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(Expansión, 20-03-2026) | Fiscal

Sánchez lanza hoy un paquete acotado de rebajas fiscales a luz y carburantes

El Gobierno aprobará hoy en un Consejo de Ministros extraordinario un plan para hacer frente a las repercusiones económicas derivadas de la guerra en Irán, centrado principalmente en medidas fiscales destinadas a frenar el encarecimiento de la electricidad y los combustibles. Con este paquete, el Ejecutivo pretende mantener un delicado equilibrio: por un lado, ofrecer un alivio económico significativo a hogares y empresas; por otro, evitar un aumento excesivo del gasto público que choque con los criterios europeos; y, además, no sobrepasar las distintas líneas rojas marcadas por los partidos políticos para asegurar su aprobación parlamentaria. Este plan integral, que se ha estado negociando durante días con agentes sociales, representantes empresariales y formaciones políticas, será aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario. Posteriormente, lo presentará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha reiterado su rechazo tanto al conflicto como a sus efectos económicos. El paquete incluirá un primer bloque de medidas estructurales orientadas a reforzar la electrificación de la economía y a ampliar el uso de energías renovables, una estrategia que el Ejecutivo considera clave para amortiguar el impacto de las tensiones energéticas, especialmente tras el encarecimiento del petróleo provocado por el cierre del estrecho de Ormuz. No obstante, el protagonismo recaerá en un segundo bloque de actuaciones urgentes destinadas a aliviar la presión sobre los ingresos de las familias y la actividad empresarial, según ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En este ámbito, el Gobierno recurrirá principalmente a medidas fiscales, tomando como referencia la experiencia adquirida con la guerra en Ucrania, cuando se redujeron impuestos vinculados a la electricidad. Sin embargo, en el caso de los carburantes, se descarta recuperar la bonificación directa por litro, por lo que las alternativas pasan por ajustes en el IVA o en el Impuesto de Hidrocarburos, dentro de los límites fijados por la Unión Europea. Además, se prevé un seguimiento de los precios mediante herramientas de inteligencia artificial en colaboración con la CNMC. Más allá de las medidas generales, el Ejecutivo pondrá especial atención en los sectores más afectados por el aumento de los costes energéticos, como el transporte, la logística, la agricultura, la pesca y la industria con alto consumo eléctrico. El diseño del plan está condicionado por la negativa de la Comisión Europea a flexibilizar las reglas fiscales, lo que limita el margen para aumentar el gasto público. Asimismo, el Gobierno buscará asegurar la convalidación parlamentaria del decreto, evitando incluir medidas controvertidas como la prohibición de desahucios, que ya ha sido rechazada anteriormente. Solo se incorporarán aquellas propuestas que cuenten con un respaldo suficiente. En paralelo, el Ejecutivo ha decidido aplazar la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, argumentando que su prioridad actual es responder a la crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo. Según Pedro Sánchez, la situación requiere centrarse en proteger a la ciudadanía ante un contexto internacional especialmente complejo. No obstante, desde el Ministerio de Economía se insiste en que la situación no alcanza la gravedad de la vivida tras el inicio de la guerra en Ucrania. Por su parte, María Jesús Montero ha confirmado que el retraso de los Presupuestos se debe a la prioridad otorgada a este decreto, en un momento en el que, además, se prepara para dejar su cargo y optar a la presidencia de Andalucía.

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(El País, 20-03-2026) | Fiscal

La Agencia Tributaria da acceso ya a los contribuyentes a los datos fiscales para preparar la declaración de la renta

