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(Cinco Días, 21-09-2026) | Fiscal

El Gobierno abre la puerta a prorrogar el escudo anticrisis ante el repunte de la inflación

El Gobierno y los representantes de empresarios y sindicatos se han reunido este jueves para evaluar la evolución de la economía y abordar las medidas que podrían adoptarse una vez que finalice, el próximo 30 de septiembre, el actual escudo anticrisis puesto en marcha para amortiguar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo. Ante un contexto que ha empeorado en los últimos meses, el Ejecutivo se ha mostrado partidario de mantener algún tipo de apoyo más allá de esa fecha, aunque todavía no ha definido si prolongará el paquete actual o diseñará nuevas medidas, ni tampoco cuál sería su alcance. Durante la reunión, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló que el Ejecutivo trabajará en las actuaciones necesarias para seguir respaldando a las familias frente al incremento de los precios. También apuntó que se prestará una atención especial a las actividades que están sufriendo con mayor intensidad el encarecimiento de la energía, especialmente el transporte y el sector agroalimentario, debido al impacto que sus costes tienen sobre el conjunto de la cadena económica. El escenario de precios complica la situación. El petróleo se aproxima a los 100 dólares por barril en un contexto geopolítico que continúa prolongándose y extendiéndose a otras zonas. La inflación alcanzó en agosto el 4,3%, su nivel más elevado desde 2023, principalmente por el encarecimiento de los carburantes. Al mismo tiempo, el gas ha experimentado fuertes aumentos y comienza a repercutir en el precio de la electricidad, que desde el episodio de calor registrado en julio se mantiene en niveles superiores a los 100 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. En la reunión celebrada en el Ministerio de Economía participaron, junto a Cuerpo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Por parte de las organizaciones empresariales y sindicales acudieron el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; la secretaria general de Cepyme, María Teresa Gómez Condado; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CC OO, Unai Sordo. Los dos paquetes de ayudas aprobados hasta ahora, el primero en marzo y el segundo en julio, fueron concebidos inicialmente con una duración de tres meses, un formato que previsiblemente continuará debido a la dificultad de anticipar la evolución del escenario internacional. Yolanda Díaz trasladó durante el encuentro varias propuestas para hacer frente al aumento de los costes. Entre ellas figura la extensión de las medidas del anterior decreto que están próximas a expirar, junto con la creación de un impuesto temporal sobre el sector del refino, la limitación de los precios del alquiler y actuaciones dirigidas a preservar el poder adquisitivo y contener el coste de la cesta de la compra. También planteó recuperar un mecanismo similar a la excepción ibérica para proteger a los consumidores frente a incrementos extraordinarios del precio del gas. CC OO coincidió en reclamar medidas sobre los precios de la energía y los carburantes para limitar su impacto sobre la inflación y los hogares. Su secretario general, Unai Sordo, defendió igualmente la recuperación de la excepción ibérica y propuso una prestación de al menos 300 euros dirigida a las personas con ingresos inferiores a la media, una ayuda que, según sus planteamientos, podría llegar a unos 10 millones de beneficiarios. El sindicato también ha pedido a CEOE y Cepyme que participen en la negociación de un acuerdo estatal de convenios que contribuya a preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sordo considera además necesario disponer de información procedente del Observatorio de Márgenes Empresariales para utilizarla como referencia en las negociaciones que posteriormente se desarrollen en cada sector y empresa. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó una revisión del salario mínimo interprofesional al considerar que la inflación ha reducido su poder adquisitivo. Según sus declaraciones, los precios han aumentado a un ritmo muy superior al incremento del 3,1% aplicado al salario mínimo a comienzos de año. Álvarez también defendió la aplicación de la reforma anunciada para evitar que las subidas del salario mínimo puedan quedar absorbidas o compensadas por otros conceptos salariales, de modo que el incremento llegue íntegramente a las nóminas. Las organizaciones empresariales también consideran necesario prolongar las medidas de apoyo debido al deterioro de las condiciones económicas. CEOE y Cepyme han planteado que las ayudas se orienten especialmente hacia los sectores y consumidores más expuestos al encarecimiento energético, con especial atención a las industrias electrointensivas y gasintensivas. Las patronales han reclamado además medidas sobre los costes estructurales de la energía, incluida la fiscalidad aplicada a la electricidad, el gas y los carburantes, así como un tratamiento específico para los combustibles renovables. El Ministerio de Economía mantiene el seguimiento de la evolución de la actividad y de los precios en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica. Durante la próxima semana están previstas nuevas reuniones con diferentes sectores económicos para actualizar el diagnóstico y determinar qué colectivos o actividades podrían necesitar medidas adicionales de apoyo. El primer paquete anticrisis aprobado en marzo incluía reducciones fiscales generalizadas sobre el IVA y sobre determinados impuestos vinculados a la electricidad, el gas y los carburantes, con un coste inicialmente estimado en unos 5.000 millones de euros. El segundo paquete, aprobado en julio cuando todavía existían expectativas de una mejora del escenario, mantuvo parte de las ayudas a los carburantes mediante una retirada gradual de los descuentos y supuso un coste aproximado de 1.800 millones. El margen presupuestario constituye uno de los principales condicionantes para decidir cómo prolongar las ayudas. Las instituciones europeas han mostrado reticencias ante las rebajas fiscales generalizadas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido de que el espacio fiscal disponible se encuentra prácticamente agotado, lo que limita la capacidad del Gobierno para aprobar nuevas medidas de amplio alcance.

