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(Expansión, 21-07-2026) | Fiscal

¿Cuánto se lleva cada jugador de España por ganar el Mundial y qué parte se queda Hacienda?

La conquista del Mundial por parte de la Selección Española no solo supone un éxito deportivo, sino también una importante recompensa económica para sus jugadores. No obstante, el importe que reciban estará sujeto a una tributación diferente en función de la residencia fiscal de cada futbolista, con tipos impositivos que, en España, pueden situarse entre el 45% y el 50%, e incluso superar ese porcentaje en algunos territorios. Para esta edición del torneo, la FIFA elevó la dotación destinada al campeón hasta los 50 millones de dólares, ocho millones más que en el anterior Mundial. Según el reparto previsto por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el 45% de esa cantidad corresponde a los jugadores, lo que supone una prima de aproximadamente 865.000 euros brutos para cada integrante de la plantilla. Según explica Íñigo Abrego, especialista en fiscalidad deportiva de PKF Attest, estas cantidades pueden estar sujetas a impuestos tanto en el país donde reside el jugador como en el país en el que se desarrolla la competición. Esta posibilidad está contemplada en los convenios para evitar la doble imposición suscritos por España con países como Estados Unidos o México. Una vez determinado que el país donde se disputa el torneo tiene derecho a gravar parte de esos ingresos, el siguiente paso consiste en calcular qué porcentaje de la prima se ha generado en cada territorio. Para ello pueden utilizarse distintos criterios, como el número de partidos disputados en cada país o los días de permanencia de los jugadores en cada uno de ellos. También resulta necesario analizar si la legislación interna de esos Estados contempla exenciones o tratamientos fiscales específicos para los deportistas participantes. México, por ejemplo, prevé determinadas exenciones para jugadores procedentes de países con convenio de doble imposición, mientras que Estados Unidos ha establecido algunas exoneraciones parciales en las retenciones. En cualquier caso, si un futbolista residente en España paga impuestos en Estados Unidos por esa parte de la renta, podrá descontarlos posteriormente en su declaración del IRPF mediante la deducción por doble imposición internacional, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el convenio entre ambos países. En el caso de los jugadores con residencia fiscal en España, estas primas tributan como rendimientos del trabajo dentro del IRPF, sin ningún régimen fiscal especial. Dado que los salarios habituales de los futbolistas de élite ya se sitúan en los tramos más altos del impuesto, la totalidad del premio se integra en la base general y queda sujeta al tipo marginal máximo correspondiente a la comunidad autónoma de residencia. Las diferencias entre territorios hacen que la factura fiscal varíe de forma significativa. En Cataluña, donde residen jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Eric García y Joan García, el tipo marginal ronda el 50%, por lo que cada futbolista abonaría alrededor de 432.500 euros en impuestos y conservaría una cantidad similar en términos netos. En la Comunidad de Madrid, donde tributan futbolistas como Marcos Llorente, Álex Baena y Marc Pubill, el tipo máximo se sitúa en torno al 45%. En este caso, la carga fiscal sería de unos 389.250 euros por jugador, dejando un importe neto cercano a los 476.000 euros, unos 43.000 euros más que en Cataluña. Los jugadores con residencia en el País Vasco, como Unai Simón, Aymeric Laporte y Mikel Oyarzabal, están sometidos a las haciendas forales, donde el tipo máximo ronda el 49%, mientras que en Galicia, donde tributa Borja Iglesias, la carga fiscal se sitúa entre el 45% y el 47%. En Navarra, el régimen foral permite alcanzar tipos cercanos o superiores al 47% para las rentas más elevadas. La situación cambia para los internacionales que desarrollan su carrera fuera de España y que tienen fijada allí su residencia fiscal. Es el caso de Rodri Hernández, David Raya, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedro Porro, Yéremy Pino y Marc Cucurella, que tributan en el Reino Unido, donde el tipo máximo para las rentas más altas alcanza el 45%. Fabián Ruiz, residente fiscal en Francia por su vinculación al Paris Saint-Germain, soportaría una tributación cercana al 49%, al combinar el tipo máximo del impuesto sobre la renta con el recargo aplicable a los grandes ingresos. Por su parte, Alex Grimaldo, cuya situación fiscal corresponde a Alemania hasta su reciente fichaje por el Atlético de Madrid, afrontaría un gravamen efectivo próximo al 47,5%, al sumar el tipo máximo del impuesto alemán y el recargo de solidaridad.

