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(El País, 14-10-2026) | Fiscal

El Supremo estudiará por primera vez si los extracomunitarios pueden deducirse los gastos del alquiler en España

El Tribunal Supremo analizará por primera vez si los propietarios de inmuebles en España que residen fuera de la Unión Europea pueden deducirse los gastos vinculados al alquiler para calcular el impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR). La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido un recurso de la Abogacía del Estado contra una sentencia de la Audiencia Nacional que reconoció este derecho a una contribuyente residente en Estados Unidos. El tribunal deberá determinar si impedir estas deducciones supone una discriminación contraria al principio de libre circulación de capitales establecido por el Derecho de la Unión Europea. El litigio se originó por el alquiler de una vivienda situada en Barcelona propiedad de una contribuyente estadounidense. Hacienda le exigió 5.073,79 euros correspondientes al cuarto trimestre de 2016, además de 4.378,40 euros por 2017 y 3.959,20 euros por 2018. La propietaria solicitó que se revisaran las liquidaciones para poder descontar gastos relacionados con el inmueble, como el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), los intereses de financiación, la tasa de basuras y las cuotas de la comunidad de propietarios. Tanto la Agencia Tributaria como los órganos económico-administrativos rechazaron su petición, pero la Audiencia Nacional estimó su recurso en julio de 2023. La normativa española permite a los residentes fiscales de otros países de la UE y a determinados Estados del Espacio Económico Europeo deducir los gastos directamente relacionados con los ingresos obtenidos en España, siempre que se cumplan los requisitos legales. En cambio, los contribuyentes residentes en terceros países deben tributar por el importe íntegro de los rendimientos del alquiler, sin descontar esos costes. La Audiencia Nacional consideró que esta diferencia de trato no podía justificarse únicamente por el lugar de residencia del propietario y que podía vulnerar la libre circulación de capitales. El Supremo ha admitido el recurso para establecer jurisprudencia sobre una cuestión que afecta a numerosos contribuyentes. En un auto fechado el 15 de julio, los magistrados señalan que no existe doctrina consolidada sobre las normas aplicables y que el asunto podría requerir una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dado que la resolución de la Audiencia Nacional se apoyó en la interpretación del Derecho comunitario. La fiscalidad de los propietarios no residentes ya está bajo el escrutinio de las instituciones europeas. En 2019, la Comisión Europea abrió un procedimiento contra España por el diferente tratamiento fiscal de los ingresos procedentes del alquiler de inmuebles de contribuyentes no residentes, que continúa abierto. En junio de 2025, Bruselas inició otro procedimiento de infracción relacionado con la tributación de los ciudadanos extranjeros no residentes que poseen viviendas en España y las utilizan de forma ocasional. Uno de los aspectos centrales que deberá resolver el Supremo es si la diferencia fiscal puede justificarse mediante la denominada cláusula standstill, prevista en el Derecho europeo. Esta disposición permite mantener determinadas restricciones a los movimientos de capitales con terceros países cuando ya estaban vigentes el 31 de diciembre de 1993. El alto tribunal señala que la regulación actual del IRNR no existía en esa fecha, aunque los rendimientos inmobiliarios obtenidos por no residentes ya estaban sujetos a tributación mediante el impuesto sobre la renta de las personas físicas o el impuesto sobre sociedades por obligación real, de acuerdo con normas aprobadas en 1983 y 1991. Por tanto, el Supremo deberá determinar si gravar los ingresos íntegros del alquiler de inmuebles españoles propiedad de residentes en terceros países vulnera la libre circulación de capitales y, en caso afirmativo, si esa restricción puede quedar amparada por la cláusula europea. Hasta que se resuelva el recurso, la admisión a trámite no supone un reconocimiento general del derecho a deducir estos gastos para todos los propietarios extracomunitarios.

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(El Economista, 14-10-2026) | Fiscal

La tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid vuelve a encarecerse este año con una media de 164 euros por vivienda