La campaña de la renta está a punto de comenzar. El próximo 8 de abril se inicia el plazo oficial para presentar la declaración del IRPF -en un primer momento únicamente por internet-, aunque desde este miércoles 18 de marzo los contribuyentes ya pueden consultar sus datos fiscales, un resumen con su información personal y económica. Estos datos incluyen la identificación del contribuyente y su domicilio, así como los ingresos obtenidos por trabajo o actividad profesional, las retenciones aplicadas durante el año, posibles ganancias patrimoniales -como las derivadas de la venta de acciones- o, en su caso, pérdidas. Con esta información, la Agencia Tributaria elabora un borrador de la declaración que pone a disposición del ciudadano, por lo que resulta fundamental comprobar que todos los datos sean correctos antes de validarlo. El IRPF funciona mediante retenciones a lo largo del año, es decir, se va adelantando parte del impuesto. Al finalizar el ejercicio -en esta campaña se declaran los ingresos de 2025- se regulariza la situación: si el resultado es a pagar, significa que se ha abonado menos de lo debido y hay que ingresar la diferencia; si es a devolver, será Hacienda quien reintegre el exceso pagado. Revisar los datos fiscales es clave tanto para evitar posibles errores que puedan acarrear sanciones como para asegurarse de aplicar todas las deducciones disponibles. Por ejemplo, ingresos por alquileres o beneficios fiscales por la compra de un vehículo eléctrico o por mejoras en la eficiencia energética de la vivienda. La consulta de estos datos puede hacerse a través de la web o la aplicación de la Agencia Tributaria, utilizando sistemas de identificación como Cl@ve Móvil, certificado digital o DNI electrónico. Para acceder, es necesario obtener previamente un número de referencia de seis caracteres y confirmar el domicilio fiscal. Tras comprobar y, si procede, corregir la información, habrá que esperar al 8 de abril para presentar la declaración. Desde ese día podrá hacerse online; a partir del 29 de abril se podrán pedir citas para atención telefónica, que comenzará el 6 de mayo; y desde el 1 de junio se habilitará la opción de realizarla presencialmente en oficinas, siempre con cita previa. La campaña finalizará el 30 de junio.

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(La Vanguardia, 20-03-2026) | Fiscal

Montero avanza que España cumplió el objetivo de déficit del 2,5% en 2025

España ha logrado cumplir el objetivo de déficit fijado para 2025, situado en el 2,5% del PIB. Así lo anunció este jueves la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en Los Desayunos, un nuevo espacio informativo impulsado por RTVE y EFE. Según destacó, este resultado es relevante porque proporciona cierto margen de actuación ante situaciones imprevistas, como la reciente guerra en Irán, que amenaza con desencadenar una crisis energética. De hecho, el Ejecutivo ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este viernes con el fin de aprobar medidas que amortigüen el encarecimiento de los carburantes. Montero subrayó que alcanzar este objetivo ha sido especialmente significativo si se tiene en cuenta que durante la pandemia el déficit llegó a situarse en torno al 10% del PIB. Además, defendió que la reducción no se ha basado en recortes del gasto ni en fuertes subidas de impuestos, como ocurrió -según señaló- durante la crisis financiera bajo gobiernos del Partido Popular. En su lugar, aseguró que se ha ampliado la base impositiva y reforzado la progresividad del sistema, reduciendo la carga fiscal para las rentas más bajas y aumentándola para grandes empresas y patrimonios. El dato definitivo del déficit se conocerá a finales de mes, cuando se remita a Bruselas. La mejora del saldo público ha sido posible gracias a la recuperación económica tras la pandemia, que impulsó la recaudación, en parte también favorecida por el repunte de la inflación tras la invasión rusa de Ucrania. En 2024, el déficit se situó en el 2,8% del PIB, muy por debajo de los niveles alcanzados en 2020. Si se incluyen los gastos extraordinarios derivados de la dana de octubre -que la Comisión Europea permitió excluir-, la cifra ascendía al 3,2%. Cumplir el objetivo de 2025 supone, por tanto, una reducción adicional de al menos siete décimas. No obstante, este margen no implica necesariamente mayor flexibilidad presupuestaria. La propia ministra recordó que las reglas fiscales europeas ya no están suspendidas, como ocurrió durante la pandemia. Además, el nuevo marco comunitario pone el foco en el crecimiento del gasto público -ajustado por ciertos factores como los intereses de la deuda-, y las previsiones apuntan a que España tendrá que aplicar ajustes a partir de 2027 para cumplir con los compromisos adquiridos. En este contexto, y ante la incertidumbre sobre la duración del conflicto en Oriente Próximo y su impacto económico, se prevé que el Gobierno apruebe un paquete de medidas más moderado que el adoptado en 2022 frente a la crisis inflacionaria, cuando se impulsó una amplia rebaja de impuestos energéticos. Montero no ha adelantado los detalles del plan que presentará el presidente Pedro Sánchez, aunque sí indicó que combinará medidas estructurales en el ámbito energético con otras destinadas a reducir el impacto del encarecimiento de los combustibles. Asimismo, confirmó que el Ejecutivo continúa negociando con los distintos grupos parlamentarios el contenido del decreto de ayudas, que incluirá únicamente aquellas iniciativas que cuenten con suficiente respaldo. Esta postura reduce la probabilidad de incorporar medidas en materia de vivienda, como los límites al alquiler que defienden algunos partidos, pero que otros rechazan y cuyos apoyos son necesarios para sacar adelante la norma. Según Montero, las conversaciones siguen abiertas tanto con los agentes sociales como con las formaciones políticas para garantizar la aprobación del decreto.

