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(Cinco Días, 11-11-2026) | Fiscal

Las ayudas al coche eléctrico se agotan en medio de la incertidumbre electoral: queda dinero para menos de 14.000 solicitudes

El programa estatal Auto+, destinado a incentivar la compra de vehículos electrificados, se acerca a su agotamiento debido al ritmo de solicitudes y a la progresiva reducción de los fondos disponibles. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria y Turismo, la semana pasada se habían registrado peticiones por valor de 305,6 millones de euros correspondientes a particulares y de 38,58 millones por parte de empresas y autónomos. Dado que las dotaciones iniciales ascienden a 350 y 50 millones, respectivamente, fuentes del sector calculan que el presupuesto podría agotarse durante la semana de las elecciones generales, previstas para el próximo 29 de noviembre. De cumplirse estas previsiones, las ayudas finalizarían aproximadamente un mes antes de la fecha establecida en el BOE, que fija el 31 de diciembre como límite del programa. Ese mismo día también concluye la vigencia de la deducción en el IRPF de hasta 3.000 euros por la adquisición de vehículos electrificados. Tomando como referencia el gasto medio por expediente, situado en 3.165 euros para los particulares, las fuentes consultadas estiman que todavía habría margen para atender algo más de 14.000 solicitudes. No obstante, esta cantidad ya sería inferior, puesto que durante la última semana se han seguido registrando nuevas peticiones. En el caso de empresas y autónomos, el importe medio por expediente alcanza los 4.297 euros, por lo que quedarían fondos para unas 2.658 solicitudes adicionales, aunque también se trata de una estimación basada en datos anteriores. Desde el Ministerio de Industria consideran que Auto+ ha sido un programa exitoso, pese al retraso en su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que no llegó hasta julio. Además, su duración está superando las previsiones iniciales del sector, que a principios de año esperaba que las ayudas se agotaran en verano. Esta estimación tenía en cuenta la experiencia del anterior plan Moves, cuyo presupuesto tuvo que duplicarse el pasado ejercicio para poder atender toda la demanda. En Industria dan por hecho que, si tras las elecciones del 29 de noviembre no se produce un cambio de Gobierno, los incentivos a la compra de vehículos eléctricos seguirán formando parte de las medidas previstas para los próximos años dentro del Plan España Auto 2030, la estrategia industrial y de apoyo económico al automóvil acordada entre el Ejecutivo y el sector. Sin embargo, los fabricantes y distribuidores temen que un cambio de Gobierno pueda provocar un periodo de hasta seis meses sin ayudas. En caso de prorrogarse, consideran necesario que los nuevos incentivos tengan carácter retroactivo para cubrir las compras realizadas durante el tiempo que transcurra hasta la aprobación de los siguientes fondos. También existe incertidumbre sobre el papel que podría desempeñar Vox, contrario a la transición ecológica, en un eventual Ejecutivo del PP, que necesitaría su apoyo para gobernar según los sondeos. La patronal de concesionarios Faconauto reclamó, durante la presentación de las matriculaciones de octubre, que se aclare cuanto antes si las ayudas al vehículo electrificado continuarán en 2027. La organización considera necesario garantizar su continuidad para mantener el impulso que han dado al mercado. En la misma línea se pronunciaron Ganvam, que representa a vendedores y reparadores, y Anfac, la asociación de fabricantes. Ganvam advirtió de que los incentivos deben mantenerse al margen de los calendarios electorales, ya que la incertidumbre administrativa puede acabar condicionando las decisiones de compra. Si el programa Auto+ continúa en los próximos ejercicios, también deberá adaptarse a los criterios de contenido local que establezca la Unión Europea en la futura Ley de Aceleración Industrial (IAA), actualmente en negociación entre los Veintisiete. En su configuración actual, el plan permite subvencionar vehículos eléctricos fabricados fuera de la UE, incluidos los procedentes de China. La nueva normativa comunitaria pretende limitar esta posibilidad con el objetivo de proteger a la industria automovilística europea.

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(Expansión, 11-11-2026) | Fiscal

Rectificar impuestos sin miedo a multas: fin a las sanciones automáticas de Hacienda

El Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad del sistema de autoliquidaciones rectificativas introducido por el Real Decreto 117/2024, pero ha establecido un criterio que refuerza las garantías de los contribuyentes frente a posibles sanciones de la Agencia Tributaria. En concreto, el Alto Tribunal descarta que Hacienda pueda imponer multas de forma automática cuando un contribuyente presenta una rectificación para recuperar cantidades previamente ingresadas, siempre que actúe de buena fe y aporte información completa y veraz. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en su Sección Segunda, ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) contra el citado real decreto. La organización cuestionaba la adaptación de los reglamentos del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA, los Impuestos Especiales y los impuestos sobre los gases fluorados al nuevo procedimiento de rectificación, al considerar que excedía los límites de la potestad reglamentaria y podía perjudicar los derechos de los contribuyentes. La controversia surgió tras la reforma de la Ley General Tributaria introducida por la Ley 13/2023, que sustituyó el procedimiento tradicional de solicitud de rectificación por un modelo basado en la presentación de una autoliquidación rectificativa. AEDAF advertía de que este cambio podía dejar a los contribuyentes expuestos a actuaciones sancionadoras cuando solicitaran devoluciones derivadas de discrepancias con los criterios de la Administración. El Supremo, sin embargo, considera que la Ley General Tributaria proporciona cobertura suficiente para desarrollar reglamentariamente este sistema y descarta que exista una vulneración de la reserva de ley. También aclara que la expresión «normativa propia» no se limita exclusivamente a las leyes en sentido estricto, sino que comprende el conjunto de disposiciones reguladoras de cada impuesto. Pese a rechazar la pretensión de nulidad de AEDAF, la sentencia introduce una interpretación especialmente relevante sobre las consecuencias sancionadoras de las autoliquidaciones rectificativas. El tribunal establece que, cuando un contribuyente ingresó inicialmente una deuda tributaria y posteriormente presenta una rectificación para solicitar su devolución, la Administración no puede imponer automáticamente una sanción por dejar de ingresar. Los magistrados recuerdan que el nuevo procedimiento obliga a identificar expresamente los datos modificados y explicar los motivos que justifican la rectificación. De este modo, Hacienda dispone desde el primer momento de la información necesaria para comprobar si la modificación resulta procedente. Además, el Supremo señala que la Agencia Tributaria puede ejercer sus facultades de comprobación e investigación antes de efectuar la devolución si considera que existen dudas sobre su procedencia. La sentencia entiende que, cuando el contribuyente ha cumplido inicialmente con su obligación de pago y después expone de forma transparente las razones jurídicas y los datos que justifican la rectificación, no cabe presumir que haya cometido una infracción. Por tanto, la Administración no puede fundamentar una sanción en resoluciones genéricas o argumentos estandarizados sin acreditar las circunstancias concretas que permitan apreciar culpabilidad. El Alto Tribunal también eleva el nivel de exigencia para justificar una eventual sanción. En estos supuestos, la motivación de la culpabilidad debe ir más allá de la simple falta de diligencia, siguiendo el criterio recogido en la sentencia 96/1990 del Tribunal Constitucional. El pronunciamiento supone un respaldo para empresas y asesores fiscales que temían que el nuevo sistema pudiera desincentivar las reclamaciones frente a criterios de Hacienda. Una de las principales preocupaciones era que un contribuyente presentara una rectificación basada en una interpretación jurídica distinta de la mantenida por la Dirección General de Tributos o el Tribunal Económico-Administrativo Central, recibiera la devolución y, tiempo después, se enfrentara a una inspección con una propuesta de sanción por haber obtenido indebidamente esas cantidades. Con la nueva doctrina, el Supremo establece que una discrepancia interpretativa razonada, debidamente explicada y acompañada de información veraz no constituye por sí misma un motivo para sancionar. Hacienda podrá revisar la rectificación, rechazar el criterio aplicado y exigir la devolución de las cantidades correspondientes, junto con los intereses que procedan, pero no podrá imponer una multa de manera automática por el mero hecho de que el contribuyente haya defendido una interpretación diferente. Para Esaú Alarcón, socio de Gibernau, la sentencia constituye una buena noticia para los fiscalistas, ya que limita considerablemente la capacidad sancionadora de Hacienda cuando el contribuyente actúa de buena fe. El experto recuerda que el procedimiento tradicional permitía plantear discrepancias interpretativas sin el temor a que la posterior devolución derivara en una sanción. No obstante, advierte de que no puede descartarse que se produzcan actuaciones administrativas inadecuadas en determinados casos. En la práctica, el fallo refuerza la seguridad jurídica de quienes utilizan las autoliquidaciones rectificativas para defender criterios fiscales distintos de los sostenidos por la Agencia Tributaria. La clave estará en justificar adecuadamente los motivos de la modificación, facilitar todos los datos relevantes y actuar con transparencia, ya que estas circunstancias serán determinantes para valorar si existe o no responsabilidad sancionadora.

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(El País, 11-11-2026) | Fiscal

España registra una de las mayores subidas de la presión fiscal en la UE, pero sigue por debajo de la media

