(El Economista, 16-11-2026) | Fiscal

¿Nuevo impuesto a fondos y grandes propietarios por la vivienda vacía, turística o a precios abusivos?

El PSOE propone crear un nuevo impuesto dirigido a combatir la especulación inmobiliaria de los fondos de inversión y los grandes propietarios. El tributo gravaría de forma progresiva la tenencia de viviendas que no se destinen al alquiler residencial a precios asequibles. La medida figura en el programa electoral que los socialistas han presentado este domingo para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según recoge el documento, el nuevo impuesto afectaría a las viviendas destinadas al uso turístico, las que permanezcan vacías y aquellas que se alquilen a precios considerados abusivos. El objetivo es limitar la acumulación de inmuebles con fines especulativos y favorecer su incorporación al mercado del alquiler asequible. El programa electoral incluye también un amplio conjunto de propuestas en materia de vivienda. Entre ellas, el PSOE plantea mantener y garantizar las restricciones a la adquisición de inmuebles por parte de fondos especulativos. Asimismo, propone modificar la Constitución para reconocer la vivienda como un derecho fundamental, de manera que los ciudadanos puedan exigir a los poderes públicos que garanticen su cumplimiento. Otra de las iniciativas consiste en crear un registro específico de fondos de inversión y sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (Socimi), con el propósito de mejorar la trazabilidad de sus operaciones y reforzar la supervisión de los principales participantes en el mercado inmobiliario. A esta medida se añadiría un registro de los precios de los contratos de alquiler, que permitiría disponer de mayor transparencia y conocimiento sobre la evolución del mercado residencial. En el ámbito urbanístico, los socialistas se comprometen a aprobar una Ley de Sostenibilidad y Movilización del Suelo para simplificar y acelerar los procedimientos de desarrollo urbanístico. El programa contempla también importantes recursos económicos destinados a impulsar tanto la construcción de nuevas viviendas como la rehabilitación del parque existente. En concreto, el PSOE prevé movilizar más de 25.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), mediante avales, préstamos e instrumentos de financiación para promover vivienda asequible. A esta cantidad se sumarían 4.700 millones procedentes del Plan Social del Clima, destinados a financiar la construcción y rehabilitación de viviendas sostenibles, así como 400 millones anuales del Fondo de Vivienda de Impacto Social para respaldar diferentes proyectos. El documento establece como una de sus principales prioridades destinar cada año el equivalente al 1% del producto interior bruto (PIB) a garantizar el acceso a la vivienda, que se configura como el objetivo central de la próxima legislatura.    En materia de alquiler, el partido plantea ampliar la duración de los contratos para proporcionar mayor estabilidad a los inquilinos y contempla la congelación temporal de las rentas que superen los índices de referencia, con la finalidad de evitar subidas consideradas abusivas en las zonas declaradas de mercado residencial tensionado. Por último, el PSOE se compromete a incrementar la oferta de vivienda pública y protegida hasta aproximarla a la media de los países del entorno europeo. Para ello, propone constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas, que se formaría tanto mediante la construcción de nuevos inmuebles como a través de la adquisición de viviendas ya existentes.

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(Cinco Días, 16-11-2026) | Laboral

La inteligencia artificial pone en riesgo hasta 55.000 empleos en una década en los grandes bancos españoles

