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(El Economista, 10-03-2026) | Fiscal

Las firmas de "criptos" informarán al fisco de las inversiones de clientes en enero de 2027

El Ministerio de Hacienda está elaborando nuevos modelos de declaración con el objetivo de que las empresas que prestan servicios de inversión en criptoactivos comuniquen a la Agencia Tributaria, a partir de enero de 2027, tanto los saldos de sus clientes como las operaciones de compraventa realizadas durante 2026. Estos proveedores deberán presentar tres formularios informativos desde el próximo ejercicio. El modelo 042 servirá para inscribirse en el Registro de Operadores de Criptoactivos; el modelo 172 permitirá informar de los saldos que mantengan los usuarios, ya sean particulares o empresas, a 31 de diciembre de cada año; y el modelo 175 recogerá las operaciones de inversión efectuadas durante el ejercicio. Asimismo, Hacienda prevé introducir modificaciones en el modelo 721, que obliga a los contribuyentes a declarar las criptomonedas que poseen en el extranjero cuando su valor supere los 50.000 euros. Con los cambios previstos, esta obligación se ampliará para incluir no solo monedas digitales, sino también otros activos electrónicos. De este modo, además de criptodivisas como Bitcoin o Ethereum, los contribuyentes deberán informar sobre stablecoins -activos vinculados a monedas oficiales como el euro o el dólar- y sobre tokens asociados a otros activos, como materias primas. Con esta ampliación, la supervisión fiscal se extenderá más allá de las criptomonedas tradicionales para abarcar otros tipos de activos digitales. Aunque Hacienda pretende aprobar próximamente estos nuevos modelos informativos, la ley que obligará a las empresas del sector a remitir estos datos continúa bloqueada en el Congreso. El anteproyecto para adaptar la normativa española a la directiva europea de intercambio de información fiscal entre países, conocida como DAC 8, llegó al Congreso poco antes del verano y su tramitación se prevé complicada. El texto de la norma es relativamente breve, con apenas 16 páginas, pero su aprobación se ha visto dificultada por el gran número de enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, que superan ya las 100 páginas. En total se han registrado alrededor de 70 enmiendas, la mayoría relacionadas con cuestiones fiscales, lo que ha convertido la iniciativa en una reforma tributaria de mayor alcance. Entre las propuestas presentadas, el Partido Popular plantea modificar el IRPF para ajustar a la inflación los primeros tramos del impuesto, que afectan a los salarios más bajos. El objetivo sería evitar que el aumento de los sueldos registrado en los últimos años se vea absorbido por el efecto del propio impuesto. Por su parte, Sumar propone que las empresas tributen al 30 % por las ganancias obtenidas con criptoactivos. También plantea mejorar las condiciones para que los contribuyentes puedan beneficiarse de las deducciones en el IRPF vinculadas al mínimo por descendientes y ascendientes, así como ampliar hasta siete años la duración de los contratos de alquiler en los edificios que pertenezcan a un único propietario y tengan viviendas vacías. El PSOE, por otro lado, plantea cambios en la fiscalidad de los cigarrillos electrónicos e incluye una propuesta para agilizar los procedimientos de discrepancia entre los contribuyentes y la Administración en relación con la valoración de inmuebles, utilizada para calcular impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales o el de Sucesiones y Donaciones. Finalmente, Junts propone permitir que los ciudadanos puedan deducirse en el IRPF los seguros privados de salud, eliminar el impuesto sobre la producción eléctrica y permitir que las pequeñas y medianas empresas puedan deducir en el impuesto de Sociedades la cuota pagada por el Impuesto de Actividades Económicas. Además, plantea crear un mecanismo para compensar a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos en el impuesto de plusvalía municipal tras la modificación del sistema de cálculo que se introdujo después de que el Tribunal Constitucional anulara el método anterior.

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(El Economista, 10-03-2026) | Fiscal

El Supremo facilita a los contribuyentes las vías para reclamar la devolución de la plusvalía municipal

El Tribunal Supremo ha aclarado que los contribuyentes pueden solicitar la devolución del impuesto de plusvalía municipal, siempre que su reclamación no se base en la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre de 2021. El alto tribunal recuerda que esa resolución del Tribunal Constitucional, que anuló el sistema utilizado para calcular este impuesto, estableció límites a determinadas reclamaciones. En concreto, no pueden reclamar quienes ya contaban con una sentencia firme o una resolución administrativa definitiva antes de la fecha de dicha sentencia. Tampoco pueden hacerlo quienes pagaron la liquidación o presentaron la autoliquidación y no la recurrieron ni solicitaron su rectificación antes del 26 de octubre de 2021, cuando la reclamación se apoye en esa misma sentencia. En una resolución fechada el 23 de febrero, el Tribunal Supremo señala, sin embargo, que sí es posible pedir la devolución si la solicitud se fundamenta en argumentos distintos a la declaración de inconstitucionalidad recogida en aquella sentencia. Esto significa que los contribuyentes que abonaron este impuesto en situaciones en las que no existió un aumento real del valor del terreno, o que pagaron una cantidad superior a la que correspondía, pueden recurrir las liquidaciones, autoliquidaciones o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que todavía se encuentren dentro del plazo legal y que la reclamación no se base exclusivamente en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2021. El Supremo explica que, por ejemplo, los afectados podrían alegar que pagaron la plusvalía pese a que el terreno no se revalorizó o que el importe abonado tuvo un carácter confiscatorio. También podrían recurrir por cualquier otro motivo distinto del que llevó al Tribunal Constitucional a declarar inconstitucional el método de cálculo del impuesto. En este sentido, el tribunal subraya que la limitación establecida por el Constitucional solo afecta a las reclamaciones basadas en la inconstitucionalidad del sistema de cálculo del tributo, pero no impide que se presenten reclamaciones fundamentadas en otros argumentos.

