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(Expansión, 29-05-2026) | Fiscal

El Supremo decidirá con qué pruebas se puede rebajar la factura fiscal de la vivienda

Nueva revisión judicial sobre el uso del valor de referencia del Catastro por parte de Hacienda para calcular impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP), Actos Jurídicos Documentados (AJD) y Sucesiones y Donaciones (ISD) en operaciones de compraventa, herencias o donaciones de viviendas. Después de que el pasado 12 de febrero el Tribunal Constitucional avalara con carácter general este sistema de valoración, será ahora el Tribunal Supremo el encargado de concretar qué pruebas podrán presentar los contribuyentes que consideren que el valor asignado a sus inmuebles es superior al real y, por tanto, que están pagando más impuestos de los que les corresponderían. El Alto Tribunal ha admitido a trámite un recurso de casación en el que recuerda que el Constitucional reconoció que el valor de referencia tiene una presunción de validez, aunque no absoluta, por lo que puede ser cuestionado. Además, subraya que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa revisar si dicho valor es correcto cuando el contribuyente aporte pruebas suficientes. Por ello, el Supremo considera necesario aclarar tanto la naturaleza jurídica del valor de referencia como el alcance del derecho de impugnación de los ciudadanos, fijando qué tipo de evidencias podrán utilizarse para demostrar que el precio real del inmueble es inferior al establecido por el Catastro debido, por ejemplo, a su estado de conservación o a otras circunstancias particulares. Expertos fiscales ya anticiparon esta posibilidad tras conocerse la sentencia del Constitucional. Desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) consideran que el fallo no cierra el debate sobre el valor de referencia, sino que incluso refuerza las posibilidades de recurrirlo. En la misma línea, José María Salcedo, socio de Salcedo Tax Litigation & Legal Advising, sostiene que el Constitucional traslada al contribuyente la carga de demostrar que el valor asignado por el Catastro no refleja la realidad del inmueble y le obliga a proponer un método alternativo de valoración. A la espera de que el Supremo determine qué medios de prueba serán plenamente válidos, los fiscalistas apuntan a distintas posibilidades, como actas notariales con fotografías del inmueble, informes periciales elaborados por arquitectos o tasaciones hipotecarias. En algunos casos, estas pruebas podrían no servir para fijar directamente un nuevo valor, pero sí para desacreditar el valor de referencia aplicado por Hacienda y abrir la puerta a que los tribunales ordenen una nueva valoración ajustada a las características reales de la vivienda.

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(Expansión, 29-05-2026) | Laboral

El sueldo medio en España roza los 30.000 euros al año tras crecer casi el doble que el IPC

Las diferencias salariales en España siguen siendo muy marcadas tanto entre comunidades autónomas como entre sectores de actividad. Según la última Encuesta de Estructura Salarial del INE, con datos de 2024, la distancia entre los sueldos medios anuales alcanza el 40% según la región y llega hasta el 228% dependiendo del trabajo desempeñado. Además, la diferencia entre un directivo y un trabajador no cualificado del sector servicios puede alcanzar el 297%, casi cuatro veces más. El salario bruto medio anual, repartido en doce pagas, se situó en 29.540,26 euros en 2024, un 5,3% más que el año anterior. Esta subida prácticamente duplicó la inflación media del ejercicio, que fue del 2,8%, y superó ampliamente la recomendación salarial cercana al 3% pactada por patronal y sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Pese a ello, los datos reflejan una gran desigualdad según el territorio, el sector económico y el puesto ocupado dentro de las empresas. El salario más habitual, que concentró al 3,8% de los asalariados, fue de 16.520 euros anuales. Además, el tramo salarial de entre 16.000 y 17.000 euros se convirtió en el más frecuente en 2024 debido al aumento de trabajadores con bajos ingresos en esa franja. En total, el 29,5% de los asalariados ganó entre 16.000 y 23.000 euros al año, mientras que el 41% percibió menos de 21.000 euros. Por comunidades autónomas, la diferencia salarial alcanza el 40% entre el País Vasco, donde el sueldo medio anual asciende a 35.170 euros, y Extremadura, que registra el más bajo con 24.979 euros. Entre las regiones con salarios superiores a 30.000 euros destacan País Vasco, Comunidad de Madrid, Navarra y Cataluña. En un nivel intermedio, con remuneraciones de entre 27.000 y 30.000 euros anuales, figuran Baleares, Asturias, Aragón, La Rioja y Cantabria. Por debajo de los 27.000 euros se sitúan Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura. Las mayores diferencias aparecen al analizar los sectores de actividad. Los trabajadores del suministro energético son los mejor remunerados, con un salario medio de 57.931 euros anuales, frente a los empleados de la hostelería, que apenas alcanzan los 17.653 euros. La diferencia entre ambos supera el 228%. Por encima de los 40.000 euros anuales también se encuentran las actividades financieras, el sector de la información y las comunicaciones y las industrias extractivas. Entre los sectores con salarios de entre 30.000 y 40.000 euros figuran la Administración Pública, las actividades profesionales y científicas, la industria manufacturera, el suministro de agua, la sanidad y la educación. En la parte baja de la clasificación aparecen transporte y almacenamiento, actividades inmobiliarias, construcción y comercio. Los salarios más reducidos corresponden a actividades administrativas, otros servicios, actividades artísticas y, especialmente, la hostelería.

