La Comisión Europea ha aprobado este miércoles una ayuda de emergencia de 114,7 millones de euros para apoyar a España ante la situación migratoria que atraviesa Ceuta, después de la llegada masiva de más de 80.000 migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.
La financiación se articula mediante 82,7 millones procedentes del Fondo de Asilo, Migración e Integración y otros 32 millones del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados. Bruselas considera que esta decisión refleja su respaldo a España ante una situación que afecta tanto a la gestión migratoria como a la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea.
La solicitud española, presentada el pasado 24 de agosto, contempla distintas actuaciones destinadas a reforzar la seguridad fronteriza y ampliar la capacidad de acogida, especialmente para atender a los menores no acompañados. Parte de los fondos se empleará en mejorar los sistemas de vigilancia mediante cámaras térmicas, tecnologías de observación, boyas flotantes y drones submarinos, además de reforzar los equipos desplegados en la zona.
Los recursos también permitirán habilitar instalaciones para el control de las personas migrantes y apoyar los procedimientos de retorno de quienes se encuentren en situación irregular en Ceuta. En paralelo, se prevé ampliar la capacidad de acogida de menores no acompañados en la ciudad autónoma.
Una vez formalizado el acuerdo entre España y la Comisión Europea, Bruselas dispondrá de un plazo de 30 días para adelantar hasta el 80% de la financiación concedida. La ayuda tendrá carácter retroactivo, de manera que podrá cubrir gastos realizados desde el inicio de la situación considerada de emergencia.
La respuesta europea incluirá además una mayor participación de las agencias comunitarias encargadas de la gestión de las fronteras, la cooperación policial y el asilo. Frontex prevé prolongar durante 2027 los planes operativos que ya mantiene en España para asegurar la continuidad de la presencia de agentes de su cuerpo permanente en Ceuta.
El apoyo de Frontex podrá incorporar medios marítimos adicionales, un mayor intercambio de información a través de Eurosur y asistencia en los procesos de repatriación, tanto antes como después de los retornos. La agencia también reforzará la cooperación con Marruecos en materia de control migratorio.
Europol, por su parte, mantendrá la colaboración con las autoridades policiales españolas, especialmente en las investigaciones relacionadas con las redes dedicadas al tráfico de migrantes y en el análisis estratégico. La Agencia de Asilo de la Unión Europea también ha expresado su disposición a prestar apoyo en tareas como las entrevistas y los servicios de interpretación.
La Comisión Europea considera que la situación de Ceuta supone una prueba para la capacidad de respuesta y la protección de las fronteras exteriores de la Unión. Su posición pasa por reforzar la cooperación con España y garantizar que las personas que no tengan derecho a permanecer en territorio europeo puedan ser objeto de los correspondientes procedimientos de retorno.
El Congreso ha convalidado este miércoles el paquete de medidas laborales y de Seguridad Social impulsado por el Gobierno para reducir las consecuencias de los graves incendios registrados durante este verano. El Consejo de Ministros aprobó estas ayudas el pasado 29 de julio, tras el gran incendio que afectó a Madrid y Ávila y que se convirtió en el de mayor extensión registrado en España. Al tratarse de un real decreto-ley, las medidas necesitaban el respaldo del Parlamento para mantenerse vigentes. La iniciativa ha salido adelante con 312 votos a favor y únicamente Vox en contra.
De esta forma, las medidas continuarán aplicándose hasta finales de 2026 y podrán activarse ante nuevos incendios de especial gravedad, incluso fuera de la temporada habitual de incendios forestales. No obstante, su vigencia no se prolongará más allá de este año, por lo que sería necesario aprobar una nueva norma si el Gobierno quisiera mantenerlas posteriormente.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la necesidad de estas medidas recordando que el incendio que originó el decreto tuvo consecuencias muy importantes tanto para la población como para la actividad económica. Según ha señalado, el impacto no se limitó a los daños materiales o a la paralización de empresas y negocios, sino que también obligó a realizar evacuaciones de población.
Una de las principales novedades es la creación de una prestación extraordinaria por emergencia extrema para los trabajadores afectados por un incendio. Quienes se encuentren en esta situación pueden suspender temporalmente su contrato y acceder a esta ayuda, que es abonada por el Servicio Público de Empleo Estatal. La prestación comienza desde el mismo día en que se produce la suspensión del contrato, no requiere acreditar un periodo mínimo de cotización y tampoco consume las cotizaciones acumuladas por el trabajador. Su duración, en cualquier caso, queda limitada a un máximo de cuatro meses.
El paquete aprobado también contempla medidas específicas para los trabajadores autónomos. Aquellos que tengan que interrumpir total o parcialmente su actividad y dispongan de cobertura por cese de actividad podrán acceder a una prestación extraordinaria sin necesidad de demostrar la existencia de fuerza mayor.
Por otra parte, las empresas que hayan recurrido a un expediente de regulación temporal de empleo como consecuencia directa de los incendios podrán beneficiarse de una exención del 100% de sus aportaciones a la Seguridad Social correspondientes a las cuotas de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2026.
