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(Expansión, 06-05-2026) | Fiscal

El Supremo blinda a Hacienda: perdona sus errores de forma y ya no anulan inspecciones

El Tribunal Supremo ha delimitado con mayor precisión la línea que separa el cumplimiento estricto de los procedimientos formales y la eficacia de la actuación administrativa. En una reciente sentencia, el alto tribunal aborda dos cuestiones habituales en los recursos contra la Agencia Tributaria: la nulidad por fallos procedimentales y la forma de calcular los rendimientos cuando un contribuyente desarrolla varias actividades económicas. El caso tiene su origen en una inspección realizada a un contribuyente de la Comunidad Valenciana que, además de gestionar un estanco, desarrollaba otras actividades como la venta de libros y la explotación de apuestas. El afectado solicitó la nulidad total de las liquidaciones de IRPF e IVA, argumentando que la Administración no le había citado formalmente -indicando lugar y fecha- para firmar las actas de inspección. A su entender, esta omisión suponía la ausencia de un trámite esencial. El Tribunal Supremo, sin embargo, no comparte este criterio. En su razonamiento, recuerda que en el ámbito administrativo no cualquier defecto implica automáticamente la nulidad absoluta. Para que un error formal invalide todo el procedimiento, es necesario que haya generado una verdadera indefensión, es decir, que haya impedido al contribuyente ejercer su derecho de defensa o haya influido en el resultado final. En este supuesto, el tribunal considera que el contribuyente participó en todo el proceso inspector, tuvo la oportunidad de presentar alegaciones y ya había mostrado su desacuerdo con la propuesta de la Administración. Por ello, concluye que la falta de una citación formal no supone un motivo suficiente de nulidad si no afecta al contenido final de la decisión. Con esta interpretación, se pretende evitar que fallos formales sin impacto real se utilicen como vía para eludir obligaciones fiscales. La sentencia también analiza cómo debe calcularse el rendimiento neto en el IRPF cuando un contribuyente realiza varias actividades dentro de un mismo negocio. El recurrente defendía que los ingresos y gastos debían computarse por separado para cada actividad, y que un cálculo conjunto invalidaba la liquidación. El Supremo establece que, aunque lo más adecuado es realizar un cálculo individualizado para mayor claridad, la Administración puede optar por una valoración conjunta siempre que esté debidamente justificada y el resultado sea equivalente al que se obtendría separando las actividades. Lo relevante, según el tribunal, es que el rendimiento final esté correctamente determinado. Si no se demuestra que el método utilizado ha causado un perjuicio económico o ha distorsionado la capacidad contributiva, la liquidación sigue siendo válida. Esta resolución refuerza la posición de los órganos de inspección y, al mismo tiempo, acota las garantías del contribuyente. Al ratificar la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el Supremo subraya que la nulidad de pleno derecho es una medida excepcional, reservada para situaciones graves en las que se comprometa de forma real la legalidad sustantiva. En definitiva, la sentencia consolida el principio de conservación de los actos administrativos. A partir de ahora, tanto asesores fiscales como la propia Administración cuentan con un criterio más claro: el contenido de la decisión prevalece sobre defectos formales que no afecten a su justicia o validez.

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(Expansión, 06-05-2026) | Fiscal

