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(Expansión, 01-06-2026) | Fiscal

Hoy decaen las rebajas fiscales temporales a la luz y el gas por la guerra de Irán

Las rebajas fiscales aplicadas por el Gobierno a la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña para contener el impacto de la guerra de Irán sobre los precios dejan de estar vigentes desde hoy, coincidiendo con el inicio de junio y pocos días después de conocerse la moderación de la inflación en abril. El Ejecutivo considera que esta evolución demuestra la eficacia de las medidas adoptadas, ya que calcula que, sin el plan de respuesta puesto en marcha, la inflación habría alcanzado el 4,2% en abril, un punto más de lo registrado finalmente. Desde el Gobierno destacan que el paquete de ayudas ha servido para amortiguar las consecuencias del encarecimiento energético y proteger el poder adquisitivo de las familias en un contexto marcado por fuertes subidas de precios, especialmente en la energía y en materias primas esenciales para la producción alimentaria que atraviesan el estrecho de Ormuz, todavía afectado por las tensiones derivadas del conflicto bélico iniciado a finales de febrero. Con la finalización de estas medidas, el Impuesto Especial sobre la Electricidad vuelve desde hoy al 5,11%, después de haberse reducido temporalmente al 0,5%. Asimismo, el IVA aplicado a la luz, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña regresa al tipo general del 21%, tras haberse rebajado al 10% desde el pasado 20 de marzo. La retirada de estas rebajas estaba contemplada en la cláusula de desactivación incluida en el plan gubernamental. Dicha cláusula establecía que las medidas dejarían de aplicarse si en abril la inflación de los carburantes, la electricidad y el gas descendía por debajo del 15%. Esta condición se ha cumplido en el caso de la electricidad, cuyos precios bajaron un 4,3% en abril, y del gas natural, que registró una caída del 9,6%. Según el Ministerio de Economía, dirigido por el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, estos datos evidencian la capacidad del sistema energético español para resistir perturbaciones externas gracias al peso de las energías renovables, consideradas por el Ejecutivo como un "escudo" frente a los efectos económicos de la guerra. Pese a la retirada gradual de parte del paquete de ayudas, el Gobierno no descarta recuperar estas rebajas fiscales o aprobar nuevas medidas si la situación lo requiere. En este contexto, los sindicatos reclamaron la pasada semana revisar el salario mínimo interprofesional cada seis meses para adaptarlo con mayor rapidez a la evolución de los precios, además de impulsar nuevas ayudas, como un pago extraordinario de 300 euros para personas con rentas bajas. Todo ello ocurre en un escenario en el que algunas previsiones, entre ellas las de Funcas, alertan de que la inflación podría volver a acercarse al 4% durante el verano una vez desaparezcan por completo las medidas de apoyo. En cuanto a los carburantes, el Ejecutivo mantiene de momento las ayudas fiscales vigentes. Estas continuarán al menos hasta el 30 de junio, después de que en abril los precios de los combustibles siguieran situándose más de 15 puntos por encima del IPC. El pasado viernes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio a conocer un informe sobre el efecto de estas rebajas fiscales en los carburantes. El organismo concluye que las ayudas se han trasladado de manera generalizada a los precios finales. Según sus cálculos, el margen bruto se redujo en 0,83 céntimos por litro en la gasolina 95 y en 4,4 céntimos por litro en el diésel. La CNMC añade que únicamente se han detectado comportamientos potencialmente irregulares en alrededor de medio centenar de estaciones de servicio de las más de 10.500 analizadas, al haberse incrementado sus márgenes tras la entrada en vigor de las rebajas fiscales.

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(Expansión, 01-06-2026) | Laboral

El Gobierno explora todas las vías para mejorar la gestión de los procesos de incapacidad temporal, y poner coto a las bajas laborales

