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(Expansión, 16-03-2026) | Fiscal

La excesiva fiscalidad de las plusvalías paraliza operaciones

Un informe legal encargado por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) advierte de que la normativa vigente sobre ganancias y pérdidas patrimoniales presenta deficiencias importantes que afectan negativamente a la inversión empresarial. Desde el ámbito empresarial se defiende que una fiscalidad moderada y equilibrada favorece la inversión, impulsa la creación de riqueza y empleo y dinamiza la actividad económica, lo que a su vez amplía la base de contribuyentes y aumenta la recaudación pública. Por el contrario, una presión fiscal excesiva tiene el efecto opuesto: reduce la inversión, perjudica la competitividad y limita el crecimiento potencial de la economía. En España, la presión fiscal ha aumentado durante los gobiernos de Pedro Sánchez a un ritmo tres veces superior al de la media de la OCDE: 2,3 puntos del PIB entre 2018 y 2024, frente al 0,7% registrado en los países industrializados. Esto ha incrementado la carga tributaria para ciudadanos y empresas. No solo por la introducción de nuevos gravámenes -como los impuestos a bancos y energéticas, el impuesto a las grandes fortunas o el aumento de las cotizaciones sociales-, sino también por el endurecimiento progresivo del tratamiento fiscal de otras figuras, entre ellas las ganancias patrimoniales. Según la AMEF, la elevada tributación sobre estas ganancias está bloqueando numerosas operaciones empresariales, por lo que consideran urgente reformar el régimen aplicable en el IRPF. Antonio Barderas, director de la asociación, sostiene que cuando los impuestos son razonables la economía se mueve y la recaudación aumenta, pero si la carga fiscal resulta desproporcionada -como, a su juicio, ocurre actualmente con las plusvalías- la actividad económica se contrae y la Administración termina recaudando menos. El estudio jurídico elaborado por César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, concluye que la regulación actual presenta problemas estructurales que influyen negativamente en las decisiones de inversión. Entre otras cuestiones, señala que dificulta el relevo generacional en las empresas familiares al penalizar la transmisión de negocios entre padres e hijos. Uno de los problemas detectados es la superposición de impuestos. Las ganancias patrimoniales gravadas en el IRPF pueden coincidir con otros tributos, como el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) -la conocida plusvalía municipal- o con impuestos que gravan incrementos patrimoniales a título gratuito, como Sucesiones y Donaciones. Esto genera situaciones de doble imposición, que aunque se atenúan parcialmente mediante deducciones o exenciones, siguen existiendo. Otro aspecto criticado es que el sistema español grava no solo las ganancias reales, sino también las nominales. Al no tener en cuenta la inflación al calcular la plusvalía, puede ocurrir que el valor de un bien haya aumentado nominalmente pero no en términos reales. El informe recuerda que el Tribunal Constitucional ha señalado en distintas sentencias sobre la plusvalía municipal que solo pueden gravarse incrementos de valor reales y no ficticios, llegando a declarar inconstitucional en 2017 el impuesto en los casos en que no existiera un aumento efectivo del valor. A ello se suma la tributación de ganancias no materializadas, como sucede en determinadas transmisiones gratuitas entre vivos. Desde la AMEF sostienen que el incremento de valor de un bien debería tributar únicamente cuando se produce una venta y el propietario obtiene efectivamente un beneficio económico. Es decir, si no hay una cantidad percibida, no debería exigirse tributación por plusvalía. Por ello, una de las principales propuestas del informe consiste en eliminar la tributación de las ganancias patrimoniales en las donaciones. Actualmente, el donante debe pagar impuestos aunque no obtenga ningún ingreso, y además no puede compensar posibles pérdidas. La asociación considera que esta situación constituye una asimetría injusta. Otra de las medidas planteadas es establecer un tipo único del 18% para las ganancias patrimoniales dentro de las rentas del ahorro, en lugar de los cinco tramos actuales que van del 19% al 30%, con el objetivo de reducir la excesiva progresividad aplicada a las ganancias de capital de largo plazo. Asimismo, el informe propone introducir coeficientes de actualización que ajusten el valor de los bienes a la inflación para garantizar que solo se grave la ganancia real. También plantea limitar la tributación a las plusvalías generadas dentro de un periodo determinado entre la adquisición y la venta del bien, como ocurre en otros países europeos. Por ejemplo, en Alemania existe un tratamiento específico para la transmisión de inmuebles y en Italia el impuesto solo se aplica si la venta se produce dentro de los cinco años posteriores a la compra. El documento también analiza el llamado impuesto de salida o exit tax, que se aplica a contribuyentes que han residido en España al menos diez de los últimos quince años y que trasladan su residencia fiscal a otro país teniendo participaciones empresariales relevantes (superiores a 4 millones de euros o que representen más del 25% de una empresa valorada en más de un millón). En estos casos, el contribuyente debe tributar por las plusvalías latentes, aunque no haya vendido sus participaciones. El informe considera que esta medida, diseñada para evitar la elusión fiscal, no tiene en cuenta las circunstancias concretas del traslado ni el sistema fiscal del país de destino, por lo que la califica de desproporcionada al presuponer fraude simplemente por cambiar de residencia. Además, el análisis sostiene que, en algunos aspectos, este impuesto podría vulnerar libertades fundamentales de la Unión Europea, como la libre circulación de personas y capitales o la libertad de establecimiento. Por todo ello, la AMEF reclama la eliminación del exit tax dentro de una reforma más amplia del régimen de tributación de las ganancias patrimoniales.

