(Expansión, 17-11-2026) | Fiscal

Un millón de devoluciones de Renta, en el aire: Hacienda revisa plusvalías, criptos y autónomos

Cuatro meses y medio después de que concluyera la campaña de la Renta de 2026, correspondiente al ejercicio 2025, la Agencia Tributaria todavía tiene pendiente de abonar cerca de un millón de devoluciones. Según fuentes de la AEAT, hasta el momento se han completado 15,4 millones de los 16,4 millones de solicitudes presentadas, un 2,79% más que en la campaña anterior, relativa al ejercicio 2024. Esta situación entra dentro de los plazos habituales, ya que a partir de septiembre los técnicos de Hacienda intensifican la revisión de las declaraciones. Entre las operaciones que reciben una atención especial figuran las solicitudes de devolución por importes elevados, las ventas de inmuebles en las que no se han declarado ganancias patrimoniales, los ingresos procedentes del alquiler y las declaraciones de autónomos que incluyen posibles ajustes o deducciones. En este último caso, también se examina la regularización anual de las cuotas derivada del sistema de cotización en función de los ingresos reales. La Agencia Tributaria cuenta con un plazo de seis meses desde el final de la campaña, que terminó el pasado 30 de junio, para efectuar las devoluciones solicitadas. Durante este periodo, los técnicos comprueban especialmente aquellas declaraciones en las que pueden existir errores. Por este motivo, algunas de las solicitudes que todavía están pendientes podrían modificar su resultado e incluso convertirse en declaraciones con cantidades a ingresar a favor de Hacienda. El 31 de diciembre termina el plazo del que dispone el Fisco para completar esta fase de revisión sin tener que abonar intereses de demora. Según explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), las devoluciones que no se hayan resuelto para entonces podrán pasar a la fase de comprobación, un procedimiento que ya podría haberse iniciado en determinados expedientes. Si las comprobaciones realizadas por los órganos de Gestión de la AEAT concluyen que la declaración presentada es correcta, Hacienda tendrá que devolver el importe correspondiente junto con los intereses de demora, que en 2025 se sitúan en el 4,06%. Así, una devolución de 1.500 euros que se abonase con un año de retraso ascendería a 1.560,90 euros. En los casos de mayor complejidad, las devoluciones pueden quedar sometidas a procedimientos de inspección. Según Mollinedo, estas actuaciones buscan detectar posibles irregularidades de carácter más específico y complejo, por lo que sus plazos de resolución son más amplios y los pagos podrían demorarse considerablemente más allá de los próximos meses. Entre los principales ámbitos de vigilancia de Hacienda destaca este año, como novedad, la operativa con criptoactivos. La entrada en vigor de nuevas obligaciones de información para la Agencia Tributaria ha facilitado el control de las declaraciones en las que se hayan obtenido ganancias patrimoniales mediante monedas virtuales, como bitcoin o ethereum. El mercado inmobiliario constituye otro de los focos prioritarios. La AEAT está revisando especialmente las declaraciones en las que se ha solicitado una devolución después de vender una vivienda sin declarar una ganancia patrimonial, pese al incremento registrado en los precios de los inmuebles y al consiguiente aumento de las plusvalías en las operaciones de compraventa. También están bajo revisión las reducciones y deducciones aplicadas por los propietarios que tienen viviendas arrendadas. Los porcentajes de reducción de los rendimientos del alquiler, que pueden oscilar entre el 50% y el 90%, dependen de distintas circunstancias, como la fecha de formalización del contrato, la ubicación del inmueble en una zona de mercado residencial tensionado o la edad del arrendatario. Los técnicos de Hacienda también prestan atención a los ingresos obtenidos en el extranjero y a los cambios de residencia fiscal, dos cuestiones que pueden generar discrepancias en las declaraciones presentadas. En el colectivo de autónomos, las comprobaciones se centran tanto en la deducibilidad de los gastos vinculados a la actividad económica, una materia que ha provocado numerosos conflictos judiciales en distintos sectores, como en el tratamiento fiscal de las cuotas de cotización. La implantación del sistema basado en los ingresos reales y la posterior regularización anual obligan a declarar los ajustes correspondientes como ingresos o gastos, según proceda. Por último, fuentes de la Inspección señalan que una parte importante de las declaraciones sometidas a comprobación corresponde a contribuyentes que han solicitado devoluciones de cuantía elevada. En particular, la Agencia Tributaria utiliza un umbral de control que se sitúa aproximadamente en los 5.000 euros.