Durante su intervención en el Congreso, Díaz también ha relacionado estas medidas con la necesidad de abordar las consecuencias del cambio climático. La ministra ha defendido que la actuación de las administraciones públicas no debe limitarse a prevenir o paliar los efectos de las catástrofes, sino que también debe contribuir a explicar a la ciudadanía las causas y el alcance de los fenómenos que se están produciendo.
La regulación aprobada se incorpora a un conjunto de medidas que España ha ido desarrollando en los últimos años para proteger a los trabajadores y las empresas frente a situaciones de emergencia climática. Entre ellas se encuentra el denominado permiso climático de cuatro días para aquellos trabajadores que no puedan desplazarse a su puesto como consecuencia de una emergencia, así como la posibilidad de adaptar o modificar la jornada laboral en estas circunstancias, tal como establece el Estatuto de los Trabajadores.
Este permiso fue aprobado en noviembre de 2024, después de la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de ese año y que provocó 229 fallecidos, además de causar graves daños en buena parte del tejido productivo de las zonas afectadas.
El Gobierno mantiene su intención de reformar el régimen del despido improcedente en España, pese a no contar actualmente con el respaldo parlamentario necesario, al rechazo de las organizaciones empresariales y a las dudas expresadas por el Tribunal Supremo sobre la necesidad de incrementar las indemnizaciones. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado su compromiso de impulsar cambios para encarecer el despido injustificado, que considera actualmente demasiado barato.
Díaz respondió en el Congreso a una pregunta del portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, sobre si el Ejecutivo mantiene entre sus prioridades la reforma anunciada tras los pronunciamientos del Comité Europeo de Derechos Sociales, derivados de las denuncias presentadas por UGT y CCOO. Estos pronunciamientos señalaron deficiencias en la normativa española al considerar que el sistema de indemnización por despido improcedente no garantiza suficientemente su carácter disuasorio y reparador para los trabajadores afectados.
La vicepresidenta defendió que despedir a un trabajador en España tiene un coste reducido. Según señaló, la indemnización media apenas alcanza los 8.000 euros, aunque en Euskadi se sitúa en torno a los 12.000 euros. "Es baratísimo despedir a un trabajador o a una trabajadora. Por lo tanto, sí, vamos a hacer algo", afirmó Díaz, confirmando así que el Ministerio de Trabajo pretende retomar la reforma.
El planteamiento del Gobierno, sin embargo, no pasa necesariamente por recuperar la indemnización de 45 días de salario por año trabajado que estuvo vigente antes de la reforma laboral de 2012. La alternativa que estudia Trabajo sería establecer un sistema que tenga en cuenta las circunstancias particulares de cada trabajador y permita determinar una compensación adecuada en función de su situación personal.
Díaz puso como ejemplo las diferencias que pueden existir entre un trabajador de 60 años, sin formación y con problemas de salud, y una persona joven con conocimientos de idiomas y mayores posibilidades de encontrar un nuevo empleo. La intención sería que estas circunstancias pudieran tener algún reflejo en la indemnización correspondiente cuando se produzca un despido improcedente.
Esta propuesta choca, no obstante, con el criterio mantenido por el Tribunal Supremo, que hace un año estableció que la indemnización legal por despido improcedente, fijada actualmente en 33 días de salario por año trabajado, no puede ser incrementada por los tribunales atendiendo a las circunstancias particulares de cada trabajador. El Alto Tribunal considera que un sistema de indemnización tasado garantiza la seguridad jurídica y la igualdad de trato y concluyó que no vulnera ni el Convenio 158 de la OIT ni la Carta Social Europea.
El Supremo también consideró que la referencia a una "indemnización adecuada" contenida en estos instrumentos internacionales tiene carácter programático y no permite a los jueces modificar directamente las cuantías establecidas por la legislación española. En consecuencia, cualquier cambio en el coste del despido debería proceder de una reforma legal aprobada por el Parlamento.
La sentencia supuso además un revés para la interpretación defendida por el Ministerio de Trabajo respecto a los pronunciamientos del Comité Europeo de Derechos Sociales. El Tribunal Supremo sostuvo que las decisiones de este organismo no tienen carácter ejecutivo ni son vinculantes para los tribunales españoles, al no tratarse de un órgano jurisdiccional con capacidad para dictar sentencias de obligado cumplimiento. De esta manera, descartó que los jueces puedan elevar las indemnizaciones para hacerlas más disuasorias o reparadoras dentro del marco legal vigente.
A las dificultades jurídicas y parlamentarias se suma la falta de acuerdo en el diálogo social. CEOE y Cepyme abandonaron hace un año la mesa de negociación convocada por el Ministerio de Trabajo para abordar esta cuestión, al considerar que una reforma del despido contravendría el acuerdo alcanzado en 2021 con motivo de la reforma laboral, que contó con el respaldo de empresarios y sindicatos. En aquella negociación, precisamente, el despido quedó fuera del contenido de la reforma para facilitar el consenso entre las partes.
