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(Expansión, 25-03-2026) | Fiscal

Luz verde al decreto que obliga a pymes y autónomos a la factura electrónica

El Gobierno calcula que la orden ministerial que definirá los detalles técnicos de la futura Solución Pública de Factura Electrónica, desarrollada por la Agencia Tributaria, verá la luz antes del verano, según indicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. A partir de ese momento comenzará el plazo para su aplicación obligatoria: un año para las empresas con una facturación superior a 8 millones de euros y dos años para aquellas que no lleguen a esa cifra. Tras un largo proceso, el Consejo de Ministros ha aprobado finalmente este martes el real decreto que regula la implantación de la factura electrónica obligatoria para empresarios y profesionales. Con ello, se fija un calendario más concreto para su puesta en marcha, prevista también antes del verano. Esa será la fecha aproximada en la que el Ministerio de Hacienda publicará la orden que establecerá los aspectos técnicos de esta solución pública, lo que activará los plazos de adaptación: un periodo transitorio de un año para quienes superen los 8 millones de euros de facturación anual y de dos años para quienes se sitúen por debajo de ese límite. "Esperamos, según nuestras previsiones, que esta orden ministerial y la solución pública comiencen su desarrollo antes del verano", señaló Carlos Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Si se cumplen estos plazos, las empresas con mayor volumen de ingresos deberán adaptarse antes del verano de 2027, mientras que el resto tendrá de margen hasta el verano de 2028. El inicio de estos plazos coincidirá con la publicación de la orden de Hacienda relativa a la plataforma pública, que será gratuita y de uso opcional. No obstante, las empresas podrán seguir utilizando plataformas privadas de facturación ya existentes, siempre que cumplan con la obligación de interoperar entre sí, tal y como establece el nuevo real decreto. El objetivo principal de esta normativa es fomentar la digitalización y automatización de los procesos de facturación, con la intención de reducir costes y acortar los plazos de pago. Según el ministro, uno de los principales problemas que frenan el crecimiento empresarial es la falta de liquidez. Esta situación se debe, en gran medida, a los retrasos en los pagos a proveedores, que rondan los 80 días, superando tanto a otros países como el límite legal de 60 días. Además, este problema es más acusado en las grandes empresas: menos del 20% de sus facturas se abonan dentro del plazo, frente al 50% en el caso de las microempresas.

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(Expansión, 25-03-2026) | Fiscal

La parálisis fiscal condena al mercado inmobiliario: los impuestos son ya el 25% del precio de la vivienda

