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(El País, 14-04-2026) | Fiscal

Bruselas flexibilizará las ayudas de Estado para facilitar la respuesta a la crisis desatada por la guerra en Oriente Próximo

La Comisión Europea está ultimando su estrategia para hacer frente a la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo. Entre las medidas previstas figura una ya habitual en este tipo de situaciones: flexibilizar las normas sobre ayudas públicas -como subvenciones, incentivos fiscales o financiación en condiciones favorables- para facilitar que los gobiernos respalden a las empresas. Así lo anunció la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, tras una reunión del Colegio de Comisarios centrada en el impacto económico del conflicto en el golfo Pérsico. En ese contexto, señaló que, en apenas 44 días desde el inicio de la guerra, el coste de los combustibles fósiles para la Unión Europea ha aumentado en 22.000 millones de euros. Hace semanas, los líderes europeos ya pidieron a la Comisión que preparara un conjunto de medidas para afrontar el encarecimiento del petróleo y del gas natural licuado. Aunque el plan aún no se ha presentado oficialmente, ya se ha fijado la fecha: el 22 de abril. Al día siguiente, Von der Leyen expondrá sus líneas generales en una cumbre informal en Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE durante el primer semestre de 2026. La presidenta subrayó que las acciones que adopten los Estados deben ser concretas, rápidas y limitadas en el tiempo. Es decir, deben centrarse en los colectivos más afectados, aplicarse de forma inmediata y no prolongarse más de lo necesario. Entre estos grupos vulnerables se incluyen tanto los hogares con menos recursos como las empresas más perjudicadas por el aumento de los precios energéticos. Desde Bruselas también se insiste en aprender de la experiencia reciente, cuando tras la invasión rusa de Ucrania se aprobaron amplios paquetes de ayudas que incrementaron notablemente el gasto público en un momento delicado tras la pandemia. Aquellas decisiones contribuyeron a deteriorar las cuentas públicas y obligaron a mantener suspendidas las reglas fiscales durante más tiempo del previsto. En esta ocasión, la Comisión no contempla por ahora relajar esas normas fiscales, pero sí quiere facilitar que los países puedan conceder ayudas mediante una mayor flexibilidad en la normativa vigente. Este es uno de los aspectos más novedosos del planteamiento actual. Además, Von der Leyen recordó otras iniciativas ya en marcha, como el ajuste del sistema de derechos de emisión de carbono para mejorar la estabilidad de precios sin perder su efecto incentivador, o su futura revisión a mediados de 2026. También señaló que existe margen para reducir impuestos sobre la electricidad y abaratar los costes de las redes energéticas. La Comisión aprovecha esta crisis para insistir en la necesidad de reducir la dependencia de combustibles importados y avanzar hacia una mayor electrificación de la economía. En este sentido, se pretende fomentar el uso de la electricidad frente a los hidrocarburos. Por ello, Bruselas se muestra crítica con medidas como la reducción del IVA a los combustibles aplicada en algunos países, al considerar que incentivan el consumo en lugar de promover el ahorro energético. Finalmente, la estrategia europea pone el foco en los recursos propios, especialmente la electricidad generada mediante energías renovables y nuclear. Según la Comisión, estas fuentes garantizan mayor autonomía, estabilidad y seguridad energética. A largo plazo, la clave para reducir la dependencia de los combustibles fósiles pasa por modernizar el sistema energético, acelerar el despliegue de estas tecnologías y avanzar decididamente en la electrificación.

