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(El País, 10-07-2026) | Fiscal

Hacienda impulsa medidas económicas sin respaldo parlamentario con la vista puesta en el ciclo electoral

La legislatura entra en una etapa decisiva y el Gobierno afronta los próximos meses con varias reformas económicas pendientes que deberán resolverse antes del inicio del intenso calendario electoral previsto para el próximo año. Entre ellas destaca la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, después de tres ejercicios consecutivos con las cuentas prorrogadas y sin que el Ejecutivo haya llegado a presentar un proyecto presupuestario. Aunque el Gobierno mantiene el compromiso de aprobar unas nuevas cuentas, la falta de una mayoría parlamentaria sólida complica notablemente el objetivo. El primer obstáculo será la aprobación de la senda de estabilidad presupuestaria, un requisito imprescindible para poder tramitar los Presupuestos. El Consejo de Ministros ya ha dado luz verde a una propuesta que fija un déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas en 2027 y concede a las comunidades autónomas un margen de déficit del 0,1%. Sin embargo, el recorrido parlamentario de esta propuesta se presenta complicado. El Partido Popular ya rechazó estos objetivos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras que Junts ha anunciado que volverá a votar en contra en el Congreso, como hizo el año anterior. Todo apunta, por tanto, a que el Gobierno volverá a sufrir una derrota parlamentaria en la votación prevista para la próxima semana. La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga al Ejecutivo a presentar una nueva propuesta en el plazo de un mes si la primera es rechazada. Desde el Ministerio de Hacienda ya se ha deslizado la posibilidad de volver a presentar el mismo texto antes del receso parlamentario de verano. No obstante, la legislación no contempla qué ocurre si esa segunda propuesta también es rechazada, lo que abre un escenario de incertidumbre jurídica e institucional. En anteriores ocasiones el Gobierno llegó a estudiar distintas alternativas para evitar que el rechazo de la senda bloqueara la tramitación de los Presupuestos. Una de ellas consistía en apoyarse en un informe de la Abogacía del Estado que defendía la posibilidad de continuar el procedimiento tomando como referencia los compromisos fiscales asumidos con Bruselas. Sin embargo, ese planteamiento ha perdido fuerza tras la entrada en vigor del nuevo marco europeo de gobernanza fiscal. La interpretación que ahora sostiene Hacienda es diferente. El departamento considera que, si el Congreso vuelve a rechazar la senda de estabilidad, entrarían en juego los principios de equilibrio presupuestario recogidos en la Constitución, lo que implicaría que las comunidades autónomas perderían el margen de déficit previsto por el Gobierno. Al mismo tiempo, el Ejecutivo defiende que la obligación constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos prevalece sobre un eventual bloqueo parlamentario, aunque esta interpretación todavía no ha sido puesta a prueba y podría dar lugar a importantes controversias jurídicas y políticas. Pese a las dificultades, el Gobierno tiene interés en presentar un proyecto presupuestario aunque finalmente no consiga su aprobación. A diferencia de los últimos años, la proximidad de las elecciones municipales, autonómicas y, previsiblemente, generales convierte los Presupuestos en una herramienta para exponer sus prioridades económicas y sociales ante los ciudadanos. En esa línea se enmarca también la reciente aprobación de un techo de gasto récord para 2027. Las cuentas públicas no son el único desafío económico pendiente. La reforma fiscal ya evidenció las dificultades del Ejecutivo para alcanzar acuerdos con sus socios parlamentarios, ya que muchas de las medidas inicialmente previstas quedaron fuera del texto definitivo. Entre ellas figura la subida de la fiscalidad del diésel, una reforma comprometida con la Comisión Europea que sigue pendiente y cuya falta de aprobación ya ha tenido consecuencias sobre el desembolso de fondos europeos del Plan de Recuperación. El Gobierno mantiene abiertas las negociaciones con el objetivo de incorporarla al séptimo y último pago previsto para septiembre, aunque reconoce que el margen político sigue siendo reducido. Otro de los asuntos más complejos es la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros plantea una quita de 83.000 millones de euros para las comunidades de régimen común, pero tanto el Partido Popular como Vox han presentado enmiendas a la totalidad para frenar su tramitación. Los populares consideran que la medida resulta injusta e ineficaz, mientras que Vox sostiene que responde exclusivamente a los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya durante la negociación de la investidura. El rechazo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ya quedó patente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado año, donde los representantes autonómicos cuestionaron el origen político de la iniciativa, al entender que deriva del acuerdo que permitió la investidura de Pedro Sánchez y que contempla una importante reducción de la deuda de Cataluña. A estas reticencias se suma también la posición de Junts, que mantiene su apoyo condicionado al avance de otras negociaciones con el Gobierno. Más delicada aún resulta la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. La propuesta, que tiene su origen en los acuerdos alcanzados con ERC para establecer un modelo de financiación singular para Cataluña, continúa en una fase inicial, aunque ya ha generado fuertes discrepancias entre comunidades autónomas y partidos políticos. El Ministerio de Hacienda presentó un primer documento el pasado mes de enero. La propuesta recibió el respaldo de la delegación catalana, mientras que el resto de comunidades, incluidas varias gobernadas por el PSOE, expresaron su rechazo. El departamento ha convocado ahora nuevas reuniones técnicas con las autonomías y prevé celebrar un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de este mes, donde se espera un intenso debate sobre uno de los asuntos con mayor impacto político e institucional de la legislatura.

