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(La Vanguardia, 29-04-2024) | Fiscal

Las multinacionales recuperan los beneficios previos a la pandemia

En el año 2021, las multinacionales españolas lograron recuperar sus beneficios previos a la pandemia, obteniendo en conjunto 98.342 millones de euros, según datos publicados por la Agencia Tributaria (AEAT). Sin embargo, el tipo impositivo se mantuvo en su nivel más bajo en los últimos cinco años, situándose en un 14,4%. Esta estadística de la AEAT incluye a las multinacionales con sede en España y con una facturación superior a los 750 millones de euros. Durante el 2021, había 123 multinacionales con más de 13.000 filiales en todo el mundo, incluyendo España, lo que representa aproximadamente un tercio del total. Aunque los ingresos agregados fueron ligeramente inferiores a los del 2019, alcanzando casi un billón de euros (902.724 millones), aún así se mantienen por encima de los niveles registrados en el 2016, año en el que comienza la serie histórica. Es importante señalar que esta estadística puede variar considerablemente de un año a otro debido a la entrada o salida de multinacionales, ya que solo se consideran aquellas con una facturación mínima. Por otro lado, los beneficios obtenidos en el 2021 son los más altos de toda la serie histórica, como se puede observar en el gráfico adjunto. Sin embargo, el tipo impositivo del 14,4% sigue siendo superior al mínimo registrado en el 2016, cuando alcanzó el 12,6%. Este dato debe tomarse con precaución, ya que la AEAT muestra los beneficios después de descontar las pérdidas que pudieran haberse generado en jurisdicciones extranjeras. En España, el tipo impositivo del impuesto de sociedades es del 25% en general y del 30% para el sector bancario, mientras que a nivel internacional se discute la imposición de un mínimo del 15% por parte de la OCDE y las Naciones Unidas. Los datos de la AEAT también ofrecen información sobre la productividad por trabajador en diferentes países, aunque se debe analizar con cautela, ya que aquellos países que ofrecen beneficios fiscales suelen aparecer como los más productivos. Por ejemplo, Malta, Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda son algunas de las jurisdicciones donde teóricamente los trabajadores son más productivos. Además, aproximadamente la mitad de las filiales de estas multinacionales (51%) se encuentran fuera de la Unión Europea (UE), mientras que un tercio (32%) están ubicadas en España y el 17% restante en la UE. Este reparto determina el tipo efectivo del impuesto, que varía según el territorio. En España, este tipo es del 12,8%, casi dos puntos por debajo de la media. La AEAT señala que la mayor imposición relativa se encuentra en los países de la UE, con un tipo medio agregado del 16,5% para el impuesto pagado, mientras que fuera de la Unión Europea la recaudación impositiva es del 15,5%. Es importante tener en cuenta que este análisis se basa en el impuesto pagado y no en el devengado, que puede ser ligeramente superior. Por último, la AEAT resaltó la diferencia en rentabilidad entre las filiales en España y las ubicadas en el resto del mundo. Las filiales españolas tienen un margen de beneficio del 7,5%, frente al 9,3% a nivel mundial.

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(La Vanguardia, 29-04-2024) | Fiscal

La factura fiscal de un hogar tipo en España es de alrededor de un tercio de su renta

