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(Expansión, 15-04-2026) | Fiscal

El Ibex 35 paga el 26,8% por el Impuesto sobre Sociedades en 2025

La aportación fiscal de los seis bancos que cotizan en bolsa alcanza el 29,1%, superando el tipo nominal del 25%. El Impuesto sobre Sociedades recae principalmente en las grandes empresas, cuya contribución resulta especialmente relevante. Las compañías del Ibex 35 registraron en 2025 un tipo efectivo del 26,8% en el Impuesto sobre Sociedades respecto a sus beneficios. En total, abonaron 25.100 millones de euros sobre unas ganancias antes de impuestos de 93.617 millones. En este contexto, destaca el peso del sector bancario. Los seis bancos cotizados presentan una carga fiscal media del 29,1%, claramente por encima del tipo general, consolidándose como el principal sostén de la recaudación dentro del índice. Estos datos proceden del Observatorio del Impuesto sobre Sociedades elaborado por el analista Joaquín Tamames a partir de la información pública que las empresas facilitan en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en sus informes para inversores. Tamames subraya que el grueso del impuesto recae sobre las grandes corporaciones y que su aportación es considerable. Por ello, defiende que el debate sobre la fiscalidad empresarial debería basarse en datos objetivos y no en percepciones o discursos simplificados. El sector financiero lidera la contribución tanto en términos absolutos como relativos. En conjunto, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja pagaron 14.135 millones de euros, lo que supone el 56% del total analizado. Entre ellos, destacan CaixaBank (32,0%), Sabadell (31,7%) y BBVA (31,4%) como los que soportan mayor presión fiscal, seguidos de Unicaja (29,7%) y Bankinter (29,0%). Banco Santander, con un 25,3%, se sitúa en línea con la media del índice. El estudio analiza 31 de las 35 empresas del Ibex a partir de sus cuentas de 2025, tomando como referencia el beneficio antes de impuestos y el gasto correspondiente al impuesto. Quedan fuera ArcelorMittal, por su contabilidad en dólares; Colonial y Merlin, por su régimen fiscal especial; y Cellnex, debido a sus pérdidas. Más allá de la banca, algunas empresas muestran cargas fiscales destacadas. Acerinox sobresale con un 158,9%, probablemente por ajustes contables o compensaciones de pérdidas pasadas, mientras que Sacyr alcanza el 43%. En casos como Telefónica y Ferrovial no se aplica una tasa efectiva: la primera por registrar pérdidas y la segunda por presentar ajustes fiscales positivos. En el lado opuesto, varias compañías presentan tipos más bajos, como Rovi (4,2%) o Acciona Energía (5,9%). También registran menor presión fiscal Enagás (16,9%), Grifols (18,7%), Acciona (19%) y Solaria (19,4%). No obstante, estos niveles reducidos suelen responder a factores puntuales, como el uso de créditos fiscales o la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores. Por otro lado, un amplio grupo de empresas se sitúa cerca del tipo nominal del 25%, entre ellas Repsol (25,5%), IAG (25,8%), Naturgy (25,9%) y Mapfre (28,8%), junto con otras como Puig Brands, Indra, Logista, Aena y Endesa. En cuanto a la evolución reciente de la recaudación, en febrero de 2026 el Impuesto sobre Sociedades generó 21 millones de euros, mejorando frente al saldo negativo de 218 millones del mismo mes de 2025. En el acumulado de enero y febrero, el saldo neto sigue siendo negativo (-6.005 millones), debido a las devoluciones, aunque mejora un 18,8% respecto al año anterior. Según la Agencia Tributaria, este avance se explica por un menor volumen de devoluciones y un crecimiento homogéneo del 8,5% en febrero.

