(El País, 30-03-2026) | Fiscal

Bruselas advierte a las capitales que tienen “menos margen fiscal” para responder que en crisis anteriores

La Comisión Europea observa cómo varios países de la UE están poniendo en marcha medidas para mitigar el encarecimiento de los combustibles provocado por el conflicto en Oriente Próximo, pero advierte de que su margen de actuación es ahora más reducido debido a crisis anteriores y al incremento del gasto en defensa. Así lo ha señalado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la reunión telemática mantenida este viernes con los ministros de Finanzas de la eurozona. El comisario también ha reconocido que el contexto económico se está deteriorando y ha alertado del riesgo de entrar en un escenario de "estanflación", caracterizado por bajo crecimiento y alta inflación. En ese caso, las estimaciones de Bruselas apuntan a una reducción del crecimiento de unas cuatro décimas respecto a las previsiones del pasado otoño, que situaban el aumento del PIB de la UE en el 1,4%. Esta caída podría ampliarse hasta seis décimas entre este año y el próximo si las tensiones en el estrecho de Ormuz se agravan y se prolongan. Dombrovskis ha subrayado que cualquier medida para proteger a la economía y a los ciudadanos debe cumplir ciertos criterios: ser selectiva, temporal, no incentivar el consumo de petróleo y gas, y estar alineada con los objetivos de descarbonización. Además, ha advertido de que estas políticas pueden tener un impacto significativo en las cuentas públicas. La preocupación de Bruselas se basa en los elevados niveles de deuda acumulados tras la crisis financiera, la pandemia y el episodio inflacionista reciente. Actualmente, la deuda pública se sitúa en torno al 82% del PIB en la UE y alcanza el 88,5% en la eurozona, con grandes diferencias entre países: Grecia supera el 150%, Italia ronda el 140%, Francia se sitúa en torno al 115% y España supera el 100%. A ello se suma que la prioridad fiscal actual pasa por el aumento del gasto en defensa -con 15 países con las reglas fiscales suspendidas por este motivo- y por las inversiones en transición digital y energética. La reunión del Eurogrupo, inicialmente prevista en Chipre, se celebró finalmente de forma telemática tras el inicio del conflicto y el lanzamiento de misiles por parte de Irán contra una base británica en la isla. Este contexto ha centrado el encuentro, que ha servido para coordinar posiciones entre los Estados miembros y la Comisión, que está preparando una guía de actuación común. Sin embargo, algunos países como España, Portugal o Grecia consideran que estas orientaciones llegan tarde, ya que ya han adoptado medidas propias; en el caso español, con un coste estimado de 5.000 millones de euros. Durante la reunión, el comisario incidió en el deterioro de las perspectivas económicas, aunque matizó que las cifras presentadas son más bien un ejercicio orientativo para medir el posible impacto del conflicto. Este escenario contrasta con el caso de España, donde el Banco de España ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento gracias al efecto de las medidas adoptadas, aunque también advierte de riesgos si la guerra se prolonga. Las previsiones de la Comisión parten de un precio del petróleo en torno a los 100 dólares en las últimas semanas. No obstante, Dombrovskis recalcó que el impacto final dependerá de la duración e intensidad del conflicto. En este contexto, la UE podría registrar un crecimiento menor y una inflación superior a la prevista inicialmente, que era del 2,1%, pudiendo incrementarse en aproximadamente un punto porcentual. La situación podría empeorar si persisten los problemas en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de petróleo y gas. En ese caso, el impacto negativo sobre la economía sería mayor, con una posible reducción adicional del crecimiento de hasta seis décimas en 2026 y 2027 respecto a las previsiones anteriores. Las nuevas previsiones oficiales de la Comisión se presentarán el 21 de mayo, aunque no se descarta que, si el conflicto continúa o se intensifica, los datos sean aún más negativos. Dombrovskis concluyó advirtiendo de que existen otros factores que podrían amplificar los efectos adversos de la crisis.

