(Expansión, 17-05-2024) | Laboral

El turismo alerta de que la reducción de jornada costará 2.400 millones

La reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales, acordada en la formación del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar el año pasado, ha generado gran preocupación entre las empresas del sector turístico, un sector que, de cumplirse las excelentes previsiones para este año, representará más del 13% del PIB nacional. Ayer, Exceltur, una asociación que agrupa a más de 30 empresas y emplea al 10% de los trabajadores del sector, lanzó una voz de alarma con la presentación de un informe crítico que detalla el impacto económico de esta medida. Según el informe, el impacto asciende a casi 2.400 millones de euros. Exceltur estima que la reducción de 2,5 horas semanales por empleado tendría un coste anual de 2.348 millones de euros para las empresas del sector turístico. Además, el informe indica que el beneficio se reduciría en un 8,1% debido al incremento de los costos salariales, que aumentarían un 4,9%. Exceltur aclara que este es un cálculo conservador, ya que asume que las empresas podrían encontrar trabajadores capacitados para cubrir las horas reducidas (lo cual no ocurre en el contexto actual) y que tienen el tamaño suficiente para gestionar sus turnos con flexibilidad. Sin embargo, el 93,9% de las empresas turísticas en 2023 son micropymes, lo que dificulta dicha adaptación. Si estas condiciones no se cumplen, las empresas se verían obligadas a reducir sus horarios, disminuir la prestación de servicios y, por ende, reducir sus ventas, generando un costo mayor al calculado. Para llegar a estas cifras, Exceltur razona que en España hay 2,6 millones de empleados en el sector, de los cuales hay que restar 400.000 autónomos (que probablemente no podrán reducir su jornada), un millón de asalariados con una jornada inferior a las 37,5 horas y 200.000 personas en posiciones donde se podrían compensar las horas reducidas. Así, quedan un millón de empleados cuya reducción de horas no podría ser compensada con mayor eficiencia. La reducción de horas de trabajo para este millón de trabajadores sumaría 222 millones en un año, resultando en un coste anual de casi 2.400 millones de euros, tanto para contratar nuevos empleados como para ajustar los usos y hábitos empresariales a este nuevo modelo de jornada laboral semanal. Exceltur argumenta que, debido a la naturaleza del negocio, menos de uno de cada cuatro empleos en el sector pueden realizarse en menos tiempo con mayor eficiencia, como las labores de gerencia y servicios centrales. En cambio, la mayoría de los trabajos en el sector no permite esta flexibilidad: "La mayoría de los servicios turísticos son presenciales y requieren trabajadores para atender a los clientes en los momentos en que los disfrutan, que son parte de sus hábitos de vida. Estos horarios no son elegidos por las empresas y, por tanto, son difíciles de modificar". Este argumento de presencialidad es evidente en los trabajos que más empleo generan en el sector: cocineros y camareros (casi 850.000), conductores de transporte terrestre (unos 174.000), ayudantes de cocina (155.000) y empleados de limpieza (otros 150.000). En respuesta a esta iniciativa del Gobierno, Exceltur propone avanzar en medidas que favorezcan la flexibilidad en la organización de las jornadas de trabajo para un mejor uso del tiempo efectivo. Además, sugiere reducir los costes no salariales, especialmente las cotizaciones sociales, e introducir incentivos fiscales para la reinversión de beneficios no distribuidos en la mejora del producto en España. En enero se puso en marcha la mesa de diálogo social para debatir la reducción de la jornada laboral, liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La semana pasada, Díaz expresó su optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo "antes del verano". El objetivo es que a partir del 1 de enero del próximo año se alcance el máximo de 37,5 horas semanales.

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(El País, 17-05-2024) | Laboral

Díaz destaca que extenderá los derechos de la ‘ley rider’ a las plataformas de empleadas domésticas