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(El Periódico, 10-03-2026) | Fiscal

El PP reclama bajar al 10% el IVA de la factura de la luz como una de las medidas para paliar el impacto de la guerra

El Partido Popular presentará en el Congreso una batería de iniciativas destinadas a reducir el impacto del encarecimiento de la energía en los hogares. Entre las propuestas figuran duplicar la deducción por hijo en el IRPF, reducir al 10% el IVA aplicado a la energía y eliminar el impuesto sobre la generación eléctrica. Fuentes del partido señalan que su líder, Alberto Núñez Feijóo, abordará este asunto durante su intervención prevista para esta tarde en Riaza, dentro de la campaña de las elecciones de Castilla y León. Previamente, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, detallará la propuesta por la mañana a través de su cuenta en la red social X y durante un acto en Burgos. Desde el partido sostienen que el poder adquisitivo de los ciudadanos ha disminuido desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, argumentando que los salarios reales no han aumentado mientras que la presión fiscal sí lo ha hecho. A su juicio, el encarecimiento reciente de la energía agrava aún más la situación económica de las familias, por lo que consideran que es el momento de plantear medidas concretas y no solo mensajes políticos. Entre las propuestas planteadas, el PP plantea mejorar la renta disponible de los contribuyentes, especialmente de las familias con hijos, mediante cambios en el IRPF. Para ello propone duplicar los mínimos personales por hijo a cargo y actualizar los tramos del impuesto, lo que, según sus cálculos, supondría un beneficio medio de unos 200 euros por contribuyente. Además, el partido plantea rebajar al 10% el IVA de la energía para todos los consumidores en un contexto de subida de los precios del gas y el petróleo, así como eliminar el impuesto sobre la generación eléctrica. De acuerdo con las estimaciones del PP, el conjunto de estas medidas supondría para un hogar medio -formado por dos adultos y dos hijos- un ahorro aproximado de 75 euros mensuales, lo que equivale a cerca de 900 euros al año. La formación tiene previsto llevar estas propuestas al Congreso para comprobar el respaldo del resto de grupos parlamentarios, aunque también insta al Gobierno a adelantarse y aprobarlas en el Consejo de Ministros, al considerar que se trata de medidas urgentes. Desde el PP argumentan que las clases medias suelen ser las que terminan asumiendo el coste de las crisis económicas, tanto nacionales como internacionales. Por último, el partido contrapone su mensaje político al del presidente del Gobierno ante el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. Mientras Pedro Sánchez ha defendido el lema "No a la guerra", el PP responde con su propio eslogan: "Sí a los españoles".

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(Expansión, 10-03-2026) | Laboral

Los expertos prevén la creación de 110.000 empleos para cubrir el pico de actividad en la hostelería de cara a Semana Santa

