(El País, 30-04-2026) | Fiscal

Los Estados podrán compensar hasta el 70% del encarecimiento del combustible a los sectores más afectados por la crisis

La Comisión Europea ha empezado a flexibilizar las normas para que los Estados miembros puedan apoyar a los sectores más perjudicados por el encarecimiento de los precios derivado del conflicto en Oriente Próximo. Entre los primeros en beneficiarse de esta relajación de las ayudas públicas se encuentran la agricultura, la pesca, el transporte terrestre y el transporte marítimo de corta distancia dentro de la Unión Europea. También podrán acogerse las industrias con alto consumo energético, que podrán recibir compensaciones de hasta el 70% de los sobrecostes generados, especialmente por el cierre del estrecho de Ormuz. Esta decisión fue adoptada este miércoles por el Ejecutivo comunitario. Siguiendo el criterio marcado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de que estas medidas deben ser limitadas en el tiempo y dirigidas a casos concretos, el nuevo marco de ayudas -denominado METSAF- tendrá vigencia únicamente hasta el 31 de diciembre de este año. Según explicó la vicepresidenta para una Transición Justa, Limpia y Competitiva, Teresa Ribera, este instrumento permitirá aplicar soluciones rápidas para sostener el funcionamiento de sectores clave, mitigando el impacto de la crisis. En concreto, la Comisión plantea dos líneas de apoyo para la agricultura, la pesca y los distintos modos de transporte mencionados. Por un lado, los Estados podrán cubrir hasta el 70% del incremento de costes causado por la subida de precios del combustible y los fertilizantes. Para calcular ese aumento, cada país comparará el precio actual con un valor de referencia histórico y, a partir de ahí, estimará los costes adicionales en función del consumo reciente de cada beneficiario. Además, se simplifican los trámites para acceder a estas ayudas. En lugar de exigir documentación detallada sobre el consumo real, como facturas o recibos, se permitirá calcular las ayudas mediante estimaciones generales basadas en el consumo medio del sector u otros indicadores relevantes. En este caso, el límite de ayuda será de hasta 50.000 euros. Por otra parte, para las industrias intensivas en energía, la Comisión permitirá incrementar la cobertura de las ayudas al coste eléctrico desde el 50% hasta un máximo del 70%, siempre sobre el consumo subvencionable, que podrá alcanzar hasta la mitad del consumo total de la empresa. Los países que deseen aplicar estas medidas deberán notificarlas previamente a Bruselas, que se compromete a agilizar los procesos de autorización. Aunque desde la Comisión se insiste en que la mejor forma de protegerse ante futuras crisis energéticas es avanzar hacia una economía más limpia y menos dependiente de los combustibles fósiles, también se reconoce la necesidad de actuar con rapidez ante el actual aumento de precios. Teresa Ribera subrayó que la situación requiere respuestas inmediatas, en línea con las advertencias de Ursula von der Leyen sobre la posible duración prolongada de las consecuencias del conflicto, que podrían extenderse durante meses o incluso años.

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(El País, 30-04-2026) | Fiscal

Los contribuyentes ya pueden pedir cita a partir de hoy para la atención telefónica de la Renta

