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(Expansión, 13-01-2025) | Fiscal

La CNMC publica hoy el informe sobre el cumplimiento de los bancos del "impuestazo"

El tiempo es un elemento crucial, tanto de forma positiva como negativa, especialmente cuando se trata de evaluar el impacto de las decisiones tomadas o de verificar el cumplimiento de las normativas. Sin embargo, con frecuencia, estas constataciones llegan en un momento en el que su relevancia práctica ha disminuido considerablemente. Hoy, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presenta el informe solicitado por el Gobierno en julio de 2023 para determinar si los bancos han cumplido con la prohibición de trasladar a los clientes el coste del gravamen extraordinario impuesto a las principales entidades. Este gravamen, inicialmente aprobado para los años 2022 y 2023 y ampliado posteriormente a 2024, se ha transformado recientemente para aplicarse durante otros tres años (2024, 2025 y 2026), modificando tanto sus condiciones como las entidades afectadas. La solicitud formal a la CNMC para analizar si los bancos cumplían con la normativa llegó en julio de 2023. Desde entonces, la Comisión ha tardado aproximadamente un año y medio en completar su evaluación y emitir el informe correspondiente. Es llamativo que la publicación de este análisis coincida justo con el final de la prohibición para que los bancos repercutan estos costes a sus clientes. A partir de ahora, el nuevo impuesto podrá ser tratado como un coste adicional, al igual que otros impuestos y tasas que enfrentan las entidades financieras. Esto evidencia una discrepancia entre la decisión gubernamental de proteger a los clientes y la capacidad real de supervisión para garantizar su cumplimiento. Un obstáculo importante fue el acceso a los datos bancarios. Aunque la normativa establecía que el Banco de España debía colaborar con la CNMC, la información necesaria está bajo la jurisdicción del Banco Central Europeo (BCE) debido a la creación del Eurosistema. Esta situación dificultó la obtención de los datos, ya que el BCE mantiene estricta confidencialidad sobre la información de las entidades que supervisa. Finalmente, se llegó a un acuerdo que permitía consultar los datos sin copiarlos ni sacarlos del ámbito del BCE, lo que implicó un proceso más lento y restringido. El informe de la CNMC no ofrece conclusiones definitivas. No se puede afirmar categóricamente que los bancos hayan incumplido la normativa, pero tampoco se descarta. La falta de tensiones en los balances durante los años 2023 y 2024, junto con la elevada liquidez del sistema financiero español, ha contribuido a esta ambigüedad. Según los últimos datos disponibles, en septiembre de 2023, la ratio de cobertura de liquidez del sistema bancario español era del 181%, muy por encima del mínimo regulatorio del 100%. Por el lado del crédito (activo), los datos muestran que las entidades no han trasladado el coste del gravamen a los deudores. Durante estos años, el endeudamiento de empresas y familias se ha mantenido estable, lo que ha llevado a los bancos a limitar el aumento del coste de los créditos para mantener su competitividad. En septiembre de 2023, la deuda total de empresas y familias alcanzaba los 1,7 billones de euros, un 109% del PIB, cinco puntos menos que el año anterior. Aunque los controles establecidos por el Gobierno son positivos, su eficacia queda en entredicho cuando los resultados se conocen una vez que las normativas han perdido vigencia. Esto evidencia la necesidad de diseñar mecanismos de supervisión más ágiles y oportunos.

