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(Expansión, 20-05-2026) | Fiscal

Hacienda estrecha el control sobre el Bizum tras llegar a los comercios físicos

La puesta en marcha esta semana de Bizum Pay para realizar pagos en comercios físicos coincide con un endurecimiento de los controles fiscales sobre las operaciones electrónicas, después de que Hacienda eliminara el límite mínimo que obligaba a los bancos a informar sobre determinados movimientos empresariales. Desde comienzos de esta semana, Bizum ha empezado a activar su sistema de pagos presenciales mediante móvil, permitiendo a los usuarios pagar en establecimientos acercando el teléfono al terminal de cobro, de forma similar a los pagos contactless con tarjeta bancaria. Con esta novedad, Bizum se convierte en la primera plataforma europea de este tipo que ofrece este servicio a sus más de 31 millones de usuarios. Sin embargo, la expansión de esta herramienta podría incrementar la exposición de autónomos y empresas comerciales a posibles inspecciones tributarias, ya que desde el pasado 1 de enero la Agencia Tributaria tiene acceso a un mayor volumen de información sobre los cobros recibidos por estos contribuyentes. Dentro del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2026, Hacienda ha reforzado especialmente el seguimiento de las operaciones bancarias. Entre sus objetivos figura obtener información mensual sobre la titularidad de cuentas y sobre los ingresos obtenidos por empresarios y profesionales a través de terminales de pago y sistemas vinculados a números de teléfono móvil, después de haberse eliminado el umbral de 3.000 euros que obligaba a las entidades financieras a comunicar esos movimientos. Los expertos fiscales consultados consideran que estas nuevas obligaciones informativas, introducidas en el marco de la directiva europea DAC 8, proporcionarán más herramientas a la Inspección de Hacienda para detectar posibles fraudes tributarios. A su juicio, el acceso a un mayor volumen de datos permitirá aumentar las comprobaciones sobre empresas, autónomos y particulares. Además, prevén que este control pueda intensificarse en los próximos meses a medida que los pagos con Bizum en tiendas físicas se extiendan entre las distintas entidades bancarias. Según explica César García Novoa, coordinador del grupo de expertos en Derechos y Garantías del Contribuyente y Práctica Tributaria de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), la Administración tributaria centrará cada vez más su atención en los movimientos bancarios asociados a pagos electrónicos. Ante este escenario, y teniendo en cuenta el crecimiento constante de las operaciones realizadas mediante Bizum -que el pasado año alcanzaron los 58 millones de transacciones por un importe de 3.107 millones de euros-, los asesores fiscales recomiendan a profesionales y empresarios separar claramente las cuentas personales de las destinadas a la actividad económica. El objetivo es diferenciar con claridad qué transferencias corresponden a operaciones comerciales y cuáles pertenecen al ámbito privado. La creciente capacidad de control también ha reabierto el debate sobre la privacidad y la protección de datos de los contribuyentes. Algunos expertos advierten de que el acceso generalizado a la información sobre pagos puede afectar de forma significativa a la intimidad financiera de los ciudadanos, al permitir a la Administración conocer con detalle parte de sus hábitos y movimientos económicos.

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(Expansión, 20-05-2026) | Fiscal

Los empresarios con clientes extranjeros también deberán usar Verifactu

La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado que la obligación de utilizar el sistema Verifactu depende del lugar de residencia fiscal de quien emite la factura y no del país en el que se encuentre el cliente. A medida que se acerca la entrada en vigor definitiva del sistema de verificación de facturas impulsado por la Agencia Tributaria, Hacienda continúa resolviendo dudas planteadas por empresarios y profesionales sobre la aplicación de la normativa. En una reciente consulta vinculante, la DGT ha precisado que los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas y utilicen sistemas informáticos de facturación estarán obligados a cumplir con el reglamento Verifactu aunque sus clientes estén ubicados fuera de España. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda sostiene que la normativa afecta a todas las facturas emitidas mediante un sistema informático de facturación, con independencia del país del destinatario. De este modo, únicamente quedarían al margen de esta obligación quienes continúen realizando facturas manuales o manuscritas. En cambio, aquellos que empleen un software de facturación deberán aplicar Verifactu a la totalidad de sus documentos emitidos. La implantación definitiva del sistema se aproxima después de que el Gobierno aprobara el pasado diciembre una prórroga extraordinaria de un año para adaptar los programas de facturación a las exigencias de la Ley Antifraude. Según el nuevo calendario, las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán disponer de un software actualizado antes del 1 de enero de 2027. En el caso de los autónomos persona física, el plazo finalizará el 1 de julio de ese mismo año. Con esta ampliación de fechas, Hacienda ha buscado coordinar la entrada en vigor de las obligaciones derivadas de la Ley Antifraude con el despliegue progresivo de la factura electrónica obligatoria contemplada en la Ley Crea y Crece. Esta última está prevista para octubre de 2027 en las empresas con una facturación superior a ocho millones de euros anuales, mientras que para el resto podría retrasarse hasta octubre de 2028.