En España, las familias destinan aproximadamente un tercio de sus ingresos al pago de impuestos, según las estimaciones realizadas sobre la tributación que afecta a los hogares, abarcando desde el IRPF hasta el IVA y otros gravámenes como el impuesto a los carburantes o el IBI. Por primera vez, se ha elaborado un análisis general del impacto de la tributación de las diferentes administraciones en la economía familiar, realizado por el Consejo General de Economistas-REAF. Este estudio analiza cuatro modelos de hogares con datos reales del INE y determina qué porcentaje de sus ingresos totales se destina al pago de impuestos: personas solteras (33,6%), parejas sin hijos (35,4%), parejas con un hijo (31,7%) y parejas con dos hijos (31,7%). Por ejemplo, una pareja con dos hijos y unos ingresos mensuales de 3.639,75 euros destinaría el 31,7% de esa cantidad, es decir, 1.153,42 euros, al pago de impuestos. Según Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, "los continuos cambios normativos y fiscales generan una elevada incertidumbre entre los contribuyentes", por lo que considera necesaria una mayor transparencia en lo que realmente se paga a Hacienda. Con este estudio, se ha intentado mostrar una imagen general de la carga tributaria que soporta un hogar promedio español. El tipo de hogar más común en España es el de una pareja con un hijo, que en promedio ingresa 37.438 euros al año. De esta cantidad, más de 5.000 euros se destinan al IRPF, alrededor de 2.400 euros a la Seguridad Social y otros 2.400 euros al IVA. Los impuestos sobre los carburantes representan cerca de 700 euros, seguidos por los impuestos sobre el tabaco y los bienes inmuebles, con alrededor de 400 euros cada uno. Estos datos muestran que, aunque se asocie principalmente la presión fiscal al IRPF, el resto de impuestos pueden representar una cantidad equivalente. Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas y coordinador del trabajo, señala que el pago del IRPF de un hogar tipo equivale a entre un 13,8% y un 17,2% de sus ingresos, y cuando se suman los otros impuestos, se produce "un incremento de los tipos iniciales del IRPF de más del doble". El informe también destaca que el IRPF funciona como regulador para evitar un aumento excesivo de la factura fiscal y es menor en hogares con menos ingresos. Sin embargo, la factura de otros impuestos, como los carburantes o el IBI, es independiente del nivel de renta. En cuanto a la imposición fiscal por comunidades autónomas, Cataluña se encuentra en la banda alta de la presión fiscal, mientras que Madrid está en la baja. Por ejemplo, en Cataluña y Baleares, la cuota autonómica del IRPF representa casi el 52% del total, mientras que en Madrid y Canarias representa alrededor del 47%. El informe detalla que la diferencia en la cuota nominal del IRPF entre comunidades autónomas puede ser considerable, siendo la mayor diferencia de 1.166 euros entre Extremadura (cuota máxima) y Madrid (cuota mínima), si se introduce la paridad de poder adquisitivo.

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(Expansión, 29-04-2024) | Laboral

El número de trabajadores afectados por un ERE se dispara un 65% hasta febrero

Durante los dos primeros meses de este año, el número de trabajadores impactados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados o comunicados a las autoridades laborales se incrementó en un 65% en comparación con el mismo periodo del año pasado, llegando a un total de 18.587 afectados, según datos preliminares del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En cuanto al tipo de procedimiento, el número de empleados afectados por despidos colectivos aumentó un 29% interanual en estos dos meses, alcanzando un total de 2.999 trabajadores. Por otro lado, los trabajadores afectados por suspensiones de contrato aumentaron un 87,3%, llegando a 14.933 empleados, mientras que los afectados por reducciones de jornada disminuyeron un 32,3%, llegando a un total de 655 afectados. De todos los trabajadores en ERE al finalizar febrero, el 5,4% (1.015 empleados) se vieron afectados por procedimientos originados por causas de fuerza mayor, mientras que el 94,5% (17.572 empleados) lo estaban por procedimientos de regulación derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP). Los procedimientos por causas de fuerza mayor aumentaron un 7,5% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que los causados por causas ETOP aumentaron un 70,3%. El Ministerio aclara que cuando un procedimiento afecta a varios centros de trabajo en diferentes provincias, se cuenta un procedimiento por cada provincia en las estadísticas. Además, si una empresa comunica trabajadores afectados en diferentes meses, se cuenta un procedimiento por cada mes. En cuanto a los sectores, el número total de trabajadores afectados por todos los procedimientos aumentó un 80,2% en la industria y un 63.5% en la construcción, alcanzando 12.620 y 242 afectados respectivamente. También aumentaron un 41,8% en la agricultura, llegando a 275 afectados, y un 39,1% en los servicios, llegando a 5,450 afectados. En términos de tipo de procedimiento, los trabajadores afectados por despidos colectivos disminuyeron un 49,2% en el sector de la construcción, llegando a 61 afectados, mientras que aumentaron un 29,7% en la industria y un 27,7% en la construcción en comparación con los dos primeros meses de 2023, sumando 1.004 y 1.828 afectados respectivamente. En la agricultura, los afectados por despidos colectivos fueron 106. Por otro lado, los trabajadores afectados por suspensiones de contrato aumentaron drásticamente en la construcción, llegando a un total de 170 afectados, aunque el sector industrial fue el que registró el mayor número de empleados con suspensiones de contrato, 11.200 en total, un 88.6% más que en los dos primeros meses de 2023. En los servicios y la agricultura, los empleados afectados por estos procedimientos aumentaron un 83% y un 7% respectivamente. En cuanto a las comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana fue la que registró más trabajadores afectados por ERE en cifras absolutas en los dos primeros meses, con 6.838 trabajadores, la mayoría de los cuales estaban relacionados con la fábrica de Ford en Almussafes. A continuación se situaron Madrid, con 2.751 afectados, y Navarra, con 1.933. Sin embargo, en términos relativos, Cantabria fue la comunidad autónoma que más incrementó el número de trabajadores afectados por ERE hasta febrero, multiplicándolo por 11 hasta alcanzar los 918 afectados. Por otro lado, Murcia experimentó el mayor descenso, con una caída del 90% en los trabajadores afectados por ERE.