El enfoque de la Ley Rider se extiende ahora a las empleadas del hogar y a los trabajadores de ayuda a domicilio. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció este jueves que el Ejecutivo irá "más allá" de la Ley Rider, regulando las plataformas digitales utilizadas para la contratación de empleadas del hogar y de trabajadores de ayuda a domicilio, dos actividades "profundamente feminizadas". "No hay atajos con los derechos laborales, ya sea repartiendo comida o cuidando a personas mayores. No permitiremos que los beneficios de las nuevas tecnologías sean una excusa para regresar a un modelo de derechos laborales del siglo XIX", advirtió Díaz durante su participación en la jornada Fondos Europeos IV, organizada por elDiario.es. Esta medida se enmarca en la transposición de la directiva europea sobre el trabajo en plataformas digitales, aprobada en marzo pasado. "Ahora contamos con esa directiva y continuamos con nuestro trabajo, dando un paso más en esta materia. Regularemos la transparencia algorítmica, transpondremos la directiva y lo haremos más allá del sector de reparto. Regularizaremos las plataformas que contratan a las empleadas del hogar y aquellas que canalizan la ayuda a domicilio", adelantó la ministra. "En el debate de la Ley Rider ya mencionábamos que esta medida afectaba a muchas tareas, destacando estas dos actividades profundamente feminizadas", insistió. La vicepresidenta subrayó la importancia de la directiva europea de Trabajo en las Plataformas digitales, una norma que fue difícil de aprobar y "la más complicada de conseguir". "Con esta directiva no solo nos jugábamos unas normas, sino el futuro del trabajo en Europa y, por ende, el futuro de Europa", afirmó. "Rara vez me rindo en una negociación, y en esta sobre las plataformas digitales en Europa estuve a punto de hacerlo. El diálogo fue muy intenso, principalmente porque enfrentábamos el modelo Macron, que defendía que un trabajador con una 'app' y una bicicleta era un empleador. Era literalmente imposible avanzar en Europa. Gracias al diálogo y a las alianzas, logramos una directiva que impide el recorte de derechos en Europa como se pretendía", explicó Díaz. Con esta norma, al igual que con la Ley Rider, se protegió el principio de laboralidad y se colocaron los algoritmos "al servicio de la justicia social", poniendo fin a las situaciones de abuso en forma de falsos autónomos. Según la directiva, los Estados miembros establecerán una presunción legal de empleo en sus sistemas legales, activada cuando se identifiquen hechos que indiquen control y dirección, de acuerdo con la legislación nacional y los convenios colectivos, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la UE. Además, los trabajadores de plataformas digitales, sus representantes o las autoridades nacionales podrán invocar esta presunción legal y alegar que están mal clasificados, mientras que corresponderá a la plataforma digital demostrar que no existe relación laboral. El acuerdo alcanzado con el Parlamento garantiza que los trabajadores estén debidamente informados sobre el uso de sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones en cuanto a su contratación, condiciones de trabajo e ingresos, entre otros aspectos. También prohíbe el uso de sistemas automatizados de seguimiento o toma de decisiones para tratar determinados tipos de datos personales, como datos biométricos o su estado emocional o psicológico. Asimismo, se asegura la supervisión y evaluación humana de las decisiones automatizadas, incluyendo el derecho a que estas decisiones sean explicadas y revisadas.

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(El País, 17-05-2024) | Laboral

La justicia europea da margen a España para decidir si amplía el permiso por nacimiento de familias monoparentales