El Ministerio de Seguridad Social ha impulsado recientemente una campaña dirigida a las empresas para recabar información más precisa sobre las tareas y funciones que desempeñan los trabajadores que se encuentran de baja laboral. La finalidad es que los servicios médicos dispongan de más datos a la hora de evaluar una posible reincorporación al puesto de trabajo. Con ello, se busca que los facultativos puedan emitir altas médicas más ajustadas a la realidad de cada empleo, evitando retrasos innecesarios y adecuando mejor los tratamientos. En marzo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) envió cartas informativas a distintas patronales para que trasladaran a las compañías de sus sectores la necesidad de detallar más los partes de incapacidad temporal. Según una de esas comunicaciones, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, médicos de atención primaria, facultativos de mutuas e inspectores médicos tanto de los servicios públicos de salud como del propio INSS carecen en muchos casos de información suficiente y fiable sobre las funciones concretas que realiza el trabajador. Esta falta de datos puede dificultar la gestión de las bajas y retrasar el regreso al empleo. Fuentes empresariales recuerdan que no es la primera iniciativa de este tipo puesta en marcha por el INSS. Desde enero de 2024, las compañías están obligadas a comunicar al organismo tanto el puesto de trabajo como la descripción de funciones de los empleados en situación de incapacidad temporal. Esta información debe enviarse mediante el fichero FDI o a través del servicio Incapacidad Temporal Online del sistema RED. El propósito es facilitar evaluaciones médicas más exactas y que las decisiones sobre mantener la baja o conceder el alta se adapten mejor a las características reales del puesto. Desde el ámbito empresarial consideran positiva esta insistencia de la Administración en reforzar estas prácticas, ya que entienden que un mayor conocimiento de las exigencias de cada empleo puede acelerar determinados procedimientos. Esto, añaden, también ayuda a reducir el impacto económico y organizativo que generan las ausencias prolongadas. El INSS advierte, sin embargo, de que la información aportada por muchas empresas sigue siendo insuficiente. Según el organismo, solo el 70% de los procesos de incapacidad temporal registrados el año pasado incluían cumplimentados los apartados relativos al "puesto de trabajo" y a la "descripción de funciones". Además, en numerosos casos los datos facilitados eran demasiado genéricos o carecían del detalle necesario. En las cartas remitidas, el Instituto subraya que esta información resulta clave para mejorar el control de la incapacidad temporal y facilitar un diagnóstico más preciso sobre las limitaciones reales de cada trabajador para desarrollar su actividad profesional concreta, más allá de las referencias generales de la clasificación nacional de ocupaciones o de lo que pueda indicar el propio empleado. Según el INSS, disponer de estos datos también favorece una reincorporación más adecuada y segura para la salud del trabajador. El organismo dependiente de Seguridad Social apunta asimismo que todavía hay muchas empresas que dejan esos apartados sin completar o utilizan descripciones excesivamente vagas, limitándose a expresiones como "las tareas propias de su puesto". La falta de precisión puede traducirse en bajas más largas de lo necesario. De acuerdo con datos de las mutuas de accidentes de trabajo, la duración media de los procesos de incapacidad temporal alcanzó en 2025 los 42,55 días, ligeramente por debajo del año anterior, aunque todavía por encima de los niveles de hace diez años. Esto refleja las dificultades para acortar los periodos de recuperación. A ello se suma el aumento del número de procesos. Según AMAT, en 2025 se registraron 9,16 millones de bajas laborales, un 7% más que el ejercicio anterior y un 133% más que hace una década, lo que supone más del doble.

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(Expansión, 01-06-2026) | Laboral

La patronal reclama más controles a los reincidentes

Aunque la iniciativa tiene un carácter meramente informativo, las organizaciones empresariales valoran positivamente que el Gobierno esté reforzando las actuaciones destinadas a frenar el aumento de las bajas laborales y el elevado coste económico que generan tanto para las empresas como para las cuentas públicas. En el marco de la mesa de diálogo social abierta en el Ministerio de Seguridad Social, la CEOE ha planteado distintas propuestas para atajar especialmente los casos considerados más problemáticos, los correspondientes a trabajadores con reiteradas situaciones de incapacidad temporal. En este contexto, el reciente informe de la AIReF sobre el sistema de incapacidad temporal en España puso de manifiesto que las bajas laborales se concentran cada vez más en un grupo reducido de personas. El estudio señala que el 25% de los beneficiarios acumula más de la mitad de los procesos de baja: representaban el 51% en 2017 y alcanzan ya el 55% en 2024. Asimismo, el 50% de los trabajadores concentra el 77% de los episodios registrados en 2024, cuatro puntos más que siete años antes. Estos datos evidencian que un núcleo relativamente pequeño de beneficiarios absorbe una parte creciente del total de procesos. Ante esta situación, la patronal reclama al departamento que dirige la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, que active actuaciones de la Inspección antes de que se alcance el límite de 365 días de baja, momento en el que los inspectores médicos pasan a asumir la competencia exclusiva sobre el proceso. El objetivo es reforzar los controles y aumentar la supervisión complementaria a la que ya realizan los servicios públicos de salud y las mutuas. El aumento del absentismo sigue teniendo además un fuerte impacto económico. El año pasado, el coste conjunto para empresas y Seguridad Social derivado de las prestaciones por incapacidad temporal rondó los 33.000 millones de euros. De esa cantidad, las arcas públicas asumieron más de 18.500 millones. La tendencia continúa al alza en 2026. Durante el primer trimestre del año ya se aprecia un nuevo incremento que anticipa un gasto récord al cierre del ejercicio. Según datos de AMAT, entre enero y marzo el coste directo soportado por las empresas creció un 7%, acercándose a los 2.500 millones de euros. Paralelamente, la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social refleja un aumento del 14,4% en el gasto destinado a prestaciones por incapacidad temporal, superando los 4.600 millones de euros.

