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(Expansión, 17-02-2026) | Fiscal

Hacienda elevará hoy la deducción para dejar exento el SMI

El nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) que el Consejo de Ministros aprobará hoy llegará acompañado de una exención fiscal. Según fuentes oficiales, el Gobierno de España abordará en su reunión tanto la subida del SMI impulsada por el Ministerio de Trabajo como una deducción íntegra diseñada por el Ministerio de Hacienda para que quienes lo perciban no tengan que pagar impuestos por él. Esta ventaja fiscal deriva del pacto alcanzado el año pasado entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Mientras Montero sostenía que el fuerte aumento del SMI no debía seguir acompañado de una exención total, Díaz defendía que era una condición imprescindible. El acuerdo final estableció una deducción de hasta 340 euros para los perceptores del SMI, lo que en la práctica dejaba esa renta sin tributación. La subida pactada ayer entre el presidente Pedro Sánchez, Díaz y los sindicatos -del 3,1%, hasta 1.221 euros mensuales en 14 pagas (17.094 euros anuales)- habría obligado a tributar por parte del salario si no se modificaba la deducción vigente desde 2025. Sin embargo, Trabajo y Hacienda alcanzaron rápidamente un nuevo acuerdo para ampliarla en un año marcado por citas electorales y el tramo final de la legislatura. Para ello, el Ejecutivo prevé elevar la deducción por rendimientos del trabajo hasta unos 592,68 euros, según cálculos de los técnicos del Ministerio agrupados en Gestha. Esta medida evitaría pagar impuestos a personas solteras sin cargas familiares y tendría un coste público aproximado de 200 millones de euros. El colectivo también ha pedido extender esta ventaja a pensionistas y desempleados -cuyos ingresos también se consideran rendimientos del trabajo- al considerar incoherente excluirlos cuando sus ingresos no superan el nuevo SMI. Con este mecanismo, los trabajadores soportarán retenciones durante 2026, pero recuperarán esas cantidades al presentar la declaración de la Renta en la campaña de 2027.

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(Onda Cero, 17-02-2026) | Fiscal

Ya puedes saber si la Renta 2025 te saldrá a pagar o a devolver

La campaña de la Renta 2025 arrancará el 8 de abril, aunque ya es posible calcular si el resultado será a ingresar o a devolver gracias a una nueva herramienta de la Agencia Tributaria denominada Renta Web Open. Este recurso permite a los contribuyentes ensayar su declaración del IRPF antes de que se abra oficialmente el plazo. El simulador ya se encuentra operativo, de modo que quienes lo deseen pueden preparar con antelación su declaración sin tener que esperar al inicio de la campaña. Además, no exige ningún sistema de identificación electrónica: no es necesario disponer de Cl@ve, certificado digital ni validar el NIF. Al entrar en la herramienta a través de la web de la Agencia Tributaria, el usuario debe introducir manualmente sus datos personales y económicos, como salarios, rendimientos del capital o situación familiar. A partir de esa información, el sistema calcula una estimación aproximada del resultado. Aunque esta simulación no equivale a presentar la declaración, sí permite saber si previsiblemente habrá que pagar, recibir una devolución o si existe obligación de declarar. El funcionamiento es sencillo: basta con acceder al apartado de simuladores, seleccionar Renta Web Open y comenzar una "nueva declaración" o recuperar una sesión previamente guardada. Una vez completados los datos, el usuario puede descargar un archivo en PDF con el cálculo obtenido, revisarlo con tranquilidad o utilizarlo como referencia para reunir la documentación necesaria antes de la presentación oficial. Esta herramienta resulta especialmente útil para anticipar el resultado económico de la declaración -cuánto se pagará o se recuperará- y para valorar si conviene presentar la declaración de forma individual o conjunta según las circunstancias familiares. Conviene tener presente que el cálculo depende exclusivamente de la información introducida por el propio contribuyente: si los datos son incompletos o incorrectos, la estimación podría diferir del resultado definitivo de la declaración real.

