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(Expansión, 18-11-2025) | Fiscal

Hacienda se abre a ceder más del 50% de recaudación del IRPF y el IVA a las CCAA

El Ministerio de Hacienda presentará a comienzos del próximo año una propuesta para renovar por completo el sistema de financiación autonómica -un cambio pendiente desde 2014- con la que promete incrementar los recursos destinados a todas las comunidades, reconocer las particularidades de cada territorio y abrir la posibilidad de transferir a las autonomías una mayor parte de los impuestos estatales, además de garantizar que esos fondos se entreguen de manera inmediata. Así lo comunicó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los consejeros autonómicos durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Adelantó también que su intención es convocar un nuevo Consejo monográfico para presentarles la reforma "entre enero y febrero" de 2026. Montero recordó que ya intentó abordar esta reforma a finales de 2021, cuando envió a las comunidades una propuesta de revisión de la población ajustada considerando factores como la despoblación, la dispersión geográfica o la insularidad, como base para actualizar el reparto de fondos. Sin embargo, explicó que "las comunidades no renunciaron a sus posiciones de máximos, lo que impidió alcanzar un acuerdo", incluso entre territorios gobernados por el mismo partido. Por ello, esta vez Hacienda optará por "presentar el modelo completo de una sola vez", mostrando el impacto final que tendría para cada autonomía. La vicepresidenta precisó que el planteamiento inicial garantiza que "ninguna comunidad autónoma saldrá perdiendo: el sistema dispondrá de más recursos para sanidad, educación, servicios sociales o dependencia". Subrayó que será aplicable a todas las regiones de régimen común, aunque incorporará las particularidades territoriales que correspondan. De este modo, aclaró, permitirá integrar el acuerdo de financiación específica alcanzado para Cataluña entre PSC y ERC. Montero añadió que el nuevo sistema "reflejará de manera explícita la solidaridad entre territorios, con criterios claros y transparentes" y que "otorgará más capacidad normativa a las comunidades dentro de un marco de responsabilidad fiscal y respeto a su autonomía". Esto implica aumentar el porcentaje de impuestos cedidos a las regiones -que actualmente reciben el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales- aunque evitó adelantar cifras. Al mismo tiempo, Hacienda prevé poner fin al sistema de entregas a cuenta, reemplazándolo por transferencias inmediatas de la parte de los tributos que corresponda a cada comunidad. Además, señaló que el nuevo modelo reducirá las desigualdades actuales en financiación por habitante ajustado. La diferencia entre la comunidad con menor dotación y la mejor financiada asciende hoy a 1.005 euros por persona, algo que, afirmó, "no se justifica bajo ningún criterio". En paralelo, Montero explicó que el plan contempla la "implantación de un modelo de gestión en red" entre las administraciones tributarias autonómicas y la Agencia Tributaria estatal, con el que las comunidades irán asumiendo más competencias en esta materia, lo que daría cobertura también al denominado cupo catalán. Finalmente, la ministra se declaró partidaria de establecer medidas que desincentiven el dumping fiscal, es decir, la reducción de impuestos para competir con otras autonomías, lo que podría incluir penalizaciones en la financiación de los territorios que apliquen bajadas de tributos. Las reacciones desde los gobiernos autonómicos del PP no se hicieron esperar. "Es indignante que hablen de bilateralidad y singularidades", criticó la consejera de Hacienda andaluza, Carolina España. Por su parte, la consejera madrileña, Rocío Albert, tachó la propuesta de "maremágnum" y acusó a Montero de "no tener nada preparado" y de intentar "contentar a todos para postularse como candidata a la Junta de Andalucía y cumplir con Cataluña".

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(El País, 18-11-2025) | Fiscal