Qué supone que los fondos entren en las asesorías fiscales

El ámbito del asesoramiento fiscal en España, tradicionalmente marcado por un enfoque conservador, fuertes exigencias regulatorias y una cultura centrada en el prestigio personal de los socios, está experimentando una transformación discreta pero profunda. Lo que antes parecía propio de países anglosajones se está convirtiendo en una realidad cada vez más presente en los despachos españoles. El capital privado ha empezado a interesarse por este sector, atraído por las oportunidades de eficiencia en un mercado muy fragmentado. Jesús González Ruiz-Jarabo, socio de fiscalidad internacional de PKF Attest, señala que este fenómeno ha dejado de ser algo excepcional en otros países para convertirse en una tendencia global que ya empieza a hacerse notar en España. Este cambio no solo afecta a la propiedad de los despachos, sino también a la forma en que se prestan los servicios a los clientes. Aunque la normativa española limita la participación de inversores no profesionales en firmas legales, el capital riesgo ha encontrado fórmulas alternativas, como el modelo de las Managed Services Organizations (MSO). Este esquema divide la actividad en dos estructuras. Por un lado, la LegalCo, donde los profesionales mantienen su independencia técnica, su ética y su habilitación profesional. Por otro, la BusinessCo, participada por fondos de inversión, que gestiona aspectos como la tecnología, el marketing, los recursos humanos y la captación de clientes. Este planteamiento permite que los asesores se centren en su labor técnica, pero introduce también criterios de rentabilidad financiera que antes no eran habituales en el sector. La BusinessCo persigue aumentar el valor de la empresa con vistas a una futura venta, apoyándose en la escalabilidad del modelo. El interés de los inversores se dirige especialmente a servicios fiscales recurrentes, como el cumplimiento tributario, las declaraciones periódicas o el asesoramiento técnico más estandarizado. Para que este modelo funcione, se apoyan en varios factores clave. Entre ellos, destaca la profesionalización de la captación de clientes, que deja de depender de las relaciones personales de los socios para apoyarse en estrategias de marca y análisis de datos. También es importante el desarrollo de herramientas propias, como software basado en inteligencia artificial para analizar riesgos fiscales y gestionar grandes volúmenes de información de forma eficiente. Uno de los mayores desafíos es transformar el conocimiento individual en procesos estructurados. En los despachos tradicionales, gran parte del valor reside en la experiencia de determinados profesionales; si estos se marchan, ese conocimiento se pierde. El nuevo modelo busca sistematizar ese saber, reducir la dependencia de personas concretas y aumentar el valor global de la organización. Este proceso está dando lugar a un sector dividido en dos grandes bloques. Por un lado, un entorno más industrializado, donde priman la eficiencia y el coste, adecuado para servicios repetitivos. Por otro, el asesoramiento estratégico, donde siguen siendo esenciales el criterio experto y la confianza, especialmente en operaciones complejas como fusiones, litigios o planificación patrimonial avanzada. En este segundo ámbito, la independencia y el conocimiento técnico siguen siendo elementos diferenciales difíciles de replicar en estructuras más estandarizadas. Otro punto delicado es la gestión de los socios con gran capacidad para generar negocio. Los fondos de inversión suelen trabajar con horizontes temporales relativamente cortos, mientras que la reputación de un despacho se construye a lo largo de muchos años. Esto genera una tensión entre los objetivos financieros a corto plazo y la construcción de valor a largo plazo. El éxito de estos modelos dependerá no solo de la inversión, sino también de la capacidad para mantener la autonomía profesional de los asesores. Encontrar el equilibrio entre la lógica financiera y la reputación será clave. El cambio ya está en marcha. Los clientes son cada vez menos propensos a pagar honorarios elevados por tareas que consideran rutinarias. Por ello, los despachos deben identificar qué partes de su actividad pueden estandarizar sin perder calidad. El futuro parece inclinarse hacia modelos híbridos, que combinen el uso de tecnología y estructuras empresariales eficientes con la capacidad de ofrecer asesoramiento estratégico en momentos clave. En definitiva, el valor seguirá estando en la capacidad de comprender el negocio del cliente y aportar experiencia. Esa dimensión, al menos por ahora, no puede ser completamente sustituida por la automatización ni por el capital financiero.