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(Expansión, 17-02-2026) | Laboral

La afiliación a los sindicatos cae a mínimos con récord de subvenciones

Las ayudas públicas destinadas a las organizaciones sindicales se han multiplicado por más de tres durante el mandato de Pedro Sánchez, pese a la caída continuada de su peso entre los trabajadores: han pasado de 8,8 millones de euros en 2018 a 32 millones en 2025. En paralelo, la afiliación sindical lleva décadas descendiendo y alcanzó en 2024 un nuevo mínimo histórico, con solo alrededor del 12% de los asalariados inscritos en algún sindicato, una proporción aún menor entre los jóvenes. Aun así, las subvenciones estatales han aumentado con fuerza tras el periodo de restricción presupuestaria durante el gobierno de Mariano Rajoy. Desde comienzos de los años 2000, el porcentaje de trabajadores afiliados ha bajado de forma gradual desde cerca del 15% -ya considerado entonces reducido- hasta el entorno actual del 12%, según datos de la OCDE analizados en el informe Focus on Spanish Society de Funcas. A principios de siglo la afiliación llegó a situarse en torno al 17%, antes de la crisis financiera. Durante los primeros años de recesión incluso subió, debido a que muchos despedidos eran trabajadores con poca antigüedad y menor presencia sindical, ya que las estadísticas solo contabilizan a los asalariados en activo. Sin embargo, poco después comenzó un descenso sostenido, especialmente entre quienes se incorporaban al mercado laboral, algo que algunos expertos atribuyen a que los sindicatos priorizaron la defensa del empleo existente frente a la creación de nuevos puestos. Funcas señala que el nivel de afiliación refleja tanto el grado de identificación de los trabajadores con estas organizaciones como su capacidad para atraer y conservar miembros. La caída, común en muchas economías avanzadas -sobre todo entre jóvenes y trabajadores con trayectorias laborales inestables-, responde a cambios estructurales del mercado laboral, como el aumento de la temporalidad, la rotación en el empleo y la transformación de las relaciones laborales. Aunque el descenso es generalizado en los países desarrollados, la tasa española resulta especialmente baja en comparación con Europa. En los países nórdicos -Islandia, Dinamarca, Suecia o Finlandia- la afiliación oscila entre el 60% y el 90% de los trabajadores, mientras que en Italia ronda el 30% y en Alemania cerca del 14%. Otro indicador preocupante para los sindicatos es la escasa fidelidad de sus antiguos miembros: aproximadamente la mitad de quienes estuvieron afiliados en el pasado ya no lo están, lo que apunta a un distanciamiento creciente entre las organizaciones sindicales y las preocupaciones reales de los trabajadores. Las diferencias también se aprecian por edad y tipo de contrato. Entre los asalariados a tiempo completo de 25 a 44 años, la afiliación alcanza el 18,3%, pero desciende al 10,3% en el empleo a tiempo parcial. Entre los mayores de 45 años, en cambio, cerca de uno de cada cuatro trabajadores pertenece a un sindicato, con independencia de la jornada. Estos datos sugieren que las organizaciones tienen dificultades para integrar a quienes acceden al mercado laboral, especialmente a los más vulnerables, a diferencia de lo que ocurre en países como Finlandia, Francia, Eslovaquia o Hungría, donde los trabajadores más precarios presentan mayores niveles de afiliación. En este contexto de pérdida de base social resulta llamativo el fuerte incremento de las subvenciones públicas. Las ayudas estatales se redujeron notablemente durante el mandato de Rajoy, tanto por los escándalos relacionados con la gestión de fondos de formación como por la necesidad de controlar el déficit. Sin embargo, con Sánchez volvieron a aumentar de forma significativa, hasta alcanzar los 32 millones de euros en 2025, muy por encima de los niveles registrados al final de la anterior etapa.

