(Expansión, 31-07-2025) | Fiscal

El TSJ gallego establece que las "herencias en vida" son actos "mortis causa" a efectos fiscales

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha emitido un fallo relevante que proporciona seguridad jurídica y un importante alivio fiscal para las empresas familiares gallegas, con implicaciones que podrían extenderse al resto del país. La sentencia establece que los pactos de mejora -una figura del derecho civil gallego comúnmente conocida como "herencia en vida"- deben ser considerados actos mortis causa a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Esta interpretación contradice el criterio mantenido hasta ahora por la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) y garantiza el acceso a beneficios fiscales a quienes reciben participaciones de empresas familiares mediante esta vía. El conflicto tuvo su origen en un caso en el que una madre transfirió a sus hijos participaciones de su empresa a través de un pacto de mejora. Los beneficiarios aplicaron la reducción estatal del 95% del valor de las participaciones, pero la administración tributaria gallega rechazó dicha reducción, al considerar que, al no haber fallecido la madre, se trataba de una donación (inter vivos), lo que implicaría requisitos más exigentes, como la edad mínima de 65 años para la transmitente. Para los especialistas en fiscalidad, la resolución judicial representa un avance necesario para proteger la continuidad del tejido empresarial gallego. "Este fallo supone una aplicación sensata del régimen fiscal de la empresa familiar con una perspectiva sucesoria, reconociendo que su finalidad es precisamente facilitar el traspaso generacional ordenado", explican Marcos Piñeiro, socio de EY Abogados, y Silvia Acevedo, senior manager de la misma firma. Según ellos, el criterio adoptado no solo avala la aplicación de la reducción estatal del 95% a los pactos de mejora, sino que también posibilita que los contribuyentes se acojan a la bonificación del 99% prevista en la normativa autonómica, que exige un periodo de mantenimiento más corto que el estatal. Este pronunciamiento del TSJ zanja la inseguridad jurídica que venía generando un doble tratamiento fiscal. Hasta ahora, los pactos sucesorios podían considerarse mortis causa en el Impuesto sobre la Renta, siguiendo un criterio del Tribunal Supremo de 2016, pero se les daba un tratamiento inter vivos en el ISD según la interpretación de Atriga, lo que provocaba confusión y riesgos fiscales para los contribuyentes. "No tiene sentido que un mismo acto, reconocido como sucesorio por los tribunales, reciba un tratamiento fiscal distinto solo porque el transmitente esté vivo", destacan los expertos de EY. El Tribunal gallego ha dejado claro que la normativa autonómica no puede imponer condiciones más estrictas que la estatal para acceder a los beneficios fiscales. Es decir, la reciente sentencia impide que se exijan requisitos adicionales, como la edad mínima de 65 años del donante, para aplicar el régimen fiscal favorable a la empresa familiar. Esto limita el margen de actuación de Atriga en las inspecciones, impidiendo que se equiparen los pactos de mejora con donaciones puras desde el punto de vista fiscal. A raíz de esta y otras resoluciones similares, los expertos en derecho tributario consideran necesario que el legislador gallego revise el Decreto Legislativo 1/2011 y elimine el requisito de edad, adaptando la normativa a la jurisprudencia actual. Esta modificación reforzaría la seguridad jurídica y permitiría que el principal incentivo para el relevo generacional en las empresas familiares gallegas cumpla su función sin obstáculos normativos innecesarios.

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(Expansión, 31-07-2025) | Fiscal

Hacienda anuncia un 6,5% más en entregas a cuenta para las comunidades en 2026

El Ministerio de Hacienda ha informado este miércoles a todas las comunidades autónomas de régimen común, así como a Ceuta y Melilla, que en 2026 dispondrán de las entregas a cuenta más elevadas registradas hasta la fecha, con un total de 156.990 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 6,5% respecto al ejercicio de 2025. A este importe se añaden 13.506 millones de euros correspondientes a la liquidación del ejercicio 2024, lo que eleva el total de recursos a distribuir hasta los 169.560 millones de euros, un 7,2% más que en el ejercicio actual. Esta dotación, sin precedentes dentro del sistema de financiación autonómica, se basa en una estimación prudente derivada del buen desempeño de la economía nacional. Desde el departamento que encabeza María Jesús Montero se ha remarcado que este volumen de fondos refleja el compromiso del Ejecutivo con la financiación territorial y con el mantenimiento de unos servicios públicos fundamentales en todo el territorio. "Estamos ante una cifra histórica que evidencia tanto la solidez de la economía como la intención del Gobierno de garantizar la estabilidad financiera de las comunidades", señala el comunicado del Ministerio. Con la remisión de esta información oficial, Hacienda busca aportar seguridad y previsibilidad presupuestaria a los gobiernos autonómicos, que podrán incorporar estas cifras a sus planes de gasto de cara a 2026. Este anuncio coincide con varios desembolsos extraordinarios realizados en los últimos días. Hoy mismo, las comunidades han recibido 9.952 millones de euros por atrasos vinculados a la no actualización de las entregas a cuenta del primer semestre de 2025. Este abono ha sido posible tras la aprobación definitiva del Real Decreto-ley que desvincula dicha actualización de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En paralelo, Hacienda efectuó ayer el pago de los 9.952 millones de actualización de las entregas a cuenta pendientes de 2025, que había congelado hasta su reciente aprobación en el Congreso, mientras que abonará hoy 11.658 más de la liquidación fiscal de 2023, entregando un total de 21.600 millones a las regiones este mes. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha resaltado la importancia del momento: "Jamás, en toda la historia democrática, las comunidades habían recibido un volumen de recursos tan elevado ni un respaldo tan firme por parte del Gobierno de España", ha afirmado María Jesús Montero.

