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(Expansión, 15-12-2025) | Fiscal

Más de 640.000 devoluciones de Renta siguen pendientes de resolver

La Agencia Tributaria aún no ha efectuado la devolución de la última campaña de la Renta a 643.000 contribuyentes. Si estos reintegros no se realizan antes del 31 de diciembre, Hacienda tendrá que abonar intereses de demora por el retraso, siempre que la liquidación presentada sea correcta. Con apenas quince días para cerrar el año, siguen pendientes más de 640.000 devoluciones correspondientes al IRPF de 2024, a pesar de que la campaña concluyó hace más de cinco meses, el 30 de junio. Según confirman a EXPANSIÓN fuentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), hasta ahora se han cerrado 15,35 millones de acuerdos de devolución, de un total cercano a 16 millones de solicitudes, lo que supone un 1,81% menos que en el ejercicio anterior. En muchos casos, las devoluciones que continúan sin abonarse corresponden a declaraciones que requieren una revisión por parte de la Administración, por lo que la falta de respuesta puede anticipar una comprobación o la recepción de una notificación de la AEAT solicitando aclaraciones. En este contexto, durante la campaña la Agencia Tributaria puso en marcha un sistema automático para la corrección voluntaria de errores, enviando miles de avisos preventivos a contribuyentes que habían modificado el borrador inicial elaborado por Hacienda. Gracias a esta medida, se presentaron cerca de 45.000 declaraciones rectificativas, lo que permitió "evitar posibles comprobaciones posteriores, el devengo de intereses o la imposición de sanciones", según explican desde el Ministerio que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. No obstante, haber presentado una rectificación puede ser uno de los motivos por los que algunas devoluciones aún no se hayan resuelto, cuando ya se acerca el fin del plazo legal. Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) señalan que la fase de revisiones iniciada en septiembre, cuando todavía quedaban más de dos millones de devoluciones pendientes, ha supuesto el análisis de aquellas autoliquidaciones con posibles incoherencias. Como resultado, ya se han abonado 1,5 millones de devoluciones. Este proceso continuará hasta el 31 de diciembre y, a partir de esa fecha, los expedientes que sigan sin resolverse podrían pasar directamente a la Inspección para un examen más detallado por parte de un funcionario. Por ello, si el contribuyente no recibe la devolución antes del 1 de enero, es muy probable que se inicie un procedimiento inspector. Si Hacienda no devuelve antes del 31 de diciembre las cantidades pagadas de más en el IRPF de 2024, y la autoliquidación es correcta, estará obligada a pagar intereses de demora, que en 2025 se sitúan en el 4,06%. Así, una devolución de 1.500 euros ascendería a 1.560,90 euros si se abonara con un año de retraso. Si el reintegro se realiza antes, los intereses se calcularán de forma proporcional por meses, dividiendo el tipo del 4,06% entre doce y multiplicándolo por el número de meses de demora, explica Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas. De este modo, si la devolución se efectúa en marzo, el interés aplicado sería del 1,015%. Desde la Agencia Tributaria recuerdan, no obstante, que no todas las 643.000 devoluciones pendientes acabarán pagándose en los términos solicitados. En algunos casos, las cantidades reclamadas son incorrectas y se devuelven importes menores, y en otros la declaración termina resultando a ingresar. En estas situaciones, si la resolución llega después de enero, el contribuyente deberá asumir no solo la deuda y los intereses correspondientes, sino también una sanción, cuyo importe varía según los plazos y el grado de voluntariedad o fraude apreciado por Hacienda. Las sanciones pueden ir desde el 1% de lo no ingresado, hasta el 50% en infracciones leves por importes inferiores a 3.000 euros, el 100% de la deuda si el importe es mayor o existe ocultación de datos, o incluso el 150% si se demuestra el uso de medios fraudulentos, según explican desde la asesoría Vázquez Asociados. Si tras la revisión de la Inspección la declaración debe corregirse pero mantiene un resultado favorable al contribuyente, la AEAT impone una sanción fija de entre 150 y 250 euros y devuelve la cantidad correcta junto con los intereses de demora, calculados únicamente sobre el importe finalmente reconocido y no sobre el exceso solicitado inicialmente. En cualquier caso, Gimeno advierte que el hecho de que Hacienda realice la devolución antes del 31 de diciembre "no implica que la declaración no pueda ser comprobada o investigada con posterioridad".

