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(Expansión, 18-09-2026) | Fiscal

La quita de deuda encalla en el Congreso por las exigencias del independentismo

La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados acordó este miércoles ampliar durante una semana más el plazo para presentar enmiendas al proyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común. La norma incorpora la condonación de deuda aprobada por el Consejo de Ministros a finales del pasado año y prevé que el Estado asuma más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica. Es la segunda ampliación del periodo de enmiendas, cuyo plazo inicial terminó la semana pasada. La nueva extensión llevará la fecha límite hasta el próximo martes, aunque existe la posibilidad de que vuelva a prolongarse. Fuentes parlamentarias señalan que, si la mayoría de los grupos solicita a la Mesa una nueva prórroga, esta podría aprobarse. Este procedimiento ya se ha empleado en otras ocasiones para mantener paralizada temporalmente la tramitación de determinadas iniciativas legislativas. El principal punto de fricción para que la condonación llegue al Pleno se encuentra en las conversaciones entre el PSOE y Junts, formación con la que el Gobierno acordó inicialmente esta medida. El partido reclama una compensación mayor, argumentando que la deuda de Cataluña ha seguido aumentando durante el último año. Cataluña sería la segunda comunidad autónoma más beneficiada por el mecanismo previsto, con una condonación de 17.104 millones de euros, solo por detrás de Andalucía, que recibiría 18.791 millones. De acuerdo con los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la cantidad asignada a Cataluña equivaldría prácticamente a la de las comunidades consideradas infrafinanciadas cuando se calcula en términos de deuda condonada por habitante, como ocurre con la Comunidad Valenciana o Murcia. Si se analiza la quita por habitante ajustado, Andalucía y la Comunidad Valenciana encabezarían la distribución, con 2.285 euros por persona, mientras que Cataluña se situaría prácticamente en el mismo nivel, con 2.284 euros. En el extremo contrario, Madrid registraría una condonación de 1.369 euros por habitante ajustado, una cifra similar a la de Galicia, Castilla y León, Cantabria o Asturias. La propuesta contempla en conjunto la condonación de 83.252 millones de euros de deuda autonómica, una cantidad que deberá ser asumida por el Estado en un escenario marcado por un margen fiscal cada vez más reducido y por la progresiva finalización de los fondos europeos que han reforzado los ingresos públicos durante los últimos años. Las discrepancias sobre el reparto de la condonación vienen de lejos. Cuando Hacienda presentó su propuesta, el secretario general de Junts, Jordi Turull, cuestionó que a Cataluña se le aplicara una quita equivalente al 20% de su deuda mientras Andalucía alcanzaba prácticamente el 50%. Ahora, la formación añade a ese argumento el incremento de la deuda catalana para reclamar una revisión de la cantidad inicialmente prevista. Pese a sus exigencias, Junts no ha cerrado la puerta a respaldar la condonación, aunque la negociación podría quedar vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica. La consejera de Hacienda de la Generalitat, Alícia Romero, ya señaló semanas atrás que el Ejecutivo central tendría que realizar alguna concesión a la formación independentista para conseguir su respaldo al nuevo modelo. La posición de Junts vuelve a resultar determinante para la aprobación de la quita en el Congreso, después de que PP y Vox hayan confirmado su rechazo. La negociación se produce además mientras el Gobierno afronta otros asuntos de especial relevancia parlamentaria, entre ellos la reforma de la financiación autonómica y la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado. La siguiente fecha clave será el miércoles 23 de septiembre. Ese día, la Comisión tendrá que decidir si vuelve a solicitar una ampliación de una semana del plazo de enmiendas o si, por el contrario, da por cerrado este trámite y remite al Pleno las propuestas que hayan presentado los grupos parlamentarios.