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(El Economista, 06-05-2026) | Fiscal

La justicia impone el valor de referencia para tributar la compra de viviendas baratas en subastas

La justicia ha respaldado la utilización del valor de referencia catastral -más próximo al precio de mercado- para calcular los impuestos en la compra de viviendas adquiridas a bajo precio en subastas, pese al mayor coste fiscal que esto puede suponer en este tipo de operaciones. Los inmuebles subastados suelen venderse con rebajas que oscilan entre el 20% y el 50%. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado en una reciente sentencia que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales debe calcularse tomando como base el valor de referencia del inmueble, y no el precio real pagado. En el caso analizado, con fecha 24 de abril, el tribunal obliga a una pareja que adquirió una vivienda por 116.700 euros en subasta a tributar por un valor de referencia de 163.900 euros. Los compradores recurrieron alegando que este sistema vulneraba el principio de capacidad económica. Sin embargo, el tribunal gallego se apoya en una sentencia previa del Tribunal Constitucional, de 12 de febrero, que avala este método de valoración fijado por la Dirección General del Catastro. Según esta doctrina, cuando existe un valor de referencia, este debe prevalecer sobre el precio de adjudicación. La resolución recuerda que, desde la entrada en vigor en enero de 2022 de este sistema de referencia, se aplica a todo tipo de adquisiciones de inmuebles: subastas administrativas (por deudas con Hacienda o la Seguridad Social), judiciales (derivadas de ejecuciones hipotecarias o embargos), notariales (de carácter voluntario) y también compraventas privadas, como las realizadas por bancos o empresas. El valor de referencia solo se sustituye si el precio declarado o el valor de mercado es superior. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia señala que el Tribunal Constitucional ya estableció que el legislador dispone de un amplio margen para definir cómo se determina la base imponible de un impuesto, pudiendo utilizar métodos que no reflejen con exactitud la capacidad económica real, sino estimaciones basadas en valores medios o potenciales. En este sentido, la Ley contra el fraude fiscal de 2021 optó por el valor de referencia en lugar del precio real de la operación para evitar que la tributación dependiera de lo que acuerden las partes y para reducir los conflictos entre contribuyentes y la Administración sobre la valoración de los inmuebles. El Tribunal Constitucional consideró que la compra de un inmueble es en sí misma una manifestación de capacidad económica, y que el uso de un sistema objetivo como el valor de referencia es legítimo desde el punto de vista constitucional, siempre que respete este principio. Asimismo, señaló que se trata de un sistema razonable, basado en valores cercanos al mercado, y que además permite al contribuyente acudir a métodos de valoración directa si considera que la referencia no se ajusta a la realidad. Siguiendo esta línea, el tribunal gallego explica que el Catastro fija estos valores a partir de datos de compraventas facilitados por los notarios, sin llegar a equipararse exactamente al precio de mercado. También recuerda que los contribuyentes pueden impugnar el valor de referencia, aunque deben aportar pruebas que demuestren posibles errores o incoherencias en la valoración.

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(Cinco Días, 06-05-2026) | Laboral

El seguro pacta un nuevo convenio colectivo para sus 75.000 trabajadores hasta 2028

