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(Cinco Días, 18-06-2026) | Fiscal

El Gobierno ultima el nuevo decreto con ayudas para paliar el impacto de la guerra en Irán

El inminente final de la guerra en Irán no supondrá el fin de las medidas de apoyo económico desplegadas para mitigar sus consecuencias. El Gobierno ya trabaja en una nueva prórroga y ampliación del escudo anticrisis, cuya aprobación está prevista para el último Consejo de Ministros de junio. Así lo confirmó este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció la próxima aprobación de un real decreto ley destinado a proteger tanto al tejido productivo como a los ciudadanos frente a los efectos económicos derivados del conflicto. La futura norma no se limitará a atender las necesidades de los sectores más directamente afectados por la guerra. Aunque actividades como la agroalimentaria o la industrial han sufrido especialmente el encarecimiento de los fertilizantes, la energía y los costes logísticos, el Ejecutivo pretende articular una respuesta de mayor alcance para amortiguar el impacto sobre el conjunto de la economía. Pese a los avances diplomáticos que apuntan a la firma de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán este viernes en Ginebra, el Gobierno ha mantenido intacta su agenda de contactos con los sectores económicos más expuestos. Durante los últimos días, el Ministerio de Economía ha intensificado las reuniones con representantes empresariales para evaluar las consecuencias del conflicto y recabar propuestas de cara al diseño del nuevo paquete de medidas. El lunes, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, mantuvieron un encuentro con operadores del sector gasista y petrolero. Un día después, Cuerpo se reunió con representantes de la automoción, la industria de componentes, las empresas intensivas en consumo energético, los fabricantes de materiales de construcción, siderúrgicas, compañías papeleras y farmacéuticas, acompañado por el ministro de Industria, Jordi Hereu. Este miércoles el diálogo continúa con el sector agroalimentario, en una reunión en la que también participa el ministro de Agricultura, Luis Planas. La ronda de contactos comenzó formalmente el pasado 10 de junio, después de que el Ejecutivo planteara a los agentes sociales la conveniencia de extender las medidas extraordinarias de apoyo económico. El objetivo es evaluar tanto el alcance de los daños provocados por la guerra como la eficacia de las ayudas actualmente vigentes, con la intención de corregir posibles deficiencias y adaptar mejor las nuevas iniciativas a las necesidades reales de cada sector. Las organizaciones empresariales ya han trasladado algunas de sus principales demandas. La industria alimentaria solicita ayudas directas y la suspensión temporal del impuesto sobre los envases de plástico. Por su parte, las empresas de transporte y logística reclaman prolongar durante varios meses las compensaciones actualmente en vigor y denuncian retrasos en el cobro de determinadas ayudas, circunstancia que está obligando a algunas compañías a recurrir a financiación externa para mantener su actividad. Por el momento, el Ministerio de Economía evita concretar el contenido definitivo del nuevo decreto y se limita a señalar que la prioridad es completar primero la ronda de consultas. Lo que sí está fijado es el calendario: el texto será aprobado previsiblemente el 29 de junio, justo antes de que expiren buena parte de las medidas vigentes el día 30. Aunque el acuerdo de paz está favoreciendo una rápida corrección de los precios energéticos, el Ejecutivo considera que los efectos económicos del conflicto seguirán presentes durante los próximos meses. Los precios del petróleo, el gas natural y los fertilizantes han comenzado a descender con fuerza, pero la recuperación de la normalidad en los mercados internacionales todavía requerirá tiempo. Esta situación podría reflejarse en la evolución de la inflación. Diversos analistas prevén que el índice de precios al consumo se acerque al 4% durante el verano si desaparecen las ayudas a los carburantes, frente al 3,2% registrado en mayo. Según el Gobierno, las rebajas fiscales aplicadas en los últimos meses han contribuido a reducir la inflación en más de un punto porcentual, ayudando además a que España mantenga algunos de los precios de gasolina y diésel más bajos de Europa. A medio plazo, sin embargo, las perspectivas son más favorables. La Agencia Internacional de la Energía considera que el acuerdo de paz podría favorecer una situación de exceso de oferta de petróleo durante el próximo año. Si el crecimiento de la producción supera al de la demanda mundial, los precios energéticos podrían continuar descendiendo, consolidando un escenario más benigno para consumidores y empresas. Actualmente, el barril de petróleo cotiza en torno a los 78 dólares, muy por debajo de los aproximadamente 120 dólares que llegó a alcanzar en los momentos de mayor tensión del conflicto.

