(El País, 04-05-2026) | Fiscal

Los españoles ingresan por primera vez más de 100.000 millones con las inversiones, el alquiler y la venta de casas

Los ingresos de los hogares en España suelen proceder de fuentes habituales como los sueldos, las pensiones o el trabajo por cuenta propia. Sin embargo, hay otra vía menos visible que ha ganado un peso notable en el último año: las rentas del capital. Este tipo de ingresos, que incluye intereses, dividendos, beneficios y plusvalías derivadas de activos, ha alcanzado niveles récord. Según los datos provisionales de la Agencia Tributaria correspondientes a 2025, los contribuyentes obtuvieron más de 100.000 millones de euros por esta vía, tras crecer un 14% en un año. El buen comportamiento de la Bolsa y el auge del mercado inmobiliario, tanto en compraventa como en alquiler, explican gran parte de este incremento. Hacienda clasifica estas rentas en tres grandes categorías. La primera es el capital mobiliario, que engloba intereses bancarios, depósitos, seguros o rendimientos de bonos. Este apartado generó 31.500 millones de euros, con un leve aumento del 2%, suficiente para marcar un nuevo máximo. La segunda categoría corresponde a las rentas inmobiliarias, principalmente procedentes del alquiler, que alcanzaron casi 35.000 millones tras crecer un 8%, impulsadas por la tensión en el mercado de la vivienda. La tercera, y la que más creció, es la de las ganancias patrimoniales. Estas últimas se producen cuando se venden o transfieren bienes -como inmuebles o acciones- por un valor superior al de adquisición. En 2025, estas plusvalías sumaron 41.600 millones de euros, un 32% más que el año anterior, acercándose a cifras similares a las de 2006, en plena etapa de bonanza económica. Este fuerte incremento no se debe a un único factor. Según el economista Jorge Onrubia, el principal motor ha sido la realización de beneficios acumulados durante años más que un aumento de ingresos recurrentes. El buen momento de los mercados financieros entre 2023 y 2025, junto con la revalorización de la vivienda, ha favorecido este fenómeno. A ello se suma un componente psicológico que el experto denomina "efecto embalse": tras años de incertidumbre por la pandemia, la inflación o los cambios en los tipos de interés, muchos inversores pospusieron decisiones. Cuando la situación se estabiliza, se concentran operaciones de venta que liberan ganancias acumuladas, generando picos en un solo ejercicio. En la misma línea, el profesor Dmitry Petrov señala que el contexto económico ha sido especialmente favorable. Con el Ibex 35 superando niveles previos a la crisis de 2008 y los precios de la vivienda en máximos, muchos propietarios han encontrado el momento idóneo para rentabilizar sus activos. Petrov destaca que, aunque el crecimiento del capital mobiliario en 2025 no ha sido tan elevado respecto al año anterior, sí supone un gran salto en comparación con ejercicios previos, impulsado tanto por los dividendos como por la mayor rentabilidad de depósitos y deuda pública. También subraya el cambio en las rentas inmobiliarias, especialmente por el aumento de la presión en el mercado del alquiler, muy diferente al de principios de los años 2000. Por último, recalca el fuerte aumento de las ganancias patrimoniales, favorecido por la subida de los precios tanto en activos financieros como en inmuebles. Este récord de ingresos también plantea implicaciones sociales. Petrov advierte de una economía desigual, donde una parte de la población obtiene elevados beneficios de su patrimonio, mientras que la mayoría depende de salarios que crecen más lentamente que la inflación. Además, señala que muchos indicadores de desigualdad no incluyen estas rentas del capital, lo que podría ocultar una brecha mayor de la que reflejan las estadísticas oficiales, ya que estos ingresos se concentran principalmente en los niveles más altos de renta.

