News

(Expansión, 20-10-2026) | Fiscal

Amor (ATA): "Termina una legislatura nefasta, hay autónomos que ganan a final de mes menos que su propio trabajador"

La organización denuncia que el 63% de los autónomos obtiene ingresos inferiores al salario mínimo, mientras las cotizaciones han aumentado un 36% y disminuye el número de profesionales que contratan trabajadores. A pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha presentado un balance crítico de la legislatura en materia de trabajo por cuenta propia. Su presidente, Lorenzo Amor, cuestionó este lunes la política económica y laboral del Gobierno dirigida al colectivo durante la entrega de los XXV Premios Autónomo del Año. Según denunció, aunque ha aumentado el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la situación económica de muchos profesionales se ha deteriorado. «¿Hay más autónomos? Sí, pero más pobres», afirmó. Amor señaló que los trabajadores por cuenta propia soportan una carga creciente de obligaciones administrativas, trámites y exigencias normativas que dificulta el desarrollo de sus negocios. Según las estimaciones de ATA, los autónomos dedican unas 200 horas al año a tareas burocráticas ajenas a su actividad productiva, lo que representa un coste medio de 3.000 euros por negocio y un impacto total de 10.300 millones de euros para el conjunto del tejido empresarial. El presidente de la asociación también advirtió de que la incertidumbre fiscal está llevando a muchos profesionales a renunciar a deducir determinados gastos por temor a posibles inspecciones. «Los autónomos ya no deducen los gastos porque estamos en el ojo del que te pueda revisar», lamentó. A estas dificultades se añade el incremento de los costes laborales, que, según ATA, reduce los márgenes de los negocios y limita su capacidad para contratar personal y ampliar sus plantillas. Amor destacó que las cotizaciones han aumentado un 36% entre 2018 y 2025, en parte por la evolución de las bases y cuotas y la aplicación del mecanismo de equidad intergeneracional. A su juicio, este encarecimiento no se corresponde con el crecimiento de la actividad de muchos trabajadores por cuenta propia. «¿A qué autónomo le ha subido entre 2018 y 2025 un 36% su actividad?», planteó. Los datos de la Seguridad Social citados por ATA reflejan, según la organización, las dificultades económicas del colectivo: el 63% de los autónomos declara rendimientos netos inferiores al salario mínimo interprofesional. Esta situación provoca que algunos profesionales obtengan al final de mes menos ingresos que los trabajadores que tienen contratados. La asociación relaciona esta pérdida de rentabilidad con la reducción del número de autónomos empleadores y del empleo generado por sus negocios. La organización también cuestiona la protección social disponible para los trabajadores por cuenta propia. Amor denunció que siete de cada diez solicitudes de prestación por cese de actividad son rechazadas y criticó que los autónomos no puedan acceder al subsidio asistencial para mayores de 52 años en las mismas condiciones que otros colectivos. Frente a lo que considera una falta de avances por parte del Ejecutivo central, el presidente de ATA destacó las iniciativas impulsadas por varias comunidades autónomas. Como ejemplos, mencionó las ayudas a la consolidación de negocios y la cuota cero en Castilla-La Mancha, así como las bonificaciones durante los periodos de incapacidad temporal en Murcia. También señaló el caso de Canarias, donde los profesionales con una facturación inferior a 85.000 euros están exentos del IGIC, el impuesto indirecto autonómico. En este ámbito, Amor reclamó que España aplique la directiva europea que permite establecer un régimen de franquicia del IVA para pequeños negocios. Según denunció, la falta de adaptación de esta medida obliga a los autónomos españoles que no están acogidos a un régimen equivalente a presentar declaraciones trimestrales, mientras que en otros países europeos los procedimientos pueden ser más sencillos. «Es insoportable que en este país los autónomos que facturan menos de 85.000 euros no puedan tener el IVA franquiciado como en el resto de Europa», afirmó. A su juicio, la aplicación de esta medida reduciría las cargas administrativas y facilitaría la gestión fiscal de los pequeños negocios.