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(Expansión, 18-06-2026) | Fiscal

Madrid, las islas y las autonomías del mediterráneo sus principales motores regionales de impulso

Aunque el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto ha contribuido a rebajar la tensión en Oriente Próximo, el panorama internacional continúa marcado por la incertidumbre. Por un lado, porque la experiencia reciente demuestra que la estabilidad aún no está garantizada; por otro, porque incluso si la crisis se resuelve de forma definitiva, sus efectos seguirán notándose durante meses en los precios y en las cadenas de suministro, especialmente por los daños sufridos en infraestructuras energéticas clave de la región. En este contexto complejo, la economía española ha mostrado una notable capacidad de resistencia, apoyada principalmente en el consumo privado -favorecido por la fortaleza del mercado laboral- y en el dinamismo de las exportaciones de servicios, especialmente aquellas no vinculadas al turismo. Por ello, BBVA Research mantuvo la semana pasada su previsión de crecimiento del PIB español en el 2,4% para este año, aunque redujo en tres décimas, hasta el 2,1%, su estimación para 2027. En su Observatorio Regional, la entidad financiera analiza cómo se distribuirá este crecimiento entre comunidades autónomas. Según sus previsiones, en 2026 serán Comunidad de Madrid, los archipiélagos y las regiones mediterráneas las que lideren la expansión económica, mientras que en 2027 el protagonismo pasará a las comunidades del norte, con mayor peso industrial y exportador, hoy más afectadas por el deterioro del contexto exterior. Impulsadas por el turismo -favorecido temporalmente por el efecto refugio frente a otros destinos afectados por la crisis en Oriente Medio-, las exportaciones de servicios y el aumento del consumo de visitantes extranjeros, las economías regionales con mayor crecimiento este año serán la Comunidad Valenciana, con un avance del 3%; Madrid, con un 2,7%; Islas Baleares y Andalucía, ambas con un 2,6%; y Región de Murcia, con un 2,5%. Junto a Castilla-La Mancha, que también crecerá un 2,5% gracias al buen comportamiento del consumo privado, serán las únicas regiones que superarán la media nacional. La Comunidad Valenciana seguirá beneficiándose este año del impulso generado por las medidas de apoyo tras la dana, especialmente en el sector de la construcción. No obstante, este efecto perderá fuerza de cara a 2027, cuando su crecimiento se moderará hasta el 1,9%, por debajo del promedio nacional. Aun así, el turismo y el buen comportamiento de las exportaciones no turísticas seguirán sosteniendo su actividad. Madrid, por su parte, continuará creciendo por encima de la media nacional tanto este año como el próximo, aunque también experimentará una desaceleración. Entre sus principales fortalezas destacan la solidez de su sector servicios -especialmente en actividades de alto valor añadido-, su capacidad de atraer turismo y la resistencia del consumo interno pese al repunte inflacionario. Además, el aumento previsto del gasto en defensa podría generar nuevas oportunidades para determinadas empresas españolas. Según el informe, regiones como País Vasco, Madrid, Asturias, Navarra y Galicia podrían verse especialmente beneficiadas por esta inversión, debido al peso de sectores vinculados directa o indirectamente a la industria militar. En línea con la media nacional crecerán también Islas Canarias, gracias al turismo, aunque con señales de moderación, y Cataluña, impulsada por la fortaleza de sus exportaciones de servicios y su atractivo turístico. Cataluña, además, figura entre las comunidades mejor posicionadas para beneficiarse de recientes acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea, como el alcanzado con Mercosur. En el extremo opuesto, el informe sitúa a Navarra y La Rioja como las comunidades con menor crecimiento en 2026, ambas con un avance del 1,8%. Les siguen de cerca País Vasco y Asturias, con un aumento del PIB del 1,9%. Estas regiones son más vulnerables al impacto de la inestabilidad internacional, ya que su mayor exposición industrial y exportadora las hace especialmente sensibles al encarecimiento de la energía y a las disrupciones comerciales. De cara a 2027, si la desescalada en Oriente Próximo logra consolidarse y con ello se normalizan los precios energéticos y las cadenas globales de suministro, las comunidades del norte podrían recuperar protagonismo. En ese escenario, destacarían los crecimientos del 2,4% en País Vasco y Navarra, así como del 2,3% en Cataluña, Aragon y Galicia. Madrid, por su parte, avanzaría un 2,2%, ligeramente por encima del crecimiento previsto para el conjunto de España.