La expansión de la inteligencia artificial (IA) ha intensificado la preocupación por su impacto en el empleo, especialmente en sectores como el financiero. Aunque los máximos responsables de los principales bancos españoles han insistido en que la incorporación de esta tecnología no supondrá recortes de plantilla, un estudio de Funcas advierte de que hasta 55.000 puestos de trabajo podrían desaparecer en el escenario más desfavorable de los contemplados en su análisis. El informe, elaborado por un equipo de catedráticos de la Universidad de Granada y profesores de las universidades Rey Juan Carlos y Autónoma de Madrid, plantea tres posibles escenarios sobre la evolución del empleo bancario hasta 2035. Las estimaciones tienen en cuenta tanto los puestos de trabajo que podrían desaparecer por la automatización como los nuevos perfiles profesionales que surgirían como consecuencia de la transformación tecnológica. No obstante, el estudio matiza que la inteligencia artificial no debe interpretarse exclusivamente como un factor de destrucción de empleo. Su implantación tendría principalmente un carácter complementario al trabajo humano, al asumir tareas rutinarias y repetitivas, mejorar la productividad de los profesionales y favorecer la aparición de nuevas especialidades relacionadas con el análisis de datos, el desarrollo tecnológico, la supervisión de modelos y la gobernanza de la IA. Por ello, los investigadores consideran que el principal efecto de esta transformación no será necesariamente una reducción generalizada de las plantillas, sino un cambio profundo en su composición y en las competencias que necesitarán los trabajadores de las entidades financieras. El primero de los escenarios, el más prudente, contempla una incorporación de la IA como herramienta de apoyo a los empleados, aumentando su productividad sin provocar una sustitución generalizada de puestos de trabajo. En este supuesto, podrían desaparecer entre 8.000 y 14.000 empleos, mientras que se crearían entre 4.000 y 7.000 nuevos puestos. El resultado sería una reducción neta de entre 4.000 y 8.000 trabajadores, con unas plantillas conjuntas que quedarían entre los 150.000 y los 157.000 empleados. El escenario intermedio, considerado el más probable, prevé una integración más profunda de la inteligencia artificial en los procesos operativos de las entidades. En este caso, la destrucción de empleo oscilaría entre 18.000 y 35.000 puestos, frente a la creación de entre 6.000 y 12.000 nuevas ocupaciones. La diferencia supondría una pérdida neta de entre 12.000 y 23.000 trabajadores, lo que situaría el volumen agregado de empleo bancario entre 128.000 y 148.000 personas. Por último, el estudio contempla una hipótesis más desfavorable, en la que la IA alcanza un elevado nivel de desarrollo, fiabilidad y capacidad operativa. Esto permitiría extender la automatización a actividades de mayor complejidad técnica y regulatoria, como la evaluación del riesgo crediticio o scoring -el sistema utilizado por las entidades para calcular la probabilidad de impago de un cliente y decidir si conceden financiación-, determinados procedimientos de gestión de riesgos y algunas funciones de cumplimiento normativo. En este escenario, podrían desaparecer entre 35.000 y 55.000 empleos, mientras que se generarían entre 8.000 y 15.000 nuevos puestos de trabajo. El saldo sería una reducción neta de entre 20.000 y 47.000 trabajadores, con una pérdida mínima de 25.000 empleos respecto a la situación actual. Los autores consideran que esta última hipótesis es la menos probable a corto plazo, debido a las exigencias regulatorias, las limitaciones tecnológicas todavía existentes y la necesidad de mantener la supervisión humana en determinados procedimientos. Por el contrario, identifican el escenario intermedio como el más factible, aunque reconocen que la evolución real podría combinar elementos de las tres posibilidades. La magnitud del impacto dependerá de diversos factores, como la velocidad con la que se extienda esta tecnología, la proporción de tareas que puedan automatizarse efectivamente, los cambios normativos y la capacidad de adaptación de las propias entidades financieras. En este contexto, el informe subraya que la ventaja competitiva de los bancos no dependerá únicamente de la rapidez con la que incorporen herramientas de inteligencia artificial, sino también de cómo gestionen la transformación de sus plantillas. La formación continua, la actualización de conocimientos y la adaptación de la organización del trabajo serán fundamentales para facilitar la transición hacia un modelo financiero más digitalizado. El estudio también pone de relieve el importante esfuerzo inversor que está realizando el sector. El gasto tecnológico de los diez principales bancos españoles ha pasado de 2.313 millones de euros en 2014 a 5.578 millones en 2025. Las previsiones apuntan a que esta inversión podría superar los 8.000 millones de euros en 2031. Paralelamente, el nivel de implantación de la inteligencia artificial en las diez mayores entidades financieras aumentó un 32% entre 2021 y 2025, situándolas por delante de otros bancos europeos en grado de adopción. Aunque las grandes entidades mantienen una mayor implantación de estas herramientas, los bancos medianos y pequeños están avanzando a un ritmo más intenso, lo que está contribuyendo a reducir progresivamente la distancia tecnológica.