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(El País, 20-03-2026) | Laboral

El Gobierno baraja contratar temporales para desbloquear miles de jubilaciones parciales en ayuntamientos y comunidades

El Gobierno está negociando con los sindicatos de la función pública una modificación legal para recuperar la situación previa a la última reforma de pensiones. El objetivo es permitir que las administraciones vuelvan a contratar relevistas con contratos temporales en los procesos de jubilación parcial, en lugar de exigir que sean indefinidos, como establece actualmente la normativa. Con este cambio se pretende desbloquear miles de jubilaciones parciales de personal laboral en ayuntamientos y comunidades autónomas, que quedaron paralizadas desde abril de 2025 por la falta de trabajadores que cumplieran los nuevos requisitos. Según fuentes sindicales, las conversaciones con Seguridad Social y Función Pública están muy avanzadas y se abordarán en una reunión prevista para la próxima semana, con la intención de aprobar la medida lo antes posible, incluso dentro de este mes. Por ahora, la negociación se centra exclusivamente en el personal laboral de las administraciones, que es el único que tiene regulada esta modalidad de jubilación, que permite anticipar el retiro entre dos y tres años reduciendo jornada y salario, mientras otro trabajador cubre el resto mediante un contrato de relevo. El problema surgió tras la reforma que introdujo nuevas condiciones para la jubilación parcial, entre ellas la obligación de que el relevista tenga un contrato indefinido a tiempo completo y con una duración mínima de dos años posteriores a la jubilación total del titular. Estos requisitos, en vigor desde el 1 de abril de 2025, han bloqueado en la práctica esta modalidad en el sector público, ya que la contratación fija exige superar procesos de acceso al empleo público que suelen prolongarse durante largos periodos. Como consecuencia, miles de trabajadores llevan más de un año esperando poder acogerse a este sistema, que antes era habitual. Ante esta situación, la Secretaría de Estado de Función Pública puso en marcha una tasa de reposición específica como medida urgente para facilitar la contratación de relevistas en la Administración General del Estado, aunque esta solución no ha sido inmediata ni ha beneficiado a empleados autonómicos y locales. Por ello, el Ejecutivo plantea ahora recuperar de forma provisional el marco anterior a abril de 2025 en el ámbito de las administraciones públicas, mediante un real decreto ley que permita contratar relevistas de manera temporal. Estas plazas se incluirían posteriormente en futuras ofertas de empleo público para su cobertura definitiva. En caso de que el contrato del relevista finalice antes de los dos años posteriores a la jubilación completa del trabajador sustituido, la Administración deberá contratar a otro, tal como ya ha establecido la Seguridad Social. La urgencia de esta medida también responde a las exigencias de los sindicatos en la mesa de diálogo social sobre la gestión de las bajas laborales, donde las organizaciones han condicionado la negociación a la resolución de este problema. Desde CC OO y UGT Servicios Públicos valoran positivamente que esta solución esté cerca de aprobarse, tras meses reclamándola, aunque recuerdan que sigue pendiente recuperar la jubilación parcial anticipada para funcionarios y personal estatutario -como el sanitario transferido a las comunidades-, que actualmente no pueden acceder a ella desde que fue suprimida en 2012. A pesar de que el ministro de Función Pública, Óscar López, acordó con los sindicatos en 2024 restablecer este derecho, aún no se ha materializado. En la misma línea, el sindicato CSIF critica que esta situación continúe bloqueada desde hace más de una década y señala que la recuperación de la jubilación parcial para funcionarios sigue atascada en el Congreso dentro del proyecto de Ley de Función Pública. Además, otra de las demandas pendientes en este ámbito es permitir, con carácter general, que los empleados públicos puedan prolongar su vida laboral hasta los 72 años, una propuesta defendida especialmente por altos cargos de la Administración agrupados en Fedeca y que también forma parte del debate legislativo en curso.