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(El Economista, 29-05-2026) | Laboral

El Estado inyecta 9.815 millones hasta marzo para pagar pensiones, un 12% más

Durante el primer trimestre del año, la Seguridad Social recibió del Estado una transferencia de 9.815 millones de euros, un 11,85% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta cantidad representa el 25,7% del total previsto para todo 2026. De acuerdo con los datos de Ejecución Presupuestaria, que continúan prorrogados ante la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno contempla transferir este año un total de 38.688,51 millones de euros al sistema. Además de estas aportaciones estatales, la Seguridad Social ingresó otros recursos procedentes de fondos propios, comunidades autónomas y empresas privadas, que elevaron el total recibido en los tres primeros meses hasta los 11.037,91 millones de euros, un 10,51% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Estas transferencias extraordinarias responden a la Recomendación Primera del Pacto de Toledo, que plantea financiar parte del gasto en pensiones mediante impuestos y no únicamente con cotizaciones sociales. La necesidad de estas aportaciones se explica por el continuo aumento del gasto en pensiones. En el primer trimestre de 2026, las pensiones contributivas de jubilación supusieron un desembolso de 30.139,85 millones de euros, un 5,77% más que un año antes. Por su parte, las pensiones no contributivas de jubilación alcanzaron los 530,40 millones, tras incrementarse un 14,61%. El incremento del gasto responde tanto al envejecimiento progresivo de la población como a la revalorización anual de las pensiones ligada al IPC. Así, el departamento dirigido por Elma Saiz destinó más de 30.139 millones de euros al pago de las prestaciones contributivas en los tres primeros meses del año. Aunque los ingresos por cotizaciones sociales continúan siendo la principal fuente de financiación del sistema, no bastan para cubrir todo el gasto previsto en pensiones contributivas. Estas cotizaciones incluyen las aportaciones del régimen general, autónomos, regímenes especiales, accidentes de trabajo, desempleo, cese de actividad y también el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Entre enero y marzo, la Seguridad Social recaudó 46.049,27 millones de euros por cotizaciones sociales, es decir, unos 15.909 millones más de lo destinado en ese periodo al pago de pensiones contributivas. Sin embargo, las previsiones para el conjunto del año reflejan un importante desequilibrio. El gasto total en pensiones contributivas se estima en 159.526,47 millones de euros, incluyendo jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad, prestaciones familiares y las derivadas de la DANA. A ello se suman otros 10.056,18 millones correspondientes a pensiones no contributivas. Frente a ello, los ingresos previstos por cotizaciones sociales ascenderán a 152.075,01 millones. Para reforzar la sostenibilidad del sistema se pusieron en marcha mecanismos adicionales como la cuota de solidaridad y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. La cotización extra aplicada a los salarios más altos se destina al pago de las pensiones actuales, mientras que el MEI tiene como objetivo alimentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la "hucha de las pensiones". La finalidad es que el sistema pueda disponer de esos recursos en los años de mayor tensión financiera. No obstante, el uso del Fondo de Reserva dependerá de lo que establezcan los Presupuestos Generales del Estado y de los límites fijados en la normativa vigente. En el primer trimestre del año, el MEI permitió recaudar 1.417 millones de euros. Por otro lado, los últimos datos consolidados de la cuota de solidaridad corresponden a 2025, ejercicio en el que la Seguridad Social obtuvo 422,41 millones de euros gracias a las aportaciones adicionales de los salarios más elevados.