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(Expansión, 16-11-2026) | Laboral

46 sectores crean empleo en España

El mercado laboral español mantiene un ritmo de crecimiento significativo, aunque su evolución muestra síntomas de desaceleración en los últimos trimestres. Dos indicadores ponen de manifiesto esta pérdida de impulso. En el tercer trimestre del año se contabilizaron 465.500 ocupados más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento notable, pero inferior a los más de 600.000 empleos creados al cierre del año pasado. Asimismo, el número de ramas de actividad que aumentaron sus plantillas se redujo a 46, frente a las 60 que registraban avances en trimestres anteriores. Pese a esta moderación, el empleo continúa creciendo en un contexto marcado por las dificultades de la economía europea y mantiene una evolución positiva en buena parte de los sectores. La educación y otras actividades relacionadas con el sector público, junto con la hostelería, la consultoría, la arquitectura y los servicios financieros, concentraron buena parte de los nuevos puestos de trabajo, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La educación encabezó la creación de empleo, con 107.600 nuevos ocupados en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. Este avance responde al aumento de las necesidades formativas en las distintas etapas educativas. En la enseñanza obligatoria, la atención a las necesidades específicas derivadas de la inmigración ha impulsado las contrataciones. En las etapas posteriores, el crecimiento de la formación profesional y universitaria, la diversificación de la oferta académica y la expansión de la formación continua han contribuido también a ampliar las plantillas. A ello se suma la prolongación de las carreras profesionales y la rápida transformación tecnológica, que exigen una actualización constante de las competencias. En conjunto, el empleo educativo aumentó un 7,5% durante el último año. Junto a la educación, otras actividades estrechamente vinculadas a la financiación pública también han contribuido de forma importante al avance de la ocupación. La Administración Pública, incluida la defensa y la Seguridad Social, incorporó 51.600 trabajadores; la asistencia social en establecimientos residenciales sumó 41.500 y las actividades sanitarias, otros 25.900. De este modo, el sector público, tanto de manera directa como indirecta, concentró aproximadamente la mitad de los nuevos empleos generados en los últimos doce meses. La hostelería fue otro de los principales motores del mercado laboral. Los servicios de comidas y bebidas incorporaron 65.600 trabajadores, hasta alcanzar una plantilla de 1.423.600 personas. Este comportamiento se apoya en la fortaleza de la actividad turística que, pese a la incertidumbre internacional, la debilidad de la demanda europea y el aumento de los costes consiguió crecer un 3,5% interanual durante la temporada de verano, según Exceltur. Asimismo, los ingresos procedentes de los visitantes extranjeros aumentaron un 8,1% entre enero y septiembre respecto al mismo periodo del año anterior. El dinamismo turístico también se trasladó a otras actividades relacionadas con el sector. El comercio al por mayor y los servicios de intermediación sumaron 34.800 ocupados; los alojamientos, 26.700; el transporte aéreo, 24.800; y el almacenamiento y las actividades auxiliares del transporte, 20.100. También aumentó el empleo en las actividades deportivas y recreativas, con 12.500 nuevos trabajadores, las agencias de viajes y operadores turísticos, con 5.900, las actividades artísticas y de espectáculos, con 5.200, y el comercio minorista, con 3.200. En el ámbito de los servicios privados, las actividades de las sedes centrales y la consultoría lideraron la creación de empleo, con 42.500 nuevos puestos de trabajo. A continuación se situaron la arquitectura, la ingeniería y los análisis técnicos, con 37.800 ocupados más; los servicios financieros, con 35.300; y la programación y consultoría informática, con 31.200. También registraron avances los servicios a edificios y jardinería, con 20.500 nuevos empleos; la venta y reparación de vehículos de motor, con 18.900; los seguros, reaseguros y fondos de pensiones, con 18.100; y la investigación y el desarrollo, con 17.000. La evolución positiva de los servicios relacionados con la construcción coincide con el incremento de la actividad en el propio sector. La construcción especializada, que engloba trabajos como pintura, fontanería, electricidad y acabados, generó 21.200 empleos adicionales, mientras que la construcción de edificios incorporó otros 10.000 trabajadores. No obstante, las empresas del sector siguen advirtiendo de las dificultades para encontrar profesionales con la cualificación necesaria. La industria manufacturera también presenta un balance favorable en distintas ramas de actividad, aunque el crecimiento está repartido de manera desigual. Entre los subsectores que aumentaron sus plantillas destacan la fabricación de otro material de transporte, con 17.900 nuevos ocupados; la industria textil, con 14.900; la fabricación de productos minerales no metálicos, con 14.600; y la industria química, con 9.900. También registraron incrementos la metalurgia, con 8.000 trabajadores; la industria alimentaria, con 7.300; la fabricación de productos de caucho y plástico, con 6.500; y las coquerías y el refino de petróleo, con 5.100. A estas actividades se suma la recogida y el tratamiento de residuos, que incorporó 11.600 personas y mantiene una estrecha relación con el tejido industrial y los servicios urbanos. Sin embargo, la industria afronta importantes dificultades por el encarecimiento de la energía, agravado por el cierre del estrecho de Ormuz. Los costes energéticos aumentaron un 21,7% interanual en septiembre, lo que supone un factor adicional de presión sobre la competitividad de las empresas y sus niveles de facturación. La pérdida de dinamismo también se refleja en el elevado número de actividades que destruyen empleo. Aunque las ramas que crean puestos de trabajo lo hacen con mayor intensidad, 38 sectores registraron descensos de ocupación durante el último año. La mayor caída correspondió a la agricultura y la ganadería, que perdieron 31.000 trabajadores. A continuación se situaron los servicios sociales sin alojamiento, con 25.100 empleos menos; la fabricación de maquinaria, con una reducción de 21.100; y otros servicios personales, que retrocedieron en 20.800 ocupados. También disminuyó el empleo en las actividades administrativas, con 19.700 puestos menos, y en las profesionales, científicas y técnicas, con 19.400. La fabricación de muebles perdió 18.900 trabajadores, mientras que la programación y emisión de radio y televisión registró un descenso de 14.800. Las artes gráficas y los servicios de grabado redujeron sus plantillas en 13.500 personas, y las bibliotecas, archivos y museos, en 13.100. Asimismo, la fabricación de productos metálicos perdió 12.800 ocupados y el transporte terrestre, 12.100. Por último, las actividades relacionadas con la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, la publicidad y los estudios de mercado registraron 11.100 empleos menos cada una, mientras que el empleo doméstico retrocedió en 10.800 trabajadores.

