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(Expansión, 02-06-2026) | Fiscal

La factura fiscal de luz y gas aumenta este mes en 300 millones al concluir las ayudas por la guerra

La carga fiscal sobre la electricidad y el gas natural aumentó de forma repentina ayer en torno a 300 millones de euros. Esa es la estimación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre los ingresos extra que obtendrá Hacienda este mes tras la desaparición de parte de las rebajas fiscales aplicadas a la energía, medidas que el Gobierno había puesto en marcha para amortiguar las consecuencias de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. A pesar de las peticiones de sindicatos, oposición e incluso del socio minoritario del Ejecutivo, el Gobierno no ha frenado por ahora la retirada automática de parte de estas ayudas, que estaban condicionadas a la evolución de la inflación. Las rebajas vinculadas a los carburantes, no obstante, seguirán vigentes hasta finales de junio. El Real Decreto-ley aprobado el pasado 20 de marzo para responder al impacto económico del conflicto en Oriente Próximo movilizaba cerca de 5.000 millones de euros y fue ratificado por el Parlamento una semana más tarde. El plan contemplaba unos 3.000 millones en ayudas directas para los sectores más afectados y más de 2.000 millones en rebajas fiscales para los consumidores, inicialmente previstas hasta el 30 de junio. Solo durante los últimos diez días de marzo, la Agencia Tributaria calculó que estas medidas redujeron la recaudación en 115 millones de euros. Sin embargo, el decreto incluía una cláusula que supeditaba la continuidad de las rebajas fiscales a la evolución de los precios. Si en abril la inflación interanual de la electricidad, el gas o los carburantes se situaba por debajo del 15%, las ayudas fiscales desaparecerían automáticamente. El efecto del propio paquete de medidas y la menor dependencia energética de España respecto a Oriente Próximo contribuyeron a abaratar el gas un 9,6% y la electricidad un 4,3% en ese periodo. Como consecuencia, desde ayer 1 de junio se han revertido de forma automática las rebajas fiscales sobre la energía. El IVA aplicado a la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña pasa del 10% reducido al tipo general del 21%. También vuelve a su nivel habitual el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que deja atrás el tipo reducido del 0,5% para regresar al 5,11%. Desde Endesa advierten de que muchos hogares empezarán a notar el incremento en sus próximas facturas, especialmente aquellos que utilizan tanto electricidad como gas. Según sus cálculos, el aumento podría situarse entre 10 y 20 euros mensuales para una vivienda media, dependiendo del consumo y de la tarifa contratada. En un hogar con un gasto reducido de unos 40 euros al mes en electricidad antes de impuestos, el encarecimiento rondará los 7 euros mensuales; en uno con consumo medio y una factura de 70 euros, el aumento será de unos 12 euros; y en hogares o negocios con facturas de alrededor de 120 euros, el sobrecoste se acercará a los 20 euros al mes. La compañía considera que los consumidores con un mayor uso energético percibirán más claramente el impacto a partir del verano. Mientras tanto, las medidas destinadas a contener el precio de los carburantes seguirán activas durante junio, ya que los precios continúan elevados. Entre ellas figura la reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos hasta los mínimos permitidos por la Unión Europea -4,9 céntimos por litro en el gasóleo y 14,5 céntimos en la gasolina sin plomo-, con un coste estimado de 660 millones de euros, según Airef. También continúa vigente la rebaja del IVA de los combustibles del 21% al 10%, una medida cuestionada por la Comisión Europea y valorada en unos 750 millones. Además, se mantiene la devolución parcial de 20 céntimos por litro para el gasóleo profesional, cuyo coste supera los 1.000 millones de euros. Desde el Ministerio de Economía señalaron ayer que el Gobierno sigue evaluando el impacto económico y social de la guerra en Irán y analiza junto a agentes sociales y sectores afectados la eficacia de las medidas adoptadas, con el objetivo de decidir si continúan o se modifican más allá del 30 de junio, fecha en la que expira el resto del paquete actualmente en vigor. El departamento encabezado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, defiende que estas medidas están sirviendo para preservar el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas. La pasada semana, el ministro presidió una primera reunión con patronal y sindicatos para analizar posibles actuaciones de cara a afrontar un verano marcado por la incertidumbre energética. Según Economía, en las próximas semanas se celebrarán nuevos encuentros con los distintos sectores para estudiar la evolución de la situación y determinar qué nuevas ayudas podrían ser necesarias cuando finalicen las actuales.