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(Expansión, 17-02-2026) | Laboral

El Gobierno da luz verde a la subida del salario mínimo a 1.221 euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la portavoz del Ejecutivo y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz; y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, asistieron al acto de firma de la actualización del salario mínimo junto a los sindicatos UGT y CCOO. Desde Palacio de la Moncloa se presentó esta octava subida del salario mínimo desde la llegada de Sánchez al poder como la escenificación más relevante realizada hasta ahora para un acuerdo de este tipo, en un contexto de tensiones dentro del Ejecutivo. La firma del pacto entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para elevar el SMI un 3,1% en 2026 -hasta 1.221 euros mensuales en catorce pagas- contó con la presencia de Sánchez y Díaz, acompañados también por Montero, Saiz y Bustinduy, así como por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. La subida, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores, según el Ministerio de Trabajo. Además, el salario continuará exento del IRPF gracias a una bonificación de Hacienda. Paralelamente, se aprobará un decreto para regular la aplicación de los incrementos, con el objetivo de evitar que las empresas compensen la subida reduciendo pluses u otros complementos salariales. Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, calificaron la evolución reciente del salario mínimo en España como una historia de "éxito", aunque subrayaron que sigue siendo un sueldo de mera subsistencia, insuficiente para afrontar gastos elevados como la vivienda. Álvarez insistió en que el aumento no es tan elevado como se suele afirmar y recordó que España aún está lejos de cumplir los objetivos de la Carta Social Europea, que situarían el SMI en torno a 1.444 euros. También comparó la situación con otros países europeos: en Francia el salario mínimo alcanza los 1.823 euros y afecta a alrededor del 10% de la población; en Bélgica llega a 2.112 euros y afecta al 3%; y en Alemania se sitúa en 2.343 euros, con incidencia en el 6% de los trabajadores. Por su parte, Sordo destacó que el incremento acumulado del 66% en los últimos años ha desmontado la idea de que subir los salarios mínimos destruye empleo. Además, afirmó que ha contribuido a reducir la pobreza y a estrechar la brecha salarial en torno a un 20%, aunque advirtió de que todavía es necesario actuar sobre la alta temporalidad a tiempo parcial y la falta de políticas de cuidados.

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(El Periódico, 17-02-2026) | Laboral

Sánchez pide a los empresarios de CEOE que "cumplan su parte" y "paguen más”

El Ejecutivo pretendía recuperar este año la imagen de consenso del diálogo social alcanzado en 2020, cuando las patronales CEOE y Cepyme respaldaron una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,6%, hasta 13.300 euros brutos anuales. Sin embargo, las organizaciones empresariales mantienen un rechazo frontal a negociar con el Gobierno durante esta legislatura, especialmente en las medidas impulsadas por el Ministerio de Trabajo. La fragilidad parlamentaria del Ejecutivo también desincentiva a la patronal a ceder en acuerdos, ante la previsión de que muchas reformas no prosperen por falta de apoyos, como ya ocurrió con la reducción de la jornada laboral. En medio de un clima de tensión permanente entre Trabajo y la patronal, varios ministerios intentaron durante meses persuadir a los empresarios para aceptar un incremento del SMI del 3,1% en 2026, hasta 17.094 euros anuales (1.221 euros en 14 pagas), pero sin éxito. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochó públicamente la ausencia de la CEOE en la firma del acuerdo con los sindicatos, señalando que esa ausencia refleja quién se beneficia del crecimiento económico. Sánchez sostuvo que la patronal sí celebra los máximos del Ibex y los récords de beneficios empresariales, pero se desmarca cuando se trata de elevar el salario mínimo. Por ello, instó a los empresarios a asumir su responsabilidad, negociar con los sindicatos y avanzar hacia subidas salariales generalizadas, en línea con las reclamaciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de las organizaciones sindicales. Además, diferenció entre los dirigentes de la CEOE y aquellos empresarios que sí consideran a sus trabajadores como su principal activo y mejoran sus sueldos. Para facilitar el acuerdo, el Gobierno ofreció a la patronal una rebaja en el Impuesto de Sociedades que compensara el alza del SMI, pero las condiciones no resultaron atractivas. Las organizaciones empresariales reclamaban modificar la ley que impide trasladar automáticamente estos aumentos a los contratos públicos en vigor, algo que el Ministerio de Hacienda rechazó por el elevado impacto presupuestario que supondría. Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO insisten en reformar las reglas de compensación y absorción para evitar que las empresas neutralicen las subidas del SMI reduciendo complementos salariales. Trabajo pretende incluir esta modificación en el decreto que adaptará la directiva europea sobre salarios mínimos, aunque su alcance podría verse limitado por su carácter reglamentario y por la doctrina del Tribunal Supremo. Al acto de firma acudieron numerosos miembros del Ejecutivo y figuras vinculadas al PSOE, pese a que la subida de este año es la más moderada desde 2021, cuando el incremento fue del 1,6% en plena salida de la pandemia y al inicio de la crisis inflacionaria. Entre los asistentes destacaron la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la portavoz gubernamental, Elma Saiz, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Desde 2018, el salario mínimo ha aumentado un 66%, pasando de 736 euros mensuales a los 1.221 euros previstos, lo que sitúa a España entre los países europeos con SMI más elevados en términos reales. Este incremento acumulado contrasta con el crecimiento del 14,7% registrado entre 2012 y 2018. En cuanto a la tributación, el Ministerio de Hacienda prevé aplicar nuevamente una bonificación para que quienes perciben el SMI recuperen en la declaración de la renta las retenciones practicadas por el IRPF durante el año. Hasta 2024 se optó por elevar el umbral exento de tributación para igualarlo al salario mínimo, pero esa medida reducía los ingresos fiscales de todos los salarios. La nueva fórmula, en cambio, beneficia únicamente a quienes cobran el SMI y evita que pierdan alrededor del 81% del aumento previsto para 2026.