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(Expansión, 16-11-2026) | Laboral

Parón del transporte de mercancías por carretera en plena Nochebuena

CCOO estudia convocar una huelga en el transporte de mercancías por carretera los próximos 23 y 24 de diciembre para protestar por la demora del Gobierno en aprobar los coeficientes reductores que permitirían a los conductores profesionales acceder a la jubilación anticipada sin sufrir penalizaciones. Las organizaciones sindicales parecen dispuestas a mantener un papel destacado en el escenario político y social, tanto antes como después de las elecciones. Después de la huelga general del pasado 11 de noviembre, que la oposición y las organizaciones empresariales interpretaron como una movilización de marcado carácter político y electoral y que no consiguió paralizar el país, los sindicatos preparan nuevas protestas para diciembre. En esta ocasión, se trataría de un conflicto sectorial que afecta a una actividad estratégica y que podría tener importantes consecuencias al coincidir con las celebraciones navideñas. En concreto, CCOO está preparando un paro en el transporte de mercancías por carretera para los días 23 y 24 de diciembre, coincidiendo con los preparativos y la celebración de Nochebuena. La protesta responde al retraso del Ejecutivo en aprobar los coeficientes reductores que permitirían a los profesionales del transporte jubilarse anticipadamente sin que ello suponga una reducción de su pensión. La reivindicación no es nueva. Ya se produjeron protestas y movilizaciones por este motivo en otoño de 2024, mientras que los sindicatos han advertido durante todo este año de la posibilidad de convocar una huelga para desbloquear la situación. Sin embargo, el paro se celebraría después de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuando el Gobierno ya estaría en funciones. CCOO dará a conocer este lunes los detalles de las movilizaciones y justifica la convocatoria por los continuos retrasos en la tramitación de los informes necesarios para aprobar los coeficientes reductores. El sindicato sostiene que lleva meses denunciando esta situación y asegura que, tras anunciarse la convocatoria electoral, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social interrumpió injustificadamente la emisión de dichos informes. Las principales patronales del transporte han recibido la noticia con sorpresa y preocupación, especialmente por las fechas escogidas para la movilización. Tanto la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la organización mayoritaria del sector, como la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) han expresado su rechazo a una convocatoria que califican de injustificada y desproporcionada. Ambas organizaciones consideran que la huelga perjudicará principalmente a las empresas transportistas, en lugar de ejercer presión efectiva sobre el Gobierno. Además, recuerdan que las patronales han respaldado las reivindicaciones sindicales para que los conductores profesionales puedan beneficiarse de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Fenadismer ha cuestionado especialmente la elección de las fechas y considera difícil de justificar que el paro se programe después de las elecciones generales, cuando el Ejecutivo estará en funciones y la capacidad de presión política sobre él será limitada. La federación también advierte de las consecuencias de hacer coincidir la protesta con Nochebuena, una jornada especialmente sensible para la actividad económica y social. A su juicio, la movilización podría ocasionar perjuicios importantes e innecesarios tanto a las empresas de transporte como a los ciudadanos y al conjunto de la cadena de suministro, precisamente en uno de los periodos de mayor actividad logística del año.