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(Expansión, 02-06-2026) | Fiscal

Hacienda recauda un 24% más por la Renta en los dos primeros meses de campaña

Hasta el 1 de junio, más de 3,2 millones de contribuyentes con declaraciones de la Renta a pagar habían ingresado ya más de 5.700 millones de euros en las arcas públicas durante los dos primeros meses de la campaña de 2025, iniciada el pasado 8 de abril. La recaudación obtenida hasta ahora supera en un 23,8% la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior. Aun así, el incremento todavía queda por debajo de las previsiones de la Agencia Tributaria, que espera elevar en esta campaña los ingresos netos por IRPF en torno a un 60%, lo que supondría unos 11.000 millones adicionales. La mayor parte de ese crecimiento previsiblemente llegará a lo largo de junio, ya que muchos contribuyentes con resultado a ingresar suelen esperar hasta las últimas semanas para presentar su declaración. En total, 16,8 millones de personas ya habían formalizado su declaración correspondiente a los ingresos obtenidos el año pasado, lo que representa un aumento del 5,4% respecto al cierre de mayo de 2025. De ellas, 3,2 millones presentaron declaraciones con resultado a pagar, un 7,83% más que el año anterior, mientras que 10,9 millones solicitaron devoluciones, con un crecimiento del 3,8%. La Agencia Tributaria ya ha efectuado 8,2 millones de devoluciones, lo que equivale al 75,5% de las solicitudes presentadas y al 61% del importe total reclamado por los contribuyentes. En paralelo, Hacienda ha comenzado a remitir avisos a ciudadanos en cuyas declaraciones detecta posibles errores o discrepancias para que puedan corregirlos antes de que finalice el periodo voluntario de presentación. Según fuentes de la Agencia Tributaria, ya se han enviado unas 50.000 notificaciones de un total previsto de 130.000 antes del cierre de campaña, fijado para el 30 de junio. El objetivo, según explica el organismo, es fomentar el cumplimiento voluntario y evitar fallos u omisiones que posteriormente puedan derivar en comprobaciones o regularizaciones fiscales. La recepción de estas comunicaciones no obliga a modificar la declaración presentada, ya que tienen carácter meramente informativo. Sin embargo, en los últimos años algunos sectores han criticado esta práctica al considerar que transmite a los contribuyentes la posibilidad de futuras inspecciones si no rectifican los datos inicialmente declarados. En la campaña pasada, unas 45.000 declaraciones fueron corregidas durante el periodo voluntario tras el envío de estas advertencias, lo que representó más de un tercio de las cartas remitidas entre mayo y junio. Entre los colectivos sometidos a una vigilancia especial este año figuran los trabajadores autónomos. Los profesionales por cuenta propia deberán reflejar por primera vez en la declaración de la Renta el resultado de la regularización de cuotas correspondiente a 2023, tras la implantación del nuevo sistema de cotización basado en ingresos reales. De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, alrededor de 1,2 millones de autónomos tendrán que ajustar la deducción aplicada por sus cotizaciones. Aproximadamente 460.000 deberán incorporar devoluciones de cuotas, aumentando así su base imponible, mientras que cerca de 800.000 podrán incrementar la deducción por las cantidades abonadas, reduciendo su base imponible y, en algunos casos, accediendo a un tramo inferior de tributación efectiva en el IRPF.

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(El País, 02-06-2026) | Fiscal

Hacienda arranca la negociación con las CCAA sobre la reforma de financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda ha dado este lunes un nuevo paso en la reforma del sistema de financiación autonómica con la intención de que el proyecto llegue al Congreso después del verano y pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero. El departamento que dirige Arcadi Espada ha enviado una carta a todas las comunidades autónomas de régimen común y a las ciudades autónomas para proponer reuniones inmediatas que permitan cerrar los últimos aspectos pendientes de la negociación. La iniciativa llega después de que el Gobierno presentara en enero una propuesta global que supondría aportar 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades, además de aumentar su participación en los grandes impuestos estatales hasta el 55% del IRPF y el 56% del IVA. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que el secretario de Estado, Jesús Gascón, será el encargado de mantener encuentros bilaterales con las distintas autonomías. Las reuniones podrán celebrarse tanto de manera presencial como telemática, dependiendo de las preferencias de cada administración regional. El Gobierno mantiene además la intención de convocar próximamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un paso considerado imprescindible antes de que el Consejo de Ministros pueda aprobar formalmente la reforma del modelo. La propuesta del Ejecutivo parte de un nuevo cálculo de la llamada población ajustada, el criterio utilizado para distribuir los recursos entre territorios teniendo en cuenta el coste real de prestar servicios públicos. El sistema incorpora variables como la dispersión geográfica, la insularidad o el envejecimiento de la población, factores que elevan el gasto de algunas comunidades. La ministra María Jesús Montero ya defendió en enero que intentó consensuar este modelo con las autonomías, aunque las posiciones quedaron divididas en función de los intereses de cada territorio. El nuevo esquema diseñado por Hacienda concede un peso del 30% a la población empadronada. La denominada población protegida equivalente, vinculada principalmente al gasto sanitario y calculada según los distintos tramos de edad, representa el 38% del modelo. La financiación de la educación primaria, secundaria y de los alumnos desplazados suma un 20,5%, mientras que los servicios sociales destinados a mayores de 65 años y desempleados sin prestación concentran un 8,5%. A estos criterios se añaden otros vinculados a las características territoriales: la superficie tiene un peso del 1,6%; la dispersión de la población, un 0,5%; la insularidad, otro 0,5%; y los costes fijos, un 0,4%. Aunque el núcleo del sistema sigue girando alrededor de los costes sanitarios, educativos y sociales, Hacienda sostiene que el modelo favorece especialmente a las regiones afectadas por la despoblación. Pese a ello, la propuesta ha generado dudas desde su nacimiento, especialmente entre las comunidades gobernadas por el PP y diversos expertos económicos. Uno de los más críticos ha sido Ángel de la Fuente, quien recientemente reconoció que el planteamiento del Gobierno incluye elementos positivos, aunque considera necesario seguir negociando para despejar las incógnitas sobre un posible modelo singular para Cataluña, uno de los puntos de mayor conflicto entre las distintas autonomías.