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(El Economista, 14-04-2026) | Fiscal

El Supremo avisa que Hacienda podrá cobrarse deudas aunque los casos estén abiertos en los tribunales

El Tribunal Supremo ha determinado que la Agencia Tributaria puede reclamar una deuda incluso cuando el caso se encuentra en proceso judicial. En una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo fechada el 20 de marzo, el alto tribunal deja claro que presentar un recurso contra Hacienda no suspende automáticamente el plazo de prescripción para exigir el pago. Para que esto ocurra, es necesario que un juez lo acuerde expresamente. Esto implica que, si el contribuyente no solicita medidas cautelares para paralizar la ejecución, pueden darse dos situaciones: que la Administración continúe reclamando la deuda mientras se resuelve el proceso judicial o, por el contrario, que si no actúa dentro del plazo, pierda su derecho a hacerlo por prescripción, como sucedió en este caso. El pronunciamiento del Supremo resuelve un conflicto entre el Ayuntamiento de Arganda del Rey y el de Madrid por el pago de una tasa relacionada con la gestión de residuos. Madrid notificó en 2012 el embargo de bienes para cobrar la deuda. Arganda recurrió la decisión, primero en vía administrativa y después ante los tribunales, sin éxito en ambas instancias. Sin embargo, nunca solicitó la suspensión de la ejecución de la deuda durante el proceso. En 2019, el Ayuntamiento de Madrid volvió a ordenar el embargo, pero el Supremo ha concluido que su derecho a reclamar ya había prescrito, al haber transcurrido el plazo de cuatro años desde el final de la vía administrativa en 2014. La sentencia explica que, aunque la Ley General Tributaria establece como norma general que la prescripción se interrumpe al presentar un recurso judicial, existe una excepción: en lo relativo al derecho de la Administración a exigir el pago, esa interrupción solo se produce si se ha acordado la suspensión en sede judicial. Por tanto, si no se adopta esa medida cautelar, el plazo sigue corriendo y la Administración debe actuar para reclamar la deuda dentro del tiempo establecido. En resumen, recurrir ante los tribunales puede interrumpir la prescripción, pero si no se solicita la suspensión, Hacienda está obligada a seguir con las actuaciones para cobrar la deuda mientras dura el proceso.

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(Expansión, 14-04-2026) | Laboral