El sector asegurador ha alcanzado un acuerdo para renovar su marco laboral durante los próximos años. Las organizaciones empresariales -Unespa (aseguradoras y reaseguradoras), AMAT (mutuas de accidentes de trabajo), Asecore (corredurías de reaseguro) y CEM (mutualidades de previsión social, como las de abogados o procuradores)- han firmado junto a los sindicatos CC OO y UGT un nuevo convenio colectivo que afectará a unos 75.000 trabajadores. Este incluye una subida salarial del 3,5% para 2025, con efectos retroactivos. El acuerdo establece las bases de las relaciones laborales en el sector para un periodo de cuatro años. Para los ejercicios comprendidos entre 2026 y 2028, las revisiones salariales se regirán por el sistema habitual, vinculado a la evolución del PIB y ajustado por el IPC. Ya en febrero, CC OO adelantó un preacuerdo que estimaba un incremento total cercano al 14% en ese periodo. Como novedad, se han afinado los criterios de cálculo de estas subidas, incorporando más tramos en los indicadores para lograr que el resultado sea más flexible y refleje mejor las variaciones económicas durante la vigencia del convenio. En materia salarial, se fija una retribución mínima global para los próximos años de entre 18.000 y 20.000 euros. Además, desaparece el nivel profesional más bajo -el nivel 9- al haber quedado desfasado por las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional. El complemento de comida también se incrementará de forma progresiva, pasando de 11,30 euros diarios en 2025 a 13 euros en 2027 y 2028. En cuanto a la previsión social, las empresas deberán aumentar su aportación al seguro de aportación definida, similar a un plan de pensiones, que crecerá desde el 1,9% del salario en 2025 hasta el 2,5% en 2027. El convenio introduce además nuevas medidas de conciliación. Se crea un permiso específico para trabajadores con hijos con una discapacidad superior al 33%, que les permitirá asistir a tres reuniones escolares o tutorías durante el curso. Asimismo, dentro del permiso anual de 24 horas para asuntos propios, se habilita la posibilidad de utilizar 16 horas como tiempo retribuido y no recuperable para acudir a consultas médicas propias. También se contempla que las personas en tratamiento oncológico que puedan seguir trabajando tengan la opción de hacerlo en modalidad de teletrabajo, facilitando así la compatibilidad con sus cuidados médicos. Por último, el texto incorpora otras novedades relevantes, como la adaptación a la normativa europea sobre inteligencia artificial y la inclusión de medidas orientadas a garantizar la igualdad y evitar la discriminación del colectivo LGTBI, junto con un protocolo específico de actuación.

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(El País, 06-05-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba 27.232 nuevas plazas de empleo público para la Administración central, una oferta similar a la de 2025

El Gobierno ha dado luz verde este martes, en el Consejo de Ministros, a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que contempla 27.232 nuevas plazas para la Administración General del Estado (AGE). De ellas, 20.541 corresponden al turno libre y 6.345 a promoción interna. Si se añaden las 9.785 plazas ya previstas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, el total supera ligeramente las 37.000, según explicó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, tras la reunión del Ejecutivo. En conjunto, la cifra es algo superior a la de 2025 (36.588 plazas), aunque se queda unos 3.000 puestos por debajo del máximo alcanzado en 2024, cuando se superaron las 40.000. Los sindicatos del ámbito público -CCOO, UGT y CSIF- ya han mostrado su rechazo a esta oferta y prevén no apoyarla por segundo año consecutivo. Por un lado, critican no haber conocido los detalles hasta el mismo día de su aprobación, lo que consideran una falta de transparencia y de diálogo. Por otro, consideran insuficiente el volumen de plazas, ya que el Gobierno ya había anticipado que sería similar al del año anterior, algo que, a su juicio, no permite generar el empleo neto necesario en la Administración. Según indicó López, una de las principales novedades de la OEP de 2026 es su enfoque en la digitalización de los servicios públicos. En este sentido, se incluyen 1.700 plazas para especialistas en tecnologías de la información, un 42% más que en la convocatoria anterior. Además, por primera vez se organizarán procesos selectivos por especialidades dentro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, con el objetivo de incorporar perfiles en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos. El ministro destacó que el uso de servicios digitales públicos en España supera la media europea (83% frente a 75%) y que el país se sitúa siete puntos por encima en digitalización de la Administración, según datos de la Comisión Europea. Aun así, el Ejecutivo pretende incrementar en un 25% los trámites digitales. "Queremos trasladar al sector privado que la digitalización servirá para transformar el empleo, no para destruirlo", afirmó. Como ejemplo, López subrayó que esta oferta permitirá crear unos 6.200 empleos netos en la Administración central, es decir, más incorporaciones que salidas. No obstante, esta cifra apenas mejora en unos 800 puestos la del año anterior (5.400), lo que también ha contribuido al rechazo sindical, que reclama un mayor refuerzo de las plantillas. Otra de las novedades es la inclusión de 346 plazas dentro de una oferta extraordinaria destinada a afrontar retos relacionados con la emergencia climática, con perfiles como meteorólogos, ingenieros de montes o especialistas forestales. Desde Función Pública se ha señalado que la planificación de esta oferta responde a tres grandes prioridades: avanzar en la digitalización, mejorar los servicios esenciales y reforzar áreas estratégicas. Según el ministerio, se busca dar respuesta inmediata a necesidades urgentes derivadas del contexto político, económico y medioambiental. Sin embargo, los sindicatos han criticado que no se haya contemplado una oferta extraordinaria para reforzar los servicios encargados de la regularización de inmigrantes, un ámbito en el que, según denuncian, ya se están produciendo retrasos y problemas por falta de personal suficiente.