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(El País, 01-06-2026) | Laboral

La patronal vuelve a la negociación para reformar la indemnización por despido e insiste en su rechazo a elevarla

El Ministerio de Trabajo mantiene como parte habitual del diálogo social que cada participante en las mesas de negociación tenga delante un portanombres identificativo. Aunque todos los asistentes se conocen, forma parte del protocolo institucional. Sin embargo, este viernes, en la segunda reunión para debatir la reforma de la indemnización por despido, solo había carteles para los representantes del ministerio y de los sindicatos, no para los de las patronales. La razón es que hasta esta misma mañana CEOE y Cepyme no habían confirmado su presencia, según indican fuentes asistentes al encuentro. De hecho, no se esperaba su participación después de que ambas organizaciones anunciaran en octubre que abandonarían estas negociaciones. Finalmente acudieron, aunque mantienen intacto su rechazo a la propuesta sindical y de Trabajo, que pretende endurecer las condiciones del despido improcedente. "No vamos a sentarnos en una mesa cuya premisa de partida es errónea", afirmó el pasado 22 de octubre el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, al justificar la negativa inicial de la patronal a participar en esta negociación. A juicio de la organización empresarial, el Tribunal Supremo ya resolvió el debate el verano pasado, por lo que consideraban innecesario abrir una discusión con el Gobierno y los sindicatos. Cepyme compartió entonces la misma postura. No obstante, siete meses después, los representantes de ambas patronales sí han acudido a la convocatoria de este viernes organizada por Trabajo. Desde la CEOE explican que su asistencia responde al "respeto hacia el resto de interlocutores", en referencia a los sindicatos. Añaden que también han querido dejar clara su oposición a cualquier modificación normativa sobre el despido, apoyándose en la interpretación realizada por el Tribunal Supremo. Ese es precisamente el principal argumento de la patronal: consideran que la sentencia del alto tribunal cerró la puerta a que los jueces españoles puedan conceder indemnizaciones adicionales basándose en la Carta Social Europea, como había ocurrido en algunos casos. Sin embargo, el Consejo de Europa ha concluido en dos ocasiones que España incumple dicho tratado en materia de despido y ha instado al país a reformar su legislación. Este posicionamiento europeo constituye el principal respaldo de la postura defendida por los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. De hecho, las organizaciones sindicales discrepan tanto de la doctrina del Supremo que han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. La reunión celebrada este viernes es la segunda sobre esta cuestión. La primera tuvo lugar en octubre y en ella los sindicatos ya anunciaron que prepararían una propuesta conjunta. Tras aquella cita, en la que sí participaron CEOE y Cepyme, las patronales aseguraron que no volverían a asistir. También adelantaron que rechazarían participar en otra mesa impulsada por Trabajo para debatir la entrada de representantes sindicales en los consejos de administración de las empresas. Durante el encuentro de este viernes, los sindicatos han presentado formalmente su propuesta tanto al Gobierno como a las organizaciones empresariales. Según declaraciones difundidas por CC OO, su negociador, Javier Pacheco, defendió la necesidad de reforzar las causas que justifican un despido y establecer plazos de preaviso más amplios que garanticen una mayor protección para los trabajadores. Asimismo, reclamó indemnizaciones "suficientes y reparadoras" que sirvan para compensar y desincentivar los despidos improcedentes, además de recuperar garantías como los salarios de tramitación y el derecho de readmisión cuando no exista una causa objetiva para el cese. El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a redactar un texto articulado que sirva de base para un futuro proyecto de ley. No obstante, la falta de apoyo de la patronal reduce considerablemente las posibilidades de que la reforma prospere. La mayoría conservadora del Congreso ya tumbó recientemente la reducción de jornada laboral, una medida que contaba con más opciones de reunir apoyos parlamentarios. Distintas fuentes conocedoras de la negociación apuntan que el rechazo a esta reforma no solo vendría de PP, Vox y Junts, sino también del PNV, como ya ocurrió con el estatuto del becario. Además, tampoco existe unanimidad dentro del propio Ejecutivo, ya que el Ministerio de Economía se opone a modificar la regulación actual. Pese a ello, PSOE y Sumar incluyeron en su acuerdo de gobierno el compromiso de adaptar la normativa española a la Carta Social Europea. Por su parte, la CEOE ha aprovechado la reunión para trasladar al Ministerio de Trabajo su "malestar" por impulsar iniciativas, a su juicio, sin el debido diálogo social, alterando acuerdos previos e interfiriendo en la negociación colectiva.