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(Expansión, 17-11-2026) | Fiscal

Casi 55.000 correcciones voluntarias tras las ‘cartas del miedo’ de Hacienda

Cerca de 55.000 contribuyentes corrigieron voluntariamente sus declaraciones de la Renta tras recibir las conocidas como 'cartas del miedo' de la Agencia Tributaria. Este aumento de las rectificaciones se produjo durante el periodo de presentación voluntaria y precede a la actual fase de revisión de las devoluciones, en la que todavía queda alrededor de un millón de solicitudes pendientes de abono, frente a los 3,5 millones que estaban sin resolver al término de la campaña. En concreto, durante la última campaña, 53.700 contribuyentes presentaron una autoliquidación rectificativa después de recibir una comunicación de la AEAT. Esta cifra supone aproximadamente 8.000 correcciones más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Hacienda, bajo la dirección de Arcadi España, introdujo durante la campaña de la Renta de 2024, correspondiente al ejercicio 2023, un mecanismo automatizado para facilitar la subsanación voluntaria de errores. El sistema contempla el envío de comunicaciones preventivas a los contribuyentes que modifican el borrador elaborado por la Agencia Tributaria a partir de la información fiscal disponible. El objetivo de estas notificaciones es advertir de posibles discrepancias antes de que se inicie una comprobación y ofrecer la posibilidad de corregirlas voluntariamente. Según Hacienda, este procedimiento permite evitar actuaciones posteriores, el devengo de intereses de demora y la eventual imposición de sanciones. Los contribuyentes que consideren que los datos de su declaración son correctos no tienen que realizar ninguna modificación. Sin embargo, quienes detecten errores u omisiones pueden presentar una autoliquidación rectificativa dentro del plazo voluntario para subsanarlos. Este mecanismo complementa los avisos y advertencias que la Agencia Tributaria incorpora directamente en Renta Web, su plataforma informática para la elaboración y presentación de las declaraciones, antes de que el contribuyente formalice el envío.

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(Expansión, 17-11-2026) | Laboral

Las pensiones: un "rescate" de 350.000 millones en diez años

La falta de ingresos procedentes de las cotizaciones sociales para cubrir el conjunto de las prestaciones de la Seguridad Social obliga al Estado a recurrir cada año a los recursos de los impuestos para financiar el sistema. La sostenibilidad de las pensiones constituye uno de los principales desafíos económicos, tanto por su dimensión financiera como por la ausencia de propuestas concretas de los partidos políticos para corregir el desequilibrio. Las cifras de las transferencias estatales a la Seguridad Social reflejan la magnitud del problema. Entre 2016 y 2025, el Estado ha aportado un total de 351.331 millones de euros para evitar que el déficit del sistema siga aumentando. El Gobierno defiende que la financiación de las pensiones mediante ingresos tributarios es habitual en otros países de la Unión Europea. Sin embargo, en España, el volumen de estas aportaciones ha crecido de manera muy significativa. Las previsiones de la Airef apuntan a que en 2050 podrían alcanzar cerca de 85.000 millones de euros anuales. El incremento de las transferencias presupuestarias responde al crecimiento de los gastos, que avanzan a un ritmo superior al de los ingresos ordinarios por cotizaciones sociales. En 2025, las aportaciones del Estado sumaron 52.924 millones de euros, un 192% más que en 2018, cuando ascendieron a 18.081 millones, antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Tres factores explican principalmente esta evolución. El primero fue la pandemia, que obligó a reforzar los recursos de la Seguridad Social para financiar prestaciones extraordinarias y bonificaciones de cotizaciones vinculadas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El segundo está relacionado con la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que comenzó a aplicarse en 2019 y quedó consolidada legalmente con la reforma de la Seguridad Social de 2021. A estos elementos se suma el aumento del gasto en prestaciones por incapacidad temporal, derivadas de las bajas laborales, cuya factura superó los 18.000 millones de euros en 2025. Una nota publicada por Fedea, basada en un estudio del investigador de la Universidad de las Hespérides Santiago Calvo, cuestiona que la situación financiera del sistema pueda considerarse sostenible, pese a que la Seguridad Social continúe abonando con normalidad las prestaciones. El análisis sitúa el déficit contributivo en torno al 4% del PIB. El investigador considera que los argumentos utilizados por el Gobierno para defender la solidez del sistema de pensiones no son necesariamente incorrectos, pero que, considerados en su conjunto, ofrecen una visión parcial de su situación financiera. Entre ellos figuran el Fondo de Reserva, que el Ministerio de Seguridad Social cifra en unos 20.000 millones de euros, las evaluaciones favorables de la Airef sobre el cumplimiento de la regla de gasto y los máximos históricos de afiliación, con 22,4 millones de cotizantes y una relación de 2,51 trabajadores por pensionista. Calvo matiza que estos datos no permiten afirmar que el sistema esté al borde de la quiebra. Un modelo de reparto respaldado por el Estado puede seguir haciendo frente a sus obligaciones mientras las administraciones públicas estén en condiciones de cubrir sus desequilibrios y los mercados mantengan la financiación de la deuda necesaria para ello. A esta situación se añade el aumento de la deuda de la Seguridad Social con el Estado, que pasó de 18.500 millones de euros en 2016 a 116.000 millones en 2025, equivalentes a unos 136.000 millones en euros corrientes. Este endeudamiento está relacionado con los préstamos presupuestarios que el Estado concede al sistema, por un importe aproximado de 10.000 millones de euros, y que se utilizan en los últimos años para financiar, entre otros compromisos, alguna de las pagas extraordinarias de las pensiones. A diferencia de las transferencias, estos préstamos sí quedan registrados como pasivo.