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(Expansión, 31-07-2025) | Fiscal

La Agencia Tributaria ya empieza a hacer las devoluciones a jubilados mutualistas

El procedimiento para la devolución del IRPF pagado indebidamente por los antiguos cotizantes a mutualidades de previsión social fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 25 de julio. Este paso confirma que la Agencia Tributaria ya ha iniciado los reembolsos desde esa fecha. No obstante, el mecanismo para solicitarlos no ha cambiado y sigue siendo el mismo que había establecido Hacienda anteriormente. Las personas con derecho a esta devolución aún están a tiempo de solicitar las cantidades que les correspondan. La publicación en el BOE supone la culminación de un largo proceso que se inició tras varias sentencias que obligaban a Hacienda a compensar a los antiguos mutualistas por la doble tributación sufrida principalmente en los años 60 y 70, en los ejercicios fiscales que todavía no han prescrito: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Inicialmente, la Agencia Tributaria planteó realizar las devoluciones en varios plazos a lo largo de varios ejercicios fiscales, pero en diciembre rectificó y decidió que los pagos se realizarán en un único abono, que se efectuará en 2025. La publicación del procedimiento en el BOE también cierra el trámite legal necesario para que el Gobierno pueda llevar a cabo estas devoluciones, tras su aprobación en el Consejo de Ministros y la ratificación por parte del Congreso. Para agilizar esta reforma legal, el Ejecutivo incluyó el procedimiento mediante una enmienda parlamentaria dentro de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, incorporándolo como una disposición adicional. Para poder acogerse a esta devolución, es requisito haber realizado aportaciones a mutualidades antes del 1 de enero de 1999 y que dichas aportaciones no hayan sido objeto de reducción en la base imponible del IRPF conforme a la legislación vigente en su momento. Se estima que la devolución media podría rondar los 4.000 euros por persona, aunque la cantidad varía según las aportaciones efectuadas, el tipo de mutualidad y el período en el que se cotizó. En total, el importe a devolver podría alcanzar los 6.000 millones de euros. Los beneficiarios son principalmente pensionistas que cotizaron a mutualidades entre 1967 y 1978 y que, como resultado, han sufrido una doble tributación. Esto incluye a pensionistas del régimen general de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, y de regímenes especiales como Muface, Mugeju e Isfas. Las aportaciones realizadas entre 1967 y 1978 dan derecho a una reducción del 25% en la parte de la pensión afectada, y si se hicieron antes de 1967, la reducción puede ser del 100%. Desde mediados de junio, la Agencia Tributaria ha comenzado a enviar comunicaciones a los afectados, indicando que deben volver a presentar la solicitud para acogerse a la devolución del IRPF. Esto es necesario porque los formularios presentados antes de que se habilitara el nuevo procedimiento han quedado anulados. Incluso quienes ya solicitaron la devolución el año pasado deben volver a tramitarla, tal como se explica en las cartas enviadas por Hacienda. El trámite es muy sencillo: solo se requiere proporcionar un número de cuenta bancaria del titular solicitante y un número de teléfono. La Agencia Tributaria calculará automáticamente el importe a devolver, en función de la información de cotizaciones y pensiones disponibles. Si ya se ha presentado el nuevo formulario, no es necesario realizar ningún paso adicional. Además, Hacienda recuerda que los contribuyentes con derecho a devolución están siendo informados automáticamente al presentar su declaración de la Renta. De hecho, las devoluciones correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024 ya han sido tramitadas de forma automática durante las campañas correspondientes. Para quienes aún no hayan solicitado la devolución correspondiente a los ejercicios 2020, 2021 y 2022, no es necesario presentar un escrito para frenar la prescripción. La Agencia Tributaria abonará también los intereses de demora que correspondan en cada caso, conforme a la normativa aplicable. El procedimiento para solicitar la devolución sigue siendo el mismo desde que Hacienda lo activó en abril. El formulario se encuentra disponible en la página web de la Agencia Tributaria, donde también se puede consultar el estado del expediente. Para realizar el trámite es necesario identificarse mediante Referencia, Cl@ve o certificado electrónico (incluido el DNI electrónico). En caso de dudas, los ciudadanos pueden llamar al 91 889 81 46 (de lunes a viernes, de 9 a 14 h) o solicitar cita previa para recibir atención presencial en las oficinas de Hacienda, llamando al 91 290 13 40 (de lunes a viernes, de 9 a 19 h), o bien a través del portal web de la Agencia Tributaria, en el apartado de Asistencia y Cita.