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(El Economista, 04-05-2026) | Fiscal

Heredar cuesta hasta 100.000 euros más caro según la CCAA en la que se resida

Recibir una herencia en España puede implicar pagar hasta 100.000 euros más en impuestos dependiendo de la comunidad autónoma en la que se tribute. Esto se debe a que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones está completamente cedido a las regiones, que lo gestionan y recaudan, aplicando cada una sus propios tipos y bonificaciones, lo que genera importantes diferencias entre territorios. En muchas comunidades, las herencias entre familiares directos -como padres, hijos o cónyuges- están casi exentas si no superan ciertos límites, generalmente a partir de unos 300.000 euros. Sin embargo, cuando el patrimonio heredado es elevado, las diferencias fiscales se vuelven mucho más evidentes. Un ejemplo del Registro de Economistas Asesores Fiscales muestra que un hijo de 30 años que hereda 800.000 euros (incluyendo una vivienda valorada en 200.000) pagaría en Asturias más de 103.000 euros, mientras que en Andalucía, Baleares, Cantabria o Galicia no abonaría nada. Tras Asturias, Aragón sería la comunidad con mayor carga fiscal en este caso, con más de 55.000 euros a pagar, seguida de Cataluña (unos 44.500 euros), Castilla-La Mancha (cerca de 32.000) y Navarra (17.000 euros). En un nivel intermedio se sitúan regiones donde el impuesto es mucho más reducido: en el País Vasco se pagarían algo más de 3.000 euros, en Murcia unos 1.600, y en La Rioja, Madrid o la Comunidad Valenciana alrededor de 1.600 euros. Las cantidades más bajas corresponden a Castilla y León (unos 800 euros), Canarias (268 euros) y Andalucía, donde el pago sería prácticamente simbólico, en torno a 134 euros. La elevada tributación en Asturias se explica porque solo aplica bonificaciones hasta los primeros 300.000 euros y, además, cuenta con tipos impositivos más altos que otras regiones, que suelen ajustarse más a los márgenes estatales. En cambio, Asturias aplica porcentajes que pueden superar el 36%. En Aragón, la exención alcanza hasta 500.000 euros, lo que explica su posición en el ranking, mientras que en Cataluña las bonificaciones disminuyen conforme aumenta el valor de la herencia. Por el contrario, comunidades como Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana han reducido al mínimo la carga fiscal para herencias entre familiares directos. En los últimos años también se observa una tendencia a rebajar los impuestos en herencias entre familiares menos cercanos, como hermanos, tíos o sobrinos. Madrid elevó en 2025 su bonificación al 50%, Baleares incrementó sus reducciones hasta el 60% en algunos casos, y la Comunidad Valenciana aplicará una bonificación del 25% a partir de junio de 2026, que aumentará al 50% en 2027. Otras regiones, como Canarias, ya aplican bonificaciones de hasta el 99% para estos familiares, mientras que Cantabria ofrece un 50% y Galicia deja libres de tributación los primeros 25.000 euros.

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(Expansión, 04-05-2026) | Laboral