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(El Economista, 30-03-2026) | Fiscal

La nueva factura electrónica para pymes y autónomos arrancará el 1 de julio de 2027

El Ministerio de Economía calcula que la obligación de emitir facturas electrónicas para pymes y autónomos entrará en vigor el 1 de julio de 2027 para quienes facturen más de 8 millones de euros, y un año después, el 1 de julio de 2028, para aquellos con ingresos inferiores a esa cifra. Esta exigencia afectará a las operaciones entre empresas y profesionales dentro de España. Por ejemplo, un autónomo con un bar podrá seguir entregando tiques en papel a sus clientes particulares, pero deberá emitir facturas electrónicas cuando facture a proveedores que sean empresas. El Consejo de Ministros ya ha aprobado el real decreto que regula este sistema, aunque su aplicación efectiva dependerá de una orden ministerial de Hacienda que pondrá en marcha la solución tecnológica. Esta norma entrará en vigor un año después de su aprobación: primero para las empresas con mayor facturación y, posteriormente, para el resto. Si el objetivo es comenzar en julio de 2027, dicha orden debería aprobarse en torno a julio de este año. Según explica Èlia Urgell, responsable de producto en Wolters Kluwer Tax & Accounting España, los negocios afectados necesitarán un programa informático para emitir facturas electrónicas. Aunque se admitirán varios formatos, el más extendido será el UBL (Lenguaje Empresarial Universal), ya que será el que acepte la plataforma de la Agencia Tributaria. La solución pública que desarrollará Hacienda tendrá tres funciones principales: permitirá a pequeños negocios (con menos de 100 facturas anuales) generar facturas directamente; actuará como canal de intercambio de información entre sistemas; y servirá como archivo centralizado de todas las facturas. Muchas empresas optarán por utilizar esta plataforma pública porque cumple con todos los requisitos legales, aunque también podrán recurrir a soluciones privadas que ofrezcan servicios adicionales, como la gestión de albaranes. En este caso, deberán enviar una copia de la factura a la Agencia Tributaria con firma electrónica, mientras que en la plataforma pública bastará con identificarse mediante certificado digital. A diferencia de otras iniciativas como Verifactu, esta normativa obligará incluso a quienes actualmente utilizan herramientas básicas como Word o Excel a adoptar un software específico, ya que las facturas deberán emitirse en formato UBL. Una vez enviada la factura, el destinatario podrá consultarla desde la plataforma pública o a través de su propio sistema si está conectado. Después, deberá aceptarla o rechazarla. Si la acepta, tendrá que comunicar el pago en un plazo de cuatro días tras abonarla. Este proceso permitirá a la Administración controlar la morosidad y los plazos de pago. En el caso de plataformas privadas, también se podrán notificar pagos parciales. La implantación de la factura electrónica coincidirá en el tiempo con Verifactu, que obliga a empresas y autónomos a contar con un software que registre las facturas emitidas y, en algunos casos, las envíe automáticamente a Hacienda. Esta obligación comenzará el 1 de enero de 2027 para empresas y el 1 de julio del mismo año para autónomos. Por ello, se considera clave que los programas informáticos integren ambas funcionalidades, ya que de lo contrario la gestión se complicaría, especialmente en casos de facturas rechazadas que deban ser corregidas o anuladas.

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(El Economista, 30-03-2026) | Fiscal

El Supremo tumba los registros de Hacienda por ocultar a los contribuyentes que pueden negarse