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(El País, 21-07-2026) | Fiscal

La nueva financiación autonómica promueve una armonización entre comunidades para frenar las rebajas de impuestos

La propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica impulsada por el Gobierno no solo plantea una redistribución de los recursos entre las comunidades autónomas, sino que introduce cambios técnicos que, en la práctica, podrían dificultar las rebajas fiscales aprobadas por los gobiernos regionales. El nuevo modelo incorpora mecanismos que incrementan el coste de aplicar reducciones tributarias, lo que supone un incentivo para mantener una mayor presión fiscal. Desde hace años, el Ejecutivo ha manifestado su intención de limitar las diferencias tributarias existentes entre comunidades, especialmente en impuestos como sucesiones y donaciones, patrimonio, transmisiones patrimoniales o el tramo autonómico del IRPF. Ante la dificultad de modificar directamente estas competencias, el Ministerio de Hacienda ha optado por introducir cambios en el funcionamiento del sistema de financiación que afectan al cálculo de la capacidad fiscal de cada territorio. La pieza central de esta reforma es la denominada recaudación normativa, un concepto que no refleja los ingresos reales obtenidos por cada comunidad, sino la recaudación teórica que conseguiría si aplicara íntegramente la normativa estatal, sin bonificaciones, deducciones o rebajas fiscales propias. Esta magnitud sirve como referencia para medir la capacidad económica de cada autonomía y determinar su aportación al fondo común de financiación. La propuesta del Gobierno revisa al alza estos valores teóricos con el objetivo de aproximarlos a lo que considera una estimación más ajustada de la capacidad recaudatoria de cada territorio. Como consecuencia, las comunidades que decidan reducir impuestos deberán seguir contribuyendo al sistema como si hubieran recaudado el importe íntegro previsto, asumiendo con recursos propios la diferencia entre la recaudación efectiva y la teórica. Uno de los cambios más relevantes afecta al IRPF. Hacienda plantea elevar del 50% al 55% el porcentaje del impuesto cedido a las comunidades autónomas. Aunque este incremento amplía formalmente la participación autonómica en el tributo, también aumenta la recaudación normativa utilizada para calcular la capacidad fiscal. De este modo, si una comunidad reduce el tramo autonómico del IRPF, seguirá computando una recaudación teórica equivalente al 55% del impuesto, aunque sus ingresos reales sean inferiores. La misma filosofía se aplica a los impuestos vinculados a la vivienda. En el caso del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), el valor normativo pasaría a calcularse tomando el 100% del valor de las compraventas de viviendas de segunda mano reflejado en escritura pública, frente al 85% utilizado hasta ahora. Para el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), el nuevo sistema elevaría al 100% el importe de las operaciones sobre vivienda nueva y mantendría el cálculo sobre el 160% del valor de las hipotecas constituidas, aplicando posteriormente el tipo impositivo correspondiente. También se modifican los criterios para el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Con el fin de neutralizar el efecto de las elevadas bonificaciones existentes en algunas comunidades, el modelo toma como referencia la recaudación normativa de 1999, la multiplica por tres y la actualiza mediante un indicador vinculado a la evolución de los ingresos tributarios del Estado. Además, la propuesta incorpora plenamente al sistema de financiación tributos que hasta ahora no formaban parte del cálculo de la capacidad fiscal, entre ellos el Impuesto sobre el Patrimonio, el impuesto sobre depósitos en entidades de crédito y diversos impuestos relacionados con el juego y los residuos. En el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, la recaudación teórica se computará con independencia de que una comunidad haya decidido bonificarlo total o parcialmente. Esto implica que aquellas autonomías que mantengan exenciones o bonificaciones deberán aportar al sistema como si hubieran recaudado el impuesto en su totalidad. Pese al alcance de la reforma, sus posibilidades de salir adelante son reducidas por el momento. El proyecto no cuenta con una mayoría política suficiente, ya que las comunidades gobernadas por el Partido Popular rechazan la propuesta y la mayoría de los ejecutivos autonómicos del PSOE también han expresado reservas, con la excepción de Cataluña. Las autonomías volverán a analizar el texto en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para el 29 de julio, mientras continúan las críticas por el hecho de que el esquema se negociara inicialmente de forma bilateral con la Generalitat antes de trasladarse al resto de territorios. A ello se suma la falta de apoyo parlamentario, ya que, además de la oposición, Junts tampoco ha confirmado su respaldo al nuevo modelo.

