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(Expansión, 13-07-2026) | Fiscal

El Supremo frena la persecución de Hacienda sobre los gestores de empresas

El Tribunal Supremo ha reforzado su doctrina sobre los límites de la responsabilidad tributaria de los administradores de sociedades y ha establecido que la Agencia Tributaria no puede exigirles de forma subsidiaria las deudas de una empresa ya extinguida sin haber declarado previamente insolventes a los socios que, tras la liquidación, asumieron las obligaciones de la sociedad. La resolución analiza el caso de una empresa que, después de un procedimiento concursal finalizado por falta de bienes, quedó extinguida y fue cancelada del Registro Mercantil en 2012. Posteriormente, la Agencia Tributaria declaró fallida a la sociedad y reclamó la deuda tributaria pendiente a su antiguo administrador único mediante un procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria. Sin embargo, el Alto Tribunal considera que la Administración tributaria omitió un trámite esencial. La sociedad contaba con socios que, conforme a la legislación vigente, suceden a la empresa en sus derechos y obligaciones tras la liquidación. El administrador recurrió la decisión al entender que Hacienda debía haber dirigido primero sus actuaciones contra dichos socios. La Audiencia Nacional estimó su recurso y anuló la derivación de responsabilidad, criterio que ahora ha confirmado el Tribunal Supremo al desestimar el recurso presentado por la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria. La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Francisco José Navarro Sanchís, centra su argumentación en la diferencia entre la figura del sucesor y la del responsable tributario. El Tribunal recuerda que el artículo 40.1 de la Ley General Tributaria establece que las deudas pendientes de una sociedad disuelta se transmiten automáticamente a sus socios, dentro del límite correspondiente al valor de la cuota de liquidación percibida. Como consecuencia, estos pasan a convertirse en los deudores principales frente a la Administración. Por este motivo, el Supremo considera que carece de eficacia declarar insolvente a una sociedad que ya no tiene personalidad jurídica. Una vez extinguida la empresa, la Administración debe continuar el procedimiento de recaudación frente a los socios, que son quienes han sucedido legalmente a la entidad. Intentar declarar fallida a la sociedad para reclamar directamente al administrador supone ignorar indebidamente la existencia de esos sucesores. El Tribunal también destaca que la responsabilidad subsidiaria únicamente puede exigirse cuando se hayan agotado previamente las posibilidades de cobro frente a los deudores principales. En este caso, esos deudores son los socios, por lo que no puede prescindirse de ese paso para dirigirse directamente contra el administrador. Asimismo, la sentencia advierte de que permitir a la Administración reclamar las deudas sin respetar el orden legal podría generar un enriquecimiento injusto. Además, recuerda que esta forma de actuar perjudica el derecho de reembolso que la normativa reconoce al administrador para recuperar de los verdaderos sucesores las cantidades abonadas una vez satisfecha la deuda tributaria. Con esta resolución, el Tribunal Supremo fija doctrina y establece que la derivación de responsabilidad subsidiaria prevista en el artículo 43.1.a) de la Ley General Tributaria solo puede acordarse después de haber declarado fallidos a los socios de la sociedad liquidada, respetando los límites previstos en los artículos 40.1 y 177.2 de la misma norma. En consecuencia, la Administración no puede exigir directamente la responsabilidad al administrador cuando existan sucesores legales obligados a responder. Este nuevo pronunciamiento supone un nuevo freno a las derivaciones de responsabilidad realizadas de forma acelerada por la Agencia Tributaria y refuerza la seguridad jurídica de los administradores, al exigir que la Administración respete todas las fases del procedimiento de recaudación previstas por la legislación tributaria. En los últimos años, los procedimientos de derivación de responsabilidad tributaria frente a terceros han aumentado de manera significativa. Esta tendencia ha incrementado la preocupación entre administradores y consejeros de empresas, que prestan cada vez mayor atención al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y al control de los riesgos tributarios para evitar posibles responsabilidades personales en el futuro.

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(El Economista, 13-07-2026) | Fiscal

La carga fiscal de los fondos de inversión supera en 6 puntos a la media de la UE