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(El Economista, 17-02-2026) | Laboral

Las mutuas registran un déficit de casi 1.700 millones por el auge de las bajas laborales

El aumento sostenido de las bajas laborales por incapacidad temporal en los últimos años, junto con el coste que conllevan, ha provocado que los ingresos que perciben las mutuas por contingencias comunes resulten insuficientes para financiar las prestaciones. En 2024, según datos conocidos por elEconomista.es, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social registraron un déficit cercano a los 1.700 millones de euros, la cifra más alta hasta la fecha al sumar todas las comunidades autónomas. Fuentes del sector explican que desde 2015 el gasto en incapacidad temporal supera lo recaudado por las cotizaciones destinadas a contingencias comunes -las que cubren las bajas por enfermedad común o accidentes no laborales-. Desde entonces, el desfase no ha dejado de crecer hasta alcanzar los 1.697 millones en 2024, último ejercicio con datos consolidados. Aunque las cifras de 2025 aún no están cerradas, ya se detecta un aumento interanual del déficit. La Ley General de la Seguridad Social establece que, cuando se producen pérdidas, cada mutua debe recurrir primero a su fondo de reserva específico para contingencias comunes. Si este se agota, puede utilizar una reserva complementaria y, en última instancia, el fondo destinado a contingencias profesionales. Según las fuentes consultadas, actualmente muchas mutuas ya están empleando este último recurso, de modo que los ingresos pensados para cubrir accidentes laborales están compensando el incremento del gasto por bajas médicas comunes. El pago de la prestación por incapacidad temporal se reparte entre empresa, mutua y sistema público. Durante los tres primeros días de baja el trabajador no percibe salario -salvo mejoras establecidas por convenio-; entre el cuarto y el decimoquinto día la empresa abona al menos el 60% del sueldo; y a partir del día 16 la prestación corre a cargo de la mutua o del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), según quién cubra a la empresa. En cualquier caso, los fondos proceden de las cotizaciones sociales. En 2024, las mutuas protegían a unos 15,85 millones de trabajadores, aproximadamente el 78% del total, según la Asociación de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (AMAT). Ese año, junto con la Seguridad Social, destinaron unos 15.000 millones de euros a estas prestaciones, cifra que podría alcanzar los 16.787 millones al cierre de 2025. De ese total, las mutuas asumieron cerca de 9.942 millones, mientras que el INSS aportó 5.072 millones. La frecuencia de estos procesos también ha aumentado. A finales de 2024 se registraban 36,47 bajas por cada 1.000 trabajadores en el ámbito de las mutuas y 35,98 en el sistema general. Sin embargo, el incremento resulta mucho más acusado si se compara con la etapa previa a la pandemia: según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la incidencia ha crecido alrededor de un 60% desde 2017. Ante esta situación, la patronal reclama desde hace tiempo ampliar las competencias de las mutuas -entidades privadas de empresarios que colaboran con el sistema público y están vinculadas a la CEOE-. La directora de Empleo de la organización empresarial, Rosa Santos, insistió recientemente en permitir que estas entidades puedan emitir altas médicas para acortar los plazos de las bajas. Por ahora, el Ministerio de Seguridad Social dirigido por Elma Saiz solo contempla que las mutuas puedan dar el alta en casos de accidentes laborales cuando la incapacidad supere los 365 días, es decir, en procesos de contingencias profesionales de larga duración. Otra propuesta del Gobierno es reforzar su participación en la gestión de estas entidades, incorporando dos representantes de la Administración a sus órganos de gobierno.