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(Expansión, 18-06-2026) | Fiscal

Verifactu nace obsoleto: las empresas deberán volver a adaptarse antes de 2030

Los asesores fiscales alertan de la falta de una estrategia coordinada en la implantación de las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Antifraude y de la futura factura electrónica obligatoria. A su juicio, la normativa impulsada por el Ministerio de Hacienda podría quedar desfasada antes de lo previsto, ya que Spain deberá adaptar su legislación a la Directiva europea ViDA antes de 2030. Tras dos aplazamientos, las empresas deberán cumplir con las nuevas exigencias de la Ley Antifraude a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos dispondrán hasta el 1 de julio de ese mismo año. Una de las principales novedades será la obligación de utilizar Verifactu, el sistema de verificación de facturas de la Agencia Tributaria, mediante el cual las compañías tendrán que remitir sus facturas al Fisco para reforzar el control tributario. Sin embargo, desde la Asociación Española de Asesores Fiscales advierten de que estas obligaciones podrían tener una vida útil limitada. La razón es que la transposición de la Directiva ViDA obligará a revisar el reglamento actual, forzando a muchas empresas a realizar una nueva adaptación tecnológica poco después de haber invertido en adecuar sus sistemas de facturación a las exigencias actuales. El Consejo de Ministros aprobó recientemente el anteproyecto para la transposición parcial de esta directiva europea, cuyo objetivo es modernizar el sistema del IVA comunitario y ajustarlo a un entorno cada vez más digitalizado. Fernando Matesanz, coordinador del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de la AEDAF, cuestiona la conveniencia de implantar ahora medidas como Verifactu y la factura electrónica obligatoria sin haberlas alineado previamente con el marco comunitario que será de obligado cumplimiento en 2030. Según su valoración, esta situación está provocando que España quede desacompasada respecto a otros países de la European Union, donde ya se están desarrollando normativas más adaptadas al futuro modelo europeo. En el caso concreto de Verifactu, los asesores consideran que varios aspectos deberán revisarse. Uno de ellos es que la Ley Antifraude se centra exclusivamente en las facturas emitidas, dejando fuera de forma equivalente el tratamiento de las facturas recibidas, algo que previsiblemente cambiará con la normativa comunitaria. También genera dudas la coexistencia de Verifactu con el Suministro Inmediato de Información (SII), ya que ambos sistemas cubren en gran medida operaciones similares. Desde la AEDAF consideran probable que, a partir de 2030, solo uno de los dos mecanismos termine manteniéndose. Por otro lado, la Ley Crea y Crece, que regula la factura electrónica obligatoria, también podría verse modificada. La Directiva ViDA prevé extender la facturación electrónica a todas las operaciones intracomunitarias, una exigencia que la regulación española actual todavía no contempla. Albert Folguera, integrante del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de la AEDAF, critica además la dualidad del sistema español frente a modelos más centralizados como el de Italy, donde todas las facturas electrónicas se remiten directamente a la Administración tributaria sin excepciones. Ante este escenario, los asesores fiscales reclaman una hoja de ruta clara que permita ordenar la convergencia entre el sistema español de facturación y las futuras exigencias europeas. Su objetivo es avanzar hacia un modelo único y coherente desde el principio, evitando cambios regulatorios sucesivos que obliguen a empresas y autónomos a asumir nuevos costes de adaptación en pocos años.

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(El País, 18-06-2026) | Fiscal

Canarias, Castilla La Mancha, Asturias y Cataluña, las cuatro únicas autonomías que acuden a la cita con Hacienda para la reforma de financiación

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular están cumpliendo su advertencia y no acudirán a las reuniones bilaterales convocadas por el Ministerio de Hacienda para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. El departamento que dirige Arcadi España arrancará este jueves la ronda de contactos para presentar su propuesta, aunque lo hará, si nada cambia, solo con cuatro autonomías. Canarias será la primera en sentarse a la mesa este jueves, mientras que la próxima semana será el turno de Castilla-La Mancha y Asturias. En el caso de Cataluña todavía no hay fecha prevista, aunque se da por hecho un entendimiento favorable, dado que el modelo se consensuó inicialmente con la Generalitat. El resto de comunidades, todas gobernadas por el PP, han rechazado acudir a estas citas individuales al considerar que una reforma de este alcance debe negociarse exclusivamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde están representadas todas las comunidades de régimen común. El Gobierno se enfrenta así a un primer obstáculo en su intento de abrir la negociación de un sistema que lleva más de una década pendiente de reforma. El actual modelo está vigente desde 2009 y tanto el Ejecutivo central como la mayoría de las comunidades coinciden en que ha quedado desfasado y requiere actualización. Sin embargo, las discrepancias sobre el método de negociación han surgido incluso antes del inicio formal de las conversaciones. Las comunidades del PP sostienen, por un lado, que el modelo planteado por el Gobierno se ha diseñado en función de las necesidades de Cataluña, con quien se pactó inicialmente. Por otro, insisten en que cualquier decisión debe abordarse únicamente en el CPFF. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se reunió esta semana con Arcadi España, aunque el dirigente autonómico dejó claro que la financiación autonómica no estaba incluida en el orden del día. Hacienda, sin embargo, defiende que las reuniones bilaterales forman parte de un proceso que no excluye la negociación multilateral. De hecho, Arcadi España recordó recientemente en el Congreso que ya se han celebrado encuentros en el seno del CPFF y que, una vez concluida esta ronda de contactos individuales, el ministerio volverá a convocar ese órgano para continuar la negociación con todas las comunidades. Por ello, en el Ministerio no entienden el rechazo de los gobiernos autonómicos del PP, ya que consideran que ambos formatos son complementarios y no excluyentes. Pese a que acudirán a la mesa, es previsible que tanto Canarias (donde gobiernan Coalición Canaria y el PP) como Castilla-La Mancha y Asturias (gobernadas por el PSOE) expresen críticas al modelo propuesto. Desde la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea de Canarias enmarcan la reunión como un encuentro técnico, al que "siempre" asisten. Sin embargo, en anteriores ocasiones, Canarias ha seguido la posición de las comunidades del PP, por lo que un apoyo explícito al planteamiento del Gobierno sería una sorpresa. Por su parte, Castilla-La Mancha y Asturias se han mostrado contrarias al marco general del plan del Ejecutivo y han hecho públicas sus reservas sobre distintos aspectos, aunque han decidido acudir para conocer el detalle de la propuesta y trasladar sus propias reivindicaciones. La situación es distinta en Cataluña. La Generalitat y el Gobierno central llevan meses manteniendo contactos sobre esta cuestión, ya que la propuesta que ahora presenta Hacienda tiene su origen en el acuerdo político alcanzado entre el PSOE y ERC. Esa negociación previa ha convertido a Cataluña en el territorio con el diálogo más avanzado, aunque el Gobierno insiste en que la reforma deberá extenderse al conjunto de comunidades de régimen común. Hacienda confía en que la posición de las comunidades del PP pueda cambiar a medida que avance el proceso. El ministerio defiende que la reforma supondrá una inyección cercana a 21.000 millones de euros para las comunidades autónomas, además de adaptar el modelo a la evolución demográfica y económica de los últimos 15 años para corregir los desequilibrios acumulados desde la última reforma.

