(Expansión, 19-11-2026) | Fiscal

Bruselas lleva de nuevo a España ante el TJUE tras vetar las indemnizaciones del Modelo 720

La Comisión Europea volverá a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber adaptado su legislación sobre responsabilidad patrimonial del Estado a las exigencias del Derecho comunitario. La decisión llega después de que el Gobierno y el Tribunal Supremo hayan rechazado las reclamaciones de los contribuyentes afectados por el Modelo 720, la declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero, que establecía sanciones desproporcionadas y permitía gravar sin límite temporal determinadas rentas no declaradas. El conflicto se centra en las dificultades que encuentran los ciudadanos para obtener una compensación económica cuando una norma nacional vulnera el Derecho de la Unión Europea. Aunque el TJUE declaró ilegal en 2022 el régimen sancionador del Modelo 720, los tribunales españoles han rechazado indemnizar a los contribuyentes que no solicitaron la rectificación de sus autoliquidaciones del IRPF dentro del plazo general de cuatro años. La nueva actuación de Bruselas responde también a la denuncia presentada en mayo de 2024 por Alejandro del Campo Jiménez, socio de DMS Legal Intelligence. El abogado acudió a las instituciones comunitarias después de que el Consejo de Ministros rechazara las reclamaciones indemnizatorias y el Tribunal Supremo confirmara este criterio en su sentencia del 17 de abril de 2024. El procedimiento de infracción, identificado con la referencia INFR (2017)4004, comenzó en 2015, cuando la Comisión Europea recibió las primeras denuncias sobre las dificultades que planteaban las leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ambas normas establecieron las condiciones para exigir responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas, pero Bruselas considera que sus requisitos dificultan excesivamente que los ciudadanos puedan reclamar cuando el Estado aprueba disposiciones contrarias al Derecho comunitario. La Comisión emitió un dictamen motivado en 2018 y el TJUE condenó a España el 28 de junio de 2022, en el asunto C-278/20. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que el país todavía no ha cumplido íntegramente la sentencia. El proyecto legislativo destinado a modificar las disposiciones cuestionadas continúa pendiente de aprobación parlamentaria, circunstancia que ha llevado a Bruselas a recurrir nuevamente al Tribunal de Justicia mediante el procedimiento previsto en el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta vía permite imponer sanciones económicas a los Estados miembros que no ejecutan las sentencias condenatorias. El Modelo 720 se encuentra en el centro de esta controversia. Esta obligación informativa exigía declarar determinados bienes y derechos situados en el extranjero, como cuentas bancarias, inmuebles o valores. Su régimen original contemplaba multas que podían alcanzar el 150% de la cuota correspondiente y permitía imputar como ganancias patrimoniales no justificadas rentas cuya prescripción quedaba, en la práctica, sin efecto. En enero de 2022, el TJUE consideró que estas medidas vulneraban el Derecho de la Unión Europea por resultar desproporcionadas y contrarias a los principios de libre circulación de capitales y seguridad jurídica. La discusión posterior se ha centrado en el derecho de los contribuyentes a recuperar las cantidades ingresadas en aplicación de aquella normativa. El Tribunal Supremo estableció que quienes presentaron sus declaraciones del IRPF sin solicitar su rectificación dentro del plazo de cuatro años no tienen derecho a una indemnización por esta vía. El Alto Tribunal consideró que los afectados debían haber actuado con la diligencia necesaria para impugnar sus autoliquidaciones. Este criterio ha generado controversia porque, según los afectados, suponía exigir a los contribuyentes que cuestionaran una normativa que todavía gozaba de presunción de legalidad antes de que el TJUE declarase su incompatibilidad con el Derecho comunitario. La consecuencia es que quienes no reclamaron dentro del plazo ordinario pueden quedar excluidos de la posibilidad de recuperar las cantidades satisfechas. No obstante, la nueva actuación de la Comisión Europea no implica que los contribuyentes afectados vayan a recibir automáticamente una indemnización. En la comunicación remitida al denunciante, la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión advierte de que una eventual sentencia condenatoria contra España no resolverá directamente las reclamaciones individuales. Bruselas recuerda que corresponde a los tribunales nacionales determinar si procede indemnizar a los particulares por los perjuicios ocasionados por una vulneración del Derecho de la Unión Europea. Son estos órganos judiciales los que pueden ordenar a las administraciones el pago de compensaciones o anular decisiones nacionales. De este modo, el procedimiento europeo persigue que España adapte su legislación y cumpla las obligaciones derivadas de la sentencia de 2022, pero no garantiza por sí mismo la devolución de las cantidades reclamadas por los afectados por el Modelo 720. Estos deberán seguir acudiendo a los tribunales españoles para defender sus derechos, mientras el Estado se enfrenta a un nuevo procedimiento ante la Justicia europea por no haber corregido el régimen de responsabilidad patrimonial.

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(El País, 19-11-2026) | Fiscal

Hacienda obliga a los empleadores a recalcular las nóminas para dejar sin retención de IRPF al salario mínimo