READ MORE

(Expansión, 20-10-2026) | Laboral

Subida salarial del 5% para los funcionarios

El Gobierno mantiene contactos con los sindicatos que representan a los empleados públicos para estudiar la posibilidad de aprobar la subida salarial antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El calendario contempla que a comienzos de 2027 se haga efectivo el incremento adicional del 0,5% correspondiente a 2026, vinculado a la evolución del IPC, así como la subida del 4,5% prevista para el próximo ejercicio. Después de confirmar que elevará el salario mínimo interprofesional para beneficiar a 2,5 millones de trabajadores antes de las elecciones y que actualizará las pensiones de los 9,5 millones de perceptores antes de finalizar el año, el Ejecutivo también estudia adelantar la subida salarial de los funcionarios y del resto del personal público. Este colectivo agrupa a unos 3,5 millones de trabajadores de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El ministro de Función Pública, Óscar López, se comprometió recientemente a hacer todo lo posible para aplicar el incremento salarial acordado con los sindicatos a finales de noviembre de 2025. A raíz de estas declaraciones, CSIF, la principal organización sindical entre los empleados públicos, ha trasladado su intención de acelerar la aplicación de los dos aumentos previstos para los primeros meses de 2027. El primero de ellos corresponde al incremento adicional del 0,5% sobre la subida del 1,5% aplicada en 2026. Según el acuerdo alcanzado, esta revisión debe aprobarse durante el primer trimestre del próximo año y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, siempre que la inflación media anual supere el 1,5%. Las previsiones de los principales servicios de estudios sitúan el IPC medio de este ejercicio entre el 3,6% y el 3,7%, por lo que se cumplirían las condiciones para activar este aumento complementario. No obstante, la principal reivindicación de los representantes de los funcionarios se centra en la subida del 4,5% prevista para 2027. Este porcentaje representa casi la mitad del incremento salarial acumulado del 11% acordado para el periodo 2026-2028, que incluye también una subida pendiente del 2% para 2028. Su aplicación permitiría compensar, al menos parcialmente, el impacto del encarecimiento de los precios y contribuiría a preservar el poder adquisitivo de los empleados públicos. Fuentes del Gobierno señalan que la senda retributiva ya fue pactada con los sindicatos y suscrita por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por lo que no sería necesario volver a negociar sus términos. Las organizaciones sindicales, por su parte, insisten en la conveniencia de agilizar los trámites para que los incrementos puedan aplicarse dentro de los plazos establecidos. Tradicionalmente, las subidas salariales de los funcionarios se incorporaban a los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el Ejecutivo ha tramitado las últimas actualizaciones al margen de las cuentas públicas, prorrogadas desde 2023. Ante la ausencia de nuevos presupuestos, la subida tendría que aprobarse mediante un instrumento normativo específico, ya fuera por el Gobierno actual en funciones después del 29 de noviembre o por el Ejecutivo que se constituya tras las elecciones. El objetivo es que el incremento previsto para 2027 entre en vigor en enero. CSIF ha reclamado que el Gobierno apruebe mediante real decreto, a través de la Diputación Permanente, antes de los comicios generales del 29 de noviembre, tanto el aumento del 4,5% para 2027 como el 0,5% adicional correspondiente a 2026. CCOO también respalda esta petición de cara a la reunión de la comisión de seguimiento convocada por el Ministerio de Función Pública. Las reivindicaciones sindicales incluyen, además, la actualización de las indemnizaciones por residencia, la equiparación de las retribuciones entre las distintas administraciones, el refuerzo de los servicios públicos y la recuperación de la estructura salarial anterior a los recortes aplicados desde 2010. La aplicación de ambos incrementos supondría un desembolso conjunto de unos 10.000 millones de euros para las administraciones públicas. El pago del 0,5% adicional de 2026, con carácter retroactivo, tendría un coste aproximado de 1.000 millones de euros para las nóminas de los empleados públicos. A esta cantidad se sumarían otros 9.000 millones derivados de la subida del 4,5% prevista para 2027, lo que elevaría la factura total de las dos medidas hasta los 10.000 millones de euros.

READ MORE

(El País, 20-10-2026) | Laboral

Las parejas con hijos tendrán derecho a la pensión de viudedad si acreditan dos años de convivencia

Las personas que convivan y tengan hijos en común podrán acceder a la pensión de viudedad sin necesidad de estar casadas ni de haber inscrito su relación como pareja de hecho, siempre que acrediten que han convivido de forma ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud. Esta es una de las medidas que recoge el decreto ley que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes, según la última versión del documento que el Gobierno manejaba este lunes. La reforma equipara a estos convivientes con los matrimonios y las parejas de hecho, los dos grupos que hasta ahora podían solicitar esta prestación. El Ejecutivo recupera así una propuesta que ya trasladó a sindicatos y organizaciones empresariales durante las negociaciones para modificar la regulación de la incapacidad temporal y que desarrolló en un borrador el pasado julio. La medida se incorporará ahora a una norma que entrará en vigor tras su aprobación, aunque deberá ser convalidada por el Congreso en el plazo de un mes para mantenerse vigente. Este trámite resulta más sencillo para el Gobierno tras la disolución de las Cortes, ya que en la Diputación Permanente no necesita el apoyo de Junts. El cambio modifica el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula la pensión de viudedad de las parejas de hecho. Cuando existan hijos en común, bastará con demostrar que la pareja ha mantenido una convivencia estable y pública durante al menos dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación. Por tanto, si la relación no se formalizó legalmente, la persona superviviente podrá solicitar la pensión siempre que haya tenido descendencia con la fallecida y ambos hayan residido en el mismo domicilio durante ese periodo. Para acreditar este requisito será suficiente presentar el certificado de empadronamiento. De esta forma, los convivientes que tengan hijos quedarán equiparados a las parejas de hecho con descendencia. Hasta ahora, estas últimas debían demostrar que habían transcurrido al menos dos años desde la formalización de la relación para tener derecho a la prestación, una condición que se mantiene en la normativa vigente. En cambio, para las parejas de hecho sin hijos seguirá siendo obligatorio acreditar cinco años de convivencia ininterrumpida y haber inscrito la unión, como máximo, dos años antes del fallecimiento. El Gobierno justifica la reforma por la necesidad de flexibilizar las condiciones de acceso a la pensión de viudedad para las parejas con hijos en común y suprimir trámites formales que, según el Ejecutivo, han provocado situaciones de desprotección y numerosos litigios. El objetivo, añade, es adaptar la normativa a la realidad social y garantizar una protección efectiva a quienes mantienen una convivencia estable que pueda acreditarse. La norma contempla también un plazo de un año para que las personas que pudieran beneficiarse de este cambio por fallecimientos ocurridos con anterioridad puedan solicitar la prestación. El Ejecutivo no ha calculado cuántos ciudadanos podrían acogerse a la medida. Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente la mitad de los niños nacen de parejas que no están casadas. Esta iniciativa formaba parte del borrador que la Seguridad Social presentó en julio a CC OO, UGT, CEOE y Cepyme durante las conversaciones para reformar las bajas laborales. El departamento dirigido por Elma Saiz buscaba entonces un acuerdo para frenar el incremento de la incapacidad temporal, cuyas cifras habían alcanzado máximos históricos, aunque los últimos datos oficiales apuntaban a una moderación del ritmo de crecimiento. Tras meses de negociación, no fue posible cerrar un pacto con sindicatos y patronales sobre esta y otras medidas. La convocatoria electoral ha reducido las posibilidades de alcanzar un acuerdo global en el marco del diálogo social, por lo que el Gobierno pretende recuperar algunas de las propuestas antes de los comicios. El decreto incluye, además, otra modificación relativa a las pensiones de viudedad de personas divorciadas o separadas antes de 2008. Hasta ahora, quienes ya percibían otra pensión pública no podían acceder a esta prestación. Con el cambio planteado por el Ejecutivo, podrán cobrar la pensión de viudedad y compatibilizarla con otras prestaciones, como las de jubilación o incapacidad. Otra de las novedades afecta a las prestaciones de la Seguridad Social derivadas de catástrofes naturales. El borrador establece que las normas aprobadas para ofrecer una cobertura extraordinaria tras una emergencia podrán asimilar determinadas prestaciones, como la incapacidad temporal, la incapacidad permanente o las de muerte y supervivencia, a contingencias profesionales. Esto permitiría mejorar la protección de los afectados respecto a la que recibirían si la situación se reconociera como una contingencia común. El Ejecutivo considera que las catástrofes naturales y las emergencias registradas en los últimos años han puesto de manifiesto la necesidad de establecer un mecanismo permanente que permita ofrecer una respuesta homogénea, rápida y previsible. La nueva regulación pretende facilitar que las prestaciones vinculadas a estos acontecimientos dispongan de una cobertura más favorable. El Gobierno prevé impulsar más cambios laborales y en materia de Seguridad Social durante las semanas previas a las elecciones del 29 de noviembre. Entre las medidas pendientes figura la subida del salario mínimo interprofesional para 2027, actualmente fijado en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. A falta de conocer la recomendación del grupo de expertos, la evolución de los precios y los incrementos aplicados en años anteriores apuntan a un posible aumento cercano al 5%, inferior al 7% que reclaman los sindicatos. Las organizaciones empresariales todavía no han concretado qué incremento consideran adecuado, aunque han manifestado su sorpresa ante la posibilidad de que la subida se apruebe antes de las elecciones. En los últimos años, el Ministerio de Trabajo ha tramitado habitualmente la actualización del salario mínimo durante los primeros meses del año, en lugar de hacerlo antes de que finalice el ejercicio anterior.