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(El País, 18-09-2026) | Fiscal

La Airef empeora hasta el 2,7% del PIB su previsión de déficit para este año

La economía española mantiene un ritmo de crecimiento superior al de las principales economías europeas, pero la evolución de las cuentas públicas empieza a mostrar mayores tensiones. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Inés Olóndriz, ha avanzado que el organismo revisará al alza en una décima su previsión de déficit para este año, hasta situarlo en el 2,7% del PIB, frente al 2,1% que contempla el Gobierno. La revisión responde principalmente a la prolongación de algunas medidas destinadas a contener el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo, entre ellas la ampliación hasta septiembre del descuento al diésel, de hasta 20 céntimos por litro. A ello se suma el incremento del gasto registrado por las comunidades autónomas en los últimos datos de ejecución presupuestaria, factores que han llevado a la Airef a modificar sus cálculos. Olóndriz ha destacado que la economía española conserva un comportamiento sólido en comparación con sus socios europeos, aunque ha advertido de varios factores que pueden limitar su capacidad de crecimiento a medio plazo. Entre ellos destaca especialmente la baja productividad. También ha señalado que, pese a la trayectoria descendente de la deuda pública, esta continúa alrededor del 100% del PIB, un nivel que reduce el margen de maniobra ante posibles episodios de inestabilidad financiera y mantiene elevada la carga asociada al pago de intereses. La principal preocupación de la Airef se centra, no obstante, en la evolución del gasto primario neto de medidas de ingresos, el indicador que utiliza la Unión Europea para evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Según las últimas estimaciones, este gasto crecerá un 6,6%, frente al 6,4% previsto en julio. En términos acumulados, el incremento alcanza ya el 16,8% para el periodo considerado, por encima del compromiso europeo de mantenerlo por debajo del 13% entre 2024 y 2026. El marco fiscal europeo contempla una cláusula de escape que permite cierta flexibilidad para asumir el incremento del gasto en defensa y parte de las medidas desplegadas para responder a la crisis energética. Sin embargo, la Airef considera que este margen puede resultar insuficiente. Olóndriz ha señalado que el organismo ya anticipaba en julio dificultades para cumplir la regla de gasto en 2027 incluso teniendo en cuenta la cláusula de salvaguarda y que, con la situación actual, el margen disponible prácticamente se ha agotado. A esta presión se añade la evolución de los precios. La inflación alcanzó el 4,3% interanual en agosto, impulsada principalmente por el encarecimiento de los carburantes, y se situó en su nivel más elevado desde comienzos de 2023. La posible prolongación de las medidas destinadas a contener el impacto de la inflación podría incrementar todavía más la presión sobre las cuentas públicas. La presidenta de la Airef ha diferenciado entre determinados gastos de carácter temporal y otros que se están consolidando como permanentes y que, por tanto, requieren fuentes de financiación estables. En este escenario, la Airef reclama una planificación fiscal a medio plazo que permita determinar las prioridades de gasto y anticipar las necesidades de financiación. Olóndriz también ha señalado la falta de correspondencia entre los marcos fiscales español y europeo, una situación que puede generar señales contradictorias cuando el cumplimiento de las reglas comunitarias no coincide con las exigencias establecidas por la normativa nacional. La presidenta de la autoridad fiscal considera que España parte de una posición relativamente favorable respecto a otros países europeos, pero advierte de que esta situación no debe llevar a posponer las reformas necesarias. En su opinión, mantener el crecimiento exigirá mejorar la productividad y la competitividad, mientras que en el ámbito presupuestario será necesario establecer una estrategia de medio plazo que evite que el aumento del gasto obligue posteriormente a adoptar ajustes de mayor intensidad. En este contexto, Olóndriz ha insistido también en la necesidad de que el Gobierno presente nuevos Presupuestos Generales del Estado y ponga fin a la prolongación de las cuentas de 2023. A su juicio, disponer de unas cuentas aprobadas en tiempo y forma resulta fundamental para establecer las prioridades económicas y fiscales, determinar cómo se financiarán y reforzar la transparencia y la rendición de cuentas ante el Parlamento y los ciudadanos. La elaboración de los Presupuestos de 2027 adquiere además una relevancia especial porque debería incorporar una perspectiva plurianual, en línea con el nuevo marco de gobernanza fiscal europeo. La Airef considera que las cuentas públicas deben integrarse en una planificación que permita anticipar la evolución de los ingresos y gastos durante varios ejercicios, en lugar de limitarse a la gestión anual. Por último, Olóndriz ha reclamado que se empiece a preparar el plan fiscal de medio y largo plazo que deberá presentarse en abril de 2028 y que corresponderá aprobar al Gobierno que resulte de las próximas elecciones generales. Para la Airef, este documento debe convertirse en la referencia de la política presupuestaria, con objetivos realistas, planificación plurianual y coordinación entre las distintas administraciones. El objetivo último, según ha señalado, es preservar unas finanzas públicas sostenibles que permitan disponer de margen de actuación cuando las circunstancias económicas lo requieran.