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(Expansión, 13-01-2025) | Fiscal

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP reducirán al 4% el impuesto sobre transmisiones patrimoniales a los jóvenes que adquieran una vivienda

El Partido Popular (PP) ha planteado diez medidas relacionadas con la vivienda que serán implementadas por las comunidades autónomas bajo su gestión, como respuesta a lo que consideran una falta de acción del Gobierno frente a la actual emergencia habitacional. Sin embargo, el Ejecutivo ha advertido que este plan del PP podría llevar al país a una situación similar a la burbuja inmobiliaria de 2008, que tuvo graves consecuencias económicas para España. Entre las medidas anunciadas, las comunidades autónomas gobernadas por el PP reducirán al 4% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para facilitar a los jóvenes la compra de su vivienda habitual. Este compromiso fue incluido en la "Declaración de Asturias", un acuerdo alcanzado durante un encuentro privado entre los líderes autonómicos del PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, celebrado el pasado fin de semana. Feijóo presentó esta iniciativa públicamente en un acto en Oviedo como parte de un decálogo de propuestas en materia de vivienda. Dicho decálogo incluye, además, una apuesta por una nueva Ley del Suelo, la derogación de la actual Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, la reducción de impuestos, el aumento de suelo disponible para construcción, y mayores incentivos al alquiler. "Con un gran esfuerzo y compromiso por parte de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, reduciremos el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% para ayudar a los jóvenes a adquirir una vivienda con más respaldo por parte de la administración pública", afirmó Feijóo. No obstante, reconoció que esta medida tendrá implicaciones en los ingresos de las arcas autonómicas. En su intervención, Feijóo explicó que esta rebaja está dirigida a "jóvenes menores de 40 años", aunque el documento oficial de la declaración se limita a mencionar a "jóvenes" sin especificar un rango de edad. Cada comunidad autónoma establecerá los límites de renta y precio de la vivienda para aplicar esta medida. El plan también incluye una reducción del impuesto sobre la transmisión de viviendas protegidas, aunque no se detalla el porcentaje. Entre las iniciativas se encuentran: la simplificación de trámites burocráticos, la promoción de suelo público para construir viviendas protegidas, garantizar alquileres asequibles a un precio un 30% inferior al del mercado, y la extensión hasta los 40 años de las líneas públicas de avales hipotecarios. Además, el PP propone fomentar el alquiler mediante seguros de impago y multirriesgo, así como ayudas para reformar viviendas que se encuentren desocupadas y se destinen al alquiler. Feijóo destacó el trabajo de su partido en el diseño de estas propuestas, en contraste con lo que calificó como la falta de acción del Gobierno, al que acusó de estar centrado en intereses partidistas y no en las necesidades de los ciudadanos. El colectivo prioritario al que van dirigidas estas medidas incluye familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, y municipios afectados por la despoblación, así como cascos históricos y zonas rurales. "España atraviesa una situación crítica en materia de vivienda. Las familias, especialmente los jóvenes, enfrentan precios inaccesibles, salarios bajos y el mayor paro juvenil de Europa. Los propietarios sufren la ocupación de sus viviendas y los promotores enfrentan numerosas trabas administrativas para construir nuevas viviendas. Si no se construyen más, los precios seguirán subiendo", concluyó Feijóo.

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(Expansión, 13-01-2025) | Laboral

El Gobierno da a las aseguradoras 12 días más, hasta el 27 de enero, para adherirse al convenio de Muface