El Tribunal Supremo ha asestado un importante revés a los procedimientos de registro de Hacienda. El alto tribunal determina que la Agencia Tributaria no puede dar por válido el consentimiento de un contribuyente para acceder a un domicilio constitucionalmente protegido -ya sea de una persona física o de una empresa- si en la información que se le facilita no se indica de forma expresa su derecho a oponerse o a retirar ese consentimiento. De acuerdo con la Constitución, para entrar en este tipo de domicilios es imprescindible contar con la autorización del titular o con una orden judicial. La sentencia, fechada el 12 de marzo y elaborada por el magistrado Francisco José Navarro Sanchís, anula tanto la liquidación como la sanción impuestas por Hacienda, al considerar que las pruebas obtenidas durante el registro no son válidas. El motivo es que el consentimiento del representante de la empresa estaba condicionado o no fue plenamente informado. En el momento de la inspección, los funcionarios entregaron un documento informativo en el que se indicaba como una obligación -y no como un derecho- que el contribuyente debía permitir la entrada. En dicho anexo se mencionaba que, si el lugar estaba protegido constitucionalmente, sería necesario el consentimiento o, en su defecto, autorización judicial. Sin embargo, el Supremo concluye que ese documento no cumple con la exigencia legal de informar claramente al titular sobre su derecho a impedir el acceso o a revocar su autorización en cualquier momento. Así, el tribunal establece que no basta con entregar un documento genérico sobre la normativa aplicable: para que el consentimiento sea válido, debe quedar claramente reflejado que el contribuyente puede negarse a la entrada o retirar su permiso en cualquier momento.

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(La Vanguardia, 30-03-2026) | Fiscal

El Gobierno vigila los precios en 12.700 gasolineras tras bajar impuestos

El vicepresidente primero y ministro de Economía ha señalado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispone de mecanismos para requerir a las gasolineras información detallada sobre sus costes. En plena operación salida de Semana Santa, el Ejecutivo ha puesto el foco en las cerca de 12.700 estaciones de servicio distribuidas por toda España. Una de las principales preocupaciones tras la aprobación del primer paquete de ayudas para paliar los efectos del conflicto en Irán era asegurar que la rebaja fiscal aplicada a los carburantes se reflejara realmente en el precio final al consumidor. En una entrevista publicada por La Vanguardia, el ministro Carlos Cuerpo explica que se está realizando un seguimiento de los precios en miles de gasolineras con el objetivo de evitar que las distribuidoras absorban el efecto de la reducción de impuestos. Conviene recordar que el IVA de la gasolina y el gasóleo se ha reducido del 21% al 10%, lo que supone un ahorro aproximado de entre 23 y 30 céntimos por litro, es decir, unos 20 euros menos por depósito en un vehículo medio. Según el ministro, esta rebaja ya se percibe en la mayoría de estaciones, ya que alrededor del 90% han bajado sus precios respecto al día anterior a la publicación del decreto en el BOE. No obstante, Cuerpo matiza que este análisis debe tener en cuenta factores como los márgenes de refino y la evolución del precio del crudo en los mercados internacionales. Asimismo, destaca que se han reforzado las competencias de la CNMC para que pueda solicitar más datos sobre costes y realizar un examen detallado de cada estación de servicio. Por otro lado, el vicepresidente también se ha referido a la situación en Indra, señalando que las decisiones sobre su dirección corresponden exclusivamente a sus órganos de gobierno. Con cautela, subraya que este tipo de cuestiones deben resolverse internamente, sin entrar a valorar polémicas recientes relacionadas con posibles conflictos de interés o movimientos dentro de la compañía. Finalmente, Cuerpo ha manifestado su confianza en el crecimiento no solo de Indra, sino del conjunto del sector de defensa. En este sentido, ha recordado el plan anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que contempla una inversión superior a los 10.000 millones de euros. Además, ha destacado que el 80% de estos fondos se destinará a empresas españolas y hasta el 90% a compañías europeas, lo que contribuirá a impulsar el desarrollo del sector.