La presencia de mujeres en la alta dirección se estanca

La proporción de mujeres en puestos de alta dirección dentro de las empresas cotizadas en la Bolsa española alcanzó el 26,4% el año pasado, según los informes de gobierno corporativo de 2025 enviados a la CNMV. Esta cifra -que no incluye a las directivas que forman parte de los consejos de administración- supone un aumento respecto al 24,83% de 2024 y al 23,07% de 2023. Sin embargo, en los últimos cinco años el avance ha sido limitado, con un incremento total de apenas seis puntos. La normativa española sobre igualdad en la representación de hombres y mujeres, vigente desde agosto de 2024, fija como plazo hasta el 30 de junio de 2027 para que las empresas cotizadas cuenten con al menos un 40% del sexo menos representado en sus consejos de administración, generalmente mujeres. Esta exigencia también afecta a los equipos de alta dirección. Actualmente, estas compañías suman 985 altos cargos directivos, de los cuales 254 están ocupados por mujeres, por lo que aún serían necesarias unas 140 más para alcanzar el objetivo del 40% que marca la ley. El mayor peso femenino se encuentra en las empresas del Ibex, donde a finales de 2025 había 113 mujeres en puestos directivos, lo que representa un 29% del total, casi tres puntos más que el año anterior. Dado que las grandes cotizadas deben cumplir antes con esta exigencia -en junio de este mismo año-, todavía necesitarían incorporar alrededor de medio centenar de mujeres para alcanzar ese umbral. Dentro del Ibex, ocho de sus 35 compañías ya cuentan con un 40% o más de mujeres en la alta dirección. Aena lidera esta clasificación, con seis directivas de un total de nueve, lo que equivale a un 66,6%. También destacan los laboratorios Rovi, donde las mujeres representan el 57,14% tras aumentar su equipo directivo de once a catorce miembros en un año, incorporando tres nuevas directivas. El mismo porcentaje se registra en Colonial, con cuatro mujeres de siete cargos. Según los datos más recientes, Enagás cuenta con un 54,54% de mujeres en su alta dirección, mejorando respecto a años anteriores. Iberdrola alcanza el 50%, mientras que Redeia llega al 42,85% y Acciona Energía al 41,66%. A este grupo se ha sumado Logista, que ha elevado su presencia femenina al 44,4%. Por otro lado, otras siete compañías superan el 30% de mujeres en puestos directivos, entre ellas Acciona, ACS, Banco Sabadell, Bankinter, IAG y Puig. Además, seis empresas más -Amadeus, BBVA, Inditex, Naturgy, Repsol y Sacyr- rebasan el 25% de representación femenina en sus equipos de alta dirección.

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(El País, 04-05-2026) | Laboral

El Supremo fija que el permiso de cuatro días por urgencias familiares debe retribuirse

El Tribunal Supremo ha aclarado definitivamente que el permiso por causas familiares urgentes debe ser remunerado por las empresas. La Sala de lo Social ha determinado que las ausencias de hasta cuatro días al año por este tipo de situaciones deben pagarse obligatoriamente, aunque no esté contemplado de forma explícita en convenios colectivos o acuerdos internos. Este permiso fue aprobado por el Gobierno en junio de 2023 al adaptar la normativa española a una directiva europea sobre conciliación laboral y personal. La medida incorporó al Estatuto de los Trabajadores el derecho a ausentarse hasta cuatro días al año para atender emergencias graves o imprevistas que afecten a familiares o convivientes, diferenciándose de otros permisos como el de cinco días por hospitalización o intervención quirúrgica. El caso llegó al Supremo tras el recurso de una empresa del sector de atención al cliente contra una sentencia previa de la Audiencia Nacional, que en febrero de 2024 le obligaba a abonar estos días. El conflicto surgió a raíz de demandas sindicales frente a la decisión de la compañía de no pagar estas ausencias, al considerar que no era obligatorio si no figuraba en el convenio. En su fallo del 17 de abril, el alto tribunal respalda por completo la decisión de la Audiencia Nacional y fija doctrina. Los magistrados sostienen que el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores es claro al reconocer el derecho a percibir remuneración durante estas ausencias justificadas, sin margen para interpretaciones distintas. Según el Supremo, el texto legal es contundente y no deja lugar a dudas: el permiso debe ser retribuido dentro del límite de cuatro días, ya que su redacción no admite otra interpretación posible. Asimismo, el tribunal señala que, aunque la norma menciona la posibilidad de que los convenios colectivos desarrollen este derecho, eso no implica que su aplicación dependa de la negociación o de la voluntad empresarial, sino que constituye un mínimo legal garantizado. Además, destaca que el legislador español ha ido más allá de lo exigido por la normativa europea al establecer claramente la obligatoriedad de retribuir estas ausencias. Por último, el Supremo recuerda que esta medida busca facilitar la conciliación entre vida laboral y personal, promoviendo una mayor corresponsabilidad en el ámbito familiar y favoreciendo la igualdad efectiva, especialmente al incentivar una mayor implicación de los hombres en tareas de cuidado que tradicionalmente han recaído en las mujeres.