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(Expansión, 29-04-2024) | Laboral

Vox propone que los autónomos que ingresen menos del SMI no paguen la Seguridad Social

Vox presentará en las próximas semanas una propuesta de ley en el Congreso para eximir del pago de la Seguridad Social a los autónomos cuyos ingresos reales no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ahora está en 1.134 euros en 14 pagas. La medida afectaría a más de dos millones de trabajadores autónomos que actualmente ganan menos de esa cantidad, según indican fuentes de la Oficina Económica de Vox en el Congreso. En particular, señalan que de los tres millones de autónomos en España en 2019, dos millones tienen ingresos por debajo del SMI, y de estos últimos, 1,45 millones ganaron menos de 700 euros al mes y alrededor de 600.000 declararon beneficios inferiores a 600 euros mensuales. Esto afecta especialmente a sectores como la hostelería o la construcción. Por este motivo, Vox propone que los autónomos no paguen su cuota correspondiente si sus ingresos no alcanzan al menos el SMI. Argumentan que esto respaldaría el arranque inicial de los negocios, cuando la facturación suele ser baja y no permite generar beneficios después de pagar la cuota al RETA, impuestos y otros gastos. También consideran que la medida podría reducir la economía sumergida en el colectivo, ya que creen que más personas comenzarían a cotizar si actualmente no se dan de alta debido a sus bajos ingresos. Sin embargo, la propuesta de Vox no se limita solo a la cuota del RETA, sino que también plantea la posibilidad de que los autónomos puedan aplazar el pago del IVA a Hacienda sin intereses cuando la Administración les deba dinero. Según el partido, esta última medida no tendría costo alguno y brindaría mayor flexibilidad al colectivo. No obstante, eximir del pago de la cuota implicaría una reducción en la recaudación de la Seguridad Social, estimada por Vox en alrededor de 6.250 millones de euros al año. La mayor parte de esta disminución en la recaudación provendría de los autónomos con ingresos netos entre 670 y 900 euros, que son aproximadamente 1,5 millones de personas y dejarían de abonar más de 4.600 millones de euros. Considerando que en 2023 la recaudación neta por cotizaciones sociales al RETA fue de 11.655,2 millones de euros, la ley propuesta por Vox representaría una reducción de más del 50% en esos ingresos. Para compensar la menor recaudación, Vox sugiere detener el "derroche" del Gobierno y reducir gastos que consideran "superfluos, ideológicos e improductivos" establecidos tanto por gobiernos del PSOE como del PP. Específicamente, señalan el gasto en subvenciones directas que superaron los 29.000 millones de euros en 2022 según sus cálculos, así como las ayudas a partidos políticos, sindicatos y patronales que alcanzan los 362 millones. También destacan las subvenciones que reciben ciertas empresas públicas, como los 1.930 millones de Red.es, los 1.120 millones de RTVE, los 1.560 millones de Renfe o los 196 millones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

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(El Economista, 29-04-2024) | Laboral

