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(Expansión, 17-07-2025) | Fiscal

Bruselas plantea un impuesto a las empresas que facturen más de 100 millones

La Comisión Europea ha presentado un ambicioso plan para incrementar sus ingresos sin necesidad de aumentar las aportaciones de los Estados miembros. Coincidiendo con la presentación de sus nuevos presupuestos, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dio a conocer una serie de iniciativas, centradas principalmente en la creación de nuevas tasas e impuestos, con los que se pretende recaudar cerca de 60.000 millones de euros anuales. Una de las medidas más controvertidas del paquete es la introducción de un nuevo impuesto dirigido a las empresas que operan en territorio comunitario. Este gravamen afectará a todas aquellas compañías cuya facturación anual supere los 100 millones de euros, estableciendo una escala dividida en tres tramos. Las empresas con ingresos entre 100 y 250 millones deberán pagar 100.000 euros al año. Aquellas con una facturación entre 250 y 500 millones, contribuirán con 250.000 euros, y las que superen los 500 millones de euros tendrán que abonar 500.000 euros anuales. Este impuesto se aplicará a cada empresa individual, sin tener en cuenta el grupo empresarial al que pertenezca, por lo que aquellas que cuenten con varias filiales o sociedades podrían verse obligadas a pagar múltiples veces. Con esta medida, Bruselas estima obtener unos 6.800 millones de euros al año. Cabe señalar que el umbral mínimo se ha elevado respecto al borrador anterior, que fijaba el límite en 50 millones de euros. Otra propuesta del Ejecutivo europeo consiste en destinar un 15% de los impuestos especiales que los países recaudan sobre el tabaco al presupuesto comunitario, lo que, según cálculos de la Comisión, supondría unos 11.200 millones de euros anuales. Esta iniciativa implicaría una reforma de la Directiva sobre los Impuestos Especiales del Tabaco (TED), adaptándola al reciente aumento en la fiscalidad del sector. A esto se añadiría una nueva tasa sobre los residuos electrónicos no recogidos, que podría aportar unos 15.000 millones de euros por año. Además, la Comisión cuenta con ingresos procedentes del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono -un arancel ambiental de la UE- y del Sistema de Comercio de Emisiones, con los que espera recaudar 1.400 millones y 9.600 millones de euros anuales, respectivamente. No obstante, todas estas nuevas fuentes de financiación deberán ser aprobadas por unanimidad por los Estados miembros, lo que representa un desafío considerable. Fuentes comunitarias reconocen que es habitual que este tipo de propuestas se modifiquen significativamente o incluso se rechacen por completo. En el pasado, los Veintisiete ya desestimaron planes similares para aumentar los recursos propios de la UE, incluso en circunstancias más críticas como durante la pandemia, cuando fue necesario financiar el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros.

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(El País, 17-07-2025) | Fiscal

La AIReF pide un ajuste de 11.000 millones de euros para cumplir con la regla de gasto en 2025