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(El Economista, 20-03-2026) | Laboral

Más de dos millones de empleados empiezan o finiquitan un empleo cada trimestre en España

España terminó 2025 sin ocupar, por primera vez en cuatro años, el puesto de país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, un lugar que ahora corresponde a Finlandia. Sin embargo, el mercado laboral español continúa siendo el más inestable: un 5,8% de los trabajadores ha comenzado un empleo en los últimos tres meses, mientras que otro 4,8% lo ha dejado. En conjunto, esto supone unos 2,4 millones de personas, es decir, un 10,6% del total de ocupados, inmersos en una dinámica constante de rotación. Según la Encuesta de Fuerza Laboral de Eurostat, que mide las incorporaciones y salidas recientes del empleo, el número de afectados es ligeramente superior al de finales de 2019 (aunque el mínimo se registró en 2020 debido al parón provocado por la pandemia). No obstante, en términos porcentuales, la tasa actual es la más baja desde 2009, dejando al margen el impacto excepcional del COVID-19. Un aspecto clave es la composición de estos movimientos. En España hay más personas que acceden a un empleo (5,8%, unos 1,3 millones) que las que lo abandonan (4,8%, cerca de 1,1 millones), algo que ocurre en la mayoría de países europeos, salvo en casos como Suecia, Luxemburgo y Eslovenia. Aun así, el peso de quienes salen del empleo es elevado: representan el 45,3% de las rotaciones, por encima de la media europea (37%) y muy lejos de países como Alemania (25%) o Países Bajos (8%). Este porcentaje es similar al de Francia, aunque inferior al de Suecia, Luxemburgo, Eslovenia y también Grecia, donde alcanza el 50%. Interpretar estos datos no es sencillo, ya que Eurostat no detalla las causas de las entradas y salidas del empleo. Es decir, no distingue si los nuevos ocupados proceden del desempleo ni si quienes abandonan su trabajo lo hacen voluntariamente, por despido o por finalización de contrato. Sin embargo, cuando las incorporaciones superan claramente a las salidas, suele indicar que predominan los cambios de empleo entre trabajadores, algo habitual en países con bajo paro. Por el contrario, cuando las salidas tienen un peso elevado -como ocurre en economías con más desempleo, entre ellas España- sugiere que una parte importante de esa rotación es involuntaria. Estas estadísticas ofrecen una perspectiva distinta a otras que analizan los flujos del mercado laboral, aunque también presentan limitaciones. Al tratarse de datos trimestrales, no captan los cambios más inmediatos -semanales o diarios- que sí reflejan, por ejemplo, las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Esto explica en parte por qué no siempre coinciden con la evolución del paro. De hecho, la tasa de desempleo ha variado más intensamente que la rotación laboral, que se mantuvo prácticamente estable entre 2009 y 2021 en torno al 12% (salvo durante la pandemia). Tras la reforma laboral, apenas ha descendido en torno a punto y medio. Este ligero ajuste se ha producido en un contexto de fuerte caída del paro y de un cambio profundo en la contratación, con un notable aumento de los contratos indefinidos, que han pasado de representar el 10% al 40% del total. Pese a esta mejora, el volumen de trabajadores afectados por la rotación sigue siendo elevado en términos absolutos: unos 2,4 millones, una cifra similar a la anterior a la pandemia. La diferencia es que ahora hay más personas ocupadas, lo que explica que el porcentaje haya disminuido aunque el número total se mantenga. Además, la relación entre rotación y desempleo es más estrecha de lo que parece. Entre 2009 y 2014, las salidas del empleo superaban a las entradas. A partir de 2015, tras la Gran Recesión, la tendencia cambió: comenzaron a registrarse más incorporaciones que abandonos, coincidiendo con una fuerte reducción del paro. Este patrón se ha mantenido hasta ahora, salvo durante la pandemia, aunque en los últimos trimestres el descenso del desempleo ha sido más moderado. Esto sugiere que las nuevas incorporaciones ya no provienen tanto de personas en paro, sino de cambios de trabajo entre quienes ya están ocupados. En definitiva, aunque la rotación ha disminuido gracias al aumento de la contratación indefinida, la diferencia entre entradas y salidas se mantiene, lo que refleja un mercado laboral dinámico. El hecho de que esta brecha no se reduzca aleja, por ahora, el riesgo de enfriamiento, si bien estos datos no recogen todavía el posible impacto económico del conflicto en Irán iniciado a finales de febrero.