READ MORE

(El País, 20-10-2026) | Laboral

Los sindicatos registran el paro por la vivienda del 11-N: “Esta huelga general es de la calle”

CC OO, UGT, CGT, CNT, la Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas han registrado este lunes por la mañana en el Ministerio de Trabajo la convocatoria de huelga general prevista para el 11 de noviembre. Las organizaciones sindicales han unido sus fuerzas para animar a la ciudadanía a secundar el paro y no acudir a sus puestos de trabajo durante esa jornada, sin que se hayan producido los habituales enfrentamientos entre las centrales mayoritarias y las de menor tamaño. La última intervención ha correspondido a Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, organización que ha impulsado las movilizaciones por el acceso a la vivienda, especialmente tras el desahucio de Maricarmen. El movimiento ha conseguido reunir primero el apoyo de los sindicatos alternativos y, posteriormente, el de CC OO y UGT. Racu ha calificado la convocatoria de «hito histórico» y ha defendido que la organización de los inquilinos puede poner en dificultades a quienes se benefician del negocio del alquiler. También ha destacado que la colaboración con los sindicatos laborales permite aumentar la capacidad de movilización. En este sentido, ha insistido en que la huelga no pertenece a ninguna organización concreta, sino que es una iniciativa de la ciudadanía. La portavoz ha animado a los trabajadores a organizarse para participar en el paro y ha remitido a la página web habilitada por el Sindicato de Inquilinas, que ofrece información práctica sobre la convocatoria. Por su parte, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha pedido a la población que se sume libremente a la jornada de protesta, cuyo propósito es impulsar una nueva forma de abordar el problema de la vivienda en España. Sordo ha denunciado que numerosas familias destinan la mayor parte de sus ingresos al pago del alquiler o de la hipoteca y ha advertido de que el encarecimiento de la vivienda constituye una importante fractura social. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha subrayado que las subidas de los precios inmobiliarios dificultan que los convenios colectivos puedan garantizar mejoras suficientes en el poder adquisitivo de los trabajadores. Por ello, considera que la movilización del 11 de noviembre debe marcar un punto de inflexión y contribuir a modificar la evolución de esta situación. Álvarez ha dirigido sus críticas a quienes, pese a tener responsabilidad o capacidad de actuación, no han mostrado suficiente interés en solucionar el problema. Desde CGT, su secretario general, Miguel Fadrique, ha afirmado que la protesta se dirige contra el conjunto de la clase política, tanto a nivel autonómico como estatal. A su juicio, ningún partido ha conseguido dar una respuesta eficaz a la crisis de la vivienda. Fadrique ha defendido que la movilización debe ser multitudinaria para obligar a los responsables políticos a reaccionar y ha llamado a participar de forma masiva. Nieves Román, representante de CNT, ha reclamado una paralización de la actividad del país en defensa del derecho a la vivienda. Andrea Zayas, de CO.BAS, ha atribuido a la clase trabajadora el mérito de haber hecho posible la unidad sindical en esta convocatoria. Almudena Villar, de Intersindical, ha defendido que la huelga contribuya a cambiar las prioridades sociales, mientras que Ángel González, de Solidaridad Obrera, ha reivindicado la acción directa de los trabajadores como vía para proteger sus derechos. La Unión de Actores y Actrices es la única organización participante en la comparecencia que no tiene una orientación sindical de clase. Su portavoz, el actor Juanjo Artero, ha presentado la huelga como un instrumento para defender los derechos laborales y construir el futuro del sector, al tiempo que ha animado a actores y actrices a sumarse al paro. Artero también ha denunciado que la expansión de las plataformas audiovisuales no se ha traducido en una mejora de las retribuciones y ha señalado la inestabilidad laboral que caracteriza a buena parte de la profesión, marcada por la discontinuidad de los contratos. La convocatoria cuenta asimismo con el respaldo de los sindicatos vascos ELA y LAB, los gallegos CIG y CU, el andaluz SAT, el aragonés SOA, Alternativa Sindical de Clase, la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, el sindicato de guionistas Alma y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). Sin embargo, otras organizaciones sindicales han decidido no apoyar la huelga al considerar que existen motivaciones políticas detrás de la convocatoria. Entre ellas figuran USO, Fetico, CSIF, ANPE, Amyts, Semaf y SLT, además de otras centrales sectoriales que también han expresado su rechazo a participar en la movilización.