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(El Economista, 02-06-2026) | Fiscal

La deducción del 20% por elevar fondos propios, principal beneficio para las pymes en el impuesto de Sociedades

El Ministerio de Hacienda ha aprobado el nuevo modelo de declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a 2025, cuya campaña comenzará el próximo 1 de julio. Entre las principales novedades destaca el aumento del incentivo fiscal para las pymes por el refuerzo de fondos propios, que pasa del 15% al 20%. Las empresas que durante el ejercicio anterior hayan destinado beneficios a incrementar sus recursos propios podrán aplicar una deducción del 20% sobre las cantidades reservadas, siempre que la reducción no supere el 20% de la base imponible. En el caso de las micropymes -aquellas con una facturación inferior al millón de euros- el límite se eleva al 25%. Para acceder a este beneficio, será necesario mantener esas reservas durante un periodo mínimo de tres años. Además, la deducción podrá incrementarse si la empresa aumenta su plantilla y mantiene ese crecimiento durante el mismo plazo. En función del incremento del empleo, la deducción puede elevarse al 23% si el aumento de trabajadores se sitúa entre el 2% y el 5%; al 26,5% si está entre el 5% y el 10%; y hasta el 30% si supera ese último umbral. Según explica el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales-Consejo General de Economistas (REAF-CGE), Rubén Gimeno, el objetivo de esta medida es fomentar la autofinanciación empresarial, incentivando que las compañías no distribuyan beneficios y refuercen su capitalización. En su opinión, se trata del principal incentivo fiscal disponible actualmente para las pymes. En paralelo, se introduce una reducción progresiva de los tipos impositivos. Las micropymes tributarán los primeros 50.000 euros al 21% y el exceso al 22%. En 2026, estos tipos bajarán al 19% y al 21%, respectivamente, y en 2027 al 17% y al 20%. Las pymes, por su parte, verán reducido su tipo general por primera vez al 24%, frente al 25% actual. Esta rebaja continuará de forma gradual hasta situarse en el 23% en 2026, el 22% en 2027, el 21% en 2028 y el 20% en 2029. En cuanto a la compensación de bases negativas, los grupos fiscales aplicarán por última vez en 2025 el límite del 50% para deducir pérdidas de sus filiales, salvo que el Gobierno prorrogue la medida. De forma estructural, las grandes empresas seguirán sujetas a restricciones: aquellas con ingresos entre 20 y 60 millones podrán compensar solo el 50% de sus pérdidas, y las que superen los 60 millones, el 25%. Otra novedad es la prórroga de la libertad de amortización para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructuras de recarga, siempre que las inversiones se realicen entre 2024 y 2026. Las grandes compañías y grupos multinacionales con ingresos superiores a 750 millones deberán declarar por primera vez el impuesto mínimo global, que establece un tipo efectivo mínimo del 15% tanto para matrices como para filiales en el extranjero. Hacienda estima una recaudación de unos 1.700 millones de euros anuales por esta figura. También se actualiza la clasificación de actividades económicas, incorporando nuevas categorías vinculadas a la digitalización y la transición tecnológica, como servicios en la nube, comercio electrónico especializado, plataformas digitales, gestión de datos o energías renovables. Asimismo, se refuerza el control sobre las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), que deberán informar obligatoriamente de sus socios, un requisito que hasta ahora era voluntario. El objetivo es mejorar la supervisión de las deducciones aplicadas, especialmente en proyectos de I+D+i, donde Hacienda ha detectado posibles abusos en la declaración de gastos. Por último, se mantienen las deducciones para empresas de nueva creación, que podrán aplicar un tipo reducido del 15% durante el primer año con beneficios y el siguiente. Las startups con menos de cinco años de antigüedad -o siete en sectores como energía, industria o biotecnología- también podrán beneficiarse de este tipo reducido en el primer ejercicio rentable y los tres siguientes. Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro seguirán permitiendo deducciones de hasta el 40% del importe aportado, con un límite del 15% de la base imponible, que se eleva al 45% en caso de aportaciones recurrentes.