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(Expansión, 21-09-2026) | Fiscal

El miedo a subidas de impuestos y los precios de la vivienda disparan las donaciones en vida

En un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y las dificultades que afrontan especialmente los jóvenes para acceder a ella, las donaciones continúan aumentando con fuerza. A ello se suma la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda impulse cambios para limitar las diferencias fiscales existentes entre comunidades autónomas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Durante el primer semestre del año, el número de donaciones creció un 12,4% respecto al mismo periodo de 2025. Los últimos datos del Consejo General del Notariado (CGN) muestran, además, que las donaciones han aumentado un 164% desde 2015 hasta el año pasado. Este incremento responde principalmente a la necesidad de facilitar el acceso de las nuevas generaciones a la vivienda y a la incertidumbre sobre el futuro de las ventajas fiscales aplicadas por algunas autonomías. El fuerte incremento del precio de los inmuebles durante los últimos años ha dificultado que muchos jóvenes puedan reunir el dinero necesario para adquirir una vivienda, especialmente para afrontar el pago inicial. Esta situación ha favorecido una transferencia de patrimonio entre generaciones, mediante la entrega de dinero o directamente de inmuebles. Desde el CGN señalan que durante los primeros seis meses de 2026 las familias han recurrido a la donación ante notario como una fórmula de planificación patrimonial y, en numerosos casos, como vía para ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda. Dentro de este contexto, las donaciones de viviendas han registrado, sin embargo, un ligero descenso. Entre enero y junio se situaron cerca de las 25.000 operaciones, un 1,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. La evolución ha sido muy desigual entre territorios, con incrementos especialmente destacados en Baleares, donde aumentaron un 42%, y Galicia, con una subida del 28%. A la evolución del mercado inmobiliario se añade la incertidumbre generada por la posibilidad de que Hacienda promueva una mayor homogeneización de la tributación de las donaciones, cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas. La posibilidad de introducir cambios en este ámbito podría estar llevando a algunas familias a adelantar determinadas operaciones, especialmente en los territorios que han aprobado importantes reducciones fiscales. Esta cuestión ya había sido planteada por la anterior responsable de Hacienda, María Jesús Montero, y el actual ministro, Arcadi España, también ha defendido la necesidad de revisar las diferencias existentes en los impuestos cedidos a las comunidades. La cuestión volvió a aparecer en el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, en relación con las diferencias entre las políticas de ingresos de las distintas regiones. No se descarta, por tanto, que el Gobierno pueda plantear medidas relacionadas con el ISD o ejercer presión sobre las comunidades para que incrementen la recaudación de este impuesto. Un precedente se encuentra en el Impuesto sobre el Patrimonio, también cedido a las autonomías. Tras la creación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas en 2022, el Ejecutivo adoptó medidas que limitaron la capacidad de algunas comunidades para mantener determinadas bonificaciones en Patrimonio. El abogado fiscalista y socio de DMS Legal Intelligence Alejandro del Campo considera que la expectativa de una posible armonización está contribuyendo al aumento de las donaciones, especialmente en las comunidades que han introducido recientemente nuevas ventajas fiscales. Baleares constituye uno de los casos más destacados, con un incremento del 158,1% en las donaciones durante el primer semestre, hasta aproximarse en apenas seis meses al volumen contabilizado durante todo el año anterior. Según explica Del Campo, una de las razones se encuentra en la bonificación del 100% para las donaciones y sucesiones entre familiares directos aprobada por el Gobierno balear en julio del pasado año. También la utilización de mecanismos como el pacto sucesorio puede estar influyendo en el comportamiento de las donaciones en determinadas comunidades, ante la posibilidad de que se produzcan cambios normativos. Baleares y Cataluña son algunos de los territorios donde se ha observado un incremento significativo, con una subida del 22,2% interanual en Cataluña durante los seis primeros meses del ejercicio. En cualquier caso, los expertos advierten de que la donación no siempre constituye la alternativa fiscal más favorable. En determinadas operaciones, el donante puede tener que tributar por la ganancia patrimonial generada, de forma similar a lo que sucedería en una transmisión mediante compraventa.

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(El País, 21-09-2026) | Fiscal

Reinventar la imposición fiscal a los ricos para recaudar hasta 350.000 millones de euros