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(El Economista, 17-02-2026) | Laboral

El Constitucional pone en jaque la nueva obligación de negociar antes de demandar

El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado estudiar una cuestión de inconstitucionalidad relativa a los medios adecuados de solución de controversias (MASC), una de las principales reformas impulsadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que lleva menos de un año en vigor. La Ley de Eficiencia de la Justicia exige desde el 3 de abril intentar una negociación previa antes de acudir a los tribunales en asuntos civiles y mercantiles -como disputas societarias, cláusulas bancarias, determinados casos de ocupación, conflictos de alquiler, incumplimientos contractuales o procesos de divorcio y custodia-. Sin ese intento acreditado, la demanda puede ser inadmitida. El tribunal deberá determinar si esta obligación constituye un obstáculo al derecho de acceso a la justicia, al exigir demostrar previamente que se ha intentado resolver el conflicto por vías alternativas. Según José Miguel Blasco, socio del área civil y procesal de Net-Craman, la admisión a trámite indica que existen dudas razonables sobre si este requisito vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Añade que la situación genera incertidumbre jurídica, ya que cuestiona un elemento procesal clave para planificar litigios. Si finalmente se declarara inconstitucional, desaparecería la exigencia de negociación previa, facilitando acudir directamente a los tribunales, aunque también podría frustrar la estrategia de reducir la judicialización de conflictos. Por su parte, Tomás Villatoro, especialista en derecho procesal y resolución alternativa de disputas en Ius + Aequitas Trial Lawyers, señala que el análisis del Constitucional girará previsiblemente en torno al artículo 24 de la Constitución, que garantiza la tutela judicial efectiva. El tribunal deberá valorar si imponer un mecanismo extrajudicial como condición para demandar es una carga proporcionada o si, en determinados casos, se convierte en una barrera excesiva. A su juicio, el debate no se centra en la utilidad de estos sistemas, sino en su compatibilidad con la Constitución. Desde la entrada en vigor de la ley, los MASC han generado una intensa controversia entre los profesionales del derecho. Se han cuestionado tanto su diseño técnico como sus efectos reales sobre el acceso a la justicia, lo que ha derivado en interpretaciones dispares por parte de los tribunales. Diferentes salas de los Tribunales Superiores de Justicia han fijado criterios propios sobre los aspectos más polémicos del requisito, sin que exista aún una doctrina unificada, lo que obliga a los abogados a desenvolverse en un contexto de inseguridad jurídica y diferencias territoriales. Ahora corresponde al Constitucional establecer un criterio claro que aporte coherencia y estabilidad al sistema. Para ello, el tribunal ha solicitado alegaciones al Congreso, al Senado, al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado, que disponen de 15 días para pronunciarse. Este procedimiento sitúa en el foco público una de las reformas más relevantes del Ejecutivo y lo obliga a defender su legalidad.