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(El País, 01-06-2026) | Laboral

En España se teletrabaja poco en comparación con otros países europeos

Según los datos más recientes de Eurostat, el 15,7% de los trabajadores ocupados en España desarrolla su actividad total o parcialmente desde casa, una cifra todavía alejada de la media de la Unión Europea, situada en el 23%, y muy por debajo de los países con mayor implantación del teletrabajo, como Países Bajos (52%), Suecia (45%) o Luxemburgo (43%). En el extremo opuesto se encuentran Grecia (6,7%), Bulgaria (4%) y Rumanía (3,6%). La diferencia refleja, en buena medida, el distinto nivel de desarrollo y especialización de las economías europeas. Esa misma brecha también se reproduce dentro de España, donde comunidades como Madrid y Cataluña concentran más teletrabajadores, mientras que Canarias se sitúa entre las regiones con menor implantación de esta modalidad. Precisamente estas tres comunidades serán escenario de la visita de León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio, un acontecimiento que tendrá importantes repercusiones sobre la movilidad y que ha llevado tanto a administraciones públicas como a organizaciones empresariales a recomendar el teletrabajo para reducir desplazamientos. Madrid, la comunidad con mayor porcentaje de teletrabajadores del país, encabeza estas recomendaciones. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el 24,7% de los ocupados madrileños trabajaba en remoto en 2025. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, anunció el pasado 21 de mayo que los empleados municipales teletrabajarían entre el 3 y el 9 de junio y pidió además a las empresas que faciliten esta opción siempre que sea posible. Días después, la patronal madrileña CEIM respaldó la propuesta mediante un comunicado en el que defendía el teletrabajo como una herramienta eficaz para reducir los desplazamientos en jornadas de elevada presión sobre la movilidad. Sin embargo, los sindicatos madrileños han cuestionado el planteamiento del Ayuntamiento al considerar insuficientes las medidas previstas para reforzar el transporte público ante los cortes de tráfico y las previsibles aglomeraciones. Desde UGT Madrid reclaman más flexibilidad horaria, permisos específicos y garantías para que los trabajadores no sean sancionados en caso de retrasos derivados de la situación, recordando además que gran parte de los empleados no tiene posibilidad de teletrabajar. La situación es distinta en Barcelona, segunda parada del Pontífice en su viaje por España. Ni el Ayuntamiento, ni la Delegación del Gobierno, ni la Generalitat, ni tampoco la patronal Foment del Treball han emitido recomendaciones generales para fomentar el trabajo remoto. Las autoridades municipales defienden que se ha diseñado un dispositivo especial para reforzar el metro, reorganizar las líneas de autobús afectadas y ofrecer información suficiente para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía. Cataluña es actualmente la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de teletrabajo, con un 19,5% de ocupados trabajando a distancia en 2025. Muy diferente es el caso de Canarias, una de las regiones donde menos extendido está el teletrabajo, con apenas un 10,5% de trabajadores en esta modalidad. Aun así, tanto la Delegación del Gobierno como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sí han recomendado el trabajo remoto para los empleados que puedan acogerse a él, con el objetivo de aliviar los problemas de movilidad previstos durante la visita papal. Desde Comisiones Obreras en Canarias respaldan esta fórmula, aunque insisten en que debe aplicarse siempre bajo criterios de voluntariedad, negociación y garantía de derechos laborales. Los especialistas atribuyen las diferencias regionales en la implantación del teletrabajo al tipo de tejido productivo predominante en cada territorio. El presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido, señala que Madrid registra niveles superiores a la media nacional debido al peso de las actividades de oficina, las grandes empresas tecnológicas, las sedes corporativas de multinacionales y la concentración de organismos de la Administración pública, ámbitos todos ellos que facilitan el desarrollo del trabajo a distancia.

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(El País, 01-06-2026) | Laboral

La Airef pide al Gobierno reformar la regla de gasto en pensiones para garantizar que sean sostenibles