La fiscalidad del ahorro financiero en España continúa situándose entre las más elevadas del entorno internacional. Según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), la carga fiscal efectiva sobre los productos de ahorro alcanza el 22%, frente al 16% de media en los países de la OCDE y al 14% en la Unión Europea. En el caso de los fondos de inversión, la diferencia es aún más acusada, ya que soportan una tributación efectiva del 27%, seis puntos por encima de la media europea y tres más que el promedio de la OCDE. El estudio concluye que este mayor nivel de imposición reduce de forma significativa la rentabilidad neta que obtienen los ahorradores españoles en comparación con los de otros países. A pesar de esta elevada tributación, los fondos de inversión han experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años. Según datos del Observatorio Inverco, en 2025 el patrimonio gestionado por estos vehículos ascendió a 450.889 millones de euros, un 13% más que el ejercicio anterior, lo que equivale al 26,7% del producto interior bruto. En 2012, este porcentaje apenas representaba el 11,6% del PIB. Los fondos de inversión permiten diversificar el riesgo al invertir en distintos activos financieros y presentan una ventaja fiscal relevante: las plusvalías solo tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuando el inversor vende sus participaciones y obtiene una ganancia, mientras que los rendimientos permanecen exentos de tributación mientras continúan reinvertidos. Desde el 1 de enero de 2025, las ganancias patrimoniales obtenidas por los contribuyentes tributan de forma progresiva en la base del ahorro, con tipos comprendidos entre el 19% y el 30%, en función del importe de la ganancia. La última reforma elevó del 28% al 30% el gravamen aplicable a las plusvalías superiores a 300.000 euros. El informe señala que esta estructura impositiva es el resultado de las sucesivas subidas introducidas desde 2020, alejándose del modelo implantado en 2006, cuando todas las rentas del ahorro tributaban a un tipo único del 18%. En comparación con otros países, España se sitúa entre los Estados con una mayor carga fiscal sobre los fondos de inversión. Alemania registra una tributación efectiva del 22% e Italia del 20%, mientras que países como Bélgica y Luxemburgo no aplican gravamen a este tipo de productos. Los datos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España reflejan también que el peso de los fondos de inversión en el patrimonio financiero de los hogares españoles ha aumentado de forma sostenida desde principios de siglo, pese a tratarse de un instrumento con mayor riesgo y orientado a inversiones de largo plazo que, además, suele requerir asesoramiento especializado. Aunque en 2011 su presencia descendió hasta el 5,6% del ahorro familiar, en 2024 representaban ya el 8,5%, después de haber superado incluso el 10% en algunos ejercicios anteriores. El estudio incorpora igualmente una encuesta realizada entre profesionales de la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA), en la que nueve de cada diez asesores consideran que los incentivos fiscales influyen de forma decisiva en la elección de un producto financiero por parte de los clientes. Además del diagnóstico sobre la fiscalidad actual, el informe plantea diversas propuestas para mejorar el tratamiento tributario del ahorro. Entre ellas figura la actualización de las ganancias patrimoniales por efecto de la inflación, mediante la incorporación de coeficientes que permitan corregir el valor de adquisición de los activos y gravar únicamente la ganancia real obtenida por el inversor, una medida que también beneficiaría a los fondos de inversión. El documento presta además especial atención a los fondos europeos de inversión a largo plazo, creados para canalizar el ahorro hacia proyectos de inversión en infraestructuras y otros activos productivos. Actualmente, solo los territorios forales de Vizcaya y Álava cuentan con un régimen fiscal específico para estos instrumentos, que contempla ventajas como un tipo reducido en el Impuesto sobre Sociedades, el diferimiento de la tributación en determinados traspasos en el IRPF y deducciones por inversión. El IEE considera que extender un régimen similar al resto del territorio nacional permitiría dotar a estos fondos de un marco fiscal más adecuado a su finalidad y contribuiría a impulsar los objetivos de la Unión de Ahorros e Inversiones promovida por la Comisión Europea.

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(El Economista, 13-07-2026) | Fiscal

El Gobierno bloquea las propuestas para deflactar el IRPF, bajar el IVA y eliminar impuestos

El Gobierno ha recurrido al artículo 134 de la Constitución para vetar diversas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de ley que modifica la Ley General Tributaria, al considerar que su aprobación reduciría los ingresos públicos en aproximadamente 10.017 millones de euros anuales. Esta prerrogativa constitucional permite al Ejecutivo impedir la tramitación de iniciativas parlamentarias que supongan una disminución de la recaudación o un aumento del gasto presupuestario. En este caso, el veto afecta a propuestas dirigidas a actualizar el IRPF conforme a la inflación, reducir determinados tipos de IVA, eliminar algunos impuestos o introducir nuevas deducciones fiscales. La norma que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso comenzó su recorrido parlamentario en el verano de 2025 con un objetivo principalmente técnico: adaptar la Ley General Tributaria para reforzar el control sobre los criptoactivos. Entre otras medidas, contempla nuevas herramientas para que la Agencia Tributaria pueda embargar criptomonedas y saldos depositados en entidades de pago y de dinero electrónico, modificar los plazos de prescripción en los procedimientos de derivación de responsabilidad y exigir a los proveedores extranjeros de servicios relacionados con monedas digitales que informen sobre los activos de contribuyentes residentes en España. Además, incorpora cambios en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para incluir a Extremadura en el sistema de autoliquidación. No obstante, durante su tramitación parlamentaria los distintos grupos han registrado más de 70 enmiendas que amplían considerablemente el alcance del proyecto, convirtiéndolo en un debate de mayor calado sobre política fiscal. El documento con el veto del Ejecutivo fue presentado el pasado 22 de junio por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Entre las propuestas rechazadas figura una enmienda del Partido Popular que planteaba actualizar los tres primeros tramos del IRPF conforme a la inflación para evitar que la subida de precios incrementara la carga tributaria de las rentas más bajas. También proponía revisar en la misma proporción las deducciones por maternidad, familia numerosa y personas con discapacidad a cargo. Según los cálculos del Gobierno, estas medidas reducirían la recaudación en unos 529 millones de euros anuales. El Ejecutivo también ha vetado varias iniciativas del Bloque Nacionalista Galego destinadas a reducir el IVA en distintos productos y servicios. Entre ellas figuraban la aplicación del tipo superreducido del 4% a los pañales para adultos y a las actividades culturales y espectáculos, la rebaja del IVA del 21% al 10% para peluquerías, barberías y centros de estética, la eliminación del impuesto sobre los productos pesqueros y la reducción al 10% del gravamen aplicable a los servicios veterinarios. Asimismo, el Gobierno ha rechazado otras propuestas de la formación gallega, como la eliminación del impuesto sobre los servicios de distribución de agua, calor, frío y energía, una medida que, según sus estimaciones, supondría una pérdida de ingresos cercana a los 3.910 millones de euros anuales. También ha bloqueado la exención en el IRPF de determinadas pensiones públicas percibidas desde el extranjero, cuyo impacto recaudatorio se cifra en unos 1.260 millones de euros. Entre las iniciativas vetadas también se encuentran varias enmiendas registradas por Sumar. El grupo proponía elevar hasta el importe del Salario Mínimo Interprofesional el límite de renta que permite aplicar las deducciones por descendientes y ascendientes a cargo, actualmente fijado en 8.000 euros anuales. El Ejecutivo estima que esta modificación tendría un coste de 157 millones de euros. Igualmente, ha rechazado ampliar la deducción por cónyuge con discapacidad y declarar exentas determinadas ayudas familiares y subvenciones destinadas a actuaciones de eficiencia energética. Por último, el Gobierno ha impedido la tramitación de varias propuestas de Junts, entre ellas la creación de una deducción en el IRPF por la contratación de seguros privados de salud, la posibilidad de que pymes y trabajadores autónomos pudieran deducirse el Impuesto sobre Actividades Económicas y la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. En conjunto, estas medidas habrían reducido los ingresos públicos en unos 2.525 millones de euros anuales, según las estimaciones del Ejecutivo.