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(El Confidencia, 31-07-2025) | Fiscal

Los inspectores piden a Montero garantías de que no habrá traspasos a la Hacienda catalana

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha solicitado este miércoles a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que garantice que ningún empleado de la Agencia Tributaria (AEAT) será transferido a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). A través de un comunicado, la organización ha expresado su oposición a cualquier posible traslado "generalizado o forzoso" de personal de la AEAT en Cataluña hacia la ATC, tras el acuerdo alcanzado entre ERC y la Generalitat que contempla la creación de dos nuevos cuerpos autonómicos: uno de agentes tributarios y otro de profesionales informáticos. La Asociación de Inspectores de Hacienda manifestó ayer su "firme rechazo y profunda preocupación por un eventual traslado de personal funcionario de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC)" como consecuencia del nuevo acuerdo sellado esta semana entre el Govern de la Generalitat y ERC para avanzar en la aplicación del pacto de financiación singular para Cataluña. "Cualquier tentativa de traspaso general o forzoso de los funcionarios de la AEAT a una administración tributaria autonómica constituye un ataque frontal a la autonomía de organización" que la Agencia Tributaria tiene blindada por ley "y a los derechos de sus trabajadores, que no pueden ser moneda de cambio de ningún intercambio político", advirtieron los inspectores, reclamando al Gobierno "garantías públicas y claras sobre el futuro de los funcionarios de la AEAT destinados en Cataluña". El colectivo, que ha solicitado públicamente la dimisión de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda por el pacto del cupo catalán, reclamó ayer a María Jesús Montero "que se comprometa públicamente a garantizar que no se llevará a cabo ningún tipo de traspaso general o forzoso de los funcionarios" de la Agencia Tributaria para alimentar la nueva maquinaria fiscal de la región, a la que el Gobierno ha prometido ceder el 100% de los impuestos, su gestión, recaudación e inspección. Así lo exigió ERC para investir president de la Generalitat al socialista Salvador Illa, pero el independentismo catalán viene denunciando que la aplicación del pacto se queda corta para permitir la cesión del IRPF desde 2026 como primer paso. En respuesta, Govern y ERC firmaron un nuevo pacto el martes para reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña, dotándola de las herramientas, personal y equipamento informático necesario para asumir sus nuevos cometidos. Fue este acuerdo el que volvió a soliviantar ayer a los inspectores de Hacienda. Por su parte, la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que también muestra su recelo ante el acuerdo, advirtió ayer de que la mayoría de los empleados de la Agencia Tributaria destinados en Cataluña rechazaría un traslado voluntario a la Agencia autonómica. Los técnicas recuerdan que "la gran mayoría de los funcionarios de la Agencia Tributaria en Cataluña procede de las últimas promociones y carece de arraigo en la región". De momento, exponen, la Agencia catalana cuenta con 832 trabajadores, incluyendo 29 inspectores y 41 técnicos, frente a los 6.400 de la AEAT.

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(El Economista, 31-07-2025) | Laboral

Solo un 5% de los perceptores del subsidio cobran el incentivo por encontrar empleo