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(El País, 16-11-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba el trámite de urgencia para la revalorización de las pensiones

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes ha acordado tramitar por la vía de urgencia la revalorización de las pensiones para el próximo año. Se trata de un procedimiento que el Ejecutivo utiliza habitualmente para agilizar la aprobación del decreto ley que establece la actualización de las prestaciones y que, en esta ocasión, se ha anunciado coincidiendo con el primer día de la campaña electoral. Aunque este trámite administrativo suele pasar inadvertido, en anteriores ejercicios apenas tuvo repercusión pública. De hecho, el año pasado ni siquiera fue mencionado por la entonces portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que autorizó su tramitación. La entonces ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, tampoco intervino en aquella rueda de prensa. En esta ocasión, sin embargo, Saiz sí ha destacado la decisión del Ejecutivo, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones generales. La ministra ha avanzado que las pensiones experimentarán una subida de entre el 3% y el 4%, aunque ha precisado que será necesario esperar a conocer el dato definitivo de inflación para determinar el porcentaje exacto. La revalorización se calcula tomando como referencia la media de las tasas interanuales del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondientes a los doce meses anteriores a diciembre, según el mecanismo establecido legalmente. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el avance de la inflación de noviembre el último día de la campaña electoral, el viernes 27. Este será el último dato necesario para calcular la actualización. Si mantiene una evolución similar a la de los meses precedentes, el incremento de las prestaciones podría situarse alrededor del 3,6%. El Gobierno estudió la posibilidad de aprobar la subida antes de las elecciones del 29 de noviembre, pero finalmente descartó esta opción por las dificultades técnicas y administrativas que planteaba. La Seguridad Social utiliza habitualmente los datos definitivos de inflación para calcular la revalorización. Aunque el 27 de noviembre se conocerá el indicador adelantado de noviembre, la cifra definitiva no se publicará hasta el 15 de diciembre, una vez celebrados los comicios, de acuerdo con el calendario estadístico del INE. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya había señalado a mediados de octubre que el Ejecutivo pretendía aplicar la actualización conforme al IPC una vez celebradas las elecciones. Según explicó entonces, la intención era aprobarla durante diciembre, incluso con el Gobierno en funciones, justificando la urgencia por la necesidad de garantizar que las prestaciones estuvieran actualizadas antes de finalizar el año. La vinculación de las pensiones a la evolución de los precios quedó establecida en la reforma aprobada por el Gobierno de coalición en 2021, que eliminó el factor de sostenibilidad implantado durante el mandato de Mariano Rajoy. Aquella norma contó con el rechazo del PP y Vox. La actualización de las prestaciones suele aprobarse en el último Consejo de Ministros del año y posteriormente debe someterse a convalidación en el Congreso. En los dos últimos ejercicios, los decretos que incluían la subida fueron rechazados inicialmente por la mayoría parlamentaria de derechas, al incorporar también otras medidas que generaron discrepancias. En ambos casos, el Gobierno terminó aprobando nuevos textos que separaban la revalorización de las disposiciones cuestionadas, por lo que las nóminas de los pensionistas no llegaron a verse afectadas. Las pensiones se han convertido también en uno de los asuntos destacados de la campaña electoral, especialmente después de las recientes declaraciones de representantes de la derecha sobre la sostenibilidad del sistema público. El diputado de Vox José María Figaredo calificó el modelo actual de «zombi» y defendió avanzar hacia un sistema que combine el reparto con la capitalización privada. Posteriormente, la diputada del PP Ester Muñoz advirtió de que el sistema podía «petar» y reclamó una reforma en profundidad. Los dirigentes de ambas formaciones han tratado de moderar el alcance de estas declaraciones y han reiterado su compromiso con los pensionistas y con la actualización de las prestaciones. No obstante, existen diferencias en sus propuestas electorales. El PP recoge expresamente en su programa el compromiso de revalorizar las pensiones conforme al IPC, mientras que Vox no incorpora de forma explícita esa garantía en su documento electoral. Por su parte, el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha planteado reforzar constitucionalmente este mecanismo para garantizar que las pensiones mantengan su poder adquisitivo mediante su actualización conforme a la inflación.