Más Madrid ha puesto en marcha este martes una nueva campaña contra la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, y ha instado a los ciudadanos a presentar recursos contra los recibos ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal. La formación ha vuelto a facilitar un modelo de reclamación y una guía para ayudar a los vecinos a completar el procedimiento. Según la organización, la campaña de impugnación impulsada el año pasado se tradujo en la presentación de más de 130.000 recursos por parte de los ciudadanos y en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que estimó su demanda y anuló la tasa. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha criticado la gestión municipal y ha acusado al alcalde de priorizar la recaudación frente a la limpieza de las calles, que considera cada vez más deficiente. Para facilitar las reclamaciones, el partido ha habilitado la web noaltasazodebasuras.masmadrid.org, desde la que los madrileños pueden descargar el formulario necesario y consultar las instrucciones para presentar la impugnación. La formación sostiene que el tributo es injusto y denuncia que su importe vuelve a aumentar en 2026. Maestre también ha reclamado la devolución de las cantidades abonadas el año pasado, después de la anulación judicial de la tasa. Según sus datos, el Ayuntamiento mantiene pendientes de devolución unos 300 millones de euros recaudados en 2025. La portavoz considera que esta situación resulta especialmente cuestionable mientras el Consistorio continúa cobrando el tributo. Además de recurrir la tasa correspondiente a 2026, Más Madrid ha habilitado una recogida de firmas por internet para reclamar al alcalde que reintegre el dinero a los afectados. La formación calcula que los madrileños pagarán este año una media de 164 euros, siete más que en 2025, aunque el incremento varía según el barrio. En Santa Eugenia, en Villa de Vallecas, la subida ronda el 40%, mientras que en Los Jerónimos, en el distrito de Retiro, se sitúa en torno al 0,5%.

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(Expansión, 14-10-2026) | Laboral

Foment lleva ante la UE su batalla contra el absentismo laboral

Foment del Treball ha llevado a las instituciones europeas su preocupación por el aumento del absentismo laboral en España. Una delegación de la patronal catalana, encabezada por su presidente, Josep Sánchez Llibre, se reunió este martes con representantes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo para plantear distintas propuestas destinadas a contener el incremento de las bajas laborales. A finales de septiembre, la organización empresarial presentó un libro blanco sobre esta problemática, que considera una carga cada vez más difícil de asumir para la economía. Entre sus principales reivindicaciones figura recuperar la posibilidad de extinguir contratos mediante despidos objetivos en casos de bajas médicas prolongadas o encadenadas, una opción que estuvo contemplada en la legislación durante décadas y que fue suprimida por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2020. Según los datos expuestos por la patronal, el coste de las incapacidades temporales por contingencias comunes prácticamente se ha duplicado en seis años y superó los 33.000 millones de euros en 2025. De esta cantidad, las empresas asumieron 16.115 millones, mientras que el resto correspondió a la Seguridad Social. Otra de las propuestas de Foment consiste en ampliar las competencias de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, de modo que puedan participar en la gestión y el reconocimiento de las altas y bajas médicas. La organización también defiende que estas entidades, en lugar de las empresas, asuman el coste de las prestaciones por incapacidad temporal entre el cuarto y el decimoquinto día de baja. Asimismo, la patronal plantea revisar las obligaciones de cotización durante los periodos de incapacidad temporal, suprimir el sistema de pago delegado, eliminar los complementos empresariales de las prestaciones y reducir las cuotas a la Seguridad Social mientras se prolongue la baja. Además, reclama que la sanidad pública priorice los diagnósticos y tratamientos para evitar que las listas de espera alarguen innecesariamente los procesos de recuperación y las ausencias laborales.

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(El País, 14-10-2026) | Laboral