El mercado de la vivienda en España vive una situación de fuerte presión, caracterizada por el aumento continuo de los precios y la falta de oferta, lo que dificulta el acceso a una vivienda para buena parte de la población. En este contexto, los expertos coinciden en que el sistema fiscal vigente no solo no contribuye a mejorar el problema, sino que además encarece los inmuebles y frena el desarrollo de nuevas promociones. Este análisis centró el debate en el Encuentro EXPANSIÓN Fiscal, donde se abordó el efecto de la política tributaria sobre el sector inmobiliario. En el evento participaron Gonzalo Bernardos, profesor de Economía y director del máster inmobiliario de la Universidad de Barcelona; Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE); y Juan Linares, responsable de asesoría fiscal de Ibercaja. Los tres coincidieron en criticar cómo la actual carga impositiva condiciona tanto la compra como el alquiler. Bernardos abrió el turno con una descripción detallada de los costes que afronta un promotor, distinguiendo entre impuestos directos, exigencias normativas difíciles de cumplir y costes ocultos. Según explicó, entre promotores y desarrolladores de suelo pueden llegar a afrontar más de diez tributos, lo que, junto con las exigencias del Código Técnico de la Edificación, hace prácticamente imposible construir viviendas a precios asequibles. De hecho, señaló que en gran parte del país no es viable ofrecer viviendas por debajo de los 3.500 euros por metro cuadrado. El economista destacó especialmente lo que denomina el "impuesto invisible": los largos plazos para obtener licencias. Puso como ejemplo Cataluña, donde los permisos pueden tardar más de dos años, generando incertidumbre, desincentivando la inversión y reduciendo la oferta. En el ámbito del alquiler, cuestionó las políticas dirigidas a proteger a los colectivos vulnerables, argumentando que han llevado a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado o a endurecer los requisitos para los inquilinos. También apuntó que el elevado precio de la vivienda obliga a muchos jóvenes a depender del apoyo económico familiar, generando una transferencia creciente de recursos de padres a hijos. Por su parte, Gregorio Izquierdo aportó una visión centrada en la eficiencia y la competitividad, afirmando que el sector inmobiliario es uno de los más regulados de la economía española. A su juicio, el problema no radica en el mercado en sí, sino en la falta de oferta y en el exceso de impuestos. Estimó que la carga fiscal supone alrededor del 25% del precio final de una vivienda, lo que dificulta el acceso para muchos ciudadanos. Izquierdo describió además un sistema de "sobreimposición", en el que se acumulan distintos tributos -como el ITP, el IVA, el ICIO o tasas municipales-, en ocasiones sin relación directa con los servicios prestados. Criticó la falta de coordinación entre administraciones, lo que provoca que un mismo activo tribute varias veces por conceptos similares. También subrayó el desequilibrio entre lo que el Estado recauda del sector -unos 50.000 millones de euros anuales- y lo que invierte en vivienda, que apenas alcanza el 0,4% del PIB. Como solución, propuso liberalizar suelo y establecer límites fiscales que fomenten la competencia entre territorios. Finalmente, Juan Linares ofreció la perspectiva del sector financiero, señalando que la banca ha pasado de ser un problema en crisis anteriores a convertirse en parte de la solución, gracias a mejores condiciones de financiación. Sin embargo, coincidió en que el esfuerzo financiero se ve limitado por la elevada carga fiscal, que encarece el acceso a la vivienda. Linares destacó que los impuestos no solo afectan a la compra, sino que también reducen la oferta de alquiler al penalizar tanto la venta como el arrendamiento. Señaló además que las donaciones familiares han aumentado un 25% en los últimos cinco años, precisamente para cubrir los costes que la financiación hipotecaria no alcanza. A su juicio, el principal obstáculo ya no es tanto el crédito como la carga administrativa y fiscal. Como medidas, propuso recuperar incentivos como la deducción por vivienda habitual o la cuenta vivienda, y planteó tratar los ingresos del alquiler de forma similar a los del ahorro para favorecer el mercado.

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(Expansión, 25-03-2026) | Fiscal