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(El Economista, 13-07-2026) | Fiscal

Moncloa planea deducciones a caseros e hipotecas para salvar el decreto de alquiler

El Gobierno trabaja en la elaboración de un nuevo decreto sobre vivienda con el objetivo de reforzar una de las áreas prioritarias de su agenda política y lograr un amplio respaldo parlamentario. El Ejecutivo pretende diseñar un paquete de medidas de carácter transversal que permita conciliar las demandas de los distintos grupos que apoyan habitualmente la mayoría de investidura y evitar así que se repitan los vetos que frustraron iniciativas anteriores. En este contexto, Junts per Catalunya ha aprovechado su papel decisivo en la negociación para plantear varias exigencias, entre ellas la incorporación de incentivos fiscales en el IRPF relacionados con la vivienda. Según diversas fuentes próximas a las conversaciones, el Gobierno estudia incluir una deducción con un importe máximo cercano a los 1.800 euros, aunque todavía no se ha concretado cómo quedarán configurados los distintos tramos ni las cuantías aplicables a propietarios y arrendadores. Asimismo, el Ejecutivo analiza la posibilidad de recuperar una deducción vinculada a la adquisición de la vivienda habitual, eliminada con carácter general en 2013. Esta medida permitía desgravar el 15% de las cantidades destinadas a la compra de la residencia habitual, incluidas las cuotas hipotecarias, sobre una base máxima anual de 9.040 euros aproximadamente, lo que suponía un ahorro fiscal de hasta 1.356 euros. Aunque esta ventaja desapareció para las nuevas adquisiciones, continúa aplicándose de forma transitoria a quienes compraron su vivienda antes del 1 de enero de 2013. Las conversaciones se centran ahora en la posibilidad de implantar un incentivo similar, aunque todavía no se ha decidido si mantendrá los mismos porcentajes y límites económicos o si se establecerán nuevas condiciones de acceso, así como el número de inmuebles que podrían acogerse a este beneficio fiscal. El respaldo de Junts resulta determinante para la aprobación del futuro decreto, ya que fue el voto contrario de esta formación el que impidió que prosperara la anterior iniciativa del Gobierno, que incluía la ampliación obligatoria de dos años de los contratos de alquiler. Por este motivo, el Ejecutivo mantiene abiertas las negociaciones con el partido liderado por Carles Puigdemont, al tiempo que busca el apoyo de otras formaciones como ERC, EH Bildu y Podemos para garantizar una mayoría suficiente en el Congreso. El Gobierno ya ha avanzado algunas de las medidas que previsiblemente formarán parte del nuevo texto. Entre ellas figuran el aumento del IVA aplicable a las viviendas de uso turístico hasta el 21%, la recuperación de la prórroga extraordinaria de dos años para determinados contratos de arrendamiento y nuevas actuaciones destinadas a reforzar la actividad de la empresa pública de vivienda Casa 47. La futura norma se estructurará en dos grandes bloques. El primero estará orientado a facilitar el acceso a la vivienda mediante actuaciones destinadas a contener el precio de los alquileres, proporcionar mayor estabilidad a los contratos, combatir posibles prácticas fraudulentas en el mercado del arrendamiento e impulsar la incorporación de viviendas asequibles al mercado. El segundo bloque incluirá otras medidas de carácter fiscal y de apoyo a la compra de vivienda, algunas de ellas impulsadas durante la negociación con Junts. Entre las principales demandas de esta formación destacan la creación de nuevas deducciones en el IRPF para el alquiler y la adquisición de vivienda habitual mediante financiación hipotecaria. Desde Junts insisten en que mantienen la misma posición que expresaron durante el debate del anterior decreto y advierten de que no respaldarán una propuesta que reproduzca el contenido rechazado meses atrás sin incorporar los cambios que consideran imprescindibles.