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(El Economista, 21-07-2026) | Fiscal

España se sitúa a la cabeza de los países de la UE con el mayor aumento de la presión fiscal de la última década

España es el país de la Unión Europea que más ha incrementado su presión fiscal durante la última década, según el Informe Anual sobre Fiscalidad 2026. En comparación con 2015, la carga tributaria ha aumentado cerca de tres puntos porcentuales, impulsada principalmente por el crecimiento de la recaudación del IRPF y de las cotizaciones sociales, mientras que los ingresos procedentes del IVA y de los impuestos medioambientales continúan situándose por debajo de la media comunitaria. El estudio destaca que, al comparar los periodos 2015-2019 y 2020-2024, España registra el mayor incremento de ingresos tributarios en relación con el Producto Interior Bruto (PIB), con una subida de 2,9 puntos porcentuales. Le siguen Lituania, con un aumento de 2,3 puntos, y Luxemburgo, con 2,2 puntos. Otros países como Polonia, Chipre, Eslovaquia y Letonia también han registrado incrementos superiores a un punto porcentual del PIB. En cambio, Malta y Hungría presentan los mayores descensos de presión fiscal, mientras que Bélgica, Irlanda, Suecia y Francia también han reducido este indicador durante el mismo periodo. La Comisión Europea atribuye alrededor del 90% del incremento registrado en España al aumento de la tributación sobre el trabajo. En su análisis por países, publicado el pasado mes de junio, Bruselas señalaba que el crecimiento de los ingresos derivados del IRPF y de las cotizaciones sociales explica prácticamente toda la subida de la presión fiscal, reflejando una mayor dependencia de los impuestos vinculados al empleo. El informe identifica a España como uno de los países donde la estructura tributaria ha evolucionado hacia un mayor peso de la fiscalidad sobre el trabajo, favorecida por la congelación de los tramos del IRPF y el incremento de las cotizaciones sociales. Actualmente, los impuestos relacionados con el trabajo representan el 51,8% de la recaudación fiscal, frente al 48,7% registrado hace una década. No obstante, la presión fiscal sobre el trabajo continúa siendo inferior a la media europea, al situarse en el 19% del PIB, frente al 20,3% del conjunto de la Unión Europea. El documento también señala que España y Chipre constituyen los ejemplos más representativos de un modelo en el que aumenta la tributación sobre el trabajo y el capital, mientras disminuye el peso de los impuestos sobre el consumo. En este sentido, la Comisión Europea ha recomendado revisar los beneficios fiscales asociados al IVA, al considerar que España presenta una de las mayores brechas de recaudación del impuesto dentro de la UE. Bruselas pone el foco especialmente en sectores como la hostelería y los servicios de alojamiento, que se benefician de tipos reducidos de IVA. Según el Ejecutivo comunitario, estas ventajas fiscales tienen un elevado coste para las cuentas públicas y un efecto limitado desde el punto de vista redistributivo. En cuanto a la imposición sobre el consumo, el informe refleja que este indicador ha descendido en 15 Estados miembros desde 2014 y, en el conjunto de la Unión Europea, se sitúa en el 16,5% en 2024, una décima más que el año anterior. Los mayores niveles corresponden a Croacia, con un 22,4%, y Dinamarca, con un 22,2%, mientras que España ocupa una de las últimas posiciones con un 13,6%, solo por delante de Malta y Alemania. Respecto a la fiscalidad patrimonial, el informe destaca la diversidad de modelos existentes entre los Estados miembros y subraya que únicamente un país mantiene actualmente un impuesto general sobre el patrimonio. En materia de impuestos medioambientales, la Comisión considera que España dispone de margen para incrementar su recaudación. Actualmente, estos tributos representan el 1,6% del PIB, frente al 2,1% de media en la Unión Europea. Grecia encabeza la clasificación con un 3,6%, mientras que Irlanda registra el porcentaje más reducido, con un 1%. Por último, el estudio señala que los impuestos sobre sucesiones y donaciones han ganado relevancia dentro de la fiscalidad patrimonial europea y representaron el 15% de los ingresos obtenidos por este tipo de tributos en 2024. Sin embargo, únicamente trece Estados miembros obtienen por esta vía ingresos superiores al 0,1% de su recaudación fiscal total, destacando Francia y Finlandia como los países donde este impuesto tiene un mayor peso.