Las diez principales novedades de la campaña

La campaña de la Renta arranca el próximo 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, o hasta el 25 de junio en caso de domiciliar el primer pago. Este ejercicio incorpora diversas novedades, recogidas por EXPANSIÓN y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), entre las que destacan las siguientes: 1. Rendimientos de actividades artísticas. Uno de los cambios más relevantes afecta a la fiscalidad de los ingresos obtenidos de forma irregular en el ámbito artístico. Así, los rendimientos del trabajo procedentes de la creación de obras literarias, artísticas o científicas -cuando impliquen la cesión de derechos de explotación-, así como los derivados de la relación laboral especial de artistas en artes escénicas, audiovisuales o musicales, podrán aplicar una reducción del 30% sobre la parte de ingresos que exceda el 130% de la media obtenida en los tres años anteriores. Esta medida también se aplica a quienes realizan labores técnicas o auxiliares dentro de este sector, reconociendo la irregularidad de sus ingresos. 2. Tributación del ahorro. En 2025 también se modifica la escala del ahorro, incrementando en dos puntos el tipo máximo. De este modo, pasa del 28% al 30% para las bases que superen los 300.000 euros. 3. Actividades agrícolas y ganaderas. En el ámbito agrario, se eliminan algunas ayudas fiscales temporales. Desaparece la deducción del 35% por el gasóleo agrícola y la del 15% por fertilizantes. Además, se suprimen ciertos índices correctores utilizados para calcular el rendimiento neto, como los relacionados con piensos adquiridos o cultivos en regadío. 4. Rescate de planes de pensiones. Desde 2025 será posible rescatar aportaciones a planes de pensiones con más de diez años de antigüedad sin necesidad de justificar una causa concreta. Esto amplía la liquidez de estos productos, que antes solo podían hacerse efectivos en situaciones específicas como jubilación o incapacidad. Fiscalmente, las cantidades seguirán tributando como rendimientos del trabajo. Se mantiene, además, la reducción del 40% para aportaciones anteriores a 2007, siempre que se rescaten en forma de capital y dentro de los plazos establecidos. 5. Vehículos eléctricos. Se prorrogan durante todo 2025 las deducciones por la compra de vehículos eléctricos o de pila de combustible, así como por la instalación de puntos de recarga. 6. Eficiencia energética en viviendas. Algunas medidas previstas en el Real Decreto-ley 9/2024, pese a no haber sido convalidado, han tenido efectos en el inicio de 2025. Entre ellas, la ampliación de deducciones por obras de mejora energética en viviendas (del 20% y 40%), aunque solo aplicables en casos muy concretos, como contribuyentes fallecidos en enero de 2025. 7. Salario mínimo interprofesional. Se introduce una deducción para quienes perciban el salario mínimo y hayan sufrido retenciones, con el objetivo de compensar dichas cantidades en la declaración. 8. Indemnizaciones por despido. Con efectos desde 2026, se aclara que las indemnizaciones pactadas ante el SMAC no se consideran fruto de acuerdos privados, lo que permite aplicar la exención prevista en el IRPF. 9. Pensiones alimenticias de padres divorciados. Se amplía la exención de las anualidades por alimentos cuando estas se establezcan en convenios formalizados ante letrado de la Administración de Justicia o en escritura notarial, incorporando así un criterio ya habitual en la práctica. 10. Indemnizaciones por responsabilidad civil. También a partir de 2026, la exención por indemnizaciones por daños personales se extiende a aquellas acordadas mediante mediación u otros sistemas extrajudiciales, siempre que se formalicen ante notario y participen terceros imparciales. En conjunto, estas novedades introducen ajustes tanto en la fiscalidad del ahorro y determinados sectores como en deducciones e incentivos, además de ampliar la flexibilidad en algunos instrumentos de previsión y clarificar el tratamiento de determinadas rentas.

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(El Economista,25-03-2026) | Fiscal

Nace el Observatorio de los Derechos y Garantías del Contribuyente para "vigilar a quienes nos vigilan"

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha puesto en marcha un nuevo organismo que integrará a expertos del ámbito académico, jurídico y fiscal con el objetivo de denunciar lo que consideran una actuación desproporcionada de la Agencia Tributaria en su relación con los contribuyentes. Según la asociación, el aumento de la presión fiscal, mediante mecanismos que en su opinión resultan difíciles de compatibilizar con los derechos fundamentales propios de una sociedad democrática, ha motivado la creación del denominado Observatorio de los Derechos y Garantías del Contribuyente. Este órgano nace con la finalidad de supervisar la actuación de la Administración tributaria, en palabras de la propia organización, "vigilar a quienes ejercen la vigilancia". Durante su presentación, Aedaf explicó que el Observatorio no estará formado únicamente por asesores fiscales, sino que también contará con profesionales procedentes del mundo universitario, del ámbito judicial y del sector privado. Su labor consistirá en analizar situaciones que consideren especialmente sensibles y elaborar, al cierre de cada ejercicio, un informe con conclusiones y propuestas concretas. Aunque se define como una iniciativa de carácter independiente y ajena a posicionamientos políticos, gran parte de las intervenciones giraron en torno a críticas a la actuación de la Administración tributaria. Como primer paso, el nuevo organismo ha presentado una propuesta de Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente, que recoge un total de 82 derechos estructurados en cinco grandes bloques: principios básicos en materia tributaria, derechos vinculados a la elaboración de normas fiscales, garantías en la relación jurídica con la Administración, derechos en los procedimientos tributarios y, finalmente, derechos relacionados con la tutela judicial y el control de la Administración por parte de los tribunales. Desde la coordinación del Observatorio se subraya que esta iniciativa responde a la existencia de un problema relevante en materia de garantías que afecta al conjunto de los ciudadanos. Uno de los ámbitos en los que el organismo pondrá especial atención es el uso de herramientas tecnológicas por parte de la Administración tributaria. En este sentido, propone que los contribuyentes tengan derecho a saber si en la toma de decisiones se han empleado sistemas avanzados o inteligencia artificial. Además, considera que, en esos casos, debería garantizarse la transparencia -incluida la posibilidad de conocer el funcionamiento de los algoritmos- y la intervención final de una persona en el proceso. Asimismo, los asesores fiscales advierten sobre determinadas prácticas de control, como el análisis de redes sociales, que, según sostienen, podrían no ajustarse plenamente a la normativa europea de protección de datos. Incluso señalan la existencia de casos en los que la Administración habría utilizado perfiles ficticios para monitorizar la actividad digital de los contribuyentes. Aunque reconocen que Hacienda puede acceder a información pública, recuerdan que su uso debe estar justificado, ser proporcional y responder a una base legal adecuada. Por último, la asociación insistió en la importancia de reforzar la educación financiera desde edades tempranas, incorporándola al sistema educativo, con el fin de que los ciudadanos conozcan mejor sus derechos y obligaciones en materia tributaria.

