El Tribunal Supremo ha determinado que las indemnizaciones que las empresas abonan a sus trabajadores por salarios no percibidos deben tributar en el IRPF. En una sentencia fechada el 10 de marzo, el alto tribunal recuerda que la Ley del IRPF contempla en su artículo 7 la exención fiscal únicamente para las indemnizaciones derivadas de responsabilidad civil por daños personales, siempre en la cuantía fijada judicialmente. Sin embargo, aclara que este beneficio no se aplica a compensaciones por perjuicios económicos, sino exclusivamente a aquellas vinculadas a daños de carácter personal.
El fallo resuelve un caso entre un trabajador y la Agencia Tributaria. El empleado había recibido una indemnización tras no ser reincorporado a su puesto después de una excedencia. El juzgado consideró que dicha compensación tenía como finalidad resarcir el lucro cesante ocasionado por la negativa de la empresa a readmitirlo, calculando la cuantía en función de los salarios que dejó de cobrar desde la fecha en que debía haberse reincorporado hasta que finalmente lo hizo.
Hacienda exigió que esa cantidad tributara en el IRPF al no tratarse ni de una indemnización por daños personales ni de un despido. El Tribunal Supremo respalda este criterio y concluye que se trata de una compensación vinculada a la relación laboral. En concreto, subraya que es una indemnización por daño patrimonial, es decir, por una pérdida económica, y no por un daño personal.
La sentencia, cuya ponente es la magistrada María de la Esperanza Córdoba Castroverde, insiste en que la exención fiscal está limitada a daños físicos, psíquicos o morales, quedando fuera el lucro cesante -como los salarios no percibidos-, que no se considera dentro de los supuestos exentos.
Cada vez más familias deciden sustituir la herencia por una donación en vida con el objetivo de reducir el coste fiscal del impuesto de sucesiones. Esta opción es legal y está contemplada en la normativa, pero no implica eliminar los impuestos, sino adelantarlos y modificar su forma de aplicación
En España, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones grava tanto los bienes que se reciben tras un fallecimiento como los que se transmiten en vida, y la diferencia principal está en el momento en que se realiza la transmisión. Si unos padres ponen una vivienda a nombre de su hijo antes de fallecer, deja de considerarse una herencia y pasa a tributar como donación
La fórmula más frecuente consiste en ceder la nuda propiedad de la vivienda a los hijos mientras los padres mantienen el usufructo vitalicio, lo que les permite seguir residiendo en ella aunque ya no sean propietarios plenos. Cuando los padres fallecen, el usufructo desaparece y el hijo adquiere la propiedad completa. En ese momento no hay transmisión hereditaria sobre ese inmueble, por lo que no se aplica el impuesto de sucesiones en ese caso concreto
De ahí surge la idea de que este impuesto puede evitarse, aunque en realidad hay matices importantes. La operación no está exenta de costes, sino que cambia la forma de tributar. Por un lado, el hijo debe pagar el impuesto de donaciones al recibir la vivienda en vida. Por otro, los padres pueden tener que declarar en el IRPF la ganancia patrimonial generada. Además, también puede aplicarse la plusvalía municipal. Esto significa que la carga fiscal no desaparece, sino que se traslada al momento en que se realiza la donación.
El impacto final depende en gran medida de la comunidad autónoma, ya que este impuesto está cedido y existen diferencias relevantes entre territorios. En algunas regiones, las bonificaciones para donaciones entre padres e hijos son muy altas, lo que puede suponer un ahorro considerable. En otras, en cambio, la tributación sigue siendo elevada. También influyen otros elementos como el valor actual de la vivienda, su antigüedad o la situación económica y patrimonial de la familia
Más allá de los impuestos, esta decisión tiene consecuencias legales y económicas, ya que puede afectar al reparto entre herederos, generar conflictos o incluso implicar un mayor coste fiscal si no se planifica bien. En definitiva, no existe una solución única para pagar menos impuestos al transmitir una vivienda. Lo que sí es posible es cambiar el momento de la transmisión y su tratamiento fiscal, y el resultado final dependerá de cada caso concreto y del territorio en el que se aplique.