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(El Economista, 21-07-2026) | Fiscal

Un tribunal tumba una liquidación de Hacienda a un particular por notificársela por medios electrónicos

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha anulado una liquidación practicada por la Agencia Tributaria al considerar que la notificación se realizó de forma incorrecta al utilizar medios electrónicos con una contribuyente que no estaba obligada a relacionarse telemáticamente con la Administración. La resolución, fechada el 23 de junio, analiza el caso de una particular a la que Hacienda inició un procedimiento de comprobación el 13 de junio de 2022 por la ganancia patrimonial obtenida tras la venta de una vivienda situada en Madrid. La Ley General Tributaria establece que este tipo de procedimientos caducan a los seis meses, por lo que la Administración debe notificar la resolución dentro de ese plazo para que el procedimiento siga siendo válido. En este caso, la Agencia Tributaria puso a disposición de la contribuyente la liquidación, que ascendía a 13.700 euros, mediante la dirección electrónica habilitada el 24 de noviembre de 2022. Posteriormente realizó un segundo intento de notificación por la misma vía el 27 de febrero de 2023 y, finalmente, remitió la resolución por correo postal el 6 de marzo de 2023. El TEAC recuerda que el artículo 104 de la Ley General Tributaria considera suficiente que la Administración acredite un intento de notificación realizado dentro del plazo legal para entender cumplida su obligación. En el caso de quienes están obligados a relacionarse electrónicamente con Hacienda, basta con que la notificación se ponga a disposición del interesado en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada. Sin embargo, este criterio solo resulta aplicable a los contribuyentes obligados a utilizar medios electrónicos, como las personas jurídicas o determinados contribuyentes con características específicas. La afectada era una persona física que no tenía esa obligación y tampoco había manifestado su adhesión voluntaria al sistema de notificaciones electrónicas. Además, el tribunal destaca que no consta que la contribuyente accediera al contenido de las notificaciones electrónicas remitidas por la Administración, por lo que no pueden considerarse válidamente practicadas. En consecuencia, el TEAC concluye que la notificación efectuada el 24 de noviembre de 2022 no interrumpió el plazo máximo del procedimiento. Dado que las posteriores comunicaciones se realizaron una vez transcurridos los seis meses legalmente previstos, declara la caducidad del procedimiento y anula la liquidación tributaria impugnada.

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(Expansión, 21-07-2026) | Laboral

Las empresas deberán informar a sus empleados de vacantes que mejoren sus condiciones o podrían ser multadas

El Estatuto de los Trabajadores garantiza que las empresas informen a determinados empleados sobre las vacantes disponibles cuando estas puedan suponer una mejora de sus condiciones laborales. Esta obligación está regulada, principalmente, en los artículos 15 y 12 de la norma. El artículo 15, dedicado a la duración del contrato de trabajo, establece en su apartado séptimo que las empresas deben comunicar a los trabajadores con contratos temporales, de duración determinada o formativos la existencia de puestos vacantes que permitan acceder a un empleo estable. El objetivo es que estos empleados puedan optar a contratos indefinidos en igualdad de condiciones que el resto de la plantilla. La información sobre estas vacantes debe difundirse mediante un anuncio público en un lugar accesible del centro de trabajo o a través de los procedimientos que establezca la negociación colectiva. Asimismo, la empresa está obligada a informar de estas oportunidades a la representación legal de los trabajadores, aunque no sea necesario entregar una copia básica de la comunicación. Esta regulación impide que las empresas excluyan a los trabajadores temporales o con contratos formativos de los procesos para cubrir puestos indefinidos. De este modo, se garantiza que todos los empleados tengan las mismas posibilidades de acceder a una mejora de sus condiciones laborales. Por otro lado, el artículo 12.4.d) del Estatuto de los Trabajadores protege específicamente a quienes prestan servicios a tiempo parcial. Este precepto reconoce que estos empleados deben disfrutar de los mismos derechos que quienes trabajan a jornada completa, sin que puedan sufrir un trato discriminatorio por razón de su modalidad de contratación. La norma añade que estos derechos deberán aplicarse conforme a la legislación vigente, la normativa reglamentaria y los convenios colectivos, respetando el principio de proporcionalidad cuando proceda, como ocurre con el salario en función del tiempo trabajado. Además, se garantiza expresamente la ausencia de cualquier discriminación, tanto directa como indirecta, entre hombres y mujeres.