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha evitado posicionarse de forma definitiva sobre la propuesta de financiación específica para Cataluña debido a la falta de datos e información concreta. No obstante, su presidenta, Cristina Herrero, ha expresado ciertas reservas preliminares al afirmar que "no nos convence un enfoque fragmentado" para reformar el sistema de financiación autonómica. En su opinión, es necesario contar con una visión más amplia, conocer los detalles del posible acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat, y analizar si las modificaciones comprometerían el cumplimiento de las reglas fiscales. "Si los cambios tienen impacto en la sostenibilidad fiscal, nos pronunciaremos cuando contemos con información suficiente", ha advertido. En cuanto a la posibilidad de que la Agencia Tributaria catalana asuma la recaudación de impuestos, Herrero ha subrayado que la descentralización en este ámbito suele traducirse en una menor eficacia y eficiencia. Además, ha manifestado su preocupación por la posible pérdida de información si se producen cesiones de competencias en este ámbito: "Estas transferencias no deben conllevar una merma en los datos disponibles". También ha solicitado que la AIReF sea la encargada de evaluar cualquier cambio que se produzca, aunque ha insistido en que, por ahora, no es posible determinar si este nuevo modelo perjudicará al resto de comunidades autónomas. Por otro lado, la AIReF ha llamado la atención sobre la falta de transparencia en el gasto en defensa, un apartado presupuestario que cobrará mayor protagonismo en los próximos años y que ya tiene comprometidos 10.000 millones de euros solo para 2025. Según ha denunciado, actualmente no es posible seguir la evolución de este gasto en los informes de ejecución presupuestaria, y además, se tiende a subestimar su impacto en los cálculos iniciales. La institución ha señalado que sin medidas correctivas, el déficit y la deuda pública podrían empezar a aumentar en el medio plazo, sin contar siquiera con el gasto militar, lo que refuerza la necesidad de tener estimaciones claras sobre su evolución. En su informe más reciente sobre ejecución presupuestaria, la AIReF estima que en 2024 se incumplirá la regla de gasto europea al incrementarse los desembolsos en un 4,6%, frente al 3,7% pactado. Esta diferencia representa aproximadamente 4.500 millones de euros, justo en el límite permitido por Bruselas (0,3% del PIB anual), que se va acumulando en una "cuenta de control" con un tope del 0,6% del PIB. Si se sobrepasa ese margen, se activarían medidas de corrección. No obstante, España dispone de cierto margen acumulado en esta cuenta gracias al menor gasto de 2024 frente a lo pactado, lo que otorga al Ejecutivo algo de margen para evitar ajustes inmediatos pese al incumplimiento. En cuanto a la regla nacional de gasto, también se supera, con una desviación de unos 5.000 millones por parte del Estado y de unos 11.000 millones si se suma el conjunto de administraciones. Esta norma, sin embargo, ha sido relegada por no ser aplicada por la Comisión Europea, aunque ha obligado a 13 comunidades autónomas a presentar planes de reequilibrio ante Hacienda. La AIReF ha recomendado que el Gobierno central haga lo mismo y ha instado a elaborar ya unos presupuestos para 2025, denunciando la escasa información sobre los planes fiscales del Ejecutivo. Un punto preocupante señalado por la AIReF es el crecimiento del gasto computable para Europa de la Seguridad Social, que sube un 5,6%, muy por encima del límite permitido. Esto implica que el resto de administraciones deberán contener su gasto aún más para compensar el aumento en pensiones. "Este es el gran reto a medio plazo", ha declarado Herrero. En cuanto a la situación fiscal general, la previsión de la AIReF es que el déficit público se sitúe este año en el 2,7% del PIB, incluyendo los gastos derivados de la DANA. Sin ellos, bajaría al 2,4%. Esta mejora se explica por la buena evolución de la recaudación, especialmente del IRPF, la retirada gradual de las medidas anticrisis por la inflación y la disminución del gasto relacionado con la DANA. Respecto a la deuda pública, la tendencia de reducción se ralentiza, situándose en el 101,4% del PIB para este año. La institución mantiene su previsión de crecimiento económico en el 2,3% para 2025, tras revisarla a la baja por la incertidumbre ligada al conflicto arancelario. Esta estimación parte del supuesto de que los aranceles no se incrementarán. La AIReF ha detectado una desaceleración del gasto público y del turismo, influido por la apreciación del euro, mientras que la inversión muestra signos de mejora, aunque con dudas sobre su resistencia en un entorno incierto. El crecimiento económico, aunque moderado, cuenta con un fuerte respaldo en el aumento de la inmigración, lo que se refleja en un mayor consumo total pero no per cápita: es decir, se consume más porque hay más población, no porque cada persona consuma más. Además, todo el empleo creado en los últimos meses se debe a trabajadores extranjeros, mientras que la población activa con nacionalidad española se reduce. La AIReF también detecta señales de que la tasa de paro podría estar tocando fondo.

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(El País, 17-07-2025) | Fiscal

Inspectores de Hacienda ven “imposible” aplicar el acuerdo de financiación catalana