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(El País, 16-03-2026) | Fiscal

Cuerpo avanza que habrá medidas fiscales para el campo y el transporte sin concretar cuándo se aprobarán

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció este jueves que el Gobierno está preparando un conjunto de medidas para reducir el impacto que la crisis bélica en Oriente Próximo está teniendo en la economía de los ciudadanos. Por ahora, ha adelantado que el Ejecutivo prevé aprobar "en los próximos días y con la mayor rapidez posible" diversas iniciativas de carácter fiscal. En una primera fase, estas se centrarán en los sectores agrario y del transporte por carretera, los más afectados por el aumento del precio de los carburantes provocado por la escalada del conflicto en Irán. Además, insistió en que las ayudas serán muy específicas, ya que el Gobierno considera que, por el momento, la crisis no está afectando de forma generalizada ni a la economía ni al empleo. Entre otras posibles medidas sociales, el Ejecutivo también analiza fórmulas que funcionaron tras la invasión rusa de Ucrania, como impedir el corte de suministros básicos a familias vulnerables o aplicar rebajas fiscales en la factura de la electricidad. Cuerpo realizó estas declaraciones después de reunirse, junto con otros ministros del área económica, con los principales representantes sindicales y empresariales. En ese encuentro compartió con ellos el esquema inicial de las medidas que se están estudiando. No obstante, más allá de mencionar instrumentos fiscales, el ministro no detalló aún las acciones concretas. Sí descartó, en cambio, la posibilidad de repetir la bonificación generalizada a los combustibles que se aplicó tras la guerra de Ucrania -el descuento de 20 céntimos por litro que estuvo vigente durante gran parte de 2022-. Según explicó, se trata de una medida que "no resulta especialmente recomendable", recordando además que fue muy criticada en su momento, algo que el Gobierno tiene ahora en cuenta. De hecho, poco antes los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, también cuestionaron aquellas ayudas al combustible aprobadas tras la guerra en Ucrania. A su juicio, beneficiaron más a los márgenes empresariales que a los consumidores. En este contexto, el ministro anunció que el Gobierno está reforzando la supervisión sobre las compañías petroleras y las estaciones de servicio mediante herramientas de inteligencia artificial y el intercambio diario de datos. El objetivo es evitar comportamientos irregulares en la forma en que el aumento del precio del petróleo se traslada al coste final en las gasolineras. Asimismo, se vigilará que si el precio del crudo baja o se estabiliza, esa reducción llegue también al consumidor. Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el precio del barril de Brent ha pasado de situarse cerca de los 60 dólares a aproximarse a los 120. Sin embargo, el impacto final para el consumidor depende también de las cotizaciones internacionales de los combustibles refinados. Por ahora, el resultado ha sido una subida aproximada del 10% en la gasolina y de alrededor del 20% en el diésel. El ministro tampoco precisó si las medidas se aprobarán mediante un único real decreto o varios, ni la fecha exacta de su aprobación, aunque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había indicado horas antes que las ayudas podrían aprobarse el próximo martes en el Consejo de Ministros. En cuanto a otras iniciativas, Cuerpo sugirió que el Ejecutivo valora recuperar la prohibición de cortar suministros básicos -electricidad, agua y gas- a los consumidores vulnerables incluso cuando existan impagos. Esta medida se aplicó en 2021 y se prorrogó en el marco del denominado escudo social vinculado a la pandemia y a la guerra de Ucrania, aunque parte de ese paquete fue recientemente rechazado en el Congreso. Por otra parte, el titular de Economía descartó aplicar rebajas fiscales generalizadas como la propuesta esta semana por Juan Roig, quien planteó reducir al 0% el IVA de los alimentos. Cuerpo reiteró que las decisiones serán proporcionales al impacto real de la crisis en la economía y en cada sector, y subrayó que las medidas se diseñarán con flexibilidad para adaptarse a la evolución del conflicto. Además, señaló que, a diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, el Gobierno no ha detectado por ahora aumentos de precios en la distribución alimentaria. En ese sentido, las medidas dirigidas al transporte buscan evitar que el incremento de costes se traslade a la cadena logística y, finalmente, a los supermercados. Aun así, el ministro anticipó que es probable que la inflación registre un repunte en marzo y abril. La duración del conflicto será determinante para saber si ese aumento del índice de precios al consumo se prolonga más allá de esos meses. Si ocurriera, explicó, el Banco Central Europeo podría verse obligado a valorar una subida de los tipos de interés, lo que implicaría, por ejemplo, un encarecimiento de las hipotecas. No obstante, insistió en que actualmente no se contempla ese escenario. Del mismo modo, rechazó implícitamente la propuesta de los ministros de Sumar de congelar los precios y condiciones de los alquileres, al considerar que cualquier medida debe ser proporcional a la magnitud de la crisis. Según subrayó, el impacto económico actual está muy lejos del provocado por la guerra de Ucrania. También señaló que Comisión Europea no considera por ahora necesario activar la denominada cláusula de escape que permitiría a los Estados incumplir temporalmente las reglas fiscales. En cambio, Cuerpo valoró positivamente otras decisiones adoptadas durante la crisis inflacionista de 2022 y 2023, como las reducciones temporales del IVA de la electricidad, que pasó del 21% al 10% y posteriormente al 5%. Aun así, quiso mostrarse prudente y recalcó que los efectos de la guerra con Irán todavía no han afectado de forma generalizada a la economía española, en parte gracias a los avances del país en transición energética y en inversiones en infraestructuras y energías renovables. Asimismo, coincidió con los líderes de Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores en que el conflicto en Oriente Próximo tampoco ha tenido, por el momento, impacto en el mercado laboral. Según explicó, los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran que el empleo sigue evolucionando con normalidad. Gobierno y sindicatos también comparten que, si en algún momento el empleo o la actividad económica se vieran afectados, siguen disponibles herramientas como los ERTE y el mecanismo RED para que las empresas puedan utilizarlos como alternativa a los despidos. Sin embargo, los representantes sindicales indicaron que en la reunión el Gobierno no confirmó que el primer paquete de medidas incluya la prohibición de despidos objetivos relacionados con esta nueva crisis, algo que había insinuado previamente Yolanda Díaz.