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(Expansión, 17-11-2026) | Laboral

La baja por ansiedad de un trabajador agredido por un compañero es accidente laboral

El Tribunal Supremo ha puesto fin al procedimiento judicial en el que la empresa guipuzcoana Goki Erreformak SL intentaba evitar que se reconociera como accidente laboral la baja médica de un trabajador que desarrolló un trastorno adaptativo con ansiedad después de sufrir una agresión física por parte de un compañero. La Sala de lo Social ha inadmitido el recurso presentado por la compañía, por lo que queda confirmado el criterio del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que reconoció el origen profesional de la patología. El TSJPV consideró probado que el trastorno psicológico que provocó la incapacidad temporal del empleado tuvo su origen directo en la agresión sufrida en el lugar de trabajo. La decisión del Supremo supone así un nuevo revés para la empresa, que pretendía modificar la calificación de la contingencia y desvincular la baja médica de la actividad profesional. La consideración de una incapacidad temporal como accidente de trabajo, en lugar de enfermedad común, tiene consecuencias económicas para la empresa, aunque no implica que deba hacerse cargo de todo el coste de la prestación. La compañía asume el abono del primer día de baja, mientras que, desde el día siguiente, el trabajador percibe el 75% de la base reguladora. En las bajas por enfermedad común, la prestación es del 60% de la base reguladora entre el cuarto y el vigésimo día. Tras conocerse la resolución, el responsable de Salud Laboral de CCOO de País Vasco, Alfonso Ríos, criticó la actuación de Goki Erreformak SL. El representante sindical reprochó a la compañía que, según el TSJPV, no hubiera dedicado los recursos necesarios para implantar las medidas preventivas que requería la situación del trabajador agredido, mientras que sí había destinado medios a recurrir ante el Supremo para intentar evitar que el episodio fuera calificado como accidente laboral. Según explican los especialistas de PayFit, para que una baja médica tenga la consideración de accidente de trabajo debe existir una relación causal entre la lesión y el desempeño profesional. Esta vinculación puede derivarse de un suceso ocurrido en el centro de trabajo, durante el ejercicio de las funciones laborales, en desplazamientos por motivos profesionales o en los trayectos de ida y vuelta al puesto de trabajo, conocidos como accidentes in itinere. En las incapacidades temporales derivadas de contingencias comunes no se exige un periodo mínimo de cotización para acceder a la prestación. Por otra parte, cuando un accidente laboral se produce por la falta de medidas de protección reglamentarias, las prestaciones económicas pueden incrementarse entre un 30% y un 50%, en concepto de recargo de prestaciones, siempre que se acrediten los requisitos legales para su aplicación.

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(El País, 17-11-2026) | Laboral

Los salarios de la banca multiplican hasta por cuatro los del sector servicios, la hostelería y el comercio