El Supremo zanja la polémica: el cheque comida se puede quitar si se teletrabaja

El Tribunal Supremo (TS) resuelve la controversia sobre los tickets restaurante y establece que las empresas pueden dejar de proporcionarlos a los empleados que trabajan de forma remota, si este beneficio no tiene carácter salarial. Es decir, se considera un complemento extrasalarial si se otorga condicionado a la prestación del servicio de manera presencial u otras circunstancias, mientras que tendría naturaleza salarial si se concede de manera constante, independientemente del tipo de trabajo realizado. Los litigios relacionados con estos vales se incrementaron significativamente después de que el trabajo a distancia se volviera generalizado con la pandemia, lo que llevó a muchas empresas a dejar de proporcionarlos. En una sentencia emitida el 19 de marzo, con el magistrado Antonio Vicente Sempere Navarro como ponente, el tribunal respalda a la empresa frente a los sindicatos al determinar que estos vales no son un complemento salarial, sino que tienen carácter extrasalarial al estar vinculados exclusivamente a la presencialidad en el lugar de trabajo. De esta manera, el Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Nacional del 24 de mayo de 2021 que estableció que "carece de todo respaldo legal que, en el contexto del teletrabajo, la empresa esté obligada a financiar esta prestación si el empleado no come fuera de casa". El fallo del Alto Tribunal reitera su doctrina previa en la que establece que el ticket restaurante no es un complemento salarial. En su fallo del 16 de abril de 2010, ya había establecido que la calificación como salario o complemento extrasalarial no depende de la clasificación del convenio colectivo, sino que, por ley, toda prestación económica que compense el trabajo del empleado debe considerarse salario, quedando excluido de este concepto el complemento que no lo haga. Además, en la sentencia del 3 de octubre de 2013, determinó que "el cheque comida tiene carácter indemnizatorio cuando compensa los gastos del trabajador al comer fuera de casa durante los días laborables, mientras que tiene naturaleza salarial cuando se otorga independientemente del trabajo realizado y de sus circunstancias". Incluso si el cheque comida se convierte en dinero, no pierde su carácter extrasalarial, como indicó el Alto Tribunal en otro fallo del 15 de septiembre de 2021. Así, el Tribunal Supremo establece dos escenarios para la retirada de los tickets restaurante por parte de las empresas, dependiendo de si se trata de un complemento salarial o extrasalarial. El sindicato denunciante argumentó que la eliminación del ticket restaurante violaba el artículo cuarto del Real Decreto-ley del 22 de septiembre de 2020, que regulaba el teletrabajo tras los momentos críticos de la pandemia. Este artículo establece que los teletrabajadores tienen los mismos derechos que si estuvieran trabajando en el lugar de trabajo y no pueden sufrir perjuicios en ninguna de sus condiciones laborales, incluida la retribución. Sin embargo, el Tribunal Supremo, además de no considerar el cheque comida como parte de la remuneración, señala que esta normativa no es aplicable en el litigio, ya que la Disposición Transitoria Tercera indica que se debe seguir la normativa laboral ordinaria.

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(El Economista, 29-04-2024) | Laboral

El pluriempleo no da tregua y cierra el primer trimestre con un récord de casi 600.000 afectados

