que Europa ha asumido que mantener la paz y la estabilidad exige contar con una industria y una capacidad tecnológica propias, lo que se ha traducido en un aumento de la inversión en defensa. En este contexto, señaló que España, como miembro de la Unión Europea y de la OTAN, ha asumido su parte de responsabilidad. Valcarce también subrayó el efecto que estas actividades tienen sobre el conjunto de la economía, especialmente por su capacidad para impulsar la reindustrialización y generar actividad en distintos territorios.
El informe pone de manifiesto, sin embargo, la elevada concentración territorial de estas industrias. La Comunidad de Madrid reunió en 2025 el 53% de la facturación del conjunto de empresas analizadas, con unos ingresos de 9.501 millones de euros. Andalucía ocupó la segunda posición, con 3.135 millones, mientras que Cataluña quedó muy por debajo, con 243 millones, aproximadamente el 1% de la cifra de negocio de las compañías integradas en Tedae.
La contribución de estas industrias al PIB español alcanzó los 24.425 millones de euros, un 11,4% más que un año antes, equivalente al 1,5% de la economía nacional. El empleo directo también experimentó un fuerte crecimiento, del 10,8%, hasta situarse en 83.453 trabajadores. Si se incorporan los empleos indirectos e inducidos, el volumen total se elevó un 11,5%, hasta 289.938 puestos de trabajo. Madrid concentró el 36,7% de este empleo, con 106.568 trabajadores, una cifra que representa el 2,6% del empleo total de la comunidad. Cataluña, pese a los esfuerzos para incrementar su presencia en el ámbito de la defensa y reconvertir parte de su industria de automoción hacia este sector, registró 32.448 empleos vinculados a estas actividades, apenas el 0,7% del empleo regional.
Por ramas de actividad, la industria aeronáutica generó 189.026 puestos de trabajo, frente a los 180.802 asociados a defensa y seguridad y los 25.068 del sector espacial. En conjunto, estas industrias aportaron 8.107 millones de euros en ingresos fiscales durante 2025, una cantidad equivalente al 2,5% de la recaudación tributaria del país.
España alcanzó el pasado año el objetivo de destinar a defensa el equivalente al 2% de su PIB, en línea con el compromiso adquirido con la OTAN. Esto supone más de 34.000 millones de euros anuales de gasto militar, según explicó Valcarce, quien defendió que este esfuerzo inversor también genera retornos en forma de empleo y mayores ingresos fiscales para el conjunto de la economía.
Una de las principales vías utilizadas por el Estado para aumentar la inversión en defensa son los Programas Especiales de Modernización (PEM). El Gobierno aprobó 35 nuevos programas durante 2025 y prevé incorporar otros 15. Actualmente existen cerca de 80 programas aprobados, algunos de ellos puestos en marcha años atrás y todavía en ejecución, como el correspondiente a los vehículos blindados Dragón 8x8. En conjunto, se estima que estos programas movilizarán alrededor de 61.900 millones de euros.
Entre los programas aprobados en 2025, el 60,1% de los fondos se dirigirá a proyectos liderados por Indra. Entre ellos destaca el destinado al desarrollo de una nueva artillería sobre cadenas, cuyo presupuesto plurianual asciende a 4.554 millones de euros. Solo en 2026, el Ejecutivo ha comprometido 653 millones para este proyecto. A la modernización de las fragatas F-100 de Navantia y al desarrollo del helicóptero ligero multipropósito de Airbus destinado a labores de formación se dedicarán este año otros 349 y 290 millones de euros, respectivamente.
Los continuos cambios legislativos y la creciente complejidad del marco regulatorio han situado la seguridad jurídica entre las principales preocupaciones de las empresas españolas. El próximo Gobierno tendrá entre sus principales desafíos la creación de un entorno normativo estable y previsible que permita fortalecer la confianza de las compañías y de los inversores.