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(El Economista, 15-04-2026) | Fiscal

Cataluña rechaza deflactar los tramos autonómicos del IRP

Cataluña es la única comunidad autónoma con alto nivel económico que todavía no ha ajustado los tramos autonómicos del IRPF a la inflación. Este miércoles, el Parlament debate una propuesta de ley impulsada por Junts que pretende precisamente eso: adaptar el impuesto sobre la renta al aumento del coste de la vida. Además, la iniciativa incluye otras rebajas fiscales, como elevar el mínimo exento y aplicar una bonificación del 99% en el impuesto de Sucesiones y Donaciones. No obstante, la negativa del PSC y de sus socios de gobierno, ERC y Comuns, impedirá que la medida prospere. Con ello, Cataluña continuará formando parte del reducido grupo de territorios que no han adoptado esta práctica. Según el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), en los últimos años diez comunidades autónomas han ajustado o suavizado los tramos del IRPF para compensar la subida de precios. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid aplicó esta medida en 2022 y 2023, mientras que Andalucía y la Comunidad Valenciana también introdujeron cambios para aliviar la carga fiscal. En esta última, se incrementaron los mínimos personales y familiares, así como las deducciones, mientras que Andalucía optó por deflactar los primeros tramos del impuesto. Otras regiones con menor peso económico, como Aragón, Galicia, Canarias, Murcia o La Rioja, también han revisado su escala autonómica en los últimos años. En el caso de Navarra y el País Vasco, este ajuste se ha aplicado de forma continuada. Expertos como Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas, recuerdan que desde 2020 la inflación acumulada supera el 20%, mientras que la recaudación ha crecido cerca de un 50%. Por ello, defienden la deflactación como una herramienta eficaz para aliviar la presión fiscal sobre la clase media, especialmente en una comunidad como Cataluña, donde este esfuerzo es de los más elevados. Junts ha situado la reducción de impuestos como uno de los pilares de su estrategia económica, con el objetivo de mejorar la competitividad y evitar la salida de talento. Su propuesta incluye una rebaja de los tipos en los primeros tramos del IRPF, especialmente para rentas bajas y medias, mediante un ajuste técnico basado en la paridad de poder adquisitivo. Aunque las reducciones son moderadas, se estima que tendrían impacto en los contribuyentes. Asimismo, el plan contempla elevar el mínimo exento hasta algo más de 5.900 euros y aplicar una bonificación casi total en Sucesiones y Donaciones, ampliando la cobertura a situaciones que actualmente no están contempladas, como ciertos negocios heredados. Sin embargo, todo apunta a que la iniciativa será rechazada por la mayoría parlamentaria de PSC, ERC y Comuns, que ya han presentado enmiendas a la totalidad. Una propuesta similar del PP tampoco salió adelante recientemente. Aun así, los populares ven con buenos ojos parte del planteamiento de Junts y critican que la política fiscal actual no favorece suficientemente a las rentas medias. Desde el entorno socialista recuerdan, por su parte, que ya se introdujeron cambios en 2025 para reducir el tipo mínimo del IRPF en rentas inferiores a 33.000 euros, una medida que, según defienden, benefició a la mayoría de los contribuyentes.

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(El País, 15-04-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba la resolución que oficializa las 35 horas para los 250.000 trabajadores de la Administración General del Estado