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(El Economista, 29-05-2026) | Laboral

La inspección de Trabajo dejará de entrar a oficinas de directivos y zonas con archivos sin aurotización judicial

La Inspección de Trabajo dejará de acceder sin autorización judicial a despachos de directivos, salas del consejo de administración y espacios que contengan documentación confidencial. La Dirección del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha emitido una nueva instrucción interna, a la que ha tenido acceso elEconomista.es, para orientar la actuación de los inspectores tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 14 de abril, que modificó de forma significativa los criterios sobre entradas y registros en las empresas. El Alto Tribunal determinó que la Inspección no puede acceder al domicilio social de una empresa sin autorización judicial. En consecuencia, cuando el domicilio social y el centro de trabajo compartan ubicación será necesario contar previamente con el permiso de un juez. El Supremo únicamente contempla una posible excepción cuando exista una separación física claramente diferenciada entre las oficinas del domicilio social y las zonas destinadas al trabajo, y siempre que los inspectores indiquen expresamente que solo pretenden acceder a estas últimas. A partir de esta precisión, la Inspección de Trabajo interpreta que no será necesaria autorización judicial cuando exista una diferenciación entre el domicilio social y el centro de trabajo. Según la instrucción, la coincidencia de ambos espacios no impide realizar la visita inspectora, aunque establece límites concretos. En los establecimientos abiertos al público, como tiendas o comercios, los inspectores podrán acceder libremente salvo a las zonas reservadas a la dirección. En los centros no abiertos al público también podrán entrar en cualquier área, independientemente de su distribución, excepto en aquellas vinculadas al ejercicio de funciones directivas, como despachos de administradores o altos cargos, salas del consejo de administración o áreas de archivo. La nueva directriz va más allá de lo señalado por el Supremo, que únicamente hablaba de una "separación física apreciable", y concreta de forma unilateral qué espacios pueden ser inspeccionados y cuáles quedan protegidos y requieren autorización judicial. Además, la instrucción obliga a los inspectores a comunicar expresamente al empresario o a su representante que la visita se limitará exclusivamente a las zonas correspondientes al centro de trabajo. Si el responsable de la empresa se opone alegando que se trata del domicilio social, deberá delimitar las áreas donde se desarrolla la actividad directiva para que la inspección continúe en el resto de dependencias. El documento advierte de que impedir el acceso a zonas no protegidas constitucionalmente puede considerarse una obstrucción a la labor inspectora y derivar en una sanción. No obstante, si el responsable mantiene su negativa, los inspectores deberán evitar el acceso incluso aunque puedan existir indicios de infracción. Trabajo también aclara que, ante cualquier duda sobre si un espacio pertenece al centro de trabajo o al domicilio protegido, los inspectores no deberán entrar. El acceso al domicilio social solo podrá producirse con autorización judicial o con el consentimiento del propietario o representante de la empresa. El socio del área laboral de Augusta Abogados, Omar Molina García, considera que esta nueva situación obliga a las compañías a diseñar protocolos internos de actuación ante una inspección. Entre otras medidas, recomienda identificar previamente las zonas protegidas y las de libre acceso, así como designar a una persona encargada de acompañar al inspector durante la visita. Entre los espacios protegidos deberían figurar los despachos de dirección, las salas del consejo de administración y los lugares donde se almacene documentación confidencial. Por el contrario, las áreas de producción, montaje o espacios comunes podrían considerarse accesibles. El abogado también aconseja elaborar planos internos diferenciando las zonas restringidas y las abiertas al acceso inspector. Asimismo, recuerda que impedir el acceso al centro de trabajo puede dar lugar a sanciones por obstrucción, por lo que considera más adecuado delimitar claramente los espacios protegidos e informar de ello a los inspectores. Por su parte, la Inspección de Trabajo ha mostrado su desacuerdo con la sentencia del Supremo al considerar que limitar las visitas inspectoras puede afectar a la protección de los derechos laborales. El organismo recuerda que el Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo permite acceder libremente y sin previo aviso a cualquier establecimiento sujeto a inspección. Además, el Ministerio de Trabajo ya ha avanzado que estudia solicitar amparo ante el Tribunal Constitucional.