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(El Periódico, 16-03-2026) | Fiscal

Hacienda refuerza el control sobre el dinero entre familiares: ¿préstamo o donación?

Prestar dinero a un hijo, recibir apoyo económico para comprar una vivienda o realizar una transferencia a un familiar son situaciones habituales que, a partir de ahora, estarán bajo mayor supervisión. El nuevo plan anual de control fiscal del Gobierno presta especial atención a este tipo de operaciones y advierte de que, si no se justifican correctamente, pueden tener implicaciones fiscales. Esta medida forma parte del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero aprobado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 11 de marzo. El documento establece las principales líneas de actuación de la inspección para este año e intensifica el control sobre movimientos de dinero entre particulares que puedan ocultar donaciones no declaradas o préstamos que en realidad no existen. Según explica el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, el propósito no es sancionar la ayuda familiar legítima, sino evitar fraudes y prácticas destinadas a esquivar el pago de impuestos mediante operaciones simuladas. Desde el punto de vista fiscal, prestar dinero no es lo mismo que regalarlo. Un préstamo entre particulares es totalmente legal y no se considera una donación a efectos tributarios, incluso si no genera intereses. Sin embargo, es necesario demostrar que existe la obligación de devolver el dinero mediante documentación como un contrato firmado, un calendario de pagos y el correspondiente registro de las transferencias bancarias. Además, el préstamo debe declararse -aunque el tipo sea cero- mediante el modelo correspondiente del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dentro del plazo establecido. Si no existen estas pruebas o no pueden presentarse, la Administración puede interpretar la operación como una donación encubierta. En ese caso se aplicaría el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que sí obliga a pagar impuestos a la persona que recibe el dinero, con tipos y bonificaciones que varían según la comunidad autónoma. El plan refuerza herramientas que la Agencia Tributaria ya venía utilizando para detectar posibles irregularidades, entre ellas: El cruce de información bancaria para identificar transferencias frecuentes sin documentación que las respalde; la colaboración con las haciendas autonómicas, responsables de gestionar el impuesto sobre donaciones; y el análisis de préstamos declarados que, en la práctica, no presentan devoluciones reales. Los especialistas en fiscalidad recuerdan que lo más importante es que exista coherencia entre lo que se declara y lo que realmente sucede. Si se establece un calendario de pagos, debe cumplirse; y si se trata de una donación, lo adecuado es declararla como tal. Por ello, los asesores fiscales aconsejan seguir tres pautas básicas: formalizar por escrito cualquier préstamo, incluso si se realiza entre familiares cercanos; realizar siempre las operaciones mediante transferencias bancarias que permitan su identificación; y presentar los modelos fiscales correspondientes dentro del plazo establecido, aunque no haya que pagar impuestos. El incremento del control no impide que las familias se ayuden económicamente, pero sí exige que estas operaciones estén debidamente documentadas para evitar problemas con la Administración.

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(El Economista, 16-03-2026) | Fiscal

Hacienda reactiva la obligación para pymes y autónomos de emitir facturas digitales

El Ministerio de Hacienda ha reactivado el proceso para implantar la facturación electrónica obligatoria entre empresarios y autónomos. Según ha anunciado la Administración, durante 2026 se elaborará una orden ministerial que permitirá desarrollar la llamada Solución Pública de Factura Electrónica, una plataforma gratuita y de uso voluntario que facilitará la emisión y recepción de facturas digitales y que actuará también como un repositorio centralizado donde se almacenarán todas las facturas intercambiadas entre profesionales. La aprobación de esta orden será el paso previo para activar la nueva obligación. De acuerdo con la normativa, el real decreto que regula el marco jurídico de la facturación electrónica entrará en vigor un año después de que se apruebe dicha orden ministerial. A partir de ese momento, las empresas y autónomos con una facturación superior a 8 millones de euros anuales deberán empezar a emitir sus facturas en formato electrónico. Por su parte, los negocios con ingresos inferiores a esa cifra contarán con un plazo más amplio: tendrán que adaptarse a las nuevas normas dos años después de la aprobación de la orden. En la práctica, si Hacienda aprueba la orden durante 2026, las empresas de mayor tamaño deberán cumplir la obligación en 2027, mientras que las más pequeñas dispondrán de margen hasta 2028. Este sistema de facturación electrónica es diferente del programa Verifactu, cuya entrada en vigor está prevista para 2027. Mientras la facturación electrónica exige emitir documentos en un formato digital estructurado que pueda ser procesado por sistemas informáticos, Verifactu obliga a utilizar un software específico capaz de enviar determinados datos de las facturas a Hacienda prácticamente en tiempo real, aunque estas se generen con herramientas como Word o Excel siempre que los datos puedan procesarse. La obligación de emitir facturas electrónicas afectará a empresarios y profesionales que facturen a otras empresas o autónomos. Sin embargo, no será necesario utilizar este formato en operaciones con consumidores finales, como ocurre con los tiques que se entregan habitualmente en comercios, bares o peluquerías. Para facilitar la adaptación al nuevo sistema, Hacienda pondrá a disposición de los contribuyentes una plataforma pública gratuita que podrán utilizar empresas de cualquier tamaño. No obstante, su uso no será obligatorio, ya que quienes lo prefieran podrán recurrir a soluciones tecnológicas privadas para gestionar sus facturas. En caso de utilizar plataformas privadas, las empresas estarán obligadas a remitir una copia exacta de cada factura emitida al sistema público, así como a informar sobre si la factura ha sido aceptada o rechazada y en qué momento se ha realizado el pago. Las compañías con ingresos superiores a 8 millones de euros deberán empezar a enviar esta información un año después de la aprobación de la orden ministerial, mientras que aquellas con una facturación menor lo harán tres años después de su entrada en vigor. El propósito de implantar la facturación electrónica es impulsar la digitalización del tejido empresarial, mejorar la información sobre los plazos de pago entre empresas -con el fin de reducir la morosidad- y reforzar el control fiscal, especialmente en lo relativo al fraude del IVA. Esta obligación se deriva de la Ley Crea y Crece de 2022 y está estrechamente vinculada con el sistema Verifactu, desarrollado a partir de la ley antifraude de 2021, que permitirá a la Administración supervisar de forma más completa el proceso de facturación y liquidación del IVA. Además, el repositorio de facturas no solo estará disponible para la Agencia Tributaria estatal, sino que también podrá ser consultado por las administraciones tributarias autonómicas. En su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2026, la Agencia Tributaria ya ha avanzado que durante este ejercicio pondrá en marcha una estrategia de información y asistencia para ayudar a los contribuyentes a adaptarse al uso de la futura Solución Pública de Facturación Electrónica.