La Justicia europea no se ha pronunciado sobre las disposiciones legales relacionadas con los permisos por nacimiento para familias monoparentales y ha dejado la responsabilidad en manos del Gobierno. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha decidido no abordar la cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Sevilla sobre si es discriminatorio que la normativa nacional no contemple la posibilidad de ampliar la baja por maternidad y la prestación a este tipo de familias (principalmente encabezadas por mujeres), permitiéndoles acogerse a las 32 semanas que disfrutan las familias biparentales (16 semanas por progenitor). En una sentencia conocida este jueves, el tribunal con sede en Luxemburgo argumenta que la directiva comunitaria de conciliación de la vida familiar y profesional no regula la posible ampliación de este permiso para familias monoparentales. De este modo, la máxima instancia judicial de la UE da margen a España para que decida sobre este asunto. Según fuentes cercanas a este proceso, el Gobierno sí está trabajando en mejoras para las familias monoparentales, aunque estas no necesariamente implicarán duplicar el permiso por nacimiento. En su explicación de las razones "materiales" por las cuales considera inadmisible la cuestión prejudicial española, el TJUE destaca la diferencia entre los permisos de maternidad y paternidad y el permiso parental (recién aprobado en España). Según el fallo, este último, que puede disfrutarse hasta una edad determinada del menor (en España, hasta los ocho años), se concede a los progenitores para que puedan cuidar a su hijo; mientras que el permiso de maternidad busca asegurar la "protección de la condición biológica de la mujer y las especiales relaciones entre ella y su hijo durante el período postnatal, evitando que se vean perturbadas por la acumulación de cargas derivadas del ejercicio simultáneo de una actividad profesional". De esta forma, la justicia comunitaria sugiere que si la ampliación solicitada hubiera sido del permiso parental, y no del permiso por nacimiento, la cuestión podría tener una interpretación diferente. Además, el tribunal también ha argumentado razones "temporales" para no pronunciarse sobre la cuestión, entendiendo que la directiva europea no es aplicable a la situación concreta porque la trabajadora realizó la solicitud de prórroga cuando España estaba dentro del margen temporal para adaptar sus normas a lo establecido a nivel europeo, margen que expiró para la mayoría de las cuestiones reguladas en agosto de 2022 pero sigue abierto para otras. De hecho, en el Plan Anual Normativo para 2024 el Gobierno se ha comprometido a "completar la transposición" de la directiva. El instrumento legal que escoja para ello podría también servir para una posible adaptación de los permisos para familias monoparentales. El tema de los permisos para familias monoparentales no es el único que el Gobierno tiene pendiente de resolver en materia de cuidados por hijos, ya que hay otras modificaciones legales necesarias para cumplir con la mencionada directiva europea. Entre los cambios esperados, se incluye que el nuevo permiso de ocho semanas para el cuidado de los hijos hasta que estos cumplan 8 años sea remunerado. Bruselas dio a España hasta el 2 de agosto de este año para ello. El Ejecutivo ya ha anunciado que cumplirán el plazo, aunque la idea es que solo se costeará la mitad del permiso (cuatro semanas). Asimismo, el Gobierno está pendiente de modificar la ley para permitir que el actual permiso de lactancia diaria de una hora pueda concentrarse en hasta 28 días consecutivos de ausencia, o bien a través de otras opciones para su disfrute. Este cambio fue incluido en el decreto que regulaba el subsidio de desempleo en enero pasado y que no salió adelante, con el voto en contra de Podemos, que ya se ha mostrado favorable al nuevo acuerdo de reforma del paro. Otra cuestión pendiente es la ampliación de los permisos por nacimiento o adopción de 16 a 20 semanas, como recoge el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar. El derecho a que las familias monoparentales puedan disfrutar de más semanas de descanso por el nacimiento de su hijo es un debate abierto tanto en la esfera judicial como en la política. En los tribunales no hay un criterio claro sobre este asunto. Algunos Tribunales Superiores de Justicia han fallado a favor de los progenitores, reconociendo el derecho a ampliar el permiso para poder atender a los cuidados de los hijos menores. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña elevó en octubre al Tribunal Constitucional una cuestión, que ya ha sido admitida a trámite. El tribunal deberá pronunciarse sobre si la legislación española incurre en un trato discriminatorio hacia el menor de la familia monoparental, ya que su necesidad de atención y cuidado no varía en función del modelo familiar. Al mismo tiempo, el tribunal catalán señaló una posible discriminación indirecta por razón de sexo contra la mujer, que son mayoritarias en este tipo de unidad familiar. El TSJ entiende que la actual normativa tiene un "impacto negativo y desfavorable" sobre las trabajadoras, afectando su capacidad de conciliación efectiva de la vida laboral y familiar, así como el ejercicio de las funciones de atención y cuidado de los menores. No obstante, el Tribunal Supremo corrigió dicha doctrina y rechazó en marzo de 2023 que las prestaciones pudieran ser dobles en estos casos. Es más, enfatizó que es responsabilidad exclusiva del legislador decidir la solución más adecuada. Existe un precedente en 2019, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció el derecho a las familias monoparentales a disfrutar de las dos semanas adicionales de permiso retribuido por nacimiento y cuidado de hijo o menor con discapacidad, o en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple. Esta posible ampliación inicialmente se limitaba a una sola semana para las familias monoparentales, pero luego pasó a ser de dos como en las familias con dos progenitores. La cuestión prejudicial de la que partió la sentencia europea analiza la demanda de una trabajadora que, formando una unidad familiar con su hijo, presentó contra la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) después de que le denegaran prorrogar 16 semanas el permiso de maternidad. La demandante dio a luz el 5 de noviembre de 2021 y le fue concedida la prestación prevista por la Seguridad Social por su permiso de maternidad, si bien solicitó una ampliación del mismo y de la prestación asociada.

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(El Economista, 17-05-2024) | Laboral

