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(El Economista, 30-01-2026) | Fiscal

Hacienda incrementa las inspecciones sobre las estructuras que inflan créditos fiscales para sus socios

La Agencia Tributaria ha intensificado su vigilancia sobre el uso de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) cuando se emplean para generar créditos fiscales artificiales o sobredimensionados con el objetivo de reducir la carga tributaria de sus socios. Las AIE son estructuras legales habitualmente utilizadas para financiar proyectos de I+D+i o producciones audiovisuales, como películas o series. En estos casos, una empresa que necesita financiación recurre a un inversor privado, que aporta capital a través de una AIE creada específicamente para el proyecto. Desde el punto de vista fiscal, estas agrupaciones no tributan como entidad propia, sino que los beneficios, pérdidas y deducciones se trasladan directamente a sus socios. Así, si un inversor aporta, por ejemplo, 10 millones de euros y el proyecto genera pérdidas, estas se convierten en créditos fiscales que el socio puede utilizar para reducir su factura tributaria. A ello se suman las deducciones vinculadas a actividades de I+D+i, lo que puede hacer rentable la operación incluso aunque el proyecto no obtenga beneficios económicos directos. Según explica Javier Lucas, socio responsable del área fiscal de Ceca Magán, este tipo de estructuras cuentan con respaldo legal y han sido avaladas en numerosas ocasiones por la Dirección General de Tributos, ya que su finalidad es fomentar la inversión privada en determinados sectores mediante incentivos fiscales. No obstante, el experto advierte de que en algunos casos se han detectado prácticas abusivas, lo que ha llevado a la Inspección a intensificar los controles. "Se están revisando tanto estructuras claramente irregulares como otras que, en principio, parecen ajustadas a la norma", señala. En concreto, Hacienda analiza si la actividad declarada es realmente un proyecto de I+D y, en segundo lugar, si los costes declarados se corresponden con la realidad. El foco está en detectar posibles inflados artificiales del presupuesto con el objetivo de generar mayores deducciones fiscales. Por ejemplo, si un proyecto requiere 10 millones de euros pero se factura por 18 millones, el crédito fiscal generado sería muy superior al que correspondería en condiciones normales. "La Agencia Tributaria comprueba si la facturación es real o si existe simulación. Primero revisa la AIE y a la empresa ejecutora del proyecto, aunque a estas normalmente solo se les impone una sanción. Después, una vez determinado el crédito fiscal correcto, regulariza la situación del socio inversor", explica Lucas. La propia Agencia Tributaria reconoce que ha reforzado el control sobre estas estructuras en los últimos años. De hecho, el Plan Anual de Control Tributario de 2025 ya advertía de una supervisión específica sobre el uso de las AIE como instrumentos para canalizar deducciones fiscales. Según el organismo, ante la proliferación de este tipo de vehículos resulta imprescindible verificar que se cumplen todos los requisitos legales para aplicar los beneficios fiscales. En especial, se vigilan aquellos casos en los que se detectan prácticas abusivas, simulaciones o incrementos artificiales de los créditos fiscales que desvirtúan el objetivo para el que fueron creados estos incentivos.

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(El Economista, 30-01-2026) | Fiscal

Sumar propone prohibir el pago en efectivo del alquiler para evitar el fraude fiscal de los caseros