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(El Confidencial, 18-06-2026) | Fiscal

Los errores legislativos cuestan 14.400 millones a las arcas públicos en juicios perdidos

Las resoluciones judiciales contrarias a las Administraciones Públicas han supuesto un importante impacto para las cuentas públicas españolas. Según la última Opinión sobre riesgos fiscales elaborada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), las sentencias desfavorables han generado un coste acumulado de 14.432 millones de euros durante los dos últimos ejercicios, reflejando las consecuencias económicas derivadas de errores normativos y decisiones administrativas posteriormente corregidas por los tribunales. Lejos de remitir, este riesgo continúa presente. La AIReF advierte de que existen numerosos procedimientos aún pendientes de resolución que podrían traducirse en nuevas devoluciones multimillonarias para el Estado. Entre ellos destaca especialmente el litigio relacionado con el Impuesto sobre Hidrocarburos, cuyo impacto potencial podría alcanzar los 6.500 millones de euros, según las estimaciones recogidas en la Cuenta General del Estado elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Aunque el organismo considera improbable que se materialice el importe máximo previsto, subraya la elevada relevancia fiscal del procedimiento. A esta contingencia se suman otros asuntos ya resueltos en contra de la Administración o con una elevada probabilidad de generar nuevos costes. Es el caso del bono social eléctrico, cuya factura para las arcas públicas supera ya los 913 millones de euros y continúa aumentando a medida que se resuelven nuevos recursos. También figura entre los expedientes más significativos el relacionado con el Impuesto sobre Actividades Económicas aplicado a operadores de telefonía móvil, cuyo coste podría situarse en torno a los 1.400 millones de euros. Asimismo, el Estado ha sufrido recientemente un revés judicial en el conflicto derivado del proyecto de almacenamiento de gas Castor, tras perder un procedimiento frente a Enagás que obliga al pago de 255 millones de euros. A ello se añade la controversia relacionada con la desgravación fiscal del fondo de comercio en adquisiciones internacionales, cuyo impacto presupuestario podría hacerse especialmente visible a partir de 2026. La lista de riesgos no termina ahí. España mantiene abiertos diversos litigios vinculados a la reducción de incentivos a las energías renovables, recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional por valor de 346 millones de euros y reclamaciones relacionadas con subvenciones denegadas por el Ministerio de Industria que suman otros 129 millones. También permanece pendiente la resolución de varios procedimientos vinculados a la liquidación de concesiones de autopistas de peaje, con reclamaciones que rondan los 1.800 millones de euros. En conjunto, la AIReF considera que el volumen de procedimientos en curso representa una amenaza significativa para la estabilidad presupuestaria y exige una mayor atención por parte de las administraciones responsables. El organismo también pone el foco en una práctica habitual de las Administraciones: prolongar los litigios hasta las últimas instancias judiciales incluso en aquellos casos en los que las posibilidades de éxito son reducidas. Esta estrategia permite retrasar los pagos, pero suele incrementar notablemente la factura final debido al devengo de intereses. La AIReF destaca que actualmente no existe información suficientemente detallada que permita conocer qué parte del coste total de las sentencias corresponde precisamente a estos intereses. Entre las resoluciones que más han impactado en las cuentas públicas durante los dos últimos años sobresale la devolución del IRPF a antiguos mutualistas, que ha supuesto cerca de 6.000 millones de euros. A ello se suma la declaración de inconstitucionalidad de determinados cambios introducidos en el Impuesto sobre Sociedades en 2016, que obligó a devolver aproximadamente 3.000 millones de euros en 2024 y generó un coste adicional cercano a los 1.000 millones en 2025. Ante esta situación, la AIReF reclama al Gobierno un esfuerzo adicional en materia de transparencia sobre los procedimientos judiciales abiertos y recomienda reforzar la calidad normativa para reducir el riesgo de futuras condenas. Entre sus propuestas figura la realización de consultas previas con organismos europeos cuando se planteen reformas especialmente sensibles, así como una evaluación más exhaustiva de aquellas medidas que ya hayan sido cuestionadas o anuladas en el pasado. El organismo también considera necesario que el Ministerio de Hacienda disponga de mecanismos más ágiles para ejecutar las sentencias desfavorables y recomienda analizar con mayor rigor las probabilidades de éxito de cada litigio antes de prolongar los procedimientos judiciales. El objetivo sería corregir con rapidez las disposiciones susceptibles de ser anuladas y minimizar así el coste económico que finalmente recae sobre los contribuyentes.