Los empleados de la Administración General del Estado (AGE) verán reducida su jornada laboral en dos horas y media semanales. Así lo establece una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, aprobada por el Ministerio de Función Pública, que fija la jornada en 35 horas semanales, cumpliendo el acuerdo alcanzado con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF el pasado 27 de marzo. Esta medida afecta a unos 250.000 trabajadores del ámbito estatal. La nueva normativa entra en vigor mañana, aunque se concede un plazo de un mes a los organismos públicos para adaptar sus calendarios laborales a este cambio. Hasta ahora, la mayoría de empleados de administraciones autonómicas y locales ya disfrutaban de jornadas de 35 horas -alrededor del 60%-, lo que, según los sindicatos, suponía una desigualdad respecto a los trabajadores de la Administración central. Este compromiso ya figuraba en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado en 2022, aunque su aplicación se retrasó hasta retomarse en noviembre dentro de un acuerdo salarial más amplio. La resolución aclara que esta reducción de jornada se limita a la Administración General del Estado y no afecta a otras administraciones, como las locales, pese a que los sindicatos consideran que podría tener cierto impacto indirecto en ellas. El acuerdo establece una jornada media anual de 35 horas semanales, equivalente a 1.533 horas al año, aplicable a todo el personal de la AGE. Aunque inicialmente algunos colectivos quedaban fuera -como trabajadores de prisiones o de sanidad y educación en Ceuta y Melilla-, finalmente se han incluido, si bien su aplicación concreta deberá negociarse de forma específica. Asimismo, los distintos departamentos deberán reorganizar su funcionamiento para garantizar que la reducción de jornada no afecte a la calidad ni a la continuidad de los servicios públicos, especialmente en áreas con atención directa al ciudadano o con trabajo por turnos. El Gobierno también se compromete a reforzar la planificación de recursos humanos y las ofertas de empleo público para asegurar que esta medida sea compatible con un buen funcionamiento de los servicios. La norma se aplica a la AGE, a la Seguridad Social y a organismos públicos dependientes, pero excluye al personal militar y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En esencia, actualiza la regulación vigente desde 2019, introduciendo ajustes para adaptarla a la nueva jornada. En cuanto a los horarios, la franja fija de mañana pasa a ser de 9:00 a 14:00, en lugar de hasta las 14:30, completándose el resto de la jornada con horario flexible entre las 7:00 y las 18:00 (de lunes a jueves) y hasta las 15:30 los viernes. También se reducen los horarios fijos de jornada partida y de tarde. La jornada intensiva de verano se mantiene sin cambios: seis horas y media diarias entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. Por su parte, los empleados con régimen de especial dedicación pasarán de trabajar 40 horas a 37 horas y media semanales. Finalmente, se amplían las medidas de flexibilidad horaria para facilitar la conciliación. Los trabajadores con responsabilidades familiares -como cuidado de menores, personas mayores, dependientes o familiares enfermos- podrán ajustar su horario fijo en una hora diaria. Además, se incorpora la posibilidad de flexibilizarlo también para quienes convivan con personas dependientes, aunque no exista vínculo familiar.

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(El País, 15-04-2026) | Laboral

Los expertos plantean soluciones alternativas a convertir en fijos a los empleados públicos en abuso de temporalidad

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respondió este martes a las dudas planteadas por el Tribunal Supremo sobre si la normativa española compensa adecuadamente a los empleados públicos víctimas de abuso de la temporalidad. Como en ocasiones anteriores, la corte europea concluyó que España no ofrece una reparación suficiente. Según su criterio, las medidas adoptadas hasta ahora no son adecuadas: ni la figura del indefinido no fijo, ni las indemnizaciones previstas, ni los procesos de estabilización cumplen con los estándares comunitarios. Sin embargo, el TJUE no concreta qué solución debe aplicarse, dejando en manos del Tribunal Supremo la decisión final. Incluso resulta menos específico que en una sentencia de junio de 2024, en la que sugería que convertir a estos trabajadores en fijos podría ser una opción válida. El Gobierno, por su parte, rechaza esta posibilidad, al considerar que vulneraría la legislación nacional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que establece que el acceso a la función pública debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Desde el Ejecutivo insisten en que ni esta sentencia ni el derecho europeo obligan a modificar la ley para hacer fijos a estos empleados. Mientras tanto, las cifras sobre los afectados varían: el sindicato CSIF calcula unos 125.000, mientras que el abogado Javier Arauz eleva el número a más de 900.000. Tras el fallo, el Ministerio de Función Pública descarta cambios legislativos en este sentido, aunque ha convocado a los sindicatos para analizar la situación. Ahora será el Tribunal Supremo quien deba dictar sentencia y, eventualmente, orientar una solución. Algunos expertos plantean alternativas. Arauz propone una figura similar a la fijeza, como el "fijo a extinguir", una categoría creada por los tribunales que permitiría mantener al trabajador en su puesto hasta su salida definitiva, aunque sin opciones de promoción o movilidad. Esta figura ya fue utilizada en otros contextos administrativos, según recuerda el catedrático Cristóbal Molina. No obstante, otros especialistas, como Adrián Todolí, rechazan esta opción, al considerar que no es adecuada para un caso de abuso de temporalidad, ya que se diseñó para situaciones distintas y no ilícitas. Donde sí ven novedades algunos expertos es en la valoración del TJUE sobre las indemnizaciones. El tribunal europeo considera insuficiente la compensación actual de 20 días por año trabajado, ya que solo se aplica en casos concretos. En este sentido, se plantea que podría establecerse una indemnización por el mero hecho de haber sufrido abuso de temporalidad, independientemente de si el trabajador pierde su puesto. Según Molina, el Supremo tiene varias vías abiertas: proponer una fórmula de fijeza limitada o condicionada, aumentar las indemnizaciones más allá de los límites actuales o incluso introducir sanciones para los responsables de personal que permitan estos abusos, como ocurre en otros países como Italia. Desde el ámbito jurídico, se considera que la postura del Gobierno -al afirmar que no existe obligación de convertir en fijos a los interinos- es coherente con la sentencia. No obstante, también se advierte de que el fallo cuestiona las medidas actuales y deja poco margen para diseñar alternativas que cumplan con el derecho europeo. Además, el pronunciamiento del TJUE podría tener efectos inmediatos, como un incremento de litigios contra la Administración. Podrían multiplicarse las reclamaciones individuales por abuso de temporalidad o las impugnaciones relacionadas con la gestión de plazas estructurales. Entre las posibles vías legales, se contempla la responsabilidad patrimonial del Estado, aunque los expertos advierten de que se trata de un procedimiento complejo y difícil de prosperar.