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(Expansión, 30-03-2026) | Laboral

Las reformas laborales y la burocracia, los principales obstáculos para la contratación

Entre las iniciativas con mayor repercusión destacan la ampliación de los permisos para el cuidado de menores, la propuesta de reducir la jornada laboral y la modificación del sistema de registro horario digital. Las numerosas reformas laborales impulsadas por el Gobierno en los últimos años, junto con el aumento de trámites administrativos necesarios para cumplirlas, se han convertido en el principal escollo para las empresas a la hora de gestionar la contratación. Aunque el tejido empresarial ha demostrado solidez en la creación de empleo -alcanzando cifras récord como los 24,5 millones de ocupados en el cuarto trimestre de 2025, según el INE-, muchos empresarios consideran que las medidas del Ejecutivo están dificultando este proceso. De acuerdo con el International Business Report (IBR) de Grant Thornton, basado en una encuesta a más de 400 empresas españolas de tamaño medio (entre 50 y 3.000 empleados), la regulación y la burocracia se consolidan como uno de los principales problemas estructurales. Un 57% de los encuestados cree que las últimas reformas han perjudicado la contratación, mientras que un 36% opina que no han tenido impacto. Las empresas no señalan una única medida como responsable, sino el efecto conjunto de varias reformas que elevan la complejidad operativa y los costes laborales. Entre ellas destacan la ampliación de los permisos por cuidado de hijos, la reducción de jornada planteada y la reforma del control horario digital. Esta última se encuentra en la fase final de aprobación, y el Ministerio de Trabajo prevé implantarla próximamente, pese a las reticencias de las organizaciones empresariales, del Consejo de Estado y del Ministerio de Economía. Este último aboga por una aplicación más gradual que permita a las pymes adaptarse con mayor facilidad. En cuanto a la inversión, el 64,3% de las medianas empresas españolas planea aumentar su gasto en tecnología, una cifra superior a la media de la Unión Europea (62,4%), aunque aún por debajo del promedio global (67%). La inteligencia artificial destaca como el principal foco de inversión: seis de cada diez empresas prevén destinar más recursos a este ámbito. Además, un 43% invertirá en software y ciberseguridad, y un 37% en tecnología avanzada, lo que refleja el papel clave de la digitalización en la competitividad empresarial. En otras áreas, la inversión en instalaciones y maquinaria crece hasta el 43,9%, acercándose a la media europea (44%), lo que apunta a una expansión productiva. En cambio, otras partidas muestran un comportamiento más moderado: la inversión en I+D cae al 50,6% (6,6 puntos menos que el año anterior) y queda ligeramente por debajo de la media europea. Por su parte, la inversión en sostenibilidad también desciende hasta el 46,3%, situándose por debajo tanto de la UE como del promedio global.

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(Expansión, 30-03-2026) | Laboral

El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.307 millones de euros en marzo

La Seguridad Social ha dedicado en marzo un total histórico de 14.307,7 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, lo que supone un incremento del 6% respecto al mismo mes de 2025, según ha comunicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta cifra ya incorpora la actualización de las pensiones aprobada para 2026, que con carácter general se sitúa en el 2,7%, en línea con la evolución media del IPC entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Durante este mes se han abonado 10.463.537 pensiones a 9,46 millones de beneficiarios. De ellas, 6,7 millones corresponden a jubilación; 2,3 millones a viudedad; más de un millón a incapacidad permanente; más de 335.000 a orfandad; y cerca de 46.700 a prestaciones en favor de familiares. En cuanto a las cuantías, la pensión media del sistema alcanzó en marzo los 1.367,4 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este promedio incluye todas las modalidades de pensión. Por su parte, la pensión media de jubilación -que perciben más de dos tercios de los pensionistas- se situó en 1.568,5 euros al inicio de marzo, con un crecimiento interanual del 4,4% respecto a 2025.

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(Expansión, 30-03-2026) | Laboral

Solo el 33% de trabajadores con convenio tienen blindado el sueldo ante la inflación