A la espera de que se concrete el impacto económico del conflicto en Irán, que ya ha afectado al sector energético al disparar los precios del petróleo y del gas y encarecer de forma notable los combustibles, los expertos confían en que el impulso del turismo durante la próxima campaña vacacional, que arranca con la Semana Santa, mantenga activo el mercado laboral. Así lo refleja la Guía Salarial Adecco Hostelería y Turismo, un informe que calcula que el sector hostelero generará cerca de 110.000 puestos de trabajo. La empresa especializada en recursos humanos prevé que la llegada de turistas actúe como motor de nuevas contrataciones, debido a la necesidad de cubrir los picos de actividad previstos. Desde Adecco recuerdan que la hostelería y el turismo afrontan 2026 con un nivel de actividad muy elevado, impulsado por el crecimiento constante del número de viajeros y por un gasto turístico que ya supera los niveles previos a la pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadística, España recibió en 2025 un total de 96,8 millones de turistas internacionales, un 3,2 % más que en 2024. Los especialistas anticipan que gran parte de las nuevas contrataciones se concentrarán en puestos de refuerzo, como camareros, personal de limpieza, cocineros y ayudantes de cocina. Esto supondría un incremento aproximado del 5 % respecto a la campaña de contratación del año anterior. Además, recuerdan que alrededor del 85 % de los empleos que se generan durante la Semana Santa pertenecen al ámbito de la hostelería y el turismo. La estacionalidad continúa condicionando la organización de las plantillas. La afluencia de visitantes en periodos concretos obliga a reforzar los equipos mediante contratos adaptados al ritmo del negocio y con incorporación inmediata. A ello se suma la celebración de eventos, congresos y encuentros corporativos, que requieren una coordinación adicional y profesionales capaces de integrarse rápidamente en equipos ya formados y mantener la calidad del servicio desde el primer momento. Otro rasgo cada vez más habitual en este sector es la creciente demanda de perfiles especializados. La combinación de estacionalidad, ampliación de la oferta turística y una elevada rotación laboral genera un contexto en el que disponer de personal cualificado y flexible resulta fundamental para el funcionamiento diario de los establecimientos. En determinadas zonas especialmente turísticas se prevén incrementos de contratación aún mayores. Es el caso de Baleares, donde el crecimiento podría situarse cerca del 12 %. Barcelona también experimentaría un aumento cercano al 10 % interanual, que podría alcanzar el 30 % en comparación con los meses previos. En la Comunidad Valenciana se estima un crecimiento del 9 %, mientras que en Andalucía ciudades como Málaga y Sevilla podrían registrar incrementos de alrededor del 8 %, dependiendo de la evolución del turismo nacional. Entre los perfiles mejor remunerados del sector se encuentra el sommelier, especializado en vinos y responsable de seleccionar referencias, gestionar la carta, asesorar a los clientes, supervisar la bodega y organizar actividades como catas. En comunidades como Madrid o Cataluña su salario puede alcanzar los 45.000 euros brutos anuales. El chef repostero es otro de los puestos destacados. Su salario puede comenzar en torno a los 22.000 euros anuales en las posiciones iniciales y superar los 45.000 euros en el caso de profesionales con más de diez años de experiencia, especialmente en comunidades como Madrid. Su labor consiste en diseñar y elaborar la oferta de pastelería, controlar la producción y los tiempos, experimentar con nuevas recetas y coordinar su trabajo con el equipo de cocina y sala. También figura entre los perfiles mejor pagados el coordinador de eventos, encargado de organizar celebraciones, congresos o actos corporativos. Sus funciones incluyen la relación con los clientes, la planificación de los espacios, la coordinación del desarrollo del evento y el seguimiento durante la celebración. Su salario puede oscilar entre unos 20.000 o 24.000 euros anuales en puestos iniciales y hasta 45.000 euros en regiones como Cataluña o Madrid. El gerente de restaurante, responsable de la gestión integral del establecimiento, organiza la operativa diaria, dirige al personal, controla las compras y garantiza que la experiencia del cliente esté alineada con la propuesta del negocio. Sus salarios pueden partir de unos 22.000 euros al inicio de la carrera profesional y alcanzar los 43.000 euros en comunidades como el País Vasco. El maître o jefe de sala, encargado de coordinar el servicio, supervisar al equipo y asegurar el cumplimiento de los protocolos, también mantiene contacto directo con los clientes, gestiona reservas y controla los tiempos del servicio. Su remuneración puede ir desde unos 22.000 o 23.000 euros anuales en posiciones con menor experiencia hasta unos 42.000 euros en perfiles senior en Cataluña. Otro perfil cada vez más valorado es el barista especializado, responsable de preparar cafés y bebidas de especialidad, cuidar el equipo de molienda y extracción, recomendar productos a los clientes y mantener la barra en perfectas condiciones durante el servicio. Su salario puede comenzar en torno a los 20.000 o 21.000 euros anuales en regiones como Castilla y León o Aragón y alcanzar los 41.000 euros con más de una década de experiencia, especialmente en Madrid. El director de alimentos y bebidas se encarga de supervisar las áreas de cocina, sala y barras, controlar costes y calidad, gestionar el aprovisionamiento y diseñar propuestas gastronómicas que mantengan los estándares del establecimiento. Su sueldo puede situarse desde unos 24.000 euros en puestos iniciales en comunidades como Galicia, Asturias o Aragón hasta más de 40.000 euros en perfiles con amplia experiencia en Cataluña. El gobernante o responsable del área de pisos dirige el trabajo de limpieza y mantenimiento de habitaciones y zonas comunes, organiza los turnos y supervisa que el establecimiento se mantenga en condiciones óptimas. Su salario puede partir de unos 21.000 euros anuales y alcanzar los 40.000 en regiones como Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana o Cataluña. El profesional de guest relations, encargado de ofrecer una atención personalizada al cliente, gestionar peticiones especiales y resolver incidencias, también es uno de los perfiles más demandados. Su salario puede ir desde unos 20.000 euros anuales en posiciones iniciales hasta cerca de 39.000 euros en puestos con mayor experiencia, especialmente en Madrid. El ejecutivo de ventas es el responsable de impulsar la comercialización del hotel o restaurante, captar clientes, negociar tarifas y diseñar propuestas para agencias, empresas o grupos. Su sueldo puede comenzar entre 20.000 y 22.000 euros anuales y superar los 38.000 euros con más de diez años de experiencia, con remuneraciones medias superiores a 36.000 euros en regiones como Canarias, Aragón, Murcia, Andalucía o el País Vasco. Por último, el responsable de recepción dirige el funcionamiento del área de recepción y coordina al equipo encargado de la atención inicial al cliente. Los salarios en este puesto comienzan en torno a los 22.000 euros anuales y pueden situarse en unos 35.000 euros en la mayoría de comunidades cuando se acumula una larga trayectoria profesional. En la Comunidad de Madrid se alcanzan las retribuciones medias más elevadas, cercanas a los 38.900 euros anuales.