El Gobierno ha decidido extender en doce días el plazo para que las aseguradoras presenten sus propuestas en la licitación del seguro de salud destinado a 1,5 millones de funcionarios y familiares afiliados a Muface. En lugar de finalizar el miércoles 15 de enero, como estaba inicialmente previsto en los términos del concurso lanzado el pasado 23 de diciembre, las aseguradoras podrán presentar sus ofertas hasta el 27 de enero. Este contrato cubrirá la prestación sanitaria para los años 2025, 2026 y 2027. Esta ampliación de plazo impacta directamente en la prórroga temporal del contrato actual que Muface había acordado con Adeslas, Asisa y DKV, la cual se había establecido inicialmente por tres meses desde el vencimiento del contrato el 31 de diciembre de 2023. Dado lo ajustado de los tiempos, es posible que dicha prórroga se extienda un mes adicional, dependiendo del momento en que se firme el nuevo contrato. La prórroga actual, prevista en los términos del contrato anterior, seguirá vigente hasta que entre en vigor el nuevo acuerdo. Sin embargo, tanto Adeslas como DKV ya han anunciado que no participarán en esta licitación. Durante el período de extensión, Muface destinará un presupuesto de 343 millones de euros para garantizar el servicio sanitario ofrecido por las tres aseguradoras. La ampliación del plazo, anunciada el pasado viernes, intensifica la presión sobre un proceso ya complicado. La asociación Unipromel, que representa a médicos autónomos, planea presentar un recurso contra los términos del convenio si alguna aseguradora decide participar, siguiendo el mismo procedimiento que llevó a cabo a finales del año pasado con los convenios de Isfas (mutualidad de militares) y Mugeju (mutualidad de jueces). En esos casos, los recursos presentados provocaron la suspensión temporal de las licitaciones, aunque finalmente fueron desestimados por el Tribunal Central de Recursos Contractuales en diciembre, permitiendo la reanudación de los procesos. En los convenios de Isfas y Mugeju, la resolución de los recursos de Unipromel tomó aproximadamente un mes, lo que llevó a un retraso en la firma de los nuevos acuerdos y obligó a abrir un período extraordinario de un mes más en febrero. Si los plazos en el caso de Muface también se extendieran, es probable que la prórroga del contrato actual se prolongue hasta abril, dado que, según lo establecido por el Gobierno, este periodo se extiende un mes después de la firma del nuevo convenio para permitir que los mutualistas elijan entre mantener su aseguradora o pasarse al sistema público de salud. El Gobierno ha justificado la ampliación del plazo para la presentación de ofertas con el objetivo de "favorecer la concurrencia", permitiendo que las aseguradoras interesadas tengan más tiempo para preparar la documentación requerida. Además, Muface informó haber recibido numerosas consultas sobre las especificaciones técnicas del contrato, así como quejas sobre el tiempo insuficiente para elaborar propuestas, considerando que el plazo inicial coincidió con las festividades navideñas, lo que dificultó la preparación adecuada de las ofertas. La decisión de extender el plazo se anunció un día después de que DKV confirmara, el 9 de enero, que no participará en la licitación, y dos semanas después de que Adeslas hiciera lo propio el pasado 27 de diciembre. En este escenario, salvo sorpresas, Asisa sería la única aseguradora dispuesta a participar, una situación que no parece satisfacer al Ejecutivo, liderado por Óscar López, ministro para la Transición Digital y de la Función Pública. El anuncio de esta ampliación llama la atención por razones como la escasa concurrencia y la complejidad del proceso. Podría interpretarse como un intento del Gobierno de ganar tiempo para evaluar una posible tercera licitación. No obstante, todo indica que lograr una mayor participación dependería de incrementar el presupuesto asignado para este servicio, algo que, hasta ahora, la Administración no ha contemplado.

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(Cinco Días, 13-01-2025) | Laboral

CEOE destaca que haría falta una jornada de 41,2 horas para alcanzar la productividad de la UE