CC OO y UGT reclaman que el salario mínimo suba un 7% en 2027

Los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han anunciado este martes que reclamarán al Gobierno un incremento del 7% del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027, lo que situaría la cuantía en torno a los 1.306 euros brutos mensuales en 14 pagas, por encima de los 1.500 euros si se distribuye en 12 mensualidades. Actualmente, el salario mínimo se sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, tras aumentar un 3,1% en 2026, lo que supuso una mejora de 37 euros al mes. La subida fue acordada por el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales, pero contó con el rechazo de las patronales CEOE y Cepyme. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, el SMI ha aumentado un 66%, al pasar de 736 a 1.221 euros, mientras que los precios acumularon hasta 2025 un incremento del 23%. Esta evolución se ha traducido en una mejora considerable del poder adquisitivo de quienes perciben el salario mínimo. Los sindicatos justifican su petición del 7% por dos motivos. Por una parte, pretenden que el SMI mantenga una evolución acorde con el aumento de los salarios medios, que estiman próximo al 5%, y alcance el objetivo de representar el 60% de la remuneración media. Por otra, consideran necesario compensar el impacto del repunte de la inflación registrado desde el verano, que ha generado un desfase de aproximadamente dos puntos porcentuales y amenaza con reducir el poder de compra de los trabajadores. Sordo y Álvarez han reconocido que todavía no han trasladado formalmente esta propuesta al Ejecutivo. «Por una vez que sean ellos los que se enteran por los medios de comunicación, no pasa nada», ha señalado el secretario general de UGT. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha respondido que el Gobierno tendrá en cuenta las recomendaciones del grupo de expertos encargado de determinar cuánto debe subir el salario mínimo. Según ha explicado, el procedimiento seguirá la línea de los últimos años, con el objetivo de mantener el SMI alineado con la evolución de los salarios medios y evitar que pierda poder adquisitivo. La inflación interanual se sitúa actualmente en el 4,9%, mientras que la media de los últimos doce meses alcanza el 3,3%. La reivindicación salarial también estará presente en la huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre, convocada por CC OO y UGT junto al Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones sindicales, con el objetivo de reclamar soluciones a la crisis de acceso a la vivienda. El paro, cuyo lema será Salarios, vivienda, precios, pretende facilitar la movilización de más de 22 millones de trabajadores y combinar las demandas laborales con las relacionadas con el encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida. Los responsables sindicales han defendido que la convocatoria tendrá una justificación estrictamente laboral, centrada en la necesidad de garantizar salarios suficientes para afrontar los gastos cotidianos y acceder a una vivienda. Sordo ha asegurado que no existirá «el más mínimo resquicio de ilegalidad» y ha rechazado las dudas sobre el posible carácter político de la huelga. La convocatoria señalará como destinatarios de las reivindicaciones a las organizaciones empresariales y a las administraciones públicas, con especial atención a las comunidades autónomas, que tienen competencias en materia de vivienda, así como a los ayuntamientos y al Gobierno central. Entre las principales propuestas de CC OO y UGT figura la creación de un parque público de vivienda asequible. Para financiarlo, reclaman destinar anualmente el 1% del PIB durante una década, con el objetivo de construir 100.000 viviendas protegidas y asequibles cada año. También plantean movilizar las viviendas vacías, especialmente las situadas en las capitales de provincia. Con estas medidas, aspiran a disponer de 1,5 millones de viviendas a precios accesibles al cabo de diez años. En materia de alquiler, los sindicatos defienden las medidas sobre arrendamientos y desahucios recogidas en el real decreto recuperado por el Gobierno y proponen revisar la Ley de Vivienda. Sordo considera necesario modificar la normativa para que, cuando las comunidades autónomas no apliquen los límites a los alquileres en las zonas tensionadas, los ayuntamientos o el Estado puedan intervenir y adoptar medidas alternativas. Para ello, sostiene que habría que revisar el reparto legal de competencias. Otra de las demandas sindicales consiste en endurecer la regulación de los alquileres turísticos, hasta el punto de prohibirlos directamente en las zonas tensionadas y restringirlos a las áreas donde la presión sobre el mercado residencial sea menor. CC OO y UGT han explicado que registrarán su propia convocatoria de huelga, aunque sin excluir la participación de otras organizaciones. Sindicatos minoritarios como CGT, CO.BAS y Solidaridad Obrera, así como colectivos territoriales y el Sindicato de Inquilinas, también preparan sus respectivas iniciativas. No obstante, las centrales mayoritarias han señalado que no todas las organizaciones comparten las mismas propuestas para afrontar la crisis habitacional. Sordo ha apuntado que las diferencias afectan, entre otras cuestiones, a la necesidad de construir más viviendas. El secretario general de CC OO ha insistido en que la movilización debe tener un componente salarial claro, aunque ha descartado que las dificultades para acceder a una vivienda sean consecuencia de una evolución desastrosa de los sueldos. A su juicio, el aumento anual del precio de la vivienda, que ronda el 12%, y los sucesivos episodios inflacionistas registrados desde finales de 2021 han superado la capacidad de respuesta de la negociación colectiva. Aunque ha reivindicado la evolución de los salarios durante los últimos años, ha advertido de que esta mejora podría frenarse por la falta de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, cuya negociación la patronal lleva un año sin aceptar. En este marco, los sindicatos exigirán incrementos salariales anuales de entre el 4% para las remuneraciones más elevadas y el 7% para los sueldos medios y bajos durante los próximos tres años. La plataforma reivindicativa de la jornada del 11 de noviembre incluirá también la defensa del sistema público de pensiones. Ante las propuestas de Vox para privatizar una parte del sistema y las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la necesidad de asumir sacrificios, Sordo y Álvarez han reclamado a los partidos que expliquen sus planteamientos de cara a la campaña electoral y aclaren si responden a una mejora de las prestaciones o a los intereses del sector financiero. Por último, los sindicatos han pedido a los grupos parlamentarios que garanticen la revalorización de las pensiones en 2027 conforme a la inflación media de 2026, tal y como establece la legislación vigente. Esta actualización supondría un incremento cercano al 3,5% de las prestaciones a partir del próximo mes de enero.