España registró en 2025 uno de los mayores incrementos de la presión fiscal de la Unión Europea, con una subida cercana a un punto porcentual. Esta evolución se explica tanto por el aumento de la recaudación tributaria como por la fortaleza del mercado laboral, que ha elevado los costes asociados a las cotizaciones sociales. En consecuencia, el peso de los impuestos y las aportaciones a la Seguridad Social sobre el producto interior bruto (PIB) aumentó nueve décimas en un año, hasta situarse en el 38,1%. Los últimos datos de Eurostat colocan a España entre los países donde más creció este indicador, en niveles similares a Francia y Croacia y solo por detrás de Alemania y Malta. A pesar de este avance, la presión fiscal española sigue por debajo de la media comunitaria, de la zona euro y de las principales economías europeas. Según las cifras de la oficina estadística europea, todavía provisionales en algunos casos, la presión fiscal alcanzó el 40,7% del PIB en el conjunto de la UE en 2025, medio punto más que el año anterior. En los países de la zona euro llegó al 41,2%, tras aumentar seis décimas. Esto sitúa a España 2,6 puntos por debajo de la media comunitaria y 3,1 puntos por debajo de la eurozona. La brecha es aún más amplia si se compara con las grandes economías del continente. Francia presenta una presión fiscal del 46% del PIB, Italia del 43% y Alemania del 41,4%. También superan el nivel español Bélgica, Austria y los países nórdicos. En el otro extremo figuran Irlanda, con un 22,7%; Rumanía, con un 29,3%; Malta, con un 30,3%, y Bulgaria, con un 30,6%. En el conjunto de la Unión Europea, el aumento de las cotizaciones sociales fue uno de los principales factores que impulsaron el indicador. Su peso pasó del 13,9% al 14,3% del PIB entre 2024 y 2025. Por su parte, los impuestos sobre la producción y las importaciones se mantuvieron estables en el 12,9%, mientras que los tributos sobre la renta y el patrimonio avanzaron ligeramente, hasta el 13,2%. En España, el incremento estuvo relacionado principalmente con el fuerte crecimiento de los ingresos tributarios, que avanzaron a un ritmo muy superior al de la economía. La recaudación alcanzó los 325.356 millones de euros en 2025, frente a los 294.734 millones del año anterior. Esto supone 30.622 millones adicionales, un aumento del 10,4%. El crecimiento contrasta con el avance real del PIB, que fue del 2,6%. Aunque para calcular la presión fiscal se utiliza el PIB nominal, que incorpora también el efecto de los precios, su evolución fue igualmente inferior al ritmo de incremento de los ingresos públicos. A este factor se sumó el aumento de los costes por cotizaciones sociales, impulsado por la buena evolución del empleo. La presión fiscal permite medir qué proporción de la riqueza generada por una economía corresponde a los ingresos obtenidos mediante impuestos y cotizaciones sociales. Se trata de un indicador relevante para analizar la capacidad de las administraciones públicas para financiar los servicios y prestaciones que demanda la sociedad, como la sanidad, la educación, las pensiones y la protección social. A diferencia de otras aproximaciones, como el esfuerzo fiscal, su metodología está estandarizada, lo que permite a organismos como la Unión Europea y la OCDE comparar la situación de los distintos países. Su evolución depende de dos variables: los ingresos públicos y el crecimiento económico, que constituye la base de comparación. Cuando la recaudación tributaria y las cotizaciones sociales aumentan más deprisa que el PIB, la presión fiscal se eleva. Por el contrario, si la economía crece a un ritmo similar o superior al de los ingresos, el indicador tiende a moderarse. En España se produjo el primero de estos escenarios en 2025, pese al dinamismo de la actividad económica. Una situación que fue todavía más acusada en Alemania y Francia, donde la presión fiscal también aumentó en un contexto de crecimiento económico mucho más débil. Una parte significativa del avance registrado en España procede del comportamiento de los principales impuestos. Los ingresos por IRPF aumentaron un 10,1% en 2025, mientras que la recaudación del impuesto sobre sociedades creció un 8,1% y la del IVA, un 9,9%. Estos incrementos responden a la expansión de las bases imponibles, a los cambios normativos y al impacto de la inflación. En este último caso, la falta de actualización de la tarifa del IRPF conforme a la evolución de los precios ha provocado que parte de las subidas salariales nominales se traduzcan en una mayor carga tributaria. También el encarecimiento de los bienes y servicios ha elevado los ingresos procedentes de los impuestos sobre el consumo. La evolución de la presión fiscal durante los últimos años también ha estado condicionada por las distintas crisis económicas que ha atravesado Europa. La pandemia provocó una de las mayores alteraciones de este indicador. Los confinamientos y las restricciones a la actividad ocasionaron una contracción histórica del PIB en 2020, especialmente intensa en España. Aunque la caída de la actividad redujo los ingresos públicos, el retroceso de la economía fue mucho más pronunciado, lo que elevó el peso relativo de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre el PIB. La recuperación posterior contribuyó a moderar la ratio, pero el repunte de la inflación volvió a modificar la relación entre los ingresos públicos y el tamaño de la economía. El aumento de los precios elevó el valor nominal de los salarios, el consumo y los beneficios empresariales, impulsando la recaudación. En el IRPF, la ausencia de una deflactación de la tarifa hizo que los incrementos salariales asociados a la inflación aumentaran la tributación de parte de los contribuyentes. En el IVA, el encarecimiento de productos y servicios y la recuperación de determinados tipos impositivos ampliaron la base imponible. Estos factores contribuyeron a incrementar el peso de los ingresos públicos sobre el PIB.

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(El Economista, 11-11-2026) | Fiscal

La Audiencia Nacional rechaza la deducción en el IVA de los regalos a clientes si tienen utilidad comercial

La Audiencia Nacional considera que los bienes entregados a clientes que, pese a incorporar distintivos de una marca, tienen una utilidad económica propia para el destinatario deben calificarse como atenciones a clientes y no como simples objetos publicitarios de escaso valor. Esta distinción impide deducir el IVA soportado en su adquisición, según establece la sentencia de 14 de octubre de 2026. La resolución, de la que es ponente la magistrada Sánchez Cordero, desestima el recurso presentado por Mahou y confirma el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que había ratificado una liquidación de la Agencia Tributaria de 31 de enero de 2019. El acuerdo exigía a la cervecera el ingreso de 8,7 millones de euros en concepto de IVA correspondiente al periodo comprendido entre febrero de 2013 y diciembre de 2015. La compañía pretendía deducirse las cuotas soportadas por la compra de diversos materiales promocionales destinados a establecimientos hosteleros, entre ellos vasos, copas, jarras, servilleteros, posavasos, ceniceros y abridores. Mahou defendía que estos artículos no tenían valor comercial intrínseco, dado que su coste era inferior a 90 euros y llevaban incorporada una marca indeleble. Para respaldar su postura, invocó los artículos 7.4 y 96.Uno.5.º de la Ley del IVA, así como la consulta vinculante V1464-08 de la Dirección General de Tributos. Sin embargo, la Audiencia Nacional señala que, para aplicar la excepción que permite la deducción, deben concurrir simultáneamente dos requisitos: que los objetos incluyan de forma indeleble la marca y que carezcan de valor comercial intrínseco. El artículo 96.1.5.º de la Ley del IVA establece, con carácter general, la no deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes o servicios destinados a atenciones a clientes. La norma contempla una excepción para los objetos de carácter publicitario de escaso valor, pero la Sala entiende que debe interpretarse de manera restrictiva. En este caso, los materiales entregados por Mahou tenían una utilidad económica efectiva para los establecimientos hosteleros, ya que cubrían necesidades habituales de su actividad y, de no recibirlos, habrían tenido que comprarlos en el mercado. Por tanto, la inclusión del logotipo de la cervecera no elimina el valor propio de estos bienes ni permite considerarlos simples artículos publicitarios. La sentencia también aplica la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular la resolución de 12 de marzo de 2026, asunto C-515/24. Según la Audiencia Nacional, la exclusión de la deducción del IVA en las atenciones a clientes resulta compatible con el Derecho comunitario, al amparo de la cláusula de mantenimiento prevista en el artículo 176 de la Directiva del IVA. Finalmente, el tribunal considera que estas entregas constituyen operaciones de autoconsumo no deducibles conforme a los artículos 9.1.b y 7.7 de la Ley del IVA. En consecuencia, desestima íntegramente la demanda de Mahou, sin imponer las costas procesales.