De los 3.366 convenios laborales vigentes al finalizar el año pasado, únicamente 722 incluían cláusulas de garantía salarial, lo que representa el 21%. Si se observa el conjunto de trabajadores asalariados, solo el 17% cuenta con protección frente al aumento de los precios. El mayor repunte de la inflación en cuatro años, impulsado por el encarecimiento de los combustibles a raíz de conflictos bélicos recientes, ha generado preocupación entre los consumidores. Este incremento amenaza con revertir la mejora del poder adquisitivo lograda en los últimos tres años, tras el fuerte aumento de precios registrado al inicio de la guerra en Ucrania. El conflicto con Irán ya ha provocado una subida del IPC de un punto porcentual en apenas un mes, situándolo en el 3,3%. Además, el Banco de España advierte de que, si la situación se prolonga, la inflación podría alcanzar el 6%, mientras que los salarios pactados en convenio apenas han crecido un 2,9% de media hasta febrero. En este contexto, la pérdida de poder adquisitivo podría ser significativa, especialmente considerando que solo uno de cada tres trabajadores cubiertos por convenios colectivos dispone de cláusulas de revisión salarial vinculadas a la inflación. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo (diciembre de 2025), de los 10,1 millones de empleados amparados por convenios, solo 3,3 millones cuentan con mecanismos de garantía salarial, lo que equivale al 33%. Estos trabajadores están cubiertos por los 722 convenios que contemplan este tipo de protección. De ellos, 2,3 millones no tienen compensaciones retroactivas, mientras que algo más de un millón sí las incluye. La situación es aún más amplia si se tiene en cuenta el total de asalariados. De los 19,1 millones registrados a finales del año pasado, alrededor de nueve millones no están cubiertos por ningún convenio colectivo, por lo que en su mayoría carecen de protección frente a la inflación. En consecuencia, solo el 17% del total de trabajadores tiene asegurado su poder adquisitivo. Los datos provisionales de 2026 apuntan en la misma dirección. Hasta febrero, 7,1 millones de empleados están cubiertos por convenios, de los cuales 2,9 millones cuentan con cláusulas de garantía salarial (el 40% de los cubiertos por convenio y el 15% del total de asalariados). No obstante, estas cifras aumentarán a medida que avance el año, hasta alcanzar la media de unos 11 millones de trabajadores con convenio. Aunque este tipo de cláusulas se ha extendido en los últimos años, especialmente tras los episodios inflacionistas derivados de la pandemia y del encarecimiento energético por la guerra en Ucrania, siguen siendo minoritarias. En 2018 protegían al 17% de los trabajadores con convenio, subieron al 23,4% en 2022 y alcanzaron un máximo del 34,4% en 2024, para descender ligeramente al 33% en 2025. Los sindicatos han advertido del impacto que esta situación puede tener sobre el poder adquisitivo y han instado a reforzar la inclusión de estas cláusulas en la negociación colectiva. Desde UGT subrayan que es fundamental garantizar que los salarios no pierdan capacidad de compra y destacan que estos mecanismos son clave para proteger a los trabajadores frente a la inflación. Asimismo, reclaman su generalización y aplicación efectiva, con revisiones automáticas de los salarios en función de la evolución de los precios. Esta reivindicación llega en un momento clave, coincidiendo con la negociación de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, tras la expiración del anterior en diciembre de 2025. En este contexto, los sindicatos plantean una subida salarial del 12% para los próximos tres años.

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(El País, 30-03-2026) | Laboral

El Gobierno aplicará la jornada de 35 horas a los funcionarios de la Administración central en abril