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(El Economista, 14-10-2026) | Laboral

Los ceses en periodo de prueba se han convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno

Las extinciones de contratos por no superar el periodo de prueba continúan aumentando en España, pese a las actuaciones anunciadas por la Inspección de Trabajo para combatir posibles abusos. En 2025 se registraron más de un millón de bajas por este motivo, pero solo se propusieron 333 sanciones. El periodo de prueba, que puede prolongarse hasta seis meses en determinados casos, permite a las empresas finalizar la relación laboral sin preaviso ni indemnización, siempre que se respeten los límites legales. Entre enero y agosto de 2026, la Seguridad Social contabilizó 707.326 bajas por no superar el periodo de prueba, un 4,4% más que en el mismo periodo del año anterior y el registro más elevado de la serie para esos meses. El 71,4% correspondió a trabajadores con contrato indefinido. En julio se alcanzaron 113.641 bajas, el mayor dato mensual registrado, salvo marzo de 2020, cuando el inicio de la pandemia provocó un comportamiento excepcional del mercado laboral. La tendencia al alza comenzó con la reforma laboral. En 2021 se registraron 553.545 bajas por esta causa, frente a las 893.768 de 2022. La cifra siguió creciendo hasta alcanzar las 976.743 en 2023, las 999.919 en 2024 y las 1.023.754 en 2025. El último dato anual supone un incremento del 85% respecto al nivel anterior a la reforma. La reducción del uso de los contratos temporales ha coincidido con un mayor recurso a otras vías de extinción de las relaciones laborales, entre ellas la finalización del contrato durante el periodo de prueba. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció en abril de 2024 una campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para perseguir los posibles abusos de esta figura. Sin embargo, la memoria de actividad de 2024 no recoge resultados específicos de aquella iniciativa. Los primeros datos disponibles corresponden a 2025, ejercicio en el que se realizaron 851 comprobaciones, que dieron lugar a 333 propuestas de sanción por un importe total de 459.587 euros y a otros 80 requerimientos para que las empresas corrigieran las irregularidades detectadas. Las actuaciones inspectoras se centran principalmente en dos prácticas. La primera consiste en extinguir un contrato por no superar el periodo de prueba cuando ya ha vencido el plazo máximo permitido legalmente. El Estatuto de los Trabajadores establece una duración máxima de seis meses para los técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores, aunque existen excepciones, como el plazo de tres meses para los trabajadores no titulados en empresas de menos de 25 empleados y el límite de un mes para los contratos temporales de hasta seis meses, salvo que el convenio colectivo establezca otra cosa dentro de los márgenes legales. Una vez superado el periodo válido, la empresa ya no puede justificar la extinción por esta vía y debe ajustarse a las reglas aplicables al despido. La segunda conducta consiste en volver a contratar a una persona para desempeñar el mismo puesto que ya había ocupado y extinguir posteriormente el contrato alegando que no ha superado el periodo de prueba. La legislación impide recurrir de nuevo a esta figura cuando el trabajador ya ha desempeñado las mismas funciones en la empresa. De esta manera, se busca evitar que las compañías utilicen sucesivas contrataciones para prescindir de empleados sin asumir los costes de un despido. Para detectar posibles irregularidades, la Inspección utiliza herramientas de análisis que cruzan los datos de altas y bajas de la Seguridad Social con el objetivo de identificar patrones sospechosos. No obstante, el alcance de las actuaciones sigue siendo limitado en comparación con el volumen de extinciones registradas. En 2025 se produjo una comprobación por cada 1.200 bajas, aunque esta relación es orientativa, ya que una inspección puede abarcar a varios trabajadores y una misma persona puede acumular distintas bajas durante el año. Pese al reducido número de actuaciones, las comprobaciones detectaron irregularidades en el 48,5% de los casos, al sumar las sanciones propuestas y los requerimientos. Las multas representaron el 39% de las comprobaciones, una proporción muy superior al 6,5% registrado en los controles generales de contratos fraudulentos durante ese mismo año. Estos porcentajes no pueden extrapolarse al conjunto de las bajas, dado que las inspecciones se dirigen a casos en los que existen indicios previos de incumplimiento. Las sanciones propuestas ascendieron a una media aproximada de 1.380 euros por multa, aunque la cuantía definitiva depende de la resolución de la autoridad laboral y puede ser recurrida por las empresas. Los datos disponibles tampoco detallan cuántos trabajadores se vieron afectados por las irregularidades ni si fueron readmitidos o recibieron las indemnizaciones correspondientes. El incremento de las bajas tampoco se explica únicamente por el aumento del empleo indefinido. Entre enero y agosto de 2019 se registraban 1,31 bajas por cada 1.000 trabajadores indefinidos afiliados a la Seguridad Social, frente a las 4,59 del mismo periodo de 2026. En esos siete años, el número de trabajadores indefinidos aumentó un 50%, desde 9,2 hasta 13,8 millones, mientras que las bajas por no superar el periodo de prueba se multiplicaron por 5,3. La tasa alcanzó su máximo en 2023, con 4,73 bajas por cada 1.000 trabajadores indefinidos, y se ha mantenido desde entonces en niveles elevados. Tras situarse en 4,47 en 2025, volvió a aumentar en los ocho primeros meses de 2026. Esta evolución apunta a que el fenómeno no responde únicamente al periodo de adaptación a la reforma laboral, sino que se ha consolidado como una de las vías de salida del empleo indefinido.