La IA comprime los sueldos de los perfiles tecnológicos de élite

La automatización, que en el pasado sustituyó tareas administrativas y trabajos manuales, empieza ahora a poner en riesgo empleos mejor remunerados, especialmente en áreas como la ingeniería y la informática. Según estimaciones, la inteligencia artificial podría llegar a asumir cerca del 29% de las tareas propias de estos perfiles. Entre el 20% y el 25% de las funciones que desempeña el 10% de los trabajadores con mayores ingresos están expuestas a ser automatizadas. Durante años, estos profesionales han disfrutado de salarios elevados gracias a la alta demanda de sus conocimientos tecnológicos, pero ese escenario podría cambiar. Si antes la IA afectaba principalmente a empleos de nivel medio, generando una brecha entre trabajos poco cualificados y altamente especializados, ahora también amenaza a los mejor pagados, reduciendo las diferencias salariales desde la parte alta. Ante este contexto, los profesionales más cualificados deberán adaptarse si quieren mantener su posición. Así lo señala un estudio que analiza el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y qué ocupaciones están más expuestas. El informe concluye que incluso los perfiles tecnológicos más avanzados, que se beneficiaron del auge digital, podrían verse desplazados por las mismas herramientas que ayudaron a desarrollar. Se está produciendo un cambio profundo respecto a lo ocurrido en los años noventa. A diferencia de la automatización basada en robótica, que afectaba sobre todo a tareas repetitivas, la inteligencia artificial actual incide en actividades cognitivas complejas, muchas de ellas realizadas por trabajadores con alta formación y salarios elevados. El estudio distingue varias fases en esta evolución. En la primera, la IA actúa como apoyo puntual, tal y como ocurre hoy con herramientas conversacionales. En una segunda etapa, los sistemas evolucionan hacia agentes capaces de ejecutar procesos completos de forma autónoma, lo que pone en peligro empleos de oficina más complejos. Posteriormente, la IA adquiere memoria y capacidad de aprendizaje acumulativo, permitiéndole mejorar con la experiencia. Finalmente, se plantean dos posibles escenarios: uno en el que la IA es muy eficiente pero limitada en comprensión profunda, y otro en el que alcanza un nivel superior al humano en prácticamente todas las capacidades cognitivas, extendiendo la automatización a casi cualquier profesión, incluso aquellas vinculadas a la creatividad o la estrategia. Aunque actualmente nos encontramos en una fase inicial, el avance hacia etapas más avanzadas se considera cuestión de tiempo. Esto podría transformar el papel de los profesionales técnicos, que pasarían de crear sistemas a supervisar lo que la IA ya produce. En cuanto a la formación, las titulaciones en ingeniería y computación son de las más expuestas, con un alto porcentaje de tareas susceptibles de automatización. También se ven afectados sectores como el legal y el financiero. El cambio es significativo porque no afecta a tareas simples, sino al núcleo del trabajo, como programar, modelizar o analizar datos. Esto cuestiona la idea de que estudiar carreras técnicas garantiza estabilidad laboral. A medida que la IA es capaz de acceder a información y ejecutar tareas complejas, el valor diferencial de estos títulos podría disminuir. En su lugar, el mercado tenderá a valorar más la capacidad de adaptación, el criterio y la toma de decisiones. Ni siquiera los perfiles más experimentados que han evolucionado hacia funciones de gestión están completamente protegidos. A medida que la IA mejora su capacidad de planificación y coordinación, podría asumir tareas que hasta ahora eran propias de los directivos y responsables de proyectos. Por otro lado, la expansión de la inteligencia artificial no solo afecta al empleo, sino también a la distribución de la riqueza. Aunque facilita el trabajo, también puede concentrar los beneficios en las empresas que desarrollan estas tecnologías. Gracias a su escalabilidad, estas compañías pueden aumentar ingresos sin necesidad de contratar más personal ni elevar salarios. Si no se generan nuevos empleos que compensen esta tendencia, una parte creciente de las ganancias derivadas de la productividad quedará en manos de las empresas, en lugar de los trabajadores. Esto también tiene implicaciones a nivel global, ya que muchos países que utilizan estas tecnologías dependen de servicios y plataformas desarrollados en el extranjero, lo que provoca una salida de capital hacia grandes compañías tecnológicas, especialmente estadounidenses. Como consecuencia, los ingresos laborales permanecen en los países donde trabajan los profesionales, pero los beneficios del capital se trasladan a las empresas que controlan la tecnología. Esto podría afectar al modelo económico europeo, ya que una reducción de los salarios impactaría directamente en la recaudación fiscal, dificultando la financiación de servicios públicos como la sanidad o las pensiones. Además, gravar más al capital resulta complejo cuando este pertenece a grandes corporaciones que operan fuera de las jurisdicciones nacionales.

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(Expansión, 14-04-2026) | Laboral

Los autónomos confían en tumbar la subida de cuotas con las enmiendas de PP y Junts