Para Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, alcanzar este objetivo requiere contar con unas reglas "claras, estables y previsibles", además de reforzar la fortaleza y la independencia de las instituciones. Una opinión compartida por Eduardo Soler Tappa, socio director de Herbert Smith Freehills Kramer en España, quien considera necesario avanzar hacia un marco regulatorio competitivo que reduzca la carga administrativa y favorezca la inversión, especialmente en sectores estratégicos como la energía, las infraestructuras y la economía digital.
José María Michavila, exministro de Justicia y socio cofundador de Michavila Acebes Abogados, vincula la seguridad jurídica con el cumplimiento de la Constitución y reclama recuperar la cultura del consenso. A su juicio, es necesario que la actividad legislativa vuelva a apoyarse en el Parlamento y se reduzca el recurso al real decreto-ley, de manera que las normas sirvan para solucionar problemas y no para alimentar la confrontación política.
Desde el ámbito jurídico también se reclama una mayor estabilidad legislativa y un uso más limitado de los reales decretos-leyes. Cristina Camarero, socia directora de Ontier, advierte de que la incertidumbre normativa tiene efectos directos sobre empresas y ciudadanos, al traducirse en litigios que podrían evitarse y en decisiones de inversión que terminan aplazándose. En su opinión, unas normas consensuadas y con vocación de permanencia son fundamentales para garantizar seguridad jurídica.
Otro de los desafíos será completar la adaptación de la legislación española a las exigencias procedentes de la Unión Europea. Javier Fontcuberta, consejero delegado de Cuatrecasas, considera que la transposición de las directivas comunitarias pendientes y la puesta en marcha de nuevas reformas serán determinantes para avanzar en los objetivos de la Brújula de la Competitividad, especialmente en ámbitos como la innovación, la transición energética, la autonomía estratégica europea y la seguridad jurídica. España mantiene actualmente 101 directivas pendientes de transponer, de las que 50 ya han superado el plazo establecido.
Ignacio Hornedo, socio director de A&O Shearman, apunta además a sectores como la eficiencia energética, la inteligencia artificial, los servicios financieros y las infraestructuras como áreas en las que esta adaptación tendrá especial relevancia. Considera que España dispone de una posición sólida para continuar atrayendo inversión extranjera, aunque para aprovecharla será necesario garantizar un marco jurídico estable, previsible y basado en el respeto al Estado de derecho.
Entre las cuestiones que también deberá abordar el próximo Gobierno destaca el acceso a la vivienda. Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca, considera prioritario impulsar la construcción de viviendas dirigidas especialmente a los jóvenes y a las personas con menos recursos. Para ello, reclama condiciones que permitan atraer a los inversores, con garantías para la propiedad y la seguridad jurídica, además de una simplificación de los procedimientos administrativos. A su juicio, las medidas imprevisibles o de carácter confiscatorio pueden contribuir a reducir todavía más la oferta disponible.
Rosa Vidal, socia directora de Broseta, coincide en la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda mediante instrumentos de financiación adecuados, una mayor colaboración entre las administraciones y el sector privado y una mayor disponibilidad de suelo, junto con medidas de liberalización que permitan incrementar la oferta.
La inmigración y el reto demográfico también ocuparán un lugar destacado en la próxima legislatura. Pérez-Llorca defiende una inmigración ordenada y vinculada a las necesidades de la economía española, ante la dificultad para mantener el sistema con las actuales tasas de natalidad. En su opinión, el objetivo debe ser atraer perfiles que contribuyan a elevar la productividad y combinar el crecimiento demográfico con un incremento de la inversión y de la productividad. Para ello, vuelve a considerar esencial disponer de un marco jurídico que facilite la llegada de capital privado.
En materia de Defensa y Seguridad, el nuevo Ejecutivo tendrá que afrontar los compromisos adquiridos por España, especialmente los relacionados con las inversiones y las capacidades que exige la OTAN, según señala Rosa Vidal.
