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(Expansión, 12-12-2025) | Fiscal

Los autónomos podrán seguir tributando en módulos en 2026

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la orden del Ministerio de Hacienda que amplía, por al menos un año más, la aplicación del sistema de estimación objetiva -conocido como módulos- y del régimen simplificado del IVA para autónomos de distintos sectores, especialmente hostelería, comercio, transporte y agricultura. La norma, que estuvo recientemente en consulta pública, también mantiene la reducción del 5% sobre el rendimiento neto que actualmente beneficia a unos 1,1 millones de trabajadores por cuenta propia en España: 352.000 de actividades no agrícolas y 772.000 del ámbito agrario, según datos de la Agencia Tributaria. El sistema de módulos consiste en pagar una cuota fija en las declaraciones trimestrales de IRPF e IVA, en lugar de tributar según el beneficio real obtenido (ingresos menos gastos). Para muchos autónomos supone un alivio fiscal, ya que suelen abonar menos impuestos durante el año, aunque Hacienda ajusta después las cifras en la declaración anual de la Renta o en la última liquidación trimestral del IVA, presentada en enero. Si un autónomo considera que este régimen ya no le resulta ventajoso, puede renunciar a él antes del 31 de diciembre y pasar al sistema de estimación directa, tributando así según los beneficios reales de cada trimestre. Sin embargo, la orden ministerial publicada en el BOE no aclara si se prolongarán los límites de facturación que permiten acogerse a los módulos -125.000 o 250.000 euros, según se facture a empresas o a particulares-. Desde ATA recuerdan que esta decisión debe aprobarse en el Congreso mediante un real decreto antes de que concluya el primer trimestre. El año pasado, esta ampliación salió adelante en el último momento, tras un rechazo inicial al decreto ómnibus de enero. De no renovarse, los límites regresarían a los establecidos en 2015: 75.000 euros para actividades con obligación de emitir factura y 150.000 euros para el resto, salvo en agricultura, ganadería y forestal, donde se mantendrían los 250.000 euros. Fuentes del Ministerio de Hacienda, consultadas por EXPANSIÓN, no garantizan la continuidad de estos topes, aunque admiten que la intención del departamento dirigido por María Jesús Montero es prorrogarlos vía real decreto. Con esta nueva prórroga de los módulos, el Gobierno aplaza también la implantación de un régimen de IVA franquiciado para autónomos, pese a que es una exigencia de la normativa europea y que España es el único país de la UE que aún no ha incorporado. Los expertos consideran que esta situación coloca en desventaja a los autónomos españoles frente a sus homólogos europeos.

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(Expansión, 12-12-2025) | Fiscal

El Congreso convalida la prórroga de Verifactu hasta 2027

El Congreso de los Diputados ha aprobado el decreto con las concesiones a Junts que el Consejo de Ministros validó la semana pasada, y que contempla, entre otros puntos, ampliar un año el plazo para la entrada en vigor del sistema de verificación de facturas de la Agencia Tributaria. La Cámara Baja dio este jueves su visto bueno a la norma impulsada por el Ejecutivo para recuperar el respaldo de Junts. Entre las medidas incluidas destaca la prórroga de doce meses para que empresas y profesionales estén obligados a implantar Verifactu, el nuevo sistema de control de facturación. Con esta convalidación se fijan oficialmente las nuevas fechas para cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley Antifraude, que incorpora importantes cambios para todas las compañías y autónomos que utilicen programas informáticos de facturación, con el fin de reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Las empresas deberán adaptar sus sistemas antes del 1 de enero de 2027, mientras que los trabajadores por cuenta propia dispondrán de un margen adicional de seis meses, hasta el 1 de julio de ese mismo año. Se trata de la segunda ampliación de plazos aprobada por el Ejecutivo -la primera se acordó en abril-, ya que la entrada en vigor estaba inicialmente prevista para junio. Con esta nueva prórroga, el Ministerio de Hacienda aproxima la aplicación de la Ley Antifraude a la futura obligatoriedad de la factura electrónica, cuyo calendario sigue sin concretarse. Cuando se publique la orden correspondiente, las compañías con una facturación superior a ocho millones de euros tendrán un año para adaptarse, y las de ingresos inferiores, dos. El anuncio de esta extensión ha provocado opiniones encontradas en el ámbito empresarial. Aunque inicialmente fue bien recibida por Pimec y por la asociación de autónomos ATA, numerosas entidades han mostrado su rechazo, al considerar que responde a intereses políticos y perjudica a quienes ya habían dedicado tiempo y recursos a adaptarse a las exigencias de Verifactu. Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), explicaba recientemente que muchas empresas han tenido que priorizar la adaptación a Verifactu por encima de otros proyectos esenciales debido a la falta de tiempo y presupuesto. En la misma línea, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) subrayó que introducir cambios de tal envergadura a última hora mina la confianza en la estabilidad normativa y crea incertidumbre sobre la planificación fiscal. En un contexto económico complejo -advirtieron- la seguridad jurídica es fundamental. Las críticas también se han dejado sentir dentro del propio Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado expresó su "preocupación" por una modificación aprobada "sin el necesario contraste técnico previo", y a escasos días de la fecha que muchas empresas daban por definitiva, el 1 de enero, después de una prórroga previa de seis meses. Asimismo, Javier Hurtado, inspector adjunto en la Oficina Nacional de Control del Fraude y uno de los principales responsables del desarrollo de Verifactu, admitió haber recibido la noticia con "gran desconcierto" tras más de cuatro años de trabajo, y pidió disculpas a empresas, desarrolladores y despachos que habían confiado en que los plazos anunciados se cumplirían.