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(Expansión, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE deja los tipos en el 2%, pero promete ser "ágil" ante el "elevado impacto en la inflación" por Irán

El banco central ha optado por mantener sin variaciones los tipos de interés en esta nueva reunión, aunque ha elevado de forma notable sus previsiones de inflación para este año -en siete décimas- y ha reiterado su compromiso de actuar con contundencia para contenerla. El Banco Central Europeo (BCE) mantiene así su postura prudente. Ha decidido dejar el precio del dinero en el 2%, nivel en el que se sitúa desde junio del año pasado, aunque no descarta movimientos en el corto plazo. La decisión, adoptada por unanimidad bajo la presidencia de Christine Lagarde, responde a la necesidad de analizar con mayor detenimiento el impacto del nuevo encarecimiento energético que atraviesa la Unión Europea, provocado nuevamente por tensiones geopolíticas. El conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han impulsado al alza los precios del gas y del petróleo, lo que podría presionar la inflación en la zona euro por encima del objetivo del BCE. La institución reconoce que esta situación incrementa la incertidumbre, al generar riesgos de mayor inflación y menor crecimiento económico. De hecho, prevé un efecto significativo a corto plazo en los precios debido al aumento del coste de la energía. De cara al medio plazo, el BCE señala que todo dependerá de factores como la duración e intensidad del conflicto y de cómo el encarecimiento energético se traslade a los precios de consumo y a la actividad económica. Ante este escenario incierto, ha elaborado distintos supuestos en sus previsiones, sin que ninguno resulte especialmente tranquilizador. En su escenario central, el organismo estima que la inflación alcanzará el 2,6% en 2026, lo que supone una revisión al alza respecto a cálculos anteriores. Posteriormente, se moderaría hasta situarse cerca del 2% en 2027 y 2028. En cuanto al crecimiento, prevé tasas moderadas: un 0,9% en 2026, un 1,3% en 2027 y un 1,4% en 2028, lo que implica una ligera rebaja, aunque sin anticipar una recesión. Estas previsiones parten de la hipótesis de que el precio del petróleo rondará los 90 dólares por barril y que el gas natural alcanzará unos 50 euros por megavatio/hora en el segundo trimestre de 2026, para después estabilizarse. Sin embargo, este escenario dependerá en gran medida de la evolución del conflicto. En este contexto, aumentan las expectativas de que el BCE intervenga. Los mercados ya anticipan posibles subidas de tipos, algo que también se refleja en sus proyecciones. Lagarde ha subrayado que el Consejo de Gobierno actúa con serenidad, pero también con determinación, dejando claro que están preparados para ajustar la política monetaria si es necesario. La presidenta insistió en que el objetivo es asegurar que la inflación vuelva al entorno del 2% a medio plazo, lo que ha reforzado la idea de que podría haber una subida de tipos en próximas reuniones, incluso en la de abril. Aun así, el BCE insiste en que tomará decisiones en función de la evolución de los datos y no seguirá una hoja de ruta fija. La urgencia de reaccionar con rapidez se explica porque este nuevo episodio inflacionario llega poco tiempo después del anterior, provocado por la guerra en Ucrania, cuando la inflación superó el 10% y obligó a subir los tipos hasta el 4%. Lagarde advierte además de que tanto empresas como trabajadores aún recuerdan ese episodio, lo que podría acelerar reacciones como subidas salariales o de precios. Este comportamiento podría desencadenar efectos indirectos que alimenten aún más la inflación en el corto plazo. La enorme incertidumbre derivada de la guerra de Irán ha llevado al BCE a publicar sus proyecciones macroeconómicas contemplando diversos escenarios. El más adverso resulta especialmente lesivo para las perspectivas económicas de la zona euro, con una inflación que escala al 4,6% este mismo año y que se mantiene en el tiempo elevándose al 4,8% en 2027. Esta situación está marcada por un impacto mayor en el suministro de energía con una interrupción del hasta un 60% del suministro de petróleo y gas natural por el estrecho de Ormuz. 