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(El Economista, 29-05-2026) | Laboral

Trabajo confirma un permiso retribuido de hasta cuatro días en episodios de calor si no se puede proteger al trabajador

Las altas temperaturas continúan afectando a buena parte de España y, durante los próximos días, varias comunidades autónomas permanecerán bajo aviso por calor extremo. Esta situación vuelve a poner el foco en las condiciones laborales de quienes desempeñan trabajos al aire libre. El aumento de episodios meteorológicos extremos asociado al cambio climático está provocando situaciones cada vez más frecuentes de riesgo para los trabajadores durante su jornada laboral. Ante este escenario, la legislación laboral ha incorporado nuevas medidas de protección y, desde hace algo más de un año, contempla incluso permisos retribuidos en casos especialmente graves. El Real Decreto-ley 8/2024, aprobado el 28 de noviembre y publicado en el BOE tras la DANA que dejó 238 fallecidos, modificó el Estatuto de los Trabajadores para incluir un permiso remunerado de hasta cuatro días cuando exista una situación de riesgo grave e inminente derivada de catástrofes o fenómenos meteorológicos adversos. La normativa también permite a las empresas suspender temporalmente el contrato de trabajo mientras dure la emergencia o aplicar reducciones de jornada hasta que desaparezcan las circunstancias extraordinarias. A ello se suma lo recogido en el Real Decreto 486/1997, relativo a las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Su disposición adicional primera establece que, en aquellos trabajos desarrollados al aire libre o en espacios que no puedan cerrarse por las características de la actividad, las empresas deberán adoptar medidas específicas para proteger a los trabajadores frente a riesgos derivados de fenómenos meteorológicos adversos, incluidas las temperaturas extremas. La legislación insta a las compañías a implantar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la plantilla. Entre ellas, contempla incluso la prohibición de realizar determinadas tareas durante las horas de mayor riesgo cuando no sea posible asegurar adecuadamente la protección de los trabajadores. Además, la norma establece que, cuando la Agencia Estatal de Meteorología o el organismo autonómico competente emitan avisos naranjas o rojos por fenómenos meteorológicos adversos, las empresas estarán obligadas a adaptar las condiciones laborales. Esto puede incluir la modificación o reducción de la jornada si no pueden garantizarse las medidas necesarias para preservar la salud de los empleados.

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(La Vanguardia, 29-05-2026) | Laboral