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(El País, 18-06-2026) | Laboral

El Consejo de Europa vuelve a pedir a España que reforme la indemnización por despido improcedente

La presión sobre España para reformar el sistema de indemnizaciones por despido improcedente vuelve a aumentar. El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha aprobado una nueva recomendación en la que insta al Gobierno español a modificar su legislación laboral para adaptarla a las exigencias de la Carta Social Europea, al considerar que el actual modelo no garantiza una compensación adecuada a todos los trabajadores despedidos sin causa justificada. La decisión se produce tras las resoluciones emitidas por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que ya concluyó en dos ocasiones -a raíz de reclamaciones presentadas por CC OO y UGT- que el sistema español vulnera los compromisos asumidos por España al ratificar la Carta Social Europea en 2021. En su recomendación, el Consejo de Europa solicita expresamente la revisión de la normativa vigente para asegurar que las indemnizaciones por despido ilícito reflejen el perjuicio real sufrido por cada trabajador y tengan en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. Asimismo, considera necesario que las compensaciones tengan un efecto disuasorio suficiente para evitar despidos injustificados por parte de las empresas. La institución europea también reclama que los tribunales españoles puedan valorar, junto con las partes implicadas, la posibilidad de la readmisión del trabajador como alternativa a la compensación económica cuando las circunstancias lo aconsejen. El origen de esta controversia se encuentra en la interpretación que realiza el CEDS del artículo 24 de la Carta Social Europea, que reconoce el derecho de los trabajadores despedidos sin una causa válida a recibir una indemnización adecuada o cualquier otra reparación efectiva. Según este organismo, el sistema español, basado en una indemnización tasada de 33 días de salario por año trabajado -o 45 días para los periodos anteriores a la reforma laboral de 2012-, no siempre compensa de forma suficiente los daños ocasionados por un despido improcedente, especialmente en relaciones laborales de corta duración. La ratificación de la Carta Social Europea abrió inicialmente la puerta a que algunos juzgados españoles reconocieran indemnizaciones superiores a las previstas legalmente. Uno de los casos más conocidos fue el resuelto por un juzgado de Barcelona en 2023, que concedió una compensación adicional a una trabajadora despedida poco antes del estallido de la pandemia, al considerar que la indemnización legal resultaba insuficiente para reparar el perjuicio sufrido. Sin embargo, esta línea jurisprudencial quedó frenada por el Tribunal Supremo. En diciembre de 2024 y posteriormente en julio de 2025, el alto tribunal concluyó que la legislación española ya cumple con las exigencias internacionales y descartó la posibilidad de reconocer indemnizaciones adicionales al margen de las previstas por la normativa laboral. Esta interpretación contó con el respaldo mayoritario de la Sala, aunque varios magistrados expresaron su discrepancia mediante votos particulares. La posición del Supremo ha sido duramente criticada por las organizaciones sindicales, que consideran que ignora las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales. De hecho, los sindicatos han recurrido ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de revertir dicha doctrina. El debate también ha llegado a la mesa de diálogo social. El Ministerio de Trabajo mantiene abierta una negociación con sindicatos y organizaciones empresariales para estudiar posibles cambios en el régimen de despido. No obstante, las posibilidades de alcanzar un acuerdo son reducidas debido a la profunda división existente entre las partes. Trabajo y las centrales sindicales defienden la necesidad de reformar el sistema para adaptarlo a las recomendaciones europeas. Por el contrario, las organizaciones empresariales rechazan cualquier modificación y sostienen que la legislación actual ya ofrece suficiente seguridad jurídica. Su principal argumento es precisamente la doctrina fijada por el Tribunal Supremo, que considera ajustado el modelo español tanto a la Carta Social Europea como a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. La falta de consenso no se limita a los agentes sociales. Dentro del propio Ejecutivo también existen diferencias de criterio. Mientras que el Ministerio de Trabajo apuesta por impulsar la reforma, el Ministerio de Economía mantiene una posición mucho más cautelosa debido al posible impacto que tendría sobre los costes empresariales y el mercado laboral. Los sindicatos han presentado una propuesta conjunta para reformular las indemnizaciones por despido. Su planteamiento contempla tres componentes: una indemnización mínima garantizada para todos los trabajadores despedidos, una compensación tasada similar a la actual pero con cuantías superiores, y una tercera partida adicional que los jueces podrían fijar en función de los daños concretos sufridos por cada afectado. Desde el ámbito empresarial, la respuesta ha sido contundente. La CEOE considera que reabrir este debate generaría inseguridad jurídica y recuerda que las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales tienen carácter interpretativo y no son directamente vinculantes para los tribunales españoles. Por ello, mantiene su rechazo a cualquier modificación de la regulación vigente. Con este nuevo pronunciamiento del Consejo de Europa, el debate sobre la reforma del despido vuelve a situarse en el centro de la agenda laboral española. Sin embargo, las diferencias entre sindicatos, empresarios, partidos políticos e incluso dentro del propio Gobierno anticipan una negociación compleja y con escasas garantías de culminar en una reforma legislativa a corto plazo.