La reivindicación histórica del sector aéreo para que los tripulantes de cabina de pasajeros puedan acceder a la jubilación anticipada ha ganado impulso recientemente. Esta demanda, impulsada por los sindicatos debido a la dureza de la profesión -muy feminizada- y que hasta ahora no contaba con el respaldo de la patronal CEOE, se ve ahora reforzada por una sentencia del Tribunal Supremo del 18 de febrero. A ello se suman una resolución favorable de un juzgado madrileño y una proposición no de ley presentada por el grupo Sumar para equiparar sus condiciones a las de los pilotos. Los sindicatos consideran que se trata de una cuestión de desigualdad de género.
Tras una denuncia presentada por CGT contra el Real Decreto 402/2025, que regula la posibilidad de adelantar la jubilación mediante coeficientes reductores, el Supremo ha señalado que la norma permite que las solicitudes sean presentadas de forma independiente por sindicatos o asociaciones empresariales. Aunque el fallo no va más allá, abre la puerta a que el colectivo avance en su reconocimiento sin necesidad de contar con el respaldo de la patronal.
Hasta ahora, organizaciones sindicales como UGT, USO, Stavla y Sitcpla no han logrado el apoyo de la Asociación de Líneas Aéreas ni de la CEOE. Por este motivo, Sitcpla ha presentado alegaciones para evitar que se paralice el expediente iniciado en julio de 2025 ante el Ministerio de Trabajo. El departamento que dirige Yolanda Díaz es consciente de la falta de acuerdo entre trabajadores y empresas, y deberá decidir si continúa con la tramitación pese a que el decreto prioriza el consenso entre ambas partes. Desde ALA, que agrupa a la mayoría de aerolíneas en España, se limitan a señalar que no tienen una postura definida, lo que refleja la falta de unanimidad entre las compañías.
En este contexto, UGT ha propuesto modificar el Real Decreto 1995/1986 para incluir expresamente a los tripulantes de cabina dentro de los trabajos aéreos, lo que permitiría reconocer su derecho sin necesidad de procedimientos específicos. El sindicato confía en que tanto la CEOE como Comisiones Obreras se sumen a esta iniciativa, apoyándose en distintas resoluciones judiciales que avalan que estos profesionales deberían tener los mismos derechos que otros colectivos de vuelo. Insisten en que lo contrario supondría una discriminación evidente, especialmente teniendo en cuenta el alto porcentaje de mujeres en el sector.
Las organizaciones empresariales deberán posicionarse nuevamente, aunque su principal reticencia está en el aumento de costes derivados de las cotizaciones. Algunas fuentes apuntan a que Iberia estaría ahora más dispuesta a respaldar esta medida, considerándola positiva para mejorar las condiciones del colectivo.
Los tripulantes de cabina, que en España superan los 8.000 profesionales y en su mayoría son mujeres, cuentan con informes que alertan sobre los efectos de su trabajo en la salud, como la exposición a radiación, la presión de cabina o la alteración constante de los horarios, factores vinculados al envejecimiento y a determinados riesgos de enfermedad. Algunos de estos estudios han sido trasladados a las instituciones europeas por el sindicato Sitcpla.
En 2023, este sindicato denunció a España ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo por discriminación, lo que dio lugar a un proceso de diálogo para abordar el problema. Desde Sitcpla defienden que, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con la patronal, la Administración no debería bloquear su solicitud. La propuesta presentada por Sumar también pone el foco en la desigualdad de género, al señalar que muchas profesiones con acceso a jubilación anticipada -como mineros, maquinistas, bomberos o policías- están mayoritariamente ocupadas por hombres.