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha reafirmado este viernes su valoración sobre el sistema público de pensiones: aunque las últimas reformas impulsadas por el Gobierno permiten cumplir con la regla de gasto y evitan, por ahora, nuevos cambios legislativos, eso no asegura la viabilidad futura del sistema. El organismo advierte de que siguen existiendo "riesgos para la sostenibilidad fiscal a largo plazo" y apunta además a posibles incumplimientos de las normas fiscales europeas. Por ello, la presidenta de la Airef, Inés Olóndriz, ha reclamado al Ejecutivo una modificación "explícita" de la actual regla de gasto en dos frentes. Por un lado, plantea que el coste del sistema de pensiones esté vinculado a la sostenibilidad general de las finanzas públicas, por ejemplo mediante indicadores como la deuda pública. Por otro, considera necesario adaptar esta regla al marco fiscal europeo, ya que, según ha señalado, "la regla española no encaja" con las exigencias comunitarias. El informe presentado responde a la solicitud del Gobierno de actualizar el análisis elaborado en 2025. Entonces, la Airef ya advirtió de que el sistema apenas cumplía el límite establecido. El gasto en pensiones descontando las medidas de ingresos -el criterio que utiliza Bruselas- representaba de media el 13,2% del PIB entre 2022 y 2050, muy cerca del máximo legal fijado en el 13,3%. Con los nuevos datos, la previsión mejora hasta el 13% del PIB, principalmente gracias al aumento de ingresos derivado del nuevo sistema de cotización de autónomos basado en ingresos reales. Aun así, la Airef insiste en que el cumplimiento "formal" de la regla de gasto no elimina las dudas sobre la salud futura de las cuentas públicas. El organismo detecta varios "problemas de diseño" en la norma y propone revisarla. Entre sus críticas, señala que la regla ofrece una visión incompleta de la sostenibilidad, ya que solo contempla el gasto en pensiones y deja fuera otros costes asociados al envejecimiento de la población, como la sanidad o la dependencia. También cuestiona la falta de precisión en la definición de las medidas de ingresos. En consecuencia, la institución concluye que los parámetros actuales no reflejan realmente la sostenibilidad financiera del Estado, algo que, según indica, queda patente en el hecho de que el cumplimiento de la regla es compatible con un aumento de la deuda pública en las próximas décadas. De hecho, la Airef calcula que la deuda podría alcanzar el 123% del PIB en 2050, impulsada sobre todo por el incremento del gasto vinculado al envejecimiento demográfico. El estudio incorpora además una primera estimación sobre el impacto económico de la nueva regularización de inmigrantes. A partir de una previsión de 950.000 personas regularizadas, de las cuales unas 337.000 pasarían a estar ocupadas, la Airef calcula que el efecto en el primer año superará los 1.000 millones de euros. En concreto, estima que las cotizaciones a la Seguridad Social aumentarán en unos 1.074 millones, aunque Olóndriz ha calificado este impacto de "muy moderado", equivalente al 0,067% del PIB. La presidenta de la Airef añadió que, a medida que estos trabajadores se consoliden en el mercado laboral, su aportación al sistema crecerá hasta alcanzar un máximo de 0,11 puntos del PIB alrededor de 2030, momento a partir del cual dicho efecto tenderá a estabilizarse.

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(El Economista, 01-06-2026) | Laboral

La AIReF cifra en 900.000 los empleos que no se crearon en 2024 por la subida del SMI

Las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante la pasada legislatura y la actual se han convertido en uno de los principales ejes de la política económica del Gobierno de coalición. El salario mínimo ha pasado de los 735 euros mensuales en 2018 a los 1.221 euros previstos para 2026, un incremento que está siendo analizado por distintos centros de estudio para evaluar su impacto en el mercado laboral. Según estas evaluaciones, las mejoras han reforzado el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos, aunque también han tenido efectos en la dinámica de creación de empleo, de acuerdo con el último informe de la AIReF. El organismo que preside Inés Olóndriz ha examinado la subida del 5% aplicada en 2024 y señala que su impacto sobre el empleo ha sido mayor que el de los incrementos de 2023 (8%) y 2019 (22,3%), pese a que este último fue más elevado. En concreto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estima que como consecuencia de la subida más reciente se habrían dejado de generar entre 78.000 y 90.000 puestos de trabajo. En su análisis, la AIReF describe este efecto como negativo, aunque de intensidad moderada. El informe apunta como factor clave el aumento del número de trabajadores afectados por el salario mínimo. Si en 2019 el SMI alcanzaba aproximadamente al 6% de los afiliados a la Seguridad Social, en 2024 la cifra ya ascendía al 9,2%, lo que equivale a cerca de dos millones de personas. Este mayor alcance, unido a la compresión de las escalas salariales, explicaría que el impacto sobre la creación de empleo haya crecido de forma significativa, casi duplicándose en comparación con 2019, cuando la estimación de empleo no creado se situaba en torno a 54.000 puestos. La AIReF también analiza la proporción de trabajadores cuyos salarios se sitúan hasta un 25% por encima del SMI, un indicador que permite anticipar la sensibilidad del mercado laboral a futuras subidas. En 2024, este grupo representaba ya el 27% del total, reflejando una elevada concentración de salarios en la parte baja de la distribución. En 2019, el porcentaje era del 19%, mientras que en el último ejercicio analizado se acercaba al 30%, lo que sugiere que nuevas subidas del salario mínimo podrían tener un impacto más acusado en el empleo. Distintos estudios coinciden en que el incremento del SMI ha contribuido a mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores con salarios más bajos, siendo este el único colectivo que ha experimentado una mejora clara en los últimos años. Sin embargo, este avance se ha traducido también en un aumento de los costes laborales para las empresas, lo que condiciona sus decisiones de contratación. La patronal ha expresado en varias ocasiones su rechazo a las últimas subidas, especialmente en sectores como la agricultura, donde consideran que el nivel salarial resulta difícil de asumir para muchas pequeñas empresas. El Gobierno, por su parte, plantea integrar determinados complementos salariales dentro del SMI, lo que, según estimaciones de CEOE, podría elevar el coste laboral en algunos sectores hasta un 25%, aumentando la presión sobre las empresas. Aun así, el mercado laboral mantuvo un comportamiento positivo en 2024, con la creación de casi medio millón de empleos. En el ámbito de los ingresos públicos, la AIReF señala que el impacto de estas subidas sobre las cotizaciones es limitado, aunque positivo. Calcula que las aportaciones procedentes del 9% de trabajadores que cotizan por la base mínima incrementarán los ingresos en torno a un 0,1% del PIB entre 2022 y 2050, una contribución inferior a la de otras medidas como el aumento de las bases máximas o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. En conjunto, el SMI contribuye a reforzar el sistema de pensiones, aunque con un peso menor respecto a otras reformas estructurales aplicadas en los últimos años.