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(La Vanguardia, 16-11-2026) | Laboral

El 60% de los trabajadores gana igual o menos de 1,5 veces el salario mínimo

El mercado laboral español presenta una elevada concentración de trabajadores en los niveles salariales más bajos, una tendencia que se acentuó durante 2025. Según los datos del registro de salarios publicados el pasado miércoles por la Agencia Tributaria, cerca de 13 millones de empleados, seis de cada diez, cobran hasta 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), lo que equivale a un máximo de 24.864 euros brutos anuales. A pesar de las sucesivas subidas del salario mínimo aprobadas por el Gobierno en los últimos años, la distribución de las retribuciones sigue mostrando una importante concentración en los escalones inferiores. Casi dos tercios de los trabajadores se encuentran en esa parte de la escala salarial. La publicación de la estadística Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias 2025, elaborada a partir de las declaraciones anuales de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF (modelo 190), coincidió con la huelga general del pasado 11 de noviembre. Una de las reivindicaciones de la movilización, además de reclamar medidas para facilitar el acceso a la vivienda, fue denunciar que los bajos salarios dificultan el acceso a un alojamiento digno. Al finalizar el año pasado, 7,83 millones de asalariados, el 37% del total, percibían retribuciones inferiores al SMI, fijado en 16.576 euros brutos anuales. En este grupo predominan los contratos a tiempo parcial. Por su parte, otros cinco millones de trabajadores, el 24%, cobraban entre una y 1,5 veces el salario mínimo. Las cifras de Hacienda reflejan así una reducción de la distancia entre quienes perciben el SMI y aquellos cuyos salarios se sitúan inmediatamente por encima. Conviene recordar que el Gobierno ha mantenido exento de tributación en el IRPF el salario mínimo durante los últimos años, aunque el Ministerio de Hacienda llegó a plantearse revisar esta decisión ante la aproximación de las retribuciones mínimas al siguiente tramo salarial. De acuerdo con la misma estadística, el mercado laboral incorporó en 2025 algo más de 500.000 trabajadores, hasta alcanzar los 21,13 millones de asalariados. El 77% del aumento neto, equivalente a 388.765 empleados, se concentró directamente en los niveles retributivos inferiores a 1,5 veces el SMI, lo que intensificó la acumulación de trabajadores en la parte baja de la distribución salarial. Esta mayor concentración no se explica únicamente por las subidas del salario mínimo sin un incremento equivalente de las remuneraciones superiores. También influye que los empleos peor pagados presentan mayores niveles de temporalidad y rotación, factores que contribuyen a mantener un elevado número de trabajadores en los tramos inferiores. No obstante, los datos de la Agencia Tributaria no constituyen la herramienta más adecuada para analizar con precisión la evolución salarial. La estadística ofrece valores medios de las retribuciones, pero no incluye la mediana, un indicador que permitiría conocer mejor el salario que ocupa la posición central entre todos los trabajadores. En términos generales, los salarios aumentaron un 3,47% en España durante el pasado año, hasta situarse en una media de 25.830 euros brutos anuales. Esta subida superó la inflación, que fue del 2,7%. Por comunidades y territorios, Madrid registró las retribuciones medias más elevadas, con 32.924 euros. En Catalunya, el promedio alcanzó los 28.779 euros, mientras que en la provincia de Barcelona superó los 30.000 euros anuales.