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido este miércoles que el acuerdo de financiación singular pactado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña es, a su juicio, "inviable" en términos prácticos y supone un riesgo grave para la estructura del Estado si se replica en otras comunidades. Según la organización que agrupa a los inspectores de élite de la Agencia Tributaria, esta propuesta marcaría el inicio de la "desintegración del Estado". En este contexto, han reiterado su petición de dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, ha señalado que llevan tiempo advirtiendo sobre los efectos negativos que implicaría una financiación fiscal diferenciada para Cataluña. Durante la presentación de un informe técnico, los inspectores han asegurado que un modelo como el planteado conduciría a la "descomposición" de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que se vería fragmentada y dividida entre las distintas autonomías. Según explican, dicho esquema vulneraría principios esenciales del sistema tributario nacional, como la existencia de una única base de datos, una caja común y una gestión integrada de las retenciones fiscales. En particular, consideran que el traspaso del 100% de la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la Generalitat en 2026 no sería factible. A su entender, no es una medida realista, ya que sería imposible cruzar la información entre una base de datos estatal y otra catalana. Entre los efectos concretos, alertan de que se ralentizarían significativamente las devoluciones del IRPF y se dificultaría el envío de los datos fiscales a los contribuyentes, al estar distribuidos en dos sistemas independientes. Asimismo, afirman que se vería comprometida la capacidad para cruzar información fiscal, lo que afectaría la detección de posibles fraudes. Aunque no han ofrecido estimaciones precisas sobre la pérdida de ingresos, han recordado que, según los datos más recientes (de 2022), Cataluña aportó el 19,35% de la recaudación total. En ese año, los ingresos tributarios del Estado ascendieron a 255.463 millones de euros, de los cuales 49.434 millones provinieron de esta comunidad. Los inspectores concluyen que una separación en la gestión tributaria estatal y catalana dañaría la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal. "Una base de datos dividida no puede ofrecer los mismos resultados que el sistema unificado actual", han afirmado.

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(Cinco Días, 17-07-2025) | Laboral

El Supremo vuelve a rechazar las indemnizaciones adicionales por despido improcedente

El Tribunal Supremo ha dejado claro que no es posible conceder indemnizaciones por despido improcedente superiores a las previstas en el Estatuto de los Trabajadores, incluso si se tiene en cuenta la Carta Social Europea, ratificada por España en 2021. En una reciente sentencia dictada por el pleno de la Sala de lo Social, el Alto Tribunal reitera su postura contraria a aumentar, vía judicial, las compensaciones por despido más allá de los 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, aun cuando existan circunstancias personales particulares. Este nuevo fallo surge tras una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en 2024 rechazó otorgar una indemnización adicional a un empleado, revocando así una sentencia previa favorable del Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona. El trabajador recurrió presentando como base una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que sí concedía una indemnización extra. El caso terminó en el Supremo, que ha cerrado filas con la doctrina restrictiva. El tribunal explica que tanto el artículo 24 de la Carta Social Europea como el artículo 10 del Convenio 158 de la OIT, que hablan del derecho a una "indemnización adecuada", son formulaciones generales y no constituyen normas de aplicación directa. Por ello, considera que cualquier cambio en los criterios de indemnización debe pasar necesariamente por una reforma legislativa, y no puede ser interpretado por los tribunales como una obligación directa y concreta. El Supremo también argumenta que la jurisprudencia constitucional ya ha considerado que el sistema actual de indemnización tasada cumple con los estándares de adecuación exigidos y ofrece una protección uniforme y previsible para los trabajadores. Además, el Tribunal rechaza la vinculación legal de las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, que había criticado el sistema español por no permitir reparaciones proporcionales en todos los casos. Señala que este comité no es un tribunal y que sus pronunciamientos no son vinculantes para los Estados ni para sus órganos jurisdiccionales, en línea con lo establecido por otros tribunales europeos como el Supremo francés o el Constitucional italiano. De momento, el texto íntegro de la sentencia aún no ha sido publicado, aunque el Tribunal Supremo ha anunciado que lo difundirá en los próximos días.

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(Cinco Días, 17-07-2025) | Laboral

Trabajo abrirá una mesa de diálogo social para reformar la normativa, algo que Economía y las patronales rechazan