Un trabajador temporal gana 390 euros más al mes con la reforma laboral

La base media mensual de cotización de un trabajador con contrato indefinido ordinario ha aumentado un 2,9%, es decir, unos 61 euros, alcanzando los 2.192,2 euros. Sin embargo, la de un fijo discontinuo ha disminuido un 5,6%, lo que supone 66 euros menos, situándose en 1.102,6 euros. La sorpresa la da la retribución de los temporales, que ha subido un 26,5%, es decir, 390,5 euros más, hasta llegar a una media mensual de 1.865,7 euros. Un trabajador con contrato indefinido ordinario gana, en promedio, 1.089,6 euros más que un fijo discontinuo y 326,5 euros más que un temporal. A su vez, los temporales ganan 763,1 euros más que los trabajadores con contratos fijos discontinuos. Todos ellos quedan muy por debajo de los trabajadores "sin contrato", una categoría diversa que incluye a cargos públicos, funcionarios y personal estatutario (no afectados por la reforma laboral), cuya base media de cotización alcanza los 3.099,4 euros, un 8,6% más que antes de la reforma. La nueva ley ha reducido a menos de la mitad el peso del empleo temporal en el mercado laboral. Esto se logró eliminando los contratos por obra y servicio, una modalidad que, según patronal, sindicatos y Gobierno, se había convertido en una puerta de entrada a los trabajos más precarios. Su desaparición provocó una caída en el número de cotizantes, pero sus retribuciones medias han mejorado notablemente, según reflejan las estadísticas de Seguridad Social. Esto apunta a una mejora de las condiciones de los empleos eventuales, lo que no se puede decir de otros tipos de contrato. La base media de cotización se compone de la remuneración total, "cualquiera que sea su forma o denominación", que un trabajador tiene derecho a percibir mensualmente. Los datos publicados desde 2018 por la Tesorería General de la Seguridad Social se refieren a los afiliados del Régimen General, donde cotiza la mayoría de los asalariados. Esto proporciona una fuente importante de información sobre los sueldos reales que perciben los trabajadores por cuenta ajena, complementaria a la de otras fuentes como la Agencia Tributaria. Además, impacta significativamente en partidas como las pensiones, ya que las cotizaciones por trabajador se estiman a partir de esta base. La base media de cotización total creció un 9,6% entre el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2023 (y un 5,5% en el último año). Sin embargo, este aumento varía según el tipo de contrato y la jornada. Así, la diferencia entre un trabajador a tiempo completo y uno a tiempo parcial es de 1.278,2 euros, 88,5 euros más que antes de la pandemia. En este sentido, el 77,4% de los cotizantes indefinidos ordinarios trabajan a jornada completa, frente al 70,9% de los temporales y el 52,4% de los fijos discontinuos. Los trabajadores "sin contrato", por su parte, alcanzan el 95,6%. Estos porcentajes son similares a los que había antes de la reforma (aunque en el caso de los temporales ha mejorado en 4 puntos porcentuales). La fluctuación en el número de trabajadores de cada tipo, algo que sí depende de la reforma laboral, también tiene un impacto significativo en las cotizaciones. Así, los cotizantes con un contrato indefinido han aumentado en 2,9 millones y ahora representan el 77,4% de los asalariados, cuando antes de la reforma eran solo el 62,9%. Entre ellos, los más numerosos son los indefinidos ordinarios, que han crecido en 2,4 millones, hasta los 11,6 millones, un 26,5%. Esto representa el 71,9% de los cotizantes afiliados por cuenta ajena. Por su parte, los fijos discontinuos han aumentado un 141%, sumando 515.416 efectivos para llegar a 880.163 (solo un 5,4% del total de asalariados). En contraste, los temporales han caído en 2,1 millones, un 47%, quedando en 2,4 millones. Han pasado de representar el 29,4% de los asalariados al 14,4%. El 8,2% restante corresponde a los asalariados sin contrato, que alcanzan los 1,3 millones. Comparar el incremento de los cotizantes de cada tipo con su base media de cotización nos da algunas claves sobre lo ocurrido en estos dos años. Primero, los indefinidos ordinarios han logrado aumentar su número de cotizantes manteniendo relativamente estables sus bases de cotización. Esto significa que, aunque estos empleos no han mejorado sustancialmente en su "calidad intrínseca" (la reforma no necesitó introducir grandes cambios en ellos, pues ya eran considerados óptimos), sus condiciones laborales y salariales tampoco han empeorado. Esto es positivo para las cuentas de la Seguridad Social porque ahora hay muchos más indefinidos que antes (aunque también hay más despidos y bajas por no superar el periodo de prueba). Por otro lado, los temporales han experimentado el proceso inverso: aunque su número se ha desplomado, sus bases medias de cotización se han disparado. Esto implica que los contratos temporales son menos volátiles y reciben mejores sueldos. Esto parece contradecir algunos indicadores, como el descenso de la duración de los contratos registrados por el SEPE. Sin embargo, la discrepancia se explica por la desaparición de los contratos por obra y servicio, que no registraban su duración inicial prevista y ocultaban ante las estadísticas de Trabajo muchos empleos firmados por muy poco tiempo. El comportamiento tanto de los temporales como de los indefinidos se ajusta a lo previsto tras la reforma laboral: más empleo estable y menor volatilidad se traducen en mejores salarios, incluso para los asalariados con empleos más precarios. Esto es especialmente notable entre los contratos a tiempo completo, los más numerosos. Sin embargo, en este análisis hay una excepción importante: los fijos discontinuos.

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(El Economista, 17-05-2024) | Laboral