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(La Vanguardia, 13-07-2026) | Fiscal

La Agència Tributària de Catalunya atiende a casi 60.000 personas en la renta, un 25% más

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha concluido la campaña de la Renta correspondiente a 2025 con un importante incremento de su actividad, tras atender a 58.981 contribuyentes, un 25% más que en el ejercicio anterior. Este crecimiento refleja la progresiva ampliación de las funciones que desarrolla en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), tanto mediante atención presencial como telefónica. Durante la campaña, desarrollada entre el 6 de mayo y el 30 de junio, la ATC reforzó sus recursos humanos y materiales, movilizando a 152 profesionales que atendieron una media diaria de alrededor de 1.500 contribuyentes. Además, amplió su red de atención con 40 oficinas, de las que 12 fueron habilitadas de forma temporal, frente a las ocho que funcionaron el año anterior. La atención presencial fue la modalidad que experimentó un mayor crecimiento, con un aumento del 30% respecto a la campaña anterior y cerca de 27.000 personas atendidas durante el mes de junio. Por su parte, el servicio telefónico registró 32.005 consultas, lo que supone un incremento del 21% en comparación con el ejercicio precedente. Actualmente, la Agència Tributària de Catalunya cuenta con una plantilla cercana a los 900 empleados. Recientemente ha incorporado una veintena de técnicos gestores y ha convocado un proceso selectivo para cubrir 25 plazas de inspectores, con el objetivo de seguir reforzando su estructura ante la previsión de asumir nuevas competencias tributarias. La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha señalado que la intención del Govern es ampliar progresivamente las funciones de la ATC en la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Entre los próximos objetivos figura asumir tareas relacionadas con la comprobación de datos de las declaraciones, un proceso que ya se está negociando con la Agencia Tributaria estatal. Respecto a una eventual gestión íntegra del IRPF por parte de la administración catalana, Romero ha evitado fijar un calendario concreto y ha recordado que esa posibilidad requiere previamente modificaciones legislativas que todavía no se han producido. En cualquier caso, ha asegurado que la Generalitat continúa preparando la estructura necesaria para asumir nuevas responsabilidades cuando el marco legal lo permita. No obstante, ha descartado que ese escenario pueda materializarse en 2027. Durante la campaña recientemente finalizada se presentaron en Cataluña un total de 4,49 millones de declaraciones de la renta, un 4,3% más que el año anterior. Este incremento pone de manifiesto la necesidad de seguir reforzando la capacidad tecnológica de la ATC para gestionar el elevado volumen de información asociado a millones de contribuyentes. La agencia ya participa actualmente en la gestión compartida del impuesto de matriculación. En el ámbito presupuestario, la consellera ha manifestado la voluntad del Govern de iniciar, al menos, la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat para 2027, siguiendo la estrategia anunciada por el Gobierno central con los Presupuestos Generales del Estado. En materia de financiación autonómica, el Ministerio de Hacienda ha convocado para el próximo 29 de julio una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que presentará el nuevo modelo de financiación, acordado previamente entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña con el apoyo de ERC. Según las previsiones de Alícia Romero, si se cumplen los plazos previstos, la negociación parlamentaria podría desarrollarse durante los meses de octubre y noviembre, con la intención de aprobar el nuevo sistema antes de finalizar el año. De prosperar la reforma, Cataluña recibiría alrededor de 4.700 millones de euros adicionales a través del nuevo modelo de financiación.

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(Expansión, 13-07-2026) | Laboral