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(El Economista, 18-09-2026) | Fiscal

La Justicia europea abre la puerta a una oleada de reclamaciones de fondos extranjeros contra Hacienda

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que aplicar en España un tipo del 15% en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) a los dividendos obtenidos por instituciones de inversión colectiva (IIC) no residentes, frente al 1% que soportan las IIC residentes, supone una restricción contraria al principio de libre circulación de capitales. Así lo establece la sentencia dictada por el tribunal europeo el 17 de septiembre de 2026. La resolución señala que el hecho de que una institución extranjera esté acogida en su país a un régimen fiscal especial o incluso quede exenta de tributación no elimina el carácter discriminatorio de la imposición aplicada en España. Por tanto, la diferencia de trato fiscal debe quedar compensada de forma efectiva para que pueda considerarse compatible con el Derecho de la Unión. El TJUE precisa que un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI) solo puede corregir esta diferencia de tributación cuando permite recuperar íntegramente el importe adicional soportado en España. En aquellos casos en los que la IIC está sometida en su Estado de origen a un régimen de transparencia fiscal, de modo que no tributa directamente y las rentas y créditos fiscales se trasladan a sus partícipes, la posibilidad de que la propia entidad utilice esa deducción puede resultar únicamente teórica. En consecuencia, la neutralización de la desventaja fiscal solo se produce si los inversores o partícipes de la institución pueden aplicar de manera real y completa la deducción correspondiente en su Estado de residencia. La mera existencia de un mecanismo previsto en un convenio bilateral no resulta suficiente si, en la práctica, no permite recuperar la totalidad de la diferencia tributaria. En el caso analizado, relativo a una entidad estadounidense acogida al régimen de transparencia fiscal RIC, el fondo no tributaba directamente en Estados Unidos por los dividendos obtenidos y trasladaba las rentas y el crédito fiscal a sus inversores. Por este motivo, la posibilidad de que la propia entidad compensara el impuesto retenido en España era considerada meramente hipotética y no permitía eliminar el perjuicio fiscal. La sentencia añade que el hecho de que el fondo extranjero haya optado voluntariamente por someterse a un régimen de transparencia fiscal en su país de origen no implica que quede excluido de la protección que le proporciona el Derecho de la Unión. De este modo, el TJUE vincula la compatibilidad de la diferencia de tributación no al régimen fiscal elegido por la institución, sino a que la desventaja generada por la imposición española pueda ser compensada de manera efectiva.

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(Cinco Días, 18-09-2026) | Laboral

CC OO ‘calienta’ la negociación del nuevo convenio de banca: pide fines de semana de tres días y amenaza con una huelga