La reforma del subsidio por desempleo fue uno de los principales cambios laborales aprobados en la anterior legislatura. Esta modificación estaba vinculada a los compromisos adquiridos por España para acceder al cuarto tramo de los fondos europeos Next Generation. La medida necesitó dos votaciones en el Congreso de los Diputados para ser aprobada, debido a las diferencias entre el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, y el de Economía, encabezado por Nadia Calviño, principalmente en torno a cuestiones técnicas. Uno de los puntos de mayor debate fue la implementación del incentivo a la inserción laboral, que se materializó en el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE), actualmente recibido por 46.206 personas. Según datos del Ministerio de Trabajo correspondientes al mes de mayo, este número representa el 5,5% del total de beneficiarios del subsidio por desempleo, una prestación de carácter asistencial destinada a quienes ya han agotado el paro contributivo o no han cotizado al menos 360 días. De ese total, 19.000 personas compatibilizan el subsidio con un empleo a tiempo parcial, mientras que 27.204 lo hacen con un trabajo a jornada completa, opción que se habilitó tras la reforma para quienes accedieran al subsidio a partir del 1 de noviembre de 2024. Este fue precisamente uno de los aspectos que generó más fricción en el seno del Gobierno. Economía proponía fórmulas para fomentar la inserción laboral entre los beneficiarios del subsidio, mientras que Trabajo quería evitar que estas medidas supusieran un recorte en las cuantías. Finalmente, se acordó mantener la ayuda máxima en el 80% del IPREM, equivalente actualmente a 480 euros mensuales, durante un máximo de 180 días, descontados del total de tiempo en que se puede recibir el subsidio. Cabe destacar que esas 46.000 personas no reciben necesariamente el importe máximo, ya que el valor del CAE varía en función de las horas de contrato laboral y del tiempo transcurrido desde que se empezó a cobrar el subsidio. Así, si alguien encuentra un empleo a jornada completa durante los tres primeros meses en que recibe la ayuda, podrá acceder al máximo de 480 euros. En cambio, si consigue ese mismo trabajo tras más de un año con el subsidio, el complemento baja a 120 euros. Por otro lado, quienes aceptan un empleo a media jornada en los primeros meses reciben 360 euros, y si lo hacen en el tramo final, apenas 30. Es importante señalar que este complemento no se solicita de forma voluntaria, sino que lo otorga automáticamente el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuando detecta que un beneficiario del subsidio comienza a trabajar, ya sea a tiempo parcial o completo. En el caso de contratos a jornada completa, el SEPE suspende la demanda de empleo, mientras que si el trabajo es parcial, la persona debe renovar su inscripción como demandante cada tres meses. Además, la misma reforma también introdujo la posibilidad de compatibilizar el paro contributivo con el complemento al empleo. Sin embargo, esta medida solo empezó a aplicarse a partir del 1 de abril, por lo que su impacto aún es limitado. En este caso, los desempleados que ya tenían reconocida la prestación antes de esa fecha pueden percibir el CAE si acceden a un empleo a tiempo parcial. Para quienes accedieron al paro a partir de abril, se exige haber generado más de 14 meses de prestación y haber cobrado al menos nueve, tanto si se accede a un empleo a jornada completa como parcial. A diferencia del subsidio, la aplicación del complemento mientras se cobra el paro contributivo no es automática, por lo que el trabajador puede solicitar que se suspenda. Al igual que con el subsidio, el tiempo durante el cual puede recibirse el CAE mientras se está trabajando depende de los meses previos en los que se haya cobrado la prestación por desempleo. Por ejemplo, si se ha cobrado durante diez meses, el incentivo dura 30 días; con once meses, 60 días; con doce, 90 días; y si se ha superado ese tiempo, puede llegar hasta 180 días. Dentro de los beneficiarios del subsidio, destaca el colectivo de mayores de 52 años, que representa el grupo más numeroso. Según el Ministerio de Trabajo, 460.840 personas de los 838.054 beneficiarios pertenecen a este segmento, reflejando la dificultad de reincorporación al mercado laboral para quienes están cerca de la edad de jubilación. Les siguen quienes han agotado el paro contributivo, en su mayoría desempleados de larga duración, que suman más de 151.000 personas. Finalmente, alrededor de 100.000 personas perciben el subsidio por no haber cotizado lo suficiente para generar derecho a la prestación contributiva, ya sea por haber sido despedidos, haber finalizado un contrato temporal o no superar un periodo de prueba en un nuevo empleo.

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(Cinco Días, 31-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Reserva Federal mantiene tipos en el 4,5% pese a las presiones de Trump