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(El Confidencial, 02-06-2026) | Fiscal

Eurostat mejora la métrica del peso del IRPF en el salario y España supera la media de la UE

Desde 2021, los salarios en España han perdido capacidad adquisitiva por una doble razón. Por un lado, las subidas salariales nominales aprobadas en un contexto de fuerte inflación acumulada -cercana al 25%- no han sido suficientes para generar mejoras reales en los ingresos. Por otro, la falta de actualización de los tramos del IRPF conforme al aumento de los precios ha provocado un incremento de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo. Como consecuencia, los trabajadores han visto reducido su poder de compra en términos netos y descontando el efecto de la inflación. Este análisis ha sido respaldado por organismos como la AIReF, la OCDE, el Banco de España y el Banco Central Europeo. Aunque la situación también se ha producido en otros países europeos, en muchos casos el impacto ha sido menor gracias a mayores aumentos salariales reales o a mecanismos de ajuste fiscal que evitan parcialmente el fenómeno conocido como "progresividad en frío", por el cual las subidas salariales destinadas a compensar la inflación terminan desplazando a los trabajadores hacia tramos impositivos superiores. En este contexto, España ha escalado posiciones en los rankings internacionales sobre presión fiscal sobre los salarios. Tanto la OCDE como Eurostat reflejan un incremento de la carga impositiva sobre las rentas del trabajo, aunque utilizando metodologías diferentes. Mientras la OCDE sitúa ya a España prácticamente al nivel de los países de su entorno, Eurostat concluye que la presión fiscal española supera incluso la media comunitaria en más de un punto. La diferencia entre ambas estadísticas se debe principalmente a un cambio metodológico introducido por Eurostat en 2024. Hasta entonces, los cálculos comunitarios utilizaban como referencia los datos de la OCDE, basados en salarios ajustados a equivalencia de jornada completa. El nuevo sistema europeo, apoyado en los datos de Euromod -un modelo desarrollado por el centro de investigación de la Comisión Europea-, utiliza salarios medios reales sin ese ajuste, incorporando el peso efectivo del empleo a tiempo parcial y completo existente en cada país. Según la metodología tradicional de la OCDE, un trabajador soltero y sin hijos que percibió el salario medio en España durante 2025 soportó una carga de IRPF del 17,1%, 1,1 puntos más que el año anterior y prácticamente igual a la media europea de los países analizados por la organización, situada en el 17,2%. Con este nivel, España se equipara prácticamente a Alemania y supera a Francia. En gran medida, esta convergencia responde a decisiones fiscales adoptadas por distintos gobiernos. Mientras países como Alemania han aprobado medidas para corregir parcialmente la progresividad en frío, España mantiene sin actualizar la tarifa estatal del IRPF desde 2015. Además, al menos una docena de países de la Unión Europea cuentan con mecanismos automáticos o parciales de adaptación de los tramos impositivos a la inflación, con el objetivo de evitar que las subidas salariales destinadas a compensar la pérdida de poder adquisitivo terminen generando una mayor carga tributaria. Entre los países que aplican sistemas automáticos de actualización figuran Países Bajos, Francia, Dinamarca, Bélgica, Suecia, Finlandia, Noruega y Lituania, mientras que Austria y Alemania disponen de fórmulas discrecionales para corregir este efecto. El nuevo método de Eurostat introduce diferencias relevantes especialmente en economías con un elevado peso del empleo parcial, como Alemania o Países Bajos, donde los salarios medios sujetos a tributación son menores. En el caso español, el impacto metodológico es más reducido. Aun así, los datos sitúan a España por encima de la media comunitaria tanto en 2024 como en 2025. De acuerdo con Eurostat, un trabajador medio del sector privado, soltero y sin hijos, que percibió el salario medio en 2025 soportó un tipo efectivo de IRPF del 15,8%, frente al 14,6% de media en la Unión Europea. Este dato coincide además con las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda, precisamente porque ambos utilizan salarios medios reales y no corregidos por equivalencias de jornada completa.

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(El País, 02-06-2026) | Laboral

El compromiso de los jefes con sus empresas cae en picado: “Se espera que sean superhéroes y se están quemando”