CC OO prepara un otoño de movilizaciones en la banca española ante la próxima negociación del convenio colectivo del sector. El sindicato ha presentado este jueves sus principales reivindicaciones para el nuevo acuerdo, después de que el actual expire en diciembre. Entre sus propuestas figuran una reducción de la jornada laboral que permita disponer de un fin de semana de tres días aproximadamente una vez al mes por trabajador y mejoras salariales que alcanzarían el 7% en 2027 y el 4% anual entre 2028 y 2030. Las demandas sindicales se apoyan en un informe sobre la evolución reciente del sector financiero, en el que CC OO pone el foco en los elevados beneficios obtenidos por las principales entidades. El sindicato calcula que los grandes bancos españoles generaron alrededor de 36.000 millones de euros de beneficios el pasado año y más de 20.000 millones durante el primer semestre de 2026. A su juicio, parte de estos resultados debería trasladarse también a las plantillas, frente a unas políticas de remuneración a los accionistas que incluyen dividendos y programas de recompra de acciones. CC OO también destaca la fuerte reducción del empleo registrada por el sector desde los años de expansión financiera. Según sus estimaciones, las entidades han reducido sus plantillas en unos 180.000 trabajadores desde los máximos alcanzados durante el boom bancario. En este contexto, una de sus principales prioridades será reclamar incrementos salariales vinculados a la evolución de los precios, además de pagas asociadas a la participación en beneficios y una mejora de los salarios de entrada. El sindicato propone asimismo reducir el peso de la remuneración variable y establecer mayores controles sobre la presión comercial que soportan los empleados. Dentro de este bloque plantea también la aprobación de un código ético que establezca límites y criterios para determinadas prácticas comerciales dentro de las entidades financieras. La reducción de la jornada constituye otra de las principales reivindicaciones. CC OO plantea pasar de las actuales entre 1.700 y 1.650 horas anuales a unas 1.600 horas, manteniendo el nivel salarial. Esta modificación permitiría, según su propuesta, introducir fines de semana de tres días con una frecuencia aproximada de uno al mes para cada trabajador. El sindicato reclama además una mayor implantación del teletrabajo, garantías de desconexión digital y fórmulas de reducción de jornada dirigidas a los empleados mayores de 50 años. El resto de propuestas se centra en reforzar las plantillas y favorecer el relevo generacional, así como en mejorar las condiciones relacionadas con la salud mental. También plantea crear bolsas públicas de vacantes, establecer una regulación laboral específica para el uso de la inteligencia artificial y avanzar en los planes de igualdad. En este último ámbito, el objetivo señalado por el sindicato es reducir la brecha salarial de género del actual 25% hasta el 5%. CC OO prevé un "otoño caliente" como antesala de las negociaciones del próximo convenio. El sindicato espera iniciar las conversaciones con las organizaciones patronales del sector, entre ellas la Asociación Española de Banca (AEB), CECA y las entidades representativas de las cooperativas de crédito, a partir de febrero de 2027, una vez celebradas las próximas elecciones sindicales. La organización aspira en esos comicios a conservar su posición como sindicato mayoritario en el sector financiero. Entre las medidas de presión que contempla el sindicato figuran movilizaciones durante octubre, noviembre y diciembre, además de paros parciales en diciembre. CC OO asegura que una reciente encuesta sobre clima laboral refleja que más del 90% de los trabajadores consultados estaría dispuesto a secundar una huelga. La posibilidad de recurrir a esta medida dependerá, según han señalado representantes sindicales de CaixaBank, Santander y BBVA, de la evolución de las negociaciones. Como precedente, el sindicato recuerda la huelga convocada en CaixaBank el pasado marzo, coincidiendo con la junta general de accionistas, que según sus datos provocó el cierre del 90% de las oficinas. En paralelo, el sindicato observa con preocupación la posibilidad de que las entidades continúen reduciendo sus plantillas. CC OO ha valorado positivamente el acuerdo de prejubilaciones alcanzado por Santander en julio y defiende que fórmulas similares puedan extenderse a otros bancos. Al mismo tiempo, alerta del impacto que puede tener la inteligencia artificial sobre el empleo del sector y calcula que su implantación podría acabar afectando a entre el 15% y el 25% de las plantillas.

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(Expansión, 18-09-2026) | Laboral

El año que viene las pensiones volverán a subir en la que será su sexto alza anual consecutiva