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(Cinco Días, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro paga los tipos más altos en dos años por las letras a tres y nueve meses

El mercado de deuda vuelve a estar bajo presión por el repunte de la inflación, las expectativas de unos tipos de interés elevados durante más tiempo y el deterioro de las finanzas públicas. Estos factores han impulsado las rentabilidades de los bonos hasta niveles que no se veían desde hace dos décadas y han elevado las primas de riesgo. Pese a este escenario de incertidumbre, el Tesoro español continúa cubriendo sus necesidades de financiación con normalidad. Una semana después del anuncio del adelanto electoral y pocas horas después de que el FMI revisara al alza sus previsiones de crecimiento para España, el organismo dirigido por Paula Conthe ha colocado 2.133,9 millones de euros en letras a tres y nueve meses, ofreciendo los intereses más altos de los últimos dos años. La tensión que afecta a los mercados de renta fija, con Francia como principal foco de preocupación en Europa, no ha reducido de forma significativa el apetito por la deuda española. Aunque los inversores exigen una mayor rentabilidad para prestar dinero, el dinamismo de la economía y la confianza en las cuentas públicas siguen favoreciendo las emisiones del Tesoro. La demanda ha alcanzado los 4.729,18 millones de euros, más del doble del importe finalmente adjudicado, lo que refleja el interés de los compradores a pesar del endurecimiento de las condiciones financieras. La mayor parte de la emisión, 1.382,22 millones de euros, se ha adjudicado en letras a nueve meses, cuya rentabilidad marginal ha subido del 2,783% al 2,968%, el nivel más elevado desde septiembre de 2024. Los 751,69 millones restantes corresponden a letras a tres meses, cuyo interés ha aumentado del 2,464% al 2,645%, su máximo desde noviembre de 2024. El repunte de las presiones inflacionistas ha reforzado las expectativas de que los tipos de interés permanezcan elevados durante más tiempo. Esta perspectiva ha vuelto a impulsar las rentabilidades de la deuda, especialmente en los vencimientos más cortos, que reaccionan con mayor rapidez a los cambios en la política monetaria. El aumento de los rendimientos también ha devuelto protagonismo a las letras del Tesoro entre los pequeños ahorradores, atraídos por la seguridad de estos activos y por unos intereses superiores a los registrados durante los últimos años. Sin embargo, su remuneración continúa siendo insuficiente para compensar la subida de los precios: frente a una inflación interanual del 4,9% en septiembre, las letras ofrecen rendimientos que apenas superan la mitad de esa tasa. El interés de los particulares en la subasta de este martes ha sido, no obstante, más moderado que el registrado la semana anterior en la emisión de letras a seis y doce meses, plazos que suelen atraer a un mayor número de inversores minoristas. Las solicitudes no competitivas, vinculadas principalmente a los ahorradores particulares, han sumado 347,57 millones de euros. Pese a esta moderación, las letras mantienen su atractivo entre las familias, cuyas tenencias alcanzaban los 22.081 millones de euros a finales de julio. Tras varios años de tipos próximos a cero, el regreso de la inflación ha cambiado las condiciones de financiación de los Estados. El aumento de las rentabilidades exigidas por los mercados ha mejorado el atractivo de la deuda pública para los inversores, pero también ha elevado la preocupación por la sostenibilidad de las cuentas públicas. Francia es uno de los ejemplos más claros de este cambio de percepción. Su prima de riesgo ha aumentado hasta situarse en torno a los 140 puntos básicos, máximos desde la crisis del euro, ante las dudas sobre la capacidad del país para corregir sus desequilibrios presupuestarios. La atención de los mercados se centra ahora en el debate parlamentario de los presupuestos franceses para 2027, que comienza este martes. Los analistas anticipan una tramitación complicada y consideran difícil que el Gobierno consiga los apoyos necesarios para aprobar las cuentas. La proximidad de las elecciones presidenciales añade presión al escenario político, ya que los partidos tienen pocos incentivos para moderar sus posiciones. Si no se adoptan medidas de contención del gasto y de reducción del déficit, la prima de riesgo francesa podría permanecer en niveles elevados. Por el momento, el consenso de los mercados no prevé una crisis de deuda similar a la que afectó a la zona euro durante la pasada década. Sin embargo, las dificultades de Francia ya están repercutiendo en otros países europeos. Las primas de riesgo de España e Italia han subido hasta situarse alrededor de los 62 y los 107 puntos básicos, respectivamente, aunque todavía se encuentran lejos de los niveles registrados durante la anterior crisis soberana. Aunque los mercados cuentan ahora con mayor capacidad para absorber episodios de incertidumbre política y geopolítica, la evolución de los diferenciales de deuda sigue siendo motivo de preocupación. El Fondo Monetario Internacional mantiene bajo vigilancia estos indicadores y ha advertido de que el deterioro de las finanzas públicas, unido a una inflación elevada, podría desencadenar aumentos bruscos de las primas de riesgo y convertirse en una amenaza para la estabilidad financiera.