La Seguridad Social mantiene su cálculo de un 14% de gasto en pensiones

Hoy se vive una jornada clave para evaluar la sostenibilidad del sistema de pensiones en España. La Airef publicará su esperado informe sobre el cumplimiento de la denominada regla de gasto y sobre la necesidad, o no, de adoptar nuevas medidas. Este examen está ligado a la cláusula de cierre pactada con Bruselas, un mecanismo automático que la Comisión Europea exigió como condición para avalar la última reforma de las pensiones. Aunque el informe de la Airef verá la luz mañana, el Ministerio de Seguridad Social ha querido adelantar y reforzar hoy su visión favorable sobre la viabilidad futura del sistema. Lo ha hecho mediante la publicación del primer informe completo elaborado con su nueva herramienta de análisis, INTegraSS, presentada el pasado mes de abril y de la que entonces ya se avanzaron las principales conclusiones. Las estimaciones del ministerio sitúan el gasto medio en pensiones entre 2022 y 2050 en el 14% del PIB, una previsión sensiblemente más moderada que la de otros organismos. La Airef calculó en 2025 que esa media alcanzaría el 14,4%, mientras que la Comisión Europea, en su informe sobre envejecimiento de 2024, elevó la cifra hasta el 15,4%. Desde Seguridad Social atribuyen esta diferencia a la mejora reciente de los indicadores económicos y laborales. El análisis que la Airef presentará mañana será determinante para verificar si se cumple la cláusula de cierre de la reforma. En su evaluación del año pasado, el organismo fiscal concluyó que el sistema superaba el examen, aunque únicamente por una décima, al situar el gasto medio neto en el 13,2% del PIB una vez incorporados los nuevos ingresos derivados de las reformas. No obstante, aquel aprobado llegó acompañado de fuertes críticas por parte de la propia Airef, que cuestionó la fiabilidad de la metodología utilizada y advirtió de que, en realidad, la sostenibilidad del sistema estaba deteriorándose. La controversia derivó en presiones desde Bruselas y en la petición por parte de Seguridad Social de un nuevo informe, que es precisamente el que verá la luz mañana. Aunque esta revisión no tendrá el mismo carácter decisivo que la realizada en 2025 -y que volverá a repetirse cada tres años-, sí tendrá un importante impacto político y económico. En este contexto, Seguridad Social ha difundido hoy su informe para defender sus previsiones y preparar el terreno ante la publicación del dictamen de la Airef. El documento sostiene que el gasto en pensiones alcanzará su punto máximo en 2049, con un peso equivalente al 15,3% del PIB, mientras que la media entre 2022 y 2050 se mantendrá en el 14%.

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(El Periódico, 29-05-2026) | Laboral

El Congreso da luz verde al nuevo copago farmacéutico, que reduce la aportación de los trabajadores con rentas bajas y medias

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la convalidación del real decreto ley que reforma el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica. La medida ha salido adelante con 164 votos favorables, 33 votos en contra de Vox y 164 abstenciones correspondientes al PP, ERC y Junts. Posteriormente, la Cámara ha acordado por unanimidad tramitar la norma como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Durante su intervención en defensa de la reforma, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que la iniciativa permitirá reducir el gasto tanto para los pacientes como para el Sistema Nacional de Salud. La titular de Sanidad calificó la propuesta como beneficiosa para todas las partes al considerar que mejora la protección de los ciudadanos sin generar perjuicios. La reforma, aprobada por el Gobierno el pasado 12 de mayo, busca reforzar la equidad en el acceso a los medicamentos mediante una modificación del actual sistema de copago farmacéutico. Entre las principales novedades destaca la ampliación de tres a seis tramos de aportación para la población activa, así como la introducción de límites máximos mensuales vinculados al nivel de renta. En el caso de los pensionistas, el sistema pasará de tres a cuatro tramos. Según explicó García, el modelo actual penaliza especialmente a trabajadores con ingresos medios y bajos que padecen enfermedades crónicas y necesitan tratamientos continuados. La ministra señaló que en estos casos coinciden la vulnerabilidad económica y la necesidad sanitaria, lo que incrementa la carga financiera de los medicamentos. Por este motivo, el Ejecutivo pretende implantar un sistema más progresivo y adaptado a la situación económica de los hogares, reforzando especialmente la protección de los pacientes crónicos con menores ingresos. La ministra detalló que las personas activas con rentas inferiores a 35.000 euros contarán con límites máximos mensuales de aportación similares a los ya existentes para los jubilados. Según indicó, el objetivo es evitar que quienes perciben salarios modestos tengan que destinar cantidades excesivas al pago de tratamientos farmacológicos. Como ejemplo, explicó que un trabajador con ingresos inferiores a 9.000 euros anuales y con necesidad de varios tratamientos simultáneos podría ahorrar alrededor de 500 euros al año gracias a la nueva regulación. En el caso de los pensionistas, la reforma incorpora un nuevo tramo intermedio para rentas comprendidas entre 18.000 y 60.000 euros, con un límite de gasto mensual de 13 euros. Para quienes tengan ingresos de entre 60.000 y 100.000 euros, el máximo mensual se fijará en 18 euros. Mónica García defendió que esta modificación responde a la necesidad de adaptar el sistema de copago farmacéutico al contexto económico y social actual. En este sentido, subrayó que el aumento del coste de la vida, la inflación y las dificultades económicas de muchas familias hacen necesario reforzar la protección también en el acceso a los medicamentos.