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(Expansión, 17-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña y Madrid lideran la fuga de empresas en un año intenso de traslados entre CCAA

Cataluña registró en 2025 la pérdida neta de 115 empresas, después de que 5.307 compañías trasladaran su sede social a otra comunidad autónoma. Las principales beneficiadas por estos movimientos fueron Canarias y Andalucía, mientras que Madrid, por primera vez en años, cerró con saldo negativo debido a la recuperación del impuesto sobre el Patrimonio. A pesar de algunos retornos empresariales a la comunidad -que la Generalitat presidida por Salvador Illa interpreta como el inicio de una vuelta más amplia impulsada por la estabilidad institucional-, Cataluña continúa siendo la región con mayor salida de empresas. Cada año, numerosas sociedades cambian su domicilio en busca de entornos más favorables para su actividad, y en 2025 la tendencia no se revirtió. Durante ese ejercicio, 5.307 empresas se mudaron entre comunidades, un 1% más que el año anterior y el tercer incremento consecutivo desde 2016. Solo 699 eligieron Cataluña como destino, mientras que 814 abandonaron la región -320 de ellas hacia Madrid-, lo que dejó un balance negativo de 115 compañías, según el informe de Informa D&B. Aunque la pérdida fue menor que en 2024, cuando se marcharon 371 empresas, la comunidad sigue sin revertir la dinámica iniciada tras el referéndum independentista de 2017, que provocó una salida masiva de sociedades. Entre 2017 y 2018, Cataluña perdió de forma neta más de 3.300 empresas, y entre 2017 y 2025 la cifra total de compañías que abandonaron la región asciende a 10.394, con una pérdida neta de 5.148 tras descontar las llegadas. Solo unas 762 -el 7,3%- han regresado desde entonces, aunque en 2025 se registró el retorno de 128 empresas, el mayor desde la crisis de 2017. Entre las grandes compañías que han devuelto su sede figuran CriteriaCaixa, la Fundación La Caixa, Banco Sabadell, Cementos Molins o la matriz del grupo Agbar, además del grupo industrial Soler & Palau. El mapa de traslados empresariales dejó también un hecho poco habitual: Madrid cerró el año con un saldo negativo de 70 compañías, algo que no ocurría al menos desde hace una década. Aunque fue la comunidad que más empresas recibió -1.628, el 30,6% del total-, otras 1.698 se marcharon a diferentes regiones. Este cambio se atribuye en gran medida al nuevo impuesto estatal a las grandes fortunas aprobado en 2023, que afectó especialmente a Madrid, donde el impuesto sobre el Patrimonio estaba bonificado al 100%. Tras el aval del Tribunal Constitucional al tributo, el gobierno regional decidió reactivar Patrimonio para evitar que la recaudación fuera a parar al Estado, perdiendo así uno de sus principales atractivos fiscales. Pese a este retroceso puntual, Madrid ha ganado más de 5.100 empresas desde 2016, mientras Cataluña ha perdido más de 5.400 en el mismo periodo. El cambio madrileño se produce además en un contexto en el que otras comunidades gobernadas por el PP han aplicado políticas de rebaja fiscal similares, reduciendo la ventaja competitiva de la capital. Andalucía, por ejemplo, cerró 2025 con un saldo positivo de 76 empresas -tras sumar 81 en 2024-, muy lejos de pérdidas anteriores. No obstante, el mejor resultado fue para Canarias, que sorprendió con un incremento neto de 79 sociedades. En tercer lugar se situaron Baleares, con 65 empresas más. Tras el retroceso de Madrid, esta comunidad es la única que ha mantenido balances positivos todos los años desde 2016, acumulando 515 compañías adicionales. En el extremo opuesto, además de Cataluña y Madrid, las mayores pérdidas en 2025 se registraron en Extremadura (42 empresas menos) y Aragón (40 menos). A lo largo de la última década, Castilla y León es, después de Cataluña, la única comunidad que ha encadenado saldos negativos todos los años desde 2016, con una pérdida total de 547 sociedades.