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(El Economista, 06-05-2026) | Laboral

Junts propone que los autónomos accedan al "paro" automáticamente al cerrar su negocio

Junts ha optado por liderar en el Congreso las reivindicaciones de los trabajadores autónomos. Así lo ha evidenciado en las últimas semanas su portavoz, Míriam Nogueras, al supeditar el respaldo de su grupo a las iniciativas del Gobierno a que se atiendan las demandas de este colectivo. Además, la formación ha presentado una proposición de ley en la Cámara Baja para reformar el RETA y corregir algunos de los problemas más señalados, especialmente los relacionados con el cese de actividad. Existe un consenso general entre el Gobierno, los agentes sociales y los partidos políticos sobre la necesidad de reformar el llamado "paro de los autónomos", ya que más del 60% de las solicitudes son denegadas. Aunque la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, anunció su intención de abordar esta cuestión al asumir el cargo, todavía no se ha materializado ninguna reforma, lo que ha llevado a Junts a impulsar cambios desde el Parlamento. Entre sus propuestas, destaca la concesión automática de la prestación por cese de actividad a aquellos autónomos que cierren definitivamente su negocio y se den de baja en el censo de empresarios. También plantea flexibilizar los requisitos para acreditar causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que impidan continuar con la actividad. Por ejemplo, propone reducir del 60% al 50% el recorte de jornada exigido a los trabajadores o bajar del 75% al 65% la caída de ingresos necesaria para justificar la solicitud. En el ámbito de la protección social, Junts defiende que los autónomos puedan acceder al subsidio para mayores de 52 años, una ayuda actualmente reservada a trabajadores asalariados que han agotado el paro o no han cotizado lo suficiente. Esta reivindicación cuenta con el respaldo de organizaciones como ATA, UPTA y UATAE. De hecho, ya fue planteada por la CEOE durante la negociación de la reforma del subsidio por desempleo en 2023, aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, rechazó nuevamente esta posibilidad en noviembre de 2025. Desde el Gobierno se insiste en que los autónomos no tienen acceso a este tipo de subsidios porque su situación laboral es distinta a la de los asalariados. Mientras tanto, las asociaciones del sector siguen vinculando esta demanda a la mejora del sistema de cese de actividad en sus conversaciones con la Seguridad Social, aunque el Ejecutivo recuerda que esta prestación depende del Ministerio de Trabajo. La iniciativa de Junts también aborda las dificultades en la implantación del sistema de cotización por ingresos reales, cuyo desarrollo se ha paralizado en 2026 por desacuerdos en la mesa de negociación. Como alternativa, el partido propone que sean los Presupuestos Generales del Estado los que establezcan cada año las bases de cotización, tanto en su modalidad general como reducida, dentro del RETA. Asimismo, plantea aumentar del 7% al 9% la deducción aplicable a los rendimientos por gastos generales. En el caso de autónomos con funciones de dirección o que posean más de la mitad del negocio junto a familiares, propone elevar esta deducción del 3% al 5%.