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(Cinco Días, 29-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV quiere poner coto a los consejeros independientes de las empresas cotizadas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (Comisión Nacional del Mercado de Valores) está trabajando en una profunda reforma del gobierno corporativo de las empresas cotizadas. El organismo supervisor prepara un nuevo código de buen gobierno, actualmente en discusión con un grupo de expertos y todavía abierto a cambios, del que ya existe un borrador al que ha tenido acceso este periódico. Una de las principales líneas del texto es reforzar la independencia real de los consejeros independientes, de forma que actúen como auténticos representantes de los pequeños accionistas y no como figuras próximas a la dirección que los propone. En este sentido, se incluyen restricciones a las retribuciones de estos consejeros para garantizar que su labor no esté condicionada por intereses distintos a los de los inversores minoritarios. La CNMV inició a finales del año pasado la elaboración de una nueva versión del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, cuya última revisión data de 2020. El objetivo inicial era adaptarlo a los cambios normativos y tecnológicos, con un calendario que situaba su desarrollo a lo largo de 2026 y su consulta pública en el primer trimestre de 2027. Sin embargo, el organismo ya dispone de borradores preliminares que están siendo analizados por el comité de expertos, por lo que el texto final aún no está cerrado. Aunque este código no es de cumplimiento obligatorio, sus recomendaciones tienen un fuerte impacto en el mercado, ya que son tenidas muy en cuenta por inversores institucionales y asesores de voto. Las empresas que no las siguen deben justificar públicamente su decisión. Ejemplos anteriores muestran su influencia, como en el impulso para aumentar la presencia de mujeres en los consejos de administración, donde se fijó una recomendación mínima del 40%. El borrador de febrero dedica especial atención a los consejeros independientes. Reitera la recomendación de que al menos la mitad del consejo esté formado por este tipo de consejeros, que los ejecutivos sean los mínimos necesarios y que los dominicales no superen el peso proporcional de los accionistas que representan. La principal novedad es la introducción de límites a la retribución de los consejeros independientes. En concreto, se plantea que sus ingresos por pertenecer al consejo no superen el 10% de su patrimonio neto ni el 25% de su renta anual total. Además, se restringe el acceso a este cargo a quienes hayan mantenido relaciones comerciales relevantes con la empresa en los últimos 36 meses. El documento también refuerza el papel de la comisión de nombramientos, que deberá justificar la independencia de cada consejero tanto en el momento de su designación o reelección como de forma anual, con un análisis crítico basado en la finalidad del cargo. El consejo no podrá clasificar como independiente a un consejero si dicha comisión emite una valoración negativa. El texto subraya la función de estos consejeros como garantes frente a posibles conflictos de interés entre directivos y accionistas, así como entre distintos tipos de accionistas, y defiende que deben constituir una mayoría amplia dentro del consejo de administración. El borrador todavía no es definitivo y sigue sometido a revisión por parte del comité de expertos, coordinado por el presidente del supervisor, Carlos San Basilio, junto a la vicepresidenta del organismo, Paloma Marín. En este grupo también participan representantes de instituciones como la Secretaría de Estado de Economía, la Abogacía del Estado, el Banco de España (Banco de España), así como firmas legales como Garrigues y Uría Menéndez y asociaciones sectoriales como la AEB, CECA, Inverco o Unespa. La previsión es que el documento salga a consulta pública en el primer trimestre de 2027, durante un periodo aproximado de tres meses, tras lo cual se incorporarán las aportaciones recibidas antes de su versión definitiva. El borrador también incluye una recomendación relevante para las grandes cotizadas: aquellas con más de 500 millones de capitalización deberían separar las funciones de presidente del consejo y consejero delegado, reservando al primero un papel no ejecutivo centrado en la supervisión y representación. De aplicarse, esta medida afectaría al modelo de gobierno de grandes compañías del Ibex 35 como Banco Santander (Banco Santander), BBVA (BBVA), Iberdrola (Iberdrola) o Telefónica (Telefónica), cuyos principales directivos tendrían que optar entre mantener la presidencia del consejo o asumir funciones ejecutivas como consejeros delegados. Esta orientación se alinea con modelos de gobierno corporativo más habituales en el Reino Unido, donde el presidente del consejo ejerce funciones de coordinación sin intervenir en la gestión diaria. Además, en el ámbito financiero europeo, el Banco Central Europeo (Banco Central Europeo) también estudia recomendaciones similares para las entidades bancarias, en la línea de reforzar la separación entre supervisión y gestión ejecutiva.