La pérdida de compromiso de los mandos intermedios se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para empresarios y altos directivos. Así lo sostiene Miguel Pardo, representante de Vistage, considerada la mayor asociación de ejecutivos del mundo, quien advierte de que estos perfiles se sienten cada vez más agotados y desvinculados de las organizaciones en las que trabajan. El fenómeno queda reflejado en el informe State of the Global Workplace 2026, elaborado por Gallup, que revela una caída significativa en el nivel de implicación de directores de área y managers. Entre 2024 y 2025, su grado de compromiso descendió del 27% al 22%, el retroceso más pronunciado desde que la firma estadounidense comenzó a medir este indicador. La caída supera incluso la registrada entre el conjunto de los trabajadores a nivel global, cuyo compromiso pasó del 23% al 20% por segundo año consecutivo. Según Gallup, esta falta de implicación tuvo un impacto económico de alrededor de 10 billones de dólares en pérdida de productividad, equivalente al 9% del PIB mundial. Los expertos consideran que el desenganche de los mandos explica buena parte del deterioro general del clima laboral. Miguel Pardo resume el problema de forma clara: cuando los responsables intermedios pierden motivación, ese desánimo termina trasladándose al resto de la organización. Las consecuencias son especialmente delicadas en un momento marcado por la implantación acelerada de la inteligencia artificial y los procesos de transformación empresarial. Precisamente la llegada de la IA es uno de los factores que está alimentando esta desconexión, aunque no el único. Los especialistas apuntan también al exceso de presión que soportan estos perfiles, atrapados entre las exigencias de la dirección y las demandas de los equipos. A ello se suman la incertidumbre económica, las tensiones geopolíticas, la inflación, una gestión deficiente del teletrabajo, el exceso de reuniones, las plantillas mal dimensionadas y la sensación de pérdida de sentido en organizaciones que no siempre comunican con claridad hacia dónde se dirigen. Según algunos expertos, muchas compañías presentan la transformación tecnológica como una amenaza y no como una oportunidad. Beatriz Calvo, responsable de búsqueda de directivos en Hays, considera que el problema de fondo está en la desconexión entre el discurso empresarial y la realidad. Muchas organizaciones aseguran situar a las personas en el centro, pero luego sus decisiones no reflejan ese mensaje. Los mandos intermedios afrontan además una creciente sobrecarga de responsabilidades. A su papel habitual de gestión operativa se añade ahora la obligación de liderar procesos continuos de transformación, trasladar esos cambios a los equipos y gestionar situaciones complejas, en ocasiones sin contar con información suficiente ni capacidad real de decisión. Según Miriam Aguado, socia de Peoplematters, este doble rol está incrementando notablemente la tensión y el desgaste de estos profesionales. La situación tiene efectos directos sobre el funcionamiento de las compañías. Los managers actúan como referencia emocional de los equipos y son quienes transmiten estabilidad, confianza y motivación. Cuando ellos pierden implicación, se reduce la iniciativa, cae la energía dentro de las plantillas y aumenta la fuga de talento. Marta Romo, directora general de la consultora BeUp, sostiene que los mandos cada vez tienen más responsabilidades, pero menos margen para tomar decisiones. A ello se suma la sensación de sentirse apartados de los grandes cambios estratégicos. Los expertos coinciden en que muchas empresas no han contado con ellos en la implantación de la inteligencia artificial ni en los procesos de transformación, pese a exigirles posteriormente que los ejecuten y los expliquen a sus equipos. Al mismo tiempo, afrontan mayores cargas de trabajo, equipos más amplios y menos recursos, especialmente en un contexto de ajustes de plantilla ligados a la automatización. Otro de los factores que contribuye al desgaste es el exceso de burocracia. Según los especialistas, muchos responsables intermedios terminan dedicando buena parte de su tiempo a tareas administrativas y procesos internos que fragmentan su trabajo y dificultan percibir el valor real de su aportación. Marta Romo considera que muchas organizaciones siguen gestionándose con modelos heredados del siglo pasado y que necesitan evolucionar hacia sistemas centrados en el rendimiento, el aprendizaje y la autonomía, en lugar de seguir priorizando el control de presencia. Ante esta situación, los expertos plantean varias líneas de actuación. La primera pasa por dejar de considerar a los mandos intermedios como simples transmisores de órdenes y reconocerlos como figuras estratégicas dentro de las organizaciones. También reclaman reforzar su formación en liderazgo, especialmente en ámbitos como la gestión de conflictos, las conversaciones difíciles o el manejo de equipos con bajo rendimiento. Otra de las prioridades es reducir la burocracia y simplificar estructuras para aliviar la sobrecarga de trabajo. Los especialistas consideran necesario redefinir el papel de estos profesionales, revisar las estructuras organizativas y otorgarles una mayor capacidad de decisión. En su opinión, muchas empresas han reducido jerarquías en apariencia, pero siguen manteniendo una cultura de control que limita la autonomía real de los managers. En definitiva, los expertos alertan de que si el liderazgo intermedio pierde rumbo y motivación, toda la organización termina resintiéndose.

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(El Economista, 02-06-2026) | Laboral