Esta resolución se produce en un momento especialmente sensible en torno al debate sobre el despido en España. El Ministerio de Trabajo aún tiene pendiente poner en marcha la mesa de diálogo social que prometió, con el objetivo de reformar la legislación vigente sobre despidos. Sin embargo, esta iniciativa cuenta con la oposición tanto del Ministerio de Economía como de las organizaciones empresariales. La presión aumentó después de que el Consejo de Europa respaldara las reclamaciones presentadas primero por UGT y posteriormente por CC OO, considerando que la normativa española actual no se ajusta a lo establecido en la Carta Social Europea. Durante la campaña electoral, PSOE y Sumar incluyeron en su programa el compromiso de "garantizar una mayor protección frente al despido para los trabajadores, cumpliendo con la Carta Social Europea y reforzando la justificación necesaria para la extinción de los contratos". El Comité Europeo de Derechos Sociales -órgano encargado de interpretar dicha Carta- ya se ha pronunciado en este sentido. Tal y como recordó recientemente el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una entrevista: "No es una cuestión opinable que el despido en España no cumpla con la Carta Social Europea. Es una realidad constatada. El asunto no gira en torno a posturas políticas, sino a cumplir con compromisos internacionales". El Ministerio de Trabajo ha mantenido esta postura de manera constante, motivo por el que anunció en junio de 2023 la apertura de la citada mesa de diálogo con los agentes sociales. En cambio, el Ministerio de Economía interpreta que el marco legal vigente ya satisface los requisitos de la Carta, postura que también es compartida por algunos socios parlamentarios del PSOE, como el PNV y Junts, que previsiblemente se oponen a una reforma. Las patronales, por su parte, se muestran contrarias a reabrir el debate sobre el despido, un aspecto que quedó fuera de la reciente reforma laboral. En una entrevista concedida en julio de 2024, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, minimizó el alcance de los dictámenes del Comité Europeo de Derechos Sociales: "El Comité es consultivo y muchas de sus recomendaciones no se aplican". Además, señaló que hay otros países señalados por el CEDS que tampoco han modificado sus sistemas de indemnización. No obstante, los sindicatos consideran fundamental avanzar en este terreno. Ante la falta de avances, advierten de que intensificarán la presión. "Si los empresarios no aceptan esa negociación, que creemos que debe liderar el Gobierno, desde CC OO emprenderemos una ofensiva judicial, una guerra de guerrillas en los tribunales para forzar un cambio en el régimen de despido", afirmó Unai Sordo, secretario general de CC OO, tras conocer la decisión del Consejo de Europa. En la misma línea se ha manifestado también el líder de UGT, Pepe Álvarez.

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(Expansión, 17-07-2025) | Laboral

CEOE advierte de un frenazo en los convenios colectivos por la reducción de jornada

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha lanzado una advertencia sobre los efectos negativos que la inestabilidad institucional, agravada por los recientes casos de corrupción, puede tener en las inversiones. Además, ha manifestado su preocupación por la propuesta de reducción de la jornada laboral, que considera una fuente de inseguridad jurídica y un fuerte golpe para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, con un coste estimado de unos 23.000 millones de euros. Durante la Asamblea General de la CEOE celebrada este miércoles, Garamendi criticó el tono triunfalista del Gobierno en materia económica y recordó que los buenos datos no se deben exclusivamente a la acción del Ejecutivo, sino también al esfuerzo de las empresas. En su intervención, el líder empresarial desgranó las principales inquietudes del tejido productivo, destacando especialmente la propuesta de reducir la jornada a 37,5 horas semanales, impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Según Garamendi, esta medida genera incertidumbre entre las compañías, lo que se refleja en el descenso del número de convenios colectivos firmados, un 7% menos que hace un año, y en la caída del número de trabajadores amparados por dichos convenios, que se ha reducido un 9%. La posibilidad de que se deban renegociar acuerdos ya firmados si se aprueba la reducción de la jornada está detrás de este parón en la negociación colectiva. El presidente de la patronal también alertó de que esta inseguridad puede alejar a los inversores extranjeros, al considerar que se trata de una medida con fines partidistas. Asimismo, recordó que este año expira el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), y advirtió de que será difícil llegar a un nuevo pacto con los sindicatos en un contexto de tanta incertidumbre, especialmente en lo relativo a los salarios. Garamendi subrayó que las pequeñas empresas y los autónomos serán los más afectados por este posible cambio, ya que no disponen de los recursos de las grandes compañías para asumir el impacto económico que conllevaría una reducción de jornada. A todo ello se suma, según el presidente de la CEOE, el deterioro de la imagen de España en el exterior por los escándalos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno y al propio PSOE. En este sentido, volvió a defender la reputación del empresariado y señaló que "los corruptores son quienes detentan el poder", rechazando así que se culpe al sector empresarial por estas tramas. Otro de los temas abordados por Garamendi fue el absentismo laboral, al que definió como uno de los principales frenos para la mejora de la productividad en España. Indicó que diariamente se ausentan del trabajo alrededor de 1,5 millones de personas y que el coste total estimado para este año supera los 32.000 millones de euros, de los cuales 16.000 recaerán sobre las empresas. Criticó que el Gobierno dé prioridad a la reducción de jornada en lugar de abordar el problema del absentismo, que también afecta a la salud de los trabajadores. Entre las soluciones propuestas, sugirió reforzar las plantillas médicas y potenciar el papel de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. También afirmó que una parte del absentismo es "fraude" y pidió que se hable de ello con transparencia: "Hay que sentarse a dialogar. No se puede ignorar esta realidad", subrayó. Por último, Garamendi cuestionó que el Ejecutivo impulse la reducción de jornada sin haber presentado aún un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, y reclamó que se aprueben unas nuevas cuentas públicas, ya que considera "increíble" que sigan en vigor las de 2022.