El Gobierno ha aprobado mediante real decreto ley una serie de modificaciones fiscales para evitar que los trabajadores con menores salarios tengan que tributar por el IRPF tras la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI). Con la nueva cuantía fijada para 2027 en 18.004 euros anuales, la norma modifica la Ley del IRPF para elevar la deducción por rendimientos del trabajo y garantizar que quienes perciban el salario mínimo queden exentos del impuesto. Asimismo, incorpora cambios en el cálculo de las nóminas y las retenciones que deben practicar las empresas, con el propósito de que el beneficio fiscal se aplique desde enero y tenga un efecto inmediato sobre los ingresos de los trabajadores. La modificación del Reglamento del IRPF, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, obliga a las empresas a adaptar el cálculo de las retenciones de sus empleados. Para ello, deberán incorporar una deducción de hasta 1.033,58 euros anuales en el procedimiento utilizado para determinar los importes que descuentan mensualmente de las nóminas. De esta forma, los trabajadores que perciban exactamente el nuevo SMI tendrán una retención de cero euros. El cambio evita que los perceptores del salario mínimo tengan que esperar a la campaña de la renta del ejercicio siguiente para recuperar las cantidades que se les hubieran descontado durante el año. Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), el nuevo mecanismo permite aplicar directamente la reducción fiscal en las nóminas, sin necesidad de presentar posteriormente la declaración anual para obtener la devolución de las retenciones soportadas. La medida también se extiende a los trabajadores con retribuciones superiores al SMI, con el objetivo de evitar el denominado error de salto, que se produce cuando un pequeño incremento de los ingresos provoca un aumento de la cuota tributaria superior a la mejora salarial obtenida. Para corregir esta situación, el Ejecutivo establece una reducción gradual de la deducción que alcanza a los rendimientos del trabajo inferiores a 23.171,89 euros anuales. En este tramo, la deducción máxima de 1.033,58 euros se reduce progresivamente en función de la diferencia entre el salario percibido y los 18.004 euros del SMI. En concreto, al incremento salarial que supere esa cuantía se le aplica un coeficiente de 0,2, cuyo resultado se resta de la deducción máxima. Así, cuanto mayor sea la retribución por encima del salario mínimo, menor será el beneficio fiscal, hasta desaparecer al alcanzar el límite establecido. Este mismo sistema deberá tenerse en cuenta al calcular las retenciones mensuales de las nóminas. Por otra parte, el real decreto ley actualiza las entregas a cuenta que reciben las comunidades autónomas de régimen común y las entidades locales. El BOE advierte de que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado habría mantenido estas transferencias en los niveles de 2023 si no se hubiera aprobado esta revisión. Esta situación podría haber generado dificultades de liquidez en las administraciones territoriales y comprometido la financiación de servicios públicos esenciales, como la sanidad y la atención a la dependencia. Para evitarlo, el Ejecutivo ha recalculado los anticipos tomando como referencia las nuevas previsiones de ingresos tributarios para 2027. Hacienda estima una recaudación de 160.794 millones de euros por IRPF y de 111.429 millones por IVA, además de los ingresos procedentes de otros impuestos que intervienen en la determinación de las transferencias. El decreto incorpora igualmente una mayor flexibilidad para las comunidades autónomas que cierren 2026 con superávit presupuestario. Estas podrán utilizar los recursos obtenidos para financiar inversiones financieramente sostenibles durante 2027 y 2028, siempre que mantengan el equilibrio presupuestario en el ejercicio en el que realicen las inversiones y hayan cumplido los plazos legales de pago a proveedores.

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(La Vanguardia, 19-11-2026) | Fiscal

La empresa familiar pide construir más vivienda y revisar la fiscalidad en los negocios

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF), organización que representa a un centenar de las principales empresas familiares españolas, entre ellas Mercadona, Santander, Iberostar, Acciona, Barceló y Puig, ha trasladado a los partidos políticos un decálogo con las cuestiones que considera prioritarias para la próxima legislatura. La entidad reclama que el futuro Gobierno aborde estos desafíos con una perspectiva de largo plazo, objetivos realistas y ambiciosos y capacidad para alcanzar acuerdos. También pide superar la polarización política y favorecer un debate riguroso que permita responder a las principales necesidades económicas y sociales del país. En ese decálogo se encuentran la demografía, la salud, la educación, la tecnología, la vivienda, la cohesión territorial, las infraestructuras, energía y agua, la competitividad, el entorno empresarial y la política exterior. Entre las medidas concretas destaca la propuesta para construir más viviendas o la petición de revisar la política fiscal vinculada a la actividad empresarial.  El Instituto plantea para cada uno de los diez temas un diagnóstico de la situación y una serie de cuestiones principales abiertas a todas las fuerzas que aspiran a representar la voluntad popular. "El objetivo es estimular un debate sereno y riguroso, propio de una sociedad democrática madura como la española, y propiciar un intercambio de opiniones fundadas que ayude a los ciudadanos a tomar sus decisiones desde la reflexión", señala el IEF en un comunicado.  Una de las primeras cuestiones que plantea es la evolución demográfica y el descenso de la natalidad. El IEF advierte de que España se encuentra entre los países con menores tasas de nacimientos del mundo y considera que el progresivo envejecimiento de la población incrementará la presión sobre el sistema de pensiones, la sanidad y los servicios sociales. A ello se suma una creciente brecha entre generaciones, tanto en términos de valores como de acceso a la vivienda y oportunidades económicas. La organización considera que la inmigración constituye una respuesta necesaria ante este escenario, aunque defiende que debe acompañarse de un modelo de integración definido. A su juicio, resulta imprescindible impulsar políticas que afronten conjuntamente la baja natalidad, el envejecimiento y los retos migratorios para evitar que los desequilibrios demográficos se agraven. La sanidad pública constituye otro de los ámbitos que requieren atención prioritaria. El documento señala las deficiencias del sistema, entre ellas el aumento de las listas de espera, la saturación de los servicios de urgencias, la falta de profesionales especializados y las diferencias territoriales en el acceso a la asistencia. El envejecimiento de la población agravará estas dificultades, mientras que la salud mental y la atención a las personas dependientes representan desafíos cada vez más importantes desde el punto de vista social y económico. El IEF también incorpora a sus propuestas dos cuestiones centrales de la campaña electoral: el acceso a la vivienda y el estado de las infraestructuras. Sobre el mercado residencial, considera que la dificultad para acceder a una vivienda condiciona las decisiones personales y reduce la renta disponible de los ciudadanos. La organización defiende que la solución pasa por incrementar de forma sustancial la oferta de nuevas construcciones, para lo que será necesario disponer de más suelo urbanizable, agilizar los procedimientos administrativos y facilitar la movilización de capital e inversiones. Asimismo, plantea recuperar las viviendas que actualmente están fuera del mercado del alquiler y adoptar medidas proporcionadas para atender las situaciones de vulnerabilidad. En materia de infraestructuras, la organización empresarial reclama una revisión de las redes ferroviarias y viarias, cuya importancia considera determinante para la cohesión territorial y la competitividad económica. Los recientes accidentes en la alta velocidad han puesto de manifiesto, según el documento, la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en el transporte ferroviario. Sin embargo, sus demandas no se limitan a este servicio. El IEF destaca también el papel de los trenes de cercanías en los desplazamientos cotidianos de las grandes áreas metropolitanas y en el desarrollo de políticas de vivienda eficaces. Además, considera que el transporte ferroviario de mercancías sigue siendo una de las principales carencias del sistema de infraestructuras español y un factor que limita la competitividad empresarial. La inteligencia artificial y el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas constituyen otro de los asuntos incluidos en el decálogo. La expansión de esta tecnología y la creciente demanda de centros de datos llevan al IEF a reclamar una estrategia nacional que contemple tanto el desarrollo de infraestructuras, especialmente en los ámbitos de los datos y la energía, como la formación de profesionales en todos los niveles. También propone establecer una regulación adecuada de los derechos digitales y desarrollar iniciativas para atraer talento internacional. La entidad considera que España tiene ante sí una oportunidad importante, pero advierte del riesgo de perder posiciones si no se adoptan decisiones a tiempo. Esta reivindicación coincide con los trabajos del Gobierno para aprobar una regulación más exigente sobre la implantación de centros de datos. El decreto que prepara el Ejecutivo contempla tres condiciones principales para las empresas promotoras: que al menos el 80% de su consumo eléctrico esté respaldado por fuentes renovables, que cumplan los requisitos de eficiencia energética e hídrica y que garanticen la soberanía digital de los datos. Estas instalaciones están generando un creciente debate internacional por sus elevadas necesidades de electricidad y agua. Un estudio reciente publicado en la revista científica Nature apunta que el consumo energético de los centros de datos estadounidenses ya equivale al de Chile, un país con unos 20 millones de habitantes.