El Gobierno ofrece a las comunidades un déficit del 0,1% entre 2026 y 2028

El Ministerio de Hacienda planteó este lunes a las comunidades autónomas un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para cada uno de los ejercicios entre 2026 y 2028. Así lo indican fuentes conocedoras de la reunión técnica del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro donde el Ministerio y los responsables regionales de Hacienda analizan cuestiones relacionadas con las cuentas autonómicas. Este objetivo amplía en unos 5.500 millones la capacidad de gasto de los gobiernos regionales, pero sigue sin satisfacer a las autonomías gobernadas por el PP -mayoritarias-, que reclaman que antes se aborde una reforma profunda del sistema de financiación. Hacienda ha reunido a las comunidades para comunicarles los objetivos de déficit y deuda, así como el límite de crecimiento del gasto para el periodo 2026-2028; elementos esenciales para poder elaborar tanto los Presupuestos Generales del Estado como los presupuestos autonómicos. Sin embargo, el orden del día no incluye avanzar de forma sustancial en la reforma del modelo de financiación, pendiente desde hace más de diez años y reivindicada continuamente por los gobiernos regionales. Aunque Hacienda ha incorporado un punto para debatir sobre el sistema de financiación, fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero adelantan que no se presentará un nuevo modelo completo, sino que se retomará el diálogo. Ya en 2021, el Gobierno esbozó una propuesta centrada en revisar la población ajustada -una variable clave para repartir los fondos entre autonomías-, pero aquella iniciativa no prosperó. El Ejecutivo tampoco ha conseguido que el Congreso apruebe la senda de déficit en los últimos años, lo que ha obligado a prorrogar los Presupuestos desde 2023. El último rechazo, con los mismos objetivos que ahora se ponen sobre la mesa, vino de Junts, que tras distanciarse del acuerdo de investidura amenaza con bloquear de nuevo las metas fiscales cuando lleguen al Parlamento. "Estamos ante una situación de bloqueo", expresó la consejera de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Ruth Merino (PP), antes de entrar en la reunión. Su homólogo asturiano, Guillermo Peláez (PSOE), señaló por su parte que confían en que el encuentro se desarrolle "con lealtad y respeto institucional", destacando que la fijación de la regla de gasto es clave para elaborar los presupuestos. La consejera andaluza, Carolina España (PP), mostró su escepticismo por el retraso en comunicar los objetivos de estabilidad, que deberían haberse conocido antes del 30 de junio. Afirmó además que Andalucía ya tiene aprobado el presupuesto de 2026, pero ha tenido que hacerlo sin conocer los límites fiscales. "Es un auténtico desgobierno que llega tarde y mal", criticó. Andalucía también ha insistido en la reforma urgente del sistema de financiación y en evitar acuerdos bilaterales que generen privilegios, en referencia a Cataluña. España recordó que, si se aborda una reforma, habría que partir de los "4.000 millones que le faltan a Andalucía", una cifra que la propia Montero defendía cuando era consejera. Asimismo, calificó la senda del déficit como "incoherente", al considerar que no tiene sentido permitir más endeudamiento autonómico mientras se plantea condonar 83.000 millones de deuda y se alcanza un acuerdo con ERC que definió como "chantaje". El consejero murciano, Luis Alberto Marín (PP), calificó la reunión de "día de la marmota", asegurando que acuden esperando una reforma del sistema pero convencidos de que será "un monólogo de la ministra para contentar a sus socios". Recordó además que el PP gobierna en 14 territorios y que esto les da "legitimidad moral" para que se atiendan sus demandas. "Seremos combativos con la reforma del sistema", concluyó. La consejera de Madrid, Rocío Albert, también insistió en el retraso en fijar los objetivos de déficit y criticó que el orden del día sea "un mero trámite" para que Hacienda pueda sacar adelante su propuesta ahora que el Gobierno aspira a presentar los Presupuestos. En el CPFF, Hacienda tiene asegurado el respaldo necesario para aprobar la senda, ya que solo necesita el voto de una comunidad, apoyo que garantizan Cataluña y otras dos autonomías socialistas. El reto real será su paso por el Congreso. Aunque el Gobierno ya no depende del Senado -donde la oposición mantiene la mayoría-, la aprobación sigue siendo compleja tras la ruptura de Junts con el Ejecutivo. Hacienda también ha revisado al alza las entregas a cuenta para 2026, los anticipos que reciben las comunidades en función de las previsiones económicas y de recaudación. En julio se comunicó que ascenderían a 156.990 millones, pero ahora se elevan a 157.731 millones, la cifra más alta de la historia y un 7% más que este año. Según fuentes ministeriales, esta actualización se debe al buen comportamiento de la economía. De hecho, el Gobierno elevará mañana su previsión de crecimiento del 2,7% al 2,9%. Sumando las entregas a cuenta y la liquidación prevista de 2024, la financiación total para las comunidades en 2026 alcanzará los 170.300 millones, un 7,7% más que en 2025.