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(Expansión, 11-11-2026) | Laboral

Huelga: claves para empresas y trabajadores

Las empresas deben recordar que no pueden preguntar a sus empleados si tienen previsto secundar la huelga ni recurrir a otros trabajadores para sustituir a quienes participen en ella. Asimismo, las deducciones salariales deberán ajustarse estrictamente al tiempo de inactividad. Varias organizaciones sindicales, entre ellas CCOO, UGT y CGT, han convocado una huelga general de 24 horas para el miércoles 11 de noviembre. La movilización tiene como principales reivindicaciones el acceso a la vivienda, la mejora del poder adquisitivo y el impulso de la negociación colectiva. El impacto económico de la convocatoria dependerá del seguimiento que consiga. Tomando como referencia el PIB español, que refleja la riqueza generada en el país durante el conjunto de jornadas laborales del año, es posible realizar una estimación aproximada de sus efectos. Si la mitad de los trabajadores secundara el paro, las pérdidas podrían alcanzar el 0,2% del PIB, lo que representa más de 3.300 millones de euros. Ante esta situación, las empresas se enfrentan al reto de mantener la actividad con los empleados que decidan trabajar, respetando al mismo tiempo el derecho fundamental de huelga. Para ello, deben conocer los límites legales de las medidas organizativas que pueden adoptar. Con carácter general, todos los trabajadores por cuenta ajena pueden participar en la huelga, con independencia del tipo de contrato, la antigüedad, el sector en el que desarrollen su actividad o su afiliación sindical. Así lo explica Montse Rodríguez, socia y directora nacional del área legal laboral de BDO Abogados. Este derecho también alcanza a los empleados que se encuentran en periodo de prueba, trabajan a distancia o prestan sus servicios a través de una empresa de trabajo temporal. Las compañías tampoco pueden exigir a sus empleados que comuniquen anticipadamente si tienen intención de secundar la convocatoria. Según recuerda Rodríguez, los trabajadores no están obligados a informar de su decisión, por lo que las empresas deben evitar tanto las consultas directas como la elaboración de listas o encuestas que puedan interpretarse como una forma de presión. Francisco Fernández Díez, socio responsable del área laboral de KPMG Abogados, recomienda organizar la actividad mediante diferentes previsiones de absentismo, contemplando distintos escenarios de participación en la huelga sin pedir a los empleados que anticipen su decisión. Una vez finalizada la jornada, sí será posible comprobar las ausencias y diferenciar las motivadas por el paro de las que tengan otras causas. En materia retributiva, las empresas pueden descontar de la nómina el salario correspondiente al tiempo de huelga, la parte proporcional del descanso semanal y la correspondiente a las pagas extraordinarias. Sin embargo, no cabe reducir los días de vacaciones ni la antigüedad del trabajador. En cuanto a los pluses y complementos salariales, será necesario analizar las condiciones específicas que regulan cada concepto. Fernández Díez insiste en que las deducciones deben guardar una proporción exacta con el tiempo de huelga. Cuando el trabajador secunda la convocatoria durante toda la jornada, pasa a una situación de alta especial en la Seguridad Social, durante la cual no existe obligación de cotizar. Respecto a la organización del trabajo, las compañías pueden continuar desarrollando su actividad con los empleados que no participen en la movilización, pero tienen prohibido sustituir a quienes ejerzan su derecho de huelga. Esta limitación impide recurrir a nuevas contrataciones, personal de empresas de trabajo temporal o modificaciones de funciones, turnos y centros de trabajo que tengan como finalidad cubrir los puestos de los huelguistas. La prohibición también alcanza a los directivos y mandos intermedios, aunque se ofrezcan voluntariamente para asumir esas tareas. En el caso de los sistemas automatizados, pueden seguir funcionando con normalidad, pero incrementar excepcionalmente su utilización para compensar el trabajo paralizado y neutralizar los efectos de la huelga podría constituir una vulneración de este derecho fundamental. También es necesario diferenciar los servicios mínimos de los servicios de seguridad y mantenimiento. Los primeros únicamente pueden establecerse en actividades esenciales para la comunidad, como determinados servicios sanitarios, de transporte o de suministro, y corresponde a la autoridad competente determinar su alcance. Por el contrario, los servicios de seguridad y mantenimiento pueden establecerse en cualquier empresa para proteger a las personas, las instalaciones y los bienes, así como garantizar que la actividad pueda reanudarse una vez finalizado el paro. En ningún caso pueden utilizarse para mantener la producción habitual. Según explica Fernández Díez, las resoluciones que concretan los servicios mínimos suelen publicarse entre tres y seis días antes de la celebración de una huelga general, siguiendo el procedimiento habitual de anteriores convocatorias. En las empresas que trabajan mediante distintos turnos, el inicio y la finalización de la huelga no tienen por qué coincidir exactamente con las 24 horas del día 11 de noviembre. El paro comenzará con el primer turno, incluso si este se inicia antes de la medianoche del día 10, y concluirá cuando termine el último turno, aunque su actividad se prolongue más allá de las 24 horas del día 11. La misma consideración se aplica a los procesos de producción de bienes o prestación de servicios que deban estar disponibles durante esa jornada, cuya actividad deberá interrumpirse el día anterior. En cuanto a la actuación de los piquetes, las empresas deben permitir la presencia de grupos informativos siempre que desarrollen su labor de manera pacífica. Este derecho no ampara amenazas, coacciones, violencia ni actuaciones que impidan ilegítimamente el acceso al centro de trabajo. Si se producen incidentes, resulta conveniente dejar constancia de lo sucedido y recopilar las pruebas correspondientes. Como regla general, los centros de trabajo deben permanecer abiertos. El incumplimiento de las garantías legales puede acarrear consecuencias importantes para las compañías. Una de las más graves es la nulidad del despido de un trabajador por participar en una huelga legal, lo que obliga a readmitirlo y abonar los salarios de tramitación. Únicamente podrán imponerse sanciones cuando existan incumplimientos acreditados que no estén relacionados con el ejercicio legítimo del derecho de huelga. Por ello, Montse Rodríguez recomienda trasladar instrucciones claras a los responsables de los equipos, comprobar las condiciones concretas de la convocatoria y preparar con antelación los procedimientos necesarios para gestionar las ausencias, el registro de jornada, las nóminas y las obligaciones ante la Seguridad Social.