Un millón y medio de españoles no va nunca al trabajo

Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, ha advertido hoy sobre el grave problema que representa el absentismo en España. Este problema genera un coste total de 135.000 millones de euros anuales, considerando tanto los gastos directos como indirectos para la Seguridad Social y las empresas, además de las pérdidas de producción, afectando especialmente a las empresas con pocos empleados. El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, señala que, paralelamente, existe "un problema para cubrir vacantes", con 390.000 puestos que no se logran llenar. Según Cuerva, esto ocurre en un contexto de aumento de los costes muy por encima de las ventas; alta morosidad, con un periodo medio de pago de más de 82 días; y problemas de financiación y restricción del crédito. En una jornada organizada por Cepyme, Ángel Nicolás, vicepresidente de la organización, señaló que "no se está haciendo nada para reducir el coste", destacando que en el último año un millón y medio de trabajadores no acudieron ni un solo día a trabajar, sobre un total de 19 millones de asalariados, en contraste con los 1,1 millones antes de la pandemia. Nicolás explicó que "hemos pasado de una tasa de absentismo del 5% antes de la pandemia al 7% ahora, con un mayor porcentaje entre los 16 y los 45 años". Nicolás atribuyó parte del problema al colapso de los servicios de salud en la gestión de las bajas por incapacidad temporal. "En Alemania un constipado dura cuatro días y en España son veinte", afirmó. También indicó que los costes directos son de 12.500 millones de euros, mientras que los costes indirectos para cubrir vacantes ascienden a 49.750 millones de euros. Valentín Bote Álvarez-Carrasco, director de Randstad Research, explicó que "en una década el número de horas perdidas por bajas médicas se ha duplicado", insistiendo en que "no se trata de que ahora nos enfermemos más que antes". Luis Miguel García, vicepresidente de Amat, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, destacó que "no todas las enfermedades tienen por qué ser inhabilitantes" y denunció "un uso abusivo de las bajas". Estos datos se conocen mientras el Ministerio de Trabajo intenta cerrar un acuerdo con la patronal y los sindicatos para la reducción de la jornada laboral a 38,5 horas semanales este año y a 37,5 horas semanales en 2025. Los agentes sociales señalan que la reducción prevista para este año no tendrá mucho impacto en el día a día de las empresas españolas, aunque en 2025 afectaría al 94% de los trabajadores con convenio en el país. "El absentismo tiene una clara incidencia en la jornada laboral y el Ministerio de Trabajo ni siquiera lo ha tenido en cuenta", dijo Cuerva. "Es puro intervencionismo que no está avalado por estudio alguno".

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(Expansión, 17-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La suspensión continuada de desahucios vía decreto inquieta en el Constitucional

El Consejo de Ministros aprobó este martes un nuevo Real Decreto-ley que extiende la suspensión de los desahucios para personas vulnerables hasta 2028. Judicialmente, el Ejecutivo obtuvo en enero el respaldo del Tribunal Constitucional para este tipo de medidas, tras el rechazo de la mayoría progresista al recurso de Vox contra la prórroga de la suspensión de los casos penales aprobada en verano de 2021. No obstante, crece la preocupación en el tribunal por la práctica del Ejecutivo de prolongar esta limitación del derecho a la propiedad, que inicialmente era temporal y relacionada con la pandemia, a través de sucesivos decretos, extendiéndola ya por varios años. Así lo han manifestado un tercio de los magistrados en un voto particular al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, firmado por los cuatro miembros del bloque conservador, que alertan del riesgo de que la suspensión de desahucios se convierta en una medida permanente encubierta. El voto particular, que expresa su desacuerdo con el fallo y su fundamentación, fue firmado por los magistrados Enrique Arnaldo Alcubilla, Ricardo Enríquez Sancho, Concepción Espejel Jorquera y César Tolosa Tribiño, quienes consideran que el recurso debería haber sido aceptado. La norma recurrida por más de 50 diputados del grupo parlamentario Vox fue el Real Decreto-ley 16/2021, que adoptó medidas de protección social para enfrentar situaciones de vulnerabilidad social y económica, en lo relativo a "la prórroga temporal de la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional que derivan de un proceso penal" durante el periodo comprendido entre el 4 de agosto y el 31 de octubre de 2021. Frente al respaldo de la mayoría progresista del tribunal, los cuatro firmantes del voto particular critican la norma, argumentando que el Gobierno presentó una justificación "explícita y razonada" para aprobarla vía decreto ley, reservado para casos de "extraordinaria y urgente necesidad", como establece el artículo 86.1 de la Constitución y la doctrina del propio tribunal. Sin embargo, critican que la sentencia favorable al Gobierno se conformó con considerar que la medida tuvo una "justificación sucinta, pero razonable". Además, los magistrados conservadores denuncian que las explicaciones del Ejecutivo en el real decreto se limitan a mencionar el aumento de desahucios y lanzamientos "civiles" en los meses previos, sin detallar la evolución de los penales, que son sobre los que se extiende la suspensión en la norma objeto de recurso. Recuerdan que el tribunal ya había avalado un real decreto de suspensión de lanzamientos penales anteriormente, aunque en aquella ocasión el límite temporal fue "hasta la finalización del estado de alarma" declarado por la pandemia de Covid-19, un contexto de emergencia no equiparable al de verano de 2021. De hecho, ese primer aval ya obtuvo tres votos particulares en contra, a los que se suma ahora un cuarto que muestra el aumento de la preocupación. Los magistrados también consideran que la prohibición de suspender lanzamientos penales afecta al derecho constitucional de propiedad, vulnerando los artículos 86.1 y 33 de la Constitución. Destacan que, aunque el segundo estado de alarma al que estaba inicialmente ligada la suspensión de los desahucios no fue prorrogado, eso no impidió al Gobierno "dictar hasta ocho decretos-leyes para prorrogar esta medida sin interrupción", primero hasta el 9 de agosto de 2021, luego hasta el 31 de octubre de ese año (el caso abordado); y así sucesivamente hasta el Real Decreto-ley 8/2023 aprobado el 27 de diciembre, "el último por ahora de esta larga lista", que extiende la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto se escribió antes de la nueva prórroga de la suspensión general para colectivos vulnerables hasta 2028 aprobada esta semana. La advertencia de los magistrados iba más allá. "No se crea que el día siguiente a la última prórroga, es decir, [en el asunto juzgado] el 1 de enero de 2025, las suspensiones acordadas bajo la vigencia de cualquiera de estas redacciones de la norma decaerán", alertaban, pues la propia medida matiza que "solo se reanudarán" si el propietario se somete a un procedimiento de conciliación o intermediación con el ocupante y solicita la reanudación del lanzamiento. En resumen, los magistrados disconformes con el fallo concluyen que la suspensión de los desahucios en causas penales relacionadas con delitos de usurpación de viviendas sin violencia o intimidación, y la consecuente limitación del derecho a la propiedad, vigente ya "durante casi cuatro años" gracias a "ocho decretos-leyes adicionales y sucesivos", no puede considerarse una limitación temporal y critican a sus compañeros por "aislar los periodos de vigencia de cada decreto como si fueran compartimentos estancos". Esta argumentación promete ser utilizada como artillería judicial contra el decreto de extensión aprobado esta semana.