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(El País, 10-03-2026) | Laboral

Más de la mitad de las personas de entre 60 y 64 años trabajan: la mayor tasa desde la década de los setenta

El aumento de la esperanza de vida, la mejora del estado de salud en edades avanzadas y el retraso progresivo de la jubilación, junto con incentivos para prolongar la carrera profesional, están provocando que cada vez más personas continúen trabajando después de los 60 años. En España, el 53% de quienes tenían entre 60 y 64 años en 2025 seguían en activo, lo que supone la tasa más alta registrada en este grupo de edad desde la que alcanzaron los hombres en los años setenta. Así lo destaca el último informe de coyuntura social elaborado por el gabinete de estudios de Funcas, que subraya que el incremento se explica en gran medida por la evolución del empleo femenino. El porcentaje conjunto de hombres y mujeres ocupados en esa franja de edad alcanzó el pasado año el nivel más elevado en 45 años, desde 1980. No obstante, todavía queda por debajo de la tasa que registraban los hombres españoles en 1970, cuando el 72% de las personas de esa edad seguían trabajando. Los autores del informe recuerdan que en aquella época la presencia femenina en el mercado laboral a edades avanzadas era mínima, en torno al 10%, por lo que la comparación se realiza entre la tasa conjunta actual y la masculina de entonces. En este contexto, el aumento del empleo entre las mujeres de 60 a 64 años ha sido el principal factor que ha impulsado la tasa global hasta el nivel actual. Si se analiza solo la evolución femenina, el porcentaje ha pasado de alrededor del 10% en 1970 a un máximo histórico del 48%. En el caso de los hombres, en ese mismo periodo la tasa ha descendido desde niveles superiores al 70% hasta el 58% registrado en 2025, según destaca el estudio. Los economistas de Funcas también observan que en 2025 la ocupación entre las personas de 65 a 69 años alcanzó igualmente su nivel más alto en décadas. El 14% de la población en ese tramo de edad continuaba trabajando, la cifra más elevada desde 1981, aunque todavía inferior al 18% registrado en 1970. En este grupo también es relevante la evolución del empleo femenino: la tasa actual del 11% es la más alta desde 1970, cuando ni siquiera alcanzaba el 5%. Según explica María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas, este fenómeno responde a varios factores. En el caso de las mujeres, está relacionado con su incorporación creciente al mercado laboral durante las últimas décadas. Además, tanto para hombres como para mujeres influyen el aumento de la esperanza de vida, la mejor salud en edades avanzadas y la reducción de las exigencias físicas en muchos puestos de trabajo. A ello se suma, en numerosos países, el retraso de la edad de jubilación como una de las medidas adoptadas para afrontar los desequilibrios financieros presentes o futuros de los sistemas públicos de pensiones. La tendencia, además, no es exclusiva de España. El análisis muestra que, si se examina la evolución del empleo entre los 60 y 64 años y entre los 65 y 69 desde comienzos del siglo XXI, se observa un comportamiento similar en el conjunto de la Unión Europea. La tasa de empleo masculina entre 60 y 64 años ha aumentado en todos los países comunitarios salvo en Rumanía, y en muchos casos lo ha hecho con intensidad. En 2025, siete países superaban el 70% de empleo en ese grupo de edad, con Países Bajos a la cabeza y una tasa del 77%. España, que en el año 2000 ocupaba la séptima posición con una tasa masculina del 39%, ha visto cómo el incremento generalizado en otros países ha sido más intenso. Aunque su tasa ha aumentado hasta el 58%, actualmente se sitúa en el puesto 19 dentro de la UE. Por su parte, la ocupación de las mujeres de 60 a 64 años también ha crecido de forma significativa en la mayoría de países europeos, nuevamente con la excepción de Rumanía. Sin embargo, solo en la mitad de los casos se ha reducido la distancia respecto a las tasas masculinas. En España ese acercamiento sí ha sido notable: el porcentaje de mujeres ocupadas en ese tramo de edad ha pasado del 15% en el año 2000 al 48% actual, manteniéndose aproximadamente en la zona media de la clasificación europea. En el caso español, el empleo en edades más avanzadas ha aumentado de forma continuada especialmente desde 2013, coincidiendo con la recuperación tras la crisis financiera, la aplicación gradual del retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años aprobado en 2011 y los cambios en el sistema de pensiones que endurecieron las jubilaciones anticipadas. Aun así, los autores del informe señalan que las tasas de empleo de las personas mayores en España siguen situándose en niveles bajos o medio-bajos dentro de la Unión Europea, lo que indica que todavía existe margen de crecimiento. Ese margen podría ampliarse a medida que se consoliden los efectos de las reformas del sistema de pensiones aplicadas en la última década. Según los analistas, estos cambios deberían reducir en parte la fuerte caída del empleo que se produce entre los 60 y los 64 años y el tramo posterior de 65 a 66. Los datos recogidos por Funcas reflejan esa brusca disminución: entre los hombres, la tasa de empleo era del 71% a los 60 años en el primer trimestre de 2025, pero descendía al 37,5% a los 64 y se reducía al 5,5% a los 69. En las mujeres ocurre algo similar: del 55,5% a los 60 años se pasa al 31,6% a los 64 y al 2,8% a los 69. Ante esta evolución, los autores del estudio sugieren impulsar en mayor medida las jornadas laborales a tiempo parcial conforme aumenta la edad de los trabajadores, con el objetivo de facilitar una transición más gradual desde la actividad laboral hacia la retirada definitiva del mercado de trabajo.