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(Expansión, 10-07-2026) | Laboral

La Seguridad Social confirma que abonará complementos a las pensiones contributivas más bajas

La Seguridad Social ha recordado que los pensionistas cuya prestación sea inferior a la pensión mínima podrán acceder a un complemento económico, siempre que cumplan una serie de requisitos relacionados con sus ingresos y su situación personal. No obstante, estos complementos podrán revisarse o incluso extinguirse si cambian las circunstancias del beneficiario. La regulación se encuentra recogida en el artículo 59 de la Ley General de la Seguridad Social y en el Real Decreto 39/2026, que establece el carácter absorbible de estos complementos. La normativa determina que podrán percibirlos aquellos pensionistas cuyos ingresos, distintos de la pensión, no superen determinados límites y que, además, tengan su residencia habitual en España en los términos previstos por la legislación vigente. En concreto, no podrán superar el límite de rentas establecido los ingresos procedentes del trabajo, del capital, de actividades económicas, del régimen de atribución de rentas o de las ganancias patrimoniales. Si la suma de estos rendimientos y la pensión excede el umbral fijado por la normativa, el derecho al complemento desaparecerá. El Real Decreto 39/2026 establece que la suma de la pensión anual y del resto de ingresos no podrá superar los 9.442 euros, más el importe correspondiente a la pensión mínima aplicable en cada caso. En el supuesto de pensionistas con cónyuge a cargo, el límite se eleva hasta los 11.013 euros anuales, además de la cuantía mínima de la pensión. La normativa también precisa que estos complementos no tienen carácter consolidable, sino absorbible. Esto significa que pueden reducirse o desaparecer cuando aumente la cuantía de la pensión por cualquier motivo, como consecuencia de las revalorizaciones anuales o por el reconocimiento de nuevas prestaciones. Dado que las pensiones se actualizan cada año, los complementos también son objeto de revisión periódica. En 2026, las pensiones contributivas experimentaron una revalorización del 2,7%, mientras que las pensiones no contributivas aumentaron un 11,4%. En la práctica, un pensionista puede perder el derecho al complemento aunque no obtenga nuevos ingresos laborales o patrimoniales, si la revalorización de su pensión hace que esta alcance o supere la cuantía mínima garantizada o si la percepción de otras prestaciones provoca que se rebasen los límites de renta establecidos. La Ley General de la Seguridad Social contempla, además, algunas situaciones específicas. Entre ellas, la posibilidad de incrementar la pensión de orfandad con la de viudedad cuando fallecen ambos progenitores del beneficiario. Asimismo, la normativa establece que las personas que perciben una pensión por gran invalidez no están sujetas a los límites previstos para el reconocimiento de los complementos a mínimos.

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(Expansión, 10-07-2026) | Laboral

El Senado da luz verde a la pasarela al RETA: excluidos los mutualistas jubilados