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(El Economista, 16-03-2026) | Fiscal

La Agencia Tributaria recauda más de 5.100 millones de los juegos de lotería desde que obligó a tributar por ellos en 2013

La Agencia Tributaria ha ingresado 5.104 millones de euros por la tributación de premios de lotería desde que estos comenzaron a pagar impuestos en enero de 2013. El organismo ha publicado los datos actualizados hasta noviembre de 2025, que muestran la evolución de la recaudación obtenida por las ganancias derivadas de premios de Loterías y Apuestas del Estado, la ONCE y Cruz Roja. Actualmente, estos premios están sujetos a un impuesto del 20%, aunque desde 2018 se aplica una exención para los primeros 40.000 euros ganados. Esto significa que el gravamen solo se aplica sobre la parte del premio que supera esa cantidad. Durante 2025, entre enero y noviembre, Hacienda recaudó 318 millones de euros, una cifra inferior a los 370 millones obtenidos en 2024. No obstante, los datos aún no incluyen el mes de diciembre de 2025, que suele ser especialmente relevante debido al sorteo de la Lotería de Navidad. La Administración también ha detectado un cambio reciente en el comportamiento de los premiados a la hora de cobrar sus ganancias. Tradicionalmente, la mayoría de los ganadores de la Lotería de Navidad solían reclamar su premio en el mismo mes del sorteo, es decir, en diciembre. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que muchos optan por hacerlo en enero. De hecho, en 2024 más del 80% de los premiados cobraron su dinero en ese mes. Aun así, la Agencia Tributaria señala que ese porcentaje tan elevado fue una circunstancia particular de ese año y que no necesariamente se repetirá en el futuro. En 2024 -último ejercicio con datos completos- la recaudación total por este concepto alcanzó 370 millones de euros. De esa cantidad, 315 millones correspondieron a premios cobrados por particulares, 19 millones fueron abonados por entidades como asociaciones o cofradías, y 35 millones procedieron de ganadores extranjeros. En conjunto, durante ese año los distintos premiados obtuvieron 2.103 millones de euros en ganancias procedentes de sorteos de lotería.

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(Expansión, 16-03-2026) | Laboral