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(Expansión, 19-11-2026) | Laboral

Las nóminas de unos 130.000 funcionarios tendrán una subida más aparte del alza salarial aprobada por el Gobierno para 2027

Unos 130.000 empleados públicos destinados en territorios extrapeninsulares, como Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán, percibirán hasta 50 euros más al mes por el complemento de residencia a partir de enero de 2027. El incremento, aprobado por el Gobierno, será del 4,5%, en línea con la revalorización salarial prevista para el conjunto de los trabajadores del sector público. Además, continúa pendiente la actualización de las dietas y los gastos de kilometraje, cuya revisión debería completarse antes de finalizar este año. La subida del complemento de residencia se suma al aumento de las retribuciones generales de los empleados públicos y beneficiará a quienes trabajan en destinos con condiciones geográficas especiales o afectados por la insularidad. Las cuantías mensuales de esta indemnización pasarán a situarse entre 33 y 1.152 euros brutos, dependiendo del lugar de destino y de la categoría profesional. El Real Decreto-ley 37/2026, publicado en el BOE el 18 de noviembre y en vigor desde el día siguiente, recoge tanto el incremento retributivo general del 4,5% previsto para 2027 como la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal. La medida se enmarca en el acuerdo plurianual alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF. Esta actualización también constituye una referencia para las administraciones autonómicas y locales, que deberán adaptar sus correspondientes compensaciones por insularidad y destino especial. En este ámbito, cabe recordar que el pasado julio se aprobó la equiparación del complemento de residencia del personal estatal destinado en Baleares con el establecido para Canarias. Sin embargo, la revisión de las indemnizaciones por residencia no supone que también se hayan actualizado automáticamente las compensaciones por razón del servicio. El Gobierno mantiene pendiente la modificación de las dietas y los gastos de desplazamiento y kilometraje que perciben los empleados públicos cuando viajan por motivos laborales, con independencia de su lugar de residencia o destino. Los trámites para revisar estas cantidades continúan abiertos y el objetivo es que la actualización pueda aprobarse antes del 31 de diciembre de 2026. Ambos conceptos responden a finalidades diferentes. La indemnización por residencia pretende compensar los sobrecostes asociados a trabajar en determinados territorios, mientras que las indemnizaciones por razón del servicio cubren los gastos extraordinarios ocasionados por desplazamientos vinculados al desempeño de funciones públicas. Estas últimas están reguladas por el Real Decreto 462/2002 e incluyen dietas de manutención, alojamiento, transporte y otros gastos derivados de comisiones de servicio o traslados. Frente al incremento salarial general, que afecta a unos 3,5 millones de empleados públicos, la subida del complemento de residencia se dirige a un colectivo mucho más reducido, estimado en aproximadamente 130.000 trabajadores de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y otros servicios públicos. Entre los territorios incluidos figuran Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán. También existen complementos específicos para el personal destinado en el extranjero, aunque sus condiciones económicas se regulan mediante disposiciones propias del servicio exterior y no se corresponden directamente con las indemnizaciones por residencia aplicables a los destinos dentro de España. El Ejecutivo ya había anunciado en septiembre su intención de revisar estas compensaciones en el marco del diálogo con los sindicatos. La aprobación del incremento del 4,5% para las indemnizaciones por residencia supone un primer avance, aunque las organizaciones sindicales insisten en que también debe materializarse la actualización de las compensaciones por desplazamiento. CSIF ha reclamado que ambas revisiones estén aprobadas antes de que termine 2026, tal como recoge el acuerdo marco. El sindicato considera que la medida resulta especialmente necesaria ante las dificultades que afrontan algunos empleados públicos para mantener sus destinos, debido al elevado coste de la vivienda en determinados territorios. Según la organización, esta situación está llevando incluso a algunos trabajadores a renunciar a sus plazas. El Ministerio trasladó su voluntad de cumplir el calendario previsto. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ya había confirmado en septiembre que el Gobierno abordaría la actualización de las indemnizaciones por razón del servicio para el conjunto del personal estatal. Sus declaraciones se produjeron después de que en julio se aprobara la revisión del complemento de residencia de 11.176 empleados de la Administración General del Estado destinados en Baleares, con el objetivo de equiparar sus condiciones a las del personal destinado en Canarias. Desde el punto de vista retributivo, el complemento de residencia tiene naturaleza indemnizatoria y no forma parte del salario base ni de las pagas extraordinarias. Su importe está vinculado al destino geográfico y la subida aprobada del 4,5% se aplicará directamente a las cuantías correspondientes a la Administración General del Estado, mientras que servirá de referencia para las actualizaciones que deban realizar las comunidades autónomas y las entidades locales.