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(Expansión, 20-05-2026) | Fiscal

La fiscalidad de la vivienda representa hasta una cuarta parte del coste total de un inmueble

En un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las mayores inquietudes de los ciudadanos, el foco del debate suele ponerse en la escasez de suelo o en el encarecimiento de los precios. Sin embargo, existe otro factor con un peso determinante que a menudo pasa desapercibido: la carga fiscal. Según el informe La fiscalidad de la vivienda en España: una propuesta de mejora, elaborado por el IEE, los impuestos pueden llegar a representar hasta una cuarta parte del coste total de un inmueble y sitúan a España entre los países con mayor presión tributaria sobre la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler. El estudio señala que el tipo marginal efectivo aplicado a la vivienda en propiedad alcanza el 30,3% en España, muy por encima de la media de la OCDE, situada en el 9,7%, y de la Unión Europea, donde apenas llega al 6,5%. Esto implica que los propietarios e inversores españoles destinan proporcionalmente muchos más recursos al pago de impuestos que la mayoría de sus vecinos europeos. La situación es aún más exigente en el mercado del alquiler. El informe cifra en un 44% el tipo marginal efectivo sobre la vivienda arrendada, frente al 32% de promedio en la OCDE. El IEE considera que esta elevada fiscalidad, unida a la regulación introducida por la Ley de Vivienda de 2023 y a los controles de precios en las zonas tensionadas, está desincentivando la oferta de alquiler. Según el organismo, muchos propietarios optan por retirar sus inmuebles del mercado ante el aumento de costes y la inseguridad jurídica. Para quienes adquieren una vivienda protegida, el peso de los impuestos se refleja claramente en el precio final. Datos de ASPRIMA indican que aproximadamente el 25% del importe total de una vivienda corresponde a tributos como el IVA, el Impuesto de Sociedades, el ITP o el AJD. En otras palabras, de cada 100.000 euros invertidos, unos 25.000 terminan en las arcas públicas. El informe también destaca el caso del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), donde España figura entre los países con mayores gravámenes de la OCDE, solo por detrás de Bélgica y Reino Unido. A ello se suma que España sigue siendo uno de los pocos países europeos que mantiene el Impuesto sobre el Patrimonio y presenta además uno de los tipos máximos más elevados en el Impuesto sobre Sucesiones, con una tasa que puede alcanzar el 87,6%. El análisis territorial refleja además profundas diferencias entre comunidades autónomas. El nuevo Índice de Competitividad Fiscal Inmobiliaria del IEE sitúa a la Comunidad de Madrid a la cabeza, con una puntuación de 9,5, seguida por La Rioja, con 9,2. Ambas regiones han apostado por una política de menor presión fiscal para estimular la actividad inmobiliaria. Madrid, por ejemplo, mantiene el tipo mínimo estatal del 6% en el ITP, frente al 10% u 11% aplicado en autonomías como Cataluña, Comunidad Valenciana o Extremadura. Las diferencias también son notables en la recaudación media por operación de ITP. Mientras la media nacional ronda los 14.548 euros, en Baleares la cifra supera los 44.000 euros por vivienda debido al elevado precio de los inmuebles y a tipos impositivos que llegan al 13%. En el extremo contrario se encuentran Murcia y La Rioja, con costes medios notablemente inferiores. El estudio presta igualmente atención al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Castilla-La Mancha encabeza la clasificación de presión fiscal tomando como referencia la media nacional, seguida por Extremadura. Por el contrario, País Vasco y Baleares figuran entre las regiones con menor carga relativa en este tributo. También existen grandes diferencias en la plusvalía municipal. Ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia aplican el tipo máximo permitido del 30%, mientras que en algunas comunidades, como Castilla y León, el promedio apenas supera el 2%, lo que evidencia el amplio margen de actuación de los ayuntamientos en materia fiscal. Ante este escenario, el IEE propone fijar límites estatales a los tipos máximos del ITP y del AJD para evitar grandes diferencias entre territorios. El informe sostiene además que una menor fiscalidad no tiene por qué traducirse en menos ingresos públicos. Como ejemplo, señala que Madrid, pese a aplicar un tipo reducido del 6% en el ITP, logra una recaudación por habitante similar a la de Cataluña, donde el gravamen alcanza el 11%, gracias a un mayor volumen de operaciones inmobiliarias.