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) rechaza que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales incremente la productividad, como asegura el Ministerio de Trabajo. Según la patronal, para que España alcanzara la productividad media europea, la jornada efectiva debería situarse en torno a las 41,2 horas semanales. En su respuesta al borrador del anteproyecto de ley sobre la reducción de jornada, la CEOE afirma que la premisa del Ministerio no tiene respaldo empírico. Argumenta que es el aumento de la productividad lo que permite reducir las jornadas laborales y mejorar los salarios. Señalan que, en sectores donde la productividad depende directamente del tiempo de trabajo, una reducción obligatoria provocará desajustes organizativos, mayores costes laborales y una caída de la productividad. La patronal también destaca que, desde 2019, la productividad por trabajador en España ha disminuido notablemente, mientras que en la Unión Europea ha crecido. Además, recuerda que otros países europeos con jornadas similares a la española registran una productividad significativamente mayor. Por ello, advierte que reducir la jornada sin un aumento significativo de la productividad alejará aún más a España de los estándares europeos. La CEOE cuestiona la precisión del borrador del anteproyecto, indicando que contiene afirmaciones "gratuitas y sin rigor", y que confunde la jornada máxima legal con la jornada pactada en los convenios colectivos. Subraya que el legislador puede limitar la jornada máxima como un marco general, pero no imponer cambios en las jornadas pactadas por negociación colectiva. Según la patronal, cuanto más se reduzca el margen de negociación, más problemático será el ajuste con el marco constitucional. En su análisis, la CEOE considera que la propuesta del Ministerio supone una injerencia sin precedentes en la autonomía de los agentes sociales y que busca alterar el modelo constitucional de negociación colectiva. Señalan que intervenir en las jornadas ya pactadas afecta al núcleo esencial de esta negociación y genera inseguridad en el ámbito laboral. La patronal defiende que las reducciones de jornada deben ajustarse a las necesidades de cada sector mediante acuerdos colectivos. Citan datos oficiales que muestran que muchos convenios ya han reducido las jornadas semanales a rangos entre 37,5 y 39,5 horas, equilibrando la competitividad empresarial con la conciliación laboral. Sin embargo, advierten que el anuncio de una reducción obligatoria ha paralizado las negociaciones colectivas y que, de aprobarse, podría generar más conflictividad laboral y tensiones en las futuras negociaciones. Finalmente, la CEOE critica que el borrador no incluya una memoria económica ni evalúe el impacto real sobre el empleo y la economía. Señalan además que en otros países las pruebas piloto para reducir la jornada se realizan de manera voluntaria y con apoyo público, mientras que la propuesta del Ministerio se basa en la imposición legislativa sin medidas efectivas de acompañamiento.

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(La Vanguardia, 13-01-2025) | Laboral

Yolanda Díaz propone que el salario mínimo suba 50 euros en 2025, hasta los 1.184 euros al mes

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que el próximo miércoles presentará a los agentes sociales una propuesta para incrementar en 50 euros mensuales el salario mínimo interprofesional (SMI), lo que elevaría la cifra a 1.184 euros al mes. En una entrevista concedida este domingo a La Vanguardia, Díaz explicó que presentará un informe elaborado por la comisión de expertos que ha trabajado en este tema en los últimos meses y, posteriormente, convocará esa misma tarde la mesa de diálogo social. Según Díaz, esta medida responde a la realidad económica actual, caracterizada por el aumento de los precios de productos básicos y los graves problemas de acceso a la vivienda, entre otros desafíos que afectan a los trabajadores. "Es la opción que mejor responde a las necesidades actuales de los trabajadores en España", señaló. La ministra expresó su deseo de que la patronal respalde esta subida del SMI y subrayó que está dispuesta a ser "flexible" si se logra un acuerdo entre todas las partes, ya que su prioridad es siempre alcanzar consensos en el marco del diálogo social. Además, mencionó que espera que el sistema fiscal también se ajuste para que el salario mínimo quede exento de tributación en el IRPF, como ha sucedido en ejercicios anteriores. En relación con la paralización del anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral, Díaz calificó de "muy grave" la postura del PSOE, destacando que es la primera vez que los socialistas se oponen a un acuerdo ya pactado en el marco del diálogo social. Según la vicepresidenta, las demandas de los ministerios económicos del PSOE implicarían un incumplimiento claro del acuerdo de Gobierno, lo cual considera inaceptable. Advirtió que esta situación podría generar una crisis de confianza si no se materializa la reducción de la jornada laboral, recordando que el cumplimiento de los compromisos políticos es fundamental para evitar el desencanto ciudadano. En sus palabras: "La política de promesas incumplidas en un país como España fomenta la desafección ciudadana y abre camino a la derecha y la extrema derecha en un contexto de tiempos difíciles y convulsos". Finalmente, Díaz instó al PSOE a rectificar y a respetar el acuerdo de Gobierno, al que considera un reflejo del compromiso adquirido por los partidos de la coalición con la ciudadanía. "Confío en que el PSOE cumpla con respeto y seriedad el acuerdo de Gobierno, porque este es un pacto que debe ser honrado en beneficio de los españoles", concluyó.