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(El Confidencial, 21-07-2026) | Laboral

La AIReF y el Banco de España están preocupados por el desajuste entre salarios y productividad

España continúa registrando una inflación superior a la media de la zona euro. Mientras el Índice de Precios de Consumo (IPC) se sitúa en el 3,6%, el promedio de la eurozona alcanza el 2,8%. Según distintos análisis, si no se hubieran aplicado las rebajas fiscales destinadas a contener el encarecimiento de los precios, la inflación habría ascendido hasta el 4,4% en junio, una de las tasas más elevadas del área del euro, únicamente por detrás de Chipre. Este comportamiento de los precios se produce en un contexto de fuerte crecimiento económico. La economía española acumula varios años expandiéndose a un ritmo superior al del conjunto de la eurozona. Sin embargo, tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierten de la evolución de los costes laborales unitarios (CLU), un indicador que relaciona el coste salarial necesario para producir una unidad de bienes o servicios y que depende tanto de la evolución de los salarios como de la productividad. La AIReF señala que los costes laborales unitarios nominales están aumentando en un escenario caracterizado por incrementos moderados de los salarios reales y por un estancamiento de la productividad. Según sus previsiones, este indicador continuará creciendo un 3,1% este año y un 3,3% el próximo. El organismo también prevé que la productividad mantenga una evolución muy limitada durante los próximos ejercicios y que las mejoras de los salarios reales sigan siendo moderadas. En consecuencia, considera que la elevada inflación limita el avance del poder adquisitivo de los trabajadores, ya que las subidas salariales no compensan plenamente el aumento del coste de la vida. Además, la AIReF advierte de que España ha experimentado una pérdida de competitividad en términos de precios frente al conjunto de la eurozona, especialmente en la industria manufacturera, como consecuencia del incremento de los costes laborales unitarios. Desde el inicio de la pandemia, la productividad por trabajador ocupado ha evolucionado de forma dispar entre España y la eurozona. Mientras en el conjunto del área del euro ha aumentado un 0,6%, en España ha retrocedido un 0,8%, según los datos citados por la institución. Entre los factores que explican este comportamiento figura el aumento del absentismo laboral asociado a las bajas médicas. Aunque la productividad por hora trabajada ha mostrado cierta mejora, el elevado número de horas no trabajadas ha reducido la productividad por empleado. Durante el último año, más de un millón de personas dejaron de acudir diariamente a su puesto de trabajo por encontrarse en situación de incapacidad temporal, lo que equivale aproximadamente al 4,6% de la población ocupada, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El Banco de España también ha alertado en informes recientes del mayor crecimiento de los costes laborales unitarios respecto al conjunto de la eurozona. La institución considera que el mercado laboral presenta señales de creciente tensión. Aunque España mantiene una tasa de desempleo superior al 10%, algunas empresas comienzan a encontrar dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo. Según el supervisor, la relación entre personas desempleadas y vacantes disponibles ha disminuido de forma significativa. Si en 2020 existían unas 77 personas desempleadas por cada puesto vacante, actualmente la cifra se sitúa en torno a 33, sin que se observen signos de moderación. Además, una parte importante de los desempleados corresponde a parados de larga duración cuyas características personales o profesionales dificultan su incorporación al mercado laboral. Esta escasez de mano de obra obliga a numerosas empresas a ofrecer mejores condiciones salariales para atraer trabajadores. No obstante, tanto el Banco de España como la AIReF advierten de que los incrementos salariales que no vayan acompañados de mejoras de la productividad pueden traducirse en una pérdida de competitividad para la economía. Pese a ello, la AIReF señala que España todavía mantiene una posición sólida en los mercados internacionales y no ha registrado una pérdida significativa de cuota en las exportaciones. El organismo recuerda que las ganancias de competitividad obtenidas durante los años posteriores a la anterior crisis económica proporcionan cierto margen para mejorar las retribuciones. Sin embargo, considera que, mientras la inflación española continúe situándose por encima de la media europea, una parte importante de esas subidas salariales difícilmente se traducirá en una mejora efectiva del poder adquisitivo y sí podría afectar a la competitividad de la economía a medio plazo.