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(El Economista, 20-05-2026) | Fiscal

La Audiencia ve pacto en los despidos de mayores de 50 años si la indemnización se ajusta hasta la jubilación

La Audiencia Nacional ha respaldado la postura de Hacienda en su disputa sobre los despidos de trabajadores mayores de 50 años, al considerar que estas salidas deben entenderse como acuerdos cuando los empleados aceptan indemnizaciones inferiores a las que les corresponderían legalmente, calculadas en función del tiempo restante hasta la jubilación. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha intensificado el control sobre este tipo de desvinculaciones laborales para determinar si se trata realmente de despidos decididos de forma unilateral por la empresa -en cuyo caso la indemnización estaría exenta de IRPF hasta un máximo de 180.000 euros- o si, por el contrario, son pactos entre ambas partes. En este segundo escenario, las compensaciones percibidas se consideran rendimientos sujetos a tributación en el Impuesto sobre la Renta. La sentencia, fechada el 4 de marzo, analiza las pruebas aportadas por Hacienda y concluye que existe una conexión clara entre los hechos acreditados y la hipótesis planteada por la inspección, lo que permite inferir que empresa y trabajadores alcanzaron un acuerdo para extinguir la relación laboral en términos favorables para ambos. El caso se remonta a una inspección abierta por la Agencia Tributaria relativa al IRPF de los ejercicios 2012 y 2013, en los que la empresa cesó a seis empleados, todos ellos mayores de 61 años. La compañía defendió que los despidos respondían a causas objetivas, derivadas de su situación económica negativa y pérdidas empresariales. Sin embargo, durante el proceso de conciliación se reconoció que se trataba de despidos improcedentes. Los trabajadores no solicitaron su reincorporación y aceptaron las indemnizaciones ofrecidas por la empresa, de cuantía inferior a la prevista para el despido improcedente, sin presentar reclamaciones posteriores. La resolución también subraya, según los argumentos de Hacienda, que las indemnizaciones no guardan relación con la antigüedad ni con el salario de los empleados. De hecho, señala que cuanto mayor era la edad del trabajador, menor resultaba el porcentaje de compensación recibido, lo que permite inferir que las cantidades estaban vinculadas al tiempo que les quedaba hasta la jubilación. El análisis de los datos sugiere, además, que la suma de indemnización, subsidio de desempleo y pensión futura habría buscado aproximarse a lo que habrían percibido si hubieran permanecido en la empresa hasta la edad de retiro. En este sentido, el fallo considera que la compensación estaría más asociada a un incentivo por la salida voluntaria que a una indemnización por despido forzoso. Tras valorar todos los indicios, la Audiencia Nacional coincide con la interpretación de la Inspección y concluye que las extinciones fueron pactadas, por lo que la empresa debe ingresar a Hacienda las retenciones correspondientes a dichas indemnizaciones. No obstante, el Tribunal Central Económico-Administrativo ya advirtió en una sentencia del 8 de octubre que no todos los ceses de trabajadores mayores de 50 años pueden presumirse como acuerdos, insistiendo en que la Administración debe aportar pruebas suficientes para acreditarlo en cada caso.

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(El Economista, 20-05-2026) | Fiscal

El BCE avala un informe que apuesta por armonizar la fiscalidad energética para que la industria europea compita con China y EEUU