La Reserva Federal apuesta por una quinta pausa consecutiva y deja sin cambios el precio del dinero ante la incertidumbre que se mantiene sobre el impacto real de la guerra comercial. Quinta pausa consecutiva. La Reserva Federal (Fed) mantiene los tipos de interés en la franja comprendida entre el 4,25% y el 4,5%, tramo en el que quedaron fijados en diciembre, cuando el banco central hizo su última rebaja en el precio del dinero, justo antes de que el presidente de EEUU, Donald Trump, jurara el cargo. Desde entonces, la Fed se ha instalado obstinadamente en una estrategia de "esperar y ver", convencida de que la guerra comercial es la responsable de que "la inflación siga alta" y quiere conocer el impacto real de los aranceles sobre la economía del país antes de retomar la desescalada en los tipos. Las bolsas tornaron al rojo tras la rueda de prensa de Powell, con un duro discurso sobre futuros recortes. El Nasdaq se dejaba un 0,11%, mientras que el S&P y el Dow Jones cedían un 0,36% y un 0,66%, respectivamente. Si bien Wall Street ya descontaba desde hace días la decisión de ayer, esta choca frontalmente con los deseos del presidente de EEUU, que horas antes de que el banco anunciara su decisión volvió a reiterar ayer en sus redes sociales la necesidad de un recorte de tipos, aprovechando el buen dato de PIB que también se conoció ayer. Lo cierto es que la economía del país dio muestras de una mayor resistencia de lo esperado, con un avance del PIB del 3% en el segundo trimestre del año, frente a una contracción del 0,5% entre enero y marzo. Powell definió ayer esta evolución como "irregular". El cambio tan drástico se debe a la guerra comercial, que ha distorsionado las estadísticas de crecimiento. Powell celebró que EEUU esté ultimando acuerdos por todo el planeta, incluyendo el tratado con la Unión Europea, que "mantiene el tipo efectivo (de los aranceles) sin muchos cambios"; pero al mismo tiempo, reconoció que "todavía sigue habiendo mucha incertidumbre". Luces y sombras en los datos que ponen a la Fed en una situación casi imposible. Por un lado, la inflación volvió a repuntar en junio, hasta el 2,7%. Lo hizo al ritmo más rápido de los últimos doce meses, respaldando las tesis más pesimistas del banco central. Y el PIB disparado en el 3%, lo que demuestra que la economía está lejos de enfriarse, escenario que justificaría una rebaja de tipos. Por el contrario, las últimas cifras también hablan de un parón en el mercado de la vivienda a consecuencia de los altos tipos de interés y un desplome en el último trimestre de la inversión empresarial, tanto por el alto coste del dinero como por la incertidumbre comercial. Los índices de paro todavía no preocupan y se consideran bajos, pero lo cierto es que la tasa de desempleo ya se ha afianzado por encima del 4% y crece mes a mes, situándose en su nivel más alto desde 2021, en plena crisis pospandemia. Aunque la Reserva Federal no ha dado pistas de cuál será su hoja de ruta para después del verano, los analistas creen que en septiembre se producirá el primer recorte de tipos de este año, aunque Powell insistió ayer en que "no hemos tomado una decisión todavía sobre qué ocurrirá en septiembre". Lo que sí dejó claro es que serán los datos y no la política los que guíen sus pasos: "Asegurar un banco central independiente es un pacto institucional que ha servido bien a los ciudadanos hasta ahora; nos tenemos que guiar por los datos, no por aspectos políticos". La cita de septiembre será especialmente importante, ya que también está previsto que los gobernadores actualicen entonces sus previsiones de cara a los próximos meses. El mercado está atento a la reacción de Trump ante la decisión de ayer de la Fed, con la duda de si forzará o no el relevo al frente del banco central. La campaña en contra del presidente de la institución, Powell, se ha intensificado en las últimas semanas, especialmente tras la visita sorpresa del inquilino de la Casa Blanca a las obras de la sede de la Fed en Washington, donde intentó dejar en evidencia a su anfitrión por su gestión en la reforma multimillonaria del cuartel general del regulador del mercado financiero. Ayer, Powell le restó importancia, y aseguró que "la visita fue agradable, a pesar de que no es habitual que un presidente de EEUU visite la sede de la Fed". Además, recordó que el proyecto de reforma se inició hace ya más de una década, antes de su llegada a la presidencia de la Fed. Relevo o no, hay mucha incertidumbre en torno al banco central y el futuro de los tipos, con las posiciones cada vez más polarizadas. Aunque Powell no ceda ante las presiones de Trump, lo cierto es que la campaña en su contra ya ha abierto una brecha en el seno del organismo. En Wall Street, tampoco hay consenso entre inversores y analistas. Mientras que los consejeros delegados de grandes bancos, como David Solomon (Goldman Sachs), se inclinan a favor de relajar la política monetaria, otros, como Jamie Dimon, defienden la cautela de Powell e insisten en la difícil posición de equilibrio en la que se encuentra.

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(Cinco Días, 31-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La economía de la zona euro se frena en plena guerra comercial con un leve crecimiento del 0,1% entre abril y julio