Las diferencias salariales entre sectores económicos son muy acusadas en España. Los trabajadores de las entidades financieras y aseguradoras cobran, de media, más del doble que los empleados del comercio y el transporte y hasta cuatro veces más que los ocupados en algunas ramas de los servicios. En 2025, los cerca de 390.000 asalariados del sector financiero y asegurador percibieron una remuneración media anual de 53.251 euros. En cambio, los 4,6 millones de trabajadores del comercio y el transporte cobraron 24.111 euros, mientras que los casi 2,8 millones de empleados de otros servicios y actividades de ocio registraron una media de 14.867 euros. Estas diferencias figuran en la estadística del Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, que la Agencia Tributaria ha actualizado con los datos correspondientes a 2025. La información recoge los resultados de todas las provincias españolas, salvo las del País Vasco y Navarra, que disponen de sistemas tributarios propios. Por detrás de las actividades financieras y aseguradoras, que encabezan la clasificación salarial, se sitúan los sectores de información y comunicaciones, con una media de 40.036 euros anuales, y las industrias extractivas, la energía y el agua, con 34.839 euros. Los servicios sociales alcanzaron los 31.009 euros y la industria, los 30.427. En el extremo inferior aparecen la construcción y las actividades inmobiliarias, con 24.379 euros; los servicios a empresas, con 23.551; otros servicios y ocio, con 14.867, y la agricultura y la pesca, con 12.073 euros. Las diferencias no solo se producen entre actividades, sino también dentro de cada sector en función de la provincia. En el ámbito financiero, Madrid registra la remuneración media más elevada, con 70.482 euros anuales, prácticamente el doble que Badajoz, que ocupa la última posición en esta actividad. La capital también lidera los salarios del comercio y el transporte, con una media de 31.000 euros, mientras que Huelva se sitúa en el extremo opuesto, con cerca de 16.000 euros. También se observan contrastes importantes en las distintas ramas de los servicios. En las actividades personales y de ocio, los salarios medios de Baleares casi duplican los de Jaén. En los servicios a empresas, Madrid vuelve a encabezar la clasificación provincial y Jaén registra las remuneraciones más bajas. Por su parte, en los servicios sociales, los salarios medios de Ceuta y Melilla superan en más de 15.000 euros anuales a los de las dos provincias extremeñas. La comparación entre territorios y actividades permite apreciar la amplitud de estas diferencias. Madrid, que presenta el salario medio general más alto entre las provincias incluidas en la estadística, también registra la mayor remuneración del sector financiero. En el otro extremo, Jaén, que ocupa la última posición en el promedio general, concentra los salarios más bajos de toda la tabla en los servicios personales y de ocio. La distancia entre ambos registros supera los 59.000 euros anuales. En otras actividades también aparecen diferencias territoriales destacadas. Las industrias extractivas, la energía y el agua alcanzan sus salarios más elevados en Madrid, mientras que Cuenca presenta las remuneraciones más bajas. En la construcción y las actividades inmobiliarias, las diferencias son menos pronunciadas, aunque siguen siendo relevantes. La agricultura muestra uno de los contrastes más acusados: Cantabria supera los 23.000 euros de salario medio anual, frente a los poco más de 5.000 euros de Jaén. Para interpretar correctamente estos datos es necesario tener en cuenta el alcance de la estadística de la Agencia Tributaria. Las cifras reflejan la remuneración media anual percibida por cada asalariado, pero no el salario por hora ni el equivalente a una jornada completa. El cálculo incluye, por tanto, a trabajadores a tiempo parcial y a personas que solo han estado ocupadas durante una parte del ejercicio. Este factor tiene especial incidencia en actividades caracterizadas por la temporalidad y el empleo estacional. La agricultura constituye un ejemplo significativo. La estadística contabiliza una media nacional de 2,39 percepciones salariales por persona durante el año, lo que evidencia la fragmentación de los ingresos a lo largo del ejercicio. En Jaén, el salario medio anual de esta actividad se sitúa en 5.263 euros, con 4,2 percepciones por trabajador. Esta cantidad no equivale necesariamente al sueldo de una persona que haya trabajado a jornada completa durante los doce meses, sino que refleja en buena medida la concentración del empleo en campañas y periodos determinados. En cambio, las entidades financieras y aseguradoras y la industria registran cerca de 1,2 percepciones por asalariado a escala nacional, un dato que apunta a una mayor continuidad en el empleo. La composición de las plantillas y las características de los puestos de trabajo también ayudan a explicar las diferencias salariales. Las actividades financieras y aseguradoras concentran ocupaciones que suelen exigir una mayor cualificación y especialización, mientras que el comercio y buena parte de los servicios personales agrupan empleos más diversos, con una presencia superior de salarios reducidos, jornadas parciales y trabajo estacional. Las diferencias de productividad entre sectores constituyen otro factor relevante, aunque la estadística no permite determinar el peso concreto de cada elemento. En términos generales, los datos de 2025 sitúan la remuneración media anual en 28.685 euros para un colectivo cercano a los 17 millones de asalariados. Por su parte, los aproximadamente 9,2 millones de pensionistas incluidos en la estadística recibieron una prestación media de 20.752 euros anuales.