Las pensiones volverán a actualizarse el próximo 1 de enero conforme a la evolución de los precios. Después de la subida del 2,7% aplicada este año, el incremento correspondiente a 2027 dependerá de la inflación media registrada entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Aunque la cifra definitiva se conocerá en diciembre, las previsiones actuales apuntan a una revalorización de las pensiones contributivas de alrededor del 3,5%. El mecanismo vigente establece que las pensiones se revisen cada año tomando como referencia la media del IPC interanual de los doce meses comprendidos entre diciembre del ejercicio anterior y noviembre del año en curso. Por tanto, para determinar la actualización de 2027 todavía será necesario incorporar los datos de inflación de septiembre, octubre y noviembre a los ya conocidos. La evolución de los precios durante los próximos meses será determinante. El IPC de agosto alcanzó el 4,3% interanual, después de aumentar un 0,7% en el mes, situándose en su nivel más elevado desde febrero de 2023. Los servicios y los productos energéticos están contribuyendo especialmente a esta aceleración de los precios, con incrementos del 3,9% y del 16,9%, respectivamente. Las últimas previsiones del panel de Funcas sitúan en el 3,6% la inflación media de 2026, mientras que para la inflación subyacente se estima un promedio del 2,9%. El organismo prevé que el IPC general pueda alcanzar el 4,9% en septiembre y permanecer por encima del 4% durante los meses posteriores, aunque advierte de que el escenario está condicionado por una elevada incertidumbre, especialmente por la evolución de los precios energéticos y el contexto geopolítico. El dato avanzado del IPC de noviembre permitirá realizar una aproximación bastante precisa al incremento que tendrán las pensiones en 2027. La cuantía definitiva se confirmará a mediados de diciembre, una vez que el Instituto Nacional de Estadística publique el dato correspondiente a noviembre, de manera que la actualización pueda incorporarse a la primera nómina del año. La subida afectará a los alrededor de 9,5 millones de pensionistas que perciben unos 10,3 millones de pensiones contributivas, además de las prestaciones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se actualizan con el mismo índice. La evolución de las pensiones máximas está vinculada igualmente al IPC, aunque con una regla adicional. Desde 2024, las bases máximas de cotización se actualizan aplicando a la inflación un incremento adicional de 1,2 puntos porcentuales cada año hasta 2050. La pensión máxima, por su parte, incorpora al IPC un incremento adicional del 0,115%. En cuanto a las pensiones mínimas y no contributivas, su evolución puede ser superior a la de las contributivas y dependerá de las circunstancias y de los criterios específicos establecidos para cada ejercicio. El sistema actual de revalorización, implantado tras la reforma de 2021, tiene como objetivo mantener el poder adquisitivo de las pensiones mediante su vinculación a la evolución de los precios. La pensión media del sistema de la Seguridad Social alcanzó en agosto los 1.373,4 euros mensuales, un 4,6% más que un año antes. En el caso de la jubilación, la prestación media se situó en 1.574,9 euros al mes, con un incremento interanual del 4,5%. Las pensiones de jubilación representan además el 73,4% del gasto mensual en prestaciones contributivas, cuya nómina alcanzó los 14.470,4 millones de euros.

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(El Economista, 18-09-2026) | Laboral

Bruselas estrecha el cerco sobre los falsos autónomos extracomunitarios y evitar la depreciación de los salarios comunitarios

La Comisión Europea ha impulsado nuevas medidas para reforzar la lucha contra el empleo irregular y el falso trabajo autónomo entre trabajadores procedentes de países ajenos a la Unión Europea. La iniciativa parte de la preocupación por las situaciones de abuso y falta de protección que afectan a estos trabajadores y por sus posibles efectos sobre la competencia empresarial, los salarios y las condiciones laborales en el conjunto del mercado europeo. Entre las medidas previstas se encuentra el refuerzo de las inspecciones laborales transfronterizas, tanto las realizadas de forma coordinada como las desarrolladas conjuntamente por varios países. Estas actuaciones podrán centrarse en identificar situaciones de explotación laboral, empleo no declarado y otras formas de incumplimiento que afecten especialmente a trabajadores extracomunitarios. La participación de los Estados miembros en estas operaciones seguirá siendo voluntaria. No obstante, los gobiernos que rechacen una propuesta de inspección planteada por la Autoridad Laboral Europea (ALE) deberán explicar los motivos de su decisión. Los análisis realizados a escala comunitaria muestran que los trabajadores procedentes de terceros países presentan una especial exposición a determinadas prácticas abusivas. Entre ellas figuran el impago o abono insuficiente de salarios, las jornadas excesivamente prolongadas, las deducciones salariales que no se ajustan a la normativa y el uso fraudulento de la figura del trabajador autónomo. Estas situaciones adquieren especial relevancia en cadenas de subcontratación vinculadas a actividades como la construcción, el transporte y la agricultura. Para mejorar la supervisión, la propuesta amplía las funciones operativas de la Autoridad Laboral Europea. El organismo podrá prestar mayor apoyo a las autoridades nacionales en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social que afectan a trabajadores de terceros países que residan y trabajen dentro de la Unión Europea. Las actuaciones de control contarán además con análisis de riesgo coordinados a escala europea, destinados a detectar patrones que puedan revelar la existencia de fraude o explotación laboral y facilitar así la selección de los ámbitos y empresas que requieran una mayor supervisión. El nuevo marco también plantea establecer mecanismos administrativos de protección para evitar que la situación migratoria de los trabajadores constituya automáticamente un obstáculo para denunciar irregularidades laborales. La finalidad es que quienes sufran abusos puedan comunicar los hechos y reclamar las cantidades salariales que se les adeuden sin que esta actuación implique por sí misma un riesgo automático para su derecho a permanecer legalmente en el país. En todo caso, las competencias de la Autoridad Laboral Europea seguirán limitadas al ámbito laboral y de Seguridad Social. El organismo no asumirá funciones relacionadas con las condiciones de entrada en los Estados miembros, la concesión de visados o la determinación de las cuotas de residencia, materias que continúan bajo responsabilidad de los gobiernos nacionales.