Los autónomos registran cuatro veces menos bajas laborales que los asalariados

El creciente absentismo laboral continúa generando preocupación por su impacto económico y organizativo, aunque su incidencia varía de forma significativa según el tipo de trabajador, el territorio o el sector de actividad. Las diferencias son especialmente visibles entre autónomos y asalariados, así como entre empleados del sector público y del privado, lo que pone de manifiesto distintas realidades en cuanto a productividad y gestión de las bajas laborales. Los datos más recientes de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), correspondientes a 2025, muestran que las bajas por incapacidad temporal derivadas de enfermedades comunes son mucho menos frecuentes entre los trabajadores autónomos que entre los asalariados. Mientras en el Régimen General se contabilizan una media de 42,6 procesos mensuales por cada 1.000 trabajadores, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) la cifra se reduce a 10,7, lo que supone una incidencia cuatro veces inferior. A pesar de registrar menos bajas, los autónomos figuran entre los colectivos más perjudicados por sus consecuencias económicas. Según las estimaciones de AMAT, el coste anual del absentismo alcanza los 34.000 millones de euros, de los que más de 16.000 millones recaen directamente sobre las empresas, muchas de ellas pequeños negocios gestionados por autónomos con empleados. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa del primer trimestre, cerca de 976.000 trabajadores por cuenta propia tienen personal contratado. Las organizaciones empresariales consideran que uno de los principales problemas del absentismo no es solo su coste económico, sino también el impacto que provoca en la organización del trabajo. CEOE, Cepyme y ATA subrayan que las pequeñas empresas cuentan con una capacidad mucho más limitada para sustituir a un empleado de baja que las grandes compañías. En negocios con plantillas muy reducidas, la ausencia de un trabajador puede obligar a interrumpir la actividad o incluso a contratar un sustituto si la incapacidad se prolonga, con el consiguiente efecto sobre la productividad. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, explica que la menor incidencia de bajas entre los autónomos no responde a que enfermen menos, sino a que muchos continúan trabajando pese a sufrir dolencias leves, ya que dejar de hacerlo implica dejar de percibir ingresos. Además, destaca que las mutuas ejercen un mayor seguimiento sobre las bajas de este colectivo que el realizado por el Sistema Nacional de Salud. Amor también recuerda que los autónomos no perciben prestación durante los primeros días de incapacidad temporal, mientras que numerosos convenios colectivos permiten que los asalariados completen su prestación hasta alcanzar el 100% de su salario desde el inicio de la baja. Como consecuencia de esta situación, los procesos de incapacidad temporal entre los autónomos suelen prolongarse durante más tiempo. Un estudio reciente del Consejo General de Graduados Sociales señala que, frente a una duración media de 43 días en el conjunto de trabajadores, las bajas de los autónomos se acercan a los 100 días de duración, lo que refleja que, cuando finalmente cesan su actividad por motivos de salud, suele tratarse de patologías que requieren recuperaciones más largas. Los datos también evidencian diferencias entre el sector público y el privado. Según AMAT, las administraciones públicas y las empresas públicas registraron durante el último año una media de 43 bajas mensuales por cada 1.000 trabajadores, frente a las 38 registradas en las empresas privadas. Esto supone que la incidencia de la incapacidad temporal es aproximadamente un 12,5% superior entre los empleados públicos. En conjunto, durante el pasado ejercicio la Seguridad Social contabilizó más de nueve millones de procesos de incapacidad temporal entre la población ocupada, una cifra que confirma la creciente dimensión del absentismo laboral y los desafíos que plantea tanto para las empresas como para el sistema de protección social.

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(El País, 13-07-2026) | Laboral

La relación entre las bajas laborales y las listas de espera sanitarias pone el foco sobre las comunidades autónomas

El aumento de las bajas laborales en España ha reabierto el debate entre sindicatos y organizaciones empresariales, que, pese a sus diferencias sobre las causas del fenómeno, coinciden en señalar que uno de los principales factores que prolongan la duración de las incapacidades temporales es el funcionamiento del sistema sanitario, especialmente las listas de espera. Mientras la patronal insiste en la necesidad de combatir el absentismo injustificado, los sindicatos sostienen que el verdadero problema radica en que muchos trabajadores continúan acudiendo a su puesto pese a estar enfermos por temor a perder el empleo. Sin embargo, ambas partes reclaman un refuerzo de los recursos sanitarios para reducir los tiempos de espera, agilizar los diagnósticos y acelerar la recuperación de los pacientes. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido la contratación de más profesionales sanitarios, una mayor dotación para la sanidad pública y una colaboración más estrecha con las mutuas para acortar los procesos de incapacidad temporal. En la misma línea, UGT ha instado a las comunidades autónomas a reforzar los servicios sanitarios, especialmente en aquellos territorios donde las listas de espera prolongan innecesariamente las bajas laborales. Comisiones Obreras también atribuye parte del incremento de las incapacidades temporales al retraso en la obtención de consultas médicas, pruebas diagnósticas y tratamientos especializados. Esta valoración coincide con las conclusiones del informe elaborado por el Consejo General de Graduados Sociales, que subraya la existencia de importantes diferencias territoriales en la gestión de las bajas laborales. Según el organismo, la rapidez con la que funcionan la atención primaria y la asistencia especializada influye directamente en la duración de los procesos, aunque recuerda que también intervienen otros factores como la edad de la población trabajadora, la estructura productiva de cada comunidad autónoma o el tamaño medio de las empresas. Las cifras de las listas de espera reflejan una realidad desigual entre territorios. A finales de 2025, más de 853.500 personas aguardaban una intervención quirúrgica en España, con una demora media de 121 días. Andalucía encabezaba la clasificación con 173 días de espera, seguida de Cataluña con 142 y Cantabria con 137, mientras que Madrid registraba el menor plazo medio, con 50 días. No obstante, la duración de las listas de espera no siempre coincide con una mayor incidencia de bajas laborales, ya que influyen otros elementos de carácter demográfico y económico. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también ha constatado una relación entre los tiempos de espera sanitarios y la duración de las incapacidades temporales. Su análisis concluye que las demoras para acceder a intervenciones quirúrgicas suelen traducirse en bajas laborales más prolongadas, especialmente en especialidades como angiología, oftalmología o cirugía maxilofacial, donde la operación constituye un elemento decisivo para la recuperación del paciente. En el ámbito de las consultas con especialistas, la relación también existe, aunque resulta menos intensa y más heterogénea. La AIReF identifica una mayor influencia de las listas de espera en áreas como neurología, aparato digestivo o traumatología, donde la valoración especializada resulta determinante para confirmar el diagnóstico o establecer el tratamiento más adecuado. El organismo recuerda además que diversos estudios internacionales han demostrado que los retrasos en la atención sanitaria no solo afectan a la recuperación clínica, sino también a la reincorporación al trabajo. Entre ellos destaca una investigación realizada en Noruega que concluyó que cada diez días adicionales de espera para una intervención ortopédica prolongan la baja laboral en unos 2,6 días. Otro estudio en ese mismo país asoció mayores tiempos de espera con un incremento acumulado de 8,7 días de ausencia laboral durante los cinco años posteriores, además de elevar el riesgo de acceder a una pensión por incapacidad permanente. Ante esta situación, la AIReF propone reforzar la coordinación entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las comunidades autónomas, las mutuas colaboradoras y las empresas. El organismo considera que el actual reparto competencial genera una disfunción estructural, ya que la autoridad clínica que concede las bajas depende de los servicios de salud autonómicos, mientras que el coste económico de las prestaciones corresponde a la Seguridad Social, lo que dificulta una gestión más eficiente del sistema. Precisamente con el objetivo de mejorar esa coordinación, en septiembre de 2024 la Seguridad Social, las organizaciones empresariales y los sindicatos alcanzaron un acuerdo para ampliar la participación de las mutuas en el diagnóstico y tratamiento de las bajas por patologías musculoesqueléticas. Sin embargo, su desarrollo está siendo desigual, ya que requiere la firma de convenios específicos con cada comunidad autónoma. Hasta el momento, únicamente Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria y Baleares han formalizado estos acuerdos, mientras que Navarra mantiene las negociaciones abiertas. El resto de comunidades todavía no se han adherido al sistema, aunque algunas, como Galicia, han optado por impulsar medidas propias para reducir la duración de las bajas laborales. Paralelamente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene abiertas las conversaciones con sindicatos y empresarios para estudiar nuevas medidas, si bien las negociaciones previsiblemente no se reactivarán hasta después de las elecciones de la CEOE previstas para el próximo otoño.