Aunque la legislación considera a los tripulantes de cabina como personal de vuelo, estos profesionales denuncian que, pese a estar expuestos a riesgos similares a los de los pilotos, no cuentan con las mismas condiciones de jubilación anticipada. En cambio, otros perfiles del sector sí disfrutan de este derecho. Tras años de reivindicaciones y con el respaldo creciente de decisiones judiciales y propuestas políticas, el colectivo ve ahora más cerca la posibilidad de lograr una solución a una demanda que lleva décadas sin resolverse.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuesta por una implantación "equilibrada" del nuevo sistema de registro horario digital. En una entrevista en la Cadena SER, explicó que esto implicaría conceder más tiempo a las pequeñas y medianas empresas para adaptarse. En concreto, planteó ampliar el plazo hasta un año desde la aprobación del real decreto, en lugar de los 20 días que contempla actualmente el texto. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo considera excesivo ese margen y propone limitarlo a seis meses.
Según detalló Cuerpo, la norma elaborada por Trabajo establece su entrada en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, sin diferenciar plazos según el tamaño de las empresas o el sector. Aunque ese periodo no figura expresamente en el texto, desde el departamento que dirige Yolanda Díaz han defendido dar a las pymes un plazo de adaptación de medio año, postura que mantienen tras las declaraciones del ministro.
La vicepresidenta segunda ha mostrado su malestar con Economía a raíz del dictamen crítico del Consejo de Estado, que incluye observaciones negativas de varios organismos, entre ellos Función Pública y Protección de Datos. No obstante, Trabajo centra sus críticas en los informes del Ministerio de Economía, donde se aboga por un periodo transitorio más amplio y por medidas que reduzcan el impacto en las pymes. Además, se advierte de que una aplicación uniforme podría no ajustarse a las particularidades de algunos sectores.
Cuerpo ha defendido que el refuerzo del control horario -que obligará a que sea digital y accesible para la Inspección de Trabajo- es una medida necesaria para avanzar en la reducción de la jornada laboral, un compromiso del Gobierno. No obstante, ha subrayado que el desacuerdo no está en el objetivo, sino en la forma de aplicarlo, insistiendo en la importancia de adaptar la medida a la realidad empresarial para facilitar su cumplimiento.
Por su parte, Díaz ha acusado a Economía de alinearse con la patronal tras el dictamen desfavorable, y ha reafirmado su intención de sacar adelante la reforma. Ha asegurado que el registro horario se implantará, introduciendo únicamente ajustes técnicos, pero sin modificar el fondo de la norma. Además, ha defendido la medida como una herramienta para combatir el impago de horas extra y garantizar los derechos laborales.
Los sindicatos respaldan el refuerzo del registro y han manifestado su preocupación por el dictamen del Consejo de Estado, mientras que las organizaciones empresariales lo han valorado positivamente, ya que podría facilitar la presentación de recursos judiciales contra la medida.
El Tribunal General de la Unión Europea ha descartado que la Comisión Europea deba compensar económicamente a los interinos españoles por no haber obligado a España a cumplir la Directiva comunitaria destinada a evitar y sancionar el abuso de la contratación temporal.
En dos resoluciones dictadas el 19 de marzo, el tribunal europeo analizó las reclamaciones de dos trabajadores interinos que solicitaban indemnizaciones de 50.229 y 160.900 euros, respectivamente. Ambos alegaban que, durante los 27 años de vigencia de la Directiva, la Comisión no actuó para exigir a España su cumplimiento.
Los demandantes sostenían que la Comisión había incumplido el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prevé que, si detecta que un Estado no respeta el derecho comunitario, debe instarle a corregir la situación e incluso llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si persiste el incumplimiento.
Asimismo, denunciaban la inacción de las instituciones europeas pese al uso prolongado de contratos temporales en el sector público español, lo que, a su juicio, mantenía a los interinos en una situación de precariedad e inseguridad. Sin embargo, el Tribunal General concluye que la Comisión no está obligada a iniciar procedimientos de infracción ni a adoptar medidas concretas, ya que dispone de margen de discrecionalidad para decidir cuándo actuar.
Además, recuerda que para que exista responsabilidad por parte de la Unión Europea deben concurrir tres condiciones: una actuación ilegal, un daño efectivo y una relación directa entre ambos. En este caso, considera que no se cumple el primero de estos requisitos, ya que la Comisión no tiene la obligación de intervenir. Añade, en todo caso, que la responsabilidad del incumplimiento recae en España.