La futura pasarela que permitirá a los mutualistas alternativos incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha dado un nuevo giro tras su paso por el Senado. Las enmiendas aprobadas por el Partido Popular modifican parte del texto que había salido previamente del Congreso, revirtiendo algunos de los cambios introducidos entonces. Entre las principales novedades destaca la exclusión nuevamente de los mutualistas ya jubilados del acceso a este mecanismo. Esta rectificación reducirá el coste previsto para la Seguridad Social. El Gobierno había estimado que la medida supondría un desembolso cercano a los 5.200 millones de euros con el texto aprobado inicialmente en el Congreso, una cifra que contemplaba la incorporación de unos 20.000 mutualistas jubilados y de aquellos profesionales en activo que ya hubieran cotizado al menos 15 años en la Seguridad Social, requisito que les permite acceder a una pensión contributiva de jubilación. La reforma, que beneficiará potencialmente a cerca de 100.000 profesionales que actualmente cotizan a mutualidades alternativas en lugar de hacerlo al RETA, supera así un nuevo trámite parlamentario. No obstante, al haberse introducido modificaciones en el Senado, el proyecto deberá regresar al Congreso para su aprobación definitiva. Además, la aplicación práctica de la norma dependerá en gran medida del posterior desarrollo reglamentario, que deberá concretar aspectos esenciales sobre las condiciones para transferir los fondos acumulados a la Seguridad Social. Uno de los principales cambios aprobados consiste en volver a dejar fuera de la pasarela a los mutualistas retirados. La propuesta inicial impulsada por el PSOE y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya contemplaba esta exclusión como una condición imprescindible para limitar el impacto económico de la medida sobre las cuentas públicas. Sin embargo, durante la tramitación en el Congreso prosperó una enmienda del PP que permitía también el acceso a los mutualistas pensionistas. Esa posibilidad generó numerosas dudas, ya que estos profesionales ya están percibiendo las prestaciones derivadas de los fondos acumulados en sus mutualidades, que funcionan mediante un sistema de capitalización individual. En consecuencia, surgían interrogantes sobre cómo podrían trasladarse esos derechos económicos al sistema público una vez iniciada la percepción de la renta o del capital acumulado. Finalmente, el Senado ha recuperado la exclusión de este colectivo. La nueva redacción establece que únicamente podrán solicitar la transferencia quienes no sean pensionistas ni de la Seguridad Social ni de la mutualidad alternativa correspondiente, salvo en el caso de quienes perciban una pensión de viudedad. Otro de los aspectos más relevantes de la reforma afecta al denominado coeficiente de conversión, es decir, el mecanismo que determinará cómo se transforman las aportaciones realizadas a las mutualidades en años y bases de cotización dentro de la Seguridad Social. Este punto ha sido uno de los más debatidos durante la negociación. La propuesta inicial del Gobierno contemplaba un coeficiente situado entre 0,67 y 0,87, mientras que durante la tramitación en el Congreso se fijó provisionalmente en 0,77. Posteriormente, una enmienda del PP aprobada en la Cámara Baja estableció una equivalencia de uno por uno, de forma que cada año cotizado en la mutualidad computara como un año completo de cotización en la Seguridad Social, pese a que las aportaciones realizadas por estos profesionales suelen ser inferiores a las efectuadas por los autónomos integrados en el RETA. Las modificaciones introducidas ahora por el Senado diferencian ambos conceptos. Por un lado, se mantiene el reconocimiento de un año de cotización por cada año aportado a la mutualidad a efectos de calcular la carrera de cotización y el porcentaje de pensión que corresponderá al trabajador. Sin embargo, las bases de cotización no se equipararán automáticamente, sino que se calcularán aplicando un coeficiente corrector sobre la base mínima de cotización del RETA. La nueva redacción recupera así el planteamiento inicial del Ejecutivo, estableciendo que las bases se determinarán tomando como referencia la base mínima que habría correspondido al trabajador en el RETA y aplicando un coeficiente de mejora comprendido entre el 0,67 y el 0,87 para reflejar las contingencias que no estaban cubiertas por las mutualidades.

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(Expansión, 10-07-2026) | Laboral

Las bajas laborales en España: quién las paga y quién controla al trabajador

El funcionamiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes, es decir, cuando un trabajador causa baja por una enfermedad o lesión que no tiene origen laboral, se articula en torno a tres aspectos esenciales: la emisión de la baja médica, la gestión económica de la prestación y el control del proceso hasta la recuperación del trabajador. El primer paso corresponde al médico, que debe determinar que el estado de salud del trabajador le impide desempeñar su actividad profesional. Solo tras ese diagnóstico puede emitirse la baja médica, por lo que el Servicio Público de Salud es el primer organismo que interviene en el procedimiento. Una vez reconocida la incapacidad temporal, entra en juego la gestión económica de la prestación destinada a garantizar unos ingresos durante el periodo de ausencia. A lo largo de toda la baja, tanto la empresa como el Sistema Nacional de Salud mantienen un papel activo. La empresa asume el pago directo de la prestación hasta el decimoquinto día de la baja y, desde el día 16, continúa abonándola mediante el sistema de pago delegado hasta que el trabajador recibe el alta médica. Paralelamente, el Sistema Nacional de Salud asegura la atención sanitaria, el seguimiento clínico y, cuando es necesario, la rehabilitación a través de atención primaria, especialistas y servicios hospitalarios. Durante los primeros 365 días, el seguimiento médico corresponde principalmente a los facultativos de atención primaria, responsables de emitir los partes de baja, las confirmaciones periódicas y el alta cuando el trabajador puede reincorporarse a su puesto. En esta etapa, la supervisión del proceso es compartida entre la Inspección Médica del Sistema Nacional de Salud y la Inspección del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que colaboran en el control y evaluación de la situación. Las mutuas colaboradoras también desempeñan un papel relevante durante este periodo. Pueden citar al trabajador para revisiones médicas, proponer el alta al Sistema Nacional de Salud, gestionar el pago de la prestación a partir del día 16 y realizar determinadas pruebas diagnósticas o tratamientos, siempre con el consentimiento del trabajador y la autorización previa del sistema público de salud. Cuando la baja supera los 365 días, el control del proceso pasa a depender exclusivamente del INSS. Desde ese momento, este organismo es el único competente para conceder el alta médica, reconocer una recaída o iniciar un expediente de incapacidad permanente si considera que el trabajador no podrá reincorporarse a su actividad. En cuanto al pago de la prestación, durante los tres primeros días de la baja por enfermedad común el trabajador no percibe ninguna compensación económica. Entre los días 4 y 15, el abono corresponde a la empresa, mientras que a partir del día 16 la prestación pasa a ser asumida por la Administración, a través del INSS o de la mutua colaboradora que gestione el caso. La cuantía de la prestación varía según el tiempo de duración de la baja. Desde el cuarto hasta el vigésimo día, el trabajador cobra el 60% de su base reguladora, porcentaje que aumenta al 75% a partir del día 21. En términos generales, esta cantidad es inferior al salario habitual, aunque numerosos convenios colectivos establecen complementos salariales que permiten alcanzar el 100% de la retribución. Según datos de la AIReF, aproximadamente la mitad de los convenios sectoriales y cerca del 65% de los convenios de empresa incorporan este tipo de mejoras económicas. El control de la incapacidad temporal se reparte entre el Sistema Nacional de Salud, las mutuas y el INSS. Durante el primer año, el seguimiento clínico recae principalmente en el Sistema Nacional de Salud, aunque el INSS puede intervenir en cualquier momento y emitir un alta médica que prevalece sobre el criterio del servicio público. Superado ese periodo, el control corresponde en exclusiva al INSS, que también asume la gestión de posibles recaídas y la valoración de una eventual incapacidad permanente. Los médicos de atención primaria constituyen la vía de acceso al sistema y son, con carácter general, los responsables de emitir los partes de baja, confirmación y alta. El procedimiento exige la emisión periódica de partes de confirmación y, a partir del segundo, la incorporación de informes médicos que acrediten la evolución del paciente. Además, cada cierto tiempo debe elaborarse un informe de control por parte de la inspección médica o del propio facultativo para justificar la continuidad de la incapacidad. Por su parte, las mutuas pueden participar en el seguimiento de las bajas por contingencias comunes cuando la empresa les ha encomendado esa gestión. Aunque no tienen capacidad para emitir bajas o altas médicas, sí pueden convocar al trabajador a reconocimientos médicos obligatorios, cuya ausencia injustificada puede dar lugar a la suspensión cautelar de la prestación. Asimismo, están facultadas para proponer el alta al Sistema Nacional de Salud y, si este no responde en un plazo de cinco días hábiles, solicitar la intervención del INSS, que deberá resolver la situación en un máximo de cuatro días hábiles.