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(Expansión, 15-12-2025) | Fiscal

La UE impone una tasa de tres euros a los paquetes "low-cost" de plataformas

La medida tendrá carácter provisional y empezará a aplicarse en julio del próximo año, al margen de la posible comisión aduanera de dos euros que podría implantarse a partir de noviembre de 2026. Este gravamen se mantendrá en vigor durante dos años, hasta que la Autoridad Aduanera Europea esté plenamente operativa. La Unión Europea endurece su ofensiva contra las plataformas chinas de comercio electrónico. Los ministros de Finanzas de los Estados miembros han acordado este martes, en el marco de la reunión del Ecofin, establecer una tasa de tres euros para todos los envíos procedentes de terceros países con un valor inferior a 150 euros que accedan al mercado comunitario. La medida comenzará a aplicarse en julio del año que viene. Aunque el nuevo cargo no se presenta oficialmente como una acción dirigida contra empresas concretas como Temu, Shein o AliExpress, lo cierto es que estas plataformas concentran la inmensa mayoría de los envíos de bajo coste a la UE, por lo que serán las principales afectadas. En 2024 se importaron más de 4.500 millones de productos considerados low cost, el doble que el año anterior, y el 91% de ellos tuvo origen en China. Este gravamen se concibe como una solución temporal con la que los Estados miembros pretenden corregir el trato ventajoso del que actualmente se benefician los paquetes de bajo valor frente a los envíos de mayor importe. Estará vigente hasta la puesta en marcha de la Autoridad Europea de Aduanas, prevista para 2028. Una vez que la nueva plataforma centralizada esté operativa y se refuercen los controles en frontera, la tasa desaparecerá y todos los paquetes quedarán sujetos a los procedimientos habituales y a los aranceles correspondientes. "El comercio electrónico se está expandiendo a gran velocidad y el entorno global cambia cada vez más rápido, por lo que necesitamos instrumentos adecuados para adaptarnos. Por eso es tan relevante la decisión sobre los aranceles aplicables a los pequeños envíos que llegan a la UE, ya que permite garantizar una competencia equitativa en nuestras fronteras en la actual era del comercio digital", ha señalado Maros Sefcovic, comisario europeo de Comercio. La tasa de tres euros aprobada no sustituye a la comisión de gestión de dos euros que también se plantea para estos paquetes y que aún debe recibir el visto bueno de los Estados miembros y del Parlamento Europeo. De aprobarse, esta comisión entraría en vigor en noviembre del próximo año, elevando el coste total por envío hasta los cinco euros. Solo la aplicación de la tasa generaría unos ingresos de 13.500 millones de euros para las aduanas si el volumen de paquetes pequeños se mantiene en los niveles de finales del año pasado. En caso de sumarse la comisión de gestión, la recaudación total podría alcanzar los 22.500 millones de euros.

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(El País, 15-12-2025) | Fiscal

Hacienda baraja una deducción de unos 600 euros para que los perceptores del nuevo salario mínimo no paguen IRPF