La organización de autónomos ATA sostiene que todavía existen mecanismos parlamentarios para frenar el aumento de las bases mínimas que afecta a autónomos societarios, colaboradores familiares y aquellos que no declaran ingresos, y recuerda que el Ejecutivo aún está a tiempo de rectificar. La reciente publicación en el BOE de la orden de cotizaciones para 2026, que contempla un incremento del 42% en la base mínima para estos colectivos, ha generado un fuerte malestar. La medida impacta en alrededor de 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia, de los cuales entre 500.000 y 600.000 verán cómo su cuota mensual sube unos 135 euros de media, lo que supone unos 1.620 euros más al año. Desde ATA, que ha calificado esta subida como un nuevo golpe para los autónomos, confían en que pueda revertirse, ya sea mediante una rectificación del Ministerio de Seguridad Social o a través de iniciativas legislativas impulsadas por partidos como PP y Junts. Así lo señaló su presidente, Lorenzo Amor, durante la presentación del barómetro sobre la situación del colectivo al cierre del primer trimestre de 2026, recordando que ambas formaciones ya preparan enmiendas para incluirlas en el próximo proyecto de ley que llegue al Congreso. Por su parte, desde Junts también se han mostrado críticos con la medida, señalando que afecta a cientos de miles de autónomos, especialmente en Cataluña, y advirtiendo de que el Gobierno no cuenta con su apoyo en este asunto. Lorenzo Amor dirigió duras críticas al Ministerio de Seguridad Social por aplicar esta subida pese a haber prometido mantener congeladas las cuotas en 2026. Según afirmó, justificar el incremento alegando que estaba previsto en la normativa supone, en su opinión, no decir toda la verdad. Además, recordó que el acuerdo también incluía mejoras en la protección social del colectivo y revisiones que aún no se han llevado a cabo. El representante de ATA considera que esta decisión contradice el compromiso de congelar las cuotas anunciado el año anterior, especialmente tras no alcanzarse un acuerdo sobre la actualización de las tablas de cotización para el periodo 2026-2028. A su juicio, no es coherente anunciar una congelación general y, al mismo tiempo, aplicar subidas a una parte significativa del colectivo. Aunque el aumento se dirige en teoría a más de un millón de autónomos, Amor matiza que el impacto real se concentrará en entre 500.000 y 600.000, teniendo en cuenta las bases por las que ya cotizaban algunos de ellos. Aun así, confía en que el Gobierno corrija la medida, incluso con efectos retroactivos. Asimismo, apunta a que en las próximas semanas podrían presentarse iniciativas legislativas para reformar el sistema de cotización de los autónomos, así como otros proyectos normativos pendientes, lo que abriría la puerta a modificar esta situación. Dado que los cambios no se aplicarían plenamente hasta la regularización prevista para 2027, considera que existe margen suficiente para introducir correcciones, incluso en un escenario de posibles elecciones anticipadas.

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(El Economista, 14-04-2026) | Laboral

Poner coto a las prejubilaciones lleva al empleo de mayores de 55 años a su máximo histórico

En 2025, España registró un máximo histórico de trabajadores de mayor edad dentro de su población activa. En total, se contabilizaron 5,3 millones de personas entre 55 y 70 años, lo que representa el 21,2% del total. Más significativo aún es que su tasa de actividad alcanzó el 52,8%, también en niveles récord, reflejando un cambio importante en la estructura del mercado laboral. La duda ahora es si las empresas están preparadas para sacar partido a esta realidad. De ese grupo, 4,7 millones estaban empleados, lo que supone el 21% del total de ocupados y otro hito histórico. Esto equivale a una tasa de empleo del 90,2%. Sin embargo, este dato aún no alcanza los niveles previos a la crisis de 2008, cuando en 2006 se llegó al 94%. Además, la tasa de paro en este colectivo ha aumentado, pasando del 5,5% al 9,7%, casi el doble. Tradicionalmente, el envejecimiento de la población se ha visto como un factor negativo para el mercado laboral, al reducir la oferta de trabajadores. Se asumía que, a partir de cierta edad, las personas se preparaban para la jubilación o abandonaban la búsqueda de empleo ante la falta de oportunidades, engrosando las cifras de prejubilación. En España, esta situación ha incrementado el gasto público en prestaciones por desempleo y, especialmente, en pensiones. Por ello, desde 2010 se han aplicado diversas reformas orientadas a retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, penalizar las salidas anticipadas e incentivar fórmulas como la jubilación activa o la prolongación voluntaria de la vida laboral. Los datos de la Encuesta de Población Activa reflejan el impacto de estas medidas: en las últimas dos décadas, la tasa de actividad de las personas entre 55 y 70 años ha crecido cerca de veinte puntos. De hecho, es el grupo de edad que más ha incrementado su participación en el mercado laboral en este periodo, lo que indica que no solo hay más personas en esa franja, sino también una mayor disposición a trabajar. Este fenómeno ha contribuido a compensar la reducción de la mano de obra joven. En 2025 había 1,8 millones de activos menores de 25 años, la cifra más alta desde 2012, aunque todavía lejos de los 2,5 millones de 2006. Esta caída no se debe tanto a un descenso de la población joven, sino a una menor participación laboral, ya que su tasa de actividad ha bajado del 52% al 37%. La principal razón es la prolongación de los estudios y la disminución del abandono escolar. Esto genera una situación llamativa: mientras en países como Estados Unidos preocupa que la menor presencia de jóvenes se combine con una retirada anticipada de los trabajadores de más edad, en España ocurre lo contrario, con un aumento notable de la actividad entre los mayores. Esta tendencia es especialmente evidente entre quienes tienen entre 55 y 64 años, un grupo que tradicionalmente abandonaba antes el mercado laboral, ya fuera por despidos acompañados de prejubilaciones o por dificultades para encontrar empleo. En cambio, entre los mayores de 70 años la participación sigue siendo muy baja, apenas un 0,9%, lo que marca el límite práctico de la vida laboral en el país.

