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(Expansión, 09-11-2026) | Fiscal

Consejos para optimizar la Renta antes de que termine el año

Adelantar determinados gastos, realizar aportaciones a planes de pensiones o revisar las inversiones antes del 31 de diciembre son algunas de las actuaciones que pueden ayudar a reducir la factura del IRPF. A falta de dos meses para finalizar 2026, los contribuyentes todavía disponen de margen para planificar su próxima declaración de la Renta, que se presentará en la primavera de 2027 y tendrá en cuenta los ingresos, gastos y rendimientos obtenidos durante este ejercicio. Los asesores fiscales recuerdan que revisar con antelación las deducciones estatales y autonómicas, las exenciones disponibles y las posibilidades de compensar ganancias y pérdidas patrimoniales puede generar un ahorro fiscal significativo. Desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), del Consejo General de Economistas, advierten de que dejar pasar determinados plazos puede impedir aprovechar incentivos vinculados a inversiones o mecanismos de compensación fiscal. Por ello, recomiendan anticipar la planificación y revisar las circunstancias personales y económicas antes del cierre del ejercicio, tanto en el caso de trabajadores asalariados como de autónomos, arrendadores e inversores. Entre las opciones disponibles figura negociar con la empresa la percepción de una parte del salario mediante retribuciones en especie exentas de tributación, como los vales de comida o el seguro médico. Esta fórmula permite reducir la base imponible del trabajador. En el caso de los seguros sanitarios, es necesario que la empresa figure expresamente como tomadora de la póliza para que pueda aplicarse la exención. Los contribuyentes que se hayan jubilado y mantengan aportaciones a planes de pensiones o sistemas de previsión social realizadas antes del 31 de diciembre de 2007 pueden beneficiarse de una reducción del 40% sobre el capital rescatado en forma de pago único. Para conservar este incentivo, el rescate debe efectuarse durante el ejercicio en que se produce la jubilación o en alguno de los dos años siguientes. También conviene revisar las aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social. El límite máximo de reducción puede alcanzar los 10.000 euros anuales, resultado de sumar los 1.500 euros correspondientes al límite individual general y hasta 8.500 euros adicionales por contribuciones empresariales. Además, cuando el cónyuge no obtiene ingresos o estos son inferiores a 8.000 euros anuales, se pueden realizar aportaciones de hasta 1.000 euros a su plan de previsión social con derecho a reducción. En el caso de los trabajadores autónomos y profesionales colegiados, las aportaciones a planes de pensiones de empleo simplificados permiten aplicar una reducción adicional de hasta 4.250 euros anuales. Esta cantidad se suma al límite individual general de 1.500 euros, por lo que el importe total deducible puede alcanzar los 5.750 euros. Otra recomendación es comprobar que las retenciones aplicadas en las nóminas se ajustan a las circunstancias actuales del contribuyente. Quienes hayan cambiado de empresa, experimentado variaciones importantes en sus ingresos o sufrido modificaciones en su situación personal o familiar pueden solicitar a su empleador que revise el porcentaje de retención antes de finalizar el año. Los propietarios de viviendas y otros inmuebles destinados al alquiler también disponen de distintas posibilidades para reducir la tributación de sus rendimientos. Entre los gastos deducibles se encuentran las primas de los seguros de vida y hogar vinculados a préstamos hipotecarios cuando su contratación permite obtener una bonificación en el tipo de interés. Por tanto, resulta conveniente comprobar las condiciones de estas pólizas y los importes satisfechos durante el ejercicio. Asimismo, las cantidades destinadas a reparar, conservar o pintar los inmuebles alquilados, así como a sustituir elementos deteriorados, pueden minorar el rendimiento neto del capital inmobiliario. No obstante, la suma de estos gastos y los correspondientes a la financiación hipotecaria no puede superar los ingresos íntegros obtenidos por el arrendamiento durante el ejercicio. En relación con la gestión de los alquileres, para que el arrendamiento de inmuebles tenga la consideración de actividad económica a efectos del IRPF es necesario disponer, al menos, de una persona contratada laboralmente y a jornada completa para gestionar esta actividad. La interpretación judicial reciente ha aclarado que no es preciso demostrar adicionalmente que exista un volumen mínimo de trabajo que justifique esa contratación. Los contribuyentes que todavía tengan derecho a la deducción transitoria por adquisición de vivienda habitual, por haber comprado el inmueble con financiación hipotecaria antes del 1 de enero de 2013, pueden valorar realizar amortizaciones anticipadas del préstamo. La normativa permite deducir el 15% de las cantidades satisfechas durante el año, con un límite máximo de 9.040 euros de base anual, incluyendo tanto la amortización como los intereses. Por su parte, los autónomos que tributan en el régimen de estimación directa simplificada pueden aplicar una deducción del 5% sobre su rendimiento neto positivo en concepto de provisiones deducibles y gastos de difícil justificación. El porcentaje aumenta hasta el 10% para las actividades desarrolladas en Ceuta y Melilla, aunque existe un límite máximo anual de 2.000 euros. También es importante revisar los cobros y pagos pendientes antes del cierre del ejercicio cuando se haya optado por el criterio de imputación temporal de caja. En estos casos, la fecha efectiva de cobro de los ingresos o de realización de los pagos determina el ejercicio fiscal al que deben atribuirse las correspondientes partidas. Los profesionales que necesiten adquirir un vehículo para desarrollar su actividad pueden estudiar la compra de un modelo comercial o empresarial eléctrico nuevo. Estos vehículos pueden acogerse a la libertad de amortización acelerada, siempre que se matriculen dentro del ejercicio y queden efectivamente vinculados al desarrollo de la actividad económica. En el ámbito de las inversiones financieras, quienes hayan obtenido ganancias patrimoniales durante 2026 por la venta de acciones, fondos de inversión, inmuebles o criptomonedas pueden estudiar la posibilidad de compensarlas con pérdidas acumuladas en otras inversiones. Para ello, pueden transmitir antes del 31 de diciembre los activos que registren minusvalías, reduciendo así la base imponible del ahorro. Sin embargo, es necesario tener en cuenta las restricciones relativas a la recompra de valores homogéneos. Cuando se venden acciones cotizadas con pérdidas, la adquisición de títulos equivalentes durante los dos meses anteriores o posteriores a la transmisión impide computar fiscalmente esa minusvalía en ese momento. En el caso de valores no cotizados, el plazo se amplía a un año. También conviene comprobar si existen pérdidas patrimoniales pendientes de compensación procedentes de ejercicios anteriores. Estas pueden utilizarse durante un plazo máximo de cuatro años. Si 2026 es el último ejercicio disponible para aprovecharlas, puede resultar conveniente materializar ganancias patrimoniales antes de que termine el año, evitando así que las minusvalías pendientes pierdan su utilidad fiscal. En cuanto a las criptomonedas, los contribuyentes que tengan previsto vender activos con plusvalías pueden valorar aplazar la operación hasta el 1 de enero de 2027. De esta forma, la ganancia se imputaría al siguiente ejercicio fiscal y su tributación se trasladaría a la declaración que se presentará en 2028. Otra cuestión que deben considerar los contribuyentes es el tratamiento fiscal de las donaciones. El Tribunal Supremo ha establecido que las pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones gratuitas de bienes no pueden computarse en el IRPF del donante. Esta limitación también se aplica cuando en una misma operación se transmiten otros bienes que sí generan ganancias sujetas a tributación. Antes de donar acciones, participaciones o valores adquiridos en diferentes fechas, también es necesario tener presente la aplicación del criterio FIFO (primero en entrar, primero en salir). Esto significa que, a efectos del cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial, se considera que se transmiten primero los títulos adquiridos en la fecha más antigua. Los mayores de 65 años cuentan con determinados incentivos fiscales cuando transmiten elementos de su patrimonio. Si venden bienes o derechos, como una segunda residencia, un local comercial o acciones, pueden dejar exenta la ganancia patrimonial siempre que reinviertan el importe obtenido en constituir una renta vitalicia asegurada. El límite máximo de reinversión con derecho a exención es de 240.000 euros y la operación debe formalizarse en un plazo de seis meses. Además, la venta de la vivienda habitual por parte de un contribuyente mayor de 65 años está exenta de tributar por la ganancia patrimonial obtenida, sin necesidad de reinvertir el dinero. Cuando el inmueble pertenece conjuntamente a dos cónyuges y solo uno de ellos ha alcanzado esa edad, la exención se aplica únicamente a la parte proporcional correspondiente al propietario que cumple el requisito. La adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables nuevos para uso particular también permite acceder a incentivos fiscales. La compra da derecho a una deducción del 15% sobre una base máxima de 20.000 euros, siempre que el precio no supere los 45.000 euros y no se trate de un vehículo de kilómetro cero. A esta ventaja puede añadirse otra deducción del 15% sobre un máximo de 4.000 euros por las cantidades destinadas a instalar puntos de recarga en una propiedad del contribuyente. Las inversiones en energías renovables y eficiencia energética en la vivienda constituyen otras vías para reducir la factura fiscal. La instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico o térmico permite aplicar una deducción del 10% de las cantidades satisfechas, porcentaje que puede elevarse al 20% cuando las obras afectan a la totalidad de un edificio residencial. La base máxima anual es de 5.000 euros por contribuyente. Por otro lado, las actuaciones de rehabilitación energética en la vivienda habitual, como la sustitución de ventanas por otras con mejores prestaciones de aislamiento, pueden dar derecho a una deducción del 20%, con una base máxima de 5.000 euros, si permiten reducir al menos un 7% la demanda de calefacción o refrigeración. El incentivo alcanza el 40%, con una base máxima de 7.500 euros, cuando las obras consiguen disminuir un 30% el consumo de energía primaria no renovable o permiten obtener una calificación energética A o B. Los contribuyentes que inviertan en empresas de nueva creación y empresas emergentes también pueden beneficiarse de ventajas fiscales. La suscripción de acciones o participaciones antes de finalizar el año permite aplicar una deducción del 50% de las cantidades aportadas, con una base máxima anual de 100.000 euros. Para conservar el incentivo, la participación debe mantenerse durante un periodo mínimo de entre tres y doce años. Por último, las aportaciones a organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin ánimo de lucro acogidas al régimen de mecenazgo permiten obtener importantes deducciones. Los primeros 250 euros donados durante el año dan derecho a una deducción del 80% en la cuota íntegra del impuesto. Para las cantidades que superen ese importe, el porcentaje general se sitúa entre el 40% y el 45%, aplicándose el tipo más elevado cuando se mantiene la fidelidad de las donaciones a una misma entidad.