Por ello, el tribunal desestima las reclamaciones y obliga a los demandantes a asumir sus propios costes judiciales. Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dictó en febrero y junio de 2024 que la Administración española debería convertir en fijos a los interinos que hubieran encadenado contratos temporales de forma abusiva, siempre que no existan medidas efectivas para prevenir estos abusos ni compensaciones adecuadas.
Posteriormente, en mayo de ese mismo año, el Tribunal Supremo planteó una nueva cuestión al TJUE, señalando que la Constitución española exige respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder al empleo público, lo que dificultaría esa conversión automática en fijos.
Se espera que el TJUE se pronuncie el próximo 14 de abril para aclarar si la normativa española y su interpretación son compatibles con el derecho europeo y si, ante la falta de medidas eficaces, procede convertir en fijos a estos trabajadores. Esta decisión será clave para el futuro de miles de interinos en España, donde aproximadamente un tercio de los 3,6 millones de empleados públicos tienen contratos temporales.
A día de hoy todavía existen colectivos que trabajaron más tiempo del que figura en sus cotizaciones, como ocurre con los deportistas profesionales, muchos de los cuales no se incorporaron de forma plena al Régimen de la Seguridad Social hasta el año 2003.
Con el objetivo de reconocer su trayectoria y las importantes satisfacciones que han aportado a la sociedad, la Seguridad Social ha anunciado su intención de tener en cuenta los periodos de actividad de estos deportistas entre 1980 y 2003 a efectos de la jubilación.
La medida se dio a conocer tras una reunión en la que participaron el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez, así como representantes de Comisiones Obreras y UGT. También asistieron figuras del deporte como la exgimnasta Almudena Cid, la exesquiadora Lola Fernández Ochoa y los exbaloncestistas Fernando Romay, José Luis Llorente y José Antonio Montero, entre otros.
Según explica la Seguridad Social, esta iniciativa beneficiará a quienes desarrollaron una actividad deportiva profesional bajo la relación laboral específica de deportistas, siempre que lo hicieran entre el 15 de marzo de 1980 y su integración en el Régimen General tras la aprobación del Real Decreto 287/2003.
El reconocimiento de estos periodos permitirá que se tengan en cuenta como cotizados, lo que influirá tanto en el acceso a la pensión de jubilación como en el incremento de su cuantía. Es decir, servirá para completar los años necesarios para jubilarse y, además, para mejorar la prestación económica.
Para acogerse a esta medida, los interesados deberán acreditar su actividad mediante certificados del club o entidad deportiva en la que trabajaron, o en su defecto, de la federación correspondiente. El coste económico derivado de esta iniciativa será asumido por el Consejo Superior de Deportes.
El propósito es garantizar a estos profesionales la protección que corresponde a cualquier trabajador por su actividad laboral. Por ahora, el proyecto de Real Decreto que permitirá aplicar esta medida se encuentra pendiente de iniciar el trámite de audiencia pública.
En los últimos días ha cobrado protagonismo una línea de ayudas destinada a autónomos que contraten a su primer trabajador, aunque no está disponible para todo el mundo ni en cualquier situación, ya que su acceso depende de condiciones específicas y de convocatorias concretas que activa cada comunidad autónoma.
En el caso de Andalucía, estos incentivos forman parte de programas de impulso al empleo promovidos por la Junta, que contemplan subvenciones para la contratación indefinida, especialmente en pequeñas empresas y entre trabajadores por cuenta propia. Las cantidades pueden ser elevadas, incluso alcanzar o superar los 18.000 euros, pero varían según las características del contrato y del trabajador contratado.
No se trata de un pago generalizado, sino de un sistema pensado para favorecer el empleo estable. Por ello, se priorizan los contratos indefinidos y se presta especial atención a colectivos con más dificultades para acceder al mercado laboral.