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(El Economista, 04-05-2026) | Laboral

Los jueces ya hacen fijos a los interinos y dan indemnizaciones adicionales por daños

  Los tribunales españoles están empezando a reconocer como indefinidos a empleados públicos temporales que han acumulado contratos durante largos periodos, además de fijar compensaciones económicas superiores a las previstas en la normativa vigente. En las últimas semanas, tres juzgados han dictado resoluciones que aplican la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de abril, en la que se señalaba que la Administración debe ser sancionada por mantener durante años a estos trabajadores en una situación de abuso y falta de estabilidad. El tribunal europeo también indicó que actualmente no existen mecanismos eficaces para reparar el perjuicio causado ni para evitar que estas prácticas continúen. Uno de los casos más destacados es el resuelto el 27 de abril por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid, que declaró como trabajadora indefinida -aunque no funcionaria de carrera- a una interina que había trabajado durante 20 años en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. El juez anuló su cese y concluyó que la Administración había abusado de su situación de temporalidad durante dos décadas. El fallo se apoya en el criterio europeo, que considera insuficiente la figura del "indefinido no fijo" utilizada hasta ahora por los tribunales españoles, ya que mantiene cierta precariedad. También cuestiona que la indemnización por despido improcedente vigente -33 días por año trabajado- sea suficiente para compensar el daño sufrido. En esta línea, el Juzgado de lo Social número 3 de Vigo concedió el 20 de abril una indemnización de más de 52.000 euros a una trabajadora que encadenó contratos temporales durante 18 años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aunque posteriormente logró una plaza fija. El juez tuvo en cuenta no solo su trayectoria laboral, sino también la incertidumbre, la inestabilidad y el impacto personal derivados de esa situación prolongada. Para calcular la compensación, se valoraron factores como el tipo de funciones desempeñadas, la duración y número de contratos, las posibles ganancias perdidas y el perjuicio causado por la falta de estabilidad. Otro caso similar se resolvió en Badajoz, donde un juzgado reconoció una indemnización de 16.000 euros a una trabajadora cesada cuando su puesto fue ocupado por un funcionario, a pesar de que ella misma consiguió posteriormente una plaza tras superar un proceso selectivo. El juez consideró que su despido debía tratarse como el de una trabajadora indefinida no fija, superando así lo establecido por la ley de 2021, que limita las compensaciones en estos casos. Todas estas decisiones pueden ser recurridas, y será el Tribunal Supremo quien establezca un criterio definitivo tras pronunciarse sobre la interpretación del fallo europeo. Actualmente, cerca de un tercio de los empleados públicos en España -alrededor de un millón- tiene contratos temporales. De ellos, unos 125.000 se encuentran en situación de abuso por haber encadenado contratos durante años, según el sindicato CSIF. Se estima que entre 30.000 y 40.000 casos ya están siendo tramitados en los tribunales.

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(El Economista, 04-05-2026) | Laboral