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(La Razón, 17-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez: "La economía española no va como una moto, va como un cohete"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este jueves que la economía española no solo va bien, sino que "despega como un cohete", incluso en un contexto geopolítico internacional "tan complejo". "Nosotros no hacemos milagros económicos, pero gestionamos mucho mejor la política económica que la derecha", subrayó el presidente. Sánchez destacó que ayer mismo la Comisión Europea volvió a aumentar su previsión de crecimiento para la economía española en 2024 hasta el 2,1%, lo que supone un crecimiento tres veces superior a la media de la eurozona. Esto convierte a España en el país que más crecerá en toda Europa tanto en 2024 como en 2025. "Son datos espectaculares de una España que avanza en la dirección correcta, a pesar de las predicciones y bulos fracasados de una oposición apocalíptica y desorientada", señaló. El jefe del Ejecutivo resaltó su política económica en contraste con los "milagros" económicos del PP, que "terminaron como terminaron" y cuyos responsables están actualmente enfrentando procesos judiciales. Sánchez también destacó los datos del mercado laboral en España, indicando que 4 de cada 10 nuevos empleos en la zona euro se crean en el país y que se ha superado la cifra de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, un éxito que atribuyó tanto a las empresas y trabajadores como a la política económica de su Gobierno. "Hoy nuestro mercado laboral ya no es una máquina que destruye aspiraciones y planes de futuro, sino un espacio donde se crean oportunidades y proyectos de vida", afirmó durante la inauguración de la IV edición del foro 'Fondos Europeos: Innovación para un crecimiento sostenible', organizado por elDiario.es. Sánchez enfatizó la contribución del empleo al crecimiento económico, recordando que, históricamente, el mercado laboral español era una "máquina de desigualdad y precariedad". Antes de la reforma laboral, uno de cada cuatro empleos en España era temporal, pero tras la reforma, apenas uno de cada diez empleos en el sector privado es temporal. "Estamos hablando de mínimos históricos", destacó, valorando el acuerdo entre los agentes sociales y los grupos políticos para impulsar la reforma laboral. En contraste, Sánchez criticó al principal partido de la oposición por su "enorme ejercicio de irresponsabilidad", acusándolos de estar dispuestos a todo, incluso al transfuguismo, para hacer fracasar algo beneficioso para la economía y para el conjunto de empresas y trabajadores. Otro aspecto que ha dinamizado la economía son los efectos positivos de la subida del salario mínimo interprofesional, que ha aumentado un 54% en los últimos seis años, junto con las ayudas y medidas contra la inflación y la escalada de precios energéticos. Estas políticas de protección de rentas han contribuido a que España sea el segundo país de la OCDE donde más ha crecido la renta real per cápita de los hogares en 2023, logrando otro hito: recuperar los niveles de renta previos al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008. "Han pasado más de 15 años desde el inicio de esa crisis financiera, y durante esos 15 años, los españoles de clase media y los trabajadores no habían logrado recuperar esos niveles de ingresos y renta real per cápita", señaló el presidente, criticando la "enorme equivocación" de las recetas neoliberales para la crisis financiera de 2008.