La IA no despide a los jóvenes pero les bloquea los nuevos empleos

Un informe reciente de Anthropic que ha generado gran repercusión, junto con otros estudios relevantes, sugiere que el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral no se manifestará tanto en grandes oleadas de despidos como en una reducción de las oportunidades laborales de entrada y en una mayor demanda de perfiles con experiencia. Durante años, el debate sobre inteligencia artificial y empleo ha girado en torno a una pregunta demasiado simplificada: cuántos puestos de trabajo destruirá la IA. Sin embargo, cada vez cobra más fuerza otra perspectiva: no tanto cuántos empleos desaparecerán, sino qué caminos profesionales dejarán de abrirse, especialmente para quienes comienzan su carrera. Hace unas semanas llamó la atención un análisis de Citrini Research que planteaba un escenario hipotético en el que la inteligencia artificial abarata y multiplica el acceso a la inteligencia, lo que podría desencadenar una crisis si se produce una sustitución masiva de empleos de cuello blanco. Este planteamiento inquietó a los mercados internacionales y algunos inversores lo relacionaron con ventas de acciones en sectores especialmente expuestos a la automatización. Poco después, otro estudio -en este caso elaborado por Anthropic, la empresa de inteligencia artificial fundada por Dario Amodei- atrajo también una gran atención entre especialistas en tecnología y empleo. El informe propone una forma distinta de evaluar el riesgo laboral asociado a la IA. En lugar de limitarse a analizar qué tareas podrían realizar en teoría los modelos de lenguaje, examina qué tareas están siendo realmente realizadas por Claude, el asistente conversacional de la compañía, en entornos profesionales y con qué nivel de automatización. Anthropic denomina a este indicador "exposición observada" (observed exposure), basado en una idea clave: no basta con medir lo que la tecnología es capaz de hacer, sino que es necesario observar cómo se adopta realmente en el trabajo. El estudio señala que la inteligencia artificial todavía está lejos de alcanzar todo su potencial teórico en el ámbito laboral. En áreas como la informática o las matemáticas, investigaciones anteriores sugerían que los grandes modelos de lenguaje podrían intervenir en hasta el 94% de las tareas. Sin embargo, el uso real observado en entornos profesionales apenas alcanza alrededor del 33%. Es decir, la tecnología posee más capacidad de la que, por ahora, se está integrando en los procesos de trabajo. El informe advierte contra dos interpretaciones equivocadas: pensar que, si la IA puede realizar una tarea, el empleo desaparecerá inmediatamente; o creer que, como el desempleo aún no ha aumentado de forma notable, no existe riesgo. Según Anthropic, el impacto laboral probablemente se producirá de forma gradual y desigual, comenzando por determinadas tareas y por los puestos más junior. A partir de su métrica de exposición observada, la investigación identifica las profesiones donde la presencia actual de la inteligencia artificial es mayor. Entre ellas destacan los programadores informáticos, con una exposición del 74,5%. Les siguen los agentes de atención al cliente (70,1%), los operadores de entrada de datos (67,1%), los especialistas en registros médicos (66,7%) y los analistas de estudios de mercado y marketing (64,8%). También aparecen con alta exposición los comerciales del sector mayorista e industrial, los analistas financieros y de inversión, los evaluadores de calidad de software, los analistas de seguridad informática y los especialistas en soporte técnico. En el extremo contrario, el informe señala que alrededor del 30% de los trabajadores desempeña ocupaciones con una exposición prácticamente nula, ya que sus tareas apenas aparecen en los datos analizados. Entre estos casos se citan profesiones como cocineros, mecánicos de motocicletas, socorristas, camareros, lavaplatos o asistentes de probadores. El patrón resulta lógico: los trabajos manuales, presenciales o basados en la interacción física -así como aquellos con un bajo grado de digitalización- permanecen de momento fuera del impacto directo de los grandes modelos de lenguaje. Por ello, más que una automatización generalizada de todo el mercado laboral, lo que se observa es una penetración inicial muy concentrada en profesiones de cuello blanco, especialmente aquellas centradas en tareas textuales o cognitivas susceptibles de estandarización. Nick Van Dam, director del IE Center for Corporate Learning and Talent Management y profesor de IE University, señala que existe un amplio consenso en que las organizaciones avanzarán en la automatización de aquellas tareas que las máquinas puedan realizar mejor. Según explica, algunas funciones podrían ser sustituidas casi por completo. En el caso de los traductores, por ejemplo, estima que entre el 85% y el 90% del trabajo puede realizarlo una máquina, aunque sigue siendo necesario un porcentaje de revisión humana. En otros ámbitos, sin embargo, la sustitución es mucho más difícil. En el entorno hospitalario o en actividades que implican trato directo con las personas, muchas tareas seguirán requiriendo intervención humana. Incluso en trabajos aparentemente automatizables, como servir café, la interacción personal sigue teniendo valor para los clientes. Entre ambos extremos se sitúan numerosos empleos en los que solo una parte de las tareas se automatizará, permitiendo que el trabajo se realice de forma más eficiente. Van Dam menciona también el caso de IKEA, que contaba con más de 8.000 empleados en centros de atención telefónica. La empresa comprobó que un sistema de inteligencia artificial podía asumir gran parte de esas funciones, pero optó por no despedir a los trabajadores. En lugar de ello, decidió recualificarlos y trasladarlos a las tiendas, donde pasaron a desempeñar funciones de asesoramiento en decoración e interiorismo. Según Van Dam, este tipo de transformación supone eliminar ciertas tareas pero ofrecer a los empleados roles más humanos dentro de la organización. El experto considera inevitable que la inteligencia artificial tenga efectos sobre el empleo. En muchos casos, esto implicará la desaparición de determinados puestos o tareas, lo que obligará a los trabajadores a actualizar sus habilidades y reciclarse profesionalmente. Aprender a trabajar con IA y reforzar competencias humanas como el liderazgo será fundamental. Al mismo tiempo, también habrá profesiones que apenas se vean afectadas porque sus funciones no pueden ser replicadas por la tecnología. Para Van Dam, el equilibrio estará en combinar la tecnología con las capacidades humanas. Por ello insiste en la importancia de profundizar en el conocimiento de cada profesión: quien trabaja en informática debe dominar realmente ese campo, y quien se dedica a las finanzas debe comprender a fondo su disciplina. En su opinión, el reto consiste en potenciar aquello que hace a las personas únicas frente a las máquinas.

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(Expansión, 16-03-2026) | Laboral

Las empresas preparan planes para afrontar la pérdida de competitividad por la subida de costes