El desempleo de larga duración se reduce casi un 20% en un año

El paro continúa apareciendo de forma recurrente entre las principales preocupaciones de los ciudadanos según el CIS. Aunque en los últimos años el número de desempleados ha descendido hasta niveles similares a los anteriores a la crisis de 2008, todavía hay más de 2,7 millones de personas sin trabajo. La última Encuesta de Población Activa reflejó un ligero aumento del desempleo, impulsado por quienes llevan menos de seis meses buscando empleo, mientras que el número de parados de muy larga duración -más de dos años- ha caído cerca de un 20% en el último año. Este grupo es el que más inquieta tanto a agentes sociales como a responsables políticos, ya que se trata de personas que pueden haber perdido motivación o habilidades tras largos periodos sin trabajar. Además, muchos superan los 52 años y tienen acceso a un subsidio que cotiza para la jubilación, lo que algunos interpretan como una salida anticipada del mercado laboral. Entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026, el número de desempleados que llevan más de dos años en paro se redujo en más de 111.000 personas. Aunque aún superan el medio millón, se trata del nivel más bajo para este periodo desde 2010 y supone casi la mitad que antes de la pandemia, cuando en 2019 había más de un millón en esta situación. Aun así, la cifra sigue lejos de los niveles de 2008, cuando rondaban los 240.000. Pese a esta mejora, la estructura por edades apenas ha cambiado: el desempleo de larga duración se concentra en las personas de mayor edad, especialmente aquellas cercanas a la jubilación. El grupo más numeroso es el de entre 55 y 59 años, seguido por los mayores de 60, los que superan los 50 y, en menor medida, los que están al final de la cuarentena. En cambio, los jóvenes representan una proporción mucho menor, en parte porque han sido los principales beneficiarios de la creación de empleo en los últimos años. Los expertos suelen señalar este tipo de desempleo como uno de los principales obstáculos para reducir la tasa de paro en España hasta niveles comparables con los europeos. En el primer trimestre del año, quienes llevaban más de dos años sin empleo representaban el 20% del total; si se amplía el concepto a más de un año, la proporción alcanza el 35%. No obstante, esta cifra ha bajado en más de diez puntos desde 2022, coincidiendo con la reforma laboral. Por otro lado, según el Ministerio de Trabajo, en marzo había 465.829 personas mayores de 52 años cobrando el subsidio por desempleo, dentro de un total de más de 790.000 beneficiarios de esta ayuda. Aunque este número ha disminuido ligeramente respecto al año anterior, la reducción ha sido menor que la experimentada por el paro de larga duración.

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(La Vanguardia, 04-05-2026) | Laboral

Yolanda Díaz afirma que el Gobierno aprobará el registro horario "antes de verano"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el Gobierno prevé aprobar "antes del verano" la reforma del control horario, y que lo hará sin introducir modificaciones relevantes respecto al texto que recibió críticas del Consejo de Estado en un informe especialmente duro. En una entrevista con La Vanguardia, Díaz indicó que llevará esta propuesta a la próxima Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. A pesar de las diferencias mantenidas con el Ministerio de Economía, aseguró que el Ejecutivo ha adoptado ahora "la postura adecuada", defendiendo el cumplimiento de la legalidad y la remuneración y cotización de las horas extraordinarias. En relación con el informe del Consejo de Estado, afirmó respetarlo pero no compartir sus conclusiones. "Que en pleno siglo XXI se hable de tornos refleja una visión de un país que ya no existe, cuando la mayoría de empresas cuentan con sistemas digitales", señaló. La ministra destacó que actualmente se realizan alrededor de dos millones y medio de horas extra irregulares que no se pagan, y subrayó que la reforma contribuirá también a un aumento efectivo de los salarios. Por otro lado, aseguró mantener una excelente relación personal con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aunque reconoció diferencias en materia económica, similares a las que ya tenía con su predecesora, Nadia Calviño. Respecto al futuro de la izquierda, y tras descartar su candidatura en próximas elecciones generales, Díaz defendió que el objetivo principal es movilizar a un país con mayoría progresista. No obstante, evitó posicionarse sobre quién debería liderar ese espacio político, señalando que nunca ha querido entrar en el debate de nombres, pese a que otros sí lo hicieron en su caso.

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(Expansión, 04-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La OPEP + anuncia una subida de la producción de crudo de 188.000 barriles diarios