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(El Economista, 12-12-2025) | Fiscal

Hacienda permitirá salir del sistema de facturación de grandes firmas a quienes se adhirieron para huir de Verifactu

La Agencia Tributaria habilitará un plazo excepcional para que los empresarios que se refugiaron en el sistema de facturación para grandes compañías -el Suministro Inmediato de Información (SII)- con el fin de evitar Verifactu puedan ahora abandonarlo. El secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Rubén Gimeno, señala que existe "una clara disposición" por parte de Hacienda para permitir la salida de estos contribuyentes, que han quedado atrapados en el régimen del SII. No obstante, recuerda que es necesario modificar su reglamento, algo que no depende directamente de la Agencia Tributaria, sino de la Dirección General de Tributos (DGT), cuya delegación de IVA se espera que actúe próximamente. El Congreso convalidó ayer el Real Decreto-ley que aplaza hasta 2027 la entrada en vigor de Verifactu. Este sistema, previsto inicialmente para enero de 2026, obligaba a empresas con ingresos inferiores a seis millones de euros y a autónomos a incorporar un software de facturación que cumpliera nuevos estándares: trazabilidad completa, conservación obligatoria, imposibilidad de alterar las facturas ya emitidas y blindaje frente a contabilidades paralelas, entre otros requisitos. Quienes lo desearan podían, además, remitir voluntariamente sus facturas a la Administración, algo que, según advertían los técnicos de Hacienda en los últimos meses, probablemente sería obligatorio en el futuro. Gimeno explica que, en los últimos meses, muchos empresarios se adhirieron voluntariamente al SII para eludir los costes asociados a Verifactu, como la compra de software o la adaptación de sus procesos internos. Sin embargo, con la prórroga anunciada el 2 de diciembre y confirmada ayer, han quedado atrapados en el SII, ya que el plazo para solicitar la baja venció en noviembre. Aunque Hacienda muestra voluntad de permitir una salida extraordinaria, Gimeno insiste en que cuanto antes se modifique el reglamento, mejor. Recuerda que, aunque el sistema para grandes empresas es gratuito, implica obligaciones mucho más estrictas: la obligación de comunicar las facturas cada cuatro días al fisco. Si el cambio normativo se aprueba en enero, las empresas deberán enviar toda la facturación de diciembre; si se aprueba en febrero, también la de enero. El experto confía en que se abra cuanto antes la vía para que estas compañías puedan abandonar el SII y no queden sometidas a un régimen mucho más exigente que Verifactu.