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(El País, 17-11-2026) | Laboral

El Gobierno aprobará la subida del sueldo de los funcionarios para 2027 y eleva las sanciones a las empresas que oculten información contractual o salarial a sus empleados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un incremento de las retribuciones de los empleados públicos para el próximo año del 4,5%. Durante una entrevista en Telecinco, el jefe del Ejecutivo también ha confirmado que el Gobierno dará luz verde a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), tal como había avanzado horas antes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sánchez ha defendido las medidas adoptadas por su Ejecutivo frente a lo que considera un retroceso en las políticas sociales y económicas que podría producirse con un Gobierno del PP y Vox. Como ejemplo, ha destacado el aumento del salario mínimo registrado durante los últimos ocho años. La subida del SMI aprobada por el Gobierno será del 5,3%, hasta situarlo en 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 18.004 euros anuales. A este incremento se sumará la mejora salarial de los empleados públicos, por lo que, según ha señalado Sánchez, alrededor de cinco millones de trabajadores se beneficiarán de ambas decisiones. Si se añade la actualización de las pensiones conforme a la evolución del IPC, el número de ciudadanos que verán aumentar su poder adquisitivo ascenderá a unos 15 millones. A esta mejora se sumará, durante el primer trimestre de 2027, otro 0,5% correspondiente a la desviación de la inflación del año pasado, una compensación que ya estaba prevista en el acuerdo con los sindicatos y que dejaría la revisión en el 5% anunciado en octubre de este año. El Consejo de Ministros de este martes aprobará, además de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, un conjunto de medidas laborales promovidas por el Ministerio de Trabajo mediante un decreto-ley. El Ejecutivo confía en que estas disposiciones obtengan posteriormente el respaldo de la Diputación Permanente. Entre las principales novedades figura el endurecimiento de las sanciones a las empresas que incumplan sus obligaciones de información sobre las condiciones contractuales y salariales de sus trabajadores. La reforma también pretende reforzar la transparencia retributiva y avanzar en la adaptación de la legislación española a una directiva europea sobre igualdad salarial que debería haberse incorporado al ordenamiento jurídico antes del 7 de junio. La nueva regulación reconocerá a todos los trabajadores el derecho a conocer los salarios medios de otros empleados que desempeñen puestos equivalentes, así como a acceder a información más detallada sobre los registros retributivos. Este derecho se aplicará a todas las relaciones laborales, con independencia de su duración, y dejará de estar limitado a los contratos de más de cuatro semanas. El proyecto también introduce nuevas obligaciones en los procesos de selección. Las ofertas de empleo deberán especificar la retribución inicial correspondiente al puesto, las empresas no podrán preguntar a los candidatos por su historial salarial y tanto los anuncios de vacantes como las denominaciones de los puestos deberán utilizar un lenguaje neutro en materia de género. El objetivo de Trabajo es evitar diferencias salariales injustificadas por la realización de trabajos de igual valor. Uno de los cambios más relevantes afecta al régimen sancionador. La falta de información sobre aspectos esenciales del contrato dejará de considerarse una infracción leve y pasará a calificarse como grave. De esta manera, las multas podrán elevarse desde los actuales 750 euros hasta un máximo de 7.500 euros. También tendrán la consideración de infracciones graves los incumplimientos de las obligaciones relacionadas con los planes de igualdad. Por su parte, determinadas conductas empresariales pasarán a considerarse infracciones muy graves. Entre ellas se encuentra solicitar a los candidatos información personal o datos cuyo requerimiento esté prohibido durante los procesos de contratación o de promoción y cambio de puesto dentro de la empresa. El paquete normativo incluye asimismo un decreto específico para reforzar la transparencia salarial. La norma permitirá que cualquier empleado pueda conocer las retribuciones medias de los puestos equivalentes y obligará a las empresas a ofrecer información más amplia sobre los criterios utilizados para determinar los salarios y los ascensos. También se reforzarán las auditorías retributivas y los mecanismos de seguimiento de la brecha salarial. La iniciativa modifica distintos aspectos del real decreto de 2020 que ya había ampliado las obligaciones empresariales en esta materia. La reforma pretende reducir las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres. Según los datos del INE correspondientes a 2024, el salario bruto mensual medio de las mujeres se situó en 2.163 euros, frente a los 2.593 euros de los hombres. Esto significa que las trabajadoras percibieron, de media, el 83% de la remuneración masculina. Trabajo considera que facilitar el acceso a la información salarial puede mejorar la capacidad de negociación de las empleadas y contribuir a corregir estas desigualdades. La iniciativa responde a la obligación de incorporar al ordenamiento español la directiva europea sobre transparencia retributiva, cuyo plazo de transposición expiró el pasado 7 de junio. Aunque el Ministerio de Trabajo mantuvo conversaciones con los interlocutores sociales, no logró cerrar un acuerdo formal. No obstante, las organizaciones sindicales consideran que el planteamiento del departamento dirigido por Yolanda Díaz se aproxima a algunas de sus reivindicaciones. El Gobierno aprovechará también para aprobar una parte de la transposición pendiente de la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. La mayor parte de esta normativa se incorporó a la legislación española a principios de septiembre, mediante el correspondiente real decreto, que introdujo, entre otras medidas, mayores restricciones a los periodos de prueba superiores a seis meses.