Sumar ha planteado la prohibición del pago en efectivo del alquiler de viviendas como medida para combatir el fraude fiscal cometido por algunos propietarios, proponiendo que únicamente se permitan transferencias bancarias u otros sistemas de pago electrónicos que puedan ser rastreados. Según informa Europa Press, el diputado de Compromís y portavoz de Sumar en la Comisión de Vivienda del Congreso, Alberto Ibáñez, ha presentado una proposición de ley que recoge un conjunto de iniciativas orientadas a frenar el fraude en las rentas inmobiliarias y a avanzar hacia un modelo de vivienda más accesible. La iniciativa persigue reducir el volumen de ingresos no declarados procedentes del alquiler y proteger a los inquilinos frente a posibles abusos. Para ello, la propuesta contempla que las entidades financieras comuniquen de forma automática a la Agencia Tributaria los datos relativos a los pagos realizados mediante medios electrónicos. Entre las medidas incluidas figura también la creación de una retención del 1% sobre el importe del alquiler, que sería asumida por el propietario y abonada mensualmente a Hacienda. Según Sumar, este mecanismo permitiría además disponer de un indicador fiable para seguir la evolución de los precios del alquiler. De forma paralela, el grupo parlamentario ha solicitado la puesta en marcha de un plan específico contra la evasión y el fraude fiscal en el ámbito inmobiliario, que, según sus estimaciones, podría aflorar hasta 12.500 millones de euros al año. Dado el refuerzo de medios que requeriría esta estrategia, Sumar propone aumentar de manera sostenida los recursos humanos y materiales de la Agencia Tributaria, con especial atención a la creación de unidades especializadas en la detección, prevención y sanción de prácticas irregulares relacionadas con el mercado de la vivienda, como alquileres no declarados, plusvalías ocultas u otros fraudes fiscales.

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(Expansión, 30-01-2026) | Laboral

Un trabajador puede modificar el permiso por nacimiento de un hijo aunque ya haya comenzado

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha rechazado el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra una sentencia que reconocía el derecho de un trabajador a modificar las condiciones de su permiso por nacimiento y cuidado del menor una vez iniciado el periodo de disfrute. La resolución confirma que los empleados pueden alterar la forma en que disfrutan este permiso, incluso después de haber comenzado a utilizarlo, siempre que exista acuerdo con la empresa. De este modo, el TSJ avala el fallo previo que dio la razón al trabajador frente a la negativa del INSS. El caso se remonta a un empleado que solicitó inicialmente el permiso a jornada completa entre agosto y diciembre de 2023. Sin embargo, en octubre comunicó su intención de reincorporarse parcialmente y pidió adaptar el permiso a un régimen de jornada parcial. Aunque la empresa aceptó el cambio, el INSS lo rechazó al entender que la vuelta anticipada al trabajo suponía la pérdida del derecho a la prestación. El tribunal aragonés, apoyándose tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la jurisprudencia existente, concluye que la normativa permite modificar el modo de disfrute del permiso, siempre que se respeten las seis semanas obligatorias posteriores al nacimiento y exista consenso entre las partes. Asimismo, la sentencia subraya que la regulación no establece un sistema rígido, sino que ofrece flexibilidad para adaptar el permiso a las necesidades familiares y laborales, favoreciendo la conciliación. Este pronunciamiento se suma a otras resoluciones dictadas por distintos tribunales superiores de justicia, que refuerzan la interpretación de que el permiso por nacimiento y cuidado del menor puede ajustarse a circunstancias sobrevenidas sin que una reincorporación parcial implique automáticamente la pérdida del derecho a la prestación.

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(Expansión, 30-01-2026) | Laboral

Gobierno y sindicatos pactan subir el salario mínimo a 1.221 euros, sin apoyo de CEOE