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(El Economista, 13-01-2025) | Laboral

UGT dice que no apoyará un acuerdo para subir el SMI si no queda exento de IRPF

En los últimos años, el salario mínimo interprofesional (SMI) ha experimentado un crecimiento significativo, incrementándose un 54% desde 2018. Con cada aumento, el Ministerio de Hacienda ajustaba el mínimo exento del IRPF para evitar que quienes perciben el SMI tuvieran que tributar como consecuencia de estas subidas. Por ejemplo, el año pasado el límite para tributar por IRPF se elevó a 15.876 euros, correspondiente al salario mínimo anual. Sin embargo, según informa El País, Hacienda considera no aplicar este ajuste en esta ocasión. De acuerdo con estimaciones del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), esta decisión obligaría a los beneficiarios del SMI a destinar aproximadamente el 42% del aumento previsto al pago del IRPF. Esta posibilidad ha generado rechazo por parte del sindicato UGT, que ha expresado su firme oposición a cualquier acuerdo que no contemple un incremento del mínimo exento. "Nuestra prioridad es garantizar que el SMI llegue íntegro a los trabajadores, quienes forman parte de los sectores más vulnerables y necesitan mayor apoyo institucional", afirma UGT en un comunicado. Asimismo, el sindicato insiste en la responsabilidad del Ministerio de Hacienda para implementar estas medidas de forma adecuada. UGT subraya que el objetivo debe ser avanzar hacia el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea, y propone un aumento del SMI de entre un 5% y un 6%. Por su parte, CC OO no condiciona su apoyo al ajuste del IRPF, pero insiste en que el SMI debe equivaler al 60% del salario medio neto. Según CC OO, este compromiso debe cumplirse, tal como figura en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. Además, exigen que España adapte la directiva europea de salarios mínimos. Ambos sindicatos han respaldado las subidas del SMI implementadas por el Gobierno de coalición, aunque este no requiere su aprobación ni la del Parlamento para aplicarlas. Próximamente se abrirá la mesa de diálogo sobre el salario mínimo, tras la recomendación de los expertos de Trabajo. Estos sugieren un incremento del SMI de entre un 3,4% y un 4,4% para mantenerlo en línea con el 60% del salario medio neto. Esto implicaría aumentos que lo situarían entre 1.173 euros brutos mensuales (16.422 euros anuales) y 1.184 euros mensuales (16.576 euros anuales). Si Hacienda no actualiza el IRPF, los trabajadores perderían entre 233 y 300 euros de la subida anual. Aunque la decisión final sobre el ajuste del IRPF aún no se ha tomado, desde Hacienda reconocen que existe la posibilidad de no realizar la actualización. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo aboga por mantener el criterio de años anteriores y aumentar el mínimo exento para proteger el poder adquisitivo de los perceptores del SMI.

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(El Economista, 13-01-2025) | Laboral

Los costes laborales suben un 18,5% más que los sueldos brutos en un lustro por el alza de cotizaciones