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(El Economista, 17-07-2025) | Laboral

Díaz aprieta a las comunidades para recortar la tasa de paro del 11,3% al 8,7% antes de que acabe la Legislatura

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha adoptado una postura firme respecto a la gestión de las políticas activas de empleo, competencia que recae en las comunidades autónomas. Su meta es ambiciosa: reducir la tasa de paro del 11,34 % registrada en 2024 al 8,7 % en 2027 -fecha prevista para el fin de la legislatura, salvo adelanto electoral- y al 8,5 % en 2028. Para lograrlo, busca mejorar significativamente el rendimiento de los servicios públicos de empleo, aspirando a alcanzar estándares similares a los de los cinco países europeos con mejores resultados en esta materia: Francia, Estonia, Austria, Países Bajos y Alemania. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Díaz recalcó que la nueva Estrategia de políticas activas hará especial énfasis en la evaluación del desempeño de las administraciones autonómicas. De hecho, parte de los fondos anuales -un 20 %- se distribuirán en función de la eficacia demostrada, mediante un mecanismo que denomina "reserva de eficacia". Para ello, se pondrá en marcha un sistema de seguimiento más riguroso, que incluirá un "cuadro de mando" detallado por comunidad autónoma. Estas medidas están alineadas con la Ley de Empleo de 2023, aunque el Ministerio aún tiene pendiente una de sus principales reformas: convertir el actual Servicio Público de Empleo Estatal en la nueva Agencia Española de Empleo, que debería coordinar y evaluar las políticas activas en todo el país. Esta transformación sigue en espera, dos décadas después del traspaso de competencias a las autonomías. El real decreto que recoge la nueva Estrategia, publicado en el Boletín Oficial del Estado, apenas menciona esta futura agencia, y se centra más bien en establecer una serie de compromisos para las comunidades autónomas como condición para acceder a más fondos. Entre esos compromisos, se establecen objetivos específicos de reducción de la tasa de paro por grupos de edad, junto con metas concretas de intermediación. Por ejemplo, se pretende disminuir el paro juvenil (menores de 30 años) del 20,6 % al 14,8 % para 2027, lo cual requeriría elevar la intermediación del 28 % actual al 40 %. Para el grupo de entre 30 y 45 años, la tasa de paro debería bajar del 9,7 % al 7,6 %, con una subida de la intermediación hasta el 34,6 %. En cuanto a los mayores de 45 años -que representan el 58 % del total de personas desempleadas-, se busca reducir el paro del 9,6 % al 7,4 %, incrementando la intermediación del 15,4 % al 21,9 %. La previsión es que para 2028, año final del plan, el ritmo de descenso del desempleo sea más lento, llegando solo a una tasa general del 8,5 %. En el caso del paro juvenil, apenas se espera una bajada de dos décimas, hasta el 14,6 %, y las cifras del resto de colectivos se mantendrían estables. Esto implica que el mayor esfuerzo deberá concentrarse entre 2024 y 2026, justo antes del próximo ciclo electoral, para el que Díaz, por ahora, no contempla adelantos. No obstante, el concepto de "intermediación" no se define de forma clara en el documento oficial, ni se detallan los criterios con los que se han fijado los objetivos. Sí se aclara que, a la hora de evaluar los resultados, se tendrá en cuenta el porcentaje de parados registrados en los servicios públicos que consiguen empleo, así como el tipo de contrato que obtienen. Cabe destacar que los jóvenes, al inscribirse con menor frecuencia como demandantes de empleo en los servicios públicos, presentan una tasa de intermediación más elevada que otros grupos más presentes en las listas del paro. Además, la Estrategia incorpora incentivos a la contratación, siguiendo la línea de planes anteriores que se centraron especialmente en combatir el desempleo juvenil. Ahora, Díaz quiere enfocar las políticas activas en el desempleo de larga duración, considerado uno de los principales obstáculos para mejorar la eficacia de estas medidas. Por eso, se analizará también la probabilidad de que una persona pase del desempleo al empleo y viceversa, tanto por comunidades autónomas como a nivel estatal.