READ MORE

(El Economista, 20-10-2026) | Laboral

CEOE impugnará la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido la necesidad de reforzar el diálogo y la cooperación entre empresas, administraciones públicas y agentes sociales para abordar los principales desafíos económicos y sociales. Durante su intervención en los XXV Premios ATA: Autónomo del Año, expresó su preocupación por la situación política española y advirtió de que el país parece alejarse del espíritu de consenso que permitió alcanzar la Constitución. Garamendi también cuestionó la convocatoria de la huelga general y anunció que la patronal tiene intención de impugnarla por considerar que podría ser ilegal. «Ese no es el camino», afirmó, al tiempo que criticó lo que considera una creciente confrontación con las empresas. En este sentido, planteó si los autónomos son responsables de los problemas de acceso a la vivienda o de la inflación y pidió que las tensiones no se trasladen a las calles. El dirigente empresarial reclamó, asimismo, respeto por las reglas democráticas y rechazó que determinadas decisiones institucionales se utilicen con fines electorales. También mostró su desacuerdo con la actuación del Ministerio de Trabajo en relación con el Consejo Económico y Social (CES), en particular con la iniciativa para facilitar la incorporación de la patronal catalana Pimec a este órgano, una decisión impulsada por Yolanda Díaz sin el consenso previo de las organizaciones empresariales. Durante su intervención, el presidente de la CEOE insistió en que cuestiones como el acceso a la vivienda y el aumento de los costes empresariales requieren soluciones negociadas entre las partes implicadas. En este sentido, reclamó mayor lealtad institucional y coordinación entre las distintas administraciones, además de una mayor atención a las demandas ciudadanas. «A las soluciones complejas, como la vivienda, solo vamos a llegar si nos sentamos en una mesa con espacios de escucha», defendió. La convocatoria de la huelga general por parte de CCOO y UGT, bajo la reivindicación del derecho a la vivienda y de unos salarios suficientes para poder pagarla, ya había suscitado dudas entre CEOE y Cepyme sobre su legalidad. Ambas organizaciones empresariales consideraban que la protesta podía tener un componente político, al estar relacionada con la crisis de acceso a la vivienda. No obstante, habían evitado pronunciarse de forma definitiva hasta conocer el contenido de la convocatoria, registrada oficialmente este lunes ante el Ministerio de Trabajo. Junto a la iniciativa de los dos sindicatos mayoritarios, otras organizaciones de trabajadores, como CGT y CNT, han promovido una convocatoria propia. Pese a las diferencias entre las distintas organizaciones sindicales, el Sindicato de Inquilinas ha destacado la unidad mostrada por estos colectivos en torno a la movilización. El documento presentado por CCOO y UGT sitúa el derecho a la vivienda como principal motivo de la huelga, pero incorpora también reivindicaciones relacionadas con los salarios y la negociación colectiva. Entre ellas figuran la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores y las críticas a CEOE y Cepyme por no haber retomado las conversaciones para renovar el acuerdo marco estatal sobre negociación colectiva. Esta combinación de demandas sociales y laborales constituye uno de los puntos centrales de la controversia entre sindicatos y patronal. Mientras las organizaciones convocantes defienden que sus reivindicaciones están vinculadas a los intereses económicos y profesionales de los trabajadores, la CEOE cuestiona la legalidad de la protesta por entender que puede perseguir objetivos ajenos al ámbito estrictamente laboral. El marco jurídico de referencia es el Real Decreto-ley 17/1977, que considera ilegales las huelgas iniciadas o mantenidas por motivos políticos o con finalidades distintas de los intereses profesionales de los trabajadores afectados. La interpretación de este precepto resulta determinante para valorar la convocatoria. Los sindicatos, por su parte, confían en que los precedentes judiciales del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional respalden su posición, al considerar que las reivindicaciones socioeconómicas también pueden quedar amparadas por el derecho de huelga.