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(El Economista, 18-11-2025) | Fiscal

Las empresas se juegan la devolución de miles de millones en intereses por parte del fisco

Las empresas españolas se juegan esta semana la posibilidad de recuperar miles de millones de euros en intereses por parte de la Agencia Tributaria. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) dictará sentencia en los próximos días para determinar si la obligación impuesta a las compañías de adelantar trimestralmente un pago mínimo del 23% del Impuesto sobre Sociedades vulnera el principio de capacidad económica. Desde 2016, las empresas con una facturación superior a los 10 millones de euros están obligadas a anticipar ese tipo mínimo sobre su resultado positivo, sin poder aplicar exenciones ni deducciones habituales, como la compensación de bases negativas. Estos pagos fraccionados deben realizarse en abril, octubre y diciembre, y se calculan sobre los beneficios obtenidos en los primeros tres, nueve y once meses del año. Posteriormente, al igual que ocurre con la declaración de la renta en el caso de los particulares, las compañías presentan en julio del año siguiente la liquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio completo. En ese momento, Hacienda regulariza el importe: si la empresa ha pagado de más, le devuelve el exceso, aunque sin abonar intereses. El Gobierno de Mariano Rajoy incorporó esta obligación en un Real Decreto-ley de 2016 que introducía diversas modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, ante la posibilidad de que el Constitucional anulara la norma -como finalmente ocurrió en julio de 2020-, el Ejecutivo decidió incluirla posteriormente en la Ley de Presupuestos de 2018. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana planteó dos cuestiones de inconstitucionalidad sobre esta obligación en la primavera de 2024. El Tribunal Constitucional las admitió a trámite en febrero y resolverá sobre ellas esta semana. En este caso, las compañías no discuten la devolución del impuesto -que ya reciben si han pagado en exceso-, sino el derecho a percibir intereses por esos anticipos que Hacienda retiene temporalmente. La obligación de adelantar este tipo mínimo puede generar tensiones de liquidez, ya que las empresas se ven obligadas a entregar al fisco un dinero que podrían destinar a cubrir sus necesidades, funcionando en la práctica como un préstamo sin intereses a la Administración. En caso de que el Constitucional falle a favor de las empresas, solo podrán beneficiarse aquellas que hayan recurrido en su momento el pago fraccionado con tipo mínimo, ya que el tribunal suele limitar el alcance de sus decisiones. Así lo hizo en 2021, cuando anuló el sistema de cálculo de la plusvalía municipal, y de nuevo en enero de 2024, al invalidar parte de un Real Decreto-ley de 2016 que también afectaba al Impuesto sobre Sociedades: únicamente obtuvieron devoluciones quienes tenían recursos aún abiertos, sin resolución administrativa firme ni sentencia definitiva.

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(El Periódico, 18-11-2025) | Fiscal

Díaz reclama al PSOE una “tasa Trump” para que las tecnológicas de EE UU tributen en España

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que Sumar exigirá al PSOE en la negociación presupuestaria la instauración de lo que ha denominado "tasa Trump", para que las grandes tecnológicas estadounidenses paguen impuestos en España. "No puede ser que las cinco mayores tecnológicas estadounidenses [Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) y Microsoft] no paguen impuestos en nuestro país, no los paguen en Europa y no los paguen en el mundo. Es decir, lo que les vamos a pedir es que bajen de la nube y pasen por la Hacienda Pública española", ha dicho Díaz durante su intervención en la jornada Metafuturo organizada por Atresmedia. La responsable de Trabajo ha rechazado especificar el tipo de esta tasa u otras características de la misma, pero ha dicho que lo detallarán en breve. La vicepresidenta segunda ha indicado que los autónomos en España tributan entre el 15% y el 18%, y las grandes empresas una media del 7% por sus beneficios. "Pero las grandes tecnológicas es una burla lo que hacen con los españoles, las españolas y los europeos. Por tanto, esa tasa Trump la vamos a exigir en la negociación con el Partido Socialista, porque tienen que pagar impuestos", ha comentado Díaz. El Ministerio de Hacienda está bajo el mando de la socialista María Jesús Montero, además vicepresidenta primera. Díaz ha dicho que harán público el detalle de esta tasa junto al resto del propuestas de Sumar para los Presupuestos Generales del Estado. "Es clave. ¿O es que las empresas no pagan impuestos como todo el mundo? ¿Es que un grupo elegido de big tech puede no pagar impuestos porque sí? ¿Por qué?", ha insistido. La responsable de Trabajo viene volcando sus discursos contra las grandes tecnológicas estadounidenses en las últimas semanas. Tras el anuncio de Amazon de un ERE en España que afectará a en torno a 1.200 empleados corporativos, Díaz aprovechó una intervención en el Congreso de los Diputados para anunciar una campaña específica de Inspección contra el uso inadecuado de algoritmos por parte de las tecnológicas. "Se llame Uber, Cabify o Amazon, vamos a vigilar el uso del control algorítmico que estas empresas tienen sobre los trabajadores. Son empresas que parecen muy modernas, pero con condiciones de Dickens, del siglo XIX", dijo Díaz.