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(El País, 07-11-2026) | Fiscal

Hacienda actualizará la deducción del salario mínimo hasta los 1.030 euros para que sus perceptores no paguen IRPF

El Gobierno prevé modificar nuevamente el IRPF para garantizar que los trabajadores que perciban el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) continúen sin tributar por este impuesto. Según ha adelantado un portavoz del Ministerio de Hacienda, la intención es incrementar la deducción que actualmente se aplica en el impuesto y que beneficia, sobre todo, a los empleados solteros y sin hijos, que no pueden acogerse a otras ventajas fiscales. La desgravación, que en estos momentos se sitúa en torno a los 590 euros, pasaría a alcanzar aproximadamente los 1.030 euros anuales. A partir de 2027, el salario mínimo aumentará desde los 17.094 euros brutos anuales actuales hasta los 18.004 euros, distribuidos en 14 pagas. Si Hacienda no introduce el ajuste previsto, que algunas fuentes sitúan antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los trabajadores afectados tendrían que soportar una factura fiscal cercana a los 600 euros anuales, descontada de sus nóminas mediante las retenciones practicadas por las empresas. El Ministerio de Trabajo anunció este jueves una subida del 5,3% del SMI para 2027. El plazo para presentar observaciones a la propuesta finaliza el 16 de noviembre, por lo que el Ejecutivo podría aprobar la nueva cuantía en el Consejo de Ministros del día 17 o, alternativamente, en el del 24 de noviembre. Ambos son los últimos encuentros ordinarios del Gobierno antes de la convocatoria electoral. Una vez aprobado el incremento salarial, Hacienda pretende trasladar la modificación tributaria al Congreso, donde deberá ser examinada por la Diputación Permanente o por las nuevas Cortes, si ya estuvieran constituidas. La fórmula de incrementar la deducción del IRPF no es nueva. Durante años, las subidas del salario mínimo estuvieron acompañadas de modificaciones fiscales destinadas a mantener exentos de tributación los ingresos correspondientes a ese nivel salarial. Esta práctica se rompió en 2025, cuando una parte de los perceptores del SMI, especialmente los trabajadores solteros y sin hijos, comenzó a pagar IRPF por primera vez. La carga fiscal rondaba entonces los 340 euros anuales. Para compensarla, Hacienda estableció una deducción equivalente que los afectados podían recuperar al presentar la declaración de la renta del ejercicio siguiente. El mismo procedimiento se mantuvo un año después y el Gobierno prevé volver a utilizarlo en 2027. Según los cálculos de Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, un trabajador que en 2026 percibe el salario mínimo de 17.094 euros brutos anuales aporta 1.111 euros a la Seguridad Social, por lo que sus rendimientos netos se sitúan en 15.983 euros. Sobre esta cantidad se aplica una reducción por rendimientos del trabajo de 5.323 euros, además de 2.000 euros en concepto de gastos deducibles. De este modo, la base queda fijada en 8.660 euros. Una vez descontado el mínimo personal de 5.550 euros y aplicados los tipos correspondientes, un empleado soltero y sin hijos tendría que pagar 591 euros anuales de IRPF. Esta cantidad se ingresa a través de las retenciones mensuales de su nómina y puede recuperarse posteriormente mediante la deducción prevista por Hacienda. La situación cambiaría en 2027 con el nuevo salario mínimo de 18.004 euros. En ese caso, las cotizaciones a la Seguridad Social ascenderían a 1.174 euros y los rendimientos netos alcanzarían los 16.830 euros. A esta cifra habría que restarle 3.840 euros por la reducción por rendimientos del trabajo, cuyo importe disminuye a medida que aumentan los ingresos, y otros 2.000 euros de gastos deducibles. La base resultante sería de 10.990 euros y la cuota del IRPF se elevaría hasta aproximadamente 1.034 euros. Fernández señala que, si Hacienda mantuviera la deducción actual, esta se reduciría hasta los 409 euros, ya que se minoraría en 20 céntimos por cada euro de salario que excediese los 17.094 euros. En consecuencia, el trabajador acabaría soportando más de 600 euros anuales de impuestos. Para evitarlo y conseguir que el incremento del SMI se traslade íntegramente al salario neto, la deducción tendría que elevarse hasta unos 1.030 euros. Varios especialistas consideran que recurrir a modificaciones fiscales cada vez que aumenta el salario mínimo no constituye una solución adecuada. El presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez, defiende la implantación de un sistema de actualización automática que evite tener que introducir ajustes tributarios anualmente. A su juicio, si el objetivo es que los perceptores del SMI no paguen IRPF, sería preferible evitar directamente las retenciones en sus nóminas, en lugar de obligarlos a presentar la declaración de la renta para recuperar posteriormente el dinero mediante una deducción. Los sindicatos también han cuestionado este jueves la decisión de recurrir cada año a una nueva ventaja fiscal para mantener la exención del salario mínimo, en lugar de establecer una solución permanente. CC OO y UGT reclaman conjuntamente una modificación legislativa que asegure que las subidas del SMI se reflejen íntegramente en los ingresos netos de los trabajadores. Ambas organizaciones consideran que no resulta razonable depender de medidas temporales ni permitir que una parte de las mejoras salariales desaparezca como consecuencia de la tributación. Asimismo, reclaman una regulación estable que impida que los sucesivos incrementos del salario mínimo provoquen tipos impositivos desproporcionados, tanto para quienes cobran el SMI como para los empleados cuyos salarios se sitúan ligeramente por encima. La posición sindical sobre la tributación del salario mínimo ha ido evolucionando en los últimos años. Las organizaciones han planteado en distintas ocasiones que el SMI debería comenzar a contribuir al IRPF, teniendo en cuenta el creciente número de trabajadores que perciben esta retribución, estimado en unos 2,5 millones, y el incremento acumulado del 66% desde 2018. Consideran que la existencia de un colectivo tan numeroso al margen de este impuesto tiene consecuencias para los ingresos públicos. No obstante, defienden que cualquier modificación debe integrarse en una reforma fiscal más