El Banco Central Europeo ha puesto sobre la mesa el debate acerca de uno de los aspectos más delicados de la política energética comunitaria: la necesidad de armonizar la fiscalidad y los cargos regulados de las redes eléctricas en toda la Unión Europea con el objetivo de reducir las diferencias de precios entre países y aliviar la carga sobre la industria. En un análisis publicado en su serie de documentos ocasionales, elaborado por Charlotte Grynberg, Francesca Vinci y Alessandro de Sanctis, se advierte de que las grandes disparidades existentes entre Estados miembros en materia de impuestos, peajes y otros costes regulados están fragmentando el mercado energético europeo y reduciendo la competitividad de las empresas frente a economías como Estados Unidos o China. El BCE, que aclara que no necesariamente comparte las conclusiones del estudio, señala que estas diferencias nacionales en la forma de calcular la fiscalidad y los cargos de red provocan importantes distorsiones en los precios finales de la electricidad y el gas para la industria. El informe recuerda que en algunos países estas cargas superan el 35% del coste de la electricidad industrial, mientras que en otros incluso existen mecanismos de compensación o esquemas que reducen el precio efectivo. El análisis sostiene que esta situación está debilitando la integración del mercado energético europeo y generando desequilibrios de competitividad dentro de la propia Unión Europea. El documento apunta que determinadas medidas podrían favorecer una fiscalidad más eficiente y homogénea, y plantea también la conveniencia de unificar los criterios de cálculo de las tarifas de acceso a las redes eléctricas. Esta propuesta tiene especial relevancia porque afecta a competencias tradicionalmente reservadas a los Estados miembros, que han mostrado históricamente una fuerte resistencia a ceder soberanía fiscal a las instituciones europeas. El informe también relaciona esta posible armonización con los objetivos de descarbonización de la economía europea. Según el BCE, el actual diseño fiscal no está plenamente alineado con la transición energética, ya que no incentiva de forma óptima la sustitución de combustibles fósiles por electricidad. En este sentido, el estudio destaca que en numerosos países europeos la electricidad y el gas soportan niveles impositivos similares, a pesar de que la estrategia comunitaria busca impulsar la electrificación como eje de la transición climática. La institución advierte además de que los costes de red aumentarán de forma significativa en los próximos años. Las inversiones necesarias para integrar energías renovables, sistemas de almacenamiento, digitalización y electrificación podrían elevar los costes para los consumidores entre un 60% y un 100%, según recoge el documento. En este contexto, el regulador europeo ACER ha planteado recientemente nuevas fórmulas para financiar este incremento. El BCE enmarca estas recomendaciones dentro del objetivo de avanzar hacia una auténtica Unión Energética Europea, con mayor coordinación en inversiones, infraestructuras, financiación y política industrial. La institución considera que la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio evidencian la vulnerabilidad del sistema energético europeo. En paralelo, el Banco Central Europeo defiende por primera vez una planificación energética más centralizada a nivel comunitario, que permita concentrar el desarrollo de energías renovables en los países con mejores recursos naturales, aunque la electricidad se consuma en otros Estados miembros. El informe señala que la fragmentación de las políticas nacionales está impidiendo aprovechar plenamente el potencial renovable de Europa y que una mayor coordinación permitiría optimizar las inversiones. Según las estimaciones recogidas, un modelo coordinado podría aumentar la producción media hasta un 42% en energía solar y hasta un 110% en energía eólica en comparación con un escenario en el que cada país actúe de forma independiente. Este enfoque supondría avanzar hacia una especialización energética dentro de la Unión Europea, en la que algunos países se consolidarían como grandes productores de energía renovable. En este contexto, España aparece como uno de los territorios con mayor potencial para beneficiarse de este modelo.

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(El Periódico, 20-05-2026) | Fiscal