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(El Economista, 06-05-2026) | Laboral

Yolanda Díaz pide la creación de un fondo que financie bajas de autónomos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió este martes la necesidad de abordar la "reforma pendiente" del trabajo autónomo, que incluiría ajustes fiscales como la aplicación del régimen de IVA franquiciado. Este sistema permitiría eximir de este impuesto a autónomos y pequeñas empresas con una facturación inferior a 85.000 euros al año. Durante la clausura del VII Foro ATA de Emprendedores y Autónomos, Díaz también planteó sustituir el actual modelo trimestral por una declaración anual del IRPF para los autónomos, con el objetivo de reducir tanto las cargas administrativas como el malestar que genera el sistema vigente. Según explicó, no se trata de un cambio profundo en la fiscalidad, pero sí supondría una mejora en las condiciones de trabajo del colectivo. En el ámbito de su ministerio, anunció que en la próxima conferencia sectorial de empleo propondrá a las comunidades autónomas medidas para fomentar el relevo generacional en negocios de autónomos que se jubilen. Para ello, se destinarán 15 millones de euros en el primer año, en un contexto en el que cerca de 600.000 trabajadores por cuenta propia se aproximan a la jubilación. Además, el Ministerio estudia incrementar en un 30% los fondos destinados a políticas activas de empleo para aquellas comunidades que impulsen este relevo, porcentaje que podría elevarse al 40% si la persona que toma el relevo es mujer. A esto se añadiría un 10% adicional en el caso de actuaciones en municipios de menos de 2.000 habitantes, con el fin de mantener la actividad económica en zonas despobladas. Díaz también apuntó la posibilidad de crear un fondo mixto, público-privado, similar a los existentes en países nórdicos, para financiar situaciones como bajas laborales, permisos, conciliación o cuidados en el caso de los autónomos. Asimismo, mencionó la futura puesta en marcha de una agencia pública de inversión específica para este colectivo, con líneas de financiación adaptadas, así como medidas para garantizar costes energéticos más competitivos, ayudas para renovar equipos o vehículos, acciones contra la morosidad y una reforma de la ley de segunda oportunidad que contemple un procedimiento propio para autónomos, similar al concurso de acreedores.

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(La Vanguardia, 06-05-2026) | Laboral

El empleo supera por primera vez los 22,1 millones de afiliados

La campaña de Semana Santa ha vuelto a impulsar el empleo esta primavera, pese a la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Próximo. Al celebrarse este año entre el 29 de marzo y el 5 de abril, el grueso de la actividad se concentró en abril, lo que favoreció un aumento de 223.685 afiliados a la Seguridad Social y una reducción de 62.668 personas en paro registradas en el SEPE, especialmente en sectores como la hostelería y el comercio. Gracias a este empuje, el número total de cotizantes ha superado por primera vez los 22 millones, situándose en 22,1 millones, mientras que el desempleo ha bajado hasta 2.357.044 personas, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008. Este buen comportamiento llega tras un mes de marzo que ya marcó un récord en creación de empleo, con 211.510 nuevos afiliados respecto a febrero, impulsado en parte por las contrataciones previas a Semana Santa. Todo ello ocurrió en un contexto en el que ya comenzaban a notarse los efectos de la guerra en Irán, tanto en los precios como en la incertidumbre económica. Sin embargo, estos datos positivos contrastan con los resultados del primer trimestre recogidos en la Encuesta de Población Activa (EPA), que mostraron un inicio de año débil para el empleo: la tasa de paro subió hasta el 10,83% y se destruyeron el doble de puestos de trabajo que en el mismo periodo del año anterior. Aun así, se trata de indicadores distintos, ya que uno se basa en registros administrativos y el otro en una encuesta. Tras esos datos negativos, los analistas apuntaban a la necesidad de esperar a los siguientes meses para determinar si se trataba de un deterioro estructural o de un efecto estacional, habitual en los primeros trimestres y agravado este año por la situación internacional. Los datos conocidos ahora indican que el mercado laboral ha resistido en abril, aunque con cierta moderación respecto a años anteriores. En términos desestacionalizados, el aumento fue de 41.753 afiliados y el paro bajó en 11.256 personas. Además, la Seguridad Social acumula ya 63 meses consecutivos de crecimiento, y el desempleo descendió en todos los sectores y comunidades autónomas. Durante algunos días del mes, entre el 27 y el 29 de abril, se superaron incluso los 22,2 millones de afiliados. No obstante, al cierre del mes se registró un repunte de bajas: más de 170.000 afiliaciones se dieron de baja el último día, lo que refleja una elevada rotación en el empleo. En cuanto a la participación de trabajadores extranjeros, no se han destacado aún efectos del reciente proceso de regularización iniciado el 16 de abril, aunque la contratación de este colectivo sigue siendo elevada: en abril se sumaron 96.684 afiliados extranjeros, lo que supone que cuatro de cada diez nuevos empleos fueron ocupados por ellos. El peso de la Semana Santa se aprecia claramente en la distribución sectorial del empleo: más de la mitad de las nuevas afiliaciones se concentraron en la hostelería (115.284 más) y el comercio (casi 15.000). También destacaron las actividades administrativas (más de 16.000 empleos), la construcción (11.353) y la sanidad (8.701). En cambio, el sector educativo registró una ligera caída de unos 1.200 trabajadores, algo poco habitual. Por su parte, el número de autónomos alcanzó un máximo histórico de 3.444.973, con un incremento de 15.439 respecto a marzo y de 42.775 en el último año. Sin embargo, se observaron descensos en el transporte (1.611 menos) y en las actividades científicas y técnicas (2.710 menos), posiblemente relacionados con el encarecimiento del combustible. En cuanto a la contratación, el número total de contratos cayó un 4% respecto a marzo. Los contratos indefinidos descendieron un 6%, mientras que los temporales lo hicieron un 3%. En términos interanuales, ambos tipos aumentaron: un 7% los indefinidos y un 13% los temporales. El peso de los contratos fijos bajó ligeramente, hasta el 43% del total. Dentro de estos, predominaron los indefinidos a tiempo completo, aunque disminuyeron respecto al mes anterior. La única modalidad que creció fue la de los fijos discontinuos, que aumentaron un 4%.