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(El Economista, 12-12-2025) | Fiscal

El Congreso rechaza definitivamente la senda fiscal del Gobierno y deja en vía muerta los Presupuestos

El Congreso ha vuelto a rechazar la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno. En esta segunda votación -celebrada este jueves, apenas dos semanas después del primer intento fallido- el plan fiscal ha sido nuevamente tumbado por 177 votos en contra, frente a 166 a favor y 5 abstenciones (Podemos y Compromís). A pesar de que la ley permite una segunda votación, el Ministerio de Hacienda no ha modificado los objetivos presentados el pasado 27 de noviembre: un déficit del -2,1% para 2026, distribuido entre el Estado (-1,8%), las comunidades autónomas (-0,1%), las entidades locales (equilibrio) y la Seguridad Social (-0,2%). Los objetivos para 2027 y 2028 tampoco han variado, del mismo modo que el techo de gasto previsto para 2025 (216.177 millones incluyendo fondos europeos, aunque este no se somete a votación) ni la meta de deuda pública, fijada en el 100% del PIB. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la presentación de la misma propuesta alegando que supone "un respaldo financiero muy relevante" para autonomías, entidades locales y servicios públicos. También ha asegurado que el Gobierno trabaja para presentar cuanto antes los nuevos Presupuestos. Pero la reacción de Junts, grupo clave para sacar adelante la votación, ha sido contundente. Su portavoz, Josep Cruset, ha zanjado: "No. Incumplir con Cataluña tiene consecuencias; por tanto, ni objetivos de déficit ni Presupuestos". Cruset ha sido especialmente crítico con Montero y la ha acusado de aportar "mentiras, medias verdades y trilerismo numérico". La jornada, sin embargo, comenzó con buen pie para el Ejecutivo. En este último Pleno del año -acortado por las elecciones en Extremadura- se convalidó el Real Decreto-ley que aplaza la puesta en marcha de Verifactu, permite a comunidades autónomas y ayuntamientos realizar Inversiones Financieramente Sostenibles con su superávit de 2024 y devuelve a Cataluña la capacidad de gestionar las ofertas de empleo público y los procesos selectivos de los funcionarios locales, competencias anuladas en 2023. Todas estas medidas formaban parte de las exigencias de Junts. También salió adelante el decreto que regula la subida salarial de los empleados públicos entre 2025 y 2028. Con su aprobación quedan fijados los incrementos: un 11,4% total con efecto arrastre incluyendo el ejercicio en curso. En 2025 la subida será del 2,5%, con carácter retroactivo desde enero y previsión de abonarse este mismo mes. Para 2026, se aplicará un 1,5% fijo y un 0,5% adicional que se pagará en el primer trimestre de 2027 si la inflación supera el 1,5% (la AIReF prevé un 1,9%). En 2027 se producirá el mayor aumento, un 4,5%, fundamental para recuperar poder adquisitivo, y en 2028 el alza será del 2%. En relación con los autónomos y las pymes, el Gobierno ha decidido aplazar hasta 2027 la obligación de utilizar herramientas informáticas que permitan enviar las facturas a Hacienda, es decir, la implantación de Verifactu. Las empresas con una facturación inferior a seis millones debían adaptarse inicialmente en enero de 2026, y los autónomos a partir de julio del mismo año. Con el cambio anunciado, las compañías tendrán de plazo hasta el 1 de enero de 2027, y los trabajadores por cuenta propia hasta el 1 de julio de 2027.

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(El País, 12-12-2025) | Fiscal

Hacienda plantea ampliar otra vez la deducción en el IRPF para los perceptores del nuevo salario mínimo