Trabajo detecta a 270.000 jubilados y pensionistas buscando empleo

El Gobierno ha introducido cambios en la normativa apenas un año después de aprobar una reforma destinada a mejorar la compatibilidad entre la jubilación y el empleo, con el objetivo de facilitar la jubilación flexible a quienes ya se han retirado pero desean reincorporarse parcialmente al mercado laboral. La medida responde a una reivindicación del colectivo de pensionistas, que denuncia la rigidez del sistema y las dificultades añadidas para volver a trabajar. Un indicador del Ministerio de Trabajo refleja la dimensión del fenómeno: en 2025, los servicios públicos registraron una media mensual de 267.692 personas clasificadas como "jubilados y pensionistas" inscritas como demandantes de empleo, un 7,3% más que un año antes. Estas personas no se contabilizan como parados registrados, pero si se incluyeran, el número medio de desempleados del Servicio Público de Empleo Estatal (2,47 millones en el último ejercicio) aumentaría un 10,8%, el porcentaje más elevado de toda la serie histórica. El anuario estadístico del ministerio dirigido por Yolanda Díaz ofrece cifras muy superiores a las de la Encuesta de Población Activa, que solo recoge 31.900 parados mayores de 65 años. Esta diferencia se explica por los criterios estadísticos utilizados por las distintas fuentes. En el caso del Ministerio de Trabajo, la categoría de "jubilados y pensionistas" incluye no solo a personas ya retiradas que buscan volver a trabajar, sino también a mayores de 65 años y a beneficiarios de pensiones de incapacidad con grado elevado, que se inscriben como demandantes de empleo para poder acceder a contratos bonificados o a recursos de centros especiales de empleo, aunque ello implique la suspensión de su pensión. El volumen de estos contratos se ha mantenido relativamente estable en torno a los 35.000, pese a los cambios normativos recientes, lo que dificulta atribuir directamente a este colectivo el aumento del número de inscritos en los registros de empleo. Además, no todos los beneficiarios son pensionistas de jubilación, lo que añade complejidad a la interpretación de los datos. La diferencia entre las cifras de la EPA y las del Ministerio también responde a criterios metodológicos: la EPA clasifica a muchos pensionistas mayores como población inactiva, aunque estén disponibles para trabajar, mientras que los servicios públicos de empleo excluyen a determinados demandantes que no alcanzan la edad legal de jubilación ordinaria. Otra parte del fenómeno se explica por la evolución de la jubilación anticipada y la necesidad de algunos pensionistas de complementar sus ingresos, especialmente tras el endurecimiento de los coeficientes reductores. En este contexto, la jubilación flexible permite a quienes ya han abandonado el mercado laboral reincorporarse de forma parcial, una figura distinta de la jubilación activa o parcial, en la que se compatibiliza el empleo con una pensión sin haber cesado previamente la actividad. La reforma reciente busca precisamente incentivar este modelo, eliminando restricciones como el periodo mínimo de espera de un año para volver a trabajar y facilitando la compatibilidad con el trabajo por cuenta propia. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo la dificultad de acceso al empleo. El análisis de la serie histórica del Ministerio de Trabajo muestra tres etapas en la evolución de este colectivo. Antes de la crisis de 2008, su presencia era marginal; a partir de entonces aumenta de forma significativa debido a la destrucción de empleo, con muchos trabajadores jubilados de forma anticipada que vuelven a buscar oportunidades laborales. Aunque el número absoluto creció, su peso sobre el desempleo se mantuvo en torno al 3%. Este indicador mide qué parte adicional supondrían estos demandantes si se incluyeran en las cifras oficiales de paro, pese a que la normativa de 1985 los excluye de esa categoría. Desde 2015, con la reducción general del paro, este colectivo no disminuye al mismo ritmo, lo que incrementa su peso relativo. A partir de 2018 la tendencia se intensifica, con un aumento tanto en términos absolutos como en su impacto relativo sobre el desempleo. Durante la pandemia, en 2020 y 2021, se alcanzaron picos de entre 234.000 y 289.000 demandantes mensuales, un fenómeno asociado tanto a dificultades laborales de pensionistas como de personas con discapacidad. En ese periodo, el impacto sobre el paro llegó al 8,1%. Tras un ajuste en 2022, la cifra volvió a crecer, situándose en 2025 en niveles muy elevados: el segundo registro más alto de la serie en términos absolutos y el máximo en peso relativo. De aplicarse su inclusión, el número de desempleados aumentaría en torno a un 11%, según los cálculos derivados de estos datos.

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(Cinco Días, 02-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España repite por tercer año seguido como el destino más atractivo para la inversión hotelera en Europa

Las numerosas operaciones de inversión hotelera cerradas en el primer semestre del año -entre ellas la compra del hotel Corso en Ibiza por 150 millones de euros, la adquisición del hotel Meliá Bilbao o la del NH Collection Suecia en Madrid- ponen de manifiesto que el sector hotelero español continúa siendo un foco de atracción para inversores nacionales e internacionales. Solo en el primer trimestre, el volumen de inversión en España y Portugal se situó cerca de los 1.000 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 44% y representa el 21% del total de las transacciones realizadas en Europa. Este dinamismo se refleja también en la encuesta de sentimiento de inversión hotelera en Europa elaborada por la consultora CBRE, basada en las respuestas de 70 directivos de siete países europeos. El estudio confirma que España se mantiene, por tercer año consecutivo, como el destino más atractivo del continente para invertir en hoteles, por delante de Italia, Reino Unido y Portugal. En el ranking de ciudades, Barcelona asciende del quinto al primer puesto, empatando con Londres, mientras que Madrid ocupa la tercera posición. Según Jorge Ruiz, director ejecutivo y responsable de Hoteles en Iberia de CBRE, tanto España como Portugal siguen mostrando la solidez de sus fundamentos turísticos, lo que mantiene al mercado ibérico en el radar del capital internacional. En un contexto más exigente, añade, los inversores optan por mayor selectividad y priorizan activos y mercados con capacidad de generar valor a largo plazo, lo que explica el liderazgo español y el buen posicionamiento de ciudades como Barcelona, Madrid y Lisboa. El atractivo de Barcelona se sustenta, según el informe, en la fortaleza de la demanda turística y de negocios, su consolidación como destino de referencia para el turismo MICE en Europa y la limitación de nueva oferta, condicionada por las restricciones urbanísticas al desarrollo hotelero. En este sentido, se hace referencia a la moratoria vigente desde 2015 que limita la construcción de nuevos establecimientos. El estudio señala además que la inversión hotelera se consolidó en 2025 como uno de los principales motores del mercado inmobiliario en la región, con 934 millones de euros, lo que representa el 27% del total invertido. Esta cifra supera en cuatro puntos el peso del conjunto del mercado nacional y marca el mejor registro histórico en Cataluña, con un aumento del 51% respecto a 2024.