En el primer trimestre, el número de trabajadores en España con un segundo empleo alcanzó los 591.300, marcando un aumento del 7,9% en comparación con el año anterior y estableciendo un récord histórico para este periodo. Este incremento récord ha sido impulsado principalmente por los trabajadores asalariados, cuyo número aumentó un 11,4% hasta alcanzar los 487.900, mientras que los trabajadores autónomos experimentaron una disminución del 5,5%. Sin embargo, en términos trimestrales, se observa una caída del 1,8% en estas cifras, lo cual es común en el primer trimestre y contrasta con los periodos veraniegos y navideños. A pesar de estas fluctuaciones estacionales, la tendencia general muestra un aumento significativo de la pluriactividad, que se ha intensificado después de la pandemia, superando el aumento general de la ocupación, que fue del 2,9% interanual. Existe un debate sobre si la reforma laboral ha contribuido al aumento de la pluriactividad, especialmente debido al incremento de los contratos fijos discontinuos e indefinidos a tiempo parcial. Sin embargo, los datos disponibles no proporcionan conclusiones definitivas al respecto. Aunque ha habido un crecimiento en los asalariados con contratos fijos discontinuos, los asalariados en general han experimentado un aumento aún mayor. Algunos expertos sugieren que los trabajadores con contratos fijos discontinuos podrían buscar un segundo empleo para compensar los períodos de inactividad. Sin embargo, estos trabajadores se clasifican como parados o inactivos en lugar de pluriempleados, lo que hace que los datos sean menos claros. En cuanto al tipo de contrato, los datos disponibles no especifican si los trabajadores con segundo empleo tienen contratos indefinidos ordinarios, fijos discontinuos o temporales. Tampoco se detalla la jornada laboral, lo que dificulta la identificación del subempleo. A pesar de estas incertidumbres, se observa que el número de personas en situación de subempleo se encuentra en mínimos de la última década, con 1,6 millones de personas, aunque sigue siendo el más alto de la Unión Europea. El aumento de la pluriactividad parece ser más resultado del funcionamiento del mercado laboral que de la reforma laboral en sí. Sin embargo, su peso en la ocupación es relativamente bajo en comparación con el subempleo, lo que sugiere que no es una práctica laboral común si hay otras alternativas disponibles. Una posible explicación es que el esfuerzo necesario para mantener un segundo empleo puede no compensar el beneficio. De hecho, las horas medias de trabajo en estos segundos empleos han alcanzado un mínimo histórico, lo que indica que muchos trabajadores están optando por empleos de menor intensidad. Es importante tener en cuenta que, aunque el número de personas con un segundo empleo es relativamente bajo según la Encuesta de Población Activa (EPA), su impacto en los registros de afiliación a la Seguridad Social es más significativo. Esto se debe a que cada empleo adicional se registra como una afiliación separada, lo que puede inflar el número total de afiliaciones. En resumen, el aumento de la pluriactividad no parece ser impulsado por la reforma laboral, sino más bien por las dinámicas propias del mercado laboral. Aunque su impacto es relativamente bajo en términos de ocupación, puede tener implicaciones significativas en los registros de afiliación a la Seguridad Social.

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(El Periódico, 29-04-2024) | Laboral

El paro repunta hasta el 12,3% en el primer trimestre, el mayor aumento desde 2020

El inicio del año ha sido difícil para el mercado laboral español, enfrentándose a obstáculos típicos de esta época. De hecho, ha sido el peor comienzo en cuatro años. Por lo general, el primer trimestre suele ser desfavorable debido al fin de la temporada navideña y al comienzo de la temporada baja del turismo, lo que se traduce en menos empleo y más desempleo. Este año, el panorama ha sido aún más negativo que de costumbre, siendo el peor desde el inicio de la pandemia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo aumentó cinco décimas con respecto al trimestre anterior, alcanzando el 12,3%. Esto significa que actualmente hay 2,9 millones de personas desempleadas en España, y la tasa de desempleo juvenil se mantiene por encima del 27,7%. Por otro lado, la ocupación disminuyó en 139.700 personas, la mayor caída desde 2020, afectando a todos los sectores: servicios (-56.100), industria (-38.500), agricultura (-27.600) y construcción (-17.500). Esta pérdida de empleo afectó más a las mujeres (-86.800) que a los hombres (-52.900). A pesar de esto, la jornada laboral promedio aumentó a 36,1 horas semanales. A pesar de este comienzo lento, España logró mantenerse por encima de los 21 millones de ocupados, lo que refleja el buen momento general del mercado laboral desde que comenzó la recuperación post-covid. Sin embargo, aunque la dinámica del mercado laboral sea buena en comparación con otros países europeos, se observa una desaceleración en la creación de empleo, al igual que en el crecimiento del PIB. Aunque las perspectivas para 2024 son positivas, no se espera que el ritmo de creación de empleo sea tan intenso como en años anteriores. A pesar de ello, hay algunos datos alentadores que muestran que las empresas siguen siendo activas, como el aumento en el total de horas trabajadas, que sugiere un aumento en el volumen de negocios. En resumen, a pesar de los desafíos iniciales, la confianza en el dinamismo del mercado laboral se refleja en el aumento de la población activa y en la activación de personas desempleadas, lo que está contribuyendo a mantener el crecimiento del empleo en los últimos meses.