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(Cinco Días, 18-11-2025) | Laboral

Un fiscal no tiene derecho a cobrar más por realizar tareas de categoría superior

El Tribunal Supremo ha establecido que un fiscal no puede percibir un salario superior por asumir de forma temporal tareas propias de una categoría profesional mayor. Aunque participe en el reparto de asuntos o realice funciones de coordinación dentro de un órgano en el que habitualmente trabajan fiscales de rango superior, su remuneración seguirá siendo la correspondiente a la categoría que oficialmente posee, dado que el sueldo se determina por el nivel profesional y no por labores puntuales asumidas. Así se recoge en una reciente sentencia del Alto Tribunal, emitida en octubre, que rechaza la petición de un Abogado Fiscal de tercera categoría. El funcionario reclamaba una diferencia salarial por el trabajo realizado entre febrero de 2017 y 2021 en la Fiscalía de Área de Vilanova-Gavá (Barcelona), donde suelen ejercer fiscales de segunda categoría. También solicitaba una compensación adicional por las tareas de coordinación que desempeñó, petición que el Supremo también descarta. Según los hechos acreditados, el fiscal solicitó al Ministerio de Justicia el abono de la diferencia salarial correspondiente a su desempeño temporal en un puesto superior. Aunque su categoría era la de abogado fiscal, alegaba que debía cobrar como un fiscal de segunda categoría, por ser esta la plaza que había ocupado tras un concurso específico. La Administración no respondió, por lo que se entendió que su solicitud quedaba desestimada. Ante ello, el funcionario presentó un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le dio inicialmente la razón, considerando que durante esos cuatro años ejerció funciones propias de una categoría superior y también la responsabilidad de coordinar la fiscalía de Vilanova-Gavá. Sin embargo, el Abogado del Estado recurrió ante el Supremo, argumentando que el sueldo es una retribución básica vinculada exclusivamente a la categoría del funcionario, independientemente del puesto concreto que desempeñe. Únicamente las retribuciones complementarias por puesto o destino podrían variar según la función ejercida. Finalmente, el Supremo ha estimado este planteamiento y ha revocado la sentencia anterior, negando cualquier complemento salarial adicional. Para los magistrados, la cuestión central era determinar si un abogado fiscal puede cobrar el sueldo básico de fiscal cuando ocupa temporalmente una plaza reservada a esa categoría y, además, si el hecho de realizar labores de coordinación influye en esta consideración. El Tribunal recuerda que ya existen precedentes similares en el ámbito judicial y que, dado que ambos colectivos tienen sistemas retributivos equiparables, el criterio debe ser el mismo. El Supremo sostiene que el sueldo retribuye la categoría profesional y la antigüedad, sea cual sea el tipo de plaza que se desempeñe, incluso cuando se trata de vacantes obtenidas por concurso en ascenso. De este modo, un profesional que ocupe provisionalmente un puesto de mayor rango no tiene derecho a percibir el salario correspondiente a ese nivel superior. En conclusión, como las retribuciones fijas dependen exclusivamente de la categoría y antigüedad del funcionario, así como de las características objetivas del puesto que formalmente ocupa, un abogado fiscal que temporalmente realice tareas de segunda categoría o de coordinación no puede recibir el sueldo ni el complemento de destino propios de esa categoría superior, tal como confirma la sentencia.

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(Expansión, 18-11-2025) | Laboral

Congelar las cuotas, tarifa plana "cero" y bonificar contratos: plan de ATA para autónomos