El aumento del precio de las materias primas provocado por el conflicto en Irán, junto con el estancamiento de la productividad, podría terminar reduciendo los márgenes empresariales, a pesar de que las perspectivas generales para 2026 siguen siendo favorables. Ante este escenario, las compañías han comenzado a adoptar medidas para minimizar el impacto económico de la guerra. En particular, las grandes empresas están elaborando planes de contingencia para afrontar un posible efecto en cadena derivado de un encarecimiento prolongado de las materias primas, que podría traducirse en una pérdida de competitividad y, finalmente, en una reducción de la rentabilidad. Así lo refleja el informe Perspectivas 2026, elaborado por KPMG junto con la CEOE, que señala que el 44% de los empresarios españoles ya está replanteando sus estrategias de crecimiento debido a la incertidumbre geopolítica. Por ahora, el efecto más directo del conflicto en Oriente Próximo se está notando en el coste de los combustibles, aunque los economistas prevén que este impacto se extienda gradualmente al conjunto de las cadenas productivas. De hecho, Funcas anticipa que la inflación podría alcanzar el 3,6% en marzo, si bien advierte de que las previsiones están rodeadas de un alto grado de incertidumbre. Aun teniendo en cuenta esta presión inflacionista en sus previsiones económicas, los empresarios mantienen un enfoque relativamente optimista. Según explica el presidente de KPMG en España, Juanjo Cano, aunque las previsiones sobre la evolución de sus empresas son positivas, muchos directivos muestran preocupación por el contexto internacional. De hecho, cerca de la mitad de los encuestados ya ha adaptado su estrategia a la nueva situación global, mientras que otro tercio se encuentra evaluando posibles decisiones. Entre las compañías que están desarrollando planes de contingencia, los ámbitos más afectados son los proyectos de innovación y tecnología, las estrategias de expansión internacional y las alianzas empresariales. En cuanto a los principales riesgos derivados de la dependencia europea de terceros países, los empresarios mencionan con mayor frecuencia la pérdida de competitividad (41%), el aumento del coste de las materias primas (41%), la mayor exposición a tensiones geopolíticas -como interrupciones en las cadenas de suministro- (39%) y la reducción de los márgenes de beneficio (37%). Este cambio en el contexto internacional afecta especialmente a la Unión Europea, que pese a ser una potencia comercial mantiene una fuerte dependencia de otros actores globales en ámbitos como la defensa, la energía, la tecnología o el acceso a recursos básicos. A ello se suma, según el informe, la pérdida de competitividad que han experimentado en los últimos años sectores clave como la industria o la automoción, junto con un crecimiento económico moderado y una evolución limitada de la productividad. Fernando Cuñado, socio responsable de Mercados de KPMG en España, señala que las empresas más intensivas en consumo energético, con fuerte dependencia de las cadenas de valor internacionales y orientadas al comercio exterior, están analizando distintas opciones para amortiguar el impacto. En este contexto, subraya también la importancia de avanzar hacia una mayor autonomía estratégica de la Unión Europea, lo que podría convertirse en una oportunidad para impulsar la reindustrialización del continente. Pese a estos riesgos, las expectativas empresariales para los próximos doce meses siguen siendo positivas. El 49% de los directivos prevé que la situación de su empresa mejore, destacando el optimismo en el sector aeroespacial y de defensa, donde el 80% espera mejores resultados. Le siguen el sector tecnológico, con un 65% de directivos optimistas, y el inmobiliario, con un 58%. En cuanto a las ventas, el 73% de los empresarios espera aumentar su facturación en 2026, dos puntos más que el año anterior, y un 31% prevé incrementos superiores al 5%. Respecto a la inversión, un 58% de las empresas planea aumentar sus inversiones -cinco puntos más que en 2025-, mientras que un 45% tiene previsto ampliar sus plantillas, frente al 42% del año pasado. Para que estas perspectivas se materialicen, los empresarios consideran imprescindible contar con un entorno nacional que garantice seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, insiste en que las empresas necesitan un marco que genere confianza y certidumbre para poder afrontar los retos pendientes y seguir impulsando la creación de riqueza, empleo y modernización económica. En este sentido, el 62% de los empresarios reclama una mayor estabilidad normativa, mientras que un 38% considera necesario simplificar los trámites administrativos. Garamendi también advierte de que la pérdida de competitividad es uno de los mayores riesgos a medio plazo para las empresas, junto con la preocupación por la rentabilidad y el aumento del absentismo laboral, especialmente por bajas por incapacidad temporal, que califica como un problema relevante para el país. A estos factores se suman, según el presidente de la patronal, la incertidumbre política, los cambios regulatorios constantes y la inseguridad jurídica, elementos que las empresas perciben como obstáculos para su actividad y que podrían poner en riesgo nuevas inversiones, especialmente en un momento en el que también se cuestiona el papel del diálogo social, uno de los pilares del modelo institucional español.

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(El Economista, 16-03-2026) | Laboral

Cataluña deja de ser receptora neta de trabajadores por primera vez en el siglo

Cada vez es más frecuente que los trabajadores cambien de comunidad autónoma para firmar un nuevo contrato. En 2025, los desplazamientos laborales entre regiones aumentaron un 5,08%, según los datos de la estadística de contratos. A pesar de este crecimiento, el mapa de territorios emisores y receptores de trabajadores apenas ha variado, salvo por un cambio relevante: Cataluña ha pasado a tener saldo negativo por primera vez en lo que va de siglo. Así lo recoge el último informe del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, que destaca que Cataluña ha protagonizado la transformación más notable de toda la serie histórica. Tras décadas registrando más entradas que salidas de trabajadores, en 2025 la comunidad presenta un déficit cercano a 9.000 contratos, lo que significa que han salido hacia otras regiones más trabajadores de los que han llegado. Los saldos negativos de Cataluña se producen especialmente en relación con Madrid -principal destino de trabajadores con un saldo positivo de unos 204.000 contratos-, así como con Aragón, Murcia, La Rioja y Baleares. Este desequilibrio se concentra principalmente en los sectores de agricultura y construcción, mientras que Cataluña continúa siendo receptora de trabajadores en actividades vinculadas a servicios e industria. En general, quienes abandonan la región ocupan puestos básicos o cualificados en el ámbito agrícola, mientras que los trabajadores que llegan suelen desempeñar funciones de carácter técnico. El paso de Cataluña de territorio receptor a emisor resulta llamativo por la rapidez con la que se ha producido. Según los datos del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, la comunidad ha pasado de registrar un saldo positivo de 20.000 contratos en 2023 a presentar un déficit superior a 8.000 en 2025. La tendencia ya se había empezado a percibir en 2024, cuando el saldo positivo apenas alcanzó las 600 firmas. Este cambio tiene sus raíces en años anteriores, especialmente tras la pandemia, que supuso un punto de inflexión en la movilidad laboral entre comunidades. Cataluña no ha recuperado los niveles de contratación de trabajadores procedentes de otras regiones que tenía antes de la crisis sanitaria. Mientras en 2018 se firmaron 248.598 contratos con empleados llegados de otros territorios, en los últimos años la cifra apenas ha rozado los 200.000 y en 2025 se quedó en 191.696 incorporaciones, frente a más de 200.000 salidas hacia otras comunidades. Otras regiones como Madrid o Andalucía tampoco han recuperado completamente los niveles de entradas previos a la pandemia. Sin embargo, la capital continúa ampliando su ventaja como principal polo de atracción laboral, con más de 446.000 contratos firmados en 2025 con trabajadores procedentes de otras comunidades, lo que le permite mantener un saldo positivo cercano a 204.500 contratos. Por su parte, Andalucía, que históricamente ha sido una comunidad emisora de trabajadores, ha reducido de forma notable su saldo negativo, que en 2025 se situó en -80.727 contratos. El SEPE señala que, aunque sigue siendo la región con mayor saldo negativo, también es la que más ha logrado reducir esta brecha en el último año, con un recorte de más de 25.300 contratos. En cambio, comunidades como Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria o Asturias han ampliado su saldo negativo. En el conjunto del país, las tasas más elevadas de movilidad laboral entre comunidades se registran en La Rioja y Castilla-La Mancha, donde más del 24% de los contratos implican desplazarse a otra región. Les siguen Murcia, Ceuta, Navarra, Madrid y Melilla, con tasas cercanas al 15%. En el lado opuesto, los territorios con menor movilidad son País Vasco, Andalucía, Galicia, Cataluña y Canarias. No todos los desplazamientos laborales implican, sin embargo, un cambio de comunidad autónoma, ya que también existe un volumen significativo de movimientos entre provincias. Mientras que la tasa de movilidad entre comunidades se sitúa en el 11,57%, la movilidad entre provincias alcanza el 16,56%. En 2025, los contratos que implicaban cambiar de provincia aumentaron un 4,62%, ligeramente por debajo del crecimiento de los cambios entre comunidades. La mayoría de estos contratos con movilidad laboral corresponde al sector servicios, que supera los cuatro millones de acuerdos. A bastante distancia se sitúan las actividades de agricultura y pesca, con menos de 900.000 contratos, seguidas de la industria y, en último lugar, la construcción. Además, los datos revelan una importante brecha de género: los hombres concentran cerca de dos tercios de los contratos que implican movilidad laboral, tanto en los desplazamientos entre comunidades autónomas como en los movimientos entre provincias.