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(El País, 13-07-2026) | Laboral

Las empresas dan formación exprés a inmigrantes para cubrir sus vacantes

La dificultad para cubrir puestos de trabajo continúa siendo uno de los principales retos para numerosos sectores de la economía española. Ante la escasez de profesionales, la incorporación de trabajadores inmigrantes se presenta como una vía para aliviar la falta de mano de obra, aunque en muchos casos resulta necesario proporcionarles formación específica que facilite su acceso al empleo. Con este objetivo, varias grandes empresas, a través de sus fundaciones, han puesto en marcha programas piloto de capacitación dirigidos a personas extranjeras, con el propósito de adaptar sus competencias a las necesidades reales del mercado laboral. Estas iniciativas persiguen un triple objetivo: mejorar las oportunidades de empleo de los participantes, favorecer su integración social y ayudar a las empresas a cubrir vacantes que permanecen sin ocupar. La aportación de la inmigración al mercado laboral español continúa siendo determinante. Los primeros datos del proceso extraordinario de regularización, finalizado el pasado 30 de junio, reflejan que 159.097 personas ya regularizadas están dadas de alta en la Seguridad Social y que el 77% de ellas cuentan con un contrato indefinido. Además, durante los últimos siete años España ha incorporado cerca de 2,94 millones de nuevos cotizantes, de los que aproximadamente el 43% nacieron fuera del país. Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) destacan que los trabajadores extranjeros representan ya más del 15% de los afiliados a la Seguridad Social y alrededor del 21% de la población activa. Su presencia resulta especialmente relevante en sectores como la hostelería, la construcción, el transporte, la agricultura o los cuidados, aunque también existe demanda de perfiles cualificados en actividades tecnológicas, de ingeniería o vinculadas a las energías renovables. La patronal considera que el principal desafío no reside únicamente en aumentar el número de trabajadores disponibles, sino en lograr una mejor adecuación entre las competencias de los candidatos y las necesidades de las empresas. Para ello, reclama sistemas más ágiles de reconocimiento de cualificaciones y una mayor participación del tejido empresarial en el diseño de los perfiles profesionales que requiere el mercado. En respuesta a esta situación, diversas entidades han desarrollado programas de formación específicos. La Fundación Laboral de la Construcción impulsa un plan dirigido a personas extranjeras con residencia regular o en proceso de regularización, que combina orientación laboral, formación profesional e intermediación con empresas del sector. Los cursos, de entre 30 y 60 horas de duración, abarcan especialidades como albañilería, instalación de placas de yeso laminado, pintura, alicatado o manejo de maquinaria de obra pública, con la previsión de ampliar la oferta formativa para favorecer una mayor especialización. Por su parte, la Fundación Iberdrola señala que cerca del 80% de los participantes en sus programas han nacido fuera de España, aunque también participan jóvenes españoles de origen inmigrante. Uno de los requisitos para acceder a la formación es disponer de una situación administrativa regular. Los cursos incluyen especialidades relacionadas con logística, manejo de carretillas elevadoras, carnicería, pescadería y hostelería, además de programas de 150 horas dirigidos a mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad para trabajar en pequeñas empresas de electricidad e instalación de placas solares. La Fundación Mapfre también desarrolla iniciativas orientadas a cubrir necesidades inmediatas de contratación. A través de su programa Taller de Aprendices ofrece formación básica en oficios como carpintería, electricidad, fontanería, albañilería y pintura, así como en reparación de vehículos, especialmente en chapa y pintura, con la posibilidad de incorporarse posteriormente a talleres colaboradores de la aseguradora. Los resultados obtenidos muestran una elevada inserción laboral. En los cursos relacionados con la construcción, el 95% de los participantes completó la formación y tres de cada cuatro lograron encontrar empleo. Ante estos resultados, la fundación ha ampliado el número de centros donde se imparten estos programas. Asimismo, el itinerario dedicado al sector de la automoción cuenta con 200 horas de formación práctica y prepara a los alumnos para incorporarse directamente a talleres especializados. Algunos proyectos combinan el objetivo laboral con un fuerte componente de integración social. Es el caso del programa En Marcha, impulsado conjuntamente por la Fundación Mapfre y la Z Zurich Foundation, dirigido a jóvenes migrantes sin apoyo familiar o que han estado tutelados por la Administración. Los participantes, acogidos en centros gestionados por San Juan de Dios en Barcelona y Lleida, pueden obtener certificados de profesionalidad en electromecánica y carrocería o cursar formación profesional básica en construcción y carpintería. Además, empleados de ambas entidades colaboran como mentores para facilitar su incorporación al mercado laboral. Estas iniciativas suelen desarrollarse en colaboración con organizaciones sociales encargadas de seleccionar a los candidatos y acompañarlos durante el proceso formativo. El objetivo es que la formación responda a las necesidades reales de las empresas y se traduzca en oportunidades laborales efectivas, favoreciendo al mismo tiempo la integración de las personas inmigrantes y contribuyendo a paliar la falta de trabajadores que afecta a numerosos sectores de la economía española.