El Gobierno ha conseguido el apoyo de los tres principales sindicatos de funcionarios para sacar adelante la reducción de la jornada laboral en la Administración central hasta las 35 horas semanales, lo que supone recortar dos horas y media respecto al horario actual. Este acuerdo se ha cerrado en la mesa de negociación de la Administración General del Estado, celebrada este viernes, y afectará a unos 250.000 empleados públicos. Aunque UGT y CC OO ya habían mostrado su conformidad, faltaba la adhesión de CSIF, que finalmente también ha dado su visto bueno. El ministro de Función Pública, Óscar López, ha confirmado que la medida se pondrá en marcha durante la primera quincena de abril. En la actualidad, la mayoría de trabajadores de administraciones autonómicas y locales ya disfrutan de una jornada de 35 horas, lo que los sindicatos consideraban una situación desigual respecto a los empleados de la Administración central. Este compromiso ya se había recogido en un acuerdo firmado en 2022, aunque su aplicación se había retrasado hasta que volvió a retomarse en noviembre dentro de un pacto salarial en el que participó también CSIF. El acuerdo establece que se implantará una jornada media de 35 horas semanales en cómputo anual, equivalente a 1.533 horas al año, para todo el personal de la Administración central. En un principio, algunos colectivos quedaban fuera, como los trabajadores de prisiones o los empleados de sanidad y educación en Ceuta y Melilla, pero finalmente han sido incluidos, aunque su aplicación concreta requerirá negociaciones específicas. Según los últimos datos oficiales, la medida beneficiará a alrededor de 246.000 trabajadores. La nueva jornada deberá estar en funcionamiento, como máximo, a mediados de abril, ya que el Gobierno se ha comprometido a adoptar las medidas necesarias en un plazo de 15 días desde este viernes. Inicialmente, la intención era cerrar este cambio en marzo. CSIF, el último sindicato en sumarse, ha calificado el acuerdo como un hito relevante por el número de empleados afectados y por extender este derecho a todos los ámbitos de la Administración central. Por su parte, CC OO ya había advertido de que la reducción del tiempo de trabajo exigirá ajustes organizativos, como revisar la planificación de recursos humanos o detectar necesidades adicionales de personal, especialmente en servicios de atención al público o con turnos. En paralelo, continúa la negociación de la oferta de empleo público. La propuesta inicial del Gobierno es similar a la del año anterior, con unos 27.000 puestos, sin un refuerzo inmediato ligado a la reducción de jornada. No obstante, el acuerdo contempla orientar la planificación de personal para reforzar los servicios públicos, especialmente en áreas de atención directa a la ciudadanía y en políticas esenciales, lo que podría implicar ampliaciones futuras de plantilla. Desde UGT destacan que esta medida facilitará la conciliación personal y laboral, además de mejorar el tiempo disponible para el descanso y el bienestar de los trabajadores.

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(El Periódico, 30-03-2026) | Laboral

El trabajador debe cumplir su jornada laboral hasta el último minuto

Lo habitual es que los trabajadores den por finalizada su jornada cuando llega la hora fijada en su contrato, ya que la legislación laboral les reconoce el derecho a marcharse en ese momento acordado con la empresa. No obstante, hay situaciones en las que esta práctica puede generar problemas e incluso acarrear consecuencias legales. Esto ocurre cuando algunos empleados hacen un uso inadecuado de esa puntualidad, llegando en ciertos casos a incurrir en conductas consideradas fraudulentas. La clave está en que la ley no penaliza salir a la hora establecida, sino aquellas actitudes que implican reducir de forma intencionada el tiempo efectivo de trabajo. Por este motivo, algunas empresas justifican despidos al entender que determinados trabajadores buscan trabajar menos tiempo del pactado en lugar de cumplir íntegramente con sus obligaciones. Ante este tipo de conflictos, tanto los tribunales como el Tribunal Supremo han tenido que pronunciarse en distintas ocasiones para delimitar qué situaciones son legales. En los últimos meses se han confirmado sentencias relacionadas con abandonar el puesto unos minutos antes, dejar tareas sin terminar o no realizar correctamente el relevo de turnos, especialmente en sectores como el de servicios. La base de estas decisiones es que un empleado no puede percibir el salario correspondiente a una jornada completa si no la cumple en su totalidad. Aunque no está obligado a alargar su horario ni a hacer horas extra, sí debe trabajar hasta el final de su turno. Por ello, si una persona dedica los últimos minutos de su jornada a prepararse para salir -como recoger, cambiarse o dejar de trabajar antes de tiempo- con el objetivo de marcharse puntualmente, estaría reduciendo su tiempo efectivo de trabajo. Esta conducta puede dar lugar a sanciones e incluso justificar un despido. En definitiva, terminar a la hora fijada es un derecho, pero no implica acortar la jornada por iniciativa propia. Cumplir con el horario hasta el último minuto resulta esencial, y no hacerlo puede acarrear consecuencias disciplinarias, incluso la extinción del contrato en los casos más graves.