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(Expansión, 11-11-2026) | Laboral

El absentismo se desborda y costará 17.500 millones a las empresas en 2026 con Asturias y Canarias a la cabeza

El gasto total que generan las bajas laborales para las empresas y la Seguridad Social alcanzará los 36.150 millones de euros en 2026. Cada jornada, alrededor de 1,6 millones de trabajadores no acuden a su puesto, de los cuales 1,2 millones se encuentran en situación de incapacidad temporal por motivos médicos. El aumento del absentismo laboral, especialmente significativo desde la pandemia, ha adquirido un protagonismo creciente en el debate político debido a sus consecuencias económicas tanto para las empresas como para las cuentas públicas. Las previsiones para 2026 apuntan a que los empleadores tendrán que asumir 17.500 millones de euros por los costes asociados a las bajas laborales. Esta cantidad representa un 8% más que en 2025 y un incremento del 148% respecto a 2018, lo que evidencia que el gasto empresarial se ha multiplicado por más de dos en ocho años. Si se suma la parte correspondiente a la Seguridad Social, el coste total de las bajas por contingencias comunes superará los 36.150 millones de euros. La factura que soportan las empresas incluye diferentes conceptos: el abono de la prestación económica entre el cuarto y el decimoquinto día de baja, los complementos salariales y mejoras establecidos en los convenios colectivos desde el primer día, así como las cotizaciones a la Seguridad Social que deben seguir pagando durante ese periodo. Sin embargo, el impacto del absentismo va mucho más allá de los desembolsos directos. También repercute en la productividad y en la actividad económica, al reducir la capacidad de producción de bienes y prestación de servicios. Según las estimaciones de la patronal de las mutuas de accidentes de trabajo (AMAT), el valor económico de la actividad que dejaron de generar los trabajadores en situación de incapacidad temporal alcanzó los 150.924 millones de euros en 2025. Los indicadores de absentismo también reflejan la dimensión del problema. Aunque las cifras varían según la metodología empleada por cada organismo, los distintos estudios coinciden en situar las ausencias laborales en niveles elevados. AMAT calcula que la tasa de absentismo por incapacidad temporal se situó en el 7,04% en 2025, lo que equivale a 1,4 millones de trabajadores ausentes diariamente por motivos médicos. Por su parte, Randstad Research estima que el absentismo general alcanzó el 7,2% durante el segundo trimestre de 2026, el registro más elevado de los últimos cinco años. Dentro de esta cifra, las bajas por incapacidad temporal representaron una pérdida del 5,6% de las horas de trabajo pactadas. En términos absolutos, supone que cada día faltan a su puesto 1,6 millones de personas, de las cuales 1,2 millones están de baja médica. The Adecco Group Institute sitúa la tasa de absentismo en el 7,76% durante ese mismo trimestre. Este porcentaje supera en 2,26 puntos el nivel previo a la pandemia, registrado en 2019, y constituye el tercer dato más elevado de los 30 trimestres analizados. Únicamente se superó durante el segundo trimestre de 2020, marcado por el confinamiento, cuando alcanzó el 8,83%, y en el cuarto trimestre de 2025, con un 7,78%. La incidencia del absentismo presenta importantes diferencias territoriales. De acuerdo con los datos de Randstad, Asturias y Canarias encabezan las tasas autonómicas, ambas con un 9%. Les siguen el País Vasco, con un 8,7%; Cantabria, con un 8,5%, y Galicia, con un 8,2%. Todas estas comunidades superan la media nacional del 7,2%. En el otro extremo se encuentran Baleares, con el porcentaje más bajo, del 5,5%, seguida de Madrid y La Rioja, ambas con un 6,3%. Castilla-La Mancha registra un 6,7% y la Comunidad Valenciana, un 6,8%. Por sectores de actividad, las mayores proporciones de horas de trabajo perdidas respecto al total de las pactadas corresponden a los servicios postales y de correos, con un 12,6%. A continuación figuran los servicios a edificios y las actividades de jardinería, con un 12%; los juegos de azar y apuestas, con un 11,4%; la asistencia en establecimientos residenciales, con un 10,9%, y las actividades sanitarias, con un 10,7%. Durante el primer semestre de 2026 también se ha producido un aumento considerable de la duración de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes. Según AMAT, las bajas finalizadas durante este periodo tuvieron una duración media de 51,41 días, un 17,4% más que en el mismo semestre del año anterior. En términos absolutos, supone 7,62 días adicionales respecto a los 43,79 días registrados en 2025. La evolución mensual confirma esta tendencia. La duración media comenzó en enero en 44,11 días, aumentó progresivamente hasta alcanzar los 54,65 días en mayo y se situó en 53,52 días en junio. Uno de los factores que explican este incremento es la acumulación de expedientes de larga duración. A finales de junio de 2026 había 147.020 procesos de baja abiertos con una duración de entre 365 y 730 días. Aunque esta cifra se encuentra por debajo del máximo histórico de diciembre de 2025, cuando se contabilizaron 155.203 casos, supone un crecimiento del 328% respecto a enero de 2019, cuando se registraban 34.288 expedientes. La situación también resulta significativa en las bajas que se prolongan entre 545 y 731 días. A 30 de junio de 2026 se contabilizaban 46.204 procesos de este tipo, un 39,56% más que en septiembre de 2023, con una duración media de 623,28 días. Asimismo, los expedientes que superan los 730 días de incapacidad temporal, es decir, más de dos años, han aumentado un 339,27% desde septiembre de 2023. Han pasado de 3.585 a 15.748 casos, con una duración media de 845,80 días. Desde AMAT atribuyen buena parte del incremento general de la duración de las bajas a la acumulación de estos procesos prolongados.