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(El País, 10-07-2026) | Laboral

La patronal eleva la presión para que el Gobierno actúe contra el incremento de bajas laborales

El aumento de las bajas por incapacidad temporal continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para las organizaciones empresariales, que desde hace meses reclaman medidas para frenar un fenómeno cuya incidencia se ha duplicado en la última década. A su juicio, este incremento perjudica especialmente a las pequeñas y medianas empresas y reduce la competitividad del tejido productivo. El principal escenario para abordar esta cuestión es la mesa de diálogo social que reúne al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los sindicatos UGT y CCOO, así como con las patronales CEOE y Cepyme. Sin embargo, pese a que las conversaciones comenzaron hace casi dos años, todavía no se han traducido en reformas concretas. El debate ha cobrado un nuevo impulso tras las recientes declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien calificó el absentismo laboral como "un cáncer" y cuestionó que los trabajadores de baja perciban la misma retribución que cuando desempeñan su actividad. Aunque posteriormente su partido matizó estas afirmaciones, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aprovechó la ocasión para insistir en la necesidad de analizar el impacto del absentismo y diferenciar los casos realmente derivados de enfermedades o accidentes de otras situaciones. La preocupación por la incapacidad temporal no es nueva. Ya en mayo de 2023, patronal y sindicatos incluyeron este asunto en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, donde mostraban su inquietud por el aumento de las bajas por contingencias comunes y defendían la adopción de medidas para mejorar la salud de los trabajadores. Entre ellas figuraba potenciar la colaboración de las mutuas en el diagnóstico y tratamiento de determinadas bajas traumatológicas, una propuesta que posteriormente fue incorporada al acuerdo alcanzado en 2024 dentro de la última fase de la reforma de las pensiones. Ese pacto abrió la puerta a que las comunidades autónomas suscribieran convenios con la Seguridad Social para aprovechar los recursos asistenciales de las mutuas y reducir la duración de determinadas bajas médicas. No obstante, su implantación ha sido limitada. Hasta el momento solo Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria y Baleares han formalizado estos acuerdos, mientras que Navarra continúa negociando su adhesión. Con el objetivo de avanzar en una reforma más amplia, el Gobierno abrió una nueva mesa de negociación específica sobre incapacidad temporal en octubre de 2024. El debate comenzó rodeado de polémica tras plantearse la posibilidad de implantar una baja laboral flexible que permitiera una reincorporación parcial al trabajo. La propuesta fue rápidamente matizada por el Ejecutivo, que pasó a defender un sistema de reincorporación progresiva una vez obtenida el alta médica. Desde entonces, las conversaciones han continuado con avances limitados. Uno de los principales obstáculos surgió cuando UGT y CCOO condicionaron cualquier acuerdo al desbloqueo de la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas, una medida que finalmente fue aprobada por el Consejo de Ministros a finales de junio. Aun así, los representantes sindicales consideran que todavía existen importantes diferencias para cerrar un pacto sobre la gestión de las bajas médicas. El Ministerio de Seguridad Social mantiene su confianza en que el diálogo social permita alcanzar consensos que puedan traducirse posteriormente en reformas legislativas. Desde el departamento recuerdan que la negociación es un proceso complejo y destacan que la incapacidad temporal constituye actualmente uno de los asuntos prioritarios dentro de la agenda de diálogo con los agentes sociales. Las posiciones siguen siendo, no obstante, muy diferentes. Los sindicatos rechazan ampliar las competencias de las mutuas para otorgar altas médicas en procesos derivados de enfermedad común, mientras que las organizaciones empresariales consideran insuficientes las medidas planteadas hasta ahora y reclaman un mayor control sobre las situaciones de incapacidad temporal. Entre las propuestas que continúan sobre la mesa figura la creación de un órgano que unifique los criterios de los tribunales médicos y la regulación de las denominadas altas progresivas, una medida que requeriría modificar la legislación vigente. Los sindicatos también reclaman otras mejoras, como establecer una prestación específica para pacientes oncológicos o permitir que un trabajador con varios empleos pueda recibir el alta para una actividad concreta y mantener la baja para otra cuando así lo considere el médico responsable. Mientras tanto, las patronales reprochan al Gobierno la falta de avances desde la última reunión celebrada en abril y consideran que varias modificaciones podrían haberse aprobado ya mediante decreto. Pese a ello, ambas partes mantienen abierta la vía del diálogo y no descartan alcanzar un acuerdo una vez se retomen las negociaciones tras el verano y se celebren las elecciones internas de la CEOE previstas para el próximo mes de octubre.