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(El Economista, 30-03-2026) | Laboral

CEOE ve inviable cerrar miles de planes de movilidad al trabajo en menos de ocho meses

El pasado jueves, el Congreso de los Diputados dio luz verde al paquete de medidas diseñado por el Gobierno como respuesta al conflicto en Irán. Esta norma, además de contemplar rebajas fiscales, reduce a la mitad el plazo para que las empresas de cierto tamaño -más de 200 empleados o más de 100 por turno- negocien con los sindicatos planes de movilidad laboral. Esta modificación obliga a miles de compañías a iniciar negociaciones sin una guía definida, lo que, según fuentes empresariales, dificultará cumplir los plazos establecidos. Esta exigencia ya había sido introducida en diciembre mediante una ley promovida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que fijaba un plazo de 24 meses para implantar medidas orientadas a optimizar los desplazamientos de trabajadores, clientes y proveedores. Sin embargo, el Ejecutivo ha reducido ese periodo a 12 meses, argumentando el impacto del encarecimiento energético derivado del conflicto en Oriente Medio. Aunque no existe un registro exacto de empresas por número de empleados por turno, los datos de la Seguridad Social indican que en febrero había más de 6.000 empresas con plantillas superiores a 250 trabajadores, por lo que estarían afectadas por esta obligación. En conjunto, más de siete millones de empleados trabajan en compañías de este tamaño, muchas de las cuales ya cuentan con iniciativas de movilidad, aunque podrían no ajustarse a los requisitos que se definirán en el futuro reglamento. La normativa impulsada por el ministro Óscar Puente establece que estos planes deben negociarse con la representación legal de los trabajadores. En caso de no existir, se deberá convocar a los sindicatos más representativos, como CCOO y UGT, además de los del sector, para formar la mesa negociadora. Este requisito genera dudas sobre los plazos, ya que la elevada carga de trabajo de estos sindicatos ha retrasado previamente otros procesos, como los planes de igualdad. Desde el ámbito empresarial se advierte que será complicado desarrollar estos planes en empresas sin representación sindical, dado que los sindicatos ya están saturados. Además, cuestionan que la movilidad se haya incorporado como contenido obligatorio en los convenios colectivos, pese a no tratarse estrictamente de una materia laboral. Por su parte, tanto CCOO como UGT valoran positivamente la reducción de plazos. Desde CCOO consideran que un año es suficiente, especialmente en grandes empresas que ya tienen avances en esta materia, aunque alertan de que la rapidez podría llevar a soluciones superficiales. En la misma línea, UGT pide al Gobierno que apruebe cuanto antes el reglamento que concrete los requisitos para evitar errores durante la negociación, y apuesta por una mayor coordinación entre los ministerios implicados. El calendario inicial fijaba el plazo hasta diciembre de 2027, pero ahora se adelanta un año, lo que deja menos de ocho meses efectivos para negociar medidas como ayudas al transporte público, impulso del teletrabajo, uso del vehículo eléctrico o sistemas de transporte compartido. Todo ello, además, en un contexto de falta de directrices claras. La ley también establece que, en ausencia de representantes de los trabajadores, los sindicatos mayoritarios asumirán la negociación, algo que ha sido criticado por organizaciones como Fetico. Su secretario general, Antonio Pérez, considera que esta medida refuerza en exceso el papel de CCOO y UGT, generando una "sobresindicalización" de los procesos y facilitando que estos sindicatos introduzcan otras cuestiones en la negociación. Asimismo, Pérez duda de que estas medidas puedan incorporarse a los convenios colectivos en el corto plazo, especialmente en un contexto en el que aún no se ha renovado el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva ni se han iniciado las negociaciones correspondientes. Como ejemplo, menciona los planes LGTBI, cuya implantación ha sido limitada. En su opinión, la obligación de incluir aspectos de movilidad en los convenios resulta poco exigente, ya que se limita a plantear el debate sin establecer criterios claros ni objetivos mínimos a cumplir.

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