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(El Economista, 15-04-2026) | Laboral

El TJUE cree que España abusa de encadenar contratos temporales en el sector público

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que España debe adoptar medidas más eficaces frente al abuso de la temporalidad en el sector público, abriendo la posibilidad de convertir en fijos a los empleados interinos de larga duración o, en su defecto, compensarlos con indemnizaciones superiores a las actualmente previstas, cuyo máximo es de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. La sentencia indica que la normativa europea no obliga directamente a transformar estos contratos en indefinidos, pero sí exige a los Estados establecer mecanismos efectivos para prevenir y sancionar este tipo de abusos, algo que, según el tribunal, no ocurre en el caso español. En este sentido, el TJUE descarta las soluciones que se aplican actualmente, como la figura del indefinido no fijo, las indemnizaciones vigentes o los procesos de estabilización, al considerar que no corrigen adecuadamente la situación. Así, reduce las alternativas a dos posibles vías: regularizar a los trabajadores afectados o compensarlos de forma suficiente. El abogado Javier Arauz, que ha impulsado este caso, considera que la resolución apunta claramente hacia la conversión en fijos como solución principal. Sin embargo, el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública sostiene una interpretación distinta y afirma que la sentencia no obliga a modificar la legislación ni a convertir automáticamente en fijos a estos empleados. El fallo responde a varias cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo en 2024, que buscaba aclarar si la normativa española -basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública- es compatible con el derecho europeo. También preguntaba si las medidas actuales, como declarar a estos trabajadores indefinidos no fijos o aplicar las indemnizaciones existentes, eran suficientes. El TJUE no entra a interpretar la legislación nacional, pero insta al Supremo a evaluar si el sistema español cumple con la normativa europea. En este contexto, recuerda que ninguna de las medidas actuales resulta adecuada. Considera, por ejemplo, que la figura del indefinido no fijo perpetúa la precariedad, ya que el trabajador pierde su puesto cuando se cubre la plaza mediante un proceso selectivo. Respecto a las indemnizaciones, el tribunal las considera insuficientes. La compensación de 20 días por año trabajado -prevista en la ley de 2021- y la de 33 días con tope de 24 mensualidades no garantizan una reparación completa ni proporcional al daño sufrido. Además, solo se aplican en determinados supuestos, lo que deja fuera a muchos trabajadores afectados. También cuestiona los procesos de estabilización, al entender que no están diseñados específicamente para reparar el abuso, ya que pueden participar aspirantes sin esa situación y los afectados pueden no superarlos. Ahora será el Tribunal Supremo quien deba pronunciarse nuevamente sobre cómo resolver este problema, con una sentencia que podría conocerse en las próximas semanas. Mientras tanto, miles de casos siguen en los tribunales, con trabajadores que reclaman una solución definitiva a su situación.