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(El Economista, 01-06-2026) | Laboral

Trabajo bloquea la reforma para dar más autonomía al SEPE que aprobó en 2023

El Congreso de los Diputados aprobó a comienzos de 2023 la Ley de Empleo, una norma concebida para redefinir las políticas activas de empleo y transformar el actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española de Empleo. Sin embargo, este proyecto continúa sin desarrollarse pese a que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había planteado su puesta en marcha hace tres años. Tanto agentes sociales como empresas del sector de recursos humanos y responsables del propio organismo reclaman su activación y critican la falta de impulso político por parte del departamento que dirige Sumar. La ley, impulsada por el Ejecutivo en 2022 y respaldada por el Parlamento un año después, no establecía un plazo concreto para la aprobación del real decreto necesario para materializar la reforma. El Ministerio de Trabajo se desmarcó además del horizonte de seis meses que había mencionado inicialmente la ministra en cuanto se convocaron las elecciones generales de 2023. Desde entonces, la creación de la Agencia Española de Empleo como entidad independiente del ministerio ha quedado en suspenso. Fuentes del departamento consultadas por elEconomista.es consideran que su puesta en marcha no se producirá en el corto plazo, a pesar de que diversas carencias del SEPE señaladas por organizaciones empresariales, sindicatos y centros de estudios siguen pendientes de solución. Según estas mismas fuentes, el proyecto no llegará a concretarse durante lo que resta de legislatura. La Ley de Empleo contemplaba esta transformación como una vía para dotar al servicio público de empleo de un marco jurídico más adecuado a sus retos organizativos, tecnológicos y de gestión. En la práctica, ello implicaba reducir la dependencia de los ministerios de Hacienda y Función Pública, mejorar la eficiencia en la atención a los demandantes de empleo y reforzar la coordinación con los servicios autonómicos, evitando una recentralización del sistema. Mientras el cambio estructural permanece paralizado, el Ministerio de Trabajo sí ha aplicado algunas medidas incluidas en la norma, como la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para orientar a los usuarios en la búsqueda de empleo o la obligación de elaborar perfiles e itinerarios personalizados para los inscritos como demandantes. No obstante, la cooperación con el sector privado continúa prácticamente estancada. En su planteamiento inicial, el departamento de Trabajo quería que todas las empresas comunicaran a la futura Agencia Nacional de Empleo sus vacantes disponibles. Esta medida fue finalmente descartada en el texto remitido al Congreso y se limitó la obligación a aquellas compañías que utilizan el SEPE. El objetivo era mejorar el seguimiento de las ofertas de empleo en un contexto en el que muchas empresas aseguran tener dificultades para cubrir puestos, pese a la persistencia de una tasa de paro elevada en comparación con la media europea. Distintas fuentes apuntan a que la falta de avances podría deberse, entre otros factores, a reticencias dentro del Ministerio de Hacienda, que habría actuado como principal freno en etapas anteriores. También se ha especulado con que cambios internos en este departamento podrían haber reactivado el debate sobre el proyecto, aunque sin resultados concretos hasta el momento. A ello se suman diferencias internas en el propio Ministerio de Trabajo entre el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, en relación con la orientación del organismo. Estas discrepancias, según las mismas fuentes, reflejarían también la división política entre Sumar y el PSOE dentro del Ejecutivo. Esta tensión habría derivado en la decisión de relevar a Gutiérrez Ardoy al frente del SEPE, un movimiento que, según distintas informaciones, se formalizará en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días. Su ausencia en una reciente reunión del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo ya había generado sorpresa entre patronal y sindicatos, en un encuentro en el que se aprobaron el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno y la distribución de fondos para las comunidades autónomas destinados a políticas activas de empleo.