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(Cinco Días, 13-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España se convierte en destino predilecto de los fondos soberanos

España se ha afianzado como uno de los destinos preferentes para la inversión de los fondos soberanos internacionales. Entre julio de 2024 y diciembre de 2025, estos vehículos de inversión, controlados por distintos Estados, destinaron cerca de 7.000 millones de euros a la economía española a través de 18 operaciones, situando al país como el sexto mayor receptor de este tipo de capital a nivel mundial y el segundo dentro de la Unión Europea, únicamente por detrás de Alemania, según un informe elaborado por el Centro para la Gobernanza del Cambio de IE University en colaboración con ICEX-Invest in Spain. Las inversiones se han concentrado en sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico, como las energías renovables, las infraestructuras digitales, la educación superior, las residencias de estudiantes y el desarrollo tecnológico. Entre los principales inversores destacan los fondos soberanos de Abu Dabi, como Mubadala y su filial Masdar, el fondo soberano de Noruega y el fondo singapurense GIC. Según explica Javier Capapé, director del Centro de Fondos Soberanos de IE University, España reúne varios factores que la convierten en un destino atractivo para este tipo de inversores, entre ellos la estabilidad institucional y regulatoria, un mercado con suficiente dimensión para absorber grandes inversiones y una especialización creciente en sectores alineados con las estrategias de largo plazo de estos fondos. La transición energética continúa siendo el principal foco de inversión. Mubadala protagonizó algunas de las operaciones de mayor volumen del periodo, entre ellas la adquisición de la totalidad de Saeta Yield, filial de ACS, por 1.256 millones de euros en septiembre de 2025. A ello se suma la compra del 50% de EGPE Solar por 850 millones de euros en 2024 y la posterior ampliación de esa participación mediante una nueva inversión de 184 millones de euros durante 2025. La infraestructura digital constituye otro de los grandes ámbitos de interés. En agosto de 2025, el fondo GIC adquirió el 25% de PremiumFiber en una operación valorada en 1.750 millones de euros, una de las mayores registradas en el periodo analizado. Asimismo, la compra del operador de centros de datos Nabiax por aproximadamente 1.000 millones de euros refleja el creciente atractivo de los activos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial y al incremento de la capacidad de almacenamiento de datos. La diversificación de las inversiones también alcanza otros sectores. En el ámbito educativo, Mubadala adquirió un 25% de la Universidad Alfonso X el Sabio por 625 millones de euros, la mayor operación realizada hasta la fecha en el sector universitario español por un fondo soberano. Las residencias para estudiantes se consolidan igualmente como un activo de creciente interés. GIC invirtió 460 millones de euros en la plataforma EQT Moraval, mientras que el fondo soberano de Noruega adquirió el 40% de AXA Lifestyle Housing por 240 millones de euros. La combinación de ingresos estables y el aumento del número de estudiantes internacionales explica el atractivo de este segmento inmobiliario. Pese a estas operaciones, el mayor inversor soberano presente en España sigue siendo Norges Bank Investment Management (NBIM), entidad que gestiona el fondo soberano de Noruega. Su cartera en España ronda los 25.000 millones de dólares, distribuidos principalmente entre participaciones en empresas cotizadas, deuda pública y corporativa, así como inversiones inmobiliarias y proyectos de energías renovables. Aproximadamente el 60% de sus activos españoles se concentra en Bolsa, un 37% en bonos y el resto en inversiones inmobiliarias y energéticas. En los últimos años, el papel de los fondos soberanos ha evolucionado significativamente. Más allá de actuar como simples inversores financieros, se han convertido en socios estratégicos capaces de impulsar grandes proyectos mediante inversiones de largo plazo. Esta transformación responde a la necesidad de movilizar recursos hacia ámbitos como la transición energética, la digitalización, las infraestructuras críticas y el fortalecimiento de la autonomía económica. El crecimiento de estos vehículos también explica su creciente protagonismo en la economía mundial. En la actualidad gestionan más de 15 billones de dólares en activos, con una fuerte concentración en países de Asia-Pacífico y Oriente Medio, origen de buena parte del capital que llega a España. Paralelamente, España ha puesto en marcha instrumentos públicos para favorecer la llegada de inversión institucional, como el fondo España Crece, concebido para impulsar proyectos estratégicos mediante fórmulas de coinversión con capital privado. Este tipo de iniciativas ha contribuido a reforzar el posicionamiento del país como uno de los principales destinos europeos para los grandes inversores internacionales. Las perspectivas apuntan a que esta tendencia continuará en los próximos años. La expansión de la inteligencia artificial, el desarrollo de nuevas infraestructuras digitales, la transición energética y el refuerzo de la capacidad industrial europea seguirán generando oportunidades para atraer capital soberano. Según Javier Capapé, entre junio de 2024 y junio de 2025 los fondos soberanos llevaron a cabo 391 operaciones de inversión directa en todo el mundo, por un importe superior a los 400.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 91% respecto al periodo anterior. El experto destaca que el mercado muestra una clara evolución hacia un menor número de operaciones, pero de mayor tamaño, reflejando una estrategia orientada a incrementar la influencia y el impacto transformador de estas inversiones. Entre las operaciones internacionales más relevantes destacan el respaldo del fondo saudí PIF a la adquisición de Electronic Arts, la financiación de Anthropic por parte del fondo catarí QIA y GIC, la reorganización de TikTok en Estados Unidos con el apoyo del fondo emiratí MGX -impulsado por Mubadala- y diversas inversiones en infraestructuras energéticas europeas lideradas por los fondos soberanos de Noruega y Singapur.