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(El País, 29-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de las casas toca un nuevo techo tras dispararse casi un 14% en el arranque de 2026

La crisis de la vivienda sigue agravándose en un contexto marcado por el fuerte aumento de los precios. El coste de las viviendas continúa creciendo a gran velocidad y acumula nuevos máximos históricos. Según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Vivienda, el precio medio del metro cuadrado alcanzó los 2.315,7 euros durante el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento interanual del 13,8%. Se trata del valor más elevado desde que existen registros oficiales de esta estadística, cuya serie histórica comenzó en 1995. Desde que en el tercer trimestre de 2025 se superara el récord previo alcanzado en 2008, los precios han seguido aumentando trimestre tras trimestre. También la vivienda protegida ha alcanzado cifras históricas, con un valor medio de 1.222,3 euros por metro cuadrado, aunque en este caso el incremento anual es más moderado, del 4,5%, en comparación con la vivienda libre. La evolución de los precios refleja una tendencia de crecimiento prácticamente constante durante la última década, interrumpida solo de forma puntual por el impacto de la pandemia en 2020. No obstante, el ritmo de subida se ha intensificado especialmente en los últimos años. Si se comparan los datos de comienzos de 2016 con los actuales, el precio medio del metro cuadrado se ha revalorizado un 55,2%, muy por encima del incremento acumulado del índice de precios de consumo, que en el mismo periodo se situó en torno al 32%, según el INE. En paralelo, la vivienda protegida también ha mantenido una trayectoria ascendente, aunque más gradual. Entre enero y marzo de 2026, el precio medio de este tipo de inmuebles se situó en torno a los 1.222 euros por metro cuadrado, apenas 21 euros más que el trimestre anterior. Aun así, esta cifra representa igualmente un máximo histórico para esta categoría, cuyos registros comienzan en 2005. Madrid lidera el encarecimiento de la vivienda y se consolida como el territorio con los precios más elevados del país. En el primer trimestre del año, el valor medio del metro cuadrado ya supera los 4.000 euros. Baleares se sitúa muy cerca, con 3.885,6 euros, mientras que el País Vasco ocupa el tercer lugar, con 3.069,3 euros. A nivel provincial, Gipuzkoa alcanza los 3.419,7 euros y Barcelona los 3.207,7 euros por metro cuadrado, manteniéndose entre los mercados más tensionados. En el lado opuesto se encuentran algunas provincias del interior peninsular, donde los precios siguen siendo significativamente más bajos. Ciudad Real registra un valor medio de 827,5 euros por metro cuadrado, seguida de Jaén, con 898,2 euros, y Zamora, con 933,7 euros. Por comunidades autónomas, los precios más reducidos corresponden a Extremadura, con 970,5 euros por metro cuadrado, Castilla-La Mancha, con 1.172,3 euros, y Castilla y León, con 1.290,6 euros. Si se analiza la evolución de los precios en términos interanuales, el mayor dinamismo se concentra en territorios que tradicionalmente no figuraban entre los más caros. Segovia lidera las subidas con un incremento del 19,1%, seguida de Valencia, con un 18,8%, y Cantabria, con un 17,4%. Esta evolución refleja cómo las tensiones inmobiliarias se están extendiendo a nuevas zonas más allá de los grandes núcleos tradicionalmente tensionados. Por el contrario, las subidas más moderadas se registran en Badajoz, con un aumento del 5%, en el conjunto de Extremadura, con un 6,3%, y en Lleida, donde los precios crecieron un 7,8% respecto al mismo trimestre del año anterior.