Illa y Junqueras se emplazan a lograr la recaudación del IRPF tras pactar los Presupuestos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Oriol Junqueras han rubricado este martes por la mañana el acuerdo para sacar adelante los Presupuestos de Cataluña, los primeros del actual Ejecutivo catalán. La firma se ha escenificado en el Saló Gòtic de la Generalitat, uno de los espacios más emblemáticos del Palau, tras semanas de negociación entre PSC y ERC y también con Comuns, el otro socio de investidura, que aún reclama revisar parte de los compromisos antes de dar su apoyo definitivo. Tanto Illa como Junqueras han insistido además en la necesidad de avanzar en el nuevo modelo de financiación autonómica pactado, cuya tramitación sigue pendiente en el Congreso. El acuerdo incorpora tres grandes reivindicaciones impulsadas por ERC. La primera contempla el compromiso de desarrollar una nueva línea ferroviaria orbital que conecte diversas ciudades del área metropolitana de Barcelona sin pasar por la capital catalana. Según lo pactado, esta infraestructura debería estar operativa en 2040. El segundo punto prevé destinar 500 millones de euros en cuatro años al crecimiento de la Agencia Tributaria de Cataluña, con el objetivo de reforzar su estructura y preparar el terreno para que en el futuro pueda asumir parcialmente la gestión del IRPF, una de las principales demandas republicanas durante la legislatura. Además, ERC ha conseguido que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona obtengan la mayoría en el Consorcio de la Zona Franca. La denominada línea orbital ha desplazado del centro de la negociación la cuestión de la recaudación del IRPF, que había sido hasta ahora uno de los pilares del acuerdo de investidura de Illa. Aquel pacto establecía que la Generalitat comenzaría a recaudar este impuesto en 2026, aunque posteriormente el Govern retrasó el calendario hasta 2028. Este martes, la consellera de Economía, Alícia Romero, aclaró que nunca se habló de asumir una gestión completa del tributo en esa fecha y que el plan aprobado contempla únicamente una aplicación parcial a partir de entonces. Romero justificó la dificultad del proceso recordando que la Agencia Tributaria catalana carece actualmente de recursos comparables a los de la Agencia Tributaria estatal, que dispone de unos 1.500 informáticos. ERC asume ya que este objetivo probablemente se extenderá más allá de la actual legislatura. Pese a los retrasos, los republicanos han rebajado el tono respecto a meses anteriores. En febrero llegaron incluso a forzar la retirada del primer proyecto presupuestario ante la falta de avances en materia fiscal, mientras que ahora el acuerdo se centra en tres ejes: impulsar el nuevo modelo de financiación para 2027, trabajar junto a ERC para que el Congreso apruebe la delegación de competencias sobre el IRPF y avanzar en la condonación parcial de la deuda catalana vinculada al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con efectos previstos para el próximo ejercicio. Romero aseguró que la hoja de ruta del Govern pasa por lograr esa delegación competencial cuando se tramiten en las Cortes las reformas legales necesarias para modificar el sistema de financiación. No obstante, admitió que antes será imprescindible transformar la Agencia Tributaria catalana para que pueda asumir esa función. "Si mañana nos transfirieran esas competencias, no estaríamos preparados para gestionarlas", señaló la consellera, quien destacó además la buena relación con el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. Según explicó, el Ejecutivo catalán trabaja con un horizonte de cuatro años para adaptar la estructura administrativa necesaria. La responsable de Economía agradeció a ERC su "sentido de país" y defendió que el apoyo republicano permitirá dar estabilidad al Govern y facilitar la adopción de medidas orientadas al crecimiento económico y al progreso social. También expresó su confianza en cerrar un acuerdo definitivo con Comuns. Más complicada sigue siendo la negociación con los sindicatos educativos, con los que la Generalitat volverá a reunirse este miércoles para intentar desactivar las huelgas y movilizaciones previstas. Romero recordó que los acuerdos ya alcanzados con CC OO y UGT han supuesto un coste de 700 millones de euros y reconoció que algunas reivindicaciones son "inasumibles", aunque dejó abierta la puerta a introducir nuevas mejoras. En ese sentido, recordó que el presupuesto es flexible y puede modificarse durante el ejercicio mediante fondos de contingencia o reajustes entre departamentos. El documento firmado entre Govern y ERC también incluye medidas para impulsar el uso del catalán, la creación de un fondo extraordinario de 250 millones de euros destinado a reducir el gasto sanitario desplazado, un plan de inversiones educativas dotado con 400 millones en cuatro años, programas de rehabilitación de barrios degradados y apoyo a pequeños municipios, así como la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Cataluña que permita a la Generalitat participar en la gobernanza de los aeropuertos catalanes mediante un órgano bilateral con el Estado. Para Illa, la aprobación de estos presupuestos representa uno de los hitos más importantes de la legislatura. Después de casi dos años al frente del Govern, todavía no había logrado sacar adelante unas nuevas cuentas y la Generalitat seguía funcionando con los presupuestos aprobados en 2023 durante el mandato de Pere Aragonès. El Ejecutivo catalán espera ahora que las nuevas cuentas, previstas para entrar en vigor en julio, no solo permitan afrontar el actual ejercicio, sino también garantizar estabilidad hasta el final de la legislatura en 2028.