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(Cinco Días, 15-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El FMI proyecta que España crecerá un 2,1% este año

El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía española crezca un 2,1% este año, lo que supone una desaceleración respecto al 2,8% registrado el año anterior. Esta moderación se atribuye, en gran parte, al fin de los fondos europeos y a la retirada progresiva de las medidas fiscales que el Gobierno puso en marcha para hacer frente a la guerra de Ucrania, la inflación y el conflicto con Irán. A medio plazo, el organismo estima que el crecimiento seguirá perdiendo fuerza hasta situarse en torno al 1,7% a partir del próximo año. En cuanto al impacto de la guerra de Irán, el FMI considera que será limitado en España, siempre que la situación no empeore significativamente. Confía en que la incipiente crisis energética no provoque una fuerte subida de precios ni una nueva espiral inflacionaria. De hecho, prevé que la inflación alcance el 3% este año y descienda al 2,1% el siguiente. El impulso al crecimiento potencial también parece debilitarse a medida que se agotan los efectos de las reformas recientes. En los últimos años, el Ejecutivo ha aprobado menos medidas estructurales, y la economía aún se beneficia de reformas anteriores, como las del mercado laboral, la energía o las pensiones. En el ámbito fiscal, el Gobierno ha logrado una importante reducción del déficit, que ha pasado del 10% durante la pandemia al 2,4% del PIB en 2025, una de las cifras más bajas en dos décadas (el Ejecutivo lo sitúa en el 2,2%). Aun así, el FMI considera que este esfuerzo se ha frenado y no espera mejoras significativas en los próximos años ante la falta de nuevas reformas. Por otro lado, la deuda pública sigue en niveles elevados. Aunque se redujo hasta el 100,4% del PIB el año pasado, el organismo anticipa que su descenso será muy gradual, sin bajar del 90% en 2031, siempre que no surjan nuevas crisis que obliguen a aumentar el gasto público. Diversas instituciones critican que el Gobierno no haya aprovechado los años de fuerte crecimiento para generar un mayor margen de maniobra ante futuras dificultades. Aunque se ha avanzado en la consolidación fiscal, consideran que aún había espacio para reforzar esa posición. La estrategia del Ejecutivo ha consistido en aprovechar el crecimiento económico para sanear las cuentas públicas, al tiempo que incrementaba el gasto tras los recortes aplicados durante la crisis financiera. En este sentido, el gasto público ha pasado de alrededor del 41% del PIB en 2018 a una media cercana al 45%, nivel que el FMI prevé que se mantenga en los próximos años. Los ingresos también han aumentado, pasando del 37% al entorno del 42% del PIB, con previsiones de alcanzar el 43% hacia el final de la década. En materia laboral, el FMI estima que en 2027 habrá cerca de 23 millones de ocupados en España. La reforma laboral de 2022 ha contribuido a esta evolución, con la creación de más de tres millones de empleos desde su aprobación. No obstante, el desempleo sigue siendo uno de los principales retos estructurales. A pesar del compromiso del Gobierno de reducir la tasa por debajo del 8%, el FMI prevé que se mantenga en torno al 10% en los próximos años. Todo ello en un contexto en el que la población podría superar los 52 millones al final de la década. Finalmente, el organismo señala como otra debilidad el bajo nivel de inversión, que apenas superará el 21% del PIB, una cifra que considera insuficiente para afrontar los desafíos relacionados con la transición energética y la transformación tecnológica.

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(Expansión, 15-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España sella 10 pactos comerciales con China: de agricultura a tecnología