Desde este miércoles 29 de abril, los contribuyentes ya pueden pedir cita previa para recibir atención telefónica de cara a la declaración de la Renta correspondiente a 2025. No obstante, será a partir del 6 de mayo cuando la Agencia Tributaria comenzará a prestar este servicio mediante el programa 'Le Llamamos'. Ese mismo día también se pondrá en marcha un plan específico de asistencia en pequeños municipios, para el que igualmente es necesario solicitar cita desde hoy. La campaña arrancó el pasado 8 de abril con la posibilidad de presentar las declaraciones por internet. El plazo general finalizará el 30 de junio, tanto para declaraciones a ingresar como a devolver, aunque en el caso de pagos domiciliados el límite se adelanta al 25 de junio. Para esta campaña, la Agencia Tributaria estima recaudar 24.628 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,4% respecto al año anterior. En cambio, prevé devolver 13.271 millones, un 3,2% menos. En total, se espera la presentación de 25.251.000 declaraciones, un 2,1% más, impulsadas en parte por el aumento del empleo registrado durante 2025. El servicio telefónico 'Le Llamamos' mantendrá una operativa similar a la de ejercicios anteriores. En la última campaña permitió realizar cerca de 1,2 millones de declaraciones, consolidándose como el principal canal de atención personalizada. Este sistema ofrece una alternativa a la atención presencial, permitiendo agilizar la presentación y, en su caso, acelerar la devolución correspondiente. Una vez solicitada la cita -preferiblemente a través de internet o mediante el servicio automático telefónico- el contribuyente puede elegir turno de mañana o tarde, y se le asigna una fecha y hora en la que recibirá la llamada. Para facilitar el proceso, es recomendable tener preparada toda la documentación necesaria en el momento de la llamada. En cuanto a la atención en oficinas, comenzará el 1 de junio, pudiendo solicitar cita desde el 29 de mayo. Tanto la atención telefónica como la presencial contarán con la colaboración de comunidades autónomas y ayuntamientos. Para gestionar las citas, los contribuyentes disponen de la sede electrónica y de una aplicación móvil que permite seleccionar fácilmente el tipo de atención, elegir fecha y localizar oficinas según el código postal, además de mostrar la primera cita disponible.

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(Expansión, 30-04-2026) | Laboral

La guerra provoca un sobrecoste de 3.100 millones en pensiones y sueldos de funcionarios

El aumento de las pensiones contributivas previsto para 2027 se situará aproximadamente entre el 3,1% y el 3,5%, lo que supone un punto porcentual más de lo que se estimaba a comienzos de año. Además, a los empleados públicos se les aplicará el incremento adicional del 0,5% correspondiente a 2026, debido a la desviación del IPC. En conjunto, la actualización de salarios públicos y pensiones rozará los 20.000 millones de euros. El conflicto en Irán sigue afectando a la economía global, impulsando la inflación, encareciendo de forma significativa los combustibles y generando posibles efectos indirectos sobre los márgenes empresariales y el consumo. Este contexto también tiene repercusiones a nivel interno. Las revisiones del IPC realizadas por el Ministerio de Economía y centros de análisis como Funcas apuntan a un mayor gasto público en la revalorización de sueldos de funcionarios y pensiones, ya que ambos dependen de la evolución de los precios. Se calcula que estas subidas supondrán unos 3.100 millones de euros adicionales respecto a lo previsto inicialmente, debido al repunte de la inflación esperado para 2026. En concreto, el incremento de las pensiones implicará unos 2.100 millones más, mientras que la subida adicional del 0,5% para los 3,6 millones de empleados públicos -con efectos retroactivos desde enero de 2026- tendrá un coste cercano a los 1.000 millones, siempre que la inflación supere el 1,5%, tal como se acordó con los sindicatos. Las nuevas previsiones de inflación reflejan este cambio: el Ministerio de Economía ha elevado su estimación del 2,1% al 3,1%, y Funcas la ha incrementado del 2,5% al 3,5%. Esto implica que la revalorización de las pensiones en 2027, que se calcula según la inflación media anual, será superior a lo esperado inicialmente. Teniendo en cuenta que cada punto de subida de las más de 10 millones de pensiones contributivas supone alrededor de 2.100 millones de euros, el coste total de su actualización en 2027 se situará entre unos 7.700 y 8.350 millones. Por otro lado, los salarios de los funcionarios no solo incorporarán el ajuste adicional del 0,5% de 2026, sino también una subida prevista de 4,5 puntos en 2027, dentro del plan plurianual acordado, que se completará en 2028 con un incremento adicional del 2%. Esta revisión salarial supondrá un gasto cercano a los 9.000 millones. En total, más allá del sobrecoste derivado de la inflación, la revalorización conjunta de pensiones y sueldos públicos implicará un desembolso de entre 17.700 y 18.350 millones de euros. Finalmente, a falta de concretar otros gastos variables como el ingreso mínimo vital o las prestaciones por incapacidad temporal, el gasto total en prestaciones contributivas podría acercarse a los 250.000 millones de euros en 2027.