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(El Periódico, 11-11-2026) | Laboral

El Gobierno creará un título de familia monoparental: las que tengan dos hijos tendrán los mismos beneficios de las numerosas

El último Consejo de Ministros ordinario del actual Gobierno de coalición antes del inicio de la campaña electoral aprobará un real decreto ley para ampliar la protección social de determinados tipos de familias. La norma contempla la creación de un título estatal para las familias monoparentales, que hasta ahora no disponían de una acreditación común en todo el territorio nacional. Además, los hogares con un solo progenitor y dos hijos tendrán los mismos derechos y beneficios que las familias numerosas. Esta equiparación también se aplicará a las familias con dos hijos cuando alguno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 33%. Asimismo, se ampliará la protección de las familias numerosas con cuatro hijos. Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, las medidas podrían alcanzar a cerca de tres millones de personas de más de 760.000 hogares. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de la iniciativa a través de sus redes sociales, donde ha defendido que la crianza en solitario no debe implicar una falta de apoyo institucional. Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha destacado que la norma permitirá reconocer oficialmente a las familias monomarentales y monoparentales y reforzar su protección, además de ampliar los derechos de otros hogares con hijos y de familias con personas con discapacidad. El ministro ha señalado que la medida pretende responder a una deuda histórica con estos colectivos. El real decreto ley recupera algunas de las medidas incluidas en el proyecto de ley de familias que quedó paralizado en la anterior legislatura tras la convocatoria electoral y que tampoco consiguió avanzar en la actual por falta de apoyos parlamentarios. Bustinduy ha reconocido que su aprobación ha estado condicionada por las discrepancias políticas y ha atribuido al PP, Vox y Junts el bloqueo de distintas iniciativas relacionadas con la protección social de las familias. El coste estimado de las medidas asciende a 824 millones de euros anuales, según el ministro. La mayor parte de esta cantidad corresponde a beneficios fiscales que se traducirán en mayores recursos para los hogares y en una reducción de los ingresos de las administraciones públicas. La creación de un título estatal para las familias monoparentales supone establecer por primera vez un marco común de reconocimiento y protección para estos hogares. Se trata de un colectivo especialmente expuesto a situaciones de vulnerabilidad: ocho de cada diez familias de este tipo están encabezadas por mujeres y más de la mitad se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, casi el doble que el conjunto de la población, cuya tasa se situaba en el 25,7%. Hasta ahora, la regulación y los derechos reconocidos a estas familias variaban considerablemente entre comunidades autónomas. Algunas cuentan con normativa específica, mientras que otras carecen de ella. La nueva regulación establecerá una base común para todo el país, aunque las comunidades autónomas seguirán teniendo competencias para desarrollar sus propias medidas de protección social. El título acreditativo será expedido por las administraciones autonómicas, pero tendrá validez en todo el territorio nacional y permitirá justificar la condición de familia monoparental ante organismos públicos y entidades privadas. Su finalidad será facilitar el acceso a las ayudas, prestaciones y beneficios vinculados a esta situación. La entrada en vigor del real decreto ley estará condicionada a su convalidación por la Diputación Permanente del Congreso. La implantación de este reconocimiento estatal responde a una reivindicación histórica de las asociaciones de familias monoparentales, que vienen reclamando una definición homogénea de estos hogares y un documento válido en todas las comunidades autónomas. El modelo previsto permitirá contar con una regulación básica común, sin impedir que cada territorio establezca derechos y beneficios adicionales, como sucede actualmente con las familias numerosas. Uno de los principales cambios será la equiparación de las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas, lo que les permitirá acceder a los mismos beneficios fiscales y otras ayudas. Hasta ahora, esta posibilidad estaba reservada prácticamente a los casos de viudedad, por lo que el resto de hogares con un único progenitor quedaban excluidos. Entre las ventajas previstas figura la deducción fiscal reembolsable de 1.200 euros anuales para las familias de categoría general y de 2.400 euros para las de categoría especial. El importe puede cobrarse al presentar la declaración de la renta o de forma anticipada, mediante abonos mensuales de 100 euros en la categoría general. La equiparación también facilitará el acceso a descuentos en el transporte público, becas y otras prestaciones disponibles para las familias numerosas. La norma reconocerá igualmente los mismos derechos a los hogares con al menos dos hijos en los que uno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 33%. Hasta ahora, la equiparación con las familias numerosas exigía que la discapacidad alcanzara, como mínimo, el 65%. Además, las familias monoparentales con dos hijos en las que el progenitor tenga una discapacidad podrán acceder a la categoría especial, que contempla mayores beneficios. Otra modificación afecta a las familias numerosas. El acceso a la categoría especial se ampliará a los hogares con cuatro o más hijos, frente al mínimo de cinco exigido hasta ahora. También podrán acogerse a esta clasificación las familias con tres hijos cuyos ingresos sean inferiores al 150% del IPREM por miembro. Según los cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, el umbral podría incluir hogares con rentas brutas anuales de hasta 63.000 euros. Esta clasificación permitirá incrementar la deducción fiscal reembolsable en otros 1.200 euros anuales, hasta alcanzar los 2.400 euros correspondientes a la categoría especial. El real decreto ley también establece que las administraciones públicas deberán adoptar medidas para prevenir situaciones de discriminación y garantizar un acceso más equitativo a los servicios y prestaciones. Entre las actuaciones previstas figuran programas de formación, medidas para mejorar la empleabilidad y la inserción laboral, acceso preferente a recursos de conciliación y corresponsabilidad en los cuidados, así como posibles exenciones y bonificaciones en tasas y precios públicos relacionados con el transporte, los servicios sociales, la cultura, el deporte y el ocio. Por el momento, el ministerio no ha concretado cómo se desarrollarán estas medidas. Asimismo, se contempla una protección específica para las mujeres que afrontan en solitario la crianza de sus hijos tras sufrir violencia de género o violencia sexual. La norma también amplía la cobertura del fondo de garantía del pago de alimentos, mediante el cual la Administración puede anticipar las pensiones que el progenitor obligado no abona cuando la familia cumple determinados requisitos de renta. Tras una reforma reciente que ya elevó las cantidades máximas que pueden percibirse, el nuevo texto extenderá la protección a hijos mayores de edad con una discapacidad igual o superior al 65% o en situación de dependencia. También incorporará por primera vez un procedimiento de urgencia dirigido a hogares con especial vulnerabilidad económica y a víctimas de violencia de género.