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(El País, 10-03-2026) | Laboral

Inspección de Trabajo impone multas por 580.000 euros a empresas que han cometido abusos en periodos de prueba

La reforma laboral ha provocado un aumento significativo de las finalizaciones de contratos por no superar el periodo de prueba, la fase inicial en la que la empresa puede poner fin a la relación laboral sin necesidad de pagar indemnización. La limitación de los contratos temporales introducida con este cambio normativo impulsó la contratación indefinida y, paralelamente, también creció este tipo de rescisión. Esta tendencia ya había generado preocupación en el Ministerio de Trabajo hace casi dos años. En ese momento, el departamento anunció una campaña de inspección para detectar posibles abusos en los periodos de prueba. Este lunes se han conocido algunos resultados: la Inspección de Trabajo ha identificado irregularidades en 342 empresas y ha impuesto sanciones que suman 578.000 euros. Cuando se presentó la campaña, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que no se puede permitir que el periodo de prueba se utilice para vulnerar el derecho de los trabajadores a la estabilidad laboral. También aseguró que este mecanismo no puede servir como excusa para cometer fraudes y defendió que se debe poner fin a prácticas que traten a los empleados como prescindibles. La Inspección de Trabajo había advertido entonces de dos posibles formas de fraude. La primera se produce cuando una empresa extingue el contrato alegando que el trabajador no ha superado el periodo de prueba pese a que este ya ha superado la duración máxima legal, que es de dos o seis meses según el nivel profesional. La segunda se da cuando un empleado vuelve a ser sometido a un periodo de prueba después de haber trabajado anteriormente en la misma empresa realizando las mismas funciones, algo que la normativa prohíbe. El Ministerio no ha detallado qué tipo de irregularidad ha sido más frecuente, pero sí ha dado cifras sobre el resultado de la campaña. Se han iniciado 520 actuaciones inspectoras, de las cuales ya se han concluido 458. En 342 casos, lo que supone alrededor del 75 % de las inspecciones finalizadas, se detectaron irregularidades. Las sanciones impuestas alcanzan un total de 578.363 euros. Aún quedan alrededor de 60 actuaciones pendientes de finalizar dentro de esta campaña, que ha tenido un alcance menor que otras recientes, como las dirigidas a combatir el uso de falsos autónomos en el sector del reparto de comida. Las investigaciones parten de la Herramienta de Lucha contra el Fraude, un sistema predictivo que cruza diferentes bases de datos para identificar posibles irregularidades y orientar las inspecciones hacia empresas donde existen indicios de incumplimiento. El incremento de los contratos extinguidos durante el periodo de prueba tras la reforma laboral era algo que muchos expertos ya habían anticipado. Antes de los cambios normativos, el amplio uso de los contratos temporales permitía a muchas empresas ajustar sus plantillas simplemente dejando que estos finalizaran. Con la limitación de estos contratos -especialmente tras la eliminación del contrato por obra y servicio- se ha producido un aumento de los contratos indefinidos, lo que también ha elevado el número de bajas durante el periodo de prueba. Sin embargo, los sindicatos advierten de que parte de este incremento puede estar ocultando situaciones irregulares. Los datos de la Seguridad Social reflejan esta tendencia. En enero, último mes con cifras disponibles, se registraron 52.400 bajas de trabajadores con contrato indefinido por no superar el periodo de prueba, una cifra muy superior a las 16.300 registradas en enero de 2019, antes de la reforma laboral y de la pandemia, en un mercado laboral que además contaba entonces con menos trabajadores que en la actualidad.

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(El País, 10-03-2026) | Laboral

El Supremo fija que el cobro simultáneo del plus de maternidad por los dos progenitores también se permite a los funcionarios