En un momento en que la mesa de diálogo entre los agentes sociales, las organizaciones de autónomos y el Ministerio de Seguridad Social ha ampliado su ámbito de trabajo más allá del aumento de cuotas previsto -con el objetivo de implantar un sistema de cotización basado en los ingresos reales-, la principal asociación del sector, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), ha presentado un total de 60 propuestas para una reforma integral del trabajo por cuenta propia. Estas medidas abarcan desde el modelo de cotización hasta el sistema de protección social, así como cambios fiscales, y han sido remitidas a los distintos partidos políticos y grupos parlamentarios. Como punto de partida, ATA apuesta por frenar la subida de cuotas planteada por el Gobierno, prevista en dos fases (dos trienios entre 2026 y 2031) dentro del despliegue del sistema de ingresos reales. En su lugar, la asociación propone que los incrementos sean similares a los que se aplican en el régimen general al actualizarse anualmente con el IPC. Así, la base máxima del RETA sería la misma que la del conjunto del sistema y las bases mínimas se fijarían según tramos de rendimientos computables en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. En cuanto a las mejoras reclamadas en el proceso de regularización anual de cuotas, entre las 60 propuestas se recoge que los autónomos societarios y los colaboradores familiares sin rendimientos puedan mantener o recuperar su base de 2022 si esta es más elevada que sus ingresos actuales. También se pide que quienes estén en pluriactividad no superen la base máxima de cotización. Además, ATA plantea elevar los porcentajes de corrección de los rendimientos computables: del 3% al 5% para societarios y del 7% al 9% para autónomos persona física. La patronal también propone una tarifa plana de cero euros durante dos años -y hasta tres- para menores de 30 años, mujeres que retomen su actividad tras la maternidad y autónomos cuyos ingresos no superen el salario mínimo durante los dos primeros años de cuota reducida. Asimismo, si los ingresos de la actividad por cuenta propia están por debajo de la mitad del salario mínimo anual y el autónomo cotiza en el régimen general por la base máxima, se plantea que únicamente sea obligatorio el alta en el RETA a efectos formales, pero sin obligación de cotizar. Otras solicitudes incluyen una bonificación del 100% de la cuota para autónomos con enfermedades graves desde el primer día, así como para el cuidado de menores con patologías graves, y la ampliación del subsidio para mayores de 52 años al colectivo autónomo. En materia de contratación, ATA pide una reducción del 50% de las cotizaciones sociales durante dos años -y del 100% cuando el empleado tenga menos de 35 años- para fomentar el empleo. También propone contratos bonificados al 100% para menores de 35 años en determinados oficios y sectores, así como permitir que la figura del autónomo colaborador pueda extenderse a personas no familiares en casos de relevo generacional. Sobre la jubilación activa, la organización sugiere eliminar el año de espera para acceder a esta modalidad y permitir compatibilizar la actividad con el 35% de la pensión el primer año, el 50% el segundo, el 75% el tercero y el 100% el cuarto. Para profesiones especialmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres, se plantea que mediante solicitud "informada" se pueda acceder a la jubilación activa al 50% desde la edad ordinaria fijada para cada actividad, sin que esta pueda ser inferior a los 59 años y sin exigir cotizaciones adicionales. En materia de conciliación y maternidad, ATA plantea ampliar en dos semanas la baja por lactancia, crear una baja por maternidad flexible compatible con la actividad tras las seis primeras semanas, y extender esta flexibilidad en casos de familias monoparentales. Además, propone que los autónomos sin empleados puedan contratar, con bonificación, a un sustituto a partir del tercer trimestre de embarazo y que se apruebe una bonificación del 100% de la cuota por la contratación de personal doméstico o cuidadores para atender a personas dependientes. En el ámbito fiscal, la asociación reclama la implantación del IVA franquiciado con una única declaración anual y la sustitución gradual, en tres años, del sistema de módulos por un modelo especial de estimación directa. También propone que el 50% de los gastos recurrentes del autónomo sean automáticamente deducibles tanto en IVA como en IRPF, sin necesidad de justificar su afectación a la actividad, salvo que se supere ese porcentaje. Por último, entre otras medidas, se plantea que la presentación de modelos informativos y declaraciones fiscales pase de ser trimestral a semestral y que se instaure el principio de silencio administrativo positivo.

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(El País, 18-11-2025) | Laboral

Trabajo propone crear la figura del “agente territorial de prevención”