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(Expansión, 11-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El 6% de los españoles usa la IA para contratar fondos

El 6% de los inversores particulares españoles recurre a la inteligencia artificial (IA) como principal fuente de información antes de contratar un producto de inversión. Esta proporción aumenta hasta el 11% entre los integrantes de las generaciones Z y Millennials, los grupos de población más jóvenes. Así lo recoge el VIII Estudio del Observatorio Inverco, que analiza la percepción de los partícipes sobre los fondos de inversión y sus gestores. El informe, que se elabora cada dos años, incorpora en su edición de 2026 una pregunta específica sobre el uso de la inteligencia artificial como herramienta de consulta para tomar decisiones financieras. Según Emma Cantallops, directora comercial para banca privada de Sabadell Asset Management y miembro del Observatorio Inverco, el asesoramiento profesional continúa desempeñando un papel esencial en todos los perfiles de inversores, independientemente de su edad o tolerancia al riesgo. Aunque la IA está ganando protagonismo, considera necesario combinar distintas fuentes de información para valorar adecuadamente los productos que se contratan. La utilización de esta tecnología presenta diferencias significativas en función de la edad. Mientras que el 11% de los inversores de las generaciones Z y Millennials la emplea como referencia principal, el porcentaje desciende al 6% entre la generación X, al 1% entre los Baby Boomers y al 0% en la Silent Generation, integrada por personas mayores de 77 años. En cambio, los inversores de más edad conceden mayor importancia al asesor personal antes de contratar un fondo de inversión. Entre los más jóvenes, el 34% también sitúa el asesoramiento profesional como su principal fuente de información, aunque comparte protagonismo con otros canales de consulta. El Observatorio Inverco considera que la expansión de la inteligencia artificial como instrumento de apoyo a las decisiones de inversión es una evolución natural y positiva, siempre que la información utilizada proceda de fuentes fiables y pueda contrastarse. La seguridad y la confianza siguen siendo factores determinantes a la hora de elegir una entidad y decidir dónde invertir el patrimonio. La incorporación de la IA tampoco parece haber modificado, por ahora, las características del inversor particular español respecto a las conclusiones del estudio de 2024. El perfil mayoritario continúa siendo moderado, con un patrimonio inferior a 30.000 euros en fondos de inversión y una estrategia de permanencia superior a los tres años. La Bolsa sigue siendo el activo preferido por los partícipes, con un 31% de las preferencias, aunque ha perdido tres puntos porcentuales en los últimos dos años. Por otra parte, el 46% de los inversores canaliza su patrimonio mediante contratos de gestión discrecional o asesoramiento. Además, el 71% realizó su contratación más reciente con algún tipo de asesoramiento, si bien el 59% no abonó una cantidad específica por este servicio. Solo el 12% de los participantes en el estudio afirma haber pagado expresamente por recibir asesoramiento financiero.