El Ejecutivo quiere evitar a toda costa reabrir el conflicto generado por la fiscalidad del salario mínimo y está buscando una solución de consenso que satisfaga a los dos socios de la coalición. El objetivo es claro: no repetir la polémica del año pasado y centrar el debate en lo que el Gobierno considera prioritario, una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI). En este contexto, el Ministerio de Hacienda analiza ampliar la deducción en el IRPF para los trabajadores que cobran el SMI, actualmente fijada en 340 euros anuales, hasta una cifra cercana a los 600 euros, según fuentes conocedoras del proceso, aunque los cálculos aún están en fase de ajuste. Esta alternativa, explican desde el Ejecutivo, permitiría contentar tanto al Ministerio de Trabajo como a las áreas económicas del Gobierno. Trabajo vería garantizado que el aumento del SMI se traduce en términos netos en el 60% del salario medio nacional, mientras que Economía y Hacienda respaldarían la medida porque el esfuerzo derivado del incremento salarial se repartiría entre el sector público y las empresas, evitando que el coste recaiga íntegramente sobre los empleadores. La deducción en el IRPF ligada al SMI no es una novedad. Tradicionalmente, cada vez que el salario mínimo se incrementaba, el impuesto se ajustaba de forma paralela para que los mínimos exentos cubrieran esos ingresos. Esta práctica se rompió en 2025, cuando, por primera vez, parte de los trabajadores que perciben el SMI -principalmente solteros sin hijos- comenzó a tributar, soportando una carga fiscal de unos 340 euros anuales entre retenciones y cuota. La falta de adaptación del impuesto provocó uno de los choques más intensos de la legislatura entre PSOE y Sumar. Desde el área económica se defendía que, tras años de subidas continuadas del SMI -un 61% desde 2018, pasando de 736 a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas-, este debía empezar a contribuir a la recaudación. El Ministerio de Trabajo, en cambio, sostenía que no era razonable gravar a quienes se sitúan en la franja salarial más baja. Para amortiguar ese impacto fiscal y poner fin al enfrentamiento, Hacienda articuló un mecanismo de devolución equivalente a la cantidad pagada, que los trabajadores recibirían al año siguiente al presentar la declaración de la renta. De este modo, los beneficiarios del SMI comenzaron a tributar, pero con la certeza de que se les reintegraría posteriormente el importe, evitando así una pérdida de poder adquisitivo, especialmente entre quienes no podían acceder a otras deducciones por su situación familiar. De cara a la subida prevista para 2026, el Gobierno estudia repetir esta fórmula, ampliando la deducción para que ese mismo perfil de trabajadores no vea mermada la mejora salarial. El razonamiento es idéntico al del año anterior: si el SMI aumenta pero los mínimos exentos del IRPF permanecen congelados, las retenciones crecerán y parte del alza del salario bruto no llegará al bolsillo del empleado. La comisión de expertos del Ministerio de Trabajo planteó recientemente dos posibles escenarios para 2026. En el primero, el SMI no tributa y sube un 3,1%, hasta 17.094 euros brutos anuales. En el segundo, el salario mínimo comienza a tributar y el incremento sería del 4,7%, hasta 17.360 euros. Con los mínimos exentos previsiblemente sin cambios y la deducción actual de 340 euros, ambos escenarios implicarían un aumento de las retenciones: en torno a 600 euros en el primer caso y cerca de 700 euros en el segundo, según los simuladores de la Agencia Tributaria. Por ello, Hacienda se inclina por el primer escenario y por ampliar la deducción hasta aproximadamente 600 euros. Esta medida permitiría que los perceptores del SMI quedaran prácticamente exentos de tributación en una subida moderada y garantizaría que el salario neto alcance el 60% del salario medio, en línea con la Carta Social Europea. Según fuentes de ambos socios, esta solución resulta aceptable para las dos partes, ya que cumple el objetivo social sin exigir un aumento mayor del salario bruto. Con este planteamiento, una parte del ajuste se realiza vía fiscal, asumiendo Hacienda una pérdida de recaudación, mientras que los trabajadores reciben íntegramente la mejora salarial y las empresas no soportan todo el coste del incremento. Aun así, el Gobierno debe cerrar los números y decidir si la deducción final compensará totalmente la subida fiscal o solo una parte. La elección de una deducción específica, en lugar de elevar los mínimos exentos del IRPF, responde a un criterio de eficiencia recaudatoria. Aumentar esos umbrales beneficiaría a todos los contribuyentes, incluidos los de rentas más altas, y tendría un impacto mucho mayor en las arcas públicas. Dado el carácter progresivo del impuesto, el Ejecutivo busca evitar que una medida pensada para los salarios más bajos termine favoreciendo también a quienes tienen mayores ingresos. Con la deducción, en cambio, el coste se limita a unos pocos cientos de millones de euros y la ayuda se dirige de forma precisa a los trabajadores con menores rentas y sin otras opciones de reducción fiscal, un colectivo que ronda las 500.000 personas.

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(El Economista, 15-12-2025) | Fiscal

Hacienda cierra el año sin prorrogar el límite de facturación de módulos y deja a 350.000 autónomos en el limbo

El Ejecutivo ha dejado en una situación de incertidumbre fiscal a unos 350.000 autónomos al finalizar el año sin aprobar la prórroga de los límites de facturación anuales que permiten acogerse al régimen de estimación objetiva del IRPF, conocido como sistema de módulos. Aunque sí se ha dado luz verde a la orden que garantiza la continuidad de este régimen durante 2026, los profesionales afectados todavía no saben cuáles serán los topes de ingresos que deberán cumplir para poder tributar por esta modalidad. Desde 2016, los distintos gobiernos han venido renovando año tras año los umbrales que permiten permanecer en el sistema de módulos: ingresos anuales inferiores a 250.000 euros o facturación a otras empresas y autónomos por debajo de 125.000 euros. En ausencia de esa prórroga, los límites se reducen de forma automática a 150.000 euros en el primer caso y a 75.000 euros en el segundo. De no aprobarse la ampliación, miles de trabajadores por cuenta propia quedarían excluidos de este régimen de tributación del IRPF en 2026. Los sectores más perjudicados serían el transporte, la hostelería y el pequeño comercio. Estos límites más bajos fueron introducidos en la reforma fiscal aprobada a finales de 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda. La normativa preveía que los nuevos umbrales -150.000 euros de ingresos y 75.000 euros de facturación- entrasen en vigor el 1 de enero de 2016. Sin embargo, su aplicación se ha ido posponiendo cada año mediante sucesivas prórrogas, manteniendo los topes de 250.000 y 125.000 euros. Este aplazamiento debe formalizarse mediante una norma con rango de ley, pero el Ejecutivo ha cerrado el ejercicio sin aprobar ningún texto que lo contemple. Los expertos esperaban que la prórroga se incluyera en el último Pleno del Congreso del año, celebrado el jueves pasado, algo que finalmente no ocurrió. Todo apunta, por tanto, a que los autónomos iniciarán 2026 con límites de módulos más restrictivos. Además, según el calendario parlamentario, no está previsto ningún Pleno hasta febrero, salvo que se convoque una sesión extraordinaria, de la que por ahora no hay constancia. Con todo, comenzar el año sin la prórroga no supone un escenario irreversible. El Gobierno aún podría aprobar en enero un real decreto-ley que incluya esta medida y someterlo a convalidación en el Congreso en febrero. Cabe recordar que la prórroga de los límites de módulos para 2025 se incorporó a un real decreto-ley aprobado a finales de 2024, que debía ser convalidado por el Congreso en el plazo de 30 días. Sin embargo, en enero de 2025 la oposición rechazó el texto, lo que implicaba, en principio, una reducción automática de los umbrales. Ante esa situación, el Ministerio de Hacienda emitió una nota aclarando que, dado que el real decreto-ley estaba en vigor a 1 de enero de 2025, se entendía que los límites de facturación quedaban aprobados. Aunque legalmente la prórroga debía hacerse por ley, al tratarse de una medida favorable para miles de autónomos, no se produjeron objeciones. El régimen de módulos permite a los profesionales con un elevado uso de efectivo calcular la base imponible del IRPF a partir de una estimación de sus ingresos, teniendo en cuenta variables como el número de empleados, la superficie del local o el municipio en el que desarrollan su actividad. Por el contrario, los autónomos que quedan fuera de este sistema tributan en estimación directa, declarando los ingresos reales obtenidos a lo largo del año.