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(El País, 20-05-2026) | Laboral

Claves de la próxima pasarela al RETA para mutualistas

El Congreso de los Diputados afrontará este miércoles 20 de mayo una votación decisiva para miles de abogados, procuradores, arquitectos e ingenieros que han cotizado para su jubilación a través de mutualidades profesionales en lugar de hacerlo mediante la Seguridad Social. Tras varios años de protestas y negociaciones, el Gobierno pretende impulsar una pasarela que permita transformar los fondos acumulados en esas mutualidades privadas, como la Mutualidad de la Abogacía, en años cotizados dentro del sistema público de pensiones. El origen de las reclamaciones está en las bajas prestaciones que reciben numerosos mutualistas al jubilarse. Muchos abogados denuncian que las cantidades ahorradas durante décadas apenas les garantizan pensiones inferiores a 500 euros mensuales en doce pagas, muy por debajo de los más de 1.300 euros de media que perciben los autónomos jubilados integrados en el RETA. Entre los procuradores, algunos casos se sitúan incluso por debajo de los 300 euros al mes. Esta situación ha llevado a los afectados a movilizarse y a intensificar la presión política sobre todos los grupos parlamentarios. Después de años de conversaciones, el Ministerio de Seguridad Social anunció en abril de 2024 el inicio de los trámites para crear esta pasarela. El objetivo también pasa por acabar progresivamente con el sistema de alternatividad que permitía a determinados profesionales cotizar exclusivamente mediante mutualidades en vez de hacerlo en el sistema público, una fórmula que incluso fue obligatoria hasta 1996 en algunos colectivos. El avance más importante llegó recientemente en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, donde prosperó una enmienda transaccional impulsada por el PSOE dentro de una proposición de ley. Aunque el resto de grupos optaron por abstenerse, la propuesta salió adelante. No obstante, fuentes de la negociación aclaran que esa abstención no implica un apoyo definitivo, sino la voluntad de facilitar que algún tipo de solución termine aprobándose. Este miércoles la Comisión de Seguridad Social estudiará las enmiendas de los grupos parlamentarios antes de que el texto pase al Pleno del Congreso. Si la tramitación avanza según lo previsto, el Gobierno confía en que la ley pueda quedar aprobada antes del verano. Más de 100.000 profesionales vinculados al derecho, la arquitectura o las ingenierías siguen pendientes de una norma que regule esta conversión de cotizaciones. Personas implicadas en la negociación aseguran que existe una amplia voluntad política para resolver un problema que lleva años enquistado y que afecta a miles de jubilados y futuros pensionistas. La principal discusión gira en torno a cómo se calculará la equivalencia entre el dinero acumulado en las mutualidades y los años reconocidos en la Seguridad Social. Desde el inicio de las protestas han surgido distintas plataformas con posiciones diferentes. Algunas, como J2, defendían que cada año cotizado en una mutualidad equivaliera directamente a un año completo en el RETA. Otras asociaciones, como Anama, Anamarq o AMCO, aceptan aplicar factores de conversión para ajustar las diferencias entre ambos sistemas. Este aspecto es clave porque el número de años cotizados determina tanto el acceso a la pensión mínima -que exige al menos 15 años- como el importe final de la prestación. Algunos expertos consideran que los mutualistas más jóvenes, especialmente los menores de 50 años, podrían optar por mantener sus ahorros en la mutualidad y empezar a cotizar directamente en la Seguridad Social para alcanzar el mínimo exigido. En cambio, quienes superan esa edad probablemente recurrirán mayoritariamente a la pasarela. El proyecto también contempla un tratamiento específico para los mayores de 55 años, que disponen de menos margen para acumular nuevas cotizaciones. En estos casos, cada año aportado a la mutualidad sería reconocido como un año cotizado en la Seguridad Social, facilitando así el acceso a la pensión mínima del RETA. La base del sistema consistirá en trasladar voluntariamente los fondos acumulados en las mutualidades hacia la Seguridad Social. El cálculo tiene en cuenta que las cotizaciones al RETA no se destinan íntegramente a la jubilación, sino también a cubrir otras contingencias como incapacidad permanente, viudedad u orfandad. El economista José Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia, elaboró un informe para la asociación Anama en el que explica que parte de las cuotas del RETA funcionan como seguros destinados a cubrir riesgos concretos y cuyo dinero no puede recuperarse posteriormente. Por ejemplo, si un autónomo paga 270 euros mensuales, solo una parte se destina realmente a la futura pensión de jubilación. Uno de los puntos más controvertidos es precisamente el denominado factor de conversión. La propuesta que se debatirá inicialmente en el Congreso fija un coeficiente del 0,77, mientras que el informe de Devesa planteaba uno inferior, del 0,57. Cuanto menor es ese coeficiente, más favorable resulta para los mutualistas, ya que permite reconocer más años cotizados por el mismo capital acumulado. Con el factor del 0,57, un mutualista con 5.700 euros acumulados podría obtener el equivalente a diez años de cotización en el RETA. En cambio, con el coeficiente del 0,77, esa misma cantidad solo serviría para computar algo más de siete años. Por ello, la mayoría de asociaciones de afectados rechazan la propuesta inicial del Gobierno. Otro de los problemas detectados afecta a quienes abandonaron las mutualidades y se dieron de alta en el RETA durante los últimos años. La redacción actual deja fuera de la pasarela a estos profesionales, aunque el texto contempla estudiar específicamente la situación de quienes se incorporaron al RETA a partir del 1 de enero de 2023. Diversos expertos consideran que excluirlos generaría una clara desigualdad respecto al resto de mutualistas. Tampoco se contempla por ahora una solución para los llamados mutualistas pasivos, es decir, aquellos abogados o procuradores que ya cobran una pensión procedente de su mutualidad. Las asociaciones consideran injusto que el colectivo más afectado quede excluido de la reforma y reclaman que también puedan beneficiarse de algún mecanismo corrector. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación reconocen que resulta poco probable que esta situación se modifique durante la tramitación parlamentaria.

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(El País, 20-05-2026) | Laboral

Los jóvenes que ni estudian ni trabajan son menos que nunca y España ya roza la media de la UE