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(El Economista,25-03-2026) | Fiscal

El PP reclama deflactar el IRPF para los afectados por la subida de las hipotecas

El Partido Popular no tiene asegurado su respaldo a la primera fase del plan anticrisis -separada de las medidas relativas a vivienda- que se debatirá este jueves en el Congreso. Desde la dirección del partido consideran que las propuestas del Gobierno se quedan cortas, especialmente en el ámbito fiscal, al no contemplar medidas como la deflactación de los tramos del IRPF. A nivel estatal, esta medida no se ha aplicado ni siquiera en los momentos más duros de la inflación provocada por la guerra en Ucrania. En este sentido, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló recientemente que un contribuyente medio soporta unos 3.000 euros adicionales en el IRPF debido al efecto de la inflación. Fuentes del partido apuntan a que esta actualización de los tramos debería centrarse, sobre todo, en quienes están más afectados por la subida del euríbor, una de las consecuencias indirectas del conflicto en Oriente Próximo, que encarece las hipotecas. Según sus análisis, gran parte de la clase media española se encuentra en esta situación. Asimismo, el PP defiende que el plan del Ejecutivo debería ampliar las rebajas fiscales más allá de las ayudas vinculadas a carburantes, electricidad, gas o transición energética. Como ya propuso en años anteriores, el partido insiste en la necesidad de actuar también sobre la fiscalidad de los productos básicos de la cesta de la compra. Feijóo subrayó que el precio de los alimentos ha aumentado más de un 40% y recordó que su formación ya ha planteado reducir el IVA de la carne y el pescado al tipo superreducido del 4%, frente al 10% actual, así como aplicar un tipo del 0% a los productos frescos. Ante lo que consideran margen de mejora en el decreto aprobado recientemente por el Gobierno, los populares animan al Ejecutivo a reconsiderar su propuesta y abrir un periodo de negociación, señalando que aún hay tiempo antes de su votación. No obstante, si finalmente el texto se somete a votación este jueves, el partido decidirá su posición en ese momento, sin haberla adelantado por ahora. El líder del PP ha explicado que su propuesta de rebajar el IRPF -incluida en el paquete presentado el pasado 9 de marzo- tiene como objetivo aliviar la carga fiscal de los ciudadanos y facilitar que puedan afrontar mejor sus gastos mensuales.

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(El Periódico, 25-03-2026) | Fiscal

Junts votará a favor del decreto anticrisis si el PSOE respalda su propuesta sobre autónomos