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(El Periódico, 06-05-2026) | Laboral

El Tribunal de Cuentas detecta 2.389 millones de fondos europeos destinados a pagar pensiones

El Tribunal de Cuentas ha dado su visto bueno a la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024, aunque ha señalado algunas irregularidades. Entre ellas, destaca el uso de fondos europeos no utilizados para cubrir gastos como pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos, por un total de 2.389,4 millones de euros. Estos recursos se destinaron a ese fin al considerar que no ponían en riesgo ni el cumplimiento del plan de recuperación ni la capacidad de absorción de los fondos del mecanismo europeo. No obstante, el Tribunal entiende que esta decisión debería haberse sustentado en una justificación jurídica más sólida. Según el organismo, esta situación es en parte consecuencia de la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado para 2024, lo que obligó a realizar ajustes presupuestarios para hacer frente a un gasto adicional de 77.341,9 millones de euros. De no haber sido por el buen comportamiento de los ingresos, este incremento se habría financiado principalmente mediante deuda pública. El informe también subraya que la Seguridad Social acumula por octavo año consecutivo un patrimonio neto negativo, que a finales de 2024 alcanzaba los 106.138,7 millones de euros. Este desequilibrio se sostiene fundamentalmente gracias a préstamos del Estado, cuyo volumen total ascendía ese año a 126.170,2 millones, equivalentes al 7,91% del PIB. El Tribunal viene alertando de esta situación desde hace tiempo y considera necesario adoptar medidas que aseguren la viabilidad financiera del sistema a medio y largo plazo. Por último, el órgano fiscalizador pone de relieve la existencia de un déficit estructural significativo en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes -las bajas por enfermedad común- en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que alcanza los 2.677,3 millones de euros.