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(El Economista, 15-12-2025) | Fiscal

Los autónomos reclaman bajar 5 puntos el IRPF autonómico para ahorrar 650 euros

La carga impositiva es una de las principales inquietudes de los trabajadores autónomos, y las organizaciones empresariales del sector están elaborando propuestas para rebajar los impuestos y aliviar su situación económica. En este contexto, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) ha remitido a los parlamentos autonómicos una iniciativa en la que reclama a las comunidades autónomas una reducción de cinco puntos en el IRPF para las rentas de hasta 35.200 euros. Esta medida supondría un ahorro anual de hasta 650 euros por autónomo y liberaría recursos que podrían destinarse a inversión y crecimiento de la actividad. La propuesta se apoya en la Ley 22/2009 de financiación autonómica, que otorga a las comunidades competencias para fijar su propia escala del IRPF, introducir deducciones y regular tipos y tramos. Además, la patronal de autónomos trasladó esta iniciativa el pasado miércoles a la mesa del foro tributario que mantienen las organizaciones de autónomos y los agentes sociales con la Agencia Tributaria. El objetivo es que Hacienda valore una rebaja tanto a nivel autonómico como estatal, de forma que el ahorro total para los trabajadores por cuenta propia alcance entre 1.300 y 1.400 euros anuales. En este sentido, el presidente de Upta, Eduardo Abad, ha señalado que Esquerra Republicana (ERC) ha sido el primer grupo parlamentario en llevar el debate al Congreso, aunque limitando la medida a rentas de hasta 25.000 euros. No obstante, el informe económico elaborado por Upta advierte de que una rebaja conjunta del IRPF a nivel autonómico y estatal supondría una merma recaudatoria de entre 1.000 y 1.500 millones de euros. Para compensar esta pérdida, la organización propone elevar entre cinco y siete puntos el Impuesto sobre Sociedades a las empresas que facturen más de cuatro millones de euros anuales, un grupo que engloba a unas 50.000 sociedades, menos del 5% del total. En la actualidad, el tipo efectivo que soportan estas empresas se sitúa en torno al 20%. La propuesta plantea incrementarlo hasta el 25% o el 27%, lo que permitiría recuperar la recaudación perdida por la rebaja del IRPF. Según las estimaciones de Upta, esta medida generaría ingresos adicionales de entre 1.200 y 1.800 millones de euros. Con este planteamiento, la organización defiende una mayor "progresividad fiscal", argumentando que no es razonable que autónomos con ingresos inferiores a 35.000 euros soporten una carga impositiva más elevada que grandes empresas con estructuras económicas mucho más potentes. Más allá de la rebaja del IRPF, Upta plantea ampliar el abanico de deducciones para equiparar la fiscalidad de los autónomos a la de las pequeñas y medianas empresas. Esta línea de actuación cuenta con el respaldo de ATA, según fuentes consultadas por elEconomista.es, aunque esta organización no apoya la reducción de cinco puntos en el IRPF. Entre las medidas propuestas destaca el aumento de las deducciones por gastos de suministros como agua, electricidad, internet, teléfono y alquiler, que actualmente se sitúan en el 30% y que Upta plantea elevar hasta el 50%, dado que muchos autónomos desarrollan su actividad desde el domicilio. Otra de las iniciativas es permitir la deducción de hasta el 100% del coste de adquisición de un vehículo y de los gastos asociados a su uso profesional cuando su vinculación a la actividad económica supere el 70%. Asimismo, se propone crear deducciones específicas para inversiones en herramientas digitales, software, marketing online, así como en energías renovables, vehículos eléctricos y mejoras en eficiencia energética. El objetivo es facilitar que los autónomos puedan incorporarse a la transición digital y energética, un proceso más asumible para las grandes empresas que para los pequeños negocios. Por último, con el fin de impulsar la contratación y la colaboración profesional, Upta plantea una deducción del 100% de los gastos derivados de la contratación de personal o de la colaboración con otros profesionales, además de bonificaciones específicas por la incorporación del primer empleado o por la formalización de contratos indefinidos.