READ MORE

(El Economista, 20-10-2026) | Laboral

Los parados séniors logran un contrato por cada cuatro de un menor de 45 años

España continúa alcanzando máximos de afiliación a la Seguridad Social y registra la cifra de desempleo más baja de los últimos 18 años. Sin embargo, esta evolución favorable del mercado laboral no beneficia por igual a todos los grupos de edad. Un estudio de la Fundación Más Sénior advierte de las dificultades que afrontan los desempleados mayores de 45 años para reincorporarse al mercado de trabajo. El análisis de las últimas dos décadas revela que este colectivo consigue muchos menos contratos que los trabajadores más jóvenes, una brecha que no se ha reducido pese a la recuperación económica. Entre enero y septiembre de 2026 se formalizaron 12,15 millones de contratos en España. De ellos, 3,20 millones correspondieron a personas mayores de 45 años, el 26,3% del total. Sin embargo, este grupo representa 1.354.570 desempleados registrados, el 56,9% del conjunto de personas inscritas en las oficinas de empleo, frente a los 1.024.935 parados menores de esa edad. La diferencia resulta todavía más evidente al comparar el número de contratos con el volumen de desempleados de cada grupo. Durante los nueve primeros meses del año se firmaron 8,7 contratos por cada parado menor de 45 años, mientras que entre los mayores de esa edad la proporción se redujo a 2,4. En otras palabras, las oportunidades de contratación de los trabajadores sénior apenas alcanzaron una cuarta parte de las que tuvieron los más jóvenes en relación con el número de desempleados. La recuperación de la contratación tampoco ha servido para corregir esta desigualdad. En comparación con el mismo periodo de 2025, los contratos suscritos por mayores de 45 años aumentaron un 2,3%, frente al crecimiento del 5,6% registrado entre los menores de esa edad. La situación empeora especialmente a partir de los 55 años. Entre los desempleados de 45 a 54 años se contabilizaron 3,8 contratos por cada persona en paro, mientras que entre los mayores de 55 la proporción cayó hasta 1,4, aproximadamente un contrato por cada seis desempleados. La distribución de las contrataciones confirma esta diferencia. Las personas de entre 45 y 54 años representan el 23,5% del paro registrado, pero concentran el 17,2% de los contratos. En el caso de los mayores de 55 años, suponen el 33,5% de los desempleados, aunque únicamente reciben el 9,1% de las nuevas contrataciones. La Fundación Más Sénior sostiene que esta brecha generacional se mantiene incluso durante los periodos de expansión económica. Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) muestran que en 2006, durante el auge de la construcción, se formalizaban una media de 9,3 contratos por cada desempleado menor de 45 años. La proporción descendía a 3,9 entre los trabajadores de 45 a 54 años y a 1,4 entre los mayores de 55. Las ratios actuales reflejan una situación muy similar. Las diferencias se redujeron temporalmente durante la Gran Recesión y la pandemia, cuando la contratación cayó en todos los grupos de edad, aunque con mayor intensidad entre los más jóvenes. Entre 2007 y 2009, los contratos por desempleado menor de 45 años descendieron de 9,3 a 3,4, mientras que en el grupo de 45 a 54 años pasaron de cuatro a 1,9. En 2020 volvió a producirse una evolución parecida: la ratio de los menores de 45 años bajó de 8,4 a 4,3, y la de los trabajadores de 45 a 54 años, de 3,9 a 2,4. Con la recuperación del empleo, la distancia volvió a ampliarse. A esta persistencia de las dificultades se suma el envejecimiento de la población desempleada. Aunque el número de parados de entre 45 y 54 años ha disminuido considerablemente desde los máximos registrados en 2013, cuando alcanzó los 1.178.780, actualmente se sitúa en 558.232. En cambio, el desempleo entre los mayores de 55 años siguió aumentando hasta llegar a 902.993 personas en 2020 y apenas ha retrocedido desde entonces, hasta los 796.338 actuales. Desde 2021, los desempleados mayores de 55 años superan en número a los del tramo de 45 a 54 años, y la diferencia continúa creciendo. De este modo, una proporción cada vez mayor del paro se concentra en el grupo que encuentra más obstáculos para acceder a un empleo. La fundación describe esta dinámica como un círculo vicioso en el que la escasez de oportunidades laborales incrementa el desempleo y, a su vez, contribuye a perpetuar los prejuicios asociados a la edad. Aunque las ratios de contratación muestran que el problema viene de lejos, el aumento del peso de los trabajadores sénior entre los desempleados agrava sus consecuencias. Para explicar esta situación, la Fundación Más Sénior identifica cuatro factores que contribuyen a mantener las barreras de acceso al empleo. El primero son los prejuicios de los responsables de selección, que pueden asociar una mayor edad con una menor capacidad de adaptación, dificultades para utilizar nuevas tecnologías o resistencia al cambio. La organización también señala la tendencia de algunos responsables de contratación a elegir candidatos con perfiles y características similares a los propios. El segundo factor es el coste salarial. La antigüedad y la progresión retributiva pueden hacer que los trabajadores con más experiencia sean percibidos como candidatos más caros. No obstante, la fundación considera que este elemento no basta para explicar la magnitud de la brecha. El tercer obstáculo se encuentra en las políticas activas de empleo. Según el análisis, las bonificaciones a la contratación de mayores de 45 años no han tenido suficiente capacidad para revertir la situación, mientras que buena parte de la formación dirigida a los desempleados resulta demasiado general y no responde adecuadamente a las necesidades de las empresas. Por último, la organización apunta a la brecha digital como otro elemento que dificulta la reincorporación laboral. La falta de determinadas competencias tecnológicas puede utilizarse como motivo para descartar candidaturas, una barrera que podría intensificarse con los filtros automatizados y los algoritmos empleados en los procesos de selección. Sin embargo, la persistencia de diferencias similares desde hace dos décadas indica que la digitalización no constituye el origen del problema, aunque puede contribuir a reforzar prejuicios que ya existían. Para reducir estas desigualdades, la Fundación Más Sénior propone establecer incentivos fiscales de mayor alcance para las empresas que mantengan plantillas con una composición equilibrada por edades y contraten a desempleados de larga duración mayores de 50 años. También plantea desarrollar programas intensivos de recualificación en ámbitos como la inteligencia artificial y el análisis de datos, con el objetivo de mejorar la adaptación de los trabajadores sénior a las nuevas demandas del mercado laboral. Asimismo, defiende vincular el subsidio para mayores de 52 años a programas obligatorios de recolocación, de manera que esta prestación no termine convirtiéndose en una vía de salida anticipada del mercado de trabajo. El propósito de estas medidas sería aumentar las oportunidades de contratación y evitar que la edad siga condicionando de forma tan determinante el acceso al empleo.