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(Cinco Días, 14-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La producción de petróleo de los países de la OPEP sufre un desplome récord en marzo

La crisis provocada por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ha generado un fuerte impacto en la producción mundial de petróleo, afectando especialmente a la principal región productora del planeta y disparando los precios del crudo. Según el informe mensual de marzo de la OPEP, la producción de sus países miembros sufrió una caída sin precedentes de 7,88 millones de barriles diarios, situándose en 20,79 millones. Se trata del mayor descenso registrado desde que existen datos, incluso superior al desplome vivido en 2020 durante la pandemia. El conflicto ha bloqueado la capacidad de exportación de los países del golfo Pérsico, que no pueden transportar su petróleo a través del estrecho de Ormuz. Esto ha saturado sus sistemas de almacenamiento y ha provocado una paralización de la producción en marzo, agravada además por ataques a infraestructuras energéticas en la zona. Como consecuencia, el precio del barril de Brent ha superado los 100 dólares. La Agencia Internacional de la Energía estima que más de 70 instalaciones energéticas en Oriente Próximo han resultado dañadas, y que más de un tercio presentan daños graves. Los recortes de producción han afectado a países clave como Irak, Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. La magnitud de la caída coincide con las previsiones que ya había adelantado la Agencia Internacional de la Energía, que estimaba una reducción cercana a los ocho millones de barriles diarios. Este organismo, que califica la situación como la mayor disrupción energética de la historia, analizará en detalle la respuesta global de los productores en su informe correspondiente. Por países, Irak registró el mayor descenso, pasando de 4,19 millones de barriles diarios en febrero a 1,63 millones en marzo. Arabia Saudí también redujo notablemente su producción, con un recorte de 2,31 millones hasta los 7,8 millones diarios. Emiratos Árabes Unidos experimentó igualmente una fuerte caída, mientras que Irán logró mantener en mayor medida sus exportaciones gracias al control del estrecho, con un descenso más moderado. Dentro de la OPEP, solo Nigeria y Venezuela lograron aumentar ligeramente su producción. En cuanto a los países aliados agrupados en la OPEP+, el crecimiento fue mínimo. Destaca el aumento en Kazajistán, mientras que Rusia mantuvo prácticamente estable su nivel de producción, incluso tras la flexibilización de algunas restricciones por parte de Estados Unidos. En paralelo, la OPEP ha revisado a la baja sus previsiones de demanda de petróleo para el segundo trimestre, reduciéndolas en 500.000 barriles diarios. Esta estimación está condicionada por las dificultades de exportación en el golfo Pérsico y la incertidumbre sobre la evolución del conflicto. La escasez de energía ya empieza a notarse en algunas economías asiáticas y podría extenderse a nivel global. El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transitan unos 20 millones de barriles diarios entre crudo y derivados, está generando un shock energético de gran magnitud. Esta situación amenaza con elevar la inflación en todo el mundo y ya está provocando problemas de suministro, especialmente en Asia, la región más dependiente de los recursos energéticos de Oriente Próximo. Además, parte de la capacidad de refino en la zona se encuentra paralizada o funcionando por debajo de su nivel habitual. A pesar de este contexto, la OPEP prevé que la demanda global de petróleo aumente ligeramente en el conjunto del año, con un crecimiento del 1,38%. Sin embargo, el segundo trimestre será el periodo de menor consumo, debido a la debilidad temporal provocada por la situación actual. El organismo confía en que esta caída se compense en la segunda mitad del año si se estabiliza el escenario internacional.