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(El Confidencial, 15-12-2025) | Fiscal

Hacienda asume pérdidas millonarias por sanciones por un error con los plazos

La Agencia Tributaria está viéndose obligada a asumir pérdidas de gran magnitud tras declarar nulas numerosas sanciones impuestas por la Inspección que fueron tramitadas fuera del plazo legal. El origen del problema se encuentra en una interpretación errónea del cambio normativo introducido en 2021, que amplió de tres a seis meses el margen para iniciar un procedimiento sancionador después de una inspección o comprobación. La Ley 11/2021, de 9 de julio, modificó este plazo, pasando de tres a seis meses el tiempo disponible para que Hacienda pudiera abrir un expediente sancionador una vez concluidas las actuaciones de comprobación, verificación o inspección. Según coinciden distintos fiscalistas, este nuevo plazo se ha aplicado en algunos expedientes durante los últimos ejercicios, aunque no siempre resultaba jurídicamente procedente. Normalmente, explican los expertos, las propuestas de sanción se formulan casi de inmediato al finalizar una inspección. Sin embargo, también existen expedientes donde la Administración ha agotado el plazo disponible. En estos casos, y especialmente en los que afectan a ejercicios anteriores a 2021, Hacienda está anulando sus propias sanciones. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha aclarado recientemente que, cuando la infracción es anterior a 2021, el plazo aplicable es el vigente en el momento en que se cometió la infracción, con independencia de que el expediente sancionador se iniciara después de ese año. Es decir, el plazo correcto seguía siendo de tres meses. Dado que las infracciones tributarias prescriben a los cuatro años -plazo que se interrumpe al iniciarse un procedimiento-, muchas sanciones actuales provienen de actuaciones sobre ejercicios todavía no prescritos anteriores a 2021. En ellos, el límite temporal era de tres meses, pero la Agencia Tributaria utilizó en algunos casos el plazo de seis meses, lo que, a la luz del criterio del TEAC, invalida el procedimiento sancionador y obliga a anular la sanción, con el consiguiente impacto económico. Además, al tratarse de un pronunciamiento del propio TEAC, Hacienda no puede recurrirlo. Las anulaciones son automáticas en cuanto se acredita que el procedimiento se inició fuera de plazo y el contribuyente recurrió. Las resoluciones que están recibiendo los afectados contienen fórmulas como: "Se declara la caducidad del procedimiento sancionador y se ordena el archivo del expediente [...] quedando sin efecto". Según explica Luis Miguel Larriba, socio fundador de LRB Tax & Legal, esta resolución "impide a la Administración sancionar en cientos de expedientes en los que se superó el plazo de tres meses para comenzar el procedimiento sancionador, una situación frecuente en algunas delegaciones". Añade que tanto la Agencia Tributaria como los tribunales económico-administrativos y los juzgados deberán apreciar de oficio la extemporaneidad y anular las sanciones sin posibilidad de reiniciar el proceso, lo que supone para Hacienda dejar de ingresar sanciones en miles de expedientes. Aunque lo habitual es que Hacienda no agote los plazos y proponga la sanción casi inmediatamente después de finalizar la comprobación, también hay muchos expedientes en los que la decisión se demora por análisis internos, consultas o porque se asumía que el plazo de seis meses era aplicable. Por ahora no puede calcularse el impacto total, pero se trata de pérdidas millonarias derivadas de sanciones que ya no podrán exigirse.