La economía europea ha estado marcada durante los últimos seis meses por las tensiones comerciales impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump. En el segundo trimestre de 2025, el producto interior bruto (PIB) de la zona euro apenas creció un 0,1%, su menor ritmo en los últimos 18 meses, según datos de Eurostat. El conjunto de la Unión Europea registró un avance del 0,2%, lo que pone en evidencia que el buen comportamiento observado a comienzos de año -con subidas del 0,6% en la eurozona y del 0,5% en la UE- respondió más a factores coyunturales que a una tendencia sostenida. Buena parte de estos resultados económicos se explican por las consecuencias de la guerra comercial. Durante los tres primeros meses del año, muchas empresas estadounidenses adelantaron sus compras para evitar los aranceles anunciados, lo que impulsó temporalmente la actividad. Sin embargo, con la entrada en vigor de esas tarifas en abril, la demanda se ha frenado. A esto se suma la apreciación del euro, que ha subido cerca de un 13% en lo que va de año frente al dólar, encareciendo así las exportaciones europeas. Alemania, el país con mayor peso económico en la zona euro, refleja bien esta dinámica. Su economía, muy dependiente de la industria exportadora -especialmente en sectores como el automóvil, la química y la maquinaria- se benefició inicialmente de las compras anticipadas de EE. UU., lo que le permitió crecer un 0,3% en el primer trimestre, su mejor dato desde el inicio de la guerra en Ucrania. Sin embargo, entre abril y junio volvió a registrar una caída del 0,1%. Según Carsten Brzeski, economista jefe de ING para macroeconomía, el impulso inicial dado por las exportaciones alemanas se ha desvanecido y el impacto de los aranceles comienza a notarse. Advierte, además, que esta tendencia negativa podría continuar en el tercer trimestre, pese a que existe un marco de entendimiento comercial entre la UE y Estados Unidos. En su análisis, estima que los aranceles del 15% podrían restar entre 0,1 y 0,2 puntos al crecimiento del PIB alemán. Italia muestra un comportamiento similar. Su economía también se expandió un 0,3% al inicio del año, para luego retroceder un 0,1% en primavera. Como Alemania, depende en gran medida de las exportaciones al mercado estadounidense. En contraste, España presenta un panorama más favorable. Al tener menos exposición al mercado de EE. UU., los efectos del proteccionismo norteamericano han sido limitados. Su economía continúa creciendo con fuerza: un 0,7% en el último trimestre. Factores como la creación de empleo, que ha superado los 22 millones de ocupados, y una inversión sólida apoyada en los fondos europeos de recuperación, han consolidado a España como uno de los países con mejor evolución económica en la UE. Portugal también ha mostrado un buen desempeño, con un crecimiento del 0,6% en el segundo trimestre. Irlanda representa un caso atípico. Debido a su fiscalidad favorable, muchas multinacionales -especialmente estadounidenses y también chinas- establecen allí sus filiales, lo que distorsiona los datos del PIB. Así, mientras en el primer trimestre su economía creció un 7,4%, en el segundo se contrajo un 1%. A pesar de esa caída, la comparación anual arroja un crecimiento del 16,2%. No obstante, Irlanda es uno de los países europeos más expuestos a los nuevos aranceles, ya que acoge fábricas de importantes farmacéuticas estadounidenses que exportan desde allí a su país de origen.

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(El País, 31-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC aprueba su primer informe sobre el apagón sin señalar aún responsables a los que multar