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(El Economista, 30-04-2026) | Laboral

Los trabajadores que se ausentan por baja médica ya superan el millón

El absentismo laboral se ha convertido en una de las principales inquietudes para las empresas en los últimos años. Denuncian que el incremento de las bajas por incapacidad temporal no solo eleva los costes, sino que también complica la organización del trabajo. Según la última encuesta del mercado laboral elaborada por el INE, más de un millón de personas no acudieron a su puesto en la semana de referencia por enfermedad o accidente, lo que refleja la dimensión que ha alcanzado este fenómeno. Los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año muestran un aumento del 8,8% respecto al mismo periodo de 2025, lo que confirma que la tendencia al alza se mantiene desde la pandemia. A comienzos de este año, 1.075.900 trabajadores estaban ausentes por baja temporal, accidente o enfermedad, frente a algo más de 532.000 en el mismo trimestre de 2019. En términos prácticos, la cifra se ha duplicado en estos años. Este motivo se sitúa ya como la principal causa de ausencia laboral en la encuesta del INE. Aunque las razones varían según el periodo, es la primera vez que más de un millón de personas mencionan las bajas por incapacidad temporal como explicación. En comparación, menos de 900.000 estaban de vacaciones y unas 150.000 disfrutaban de permisos por nacimiento. La situación no sorprende a sindicatos ni empresarios, que mantienen conversaciones con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde finales de 2024, aunque sin avances concretos hasta ahora. Entre las propuestas planteadas por el Gobierno destacan la reincorporación progresiva de pacientes oncológicos y la obligación de que los médicos especifiquen las limitaciones laborales en casos de trabajadores con más de una actividad. Diversos análisis, como los de la AIReF o la OCDE, señalan que el aumento de las bajas está muy vinculado a problemas de salud mental y a deficiencias en la gestión de estos procesos. Empresarios y sindicatos coinciden en la necesidad de adoptar medidas más profundas. En 2024 se alcanzó un acuerdo para que las mutuas pudieran atender lesiones físicas derivadas de accidentes no laborales, aunque su aplicación por ahora se limita a algunas comunidades autónomas y su impacto es reducido. Además, las mutuas no pueden intervenir en casos relacionados con trastornos como la ansiedad o la depresión, que están impulsando el número de bajas, especialmente entre los trabajadores más jóvenes, debido a la oposición sindical. Aun así, el Gobierno no descarta ampliar sus funciones en el futuro. Desde el ámbito empresarial, tanto las grandes organizaciones como los sectores más afectados, especialmente el de servicios, advierten de las dificultades para mantener la actividad con múltiples ausencias, cubrir puestos vacantes o incluso operar con normalidad en pequeñas empresas, donde una sola baja puede obligar a cerrar temporalmente. También destacan el impacto económico, que estiman en más de 16.000 millones de euros, una cifra que habría sido superada en 2025, cuando la Seguridad Social destinó unos 18.000 millones a estas prestaciones. Ante esta situación, algunas empresas plantean en la negociación colectiva reducir los complementos salariales durante las bajas al nivel que cubre la Seguridad Social, con el objetivo de contener su crecimiento. Ya en 2023, patronal y sindicatos reconocieron la necesidad de abordar este problema en el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que sirvió de base para el pacto alcanzado con el Gobierno en 2024 sobre el papel de las mutuas. Sin embargo, tres años después, esta cuestión se ha convertido en un punto de desacuerdo que está retrasando nuevas negociaciones. Aunque ha habido contactos discretos entre las partes, aún no se ha constituido formalmente la mesa de diálogo. Los sindicatos buscan fijar criterios claros para los convenios antes de que aumenten los conflictos laborales, mientras que los empresarios consideran que la falta de avances en materia de absentismo bloquea cualquier progreso. Por su parte, las organizaciones sindicales defienden que antes de adoptar medidas es necesario analizar en profundidad las causas del aumento de las bajas. También critican que algunos informes se centren más en el gasto que en la recuperación de la salud de los trabajadores, y confían en que los nuevos órganos de estudio tengan más en cuenta este enfoque.