La deuda pública española se situó en julio por debajo del 100% del PIB por primera vez desde los meses anteriores a la pandemia. Según los datos publicados por el Banco de España, el endeudamiento del conjunto de las Administraciones Públicas equivalía al 99,9% del PIB, una décima por debajo del valor de toda la producción económica anual del país. Se trata de un nivel que no se alcanzaba desde febrero de 2020. En términos interanuales, la ratio ha descendido 2,4 puntos porcentuales, mientras que frente a junio de este mismo año la reducción ha sido de 1,6 puntos. El descenso de la ratio no implica que España haya reducido la cantidad de deuda acumulada. De hecho, el pasivo público alcanzó en julio los 1,744 billones de euros, lo que supone un incremento del 3,8% respecto al mismo mes del año anterior, aunque el importe es aproximadamente un 1% inferior al registrado en junio. La mejora se explica, por tanto, porque la deuda ha perdido peso en relación con el tamaño de la economía. Esta relación entre el endeudamiento y el PIB es uno de los principales indicadores utilizados para valorar la situación de las finanzas públicas y permite comparar la evolución del endeudamiento tanto entre distintos momentos como entre países. El 99,9% registrado en julio constituye una fotografía puntual y no garantiza que la ratio vaya a mantenerse por debajo del 100% durante los próximos meses. Tanto el volumen de deuda como el PIB utilizado para calcular el indicador varían de forma continua, por lo que el porcentaje puede experimentar nuevas oscilaciones. Durante la crisis provocada por la pandemia, el peso de la deuda sobre el PIB aumentó con rapidez y alcanzó su máximo en marzo de 2021, cuando llegó a superar el 124%. A partir de entonces comenzó una trayectoria descendente que ha permitido reducir progresivamente la ratio, aunque no había vuelto a situarse por debajo del 100% hasta los datos correspondientes al pasado julio. Por administraciones, el Estado concentra la mayor parte del endeudamiento. Su deuda alcanzó los 1,589 billones de euros en julio, una cifra equivalente al 91% del PIB y un 4,2% superior a la de un año antes. Las comunidades autónomas acumulaban 349.000 millones, aproximadamente el 20% del PIB, mientras que la Seguridad Social registraba una deuda de 136.000 millones, equivalente al 7,8%. Las corporaciones locales, por su parte, mantenían obligaciones por unos 22.000 millones, el 1,2% del PIB. Las cifras correspondientes a cada nivel de la Administración no pueden sumarse directamente para obtener el endeudamiento total. Esto se debe a que existen operaciones financieras entre las propias Administraciones. Por ejemplo, cuando el Estado concede financiación a una comunidad autónoma, esa cantidad figura simultáneamente como un activo del Estado y como una deuda de la comunidad. Para calcular la deuda del conjunto del sector público se consolidan estas posiciones y se eliminan las operaciones internas, evitando así contabilizar dos veces una misma deuda. La evolución interanual también presenta diferencias significativas según el nivel administrativo. La deuda estatal aumentó un 4,2% en julio respecto al mismo mes de 2025, mientras que el endeudamiento de las comunidades autónomas creció un 2,7%. La Seguridad Social registró un incremento mayor, del 7,9%. En sentido contrario, las corporaciones locales redujeron sus obligaciones un 7,9% y el resto de unidades de la Administración Central disminuyeron su endeudamiento un 10,5%.

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(El Economista, 21-09-2026) | Fiscal

Fedea sitúa a Pozuelo, Alcobendas, El Ejido y Sanlúcar entre los municipios con mayor desigualdad de renta en España

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha identificado a Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, El Ejido y Sanlúcar de Barrameda como los municipios españoles de más de 50.000 habitantes que registraron mayores niveles de desigualdad de renta en 2023. Los datos proceden de un informe del centro de estudios que analiza la distribución de la renta en distintos municipios mediante el coeficiente de Gini, un indicador utilizado para medir las diferencias de ingresos entre los habitantes de un territorio. Según el estudio, tras estos cuatro municipios aparecen Roquetas de Mar, Majadahonda, Elda, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Torrevieja. La relación muestra realidades económicas muy diferentes. Entre los municipios con mayor desigualdad aparecen localidades con niveles medios de renta elevados, como Pozuelo de Alarcón, Alcobendas y Majadahonda, junto a otras situadas en posiciones más bajas de la distribución de ingresos, como El Ejido, Sanlúcar de Barrameda, Elda y Torrevieja. Los autores del informe, Miriam Hortas y Jorge Onrubia, señalan que estos resultados evidencian que una elevada desigualdad puede darse tanto en municipios con rentas medias altas como en aquellos con ingresos medios más reducidos. El estudio también analiza los municipios con menor desigualdad. En los primeros puestos se encuentran tres localidades de la provincia de Barcelona: Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat y Cerdanyola del Vallès. A continuación aparecen Aranjuez, Granollers, Valdemoro, Fuenlabrada, Rivas-Vaciamadrid, Coslada y Terrassa. En cuanto a la evolución entre 2022 y 2023, Fedea señala que los mayores incrementos del coeficiente de Gini se produjeron en Tres Cantos y Colmenar Viejo, ambos en Madrid, así como en Vilanova i la Geltrú, en Barcelona, y Rincón de la Victoria, en Málaga.