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado este martes un primer informe sobre el gran apagón eléctrico del 28 de abril, según confirman diversas fuentes conocedoras del proceso. El pleno del organismo, responsable también de la potestad sancionadora, ha avalado de forma unánime un documento preliminar que analiza lo ocurrido durante el mayor fallo del sistema eléctrico en la historia reciente de la península Ibérica, que dejó a millones de personas sin suministro durante varias horas. Este análisis inicial no señala responsables específicos, pero deja abierta la posibilidad de imponer sanciones en el futuro. Este informe responde a la obligación de realizar una evaluación posterior al suceso, impuesta por las normativas europeas. Tras un incidente de esta magnitud, las autoridades nacionales deben emitir una valoración técnica del evento, basada en el diagnóstico elaborado previamente por el comité de expertos designado por el Gobierno. Paralelamente, la CNMC continúa con su propia investigación para esclarecer todos los hechos. Las fuentes consultadas indican que el contenido del documento es técnico y moderado, con algunos matices respecto al informe presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 17 de junio. Desde la CNMC han optado por no hacer declaraciones, mientras que en el sector se considera razonable que no se señalen culpables en esta fase, con el fin de no interferir en las investigaciones ni fortalecer los argumentos defensivos de los posibles sancionados en un futuro. El informe se ha aprobado justo antes del receso de verano del consejo de la CNMC, con la intención de enviarlo junto con el del Ejecutivo a la Comisión Europea y al grupo de coordinación de electricidad, que se encarga de coordinar la política energética entre países. La legislación comunitaria fijaba un plazo de tres meses desde el apagón para remitir esta información. Desde el primer momento, la CNMC anunció que realizaría una investigación independiente al margen de otras iniciativas. En este contexto, ha solicitado información detallada a todos los actores implicados, incluyendo a las grandes empresas eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) y al operador del sistema, Red Eléctrica. El 13 de mayo, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, compareció en el Congreso para anunciar que su institución llevaría a cabo un análisis técnico exhaustivo para reconstruir el suceso. Afirmó que, si se detectaban infracciones graves, se abrirían los correspondientes expedientes sancionadores. Estas sanciones podrían incluir, además de multas, la retirada de autorizaciones o incluso la inhabilitación de algunos operadores. El informe de la CNMC también puede incluir propuestas y recomendaciones para evitar situaciones similares en el futuro. Una parte clave de la investigación se centra en cómo se gestionó la reposición del servicio y si en ese proceso también hubo errores. Los análisis publicados hasta ahora ofrecen versiones distintas. El comité gubernamental que examinó el suceso señaló a Red Eléctrica por una falta de previsión y a las eléctricas por no respetar los parámetros de control de tensión, lo que provocó la desconexión de algunas plantas. En respuesta, tanto Red Eléctrica como las compañías eléctricas difundieron sus propios informes, culpándose mutuamente por el fallo, que tuvo consecuencias económicas y humanas de gran calado. Otra pieza clave en esta investigación es el informe que está elaborando Entso-e, el organismo europeo que agrupa a los operadores de sistemas eléctricos y supervisores nacionales. Este grupo de expertos internacionales dispone de seis meses para emitir su análisis, y en sus avances preliminares apuntan a una cadena de desconexiones causadas por un aumento de tensión. También investigan si esta subida se debió a una disminución en la absorción de potencia reactiva por parte de los generadores, deficiencias en las líneas de transmisión o un exceso de energía reactiva desde las redes de distribución. En este contexto, el informe de la CNMC mantiene abierta la posibilidad de que tanto las eléctricas como Red Eléctrica tengan algún grado de responsabilidad, sin descartar a ninguno de los actores implicados. Aunque hasta ahora el organismo no había señalado responsables públicamente, el pasado 24 de junio su presidenta afirmó que "la respuesta de las instalaciones no fue la adecuada" durante el apagón. También recordó que las sanciones podrían llegar hasta los 60 millones de euros. El Gobierno, por su parte, ha indicado que serán la CNMC y los tribunales los que determinen oficialmente las posibles responsabilidades, tanto en el ámbito administrativo como judicial.

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(El Periódico, 31-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación acelera cuatro décimas en julio, hasta el 2,7%, por el tirón de la electricidad y los carburantes

Durante el mes de julio, los precios han experimentado un nuevo incremento, impulsados por el aumento de la demanda turística, el encarecimiento de servicios típicos de la temporada estival y un efecto estadístico relacionado con la evolución de los precios energéticos en el mismo periodo del año anterior. Según el dato provisional publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, el índice de precios de consumo (IPC) ha alcanzado una tasa interanual del 2,7%, lo que supone un aumento de cuatro décimas respecto a junio, cuando se registró un 2,3% y se rompió la tendencia descendente que se venía observando. Este repunte, que deberá ser confirmado en las próximas semanas, está principalmente motivado por el aumento en el coste de determinados componentes energéticos, como la electricidad y los carburantes, aunque las causas detrás de cada uno son distintas. En el caso de la electricidad, la subida actual se compara con unos precios excepcionalmente bajos de julio de 2024, cuando coincidieron una caída temporal del precio del gas y una demanda reducida. Este contraste provoca un efecto estadístico que incrementa artificialmente la variación interanual. Por otro lado, los carburantes, como ya ocurrió en junio, han vuelto a subir debido al aumento habitual de la movilidad durante el verano, lo que presiona sus precios al alza. En cuanto a la inflación subyacente -que excluye los alimentos frescos y la energía por ser más volátiles-, se ha situado en el 2,3%, apenas una décima por encima del mes anterior, lo que indica cierta contención en la evolución del núcleo de precios. Estos datos reflejan nuevos desafíos para el proceso de desinflación iniciado hace dos años, en el camino hacia el objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. Entre los factores de riesgo, el sector está dando prioridad a la estabilidad de la red, lo que repercute en los costes. Además, aunque en menor medida, las condiciones meteorológicas también están influyendo. Además, del encarecimiento de los alimentos no elaborados, achacándolo tanto a cuestiones climáticas como a problemas de alcance global. A pesar del aumento de tres décimas en el IPC, el Ministerio de Economía asegura que la inflación sigue siendo compatible con el buen momento que atraviesa la economía española. Subrayan que el control de los precios, la creación récord de empleo y el aumento de los salarios están ayudando a que las familias recuperen gradualmente su poder adquisitivo. Los datos disponibles respaldan esta visión. En el primer trimestre del año, los sueldos aumentaron un 3,8% respecto al mismo periodo del año anterior, superando claramente la tasa de inflación. Además, los convenios colectivos firmados hasta ahora recogen incrementos salariales superiores al 4% de media, lo que se sitúa por encima del pacto alcanzado entre sindicatos y empresarios para este año. Al mismo tiempo, persisten presiones inflacionistas derivadas del fuerte consumo interno. El gasto de los hogares se ha consolidado como uno de los pilares del crecimiento económico en España, y muchas empresas están aprovechando este contexto para aplicar subidas de precios. En el segundo trimestre de 2025, la economía española aceleró su ritmo y creció un 0,7% respecto al trimestre anterior -una décima más que en el primer trimestre-, mientras que en términos interanuales el avance fue del 2,8%, según el INE. Esta evolución positiva se debe, sobre todo, al dinamismo de la demanda interna, que aportó 0,9 puntos al crecimiento trimestral del PIB y 3,4 puntos a la tasa anual. En particular, el gasto de los hogares aumentó un 0,8% frente al trimestre anterior, lo que refleja la fortaleza del empleo y la mejora del poder adquisitivo. Según Torres, este comportamiento favorece el crecimiento económico, aunque también implica una presión adicional sobre los precios.