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido que el complemento de maternidad por aportación demográfica de las pensiones, vigente entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021, puede ser percibido al mismo tiempo por ambos progenitores siempre que cumplan los requisitos legales. Esta posibilidad también se extiende a los funcionarios jubilados del sistema de clases pasivas. Con anterioridad, el alto tribunal ya había fijado doctrina permitiendo esta percepción simultánea en el caso de los trabajadores incluidos en los distintos regímenes de la Seguridad Social. De este modo, el Supremo confirma que los funcionarios retirados que cotizaron en el régimen de clases pasivas también pueden cobrar este complemento de forma concurrente. En tres sentencias analizadas conjuntamente, la Sala subraya que su criterio coincide con el que ya venía aplicando la Sala de lo Social del propio tribunal para los afiliados al sistema general de la Seguridad Social. El reconocimiento de este derecho, tanto para trabajadores como para funcionarios -cuyas cotizaciones se integraban en clases pasivas hasta 2011- se produjo después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictara el 12 de diciembre de 2019 una sentencia en la que consideró discriminatoria la normativa española que regulaba este complemento. El motivo era que solo lo concedía a las mujeres con al menos dos hijos, excluyendo a los hombres que se encontraban en situaciones comparables. Tras este pronunciamiento, el complemento por aportación demográfica fue sustituido a partir del 4 de febrero de 2021 por el actual complemento para reducir la brecha de género. La resolución explica que el antiguo complemento se diseñó legalmente como un derecho individual para las madres, mientras que el nuevo complemento por brecha de género tiene un carácter único vinculado a cada hijo. Esto significa que, con la normativa actual, cada hijo solo genera un complemento económico que puede recibir uno de los progenitores, pero no ambos al mismo tiempo. El Supremo señala que el nuevo modelo responde a un planteamiento distinto, con un complemento de carácter individual que sustituye al anterior sistema. Además, advierte de que considerar incompatible el disfrute simultáneo del antiguo complemento podría provocar situaciones injustas, como que solo lo percibiera la madre o quien lo hubiera solicitado primero, o incluso que fuera necesario establecer criterios de reparto que no están previstos en la ley. Esto podría afectar, por ejemplo, a madres que ya tenían reconocido el complemento si posteriormente se concediera también al otro progenitor. En las sentencias dictadas, el Tribunal Supremo ha estimado los recursos presentados por tres hombres contra resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que habían respaldado la postura de la Seguridad Social, reconociendo finalmente su derecho a percibir este complemento en la pensión.

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(El Economista, 10-03-2026) | Laboral

Anuncio de nuevas ayudas de hasta 150.000 euros para apoyar el crecimiento de pymes y autónomos en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la puesta en marcha de nuevas ayudas que, según ha señalado, serán "pioneras en España" y estarán destinadas a impulsar el crecimiento de microempresas y trabajadores autónomos. Estas subvenciones podrán alcanzar los 150.000 euros en determinados casos si se cumplen ciertos requisitos. Durante un encuentro empresarial celebrado en Nueva York junto a la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, Ayuso explicó que su Gobierno pretende respaldar a las empresas que ya están en funcionamiento y desean ampliar su actividad, ofreciendo financiación directa para apoyar sus proyectos de expansión. La presidenta adelantó que el Consejo de Gobierno aprobará estas ayudas, que inicialmente podrán llegar hasta los 140.000 euros. Esta cantidad podrá incrementarse en 10.000 euros adicionales cuando la empresa beneficiaria desarrolle su actividad en alguno de los 142 municipios madrileños con menos de 20.000 habitantes. Las subvenciones estarán dirigidas a compañías con un máximo de nueve empleados y que lleven al menos tres años operando. Para acceder a ellas, las empresas deberán presentar un plan de negocio detallado que justifique su proyecto de crecimiento. La ayuda cubrirá hasta el 50 % de la inversión necesaria para llevarlo a cabo. Según Ayuso, la iniciativa busca favorecer que estas empresas continúen generando actividad económica y empleo. El Ejecutivo autonómico pretende así apoyar a las compañías en la fase posterior a su consolidación, un momento en el que suelen surgir dificultades como el acceso limitado a financiación para crecer o digitalizarse, la búsqueda y retención de talento especializado o la necesidad de adaptar el negocio a los cambios del mercado. Ayuso destacó que la Comunidad de Madrid sigue consolidándose como un entorno favorable para emprender. Como ejemplo, señaló que en febrero se registraron 439.678 trabajadores autónomos en la región, la tercera cifra más alta de toda la serie histórica y la mayor para ese mes. Estas nuevas ayudas se suman a otras medidas anunciadas previamente para apoyar a los autónomos. Los Presupuestos regionales de 2026 incluyen un aumento de 5,6 millones de euros -un 17,7 % más- en la partida destinada a este colectivo, que alcanzará los 37,1 millones de euros este año. Entre estas iniciativas figuran las ayudas directas para nuevos autónomos, que en 2026 llegarán a 5.600 euros por beneficiario en la capital y hasta 6.200 euros en casos especiales, como iniciar una actividad en municipios pequeños. En 2025 estas cantidades eran de 4.000 y 4.580 euros, respectivamente. También se amplía la denominada Tarifa Cero, que incluye a emprendedores mayores de 52 años que inicien una actividad por cuenta propia tras dejar de percibir la prestación por desempleo. Estas personas reciben una ayuda mensual de 480 euros -si sus ingresos no superan el 75 % del salario mínimo- además de una subvención que cubre el 100 % de sus cotizaciones a la Seguridad Social. En conjunto, el Gobierno regional prevé destinar entre 2025 y 2027 un total de 83,4 millones de euros en ayudas directas para apoyar a los trabajadores autónomos.