De forma general, estas ayudas incluyen mayores cuantías cuando se contrata a jóvenes, personas mayores de 45 años o desempleados de larga duración, exigen mantener el empleo durante un periodo mínimo, suelen requerir una jornada de al menos el 50 por ciento y obligan a cumplir con todas las obligaciones fiscales y laborales. Además, no existe una única ayuda, sino varias líneas dentro del mismo programa, lo que explica que las cuantías puedan variar.
Uno de los errores más comunes es pensar que cualquier autónomo puede acceder automáticamente a estas ayudas. En realidad, es necesario presentar la solicitud dentro de una convocatoria abierta, cumplir todos los requisitos administrativos y que exista presupuesto disponible. Por tanto, no es una ayuda garantizada, sino una subvención sujeta a un proceso y a control por parte de la administración
Este programa se complementa con otras medidas vigentes en Andalucía, como ayudas para nuevos autónomos con importes iniciales, bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social conocidas como cuota cero y subvenciones adicionales para fomentar la contratación estable en pequeñas y medianas empresas.
Todo ello forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el tejido empresarial y promover el empleo de calidad en la comunidad. En definitiva, estas ayudas existen y ya se están aplicando, pero no son universales ni automáticas, sino instrumentos diseñados para incentivar la contratación estable bajo condiciones concretas
La conocida aplicación de envío de dinero apuesta por ofrecer pagos rápidos, sencillos y sin fricciones, incluso sin conexión a Internet, además de comisiones más bajas que las de Visa y Mastercard. Bizum, la herramienta impulsada por la banca española, está a punto de dar un paso importante en su evolución. A partir de mayo, sus 30 millones de usuarios podrán pagar sus compras en cualquier tienda o gran superficie directamente desde el móvil, según fuentes del sector financiero. Este tipo de pagos comerciales es donde realmente se concentra el mayor volumen de transacciones, más allá de los envíos entre particulares.
La experiencia será muy similar a la de Apple Pay o Google Pay, manteniendo altos estándares de seguridad. Los pagos se realizarán de forma contactless mediante tecnología NFC, acercando el móvil al terminal de pago, sin necesidad de introducir PIN. Para utilizarlo, bastará con descargar la app de Bizum, aunque algunos bancos también estudian integrar esta función en sus propias aplicaciones. Estará disponible tanto en dispositivos iOS como Android.
Una de las diferencias clave frente a Visa y Mastercard es que los comercios recibirán el dinero de forma inmediata, ya que se trata de transferencias directas entre cuentas. En cambio, con las tarjetas tradicionales suele haber un retraso en la liquidación, dependiendo del contrato.
A diferencia de los envíos entre particulares, que son gratuitos, Bizum sí cobrará a los comercios por este servicio. Aun así, fuentes cercanas indican que las tarifas serán más bajas que las de las grandes redes de tarjetas, lo que podría obligar a estas a reducir sus comisiones, al menos para grandes clientes, con el fin de mantenerlos.
Cada entidad bancaria definirá su estrategia comercial tras Semana Santa. En general, las grandes cadenas como Mercadona o El Corte Inglés podrán negociar mejores condiciones, como ya ocurre con Visa y Mastercard.
Según el Banco de España, los pequeños comercios llegan a pagar entre tres y cuatro veces más que las grandes empresas por aceptar pagos con tarjeta, alcanzando en algunos casos hasta el 1% del importe de la compra. Si Bizum convence a los comercios tanto por su funcionamiento como por sus costes, el uso de tarjetas de crédito y débito podría reducirse notablemente. Aun así, es poco probable que desaparezcan por completo, especialmente en zonas turísticas donde los visitantes suelen pagar con tarjeta.
El nuevo sistema, denominado Bizum Pay, funcionará como una cartera digital donde también se podrán añadir entradas u otras tarjetas, como las de fidelización. Otra ventaja destacada es que Bizum puede procesar pagos incluso sin conexión a Internet, algo que no ofrecen las redes tradicionales. En el ámbito del comercio electrónico, Bizum ya tiene presencia desde hace tiempo y ha ido ampliando acuerdos con grandes empresas. Por ejemplo, permite pagar billetes en la web de Renfe, donde aparece como alternativa a la tarjeta, puntos o PayPal.