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(El Economista, 30-04-2026) | Laboral

El Gobierno recauda 422 millones por la cotización "extra" de los sueldos más altos que se destina a pagar las pensiones

Transcurrido el primer año de aplicación de la llamada cuota de solidaridad, el Gobierno ya dispone de cifras sobre los ingresos generados por este recargo dirigido a los salarios más elevados. Según los datos obtenidos a través del Portal de Transparencia, durante los once meses de 2025 en los que estuvo en vigor -de febrero a diciembre- la Seguridad Social recaudó 422,41 millones de euros. Esta cantidad supera en unos 22 millones las previsiones iniciales del Ministerio que dirige Elma Saiz, que estimaba ingresar alrededor de 400 millones en el primer ejercicio de aplicación a los sueldos que superan la base máxima, fijada entonces en 4.909 euros mensuales o 58.908 anuales. Este recargo afecta a trabajadores del Régimen General y también a empleados y autónomos del Régimen del Mar, mientras que los autónomos del RETA quedan fuera. De la recaudación total de 2025, la gran mayoría, 417,20 millones, procede del Régimen General, frente a 5,21 millones del sector marítimo. Aunque esta medida se incluyó en la reforma de las pensiones con el objetivo de reforzar la sostenibilidad del sistema y garantizar la actualización de las prestaciones según el IPC, su impacto en el conjunto de ingresos sigue siendo reducido. Los más de 422 millones representan apenas un 0,23% del total recaudado por cotizaciones sociales ese año, que ascendió a cerca de 177.000 millones. La finalidad de esta cuota es aumentar los recursos del sistema mediante mayores aportaciones de quienes perciben salarios por encima de la base máxima. A diferencia del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuyos fondos se destinan a la llamada "hucha de las pensiones", este recargo se emplea directamente para financiar las prestaciones actuales. Otra diferencia relevante es que el MEI lo abonan todos los trabajadores, incluidos los autónomos, sin importar su nivel salarial. Por ello, su capacidad recaudatoria es mucho mayor: en 2025 generó casi 4.934 millones de euros, frente a los 422 millones de la cuota de solidaridad. El cálculo de esta cotización adicional se basa en el exceso de salario sobre la base máxima y se estructura en varios tramos. En 2025, los sueldos ligeramente superiores a esa base tributaban un 0,92% adicional; los niveles intermedios, un 1%; y los más altos, un 1,17%. Para 2026, estos porcentajes han aumentado hasta el 1,15%, 1,25% y 1,46%, respectivamente. Además, está previsto que estos tipos sigan creciendo de forma progresiva hasta 2045, cuando alcanzarán el 5,5%, 6% y 7% según el nivel de ingresos, tras incrementos anuales graduales. Por otro lado, la base máxima de cotización también se actualiza cada año en función de la inflación, con un aumento adicional de 1,2 puntos. Así, pasó de 4.720 euros mensuales en 2024 a 4.909 en 2025, y para 2026 se ha fijado en 5.101,20 euros al mes.