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(Cinco Días, 10-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España plantea en la UE un modelo de eurobonos por cinco billones de euros sin necesidad de compartir riesgos

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha sacudido también el escenario político europeo. El riesgo de una nueva ola inflacionista derivada del encarecimiento del petróleo añade presión a los desafíos estructurales que afronta la Unión Europea. El bloque ya se enfrenta a la necesidad de reactivar su economía, reforzar su autonomía energética y militar y evitar quedarse rezagado en la competencia tecnológica global. Para abordar todos estos retos, Europa necesitará movilizar en los próximos años un volumen muy elevado de financiación: al menos 1,3 billones de euros anuales, según estimó Mario Draghi el pasado noviembre. Esta cifra supera con creces los 800.000 millones calculados inicialmente en septiembre de 2024, cuando el expresidente del Banco Central Europeo presentó su plan para reforzar la competitividad del continente. Además, la UE todavía carece de un activo seguro suficientemente atractivo que le permita financiarse en los mercados en las mejores condiciones. España defiende que la emisión de eurobonos podría ser una solución, una idea que también ha recibido el respaldo del Banco Central Europeo. El Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, propone crear un instrumento de emisiones gestionado por la Comisión Europea que alcance un volumen aproximado de cinco billones de euros en un periodo de cuatro o cinco años. A través de este mecanismo, los países de la zona euro podrían cubrir parte de sus necesidades de financiación sin necesidad de mutualizar la deuda ni compartir plenamente los riesgos. Desde el Ministerio señalan que Europa necesita contar con un activo común que sirva de referencia en los mercados y consideran que el momento actual ofrece una oportunidad para impulsarlo. La propuesta plantea ampliar y prolongar en el tiempo las emisiones que ya realiza la Comisión Europea. Bruselas emite de forma regular bonos respaldados por el presupuesto comunitario para financiar distintos programas, entre ellos el plan de seguridad y adquisición de armamento SAFE, las ayudas crediticias previstas para Ucrania en 2026 y 2027 y, sobre todo, el fondo Next Generation. Actualmente hay en circulación más de 750.000 millones de euros en bonos emitidos por la Comisión. Sin embargo, esta cifra todavía es insuficiente para convertirlos en un activo de referencia comparable, por ejemplo, con la deuda pública alemana. Además, muchos de estos instrumentos tienen una duración limitada, lo que reduce su atractivo para los grandes inversores internacionales que buscan activos estables para carteras a largo plazo. Por este motivo, el Banco Central Europeo pidió a los líderes europeos el pasado febrero la creación de un activo común altamente líquido y seguro en toda la zona euro que amplíe la oferta de garantías de calidad sin debilitar los incentivos a mantener políticas fiscales prudentes. Para que un activo soberano europeo resulte atractivo debe contar con un volumen significativo. En este sentido, los cinco billones de euros planteados se consideran una dimensión adecuada para captar el interés de los inversores internacionales. Esta cifra coincide con la propuesta presentada en mayo por los economistas Olivier Blanchard y Ángel Ubide, que plantean emitir eurobonos por un valor equivalente al 25% del PIB de la Unión Europea. Aun así, seguiría siendo un mercado mucho más pequeño que el estadounidense, donde la deuda pública alcanza unos 30 billones de dólares. Desde el Ministerio de Economía subrayan que la Comisión Europea cuenta con acceso al mercado y mantiene una calificación crediticia triple A, pero advierten de que actualmente se financia a un coste mayor que otros emisores con la misma nota debido a la incertidumbre sobre sus futuros planes de emisión. Esa situación, según señalan, genera ineficiencias que suponen un coste relevante en intereses. La idea que el ministro Carlos Cuerpo ha trasladado a sus socios europeos consiste en que la Comisión centralice la emisión de una parte de las necesidades de financiación de los Estados miembros y posteriormente canalice esos recursos hacia cada país. Con ello se lograría un ahorro en los costes de financiación que, según las estimaciones del Ministerio, podría alcanzar varios miles de millones de euros anuales. Actualmente, los principales emisores europeos acumulan alrededor de ocho billones de euros en deuda soberana en circulación. De esa cantidad, más de 2,5 billones corresponden a Alemania y cerca de un billón a España. Sin embargo, se trata de emisiones dispersas entre distintos países. El modelo de activo seguro propuesto por España implicaría que la Comisión Europea asumiera una parte de las necesidades de financiación soberana, mientras que cada Estado continuaría cubriendo el resto mediante sus propias emisiones. De esta forma, se evitaría el llamado riesgo moral, ya que cualquier desviación presupuestaria se reflejaría en mayores costes en la parte de deuda emitida directamente por cada país. El contexto político para avanzar en esta idea parece ahora algo más favorable que en el pasado. Durante años Alemania encabezó la oposición a los eurobonos, en un momento en el que podía emitir deuda incluso a tipos negativos gracias a la fuerte demanda de sus bonos, considerados los más seguros de la zona euro. Sin embargo, la situación ha cambiado. Las primas de riesgo se han reducido hasta niveles similares a los previos a la crisis del euro y Alemania se prepara para aumentar su deuda con el objetivo de impulsar el gasto público. Según fuentes del Ministerio de Economía, existe un cambio de mentalidad creciente motivado por la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea, aunque reconocen que el proyecto de crear un activo seguro común aún se encuentra en una fase inicial. Otra de las iniciativas impulsadas por España para reforzar la financiación de la economía europea es el relanzamiento del mercado de titulizaciones bancarias. Este mecanismo consiste en transformar préstamos en bonos que pueden venderse en los mercados, permitiendo a los bancos obtener liquidez y liberar capital. Durante años fue una herramienta habitual en el sector financiero, pero el mercado se desplomó tras la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos en 2008. A pesar de diversos intentos regulatorios para reactivarlo en Europa, todavía no ha recuperado su tamaño anterior. El volumen de titulizaciones se ha reducido un 60% hasta los 157.000 millones de euros, apenas el 0,3% del PIB de la Unión Europea, muy lejos del 4% que representan en la economía estadounidense. El ministro Carlos Cuerpo se ha convertido en uno de los principales defensores de esta vía. Tras mantener reuniones con el sector financiero, tiene previsto plantear en el Eurogrupo la creación de una plataforma europea que permita a los bancos más pequeños acceder a este mercado. En el último año, grandes entidades como Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell han realizado operaciones de titulización por valor de unos 11.000 millones de euros para retirar activos de riesgo de sus balances, aunque las entidades medianas y pequeñas han tenido más dificultades para hacerlo. El objetivo de la propuesta es crear una plataforma que permita a bancos de menor tamaño participar en titulizaciones utilizando activos compartidos entre entidades de distintos países. Esto facilitaría transformar en bonos los préstamos concedidos a pequeñas empresas y autónomos. La iniciativa forma parte del Laboratorio Europeo de Competitividad, impulsado por España desde marzo del año pasado con el apoyo de Alemania, Francia, Italia, Polonia, Luxemburgo y Países Bajos. Entre las primeras medidas de este grupo se encuentra también la etiqueta Finance Europe, presentada el verano pasado, que busca canalizar hacia inversiones estratégicas parte de los 11 billones de euros que los ciudadanos europeos mantienen actualmente en cuentas o depósitos con baja rentabilidad.