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(El País, 10-07-2026) | Laboral

La rotación extrema de personal en la hostelería: una baja por cada nuevo contrato

El turismo continúa consolidándose como uno de los grandes impulsores del empleo en España. Durante 2025 el sector alcanzó los 2,7 millones de afiliados a la Seguridad Social, lo que representó el 12,7% del empleo nacional. Además, en los cinco primeros meses de 2026, coincidiendo con el inicio de la temporada alta, la cifra superó por primera vez los tres millones de trabajadores afiliados, hasta situarse en el 13,7% del total del mercado laboral. Sin embargo, detrás de estos datos de crecimiento se esconde una elevada inestabilidad laboral. Un informe elaborado por CCOO pone de manifiesto que prácticamente cada nueva contratación en actividades de alojamiento y restauración va acompañada de una baja en la Seguridad Social. Durante 2025, la hostelería registró 4,14 millones de altas y 4,11 millones de bajas, lo que se tradujo en un incremento neto de apenas 26.884 afiliados. El sindicato atribuye esta elevada rotación a unas condiciones laborales poco atractivas, marcadas por salarios reducidos, temporalidad, largas jornadas de trabajo, una elevada carga laboral y escasas oportunidades de promoción profesional. Según Paco Galván, responsable de Hostelería y Turismo de la Federación de Servicios de CCOO, el problema no es la falta de trabajadores, sino la ausencia de condiciones laborales suficientemente competitivas para atraer y retener talento. Durante los cinco primeros meses de 2026 la situación ha mejorado ligeramente gracias al incremento de contrataciones propio del verano. En ese periodo se contabilizaron 1,69 millones de altas y 1,42 millones de bajas, lo que permitió sumar 268.679 nuevos afiliados. Aun así, el volumen de salidas continúa siendo muy elevado, con una proporción de 84 bajas por cada 100 nuevas incorporaciones, reflejando una constante renovación de las plantillas. El informe destaca que la hostelería mantiene una gran capacidad para generar empleo, aunque sustentada sobre una dinámica de elevada rotación. Esta situación obliga a las empresas a cubrir de forma continua las vacantes que dejan los trabajadores, dificultando la estabilidad de las plantillas y la consolidación de empleo de calidad. A estas dificultades se suma el encarecimiento del acceso a la vivienda en muchos destinos turísticos, especialmente en aquellos más afectados por la elevada demanda y la proliferación de viviendas de uso turístico. En numerosas zonas, el coste del alquiler absorbe una parte muy importante del salario, lo que desincentiva el desplazamiento de trabajadores procedentes de otras comunidades autónomas. Para hacer frente a esta situación, algunas de las principales cadenas hoteleras, como Meliá, Riu o Iberostar, llevan varios años ofreciendo alojamiento gratuito a parte de sus empleados, especialmente en destinos como Canarias y Baleares, con el objetivo de facilitar la contratación durante la temporada alta. Canarias se ha convertido en uno de los territorios donde resulta más complicado cubrir las necesidades de personal, tanto en hoteles como en establecimientos de restauración. La combinación de la insularidad, el elevado coste de la vivienda y el fuerte crecimiento del turismo en los últimos años dificulta la llegada de nuevos trabajadores. La cadena hotelera Riu, que dispone de 16 establecimientos y cerca de 7.000 habitaciones en el archipiélago, prevé necesitar alrededor de 1.400 empleados adicionales entre junio y agosto para afrontar el incremento de la demanda turística. Con estas incorporaciones, su plantilla en España alcanzará aproximadamente los 8.200 trabajadores durante el periodo de mayor actividad, en un verano para el que el Gobierno prevé la llegada de 43 millones de turistas internacionales.