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(El Economista, 17-11-2026) | Laboral

La Inspección de Trabajo podrá elevar las multas al acumular todas las infracciones de una misma investigación

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede contabilizar conjuntamente a los trabajadores afectados por distintas actas de infracción cuando estas procedan de una misma investigación sobre una empresa. Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia de unificación de doctrina de 6 de octubre de 2026, que avala la aplicación de incrementos porcentuales en las sanciones en función del número total de personas perjudicadas. El pronunciamiento confirma que no es necesario que todas las infracciones queden recogidas en una única acta administrativa para acumular el número de trabajadores afectados. Basta con que las distintas actuaciones sancionadoras formen parte de una misma investigación inspectora y respondan a una unidad material de actuación. La resolución, cuyo ponente es el magistrado Martínez Moya, examina el caso de una empresa a la que se levantaron dos actas de infracción tras las comprobaciones realizadas por la Inspección. En la primera se detectaron 28 trabajadores que prestaban servicios sin estar dados de alta en la Seguridad Social, mientras que en la segunda se identificó a tres perceptores de prestaciones por desempleo que realizaban actividades incompatibles con su situación. La Administración sumó los afectados de ambos expedientes, hasta alcanzar un total de 31 personas, y aplicó en la segunda sanción un incremento del 50%. La empresa impugnó esta decisión al considerar que cada acta debía valorarse de manera independiente, sin acumular los trabajadores identificados en procedimientos distintos. El Tribunal Supremo rechaza esta interpretación y señala que la normativa permite aplicar el incremento cuando las infracciones se detectan en el marco de una misma actuación inspectora. La Sala aclara, además, que no se contabiliza dos veces a una misma persona, sino que se agregan los distintos trabajadores afectados por irregularidades diferentes dentro de una misma investigación. El artículo 40.1.e) de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) establece una escala de incrementos de las sanciones vinculada al número de personas afectadas. Los porcentajes previstos son del 20% cuando hay dos trabajadores, del 30% para tres, del 40% para cuatro y del 50% cuando el número alcanza cinco o más personas. La sentencia considera que este criterio de acumulación es compatible con el principio de legalidad sancionadora, recogido en el artículo 25.1 de la Constitución, y con el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3. Según el tribunal, se trata de una circunstancia agravante expresamente contemplada y delimitada por la ley, por lo que su aplicación no vulnera las garantías del procedimiento sancionador. Asimismo, descarta que deban prevalecer argumentos como el principio in dubio pro reo o la interpretación restrictiva de las normas sancionadoras, al entender que la regla legal de graduación establece de forma suficientemente clara cómo debe calcularse el número de afectados en estos supuestos.

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(Cinco Días, 17-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE plantea una oleada de inspecciones a los bancos por la inteligencia artificial y el fraude