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(Cinco Días, 10-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El G7 debate liberar conjuntamente sus reservas de petróleo ante la escalada de los precios

Los ministros de Finanzas de las siete principales economías occidentales estudian debatir hoy una posible liberación coordinada de reservas de petróleo con el objetivo de frenar la escalada de precios provocada por la guerra de Irán. El conflicto ha encarecido el barril cerca de un 50% en poco más de una semana, según informó el diario Financial Times y confirmaron posteriormente otros medios como Bloomberg. La propuesta, considerada una medida de emergencia poco habitual, se analizará junto al director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol. De acuerdo con estas informaciones, Estados Unidos y al menos otras dos capitales respaldarían la iniciativa. El G7 está formado por Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. Los países miembros de la AIE -que reúne a 32 de los mayores consumidores de crudo del mundo- cuentan con un sistema coordinado de reservas estratégicas para afrontar crisis de suministro, que suma alrededor de 1.200 millones de barriles. A esta cantidad se añaden otros 600 millones de barriles almacenados por empresas privadas que podrían ponerse en el mercado si fuera necesario. El cierre del estrecho de Ormuz ha interrumpido el paso de aproximadamente el 20% del petróleo que se consume a nivel mundial. Ante la imposibilidad de exportar, países como Irak o Kuwait han tenido que detener parte de su producción tras llenar su capacidad de almacenamiento. Según el Financial Times, las autoridades estadounidenses valorarían liberar entre 300 y 400 millones de barriles, una cifra similar a la pérdida de suministro procedente del golfo Pérsico. De materializarse, sería la mayor liberación de reservas registrada hasta ahora. El rápido encarecimiento del petróleo, que se intensificó durante el fin de semana al consolidarse la posibilidad de un conflicto prolongado, ya está trasladándose a los precios en las economías occidentales. Si la tendencia continúa, podría desencadenar una crisis económica de mayor alcance. La liberación de reservas buscaría contener el aumento de precios, al menos de forma temporal. No obstante, la evolución del mercado dependerá en gran medida de cuánto tiempo permanezca bloqueado el estrecho de Ormuz. Las reservas estratégicas se crearon de manera coordinada en 1974, tras la primera crisis del petróleo provocada por la guerra del Yom Kippur entre Israel y varios países árabes. Desde entonces, el mecanismo solo se ha utilizado en cinco ocasiones: en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania (en dos intervenciones), durante la primera Guerra del Golfo, después del huracán Katrina y tras la interrupción de las exportaciones de Libia. Según Bloomberg, algunos gobiernos europeos temen que Estados Unidos -que ya concedió una excepción a India para comprar crudo ruso- pueda suavizar también las sanciones energéticas contra Moscú. La primera activación de estas reservas se produjo en 1991, durante la primera Guerra del Golfo y la operación "Tormenta del Desierto", cuando se liberaron 75 millones de barriles. En 2005 se recurrió de nuevo al mecanismo tras los huracanes Katrina y Rita, con una inyección de unos 60 millones de barriles. En 2011, durante la guerra civil en Libia, se liberaron otros 60 millones. La intervención más reciente tuvo lugar en 2022, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando se pusieron en el mercado 180 millones de barriles en dos fases. De acuerdo con el Programa Internacional de Energía, cada país miembro de la AIE debe mantener reservas equivalentes al menos a 90 días de importaciones netas de crudo y estar preparado para responder de forma conjunta ante interrupciones graves del suministro global. Entre los países asiáticos, Japón dispone de reservas para unos 254 días -sumando las estatales y privadas-, mientras que Corea del Sur cuenta con alrededor de 210 días. China tiene cerca de 200 días de reservas y Taiwán entre 100 y 146 días. Por su parte, la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos alberga actualmente unos 415 millones de barriles, algo más de la mitad de su capacidad máxima, que ronda los 700 millones.

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