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(El Economista, 18-09-2026) | Laboral

El salario medio avanza un 4% hasta los 2.513 euros en el segundo trimestre

El coste laboral de las empresas aumentó un 4% interanual durante el segundo trimestre, hasta alcanzar los 3.388,15 euros por trabajador y mes. Se trata del importe más elevado registrado en un segundo trimestre desde el inicio de la serie estadística en el año 2000, aunque supone una moderación respecto al crecimiento del 4,9% anotado en los tres primeros meses del año. Con este avance, el coste laboral acumula 22 trimestres consecutivos de incrementos. El coste salarial, que constituye la principal partida del coste laboral, también creció un 4%, hasta situarse en 2.512,68 euros mensuales por trabajador. La otra parte del coste laboral, que incluye principalmente las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, aumentó un 4,2%, hasta los 875,47 euros, registrando en este caso el mayor incremento de los tres componentes. Por sectores de actividad, educación registró el mayor aumento del coste laboral, con un avance interanual del 8,8%, hasta los 3.416,01 euros por trabajador y mes. Le siguieron las actividades inmobiliarias, donde el incremento fue del 8,3%, hasta los 3.536,98 euros. En sentido contrario, el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado fue la única actividad en la que disminuyó el coste laboral, con una caída del 9,9%, hasta los 6.941,58 euros mensuales. Los incrementos más moderados correspondieron a las industrias extractivas, con un 1,6%, hasta los 4.944,65 euros, y a las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, con un aumento del 1,8%, hasta los 2.214,98 euros. El Instituto Nacional de Estadística también señala que el coste laboral por hora efectiva aumentó un 4,8% interanual entre abril y junio, hasta los 26,18 euros. Por su parte, el coste por hora pagada se incrementó un 4%, hasta los 22,32 euros. Los salarios registraron avances interanuales en todas las comunidades autónomas. Cantabria presentó el mayor incremento, con un 8,8%, seguida de Asturias, con un 6%, Cataluña, con un 5,1%, y País Vasco, con un 5%. La estadística del INE refleja además que durante el segundo trimestre había 151.736 puestos de trabajo vacantes, casi 2.000 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que mantiene elevado el número de puestos pendientes de cubrir por las empresas.

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(Expansión, 18-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez ofrece la paz a los empresarios y acudirá a su gran cumbre en Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto participar el próximo 5 de octubre en la inauguración del congreso anual del Instituto de Empresa Familiar (IEF), una de las principales organizaciones que agrupan a empresarios españoles. La presencia de Sánchez se produce después de varios años marcados por una relación tensa y numerosos desencuentros entre el Ejecutivo y el tejido empresarial. Durante su etapa al frente del Gobierno, el presidente solo ha asistido en dos ocasiones a los congresos del IEF, y ambas intervenciones estuvieron acompañadas de una notable expectación y de controversia. Los distintos presidentes de la organización, cuyo cargo tiene carácter rotatorio, han mantenido habitualmente una posición crítica con las políticas del Gobierno y han cuestionado algunos de sus principales planteamientos. El IEF tiene un peso relevante en el ámbito empresarial español debido a la composición de su membresía. Sus integrantes son propietarios, fundadores o miembros de sucesivas generaciones de algunos de los principales grupos empresariales de carácter familiar del país, lo que convierte al instituto en un interlocutor destacado para el Ejecutivo en sus relaciones con el sector privado. Creado en 1992, el IEF agrupa actualmente a un centenar de grandes empresas familiares. Si se incorporan las compañías representadas a través de sus asociaciones territoriales, el alcance de la organización se extiende a unas 1.800 empresas.