UGT considera "absolutamente inaceptable" el nuevo sistema de notificaciones de la Seguridad Social para los procesos de incapacidad temporal e incapacidad permanente y ha anunciado que impugnará la orden que regula este cambio. Desde el pasado 1 de septiembre, las personas solicitantes o beneficiarias de prestaciones por incapacidad temporal, así como quienes reciban comunicaciones relacionadas con la incapacidad permanente o con lesiones permanentes no incapacitantes, deben recibirlas con carácter general por medios electrónicos.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado que esta modificación se haya aprobado sin que las organizaciones sindicales fueran informadas o consultadas previamente. Durante un encuentro informativo organizado por el sindicato, Álvarez ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que retire de inmediato el nuevo sistema y ha advertido de que recurrirán la orden que lo sustenta.
A juicio del dirigente sindical, la medida puede generar situaciones de indefensión y agravar la brecha digital, ya que parte de la premisa de que todos los ciudadanos disponen de teléfono móvil, correo electrónico y conocimientos suficientes para realizar trámites telemáticos. "No todo el mundo tiene por qué tener teléfono móvil, ni tiene por qué tener correo electrónico", ha señalado Álvarez, que considera especialmente delicado trasladar a este sistema las comunicaciones relacionadas con bajas de larga duración o procesos de valoración médica.
UGT también ha expresado su preocupación por los posibles problemas de ciberseguridad asociados al nuevo modelo. El sindicato considera que el envío de mensajes con enlaces para acceder a información de carácter personal puede resultar fácilmente confundible con técnicas utilizadas en fraudes informáticos. Según Álvarez, esta circunstancia puede ser aprovechada por ciberdelincuentes, especialmente porque las comunicaciones están relacionadas con información especialmente sensible sobre la situación de salud de los trabajadores.
El sindicato ha anunciado que trasladará sus reclamaciones a los organismos y comisiones encargados de supervisar y proteger los derechos digitales de los ciudadanos frente a las actuaciones de las administraciones públicas. Además, reclama que la Seguridad Social mantenga vías alternativas de comunicación que garanticen que ninguna persona quede excluida por carecer de medios o competencias digitales.
La crítica de UGT se extiende también al funcionamiento de las inspecciones médicas del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Álvarez ha denunciado que la sobrecarga del sistema está provocando, a su juicio, altas médicas que se tramitan con excesiva rapidez. El secretario general de UGT sostiene que, en algunos casos, los profesionales tienen una carga de trabajo que impide una valoración adecuada y ha asegurado que este problema se ha convertido en una de las principales fuentes de reclamaciones atendidas por los servicios jurídicos del sindicato.
Frente a estas críticas, la Seguridad Social defiende que el nuevo sistema persigue mejorar la eficiencia y la seguridad de las comunicaciones. El organismo explica que la medida llevaba meses en preparación y que había sido abordada con los sindicatos en distintos foros. Su objetivo, según fuentes de la Seguridad Social, es reforzar la confidencialidad, la protección de los datos personales y la seguridad en la gestión de unas prestaciones que implican el tratamiento de categorías especialmente sensibles de información, entre ellas los datos relativos a la salud.
El nuevo procedimiento sigue, además, un modelo de comunicación electrónica que ya se utiliza en otros ámbitos de la Administración, como determinados trámites de la Agencia Tributaria. La normativa contempla asimismo excepciones para determinadas circunstancias, de modo que las comunicaciones no tendrán que realizarse necesariamente por vía telemática en todos los casos.
El funcionamiento previsto establece que la Seguridad Social enviará un aviso mediante SMS al teléfono móvil o a través del correo electrónico que la persona interesada haya facilitado previamente a la Administración. El mensaje servirá para informar de que existe una comunicación o notificación disponible en la sede electrónica y, en su caso, de que esta permanece pendiente de consulta. El sistema pretende así que la notificación electrónica constituya el canal principal, pero manteniendo otras vías de comunicación cuando concurran las circunstancias previstas por la normativa.
La economía ocupa un lugar central en las políticas de la Comunidad de Madrid, ya que de la evolución de la actividad económica dependen factores como la creación de riqueza y empleo, el nacimiento de nuevas empresas, la llegada de inversiones y, en definitiva, la capacidad de crecimiento de la región tanto a corto como a largo plazo.
Por este motivo, la economía volverá a ocupar una posición destacada en el discurso de Isabel Díaz Ayuso durante el Debate del Estado de la Región, que se celebra hoy y mañana en la Asamblea de Madrid. En su intervención, la presidenta madrileña pondrá el foco especialmente en las iniciativas dirigidas a impulsar el empleo y fortalecer la actividad empresarial. Será, además, su último debate de este tipo antes de las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027 y servirá para presentar las principales líneas de actuación previstas para el tramo final de la legislatura.
Entre las medidas que anunciará figura una nueva Tarifa Cero dirigida a los autónomos madrileños que, una vez alcanzada la edad legal de jubilación, opten por continuar trabajando mediante la jubilación activa. La iniciativa contempla que estos profesionales puedan compatibilizar el cobro de la pensión con el mantenimiento de su actividad sin asumir el coste de las cotizaciones sociales, que sería financiado íntegramente por la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo autonómico pretende con ello facilitar que pequeños empresarios y trabajadores por cuenta propia puedan prolongar su actividad y evitar el cierre de negocios que todavía mantienen clientes y generan puestos de trabajo.