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(El Economista, 30-04-2026) | Laboral

Bruselas da un ultimátum a España por la temporalidad de los interinos o la llevará ante la Justicia europea

La Comisión Europea ha dado un paso más en el procedimiento abierto contra España por la situación de los trabajadores interinos en el sector público. Bruselas ha enviado al Gobierno un dictamen motivado, que constituye la segunda fase del proceso de infracción, al considerar que la legislación española no se ajusta a la normativa comunitaria que prohíbe la discriminación de empleados con contratos temporales. Si no recibe una respuesta adecuada, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Ejecutivo europeo sostiene que en España los trabajadores con contratos de duración determinada en el ámbito público tienen condiciones menos favorables que los empleados fijos, lo que vulnera el derecho comunitario. Este asunto formaba parte de los compromisos incluidos en el Plan de Recuperación, que Bruselas considera incumplidos. De hecho, ya en julio del año pasado la Comisión concluyó que España no había alcanzado uno de los objetivos vinculados al primer tramo de fondos europeos, relacionado con la reducción de la temporalidad. Como consecuencia, se decidió recortar 627 millones de euros de esas ayudas. La apertura de este expediente se basa en que la situación de los interinos supone una discriminación contraria a la normativa europea. Este problema ya motivó un procedimiento similar en 2014. Aunque España ha atendido parte de las exigencias planteadas en la fase inicial, la Comisión considera que las medidas adoptadas siguen siendo insuficientes. Por ello, Bruselas ha elevado el proceso al siguiente nivel y ha concedido al Gobierno un plazo de dos meses para responder y adoptar soluciones. En caso contrario, podría llevar el asunto ante la justicia europea e incluso imponer sanciones económicas. Además, la Comisión reprocha a España no haber evitado el uso abusivo de contratos temporales en el sector público ni haber corregido situaciones de desigualdad laboral. También critica la falta de medidas eficaces para impedir la concatenación de contratos de corta duración, algo que la normativa europea obliga a prevenir y sancionar. Aunque España ha introducido cambios legales desde que se inició el procedimiento en 2015 y tras el último aviso enviado en 2024, Bruselas considera que las explicaciones dadas no resuelven el problema. Por su parte, el Gobierno defiende que ha cumplido con el objetivo de transformar en puestos fijos unas 300.000 plazas ocupadas anteriormente por temporales, cifra que, según datos actuales, ya supera las 419.000. También señala que el principal foco de temporalidad se encuentra en las comunidades autónomas, donde ronda el 40%, frente a un 4,7% en la Administración General del Estado. El Ejecutivo atribuye estos avances a las ofertas públicas de empleo impulsadas en los últimos años, con una media de más de 32.000 plazas anuales entre 2018 y 2025, y contrapone esta política a los recortes de etapas anteriores, que contribuyeron al envejecimiento de la plantilla pública y a un elevado número de jubilaciones.

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(Cinco Días, 30-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed mantiene los tipos en el 3,5% en la última reunión con Powell al frente