READ MORE

(La Vanguardia, 20-10-2026) | Laboral

Las provincias con mayores ingresos por habitante fueron Gipuzkoa, Bizkaia y Madrid, y las más bajas Almería, Jaén y Huelva

La distribución de los ingresos de los hogares españoles en 2024 refleja un aumento de las desigualdades territoriales. Los datos dibujan una división cada vez más marcada entre las comunidades del norte, donde las rentas son más elevadas y continúan creciendo, y las zonas del sur, que presentan ingresos inferiores y una evolución más moderada. Esta es una de las principales conclusiones del Atlas de Distribución de Rentas de los Hogares publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por provincias, Gipuzkoa encabezó la clasificación de ingresos anuales medios por habitante, con 20.790 euros, seguida de Bizkaia, con 19.858 euros, y Madrid, con 19.277 euros. En el extremo opuesto se situaron Almería, con 12.244 euros por persona, Huelva, con 12.765 euros, y Jaén, con 12.835 euros. En Catalunya, la renta media por habitante alcanzó los 17.884 euros en Barcelona, los 15.986 euros en Girona, los 15.608 euros en Lleida y los 15.296 euros en Tarragona. En las cuatro provincias, el crecimiento de los ingresos quedó por debajo del promedio nacional. Madrid, por el contrario, registró un incremento superior a los 1.100 euros por persona, lo que amplió la diferencia de renta entre la capital y Catalunya. El atlas del INE constituye la principal fuente estadística para analizar los ingresos de los hogares en España, gracias a la amplitud y al nivel de detalle de sus datos. La información permite examinar la situación económica de la población en cada municipio e incluso descender hasta las secciones censales y las calles, lo que facilita la identificación de las diferencias de renta dentro de un mismo territorio. En el conjunto de España, la renta neta media anual por persona se situó en 15.948 euros durante 2024, un 6,1% más que el año anterior. Por hogar, el ingreso neto medio ascendió a 40.605 euros, lo que representa un aumento del 5,9% respecto a 2023. La clasificación de los municipios de más de 2.000 habitantes volvió a estar encabezada por localidades con elevados niveles de renta. Pozuelo de Alarcón, en Madrid, ocupó la primera posición, con 32.612 euros anuales por habitante. Le siguieron Matadepera, en Barcelona, con 28.607 euros, y Boadilla del Monte, también en Madrid, con 28.382 euros. En los tres municipios, los ingresos medios aumentaron alrededor de 2.000 euros. La evolución fue menos favorable en las localidades con menores rentas, donde los incrementos rondaron los 800 euros, por debajo del promedio estatal. Iznalloz, en Granada, registró la renta neta media anual más baja entre los municipios de más de 2.000 habitantes, con 9.153 euros por persona. A continuación figuraron El Palmar de Troya, en Sevilla, con 9.321 euros, y Albuñol, también en Granada, con 9.343 euros. Los datos también permiten clasificar los municipios según la posición de sus habitantes en la distribución nacional de la renta. En Euskadi, el 90% de las localidades se encontraba entre el 25% de la población española con mayores ingresos, correspondiente a rentas superiores a 17.157 euros por persona. Navarra ocupó el segundo lugar, con el 71% de sus municipios en esta categoría, seguida de Baleares, con el 46%, y Catalunya, con el 44%. En el otro extremo, Murcia concentró el 91% de sus municipios en los niveles de renta más bajos. La proporción alcanzó el 84% en Andalucía y el 82% en Extremadura, lo que pone de manifiesto las diferencias económicas entre las distintas zonas del país. Las desigualdades también se aprecian al analizar el grupo de población con rentas muy altas, aquellas que superan los 21.652 euros anuales por persona. Donostia destacó especialmente, con el 60% de sus habitantes en este segmento. A continuación se situaron Madrid, con el 39%; Bilbao, con el 34%, y Barcelona, con el 32%. En cambio, en Soria y Cuenca no había población incluida en esta categoría de renta, mientras que en Guadalajara el porcentaje apenas alcanzaba el 1,7%. En el extremo inferior de la distribución, Melilla registró el mayor porcentaje de habitantes con rentas muy bajas, con un 32%, seguida de Ceuta, con un 30%, y Alicante, con un 29%.

READ MORE

(Expansión, 20-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña pierde 302 compañías hasta septiembre mientras que Madrid suma 505 más