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(Expansión, 16-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas revoluciona la creación de empresas: listas en 48 horas y para toda la UE

La Comisión Europea presentará esta semana EU Inc, una iniciativa destinada a crear un régimen empresarial único en la Unión Europea inspirado en el modelo de Delaware. De acuerdo con el último borrador del proyecto al que ha tenido acceso Expansión, la propuesta pone el foco en la digitalización y en simplificar al máximo los procedimientos administrativos. Este nuevo sistema, que pretende transformar la manera en que se crean empresas dentro de la UE, forma parte del llamado "régimen 28". Se trataría de un marco legal y administrativo opcional que permitiría a las compañías operar bajo normas comunes en todo el bloque, reduciendo así la fragmentación que generan los 27 sistemas nacionales y facilitando trámites completamente digitales. Según el borrador más reciente, las empresas podrían constituirse en un plazo aproximado de 48 horas y con un coste máximo de 100 euros. Además, sería posible crear una compañía con capital social cero, lo que ofrece mayor flexibilidad financiera. Este modelo supondría un cambio significativo frente a los procesos actuales, que pueden durar semanas o meses y cuyo coste oscila entre 3.000 y 25.000 euros, dependiendo del país donde se registre la empresa. Inspirado en el éxito del marco jurídico de Delaware para compañías innovadoras en Estados Unidos, el objetivo de la propuesta impulsada por la Comisión presidida por Ursula von der Leyen es reducir la incertidumbre y los elevados costes que enfrentan emprendedores e inversores al tener que adaptarse a la normativa de cada país en el que desean operar. El borrador subraya que, además de facilitar la creación de empresas, una prioridad clave es digitalizar los procesos administrativos y minimizar la burocracia. Con este fin, se plantea la creación de una interfaz virtual centralizada de registro, que funcionaría como una ventanilla única basada en el sistema BRIS (Interconexión de Registros Mercantiles). Gracias a esta plataforma, las empresas podrían realizar trámites en cualquier Estado miembro sin tener que interactuar con 27 sistemas distintos. Todas las gestiones relacionadas con el ciclo de vida de la empresa -constitución, registro de sucursales, inversiones o liquidación- se realizarían exclusivamente en línea, eliminando trámites presenciales y documentación en papel. Asimismo, la propuesta establece el principio de "solo una vez", según el cual la empresa presentaría su información una única vez y serían las autoridades nacionales (fiscales, seguridad social, etc.) las encargadas de consultarla directamente a través del sistema BRIS. Incluso los estatutos de la empresa seguirían este enfoque simplificado: solo tendrían que presentarse en inglés y en el idioma del país donde se ubique la sede social. Si posteriormente se abre una sucursal en otro Estado miembro con un idioma distinto, el registro del país de destino deberá recuperar automáticamente la documentación necesaria desde el sistema central. La normativa prevé que solo se exija una traducción certificada al idioma local cuando resulte estrictamente imprescindible, por ejemplo, en determinados procedimientos judiciales o para cumplir requisitos específicos de divulgación pública. Con el objetivo de lograr una mayor armonización normativa, la Comisión Europea plantea aprobar esta iniciativa mediante un reglamento, lo que implicaría su aplicación directa y obligatoria en todos los Estados miembros sin necesidad de adaptación legislativa nacional. No obstante, las normas nacionales seguirían aplicándose en materias no cubiertas por el reglamento o cuando se remita expresamente a ellas, especialmente en legislación laboral y fiscal, competencias que siguen siendo de los Estados. El régimen EU Inc estaría abierto a cualquier empresa con sede en la UE, tanto de nueva creación como ya existentes que decidan adoptar este modelo una vez entre en vigor. Aun así, está especialmente diseñado para microempresas -con hasta cuatro empleados, activos de hasta 300.000 euros e ingresos anuales de hasta 200.000 euros-, así como para startups y scaleups innovadoras, a las que se ofrecerán procedimientos más ágiles en casos de insolvencia o liquidación. En concreto, estas empresas podrían cerrar su actividad mediante un proceso acelerado de hasta tres meses si no tienen deudas, han transferido sus activos y han cesado su actividad. Si existen deudas, el procedimiento podría prolongarse hasta seis meses, con trámites simplificados, sin necesidad obligatoria de abogado e incluso con subastas judiciales de activos digitales que podrían realizarse de forma transfronteriza. Estas medidas buscan impulsar el dinamismo empresarial, reduciendo el impacto negativo del fracaso empresarial -el llamado "coste del fracaso"- y permitiendo que emprendedores e inversores puedan iniciar nuevos proyectos con mayor rapidez, sin mantener capital bloqueado durante largos periodos.