La medida parte de la preocupación por el impacto que puede tener sobre determinados negocios la decisión de jubilarse de sus titulares. Para algunos autónomos, continuar al frente de la actividad implica mantener una carga de cotizaciones que puede hacer poco atractivo seguir trabajando una vez alcanzada la edad de retiro. La Comunidad considera que facilitar esta continuidad permitirá conservar empleo, actividad económica y el conocimiento acumulado por estos profesionales.
La nueva iniciativa amplía el modelo de Tarifa Cero que Madrid ya aplica a los nuevos autónomos, a los que sufraga el 100% de las cotizaciones sociales durante el primer año de actividad. Este periodo puede prolongarse durante otros doce meses cuando el rendimiento neto del trabajador no supera el salario mínimo interprofesional. Para 2026, el Gobierno madrileño ha destinado más de 37 millones de euros a las políticas de apoyo a los autónomos, un 17,7% más que el año anterior.
El paquete de medidas para este colectivo incluirá también nuevas ayudas de 1.250 euros mensuales para aquellos autónomos que necesiten contratar a una persona que les sustituya por motivos relacionados con cuidados familiares o incapacidad. La medida contempla situaciones como la maternidad y paternidad, los embarazos de riesgo o los periodos prolongados de incapacidad. A ello se añadirá la financiación íntegra de la cuota de autónomos durante los primeros 60 días de enfermedad, con el objetivo de evitar que una situación personal o familiar obligue al trabajador por cuenta propia a suspender o cerrar temporalmente su negocio y asumir la consiguiente pérdida de ingresos y actividad.
Junto al respaldo a los autónomos, la política industrial será otro de los grandes ámbitos de actuación económica de la Comunidad de Madrid. Ayuso expondrá el Plan Industrial 2026-2030, que prevé movilizar más de 850 millones de euros durante el periodo para mejorar la competitividad empresarial y favorecer la creación de empleo de calidad. El programa pretende, además, reforzar el reconocimiento de aquellas actividades de servicios vinculadas a sectores industriales de alto valor añadido.
El presupuesto del plan se ha incrementado un 65% y contempla seis grandes ámbitos de actuación y un total de 85 medidas. Entre sus principales partidas figura una dotación de 110 millones de euros para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, mientras que otros 66,5 millones se dirigirán a grandes proyectos de colaboración entre compañías, empresas emergentes, universidades y centros de investigación con el propósito de estimular la innovación.
La digitalización también tendrá un peso relevante, con una partida de 50 millones destinada a facilitar la incorporación de inteligencia artificial, ciberseguridad y robótica en las pymes. El plan incluye asimismo la creación de un Laboratorio 6G orientado a acelerar la transformación tecnológica del tejido productivo madrileño.
Por último, el Plan Industrial 2026-2030 contempla la creación de un nodo de Industria e Innovación especializado en Defensa, Seguridad y Tecnologías Duales, además de integrar la estrategia destinada a impulsar el ecosistema de drones. La Comunidad de Madrid considera que este ámbito presenta un elevado potencial de crecimiento en Europa, especialmente ante el nuevo escenario geopolítico y el aumento de las necesidades de inversión en defensa y seguridad.
La Comunidad de Madrid ampliará las ayudas económicas vinculadas a la natalidad. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunciará durante la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región la extensión de la prestación de 14.500 euros por nacimiento a las madres de hasta 35 años que tengan su tercer hijo. El Ejecutivo autonómico prevé además elevar el límite de renta exigido para acceder a estas ayudas, aunque la nueva cuantía se concretará en la correspondiente convocatoria.
Hasta ahora, las madres menores de 30 años pueden recibir una ayuda de 500 euros mensuales desde la semana 21 de embarazo y hasta que el menor cumple dos años, lo que supone un máximo de 14.500 euros por hijo. La prestación también se aplica a los supuestos de adopción. Con la nueva ampliación, podrán beneficiarse de ella las madres de hasta 35 años que tengan su tercer hijo.
En la actualidad, para acceder a estas ayudas las beneficiarias menores de 30 años deben cumplir unos límites de renta de 30.000 euros si se trata de ingresos individuales o de 36.200 euros cuando se considera la unidad familiar. La Comunidad de Madrid pretende incrementar estos umbrales, aunque será la próxima convocatoria la que determine las nuevas condiciones económicas.
Las medidas se integrarán en la Estrategia de Natalidad 2027-2031 de la Comunidad de Madrid, con la que el Gobierno autonómico pretende reforzar las políticas de conciliación, facilitar que los jóvenes puedan formar una familia y ampliar el apoyo tanto a la maternidad y la paternidad como a las familias numerosas.
Desde la puesta en marcha de estas ayudas, en enero de 2022, la Comunidad de Madrid ha concedido 31.157 prestaciones, con una inversión acumulada de 361,1 millones de euros. Las previsiones del Ejecutivo regional apuntan a que en 2027 el programa pueda alcanzar a más de 45.000 madres, con una inversión total de 500 millones de euros.