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(Expansión, 19-11-2026) | Laboral

Los trabajadores tendrán derecho a solicitar información para conocer las retribuciones medias de compañeros que realicen el mismo trabajo

El Gobierno ha incorporado una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público que permitirá resolver contratos y concesiones públicas cuando las empresas adjudicatarias incumplan sus obligaciones en materia de igualdad retributiva y transparencia salarial entre mujeres y hombres. La reforma forma parte del Real Decreto-ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros para transponer dos directivas europeas en el ámbito laboral. Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la nueva regulación entrará en vigor este jueves. La modificación no fue mencionada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo, por lo que su inclusión en la norma sorprendió al ámbito empresarial. El cambio afecta al artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público y establece que los órganos de contratación deberán garantizar que las empresas contratistas y subcontratistas respeten, durante la ejecución de los contratos y concesiones, el principio de igualdad salarial entre mujeres y hombres por la realización del mismo trabajo o de funciones de igual valor. Esta obligación comprende también el cumplimiento de las exigencias de transparencia retributiva que resulten aplicables. Además, los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán incorporar sanciones económicas proporcionales para los casos de incumplimiento. Cuando concurran las circunstancias previstas en la norma, podrá iniciarse de oficio el procedimiento para resolver el contrato o a solicitud de la representación legal de los trabajadores de la empresa adjudicataria. Antes de adoptar una decisión, será obligatorio dar audiencia a dicha representación. La resolución contractual podrá plantearse cuando se produzca un incumplimiento grave de las obligaciones de igualdad retributiva y exista una resolución administrativa o judicial firme que haya acreditado discriminación salarial por razón de sexo entre los trabajadores que participan en la ejecución del contrato. También podrá aplicarse cuando la empresa incumpla de forma reiterada sus obligaciones de transparencia salarial, siempre que el órgano de contratación haya constatado previamente las irregularidades y requerido su subsanación sin que la compañía haya atendido el requerimiento dentro del plazo establecido. El Real Decreto-ley incorpora asimismo nuevas obligaciones de información salarial para las empresas. Los trabajadores podrán solicitar información sobre su propia remuneración y sobre las retribuciones medias de las personas que desempeñen el mismo trabajo o uno de igual valor, con los datos desglosados por sexo. La información deberá detallar tanto el salario base como cada uno de los complementos salariales y extrasalariales percibidos. Las compañías estarán obligadas a responder por escrito a estas solicitudes en un plazo máximo de dos meses. Las empresas también deberán comunicar anualmente a sus plantillas que tienen derecho a acceder a esta información. Esta posibilidad se extiende a quienes hayan dejado de trabajar en la compañía, siempre que soliciten los datos correspondientes al periodo durante el que estuvieron vinculados a ella y presenten la petición dentro del año siguiente a la finalización de la relación laboral. Durante la presentación de la reforma, Yolanda Díaz destacó que uno de sus objetivos es acabar con el secreto salarial en las empresas y facilitar que los trabajadores puedan conocer las diferencias retributivas existentes dentro de sus organizaciones. La nueva regulación introduce además cambios en otras condiciones de trabajo. Entre ellos, establece que las empresas no podrán impedir ni limitar que sus empleados presten servicios para otras compañías, salvo que exista un pacto de plena dedicación acompañado de la correspondiente compensación económica. También reconoce la posibilidad de que los trabajadores soliciten modalidades de empleo más estables cuando surjan oportunidades de promoción profesional dentro de la empresa. En cuanto al periodo de prueba, la norma fija una duración máxima de seis meses para los trabajadores con la condición de técnicos titulados y de dos meses para el resto de la plantilla. No obstante, en las empresas con menos de 25 trabajadores, el periodo de prueba para quienes no sean técnicos titulados no podrá superar los tres meses.

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(Expansión, 19-11-2026) | Laboral

Solo el 27% de los trabajadores españoles declara sentir una alegría alta en el trabajo

La satisfacción laboral sigue siendo una asignatura pendiente para buena parte de los trabajadores españoles. La mitad de los profesionales asegura experimentar un nivel medio de alegría en su puesto de trabajo, mientras que un 23% reconoce que es bajo. Solo el 27% afirma disfrutar de un nivel alto de bienestar en su entorno laboral. Estos son algunos de los resultados del Global Workplace Joy Index, el primer estudio que analiza la alegría en el trabajo a partir de las respuestas de 17.450 profesionales y 8.920 responsables de Recursos Humanos de 27 países. España obtiene una puntuación de 63 sobre 100, en línea con el promedio internacional y con los resultados de otros países europeos. El informe, elaborado por Edenred, multinacional especializada en beneficios sociales, retribución flexible y movilidad profesional, analiza distintos aspectos de la experiencia laboral, como el orgullo de pertenencia, el sentido del trabajo, las relaciones personales, el reconocimiento, el compromiso y las sensaciones de cansancio o frustración. Antoine Blanc, director general de Edenred España, explica que la alegría en el trabajo no depende únicamente de la satisfacción con el puesto o de las condiciones económicas, sino también de las experiencias cotidianas, las relaciones con los compañeros, el reconocimiento recibido y la percepción de que la actividad profesional tiene un propósito. El estudio pretende identificar qué elementos favorecen que los trabajadores disfruten de su actividad profesional. Una persona puede estar conforme con su salario y contar con estabilidad laboral, pero sentirse poco valorada, desmotivada o emocionalmente agotada. Por ello, el compromiso de los equipos no depende exclusivamente de las condiciones que ofrece una empresa, sino también de cómo se sienten sus trabajadores dentro de la organización. Entre los factores que pueden contribuir al bienestar figuran los beneficios sociales, como los seguros médicos, las ayudas al transporte, los cheques guardería o los vales de comida. No obstante, el acceso a estas prestaciones no garantiza por sí mismo una mayor satisfacción. Su impacto depende de que respondan a necesidades reales y contribuyan a mejorar la situación económica, facilitar la conciliación o impulsar el desarrollo personal y profesional. Blanc advierte, además, de que estas ventajas no deben utilizarse como sustituto de una remuneración adecuada y competitiva. El salario continúa siendo un elemento esencial, al que pueden añadirse beneficios que aporten valor a la vida cotidiana de los empleados. Otra de las conclusiones del informe apunta a la distancia que todavía existe entre las iniciativas de bienestar promovidas por las empresas y la percepción que tienen los trabajadores sobre ellas. En este contexto, el reconocimiento profesional aparece como un factor especialmente relevante. En España, quienes reciben al menos una muestra de reconocimiento al mes manifiestan una percepción de mejora de su productividad 21 puntos porcentuales superior a la de aquellos que no reciben ningún reconocimiento. El responsable de Edenred España considera que acciones como escuchar a los trabajadores, agradecer su esfuerzo y valorar los resultados obtenidos pueden influir de manera significativa en su experiencia profesional. A su juicio, el bienestar debe incorporarse a las decisiones habituales de las empresas y no limitarse a iniciativas puntuales o declaraciones de intenciones. En este proceso, los responsables de los equipos desempeñan un papel determinante. Blanc identifica tres aspectos fundamentales en el liderazgo: escuchar a los profesionales y ofrecerles espacios de confianza para expresar sus inquietudes; reconocer el esfuerzo y los logros mediante agradecimientos concretos, y actuar como ejemplo en cuestiones como la conciliación, la desconexión digital y el respeto al tiempo personal. El directivo, que dirige una plantilla de 135 trabajadores en Edenred España, defiende también la importancia de proporcionar autonomía, facilitar oportunidades de desarrollo y explicar a cada profesional cómo contribuye su actividad a los objetivos generales de la organización. El propósito es crear unas condiciones que permitan alcanzar los resultados empresariales sin comprometer el bienestar de los equipos. En la clasificación internacional, India ocupa la primera posición, con una puntuación de 73 puntos sobre 100. México y Perú aparecen a continuación, ambos con 72 puntos, mientras que Japón cierra la lista con 47. El estudio observa que los mercados de economías emergentes, especialmente en América Latina, suelen registrar mayores niveles de alegría laboral. Por su parte, la mayoría de los países europeos se sitúan en posiciones intermedias, un comportamiento que también refleja el resultado obtenido por España.