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(Expansión, 21-09-2026) | Laboral

Jubilación anticipada: la Seguridad Social recorta hasta el 21% de la pensión

Adelantar la jubilación es una alternativa que muchos trabajadores valoran, aunque optar por ella implica asumir una reducción permanente de la pensión. La normativa permite acceder al retiro antes de la edad ordinaria tanto por decisión propia, con un adelanto máximo de dos años, como por causas ajenas a la voluntad del trabajador, en cuyo caso el margen puede llegar a cuatro años. En ambos supuestos es necesario acreditar determinados periodos de cotización y se aplican coeficientes reductores que dependen tanto del tiempo que se adelanta la jubilación como de la carrera laboral acumulada. Para acceder a la jubilación anticipada voluntaria se puede adelantar hasta dos años la edad ordinaria. En 2026, esto permite jubilarse a los 63 años cuando se han cotizado al menos 38 años y tres meses, mientras que quienes no alcanzan ese periodo pueden hacerlo a los 64 años y 10 meses. Desde el 1 de enero de 2027, los requisitos cambiarán y será posible retirarse a los 63 años con al menos 38 años y seis meses cotizados, o a los 65 años cuando no se alcance ese periodo. Además, es necesario acreditar un mínimo de 35 años de cotización, con al menos dos de ellos incluidos dentro de los 15 años anteriores a la solicitud. Existe también una condición económica: una vez aplicado el coeficiente reductor correspondiente, la pensión resultante debe superar la cuantía mínima establecida legalmente para ese ejercicio. Si queda por debajo de ese umbral, la Seguridad Social no concederá el acceso a la jubilación anticipada voluntaria y el trabajador deberá esperar a alcanzar la edad ordinaria. La reducción de la pensión depende de los meses de adelanto, que pueden llegar hasta 24, y del tiempo total cotizado. Para quienes han acumulado menos de 38 años y seis meses, los coeficientes oscilan entre el 3,26% y el 21%. En carreras de entre 38 años y seis meses y menos de 41 años y seis meses, la reducción se sitúa entre el 3,11% y el 19%. Para quienes acreditan entre 41 años y seis meses y menos de 44 años y seis meses, los porcentajes van del 2,96% al 17%. Finalmente, quienes han cotizado 44 años y seis meses o más afrontan coeficientes de entre el 2,81% y el 13%. Existe un régimen específico para quienes, antes de aplicar los coeficientes por anticipación, tienen derecho a percibir la pensión máxima. La reforma de 2021 modificó el sistema de cálculo de estas reducciones y estableció un periodo transitorio que se prolongará hasta 2033, durante el cual los coeficientes aplicables a este colectivo irán aumentando progresivamente hasta equipararse a los generales. En 2026, las reducciones para quienes generan derecho a la pensión máxima, fijada en 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales, parten del 1,33% y llegan al 9,1% para carreras inferiores a 38 años y seis meses. Entre 38 años y seis meses y menos de 41 años y seis meses, los porcentajes se sitúan entre el 1,28% y el 8,5%; entre 41 años y seis meses y menos de 44 años y seis meses, entre el 1,24% y el 7,9%; y a partir de 44 años y seis meses, entre el 1,19% y el 6,7%. Para 2027, aunque todavía está pendiente de determinar la cuantía definitiva de la pensión máxima, los coeficientes previstos para quienes tengan derecho a ella oscilarán entre el 1,6% y el 10,8% para carreras inferiores a 38 años y seis meses. Para quienes hayan cotizado entre 38 años y seis meses y menos de 41 años y seis meses, irán del 1,54% al 10%; entre 41 años y seis meses y menos de 44 años y seis meses, del 1,48% al 9,2%; y a partir de 44 años y seis meses, del 1,42% al 7,6%. La jubilación anticipada involuntaria contempla condiciones diferentes y está reservada a situaciones en las que la salida del mercado laboral se produce por circunstancias ajenas al trabajador. Entre ellas se encuentran determinados despidos colectivos o individuales por causas económicas, así como el fallecimiento o la jubilación del empresario individual, entre otros supuestos previstos legalmente. En esta modalidad no se exige que la pensión resultante supere la cuantía mínima y únicamente pueden acogerse los trabajadores por cuenta ajena. Los autónomos no tienen acceso a esta vía y solo pueden optar por la jubilación anticipada voluntaria. Para solicitarla es necesario haber cotizado al menos 33 años, con dos de ellos dentro de los 15 años anteriores, y permanecer inscrito como demandante de empleo durante un mínimo de seis meses antes de presentar la solicitud. El adelanto máximo en estos casos es de cuatro años, por lo que los coeficientes reductores se aplican sobre un periodo de hasta 48 meses y también varían en función de los años cotizados. Para quienes no alcanzan los 38 años y seis meses de cotización, la reducción oscila entre el 0,63% y el 30%. Entre 38 años y seis meses y menos de 41 años y seis meses, los porcentajes van del 0,58% al 28%. Para carreras de entre 41 años y seis meses y menos de 44 años y seis meses, se sitúan entre el 0,54% y el 26%. Por último, quienes acreditan 44 años y seis meses o más afrontan reducciones de entre el 0,5% y el 24%, en función del momento en que decidan acceder al retiro.