El Ministerio de Hacienda está valorando prolongar un año más la deducción en el IRPF creada para los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI). Este mecanismo fiscal nació el año pasado como solución de consenso tras el intenso desacuerdo dentro del Gobierno sobre si el SMI debía o no estar sujeto a tributación. "Hacienda está abierta a estudiar esta opción para que el impacto de la subida no recaiga únicamente en las empresas", señalan a este periódico fuentes del equipo dirigido por María Jesús Montero. La posibilidad gana peso ante el nuevo incremento del SMI previsto para 2026, que volverá a elevar el nivel salarial de referencia y reabre el riesgo de que trabajadores con rentas bajas terminen pagando más impuestos. El comité de expertos convocado por Trabajo propone un aumento del 3,1% si el SMI no tributa y del 4,7% si lo hace. Estos datos, adelantados por EL PAÍS, serán presentados oficialmente este viernes por Yolanda Díaz. El año pasado, el desacuerdo entre PSOE y Sumar provocó una de las tensiones más fuertes de la legislatura. Hacienda y el área económica defendían que, tras la notable subida acumulada del SMI -un 61% desde 2018, pasando de 736 a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas en 2025-, este debía tributar para contribuir a la financiación pública. Trabajo sostenía que no tenía sentido aplicar impuestos a quienes se encuentran entre los salarios más bajos. Finalmente, se pactó una salida intermedia: mantener sin cambios el mínimo exento del IRPF, como quería el PSOE, pero crear una deducción específica que compensara a los afectados para que no tuvieran que pagar la renta, tal como exigía Sumar. Así, los perceptores del SMI comenzaron a tener retenciones, pero luego recuperaban ese importe en la declaración anual. Gracias a esa deducción, unos 500.000 trabajadores -aproximadamente el 20% de quienes perciben el SMI, sobre todo solteros sin hijos- evitaron perder poder adquisitivo. La medida, sin embargo, se diseñó como temporal, limitada a un solo ejercicio. Ahora, el Gobierno plantea reeditarla para que el esfuerzo derivado de la subida del salario mínimo se reparta entre empresas y Administración. "Hacienda puede ajustar la deducción para evitar que la carga caiga solo sobre los empleadores", explican estas fuentes. La lógica del Ministerio es que el objetivo es situar el SMI en el 60% del salario medio neto, compromiso incluido en el programa de Gobierno de PSOE y Sumar. Por ello, si se amplía la deducción, parte del aumento de ingresos del trabajador podría venir del IRPF, lo que permitiría no elevar tanto el salario bruto para cumplir la meta. Los datos ayudan a entender la situación. En 2025, el SMI subió 50 euros al mes hasta 1.184 euros (16.576 euros al año), pero sin un ajuste del IRPF que excluyera estas rentas, como se había hecho en incrementos previos. Esto provocaba que algunos trabajadores del SMI debieran pagar más de 300 euros anuales en retenciones. La coalición resolvió el conflicto mediante la creación de la deducción compensatoria. Para 2026, los expertos de Trabajo plantean dos escenarios: Un aumento del 3,1%, hasta 1.221 euros mensuales (17.094 euros anuales), si el SMI continúa sin tributar; Un incremento del 4,7%, hasta 1.240 euros al mes (17.360 euros anuales), si finalmente se somete al IRPF. Si el impuesto no se modifica -como parece probable-, la carga fiscal para los trabajadores sería mayor. Por ese motivo, Hacienda estudia ampliar la deducción, aunque la cuantía exacta está aún por definir, para aliviar total o parcialmente el impacto en el salario neto. El SMI se sitúa ahora en 16.576 euros anuales. Desde el Gobierno recuerdan que cuando Pedro Sánchez llegó al poder era de 10.303 euros, lo que supone una subida del 61%. En 2026 volverá a aumentar. El motivo por el que se opta por una deducción y no por elevar los mínimos exentos del IRPF es que aumentar los umbrales beneficiaría a todos los contribuyentes, incluidas las rentas altas, y generaría un coste recaudatorio mucho mayor. Como el IRPF es progresivo y los contribuyentes con mayores ingresos también tributan por los primeros tramos, el Ejecutivo quiere evitar que se beneficien de una medida no destinada a ellos. La deducción, en cambio, concentra la ayuda en los trabajadores con salarios bajos y reduce el impacto para Hacienda.

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(Expansión, 12-12-2025) | Laboral

Luz verde a la "paguilla" de Navidad de los funcionarios: recibirán 970 euros de media