La patronal vuelve a descolgarse del acuerdo por sexto año consecutivo tras rechazar la deducción en el impuesto de Sociedades que permitía compensar íntegramente el coste del aumento salarial a cambio de la creación de empleo. Además, se restringe la posibilidad de absorber la subida del 3,1% mediante pluses y complementos. Por sexto año seguido, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se aprueba sin el respaldo de los agentes sociales. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO cerraron este jueves un aumento del 3,1%, que sitúa el salario mínimo en 1.221 euros mensuales en catorce pagas y lo deja exento de IRPF. Con esta actualización, el SMI acumula un alza del 66% desde 2018. El incremento, de 37 euros mensuales, tendrá efectos retroactivos desde enero de 2026, por lo que los 2,5 millones de trabajadores beneficiados recibirán en su nómina el ajuste correspondiente al primer mes del año. Uno de los aspectos clave de esta subida es que se limitará la posibilidad de que las empresas compensen el aumento mediante complementos salariales. Esta restricción se regulará a través de un desarrollo reglamentario paralelo al decreto del SMI, por lo que no necesitará tramitación parlamentaria al no tener rango de ley. El nuevo salario mínimo será aprobado en los próximos días por el Consejo de Ministros y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La urgencia se explica por la derogación de la prórroga del SMI de 2025 incluida en el fallido decreto ómnibus, lo que ha obligado al Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, a ordenar a la Inspección de Trabajo que vigile que los nuevos contratos no se firmen por debajo del umbral vigente a 31 de diciembre de 2025. Pese a que las expectativas eran reducidas, la última reunión del diálogo social confirmó el rechazo de las organizaciones empresariales. Consideran que la deducción fiscal ofrecida no compensa el aumento de costes y defendían una subida limitada al 1,5%. La patronal también criticó las condiciones impuestas a los incentivos fiscales, el hecho de conocerlos por la prensa y la restricción a la absorción de complementos, factores que terminaron por consolidar su negativa. Horas antes de la reunión final, ya habían calificado la propuesta de "trilerismo" y anticipado que no firmarían el acuerdo. "El salario mínimo no puede ligarse a los contratos públicos ni presentarse una propuesta fiscal inexistente", afirmó Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, quien calificó la subida de desproporcionada, al situarse por encima de la inflación media de 2025 (2,7%), y denunció el uso de "artificios estadísticos" para justificar el 3,1%. Amor añadió que se han perdido tres meses en una negociación que, a su juicio, ya estaba decidida de antemano y que ha supuesto "jugar con autónomos y empresas". En un comunicado, la patronal explicó que, tras reunirse su Comité Ejecutivo extraordinario, y ante la ausencia de una propuesta formal y la falta de coordinación entre ministerios, se decidió por unanimidad no respaldar la subida. Asimismo, advirtieron de que la limitación de la compensación y absorción vulnera el Estatuto de los Trabajadores y la negociación colectiva, lo que podría provocar un fuerte aumento de costes y poner en riesgo a muchas empresas. Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, defendió que la propuesta fiscal no se llevó a la mesa tras el rechazo previo de la patronal, al considerar que debatirla habría sido "una pérdida de tiempo". Por su parte, los sindicatos subrayaron la necesidad de regular de forma clara la absorción de complementos para evitar que la subida del SMI quede neutralizada. Fernando Luján, de UGT, reclamó que se garantice que los pluses que retribuyen otros conceptos se mantengan. En la misma línea, Javier Pacheco, de CCOO, insistió en la importancia de modificar las reglas de aplicación del SMI para impedir que, como ha ocurrido en años anteriores, miles de trabajadores vean diluido el efecto real de las subidas salariales.

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(El País, 30-01-2026) | Laboral

CEOE y Cepyme catalogan como “intervencionista” y “trilera” la propuesta del Gobierno para compensar el alza del salario mínimo