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(Expansión, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El FMI alerta de "perturbaciones significativas" en la economía mundial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una desaceleración de la economía mundial y ha adelantado que reducirá sus previsiones de crecimiento para 2026 como consecuencia del aumento de las tensiones bélicas en Oriente Próximo. El organismo, dirigido por Kristalina Georgieva, alertó de que ya se están produciendo "alteraciones relevantes" en la economía global, con un menor dinamismo económico acompañado de un repunte de la inflación. El FMI pone el acento en los efectos de un posible shock energético prolongado, marcado por el fuerte encarecimiento del petróleo y las dificultades en las rutas comerciales, lo que podría afectar de forma significativa al equilibrio económico mundial en los próximos meses. El bloqueo del tránsito de crudo y gas en el estrecho de Ormuz, junto con los daños en infraestructuras energéticas en el golfo Pérsico, está generando tensiones en los mercados y provocando una subida notable de los precios, según el organismo. El alza del petróleo se presenta como el principal canal de impacto. De acuerdo con sus estimaciones, un incremento sostenido del 10% en el precio del crudo podría elevar la inflación global en unas cuatro décimas y reducir el crecimiento económico mundial entre una y dos décimas. El barril de Brent ha superado los 100 dólares tras encarecerse cerca de un 50% en el último mes. El principal riesgo es que esta subida de precios se mantenga en el tiempo. Tal y como explicó la directora de Comunicación del FMI, Julie Kozack, las consecuencias dependerán de la duración y la intensidad del conflicto. En este contexto, adelantó que el organismo revisará a la baja sus previsiones en el próximo informe de Perspectivas Económicas Globales, previsto para abril. Cabe recordar que en enero el FMI había mejorado ligeramente su previsión de crecimiento mundial para 2026, situándola en el 3,3%, aunque ya advertía de riesgos a la baja asociados a tensiones geopolíticas y comerciales, ahora agravadas por la guerra en Irán. La combinación de energía más cara, problemas logísticos y una mayor incertidumbre internacional está complicando el panorama para gobiernos y bancos centrales. Instituciones como el Banco Mundial o la Agencia Internacional de la Energía han advertido recientemente de que un cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría derivar en una crisis energética de gran alcance, con efectos en cadena sobre la industria, el transporte y el consumo. Además del petróleo, el conflicto también está afectando a otros mercados clave. El FMI advierte de que el encarecimiento de materias primas, junto con las interrupciones en el transporte marítimo y en el suministro de fertilizantes, podría trasladarse rápidamente a los precios de los alimentos. Este impacto sería especialmente grave en países emergentes y en desarrollo, donde el gasto en productos básicos es mayor y el margen fiscal más reducido. La inestabilidad también se refleja en los mercados financieros. Según Kozack, ha aumentado la volatilidad tanto en economías avanzadas -como Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea- como en mercados emergentes. En este contexto, el alza del petróleo y el temor a un endurecimiento de las condiciones financieras están elevando el riesgo en distintos activos, mientras los inversores buscan refugio en valores considerados más seguros, como el oro o la deuda pública estadounidense, aunque sin garantías en un entorno tan incierto. El FMI subraya que este nuevo shock llega en un momento especialmente delicado para los bancos centrales. Tras meses intentando controlar la inflación, un nuevo repunte energético podría obligar a mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo, lo que frenaría aún más la actividad. Instituciones como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra se enfrentan así a un escenario de "estanflación moderada", caracterizado por bajo crecimiento y presiones inflacionistas persistentes, que podría condicionar sus decisiones de política monetaria en los próximos meses.

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(Cinco Días, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio del gas se dispara un 24% y el petróleo alcanza los 116 dólares ante los ataques de Irán a instalaciones energéticas