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(El Economista, 17-07-2025) | Laboral

Los salarios suben mucho más en Portugal que en España

Al analizar la evolución de la economía española desde la crisis provocada por la pandemia hasta el presente, se suelen destacar los buenos resultados de los grandes indicadores: España lidera el crecimiento del PIB entre las principales economías europeas y encabeza la creación de empleo en la región. Sin embargo, un análisis más profundo revela que este crecimiento es mayormente de tipo "extensivo". Es decir, la economía ha crecido porque se utilizan más recursos (trabajo, capital, tierra), pero no porque se estén utilizando de manera más eficiente. Como consecuencia, aunque las cifras macroeconómicas mejoran, esa expansión no se traduce en una mejora real en el nivel de vida de la población. El PIB per cápita apenas ha aumentado y los salarios, descontando la inflación, siguen siendo más bajos que hace cuatro años. En contraste, Portugal -tradicionalmente considerada una economía menos desarrollada que la española- ya ha superado sus niveles salariales reales de 2021 y muestra una evolución más favorable tanto en renta per cápita como en poder adquisitivo. Recientemente, la OCDE publicó su informe Perspectivas de Empleo 2025, el cual recoge datos que invitan a la reflexión. Según este informe, España enfrenta importantes desafíos estructurales a largo plazo, como un fuerte envejecimiento poblacional y un crecimiento extremadamente bajo del PIB per cápita (apenas un 0,13 % anual). De mantenerse esta tendencia, en los próximos años habrá en España un trabajador por cada persona dependiente (niños, jubilados, pensionistas...). Una de las observaciones que más llamó la atención del informe es la que hace referencia a la situación actual: aunque el desempleo ha descendido significativamente en los últimos años, los salarios no han logrado seguir el ritmo de la inflación. A pesar de los aumentos nominales en 2023 y 2024, los salarios reales en el primer trimestre de 2025 eran todavía un 4,1 % más bajos que en el mismo periodo de 2021. Esto sitúa a España a la cola de las grandes economías de la OCDE en cuanto a evolución salarial real, solo por delante de Australia e Italia. En el lado opuesto, Portugal destaca como uno de los pocos países donde los salarios reales ya han superado los niveles previos a la crisis inflacionaria. Según el mismo informe, el salario real medio portugués ha aumentado un 1,8 % entre el primer trimestre de 2021 y el de 2025. Aunque este crecimiento está por debajo del promedio de la OCDE (2,4 %), supone una recuperación significativa y suficiente para situar a Portugal fuera del grupo de 18 países donde los salarios reales aún están por debajo del nivel prepandemia. En definitiva, aunque tanto España como Portugal han tenido buenos resultados a nivel macroeconómico, los trabajadores portugueses han visto una mejora más tangible en sus ingresos. El notable contraste entre ambos países resulta aún más interesante si se tiene en cuenta la cercanía geográfica y las similitudes culturales y económicas. Sin embargo, los indicadores del mercado laboral permiten identificar algunas claves de esta divergencia. Por un lado, la tasa de paro en Portugal se sitúa en el 6,3 %, frente al 11,3 % en España. Esta diferencia sugiere que el mercado laboral portugués está más ajustado, lo que implica que las empresas tienen que competir más intensamente para atraer y retener talento, lo que a su vez puede explicar la mayor subida de salarios. Otra explicación relevante es la productividad. Según la teoría económica, cuando la productividad aumenta -es decir, cuando los trabajadores producen más en el mismo tiempo-, las empresas generan mayores ingresos y pueden ofrecer mejores salarios sin que esto implique un aumento de costes que derive en inflación. En mercados competitivos, este incremento de productividad suele traducirse en mejoras salariales. En otras palabras, cuando un trabajador aporta más valor, también tiene mayor capacidad de negociación para recibir una compensación acorde. Aunque la práctica no siempre sigue la teoría, los datos de la OCDE confirman que Portugal ha mejorado mucho más en este aspecto. Entre 2019 y 2023, la productividad por hora trabajada en Portugal creció a un ritmo del 2,22 % anual, frente a tan solo el 0,37 % en España. En nuestro país, el crecimiento del PIB y de la renta per cápita se ha apoyado principalmente en la creación de empleo, es decir, en aumentar el número de personas trabajando, pero sin que eso implique necesariamente una mejora en la eficiencia del trabajo. Portugal, en cambio, ha experimentado una menor creación de empleo, pero ha logrado producir más y mejor con los trabajadores que ya tenía. En resumen, mientras España muestra buenos datos agregados, el crecimiento no está mejorando la calidad de vida de forma significativa. Portugal, con un crecimiento más eficiente y una mejora real de los salarios, ha logrado avances más palpables para su población.