Cada vez hay menos jóvenes en España que ni estudian ni trabajan. De acuerdo con los últimos datos de Eurostat, la proporción de personas de entre 15 y 29 años que no están empleadas ni cursan estudios se situó en 2025 en el 11,5%, medio punto menos que en 2024. Se trata del nivel más bajo desde que existen registros comparables (2002) y se sitúa incluso por debajo del registrado durante el auge de la burbuja inmobiliaria. Los especialistas atribuyen esta evolución a dos factores principales: la reducción del desempleo juvenil y el descenso del abandono escolar. Ambos elementos han contribuido a que España se acerque progresivamente a la media de la Unión Europea, situada en el 11%, reduciendo a la mitad la brecha existente respecto al año anterior y alejándose de los niveles mucho más altos observados durante la Gran Recesión. En 2013, la tasa de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban llegó a alcanzar el 22,5%, el doble que en la actualidad. Aquel incremento estuvo vinculado al fuerte impacto del paro juvenil tras el estallido de la crisis financiera, especialmente entre trabajadores procedentes del sector de la construcción. Con la recuperación económica, el indicador fue descendiendo de forma gradual hasta situarse en el 14,9% en 2019. La pandemia provocó un repunte hasta el 17,3%, pero desde entonces la tendencia ha vuelto a ser descendente hasta el actual 11,5%. Este comportamiento acerca a España al promedio europeo, aunque aún persisten diferencias con algunos países. En 2025, la tasa más elevada de la UE corresponde a Rumanía (19,2%), seguida de Bulgaria, Grecia e Italia. Francia registra un 12,7%, algo superior al dato español, mientras que los mejores registros se observan en países como Portugal, Eslovenia, Suecia o Países Bajos, donde las cifras se mantienen claramente por debajo del promedio comunitario. Diversos expertos y representantes institucionales coinciden en que la mejora española se explica también por el aumento de la ocupación juvenil tras la recuperación pospandemia y por una mayor continuidad en la formación educativa. El abandono escolar, que se sitúa en el 12,8% en 2025, se ha reducido de forma muy significativa respecto a los niveles de la Gran Recesión, cuando superaba el 30%. Desde el ámbito sindical se destaca además el impacto de las políticas educativas y laborales aplicadas en los últimos años, como el impulso a la Formación Profesional o la reforma laboral, que ha contribuido a reducir la temporalidad entre los jóvenes. Actualmente, alrededor del 33,7% de los trabajadores de entre 16 y 29 años tiene un contrato temporal, frente al 55,4% registrado antes de la reforma. A pesar de esta mejora, se advierte de que la precariedad sigue siendo elevada. La tasa de paro juvenil continúa muy por encima de la media del conjunto de la población, y persisten problemas como la inestabilidad laboral o situaciones de abuso en el ámbito de las prácticas formativas. También se señala la falta de avances en medidas destinadas a regular mejor estas prácticas, como el llamado estatuto del becario. Otro de los elementos destacados es la desigualdad de género en el acceso al empleo y la carga de los cuidados, que afecta especialmente a las mujeres jóvenes, con mayores tasas de desempleo y más interrupciones en su trayectoria profesional. Por otro lado, se cuestiona el propio término "nini", que organizaciones juveniles y sindicales consideran estigmatizante, ya que agrupa realidades muy distintas, desde el desempleo hasta situaciones de vulnerabilidad o cuidado no remunerado. En paralelo, crece el fenómeno de los jóvenes que estudian y trabajan al mismo tiempo, conocidos como "sisis". Según la Encuesta de Población Activa, más de un millón de jóvenes compatibilizan ambas actividades, lo que supone en torno a un tercio de los ocupados de este grupo de edad, una proporción que ha aumentado de forma notable en los últimos años. Este incremento se vincula a factores como el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral y las dificultades de acceso a la formación.

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(El Economista, 20-05-2026) | Laboral

La Seguridad Social obliga a las empresas a pagar sanciones por los accidentes laborales de los becarios

La Seguridad Social ha fijado un nuevo criterio por el que las empresas deberán asumir sanciones económicas cuando los becarios sufran accidentes laborales o enfermedades profesionales durante sus prácticas. Las compañías tendrán que afrontar un recargo de entre el 30% y el 50% sobre las prestaciones por incapacidad temporal o permanente reconocidas al alumno afectado. La cuantía del recargo dependerá del grado de responsabilidad de la empresa y de la gravedad del incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. Hasta ahora, la Ley General de la Seguridad Social ya contemplaba esta obligación para los trabajadores asalariados cuando el accidente se producía por deficiencias en las medidas de seguridad, por instalaciones en mal estado o por la ausencia de protección adecuada. La principal novedad es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), mediante un criterio comunicado el pasado 11 de mayo, amplía ahora esta responsabilidad también a los estudiantes en prácticas, tanto universitarios como de Formación Profesional. Blanca Liñán, socia del área laboral de Ceca Magán, explica que el aspecto más relevante de esta interpretación es que no excluye a los alumnos en prácticas de la aplicación de estos recargos. Según señala, el INSS considera que, al estar integrados en la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, también les resulta aplicable la protección derivada de accidentes laborales y enfermedades profesionales sufridas durante las prácticas. La experta destaca además que la responsabilidad recaerá sobre la entidad en la que se produzca el incumplimiento de las medidas preventivas, situando así el foco directamente sobre la empresa donde el estudiante desarrolla su actividad formativa. A su juicio, este criterio obliga a las compañías a integrar plenamente a los becarios en sus sistemas de prevención de riesgos laborales, equiparando sus condiciones de protección a las del resto de empleados de la plantilla. El Ejecutivo ya obligaba desde noviembre de 2011 a cotizar por los estudiantes en prácticas remuneradas. Posteriormente, desde el 1 de enero de 2024, esa obligación se amplió también a las prácticas no remuneradas. Pese a ello, tanto los becarios remunerados como los no remunerados continúan excluidos de determinadas coberturas, como la prestación por desempleo o la protección del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Además, quienes realizan prácticas sin remuneración no tienen derecho a la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, como enfermedades ordinarias o accidentes ocurridos fuera del entorno laboral. No obstante, Blanca Liñán aclara que esta limitación no afecta a las contingencias profesionales. Por ello, considera que el recargo también podría aplicarse en el caso de becarios no remunerados siempre que exista una prestación económica vinculada a un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