amplia, que contemple también una mayor aportación de las rentas más elevadas. UGT sostiene que los tipos marginales del IRPF pueden penalizar excesivamente a quienes comienzan a tributar con salarios reducidos, una preocupación que también comparte CC OO. La posibilidad de que el salario mínimo tribute por su creciente peso en el mercado laboral también ha sido defendida anteriormente desde el Ministerio de Hacienda. El pasado año, el Ministerio de Trabajo, partidario de mantener la exención, abrió la puerta a esta alternativa al solicitar a los expertos encargados de proponer la subida salarial que contemplasen un escenario en el que los perceptores del SMI tuvieran que pagar IRPF. Esta circunstancia elevaba necesariamente la cuantía necesaria para compensar la carga fiscal. En ese supuesto, los expertos plantearon para 2027 un incremento del 11%, hasta situar el salario mínimo en 18.981 euros brutos anuales. La cuestión también ha adquirido protagonismo en el debate político. La semana pasada, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó en una entrevista en la Cadena SER que el Gobierno había obtenido un beneficio económico de las subidas del salario mínimo porque, a su juicio, la Administración era quien más dinero terminaba recaudando de los trabajadores. Cuando el entrevistador le recordó que el SMI estaba exento de IRPF, Feijóo respondió que esa exención existía anteriormente. El ministro de Hacienda, Arcadi España, contestó a través de la red social X recordando que el Ejecutivo lleva cuatro años reduciendo la carga del IRPF para las rentas más bajas y adoptando medidas para garantizar que los perceptores del salario mínimo no tengan que tributar.

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(La Vanguardia, 07-11-2026) | Fiscal

Las Comunidades Autónomas pierden 1.300 millones de euros por rebajas de impuestos, salvo Cataluña

Las comunidades autónomas de régimen común dejarán de ingresar alrededor de 1.300 millones de euros como consecuencia de las rebajas fiscales aprobadas o anunciadas para 2026 y 2027. Según las estimaciones, todas registrarán un impacto negativo sobre la recaudación, con una única excepción: Catalunya, cuyos ingresos públicos aumentarán en 122 millones de euros. Esta diferencia responde a una tendencia que se viene repitiendo en los últimos ejercicios, en los que prácticamente todos los territorios han optado por reducir su presión fiscal, mientras que Catalunya mantiene una política tributaria diferente. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) elabora cada mes de octubre un análisis de las principales líneas presupuestarias de las comunidades autónomas. Sus conclusiones suelen poner de manifiesto que los gobiernos regionales recurren a bonificaciones y reducciones en los impuestos cuya gestión tienen transferida, como el IRPF, el impuesto sobre sucesiones y donaciones o el de patrimonio. Estas decisiones reducen los ingresos tributarios y pueden afectar al equilibrio de las cuentas públicas. En 2026, la aplicación de nuevas rebajas fiscales ha vuelto a intensificarse. El ejercicio anterior, las medidas permanentes aprobadas por las comunidades autónomas ya habían supuesto una disminución de la recaudación de unos 1.150 millones de euros. Además, la aprobación de este tipo de iniciativas suele cobrar mayor protagonismo en los años próximos a las convocatorias electorales. La Comunidad Valenciana y Andalucía serán los territorios que asumirán las mayores pérdidas de ingresos durante el periodo analizado. La primera dejará de recaudar aproximadamente 641 millones de euros, mientras que la segunda registrará una reducción de 280 millones. Los gobiernos de Juan Francisco Pérez Llorca y Juanma Moreno han introducido rebajas en distintos tributos, entre ellos el IRPF, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD) y el de sucesiones y donaciones. La Airef advierte de que estas decisiones podrían acabar perjudicando la evolución de sus cuentas públicas a medio plazo. Madrid ocupa el siguiente lugar, con una merma estimada de 118 millones de euros. La comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso, que tradicionalmente ha mantenido una de las fiscalidades más reducidas del país, ha ampliado las ventajas fiscales aplicables a los impuestos sobre sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales. En un segundo grupo se sitúan las demás comunidades de régimen común, que también han adoptado reducciones tributarias, aunque con distintos niveles de impacto. Entre ellas figuran tanto territorios gobernados por el Partido Popular como dos administrados por el PSOE. Asturias no ha facilitado a la Airef una estimación concreta del efecto económico de sus medidas, mientras que Castilla-La Mancha calcula que dejará de ingresar unos 10 millones de euros. Catalunya presenta una situación distinta. En lugar de reducir sus ingresos, prevé incrementar la recaudación en 122 millones de euros entre 2026 y 2027. La Airef identifica algunas medidas que sí implican rebajas fiscales, como las deducciones en el ITPAJD destinadas a jóvenes y otros colectivos, además de determinados cambios en el tramo autonómico del IRPF. Sin embargo, estos efectos negativos se compensarán con mayores ingresos procedentes de otras decisiones tributarias. Entre ellas destacan el aumento del 100% de las tarifas del impuesto sobre las estancias turísticas, la actualización de las bases de cálculo del canon del agua y la eliminación de la reducción de las tarifas del transporte público superior al 30%. El análisis de la Airef vuelve a poner de manifiesto las diferencias existentes entre los sistemas fiscales autonómicos. Un mismo hecho imponible puede generar una factura tributaria distinta dependiendo de la comunidad en la que resida el contribuyente. La Generalitat de Catalunya ha definido esta situación como «dumping fiscal», especialmente por las ventajas tributarias que ofrece Madrid y que, a su juicio, provocan una competencia entre territorios. La reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno central pretendía abordar estas desigualdades e introducir mecanismos para desincentivar las rebajas fiscales de las comunidades autónomas. Sin embargo, la falta de acuerdos políticos ha impedido que la propuesta avance y la legislatura concluirá sin que llegue siquiera a debatirse en el Parlamento.