El Banco Central Europeo (BCE) intensificará la supervisión de los riesgos tecnológicos y de ciberseguridad de las entidades financieras ante el avance de la inteligencia artificial. El organismo prepara una nueva ronda de inspecciones a los principales bancos de la eurozona, entre ellos Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, para comprobar cómo están protegiendo los datos y los fondos de sus clientes frente a las nuevas amenazas asociadas a esta tecnología, según fuentes financieras. Una de las principales preocupaciones del supervisor es la aparición de Mythos, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, así como el incremento de los fraudes que utilizan herramientas de IA. El temor del BCE se centra especialmente en la capacidad de estos sistemas para identificar vulnerabilidades en los programas informáticos y explotarlas. Si estas herramientas caen en manos de ciberdelincuentes, podrían facilitar ataques informáticos a gran escala y comprometer tanto la información como los ahorros de los clientes bancarios. La preocupación por esta tecnología aumentó a comienzos de año, cuando el BCE conoció las capacidades de Mythos. Desde entonces, la institución presidida por Christine Lagarde ha mantenido reuniones con las principales entidades financieras europeas para evaluar su grado de preparación. Posteriormente, remitió comunicaciones a sus presidentes y consejeros delegados, conocidas en el sector como cartas Dear CEO, para reclamar medidas concretas de protección y planes de contingencia frente a los riesgos derivados de la inteligencia artificial. El plazo para presentar estas propuestas finalizó el pasado 31 de octubre. Estas comunicaciones constituyen uno de los instrumentos de supervisión más relevantes del BCE y ya se utilizaron, por ejemplo, durante la pandemia para recomendar a las entidades que suspendieran el reparto de dividendos. En esta ocasión, el organismo dispone de los planes presentados por los bancos y pretende comprobar ahora que los compromisos adquiridos se traducen en actuaciones efectivas. La revisión se integrará previsiblemente en el ejercicio supervisor del próximo año, conocido como SREP, en el que el BCE establece las prioridades y evalúa la situación de las entidades. Durante los próximos meses, el organismo analizará la documentación remitida por los bancos y realizará inspecciones presenciales para verificar sus sistemas de protección. Uno de los aspectos que centrará las comprobaciones será el volumen de recursos económicos destinados a ciberseguridad. El supervisor considera necesario que las entidades aumenten sus presupuestos para responder a la velocidad con la que evolucionan las amenazas tecnológicas. También examinará cómo se integra la inteligencia artificial en los modelos de gobierno corporativo y si los riesgos asociados a esta tecnología se abordan directamente en los consejos de administración. Además, el BCE quiere que los bancos mejoren los procedimientos para detectar vulnerabilidades en sus sistemas y corregirlas con mayor rapidez. También recomienda diversificar las herramientas de inteligencia artificial utilizadas para identificar fallos de seguridad, sin depender exclusivamente de modelos como Mythos. Si las inspecciones detectan deficiencias relevantes en estos ámbitos, el organismo podría elevar los requerimientos de capital de las entidades a partir de 2028. La ciberresiliencia lleva varios años ocupando un lugar prioritario en la agenda del supervisor europeo, especialmente por el aumento de los fraudes asociados a la digitalización de los servicios financieros. En 2024, esta materia ya tuvo un papel destacado en los test de estrés inversos del BCE, unos ejercicios que, a diferencia de las pruebas de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), no se centran en medir la capacidad de los bancos para soportar una crisis económica, sino en identificar qué escenarios podrían provocar un deterioro crítico de su capital y cómo responderían ante ellos. La expansión de la inteligencia artificial añade nuevas amenazas a este escenario. Además de facilitar la identificación de vulnerabilidades informáticas, estas herramientas permiten desarrollar técnicas de fraude más sofisticadas, como los deepfakes, capaces de suplantar la identidad de personas mediante imágenes, vídeos o voces generados artificialmente. El cambio en la estrategia supervisora ya fue anticipado por Pedro Machado, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, durante un encuentro celebrado recientemente en Madrid. El responsable defendió la necesidad de adaptar los modelos de gobernanza de las entidades financieras al desarrollo de la inteligencia artificial. Para ello, reclamó una mayor implicación de los órganos de dirección, que deberán conocer el impacto de estas herramientas, controlar sus riesgos y garantizar que la intervención humana siga desempeñando un papel adecuado en los procesos de toma de decisiones.

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(Cinco Días, 17-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid despunta como la ciudad europea más atractiva para invertir en hoteles