Las organizaciones empresariales se alejan prácticamente de un acuerdo para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supondría un incremento del 3,1%. Tanto la CEOE como Cepyme han expresado en un comunicado conjunto su malestar por haberse enterado a través de los medios de comunicación de la propuesta del Gobierno, diseñada para atraer su apoyo, y han dejado claro que no comparten el planteamiento. La iniciativa del Ministerio de Hacienda contempla una deducción progresiva en el Impuesto de Sociedades para aquellas empresas que contraten trabajadores con salarios superiores al SMI. Este incentivo podría llegar a compensar hasta el 100% del coste asociado a la subida del salario mínimo y estaría dirigido principalmente a sectores con un elevado peso de los gastos de personal. Según la propuesta, las compañías con menos de 100 empleados podrían acogerse a la deducción si incorporan al menos a un trabajador a jornada completa durante un año con un sueldo por encima del SMI. En el caso de las empresas de mayor tamaño, el requisito sería que el incremento salarial afecte como mínimo al 1% de la plantilla, con un umbral mínimo de dos empleados. Desde CEOE y Cepyme critican duramente la forma en la que se ha actuado. Aseguran que el Gobierno vuelve a mostrar "una falta de respeto al diálogo social" al filtrar una propuesta antes de presentarla oficialmente en la mesa de negociación. Consideran, además, que la medida sustituye la esperada actualización de los contratos públicos por fórmulas que califican de insuficientes y que no compensan el aumento de costes derivados del nuevo SMI, alejándose de lo acordado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Las patronales también denuncian que el planteamiento de Hacienda deja fuera a la mayoría de autónomos y empresas, especialmente a aquellas que atraviesan dificultades económicas. Subrayan que quedan excluidas, de manera llamativa, las compañías con pérdidas, las cooperativas y las entidades sin ánimo de lucro, precisamente las que más necesitarían este tipo de apoyo. Asimismo, consideran que los requisitos para acceder a la deducción son inasumibles para la mayoría del tejido empresarial y alertan de que la medida supone una intromisión en la negociación colectiva y en la libertad de empresa, calificándola de intervencionista. Anuncian que emitirán una valoración definitiva cuando reciban la documentación completa, una vez se reúna su Comité Ejecutivo. Este jueves está prevista una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo con sindicatos y patronal. Los representantes de los trabajadores ya habían mostrado ciertas reservas sobre la propuesta de Hacienda incluso antes de conocer sus detalles. La reivindicación que sí contaba con el respaldo sindical -y también del Ministerio de Trabajo- era la posibilidad de trasladar el aumento del SMI a los contratos públicos, una demanda que las patronales plantean cada año y que el Ministerio de Hacienda vuelve a rechazar. Con el rechazo empresarial prácticamente asegurado, todo apunta a que Yolanda Díaz volverá a cerrar el acuerdo únicamente con CCOO y UGT. La vicepresidenta segunda solo logró el respaldo de la patronal a una subida del SMI en 2020. Desde 2018, el salario mínimo ha aumentado un 61%, situándose actualmente en 1.184 euros brutos mensuales, y el Ejecutivo pretende ahora elevarlo hasta los 1.221 euros. A diferencia de otras reformas laborales, esta medida no requiere aprobación parlamentaria.

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(El País, 30-01-2026) | Laboral

Las patronales de sectores con más trabajadores extranjeros aplauden la regularización pese a que no convence a CEOE

El Gobierno dio este martes el primer paso para regularizar mediante decreto a miles de inmigrantes que actualmente residen en España sin autorización administrativa. Se trata de una medida de gran impacto laboral, ya que permitirá aflorar a un importante número de trabajadores que hoy operan en la economía sumergida y facilitará su acceso a un contrato y a los derechos laborales correspondientes. La iniciativa ha sido bien recibida por los sindicatos CCOO y UGT, aunque no ha contado con el respaldo de la patronal CEOE y de Cepyme. Las principales organizaciones empresariales venían defendiendo una regularización amplia a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), por lo que critican ahora que el Ejecutivo haya optado por aprobarla mediante decreto, sin debate parlamentario. A su juicio, este procedimiento resta legitimidad a la medida. Sin embargo, distintas patronales sectoriales, especialmente aquellas que emplean a un mayor número de trabajadores extranjeros, sí valoran positivamente la propuesta del Gobierno y no cuestionan el mecanismo elegido. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no se ha pronunciado públicamente, aunque fuentes de la organización han expresado su malestar por lo que consideran una decisión adoptada "de espaldas al Congreso". En una línea similar se ha manifestado la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, quien ha criticado que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos se haya cerrado mediante un pacto político y no como una cuestión de Estado debatida en el Parlamento. A su juicio, una medida de este calado debería contar con el mayor consenso posible y tramitarse de forma transparente. Esta postura contrasta con la de diversas organizaciones sectoriales, que no ven inconveniente en el procedimiento escogido. España alcanza actualmente un récord de empleo extranjero, con 3,58 millones de trabajadores, lo que representa el 16% del total. Desde el sector agrario, Andrés Góngora, responsable de relaciones laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, ha valorado positivamente la iniciativa, recordando que se trata de una reivindicación histórica ante la falta de mano de obra. En términos similares se pronuncia Juan José Álvarez, de Asaja, quien considera que la regularización es necesaria para garantizar el funcionamiento del sector y evitar la escasez de trabajadores. La agricultura es uno de los ámbitos con mayor presencia de empleados extranjeros, cerca de un tercio del total. En la construcción, donde los inmigrantes representan aproximadamente uno de cada cinco trabajadores, el diagnóstico es similar. Desde la Confederación Nacional de la Construcción subrayan que la regularización contribuirá a combatir la economía sumergida y facilitará la incorporación de trabajadores a través de procesos de formación y arraigo. También desde Confemetal se valora favorablemente la medida. Su presidente, José Miguel Guerrero, considera que puede ayudar a paliar la falta de profesionales cualificados, aunque subraya la importancia de acompañar el proceso con formación y acreditaciones para los oficios regulados del sector industrial y comercial. En el transporte por carretera, Confebus ve con buenos ojos la iniciativa, dado que el sector sufre una grave escasez de personal, especialmente en zonas turísticas y rurales. No obstante, recuerda que es imprescindible que los trabajadores cuenten con la formación y habilitaciones necesarias. Más crítica se muestra la patronal del transporte de mercancías, CETM, que considera que la regularización por sí sola no resuelve el problema estructural del sector y reclama una agilización de los trámites para homologar permisos de conducción y certificados profesionales.