La contratación de trabajadores se ha encarecido significativamente en un contexto de fuerte creación de empleo. Los costes laborales, que engloban el salario bruto del empleado más las cargas no salariales a cargo de la empresa (principalmente cotizaciones a la Seguridad Social), han aumentado casi un 20% más que los sueldos brutos de los trabajadores en los últimos cinco años, especialmente tras la pandemia. Este incremento se debe, en gran medida, a las subidas en las cotizaciones. Actualmente, un salario promedio supone entre 1.300 y 1.500 euros adicionales al año en costes laborales en comparación con 2018. Los costes laborales incluyen el salario bruto, las contribuciones obligatorias a la Seguridad Social y otros gastos como indemnizaciones por despido o ayudas al transporte. Aunque las empresas pueden beneficiarse de deducciones y subvenciones para reducir estos costes, los analistas sugieren evaluar el impacto de las subidas considerando los costes laborales netos, es decir, descontando las ayudas del coste bruto. El aumento de los costes laborales ha dificultado la recuperación del poder adquisitivo tras el periodo de alta inflación. Esto se debe a las alzas en las bases de cotización y la introducción de nuevas cuotas, que han incrementado el coste total por trabajador. Según los datos disponibles, el incremento de costes laborales por empleado en relación con 2018 se sitúa entre un 14,5% y un 20%, dependiendo del sector. Los sectores de la construcción y la industria han experimentado aumentos más moderados, de alrededor del 15% entre 2018 y 2023, según la Encuesta Anual de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE). En cambio, el sector servicios, que lidera la creación de empleo tras la pandemia, ha registrado un incremento del 20% en sus costes laborales en el mismo período. Actualmente, un salario promedio de 26.555 euros brutos anuales implica un coste laboral total de 35.900 euros para la empresa, frente a los 30.880 euros que suponía en 2018 para un sueldo bruto de 23.000 euros. Esto significa que, mientras el salario bruto ha subido en 3.500 euros, los costes laborales han aumentado en 5.900 euros, lo que representa un alza del 18,5% en el gasto total para las empresas. Entre los distintos componentes de los costes laborales, las cotizaciones obligatorias son las que más han contribuido al aumento. Según Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, estas han crecido un 28% en los últimos cinco años, siendo las contingencias comunes (destinadas a cubrir bajas laborales) las responsables del 65% de este incremento. En contraste, los gastos por conceptos no salariales, como incapacidades temporales o indemnizaciones por despido, han registrado un aumento marginal del 1,5%. En términos concretos, de los 144 euros mensuales adicionales en cotizaciones obligatorias desde 2018, 93 euros corresponden a contingencias comunes.

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(El Economista, 13-01-2025) | Laboral

Solo 5.000 trabajadores compatibilizan el salario y la ayuda creada en la reforma del subsidio

El pasado 1 de noviembre entró en vigor una reforma del subsidio por desempleo, destinada a quienes se registran como demandantes de empleo tras haber agotado la prestación contributiva o no tener derecho a ella por no cumplir con el tiempo mínimo de cotización. Esta ley, resultado de amplias negociaciones entre los Ministerios de Economía y Trabajo, así como de un diálogo con Bruselas y los sindicatos, contempla la posibilidad de mantener una ayuda al encontrar empleo, incluso si se trata de una jornada completa. Desde su implementación, cerca de 5.000 personas han podido beneficiarse de esta medida, diseñada como un incentivo para fomentar la búsqueda activa de empleo, según explicó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Aunque esta cifra es limitada respecto al total de beneficiarios del subsidio, se debe al corto tiempo transcurrido desde su entrada en vigor y a las restricciones de la norma, que no permite esta compatibilidad para los desempleados que cobran la prestación contributiva hasta que no haya pasado un año desde la pérdida de su empleo. Cuando los beneficiarios encuentran trabajo, no siguen percibiendo el subsidio, sino que pasan a recibir un "complemento de apoyo al empleo", una ayuda creada por esta misma reforma. Este complemento se otorga automáticamente por un máximo de 180 días y su cuantía varía en función del tiempo que se haya estado cobrando el subsidio y el tipo de jornada del nuevo empleo, tal como establece el Real Decreto-ley 2/2024, vinculado al cuarto desembolso de los fondos europeos. El importe de esta ayuda se calcula como un porcentaje del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), establecido en 600 euros al mes en 2023 y susceptible de ser actualizado en futuros presupuestos. Así, el "complemento de apoyo al empleo" oscila entre 480 y 30 euros mensuales, dependiendo de los factores mencionados. Por ejemplo, una persona con jornada completa que haya recibido el subsidio durante nueve meses recibirá 180 euros al mes, mientras que si lo percibió solo un mes obtendrá 480 euros, además de su nuevo salario. Si el empleo es a media jornada, estas cifras se reducen a 150 y 360 euros, respectivamente. Esta nueva ayuda tiene un tope del 80% del IPREM, que corresponde a la cuantía máxima del subsidio de desempleo antes de la reforma. La normativa actual establece que el subsidio sea del 95% del IPREM (570 euros al mes) durante los primeros seis meses, y del 90% (540 euros) en los seis meses siguientes, reduciéndose al 80% a partir del primer año. Este esquema fue fruto de un acuerdo entre Economía y Trabajo, ya que la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, consideraba que un incremento mayor podría desincentivar la búsqueda de empleo. Finalmente, se alcanzó un término medio, ya que la propuesta inicial de Yolanda Díaz buscaba elevar el subsidio al 110% del IPREM en el primer año. El texto inicial de la reforma, aprobado en diciembre de 2023, también incluía una reducción progresiva en las cotizaciones de los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años, bajándolas del 125% al 100%. Sin embargo, tras el rechazo parlamentario liderado por Podemos, el Gobierno abrió una nueva negociación con sindicatos y patronales, eliminando este punto para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas. Según los datos del Ministerio de Trabajo, el 73% de los beneficiarios del subsidio por desempleo son mayores de 50 años, lo que justifica que uno de los principales objetivos de esta reforma haya sido reducir el desempleo de larga duración. La compatibilidad de la ayuda con un empleo busca incentivar la incorporación laboral, aunque este ofrezca salarios más bajos o jornadas reducidas. No obstante, este grupo de edad solo representa el 30% de quienes perciben la prestación contributiva.