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(El Periódico, 21-07-2026) | Laboral

Seguridad Social digitaliza sus comunicaciones: la vía electrónica será la primera opción para notificar bajas e incapacidades desde septiembre

La Seguridad Social continúa avanzando en la digitalización de sus procedimientos administrativos con el objetivo de facilitar la realización de trámites por vía telemática. En los últimos años, la mayoría de las gestiones ya pueden efectuarse a través de herramientas como Cl@ve o el certificado electrónico, evitando en muchos casos la necesidad de acudir presencialmente a una oficina. Un nuevo paso en este proceso llegará el 1 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha, las personas que soliciten una prestación por incapacidad temporal, una incapacidad permanente o una indemnización por lesión permanente no incapacitante recibirán las comunicaciones de la Seguridad Social, con carácter preferente, por medios electrónicos. De este modo, la vía digital pasará a ser el canal principal para estas notificaciones. Los ciudadanos podrán consultar las resoluciones a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social y, además, recibir avisos mediante correo electrónico o mensajes SMS, de acuerdo con los datos de contacto que hayan facilitado. No obstante, este cambio no supone la desaparición de las comunicaciones en papel. La Administración mantendrá ambos sistemas, aunque en determinados procedimientos dará prioridad a las notificaciones electrónicas, al considerar que un número creciente de ciudadanos dispone de los medios necesarios para acceder a este tipo de comunicaciones. Para quienes necesiten ayuda con el uso de las herramientas digitales, la Seguridad Social seguirá ofreciendo atención presencial en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), donde los usuarios podrán recibir asistencia para utilizar los servicios electrónicos sin dejar de contar, cuando proceda, con los canales tradicionales de comunicación.

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(El Economista, 21-07-2026) | Laboral

El paro registrado rompe la "maldición" de 2008 a costa de sumar 570.000 personas con trabajo a las listas del SEPE

Aunque el paro registrado en España descendió en junio por debajo de los 2,3 millones de personas por primera vez desde 2008, las estadísticas del mercado laboral reflejan una realidad más compleja. Junto a la reducción del número oficial de desempleados, ha aumentado de forma significativa el colectivo de personas inscritas como demandantes de empleo pese a mantener una relación laboral o disponer de un puesto de trabajo. En junio, el número de demandantes de empleo con trabajo alcanzó los 1,25 millones de personas, el nivel más elevado de la serie histórica si se excluyen los años de la pandemia, marcados por la aplicación extraordinaria de los ERTE. Esta cifra supone un incremento del 83% respecto a junio de 2008. Además, la composición de este colectivo ha cambiado de forma notable. Mientras los denominados demandantes ocupados -trabajadores que mantienen un empleo pero buscan otro- han disminuido, el fuerte crecimiento se concentra en los demandantes con relación laboral, categoría en la que se incluyen, entre otros, los trabajadores con contrato fijo discontinuo. Este grupo ha pasado de 114.044 personas en 2008 a 801.441 en junio de 2026, lo que supone multiplicar por siete su volumen. En conjunto, el primer semestre del año concluyó con 4,15 millones de demandantes de empleo inscritos en las oficinas públicas, casi 660.000 más que antes de la crisis financiera de 2008. Durante ese periodo, el paro registrado se ha reducido únicamente en unas 98.000 personas, mientras que los demandantes ocupados han descendido en más de 118.000. El aumento total de inscritos se explica, principalmente, por el crecimiento de quienes mantienen una relación laboral y por el incremento de los denominados demandantes no ocupados (DENOS), un colectivo que no figura como parado registrado. Estos últimos suman actualmente 607.723 personas, alrededor de un 45% más que hace dieciocho años. Como consecuencia de esta evolución, la estructura de la demanda de empleo ha cambiado de forma significativa. Actualmente, el 45% de las personas inscritas en los servicios públicos de empleo no se contabilizan como parados registrados, frente al 34% existente en 2008 y al 31% previo a la entrada en vigor de la última reforma laboral. La divergencia entre ambas estadísticas se ha intensificado durante los últimos años. Desde junio de 2023, el paro registrado se ha reducido en cerca de 397.000 personas, mientras que el número de demandantes que no forman parte de esa categoría ha aumentado en más de 279.000. El Ministerio de Trabajo sostiene que esta evolución responde a una mayor utilización de los servicios públicos de empleo por parte de personas que, aunque no cumplen los requisitos para ser consideradas desempleadas, buscan mejorar su situación laboral, cambiar de empleo, acceder a ofertas específicas o participan en acciones formativas que mantienen suspendida su demanda. Sin embargo, numerosos analistas consideran que el crecimiento de los demandantes con relación laboral está estrechamente vinculado a la reforma laboral aprobada en 2022. La norma impulsó el uso del contrato fijo discontinuo, una modalidad que permite alternar periodos de actividad e inactividad sin extinguir la relación laboral. Durante esos periodos sin actividad, muchos trabajadores permanecen inscritos como demandantes de empleo. El debate se ha visto alimentado por la falta de información detallada sobre este colectivo. El Ministerio de Trabajo no publica cuántos de los demandantes con relación laboral corresponden a trabajadores fijos discontinuos inactivos y cuántos mantienen activa su inscripción por otros motivos. Además, dejó de difundirse la estadística específica que permitía conocer esta distribución. Esta falta de transparencia continúa alimentando las dudas sobre el verdadero alcance de la mejora del mercado laboral reflejada en las cifras oficiales. Aunque el descenso del paro registrado es evidente, la evolución paralela del número de demandantes de empleo con contrato en vigor y de otros colectivos que no computan como desempleados mantiene abierto el debate sobre la interpretación de las estadísticas laborales publicadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