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(Expansión, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La creación de empresas sube un 5,7% en su mejor agosto en 19 años

La creación de sociedades mercantiles aumentó un 5,7% en agosto respecto al mismo mes de 2025, hasta alcanzar las 7.526 nuevas empresas, la cifra más elevada para este mes desde 2007, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este avance, la constitución de empresas acumula tres meses consecutivos de crecimiento, tras las subidas del 1,7% en junio y del 2,2% en julio. El capital suscrito para constituir las nuevas sociedades alcanzó los 456,4 millones de euros, un 92,8% más que en agosto del año anterior. Por su parte, el capital medio suscrito se situó en 60.644 euros, lo que representa un incremento interanual del 82,3%. En cuanto a las disoluciones, durante agosto desaparecieron 1.315 sociedades mercantiles, un 2,8% más que en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a una media de 42 empresas al día. De ellas, 1.079 cerraron voluntariamente, un 2,3% más que un año antes; 148 se disolvieron como consecuencia de una fusión, con un aumento del 2,1%, y las 88 restantes lo hicieron por otras causas, un 11,4% más. Por sectores, el 20,4% de las empresas constituidas en agosto pertenecía a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros, mientras que el comercio concentró el 15,5%. Entre las sociedades disueltas, el comercio representó el 18,5% del total y las actividades inmobiliarias, financieras y de seguros, el 14,4%. Por otra parte, el número de sociedades que ampliaron capital descendió un 5,8% interanual, hasta las 1.913 empresas. El importe suscrito en estas operaciones superó los 1.235,7 millones de euros, un 26,5% menos que en agosto de 2025. El capital medio de las ampliaciones se situó en 645.955 euros, con una reducción del 22%. En comparación con julio, la constitución de empresas cayó un 32,5% en agosto, mientras que las disoluciones disminuyeron un 27,5%. No obstante, en el acumulado de los ocho primeros meses del año, la creación de sociedades aumentó un 8,5% y las disoluciones crecieron un 6,8%. Por comunidades autónomas, la creación de empresas aumentó en 14 territorios y disminuyó en otros tres respecto a agosto de 2025. Cantabria registró el mayor incremento, con un 68%, seguida de Asturias, con un 46,8%; Murcia, con un 34,5%; La Rioja, con un 27,3%, y Extremadura, con un 26,6%. En el lado contrario, Navarra experimentó un descenso del 13,2%, Baleares retrocedió un 7,2% y Catalunya registró una caída del 1,1%.