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(Cinco Días, 01-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca, pendiente del fallo europeo que puede cambiar las “reglas del juego” sobre quién paga las ciberestafas

En septiembre del año pasado, un hombre de 70 años, identificado como Luis Gómez (nombre ficticio para preservar su anonimato), sufrió una estafa tras un incidente en su ordenador. En la pantalla apareció un aviso que alertaba de un supuesto riesgo en el equipo e incluía un número de teléfono de asistencia técnica. Después de reiniciar el dispositivo varias veces sin éxito, decidió llamar. Al otro lado respondió un falso técnico que se hacía pasar por Microsoft y que terminó sustrayéndole 50.000 euros, además de solicitar a su nombre un préstamo de 29.000 euros. El afectado reconoce su vulnerabilidad: "No sé cómo, pero caí como un tonto", lamenta. Tanto instituciones públicas como fuerzas de seguridad, organismos de supervisión y entidades financieras insisten de forma reiterada en la necesidad de extremar la precaución ante fraudes telefónicos y digitales, recordando que nunca deben facilitarse datos personales o claves bancarias. A pesar de estas advertencias, los datos muestran un fuerte incremento de este tipo de delitos: en la última década, las estafas informáticas han aumentado un 513,4%, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior. La Ley de Servicios de Pago, en vigor desde 2009, junto con la jurisprudencia del Tribunal Supremo -especialmente la sentencia del 9 de abril de 2025- establece que, en principio, los bancos deben asumir la responsabilidad por operaciones no autorizadas derivadas de suplantación de identidad. Sin embargo, existen excepciones, como la negligencia grave del usuario o la falta de comunicación del fraude en un plazo razonable, en las que las entidades financieras se apoyan para no devolver el dinero. Según la abogada experta en ciberfraudes Vanesa Fernández, la doctrina del Supremo indica que no basta un simple error humano ante un engaño complejo para considerar que existe negligencia grave, sino que debe acreditarse una conducta claramente inexcusable. Añade además que corresponde a los bancos demostrar en sede judicial que el cliente actuó de forma negligente para poder denegar la devolución de los fondos. No obstante, este criterio podría verse modificado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estudia, a raíz de una cuestión prejudicial planteada desde Polonia, si las entidades financieras pueden retener los importes estafados hasta que un tribunal determine si el usuario actuó con negligencia. El abogado general del TJUE, en sus conclusiones del 5 de marzo, señaló que la directiva europea sobre servicios de pago obliga a la devolución inmediata de las operaciones no autorizadas. Aunque admite que el usuario puede perder el derecho al reembolso si se demuestra que no protegió adecuadamente sus credenciales, no notificó el fraude o hizo un uso incorrecto del sistema de pago, el abogado general considera que ello no autoriza a los bancos a denegar o retrasar la devolución del dinero. Si el tribunal de Luxemburgo sigue esta línea -como suele ser habitual-, el cambio sería relevante. En ese caso, explican expertos como Fernández, se modificaría por completo el esquema actual: el cliente no tendría que soportar inicialmente la pérdida ni asumir la carga de litigar para recuperar su dinero, sino que sería la entidad bancaria la que debería devolverlo de inmediato y, posteriormente, reclamar si acredita que existió negligencia grave. En la práctica, primero se reembolsa y después se discute la responsabilidad. El caso de Luis Gómez ilustra este debate. Su entidad bancaria ha aceptado cancelar el préstamo de 29.000 euros solicitado fraudulentamente a su nombre y ha devuelto las dos primeras cuotas de 600 euros que él decidió pagar para evitar intereses y posibles consecuencias crediticias. Sin embargo, el banco mantiene su negativa a reintegrar los 50.000 euros transferidos, al considerar que fue el propio cliente quien autorizó las operaciones. La estafa se desarrolló durante varios meses. En un primer momento, el falso técnico logró acceder al ordenador mediante control remoto a través del programa AnyDesk, convenciéndole de que su equipo estaba infectado por un virus. Bajo esa presión, el afectado llegó a pagar 2.000 euros por un supuesto antivirus con actualizaciones incluidas durante una década. Posteriormente, el estafador volvió a contactar con él en enero, alegando una actualización del servicio y la necesidad de acudir a un centro técnico. En ese contexto, le hizo creer que la empresa le había ingresado 500 euros para cubrir una revisión. A partir de ahí, construyó un engaño más complejo: aseguró que se había producido una transferencia errónea de 50.000 euros y mostró en la pantalla una simulación de su cuenta bancaria que reforzaba la manipulación. Bajo esa presión, y creyendo que debía corregir el supuesto error, Luis realizó varias transferencias hasta devolver la totalidad del importe. "No fui consciente de la estafa hasta que me llegó un aviso de que estaba en números rojos", explica. Aunque los bancos están obligados a vigilar operaciones sospechosas, en este caso la entidad llegó a contactar con el cliente al detectar transferencias inusuales a cuentas en el extranjero. Sin embargo, el afectado aseguró que lo aclararía más adelante, lo que el banco utiliza ahora como argumento para negar la devolución del dinero. La defensa del afectado sostiene que la normativa exige a las entidades implementar sistemas eficaces de autenticación y detección de fraude. En palabras del abogado Diego Zapatero, socio de Asoban Abogados, si un tercero consigue controlar el dispositivo, significa que los sistemas de verificación han fallado. Añade que, salvo que se demuestre una negligencia grave del cliente, ser víctima de un engaño sofisticado no puede considerarse una conducta negligente. Mientras tanto, el perjudicado aún no ha recuperado las primeras cuotas del préstamo y prevé un proceso judicial largo, precedido por una fase de mediación obligatoria. "Me encuentro en una situación muy complicada porque tengo que pagar los abogados y lo estoy haciendo con los pocos ahorros que me quedan", lamenta. Las entidades financieras, por su parte, aseguran que han reforzado sus sistemas de control y sus campañas de prevención frente al fraude digital. En diciembre de 2025, la Asociación Española de Banca (AEB), la CECA y el Ministerio de Economía pusieron en marcha la denominada 'Brigada Antifraude' para mejorar la coordinación en la lucha contra este tipo de delitos. El Banco de España, en su última Memoria de Supervisión, recuerda que los fraudes se concentran especialmente en transferencias bancarias, al permitir mover importes elevados en comparación con otros medios de pago. Según el Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 430.493 estafas informáticas, lo que supone el 88% de toda la cibercriminalidad y el 17,4% del total de delitos. Las fuerzas de seguridad advierten además de que el uso de inteligencia artificial está incrementando la sofisticación de estos fraudes, facilitando la creación de contenidos engañosos y ataques automatizados en múltiples idiomas.