Delegados de siete destacados países productores de petróleo dentro de la OPEP+ se reunieron este domingo de manera virtual y anunciaron que incrementarán la producción conjunta en 188.000 barriles diarios a partir de junio. En un comunicado, la OPEP y sus socios -incluida Rusia- explicaron que este aumento voluntario se suma al ya aprobado en abril (206.000 barriles diarios), subrayando así su intención de mantener el equilibrio en el mercado petrolero. Los países participantes en la reunión fueron Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Argelia, junto con Rusia. Según el comunicado, continuarán analizando atentamente la evolución del mercado para contribuir a su estabilidad. No obstante, este incremento es en gran parte simbólico, ya que varios productores del Golfo Pérsico siguen sin poder exportar parte de su petróleo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, consecuencia del conflicto aún sin resolver entre Irán y Estados Unidos. También se anunció que el próximo encuentro de estos grandes productores tendrá lugar el 7 de junio, coincidiendo con la reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP+. Este representa el tercer aumento consecutivo de producción en lo que va de año, y se produce poco después de la salida de Emiratos Árabes Unidos de la organización y de la alianza. En reuniones anteriores ya se habían acordado incrementos similares, por lo que la subida actual mantiene la misma línea, aunque sin la participación emiratí. A raíz del conflicto en Irán y las dificultades en el estrecho de Ormuz -por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial-, la producción total de la OPEP cayó un 27,5% en marzo. Solo algunos países, especialmente Arabia Saudí, cuentan con margen suficiente para aumentar su producción. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos aspira a elevar su bombeo desde los actuales 3,4 millones hasta cerca de 5 millones de barriles diarios cuando la situación en la región se estabilice. Además, a diferencia de otros países del Golfo, la economía emiratí depende cada vez menos del petróleo. En los últimos días, el precio del crudo ha alcanzado niveles máximos en cuatro años debido a la falta de avances en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Analistas advierten que podrían producirse interrupciones en el suministro de petróleo y derivados como el queroseno, lo que podría volver a presionar al alza la inflación en numerosos países industrializados.

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(Expansión, 04-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Comisión Europea ha pedido hoy redoblar los esfuerzos para que el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur funcione de forma efectiva

La puesta en marcha del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur da lugar a un gran mercado transatlántico valorado en unos 22 billones de dólares, con cerca de 720 millones de potenciales consumidores. Algunos países prevén que sus exportaciones crezcan más de un 10% de aquí a 2038, cuando el pacto esté plenamente implantado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó el esfuerzo realizado para alcanzar este acuerdo "histórico" y subrayó que ahora es fundamental asegurar que tanto ciudadanos como empresas comiencen a beneficiarse cuanto antes. Para ello, participará junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una reunión por videoconferencia con los líderes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay para dar inicio a esta nueva etapa. A largo plazo, se estima que el comercio entre ambos bloques podría aumentar alrededor de un 40%. En el caso de España, el crecimiento potencial podría ser incluso mayor, dado el peso que Mercosur tiene como socio comercial para su economía, según el Banco de España. El bloque sudamericano reúne a más de 273 millones de personas y genera un PIB de unos dos billones de euros. En 2025, España exportó a estos países productos por valor de 4.701 millones de euros, lo que supone el 1,2% de sus ventas exteriores. El Banco de España señala oportunidades especialmente relevantes en el sector agrícola, como el vino y el aceite de oliva, productos clave para España. El acuerdo eliminaría los aranceles sobre estos bienes, mientras que otros competidores seguirían enfrentándose a gravámenes de entre el 10% y el 15%, lo que reforzaría la posición de los exportadores españoles. Von der Leyen remarcó que el pacto supone una ventaja para empresas, consumidores y agricultores, al abrir nuevas posibilidades de exportación sin dejar de proteger los sectores más sensibles. En la misma línea, el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, insistió en que el objetivo inmediato es que este acuerdo empiece a generar resultados en los próximos meses, en un contexto en el que la UE busca fortalecer su política comercial. El acuerdo comenzará a aplicarse de manera provisional este jueves, permitiendo avanzar en la reducción de aranceles, la apertura de mercados y la eliminación de obstáculos técnicos. Además, la Comisión Europea ya ha iniciado contactos con empresas, incluidas pequeñas y medianas, para facilitar que aprovechen desde el principio las oportunidades que ofrece el pacto. Desde el Parlamento Europeo se ha valorado positivamente esta fase inicial, considerándola una oportunidad para estrechar la relación económica y política entre Europa y América Latina. También destacan que servirá para analizar su impacto real, especialmente en sectores sensibles como la agricultura, y recalcan la importancia de garantizar una competencia justa. No obstante, los eurodiputados recuerdan que el acuerdo necesitará su aprobación definitiva antes de entrar plenamente en vigor, algo que solo ocurrirá una vez que el Tribunal de Justicia de la UE confirme su compatibilidad con los tratados europeos.