El récord de visitantes internacionales que España espera alcanzar este año y las elevadas rentabilidades que está generando el negocio hotelero han reforzado el interés de los inversores por el mercado nacional. Los ingresos por habitación disponible han pasado de 81,7 euros en 2019 a 125,4 euros durante el primer semestre de 2026, una evolución que ha impulsado el atractivo del sector. La última encuesta de Cushman & Wakefield, realizada entre 138 directivos europeos de compañías hoteleras para identificar los destinos más interesantes desde el punto de vista inversor, sitúa a Madrid en cabeza de las ciudades de la Unión Europea. La capital española obtiene 3,9 puntos sobre cinco, por delante de Roma y Milán, ambas con 3,6, y de Londres y Barcelona, que alcanzan los 3,5 puntos. La posición de Madrid también destaca en la clasificación específica de la península ibérica. En este caso, consigue una valoración de 4,7 puntos sobre cinco y el 78% de los encuestados manifiesta un elevado interés por invertir en la ciudad. Barcelona ocupa el segundo puesto, con 4,5 puntos, seguida de Lisboa, con 4,3, y Sevilla, con 3,9. Todos estos destinos urbanos se sitúan por delante de enclaves tradicionalmente asociados al turismo de sol y playa, como la Costa del Sol (3,8), Baleares (3,4), Algarve (3,1), Canarias y Costa Blanca (3). El auge de la inversión hotelera en Madrid, que se viene consolidando desde hace seis años, se ha extendido a todas las categorías de alojamiento, desde los establecimientos de lujo hasta los de bajo coste. En el segmento de alta gama, el movimiento comenzó incluso antes de la pandemia, con las costosas renovaciones de los hoteles Ritz, propiedad de Mandarin Oriental, y Palace, perteneciente a Archer. La reforma del Ritz se desarrolló entre 2018 y 2021 y supuso una inversión de 99 millones de euros, mientras que la renovación del Palace se prolongó durante 20 meses y requirió un desembolso de 90 millones. En plena pandemia abrió sus puertas el Four Seasons y, en 2021, culminó la transformación del Villa Magna, que pasó a operar bajo la marca Rosewood. El establecimiento había sido adquirido en 2018 por el grupo turco Dogus por 210 millones de euros, una cifra récord en aquel momento. La llegada de grandes cadenas internacionales continuó en los años siguientes. Marriott desembarcó en 2022 con el hotel Edition y, un año después, anunció la apertura de su primer establecimiento JW en España, situado frente al Four Seasons. Posteriormente, la expansión se trasladó a la Gran Vía, donde comenzaron a instalarse enseñas como CR7, Brach y Curio Collection, esta última con un hotel inaugurado por Hilton en 2024. Entre 2014 y 2024 se abrieron 26 nuevos establecimientos en la Gran Vía y sus alrededores, que incorporaron más de 3.500 habitaciones a la oferta hotelera de la capital. La incorporación más reciente ha sido Nobu, que abrió sus puertas el pasado 1 de septiembre. El interés inversor también ha crecido con fuerza en el segmento de los hoteles económicos. Accor, el mayor grupo hotelero europeo por volumen, dispone de 25 establecimientos en Madrid. De ellos, diez operan bajo la marca Ibis Budget, nueve con la enseña Ibis y cuatro como Ibis Styles, todas ellas pertenecientes a su cartera de marcas de precios más asequibles. Otra cadena con una presencia destacada es B&B Hotels, propiedad íntegra de Goldman Sachs, que suma actualmente 72 hoteles operativos en España. Dieciocho de ellos, una cuarta parte del total, se encuentran en Madrid. También tiene presencia en este mercado Travelodge, considerada la segunda mayor cadena hotelera del Reino Unido, que cuenta con doce establecimientos en España: cuatro en Madrid, otros cuatro en Barcelona y uno en Málaga, Valencia, Alicante y Murcia. La compañía prevé ampliar su implantación en la capital con una nueva apertura en 2027.

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(El Economista, 17-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El "alquiler exprés" se dispara: uno de cada seis pisos vuela del mercado en menos de 24 horas

El 16% de las viviendas alquiladas a través de idealista durante el tercer trimestre de 2026 permaneció menos de 24 horas anunciada en el mercado, según un estudio publicado por el portal inmobiliario. Este fenómeno, conocido como alquiler exprés, refleja la elevada presión de la demanda sobre la oferta disponible. Ceuta encabezó la clasificación de capitales, con la mitad de los inmuebles alquilados en menos de un día, seguida de San Sebastián (37%) y Huesca (36%). En los casos de Ceuta y Huesca, los porcentajes están condicionados por el reducido tamaño de sus mercados, donde un número limitado de operaciones puede alterar considerablemente los resultados. Tras estas ciudades aparecen Barcelona, con un 35%; Lleida, con un 32%; Vitoria, con un 30%, y Girona, con un 28%. La clasificación continúa con Pamplona (25%), Zaragoza (23%), Logroño, Toledo y Huelva (22%), Guadalajara, Palencia y Tarragona (21%) y A Coruña (20%). Entre las principales ciudades españolas, Bilbao registra la mayor proporción de alquileres formalizados en menos de 24 horas, con un 16%. A continuación figuran Palma (15%), Málaga (14%), Valencia (13%), Madrid (10%) y Sevilla y Alicante, ambas con un 9%. En el extremo opuesto, Teruel fue la única capital de provincia en la que no se registraron operaciones de alquiler exprés durante el tercer trimestre. También presentaron porcentajes reducidos Segovia (4%), Ávila y Cuenca (5%). Por provincias, Guipúzcoa lideró el ranking, con un 44% de las viviendas alquiladas en menos de 24 horas, seguida de Barcelona (35%), Navarra y Girona (28%), y Álava, Lleida y Tarragona (26%). También superaron el umbral del 20% Vizcaya (23%), Zaragoza (22%) y Guadalajara (21%). Baleares y La Rioja alcanzaron el 20%. Por el contrario, Segovia registró la menor incidencia de este fenómeno, con un 3%, seguida de Teruel (6%), Ávila (7%) y Cáceres y Salamanca, ambas con un 8%.

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