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(La Vanguardia, 07-11-2026) | Fiscal

Foment pide ajustar el IRPF por ley cada año para evitar la subida de impuestos por la inflación

La patronal Foment del Treball ha pedido a las formaciones políticas que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que establezcan por ley una actualización anual del IRPF para tener en cuenta la evolución de los precios. La organización empresarial considera que esta medida permitiría evitar que los incrementos salariales acordados para compensar la inflación terminen provocando un aumento de la carga tributaria de los trabajadores, ya que el impuesto aplica tipos más elevados a medida que crecen los ingresos. La propuesta ha sido presentada este jueves en Barcelona por la vicepresidenta de Foment, Mar Alarcón, y el director de estudios de la organización, Salvador Guillermo. La patronal plantea revisar tanto los tramos estatales del IRPF como los mínimos personales y familiares, tomando como referencia el porcentaje general de revalorización de las pensiones contributivas. Asimismo, propone recuperar progresivamente el poder adquisitivo perdido durante los años en los que estos parámetros no se han actualizado. Guillermo ha recordado que el impuesto lleva 14 años sin adaptarse a la evolución de los precios. En su opinión, esta falta de actualización provoca que los ciudadanos terminen pagando más impuestos sin que necesariamente hayan aumentado su capacidad económica real. El incremento de la factura fiscal se produce, por tanto, como consecuencia de la inflación y no de una mejora efectiva de su poder adquisitivo. El representante empresarial considera que esta situación constituye una subida impositiva encubierta que permite a las Administraciones aumentar sus ingresos sin asumir el coste político de aprobar nuevos impuestos o elevar los existentes. Entre finales de 2015 y septiembre de 2026, los precios han acumulado un incremento aproximado del 32,6%. Foment considera que esta evolución justifica la necesidad de revisar también otros parámetros tributarios, como el límite de exención del impuesto sobre actividades económicas (IAE). Actualmente, están exentas de su pago las empresas cuya cifra de negocios sea inferior a un millón de euros, un umbral establecido en 2003. Según los cálculos de la patronal, si se hubiera actualizado conforme al IPC, debería situarse actualmente en torno a 1,72 millones de euros. Además de las modificaciones fiscales, Foment ha presentado otras propuestas dirigidas a mejorar la actividad económica, especialmente en materia de infraestructuras. Entre sus reivindicaciones figura garantizar la ejecución de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado y recuperar la publicación de información detallada que permita conocer el grado de cumplimiento de los compromisos de inversión pública.

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(Expansión, 09-11-2026) | Laboral

El programa del PP premiará a las empresas que mejor gestionen las bajas laborales y perseguirá a quienes “se aprovechan del sistema para no trabajar”