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(Expansión, 17-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas propone un presupuesto para la Europa de dos billones de euros para el periodo de 2028 a 2034

La Comisión Europea ha presentado hoy su propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) para el periodo 2028-2034, es decir, el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea. El plan contempla un total cercano a los dos billones de euros, lo que representa un ligero aumento respecto al actual presupuesto (a precios constantes), sin contar con el programa excepcional NextGenerationEU puesto en marcha durante la pandemia. Este nuevo presupuesto supondría un 1,26 % de la renta nacional bruta (RNB) del bloque comunitario, indicador clave para evaluar el peso relativo de los fondos europeos. En comparación, el presupuesto actual equivale al 1,13 % de la RNB. Sin embargo, del incremento previsto, la mayor parte -alrededor de 168.000 millones de euros, equivalentes a 11 puntos básicos- se destinarán exclusivamente al reembolso de la deuda contraída. "Este presupuesto a largo plazo protegerá a la ciudadanía europea, fortalecerá nuestro modelo social y hará más competitiva a la industria europea", afirmó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, quien lo describió como una herramienta clave para promover la paz, la prosperidad y los valores europeos en tiempos marcados por la inestabilidad global. Sin embargo, el aspecto más destacado de la propuesta es su rediseño estructural. La Comisión propone una reorganización profunda de las cuentas, reduciendo de 52 a solo 16 los programas presupuestarios existentes, con el objetivo de simplificar su gestión y aumentar su eficacia. El bloque principal de gasto será un nuevo programa denominado "planes de asociación nacional y regional", que concentrará 865.000 millones de euros. En este apartado se agrupan fondos históricos como los destinados a Cohesión territorial (Feder, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión) y la Política Agrícola Común (PAC). Precisamente, la integración de estos fondos en una única partida ha generado fuerte oposición, especialmente entre las organizaciones agrarias, que temen que las ayudas al sector pierdan peso. Representantes del campo europeo se manifestaron hoy frente a la sede de la Comisión en Bruselas para mostrar su rechazo a lo que consideran una amenaza para la viabilidad del mundo rural. Pese a la controversia, la propuesta incluye una asignación mínima de 300.000 millones de euros en ayudas directas para los agricultores, a las que cada Estado miembro podría añadir recursos propios según su planificación nacional. Aun así, esta cifra supone una reducción importante frente a los más de 400.000 millones que se asignaban a la PAC en el marco actual. La desaparición como tal del Fondo de Cohesión también ha causado malestar. El Ejecutivo comunitario plantea que el 14 % de los fondos se destinen a objetivos sociales, y se reserva una partida de 218.000 millones de euros para apoyar a las regiones con menor desarrollo. Aun así, esta cantidad dista mucho de los más de 400.000 millones que se dedicaban anteriormente a cohesión y convergencia regional, aunque en ese caso el alcance era más amplio. En cuanto a las nuevas prioridades, la Comisión apuesta decididamente por la competitividad. Se prevé la creación de un nuevo Fondo de Competitividad con una dotación de unos 410.000 millones de euros. Esta partida incluirá el programa de investigación Horizonte Europa, que duplicará su presupuesto hasta casi los 200.000 millones, así como 131.000 millones destinados a seguridad, defensa y el sector espacial, quintuplicando la inversión actual en estas áreas. Otro elemento innovador es la creación del 'Fondo Europa Global', que dispondrá de 200.000 millones de euros para agrupar distintos programas previos y apoyar iniciativas regionales, incluidas las relacionadas con la política exterior y el proceso de ampliación de la UE. Por último, el presupuesto contempla una reserva de 400.000 millones de euros para hacer frente a futuras crisis. Esta dotación, concebida como herramienta flexible para responder a emergencias geopolíticas y económicas, queda fuera del cómputo del presupuesto principal de dos billones.