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(Cinco Días, 20-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los aranceles de Trump acaban con el 10% de las exportaciones españolas de alimentos y bebidas a EE UU

La industria española de alimentación y bebidas sufrió en 2025 el impacto de la política arancelaria impulsada por la administración de Donald Trump. Las exportaciones del sector hacia Estados Unidos descendieron un 9,6% durante el pasado año, hasta situarse en 3.041 millones de euros, lo que provocó que el país bajara del cuarto al quinto puesto entre los principales destinos de los productos españoles de alimentación y bebidas. Pese a esta caída, Estados Unidos continúa siendo el mercado más importante fuera de la Unión Europea para la industria alimentaria española. Así lo destacó Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), durante la presentación de los resultados del sector correspondientes a 2025. Según explicó, la imposición de aranceles y la incertidumbre regulatoria han perjudicado claramente el comercio exterior con el mercado estadounidense, aunque insistió en que se trata de un problema "estrictamente político" y no comercial. García de Quevedo defendió que los productos españoles mantienen una buena aceptación en Estados Unidos y que la relación con distribuidores y compradores sigue siendo positiva. A su juicio, la situación depende sobre todo de las negociaciones entre Washington y Bruselas y de los equilibrios geopolíticos, lo que genera un entorno de volatilidad e inseguridad jurídica. El directivo señaló además que 2026 ha comenzado en una línea similar, aunque con algo más de estabilidad tras la decisión de la Corte Suprema estadounidense de frenar gran parte de la política arancelaria impulsada por Trump. Entre los productos españoles con mayor presencia en Estados Unidos destacan especialmente el aceite de oliva y el vino, aunque FIAB no precisó qué categorías concretas fueron las más afectadas el pasado ejercicio. En conjunto, la industria alimentaria y de bebidas exportó productos por valor de 52.564 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 2,9% respecto al año anterior. En términos de volumen, el crecimiento fue cercano al 5%. A pesar del retroceso en el mercado estadounidense, los principales destinos europeos mostraron una evolución positiva. Francia, principal cliente exterior del sector, incrementó sus compras un 3,2%, hasta los 7.695 millones de euros. Italia aumentó un 3,1%, hasta 6.483 millones, mientras que Portugal y Alemania registraron avances del 8,2% y del 8,8%, respectivamente. En el lado negativo también destacaron las caídas en Reino Unido y China. Las exportaciones al mercado británico retrocedieron ligeramente, un 0,3%, mientras que las ventas a China descendieron un 4,5%, hasta 1.706 millones de euros. García de Quevedo vinculó parte de este descenso a las dificultades del sector porcino, afectado por los aranceles impuestos por Pekín como respuesta a las tasas europeas sobre los coches eléctricos chinos. China aprobó en diciembre aranceles de hasta el 19,8% para el porcino europeo, aunque dejó fuera al jamón ibérico. Además, las exportaciones españolas también se vieron perjudicadas por los brotes de peste porcina africana detectados en Cataluña a finales del año pasado. A pesar de ello, desde FIAB confían en recuperar terreno en el mercado chino. García de Quevedo destacó el interés creciente de la población china por la gastronomía y la cultura españolas, así como el potencial derivado de la expansión de la clase media en el país. Japón, segundo mercado asiático más relevante para el sector, registró un descenso aún más acusado, cercano al 14%. En materia comercial, la industria alimentaria española mantiene grandes expectativas respecto al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Desde FIAB consideran que este tratado abrirá oportunidades importantes para acceder a un mercado de más de 270 millones de consumidores. No obstante, desde el Ministerio de Agricultura advierten de que los beneficios no serán inmediatos, ya que consolidar relaciones comerciales estables requiere tiempo. En términos generales, la producción de la industria alimentaria y de bebidas alcanzó en 2025 los 137.188 millones de euros, un 1,7% más que el año anterior, gracias a la recuperación del consumo interno y al buen comportamiento de la demanda internacional. De cara a 2026, el sector observa con preocupación las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Próximo. El principal temor se centra en el encarecimiento de la energía y de los costes logísticos, especialmente si persisten las tensiones en el estrecho de Ormuz. García de Quevedo volvió a reclamar ayudas directas al Gobierno y la suspensión del impuesto al plástico para aliviar el impacto económico sobre las empresas del sector.

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