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(El País, 04-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las empresas españolas, a la caza de 817.000 millones sin asignar en Europa para defensa hasta 2030

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el sector de defensa europeo ha recibido una financiación sin precedentes, aunque la mayor parte de ese presupuesto aún no tiene un destino concreto. De acuerdo con un informe de la consultora Accuracy, Europa planea invertir cerca de 1,1 billones de euros en equipamiento militar durante los próximos cinco años. Sin embargo, aproximadamente el 75% de esa cantidad -unos 817.000 millones- todavía no ha sido asignado, lo que refleja, según Ignacio Lliso, un amplio margen de oportunidades para la industria. Hasta el momento, gran parte del gasto se ha orientado hacia áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los sistemas aéreos. En este último ámbito destaca el programa FCAS, el futuro sistema de combate aéreo europeo, actualmente en pausa a la espera de que Francia y Alemania, junto con España, alcancen un acuerdo. Se prevé que este proyecto, considerado el más ambicioso del sector en Europa en lo que va de siglo y con un coste estimado de 100.000 millones de euros, retome su curso en breve. Liderado por Dassault, Airbus e Indra, su objetivo es que el nuevo sistema -incluyendo cazas y una red de combate digital- esté operativo en 2040. Además del FCAS, Europa participa en otro gran programa aéreo, el GCAP, impulsado por Italia, Reino Unido y Japón, con un presupuesto estimado de entre 30.000 y 40.000 millones de euros. A estos se suman otros proyectos relevantes, como el Eurodrón (7.100 millones), el sistema de tanque MGCS desarrollado por Francia y Alemania (entre 15.000 y 20.000 millones), o la futura corbeta europea, en la que colaboran varios países, con una inversión prevista de entre 6.000 y 7.000 millones. Tras la invasión rusa de Ucrania, la Comisión Europea propuso el mecanismo SAFE, que permitirá a los Estados miembros disponer de hasta 650.000 millones adicionales para defensa, además de 150.000 millones en deuda conjunta, sumando un total de 800.000 millones destinados a gasto militar. Expertos del sector advierten de que los conflictos recientes, como el de Ucrania o las tensiones en Irán, han dejado al descubierto importantes debilidades en la capacidad militar europea. Entre ellas destacan la falta de reservas de munición, limitaciones en movilidad militar, carencias en defensa aérea y drones, así como déficits en inteligencia y ciberseguridad. También se subraya la fuerte dependencia de proveedores externos, especialmente de Estados Unidos, y la falta de una base industrial sólida para sostener operaciones prolongadas. Estas carencias son consecuencia de años de recortes presupuestarios y de una estrategia fragmentada entre países. En este contexto, el gasto en defensa en Europa -incluyendo Reino Unido y Turquía- alcanzó en 2025 los 545.000 millones de euros, un 24,7% más que el año anterior, en lo que algunos califican como el mayor proceso de rearme desde la Guerra Fría. Las empresas del sector ya se preparan para este crecimiento. Compañías como Oesía prevén triplicar su facturación en los próximos años, mientras que otras como Indra planean revisar al alza sus objetivos. En España, la inversión en equipamiento militar aumentó notablemente en 2024, representando más del 44% del gasto total en defensa. Además, las directrices de la OTAN recomiendan que al menos el 20% del presupuesto militar se destine a equipamiento, y se estima que entre 2025 y 2030 el 33% del gasto europeo irá a este fin. Alemania liderará el esfuerzo inversor con más de 580.000 millones de euros hasta 2030, seguida por Reino Unido y Francia. España ocupará la sexta posición con cerca de 198.000 millones, por detrás de países como Polonia e Italia. De hecho, Polonia y Lituania serán los únicos Estados que podrían alcanzar un gasto militar equivalente al 5% de su PIB en 2030, una cifra promovida por Estados Unidos dentro de la OTAN.

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