Con la aprobación definitiva en el Congreso del marco plurianual para el incremento salarial de los funcionarios y empleados públicos, quedan autorizados los pagos inmediatos que comenzarán a recibir en los próximos días los 3,5 millones de trabajadores de la Administración y de las empresas públicas. Así se materializa el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, que establece una subida total del 11% entre 2025 y 2028. Este aumento incluye un 2,5% correspondiente a 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero y de carácter consolidable. En la Administración Central, este importe se abonará en un pago separado durante diciembre. A esto se suma un incremento del 1,5% previsto para 2026, junto con un 0,5% variable que se aplicaría en el primer trimestre de 2027 si la inflación de 2026 supera el 1,5%. Para 2027 se contempla una subida del 4,5%, y para 2028, otro 2%. En conjunto, y teniendo en cuenta los efectos de consolidación, los salarios habrán aumentado un 11,4% al final del periodo. De esta forma, además de la nómina de diciembre y la paga extraordinaria, los empleados públicos recibirán un ingreso adicional a modo de "paguilla" navideña, correspondiente a los atrasos generados desde enero por el 2,5% pendiente. Para un salario público medio de 3.232 euros mensuales en doce pagas -según la EPA del INE-, este incremento supone 80,8 euros más al mes, lo que eleva el pago de atrasos a unos 970 euros. Sin embargo, esta cuantía varía según el nivel salarial. En el tramo más bajo, con sueldos de 806 euros mensuales, el pago extraordinario sería de 241 euros por todos los atrasos del año. En el extremo contrario, quienes perciben hasta 5.514 euros al mes recibirán alrededor de 1.654 euros. El decreto ley establece que los 540.000 empleados de la Administración Central cobrarán este complemento en diciembre. No obstante, se contemplan excepciones para el resto de administraciones y para las empresas públicas, que fijarán su propio calendario de pagos y atrasos dentro de la negociación sindical correspondiente. Dichos abonos podrán repartirse entre 2026, 2027 y 2028. El Pleno del Congreso ha ratificado el decreto ley que actualiza el salario del personal público con el único voto en contra de Vox, la abstención de Junts y el respaldo del resto de grupos parlamentarios.

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(El Economista, 12-12-2025) | Laboral

Los sindicatos discrepan del informe de los expertos y presionan para subir el SMI más de un 4,7%

Los sindicatos planean lanzar una "ofensiva salarial" en 2026, estrategia que también trasladarán a la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El comité de expertos que asesora al Gobierno hará público este viernes su informe, en el que propone aumentar el SMI un 4,7% si empieza a tributar o un 3,1% si queda exento del IRPF, según avanzó El País. CCOO y UGT, sin embargo, no comparten estas cifras y defenderán ante Yolanda Díaz una subida más elevada que no afecte negativamente a los pluses salariales. Aunque los responsables económicos de ambos sindicatos forman parte del grupo de expertos del Ministerio de Trabajo, fuentes conocedoras del proceso explican a elEconomista.es que esta vez el documento no se ha aprobado por unanimidad. La discrepancia sindical ha llevado a que el informe salga adelante solo por mayoría, mientras que CCOO y UGT apoyarán ante el Gobierno la propuesta que ya presentaron y que planteaba una subida del 7,5%. A falta de conocer el informe completo y las reacciones oficiales de Economía, Hacienda y Trabajo, las fuentes sindicales consultadas rechazan el criterio técnico elegido para calcular la recomendación. El método utilizado genera dos resultados muy diferentes cuando se contempla la opción de que el SMI tribute, especialmente en términos brutos -la variable que utiliza el Gobierno-, pues el salario neto depende de la situación personal de cada trabajador. En el informe anterior, el comité ofreció dos porcentajes y Trabajo escogió el más alto, del 4,4%. Sin embargo, el encargo de presentar dos escenarios (con y sin tributar) ha llevado a los expertos a optar por una única metodología para evitar multiplicar las cifras. Ya hace dos semanas, los responsables de Acción Sindical de CCOO y UGT denunciaron que se estaba cambiando el criterio, anticipando así la discrepancia. Según fuentes próximas al debate, el comité se ha inclinado por la fórmula que el año pasado arrojaba un porcentaje menor. De este modo, la recomendación más alta se queda en un 4,7% (1.240 euros), lejos del 7,5% (1.273 euros) que reclaman los sindicatos. El cálculo se basa en la tasa interanual de la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (ETCL) aplicada sobre la Encuesta de Estructura Salarial (EES), en lugar de usar el promedio del último año, que elevaría el resultado. Por ello, aunque respetan el análisis del comité, los sindicatos insisten en que defenderán una subida mayor ante el Gobierno, conforme a su propuesta técnica. No pretenden entrar en discusiones sobre si la subida debe ser del 5% o del 6%, sino respaldar la fórmula aplicada para el incremento de 2025, que supondría 33 euros brutos más, de los que una parte significativa acabaría en IRPF. CCOO y UGT ya se habían mostrado favorables a que el SMI tribute a partir de 2026, y es este el escenario que manejan, al igual que las organizaciones empresariales, que plantearon una subida del 1,5%. De hecho, los expertos recomiendan un aumento incluso mayor que el de los sindicatos si el SMI no paga IRPF: 3,1% (1.221 euros) frente al 2,7% (1.216 euros). Este incremento solo reflejaría la evolución de la inflación, dado que se considera cumplido el objetivo de situar el SMI en el 60% del salario medio neto. Aun así, más allá de la cifra, la principal preocupación sindical este año es limitar los complementos salariales que las empresas pueden compensar o absorber al aplicar la subida del SMI. El Gobierno se comprometió a regular esta cuestión durante la negociación del año pasado y, por ello, los sindicatos creen que no tendría sentido aprobar un decreto separado. Están incluso dispuestos a retrasar la subida si con ello se garantiza que esta restricción quede reflejada.