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(El País, 15-12-2025) | Laboral

Las pensiones subirán al menos un 2,7% en 2026

Más de 11 millones de pensionistas verán aumentar sus prestaciones, en general, un 2,7% a partir de enero, tal como se adelantó el pasado 28 de noviembre tras conocerse el dato preliminar del IPC. Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que la inflación interanual de noviembre fue del 3%, una cifra imprescindible para calcular la subida definitiva de las pensiones del próximo año. De este modo, según la normativa vigente desde 2022, que obliga a revalorizar las pensiones al menos en función del IPC, las prestaciones contributivas de unos 10,4 millones de beneficiarios de la Seguridad Social, junto con las de otros 700.000 jubilados de clases pasivas, aumentarán en 2025 lo mismo que el promedio de la inflación entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025: un 2,7%. Queda por concretarse cuánto crecerán las pensiones mínimas contributivas y las no contributivas, una decisión que previsiblemente se anunciará en el último Consejo de Ministros de diciembre. El incremento adicional para estos colectivos responde al compromiso adquirido por el Gobierno en la segunda fase de la reforma de pensiones, aprobada en marzo de 2024, que estableció una subida superior al IPC para acercarlas progresivamente al umbral de pobreza hasta 2027. Aunque todavía faltan los cálculos finales de la Seguridad Social, se estima que esta revalorización tendrá un impacto cercano a los 5.400 millones de euros, que pasarán a consolidarse de forma permanente en la factura total de pensiones, que ya rebasa los 200.000 millones anuales. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el aumento del 2,7% supondrá aproximadamente 572 euros más al año para la pensión media de jubilación, que actualmente ronda los 1.511,5 euros mensuales. Con la subida, esta prestación -que recibe más de dos tercios de los pensionistas, unos 6,5 millones de personas- superará ligeramente los 1.550 euros mensuales, lo que equivale a unos 41 euros adicionales al mes en 14 pagas. En cuanto a la pensión media del conjunto del sistema (que incluye jubilación, incapacidad, viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares), actualmente situada en 1.316,7 euros, la subida se traducirá en unos 500 euros más al año, es decir, unos 36 euros mensuales. Las pensiones máximas, fijadas ahora en 3.267,60 euros brutos al mes (45.746,40 euros anuales), pasarán a alrededor de 3.356 euros mensuales, casi 47.000 euros al año. Además, las nuevas altas de pensión máxima incorporarán un incremento adicional de 0,115 puntos para compensar la mayor cotización de las bases máximas, situando estas nuevas prestaciones en torno a 3.360 euros al mes. A esta subida habrá que añadir, para quienes corresponda, el complemento de brecha de género. La cuantía para 2026 aún no se ha revelado. En 2025, este complemento fue de 35,90 euros mensuales por hijo hasta un máximo de cuatro. La revalorización se aplicará a todas las pensiones del sistema, incluidas las de quienes perciben más de una prestación, algo que afecta a algo más de un millón de personas. Se actualizarán tanto las 12 pagas ordinarias como las dos extras. Las nuevas cuantías comenzarán a cobrarse en las nóminas de enero, abonadas habitualmente entre el 1 y el 4 de febrero, aunque muchos bancos suelen adelantar el pago a los últimos días de enero, por lo que gran parte de los pensionistas notarán el incremento ya a finales de ese mes.

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(El Economista, 15-12-2025) | Laboral

El coste de las bajas médicas aumenta un 11% en 2025 y rebasa los 17.000 millones