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(El País, 17-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez anuncia que el fondo soberano financiará la construcción de 15.000 viviendas al año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este lunes que el nuevo fondo soberano pretende movilizar 23.000 millones de euros para levantar hasta 15.000 viviendas anuales destinadas al alquiler asequible. Este instrumento financiero, llamado España Crece y anunciado el 15 de enero, contará con 10.500 millones en préstamos no utilizados del Plan de Recuperación europeo, además de otros 2.800 millones en transferencias a fondo perdido. Su gestión recaerá en el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El Ejecutivo aspira, no obstante, a que esos recursos se multipliquen. La previsión es que, mediante emisiones de deuda, puedan ampliarse hasta 60.000 millones y, con la participación de capital privado, alcanzar los 120.000 millones. De esa cifra global, 23.000 millones se destinarán al ámbito residencial: 14.000 millones de origen público -a través del ICO y financiación a largo plazo- y 9.000 millones procedentes de inversores privados. Durante su intervención en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Sánchez subrayó la necesidad de aumentar la construcción de vivienda pública y asequible y aseguró que la falta de financiación no puede seguir frenando al sector. También calificó el plan como la mayor inversión jamás movilizada en España en condiciones ventajosas para este fin e invitó a fondos de inversión, capital riesgo y fondos soberanos extranjeros a sumarse, aunque advirtió de que el beneficio económico no debe primar sobre el objetivo social de facilitar el acceso a un hogar. Esto no implica que las promotoras trabajen sin margen de ganancia. El presidente del ICO, Manuel Illueca, encargado de cerrar acuerdos en plena crisis habitacional, asegura que se vigilarán posibles conductas especulativas, pero reconoce la necesidad de ofrecer una rentabilidad acorde al riesgo para atraer inversión privada. Según explica, no puede recibir la misma compensación quien financia las fases iniciales -más arriesgadas- que quien entra al final para gestionar los alquileres, ni quienes invierten en zonas de alta demanda frente a áreas con menor atractivo. La intervención pública busca activar un mecanismo que posteriormente funcione por sí solo, sin sustituir permanentemente al capital privado. Para ello se contemplan herramientas como préstamos de muy larga duración -hasta 40 años-, difíciles de obtener en la banca comercial, e incluso posibles reducciones parciales de deuda si se cumplen determinadas condiciones. Illueca sostiene que, si el sector privado percibe el negocio como viable, será el principal motor para incrementar la oferta de vivienda. Si se materializa, la construcción de 15.000 viviendas sociales al año supondría aumentar la oferta en más de un 10%, teniendo en cuenta que en 2025 se prevé conceder entre 120.000 y 130.000 visados de obra. Entre las medidas para abaratar costes se incluye la construcción industrializada, capaz de reducir el precio por metro cuadrado en torno a un 20%. El responsable del ICO reconoce que esta iniciativa no solucionará por sí sola la crisis de acceso a la vivienda, influida también por factores como la escasez de suelo, el encarecimiento de materiales, la falta de mano de obra o las dificultades para adquirir vivienda en propiedad. Aun así, considera que supone un avance significativo al poner en marcha un instrumento capaz de generar miles de viviendas asequibles cada año. La vivienda será uno de los ejes principales del fondo, junto con la mejora de la competitividad empresarial, la transición energética y la digitalización. Además, el programa permitirá reutilizar fondos europeos que debían emplearse antes de 2026 y reforzar la capacidad inversora del Gobierno en un contexto de bloqueo presupuestario. Sánchez destacó también que el fondo tiene un triple propósito -social, medioambiental y tecnológico- y aludió al informe de Mario Draghi sobre la debilidad tecnológica europea. Asimismo, defendió la fortaleza de la economía española, señalando que presenta menor deuda que Estados Unidos, menos déficit que el conjunto de la eurozona y una prima de riesgo inferior a la de Francia, además de un crecimiento potencial superior al 2% entre 2025 y 2028, según el Banco de España. La presentación del fondo estaba prevista para el 19 de enero, pero se aplazó tras el accidente ferroviario ocurrido el día anterior en Adamuz. Este instrumento resulta atípico entre los fondos soberanos, habitualmente utilizados por países exportadores de materias primas, ya que se apoyará en deuda para amplificar su impacto. Parte de esos recursos se canalizará a través del ICO para financiar promociones de alquiler asequible. La oposición, especialmente el Partido Popular, cuestiona que se trate de un verdadero fondo soberano y sostiene que responde a la necesidad de reutilizar préstamos europeos no ejecutados. Sin embargo, el Gobierno defiende que permitirá mantener el impulso inversor una vez finalice el mecanismo europeo de recuperación y considera que la denominación refleja una estrategia de política industrial con mayor autonomía nacional.