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(La Vanguardia, 11-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Bizum europeo arranca con sede en Madrid y presidente español

La European Network for Payments (ENP), que reúne a los principales operadores europeos de pagos instantáneos y gratuitos, ha culminado su proceso de constitución con el nombramiento de William Olgiati, antiguo directivo de Amazon, como consejero delegado. Con esta designación queda definido el equipo directivo de la nueva organización, que tendrá su sede en Madrid y estará presidida por Fernando Rodríguez Ferrer, uno de los impulsores de Bizum en España y responsable de su desarrollo internacional. La ENP agrupa a Bancomat, Bizum, EPI/Wero, SIBS-MB WAY y Vipps MobilePay, plataformas que operan en España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. En conjunto, dan cobertura a unos 130 millones de personas. La incorporación de Olgiati coincide con el inicio de la fase operativa del proyecto, que aspira a poner en marcha los pagos transfronterizos en Europa durante el próximo año. El nuevo consejero delegado ya ha asumido sus funciones y dirigirá el desarrollo y la puesta en funcionamiento de la plataforma. Al igual que sucede con Bizum en España, la iniciativa pretende que los usuarios puedan realizar pagos en otros países europeos, tanto entre particulares como en comercios electrónicos y establecimientos físicos. Antes de incorporarse a la ENP, Olgiati estuvo al frente del área de aceptación de pagos de Amazon en la Unión Europea y el Reino Unido, donde trabajó durante catorce años. Durante esa etapa participó en el lanzamiento de distintos métodos de pago alternativos en Europa y adquirió experiencia en la colaboración con organismos reguladores, asociaciones sectoriales y comerciantes.

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(El Economista, 11-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo avala las tarifas hospitalarias privadas frente a las aseguradoras

El Tribunal Supremo ha reforzado la posición de los hospitales privados en sus reclamaciones a las aseguradoras por la asistencia prestada a víctimas de accidentes de tráfico. En una sentencia de la Sala de lo Civil, fechada el 8 de octubre, establece que las tarifas públicas autonómicas no pueden utilizarse automáticamente para sustituir los precios facturados por un centro privado cuando este acredita que sus importes son razonables. La resolución fija así los criterios que deben aplicarse en las reclamaciones de hospitales que no están adheridos al convenio de asistencia sanitaria por accidentes de tráfico de Unespa, actualmente en negociación. El fallo no reconoce un nuevo derecho a establecer libremente los precios, sino que determina cómo deben justificarse ante los tribunales cuando una aseguradora considera que son excesivos. La decisión puede repercutir tanto en los costes asistenciales de las compañías como en los ingresos que obtienen los centros privados por atender a lesionados de tráfico. Según Unespa, las aseguradoras abonaron 431 millones de euros en facturas médicas de víctimas de accidentes durante 2025. El litigio enfrenta a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, en Ibiza, con Línea Directa Aseguradora. El hospital abandonó el convenio de Unespa en septiembre de 2017 y comunicó las tarifas que aplicaría a partir de entonces. En 2019 atendió a una mujer herida en un accidente de circulación y reclamó a la aseguradora del vehículo responsable 29.647,71 euros por los servicios prestados. El Juzgado de Primera Instancia de Ibiza reconoció al centro sanitario el derecho a cobrar 28.247,71 euros. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Baleares redujo posteriormente la cantidad a 8.275,73 euros, al considerar que el hospital no había acreditado suficientemente que sus precios se ajustaran a los del mercado. Para determinar el importe, tomó como referencia las tarifas públicas del Servicio de Salud de Baleares. El Tribunal Supremo revoca este criterio y restablece la primera condena. La diferencia entre las cantidades reconocidas por ambas instancias asciende a 19.971,98 euros, lo que evidencia la relevancia económica que puede tener el método utilizado para determinar el importe de las facturas. La sentencia recuerda que la libertad empresarial para fijar precios no es ilimitada. Cuando no existe un importe pactado o aceptado y la aseguradora cuestiona la factura, corresponde al hospital demostrar que sus tarifas son proporcionadas. No obstante, el Supremo precisa que no es necesario acreditar un precio único o exacto, sino justificar que los importes se sitúan dentro de una horquilla de precios razonable. Para valorar esa proporcionalidad, los tribunales deben examinar conjuntamente las pruebas aportadas y las circunstancias específicas del centro y del mercado en el que opera. En el caso analizado, la insularidad de Ibiza constituye un factor relevante, dado que puede limitar la oferta asistencial disponible. La policlínica presentó un informe económico que comparaba su rentabilidad con la de otras 14 empresas del sector sanitario y analizaba las tarifas de 62 procedimientos asistenciales de un hospital privado de Menorca. El estudio también tenía en cuenta elementos como la insularidad, la estacionalidad de la demanda, los costes de personal y las inversiones en tecnología médica. Por su parte, la aseguradora no aportó un informe pericial alternativo para cuestionar las conclusiones del análisis. El Alto Tribunal considera que la Audiencia Provincial realizó una valoración «ilógica y arbitraria» de la prueba al descartar por separado los distintos métodos empleados en el informe, sin analizar el resultado conjunto. A partir de esa valoración, concluye que las tarifas reclamadas por el hospital no pueden considerarse excesivas ni abusivas. La decisión podría tener repercusiones en otros litigios del sector. El despacho RocaJunyent-Riutord, que representó a la policlínica y a Juaneda Hospitales, en Menorca, afirma que esta controversia ha dado lugar a más de 2.000 demandas en los últimos nueve años. Aunque el fallo no cuestiona el convenio de Unespa, que continúa siendo un instrumento de referencia para agilizar la asistencia y ofrecer garantías económicas a hospitales y asegurados, sí establece que las facturas de los centros privados deben valorarse atendiendo a las pruebas económicas aportadas. Por tanto, las tarifas públicas no pueden imponerse como referencia automática para reducir los importes reclamados.

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