Ante el aumento del absentismo laboral, cuyo impacto económico se calcula en unos 92.000 millones de euros al año, una de las principales propuestas del programa electoral del Partido Popular para las elecciones del próximo 29 de noviembre será intensificar la lucha contra el fraude en las bajas laborales. Se trata de una de las medidas con las que Alberto Núñez Feijóo pretende llegar a la presidencia del Gobierno. El programa de los populares también contempla reforzar el papel de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en la gestión de la incapacidad temporal, una iniciativa que se desarrollaría en el marco del diálogo social. El objetivo, según recoge el documento, es agilizar la tramitación de las bajas mediante la mejora de los procedimientos, una mayor fundamentación de los criterios médicos y un intercambio más eficaz de información. Además, el PP plantea crear un mecanismo que incentive a las empresas que gestionen de manera más eficiente los procesos de incapacidad temporal de sus trabajadores. En paralelo, la formación se compromete a perseguir los casos de fraude de quienes recurren indebidamente a las bajas para dejar de trabajar y percibir prestaciones a las que no tienen derecho. Feijóo ha insistido en esta cuestión durante los últimos meses y ha llegado a calificar el absentismo injustificado como un «cáncer». A principios de octubre, el líder popular aseguró que en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó por primera vez a la presidencia del Gobierno, una media de 450.000 personas faltaba diariamente a su puesto de trabajo. En 2025, según sus datos, la cifra habría alcanzado los 1,2 millones, mientras que el gasto asociado habría pasado de 13.000 a 31.000 millones de euros durante los años de gobierno socialista. Las estimaciones sobre el impacto económico del absentismo varían según los conceptos incluidos. El último Observatorio de Absentismo Laboral de Aecoc calcula que su coste directo alcanzará los 36.000 millones de euros este año. Sin embargo, si se incorporan las pérdidas de productividad ocasionadas por las ausencias, el importe total podría elevarse hasta los 92.000 millones. Frente a las medidas de control del fraude, Feijóo también propone mejorar la protección de quienes padecen enfermedades graves o de larga duración, con bajas que se prolonguen entre seis y 24 meses. En estos supuestos, el programa contempla elevar la prestación hasta el 100% de la base reguladora. Otra de las líneas de actuación del programa popular se dirige a facilitar la actividad empresarial mediante una mayor armonización de los requisitos administrativos en todo el territorio nacional. Para ello, el PP propone establecer por ley unas condiciones comunes, adaptadas a cada sector, para desarrollar actividades económicas en España. De este modo, las licencias, autorizaciones o inscripciones concedidas por una comunidad autónoma serían válidas en aquellas otras que compartan los mismos requisitos. Cualquier exigencia adicional de una Administración autonómica tendría que estar justificada y resultar proporcionada. Con el propósito de evitar diferencias injustificadas entre territorios a la hora de conceder permisos y licencias, Feijóo plantea otorgar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) capacidad para acudir a los tribunales cuando las comunidades autónomas mantengan obstáculos que dificulten innecesariamente el ejercicio de actividades empresariales. El programa también incluye medidas para favorecer el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, principalmente mediante la reducción de cargas administrativas. El PP se compromete a que las nuevas obligaciones para las pymes no sean aplicables hasta que hayan acumulado cuatro años de crecimiento y a establecer incentivos que permitan aumentar el tamaño medio de las empresas españolas. Los populares consideran que las compañías que empiezan a crecer se encuentran con mayores exigencias, controles y costes administrativos, lo que puede desincentivar su expansión. Esta situación, conocida como la «maldición del empleado 50», lleva a algunas empresas a renunciar a aumentar sus plantillas para evitar las nuevas obligaciones que implica superar determinados umbrales de trabajadores. Para corregir este problema, el PP propone revisar los límites nacionales que determinan la aplicación de estas exigencias, simplificar los trámites de las empresas con hasta 250 empleados y establecer incentivos fiscales, laborales, administrativos y relacionados con la contratación para las sociedades que incrementen su dimensión. Los trabajadores autónomos también tendrán un apartado específico en el programa electoral. Entre las medidas planteadas figura la posibilidad de presentar las declaraciones tributarias cada seis meses, en lugar de hacerlo trimestralmente. Asimismo, el PP propone eximirles del pago de cotizaciones y de la obligación de presentar declaraciones durante el primer año de actividad. A estas iniciativas se suma la implantación del régimen de IVA franquiciado, que permitiría a los autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros optar por no repercutir IVA a sus clientes ni ingresar el impuesto en Hacienda. A cambio, tampoco podrían deducirse el IVA soportado en sus compras y gastos. Por último, en materia tributaria, el Partido Popular plantea reformar el Impuesto sobre Sociedades para estimular la inversión empresarial mediante mecanismos como la libertad de amortización y las deducciones fiscales. También pretende impulsar las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), al considerar que el aumento de la capacidad innovadora resulta fundamental para mejorar la productividad y favorecer el crecimiento de los salarios.

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(Expansión, 09-11-2026) | Laboral

La media del IPC que marcará la subida de las pensiones en enero de 2027 se sitúa ya en el 3,47% tras el dato de octubre

La cifra todavía es provisional, ya que queda por conocer el IPC de noviembre. La revalorización de las pensiones se calcula tomando como referencia la inflación media de los doce meses comprendidos entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Por tanto, el porcentaje definitivo de incremento no se determinará hasta que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el avance del IPC de noviembre, previsto para el próximo día 27, y confirme el dato el 15 de diciembre. Será entonces cuando se conozca la tasa de inflación que establecerá la subida exacta de todas las prestaciones del sistema público. Con los datos de evolución de los precios disponibles hasta ahora, las pensiones podrían aumentar alrededor de un 4,5% en 2027. De confirmarse esta previsión, la pensión media, que en octubre alcanzó los 1.577,6 euros al mes, se incrementaría en 70,9 euros, hasta situarse en 1.648,6 euros mensuales el próximo año. El repunte de la inflación tendrá un impacto directo en la actualización de las prestaciones, que pasarán de subir un 2,7% en 2026 a hacerlo aproximadamente un 4,5% en 2027, lo que representa un aumento de 1,8 puntos porcentuales. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, señaló recientemente que considera posible que el Gobierno apruebe en diciembre el decreto de revalorización de las pensiones conforme al IPC, incluso si permanece en funciones después de las elecciones del 29 de noviembre. De este modo, los pensionistas comenzarían a percibir las prestaciones actualizadas en enero.

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(Expansión, 09-11-2026) | Laboral

Cuánto subirá su sueldo en 2027: Se prevé un aumento salarial medio de hasta el 3,5%