Estas medidas se suman a los efectos de la normativa madrileña que reconoce al concebido no nacido como integrante de la unidad familiar y permite tenerlo en cuenta desde el momento de la concepción para determinados beneficios. Esta consideración puede influir en ayudas en las que se calcula la renta per cápita, como las becas educativas, las ayudas de comedor escolar, la Educación Infantil, el alquiler para jóvenes o determinadas prestaciones destinadas al fomento de la natalidad.
La normativa también permite que las familias que ya tienen dos hijos y esperan un tercero puedan ser consideradas familia numerosa desde la semana 15 de gestación. De esta forma, pueden acceder antes a las ventajas asociadas a esta condición, entre ellas beneficios fiscales, descuentos en el transporte, ayudas educativas y reducciones en el precio de determinadas actividades e instalaciones deportivas y culturales. Para facilitar la gestión, la Comunidad de Madrid ha habilitado además un nuevo procedimiento electrónico para solicitar este reconocimiento.
La transparencia sobre las condiciones laborales y las retribuciones se convertirá en uno de los principales asuntos para los departamentos de recursos humanos este otoño. Las empresas afrontan numerosas dudas sobre el alcance de las normas que el Ministerio de Trabajo acaba de aprobar o mantiene todavía en negociación y, especialmente, sobre las nuevas obligaciones de información que deberán asumir. El contexto político, unido a las diferencias con los agentes sociales y a las discrepancias dentro del propio Gobierno, está contribuyendo a aumentar la incertidumbre.
A falta de que los diferentes textos queden definitivamente publicados en el Boletín Oficial del Estado, las reformas planteadas amplían de manera significativa la información que las empresas tendrán que proporcionar a sus trabajadores. Entre las nuevas exigencias figuran cuestiones como el uso de algoritmos para determinar salarios o ascensos, el contenido de los planes de igualdad y de pensiones, los criterios utilizados para la progresión salarial o la situación de la brecha retributiva. Parte de esta información deberá comunicarse antes de la incorporación del trabajador y quedar reflejada en el contrato, aunque quienes ya formen parte de la plantilla también podrán solicitarla.
El primer cambio procede del Real Decreto que transpone la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. El Consejo de Ministros ha aprobado esta norma con casi cuatro años de retraso y de forma parcial. La dificultad para sacar adelante en el Congreso un proyecto de ley de transposición llevó al Gobierno a optar por un real decreto, lo que ha dejado fuera algunas de las medidas y garantías que figuraban en la propuesta inicial, entre ellas un régimen sancionador más amplio o determinadas limitaciones relacionadas con el periodo de prueba.
La nueva regulación será aplicable a finales de septiembre y amplía considerablemente la información que deberá recibir el trabajador cuando formalice su contrato. Entre otros aspectos, antes de comenzar a trabajar podrá conocer cómo se determinan los componentes variables de su salario y si en esas decisiones interviene algún algoritmo. También tendrá derecho a conocer la existencia de un plan de igualdad, las medidas de conciliación de la empresa, las características de los planes de pensiones y el régimen de Seguridad Social aplicable. A ello se suma la obligación de informar sobre el convenio colectivo correspondiente y su situación respecto a la ultraactividad.
Sin embargo, el texto finalmente aprobado es menos ambicioso que la propuesta inicial que se planteó con rango de ley. Esta contemplaba un endurecimiento de las sanciones, la obligación de comunicar las vacantes disponibles y una aplicación más amplia de las nuevas exigencias de información. La norma definitiva limita estas obligaciones a los contratos de más de cuatro semanas, dado que los de menor duración pueden no formalizarse por escrito. Este punto presenta además diferencias con la directiva europea, que establece el límite atendiendo a las horas trabajadas, con un mínimo de tres horas semanales durante cuatro semanas consecutivas. La regulación española deja así un ámbito de exclusión más amplio que previsiblemente será objeto de atención por parte de empresas y especialistas en derecho laboral.
En paralelo, avanza la transposición de la directiva europea sobre transparencia retributiva, cuyo plazo expiró el pasado 7 de junio. En este caso, el retraso podría ser menor, ya que existe un borrador avanzado. El objetivo de esta norma es reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres mediante una mayor información para los trabajadores y un refuerzo de los mecanismos de control sobre la brecha de género.
Una de las principales novedades afectará a las empresas que hayan realizado una auditoría retributiva, obligación que alcanza a las compañías de 50 o más trabajadores. Estas deberán remitir con carácter anual o cada tres años, dependiendo de su tamaño, siete indicadores relacionados con la brecha salarial a un nuevo organismo público, la Comisión para el Seguimiento de la Transparencia Retributiva. La intención es que este organismo publique la información de manera que permita comparar la situación retributiva entre empresas y sectores, una posibilidad que hasta ahora no existe en España y que sí contempla la normativa europea.
También se refuerza el derecho individual de los trabajadores a obtener información sobre sus salarios. Cualquier empleado podrá solicitar por escrito, una vez al año, información sobre su propia retribución y sobre la remuneración media correspondiente a su categoría profesional o a un puesto de igual valor. Los datos deberán aparecer desglosados por sexo y referirse tanto al conjunto del año como a la remuneración por hora trabajada. Aunque parte de esta información ya se encuentra vinculada al registro retributivo, obligatorio para todas las empresas desde 2020, la nueva regulación introduce un nivel de detalle mayor e incluye expresamente a directivos y altos cargos.