Míriam Nogueras ha confirmado que su grupo respaldará el real decreto destinado a hacer frente a los efectos de la guerra en Irán, aunque ese apoyo no es incondicional. La portavoz de Junts per Catalunya ha señalado que su voto favorable dependerá de que el PSOE respalde también una proposición no de ley presentada por su formación. En ella se plantea eliminar el IVA para los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales, en línea con la directiva europea 2020/285. La formación independentista tuvo un papel clave en la configuración del decreto anticrisis aprobado recientemente por el Gobierno, al lograr incorporar buena parte de sus propuestas fiscales. Estas medidas proceden de un documento con 22 iniciativas que el partido liderado por Carles Puigdemont registró semanas atrás en el Congreso. Entre ellas figuran la reducción del IVA en carburantes, electricidad y gas, rebajas en impuestos energéticos, la suspensión temporal de determinados gravámenes o ayudas a sectores con alto consumo eléctrico. Según fuentes del partido, estos compromisos se cerraron tras una conversación entre la portavoz parlamentaria y el ministro Félix Bolaños antes del Consejo de Ministros extraordinario. En ese contacto, Nogueras habría dejado claro que el apoyo de su grupo dependía de la inclusión de estas medidas, que previamente el Ejecutivo había rechazado. Además, la dirigente de Junts se mostró contraria a aceptar iniciativas intervencionistas en materia de vivienda, como limitaciones a los precios del alquiler o prórrogas obligatorias de contratos. Este desacuerdo contribuyó a tensiones dentro del Gobierno de coalición, especialmente entre el PSOE y los ministros de Sumar, lo que acabó provocando ajustes en el contenido del decreto para lograr su aprobación. A pesar de ello, el respaldo definitivo de Junts aún no está garantizado. El partido condiciona su voto a que el Ejecutivo apoye su propuesta sobre el IVA de los autónomos. Desde la formación advierten de que, si no obtienen ese apoyo, será complicado que respalden otras iniciativas. La propuesta se debatirá previamente, lo que permitirá anticipar la postura del Gobierno antes de la votación clave en el Congreso. Con esta estrategia, Junts busca aliviar la presión fiscal sobre autónomos y clases medias, vinculando su apoyo al decreto a medidas que reduzcan la carga tributaria de estos colectivos.

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(El Confidencial, 25-03-2026) | Fiscal

ICAM pide a Ayuso blindar al abogado en la ley contra los excesos de Hacienda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció hace casi tres años una iniciativa legislativa orientada a frenar lo que consideraba excesos de la Hacienda autonómica. Desde entonces, el proyecto ha seguido desarrollándose dentro del Ejecutivo regional hasta que, a comienzos de 2025, inició su recorrido parlamentario. El anteproyecto de la Ley de Defensa del Contribuyente, impulsado por el Gobierno madrileño a través de su área económica, pretende reforzar las garantías fiscales de los ciudadanos. Entre sus medidas se incluyen la simplificación de trámites, la creación de una carpeta fiscal digital para gestiones en línea y la posibilidad de que la Administración pida disculpas de forma oficial cuando un contribuyente gane un litigio frente a la Hacienda regional. Sin embargo, durante el periodo de información pública, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha planteado que el concepto de "contribuyente" resulta demasiado limitado. En sus alegaciones, el organismo presidido por Eugenio Ribón propone sustituirlo por una noción más amplia, como la de "obligados tributarios", con el fin de que la protección legal se extienda también a profesionales que representan a los ciudadanos ante la Administración. La intención es que abogados y asesores fiscales queden igualmente amparados cuando actúan en defensa de terceros. Según el Colegio, centrarse únicamente en el contribuyente supone una restricción injustificada, ya que en la relación jurídico-tributaria intervienen otros actores que también necesitan garantías. Por ello, sugiere emplear fórmulas más inclusivas que abarquen a todos los implicados en este tipo de relaciones. Más allá de esta cuestión, el ICAM también cuestiona el enfoque general del anteproyecto. Considera que se da demasiada importancia a los servicios de información y asistencia, dejando en segundo plano los procedimientos tributarios, que es donde se originan la mayoría de conflictos, como inspecciones, comprobaciones o sanciones. Entre sus propuestas, destaca la necesidad de reforzar la seguridad jurídica de las consultas tributarias, asegurando su carácter vinculante y evitando cambios de criterio que puedan perjudicar a los ciudadanos. El Colegio advierte de que permitir a la Administración apartarse de sus propias interpretaciones alegando diferencias en los hechos podría vaciar de contenido estas garantías. Asimismo, subraya la importancia de mejorar la respuesta administrativa cuando no se contestan consultas en plazo, ya que esto genera incertidumbre, especialmente si posteriormente se derivan sanciones. Otro de los aspectos novedosos que introduce el ICAM es la incorporación de mecanismos de mediación para resolver discrepancias técnicas antes de que lleguen a los tribunales. En este sentido, plantea que la futura Oficina de Defensa del Contribuyente asuma un papel activo como intermediaria, promoviendo soluciones consensuadas entre la Administración y los ciudadanos. El Colegio también aboga por reforzar la independencia de este organismo, proponiendo que su dirección recaiga en una persona externa a la Administración tributaria y con experiencia acreditada. Además, sugiere que esta oficina pueda formular recomendaciones ante quejas ciudadanas y que las autoridades estén obligadas a justificar sus decisiones cuando no las sigan. Estas propuestas han sido elaboradas por especialistas en derecho tributario del ICAM y su centro de mediación, bajo la coordinación de Roberta Poza. Según explican, el objetivo es contribuir a que la futura ley establezca un equilibrio real entre la actuación de la Administración y la protección de los derechos de los ciudadanos, garantizando al mismo tiempo la lucha contra el fraude y el respeto a las garantías jurídicas.