La mejora salarial prevista para la mayoría de los trabajadores será insuficiente para compensar el encarecimiento de los precios, que este año alcanza el 4,9%. Solo los profesionales con mayor demanda, como los ingenieros especializados en inteligencia artificial o los analistas financieros, podrán optar a incrementos específicos de entre el 5% y el 7%, suficientes para recuperar capacidad de compra. ¿Cuánto habrá que esperar para que los salarios experimenten una subida real? Es una pregunta recurrente entre los trabajadores españoles, que ven cómo el coste de la vida aumenta a un ritmo muy superior al de sus retribuciones. Actualmente, el IPC interanual se sitúa en el 4,9%, mientras que los salarios avanzan apenas un 1,2%. Las perspectivas para el próximo año tampoco apuntan a una mejora significativa. Las previsiones del Banco de España y Funcas sitúan el aumento nominal de los salarios en 2027 entre el 2,2% y el 2,7%, frente a una inflación estimada en torno al 2%. Esto dejaría el crecimiento salarial real en una horquilla de entre el 0,3% y el 0,6%. Los estudios de tres de las principales consultoras de retribución ofrecen estimaciones algo más favorables, aunque también reflejan una mejora limitada una vez descontado el efecto de los precios. WTW calcula un incremento medio del 3,2%, mientras que Marsh y Michael Page lo sitúan en el 3,5%. El análisis de esta última consultora señala que únicamente los perfiles profesionales más difíciles de encontrar, con subidas de entre el 5% y el 7%, conseguirán mejorar su poder adquisitivo. La OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) identifican tres elementos estructurales que condicionarán la evolución de los salarios en España: el escaso avance de la productividad, las tensiones demográficas y la falta de profesionales cualificados, y la posible reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Entre 2013 y 2024, la productividad media por hora trabajada en España creció menos del 0,4% anual, por debajo del 0,8% registrado de media en la eurozona y lejos del 1,4% de Estados Unidos. A esta situación se suma el relevo generacional. Entre 2026 y 2028 comenzará a jubilarse una de las generaciones más numerosas de España, nacida entre finales de los años cincuenta y la década de 1960. Marsh advierte de que el país perderá dos millones de personas en edad de trabajar hasta 2040, cuando habrá dos ocupados por cada pensionista. La reducción de la oferta de profesionales cualificados a un ritmo superior al de la demanda de puestos vacantes encarecerá la contratación de determinados perfiles. Esta situación tendrá consecuencias desiguales según la profesión. Ante un déficit del 73% de especialistas en inteligencia artificial y ciencia de datos, y las dificultades de más del 60% de las empresas para contratar personal en los ámbitos financiero y tecnológico, según Michael Page, los profesionales más cotizados podrán negociar primas salariales superiores al 50% y revisiones individuales de entre el 5% y el 7%. Estos incrementos, reservados al talento considerado estratégico, quedarán al margen de las subidas generales pactadas en convenio. La eventual reducción de la jornada laboral será otro elemento determinante en las políticas salariales. Pasar de 40 a 37,5 horas semanales sin modificar la retribución mensual o anual supone trabajar un 6,25% menos de tiempo por el mismo salario. En las empresas donde la actividad se organiza por objetivos, el impacto directo sobre los costes puede ser limitado, ya que las compañías pueden adaptarse mediante una reorganización de tareas, la eliminación de tiempos improductivos o la incorporación de herramientas digitales. Michael Page recuerda que el 65% de los trabajadores ya utiliza inteligencia artificial generativa. La situación es distinta en las actividades que requieren turnos, presencia continuada o cobertura permanente. En estos casos, reducir 2,5 horas semanales por empleado puede obligar a recurrir a horas extraordinarias o incorporar nuevos trabajadores para cubrir los horarios, con el consiguiente aumento de los costes laborales. Es previsible que las organizaciones empresariales y las direcciones de recursos humanos utilicen este encarecimiento del coste por hora como argumento en las negociaciones con los sindicatos. De este modo, la reducción de jornada podría limitar el margen para aprobar nuevas subidas salariales. Las empresas que deban asumir mayores gastos de cobertura podrían moderar los incrementos fijos pactados en convenio, situándolos entre el 2% y el 2,5%, y compensarlos mediante fórmulas de retribución flexible o beneficios en especie. Las previsiones de las consultoras sitúan, una vez más, los incrementos salariales en España en una horquilla general de entre el 3% y el 3,5%. Esta tendencia confirma una etapa de estabilización, en la que pierden peso las subidas generalizadas y sigue pesando el deterioro acumulado del poder adquisitivo. Jorge Estefanía, responsable de la solución de retribuciones de Korn Ferry España, calcula que el aumento medio será del 3,2%, aunque considera que esta mejora no bastará para compensar por sí sola la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los años de inflación elevada. En términos similares se expresa Jorge Herraiz, director de Talent Solutions de Aon, que sitúa el incremento mediano en el 3,5% y destaca que las empresas ya no aplican subidas generalizadas con el objetivo de cubrir íntegramente el aumento del coste de la vida. Por su parte, Belén Martínez, directora de información de mercado de Marsh Workforce & Rewards, estima un incremento del 3,3% y advierte de que en 2026 se consolidó una nueva pérdida de capacidad de compra debido al persistente encarecimiento de los precios. Guillermo Rademakers, sénior mánager de Peoplematters, eleva ligeramente la previsión hasta el 3,75%, impulsada por las presiones inflacionistas y el efecto de las subidas del salario mínimo interprofesional entre los trabajadores sujetos a convenio. Ana Arnau, directora de Rewards & Data Intelligence de WTW España, mantiene una estimación central del 3%, que supondría recuperar solo una parte del poder adquisitivo perdido. La directiva advierte de que la diferencia acumulada entre la evolución de los salarios y la inflación supera los siete puntos porcentuales. Si en 2027 los precios aumentan en línea con las previsiones actuales, en torno al 2,5%, y los salarios crecen un 3%, se produciría una mejora, aunque insuficiente para cerrar la brecha de los últimos años. Entre 2021 y 2027, teniendo en cuenta los datos reales hasta septiembre de 2026 y las estimaciones para el periodo posterior, las retribuciones habrían aumentado un 25,6%, frente al 32,9% de la inflación, lo que arrojaría una diferencia acumulada de 7,3 puntos. Estefanía añade que, entre 2022 y 2026, los salarios fijos acumularon incrementos nominales de entre el 11% y el 14%, dependiendo del nivel profesional, mientras que la inflación se aproximó al 24%. En consecuencia, la pérdida de poder adquisitivo real de los trabajadores en su salario fijo se situaría entre el 9,5% y el 12,5%.

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(Expansión, 09-11-2026) | Laboral

La subida del salario mínimo a 1.286 euros para 2027 costará 3.000 millones a las empresas

El salario mínimo interprofesional (SMI) aumentará un 5,3% en 2027, por encima de la inflación prevista, lo que supondrá una subida de 65 euros al mes. La medida afectará a unos 2,5 millones de trabajadores y superará la recomendación del 4,9% formulada por el comité de expertos. El Gobierno plantea la tercera mayor subida del salario mínimo de los últimos ocho años a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según el proyecto de real decreto publicado por el Ministerio de Trabajo para someterlo a audiencia pública, el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz prevé elevar el SMI un 5,3% en 2027, hasta los 1.286 euros mensuales en catorce pagas. El incremento representa 65 euros más al mes y 910 euros adicionales al año, por lo que el salario mínimo alcanzaría los 18.004 euros anuales. Si la propuesta sale adelante, el SMI habrá acumulado desde 2018 un crecimiento del 74,8%, equivalente a 550 euros mensuales. La cuantía actual prácticamente duplica la de hace una década, cuando en 2017 se situaba en 707,6 euros al mes, y también duplica la registrada en 2015, de 648,6 euros. El incremento previsto será el tercero más elevado aplicado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, por detrás del 8% aprobado en 2023, en un contexto marcado por el impacto inflacionista de la guerra de Ucrania, y del 22,3% de 2019, cuando el salario mínimo pasó de 735,9 a 900 euros mensuales. La revalorización beneficiará a unos 2,5 millones de asalariados, pero también supondrá un nuevo aumento de los costes laborales para las empresas. Según las estimaciones de la CEOE, cada punto porcentual de subida del SMI representa un coste de 575 millones de euros para los empleadores. Aplicando este cálculo al incremento del 5,3% planteado por el Gobierno, el desembolso empresarial ascendería a unos 3.045 millones de euros. Este aumento se sumará a otros costes asociados a las cotizaciones sociales. Entre ellos figura la nueva subida del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), cuya aportación alcanzará el 1% en 2027, del que las empresas asumirán 0,83 puntos. También aumentarán las bases máximas de cotización, en función de la inflación media de 2026 más 1,2 puntos porcentuales, y se elevará la cuota de solidaridad que grava los salarios superiores a la base máxima, con tipos de entre el 1,38% y el 1,75%, según el tramo de ingresos. La publicación del proyecto normativo para audiencia pública refleja la intención de Trabajo de aprobar la subida antes de las elecciones generales. En ejercicios anteriores, la actualización del SMI se ha formalizado habitualmente mediante acuerdo del Consejo de Ministros durante el mes de febrero, aunque con efectos retroactivos desde el 1 de enero. En esta ocasión, el objetivo es que la norma aparezca en el Boletín Oficial del Estado aproximadamente un mes antes de su entrada en vigor. Al tratarse de un real decreto sin rango de ley, no necesita pasar por la Diputación Permanente del Congreso. La rapidez con la que se ha tramitado la propuesta también ha suscitado críticas por parte de la patronal. Yolanda Díaz se reunió el miércoles con los agentes sociales para presentar las conclusiones del comité de expertos y, pocas horas después, publicó la propuesta definitiva para someterla a consulta pública. La CEOE denuncia que en ese encuentro no se comunicó la cifra del 5,3%. Según la organización empresarial, la reunión se centró en el informe elaborado en apenas tres semanas por el grupo de expertos, que aconsejaba una subida del 4,9% para 2027, hasta los 1.281 euros mensuales. De este modo, el incremento planteado por el Gobierno supera en cuatro décimas la recomendación de los expertos del Ministerio de Trabajo. Además, se sitúa por encima de los registros recientes de inflación, impulsados por el encarecimiento de los combustibles. El IPC alcanzó el 4,9% en septiembre y octubre, mientras que la inflación media acumulada hasta finales de octubre se situó en el 3,5%.