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(El País, 21-09-2026) | Laboral

La jornada de 35 horas avanza en la administración autonómica y local y anticipa conflictos donde aún no se ha implantado

El Gobierno aprobó el pasado 15 de abril la reducción de la jornada semanal a 35 horas para los 250.000 empleados de la Administración General del Estado, frente a las 37 horas y media que realizaban hasta entonces. La medida ha reforzado las reivindicaciones de los trabajadores de las administraciones autonómicas y locales, que representan la mayor parte de los más de tres millones de empleados públicos del país y que, en algunos territorios, todavía mantienen una jornada superior. Cuando se implantó la reducción en la Administración central, seis comunidades autónomas seguían aplicando con carácter general las 37 horas y media: Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia y Navarra. En el resto ya estaba establecida una jornada media de siete horas diarias. Desde entonces, la situación ha comenzado a cambiar, aunque de manera desigual. Mientras algunas autonomías han alcanzado acuerdos para aplicar las 35 horas, en otras las negociaciones continúan abiertas y en algunos casos ni siquiera se han iniciado, lo que ha llevado a los sindicatos a plantear posibles movilizaciones. En Madrid, la reducción de jornada continúa sin avances. Los sindicatos aseguran que intentaron trasladar la reivindicación a la negociación con el Ejecutivo autonómico después de que se aprobara para la Administración General del Estado, pero denuncian que la respuesta fue de bloqueo. Según explican, la Comunidad reclamó una propuesta que analizara la viabilidad de aplicar las 35 horas teniendo en cuenta el elevado número de empleados públicos afectados. Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo madrileña señalan que están a la espera de recibir esa propuesta sindical. CC OO, sin embargo, sostiene que ya entregó un estudio sobre su aplicación por sectores y que posteriormente no se ha producido la reunión prevista para analizarlo. El sindicato ha advertido de que, si no se retoma la negociación, podría convocar movilizaciones e incluso paros. Una situación similar se plantea en Galicia. UGT asegura que solicitó formalmente que el acuerdo alcanzado en la Administración estatal se trasladara a la comunidad, pero afirma que todavía no ha sido convocada a negociar. La Xunta, por su parte, señala que la reducción desde las 37 horas y media hasta las 35 requeriría modificar la legislación autonómica, aunque no ha concretado si tiene previsto iniciar ese proceso. En Cataluña, donde también se mantiene la jornada de 37 horas y media, el Gobierno autonómico sí ha abierto conversaciones con los representantes de los trabajadores para estudiar la implantación de las 35 horas. Los sindicatos consideran que el proceso se encuentra bloqueado por las discrepancias sobre el cómputo anual de horas, mientras que la Generalitat sostiene que las negociaciones continúan y que mantiene su disposición a alcanzar un acuerdo. Navarra mantiene igualmente las 37 horas y media. En los últimos meses, el diálogo entre el Gobierno foral y los sindicatos se ha concentrado en la elaboración de un nuevo estatuto para el personal de la Administración. El proyecto incorpora diferentes modificaciones en las condiciones de los empleados públicos, pero no contempla por ahora la reducción de la jornada a 35 horas. Los representantes sindicales han anunciado que incorporarán esta reivindicación a las conversaciones. La situación es diferente en la Comunidad Valenciana, donde Generalitat y sindicatos han alcanzado recientemente un acuerdo para implantar las 35 horas semanales. La medida todavía está pendiente de su ratificación y publicación oficial para que pueda comenzar a aplicarse formalmente. En Baleares, por su parte, las 35 horas ya se aplican desde el 1 de junio en los servicios centrales de la Administración autonómica. La reducción también se había extendido con anterioridad a otros colectivos: el personal sanitario dispone de esta jornada desde enero de 2023 y el profesorado la incorporó durante el pasado curso. De este modo, la decisión adoptada por la Administración General del Estado ha acelerado el debate sobre la jornada de los empleados públicos en las comunidades que todavía mantienen las 37 horas y media. El proceso avanza a ritmos distintos según el territorio, condicionado en algunos casos por la necesidad de modificar normas autonómicas y, en otros, por el estado de las negociaciones entre los gobiernos regionales y las organizaciones sindicales.

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(El Economista, 21-09-2026) | Laboral

El 40% de los convenios están caducados por la falta de diálogo entre CEOE, CCOO y UGT