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(El Confidencial, 12-12-2025) | Laboral

España es el gran país europeo con la regulación laboral más lesiva para las empresas

España lleva décadas arrastrando un déficit estructural de inversión empresarial que no logra corregir, especialmente en el ámbito de la innovación. En 2024, el gasto privado en I+D representó únicamente el 0,84% del PIB, una cifra que apenas alcanza la mitad de la media europea, situada en el 1,52%. Estos datos alejan al país de su objetivo histórico de converger con los niveles de riqueza y productividad de los grandes socios del euro. Ese mismo año, las compañías alemanas destinaron un 2,14% del PIB a investigación y desarrollo, mientras que las suecas lideraron Europa con un 2,61%. Las raíces de este problema de inversión productiva se encuentran, en gran parte, en el marco regulatorio. Así lo revela la última encuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) dirigida al tejido empresarial europeo. Una gran mayoría de compañías españolas -independientemente de su tamaño o sector- considera que la regulación supone un freno para invertir. Además, esta percepción ha aumentado con fuerza en los últimos años, reflejando el creciente malestar empresarial ante las políticas del actual Gobierno de coalición. El 79% de las empresas españolas afirma que la normativa laboral obstaculiza su inversión, ocho puntos más que el año anterior. En este periodo, el Ejecutivo ha protagonizado múltiples choques con las organizaciones empresariales: desde las sucesivas subidas del salario mínimo y el incremento de las cotizaciones sociales hasta la propuesta de reducir la jornada laboral o ampliar los permisos retribuidos. España se sitúa así como el tercer país de la UE donde las empresas critican más la regulación del mercado laboral, solo por detrás de Grecia y Chipre. La brecha respecto a la media europea es notable: 79% frente al 65%. En Estados Unidos, el porcentaje desciende al 54%, lo que evidencia que el entorno normativo europeo -y especialmente el español- resulta menos favorable para atraer inversión frente a potencias como EE. UU. o China. La situación ha empeorado claramente respecto a 2017, el último año previo al actual ciclo político. Entonces, un 60% de las empresas detectaba trabas regulatorias en el ámbito laboral; hoy la cifra se eleva al 76%. El deterioro es especialmente acusado entre las grandes corporaciones, que son precisamente las que más aportan en inversión tecnológica e innovadora. A las dificultades laborales se suman las restricciones derivadas del conjunto de regulaciones empresariales vigentes. El 81% de las compañías afirma que estas normas constituyen un obstáculo para invertir. La superposición normativa de administraciones locales, autonómicas y estatales dificulta la unidad de mercado y limita el crecimiento empresarial dentro del país. Este impacto negativo también es mayor en España que en la media de la UE. Nuestro país es el cuarto con peor resultado -solo superado por Grecia, Alemania y Portugal-, frente a una media comunitaria del 69% de empresas que consideran que la regulación empresarial frena la inversión, frente al 81% registrado en España. Existen otros factores donde España obtiene peores cifras que el promedio europeo, aunque las diferencias no son tan acusadas. Por ejemplo, el acceso a la financiación presenta una brecha de siete puntos, debido en parte al escaso desarrollo del mercado de deuda. También se detectan carencias en infraestructuras de transporte, un aspecto que afecta especialmente a las pymes. Solo en dos ámbitos España presenta mejores resultados que el entorno comunitario: los costes energéticos -beneficiados por la expansión de las energías renovables- y la demanda interna, favorecida por el dinamismo del consumo privado en los últimos años.