Una persona designada conjuntamente por sindicatos y organizaciones empresariales sería la encargada de supervisar la seguridad laboral en los centros de trabajo con menos de diez empleados. Según denuncian las centrales sindicales, es precisamente en estas microempresas donde se registra la mayor concentración de accidentes laborales. El departamento que dirige Yolanda Díaz ha planteado esta modificación a los agentes sociales dentro de su propuesta para actualizar la ley de prevención de riesgos laborales. La negociación, que lleva 21 meses en marcha, celebró una nueva reunión este lunes, tras la cual el Ministerio de Trabajo acusó a la CEOE de limitarse a "calentar la silla" y le dio un ultimátum: quiere que la patronal fije una postura antes de que termine noviembre. La CEOE respondió asegurando que ya ha presentado aportaciones y denunciando "faltas de respeto" y "amenazas". Entre enero y septiembre, 547 personas han fallecido en el trabajo, un 5% menos que el año pasado, aunque en sectores como la construcción los accidentes mortales han aumentado notablemente. El ministerio también propone modificar el reglamento de los servicios de prevención, según un borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS. Este cambio reforzaría el control sobre las empresas que externalizan la prevención de riesgos mediante servicios de prevención ajenos. Los sindicatos sostienen que estas entidades, pese a estar especializadas, suelen estar saturadas y apenas realizan un seguimiento real. Para corregir esta situación, Trabajo plantea crear la figura del "interlocutor" con la empresa especializada: un trabajador de la compañía que asumirá la comunicación con el servicio de prevención cuando el empresario no disponga de conocimientos o recursos suficientes. La propuesta de introducir agentes territoriales de prevención fue presentada a los agentes sociales en septiembre. El Ministerio detalla que estos profesionales "llevarán a cabo funciones preventivas en aquellas empresas o centros de trabajo con menos de diez personas trabajadoras sin representación legal". Es decir, actuarían como un refuerzo de la Inspección de Trabajo en compañías sin delegados sindicales y con plantillas muy reducidas. La designación de estos agentes territoriales se realizaría en cada comunidad autónoma mediante acuerdo entre sindicatos y patronales más representativos del sector. Entre sus tareas figuran "colaborar con la dirección y con la plantilla en la mejora de la prevención"; "supervisar el cumplimiento de la normativa"; y "visitar los centros de trabajo para verificar las condiciones laborales", entre otras. Si esta propuesta finalmente se incorpora a la normativa, extendería un modelo ya implantado en territorios como Asturias, Navarra o La Rioja, donde estas figuras existen gracias a acuerdos entre gobiernos autonómicos y agentes sociales. "Los agentes territoriales de prevención actuarán de manera conjunta y su actividad se planificará anualmente según los objetivos marcados por las organizaciones que los designen -sindicatos y patronales- en coordinación con el organismo técnico de prevención de la comunidad autónoma", añade el documento de Trabajo. Hasta ahora, el Ministerio ha remitido tres borradores de reforma: el primero en marzo, el segundo en septiembre -que incorporaba la figura del agente territorial- y un tercero la semana pasada. La principal novedad de este último es la creación de las "personas interlocutoras con el servicio de prevención ajeno", figura que quedaría integrada en el reglamento de los servicios de prevención. Según la propuesta, cuando el empresario no cuente con la formación necesaria, deberá designar a una persona que asuma esas funciones. Estos interlocutores tendrán que ser empleados con la cualificación, experiencia y formación preventiva adecuadas. Entre sus funciones estarán "asesorar a la empresa sobre el contenido del concierto preventivo"; "colaborar en la interpretación y valoración de la evaluación de riesgos"; y "plantear propuestas e informar al servicio de prevención sobre situaciones que requieran revisar la actividad preventiva".

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(El País, 18-11-2025) | Laboral

Cuatro de cada diez empresas no tienen en vigor el plan de igualdad al que les obliga la ley