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(Cinco Días, 30-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El capital privado se abre a trabajar con el fondo soberano de España: “Es una magnífica idea para el país”

La captación de nuevos fondos se ha convertido en uno de los principales retos para el capital privado a escala global, hasta el punto de que 2025 se perfila como el peor año desde el inicio de la pandemia en 2020. Sin embargo, España ha seguido una trayectoria distinta. En el mercado nacional, la recaudación alcanzó cerca de 4.200 millones de euros, el mejor dato de la serie histórica, pese a registrar un descenso del 8% respecto a 2024. Al mismo tiempo, la inversión se mantuvo prácticamente estable, en torno a los 6.400 millones de euros, según las cifras presentadas este jueves por SpainCap. En este contexto, el director general de la asociación, José Zudaire, ha mostrado su disposición a colaborar con el fondo soberano anunciado por el Gobierno. El capital privado continúa ganando peso en la economía española. Durante el último ejercicio se contabilizaron 828 operaciones y una capacidad inversora próxima a los 8.000 millones de euros, según se expuso en la rueda de prensa de SpainCap. La presidenta de la entidad, Elena Rico, destacó que el sector se ha consolidado en España con un volumen estable, a diferencia de otros mercados más maduros que han sufrido un mayor deterioro. A su juicio, el ecosistema español ha demostrado una notable resistencia. En 2025, la inversión total del capital privado en España ascendió a 6.403 millones de euros, lo que supone un ligero incremento del 1,8% respecto al año anterior. De esa cifra, 4.672 millones correspondieron a operaciones de private equity -dirigidas a empresas ya consolidadas, independientemente de su tamaño-, mientras que 1.731 millones se destinaron a venture capital, enfocado en compañías en fases iniciales de desarrollo. Por su parte, las desinversiones alcanzaron los 3.740 millones de euros, un 2% más que el año anterior. La principal vía de salida fue la venta a inversores industriales, que concentró el 56,4% de las operaciones, seguida por la venta a otros fondos de capital privado, con un 20%. Aunque a nivel internacional se observa una mayor dificultad para cerrar operaciones de salida, desde SpainCap subrayan que en el mercado español la situación ha sido más favorable. En relación con el fondo soberano anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el director general de la asociación lo calificó como "una excelente iniciativa para el país" y expresó la disposición del sector a colaborar. Este vehículo contará inicialmente con 10.500 millones de euros, con la previsión de alcanzar los 120.000 millones una vez incorpore capital privado. Desde SpainCap reiteraron su apoyo a este tipo de proyectos basados en la colaboración público-privada. "Respaldamos todas las iniciativas que apuestan por este modelo, porque es la mejor forma de construir un sector sólido y sostenible", señaló Zudaire, aunque también advirtió de que será necesario analizar en detalle cómo se articula el fondo y de qué manera se canalizarán los recursos.