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(La Vanguardia, 10-07-2026) | Laboral

El envejecimiento ha convertido las bajas laborales en un problema estructural

El incremento de las bajas por incapacidad temporal ha dejado de ser un fenómeno puntual para convertirse en un problema de carácter estructural en el mercado laboral español. Esa es la principal conclusión del estudio presentado por el Consejo General de Graduados Sociales, que advierte de que la tasa de trabajadores de baja ya alcanza el 5,5% del total de afiliados a la Seguridad Social, con un impacto cada vez mayor sobre la organización de las empresas, la sostenibilidad del sistema de protección social y la competitividad de la economía. El informe identifica como principal factor el progresivo envejecimiento de la población activa. A este fenómeno contribuyen tanto el aumento de la esperanza de vida como el retraso en la edad efectiva de jubilación y el alargamiento de las carreras profesionales. Aunque no es la única causa del aumento de las bajas, el organismo considera que se trata de uno de los elementos con mayor peso en esta evolución. Los datos reflejan un cambio significativo en la composición de la fuerza laboral. Mientras que en 2019 había alrededor de 4,2 millones de trabajadores de 50 o más años afiliados a la Seguridad Social, en 2025 esa cifra se elevó hasta los 5,7 millones. Este incremento tiene una incidencia directa sobre las incapacidades temporales, ya que influye tanto en la frecuencia de las bajas como en su duración y en el tipo de patologías que las originan. La intensidad del fenómeno también queda patente en la evolución de los principales indicadores. Entre 2023 y 2025 aumentó el número de procesos iniciados, el volumen de bajas activas y la incidencia mensual, es decir, el número de nuevos procesos por cada mil trabajadores protegidos. Este indicador pasó de 37,37 procesos mensuales por cada mil afiliados en 2023 a 40,89 en 2025, una situación que obliga especialmente a las pequeñas y medianas empresas a reorganizar constantemente sus plantillas para mantener la actividad. Asimismo, el estudio pone de relieve el fuerte crecimiento de la prevalencia de las bajas, que mide el número de trabajadores que permanecen simultáneamente en situación de incapacidad temporal. Este indicador ha experimentado un aumento cercano al 70% en los últimos años, al pasar de 34,09 trabajadores por cada mil afiliados en 2019 a 57,53 por mil en 2025. En otras palabras, cada vez coinciden más empleados de baja al mismo tiempo, lo que incrementa las dificultades organizativas y los costes tanto para las empresas como para el sistema de protección social.

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(El País, 10-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La riqueza financiera de las familias marca un récord de 2,66 billones gracias al impulso de la Bolsa

La riqueza financiera de las familias españolas alcanzó un nuevo máximo histórico durante el primer trimestre del año. Según los datos publicados por el Banco de España, el patrimonio financiero neto de los hogares -resultado de restar las deudas al conjunto de activos financieros- se situó en 2,66 billones de euros, equivalente al 155,3% del PIB. Este nivel supera ampliamente la media registrada desde 2022 y refleja tanto el incremento del ahorro como la fuerte revalorización de los activos financieros. El principal motor de este crecimiento ha sido el buen comportamiento de los mercados. En los últimos doce meses, los activos financieros de las familias aumentaron en 261.000 millones de euros, impulsados especialmente por la subida de las acciones y de los fondos de inversión. Solo durante el primer trimestre, la revalorización de estos activos explicó un crecimiento del 9,1% de la riqueza financiera, mientras que las nuevas aportaciones de ahorro e inversión contribuyeron con un 3,2%. La evolución positiva se produjo en un contexto marcado por la fortaleza de los mercados bursátiles, que mantuvieron el impulso de comienzos de año pese a la incertidumbre generada por la guerra en Oriente Próximo. Aunque el conflicto provocó episodios de volatilidad, las principales bolsas internacionales lograron cerrar el semestre con sus mejores resultados desde la pandemia. No obstante, las perspectivas para los próximos meses dependerán en gran medida del comportamiento de los mercados financieros. La evolución del conflicto en Oriente Medio, las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y la incertidumbre geopolítica continúan siendo factores de riesgo que podrían afectar tanto a las bolsas como al precio de la energía. Además, una parte creciente del patrimonio familiar está vinculada a la evolución de los mercados, lo que aumenta la sensibilidad de la riqueza de los hogares ante posibles correcciones financieras. Paralelamente, las familias han mantenido un elevado ritmo de inversión. Durante el último año destinaron cerca de 100.000 millones de euros a la adquisición de activos financieros, una cifra equivalente al 5,8% del PIB y claramente superior a la media de los últimos años. Aunque los depósitos bancarios y el efectivo siguen concentrando una parte importante de ese ahorro, los fondos de inversión continúan ganando protagonismo dentro de las carteras familiares. El fortalecimiento de la posición financiera de los hogares ha coincidido con una recuperación significativa del crédito bancario. Durante el primer trimestre, la financiación concedida por las entidades financieras alcanzó el 5,1% del PIB, multiplicando por cinco el promedio registrado entre 2022 y 2025. En total, la banca otorgó nuevos préstamos por valor neto de 21.891 millones de euros entre enero y marzo. Las empresas absorbieron la mayor parte de esta financiación, con 24.348 millones de euros, mientras que las familias y las instituciones sin ánimo de lucro captaron 7.250 millones. En el caso de los hogares, la financiación recibida equivale al 1,9% del PIB, muy por encima de los niveles habituales de los últimos años, reflejando una mayor demanda de crédito para vivienda y consumo. Como consecuencia de esta recuperación de la financiación, la deuda de los hogares aumentó hasta los 728.000 millones de euros. Sin embargo, gracias al crecimiento de la economía, su peso relativo descendió hasta el 42,5% del PIB, el nivel más bajo desde finales de 1999. De forma similar, la deuda de las empresas se situó en 1,07 billones de euros, aunque su ratio sobre el PIB cayó al 62,5%, mínimos desde 2001. La mejora de los balances privados también ha reforzado la posición financiera de España frente al exterior. El Banco de España estima una capacidad de financiación de la economía de 61.000 millones de euros, equivalente al 3,5% del PIB, consolidando al país como prestamista neto frente al resto del mundo. En este resultado ha tenido un papel destacado el aumento del ahorro y de la inversión financiera realizada por los hogares españoles.