El Gobierno exige a todas las empresas con más de 50 empleados disponer de un plan de igualdad, es decir, un conjunto de medidas destinado a garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar cualquier discriminación por razón de sexo. En España existen unas 32.000 compañías sujetas a esta obligación, pero alrededor de 12.000 no la cumplen, bien porque no han elaborado el plan o porque el que tenían ya ha expirado y está pendiente de renovación. Así lo revela un informe de CC OO, que abordó esta cuestión durante la presentación de su campaña previa al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. "Las mujeres no denunciamos cuando queremos, sino cuando podemos. Por eso el papel del entorno es crucial. Debemos actuar desde ya para frenar las violencias machistas", afirmó este lunes la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad, Carolina Vidal, quien destacó el papel de los planes de igualdad como herramienta clave para prevenir la violencia en el ámbito laboral. Aunque cerca del 37,5% de las empresas obligadas aún no cumplen (casi cuatro de cada diez), el sindicato subraya el gran avance logrado: en febrero de 2023 había unos 6.000 planes en vigor; en marzo de este año, unos 18.000; y actualmente rondan los 20.000. Por lo general, deben renovarse cada cuatro años. La extensión de estos planes responde al calendario normativo: son obligatorios para empresas de más de 151 trabajadores desde marzo de 2020, para las que superan los 101 desde 2021 y, finalmente, para las de más de 50 desde 2022. Es decir, todas las compañías con al menos medio centenar de empleados llevan ya tres años y medio sujetas a esta obligación. El Instituto de las Mujeres detalla que estos planes deben incluir, tras un proceso de negociación, medidas que eviten cualquier discriminación laboral por sexo, fomenten condiciones de trabajo libres de acoso sexual o por razón de sexo y establezcan procedimientos para prevenir estas conductas y canalizar denuncias o reclamaciones. "No se está frenando la implantación de estos planes", subrayó Vidal, "porque desde las organizaciones sindicales los impulsamos allí donde tenemos representación. Los centros de trabajo no pueden vivir de espaldas a la mitad de su plantilla, perpetuando la discriminación". Además, recordó que las empresas que no cumplen pueden enfrentarse a sanciones y quedar excluidas de la contratación pública, un incentivo importante para que avancen en esta materia. Vidal admitió que el avance de la extrema derecha y su discurso antifeminista supone una "amenaza" para estas políticas. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, reforzó esta idea: "Cuando se aplican políticas de igualdad como estas, generan consenso. Empresas y trabajadores comprueban que son útiles y necesarias". Sordo alertó de que el "martilleo" empresarial contra la "excesiva burocracia" puede servir de coartada para intentar desmontar estas normativas en el futuro: "Existe un riesgo claro, también en los objetivos de descarbonización, bajo el mismo argumento del exceso regulatorio". Las patronales sostienen que la proliferación de trámites resta competitividad. En este contexto, Sordo apeló al Partido Popular a que no ceda en posibles pactos con Vox que impliquen retrocesos en materia de igualdad: "Que no compren mercancía averiada". En cuanto a los problemas detectados en el sistema de pulseras telemáticas para maltratadores, Vidal afirmó que "no puede haber una tercera vez" y criticó que este servicio esté privatizado: "Es inconcebible que la vida de las mujeres dependa de una empresa privada".

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(Cinco Días, 18-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Kit Digital cierra con 860.000 ayudas concedidas por 3.400 millones

El programa Kit Digital, destinado a impulsar la digitalización de autónomos y pequeñas empresas, ha concluido tras otorgar ayudas a 860.000 negocios por un valor superior a 3.400 millones de euros. Durante sus tres años de vigencia y a través de distintas convocatorias, esta iniciativa ha alcanzado a 7.500 municipios -el 92% del total-, según informó este lunes el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. Gestionado por Red.es, el programa se dio por finalizado oficialmente el pasado 31 de octubre, fecha límite para que autónomos y empresas de entre 0 y menos de 3 trabajadores, así como comunidades de bienes, sociedades civiles y explotaciones agrarias de titularidad compartida, presentaran sus solicitudes. Con un presupuesto de 3.067 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Kit Digital se ha consolidado como la mayor iniciativa de digitalización puesta en marcha en España. Comenzó en marzo de 2022 con la meta de llegar a 676.000 pymes y autónomos de todo el país. A lo largo de todo este tiempo, ha gestionado más de 1,2 millones de solicitudes y ha concedido más de 860.000 ayudas, lo que equivale al 127% del objetivo fijado por la Unión Europea. Entre las ayudas aprobadas, más de 500.000 corresponden a proyectos ya completados. Además, un 39% de los autónomos beneficiarios son mujeres (frente al 36,8% que representan en el conjunto nacional). Según un informe de Red.es sobre la primera convocatoria -dirigida a empresas de entre 10 y 49 empleados-, los participantes han pasado de un nivel de digitalización del 38% al 51% y han registrado mejoras de productividad de hasta un 65% gracias a las soluciones implantadas. "El Kit Digital nos ha permitido digitalizar para transformar. No solo se ha incorporado tecnología, sino que ha cambiado la forma en que la Administración presta servicios y cómo compiten las pymes. Demuestra que lo público puede innovar, ser ágil y generar confianza", destacó López durante la presentación. Las ayudas se han distribuido por todo el país, alcanzando el 100% de las provincias y el 92% de los municipios. Más de 7.500 localidades cuentan con al menos un autónomo o pyme que ha recibido apoyo del programa. Además, éste ha llegado a la totalidad de los sectores económicos, incluidos aquellos con mayor necesidad de modernización digital, como la construcción, el transporte, la agricultura y la ganadería. La iniciativa ha tenido también una amplia visibilidad: ha participado en más de 360 eventos, ferias y congresos, y su presencia en medios equivaldría a un valor publicitario de 121 millones de euros. En redes sociales se han generado más de 1.700 publicaciones relacionadas. Con su apuesta por el concepto de "cero papeles" y mediante el uso de herramientas de automatización, el programa ha agilizado notablemente los trámites: el tiempo medio de gestión de un expediente se redujo de tres horas a apenas tres minutos. Cuando la solicitud estaba correctamente presentada, la resolución llegaba en un máximo de 15 días. Hasta ahora, se han realizado 24 millones de verificaciones automáticas mediante 39 robots, lo que ha supuesto un ahorro superior a 9 millones de horas administrativas. Más de 687.000 solicitudes fueron aprobadas de forma automática, el 45% del total. Coincidiendo con la presentación del balance, el ministro anunció el lanzamiento del Portal Kit Digital 360, una plataforma que reúne de manera accesible y actualizada información sobre el diseño, evolución e impacto del programa. La web (https://kitdigital.red.es/) incluye un panel interactivo con un mapa por territorios de las ayudas concedidas, comparativas sobre el progreso digital de las empresas y datos sobre las soluciones tecnológicas más solicitadas, entre otros contenidos.