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(El País, 25-03-2026) | Laboral

Trabajo dice que seguirá adelante pero con retoques con la tramitación del registro horario pese al dictamen desfavorable del Consejo de Estado

El informe negativo del Consejo de Estado sobre el refuerzo del registro horario impulsado por Yolanda Díaz no altera los planes del Ministerio de Trabajo. El departamento mantiene su intención de continuar con la tramitación del decreto prácticamente sin cambios de fondo y confía en llevarlo al Consejo de Ministros en su forma actual. Aunque se muestran abiertos a ajustes técnicos, descartan modificar aspectos esenciales o reabrir la negociación, pese al rechazo de las patronales y al respaldo de los sindicatos. Precisamente UGT y CC OO han manifestado su preocupación por el contenido del dictamen y han mostrado su desacuerdo con sus conclusiones en un comunicado conjunto. Esta iniciativa representa la alternativa del Ministerio tras el fracaso parlamentario de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El objetivo es imponer un sistema de registro horario digital obligatorio y accesible para la Inspección de Trabajo. En un principio también se contemplaba endurecer las sanciones por incumplimientos, pero esa medida se descartó al requerir cambios legislativos y el respaldo del Parlamento. El Ministerio sostiene que el resto de medidas pueden aprobarse mediante un reglamento, sin necesidad de trámite parlamentario, algo que el Consejo de Estado cuestiona en su informe. Esta discrepancia, que también ha sido señalada por la CEOE, podría facilitar futuras impugnaciones judiciales por parte de las organizaciones empresariales. Por ahora, la patronal no se ha pronunciado oficialmente sobre el dictamen. Los sindicatos, en cambio, sí han reaccionado con contundencia. Consideran incomprensible que, ante el elevado volumen de horas extra no remuneradas -que cifran en cuatro de cada diez-, se introduzcan obstáculos que puedan perpetuar situaciones de incumplimiento. A su juicio, el actual sistema de registro, vigente desde 2019, ha demostrado ser insuficiente. Además, recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que los sistemas de control horario deben ser objetivos, fiables y accesibles, condiciones que, según los sindicatos, no se cumplen plenamente en España. Mientras que la normativa actual permite registros en papel, la propuesta del Ministerio obligaría a utilizar sistemas digitales, lo que reforzaría el control y dificultaría posibles manipulaciones. En materia de protección de datos, UGT y CC OO critican especialmente la postura del Consejo de Estado. Consideran que se está poniendo el foco en proteger a las empresas en lugar de a los trabajadores, al limitar el acceso de la Inspección a la información. Incluso plantean que, siguiendo ese razonamiento, también se podría restringir el acceso de la Inspección de Hacienda a la contabilidad empresarial. Ambos sindicatos instan al Gobierno a seguir adelante con la reforma, reforzando su eficacia y garantías. Por su parte, el Ministerio de Trabajo insiste en que no necesita someter de nuevo el texto al Consejo de Estado antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. Antes de llegar a esa fase, el decreto deberá pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, bajo la responsabilidad de Carlos Cuerpo, cuyo departamento ha mostrado reservas sobre la medida. El dictamen recoge numerosas objeciones tanto de Economía como de Función Pública y de la Agencia Española de Protección de Datos. A pesar de estas críticas, Yolanda Díaz ha reafirmado su intención de continuar con la reforma, defendiendo que existen millones de horas extra no pagadas cada semana que deben regularizarse. Por su parte, Carlos Cuerpo ha evitado confrontar directamente, mostrando coincidencia en los objetivos de la medida, aunque ha subrayado la necesidad de aplicarla de forma equilibrada, especialmente teniendo en cuenta la realidad de las pequeñas y medianas empresas.