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se mantiene firme frente a las presiones de Donald Trump y concluye su etapa al frente del banco central defendiendo su estrategia de prudencia, basada en observar la evolución de la situación antes de tomar decisiones, especialmente ante la incertidumbre generada por la crisis en Oriente Próximo. Se trata de la tercera vez consecutiva este año que la Reserva Federal decide no modificar los tipos de interés, que permanecen entre el 3,5% y el 3,75%. Es la última reunión presidida por Jerome Powell, cuyo mandato finaliza el 15 de mayo. Se prevé que le sustituya Kevin Warsh, pendiente aún de la confirmación definitiva del Senado tras haber superado el trámite del comité bancario. Powell cierra así su mandato reafirmando una línea de actuación que ha marcado su gestión reciente: actuar con cautela y no precipitar cambios. Esta postura ha sido objeto de críticas, especialmente desde la Casa Blanca. La confrontación entre Trump y Powell ha sido constante en los últimos meses, pero el presidente de la Fed ha evitado ceder a las presiones políticas. Incluso se llegó a plantear una investigación por parte del Departamento de Justicia sobre su gestión, aunque finalmente no prosperó, lo que ha facilitado el proceso de relevo. Desde la Reserva Federal consideran que aún no se dan las condiciones adecuadas para retomar la bajada de tipos, principalmente por la incertidumbre económica derivada del contexto internacional. La inflación sigue sin acercarse al objetivo del 2% tras varios años marcados por distintas crisis. A esto se suma el impacto del conflicto en Oriente Próximo, que ha provocado un fuerte aumento del precio del petróleo y nuevas tensiones inflacionistas. En marzo, la inflación alcanzó el 3,3%, su nivel más alto en dos años, alejándose del 2,4% registrado en los primeros meses de 2026. Mientras tanto, el mercado laboral continúa mostrando solidez, con una tasa de desempleo del 4,3%, ligeramente inferior a la del mes anterior. La propia Fed ya anticipaba este escenario, por lo que en su anterior reunión rebajó las expectativas de recortes de tipos para este año, contemplando como máximo una bajada tras el verano, aunque tampoco se descarta que no haya ninguna. La institución insiste en que, mientras no se conozcan con claridad las consecuencias económicas del conflicto con Irán, lo más adecuado es mantener la cautela. Este mensaje parece dirigido también al futuro presidente. Si su nombramiento se confirma a tiempo, Warsh presidirá su primera reunión en junio, momento en el que la Fed actualizará sus previsiones. Aunque es partidario de reducir los tipos cuanto antes, aún está por ver si contará con el respaldo suficiente dentro del organismo en un contexto de elevada incertidumbre. Algunos analistas señalan que los mercados siguen esperando, en línea con las previsiones de la Reserva Federal, una bajada de tipos de 25 puntos básicos antes de final de año. No obstante, también se contempla la posibilidad de que haya más de un recorte si la situación económica lo requiere, no tanto por presiones políticas, sino por la necesidad de sostener la actividad económica.

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(Expansión, 30-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Powell desafía a Trump y se quedará en la Fed hasta que "sea apropiado"

El actual presidente de la Reserva Federal; Jerome Powell, ha decidido permanecer en el consejo como gobernador incluso después de dejar la presidencia, con la intención de asegurarse de que no se reabra la investigación penal en su contra impulsada durante la etapa de Donald Trump. "Lo ocurrido en los últimos meses me lleva a continuar hasta que lo considere oportuno", ha explicado Jerome Powell al confirmar que no abandonará el organismo cuando termine su mandato como presidente el próximo 15 de mayo. Aunque ha felicitado a su sucesor, Kevin Warsh, cuyo nombramiento avanza en el Senado tras superar el comité bancario, Powell no se retirará por completo. Su decisión tiene pocos precedentes: solo en una ocasión, en más de un siglo de historia de la Reserva Federal, un expresidente se mantuvo como gobernador tras dejar el cargo. Esta situación genera un escenario inédito, ya que la continuidad de Powell podría dificultar la incorporación plena de Warsh al consejo. Además, abre una etapa de gran incertidumbre que podría tensar aún más la relación con Donald Trump, quien podría intentar reorganizar el órgano para facilitar su estrategia económica. Powell ha asegurado que mantendrá un papel discreto y permitirá que el nuevo presidente ejerza sus funciones con normalidad. Sin embargo, ha dejado claro que no piensa marcharse mientras exista la posibilidad de que se reactive el proceso judicial en su contra. Aunque los cargos fueron retirados recientemente, no se descarta que puedan retomarse si nuevas investigaciones internas lo justifican. El todavía presidente de la Fed no prevé agotar su mandato como gobernador, que se extiende dos años más, sino permanecer el tiempo necesario hasta tener garantías de que la amenaza legal desaparece por completo. Considera que la situación a la que se enfrenta es excepcional y sin precedentes. Su permanencia rompe con la práctica habitual de las últimas décadas, en las que los presidentes del banco central abandonaban totalmente la institución al dejar el cargo. Aun así, ha insistido en que seguirá tomando decisiones basadas exclusivamente en criterios económicos. Powell ha mostrado respeto hacia Warsh, al que considera preparado para liderar la institución. No obstante, su continuidad plantea dudas, especialmente en los mercados, sobre cómo convivirán dos figuras influyentes dentro del mismo órgano: un nuevo presidente respaldado políticamente y un expresidente con peso técnico que podría no coincidir con su enfoque.