En el ámbito laboral, Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy, sitúa entre las prioridades el refuerzo de las políticas activas de empleo para favorecer un mercado laboral más dinámico mediante la formación y una mejor adaptación a las necesidades de las empresas. En el terreno normativo, plantea simplificar y actualizar la legislación para adaptarla a los cambios económicos y sociales, así como conceder un mayor protagonismo a la negociación colectiva y reducir el peso de la regulación legal y reglamentaria cuando esta no resulte necesaria para garantizar el equilibrio entre trabajadores y empresas.
Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, reclama además recuperar la integración de Trabajo y Seguridad Social en un único ministerio, al considerar negativa la experiencia de su separación. También pide abordar el absentismo como una cuestión de Estado y defiende que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social puedan participar en la tramitación de las altas en los procesos de incapacidad temporal, siempre con las correspondientes garantías para los trabajadores.
Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), su decano, Eugenio Ribón, reclama que el colectivo profesional tenga una mayor participación en la elaboración de las normas. Considera que los abogados, por su contacto diario con la aplicación de la legislación, pueden detectar anticipadamente problemas, contribuir a mejorar las leyes y favorecer una regulación más eficaz y una mejor Administración de Justicia.
Precisamente, el funcionamiento de la Justicia figura también entre las preocupaciones del sector. Michavila reclama preservar la independencia judicial y la neutralidad de los órganos e instituciones del Estado, además de garantizar la aprobación anual de los Presupuestos Generales del Estado. También plantea una reforma de la legislación electoral para evitar, en su opinión, situaciones en las que un Gobierno pueda depender del apoyo de formaciones minoritarias tras unas elecciones.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana nuevos decretos en materia de vivienda, similares pero no idénticos a los que fueron rechazados por el Congreso el pasado viernes. El Gobierno continúa trabajando en la redacción definitiva y pretende que las nuevas medidas puedan ser convalidadas por la Diputación Permanente, donde Junts no tendría capacidad para bloquearlas. Si el PNV mantiene su respaldo, podría salir adelante el denominado "decreto Maricarmen", que establece la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, mientras que el segundo decreto, que plantea una mayor duración de los contratos de alquiler, tendría más dificultades.
El Ejecutivo descarta recuperar exactamente los mismos textos, ya que fueron rechazados por el Pleno del Congreso y su posterior convalidación por un órgano de menor tamaño podría plantear dudas jurídicas. Por ello, estudia introducir modificaciones que permitan presentar nuevas versiones, aunque esto obligaría también a renegociar su contenido con los distintos grupos parlamentarios.
Una de las principales incógnitas es cómo recuperar las medidas incluidas en los decretos que decayeron tras la votación parlamentaria. La Moncloa analiza las distintas alternativas jurídicas para mantener el mayor número posible de disposiciones, especialmente las relacionadas con el escudo frente a los desahucios, que contaba con el respaldo previo del PNV, Coalición Canaria y Junts, según el Ejecutivo.
El adelanto electoral tampoco impediría al Gobierno aprobar nuevamente estas medidas, ya que hasta la celebración de las elecciones el Ejecutivo mantendría todas sus competencias. Sin embargo, con las Cortes disueltas, la convalidación de los decretos correspondería a la Diputación Permanente en lugar del Pleno. Este cambio facilitaría las opciones del Gobierno, ya que el voto de Junts dejaría de ser determinante.
La Diputación Permanente está formada por 69 miembros y requiere 35 votos para alcanzar la mayoría absoluta. El PSOE cuenta con 25 representantes y Sumar con otros seis, por lo que necesitarían cuatro apoyos adicionales. El respaldo de EH Bildu, ERC, Podemos y PNV sería suficiente para aprobar el primer decreto, todos ellos grupos que ya votaron a favor de esta iniciativa en el Congreso. En cambio, el segundo decreto no tendría los apoyos necesarios si el PNV mantiene su rechazo.
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