El diálogo social atraviesa una etapa de escasa interlocución entre las organizaciones empresariales y sindicales, una situación que empieza a tener consecuencias sobre la negociación colectiva. Durante los últimos años, los acuerdos alcanzados entre CCOO, UGT y el Gobierno han marcado buena parte de la agenda laboral, mientras que los pactos directos entre empresarios y trabajadores han perdido protagonismo. Esta falta de una referencia común afecta especialmente a las negociaciones sectoriales, que suelen tomar como punto de partida los acuerdos alcanzados por las grandes organizaciones. Según representantes sindicales consultados, cerca del 40% de los convenios colectivos se encuentran actualmente vencidos. Los convenios establecen las condiciones laborales durante un periodo determinado, que habitualmente oscila entre uno y cuatro años. Una vez finalizado ese plazo, entran en situación de ultraactividad, lo que permite mantener vigentes las condiciones pactadas hasta que se alcance un nuevo acuerdo. Desde la reforma laboral de 2022, además, esta prórroga ya no está sometida a un límite temporal. Este mecanismo permite mantener los derechos establecidos en el convenio mientras continúan las negociaciones, pero también puede prolongar situaciones de bloqueo, especialmente cuando no existen referencias claras para actualizar las condiciones salariales. Según las fuentes consultadas por elEconomista.es, aproximadamente el 40% de los cerca de 5.000 convenios colectivos vigentes en España estarían en esta situación. Una de las causas señaladas es la ausencia de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que sirva de orientación para las negociaciones. El V AENC, firmado en 2023 por CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, establecía criterios para el periodo 2023-2025. Desde su finalización, los negociadores de los distintos sectores esperan una nueva referencia para abordar los incrementos salariales y otras materias como jornada, complementos o permisos retribuidos. El distanciamiento entre las organizaciones empresariales y sindicales se remonta a finales de 2024, cuando CCOO y UGT alcanzaron con el Ministerio de Trabajo un acuerdo para reducir la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas semanales. La patronal había defendido que esta cuestión debía resolverse mediante la negociación colectiva y no a través de una modificación legal de carácter general. CEOE y Cepyme interpretaron el acuerdo como un incumplimiento del marco pactado meses antes en el AENC. La relación tampoco se ha recuperado posteriormente debido a los diferentes acuerdos alcanzados entre los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, que han contado con la oposición de las organizaciones empresariales. Entre las materias todavía pendientes figuran el Estatuto del Becario, la protección de determinados complementos salariales frente a las subidas del SMI, la modificación del registro de jornada para avanzar hacia un sistema digital, la reforma de la normativa de prevención de riesgos laborales y nuevos permisos vinculados al fallecimiento de familiares y a los cuidados paliativos. CCOO y UGT plantearon en enero sus principales reivindicaciones para negociar un nuevo AENC y solicitaron formalmente a las organizaciones empresariales que constituyeran la mesa. Ocho meses después, según estas centrales, no se ha producido una respuesta formal ni se han desarrollado contactos informales para preparar las conversaciones. Los sindicatos no prevén que la negociación pueda comenzar antes de que finalice el año y vinculan su posible inicio a la celebración del proceso interno de elección de la presidencia de CEOE. Cuando finalmente se retome la negociación, las posiciones de partida serán diferentes. Los sindicatos situarán previsiblemente los salarios entre sus principales prioridades. Para el nuevo acuerdo han planteado establecer un incremento general y añadir un aumento específico para los trabajadores cuyos salarios se encuentren por debajo de la media. También quieren abordar los mecanismos de absorción y compensación para evitar que las subidas pactadas queden neutralizadas por determinados complementos salariales. Las organizaciones empresariales, por su parte, han señalado el incremento de las bajas por incapacidad temporal como una de las cuestiones que quieren abordar en la negociación. CEOE y Cepyme encuadran esta evolución dentro del problema del absentismo, mientras que las organizaciones sindicales discrepan de este enfoque y ponen el acento en las causas de los procesos de incapacidad, especialmente en los relacionados con la salud mental. Entre las propuestas planteadas por la patronal se encuentra la posibilidad de revisar los complementos que las empresas abonan durante las bajas, de forma que la prestación percibida por los trabajadores no alcance necesariamente el 100% del salario o que este complemento se mantenga durante un periodo más reducido. Se trata de una cuestión que previsiblemente generará diferencias importantes durante las futuras negociaciones. El calendario de la negociación y la capacidad de las partes para alcanzar un nuevo acuerdo determinarán también el marco de referencia de los próximos convenios colectivos. Si las conversaciones comenzaran en 2027 y culminaran durante ese ejercicio, el nuevo AENC podría establecer las principales orientaciones para la negociación colectiva hasta 2029, en un contexto económico y laboral condicionado por la evolución de la situación internacional y por las decisiones que adopte el próximo Gobierno.

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(Expansión, 21-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Economía se lanza a cambiar dos leyes para apuntalar el escudo anti-opas extranjeras