Sánchez propone a Xi estrechar la relación económica y firma varios acuerdos para impulsar la inversión y la cooperación empresarial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó al mandatario chino, Xi Jinping, la conveniencia de avanzar hacia una relación económica "más cercana, equilibrada y saludable". En este contexto, su cuarto viaje a China concluyó con la firma de 19 acuerdos bilaterales, diez de ellos de carácter económico, que abarcan desde la agricultura hasta la tecnología, con el objetivo de fomentar la inversión, fortalecer alianzas empresariales y reducir el déficit comercial, que supera los 42.000 millones de euros. Según explicó Sánchez, cinco de estos acuerdos permitirán ampliar la presencia de productos agroalimentarios españoles en el mercado chino; cuatro están orientados a reforzar las exportaciones y mejorar las infraestructuras y el transporte; y uno se centra en proteger las denominaciones de origen. En el ámbito agroalimentario, se han acordado medidas para ampliar las exportaciones, incorporando productos como pistachos, higos secos, proteínas porcinas y ciertos fertilizantes. También se refuerza la protección de las indicaciones geográficas y se establecen mecanismos de cooperación sanitaria, especialmente frente a la gripe aviar. Por su parte, el Ministerio de Economía firmó tres memorandos de entendimiento con las autoridades chinas para reforzar la cooperación económica, promover inversiones sostenibles y facilitar la entrada de productos y servicios españoles en China. Uno de ellos busca impulsar proyectos conjuntos entre empresas de ambos países y apoyar tecnologías vinculadas a la descarbonización, así como la transferencia de conocimiento. Otro establece un marco de intercambio de información para el desarrollo económico, y el tercero pretende mejorar el acceso al mercado chino y aumentar la visibilidad de la oferta española. Sánchez destacó que el desequilibrio comercial actual es excesivo, aunque aseguró haber encontrado disposición por parte de China para trabajar hacia un mayor equilibrio. En esta línea, ambos países acordaron crear un mecanismo de cooperación para identificar sectores con potencial exportador, organizar misiones empresariales y promover la presencia en ferias comerciales chinas. Además, se puso en marcha un Mecanismo de Diálogo Estratégico Diplomático, que servirá para reforzar la colaboración en ámbitos como la economía, la cultura y la ciencia, y que sitúa a España en un nivel de interlocución similar al de otros países europeos como Francia o Alemania. El presidente subrayó que se ha elevado el nivel de relación política con China al punto más alto en más de medio siglo, defendiendo la necesidad de una globalización más equitativa, con cadenas de suministro justas que generen riqueza y empleo en ambos países. Por último, los nueve acuerdos restantes se centran en áreas como la innovación, la ciencia, la cultura y la biodiversidad. Durante el viaje, Sánchez también mantuvo encuentros con representantes de 36 grandes empresas chinas interesadas en invertir en España en sectores estratégicos como el vehículo eléctrico, las baterías, la energía eólica, los drones y la inteligencia artificial, insistiendo en que estas inversiones deben generar empleo, aportar conocimiento y fortalecer el tejido productivo.

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(Expansión, 15-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Aprobada la regularización de inmigrantes: cuántos extranjeros podrán solicitarlo y cómo hacerlo

El Consejo de Ministros ha aprobado un procedimiento extraordinario para regularizar a inmigrantes en situación irregular sin haberlo pactado con la Unión Europea ni someterlo al Congreso. Los sindicatos policiales alertan de una posible saturación en las oficinas a partir del lunes y advierten del riesgo de un "efecto llamada". Tras varios retrasos y después de introducir algunos cambios sugeridos por el Consejo de Estado, el Ejecutivo ha dado luz verde al Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería. Esta norma permitirá iniciar un proceso excepcional de regularización. Desde mañana podrá solicitarse el permiso de residencia y trabajo -con una duración inicial de un año- por vía telemática, mientras que las citas presenciales comenzarán a gestionarse desde el lunes 20 de abril. El plazo para presentar solicitudes finalizará el 30 de junio, y la Administración dispondrá de tres meses para resolverlas, un margen que, según la Policía Nacional, podría provocar un colapso en las oficinas de Extranjería y Fronteras. Podrán acogerse a esta medida los inmigrantes que acrediten, mediante documentación, haber residido en España al menos cinco meses y encontrarse en el país antes del 1 de enero. Además, deberán cumplir alguna de estas condiciones: haber trabajado legalmente, tener cargas familiares (como hijos menores o dependientes), o encontrarse en situación de vulnerabilidad. El texto definitivo incorpora algunas recomendaciones del Consejo de Estado, como una mayor protección para menores -que recibirán permisos de cinco años- y la exigencia de no tener antecedentes penales ni representar un riesgo para el orden público, la seguridad o la salud. La iniciativa ha generado una fuerte reacción política. La portavoz del Gobierno y ministra Elma Saiz defendió que la medida refuerza los derechos y mejora el país. En cambio, la oposición critica que no se haya tramitado en el Parlamento. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la califica de irresponsable e insostenible, mientras que Vox anuncia un recurso ante el Tribunal Supremo. También la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pedirá la suspensión cautelar de la medida hasta que se resuelva su legalidad. A nivel europeo, la regularización tampoco ha sido consensuada. Aunque desde Bruselas se reconoce que estas decisiones competen a los Estados, se insiste en que deben evitarse efectos negativos sobre la seguridad y el control migratorio en el espacio común. Entre los argumentos del presidente Pedro Sánchez figura la necesidad de incorporar más trabajadores al sistema para hacer frente al envejecimiento de la población y al aumento del gasto en pensiones. En este sentido, desde el ámbito empresarial valoran positivamente la medida ante la falta de mano de obra en diversos sectores, aunque muestran dudas sobre su aplicación práctica y critican la ausencia de debate parlamentario. Expertos en pensiones consideran que la regularización podría aumentar temporalmente el número de cotizantes, pero advierten de que su impacto sería limitado a largo plazo. Por su parte, los sindicatos policiales insisten en los riesgos operativos: temen una sobrecarga inmediata de los servicios, dificultades para comprobar antecedentes y la posibilidad de que la medida incentive la inmigración irregular, al ser utilizada por redes criminales como reclamo. El alcance final de la regularización es incierto. Las estimaciones apuntan a que cerca de 490.000 personas podrían acogerse, aunque otras proyecciones elevan la cifra hasta casi 840.000, dependiendo de los criterios utilizados.