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(El Economista, 09-11-2026) | Laboral

La banca española recorta más de 1.100 oficinas y más de 13.400 empleos en un año

Los ajustes de plantilla han cobrado protagonismo durante la actual temporada de presentación de resultados del sector bancario, especialmente entre las entidades extranjeras. El caso más destacado es el de Barclays, que ha anunciado la eliminación de 5.000 puestos de trabajo, equivalentes al 5% de su plantilla. A esta iniciativa se han sumado otros bancos europeos, como ING, NatWest y DNB, que también han comunicado planes de reducción de personal. La banca española tampoco ha quedado al margen de esta tendencia en sus negocios internacionales, aunque los ajustes han sido menos ambiciosos. En los últimos doce meses, las seis principales entidades financieras han reducido sus plantillas en 13.400 trabajadores y han clausurado 1.180 sucursales. Estas cifras no incluyen el efecto de las operaciones corporativas de Banco Santander. La adquisición de Webster Financial en Estados Unidos incorporó alrededor de 4.500 empleados, mientras que la compra de TSB durante el primer trimestre de 2026 supuso la incorporación de otros 4.700 trabajadores. Si se tiene en cuenta la integración de Webster, los bancos del Ibex 35 han reducido sus plantillas en 8.900 personas durante el último año y en cerca de 3.300 durante el trimestre más reciente. Santander figura entre las entidades que están acometiendo un mayor ajuste de su estructura internacional. Este proceso se enmarca en su estrategia One Transformation, orientada a simplificar la organización, eliminar duplicidades y mejorar la eficiencia. Sin considerar el efecto de las adquisiciones, la reducción real de personal del banco durante el último año se sitúa en 4.495 trabajadores. La entidad se ha fijado como objetivo alcanzar una ratio de eficiencia del 36%, frente al 42,6% actual. Para avanzar hacia esa meta, este verano alcanzó un acuerdo con los sindicatos para poner en marcha un programa de prejubilaciones. Asimismo, ha iniciado conversaciones con los representantes de los trabajadores para negociar un expediente de regulación de empleo (ERE) en sus filiales tecnológicas Gravity y Santander Digital Services (SDS), que reúnen aproximadamente a 6.000 empleados. La negociación de este ajuste se ha pospuesto hasta diciembre, una vez celebradas las elecciones y la huelga general, con la intención de evitar que circunstancias externas condicionen el proceso. Paralelamente, Santander está ampliando su red de agentes financieros. Si al cierre de 2025 contaba con 1.022 oficinas de este tipo, en septiembre la cifra se había elevado hasta aproximadamente 1.142. Entre las entidades españolas, Sabadell es la única, además de Santander, que ha registrado una reducción significativa de plantilla durante el periodo analizado. La entidad ha perdido 5.148 trabajadores como consecuencia de la venta de su filial. Si se excluye el efecto de esta operación, el descenso se limita a unos 450 empleados. El banco catalán también ha llevado a cabo este año un programa de prejubilaciones dirigido a trabajadores mayores de 58 años, que ha registrado alrededor de 400 adhesiones. Esta iniciativa se recuperó en 2026 después de quedar suspendida durante el proceso de oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA. La evolución del empleo ha sido más favorable en el resto de las entidades, donde las plantillas se han mantenido relativamente estables o han aumentado como consecuencia del crecimiento de la actividad. CaixaBank ha incorporado cerca de 600 trabajadores y BBVA alrededor de 200, mientras que Bankinter apenas ha experimentado variaciones. Unicaja, por su parte, ha reducido su plantilla en aproximadamente un centenar de empleados. En la evolución del último trimestre, prácticamente todos los bancos, salvo Sabadell, han registrado incrementos de personal, aunque de escasa magnitud. La entidad catalana ha perdido cerca de un centenar de trabajadores. Santander destaca con 872 incorporaciones, aunque esta cifra incluye a los empleados de Webster, cuya integración se ha completado durante el verano. En cuanto a la red comercial, el ajuste ha sido especialmente intenso. Las grandes entidades financieras han reducido un 10,8% sus sucursales en términos interanuales, lo que equivale a unas 990 oficinas menos si se incluye la adquisición de Webster. Sin contabilizar esta operación, el cierre alcanza las 1.184 sucursales. Santander vuelve a situarse entre los bancos que más han contribuido a este ajuste, con 481 oficinas clausuradas durante el último año. En el trimestre más reciente ha registrado un incremento neto de 52 sucursales, aunque este resultado incorpora las 190 oficinas procedentes de Webster. La estrategia de la entidad pasa por reorganizar su red, concentrando la actividad en establecimientos de mayor tamaño, como los Work Café, que permiten atender las necesidades de varias oficinas tradicionales. La tendencia de reducción de sucursales también se observa en el resto del sector. No obstante, buena parte del ajuste ya se había ejecutado en los trimestres anteriores, por lo que durante el último periodo apenas se ha cerrado un 0,23% de la red total. CaixaBank y Bankinter han mantenido prácticamente estable su número de oficinas, mientras que BBVA ha intensificado los cierres, con 140 sucursales menos. Unicaja ha protagonizado la reestructuración más profunda en términos relativos, al clausurar el 10,79% de su red. En el caso de la entidad andaluza, esta reorganización ya estaba prevista en su Plan Estratégico 2025-2027. La hoja de ruta contempla principalmente agrupar oficinas próximas entre sí para mejorar la eficiencia, en lugar de limitarse a cerrar establecimientos. También incluye la conversión de algunas sucursales en agencias financieras. Todos estos movimientos se producen en un escenario de profunda transformación del negocio bancario, marcado por la digitalización y la incorporación de la inteligencia artificial. Sin embargo, las entidades financieras españolas no consideran, por el momento, que estas tecnologías vayan a provocar una reducción generalizada del empleo. Las principales compañías del sector atribuyen esta posición al crecimiento de su actividad, que está compensando las ganancias de productividad derivadas de los avances tecnológicos. De hecho, durante los nueve primeros meses del año, los seis grandes bancos han aumentado sus beneficios un 15,09%, hasta alcanzar los 29.253 millones de euros. Los máximos responsables de las entidades han coincidido en descartar que la inteligencia artificial vaya a traducirse necesariamente en menos puestos de trabajo. La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha defendido que la IA y la tecnología no tienen por qué destruir empleo. En la misma línea, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha señalado que, con el crecimiento actual de la actividad bancaria, no tendría sentido reducir las plantillas. Por su parte, el consejero delegado de Santander, Héctor Grisi, ha explicado que la inteligencia artificial permite aumentar la productividad con los equipos actuales y que hacer más eficiente el trabajo no implica necesariamente prescindir de empleados. El banco prevé obtener ahorros de 194 millones de euros gracias a esta tecnología, aunque los atribuye fundamentalmente a la optimización de procesos y no a una reducción de personal.