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(La Razón, 31-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España ha perdido casi 50.000 pequeños comercios en los últimos cinco años

Entre 2019 y 2024, el comercio minorista en España ha sufrido una importante contracción, con el cierre de 49.970 establecimientos. Esta cifra refleja una tendencia preocupante de desaparición del pequeño comercio, que compromete la diversidad empresarial y amenaza la continuidad de muchos negocios locales. Aunque el declive no es nuevo -desde el año 2000 han cerrado más de 140.000 tiendas, lo que equivale a un 22,6% del total-, la irrupción de la pandemia y el crecimiento acelerado del comercio electrónico han intensificado el problema. En los últimos cinco años, más de un tercio del sector minorista ha desaparecido, lo que evidencia el desafío para aquellos negocios que no se adaptan al nuevo entorno comercial. El informe "Nuevas Dinámicas de Consumo tras la Covid-19", elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, revela que el comercio minorista se ha visto empujado a una transformación profunda por dos factores principales: la caída de las ventas presenciales y el avance imparable de las compras por internet. Entre 2019 y 2024, las ventas online han crecido un 95%, alcanzando los 95.200 millones de euros. Destaca especialmente el crecimiento de las compras a través del móvil: en 2020, aumentaron un 62,4%, frente al 41% de los canales digitales más tradicionales, según datos de Euromonitor. Además, el porcentaje de empresas que venden por internet ha subido del 36% en 2019 al 45% en 2023, triplicando los datos de 2008, cuando era solo del 14,7%. La pandemia fue un claro acelerador de este cambio: en 2024, el 56,7% de los hogares españoles compran online, frente al 46,9% de 2019 y apenas el 10% en 2006. El problema para los pequeños negocios es que esta transformación se da en un entorno altamente desigual. Las grandes cadenas, con más capacidad financiera y tecnológica, han liderado la digitalización, adaptando sus estrategias con agilidad. Durante la pandemia, estas grandes superficies resistieron mejor el impacto económico: mientras en el primer trimestre de 2020 desaparecieron 20.808 pequeños comercios, los supermercados e hipermercados incrementaron sus ventas en un 10%, según datos de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). Pero el cambio no solo afecta a cómo se compra, sino también a lo que se valora al comprar. Hoy en día, los consumidores otorgan gran importancia a factores como la sostenibilidad, la salud o la cercanía. En 2023, un 66% de los compradores prefería productos locales, y un 79% elegía marcas sostenibles. Al mismo tiempo, la incertidumbre económica ha incentivado el ahorro, impulsando el consumo de marcas blancas, que ya representan el 43,7% del mercado, según la consultora Kantar. Durante la pandemia, muchos redescubrieron el comercio de barrio, favoreciendo iniciativas adaptadas a los nuevos valores de conveniencia, trato personalizado y compromiso ambiental. No obstante, ese deseo de conveniencia también se volcó hacia el comercio digital, que ganó terreno rápidamente, captando nuevos usuarios y consolidándose como una opción habitual. El informe subraya que, en este nuevo escenario, la supervivencia del comercio minorista dependerá de su capacidad para adoptar un enfoque omnicanal, que combine eficazmente las ventas presenciales y digitales, ofreciendo una experiencia de compra más completa y adaptada al consumidor actual. Aunque las tiendas físicas seguirán teniendo un papel importante, su función está cambiando: ya no son solo espacios de venta, sino también lugares para ofrecer atención personalizada, experiencias y conexión con un cliente cada vez más digital. Si los pequeños comercios no se adaptan a esta realidad, podrían quedar fuera de juego en un mercado cada vez más concentrado y dominado por grandes cadenas y plataformas de venta online, como ya se ha venido observando en los últimos años.

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