Uno de los aspectos que genera más dudas es el porcentaje de diferencia salarial que obliga a adoptar medidas adicionales. La directiva europea establece que, cuando la brecha entre hombres y mujeres dentro de una misma categoría profesional supere el 5% y la empresa no pueda justificarla ni corregirla en un plazo de seis meses, deberá ponerse en marcha una revisión conjunta con los representantes de los trabajadores.
El borrador español mantiene, sin embargo, el umbral del 25% establecido por el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, sobre igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Además, el mecanismo previsto es menos exigente que el de la directiva europea, ya que la empresa deberá justificar la diferencia en su registro retributivo, pero no se contempla la activación automática de una revisión conjunta con la representación de los trabajadores.
Otra de las principales diferencias afecta a los procesos de selección. El texto español no incorpora la obligación de informar al candidato sobre el salario o la horquilla retributiva antes de la entrevista, pese a que esta exigencia figura en la directiva europea. Tampoco se establece una prohibición expresa para que la empresa pregunte al aspirante cuánto cobraba en su empleo anterior.
También ha desaparecido del último borrador una medida que figuraba en la primera versión negociada con los agentes sociales: la nulidad de las cláusulas contractuales que impidieran a los trabajadores hablar de su propio salario. La eliminación de esta previsión mantiene, por tanto, la posibilidad de que persistan determinadas restricciones sobre la difusión de la información salarial y puede limitar la capacidad de negociación de quienes buscan cambiar de empleo.
Estas carencias parecen estar relacionadas, en buena medida, con los límites derivados de aprobar la regulación mediante un decreto. El texto tampoco incorpora todo el régimen de sanciones previsto por la normativa comunitaria ni regula aspectos como los plazos de prescripción, la exención de costas judiciales o el agravamiento de las sanciones en caso de reincidencia. El Ministerio de Trabajo ha planteado completar posteriormente estas cuestiones mediante una norma con rango de ley, aunque el actual escenario político dificulta prever cuándo podría aprobarse.
Dos años después de que Mario Draghi presentara su ambicioso plan para recuperar la competitividad de la economía europea, apenas el 16% de sus propuestas se ha aplicado completamente. El análisis elaborado por el Banco de España a partir de los datos del Draghi Observatory muestra que la mayoría de las 176 medidas planteadas por el expresidente del BCE siguen pendientes, en desarrollo o se han ejecutado solo parcialmente.
El estudio, elaborado por el investigador Luis Díez Catalán, señala que menos de 30 de las recomendaciones han llegado a aplicarse en su totalidad en el ámbito comunitario. Otro 26% se encuentra parcialmente ejecutado, mientras que una parte importante permanece bloqueada. De hecho, el 42% de las propuestas cuenta con respaldo político por parte de los dirigentes europeos, pero todavía carece de la normativa, los reglamentos o los instrumentos necesarios para trasladarlas a la práctica. A ello se suman alrededor de 30 iniciativas sobre las que ni siquiera se había producido un pronunciamiento oficial hasta julio de este año.
El diagnóstico apunta así a una importante distancia entre los compromisos políticos y los resultados efectivos. El análisis del Banco de España considera que esta brecha refleja las dificultades habituales para alcanzar acuerdos y coordinar políticas entre los distintos Estados miembros. En otras palabras, en la Unión Europea sigue existiendo una diferencia significativa entre la voluntad expresada por sus instituciones y la capacidad para convertirla en reformas concretas.
La falta de avances tampoco parece explicarse principalmente por la ausencia de financiación. Algo más de la mitad de las aproximadamente 170 recomendaciones sectoriales planteadas por Draghi no requieren recursos públicos adicionales para su puesta en marcha. El ejemplo más evidente se encuentra en la simplificación normativa y la reducción de las cargas administrativas para las empresas: el 92% de las medidas propuestas en este ámbito no implicaría un desembolso presupuestario. El principal obstáculo estaría, por tanto, en la complejidad de los procedimientos y en la dificultad para alcanzar consensos sobre los cambios regulatorios.
El grado de ejecución también varía considerablemente entre sectores y está condicionado por las prioridades inmediatas de los gobiernos europeos. La defensa constituye uno de los ejemplos más claros. La guerra de Rusia contra Ucrania, la escalada de las tensiones en Oriente Próximo y el distanciamiento de Estados Unidos respecto a sus compromisos tradicionales con la OTAN han elevado la presión para reforzar la capacidad militar europea.
En 2024, avanzar hacia una defensa común se consideraba una de las reformas más difíciles debido a la reticencia de los Estados miembros a ceder competencias en materia militar. Sin embargo, el nuevo escenario geopolítico ha acelerado los acuerdos. Entre septiembre de 2025 y julio de 2026, el porcentaje de propuestas relacionadas con la defensa que se habían aplicado total o parcialmente pasó del 22% al 53%, convirtiendo este ámbito en el que más avances legislativos ha registrado dentro de la agenda de Draghi.