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(El Periódico, 15-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El INE eleva la inflación de marzo al 3,4% por la subida de los combustibles

El encarecimiento del coste de la vida en marzo fue mayor de lo que se había estimado inicialmente. Las familias están asumiendo, de forma indirecta, el impacto de los últimos conflictos internacionales, y la guerra en Irán -donde el petróleo se ha convertido en un elemento clave- no ha sido una excepción. Su efecto sobre los precios ha sido rápido, especialmente en los carburantes, lo que ha impulsado la inflación hasta el 3,4%, según el dato definitivo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una décima más que la cifra adelantada y el nivel más alto desde junio de 2024. Aunque ya se preveía un repunte de la inflación esta primavera, debido en parte al efecto comparativo tras la caída de los precios de la electricidad el año anterior, el inicio del conflicto ha intensificado esta tendencia. El aumento de los precios de la gasolina y, sobre todo, del diésel ha sido determinante. De hecho, la subida del IPC respecto a febrero -cuando se situó en el 2,3%- supera el punto porcentual, siendo la mayor desde junio de 2022. Sin la rebaja fiscal aplicada por el Gobierno a partir del 22 de marzo, el incremento habría sido aún mayor. Aunque esta medida solo estuvo vigente durante una parte del mes, su impacto será más visible en los próximos meses. El Ejecutivo calcula que reducirá la inflación entre ocho décimas y un punto durante abril, mayo y junio, con el objetivo de evitar que el encarecimiento derivado del conflicto se traslade de forma duradera a los precios y al poder adquisitivo. El comportamiento de los carburantes ha sido desigual: la gasolina subió un 4,8%, mientras que el diésel se encareció un 17,9%. Esta diferencia se explica porque Europa produce suficiente gasolina, pero depende del exterior para cubrir su demanda de gasóleo. En cuanto a la electricidad, aunque el desarrollo de las energías renovables ha amortiguado el impacto del gas, las tarifas aumentaron un 4,3% en comparación anual. Por otro lado, los alimentos y bebidas no alcohólicas ofrecieron un respiro, al moderar su crecimiento del 3,2% al 2,7%, tras varios meses al alza. Esto sugiere que, por ahora, no se está produciendo un traslado generalizado del encarecimiento energético al resto de precios, aunque algunos productos siguen registrando subidas importantes, como los huevos o las legumbres. En términos mensuales, los precios crecieron un 1,2%, mientras que la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos- se situó en el 2,9%, ligeramente por encima del mes anterior. España continúa registrando una inflación superior a la media de la zona euro, y esta diferencia se amplió en marzo: mientras los precios en el conjunto europeo aumentaron un 2,5%, el incremento en España fue notablemente mayor, lo que puede afectar negativamente a la competitividad empresarial. De cara al futuro, el Banco de España advierte que, en un escenario adverso con un conflicto prolongado y precios energéticos elevados, la inflación podría alcanzar el 5,9% este año y mantenerse en el 3,2% el siguiente. No obstante, los avances en las negociaciones de paz han generado cierto optimismo en los mercados, con la bolsa estadounidense recuperando niveles previos al conflicto y el precio del petróleo por debajo de los 100 dólares. Aun así, la incertidumbre sigue siendo elevada.