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(Cinco Días, 25-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor se dispara y roza el 3%, su nivel más alto en año y medio

El Consejo de Estado ha concluido que no es adecuado aprobar el real decreto planteado sobre el refuerzo del registro horario, una norma con la que el Ministerio de Trabajo pretende rescatar parte de su proyecto para reducir la jornada laboral. El dictamen, aprobado la semana pasada y al que ha tenido acceso la prensa, es muy crítico con la propuesta. Aunque valora positivamente su objetivo -evitar las horas extra no remuneradas mediante un sistema digital accesible para la Inspección-, considera que presenta importantes carencias. Entre los principales reproches, el órgano consultivo señala que no se ha evaluado correctamente el impacto económico de la medida, que invade competencias propias de una ley pese a tratarse de un reglamento, que no se adapta a las particularidades de distintos sectores y que no garantiza adecuadamente la protección de datos de los trabajadores. Además, el dictamen, que no es vinculante, incorpora críticas de otros organismos públicos como los ministerios de Economía y Función Pública o la Agencia Española de Protección de Datos. Desde el Ministerio de Trabajo han rechazado estas objeciones, defendiendo que la medida busca asegurar el cumplimiento de la normativa laboral y evitar que algunas empresas obtengan ventajas competitivas incumpliendo la ley y no pagando las horas extraordinarias. El Consejo de Estado también cuestiona la memoria de impacto normativo, al considerar que no analiza de forma adecuada las consecuencias para las empresas. Recuerda que el sistema digital sería obligatorio para más de un millón de compañías y califica de poco realista la afirmación de que no supondrá una carga significativa. A su juicio, una iniciativa de este alcance debería someterse a una tramitación más amplia. En este sentido, advierte de que el sistema implicará costes relevantes, ya que requerirá adquirir licencias, conexión permanente a la red y disponibilidad continua. El propio organismo estima un impacto inicial cercano a los 867 millones de euros anuales, sin incluir gastos adicionales como implantación, formación o mantenimiento. Por ello, considera que no se corresponde con la realidad empresarial afirmar que la medida no tendrá efectos relevantes en la economía. Asimismo, critica la ausencia de un cálculo detallado del impacto presupuestario para las administraciones públicas, en línea con las observaciones realizadas por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que prevé un coste elevado que no ha sido debidamente evaluado. El dictamen también recoge las reservas del Ministerio de Economía, que, si bien respalda el objetivo de la norma, considera que su aplicación requiere un periodo transitorio más amplio y medidas que reduzcan el impacto en las pequeñas y medianas empresas. Además, advierte de que imponer un sistema uniforme no tiene en cuenta las particularidades de determinados sectores. El propio Consejo de Estado coincide con este análisis y señala que existen actividades con características específicas -como la portería de fincas, el transporte ferroviario o la hostelería- en las que no resulta adecuado implantar un sistema digital único. Por ello, plantea que el futuro decreto no se aplique a ciertos regímenes especiales de jornada. En materia de protección de datos, el informe es especialmente crítico. Al igual que la Agencia Española de Protección de Datos, considera que la propuesta no garantiza suficientemente el uso adecuado de la información ni cuenta con una base jurídica sólida. Subraya que no basta con afirmar que solo accederán a los datos personas autorizadas, sino que es necesario establecer mecanismos concretos que lo aseguren. Además, el Consejo señala que el proyecto no aclara aspectos esenciales, como si se utilizarán sistemas biométricos o qué tipo de datos se recopilarán y cómo se gestionarán. Critica que se pretenda implantar un modelo digital que aún no está definido técnicamente ni cuenta con requisitos claros. En conclusión, el organismo considera que la información aportada por el Ministerio de Trabajo es insuficiente para justificar la norma, especialmente porque afecta a un derecho fundamental como la intimidad de los trabajadores. Añade que la protección frente a posibles riesgos no puede basarse en declaraciones genéricas, sino en una definición detallada del sistema, de los accesos y de los datos que se recogerán.