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(El País, 19-11-2026) | Laboral

El Gobierno entierra el registro horario pese a las promesas de aprobarlo antes de las elecciones

La aprobación del nuevo registro horario digital difícilmente llegará antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Pese a que Yolanda Díaz mantiene su intención de sacar adelante la reforma antes de que termine la legislatura, fuentes de Moncloa aseguran que el Gobierno no tiene previsto llevarla al Consejo de Ministros en las dos reuniones que quedan. El PSOE ha incorporado esta medida a su programa electoral, pero su aplicación queda aplazada a la próxima legislatura, siempre que los socialistas consigan reeditar una mayoría progresista. El proyecto de reforzar el control de la jornada laboral cobró protagonismo después de que el Congreso rechazara, el 10 de septiembre de 2025, la reducción de la jornada máxima a 37,5 horas semanales, una de las principales propuestas del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. Tras aquella votación, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que intentaría sacar adelante mediante decreto la parte de la reforma que permitía endurecer el registro horario. Desde su departamento defendían que un control digital efectivo, supervisado por la Inspección de Trabajo, podía contribuir a reducir las horas realmente trabajadas incluso más que una reducción legal de la jornada. Catorce meses después, la iniciativa continúa bloqueada por las discrepancias dentro del Ejecutivo. El programa electoral del PSOE recoge el compromiso de implantar un registro horario digital que refleje las jornadas efectivamente realizadas, garantice el derecho al descanso y a la desconexión digital y refuerce la Inspección de Trabajo para perseguir los incumplimientos. Díaz aprovechó la publicación de este documento para reclamar su aprobación inmediata y recordó que el texto normativo está preparado. También acusó a los socialistas de obstaculizar su tramitación y aseguró que podría aprobarse incluso este viernes si existiera voluntad política. Sin embargo, desde Moncloa insisten en que no está previsto someter la medida a aprobación antes de los comicios. La posición del PSOE es que se trata de un compromiso para la siguiente legislatura, mientras que la titular de Trabajo sigue defendiendo que todavía existe margen para sacarlo adelante antes de finalizar el mandato. Las diferencias entre Díaz y el área económica del Gobierno vienen de lejos. Uno de los principales obstáculos surgió en marzo, cuando el Consejo de Estado emitió un dictamen muy crítico con el proyecto. El órgano consultivo cuestionó su adaptación a las particularidades de los distintos sectores, la carga administrativa adicional que supondría para las pequeñas y medianas empresas y la utilización de un reglamento para introducir cuestiones que, a su juicio, requerirían una modificación legislativa. También los departamentos de Economía, Función Pública y Protección de Datos formularon objeciones a distintos aspectos de la propuesta. La ministra de Trabajo rechazó entonces las críticas y defendió la continuidad de la reforma, atribuyendo buena parte de las objeciones al análisis realizado por el Ministerio de Economía. En aquel momento aseguró que seguiría adelante con el nuevo registro horario, aunque posteriormente el tono del enfrentamiento se moderó. En julio, los ministerios de Economía y Trabajo anunciaron un entendimiento para intentar aprobar la reforma en septiembre. El compromiso pretendía responder también a las exigencias de los sindicatos, que habían advertido de que no continuarían negociando con el Ejecutivo si la iniciativa volvía a quedar aplazada. Sin embargo, el plazo tampoco se cumplió y el Gobierno volvió a retrasar su aprobación. Díaz no responsabilizó entonces públicamente al PSOE y retomó sus críticas este lunes, después de anunciar que retiraba su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo. El registro horario es obligatorio desde 2019, pero actualmente puede realizarse tanto en soporte digital como en papel. La reforma impulsada por Trabajo pretende que el sistema sea exclusivamente digital y que la Inspección pueda acceder directamente a los registros para comprobar en tiempo real el cumplimiento de la jornada laboral. El departamento de Díaz había anunciado que introduciría algunos ajustes técnicos para responder a las observaciones del Consejo de Estado sin alterar el contenido esencial del acuerdo alcanzado con los sindicatos. Entre las cuestiones pendientes figuraba el plazo de adaptación para las empresas: Trabajo defendía un periodo de seis meses, mientras que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, proponía ampliarlo a un año para las pymes. La patronal mantiene su rechazo al proyecto y comparte algunas de las objeciones planteadas por el Consejo de Estado. Considera que la reforma invade competencias legislativas y que debería debatirse en el Parlamento. Por este motivo, ha advertido de que recurrirá a los tribunales si el decreto se aprueba en los términos actuales. La propuesta, además, se ha alejado de su planteamiento inicial, que contemplaba incrementar las sanciones empresariales y calcularlas por cada trabajador afectado, en lugar de imponer una única multa por compañía. Esta modificación terminó descartándose al requerir respaldo legislativo. El debate sobre el control de la jornada cobra especial relevancia por el volumen de horas extraordinarias que se realizan en España. Según los cálculos del gabinete económico de CC OO a partir de la Encuesta de Población Activa, los asalariados trabajan una media de 6,43 millones de horas extraordinarias cada semana. De ellas, 2,54 millones, cerca del 40%, no reciben compensación, mientras que las 3,89 millones restantes sí son retribuidas o compensadas.