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(El Economista, 10-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España plantea a un Eurogrupo dividido un ahorro de 25.000 millones emitiendo Eurobonos

España ha vuelto a poner sobre la mesa la creación de un sistema de eurobonos, defendiendo que la iniciativa beneficiaría al conjunto de la Unión Europea al reforzar el papel internacional del euro y mejorar la eficiencia de la financiación comunitaria. El Ministerio de Economía ha distribuido entre sus homólogos europeos una propuesta que plantea un modelo de emisión conjunta de deuda capaz de generar un activo financiero considerado seguro por los mercados, sin incrementar el endeudamiento agregado de los Estados miembros. La iniciativa recupera un debate que durante años encontró la oposición de los países denominados "frugales", principalmente del norte de Europa. Sin embargo, el contexto actual es diferente, ya que las instituciones comunitarias comparten el objetivo de fortalecer la posición internacional del euro en un escenario marcado por la incertidumbre sobre el liderazgo del dólar tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió que la propuesta no supone una mutualización de la deuda como las planteadas en el pasado, sino un mecanismo destinado a hacer más eficiente la emisión de deuda pública y a reducir la fragmentación financiera dentro de la Unión. Según el Gobierno, se trata de una iniciativa que puede ser asumida por todos los socios europeos al perseguir un interés común. El plan contempla emisiones conjuntas por valor de unos 850.000 millones de euros anuales. Sumadas a los 750.000 millones de euros emitidos por la Unión Europea durante la pandemia, permitirían alcanzar en cinco años un volumen cercano a los cinco billones de euros en circulación, considerado por diversos economistas como el tamaño mínimo necesario para consolidar un auténtico activo europeo libre de riesgo. Pese a ello, la propuesta sigue encontrando una fuerte resistencia entre algunos Estados miembros. Países Bajos reiteró su rechazo, calificando el debate de recurrente y descartando nuevamente la emisión conjunta de deuda. Finlandia también expresó su oposición, al considerar que esta fórmula no constituye una solución adecuada. El propio presidente del Eurogrupo reconoció que, aunque el asunto forma parte de las discusiones actuales, todavía no existe consenso entre los países de la zona euro. El Ministerio de Economía sostiene que este modelo permitiría reducir significativamente los costes de financiación de los Estados miembros. Según sus cálculos, el ahorro en intereses podría alcanzar los 5.000 millones de euros anuales desde el inicio del programa y elevarse progresivamente hasta unos 25.000 millones de euros al año una vez completado el periodo de implantación de cinco años. Estas estimaciones parten de la hipótesis de que la Comisión Europea pueda financiarse en condiciones similares a las de Alemania, considerada la referencia de menor riesgo dentro de la eurozona. Actualmente, la deuda emitida por la Unión Europea soporta costes de financiación superiores, debido principalmente al menor volumen de bonos disponibles y a la limitada liquidez que perciben los inversores. La propuesta fue presentada oficialmente durante la reunión del Eurogrupo celebrada en Bruselas, aunque el documento ya había sido distribuido previamente entre los distintos ministros de Economía para facilitar su análisis antes del encuentro. Con el objetivo de disipar las reticencias de algunos socios, España insiste en que el sistema no supondría un incremento del endeudamiento conjunto de la Unión. La idea consiste en que los Estados transfieran una parte de sus programas nacionales de emisión a la Comisión Europea, que actuaría como emisor centralizado de esos títulos en los mercados financieros. Posteriormente, la Comisión canalizaría los recursos obtenidos mediante préstamos a los propios Estados miembros, utilizando esos compromisos de devolución como garantía de las emisiones. Este mecanismo, denominado provisionalmente Mecanismo Soberano Europeo (European Sovereign Facility, ESF), estaría reservado a los países que cumplan las normas fiscales europeas. Además, el proyecto prevé establecer un sistema de compensación para aquellos Estados que actualmente pueden financiarse a tipos de interés inferiores a los que obtendría inicialmente la Comisión Europea. De este modo, se evitaría que esos países asumieran un mayor coste de financiación mientras el nuevo sistema alcanza la suficiente dimensión y liquidez para consolidarse en los mercados.