La situación es radicalmente distinta en el ámbito energético. Draghi situó la energía, junto con el acceso a materias primas críticas, entre las áreas con mayor potencial transformador para la economía europea, debido a su influencia sobre los costes de la industria, la descarbonización y la seguridad estratégica de la Unión. Pese a ello, apenas el 1% de las propuestas energéticas se ha aplicado total o parcialmente, lo que convierte a este sector en el principal ejemplo de la lentitud con la que avanza el programa de reformas.
Estos resultados contrastan con el balance más favorable que ofrecía Bruselas durante el primer año posterior a la publicación del informe. En aquel momento, la Comisión Europea contabilizaba 33 iniciativas adoptadas y 14 propuestas legislativas, además de anunciar la movilización de más de un billón de euros destinados a innovación, tecnologías limpias y seguridad. Entre las partidas anunciadas figuraban 200.000 millones de euros para inteligencia artificial, 150.000 millones para el programa de defensa SAFE y más de 100.000 millones para el Pacto Industrial Limpio.
Para este segundo aniversario todavía no existe un balance oficial de la Comisión Europea. No obstante, un informe publicado a comienzos de año por el servicio de estudios del Parlamento Europeo ya advertía de que, aunque las instituciones comunitarias habían incorporado buena parte del diagnóstico de Draghi a su agenda, la magnitud de las reformas ejecutadas estaba muy por debajo de la ambición inicial del plan.
La lentitud en la aplicación de las recomendaciones ha llevado incluso al propio Draghi a buscar vías alternativas a los mecanismos habituales de Bruselas. A finales de agosto impulsó el denominado Rhine Group, un grupo de trabajo concebido como un nuevo canal de interlocución con la Comisión Europea y los gobiernos nacionales. Su objetivo es precisamente acelerar la puesta en marcha de las reformas necesarias para mejorar la competitividad europea.
El balance de estos dos años deja así una conclusión clara: el problema de Europa no parece residir tanto en la falta de diagnóstico como en su capacidad para ejecutar las soluciones identificadas. El plan de Draghi puso sobre la mesa la necesidad de aumentar la inversión, reducir la brecha tecnológica y recuperar productividad frente a Estados Unidos y China, pero la lentitud legislativa y la dificultad para coordinar a los Estados miembros siguen frenando buena parte de esa agenda.
La Comisión Europea quiere dotar a las autoridades nacionales, regionales y locales de un marco común para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda que afecta a numerosas ciudades europeas. Entre las medidas planteadas, Bruselas señala el auge de los alquileres de corta duración a través de plataformas digitales como Airbnb o Booking como uno de los factores que están contribuyendo al encarecimiento de la vivienda y propone que puedan establecerse restricciones, siempre que sean proporcionales y tengan carácter temporal.
La decisión de aplicar estos límites corresponderá a cada país, región o municipio. El objetivo de la Comisión es proporcionar a las administraciones un conjunto de criterios comunes que les permita identificar las zonas con problemas de acceso a la vivienda y actuar sobre ellas, al tiempo que se intenta aportar mayor seguridad jurídica ante la creciente judicialización de las medidas adoptadas por distintas ciudades europeas.
El reglamento inicia ahora su tramitación en el Parlamento Europeo y en el Consejo de la UE, por lo que todavía deberá superar el proceso legislativo comunitario. Además, sus disposiciones se aplicarán a las medidas que se adopten una vez entre en vigor, sin afectar a las restricciones aprobadas con anterioridad.
De esta manera, Bruselas no pretende invalidar las políticas que ya han puesto en marcha ciudades y territorios como Barcelona, Chamonix, Baviera o Países Bajos, algunos de los cuales han establecido limitaciones más estrictas que las contempladas en el nuevo marco europeo. Tampoco supone, según fuentes comunitarias, un respaldo automático a esas medidas anteriores.
El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha defendido que Bruselas no pretende prohibir los alquileres turísticos por principio, pero considera necesario actuar allí donde su expansión esté agravando las dificultades para encontrar una vivienda. Según ha explicado, alcaldes, representantes locales, parlamentarios y ministros de distintos países han trasladado a la Comisión durante los últimos meses su preocupación por el impacto de esta actividad sobre los precios.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha destacado que la iniciativa crea por primera vez un marco europeo de referencia para respaldar a las administraciones que quieran actuar frente a la crisis residencial. El objetivo es ofrecer criterios comunes y compartir recomendaciones y buenas prácticas en materia de vivienda, una demanda que, según Ribera, han planteado responsables municipales de diferentes países y orientaciones políticas.
La propuesta constituye además el segundo paquete de medidas impulsado por Bruselas para afrontar el problema de la vivienda. El año pasado, la Comisión ya flexibilizó el uso de determinados fondos europeos para facilitar que los Estados y las administraciones pudieran dedicar más recursos a políticas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda.
El nuevo reglamento establece también las condiciones que deberían cumplirse para declarar una determinada zona como tensionada y poder aplicar restricciones. Uno de los principales criterios establece que el precio medio de una vivienda debe representar al menos ocho años de la renta disponible por habitante de esa zona. Además, esta relación entre precios inmobiliarios e ingresos debe haber aumentado durante los diez años anteriores.