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(La Vanguardia, 29-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España espera 6.500 millones de euros de los Fondos europeos de Recuperación

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció este jueves que la Comisión Europea se encuentra en la fase final de evaluación de la solicitud presentada por España para recibir un sexto desembolso de los fondos europeos de recuperación, por un importe neto cercano a los 6.500 millones de euros. El ministro confía en que la validación llegue "en las próximas semanas". Durante una jornada sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia organizada por el PSOE en el Senado, Cuerpo destacó que España continúa siendo el país de la Unión Europea con mayor número de hitos y objetivos cumplidos, un total de 265, y señaló que Bruselas está revisando actualmente otros 78 compromisos vinculados a esta nueva petición de fondos. El responsable económico del Gobierno defendió que el Plan de Recuperación ha resultado "un éxito" tanto para España como para el conjunto de la Unión Europea, al considerar que las instituciones comunitarias han sabido responder a la crisis derivada de la pandemia mediante políticas destinadas a reforzar la resiliencia económica y acelerar la modernización productiva. La solicitud del sexto desembolso fue remitida formalmente en marzo y contempla un importe bruto total de 7.256 millones de euros. De esa cifra, 6.205 millones corresponden a transferencias no reembolsables y 1.051 millones a préstamos, aunque el importe neto final ronda los 6.500 millones. España recibirá estos recursos una vez que la Comisión Europea concluya la verificación de los 78 hitos y objetivos asociados a esta fase del plan, de los cuales 69 están vinculados a transferencias y nueve a préstamos. Según subrayó Carlos Cuerpo, cuando se complete este proceso España habrá alcanzado aproximadamente el 75% de los fondos asignados dentro del Plan de Recuperación. Desde el Ministerio de Economía destacan que esta sexta solicitud se caracteriza por incluir reformas legislativas de gran alcance y proyectos de inversión que ya están teniendo impacto sobre el tejido productivo. Entre las áreas prioritarias figuran la movilidad sostenible y la descarbonización, las políticas de vivienda, el fortalecimiento de la protección social y del sistema sanitario, así como la transformación industrial y digital. Con este nuevo avance, España entra en la fase final del despliegue de los fondos Next Generation EU, quedando pendientes únicamente los recursos correspondientes al séptimo y último tramo del programa. Hasta ahora, el Gobierno asegura haber movilizado alrededor de 74.800 millones de euros para poner en marcha las distintas convocatorias del Plan de Recuperación. De esa cantidad, ya se han adjudicado 67.000 millones en convocatorias cerradas. Según explicó Cuerpo, esos fondos han beneficiado a cerca de un millón y medio de receptores, de los cuales el 70% son micropymes y pequeñas y medianas empresas. El ministro destacó que esta distribución refleja el elevado grado de capilaridad y alcance del plan dentro de la economía española. El titular de Economía señaló además que el Ejecutivo afronta ahora "la última milla" del programa, centrando sus esfuerzos en culminar la ejecución de los fondos pendientes y maximizar el aprovechamiento de esta oportunidad de inversión. Al mismo tiempo, apuntó a la necesidad de empezar a preparar el escenario posterior al actual plan europeo, con iniciativas como el fondo soberano "España Crece" y las futuras negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea.

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