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(El Economista, 18-06-2026) | Laboral

Garamendi aleja un acuerdo con CCOO y UGT para subir salarios por la "inseguridad jurídica" generada por Díaz

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha intervenido este miércoles en la Asamblea General de la organización con un mensaje muy crítico hacia el contexto político en España, marcado por los escándalos judiciales. Ha reclamado "levantar las alfombras" ante unos casos de corrupción que ha calificado de "increíbles" y ha defendido con firmeza la separación de poderes, así como el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la justicia, denunciando lo que considera ataques a los jueces. Durante su intervención, Garamendi ha advertido de que la actual inestabilidad institucional supone un obstáculo para el crecimiento económico y el empleo. En su opinión, este clima dificulta la toma de decisiones y la confianza empresarial, especialmente en un contexto en el que, según ha señalado, se encadenan escándalos políticos, se debilita el papel del Parlamento y se sustituyen debates por decisiones impuestas por vía legislativa. Ha añadido que la ciudadanía observa con preocupación la situación actual. Preguntado por la posibilidad de un adelanto electoral, previsto en principio para 2027, el líder de la CEOE no ha querido pronunciarse de forma directa, aunque ha dejado entrever que el marco para resolver la situación política se encuentra en el Parlamento, aludiendo implícitamente a mecanismos como una posible moción de censura. Garamendi ha centrado también buena parte de sus críticas en el Ministerio de Trabajo y en la vicepresidenta Yolanda Díaz, a quien ha acusado de interferir en la negociación con los agentes sociales. Según el presidente de la patronal, esta actitud estaría dificultando el acuerdo sobre el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), al generar inseguridad jurídica y alterar los espacios de diálogo con los sindicatos. El dirigente empresarial ha asegurado que es complicado alcanzar acuerdos cuando no está claro si el Ministerio adoptará determinadas medidas por la vía reglamentaria, como las relativas a la compensación y absorción de complementos salariales o a la reforma del despido. En este último punto, ha defendido que la normativa española ya se ajusta a la doctrina del Tribunal Supremo y a la regulación europea, por lo que considera innecesario reabrir el debate. En su intervención, Garamendi ha criticado lo que considera una intervención creciente del Gobierno en el ámbito de la negociación laboral, acusándolo de imponer decisiones sin suficiente diálogo social y de recurrir de forma reiterada a decretos ley y cambios normativos de urgencia. Según ha afirmado, desde finales de 2022 se han producido decenas de modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, lo que, a su juicio, ha generado un entorno de elevada presión regulatoria para las empresas.