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(El Economista, 19-11-2026) | Laboral

El nuevo SMI supera el 75% del salario medio de más de la mitad de las provincias

El nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aprobado por el Gobierno para 2027, tendrá una incidencia especialmente significativa en buena parte del territorio español. Desde enero, la remuneración mínima legal ascenderá a 18.004 euros brutos anuales, equivalentes a 1.286 euros mensuales en 14 pagas. Esta cantidad supera el 75% del salario medio de más de la mitad de las provincias españolas, según los datos de retribuciones correspondientes a 2025 publicados por la Agencia Tributaria. Aunque el SMI se establece con carácter general para todo el país a partir de distintos indicadores económicos, su repercusión varía considerablemente entre territorios. Las diferencias en la estructura empresarial, la actividad económica y los niveles salariales hacen que el nuevo mínimo tenga un peso muy desigual en las nóminas. En algunas provincias, su cuantía se aproxima cada vez más a las retribuciones habituales de una parte importante de los trabajadores. Los datos de Hacienda reflejan que el SMI representa más del 75% del salario medio en 28 provincias. Esta situación afecta a comunidades autónomas completas, como Andalucía, Extremadura y Murcia. También se observa en Castilla-La Mancha y Aragón, donde únicamente una provincia queda fuera de este grupo. Las organizaciones empresariales vienen advirtiendo de las consecuencias que puede tener esta convergencia entre el salario mínimo y las remuneraciones medias. En el conjunto de España, el nuevo SMI equivale prácticamente al 70% del salario medio bruto. Desde 2018, cuando se situaba en 735 euros mensuales, la remuneración mínima ha aumentado hasta los 1.286 euros previstos para 2027, lo que supone un crecimiento acumulado superior al 75%. Esta evolución contrasta con la de otros niveles salariales, cuyos incrementos a través de la negociación colectiva han sido más moderados. Las organizaciones empresariales consideran que esta evolución reduce el margen de actuación de los convenios colectivos, especialmente en las provincias donde el salario mínimo se aproxima a las retribuciones habituales de numerosos sectores. La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha advertido de que esta situación dificulta establecer diferencias salariales en función de la experiencia, la antigüedad o las responsabilidades asumidas. También limita la capacidad de las empresas para utilizar la negociación colectiva como instrumento de mejora de las condiciones laborales. Desde CCOO y UGT, por el contrario, atribuyen esta situación al limitado crecimiento de los salarios en términos reales durante los últimos años, marcado por diferentes episodios inflacionistas. Ambos sindicatos recuerdan que en 2023 alcanzaron con CEOE y Cepyme un acuerdo para incrementar las retribuciones pactadas en convenio un 4% ese año y un 3% en 2024 y 2025. Sin embargo, estas recomendaciones no se han renovado en 2026 y tampoco se han trasladado íntegramente a las nóminas de todos los trabajadores. Uno de los principales motivos de discrepancia es el mecanismo de absorción y compensación salarial. Esta práctica permite a las empresas reducir o eliminar determinados complementos, como los vinculados a la antigüedad o a la penosidad, cuando se producen incrementos del salario mínimo o de las retribuciones establecidas en convenio, siempre que se cumplan los requisitos legales. De esta manera, el aumento del salario base no siempre se traduce en una mejora equivalente de la remuneración total. El Tribunal Supremo ha respaldado esta posibilidad al considerar que los distintos conceptos que integran la remuneración forman parte del salario y que no resulta obligatorio que cada incremento pactado se traduzca necesariamente en una subida del salario base. Esta interpretación ha sido cuestionada por CCOO y UGT, que consideran que la absorción de complementos puede reducir el efecto real de las mejoras salariales acordadas. De hecho, ambas organizaciones condicionaron su respaldo a las últimas negociaciones del SMI a que el Gobierno modificase la regulación de estos mecanismos. Sin embargo, el Ejecutivo todavía no ha materializado ese compromiso y no parece que vaya a hacerlo antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. La medida tampoco cuenta con el respaldo del área socialista del Gobierno, vinculada al Ministerio de Economía. Por otra parte, durante la legislatura el Ministerio de Trabajo ha defendido el objetivo de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio, siguiendo las recomendaciones de la Carta Social Europea. Sin embargo, el departamento dirigido por Yolanda Díaz ha optado por tomar como referencia el salario medio neto, en lugar del bruto, para determinar el cumplimiento de ese umbral. Esta metodología ha generado discrepancias, tanto entre los sindicatos como en el comité de expertos encargado de elaborar las propuestas de actualización del SMI. UGT también ha cuestionado el criterio utilizado, al considerar que la referencia al 60% debe analizarse atendiendo a las magnitudes salariales correspondientes. ºLa elección de una referencia neta explica que el nuevo salario mínimo alcance prácticamente el 70% del salario medio bruto, según los datos disponibles. El cálculo utilizado por el Gobierno no descuenta las cotizaciones a la Seguridad Social ni las retenciones del IRPF, una circunstancia que debe tenerse en cuenta al comparar las distintas magnitudes salariales.

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(El País, 19-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas alerta de que la falta de vivienda es “el riesgo principal” para la economía española