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(Expansión, 29-01-2026) | Fiscal

Hacienda ofrece a CEOE compensar fiscalmente hasta el 100% del alza del SMI a las empresas que aumenten empleo

Hacienda permitirá a las empresas compensar fiscalmente hasta el 100% del incremento del salario mínimo interprofesional siempre que aumenten su plantilla. Esta es la pieza central de la propuesta adelantada por EXPANSIÓN con la que el Gobierno pretende atraer a la patronal a un acuerdo sobre la subida del SMI para este año. Según fuentes conocedoras del planteamiento, el Ejecutivo trasladó este miércoles la iniciativa a sindicatos y organizaciones empresariales, con la intención de alcanzar en la reunión prevista para mañana el primer acuerdo tripartito sobre el salario mínimo desde 2020. La propuesta contempla que las empresas puedan aplicar una reducción en la base imponible del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal, siempre que la plantilla media al cierre del año -con salarios por encima del SMI- sea superior a la registrada al inicio del mismo periodo. En el caso de las empresas con menos de 100 trabajadores, el incentivo fiscal exigirá la contratación de al menos un empleado a jornada completa durante un año. Para aquellas con 100 o más trabajadores, será necesario incrementar la plantilla en al menos un 1%, con un mínimo de dos nuevos empleados a tiempo completo. El porcentaje de deducción dependerá del aumento del empleo. Si la plantilla crece un 5%, la empresa podrá deducirse el 25% del coste bruto derivado de la subida del SMI. Si el incremento alcanza el 10%, la compensación será del 50%. En caso de que el aumento llegue al 15%, la deducción ascenderá al 75%, y alcanzará el 100% cuando se supere ese umbral. Para acceder a esta rebaja fiscal, las empresas deberán acreditar que los gastos de personal representan al menos el 70% del total de los gastos de explotación reflejados en la cuenta de resultados. Además, la aplicación de la deducción no podrá dar lugar a una base imponible negativa. El beneficio fiscal estará condicionado a que la empresa mantenga o incremente su plantilla media al cierre del ejercicio y a que conserve el empleo generado durante un mínimo de dos años posteriores. A diferencia de lo que se planteó inicialmente, la medida no se limitará a sectores concretos, sino que podrá acogerse a ella cualquier empresa que cumpla los requisitos establecidos. Aunque la iniciativa está pensada principalmente para el Impuesto sobre Sociedades, fuentes próximas al proceso indican que también se extenderá a los autónomos que tributan por el sistema de estimación directa, alrededor de 300.000 empleadores. Quedarán fuera, en cambio, quienes tributan por módulos, unos 200.000 autónomos. La propuesta fue remitida este miércoles a CEOE, Cepyme, CCOO y UGT con el objetivo de facilitar un acuerdo que respalde la subida del salario mínimo. El Gobierno prevé aprobar el incremento incluso si no logra el respaldo empresarial, aunque advierte de que la compensación fiscal solo se aplicará si las organizaciones patronales avalan el acuerdo. La medida se debatirá en la reunión tripartita prevista para mañana. En cualquier caso, el Ejecutivo aprobará un aumento del SMI del 3,1%, hasta los 17.094 euros brutos anuales, equivalentes a 1.221 euros al mes en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

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(Expansión, 29-01-2026) | Fiscal

El castigo fiscal a la plusvalía municipal vigente desde el 1 de enero ha decaído tras la derogación del decreto ómnibus