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(El Economista, 18-06-2026) | Laboral

El empleo arranca motores para el verano y anota el récord de 22,5 millones de afiliados en la serie diaria

La evolución de la afiliación a la Seguridad Social en junio apunta a un mes positivo para el empleo en Spain. Durante la primera quincena, el número de cotizantes medios ha superado por primera vez en la serie diaria los 22,5 millones, un máximo histórico que llega justo antes del inicio del verano, aunque habrá que esperar al cierre del mes para confirmar si este nivel se consolida. Según los datos avanzados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en lo que va de junio se han sumado 165.075 nuevos afiliados. Sin embargo, este nuevo récord diario solo se ha registrado desde el 15 de junio, por lo que la foto definitiva dependerá de cómo evolucione el mercado laboral en las próximas semanas. La ministra del ramo, Elma Saiz, ha valorado estos datos como un hito histórico, destacando que reflejan la transformación del mercado de trabajo tras la reforma laboral y la creación de empleo de mayor calidad. Este comportamiento también ilustra el efecto de la estacionalidad en el empleo. Si se observa la serie desestacionalizada, que elimina el impacto de factores como el verano o la Navidad, el incremento en las dos últimas quincenas es de 80.561 afiliados, situando el total en torno a los 22,1 millones. En cambio, la serie original recoge el impacto del calendario económico, especialmente en meses como junio, cuando sectores como la hostelería y los servicios comienzan a reforzar plantillas de cara a la campaña estival. La tendencia reciente confirma la fortaleza del empleo en los últimos meses. En abril se superaron por primera vez los 22 millones de cotizantes, mientras que en mayo la afiliación media alcanzó los 22,3 millones tras sumar 231.975 nuevos ocupados, impulsados en gran medida por la hostelería. De hecho, en la serie diaria de mayo ya se llegó a rebasar puntualmente la cifra de 22,4 millones en los últimos días del mes.

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(Expansión, 18-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed mantiene los tipos en el 3,5%, pero abre la puerta a subidas este año

Kevin Warsh ha iniciado su etapa al frente de la Reserva Federal marcando distancias con Donald Trump y enfriando las expectativas de una bajada de los tipos de interés, al tiempo que ha anunciado la puesta en marcha de varios grupos de trabajo con el objetivo de modernizar y reorganizar la institución. La Fed decretó este miércoles su cuarta pausa del año en política monetaria y la primera desde la llegada de Warsh a la presidencia. El banco central estadounidense mantuvo los tipos de interés en la horquilla del 3,5% al 3,75%, trasladando un mensaje de prudencia y reafirmando su autonomía en esta nueva etapa. La decisión ya estaba descontada por Wall Street, aunque los inversores aguardaban la confirmación oficial y, sobre todo, señales de Warsh sobre la dirección que pretende tomar en el actual contexto económico. Sin embargo, el nuevo presidente ofreció escasas pistas sobre sus planes inmediatos. Lo que sí reflejan las previsiones de la Fed es un deterioro del escenario económico. Según las estimaciones del organismo -en cuya elaboración Warsh no participó-, la mayoría de los gobernadores contempla al menos una subida de tipos después del verano. Tras conocerse la decisión, los mercados reaccionaron con descensos: el NASDAQ Composite cedió un 0,34%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average bajaron un 0,44% y un 0,17%, respectivamente. Warsh asume el mando en un momento especialmente delicado. La economía de United States mantiene un crecimiento razonable, el mercado laboral sigue mostrando fortaleza y el desempleo permanece estable en torno al 4,3%, una cifra históricamente baja. Pese a ello, la inflación continúa claramente por encima del objetivo del 2% y vuelve a situarse como la principal preocupación de la Fed. En mayo, el IPC alcanzó el 4,2%, cuatro décimas más que en el dato anterior y su nivel más alto en tres años, impulsado en gran parte por las tensiones entre Estados Unidos e Iran. Warsh reconoció su inquietud por la situación en Oriente Próximo. Ese contexto ha llevado a los responsables de la Reserva Federal a mantener una postura más conservadora en los últimos meses. Aunque la reciente moderación del conflicto ha permitido una caída del precio del petróleo desde sus máximos, la institución considera que el efecto de esos movimientos sobre la inflación tardará aún varios meses en trasladarse plenamente a la economía. En este escenario, Warsh se ha visto obligado a ajustar su planteamiento inicial, aun a riesgo de contrariar a Trump, quien lo escogió como relevo de Jerome Powell por su inclinación hacia una política monetaria más flexible. De los 18 miembros de la Fed que participaron en la elaboración de las previsiones, solo uno considera posible una bajada de tipos este año. El resto cree que, como mínimo, se mantendrán estables, mientras que nueve estiman incluso necesario elevarlos al menos un cuarto de punto antes de que termine 2026. En relación con el debate interno, Warsh evitó revelar detalles de las conversaciones del comité, a las que restó importancia al describirlas como desacuerdos menores. Subrayó que lo esencial no es la posición individual de cada miembro, sino el consenso en torno a la necesidad de contener la inflación y tomar decisiones guiadas por los datos. Aunque no concretó su hoja de ruta en materia monetaria, sí aprovechó su comparecencia para perfilar algunas de sus prioridades al frente de la Fed. Anunció la creación de varios grupos de trabajo independientes encargados de revisar diferentes áreas del banco central y proponer medidas para mejorar su eficiencia. Entre sus objetivos figura también replantear el análisis de la política monetaria incorporando nuevos indicadores, como el impacto de la inteligencia artificial en la economía. Uno de los primeros cambios ya quedó patente en el comunicado publicado tras la reunión: el texto fue hasta tres veces más breve que los habituales en la etapa anterior. La intención, según Warsh, es simplificar el mensaje y limitarlo a la información esencial sobre cada decisión. Ante las críticas por una posible pérdida de transparencia, Warsh defendió el cambio argumentando que los mercados funcionan peor cuando dependen excesivamente de las orientaciones de la Fed. A su juicio, para tomar buenas decisiones, los gobernadores necesitan interpretar el sentir real del mercado sin que este esté condicionado por la propia institución.