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(Cinco Días, 21-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Argelia y España sellan un acuerdo para exportar un 15% más de gas tras el fin de la crisis diplomática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alcanzado en Argel un acuerdo político destinado a reforzar el suministro de gas procedente de Argelia, tanto a través del gasoducto Medgaz como mediante cargamentos de gas natural licuado (GNL) transportados por vía marítima. El objetivo es incrementar en torno a un 15% las importaciones desde el país norteafricano, lo que supondría unos 20.000 gigavatios hora adicionales al año y consolidaría a Argelia como el principal proveedor de gas de España. La visita oficial, realizada apenas unas horas después de la final del Mundial de fútbol celebrada en Nueva York, simboliza además la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países tras varios años de tensiones. La crisis se originó en 2022, cuando España respaldó la propuesta marroquí sobre el Sáhara Occidental, rompiendo la tradicional posición de neutralidad. Aunque el Ejecutivo asegura que no ha modificado su postura ni ha realizado concesiones sobre esta cuestión, el acercamiento diplomático se ha intensificado desde la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a Argelia. El refuerzo de la cooperación energética cobra especial relevancia ante el nuevo escenario europeo. La Comisión Europea ha confirmado que, a partir del 1 de enero de 2027, quedará prohibida la compra de gas ruso, una decisión que obligará a los Estados miembros a buscar proveedores alternativos. Esta medida afecta especialmente a España y, en particular, a Naturgy, que mantiene un contrato de suministro a largo plazo con Rusia y deberá poner fin a ese acuerdo para cumplir con las sanciones comunitarias. Según los últimos datos de Enagás, alrededor del 20% del gas consumido en España sigue teniendo origen ruso, por lo que será necesario sustituir ese volumen antes del próximo invierno. El contexto internacional añade dificultades a esta transición. La guerra en Oriente Próximo ha reducido la oferta global de gas, mientras que el tránsito de buques metaneros por el estrecho de Ormuz se ha visto afectado por las tensiones en la región. Además, Qatar, uno de los principales exportadores mundiales de gas natural licuado, ha anunciado el retraso de parte de su nueva capacidad de producción debido a los daños sufridos en instalaciones energéticas como consecuencia del conflicto. Ante este escenario, el Gobierno español ha viajado a Argelia acompañado por representantes de las principales compañías energéticas del país, entre ellas Repsol, Moeve y Enagás. Aunque el presidente de Naturgy tenía previsto participar en la delegación, finalmente no pudo asistir por motivos logísticos. En esta primera fase, las conversaciones se han desarrollado principalmente en el plano institucional, con el objetivo de sentar las bases para futuros acuerdos comerciales. Fuentes del sector estiman que la finalización del contrato de Naturgy con Rusia supondrá la pérdida de unos tres mil millones de metros cúbicos de gas al año. La intención es compensar buena parte de ese volumen mediante un incremento de aproximadamente dos mil millones de metros cúbicos procedentes de Argelia: la mitad a través del gasoducto Medgaz y la otra mitad mediante envíos marítimos de gas natural licuado. Como parte del proceso de normalización bilateral, ambos gobiernos han acordado celebrar una cumbre entre España y Argelia el próximo mes de octubre, un encuentro de este nivel que no tenía lugar desde 2018. Tras esa cita, se espera que las empresas españolas puedan iniciar negociaciones más detalladas con Sonatrach, la compañía energética estatal argelina, para concretar el aumento de las compras de gas. No obstante, desde el sector energético advierten de que este incremento del suministro argelino podría no ser suficiente para cubrir completamente el vacío que dejará el gas ruso. La combinación de menores suministros internacionales y una elevada demanda mantiene la preocupación sobre la evolución de los precios energéticos durante los próximos meses. El Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado que, en las reuniones mantenidas con las autoridades argelinas, se puso de manifiesto la necesidad de reforzar la cooperación con socios estratégicos como Argelia en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas. En la misma línea, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, destacó que esta nueva etapa abre oportunidades para las empresas españolas, con la energía como uno de los principales ejes de colaboración. Mientras tanto, parte del sector empresarial mantiene la esperanza de que la Unión Europea reconsidere algunas de las sanciones energéticas previstas, ante el posible impacto que podrían tener sobre los precios y el coste de la energía para hogares y empresas. Sin embargo, las instituciones comunitarias mantienen, por el momento, su compromiso de reforzar la presión económica sobre Rusia mientras continúa la guerra en Ucrania.