Giro inesperado en la fiscalidad inmobiliaria. El rechazo del Parlamento al decreto ómnibus impulsado por el Gobierno ha desencadenado una cadena de efectos que afecta de lleno a la plusvalía municipal. Al quedar sin efecto la norma, también se anulan los nuevos coeficientes previstos para 2026, lo que implica un retorno automático a las reglas vigentes antes del 1 de enero. Para miles de propietarios esto supone un alivio fiscal imprevisto, mientras que para otros se esfuma la posibilidad de vender con una carga tributaria más ventajosa. La derogación frena el intento del Ministerio de Hacienda de adaptar el impuesto a la "realidad del mercado", una reforma que desde comienzos de año penalizaba especialmente las operaciones de compraventa de inmuebles adquiridos en los últimos 15 años. Aunque el endurecimiento fiscal solo ha estado en vigor durante dos meses, su eliminación devuelve el escenario a los coeficientes de 2025, alterando de nuevo la planificación de muchos vendedores. La marcha atrás resulta especialmente beneficiosa para quienes compraron vivienda entre 2014 y 2018. Estos propietarios evitan, por ahora, el fuerte incremento fiscal previsto. El ejemplo más claro se da en los inmuebles con nueve años de antigüedad: mantener el coeficiente actual del 0,15 en lugar del 0,21 inicialmente previsto supone un ahorro del 40% en la base imponible. También se evitan subidas del 33% para ventas con diez años de tenencia y del 21% en el caso de ocho años. No obstante, los expertos advierten de que esta situación podría ser transitoria, ya que el Gobierno previsiblemente intentará sacar adelante la reforma por otras vías. El reverso de la moneda afecta a los propietarios de viviendas con mayor antigüedad. La derogación elimina los incentivos diseñados para premiar la tenencia prolongada. Quienes planeaban vender inmuebles con más de 20 años pierden la rebaja del 12,5% que contemplaba el nuevo decreto y vuelven al coeficiente máximo del 0,40. Para este colectivo, vender ahora resulta menos atractivo fiscalmente que bajo el marco que estuvo vigente desde enero. Ante este retorno al punto de partida, la estrategia de venta cambia por completo. Según explica Ricardo García-Borregón, socio de Ashurst, la incertidumbre ya no reside en si la norma saldrá adelante, sino en cuándo volverá a intentarlo el Ejecutivo. Para los propietarios que se libran de la subida -aquellos con periodos de generación entre 8 y 15 años-, el momento de actuar es ahora. "Al no haberse convalidado el real decreto, vuelven a aplicarse los coeficientes anteriores, lo que reduce notablemente el coste fiscal de la transmisión frente a lo que pretendía el Gobierno", señala el experto. Su recomendación es clara: aprovechar el marco actual y cerrar la operación antes de que se apruebe una nueva regulación. En cambio, quienes poseen inmuebles muy antiguos pueden permitirse esperar. Al desaparecer la rebaja prevista, la urgencia se diluye. "En estos casos, donde se iba a aplicar una reducción de coeficientes, puede ser aconsejable aguardar a que el Gobierno intente reintroducir la medida en una futura ley", apunta García-Borregón. Cabe recordar que el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ha sufrido una profunda transformación en los últimos años. El punto de inflexión se produjo a finales de 2021, cuando el Tribunal Constitucional anuló el sistema de cálculo anterior al considerar que presumía incrementos de valor inexistentes. Aquella sentencia obligó al Ejecutivo a reformar el impuesto de urgencia para evitar un vacío legal en la financiación municipal, dando lugar al modelo actual, ahora nuevamente en revisión.