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(El País, 13-01-2025) | Laboral

Más de seis millones de trabajadores perdieron poder de compra en 2024

Los precios ofrecieron un respiro a los españoles durante 2024, con un incremento promedio del 2,8%. Aunque todavía se sitúan por encima del 2% considerado ideal por las instituciones económicas, están por debajo del 3,6% registrado en 2023 y lejos del desmesurado aumento del 8,4% en 2022, impulsado por la crisis energética tras el inicio de la guerra en Ucrania. Al analizar la evolución del coste de la vida en relación con los salarios, se puede determinar cuántos ciudadanos ganaron o perdieron poder adquisitivo. Según cálculos realizados, al menos 6,3 millones de trabajadores (entre empleados públicos y ocupados en el sector privado) vieron reducido su poder adquisitivo en 2024, mientras que 3,39 millones de asalariados privados lograron mantenerlo estable. En contraste, nueve millones de pensionistas y 3,9 millones de empleados del sector privado experimentaron un incremento en su capacidad de compra. En términos porcentuales, un 27% de los grupos analizados perdió poder adquisitivo, mientras que un 58% lo aumentó. Este análisis abarca tres colectivos principales: los asalariados del sector privado, basándose en la estadística de convenios del Ministerio de Trabajo; los empleados públicos, que experimentaron una pérdida de capacidad de compra; y los pensionistas, cuyas prestaciones les permitieron mejorar su situación económica. No obstante, el estudio deja fuera a una parte considerable de trabajadores, ya que los datos de convenios solo reflejan la realidad de 10,6 millones de empleados cubiertos por estos acuerdos. En total, el sector privado emplea a 15,1 millones de asalariados, lo que deja fuera a aquellos cuyos convenios no están registrados, trabajadores fuera de convenio o aquellos remunerados mediante el salario mínimo interprofesional. Tampoco incluye a los 3,4 millones de autónomos. Dentro de los casi 11 millones de empleados privados analizados, hay 50.000 que no recibieron ningún aumento salarial en 2024, perdiendo 2,8 puntos de poder adquisitivo frente a la inflación. Otros 410.000 trabajadores se encuentran en una situación similar, con subidas salariales de hasta el 1,5%. Un grupo más amplio, de 1,42 millones, recibió incrementos entre el 1,5% y el 2%, mientras que 1,43 millones lograron alzas de entre el 2% y el 2,5%, perdiendo solo unas décimas frente al IPC del 2,8%. En total, estos grupos suman 3,3 millones de empleados privados con pérdida de poder adquisitivo. Los empleados públicos, por su parte, tuvieron un aumento salarial promedio del 2%, lo que resultó en una pérdida de 0,8 puntos porcentuales de poder de compra. Sin embargo, esperan una revisión retroactiva que podría reducir esta pérdida a solo 0,3 puntos, en función del dato de inflación acumulada para 2022, 2023 y 2024, que se confirmará el 15 de enero. Este ajuste podría traducirse en un incremento adicional del 0,5%. En el sector privado, 3,39 millones de trabajadores cuyos convenios incluyeron subidas salariales entre el 2,51% y el 3% lograron prácticamente empatar con el IPC, manteniendo estable su poder adquisitivo. Por último, los empleados en mejor situación son los 3,92 millones cuyos convenios contemplaron incrementos superiores al 3%. En promedio, sus salarios crecieron un 4,1%, lo que representa una ganancia de 1,3 puntos porcentuales en su poder de compra.