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(Expansión, 18-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España apuesta por la IA frente a los riesgos climáticos

Las entidades financieras deben reforzar sus capacidades internas en inteligencia artificial, validar cuidadosamente los resultados, documentar las hipótesis utilizadas y evitar un uso acrítico de estas herramientas, según advierte el Banco de España. Desde el supervisor señalan que uno de los grandes desafíos de la información climática no es únicamente la falta de datos, sino también su heterogeneidad, la escasa comparabilidad entre fuentes y la dificultad para verificar su fiabilidad. En este contexto, la inteligencia artificial puede desempeñar un papel clave en tareas de certificación y auditoría. Por ejemplo, el uso de sensores permite medir emisiones allí donde no existen reportes formales, además de contrastar la veracidad de los datos declarados por empresas o instituciones. Por ello, el Banco de España considera que la IA será una herramienta cada vez más relevante en la supervisión y gestión de los riesgos climáticos. Esta visión está alineada con la estrategia del European Central Bank, que ya incorpora indicadores climáticos elaborados a partir de datos del programa europeo Copernicus Programme, especialmente para monitorizar fenómenos como tormentas e incendios. El supervisor español subraya que el análisis de riesgos climáticos obliga a trabajar con información muy distinta a la financiera tradicional. Además de balances y exposiciones sectoriales, entran en juego datos no estructurados como imágenes satelitales, sensores remotos, fotografías, documentos corporativos o información geoespacial, cuyo volumen y complejidad hacen inviable su tratamiento manual. En su revisión sobre el uso del aprendizaje automático en finanzas verdes, el Banco de España identifica siete ámbitos donde estas tecnologías ya están aportando valor: catástrofes naturales, biodiversidad, riesgo agrícola, mercados de carbono, energía, inversión responsable y análisis de datos climáticos. El Bank for International Settlements, junto al Deutsche Bundesbank y el BCE, impulsa el Proyecto Gaia, una iniciativa en la que también participa activamente el Banco de España. Esta herramienta explora cómo la extracción automatizada de texto mediante IA puede generar datos accesibles y de alta calidad para aplicaciones monetarias y financieras, con especial atención a los riesgos climáticos, un ámbito donde la ausencia de estándares globales dificulta las comparaciones. Otros supervisores también avanzan en esta dirección. Un estudio del Banque de France concluye que la inteligencia artificial puede estimar las emisiones corporativas de carbono con una precisión cercana al 69%, aunque aún presenta limitaciones en escenarios extremos. El Banco de España considera especialmente prometedor el uso de redes neuronales para interpretar imágenes satelitales y obtener información casi en tiempo real sobre actividades industriales, como la producción de cemento. A nivel internacional, el Banco de España presidió hasta el pasado año el grupo de trabajo sobre finanzas verdes de la red de innovación del BIS, centrado en el uso de nuevas tecnologías para impulsar la financiación climática, además de figurar entre los principales promotores del Proyecto Gaia. Su estrategia actual busca mejorar la medición de fenómenos climáticos físicos y su relación con variables económicas y financieras. Para ello, apuesta por combinar datos satelitales y aprendizaje automático con el fin de analizar fenómenos como sequías, incendios o desertificación, así como su impacto sobre la producción agrícola, el empleo o la concesión de crédito bancario. Aun así, desde la institución reconocen que apenas se están empezando a explorar todas las posibilidades de esta nueva información. Pese al potencial de la IA, el supervisor insiste en la necesidad de actuar con gobernanza, trazabilidad y prudencia. Recuerda que estas herramientas no sustituyen el criterio experto y que la calidad de sus resultados depende directamente de la calidad de los datos, de la metodología empleada y de la capacidad para explicar cómo funciona cada modelo. Además, el Banco de España lanza una advertencia adicional: la inteligencia artificial no solo ayuda a estudiar el cambio climático, sino que también puede contribuir al problema. La expansión de la IA generativa y de los grandes modelos de lenguaje está elevando el consumo energético, aumentando la demanda de capacidad de cómputo y, en muchos casos, incrementando también el uso de agua necesario para refrigerar los centros de datos.

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