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(El País, 16-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Estados Unidos levanta las sanciones a los petroleros rusos durante un mes

La Administración de Donald Trump ha decidido aliviar temporalmente las restricciones impuestas al petróleo ruso, una medida que podría aportar miles de millones de dólares adicionales a las arcas del Kremlin en pleno contexto de tensión energética derivada del conflicto con Irán. Estados Unidos permitirá durante un mes -salvo que se prorrogue la decisión- la venta en los mercados internacionales de crudo y otros derivados rusos que ya estaban cargados en buques antes del 12 de marzo. Según Kiril Dmitriev, enviado especial de Vladímir Putin y responsable del fondo soberano ruso, esta medida podría poner en circulación unos 100 millones de barriles de petróleo. La reacción desde Europa no se hizo esperar. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, criticó en redes sociales lo que calificó como una "decisión unilateral" por parte de Washington y expresó su preocupación por las consecuencias de esta medida. Desde Moscú, Dmitriev celebró la decisión señalando que, en medio de una crisis energética creciente, flexibilizar las restricciones al sector energético ruso parecía cada vez más inevitable. Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, precisó que la autorización concedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros solo afecta al petróleo ruso que ya se encuentra transportándose por mar. Si no hay nuevas modificaciones, el crudo que Rusia produzca a partir de ahora seguirá sujeto a las sanciones. La semana anterior, Washington ya había levantado su veto a las ventas de petróleo ruso a India. El anuncio actual supone, en la práctica, que Estados Unidos tolerará que otros países compren el crudo que Moscú mantenía almacenado en buques en alta mar durante los meses de restricciones. Esta flexibilización también permitirá a Rusia vender ese petróleo sin los grandes descuentos que había tenido que aplicar debido a las sanciones. Antes del conflicto con Irán, el crudo ruso se comercializaba con rebajas de hasta 30 dólares respecto al precio internacional. Así, cuando el barril de Brent crude oil se situaba en torno a 70 dólares, el petróleo ruso podía adquirirse por unos 40, aunque con el riesgo de posibles sanciones para los compradores. La decisión llega en un momento delicado para las finanzas del Kremlin. Las sanciones impuestas en otoño por Washington a gigantes petroleros rusos como Rosneft y Lukoil habían incrementado la presión sobre las cuentas públicas. Pocos días antes del inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el ministro de Finanzas ruso, Antón Siluanov, anunció recortes presupuestarios para reforzar el Fondo Nacional de Bienestar. Entre enero y febrero, el déficit público ruso alcanzó los 3,4 billones de rublos -unos 37.000 millones de euros-, una cifra cercana al objetivo fijado para todo 2026. Aunque el inicio del año suele concentrar gran parte del gasto público, en esta ocasión los ingresos presupuestarios totales cayeron alrededor de un 10%, con un desplome de cerca del 50% en los procedentes de los hidrocarburos. Según cálculos citados por el diario británico Financial Times, Rusia podría ingresar aproximadamente 150 millones de dólares adicionales al día mientras se mantenga esta relajación parcial de las sanciones. De acuerdo con datos de la International Energy Agency, Rusia exportó en febrero unos 6,6 millones de barriles diarios, cerca de 184 millones en todo el mes, lo que generó unos 9.500 millones de dólares, unos 1.500 millones menos que en enero. Aun así, los expertos consideran que esta inyección de ingresos difícilmente cambiará el curso de la guerra en Ucrania. Los problemas económicos de Rusia no se deben tanto a sus cuentas públicas como al desequilibrio de su economía civil, muy afectada por el peso de la industria militar tras varios años de conflicto. Además, los hidrocarburos ya representan alrededor de una cuarta parte de los ingresos del Kremlin, lejos de más de la mitad que suponían en el pasado. Incluso, una entrada repentina de divisas podría reforzar el rublo y perjudicar la competitividad de las empresas rusas. Pese a los ingresos adicionales que podría generar la actual crisis energética, el Ministerio de Finanzas ruso mantiene su intención de reducir el gasto y endurecer las reglas fiscales. En Moscú no creen, al menos por ahora, que el actual repunte de los precios de la energía vaya a prolongarse durante todo el año. Desde el inicio de los ataques contra Irán -realizados sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU- la Casa Blanca y el Kremlin han mantenido contactos directos para abordar la situación energética. Trump ya adelantó la posibilidad de suavizar sanciones a sectores petroleros de distintos países tras una conversación telefónica con Putin. Posteriormente, Dmitriev se reunió en Florida con el enviado estadounidense, el empresario Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno del expresidente. La ofensiva militar contra Irán ha desencadenado además el bloqueo del Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Como consecuencia, el barril de Brent se ha situado en torno a los 100 dólares. Aunque se trata de un precio elevado, sigue dentro de los márgenes históricos: cuando Rusia inició su invasión de Ucrania en 2022, el crudo llegó a alcanzar los 130 dólares y permaneció por encima de los 100 durante más de tres meses.

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