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(Expansión, 30-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Guía para inquilinos y propietarios tras el fin de la prórroga de alquileres

El Congreso de los Diputados rechazó el martes el real decreto-ley que permitía ampliar automáticamente durante dos años los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027, limitando además las subidas de precio al 2%. La negativa de la Cámara Baja, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, genera ahora una situación jurídica compleja que, según juristas y expertos inmobiliarios, probablemente acabará resolviéndose en los tribunales. Quedan sin respuesta cuestiones clave, como qué sucede con los inquilinos que pidieron la prórroga por burofax durante la vigencia del decreto y no recibieron contestación; si la medida se aplicaría también a contratos que vencen después del 28 de abril; o si sigue vigente el límite del 2% en las subidas. El Gobierno calcula que cerca de un millón de contratos expirarán entre este año y el próximo, lo que implica que muchos inquilinos pudieron solicitar la prórroga entre el 20 de marzo y el 28 de abril. Aunque no hay cifras exactas, se estima que podrían haberse presentado cientos de miles de solicitudes. Incluso el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 llegó a recordar por carta a grandes propietarios que debían aceptar dichas prórrogas, pese a las distintas interpretaciones existentes y a la posibilidad de que el asunto termine en el Tribunal Supremo. La incertidumbre generada por la aprobación y posterior derogación del decreto, así como los intentos del Gobierno de renegociarlo, ya estaría afectando a un mercado del alquiler que sufre una reducción de la oferta. Esta situación se atribuye, en parte, a la percepción de falta de protección para los propietarios y a los límites de precios introducidos por la Ley de Vivienda de 2023. Algunos expertos señalan que esta inseguridad puede hacer que ciertos inversores duden antes de comprar viviendas para alquilar, mientras que otros podrían inclinarse por la compra con hipoteca como opción más estable. El abanico de situaciones es amplio debido a los plazos y al planteamiento del decreto, lo que ha dado lugar a interpretaciones diversas entre especialistas. En el caso de los inquilinos que solicitaron la prórroga sin obtener respuesta, durante la vigencia del decreto el Gobierno instó a los propietarios a aceptar todas las peticiones enviadas por burofax, siempre que el contrato no venciera después del 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, algunas entidades recomendaron esperar a la votación en el Congreso antes de contestar. Tras la derogación, hay quienes consideran que los propietarios pueden rechazar esas solicitudes, mientras que otros opinan que las peticiones realizadas dentro del periodo de vigencia deben entenderse como válidas, incluso sin respuesta expresa. Cuando el propietario sí aceptó la prórroga por escrito durante ese periodo, existe consenso en que dicha ampliación se mantiene. En general, se considera que solo tendrían derecho a la prórroga quienes la solicitaron entre el 20 de marzo y el 28 de abril. Aun así, hay situaciones en las que el propietario podría negarse, como la existencia de un acuerdo distinto, la firma de un nuevo contrato, la necesidad de recuperar la vivienda para uso propio o un pacto para renovar con un precio inferior. Otra cuestión controvertida es qué contratos pueden acogerse a la prórroga. No está claro si afecta únicamente a los que vencían durante la vigencia del decreto o también a los que finalizan después, siempre que la solicitud se hiciera en plazo. Esto podría dar lugar a litigios, ya que se debate si la derogación tiene efectos desde el momento en que se produce o si anula también los efectos generados mientras la norma estaba en vigor. Algunos expertos sostienen que la prórroga solo sería aplicable a contratos que vencían mientras el decreto estaba vigente, ya que las solicitudes sobre contratos posteriores se basarían en una expectativa que no genera un derecho automático. Otros defienden que cualquier contrato con vencimiento anterior al 31 de diciembre de 2027 debería verse afectado si la solicitud se realizó dentro del periodo establecido. Respecto al límite del 2% en las subidas de alquiler, se entiende que, si se aplicó durante la vigencia del decreto, esa actualización se mantiene, aunque no tendrá efectos en el futuro. Ante esta situación de incertidumbre, se recomienda a los propietarios que no aceptaron la prórroga que comuniquen su rechazo, pero intentando alcanzar acuerdos para evitar procesos judiciales largos, que podrían durar al menos un año. También se advierte de que incluso los casos en los que hubo aceptación expresa podrían acabar en los tribunales, al interpretarse como acuerdos válidos independientemente de la derogación de la norma. Por ello, el sector inmobiliario insiste en la necesidad de que el Gobierno aclare cuanto antes estas dudas para evitar un posible colapso judicial en los próximos meses.