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(Expansión, 29-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El tamaño de los activos y de la facturación de las pymes subirá un 25% por la inflación

El Ejecutivo ajustará la valoración de los activos y la facturación de las pymes según la evolución del IPC, lo que permitirá una presentación de cuentas más simple y abreviada, evitando que se vean afectadas por nuevas regulaciones al crecer. El Gobierno incrementará en un 25% la valoración de los balances y el volumen de negocios de las microempresas, pequeñas y medianas empresas, para adaptar estos límites a la inflación, siguiendo la tendencia de la zona euro en los últimos años. Esto implica incorporar a la legislación española una directiva comunitaria del año 2023, que modifica una anterior del 2013 respecto al ajuste de los criterios de tamaño empresarial debido a la inflación. El proyecto de ley del Ministerio de Economía, al que EXPANSIÓN ha tenido acceso, mantiene el número de trabajadores que define a estas empresas: 50 para las medianas empresas, que tienen hasta 250 empleados. El aumento de los umbrales de activos y facturación hará que más empresas puedan presentar cuentas de forma simplificada y abreviada, cumpliendo con las leyes de Auditoría de Cuentas y de Sociedad de Capitales, así como con el Plan General de Contabilidad para pymes y en aspectos de sostenibilidad y gestión eficiente de recursos naturales. En el caso de las microempresas, para seguir el Plan General de Contabilidad para pymes, el Gobierno eleva el límite de activos de 4 a 5 millones de euros y de ingresos anuales de 8 a 10 millones. Sin embargo, para poder utilizar la presentación abreviada de cuentas, estas empresas deben cumplir ambos requisitos durante al menos dos años consecutivos. El número medio de trabajadores no puede superar los cincuenta. Aunque una microempresa no tiene más de diez empleados, esta normativa mantiene el límite en cincuenta, que también es el umbral para la formación de un comité de empresa. La obligación de formar un comité al alcanzar los cincuenta empleados es un gran obstáculo para el crecimiento de las pequeñas empresas, ya que implica la convocatoria de elecciones laborales y facilita la entrada de los sindicatos. Esto, junto con otros factores como impuestos y auditorías más amplias, lleva a muchas empresas a preferir no crecer. El incumplimiento de los requisitos de valoración de activos y facturación impedirá a las empresas aplicar el Plan General de Contabilidad para pymes. Según la Ley de Auditoría de Cuentas, las empresas pequeñas son aquellas que durante dos ejercicios consecutivos deben cumplir dos de las siguientes condiciones, que son las mismas que para las microempresas: el total de activos no debe superar los cinco millones de euros (antes 4) y los ingresos anuales no deben superar los 10 millones de euros (antes 8). La plantilla de trabajadores no debe superar una media de cincuenta en el año. El aumento de los límites de activos y facturación también afecta a las entidades sin fines lucrativos, de cualquier forma jurídica, que durante dos años consecutivos deben cumplir al cierre del ejercicio al menos dos de las siguientes condiciones: los activos no deben superar los cuatro millones de euros (antes 2.850.000) y los ingresos anuales no deben superar los ocho millones de euros (antes 5.700.000). Para las empresas medianas, durante dos ejercicios consecutivos deben cumplir dos de las siguientes condiciones: los activos totales no deben superar los 25 millones de euros (antes 20) y los ingresos totales no deben superar los cincuenta millones de euros (antes 40). Además, la plantilla media de trabajadores durante el año no debe superar los 250. Esto se debe a que a partir de ese número de empleados se considera una empresa grande. Es importante destacar que el 98% del tejido productivo español son pymes.

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(El Economista, 29-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Economía ultima una "macroley" sobre la digitalización y modernización de la banca