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(El Economista, 13-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los clientes tendrán que reclamar las cláusulas abusivas a los bancos antes de ir a juicio

La nueva Ley de Eficiencia de la Justicia introduce cambios en el proceso de reclamación a las entidades bancarias por cláusulas abusivas en contratos hipotecarios o de crédito. A partir del 3 de abril, los clientes estarán obligados a presentar una reclamación por vía extrajudicial, es decir, directamente al banco, antes de llevar el caso a los tribunales. En caso de no hacerlo, los juzgados no admitirán la demanda. Este cambio responde a la entrada en vigor de la mayoría de las disposiciones de la ley, publicada en el BOE el 3 de enero. La normativa supone una modificación significativa respecto al procedimiento establecido en el Real Decreto de enero de 2017, diseñado para gestionar las reclamaciones por cláusulas suelo. En aquella ocasión, aunque se instaba a las entidades a implementar mecanismos extrajudiciales, no era obligatorio para los consumidores agotar esta vía antes de acudir a la justicia. Con la nueva ley, se reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil para imponer a los clientes la obligación de negociar previamente con los bancos las cláusulas consideradas abusivas. En este sentido, el cliente deberá presentar una reclamación formal a la entidad financiera, que estará obligada a aceptarla o rechazarla. Ambas partes disponen de un plazo de un mes para intentar llegar a un acuerdo, mientras que en el sistema del Real Decreto de 2017 el periodo era de tres meses. Si el banco admite la reclamación, deberá calcular y detallar la cantidad a devolver, incluyendo los intereses correspondientes. El consumidor podrá aceptar o rechazar la propuesta; si la acepta, el banco estará obligado a devolver el dinero y, además, deberá reconocer la nulidad de las cláusulas. Si, tras un mes de haberse aceptado la oferta, el banco no realiza el pago, el interés de demora se incrementará en ocho puntos, y el cliente podrá acudir a los tribunales. La entrada en vigor del título II de la ley, que regula los métodos alternativos de resolución de conflictos, marcará la implementación de este nuevo procedimiento y derogará el sistema anterior establecido por el Real Decreto de 2017. Además, el ámbito de aplicación se amplía, abarcando no solo las cláusulas suelo, que limitaban la reducción de intereses a pesar de las caídas del euríbor, sino cualquier tipo de cláusula abusiva en contratos de crédito o hipotecarios. El Real Decreto de 2017 se había aprobado de manera urgente para facilitar la devolución a los consumidores de los importes cobrados en exceso por cláusulas abusivas, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una sentencia de diciembre de 2016, abriera la puerta a devoluciones retroactivas. En contraste, el Tribunal Supremo, en su fallo de 2013, había limitado el alcance de dichas devoluciones.

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