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(El Confidencial, 06-05-2026) | Laboral

Solo el 2,3% de los parados de marzo usaron el complemento de apoyo al empleo para compaginar el desempleo con un salario

España arrastra un problema estructural de desempleo incluso en fases de crecimiento económico. En el primer trimestre de 2026, el número de parados se situó en 2,7 millones, de los cuales un 35% llevaba en esa situación durante largos periodos. Además, la tasa de paro apenas desciende del 10% incluso en los momentos más favorables del ciclo, pese al dinamismo del mercado laboral tras la pandemia. La última reforma impulsada en 2024 para abordar esta situación -y vinculada a la recepción de fondos europeos- no ha dado los resultados esperados, según reconocen fuentes internas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La medida principal de esta reforma, el complemento de apoyo al empleo (CAE), no ha conseguido aumentar de forma significativa el número de desempleados que compatibilizan el cobro de prestaciones con la incorporación a un trabajo. Ante esta situación, el SEPE ha solicitado asesoramiento a la OCDE y a la Comisión Europea para analizar posibles mejoras. Tras varios encuentros en los que han participado el Ministerio de Trabajo, el propio SEPE y los agentes sociales, la OCDE prevé publicar un informe con recomendaciones entre octubre y noviembre, momento en el que el Gobierno valorará si introduce cambios. La aprobación de una nueva reforma no será sencilla, dado el complicado equilibrio político necesario en el Congreso y dentro del propio Ejecutivo. El acuerdo alcanzado en 2024, tras tensiones entre los ministerios de Economía y Trabajo, incluyó la puesta en marcha del CAE, el aumento de las cuantías del subsidio -aunque de forma decreciente- y la ampliación de la cobertura a colectivos antes excluidos. El CAE permite compatibilizar el cobro de prestaciones o subsidios con un empleo, tanto a tiempo completo como parcial, con el objetivo de evitar que los beneficiarios rechacen ofertas laborales. Sin embargo, su diseño presenta limitaciones. Solo puede aplicarse a partir del décimo mes de prestación contributiva -si esta supera el año-, cuando precisamente la reincorporación al mercado laboral ya resulta más difícil. Antes de la reforma, esta compatibilidad solo existía para quienes cobraban subsidios y trabajaban a tiempo parcial. Además, la cuantía del complemento -calculada en función del IPREM, congelado desde 2023- es decreciente y tiene una duración máxima de 180 días. A esto se suma que cada día en el que se utiliza el complemento resta un día de derecho a prestación, lo que reduce su atractivo. Estas condiciones generan varios problemas. Por un lado, el retraso en su aplicación limita su eficacia. Por otro, en muchos casos la suma del salario y el complemento resulta inferior a la prestación, lo que, unido a la pérdida de días de derecho, desincentiva la aceptación de empleo. La OCDE ya había advertido en un informe de noviembre de 2025 de la necesidad de reformar el sistema de subsidios, especialmente en el caso de los mayores de 52 años, que pueden percibir ayudas de forma indefinida hasta la jubilación y cotizan por encima de lo que lo harían en empleos de bajos salarios. Entre sus recomendaciones figuraban restringir estas condiciones, endurecer los requisitos de acceso, acortar la duración de las ayudas y reforzar la obligación de búsqueda activa de empleo. A la espera del informe definitivo, se manejan algunas propuestas preliminares, como reducir la duración de los subsidios pero aumentar su cuantía mensual para facilitar la transición al empleo. También se estudian modelos aplicados en países como Francia, Países Bajos o Noruega. No obstante, los sindicatos rechazan medidas que penalicen a quienes no acepten ofertas laborales mientras las políticas activas de empleo sigan siendo poco eficaces, ya que los servicios públicos apenas logran insertar a los desempleados. Los datos más recientes reflejan el escaso impacto del CAE. En marzo de 2026, solo el 2,3% de los beneficiarios de prestaciones compatibilizaban el cobro con un empleo, frente al máximo del 5% alcanzado en noviembre de 2025. Desde su puesta en marcha a finales de 2024, apenas 40.857 personas han utilizado este complemento, frente a una media de 1,65 millones de perceptores de prestaciones. La mayoría de quienes lo utilizan pertenecen al nivel asistencial, donde las ayudas mensuales -entre 480 y 570 euros- hacen más necesario complementar ingresos.

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