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(Expansión, 14-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez: "Necesitamos que China se abra para que Europa no se cierre"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvo que China debe asumir un papel más activo en la promoción de la paz en conflictos como el de Irán, contribuir a la estabilidad en un contexto internacional marcado por tensiones y avanzar en su apertura económica. Durante su cuarto viaje oficial a Pekín, Sánchez subrayó que China está destinada a desempeñar un rol clave en el escenario global. En este sentido, instó al país asiático a consolidarse como una potencia estabilizadora frente a las turbulencias geopolíticas, a implicarse de forma decidida en la resolución de conflictos -especialmente en Oriente Próximo- y a reforzar su integración económica como socio estratégico tanto de la Unión Europea como de España, en un momento de fricciones inéditas con Estados Unidos. Asimismo, advirtió de que el actual desequilibrio comercial resulta insostenible y defendió la necesidad de que China se abra más para evitar que Europa adopte posturas más proteccionistas. En una intervención ante estudiantes y académicos de la Universidad de Tsinghua, el presidente español pidió corregir los desajustes comerciales para construir una economía global más equitativa y beneficiosa para todos. Según datos recientes, el déficit comercial de la UE con China alcanzó cifras récord en 2025, con un incremento significativo también en el caso español, donde este desequilibrio representa una parte muy relevante del déficit total exterior. Sánchez defendió que Europa y China están llamadas a colaborar estrechamente, recordando el peso económico de la Unión Europea a nivel mundial. En esta línea, abogó por impulsar un modelo económico más justo y equilibrado, frente a tendencias aislacionistas que, a su juicio, generan tensiones sociales. El jefe del Ejecutivo español planteó una relación bilateral basada en el respeto mutuo, que permita cooperar cuando sea posible, competir cuando sea necesario y gestionar las discrepancias de forma constructiva. También señaló que España se aproxima a China con pragmatismo y responsabilidad, sin ocultar las diferencias existentes. Además, rechazó la idea de que fortalecer vínculos con China implique debilitar otras alianzas tradicionales, en una alusión implícita a Estados Unidos, y advirtió de que esa visión limita las oportunidades de futuro. Por otro lado, Sánchez apostó por reforzar el multilateralismo, incluyendo una reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que lo haga más representativo y democrático. También pidió mayor implicación de las grandes potencias en desafíos globales como el cambio climático, el desarrollo ético de la inteligencia artificial, el control nuclear y la lucha contra la pobreza. En materia internacional, reclamó a China un compromiso más firme con el derecho internacional y la resolución de conflictos en distintas regiones, destacando escenarios como Líbano, Irán, Gaza, Cisjordania y Ucrania. Tras su intervención académica, el presidente visitó la sede de Xiaomi, donde se reunió con su director ejecutivo, Lei Jun. Allí destacó el potencial de España como centro estratégico en Europa para infraestructuras digitales, inteligencia artificial y proyectos industriales, animando a reforzar la cooperación empresarial entre ambos países. También conoció de primera mano innovaciones de la compañía en ámbitos como los vehículos eléctricos, los hogares inteligentes y las baterías. En el marco de su visita, Sánchez tiene previsto reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, así como con el primer ministro, Li Qiang, con quienes abordará acuerdos bilaterales y encuentros con inversores y empresas.