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(El País, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno modifica por la vía de urgencia los estatutos del ICO para adaptarlos al fondo España Crece

El Gobierno ha puesto en marcha por la vía de urgencia la modificación de los estatutos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para adaptar su estructura y funcionamiento al fondo España Crece. La propuesta, promovida por el Ministerio de Economía y aprobada por el órgano de gobierno de la entidad, se ha sometido este martes a audiencia pública y reemplazará la normativa vigente desde 1999. El objetivo es adecuar el organismo a las necesidades de este programa, que dispone de una dotación de 13.691 millones de euros: 10.891 millones proceden de una ampliación de capital y los 2.800 millones restantes, de transferencias no reembolsables para financiar el componente concesional de determinadas operaciones. El Ejecutivo presenta España Crece como un fondo soberano, aunque se trata de un vehículo financiero concebido para prolongar el impulso inversor del plan de recuperación europeo, cuyo periodo de ejecución finalizó el 31 de agosto de 2026. El programa se integra en la adenda de simplificación del plan, aprobada por el Consejo de Ministros a finales de 2025, y pretende mantener la inversión pública mediante un sistema de financiación estable y sin una fecha límite predeterminada. Para ello, el ICO conservará su condición de entidad pública empresarial, entidad de crédito y Agencia Financiera del Estado, pero dispondrá de una estructura específica para administrar los nuevos fondos y dirigirlos hacia proyectos estratégicos. Uno de los cambios centrales consiste en dividir la actividad financiera del organismo en dos carteras contables diferenciadas. La de Financiación Promocional reunirá las operaciones destinadas a corregir deficiencias del mercado y atraer financiación privada hacia sectores prioritarios. La de Financiación Transversal, por su parte, englobará el resto de las operaciones, activos y compromisos del ICO, como complemento a la oferta de crédito privada. Aunque ambas seguirán formando parte del balance de la institución, sus recursos y resultados se contabilizarán por separado. De este modo, las pérdidas de una cartera no podrán cargarse a los fondos propios asignados a la otra. La separación busca reforzar la transparencia en el uso del capital público y delimitar los riesgos de cada actividad. Los nuevos estatutos también definen con mayor precisión la función del ICO en la política de inversión pública y amplían el margen de actuación de la cartera promocional. Entre los ámbitos prioritarios figuran las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y las compañías en expansión, así como las inversiones en capital riesgo y capital paciente, orientadas a captar recursos privados para iniciativas que requieren financiación a largo plazo. También se dará prioridad a tecnologías estratégicas y emergentes, como la inteligencia artificial, la computación cuántica, los semiconductores, la ciberseguridad y la biotecnología. A estas áreas se suman las tecnologías de doble uso, la reindustrialización, la transición energética, la gestión del agua y la vivienda asequible. Las actuaciones de carácter promocional deberán canalizarse a través de programas o líneas específicas con criterios objetivos para evitar alteraciones de la competencia. La reforma facultará asimismo al ICO para adquirir participaciones minoritarias directas en empresas no financieras, sin llegar a controlar su gestión, con el fin de respaldar proyectos considerados estratégicos, incluidos los relacionados con la vivienda. En cuanto a la gobernanza, se mantiene el Consejo Rector, compuesto por diez vocales -cuatro independientes y seis representantes de la Administración-, y se incorpora una nueva Comisión de Financiación Promocional. El texto reorganiza además los procedimientos de contratación mediante la creación de un comité colegiado. Se mantienen tanto la garantía del Estado para captar financiación como la prohibición de aceptar depósitos del público. Cada una de las dos carteras deberá cumplir de manera independiente los requisitos bancarios de solvencia y liquidez. El ICO continuará bajo la supervisión del Banco de España y el control de los organismos fiscalizadores, y deberá respetar los principios de subsidiariedad y adicionalidad, mantener el equilibrio financiero y ajustarse a la normativa europea sobre ayudas de Estado.

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(La Vanguardia, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los consumidores avisan a Cuerpo y Escrivá que el euro digital protege menos del fraude