El Ministerio de Economía prepara una reforma relevante del sistema de control de las inversiones extranjeras con el objetivo declarado de precisar conceptos, agilizar los procedimientos y adaptar la normativa al actual escenario internacional. Los cambios planteados supondrían, en la práctica, un refuerzo del denominado escudo antiopas. Desde 2020, determinadas adquisiciones extranjeras en sectores considerados estratégicos requieren autorización del Gobierno. Este mecanismo ha permitido al Ejecutivo bloquear operaciones como la opa del grupo húngaro Magyar Vagon sobre Talgo o establecer condiciones a la entrada de Saudi Telecom Company en Telefónica. Solo durante 2025, un total de 144 operaciones fueron sometidas a este procedimiento de supervisión. Una de las principales novedades sería convertir en permanente el control sobre las inversiones procedentes de otros países de la Unión Europea. En la actualidad, esta exigencia tiene carácter temporal y está previsto que expire en diciembre de 2026. El Gobierno pretende extenderla inicialmente hasta finales de 2027 mientras tramita una reforma legal que elimine su fecha de caducidad. Aunque dentro de la UE existe, en principio, libertad de circulación de capitales, varios países han introducido mecanismos de control sobre las inversiones procedentes de otros Estados miembros. España ya ha utilizado este instrumento en operaciones como la opa de Magyar Vagon sobre Talgo y el intento del grupo francés Vivendi de adquirir el 29,9% de Prisa. Además, el Gobierno mantiene bajo vigilancia posibles operaciones de inversión extranjera en empresas españolas de sectores estratégicos. La reforma también contempla ampliar el catálogo de actividades consideradas estratégicas. Entre las nuevas incorporaciones figurarían los centros de datos, mientras que el sistema de control dejaría de centrarse exclusivamente en la adquisición de participaciones en empresas ya operativas. El nuevo marco también abarcaría inversiones greenfield, es decir, proyectos mediante los que se crean desde cero nuevas instalaciones o infraestructuras, tanto tecnológicas como energéticas. La inclusión de los centros de datos supondría someter a supervisión adicional parte de los grandes proyectos de inversión previstos en España para desarrollar estas infraestructuras. El sector se encuentra, además, a la espera de una regulación específica que establecerá nuevas exigencias relacionadas con la sostenibilidad de estas instalaciones. Otro de los cambios previstos afecta al procedimiento de autorización. Economía plantea dividirlo en dos etapas, de manera que las operaciones que presenten mayores riesgos o complejidad puedan pasar a una investigación más exhaustiva antes de que la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX) formule su propuesta al Consejo de Ministros. La reforma pretende también regular de forma más precisa la posibilidad de ampliar los plazos de análisis. Aunque el procedimiento de autorización tiene teóricamente una duración máxima de tres meses, en la práctica algunas operaciones han requerido más tiempo para completar su evaluación. Para introducir estos cambios, el Ministerio de Economía plantea modificar tanto la Ley 19/2003, sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, como el Real Decreto 571/2023, que regula las inversiones exteriores. El proceso se encuentra todavía en una fase inicial. Las modificaciones han sido sometidas a consulta pública para recabar las aportaciones de los sectores afectados, tras lo cual el Gobierno podrá elaborar los correspondientes proyectos normativos y comenzar su tramitación. El endurecimiento del control se produce además en un contexto de menor inversión extranjera directa. La inversión extranjera bruta en España se redujo un 20% en 2025, hasta los 34.016 millones de euros. Aunque la mayoría de las operaciones sometidas al mecanismo de control obtiene finalmente autorización, distintos análisis apuntan a que la existencia de estos procedimientos puede influir en la decisión de plantear determinadas operaciones sobre grandes compañías españolas.

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(La Vanguardia, 21-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El INE corrige dos décimas a la baja, hasta el 2,6%, el crecimiento económico del año pasado

La economía española ha mostrado en los últimos años un comportamiento especialmente sólido en comparación con otras grandes economías mundiales. En 2025, el PIB llegó a crecer un 2,8% según la primera estimación, un avance notable en un contexto internacional complicado y frente al escaso dinamismo de la zona euro. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado ahora esa cifra a la baja en dos décimas, hasta situarla en el 2,6%, debido a que tanto la demanda interna como la externa tuvieron un comportamiento algo menos favorable del calculado inicialmente. Al mismo tiempo, el organismo ha corregido también los datos correspondientes a 2023 y 2024, reduciendo el primero y elevando el segundo. La economista María Jesús Fernández, investigadora sénior de Funcas, considera que los cambios no alteran de manera sustancial la fotografía de la economía española. Según explica, aunque la tasa de crecimiento de 2025 se ha reducido, la revisión al alza de 2024 hace que el nivel de PIB real al cierre de 2025 sea únicamente un 0,3% inferior al que reflejaban las estimaciones anteriores. La actualización forma parte de la revisión anual que realiza el INE sobre la Contabilidad Nacional y que afecta a los tres últimos ejercicios. De acuerdo con los nuevos datos, el crecimiento del PIB en volumen fue del 2,4% en 2023, una décima menos que en la estimación anterior, mientras que en 2024 alcanzó el 3,7%, dos décimas más. Para 2025, el avance queda finalmente situado, por ahora, en el 2,6%, frente al 2,8% comunicado el pasado marzo. Más allá de las tasas agregadas, Fernández destaca las modificaciones introducidas en algunos sectores de actividad. La construcción presenta una evolución inferior a la estimada inicialmente durante el conjunto del periodo revisado, aunque para 2025 el dato ha sido corregido al alza. En los servicios, en cambio, las ramas de información y comunicaciones y las actividades profesionales muestran un crecimiento superior al calculado anteriormente, mientras que hostelería y comercio avanzan menos de lo previsto. A juicio de la investigadora, la composición resultante refleja un mayor dinamismo de las actividades de servicios con mayor valor añadido y componente tecnológico. La revisión a la baja del crecimiento de 2025 se explica también por una menor aportación de los componentes de la demanda. La contribución de la demanda interna queda ahora en el 3,4%, una décima menos que en la estimación previa, mientras que la demanda externa resta un 0,8%, frente al -0,7% calculado anteriormente. Entre los principales cambios destaca el consumo de los hogares, uno de los motores de la economía española durante los últimos años gracias al aumento del empleo, la evolución de los salarios y el fuerte crecimiento de la población asociado a los flujos migratorios. El INE calcula ahora que el gasto de las familias aumentó un 3,1% en 2025, frente al 3,4% estimado inicialmente. Por su parte, el consumo final de las Administraciones Públicas mantiene el crecimiento del 2,4%. Las exportaciones también tuvieron un comportamiento menos favorable del previsto. Su crecimiento se revisa del 3,6% al 2,6%. No obstante, el efecto sobre la demanda exterior se ve parcialmente compensado por la actualización de las importaciones, cuyo aumento se reduce del 6,2% al 5,5%. En el caso de la inversión, la revisión es positiva. La formación bruta de capital habría aumentado un 6% en 2025, dos décimas más que en la estimación anterior. El cambio se explica fundamentalmente por el incremento del 73% en términos corrientes de la variación de existencias, un componente que recoge la evolución del valor de los bienes adquiridos por las empresas que permanecen en sus inventarios sin haber sido vendidos. Este comportamiento también se ha observado en otras grandes economías europeas, como Alemania y Francia. La revisión de 2025 supone un cambio respecto a la tendencia predominante desde la pandemia, cuando las sucesivas actualizaciones de la Contabilidad Nacional habían corregido generalmente al alza el crecimiento. En la revisión del año pasado, por ejemplo, el INE elevó en tres décimas el crecimiento de 2024, hasta el 3,5%, y también revisó al alza el dato de 2022 hasta el 6,4%, aunque redujo en dos décimas el correspondiente a 2023, hasta el 2,5%. Las modificaciones de estas cifras responden a la incorporación de nueva información estadística y a la actualización de las bases de datos utilizadas para calcular la evolución de la economía. Entre los elementos que se revisan figuran los deflactores, los intercambios comerciales, la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas y distintas encuestas, entre ellas las relativas al coste laboral y a los presupuestos familiares. Además de estas revisiones ordinarias, el INE lleva a cabo revisiones extraordinarias de la Contabilidad Nacional en cumplimiento de los compromisos europeos y de las recomendaciones internacionales. En estos procesos se vuelve a examinar el conjunto de la serie histórica de la contabilidad nacional desde 1995, con el objetivo de incorporar las mejoras metodológicas y las nuevas fuentes de información disponibles.