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(El País, 14-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno acelera la implantación de renovables en España para contener la crisis energética mundial

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido actuar ante las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo. Según fuentes cercanas, el organismo prepara el lanzamiento de cuatro consultas públicas con el fin de establecer un marco normativo que impulse con mayor rapidez el desarrollo de energías renovables y del biometano. Con ello, el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, busca desarrollar el Real Decreto-ley 7/2026 aprobado en marzo en el Congreso, orientado a mitigar los efectos de la crisis internacional. El objetivo principal del Gobierno es responder a la situación geopolítica actual y reducir cuanto antes la dependencia de los combustibles fósiles importados, cuyo precio se ha disparado tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Estas consultas, que se prevé activar de inmediato, pretenden definir un sistema que permita aumentar el peso de las energías limpias en España, procurando además que su implantación beneficie a las comunidades locales. Una de las iniciativas clave gira en torno a la creación de las denominadas Zonas de Aceleración de Renovables, que abarcan terrenos degradados o con usos industriales previos, como minas, canteras o vertederos. Estas áreas se consideran especialmente adecuadas para instalar infraestructuras renovables, ya que su impacto ambiental es menor y, en muchos casos, cuentan con mejores condiciones para la conexión a la red o el almacenamiento energético. A través de un nuevo real decreto, el Ejecutivo pretende facilitar a las comunidades autónomas herramientas para identificar estas zonas y establecer criterios claros de selección. Esta medida también responde a compromisos europeos, al incorporar a la normativa nacional una directiva reciente en materia energética. Además, se prevé aprobar varias órdenes ministeriales que establecerán estándares de calidad social y territorial para los proyectos de energías verdes. Aquellas iniciativas que aporten beneficios adicionales a su entorno -como empleo, participación ciudadana o medidas contra la pobreza energética- podrán obtener ventajas, como un acceso preferente a la red eléctrica o mejores condiciones en futuras subastas. En paralelo, otra de las consultas públicas busca extender estos criterios al desarrollo del biometano. Este recurso energético, con capacidad para sustituir hasta un 10% del consumo de gas fósil en España, podría avanzar con mayor rapidez si se reducen los obstáculos sociales que han frenado algunos proyectos. Todas estas medidas forman parte de la estrategia para hacer frente al encarecimiento de la energía, que ya se refleja en la inflación y podría intensificarse en los próximos meses. Aunque España no sufre problemas de suministro, sí está acusando el aumento de precios de combustibles como el gasóleo o el queroseno, lo que repercute negativamente en la economía. El Ejecutivo apuesta por acelerar la electrificación y sustituir fuentes energéticas más costosas, reforzando así la independencia energética del país. Las consultas públicas estarán abiertas durante varias semanas para recoger aportaciones de distintos sectores. Estas iniciativas se suman a otras ya impulsadas antes del conflicto, como el desarrollo de energías renovables marinas, con proyectos de parques eólicos flotantes en aguas españolas. El avance en energías limpias en los últimos años se considera ahora una ventaja frente a otros países más dependientes del exterior. En un contexto internacional cada vez más incierto, marcado por tensiones geopolíticas y dificultades en procesos de paz, el Gobierno español refuerza su apuesta por la transición energética. Las energías renovables no solo se plantean como una solución medioambiental, sino también como una herramienta clave para garantizar la autonomía estratégica y la estabilidad económica del país.

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(El Periódico, 14-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El INE eleva la inflación de marzo al 3,4% por la subida de los combustibles