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(El País, 07-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Acabar con el déficit de 750.000 viviendas que calcula el Banco de España exige una inversión equivalente al 11% del PIB

La promoción de viviendas es una actividad que requiere un elevado volumen de recursos económicos, debido principalmente al coste de los terrenos y de la ejecución de las obras. Sin embargo, ¿qué inversión sería necesaria para corregir el déficit de 750.000 viviendas estimado por el Banco de España? Según los cálculos elaborados por la consultora Atlas Real Estate Analytics para este periódico, cubrir esa carencia exigiría una inversión de entre 189.680 millones de euros, si se considera únicamente el coste de producción, y 236.000 millones, si se incorporan también los gastos financieros y el margen del promotor. Las cantidades se han estimado a partir de los precios del suelo y de la construcción en las distintas provincias. En términos relativos, representan entre el 11,2% y el 14% del PIB español de 2025. El esfuerzo inversor que supondría alcanzar ese objetivo equivale a multiplicar entre 4,8 y 6,1 veces los aproximadamente 39.000 millones de euros que el sector inmobiliario destina anualmente a la promoción residencial, según los datos de KPMG. Por su parte, las Administraciones públicas dedican actualmente a las políticas de vivienda alrededor del 0,7% del PIB, unos 11.000 millones de euros, de acuerdo con las cifras de Eurostat correspondientes a 2024. La estimación de las 750.000 viviendas pendientes de construir procede del Informe Anual de 2025 del Banco de España, publicado el pasado mes de junio. En él, el organismo supervisor cuantificó el déficit residencial acumulado entre 2021 y 2025. Ignacio Ezquiaga, investigador especializado en vivienda de Funcas, considera que esta cifra se ha convertido en una referencia compartida por el sector, aunque entiende que podría quedarse corta. A su juicio, el cálculo es conservador porque toma como referencia las actuales tasas de emancipación juvenil, que se encuentran condicionadas precisamente por las dificultades para acceder a una vivienda. Además, tampoco contempla la demanda correspondiente a las segundas residencias. El análisis de Atlas contempla una vivienda de tamaño medio de 105 metros cuadrados, incluidas las zonas comunes. Su coste de producción presenta diferencias muy importantes en función de la provincia. En Madrid, por ejemplo, alcanzarían aproximadamente los 375.000 euros, de los cuales 196.430 corresponderían al terreno. En cambio, en territorios donde el suelo tiene un precio considerablemente inferior, como Valencia, el coste medio se situaría cerca de los 191.000 euros. Para calcular el volumen de inversión necesario, la consultora ha distribuido el déficit residencial entre las distintas provincias y ha aplicado a cada territorio sus respectivos costes de suelo y construcción. Más de la mitad de las viviendas que faltan, concretamente el 52%, se concentran en seis provincias: Madrid, con 133.807 unidades; Barcelona, con 91.454; Valencia, con 65.847; Alicante, con 52.548; Murcia, con 32.356, y Sevilla, con 24.018. El estudio no incluye, entre otros conceptos, el IVA ni los gastos de urbanización. Madrid y Barcelona destacan especialmente por la dimensión de sus necesidades residenciales. Ambas provincias acumulan alrededor del 30% del déficit nacional, pero, debido al elevado precio del suelo y de la construcción, concentrarían el 42% de la inversión total necesaria para corregirlo. En Madrid, el capital requerido se estima en 50.270 millones de euros para cubrir la falta de 133.807 viviendas. Barcelona necesitaría otros 29.543 millones para hacer frente a un déficit de 91.454 inmuebles. Entre las demás provincias con mayores necesidades figuran Valencia, con una inversión estimada de 12.561 millones de euros; Alicante, con 10.166 millones; Baleares, con 6.875 millones; Málaga, con 6.121 millones; Murcia, con 5.882 millones; Tarragona, con 5.193 millones; Sevilla, con 4.590 millones, y Zaragoza, con 3.592 millones. Estas cifras se conocen en un contexto en el que las dificultades para acceder a una vivienda han adquirido una dimensión que responsables políticos y organizaciones sociales califican ya de emergencia habitacional. El desahucio de Maricarmen Abascal el pasado septiembre, que falleció sin haber podido regresar a su domicilio, intensificó la presión sobre el Gobierno y propició la presentación de dos reales decretos en materia de vivienda. Sin embargo, ambas iniciativas fueron rechazadas por el Congreso de los Diputados, un desenlace que contribuyó al adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. El Ejecutivo tiene previsto presentar próximamente modificaciones de ambas normas para que puedan ser debatidas en la Diputación Permanente de la Cámara. Alejandro Bermúdez, director de Atlas Real Estate Analytics, advierte de que el problema no se limita a las 750.000 viviendas que faltan según el cálculo del Banco de España. A ese déficit acumulado entre 2021 y 2025 habría que añadir cada año otras 150.000 viviendas para responder a la formación de nuevos hogares y al crecimiento de la población, especialmente en las grandes ciudades. Por tanto, considera que el reto consiste no solo en recuperar el terreno perdido, sino también en construir por encima de los niveles actuales para atender la demanda que continúa generándose. El responsable de Atlas recuerda que la capacidad productiva del sector inmobiliario quedó muy debilitada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria durante la primera década de este siglo. Esta limitación se refleja en las cifras de construcción: el pasado año se terminaron en España alrededor de 105.000 viviendas, de las que apenas unas 13.000 tenían algún tipo de protección pública. En opinión de Bermúdez, incrementar la construcción residencial constituye la principal vía para reducir el desequilibrio entre oferta y demanda. Las grandes ciudades apenas disponen de alternativas suficientes, como la incorporación de viviendas vacías al mercado, mientras que la rehabilitación tampoco permite resolver por sí sola el problema, puesto que buena parte de las actuaciones se llevan a cabo sobre edificios que ya están habitados.

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