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(La Vanguardia, 17-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España exigirá 7.500 millones más a los bancos

El supervisor ha activado un colchón de capital anticíclico del 1%, que será plenamente efectivo en octubre de 2026. El Banco de España requerirá a los bancos acumular 7.500 millones de euros adicionales en capital para fortalecer las entidades y asegurar el flujo de crédito a la economía frente a futuras crisis. Esta medida se implementará a través de una modificación del actual marco del colchón de capital anticíclico y su próxima activación. Este colchón es una de las novedades regulatorias surgidas tras la crisis financiera internacional de 2008. Su objetivo es que los bancos acumulen capital en momentos de menor riesgo para usarlo durante periodos de deterioro económico. El capital de 7.500 millones corresponde al 1% de los activos de riesgo por las exposiciones en España, según explicaron en rueda de prensa el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y Ángel Estrada, director general de Estabilidad Financiera. La nueva exigencia de fondos propios será gradual y se implementará en dos fases que culminarán a finales de 2026. El supervisor establecerá un colchón del 0,5% en el último trimestre de este año, que será aplicable a partir del 1 de octubre de 2025. Posteriormente, y siempre que el entorno de riesgos se mantenga estable, se exigirá el restante 0,5%, con un plazo de cumplimiento en octubre de 2026. "El balance entre beneficio y coste de activar el colchón es positivo", destacó Hernández de Cos. Según los análisis de la institución, la acumulación de un punto de capital por parte del sector en el escenario macroeconómico y financiero actual tendrá un impacto "prácticamente nulo" sobre la economía. En contraste, se consideran significativos los efectos positivos que tendría la liberación de estos recursos en una crisis o ante "perturbaciones adversas". "La fijación de un porcentaje positivo del colchón anticíclico cuando los riesgos se sitúan en niveles intermedios reforzará la resiliencia del sector bancario en fases adversas, contribuyendo a estabilizar una provisión de financiación bancaria a la economía real más estable a lo largo del ciclo macrofinanciero", argumentó el supervisor. Para constituir esta reserva, el gobernador mencionó la generación de beneficios en un escenario donde se prevé que la rentabilidad del sector se modere pero se mantenga en niveles elevados. "Las entidades pueden utilizar los beneficios de este año y de 2025 y 2026", explicó Hernández de Cos. El gobernador reconoció que los bancos podrían usar los colchones voluntarios existentes para cumplir con la nueva exigencia de 100 puntos de solvencia. Sin embargo, advirtió que, "legalmente, las entidades no podrán liberar esos recursos hasta que lo determine el Banco de España. Queremos que existan mayores colchones", añadió Hernández de Cos. Por entidades, CaixaBank afrontará la mayor factura en términos absolutos, con unos 1.700 millones de euros. El colchón de 100 puntos sobre los negocios en España se situaría, a nivel grupo, en 75 puntos, debido a la composición de su balance y el peso de sus actividades en el extranjero. En Santander, la reserva sería de unos 1.575 millones (25 puntos a nivel consolidado). Para BBVA, el colchón sería de 1.200 millones (32 puntos en el grupo); y en Sabadell, en torno a 400 millones (60 puntos). Bankinter podría enfrentar un requerimiento de unos 200 millones. Su consejera delegada, Gloria Ortiz, criticó ayer el "apetito de cada vez más y más capital" de los supervisores, en una jornada bancaria del IESE. Cuestionó la creencia de que por tener un 1% más de capital, "vamos a evitar que otro banco caiga". El sector también alerta sobre la concesión de crédito. "Debe existir un equilibrio entre los requisitos de solvencia, que han crecido mucho estos años, y la capacidad del sector para conceder crédito a la economía. No parece que el contexto actual sea el idóneo para esta medida", indicaron fuentes financieras. Igualmente, se critica que el cambio ocurra mientras Europa desarrolla las últimas disposiciones de Basilea III y se subraya la poca eficacia de los colchones observada durante la pandemia: los bancos no liberaron la reserva por el riesgo de estigma. Los analistas también empezaron a hacer sus cálculos. Jefferies estima que el requisito es "manejable" y que los principales bancos mantendrían un superávit de solvencia de entre 245 y 525 puntos si cumplieran con el requisito usando la reserva existente. "No vemos riesgos significativos para los objetivos declarados de capital CET1 o los planes de distribución de capital", señaló la firma.

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(Cinco Días, 16-05-2024) | Fiscal

Bruselas eleva al 2,1% el crecimiento de España en 2024 y confía en un déficit al 3%