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(Expansión, 13-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno esquiva los daños del apagón y deja que decidan los jueces

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, descarta por el momento que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) asuma el pago de las indemnizaciones derivadas del gran apagón, una posibilidad que habían planteado algunas de las principales compañías eléctricas, como Iberdrola y Endesa, para hacer frente a las reclamaciones por los daños ocasionados. El CCS, organismo adscrito al Ministerio de Economía, actúa de forma complementaria al seguro privado y cubre determinados daños provocados por acontecimientos extraordinarios. Sin embargo, para que intervenga es necesario que el Gobierno declare previamente que el suceso constituye un caso de fuerza mayor, tal y como ocurrió con las inundaciones provocadas por la dana de 2024. Este organismo financia su actividad mediante las aportaciones incluidas en las primas de seguros y con el rendimiento de sus inversiones. Tras la dana, sus reservas ascendían a unos 10.000 millones de euros. La propuesta defendida por algunas eléctricas y aseguradoras pretende evitar una larga batalla judicial para determinar qué empresas fueron responsables del apagón y quién debe asumir el coste de las indemnizaciones. De lo contrario, las reclamaciones podrían prolongarse durante años y tramitarse en numerosos juzgados con criterios distintos. Más de un año después del apagón registrado el 28 de abril de 2025, todavía no existe una resolución que determine oficialmente las responsabilidades. Los informes técnicos elaborados hasta la fecha apuntan a una combinación de factores, pero ninguno identifica de forma concluyente a un responsable, por lo que previsiblemente serán los tribunales quienes deban resolver la cuestión. El Ministerio de Economía sostiene que, en las circunstancias actuales, no existen motivos para calificar el apagón como un supuesto de fuerza mayor. Además, ha elaborado un informe jurídico en el que defiende que este tipo de incidentes queda fuera de la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros. Según ese análisis, la legislación limita la actuación del CCS a determinados acontecimientos extraordinarios expresamente previstos, entre ellos fenómenos naturales como inundaciones, terremotos, maremotos o vientos excepcionales, así como ciertos hechos de origen humano, como actos terroristas, motines o disturbios. El Ministerio recuerda que el sistema español de riesgos extraordinarios se basa en la naturaleza del hecho que provoca el daño y que su ámbito de actuación está definido de forma estricta por la normativa. En consecuencia, la declaración de un suceso como fuerza mayor no implica automáticamente que quede cubierto por el Consorcio si ese riesgo no figura entre los previstos por la ley. Asimismo, para que el CCS pueda indemnizar es imprescindible que el afectado disponga de una póliza de seguro privada que incluya el recargo destinado a financiar la cobertura de riesgos extraordinarios y que dicho recargo haya sido abonado e ingresado en el propio organismo. El informe también recuerda que el Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios excluye expresamente los daños ocasionados por interrupciones en el suministro de electricidad, gas u otros fluidos, incluso cuando el origen del incidente pudiera estar relacionado con un acontecimiento extraordinario cubierto por el sistema. Esta exclusión responde al funcionamiento del modelo asegurador, ya que el Consorcio únicamente cubre los riesgos para los que se ha pagado previamente el correspondiente recargo, sin posibilidad de ampliar posteriormente la cobertura a supuestos no contemplados. Por último, el Ministerio subraya que el Consorcio de Compensación de Seguros no constituye un fondo general de solidaridad pública destinado a reparar cualquier perjuicio económico. En este sentido, recuerda que muchas pólizas multirriesgo comercializadas por las aseguradoras privadas pueden incluir coberturas específicas frente a pérdidas derivadas de cortes del suministro eléctrico, por lo que recomienda a los afectados revisar las condiciones de sus seguros para comprobar si cuentan con esa protección.

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