Bruselas contempla, no obstante, una vía alternativa cuando el desequilibrio sea especialmente elevado. En estos casos, una zona podría quedar incluida en el marco europeo cuando el precio medio de la vivienda alcance o supere diez veces la renta disponible per cápita, sin necesidad de cumplir el resto de criterios. Estos indicadores deberán revisarse cada cinco años. Además, las autoridades que quieran aplicar el nuevo marco tendrán que justificar que la situación de tensión difícilmente se corregirá por sí sola durante los tres años siguientes. Para ello deberán apoyarse en datos sobre la evolución demográfica y en el comportamiento de la oferta y la demanda de vivienda.
Con esta propuesta, Bruselas busca establecer unas reglas comunes que permitan a los gobiernos y ayuntamientos intervenir en los mercados residenciales cuando exista un desequilibrio significativo, al tiempo que pretende reducir la inseguridad jurídica que ha acompañado a algunas de las restricciones aprobadas hasta ahora.
La geopolítica se ha convertido también en un factor determinante para las decisiones económicas que se adoptan en Bruselas. Una muestra de ello es la nueva regulación planteada por la Comisión Europea para favorecer los productos y servicios fabricados en Europa en los procesos de contratación pública, especialmente en sectores considerados estratégicos, como la energía, el transporte o el agua. La iniciativa persigue un doble objetivo: reforzar la posición de las empresas europeas frente a la competencia internacional y, sobre todo, mejorar la seguridad económica de la Unión reduciendo su dependencia de potencias como China.
La propuesta permitiría a las administraciones públicas, tanto nacionales como regionales y locales, introducir ventajas en los concursos para las ofertas procedentes de empresas europeas. También contempla la posibilidad de excluir a compañías de terceros países que no ofrezcan condiciones equivalentes a las empresas comunitarias. Las medidas se centran especialmente en ámbitos considerados críticos, entre ellos la energía, la sanidad, el agua, el transporte, la construcción naval, el material ferroviario y las industrias relacionadas con productos de doble uso, tanto civil como militar.
En principio, los Estados miembros no estarían obligados a aplicar estas restricciones, aunque la propuesta abre la posibilidad de utilizarlas. Además, la Comisión Europea se reserva la capacidad de plantear al Consejo de la UE que determinadas disposiciones pasen a tener carácter obligatorio. La iniciativa sigue una línea similar a la del reglamento de aceleración industrial presentado meses atrás y supone un nuevo paso hacia una política económica europea más orientada a proteger sus capacidades estratégicas.
El reglamento establece como referencia los denominados países cubiertos, entre los que se encuentran aquellos que han suscrito con la Unión Europea acuerdos comerciales que incluyen disposiciones sobre contratación pública, así como los Estados adheridos al acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en esta materia. En este último grupo figuran los 27 países de la UE y otros Estados como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Australia o Suiza.
El objetivo es aplicar el principio de reciprocidad, de modo que las empresas europeas reciban un trato equivalente al que obtienen las compañías de aquellos países que permiten a las empresas comunitarias acceder a sus concursos públicos. Sin embargo, el aumento de las políticas proteccionistas a escala internacional ha llevado a Bruselas a contemplar también la posibilidad de retirar esta consideración a aquellos países que no respeten efectivamente ese principio de reciprocidad.
La propuesta también modifica el peso que tendrán los distintos criterios en los concursos públicos. El planteamiento establece que al menos un 30% de la valoración corresponda a criterios de calidad, aunque este porcentaje podría elevarse hasta el 50%. Desde Bruselas señalan que numerosos concursos ya aplican actualmente criterios similares, por lo que la novedad no radicaría tanto en introducir una práctica completamente nueva como en dotarla de una mayor seguridad jurídica. Con ello se pretende proteger a las administraciones que recurran a estos criterios frente a posibles impugnaciones o litigios.
Aunque China no aparece mencionada expresamente en el texto, el diseño de la regulación dificulta su acceso al mercado europeo de contratación pública. La razón es que, pese a formar parte de la OMC, el país asiático no ha firmado el acuerdo específico sobre contratación pública y tampoco dispone de un acuerdo bilateral con la Unión Europea en este ámbito. Por tanto, las nuevas reglas podrían afectar especialmente a las empresas chinas sin necesidad de identificarlas directamente.
La contratación pública representa una herramienta de gran relevancia dentro de la política económica, ya que permite a las administraciones actuar directamente sobre los mercados mediante sus decisiones de compra e inversión. La propia Comisión Europea destaca el peso de esta actividad, que representa aproximadamente el 15% del PIB comunitario, con un volumen cercano a los 2,6 billones de euros.
De este modo, Bruselas pretende utilizar una parte significativa de ese poder de compra para impulsar objetivos económicos y estratégicos más amplios, como el fortalecimiento de una economía europea competitiva, resistente y sostenible, al tiempo que reduce las dependencias externas en sectores considerados esenciales para la seguridad económica de la Unión.
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