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(Expansión, 21-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los expertos sostienen que la economía española crecerá este año entre un 2% y un 2,5% a pesar de la guerra en Oriente Próximo

El dinamismo de la demanda interna y la llegada de los últimos recursos procedentes de los fondos europeos Next Generation permitirán que la economía española mantenga un crecimiento sólido durante este año, pese al aumento de la incertidumbre internacional derivada del conflicto en Oriente Próximo, agravado recientemente tras el fin de la tregua entre Irán y Estados Unidos. Así lo recoge el último Pulso Económico Trimestral elaborado por EY Insights, que cuenta con la participación de un amplio grupo de economistas, entre ellos Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank; Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, y Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE). El informe estima que el PIB español crecerá entre un 2% y un 2,5% este año, reflejando la capacidad de la economía para absorber el impacto de factores adversos, como el encarecimiento de la energía y de otras materias primas provocado por el cierre del estrecho de Ormuz. Los expertos consideran que los fondos europeos continúan siendo uno de los principales pilares del crecimiento económico. En este sentido, el Gobierno deberá completar antes de agosto todos los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para poder acceder al séptimo y último desembolso del programa antes de finalizar el ejercicio. No obstante, la atención ya se dirige hacia 2027, primer año en el que España dejará de recibir estos recursos extraordinarios impulsados tras la pandemia. Los analistas advierten de que la ausencia de estas ayudas podría ralentizar el crecimiento económico, incluso aunque el Ejecutivo impulse unos Presupuestos Generales del Estado con un techo de gasto récord de 226.000 millones de euros. El informe también destaca el papel de la demanda interna como uno de los principales motores de la actividad económica. En conjunto, dibuja el escenario de una economía que mantiene fortalezas en sus fundamentos internos, aunque cada vez más condicionada por un entorno internacional e institucional complejo. Entre los principales riesgos externos, el panel de expertos identifica la evolución de la situación geopolítica, el comportamiento del comercio internacional y la política comercial de Estados Unidos. En el ámbito nacional, subraya la fragmentación parlamentaria y la inestabilidad política como los factores que generan mayor inquietud, hasta el punto de que el 75% de los analistas considera que tienen un impacto negativo o muy negativo sobre la economía española. El estudio dedica además un apartado específico a la relación económica entre la Unión Europea y China en el nuevo contexto comercial internacional marcado por la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump. En este ámbito, los expertos defienden que la Unión Europea debe reforzar su competitividad y avanzar hacia una mayor autonomía estratégica. La estrategia que recibe mayor respaldo combina una política industrial europea más activa con mecanismos selectivos de defensa comercial frente a prácticas como los subsidios, la sobrecapacidad productiva, la dependencia estratégica o la competencia desleal. Esta opción obtiene una valoración de 7,93 puntos sobre 10, mientras que el impulso de una política industrial coordinada para reducir la dependencia de China alcanza 7,73 puntos. Por el contrario, los analistas muestran un apoyo significativamente menor tanto a una estrategia basada únicamente en el diálogo y la cooperación con China como a un endurecimiento generalizado de las medidas comerciales. En conjunto, el informe apuesta por una posición equilibrada que permita reforzar la autonomía económica europea sin renunciar a mantener una relación comercial abierta con el gigante asiático.

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