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(Expansión, 02-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La influencia de la IA cambia las reglas del juego en el ámbito jurídico y empresarial

El avance hacia empresas cada vez más apoyadas en sistemas digitales y en la colaboración entre agentes de inteligencia artificial y personas obliga a incorporar perfiles profesionales capaces de garantizar el cumplimiento normativo y un uso ético y responsable de la tecnología bajo criterios de calidad y excelencia. La consultora Gartner identifica entre las principales tendencias tecnológicas de los próximos años la ciberseguridad preventiva, los modelos de lenguaje especializados y los sistemas multiagente. Estas herramientas facilitan la cooperación entre agentes de IA y trabajadores humanos, permitiendo ejecutar tareas complejas que caracterizan a las llamadas empresas agentificadas. Aunque la IA generativa sigue ocupando un papel central, la IA agéntica gana protagonismo. El informe Tech Trends 2026 de Deloitte apunta hacia modelos laborales híbridos entre humanos y sistemas digitales, mientras que el Future Trends Forum, impulsado por Fundación Innovación Bankinter, señala que esta tecnología supone el paso de sistemas pasivos a entornos capaces de interactuar activamente dentro de procesos reales o espacios físicos. La capacidad autónoma de la IA agéntica, orientada a objetivos y conectada a datos, herramientas y sistemas externos, está impulsando una transformación profunda en las organizaciones. Las compañías empiezan a plantearse cómo delegar la ejecución y gestión de procesos completos. El Congreso IA Derecho y Empresa organizado por Lefebvre el próximo 10 de junio abordará precisamente los riesgos jurídicos de las empresas agentificadas, el nuevo papel de los abogados y los retos de gobernanza y responsabilidad. La IA generativa ha facilitado la automatización documental y la interacción mediante lenguaje natural, pero la IA agéntica implica una transformación más profunda en la estrategia empresarial. Según José Ángel Sandín, consejero delegado de Lefebvre, este nuevo modelo permitirá automatizar tareas de mayor complejidad y operar con un elevado grado de autonomía, lo que obligará a rediseñar estructuras organizativas y sistemas de supervisión. Para Gonzalo F. Gállego, socio especializado en protección de datos, IA y derecho digital en Hogan Lovells, la inteligencia artificial resulta útil para analizar información, revisar documentos o anticipar riesgos, pero no puede reemplazar el criterio jurídico ni la responsabilidad profesional. A su juicio, todavía no existe preparación suficiente para delegar decisiones totalmente autónomas en ámbitos sensibles. Advierte además de que una configuración inadecuada de estos agentes puede derivar en incumplimientos regulatorios, sesgos, problemas de confidencialidad o responsabilidades contractuales. La ausencia de supervisión humana podría favorecer situaciones de suplantación de identidad o errores graves con impacto directo sobre la reputación y la responsabilidad de las organizaciones. Noemí Brito, socia responsable de legal digital en KPMG Abogados, subraya que también podrían verse afectados los derechos de terceros y aumentar los riesgos asociados al tratamiento de datos y a la reproducción de sesgos en la toma de decisiones. Brito considera que el abogado seguirá desempeñando un papel esencial en la estrategia jurídica, actuando como garante del criterio experto y acompañando las decisiones complejas para generar confianza. En la misma línea, Rodrigo González, socio de derecho digital de Deloitte Legal, sostiene que los profesionales jurídicos deberán validar los resultados generados por la IA y aportar conocimiento estratégico y sectorial, imprescindible para integrar correctamente estas tecnologías en las organizaciones. La tecnología agéntica también impulsa un nuevo modelo de despacho profesional basado en perfiles híbridos, en el que adquieren relevancia tanto los ingenieros legales como los expertos capaces de diseñar agentes personalizados y desarrollar instrucciones avanzadas de calidad. Mónica Represa, socia y responsable de gestión del conocimiento e innovación en EY Abogados, recuerda que los agentes de IA son herramientas y que la responsabilidad final seguirá recayendo en los profesionales o en las firmas. En este contexto, cobra especial importancia la trazabilidad de los sistemas: conocer qué fuentes utilizan, qué procesos siguen y qué mecanismos de validación incorporan para poder detectar y entender posibles errores. José Ángel Sandín insiste en que las empresas tendrán que garantizar supervisión humana y cumplimiento normativo en todas las decisiones automatizadas. A su juicio, la confianza será el principal elemento diferenciador, especialmente en sectores regulados como el jurídico, el financiero o el fiscal. El desarrollo de la IA agéntica no elimina las obligaciones legales ni las responsabilidades empresariales. Por ello, Gonzalo F. Gállego considera imprescindible implantar modelos sólidos de gobernanza y mecanismos eficaces de supervisión, además de formar adecuadamente a quienes utilicen estas herramientas para que comprendan sus limitaciones. Noemí Brito añade que la llegada de sistemas de IA autónoma a los despachos obligará a actualizar los marcos de gobernanza interna. Rodrigo González coincide en que la futura evolución normativa reforzará todavía más los sistemas de control y supervisión dentro de las firmas profesionales.