Además, cuenta con acuerdos con compañías como Air Europa, El Corte Inglés, Aliexpress o MediaMarkt, y también está disponible como método de pago en Amazon, algo poco habitual para empresas no estadounidenses. El año pasado, Bizum gestionó 105 millones de operaciones en comercio electrónico, lo que equivale a una media diaria de 289.000 transacciones.
La intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán supera ya el mes de duración y no muestra señales claras de terminar pronto. Esto ocurre pese a las declaraciones de Donald Trump, a menudo ambiguas y contradictorias, que aseguran que el conflicto está prácticamente resuelto, mientras deja entrever la posibilidad de ocupar militarmente la isla de Jarg, epicentro de la industria petrolera iraní, lo que podría intensificar y prolongar aún más la guerra.
Lo evidente es que el conflicto ha desestabilizado profundamente Oriente Próximo, se intensifica con el paso de los días y ya está generando consecuencias muy graves. El bloqueo del estrecho de Ormuz está afectando de forma directa al suministro global de petróleo y gas, elevando notablemente sus precios (un 44% en el caso del crudo y un 85% en el gas en apenas un mes). Además, esta situación está desencadenando un efecto en cadena en la industria.
El fuerte encarecimiento de la energía ha provocado, a su vez, una subida acelerada de materias primas clave para la producción industrial, como plásticos, azufre o aluminio. También está impactando en los fertilizantes, fundamentales para la agricultura. Organismos internacionales como el FMI, la ONU o Coface alertan de esta situación. Esta última entidad señala que el riesgo en el crédito comercial ha aumentado considerablemente debido al impacto del conflicto en toda la cadena productiva. El incremento del precio del petróleo y el gas repercute en múltiples sectores, generando un "efecto contagio" en industrias como la minería, la aviación o la manufactura, siendo especialmente afectados los productos petroquímicos y el aluminio.
Por ejemplo, la nafta -derivada del petróleo y utilizada en la fabricación de plásticos y disolventes- ha superado los 1.000 dólares por tonelada en Singapur, lo que supone un aumento de más del 60% desde el inicio de la ofensiva. El azufre, esencial para procesos como la extracción de cobre y níquel (clave en baterías), también ha subido un 25% en un mes, poniendo en riesgo a grandes productores como Chile, la República Democrática del Congo o Indonesia.
El aluminio, que ya venía encareciéndose en el último año, ha acelerado aún más su subida. A todo ello se suma un problema especialmente preocupante: el aumento del precio de los fertilizantes, con consecuencias directas sobre la alimentación global. El cierre del estrecho de Ormuz, por donde transitaba un tercio de los fertilizantes transportados por mar, coincide además con la temporada de siembra en el hemisferio norte. Esto amenaza la producción agrícola, reduce los rendimientos y presiona al alza los precios de los alimentos, según advierte el FMI, que también destaca las interrupciones en las cadenas de suministro de insumos clave.
Aunque el impacto es global, no afectará a todas las regiones por igual. El FMI señala que Oriente Próximo, África, Asia-Pacífico y América Latina serán las zonas más vulnerables al encarecimiento de alimentos y fertilizantes, así como a condiciones financieras más estrictas. Los países más pobres, en particular, podrían enfrentar graves problemas de seguridad alimentaria y necesitar ayuda internacional. Este análisis coincide con el de la UNCTAD, que advierte de que el aumento de los costes energéticos, de fertilizantes y del transporte pone en riesgo tanto la producción como el suministro de alimentos, además de elevar sus precios.
A la interrupción del comercio global provocada por el bloqueo de Ormuz se suma que una parte importante de los fertilizantes se produce en el Golfo, región directamente afectada por la guerra. Según Coface, esta zona concentra cerca del 19% de las exportaciones mundiales de fertilizantes nitrogenados y el 36% de la producción de urea.