Cataluña continúa registrando más salidas de empresas que llegadas, una tendencia que se mantiene desde la crisis política de 2017. A la dificultad para recuperar a las miles de compañías que trasladaron su sede social fuera de la comunidad se suma la incapacidad para frenar la marcha de nuevas sociedades. En los últimos años, el balance empresarial ha seguido siendo desfavorable y en los últimos meses esta dinámica ha vuelto a intensificarse. Entre enero y septiembre de 2026, un total de 823 empresas trasladaron su domicilio social desde Cataluña a otras comunidades autónomas, mientras que 521 fijaron su sede en territorio catalán, según los datos actualizados del Colegio de Registradores. Las cifras contabilizan los cambios que ya se han inscrito en el Registro Mercantil de destino, no las solicitudes pendientes de tramitación. El resultado es un saldo negativo de 302 compañías en los nueve primeros meses del año, casi tres veces superior a las 109 sociedades perdidas durante todo 2025. Además, Cataluña presenta el peor balance entre las comunidades autónomas. La evolución refleja las dificultades para recuperar la confianza empresarial, un proceso que puede prolongarse durante años después de una crisis institucional. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido recientemente que Cataluña avanza hacia una normalización política, social e institucional. Sin embargo, esta mejora no se ha traducido todavía en un cambio de tendencia en los movimientos de sedes empresariales. Tampoco los planes de inversión anunciados por el Ejecutivo catalán, entre ellos la movilización de 3.300 millones de euros para desarrollar infraestructuras públicas, han conseguido detener las salidas ni favorecer el regreso de las compañías que se marcharon durante el procés. La inversión extranjera también refleja las dificultades de Cataluña para recuperar posiciones. Pese a representar el 18,9% del PIB español y ser la segunda economía regional del país, la comunidad sigue captando menos capital foráneo que Madrid. En 2025 recibió 4.510 millones de euros de inversión extranjera, frente a los 15.970 millones registrados en la capital. La diferencia se mantuvo durante la primera mitad de 2026: Cataluña atrajo 2.358 millones, mientras que Madrid alcanzó los 5.635 millones. Las diferencias también se aprecian en las relaciones empresariales internacionales. Durante un reciente encuentro con una delegación de empresarios mexicanos, Illa animó a invertir en Cataluña. Los datos, sin embargo, muestran una relación desigual: existen 547 filiales de empresas catalanas en México, mientras que las compañías mexicanas establecidas en Cataluña no llegan a 40. Madrid, por su parte, ha recuperado en 2026 el saldo positivo de traslados empresariales después del resultado negativo registrado el año anterior. En 2025, la comunidad perdió 65 empresas en términos netos, un comportamiento poco habitual que coincidió con la reactivación del Impuesto sobre el Patrimonio para evitar que la recaudación derivada del gravamen estatal a las grandes fortunas terminara en las arcas del Estado. Esta decisión supuso renunciar a una de las principales ventajas fiscales que Madrid había mantenido hasta entonces. La tendencia ha cambiado durante los nueve primeros meses de 2026. En ese periodo, 1.292 empresas trasladaron su domicilio social fuera de Madrid, mientras que 1.797 se instalaron en la comunidad. El saldo resultante es positivo en 505 sociedades, más del doble del superávit de 209 empresas contabilizado en 2024. La evolución apunta a que, más allá de los incentivos tributarios, las empresas también valoran factores como la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la previsibilidad regulatoria, la reducción de trabas administrativas y las condiciones para desarrollar su actividad. Después de Madrid, Canarias y Baleares registraron los mejores resultados, con saldos positivos de 50 y 41 empresas, respectivamente. En el extremo opuesto, Castilla-La Mancha presentó un balance negativo de 106 sociedades, el segundo peor del país después de Cataluña, mientras que Castilla y León perdió 78 compañías en términos netos. En el conjunto de España, 4.634 empresas trasladaron su domicilio social de una comunidad autónoma a otra entre enero y septiembre. El segundo trimestre concentró el mayor volumen de movimientos, con 1.952 cambios, equivalentes al 42% del total acumulado en lo que va de año. La actividad se moderó entre julio y septiembre, periodo en el que se contabilizaron 1.276 traslados. Durante ese tercer trimestre, Cataluña recibió 147 empresas y perdió 184, lo que dejó un saldo negativo de 37 sociedades. Madrid, en cambio, registró un equilibrio entre entradas y salidas, con 408 llegadas y el mismo número de compañías que trasladaron su sede fuera de la comunidad.

READ MORE

(Expansión, 20-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España afronta una multa por retrasar la directiva de crédito al consumo

España se expone a una sanción económica por no haber incorporado dentro del plazo establecido la directiva europea sobre crédito al consumo. El Gobierno aprobó un anteproyecto de ley en enero, pero su tramitación parlamentaria todavía no había comenzado cuando se produjo el adelanto electoral. El plazo fijado por la Comisión Europea para adaptar la normativa finaliza a finales de noviembre. La nueva regulación pretende someter a una supervisión más estricta a los cientos de empresas fintech que conceden préstamos en España sin estar bajo el control del supervisor bancario. España es uno de los pocos países europeos que mantienen un régimen de concesión de crédito relativamente abierto. Actualmente, las empresas pueden ofrecer préstamos sin disponer de una licencia bancaria ni estar registradas necesariamente como entidades de pago o de dinero electrónico. Cuando surgen reclamaciones o conflictos, la competencia recae en los departamentos de Consumo de las comunidades autónomas, cuya capacidad de supervisión resulta limitada. El anteproyecto del Ejecutivo busca modificar esta situación mediante nuevas exigencias para los proveedores de crédito. Entre otras medidas, establece límites máximos a los intereses que pueden aplicarse, en función del importe del préstamo y del plazo previsto para su devolución. La propuesta también introduce por primera vez una regulación específica para las tarjetas revolving, un producto financiero que durante años ha generado numerosos litigios y reclamaciones judiciales al amparo de la Ley de Usura de 1908. Ante la falta de una normativa suficientemente precisa, los tribunales han tenido que delimitar las condiciones en las que pueden comercializarse estos productos. De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, los intereses de las tarjetas revolving no pueden superar en más de seis puntos porcentuales el tipo medio de mercado de referencia. En la actualidad, la tasa anual equivalente (TAE) de estos productos se sitúa, según el texto, entre el 20% y el 24%. Las tarjetas revolving permiten disponer de una línea de crédito que se renueva automáticamente a medida que se amortiza la deuda. Sin embargo, cuando las cuotas son reducidas en relación con los intereses generados, el capital pendiente puede prolongarse durante años e incluso aumentar, lo que eleva el riesgo de sobreendeudamiento. Países como Italia, Francia y Portugal cuentan desde hace tiempo con límites a los intereses aplicables a esta modalidad de financiación. Otra de las principales novedades del anteproyecto consiste en transferir al Banco de España las competencias de supervisión sobre los establecimientos financieros de crédito, que hasta ahora dependen del Ministerio de Economía. De aprobarse la reforma, el supervisor bancario asumiría mayores facultades para autorizar la creación de nuevas entidades y aprobar operaciones de fusión. Antes del adelanto electoral, la Comisión Europea ya había advertido a España y a otros quince Estados miembros de que debían cumplir los plazos de transposición de la directiva. El aviso supone un paso previo a la posible remisión del expediente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que puede imponer sanciones económicas por el incumplimiento de las obligaciones comunitarias. La cuantía de estas penalizaciones depende de factores como la gravedad de la infracción, el tiempo transcurrido desde que venció el plazo y la capacidad económica del Estado afectado. En ocasiones anteriores, España ha afrontado sanciones del TJUE de entre 6,8 y 15 millones de euros por retrasos en la incorporación de directivas relacionadas con la conciliación o la protección de datos. También estuvo expuesta a una posible penalización por la demora en la aprobación de la ley hipotecaria de 2019, aunque finalmente no llegó a materializarse. Entre los procedimientos de infracción más relevantes que Bruselas mantiene abiertos contra España figura el relacionado con la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. La Comisión Europea considera que la normativa nacional que permitió al Gobierno intervenir en la operación podría vulnerar las disposiciones comunitarias sobre libre circulación de capitales y derecho de establecimiento.