Mientras la falta de apoyos en el Parlamento dificulta la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, las principales partidas de gasto de la Seguridad Social continúan creciendo. Desde 2023, los ministerios trabajan cada ejercicio con el mismo presupuesto inicial y, para atender el aumento del gasto en determinadas áreas, se ven obligados a recurrir a modificaciones presupuestarias. Entre las prestaciones cuyo desembolso no deja de aumentar destaca la incapacidad temporal, asociada a las bajas médicas, que en 2025 ya registra un incremento interanual del 11% y supera los 17.000 millones de euros. La incapacidad temporal ha requerido una financiación adicional de 5.328 millones de euros y concentra, en términos de volumen, el 81% de todas las modificaciones realizadas en el ámbito contributivo de la Seguridad Social. Si se incluyen también las prestaciones no contributivas, el peso de la IT en el total de ajustes presupuestarios alcanza el 48%. Como consecuencia, el presupuesto destinado a cubrir las bajas laborales se eleva hasta los 17.093 millones de euros, por encima de los 16.463 millones gastados en todo 2024. Hasta octubre, último dato disponible, el gasto acumulado es un 11,2% superior al del año anterior, según el Resumen de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Seguridad Social. El gasto en incapacidad temporal se reparte entre bajas por contingencias comunes y por contingencias profesionales. Las primeras incluyen enfermedades comunes o accidentes no relacionados con el trabajo, mientras que las segundas derivan de accidentes laborales o enfermedades profesionales. La mayor parte del desembolso hasta octubre corresponde a las contingencias comunes, cuyo presupuesto asciende a 15.735 millones de euros y ha necesitado un refuerzo adicional de 5.209 millones. Este incremento del gasto se produce en paralelo a un fuerte aumento del número de bajas. De acuerdo con las últimas estadísticas de la Seguridad Social, las horas no trabajadas por incapacidad temporal han crecido un 73% desde 2019, primer año de la serie, un avance muy superior al de las horas cotizadas, que solo han aumentado un 17% en el mismo periodo. Una evolución similar se observa en los días cotizados: mientras el total crece un 16%, los días de baja se disparan un 70% al comparar los segundos trimestres de 2019 y 2025. Más allá de la incapacidad temporal, el 91,5% de las prestaciones gestionadas por la Seguridad Social ya han requerido aportaciones adicionales respecto al presupuesto inicial. Además, a cierre de octubre, el 80% de ellas ya ha superado el gasto total registrado en todo 2024. En conjunto, el Ministerio ha tenido que ajustar sus cuentas en unos 11.000 millones de euros, de los que 6.569 millones se han destinado a cubrir el desfase en prestaciones contributivas -aquellas ligadas a las cotizaciones- y 4.430 millones al nivel no contributivo. Dentro del ámbito contributivo, la segunda partida que más recursos adicionales ha precisado es la prestación por nacimiento, cuidado del menor, embarazo y lactancia, con un incremento de 936 millones de euros, en parte relacionado con la reciente ampliación de permisos aprobada en agosto. A continuación se sitúan las pensiones contributivas, cuyo presupuesto ha aumentado en 190 millones hasta octubre, impulsado principalmente por el gasto en jubilación, que ha requerido 125 millones más. Las únicas prestaciones que, por el momento, no han necesitado modificaciones presupuestarias son las pensiones de orfandad, los subsidios económicos para personas con discapacidad, las ayudas a entidades sin ánimo de lucro y la prestación por colaboración de las empresas. Por otro lado, entre el 20% de prestaciones que aún no han superado el gasto total de 2024 se encuentran la pensión contributiva de jubilación -pese a ser el primer año de jubilación de la generación del 'baby boom'-, los recargos por falta de medidas de higiene, las prestaciones vinculadas a la DANA, la ayuda por riesgo durante el embarazo y la del síndrome tóxico. Aunque las pensiones todavía no han rebasado el gasto anual de 2024, siguen siendo la partida más voluminosa de la Seguridad Social. Hasta octubre, el desembolso en pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente y orfandad alcanza los 159.716 millones de euros, cifra que no incluye los pagos de noviembre y diciembre ni la paga extra de Navidad, y representa el 78,8% del gasto total del Ministerio. En el ámbito no contributivo, destacan dos partidas que han superado con creces el presupuesto inicial: el complemento a mínimos de las pensiones contributivas, que ha requerido 1.300 millones adicionales, y el ingreso mínimo vital, que ha necesitado 2.200 millones más. Desde una perspectiva global, la última información disponible sobre el gasto de las Administraciones Públicas, recogida en la Clasificación Funcional del Gasto, muestra que el gasto en protección social ya equivale al 18,7% del PIB, dos décimas más que anteriormente. "Se mantiene la tendencia de los últimos años, con un peso creciente del gasto en pensiones", explica Miguel Ángel García, experto de Fedea. El gasto en pensiones aumenta una décima en relación con el PIB, hasta el 12,9%, y ya supone el 30,4% del gasto público total. En las últimas tres décadas, el gasto público total ha crecido 1,3 puntos sobre el PIB, mientras que el destinado a pensiones se ha incrementado en 3,3 puntos.

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(El Economista, 15-12-2025) | Laboral