Más de dos semanas después del estallido de la guerra en Irán, el conflicto ha entrado en una etapa más grave, marcada por ataques continuados contra infraestructuras energéticas que están impulsando con fuerza los precios del petróleo y el gas, aumentando así su impacto económico. Tras los bombardeos israelíes sobre un importante yacimiento gasista iraní, Teherán respondió atacando el miércoles la terminal de gas de Ras Laffan -la mayor del mundo- y, al día siguiente, instalaciones petroleras saudíes en el mar Rojo, un punto clave para la exportación de crudo del reino. Como consecuencia, el precio del gas natural se ha disparado un 24% en la jornada y ya duplica su valor desde el inicio de la guerra, reavivando en Europa el recuerdo de la crisis energética provocada por el conflicto en Ucrania. La planta de Ras Laffan, responsable de cerca de una quinta parte del suministro mundial de gas natural licuado, sufrió importantes daños tras varios ataques que provocaron grandes incendios, según Qatar Energy. Aunque la instalación ya estaba paralizada por las dificultades para que los buques atraviesen el estrecho de Ormuz, los desperfectos añaden incertidumbre sobre cuándo podrá recuperarse la producción. Analistas como los de ING advierten de que el problema ya no es solo la reapertura del tráfico marítimo, sino también el tiempo necesario para reparar las instalaciones dañadas, algo que aún se desconoce. Por otro lado, Irán también lanzó drones contra el complejo petrolero saudí de Yanbu, en la costa del mar Rojo, lo que provocó un repunte inmediato del precio del crudo. Este enclave resulta estratégico, ya que permite a Arabia Saudí mantener sus exportaciones gracias a un oleoducto que conecta con los yacimientos del golfo Pérsico. Aunque su capacidad es limitada, puede canalizar alrededor de cinco millones de barriles diarios, siendo un punto clave para los clientes de la petrolera estatal Aramco. Los expertos consideran que estos ataques suponen un salto cualitativo en la gravedad del conflicto. Según Norbert Rücker, de Julius Baer, el riesgo de interrupciones prolongadas del suministro aumenta cuando los daños afectan directamente a las instalaciones productivas y no solo al transporte. En los próximos días, añade, se podrá evaluar mejor si el mundo se enfrenta a una crisis energética más intensa y duradera. Otros analistas, como Susan Sakmar o Arne Lohmann Rasmussen, advierten de que el suministro de gas podría verse afectado durante meses o incluso años, situando este episodio como un posible punto de inflexión comparable -o incluso superior- al sabotaje del Nord Stream. El encarecimiento del gas llega además en un momento delicado para Europa, que, tras un invierno más frío de lo habitual, necesita reponer unas reservas estratégicas por debajo de la media. Al mismo tiempo, países asiáticos, grandes compradores del gas qatarí, tendrán que acudir al mercado internacional para compensar la pérdida de suministro, presionando aún más los precios. En el plano político, el presidente Donald Trump ha pedido el cese de los ataques contra infraestructuras energéticas. A través de su red Truth, aseguró que Estados Unidos no tenía conocimiento previo del ataque israelí al yacimiento de South Pars y afirmó que no se repetirán acciones contra ese enclave. No obstante, advirtió de que Washington podría intervenir de forma contundente si los activos energéticos de Qatar vuelven a ser objetivo. Además, dejó abierta la posibilidad de atacar la isla iraní de Kharg, principal punto de exportación de crudo del país. La escalada no se limita a estos ataques. Arabia Saudí ha interceptado misiles sobre Riad y drones dirigidos contra instalaciones energéticas en el este del país, mientras que dos refinerías en Kuwait han sido alcanzadas. También Emiratos Árabes Unidos ha suspendido operaciones en su planta de gas de Habshan tras incidentes similares, aunque Baréin ha negado daños en sus infraestructuras. Según expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la tensión en el estrecho de Ormuz impide una resolución rápida del conflicto, y cualquier medida adicional para presionar a Irán podría elevar aún más los precios de la energía. En paralelo, para contener el encarecimiento, Trump ha suspendido temporalmente la Ley Jones, con el objetivo de abaratar el transporte de petróleo y gas en Estados Unidos. Además, el vicepresidente JD Vance y otros altos cargos tienen previsto reunirse con representantes del sector energético para analizar la situación.

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(Cinco Días, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El diésel sube un 29% y la gasolina un 16% en España desde el ataque de Estados Unidos a Irán