Tres organizaciones de defensa de los consumidores financieros han advertido al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, de que el proyecto de euro digital impulsado por la Unión Europea no contempla, por ahora, un sistema de protección frente al fraude equiparable al de otros medios de pago privados. La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la organización europea de consumidores BEUC han alertado del riesgo de que un diseño inadecuado de esta nueva forma de dinero público deje a los usuarios sin garantías suficientes de reembolso en caso de fraude. Las entidades consideran que, si no se incorpora esta protección, el euro digital podría quedar limitado principalmente a los pagos entre particulares y tener dificultades para extenderse a las operaciones comerciales. Las asociaciones también han trasladado sus preocupaciones al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. La advertencia se produce en una fase decisiva de las negociaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo para definir las características de la nueva moneda. Según las organizaciones, el proyecto no incluye un mecanismo de devolución del dinero en caso de fraude comparable al que ofrecen las tarjetas de crédito y otros sistemas privados, lo que supondría un nivel de protección inferior para los consumidores. Las asociaciones cuestionan especialmente la posición del Consejo Europeo, ya que consideran que traslada a los usuarios una parte excesiva de las pérdidas derivadas de operaciones fraudulentas o de conflictos con terceros, como sucede al comprar por internet. Según datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y del Banco Central Europeo (BCE) citados por las entidades, los consumidores soportan actualmente alrededor del 35% de las pérdidas por fraude en los pagos con tarjeta. En el caso del euro digital, la aplicación de las normas de la Directiva de Servicios de Pago dejaría fuera determinadas reclamaciones comerciales relacionadas con productos defectuosos, pedidos que nunca llegan a su destino o fraudes vinculados a las compras. A juicio de las organizaciones, esta limitación reduciría la utilidad práctica de la nueva moneda y podría dificultar que los ciudadanos la adoptaran como alternativa habitual para sus transacciones. Las entidades también alertan de un posible perjuicio para la imagen del proyecto europeo si los usuarios perciben que el euro digital ofrece menos garantías que los sistemas de pago ya existentes. Esta situación podría debilitar su capacidad para competir con redes internacionales como Visa y Mastercard, precisamente cuando las instituciones comunitarias y el BCE defienden la necesidad de desarrollar una infraestructura de pagos propia que refuerce la autonomía financiera de Europa. La posibilidad de establecer un mecanismo de reembolso constituye uno de los principales puntos de discusión en la configuración de la moneda digital. El Parlamento Europeo ya ha planteado en el artículo 27 del reglamento del euro digital una protección de los usuarios equiparable a la que ofrecen los sistemas internacionales de tarjetas. Las asociaciones reclaman que esta garantía se incorpore al diseño definitivo para asegurar que la nueva forma de dinero público resulte competitiva y genere confianza entre los consumidores.

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(El Mundo, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprobará 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales

El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de dos reales decretos para crear 700 nuevas plazas de jueces y fiscales en 2027. De ellas, 500 corresponderán a la carrera judicial, lo que permitirá ampliar la planta judicial un 7,8%, mientras que las 200 restantes se incorporarán al Ministerio Fiscal, cuya plantilla aumentará un 6,6%. La medida da continuidad a la política de refuerzo de los efectivos judiciales y fiscales impulsada por el Gobierno y forma parte del proceso de transformación de la Justicia promovido por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta estrategia combina cambios procesales y organizativos con la digitalización para mejorar la capacidad de respuesta del servicio público ante las necesidades actuales y futuras. De las 500 nuevas plazas judiciales, 172 se destinarán a la jurisdicción civil, con 102 para los tribunales de instancia y 70 para las audiencias provinciales. La jurisdicción social contará con 109 nuevos puestos y la penal, con 69. Además, se crearán 87 plazas para reforzar órganos mixtos de audiencias provinciales y tribunales de instancia en provincias y localidades de menor tamaño, junto con otras 42 de adscripción territorial, que podrán trasladarse en función de la evolución de las cargas de trabajo. El plan incluye también 11 plazas para las secciones de Violencia sobre la Mujer y seis para las especializadas en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. En el caso de la violencia machista, el Gobierno destaca el avance de la especialización durante la legislatura, con un incremento del 55,4% de las plazas, que han pasado de 121 a 188. Por primera vez, se crearán ocho plazas para presidencias liberadas de tribunales de instancia, destinadas exclusivamente a coordinar la organización de estos órganos, unificar criterios y mejorar su funcionamiento. Este modelo, implantado ya en las principales ciudades españolas, se extenderá a Murcia, Almería, Córdoba, Granada, A Coruña, Vigo, Santander y Valladolid. Asimismo, la Audiencia Nacional incorporará cuatro nuevas plazas. Por comunidades autónomas, Andalucía y Catalunya recibirán 94 plazas judiciales cada una, seguidas de Madrid, con 74, y la Comunitat Valenciana, con 53. La distribución responde a las necesidades de refuerzo identificadas en cada territorio. Las 200 nuevas plazas fiscales se repartirán entre las comunidades autónomas y los órganos centrales. Catalunya contará con 47 nuevos fiscales, un aumento del 9,9% de su plantilla, mientras que Andalucía incorporará 31, con un crecimiento del 5,6%, y Madrid sumará 26, un 6,9% más. En términos porcentuales, Canarias registrará el mayor incremento, con 13 nuevas plazas, que elevarán sus efectivos un 8,9%. La asignación de los nuevos puestos se ha realizado atendiendo a criterios como la carga de trabajo, el volumen de litigios y la población. El Ministerio trasladará la propuesta al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los tribunales superiores de Justicia para recabar sus observaciones y propuestas.

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