España mantiene desde hace varios años un crecimiento económico muy superior al de la mayoría de sus socios europeos, una tendencia que previsiblemente continuará durante 2026, 2027 y 2028. Desde la recuperación posterior a la pandemia, la economía española ha registrado avances que han llegado a duplicar, triplicar e incluso multiplicar por seis los de la eurozona, como ocurrió en 2023. Sin embargo, este dinamismo también presenta riesgos. El más importante, según el último informe de previsiones económicas de la Comisión Europea, es la insuficiente oferta de vivienda. Los economistas del Ejecutivo comunitario advierten de que la falta de viviendas en relación con el aumento de los hogares seguirá presionando al alza los precios y podría dificultar tanto la movilidad laboral como la incorporación de nuevos trabajadores. Esta situación afecta especialmente a los jóvenes que necesitan trasladarse a las grandes ciudades, donde se concentra buena parte de la actividad económica. Los colectivos con menos recursos y otros grupos vulnerables son los que sufren con mayor intensidad estas dificultades. La respuesta pasa, en buena medida, por aumentar la construcción de viviendas, aunque también existen obstáculos para acelerar la edificación. La Comisión señala que el incremento de los costes de construcción puede frenar todavía más la inversión residencial. El encarecimiento de los materiales y de la mano de obra, agravado por la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo, dificulta la puesta en marcha de nuevos proyectos. A estas dificultades se suman otros problemas habituales del sector inmobiliario español, como la escasez de trabajadores cualificados, los prolongados plazos para transformar el suelo en terrenos aptos para construir y la lentitud en la concesión de licencias. También influye el encarecimiento de la financiación tras las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo para contener la inflación. A ello se añaden unas condiciones regulatorias que, desde la crisis financiera de 2008, han complicado el acceso al crédito para promotores y constructores. La combinación de estos factores ha agravado el problema de acceso a la vivienda, que se encuentra entre las principales preocupaciones sociales y políticas del país y ha estado presente tanto en el adelanto electoral del 29 de noviembre como en las movilizaciones de la huelga general del pasado miércoles. No es la primera vez que Bruselas alerta de esta situación. En junio, al presentar sus recomendaciones para la elaboración de los presupuestos, ya advirtió de que el precio de la vivienda estaba dificultando la movilidad laboral en España y podía terminar afectando a la competitividad de su economía. Las dificultades para acceder a una vivienda no son exclusivas de España y afectan a numerosos países de la Unión Europea. La importancia del problema ha llevado a que, por primera vez en esta legislatura, exista un comisario europeo específico para esta materia, el socialdemócrata danés Dan Jorgensen. Sin embargo, España presenta una particularidad respecto a otros Estados miembros: dispone de un parque de vivienda pública y asequible mucho más reducido. Según los cálculos del Ministerio de Vivienda, las viviendas sociales representan el 3,4% del total, frente a una media europea del 8%. Esta escasez traslada buena parte de la presión al mercado del alquiler. Para quienes no pueden asumir la compra de una vivienda, en gran medida por la falta de oferta, el arrendamiento se convierte en la principal alternativa. Sin embargo, este mercado también registra una disponibilidad limitada de inmuebles, lo que ha contribuido a elevar los precios. El informe de la Comisión Europea también advierte de que el encarecimiento sostenido de la vivienda está agravando los problemas de acceso y repercute en el consumo de los hogares, al contrarrestar parte de los efectos positivos derivados del aumento de su patrimonio. Además, el incremento de los precios está dando mayor relevancia a las cuestiones de cohesión social en determinadas zonas urbanas. El mayor esfuerzo económico que deben realizar muchas familias para pagar una vivienda reduce los recursos disponibles para otros gastos y amplía las diferencias entre quienes tienen una propiedad y quienes no. Pese a estas advertencias, España es el único país en el que el documento de previsiones, de 252 páginas, identifica la vivienda como el principal riesgo para la economía. La Comisión, no obstante, espera que el mercado laboral mantenga una evolución positiva, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado que en los últimos años. Sus estimaciones apuntan a un aumento del empleo del 2,3% en 2026 y del 1,8% en 2027, mientras que las horas trabajadas avanzarán a un ritmo más contenido. También prevé que la tasa de paro continúe descendiendo hasta situarse en el 9,4%. La evolución del empleo será determinante para mantener el crecimiento económico en los próximos años. Bruselas considera que la expansión de la actividad estará sustentada principalmente por la demanda interna, especialmente por el consumo de los hogares y, en menor medida, por la inversión. La creación de puestos de trabajo, aunque avance de forma más moderada, junto con la inmigración, permitirá sostener el gasto de los consumidores. Este comportamiento irá acompañado de una nueva reducción de la tasa de ahorro de las familias.

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(El Economista, 19-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La economía española sigue sorprendiendo a los analistas: se ha convertido en una de las grandes sorpresas positivas de Europa