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(Cinco Días, 12-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE propone simplificar las normas bancarias con un rediseño de los colchones de capital

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha mostrado su apoyo a las propuestas del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Simplificación, encabezado por el español Luis de Guindos. Dichas recomendaciones plantean modificar el diseño de los requisitos de capital de las entidades financieras y reforzar la proporcionalidad normativa, extendiendo a un mayor número de bancos el régimen actualmente reservado a las entidades más pequeñas. El informe, difundido este jueves por el supervisor europeo, incluye 17 sugerencias destinadas a simplificar la regulación, la supervisión y la información exigida al sector. El BCE trasladará estas propuestas a la Comisión Europea, que prepara un análisis global del sistema bancario que verá la luz en 2026. "El objetivo es contar con un marco más simple, sin comprometer la fortaleza del sistema bancario europeo y garantizando que las autoridades microprudenciales, macroprudenciales y de resolución continúen cumpliendo su función", señala el BCE. Además, insiste en la necesidad de culminar la unión bancaria y la unión de mercados de capitales, con el fin de reducir la fragmentación entre países y mejorar la eficiencia financiera. El organismo resalta también la importancia de avanzar en la armonización y la integración financiera dentro de Europa, recordando que la cooperación internacional es clave y que todas las jurisdicciones deben aplicar Basilea III de forma completa y coherente. Durante la presentación, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, subrayó que las recomendaciones requieren cambios legislativos en la UE para poder aplicarse, lo cual supera las competencias del banco central. No obstante, estas propuestas servirán como contribución al informe que prepara la Comisión sobre la competitividad del sector bancario europeo. Entre las sugerencias más relevantes figura la idea de simplificar los requisitos de capital reduciendo los distintos niveles de colchones a solo dos: uno estructural y otro liberable para momentos de tensión. También se plantea recortar de cuatro a dos los componentes de la ratio de apalancamiento: un mínimo del 3% y un único colchón, que podría ser nulo para bancos pequeños. La recomendación P2G, que orienta a las entidades sobre el capital adicional necesario para afrontar escenarios adversos, permanecería independiente del colchón liberable. El BCE considera que la variedad actual de elementos de capital en la normativa europea puede dificultar la transparencia y generar incertidumbre, ya que complica la valoración del marco regulatorio y del margen de capital de que disponen los bancos. En contraste, países como Reino Unido o Estados Unidos operan con menos capas regulatorias. Aun así, De Guindos recalcó que el objetivo es "mantener el mismo nivel de solidez mediante un sistema más simple", y que "no se deben reducir los colchones de capital ni de liquidez". "No vamos a debilitar las exigencias de capital de la banca europea", afirmó De Guindos, quien sostuvo que esta fortaleza ha sido una ventaja para la UE, que no sufrió crisis como la de la banca regional estadounidense o el colapso de Credit Suisse. "Los niveles actuales de capital no restringen la capacidad de la banca europea para conceder crédito", aseguró. En la misma línea, el BCE propone reforzar la capacidad del capital adicional de nivel 1 (AT1) para absorber pérdidas en condiciones normales, en consonancia con Basilea y sin comprometer la estabilidad. Alternativamente, podrían suprimirse ciertos instrumentos distintos del capital dentro de la estructura de fondos propios, siempre que se garantice el cumplimiento de Basilea y la neutralidad del capital. Por otro lado, el Consejo de Gobierno aboga por "incrementar de forma notable la proporcionalidad de las normas", extendiendo el régimen simplificado a un número mayor de entidades y ajustando las obligaciones de forma prudente y armonizada. En este sentido, recuerda que la UE decidió aplicar Basilea a todos los bancos para crear un marco uniforme, introduciendo ciertas excepciones de proporcionalidad, pero admite que la aplicación tan amplia de estas normas puede haber generado una complejidad innecesaria. Por ello, plantea que los bancos más pequeños se beneficien de un régimen regulatorio específico, más claro y menos oneroso, basado en el sistema actual pero con una proporcionalidad mucho mayor.