Los ecos de los positivos indicadores económicos de España en el primer trimestre resonaron hasta Bruselas. La Comisión Europea aumentó este miércoles su previsión de crecimiento del PIB español para 2024 hasta el 2,1%, cuatro décimas más que en febrero, la última vez que publicaron previsiones macroeconómicas. Esperan que el cierre del año pasado muestre una expansión del PIB del 2,5%. También confían en que España, con un déficit del 3,6% en 2023, lo reduzca al 3% y lo baje al 2,8% en 2025, cumpliendo así con los requisitos de la gobernanza económica de la Unión Europea y en consonancia con las previsiones del Gobierno español para este año. El Ministerio de Economía tiene como objetivo evitar un procedimiento de déficit excesivo (EDP) con estos datos en mano. La Comisión Europea debe tomar una decisión el 19 de junio, y en Bruselas se ha hablado de flexibilidad en la aplicación de estos procedimientos, diseñados para países con un déficit superior al 3%. Aunque según las normas, el EDP es inevitable debido al déficit registrado en 2023, el Gobierno espera cierta flexibilidad debido a la suspensión de las reglas fiscales hasta enero de 2024. El objetivo ahora es volver a la senda fiscal lo antes posible, algo en lo que el Ministerio de Economía está trabajando activamente. El Ministro Carlos Cuerpo expresó el lunes pasado en el Eurogrupo la confianza del Gobierno en reducir el déficit al 3% en un corto período de tiempo, más allá del déficit de 2023. Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, también señaló la posibilidad de una aplicación flexible de los procedimientos de déficit excesivo, aunque se realizará un análisis en los próximos meses. Cuerpo confía en que España evite el procedimiento de déficit excesivo el 19 de junio, gracias al ritmo más rápido de reducción del déficit de lo previsto por la Comisión Europea. Esta última ajustó su previsión de déficit para 2023 al 3,6% (anteriormente estimado en un 4,1%) y redujo su previsión para 2024 en dos décimas. Según Bruselas, el aumento del 11% en los impuestos sobre la renta y el patrimonio, reflejo del fuerte crecimiento de los beneficios empresariales y la solidez del mercado laboral, contribuyó a la reducción del déficit por el lado de los ingresos. El Gobierno espera también beneficiarse de los malos datos de otros países socios. Por ejemplo, Francia y Bélgica mantienen déficits elevados, mientras que Italia tiene un caso grave de déficit. La Comisión Europea destaca que el crecimiento español estará impulsado por la demanda interna y respaldado por la resistencia continua del mercado laboral, aunque advierte sobre los riesgos de la situación económica en los principales socios comerciales. En cuanto a la deuda, la Comisión Europea prevé una reducción moderada del ratio de deuda respecto al PIB en los próximos años, debido a un diferencial menos favorable entre intereses y crecimiento. Dombrovskis subraya la necesidad de reformas e inversiones para impulsar un crecimiento sostenible y reducir los elevados ratios de deuda, mientras que Gentiloni confía en una aceleración gradual del crecimiento respaldada por factores como la disminución de la inflación y el crecimiento del empleo.

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(El Economista, 16-05-2024) | Fiscal

Nueva obligación para multinacionales: tendrán que publicar un informe del Impuesto de Sociedades que pagan

Por primera vez, las grandes empresas deberán elaborar y divulgar un informe exhaustivo sobre su Impuesto de Sociedades y otros tributos similares, incluyendo el nuevo impuesto mínimo del 15% que está siendo preparado por el Gobierno, a partir del 22 de junio próximo. Aquellas empresas cuyos ingresos superen los 750 millones de euros durante dos años consecutivos tendrán la obligación de elaborar este informe de forma electrónica y gratuita, manteniéndolo disponible en su página web durante cinco años para que cualquier ciudadano o stakeholder interesado pueda acceder a él y conocer su situación fiscal. Esta nueva disposición se deriva de la Ley de Startup, aprobada en diciembre de 2022, que modificó la Ley de Auditoría para incorporar esta nueva obligación a los grandes conglomerados. Además de las empresas matrices españolas, también estarán obligadas a elaborar y publicar este informe todas las filiales o sucursales situadas en España, si su matriz se encuentra fuera de la Unión Europea. El informe deberá contener, además del nombre de la empresa principal, una lista de todas las filiales, indicando su país de ubicación, incluyendo territorios considerados paraísos fiscales, una descripción de sus actividades, el número de empleados y un desglose de los ingresos según su origen, ya sea por actividades comerciales, dividendos, inversiones, créditos u otras fuentes. En cuanto al Impuesto de Sociedades y al impuesto mínimo del 15%, se deberá informar detalladamente sobre los impuestos pagados por cada empresa del grupo en cada país donde operan. Sin embargo, si la empresa está ubicada en un paraíso fiscal, esta información deberá presentarse por separado. Daniel Aroca, socio de Auren Legal y experto en fiscalidad, indica que esta nueva obligación tiene como objetivo mejorar la transparencia empresarial y la divulgación pública de información relacionada con el Impuesto de Sociedades, demostrando a los stakeholders, socios y terceros que se actúa de manera fiscalmente sostenible. Sin embargo, señala que los grandes grupos ya proporcionan esta información a la Agencia Tributaria a través del modelo 231 desde enero de 2016, por lo que la ley busca hacer esta información accesible para todos los demás interesados. Esta nueva obligación se aplicará a todos los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 22 de junio de 2024. Después del cierre del año fiscal, las empresas tendrán un máximo de seis meses para publicar el informe, por lo que la mayoría de los informes se conocerán en 2026. Daniel Aroca explica que la norma permite a las grandes empresas omitir cierta información si pueden justificar de manera motivada que podría perjudicar su posición comercial, pero esta información debe publicarse como máximo en los cinco años siguientes. Sin embargo, las matrices no podrán omitir ningún tipo de información si la filial está ubicada en un paraíso fiscal. Finalmente, la norma hace directamente responsables a los miembros del consejo de administración de garantizar que el informe cumpla con los requisitos legales. Esta nueva obligación afectará a unos 830 grupos con presencia en España, de los cuales 120 son de origen español.

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