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(Expansión, 17-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Donald Trump recauda 50.000 millones de dólares en aranceles mientras el mundo "se echa atrás"

Los socios comerciales de Estados Unidos han optado en su mayoría por no responder con medidas similares a los aranceles generalizados impuestos por Donald Trump, lo que ha permitido al expresidente -frecuentemente criticado por su tendencia a retractarse- generar casi 50.000 millones de dólares (unos 43.000 millones de euros) adicionales en ingresos aduaneros sin enfrentar grandes consecuencias. Cuatro meses después de iniciarse la ofensiva arancelaria de Trump, sólo China y Canadá han adoptado represalias tangibles, aplicando un arancel mínimo del 10% sobre productos estadounidenses, así como tasas del 50% sobre acero y aluminio, y del 25% sobre automóviles. Mientras tanto, los ingresos aduaneros de Estados Unidos alcanzaron un récord histórico de 64.000 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que representa un aumento de 47.000 millones respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras difundidas por el Departamento del Tesoro estadounidense. China, que ha sido el país más contundente en aplicar medidas de represalia, no ha logrado un impacto comparable. Sus ingresos por derechos de aduana en mayo de 2025 fueron apenas un 1,9% superiores a los del año anterior. Por su parte, las represalias de Canadá han sido limitadas y aún no se han publicado los datos correspondientes al segundo trimestre. En términos globales, los aranceles impuestos sobre las exportaciones estadounidenses por parte de otros países han representado solo una pequeña fracción de lo que ha recaudado Estados Unidos en el mismo periodo. Muchos socios comerciales han preferido no contraatacar mientras mantienen conversaciones con Washington para evitar una escalada mayor. La Unión Europea, uno de los principales bloques comerciales, ha anunciado la posibilidad de adoptar medidas de represalia, pero ha pospuesto su implementación varias veces, ahora supeditándola al resultado de las negociaciones con fecha límite fijada por Trump para el 1 de agosto. Según analistas de la cadena de suministro, el impacto de los aranceles de Trump no ha recaído exclusivamente en los consumidores estadounidenses. Grandes marcas internacionales han adoptado estrategias para repartir el aumento de costes a nivel global con el fin de mantener su competitividad en el mercado estadounidense. Simon Geale, vicepresidente ejecutivo de la consultora Proxima (perteneciente a Bain & Company), explica que empresas como Apple, Adidas o Mercedes están tratando de reducir el efecto de los aranceles mediante mejoras en su cadena de suministro y reducción de costes. "Las compañías pueden asumir parte del incremento, pero gran parte del sobrecoste acabará trasladándose a otros mercados. El consumidor estadounidense puede tolerar una subida de precios del 5%, pero no del 20% o el 40%", señala Geale. A pesar de que los niveles arancelarios en Estados Unidos no se veían tan altos desde la década de 1930, la falta de una reacción contundente por parte del resto del mundo ha evitado una espiral de represalias como la que provocó el colapso del comercio internacional entre las dos guerras mundiales. De acuerdo con economistas, la posición privilegiada de Estados Unidos como mayor mercado de consumo global, sumada a las amenazas de Trump de incrementar aún más los aranceles a quienes se le enfrenten, ha llevado a muchos países a optar por la prudencia, más por lógica económica que por debilidad. Un estudio de la consultora Capital Economics muestra que una guerra comercial severa, con aranceles promedio recíprocos del 24%, podría reducir el PIB mundial en un 1,3% en dos años. En cambio, si las tasas se mantienen en torno al 10%, el impacto sería de solo un 0,3%. Marta Bengoa, catedrática de Economía Internacional en la City University of New York, explica que a diferencia del contexto de los años 30, en el que las relaciones comerciales eran más equilibradas, hoy el sistema global gira en torno a Estados Unidos como eje principal. "Eso hace que responder con represalias no sea económicamente viable para muchos países, incluso si políticamente pudiera parecer una respuesta adecuada", concluye.

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