No obstante, el factor más determinante es el encarecimiento del gas natural, que representa hasta el 80% del coste de producción de estos fertilizantes. Por ahora, el impacto se ha centrado en productores de cereales en Estados Unidos, pero si la situación se prolonga, países como Brasil, India o incluso Europa podrían verse más afectados. De momento, las buenas cosechas y las reservas de grano están amortiguando el impacto en los precios de los alimentos, pero todo dependerá de cuánto se alargue el conflicto.
El primer obstáculo para avanzar en la regulación del euro digital ha quedado superado. Este desbloqueo ha sido posible gracias al cambio de postura del eurodiputado español Fernando Navarrete, responsable de coordinar la propuesta legislativa en el Parlamento Europeo. Inicialmente, el representante del Partido Popular Europeo condicionaba el desarrollo del proyecto del Banco Central Europeo (BCE) a que existiera antes una alternativa privada a nivel europeo, similar a un "Bizum" continental. Sin embargo, tras varias reuniones a puerta cerrada con el BCE, la Comisión Europea y otros eurodiputados, terminó cediendo. El último borrador del texto ya contempla el desarrollo completo del euro digital, tanto en su versión online como offline.
Este acuerdo llega tras meses de negociaciones intensas. En un primer momento, Navarrete defendía una versión limitada del euro digital, en la que los pagos online -instantáneos en comercios, por internet o entre particulares- solo se desarrollarían si fallaban las soluciones privadas. En cambio, sí respaldaba la modalidad offline, pensada como alternativa al efectivo en situaciones sin conexión.
No obstante, técnicos del BCE le trasladaron recientemente que una versión exclusivamente offline -y además con algunas características que él proponía, como pagos a distancia- no era viable ni desde el punto de vista técnico ni económico. Además, en reuniones con otros ponentes del Parlamento, Navarrete perdió apoyos suficientes para mantener su planteamiento inicial, lo que le llevó a modificar su propuesta y permitir que el proyecto avance con todas sus funcionalidades.
Desde el inicio del debate, el eurodiputado se había mostrado crítico con el euro digital, defendiendo que debería ser una solución de respaldo y no prioritaria frente a alternativas privadas europeas. Su principal preocupación radica en el posible impacto sobre la estabilidad financiera, ya que teme que, en momentos de crisis, los ciudadanos retiren sus depósitos bancarios para convertirlos en euros digitales.
Esta visión coincide con la del sector bancario, que ha mostrado reticencias hacia el proyecto. Las entidades financieras temen que el euro digital reduzca su rentabilidad y provoque salidas de depósitos. Como respuesta, la gran banca europea ha impulsado el desarrollo de una plataforma de pagos paneuropea, similar a Bizum, que conecte las distintas soluciones nacionales y compita con gigantes estadounidenses como Visa y Mastercard. El objetivo es lanzar transferencias internacionales entre particulares este mismo año y habilitar pagos en comercios en 2027.
Precisamente ese año está previsto que el BCE inicie la fase piloto del euro digital, con la intención de ponerlo en circulación en 2029. Para cumplir este calendario, es clave que la legislación se apruebe durante este año, con la vista puesta en una votación en mayo, aunque algunas fuentes consideran que estos plazos podrían retrasarse.
Pese al avance que supone el cambio de postura de Navarrete, aún quedan aspectos clave por resolver. Entre ellos, el límite de euros digitales que podrá acumular cada ciudadano y el sistema de compensación para los bancos, que serán los encargados de distribuir y gestionar su uso. Este último punto es especialmente delicado debido a las diferencias entre los grupos políticos.
Desde el BCE, se insiste en la urgencia de avanzar en la regulación. Así lo destacó Piero Cipollone, miembro de su Comité Ejecutivo, quien subrayó la necesidad de contar con un marco legal cuanto antes. El contexto geopolítico y la dependencia de proveedores de pago estadounidenses han reforzado la voluntad europea de ganar autonomía en este ámbito. Mientras tanto, el desarrollo técnico del proyecto continúa, y el BCE prevé presentar antes del verano los estándares que regirán el euro digital, lo que también facilitará el desarrollo de soluciones privadas compatibles.
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