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(El País, 17-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El ICO afronta el difícil reto de incentivar al sector privado para que se sume al proyecto de levantar 15.000 pisos al año

La captación de inversión privada para impulsar un parque de viviendas de alquiler asequible, en plena crisis de acceso a la vivienda, se ha convertido en una prioridad para el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Este lunes, poco después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara que el fondo soberano España Crece -gestionado por el ICO- financiará la construcción de 15.000 viviendas anuales, el presidente del organismo, Manuel Illueca, se reunió con un fondo internacional para exponerle las oportunidades de invertir bajo el respaldo del banco público. El planteamiento del Ejecutivo es claro: atraer capital privado sin fomentar prácticas especulativas. Sin embargo, Illueca debe concretar qué nivel de rentabilidad puede considerarse razonable, una cuestión clave para que el plan prospere. El Gobierno aspira a movilizar 9.000 millones de euros de inversión privada, frente a los 14.000 millones que aportaría el ICO mediante recursos propios y endeudamiento. Hasta que esas cifras no se materialicen, no hay garantías de que el objetivo se cumpla. El ICO puede aceptar rendimientos inferiores a los habituales del mercado porque su misión prioriza el impacto social y, por ahora, la morosidad se mantiene baja. Esta lógica, no obstante, no resulta aplicable a los inversores privados, por lo que los incentivos serán determinantes. Entre ellos figuran plazos de financiación muy largos -habitualmente de 20 años, pero ampliables hasta 40- que facilitan la viabilidad del alquiler asequible al repartir el coste de las viviendas en más tiempo. Además, el organismo contempla perdonar parte de la deuda si se cumplen ciertos requisitos. Según explica Illueca, se prevé incluir tramos de financiación no reembolsables. Una vez finalizadas las obras, con un nivel de ocupación adecuado y con inquilinos que cumplan las condiciones establecidas, podría aplicarse una reducción de la deuda. En la práctica, el modelo combinaría préstamo y subvención: quien cumpla determinados criterios vería condonada parcialmente la cantidad adeudada. El responsable del ICO considera que este mecanismo puede ser decisivo para atraer a promotores privados, imprescindibles para acelerar la construcción de vivienda asequible. Existe una tensión entre las rentas que se quieren fijar -más bajas- y los elevados costes de edificación, y ese componente no reembolsable serviría precisamente para cerrar esa brecha. Además de la incógnita sobre la capacidad para movilizar capital privado, también existen dudas sobre los plazos. Aunque el objetivo de levantar 15.000 viviendas al año tiene calendario, no ocurre lo mismo con la movilización total de 23.000 millones de euros prevista a medio plazo. Illueca reconoce que no se logrará en apenas dos años. Al tratarse de préstamos a muy largo plazo, la deuda se irá acumulando progresivamente en el balance del ICO sin un horizonte temporal concreto. El organismo, no obstante, no parte desde cero. Ya disponía de una línea de financiación de 4.000 millones destinada a ampliar el parque de alquiler social o asequible, con la que se han impulsado unas 7.000 viviendas. Gracias a esta experiencia, mantiene contacto directo con los agentes del sector y conoce sus necesidades. El objetivo es desarrollar una industria sólida de promoción para alquiler -el modelo conocido como build to rent- que con el tiempo requiera menos apoyo público, ya que no se pretende sustituir al sector privado. El lanzamiento de España Crece aporta nuevos recursos, pero también eleva la exigencia de resultados al fijar la meta de 15.000 viviendas anuales, un indicador fácilmente evaluable y sujeto a críticas si no se alcanza. Otro aspecto que estará bajo escrutinio es la distribución territorial de las nuevas promociones. El ICO se apoyará en los bancos para aprovechar su presencia en todo el país, aunque no existe obligación de repartir las viviendas de forma equilibrada entre comunidades. Aun así, el organismo confía en que la demanda de gobiernos autonómicos y ayuntamientos con suelo público disponible favorezca proyectos en distintas zonas del territorio.

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