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(Expansión, 18-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda pública marca récord en septiembre

La deuda de las Administraciones Públicas alcanzó en septiembre un máximo histórico de 1,710 billones de euros en términos absolutos. No obstante, su peso sobre el PIB se redujo hasta el 103,2%, un punto menos que hace un año. Según los datos preliminares publicados hoy por el Banco de España, la deuda pública superó por primera vez la barrera de los 1,7 billones, con un crecimiento interanual del 4,5% y un incremento mínimo respecto a agosto, cuando se situó en 1,699 billones. Por administraciones, la deuda del Estado aumentó un 4,6% en comparación con el año anterior; la de las comunidades autónomas subió un 1,9%; y la de los ayuntamientos descendió un 2,6%. Con estas cifras, la ratio de deuda calculada según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) se situó en septiembre en el citado 103,2% del PIB, lo que supone un punto porcentual menos que en el mismo mes de 2024. El Gobierno mantiene su previsión de cerrar 2025 con una deuda equivalente al 101,7% del PIB. A medio y largo plazo, estima que este porcentaje bajará al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Aunque las proyecciones apuntan a una evolución descendente, no se concreta cuándo España logrará situarse por debajo del umbral del 60% que Bruselas considera prudente. El detalle por administraciones muestra que la deuda del Estado asciende a 1,558 billones de euros, un 4,6% más interanual, lo que representa el 94% del PIB. En cuanto a las administraciones territoriales, las comunidades autónomas acumularon en septiembre de 2025 una deuda de 339.500 millones de euros, equivalente al 20,5% del PIB, con un aumento del 1,9% respecto al año anterior. Por su parte, la deuda de las corporaciones locales fue de 22.520 millones, un 2,6% menos, lo que supone el 1,4% del PIB. En el caso de la Seguridad Social, su deuda ascendió a 126.170 millones de euros, un 8,6% más que un año antes, hasta representar el 7,6% del PIB. Este incremento se explica por los préstamos del Estado a la Tesorería para cubrir su desequilibrio presupuestario. Por otro lado, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) prevé que la ratio deuda/PIB autonómica de 2025 sea peor de lo estimado por el Gobierno. Según su Observatorio Fiscal y Financiero, las comunidades cerrarán el año con un déficit del 0,2%, y solo cuatro de ellas registrarán superávit. Este pronóstico es ligeramente más negativo que el del Ejecutivo -que prevé un déficit autonómico del 0,1%-, aunque más favorable que el de la AIReF, que anticipa un 0,4%. Fedea advierte de que, aunque la estimación apenas difiere del cierre previsto para 2024 (-0,2% del PIB), sigue siendo un dato preocupante: se produce pese a la subida de ingresos derivados del ITP y AJD, impulsada por el actual boom inmobiliario, que consideran de carácter excepcional. Paralelamente, señalan un aumento notable del gasto público, que es estructural y agrava el deterioro de las cuentas. El organismo concluye que, ante la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas, España debe emprender un importante proceso de consolidación fiscal que abarque tanto el control del gasto como la reducción de la deuda pública.

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