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(Expansión, 29-01-2026) | Laboral

Caos en las empresas por las nóminas tras el bloqueo de la subida de cotizaciones de 2026

La anulación del decreto ómnibus que contemplaba la revalorización de las pensiones, el llamado escudo social y un amplio conjunto de medidas fiscales ha generado un clima de incertidumbre entre las empresas. Se trata de una situación ya vivida el año pasado, pero que vuelve a repetirse justo cuando comienza la elaboración de las nóminas de febrero. El problema principal radica en que, con la derogación del texto, también han quedado sin efecto las subidas de cotizaciones previstas para 2026, lo que ha sembrado dudas sobre qué parámetros deben aplicarse en las nóminas del próximo mes, algunas de las cuales se confeccionan a comienzos de febrero. Además del incremento del 2,7% de las pensiones contributivas, el decreto incluía tres aumentos en las cotizaciones: la elevación del mecanismo de equidad intergeneracional hasta el 0,9%, el incremento de la base máxima de cotización en un 3,9% -hasta los 5.101,2 euros mensuales (61.214 euros anuales)- y la subida de la denominada cuota de solidaridad, que pasaría a situarse entre el 1,15% y el 1,45% para los salarios que superan la base máxima. Expertos, juristas, empresarios y sindicatos consultados por EXPANSIÓN coinciden en señalar el escenario de inseguridad jurídica generado. Asimismo, instan al Gobierno a aprobar de forma urgente un nuevo decreto que incluya exclusivamente las medidas de Seguridad Social, con el fin de superar el trámite parlamentario y aclarar cuanto antes la situación, especialmente para los departamentos de recursos humanos y las gestorías. Así lo subraya el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, quien considera fundamental que el problema se resuelva antes del 15 de febrero, fecha en la que se comienzan a tramitar la mayoría de las nóminas. "Ya ocurrió el año pasado y se ha vuelto a crear un desorden. Las dificultades para aplicar las cotizaciones no las provoca la derogación del decreto por parte de la oposición, sino la actuación del Gobierno", afirma Amor. En la misma línea se expresa Alfredo Aspra, abogado laboralista y socio de Labormatters Abogados, quien señala que la no convalidación del real decreto "es un nuevo ejemplo de la debilidad del sistema normativo", y lamenta que, tratándose de cuestiones tan relevantes, se repita una situación similar por segundo año consecutivo. "La inseguridad jurídica que genera esta forma de legislar es máxima", advierte. Por su parte, Eva Hernández, socia responsable del área laboral en Escalona & De Fuentes Abogados, destaca que las empresas quedan atrapadas en un escenario de incertidumbre que puede obligar a realizar ajustes posteriores, a la espera de que se aprueben definitivamente las medidas. Si la situación no se resuelve a tiempo, podría darse el caso de que, mientras las nóminas de enero se abonaron conforme a los nuevos criterios, las de febrero tuvieran que elaborarse con los parámetros de 2025: un mecanismo de equidad del 0,8%, una base máxima de cotización de 4.909,50 euros mensuales y una cuota de solidaridad de entre el 0,92% y el 1,17%. Otra posibilidad es que las nuevas cotizaciones de 2026 se aprueben justo en el momento de confeccionar las nóminas, lo que obligaría a muchas gestorías y departamentos de recursos humanos a rehacer el trabajo. "Las empresas necesitan certidumbre, no improvisaciones. En materia de cotizaciones, cada día de retraso tiene un coste", advierte Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos. Recuerda además que esta situación ya se produjo el año pasado. "Los gestores estamos preparados y volveremos a sacarlo adelante, pero supone un problema innecesario. Cambiar las reglas o dejarlas en el aire cuando las nóminas ya están en marcha genera confusión, inseguridad y costes que no deberían asumir ni empresas ni trabajadores", señala. En la misma línea, Carlos Pardo, director general de SD Worx en España, apunta que "la derogación del decreto vuelve a generar inseguridad jurídica en un momento clave para la gestión de nóminas". A finales de enero, muchas empresas ya están cerrando las nóminas de febrero, y este cambio les obliga a revisar cálculos y volver a aplicar los criterios de 2025. Desde el punto de vista de la gestión laboral, añade, estos cambios normativos de última hora incrementan el riesgo de errores, obligan a posteriores regularizaciones y aumentan la carga administrativa. "La estabilidad y la previsibilidad normativa son esenciales para garantizar una gestión eficiente y segura tanto para las empresas como para los trabajadores", concluye.

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