España se ha convertido en una de las economías que mejor comportamiento está mostrando en Europa. Así lo considera ING Research en un informe en el que analiza la transformación experimentada por el país durante la última década y su evolución desde los desequilibrios económicos que marcaron la crisis financiera hasta su actual posición de fortaleza. Según los economistas del banco neerlandés, España acumula tres años de crecimiento medio del 2,9%, más del doble del registrado por el conjunto de la Unión Europea, situado en el 1,1%, mientras que Alemania, Francia e Italia mantienen un ritmo de expansión mucho más moderado. El estudio, elaborado por Marieke Blom, economista jefe global de ING, y Pablo Muylle, lleva por título Europe's Pitch Book: Spain - the comeback kid y destaca los factores que han permitido este cambio de trayectoria. Los autores consideran que la economía española ha dejado atrás buena parte de las debilidades que la situaban entre las más vulnerables de la periferia europea, aunque advierten de que todavía debe afrontar importantes desafíos estructurales. Uno de los principales cambios se encuentra en el saneamiento financiero posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria. ING recuerda que, antes de la crisis de 2008, el principal desequilibrio de España no estaba en las cuentas públicas, cuya deuda se situaba por debajo del 40% del PIB, sino en el elevado endeudamiento de familias y empresas. La financiación procedente del exterior había alimentado una expansión inmobiliaria que terminó provocando un profundo ajuste económico. El proceso posterior permitió reducir la deuda privada, sanear los balances empresariales y familiares, recapitalizar el sistema bancario y disminuir la dependencia de la financiación extranjera. Según los datos de Eurostat y la OCDE recogidos en el informe, el endeudamiento consolidado de los hogares y las empresas no financieras se ha reducido aproximadamente a la mitad en relación con el PIB. Esta transformación también se refleja en las cuentas exteriores. España ha pasado de registrar elevados déficits por cuenta corriente, que llegaron a situarse entre los mayores del mundo en 2008, a mantener superávits de forma recurrente. Las previsiones de la Comisión Europea apuntan a un saldo positivo equivalente al 2,4% del PIB en 2026, que podría aumentar hasta el 2,8% en 2028. Otro de los factores que explican el crecimiento es la capacidad de incorporar nuevos trabajadores al mercado laboral, a pesar del envejecimiento demográfico. ING destaca especialmente el aumento de la participación de las mujeres y de los trabajadores de mayor edad, dos colectivos cuya presencia en el mercado laboral había sido tradicionalmente inferior a la de otros países europeos. También ha mejorado el desempleo juvenil. La tasa de paro entre los menores de 25 años, que llegó al 55,5% en 2013, descendió hasta el 22,8% en septiembre de 2026. Aunque continúa superando en siete puntos la media europea, se sitúa por debajo de los niveles registrados en países como Finlandia o Estonia. La reforma laboral también ha contribuido a modificar la estructura del empleo. La OCDE constata que la temporalidad pasó del 25,4% a finales de 2021 a aproximadamente el 16% en 2024. No obstante, España sigue arrastrando un elevado desempleo estructural, que mantiene sin aprovechar una parte de su capacidad productiva. La inmigración constituye otro de los elementos fundamentales de esta evolución. Los economistas de ING consideran que su contribución al crecimiento del empleo ha sido incluso superior a la derivada del aumento de la participación laboral de la población residente. Los trabajadores nacidos en el extranjero explican alrededor del 70% del incremento de la ocupación, una aportación que ha permitido ampliar la fuerza laboral pese al envejecimiento de la población. La llegada de trabajadores procedentes de otros países, especialmente de América Latina, ha favorecido este proceso por las afinidades culturales y lingüísticas. Desde 2015, la combinación de inmigración y mayor participación laboral ha permitido incrementar cerca de un 18% el volumen total de horas trabajadas en España, aproximadamente el doble que en el conjunto europeo. Sin embargo, este crecimiento también presenta importantes contrapartidas. El aumento de población sostiene la actividad económica y contribuye a financiar el Estado del Bienestar, pero también incrementa la presión sobre los servicios públicos y el mercado inmobiliario. El crecimiento demográfico no está acompañado al mismo ritmo por la construcción de viviendas ni por la ampliación de determinadas infraestructuras. Esta situación se refleja en las dificultades de acceso a la vivienda, las listas de espera sanitarias y el deterioro de algunas infraestructuras de transporte. El turismo continúa siendo otra de las grandes fortalezas de la economía española. La recuperación de esta actividad después de la pandemia permitió que el superávit exterior generado por el sector alcanzase el 4,3% del PIB en 2025. Sin embargo, ING considera especialmente relevante el desarrollo de otros servicios de mayor valor añadido. España se está consolidando como una plataforma de operaciones para empresas europeas que buscan profesionales cualificados, infraestructuras digitales y costes competitivos. Las exportaciones de servicios empresariales y profesionales se han más que triplicado en doce años, al pasar de 14.000 millones de euros en 2013 a 47.000 millones en 2025. El 57% de estas ventas tiene como destino otros países europeos. La presencia de multinacionales extranjeras también ha ganado peso en este ámbito. En 2024, estas compañías concentraban el 43% del empleo español en servicios informáticos, unos 216.000 puestos de trabajo. Esta diversificación permite ampliar las fuentes de ingresos exteriores y reducir la dependencia de actividades tradicionales como el turismo y la industria del automóvil. El sector automovilístico mantiene, en cualquier caso, un papel destacado. España es el segundo mayor fabricante de vehículos de Europa, por detrás de Alemania, y está atrayendo nuevas inversiones de fabricantes chinos interesados en establecer centros de producción dentro de la Unión Europea. Entre los proyectos mencionados por ING figuran la producción de vehículos de la marca Ebro por parte de Chery en la antigua planta de Nissan en Barcelona, el inicio de la fabricación de Leapmotor en las instalaciones de Stellantis próximas a Zaragoza y el acuerdo de Geely para producir dos modelos eléctricos en la fábrica de Ford en Valencia a partir de 2028. MG también ha elegido Galicia para instalar su primera fábrica en la UE. A estas inversiones se suma la construcción de una planta de baterías de CATL y Stellantis en Zaragoza, con una inversión prevista de 4.100 millones de euros. El impulso industrial se extiende a otras actividades, como la industria aeroespacial. Andalucía ha desarrollado un importante polo empresarial alrededor de Sevilla y Cádiz, donde operan unas 150 compañías que facturaron 3.200 millones de euros en 2025, un 11% más que el año anterior, y emplean directamente a aproximadamente 16.400 personas. Sevilla concentra instalaciones de montaje final de Airbus, mientras que Cádiz está especializada en componentes y materiales compuestos avanzados. Los economistas de ING destacan que la producción industrial española ha evolucionado favorablemente durante la última década y ha conseguido superar a la de Francia, Italia y Alemania. En 2025, la industria manufacturera representó el 10,6% del PIB y su valor añadido real aumentó un 2,2%, consolidándose como uno de los motores de la actividad económica. Las energías renovables constituyen otra de las ventajas competitivas que ha desarrollado España. La disponibilidad de espacio, las condiciones de viento y radiación solar y el potencial hidroeléctrico han permitido que la generación eólica y fotovoltaica supere conjuntamente el 40% de la producción eléctrica. Desde 2022, esta capacidad ha contribuido a mantener unos precios medios de la electricidad inferiores a los de buena parte de Europa, una ventaja para las empresas con un consumo energético elevado. Además de desarrollar instalaciones de generación, España cuenta con una industria propia vinculada a las energías limpias. ING destaca la presencia de fabricantes eólicos como Siemens Gamesa, Windar y Haizea, con una importante implantación en el norte del país y el País Vasco. También subraya el desarrollo de tecnologías como la eólica marina flotante y la fabricación de componentes para instalaciones solares, entre ellos los seguidores fotovoltaicos. Por último, el informe identifica la inteligencia artificial como una nueva oportunidad para la economía española, especialmente por el aumento de la demanda internacional de equipos eléctricos y sistemas de refrigeración destinados a centros de datos. Las exportaciones españolas de transformadores, equipos de distribución eléctrica y soluciones de refrigeración hacia Estados Unidos han experimentado un crecimiento significativo. Desde 2022, las ventas exteriores de estos productos han aumentado un 93% en España, frente al 67% de media europea. El mayor avance en términos absolutos corresponde a los equipos eléctricos, mientras que los sistemas de refrigeración para centros de datos han registrado el crecimiento más intenso, del 153%, frente al 37% del conjunto de la Unión Europea. Estos factores explican, según ING, el cambio de posición de España dentro de la economía europea. No obstante, el mantenimiento de esta trayectoria dependerá también de la capacidad del país para resolver problemas como el desempleo estructural, la escasez de vivienda, la presión sobre los servicios públicos y las limitaciones de productividad.

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