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(El País, 14-04-2026) | Fiscal

Bruselas flexibilizará las ayudas de Estado para facilitar la respuesta a la crisis desatada por la guerra en Oriente Próximo

La Comisión Europea está ultimando su estrategia para hacer frente a la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo. Entre las medidas previstas figura una ya habitual en este tipo de situaciones: flexibilizar las normas sobre ayudas públicas -como subvenciones, incentivos fiscales o financiación en condiciones favorables- para facilitar que los gobiernos respalden a las empresas. Así lo anunció la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, tras una reunión del Colegio de Comisarios centrada en el impacto económico del conflicto en el golfo Pérsico. En ese contexto, señaló que, en apenas 44 días desde el inicio de la guerra, el coste de los combustibles fósiles para la Unión Europea ha aumentado en 22.000 millones de euros. Hace semanas, los líderes europeos ya pidieron a la Comisión que preparara un conjunto de medidas para afrontar el encarecimiento del petróleo y del gas natural licuado. Aunque el plan aún no se ha presentado oficialmente, ya se ha fijado la fecha: el 22 de abril. Al día siguiente, Von der Leyen expondrá sus líneas generales en una cumbre informal en Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE durante el primer semestre de 2026. La presidenta subrayó que las acciones que adopten los Estados deben ser concretas, rápidas y limitadas en el tiempo. Es decir, deben centrarse en los colectivos más afectados, aplicarse de forma inmediata y no prolongarse más de lo necesario. Entre estos grupos vulnerables se incluyen tanto los hogares con menos recursos como las empresas más perjudicadas por el aumento de los precios energéticos. Desde Bruselas también se insiste en aprender de la experiencia reciente, cuando tras la invasión rusa de Ucrania se aprobaron amplios paquetes de ayudas que incrementaron notablemente el gasto público en un momento delicado tras la pandemia. Aquellas decisiones contribuyeron a deteriorar las cuentas públicas y obligaron a mantener suspendidas las reglas fiscales durante más tiempo del previsto. En esta ocasión, la Comisión no contempla por ahora relajar esas normas fiscales, pero sí quiere facilitar que los países puedan conceder ayudas mediante una mayor flexibilidad en la normativa vigente. Este es uno de los aspectos más novedosos del planteamiento actual. Además, Von der Leyen recordó otras iniciativas ya en marcha, como el ajuste del sistema de derechos de emisión de carbono para mejorar la estabilidad de precios sin perder su efecto incentivador, o su futura revisión a mediados de 2026. También señaló que existe margen para reducir impuestos sobre la electricidad y abaratar los costes de las redes energéticas. La Comisión aprovecha esta crisis para insistir en la necesidad de reducir la dependencia de combustibles importados y avanzar hacia una mayor electrificación de la economía. En este sentido, se pretende fomentar el uso de la electricidad frente a los hidrocarburos. Por ello, Bruselas se muestra crítica con medidas como la reducción del IVA a los combustibles aplicada en algunos países, al considerar que incentivan el consumo en lugar de promover el ahorro energético. Finalmente, la estrategia europea pone el foco en los recursos propios, especialmente la electricidad generada mediante energías renovables y nuclear. Según la Comisión, estas fuentes garantizan mayor autonomía, estabilidad y seguridad energética. A largo plazo, la clave para reducir la dependencia de los combustibles fósiles pasa por modernizar el sistema energético, acelerar el despliegue de estas tecnologías y avanzar decididamente en la electrificación.

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