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(El País, 21-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España sitúa su deuda pública por debajo del 100% del PIB por primera vez desde la pandemia

La deuda pública española se situó en julio por debajo del 100% del PIB por primera vez desde los meses anteriores a la pandemia. Según los datos publicados por el Banco de España, el endeudamiento del conjunto de las Administraciones Públicas equivalía al 99,9% del PIB, una décima por debajo del valor de toda la producción económica anual del país. Se trata de un nivel que no se alcanzaba desde febrero de 2020. En términos interanuales, la ratio ha descendido 2,4 puntos porcentuales, mientras que frente a junio de este mismo año la reducción ha sido de 1,6 puntos. El descenso de la ratio no implica que España haya reducido la cantidad de deuda acumulada. De hecho, el pasivo público alcanzó en julio los 1,744 billones de euros, lo que supone un incremento del 3,8% respecto al mismo mes del año anterior, aunque el importe es aproximadamente un 1% inferior al registrado en junio. La mejora se explica, por tanto, porque la deuda ha perdido peso en relación con el tamaño de la economía. Esta relación entre el endeudamiento y el PIB es uno de los principales indicadores utilizados para valorar la situación de las finanzas públicas y permite comparar la evolución del endeudamiento tanto entre distintos momentos como entre países. El 99,9% registrado en julio constituye una fotografía puntual y no garantiza que la ratio vaya a mantenerse por debajo del 100% durante los próximos meses. Tanto el volumen de deuda como el PIB utilizado para calcular el indicador varían de forma continua, por lo que el porcentaje puede experimentar nuevas oscilaciones. Durante la crisis provocada por la pandemia, el peso de la deuda sobre el PIB aumentó con rapidez y alcanzó su máximo en marzo de 2021, cuando llegó a superar el 124%. A partir de entonces comenzó una trayectoria descendente que ha permitido reducir progresivamente la ratio, aunque no había vuelto a situarse por debajo del 100% hasta los datos correspondientes al pasado julio. Por administraciones, el Estado concentra la mayor parte del endeudamiento. Su deuda alcanzó los 1,589 billones de euros en julio, una cifra equivalente al 91% del PIB y un 4,2% superior a la de un año antes. Las comunidades autónomas acumulaban 349.000 millones, aproximadamente el 20% del PIB, mientras que la Seguridad Social registraba una deuda de 136.000 millones, equivalente al 7,8%. Las corporaciones locales, por su parte, mantenían obligaciones por unos 22.000 millones, el 1,2% del PIB. Las cifras correspondientes a cada nivel de la Administración no pueden sumarse directamente para obtener el endeudamiento total. Esto se debe a que existen operaciones financieras entre las propias Administraciones. Por ejemplo, cuando el Estado concede financiación a una comunidad autónoma, esa cantidad figura simultáneamente como un activo del Estado y como una deuda de la comunidad. Para calcular la deuda del conjunto del sector público se consolidan estas posiciones y se eliminan las operaciones internas, evitando así contabilizar dos veces una misma deuda. La evolución interanual también presenta diferencias significativas según el nivel administrativo. La deuda estatal aumentó un 4,2% en julio respecto al mismo mes de 2025, mientras que el endeudamiento de las comunidades autónomas creció un 2,7%. La Seguridad Social registró un incremento mayor, del 7,9%. En sentido contrario, las corporaciones locales redujeron sus obligaciones un 7,9% y el resto de unidades de la Administración Central disminuyeron su endeudamiento un 10,5%.

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