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(Expansión, 12-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Más de la mitad de las empresas medianas subirá precios en 2026

La OCDE ya había alertado a comienzos de mes de que los efectos de la guerra comercial impulsada por la Administración Trump aún no se habían manifestado por completo y de que la oleada provocada por esta inédita ofensiva arancelaria acabará generando un aumento progresivo de los precios, lo que "reducirá el crecimiento del consumo de los hogares y la inversión empresarial". España tampoco queda al margen de este escenario, un aviso que se ve reforzado por las señales lanzadas por las propias compañías nacionales: más de la mitad de las empresas medianas prevé subir sus precios de venta en 2026. Así lo indica la última edición del International Business Report (IBR) de Grant Thornton, que analiza las preocupaciones y previsiones del middle market tanto a nivel global como en España. En concreto, el informe -basado en 400 entrevistas a directivos españoles durante el tercer trimestre- refleja que el 56% de las empresas medianas (con entre 50 y 3.000 empleados) se verá obligada a encarecer sus productos en 2026 para compensar el aumento del coste de la energía y de las materias primas. Durante la primera mitad del año, muchas compañías internacionales recurrieron a sus márgenes o adelantaron exportaciones para amortiguar el impacto inicial de los aranceles. Sin embargo, el comercio mundial, alterado por la estrategia de Trump, ha ido perdiendo fuerza, y los márgenes ya no pueden absorber indefinidamente esos costes. El resultado será un incremento de precios y una mayor presión inflacionaria. En España, la inflación de noviembre se situó en el 3%, casi un punto por encima del promedio de la eurozona, lo que resta competitividad al sector exterior español. Tampoco se espera una mejora a corto plazo. De hecho, las previsiones de subida de precios entre las empresas medianas españolas han alcanzado "un máximo histórico", según el informe. Estas expectativas han aumentado siete puntos entre el segundo y el tercer trimestre, superando tanto la media de la UE (50%) como la global (53%). Las principales razones que explican estas futuras subidas son el encarecimiento de las materias primas, que preocupa al 49% de los directivos (nueve puntos más en solo un trimestre), y los mayores costes logísticos, señalados por el 43%. En este contexto, marcado por crecientes tensiones geopolíticas, el clima empresarial no mejora. Aunque el 59% de los directivos aún confía en que la economía española repunte en 2026, es el nivel de optimismo más bajo desde 2023. En un año, este indicador se ha desplomado diez puntos, a diferencia de Europa -donde sube ligeramente hasta el 61%- y del promedio global, que llega al 76%, impulsado por el hecho de que la guerra comercial, aunque inédita en décadas, no está siendo tan destructiva como se temía. Pese a ello, las exportaciones españolas se han frenado: entre enero y septiembre solo crecieron un 0,5%, y las ventas a Estados Unidos cayeron un 7,4%, con un desplome del 30% en agosto. La previsión de nuevos aumentos de precios llega acompañada de mayores tensiones salariales, en un contexto en el que los sindicatos buscan evitar pérdidas de poder adquisitivo. El IBR recoge datos de un estudio reciente de Randstad que anticipa una subida salarial media del 5% en 2026, impulsada por la inflación y la escasez de mano de obra. En los convenios registrados hasta noviembre, los salarios pactados han aumentado un 3,49%, y en los firmados este año, un 4,15%. La falta de personal cualificado preocupa ya al 46% de las medianas empresas, un problema que se extiende por todo el tejido empresarial español. Aun así, el 48% espera aumentar sus plantillas y asume que deberá elevar los sueldos por encima de la inflación. Además de los costes crecientes y la escasez de talento, las compañías del middle market identifican otras trabas para su crecimiento: la incertidumbre económica (54%), las tensiones geopolíticas (49%) y el exceso de regulación y burocracia (47,8%). En este sentido, el 42% reclama una mayor agilidad administrativa, el 40,4% pide reducir la carga fiscal y el 35,3% aboga por una bajada de las cotizaciones sociales.

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