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(Expansión, 02-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España busca una alianza con Francia e Italia para perfilar la reforma bancaria

La reforma del sistema bancario europeo todavía no se ha concretado, pero varios países ya empiezan a mover ficha para intentar orientar el futuro marco regulatorio hacia sus propios intereses. En este contexto, España trabaja en la creación de un bloque común junto a Francia e Italia, según fuentes próximas a las negociaciones. Las tres grandes economías europeas están tratando de coordinar posiciones mediante la elaboración de un documento conjunto, conocido en Bruselas como non-paper, con el que pretenden definir qué aspectos consideran prioritarios para mejorar la competitividad bancaria a través de futuras modificaciones regulatorias. La intención de esta alianza es ganar peso político y capacidad de influencia ante las instituciones europeas. El objetivo inmediato pasa por trasladar sus planteamientos a la Comisión Europea, encargada de presentar la propuesta legislativa prevista para el primer trimestre de 2027. Más adelante, también servirá para reforzar su posición en las negociaciones que deberán afrontar los Estados miembros dentro del Consejo de la Unión Europea. Fuentes comunitarias subrayan que la unión de las economías segunda, tercera y cuarta de la eurozona obliga a Alemania a prestar atención a sus planteamientos. Por ahora, las conversaciones siguen abiertas y el texto aún se encuentra en fase de borrador, elaborado por el Tesoro Público español y los servicios de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Entre las prioridades españolas destaca la simplificación normativa, especialmente en materia de supervisión bancaria. España apuesta por reducir duplicidades entre organismos supervisores para conseguir procedimientos más ágiles, coordinados y menos exigentes en términos burocráticos para las entidades financieras. Además, el Gobierno español quiere recuperar el impulso al Fondo Europeo de Garantía de Depósitos, conocido como EDIS, uno de los elementos pendientes para completar la Unión Bancaria europea y una reivindicación que lleva años sobre la mesa sin avances definitivos. Desde el Ministerio de Economía señalan que España participa activamente en el debate para reforzar la competitividad del sistema financiero europeo dentro del llamado grupo E-6. El objetivo, según el departamento, es contribuir a una posición común que permita mantener un sistema bancario sólido, resistente y con capacidad para seguir financiando a las empresas europeas. El trabajo técnico continuará mientras la Comisión Europea prepara su futuro informe sobre el sector. Sin embargo, alcanzar un acuerdo con Francia e Italia también implica asumir algunas de sus reivindicaciones. En ese terreno, España estaría dispuesta a respaldar una petición conjunta para retrasar la entrada plena en vigor del denominado output floor o suelo de capital revisado. Esta norma, incluida dentro de los acuerdos de Basilea III, limita la diferencia entre el capital que un banco calcula mediante sus modelos internos y el que resultaría aplicando el método estándar. La regulación establece que el capital mínimo exigido no puede situarse por debajo del 72,5% del cálculo estándar y fija 2030 como fecha para su aplicación total. Francia e Italia buscan ahora ampliar todavía más ese calendario. La razón es que los grandes bancos de ambos países obtienen importantes ventajas de sus modelos internos, especialmente en el cálculo del riesgo asociado a las hipotecas, lo que les permite reducir los activos ponderados por riesgo y, en consecuencia, las exigencias de capital. Los expertos consideran que para España el efecto de un aplazamiento sería limitado, mientras que el beneficio político de reforzar la alianza sería significativo. La posible alianza entre España, Francia e Italia supondría un bloque de enorme relevancia dentro del sistema financiero europeo. Según los últimos datos del Banco Central Europeo, las entidades financieras de estos tres países concentran cerca del 59% de los activos de los bancos significativos supervisados en la eurozona. Si se toma como referencia el conjunto de la Unión Europea, el porcentaje se reduce hasta el 44%, aunque sigue representando un peso decisivo en el sector bancario comunitario.

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