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(Expansión, 18-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump ve un "acto hostil" en la alianza UE-Canadá y amenaza con "severos aranceles" a Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que podría imponer nuevos aranceles a la Unión Europea e incluso restringir las relaciones comerciales con el bloque si Bruselas avanza en su propuesta de estrechar aún más los vínculos con Canadá y convertir al país norteamericano en miembro asociado de la UE. Trump ha señalado que interpretaría ese eventual acuerdo como un posible "acto hostil" hacia Estados Unidos y ha cuestionado la relación comercial con Canadá. Las declaraciones fueron realizadas el miércoles por la noche, cuando Trump llegó a un mitin en Carolina del Norte. El mandatario condicionó su respuesta a la finalidad con la que la UE impulse el acercamiento: si considera que existe una intención negativa, aseguró que aplicaría "aranceles muy elevados" a Europa, mientras que una iniciativa planteada con buenas intenciones no tendría, según sus palabras, la misma consideración. El acercamiento entre Canadá y la Unión Europea se produce en un contexto de creciente tensión comercial internacional provocado por la política arancelaria de la Administración estadounidense. Este verano, Estados Unidos elevó hasta el 50% los gravámenes sobre determinados productos canadienses, mientras que Canadá anunció posteriormente medidas equivalentes sobre las importaciones estadounidenses. La dependencia de Canadá del mercado exterior estadounidense es especialmente elevada, ya que alrededor del 70% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos. El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha defendido en los últimos meses una mayor cooperación entre las economías de tamaño medio para hacer frente a un escenario en el que las grandes potencias utilizan cada vez más las relaciones comerciales como instrumento de presión. En esta línea, Canadá ha intensificado esta semana sus contactos con la Unión Europea, una iniciativa que ha recibido el respaldo de Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha planteado elevar la relación con Canadá al máximo nivel posible y ha abierto la posibilidad de que el país se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea. Ambas partes ya mantienen una relación comercial a través del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) y cooperan también en ámbitos relacionados con la seguridad y la defensa, entre ellos el programa europeo SAFE. La nueva fórmula supondría profundizar significativamente en los vínculos económicos y comerciales entre Canadá y la UE. Desde Bruselas, el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, ha defendido que el refuerzo de la asociación con Canadá no pretende dirigirse contra ningún país, sino aumentar la capacidad de ambas partes para afrontar un entorno internacional más complejo. Carney, por su parte, ha insistido en que el objetivo de Canadá es reforzar su capacidad de resistencia y preservar su soberanía, sus mercados y sus instituciones. El primer ministro ha defendido que su país debe mantener la libertad para decidir sus relaciones internacionales, así como sus propias políticas culturales y lingüísticas, sin quedar condicionado por las decisiones de otras potencias.

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(Expansión, 18-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ayuntamiento de Valencia pagará los abogados a los vecinos que denuncien pisos turísticos

El Ayuntamiento de Valencia quiere implicar a las comunidades de propietarios en la lucha contra los pisos turísticos que operan de forma ilegal. Para ello, el consistorio prevé poner en marcha ayudas económicas destinadas a que los vecinos puedan modificar o establecer sus estatutos e incorporar la exigencia de una mayoría de tres quintos para impedir la apertura de viviendas de uso turístico en sus edificios. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado también que el Ayuntamiento ofrecerá apoyo económico para facilitar asistencia jurídica a las comunidades que decidan emprender acciones civiles contra propietarios que destinen sus viviendas a alojamientos turísticos sin contar con el consentimiento necesario. La medida pretende facilitar que los vecinos puedan defender sus derechos ante este tipo de situaciones. Catalá ha reconocido que el uso turístico de viviendas está provocando conflictos en algunas comunidades de propietarios, especialmente cuando se instala un alojamiento turístico sin la aprobación correspondiente. La alcaldesa ha defendido que el Ayuntamiento debe proporcionar a los vecinos el máximo respaldo posible para afrontar estos casos y ha criticado la política desarrollada por el anterior gobierno municipal, que, a su juicio, permitió una expansión excesiva de este tipo de alojamientos. La nueva ordenanza municipal impulsada por el actual equipo de gobierno establece mayores restricciones para la concesión de licencias. En los tres primeros meses de aplicación, el Ayuntamiento ha rechazado permisos correspondientes a unas 3.500 plazas de alojamiento turístico, de las que más del 70% estaban vinculadas a viviendas. Además, el consistorio asegura haber impuesto sanciones por un importe conjunto de 1,6 millones de euros y haber dictado órdenes de cese de actividad con una media anual de 449. La alcaldesa ha situado la vivienda entre las prioridades de su mandato y ha señalado que el Ayuntamiento ya ha impulsado la construcción de 1.000 viviendas públicas, a las que se sumarán otras 390 previstas próximamente.

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