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(Expansión, 01-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno bate récords con la ley antiopas y criba 1.600 operaciones

Desde finales de 2020, cuando España reforzó los controles frente a inversores extranjeros considerados no deseados, el Gobierno ha analizado más de 1.600 operaciones corporativas. En concreto, revisó 1.608 transacciones hasta diciembre del año pasado, según un análisis elaborado por EXPANSIÓN, lo que equivale prácticamente a una operación cada día y medio. La tendencia se intensificó en 2025. De acuerdo con los datos más recientes, el Ejecutivo sometió a autorización previa 196 operaciones, la cifra más alta registrada hasta ahora. Este récord refleja, por un lado, el creciente interés de capital extranjero por ganar presencia en el tejido empresarial español mediante adquisiciones y, por otro, un endurecimiento de la vigilancia gubernamental sobre sectores considerados estratégicos. También se ha producido un cambio en el foco de esa supervisión. Las compañías energéticas, tradicionalmente consideradas activos prioritarios a proteger, han perdido peso. Si en 2024 representaban el 20% de las operaciones examinadas, en 2025 su cuota cayó al 9%. En cambio, el sector tecnológico ha ganado protagonismo y concentra actualmente entre el 17% y el 18% de los expedientes revisados. De las 1.608 operaciones analizadas desde 2020, el Ejecutivo concluyó que 486 debían pasar por autorización formal. Sin embargo, en la mayoría de esos casos -386 concretamente- el permiso se concedió sin imponer condiciones. Solo en 45 operaciones se establecieron requisitos adicionales y únicamente dos fueron rechazadas. La mayoría de los expedientes afectaban a empresas poco conocidas fuera de su ámbito de actividad. Aun así, algunas operaciones han despertado especial sensibilidad por implicar a grandes compañías o grupos estratégicos del Ibex, así como por las dudas generadas en torno al perfil de los inversores. Entre ellas destacan la entrada del grupo saudí estatal STC en Telefónica o la adquisición por parte de la china Three Gorges de activos renovables, entre ellos Mula, la mayor planta fotovoltaica de España, comprada a Qualitas Energy. En ciertos casos, una misma empresa ha sido examinada en más de una ocasión. Es lo ocurrido con Naturgy, primero por la opa parcial del fondo australiano IFM y posteriormente tras la entrada de BlackRock en el capital mediante la compra de GIP. El grupo emiratí Masdar es el inversor que más veces ha tenido que pasar el filtro del Ejecutivo: en dos ocasiones por compras de activos a Endesa y una tercera por la adquisición de Saeta Yield. El organismo encargado de estas revisiones es la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), dependiente del Ministerio de Economía aunque con carácter interministerial. La normativa que regula este mecanismo, conocido popularmente como "escudo antiopas", ha prorrogado su vigencia hasta diciembre de 2026.

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