El coste de la vida subió en marzo más de lo que se había estimado inicialmente. Los hogares están asumiendo el impacto indirecto de los últimos conflictos internacionales, y la guerra en Irán -donde el petróleo se ha convertido en un elemento clave- ha tenido un efecto inmediato en los precios. Este encarecimiento se ha reflejado especialmente en los carburantes, elevando la inflación hasta el 3,4%, según el dato definitivo publicado por el Instituto Nacional de Estadística, una décima por encima de la estimación anterior y el nivel más alto desde junio de 2024. Aunque ya se preveía un repunte de la inflación en primavera debido al efecto comparativo con la bajada de la electricidad en 2025, el estallido del conflicto ha intensificado esta tendencia. El encarecimiento de la gasolina y el diésel ha sido determinante, provocando una subida de más de un punto respecto a febrero, cuando la inflación se situó en el 2,3%. Se trata del mayor incremento mensual desde mediados de 2022. Este aumento habría sido aún mayor sin la reducción de impuestos aprobada por el Gobierno, que entró en vigor el 22 de marzo. Aunque su impacto en ese mes fue limitado, al aplicarse solo durante los últimos días, se espera que tenga un efecto más notable en los meses siguientes, reduciendo la inflación entre ocho décimas y un punto durante el segundo trimestre. Por su parte, el Banco de España advierte de que, en un escenario adverso en el que el conflicto se prolongue y los precios de la energía sigan al alza, la inflación podría alcanzar el 5,9% este año y mantenerse en torno al 3,2% en el siguiente. No obstante, las recientes conversaciones para una posible solución diplomática han generado cierto optimismo en los mercados financieros. De hecho, el índice S&P 500 ya ha recuperado niveles previos al conflicto, anticipando un posible acuerdo cercano, aunque la incertidumbre sigue siendo elevada.

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(El Economista, 13-04-2026) | Fiscal

El gasto del Estado crece el doble que la recaudación fiscal

El periodo comprendido entre 2019 y 2025 ya se considera histórico en España por la evolución de los ingresos tributarios. Sin embargo, aunque la recaudación haya alcanzado cifras récord, el gasto no financiero de la Administración del Estado ha crecido aún más en términos relativos, duplicando su incremento durante esos mismos años, que coinciden con las legislaturas de Pedro Sánchez desde su llegada al poder tras la moción de censura. En concreto, los datos actualizados de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) reflejan que el gasto presupuestario efectivamente ejecutado alcanzó en 2025 los 197.890 millones de euros, más del doble que los 96.848 millones registrados en 2019. Este aumento contrasta con el crecimiento de los ingresos fiscales, que en ese mismo periodo se incrementaron un 51%, pasando de cerca de 213.000 millones a más de 325.000 millones, según cifras del Ministerio de Hacienda. Para realizar una comparación más precisa, se han considerado únicamente los gastos no financieros del Estado, es decir, aquellos directamente vinculados a su funcionamiento y a las decisiones del Gobierno en los últimos años. Quedan fuera partidas como el pago de la deuda pública, la financiación de comunidades autónomas o las relaciones financieras con la Unión Europea. El fuerte aumento del gasto llama la atención de los expertos, especialmente teniendo en cuenta que durante este periodo el Ejecutivo solo logró aprobar tres Presupuestos Generales del Estado, bajo la gestión de la entonces ministra María Jesús Montero. Además, el gasto real podría ser aún mayor si se incluyeran mecanismos adicionales utilizados para incrementar el desembolso al margen de las cuentas oficiales y del control parlamentario, especialmente en relación con los presupuestos de 2023, que siguen vigentes. En paralelo, los ingresos fiscales también han crecido impulsados por factores como la falta de actualización de los tramos del IRPF a la inflación, lo que ha contribuido a que este impuesto aumente su recaudación, incluso en comparación con el año anterior. Si se amplía la perspectiva al conjunto de las Administraciones públicas -incluyendo Seguridad Social, comunidades autónomas y entidades locales-, el gasto total alcanza niveles récord, superando los 725.000 millones de euros en 2024, con un incremento del 25% desde 2020, según la clasificación oficial Cofog. Este crecimiento del gasto está empezando a generar tensiones en las cuentas públicas, hasta el punto de que España podría tener dificultades para cumplir en 2026 con los compromisos presupuestarios adquiridos con la Unión Europea, pese al buen comportamiento de los ingresos. Por otro lado, el aumento del gasto no se ha traducido necesariamente en una mejora de los servicios públicos, ya que la inversión directa ha disminuido. De hecho, en 2024 la formación bruta de capital fijo registró su primera caída interanual desde comienzos de la década pasada, según datos de la IGAE. Aquella etapa coincidió con un contexto económico muy distinto, marcado por la crisis de deuda europea, que obligó a España a aplicar fuertes ajustes para reducir el déficit y la deuda pública.

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