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(Cinco Días, 25-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas prohibirá a los bancos vender productos financieros con comisiones injustificadas

La Unión Europea ha decidido endurecer su postura frente al sector bancario. Las instituciones comunitarias han alcanzado un acuerdo para establecer un nuevo marco normativo destinado a limitar el cobro de comisiones consideradas excesivas o injustificadas en la comercialización de productos financieros, como fondos de inversión, servicios de gestión de carteras o seguros de ahorro. El Parlamento Europeo y el Consejo han fijado las bases de la nueva Estrategia de Inversión Minorista (RIS), una iniciativa que podría transformar profundamente el sector y que algunas entidades interpretan como un intento de control de precios. El acuerdo político se cerró el 18 de marzo, tras varias rondas de negociación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea. Aunque aún debe ser ratificado formalmente en los próximos meses, el texto introduce cambios relevantes en la forma en que se venden estos productos, con el objetivo de reforzar la protección de los inversores particulares. El principio central de esta normativa es que las comisiones deben estar justificadas por un valor real para el cliente. Es decir, si el inversor paga, debe recibir una contraprestación clara. La directiva MiFID II, en vigor desde 2018, ya intentó mejorar la comercialización de fondos entre particulares, aunque desde el sector se considera que su impacto fue más formal que estructural. Ahora, sin embargo, se anticipan cambios más profundos. Desde Bruselas se pretende acabar con la comercialización de productos con comisiones elevadas que no se correspondan con su rendimiento. Por ejemplo, no se considera justificable que un fondo de renta variable estadounidense cobre comisiones altas si obtiene resultados inferiores a los de productos similares o a índices de referencia como el S&P 500. Esta futura regulación podría afectar especialmente a los fondos de gestión activa en España, que representan la mayor parte del patrimonio gestionado. En cambio, las grandes gestoras internacionales especializadas en gestión pasiva, como BlackRock o Vanguard, podrían verse favorecidas por este nuevo entorno. Desde el sector, la asociación Inverco ha expresado su preocupación por el impacto de estas medidas, advirtiendo de que podrían imponer nuevas cargas a las entidades sin aportar beneficios claros para los inversores. También alerta de que el concepto de "valor por dinero" podría derivar en una regulación indirecta de precios, limitando la flexibilidad del mercado mediante criterios rígidos. Expertos en regulación financiera señalan que las entidades deberán comparar sus productos con otros similares utilizando criterios objetivos, como el nivel de riesgo, el horizonte de inversión, la estrategia, el mercado al que se dirigen o su enfoque en sostenibilidad. El objetivo es garantizar comparaciones fiables y transparentes. En el caso de productos de inversión vinculados a seguros, como rentas vitalicias o unit linked, se utilizarán como referencia parámetros definidos por el supervisor europeo del sector asegurador, aunque durante un periodo transitorio también podrán emplearse sistemas nacionales. Las autoridades europeas reconocen el peso de bancos y aseguradoras en la distribución de productos financieros y buscan asegurar que actúan en beneficio del cliente. Por ello, exigirán que puedan demostrar que sus productos aportan valor y que son competitivos frente a alternativas del mercado. Uno de los puntos más controvertidos son las llamadas retrocesiones, comisiones que reciben los bancos por distribuir productos de terceros. Este sistema puede generar conflictos de interés, ya que una parte significativa de las comisiones pagadas por el cliente termina en manos de la entidad distribuidora. Aunque en el pasado se planteó su prohibición, finalmente no se ha llevado a cabo. Con la nueva normativa, Bruselas pretende vigilar más de cerca estos incentivos para evitar que influyan en las recomendaciones a los clientes. Desde el sector, sin embargo, se advierte de que la regulación podría dar lugar a interpretaciones distintas entre países, lo que dificultaría la integración del mercado europeo de capitales.

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