READ MORE

(El País, 20-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El coste de la vivienda castiga especialmente a quienes dependen del mercado del alquiler

El acceso a una vivienda y la capacidad para afrontar su coste se han convertido en un problema económico para una parte creciente de los trabajadores en España. Así lo advierte Oxfam Intermón en su último informe, Cuando trabajar no es suficiente, publicado este martes, que calcula que los gastos relacionados con la vivienda empujan a otras 770.000 personas ocupadas por debajo del umbral de pobreza. Con este impacto, el número de trabajadores pobres se acerca a los tres millones, frente a los 2,2 millones que se contabilizarían si no se tuviera en cuenta el coste de la vivienda. El estudio señala que la tasa de pobreza laboral pasa del 11,48% al 15,49% cuando se descuentan de los ingresos de los hogares los gastos vinculados a la vivienda, como el alquiler, la hipoteca o los impuestos asociados al inmueble. El incremento, de cuatro puntos porcentuales, pone de manifiesto que disponer de un empleo no siempre garantiza unos ingresos suficientes para mantener unas condiciones de vida adecuadas. Para elaborar el informe, Oxfam Intermón utiliza los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge los ingresos declarados en 2024. La organización considera que existe pobreza laboral cuando una persona tiene trabajo, pero reside en un hogar cuyos ingresos se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Este límite se sitúa en el 60% de la renta mediana y equivale a unos 12.220 euros anuales para una persona que vive sola. A partir de este criterio, la organización calcula cómo cambia la situación económica de los hogares cuando se descuentan los gastos de vivienda. La estimación de los 770.000 trabajadores adicionales en situación de pobreza corresponde a este cálculo de Oxfam Intermón y no a una cifra publicada directamente por el INE. El impacto de estos gastos varía considerablemente según el régimen de tenencia de la vivienda. Antes de descontar los costes del alojamiento, la pobreza laboral afecta al 19,35% de los trabajadores que viven de alquiler a precio de mercado. Entre quienes tienen una vivienda en propiedad completamente pagada, la proporción es del 8,19%, mientras que entre los propietarios que todavía están pagando una hipoteca se sitúa en el 7,77%. Las diferencias se amplían al contabilizar el coste de la vivienda. En el caso de los inquilinos que pagan rentas de mercado, la tasa de pobreza laboral aumenta del 19,35% al 34,08%, lo que supone un incremento de 14,73 puntos porcentuales. De este modo, aproximadamente uno de cada tres trabajadores que vive de alquiler en el mercado libre se encuentra en situación de pobreza después de afrontar este gasto. Oxfam Intermón considera que esta evolución refleja el deterioro de la capacidad adquisitiva de los hogares y el papel que desempeña el encarecimiento del alquiler en el aumento de la vulnerabilidad económica. Aunque los trabajadores mantengan sus empleos, el esfuerzo necesario para pagar una vivienda puede reducir sus ingresos disponibles hasta situarlos por debajo del umbral de pobreza. La situación también resulta complicada para quienes acceden a viviendas de alquiler por debajo de los precios de mercado, principalmente mediante programas de vivienda social o protegida. En este grupo, la tasa de pobreza laboral pasa del 23,57% antes de descontar los gastos de vivienda al 31,28% después de contabilizarlos. El informe destaca que, una vez satisfechos los costes residenciales, la pobreza laboral entre los inquilinos del mercado libre supera a la registrada entre quienes acceden a alquileres subvencionados, pese a que estos últimos parten de una situación económica más desfavorable. Para la organización, esta diferencia evidencia la presión que ejercen los precios del alquiler privado sobre los ingresos de los trabajadores. Los propietarios, por su parte, presentan una evolución distinta. Entre quienes tienen la vivienda completamente pagada, la tasa de pobreza laboral se reduce ligeramente, del 8,19% al 7,95%, una vez considerados los gastos asociados al inmueble. En los hogares que siguen pagando una hipoteca, el indicador aumenta del 7,77% al 10,22%, es decir, 2,45 puntos porcentuales. A pesar de este incremento, ambos grupos mantienen niveles de pobreza laboral inferiores a los de los inquilinos. Los datos apuntan así a una creciente desigualdad vinculada al acceso a la vivienda: mientras que la propiedad, especialmente cuando ya no existe una hipoteca pendiente, ofrece una mayor protección frente a los gastos residenciales, quienes dependen del alquiler afrontan una presión económica mucho más elevada. La principal conclusión del análisis es que el régimen de tenencia de la vivienda se ha convertido en un factor determinante de la desigualdad. El aumento de los alquileres está reduciendo los recursos disponibles de numerosos hogares y hace que tener un empleo resulte insuficiente para evitar la pobreza.

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us

CONTACT GAF