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(El País, 30-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El retraso de las herencias por el aumento de la esperanza de vida agranda la brecha de riqueza entre hogares

La evolución de la longevidad ha desajustado la relación entre el ciclo vital y el económico. Vivir más años está cambiando la forma en que se transmite la riqueza entre generaciones en España. Durante mucho tiempo, las herencias funcionaban como un impulso temprano para los más jóvenes, pero el aumento de la esperanza de vida, impulsado por mejoras sanitarias y de calidad de vida, ha retrasado ese momento, afectando especialmente a quienes cuentan con menos recursos. En los años setenta, la edad media para recibir una primera herencia rondaba los 35 años. Hoy, esa cifra se sitúa cerca de los 55. Este retraso de dos décadas, aunque refleja un avance social positivo, también está contribuyendo a ampliar las desigualdades. Según estimaciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cada año adicional de espera reduce en torno a un 2% la riqueza neta del hogar que podría beneficiarse. Un estudio reciente elaborado por los economistas Ignacio Conde-Ruiz y Francisco García-Rodríguez analiza este fenómeno y concluye que no solo importa que las herencias lleguen más tarde, sino también el coste de no haberlas recibido antes. Esa demora limita la capacidad de ahorro y de acumulación de patrimonio en muchas familias. Recibir una herencia en etapas más tempranas de la vida facilita, por ejemplo, el acceso a la vivienda o el inicio de un negocio. También incrementa la probabilidad de formar familias más numerosas, lo que sugiere que este retraso puede influir indirectamente en la baja natalidad. El impacto de las herencias no es igual para todos. En los hogares con menos recursos, una herencia puede multiplicar varias veces su patrimonio, mientras que en los más acomodados representa una parte mucho menor, ya que disponen de otros activos. Esto implica que el retraso perjudica más a quienes dependen en mayor medida de estas transferencias para mejorar su situación económica. A estas diferencias se suma el desigual reparto de las herencias. En España, la mitad de la población con menos riqueza recibe poco más de una cuarta parte del total heredado, mientras que el 10% más rico concentra más de un tercio. Sin embargo, no todas las familias están igualmente expuestas a este retraso. Los hogares con mayor capacidad económica suelen anticipar la transmisión de patrimonio mediante donaciones en vida. Estas transferencias permiten a sus descendientes acceder antes a recursos clave, como la vivienda o la financiación, actuando como una especie de herencia adelantada. En cambio, las familias con menos recursos suelen depender del fallecimiento de sus progenitores para recibir patrimonio, que en muchos casos se limita a la vivienda. Además, las donaciones también están desigualmente distribuidas: los hogares más ricos concentran una parte muy significativa de ellas, mientras que los más pobres apenas reciben una pequeña fracción. El efecto de estas donaciones también varía según el nivel económico. Para los hogares con menos recursos, representan una proporción muy elevada de su patrimonio total, mientras que en los más acomodados su peso es mucho menor. La desigualdad no solo se refleja en el impacto de estas transferencias, sino también en la probabilidad de acceder a ellas. Las familias con menos recursos tienen muchas menos opciones de recibir donaciones o herencias, mientras que en los grupos más ricos es mucho más frecuente beneficiarse de ambos tipos de transmisión a lo largo de la vida.

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