El ritmo al que están subiendo los precios de los combustibles debido a la guerra en Oriente Próximo supera incluso al registrado durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022. Y, salvo que la situación en Irán se resuelva de forma rápida, todo apunta a que esta tendencia alcista continuará en las próximas semanas. Actualmente, el precio medio de la gasolina en España se sitúa en 1,709 euros por litro, mientras que el diésel alcanza los 1,837 euros, según el último Boletín Petrolero de la UE, con datos recogidos hasta el lunes. Al tratarse de medias, existen estaciones donde los precios son más altos o más bajos. Esto supone que la gasolina cuesta un 16% más que antes del inicio de los ataques sobre Teherán, y el diésel un 29% más. Estos incrementos superan los registrados en las primeras semanas de la guerra en Ucrania, cuando los precios subieron un 12% y un 20%, respectivamente. A pesar de ello, en términos absolutos, los carburantes aún no han alcanzado los máximos de 2022, cuando en junio la gasolina llegó a 2,141 euros por litro y el diésel a 2,100 euros. Sin embargo, no se descarta que se superen esos niveles, especialmente porque en la actual crisis el petróleo está teniendo un mayor peso en los mercados que el gas natural, aunque ambos hayan subido con fuerza. El barril de crudo ha superado los 110 dólares debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán -una vía clave por la que pasa cerca del 20% del petróleo mundial- y a los ataques sobre infraestructuras energéticas. Medidas como la liberación de reservas estratégicas han evitado, por ahora, subidas aún mayores. No obstante, los expertos coinciden en que cuanto más se prolongue el conflicto, mayor será la presión sobre los precios y, en consecuencia, sobre la inflación. En España, el precio de la gasolina alcanza niveles no vistos desde octubre de 2023, en un contexto marcado también por los recortes de producción de Arabia Saudí y Rusia. En el caso del diésel, hay que remontarse a noviembre de 2022 para encontrar cifras más elevadas. Tradicionalmente, el diésel ha sido más barato que la gasolina, pero esa diferencia ha desaparecido en la actual coyuntura, ya que Europa tiene capacidad excedentaria para producir gasolina, pero depende de importaciones para cubrir su demanda de gasóleo. El encarecimiento es generalizado en toda la Unión Europea, donde los precios medios son superiores a los españoles: 1,838 euros por litro en gasolina y 1,949 en diésel. España se sitúa en una posición intermedia: en 11 países la gasolina es más cara y en 15 más barata. Países Bajos registra el precio más alto (2,262 euros por litro), mientras que Bulgaria presenta el más bajo (1,331 euros). En el caso del diésel, hay 14 países donde el coste es mayor que en España. Con estos precios, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta alrededor de 94 euros en un vehículo de gasolina y algo más de 101 euros en uno diésel. Según el Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), el impacto de estos combustibles en la inflación de marzo será significativo: el diésel aportará 0,57 puntos al IPC y la gasolina 0,32. Si a esto se suma el encarecimiento de la electricidad, que añadirá otros 0,21 puntos, el efecto conjunto sobre la inflación será de aproximadamente 1,1 puntos adicionales en marzo, a falta de considerar otros factores como el comportamiento de los alimentos, cuyos precios siguen mostrando resistencia a bajar. El dato oficial del IPC será publicado por el Instituto Nacional de Estadística el próximo 27 de marzo.

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(El Periódico, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Eurocámara da el primer paso para aprobar el acuerdo comercial con EEUU

La comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo ha aprobado el acuerdo de Turnberry, el pacto alcanzado en julio de 2025 entre la Comisión Europea y Estados Unidos, por el que la UE aceptaría aranceles generales del 15% sin responder con medidas similares, a cambio de que ese porcentaje actúe como límite máximo para las exportaciones europeas. La tramitación del acuerdo se había paralizado tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Groenlandia, pero esta semana ha vuelto a activarse. El texto ha salido adelante con 29 votos a favor, 9 en contra y una abstención, y ahora deberá someterse a votación en el Pleno del Parlamento el próximo 26 de marzo. Este paso forma parte del proceso de ratificación, que aún no ha concluido. Una vez reciba el respaldo del Pleno, el acuerdo deberá seguir el procedimiento legislativo europeo habitual y negociarse con el Consejo, donde están representados los Estados miembros. El presidente de la comisión INTA, el eurodiputado socialista alemán Bernd Lange, ha señalado que el documento busca aportar estabilidad y equilibrio, subrayando que el Parlamento quiere mantener el control del proceso y tener la última palabra en su aplicación. El texto también incorpora una advertencia ante posibles presiones comerciales de Estados Unidos. Los eurodiputados han dejado claro que consideran inaceptable la imposición de aranceles como respuesta a decisiones de política exterior de la UE o de sus países miembros, como ocurrió durante la crisis de Groenlandia o en recientes tensiones con España. En este sentido, han reforzado la cláusula de suspensión: si se aplicaran nuevos aranceles, el Parlamento podría paralizar de inmediato la tramitación de las ventajas comerciales previstas para productos estadounidenses. Además, los legisladores europeos han introducido como condición que Washington reduzca los aranceles sobre productos europeos con bajo contenido en acero o aluminio, pasando del 50% actual al 15% establecido en el acuerdo. Sin embargo, persiste una fuerte desconfianza hacia la administración estadounidense, ya que muchos eurodiputados dudan de que se respete el espíritu del pacto. Por su parte, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha instado a avanzar en la ratificación. Tras un revés judicial que anuló la base legal de los aranceles estadounidenses, Trump volvió a imponerlos recurriendo a otra vía legal que permite aplicar gravámenes temporales, fijándolos en el 10%, aunque posteriormente ha amenazado con elevarlos hasta el 15%. Ante esta posibilidad, el Parlamento Europeo advierte de que un aumento de este tipo podría llevar a un nuevo bloqueo del proceso de aprobación del acuerdo.

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