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(El Economista, 10-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Eurocámara da luz verde para la negociación final con los países sobre el euro digital

El Parlamento Europeo ha aprobado su posición sobre la futura regulación del euro digital, un paso que permitirá iniciar la próxima semana las negociaciones con el Consejo de la Unión Europea para acordar el texto definitivo de la normativa. El objetivo de esta iniciativa es reforzar la autonomía estratégica de Europa en materia de pagos electrónicos y reducir la dependencia de infraestructuras y proveedores tecnológicos de terceros países. La regulación establecerá el marco jurídico necesario para que el Banco Central Europeo pueda emitir el euro digital si finalmente adopta esa decisión. La nueva moneda tendría como finalidad complementar el dinero en efectivo y los sistemas privados de pago ya existentes, ofreciendo un medio de pago digital respaldado directamente por el banco central y gestionado íntegramente bajo el marco institucional europeo. Durante la presentación del acuerdo, el eurodiputado Fernando Navarrete, responsable del expediente en la Eurocámara, defendió que el actual sistema europeo de pagos depende en exceso de proveedores, infraestructuras y estándares ubicados fuera de la Unión Europea, una situación que, a su juicio, supone un riesgo geopolítico. Según explicó, el euro digital ofrecerá a los ciudadanos una alternativa gobernada por la legislación europea y supervisada por las instituciones comunitarias. El texto aprobado contempla que el euro digital pueda utilizarse tanto con conexión a internet como sin ella. La modalidad "offline" permitirá realizar pagos directamente entre dispositivos móviles sin necesidad de acceder a la red ni de utilizar una infraestructura central para validar la operación. Este sistema ofrecerá un nivel de privacidad equivalente al del dinero en efectivo, ya que las transacciones no dejarán registro. Por su parte, la modalidad "online" estará vinculada a una cuenta bancaria y permitirá incorporar funcionalidades adicionales. Las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago podrán integrarla en sus propias aplicaciones o facilitar el acceso a la plataforma específica que desarrollará el Banco Central Europeo. La protección de la privacidad ha sido uno de los aspectos más debatidos durante la tramitación de la norma. El acuerdo prevé que las operaciones estén anonimizadas, de forma que el Banco Central Europeo no pueda identificar a los usuarios que realicen los pagos. La distribución del euro digital recaerá en los bancos y en otros proveedores de servicios de pago, que lo ofrecerán a los clientes que deseen utilizarlo. Asimismo, los comercios y empresas deberán aceptar este nuevo medio de pago, salvo en determinados supuestos previstos por la legislación. Para los ciudadanos, las funciones básicas del euro digital serán gratuitas, aunque las entidades podrán cobrar por servicios adicionales. En el caso de los comercios, continuarán abonando las comisiones correspondientes a las entidades financieras, de manera similar a lo que ocurre actualmente con los pagos mediante tarjeta. La utilización de la modalidad sin conexión será gratuita tanto para consumidores como para establecimientos. Con el fin de preservar la estabilidad financiera, la futura normativa contempla la fijación de un límite máximo de euros digitales que podrá mantener cada usuario. El propósito es evitar que una transferencia masiva de depósitos bancarios hacia esta nueva forma de dinero provoque tensiones de liquidez en el sistema financiero. La cuantía concreta será determinada por el Banco Central Europeo atendiendo a diversos criterios técnicos. La propuesta también ha encontrado oposición política. Los grupos de Conservadores y Reformistas Europeos, Patriotas por Europa y Europa de las Naciones Soberanas cuestionaron el proyecto al considerar que podría limitar la libertad financiera de los ciudadanos, incrementar los costes y favorecer una excesiva centralización del sistema de pagos. Pese a esas críticas, la iniciativa fue aprobada por el Pleno del Parlamento Europeo con 416 votos a favor, 169 en contra y 22 abstenciones. Las negociaciones con los Estados miembros comenzarán el próximo lunes con el objetivo de cerrar un acuerdo antes de que finalice el año. Si el proceso culmina con éxito y el Banco Central Europeo decide poner en marcha el proyecto, las primeras emisiones del euro digital podrían comenzar en 2029, tras un periodo previo de pruebas piloto.

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