Los trabajadores españoles sienten cada vez más estrés laboral

La Navidad suele identificarse con el descanso, el reencuentro con familiares y amigos y un paréntesis necesario para desconectar, recuperar energías y arrancar el nuevo año con fuerzas renovadas. Sin embargo, en muchas organizaciones el cierre del ejercicio llega con equipos exhaustos y una acumulación de tareas que dificulta disfrutar de esa pausa. De acuerdo con el informe Cigna Healthcare International Health Study, el 12% de los trabajadores en España afirma no lograr desconectar al terminar su jornada laboral, dos puntos más que en 2024, cuando este porcentaje era del 10%. Esta situación se acentúa especialmente en estas fechas, marcadas por cierres de proyectos, entregas pendientes y múltiples compromisos. La llamada cultura de la disponibilidad permanente, la presión por cumplir objetivos y las dificultades para separar la vida personal de la profesional -sobre todo en contextos de teletrabajo- favorecen que muchos empleados sigan conectados fuera de su horario. El estudio refleja esta realidad al señalar que el 28% de los trabajadores españoles reconoce experimentar estrés de forma habitual, una cifra ligeramente superior a la media global, lo que pone de manifiesto que la tensión se ha normalizado en el día a día laboral. El informe también indica que el 24% de los empleados percibe la acumulación de tareas y responsabilidades como una fuente constante de presión. Este escenario tiene un impacto directo en la salud mental y física de las plantillas, un efecto que puede intensificarse durante la época navideña. "El estrés laboral puede aumentar en Navidad porque coincide con un momento en el que muchos equipos arrastran meses de esfuerzo y una carga mental difícil de gestionar. Esta combinación hace que desconectar resulte más complicado. En este contexto, las empresas tienen un papel clave para prevenir estas situaciones", explica Amira Bueno, directora de Recursos Humanos de Cigna Healthcare España. Entre las recomendaciones, se sugiere que antes de reuniones importantes o entregas clave se fomente un entorno de confianza, reservando unos minutos para que cada miembro del equipo exprese cómo se encuentra. Este gesto favorece la cohesión, mejora la comunicación y refuerza la capacidad colectiva para afrontar retos. También se propone implantar turnos de "correo consciente", de manera que cada empleado determine las franjas horarias en las que recibe emails, lo que puede contribuir a mejorar la productividad. A ello se suman iniciativas como retos de desconexión digital, orientados a promover hábitos más saludables en el trabajo. Por último, los expertos de Cigna Healthcare España aconsejan que los responsables de equipo incorporen pausas conscientes en la rutina diaria, como breves ejercicios de estiramiento que ayuden a liberar la tensión acumulada tras jornadas intensas. "Pequeños cambios en la organización del trabajo pueden aliviar la sensación de saturación y facilitar que los equipos terminen el año con mayor equilibrio", concluye Bueno.

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(Cinco Días, 15-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex se encamina a cerrar su mejor año desde 1993 con un alza superior al 46%

En la Bolsa existen ejercicios malos, otros positivos y algunos verdaderamente excepcionales. Y todo apunta a que 2025 se situará en este último grupo, al menos en lo que respecta al mercado español. El Ibex 35 no solo ha superado este viernes los 17.000 puntos, una barrera inédita hasta ahora, sino que además acumula desde enero una subida superior al 46%, lo que lo encamina a cerrar su mejor año en más de tres décadas. Únicamente la revalorización del 54% registrada en 1993 quedaría por encima. Si no ocurre un desplome inesperado en las dos semanas que quedan, 2025 será el segundo mejor año del Ibex 35 desde que nació en 1992. El ejercicio será histórico no solo por la magnitud del avance, sino porque la Bolsa española ha duplicado la rentabilidad obtenida por la mayoría de índices europeos y estadounidenses. El Mib italiano es el que más se aproxima, con un alza del 28%. A continuación aparecen el Dax alemán (22%), el FTSE británico (13%) y el Cac francés (10%). El Euro Stoxx 50 sube un 18%. En Estados Unidos, el S&P 500 apenas avanza un 3,5% y el Nasdaq ronda el 8%. En un índice con un peso tan significativo del sector financiero, las fuertes revalorizaciones de los bancos -algunos han duplicado con creces su valor- han sido determinantes. 2025 ha estado marcado por el intento fallido de opa del BBVA sobre Sabadell, por unos resultados históricos en el sector bancario y por un reparto masivo de dividendos y recompras de acciones. Desde enero, Santander avanza más del 120%, Unicaja un 115%, BBVA un 106%, CaixaBank un 95%, Bankinter un 81% y Sabadell un 78%. La mayor escalada anual, no obstante, corresponde a la industria de defensa. Indra sube un 189% en el año en que cerró la adquisición de Hispasat a Redeia. En otros sectores, Solaria repunta un 113% y ACS un 78%. Inditex, tras marcar máximos históricos, avanza un 14%. Solo siete valores del Ibex están en negativo en 2025: Cellnex encabeza las caídas con un -16%, seguida de Puig (-14%), Redeia (-10%) y Amadeus (-8%). El índice español encadenará así tres años consecutivos al alza: avanzó un 14% en 2024 y un 22,76% en 2023. En conjunto, el Ibex ha duplicado su valor en este periodo, con una subida acumulada del 106%, lo que le permitió superar a finales de octubre su máximo histórico, vigente durante 18 años. Si se añaden los dividendos, el selectivo encadena récord tras récord y en lo que va de 2025 se ha revalorizado más del 52%. Los años 1996 y 1997 también registraron fuertes avances (41% y 42%, respectivamente). En el extremo opuesto, 2008 continúa siendo el annus horribilis por excelencia, con un desplome del 39,4% tras la quiebra de Lehman Brothers, episodio que precipitó la Gran Crisis y que en España coincidió con el estallido de la burbuja inmobiliaria y, posteriormente, con la crisis del euro.

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