El Ministerio de Economía y el Tesoro están finalizando una amplia normativa destinada a promover la digitalización y modernización del sector financiero, con un enfoque especial en asegurar la seguridad y protección del cliente. Este Anteproyecto de ley, que está en fase de consulta pública previa, abarca regulaciones sobre ciberseguridad y ciberresiliencia en el sector, así como aspectos relacionados con medios de pago y la revisión del sandbox, entre otras iniciativas. Carla Díaz Álvarez de Toledo, directora general del Tesoro y Política Financiera, anunció esta iniciativa durante las jornadas Neobancos organizadas por elEconomista.es. Durante su intervención, instó al sector a participar en la consulta pública abierta hasta el 30 de abril. Explicó que como reguladores, es crucial fomentar la innovación para mantener un sistema financiero competitivo, al mismo tiempo que se establecen las precauciones necesarias para un mejor funcionamiento del sector, garantizando la confianza y protección del cliente y previniendo riesgos para la estabilidad financiera. Destacó el crecimiento de la digitalización en el sector financiero y la importancia de proporcionar servicios más rápidos, eficaces y seguros, centrándose en la atención al cliente para preservar la confianza en el sector. Díaz Álvarez de Toledo valoró la entrada de nuevos operadores que introducen competencia en la industria financiera, lo que mejora la calidad de los servicios financieros, los hace más amigables para el usuario, con procedimientos de seguridad más intuitivos y precios más bajos, satisfaciendo así mejor las necesidades del cliente actual, que es más sofisticado y experto en nuevas tecnologías. Sin embargo, señaló que esto también presenta desafíos, como evitar la exclusión de grupos de usuarios menos familiarizados con las operaciones digitales, aumentar los riesgos cibernéticos y adaptar las medidas de protección. El Anteproyecto en consulta pública incluye la transposición de normativas europeas clave para la digitalización y modernización del sector financiero, como DORA (normativa de ciberresiliencia), el Reglamento de Transferencias Instantáneas, regulaciones para combatir el lavado de dinero y completar el Reglamento MICA sobre criptoactivos. En cuanto al Reglamento MICA, que busca equilibrar la innovación con precauciones necesarias, España es uno de los países pioneros en su adopción y establece un plazo de seis meses para que todos los operadores en criptoactivos se registren ante la autoridad competente, ya sea la CNMV o el Banco de España. En el ámbito de los pagos, la normativa de Transferencias Instantáneas abrirá la competencia a las fintech y neobancos, lo que contribuirá a una mayor competencia entre estos y los bancos tradicionales. Además, el Tesoro anunció que próximamente someterá a consulta la transposición de la directiva europea de crédito al consumo, que reforzará la protección del consumidor en este ámbito. Se destacó la importancia de evitar la exclusión financiera de los colectivos vulnerables, destacando las medidas adoptadas por la banca en este sentido. Aunque se reconoció que aún queda camino por recorrer, se valoró positivamente el impacto de estas medidas en la accesibilidad a los servicios financieros para estos segmentos de población.

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(Expansión, 26-04-2024) | Fiscal

Un tercio de los ingresos de las familias se dedican a pagar impuestos

El estudio "Factura fiscal de los hogares españoles", elaborado por el servicio de estudios del Consejo General de Economistas de España (CGE), revela que las familias en España dedican aproximadamente un tercio de sus ingresos al pago de impuestos. Este análisis, publicado recientemente, considera el impacto combinado de varios tributos principales, como el IRPF, el IVA, los Impuestos Especiales, las cotizaciones sociales, las primas de seguros y los gravámenes municipales, concluyendo que este peso fiscal oscila entre el 31,7% y el 35,3% de los ingresos de los españoles. Según el documento, una familia compuesta por una pareja con dos hijos y unos ingresos mensuales conjuntos de 3.639,75 euros destina alrededor de 1.153,42 euros al pago de impuestos, lo que representa un 31,69% de sus ingresos totales, dejando una renta mensual disponible de 2.486,33 euros. Valentín Pich, presidente del Consejo de Economistas, expresó su preocupación ante esta situación, calificándola como "sangrante" y destacando la importancia de una gestión eficiente de los recursos públicos para aliviar la carga fiscal para muchas familias. El informe detalla que la mayor parte de la carga fiscal proviene del IRPF, con tipos medios que oscilan entre el 13,76% y el 17,23%, dependiendo del tipo de familia, y que se eleva con el resto de los tributos hasta alcanzar entre el 31,71% y el 35,35%. Aunque los resultados del estudio podrían sugerir inicialmente que la imposición fiscal puede ser regresiva debido a la similitud de los tipos aplicados en la mayoría de los impuestos, los autores señalan que "la regresividad que muestran en general el resto de los gravámenes es corregida, en cierta medida, por el impuesto sobre la renta". Asimismo, el informe destaca que la presión fiscal del IRPF tiende a estabilizarse a partir de cierto umbral de rentas, alrededor de los 130.000 euros anuales, dado que estas rentas están más sujetas a los tipos que gravan el capital, que son inferiores a los aplicados sobre el trabajo.

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