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(El Economista, 16-11-2026) | Laboral

Ocho de cada diez nuevos autónomos registrados en octubre son extranjeros

España incorporó en octubre una media de casi 580 trabajadores autónomos al día, hasta sumar 17.953 nuevos cotizantes al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). De esta forma, el número de afiliados pasó de 3.483.645 en septiembre de 2026 a 3.501.598 en octubre, lo que representa un incremento mensual del 0,5%. Buena parte de este crecimiento estuvo protagonizado por trabajadores extranjeros. Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), ocho de cada diez nuevas altas registradas en el RETA, tanto en octubre como en el conjunto del año, correspondieron a personas de origen extranjero. Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sitúan en 557.246 el número de autónomos extranjeros, un 12,8% más que hace doce meses. ATA considera que este avance está relacionado, al menos parcialmente, con los procesos de regularización de trabajadores inmigrantes. La organización advierte de que muchas de las nuevas afiliaciones no responden necesariamente a la creación de actividades económicas o empleos nuevos, sino a la incorporación al sistema formal de personas que ya desarrollaban una actividad por cuenta propia sin estar dadas de alta. En este sentido, Lorenzo Amor, presidente de ATA, apunta a la existencia de un aumento del empleo que anteriormente permanecía en la economía sumergida. Como ejemplo, destaca que el régimen especial de empleados del hogar ha registrado más de 50.000 nuevas altas durante el último año. La presencia de trabajadores autónomos extranjeros está adquiriendo especial relevancia en determinadas actividades económicas, incluidas algunas de elevada cualificación. Es el caso de las telecomunicaciones y la programación informática, donde representan ya el 34% del total de trabajadores por cuenta propia afiliados a estas actividades. Esto significa que aproximadamente uno de cada tres autónomos del sector procede de otro país, según los datos del Ministerio. Su participación también es significativa en otras ramas de actividad. En las actividades del hogar alcanza el 28,9%; en la hostelería, el 26,1%; en las actividades administrativas, el 20,9%; en la construcción, el 20%, y en las actividades inmobiliarias, el 18,5%. Ya en septiembre, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) advertía de la importancia de esta contribución al crecimiento del trabajo por cuenta propia. La organización señalaba que, sin la incorporación de autónomos extranjeros, España tendría actualmente menos trabajadores por cuenta propia que en 2022. Por comunidades autónomas, Madrid encabezó el aumento de afiliados al RETA durante octubre, con 4.354 cotizantes adicionales. A continuación se situaron Cataluña, con 3.569 nuevas altas; Andalucía, con 3.489, y la Comunidad Valenciana, con 3.000. ATA valora favorablemente la evolución mensual, aunque destaca que solo dos comunidades autónomas registraron retrocesos. Baleares perdió 809 trabajadores por cuenta propia, mientras que Cantabria se mantuvo prácticamente estable, con un descenso de un único afiliado respecto al mes anterior. En términos interanuales, el número de autónomos aumentó en 79.164 personas respecto a octubre de 2025, lo que supone un crecimiento del 2,3%. La Comunidad Valenciana registró el mayor avance porcentual, con un incremento del 4,5%, seguida de Baleares, con un 3,1%, y Madrid, con un 3%. Andalucía y Cataluña compartieron un crecimiento del 2,9%, mientras que Canarias alcanzó el 2,3%.

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(Expansión, 16-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda pública en España apenas llega al 3,5%

El parque de vivienda pública en España tiene uno de los pesos más reducidos de Europa. Aunque las estimaciones apuntan a que su participación ha aumentado hasta el 3,5% en los últimos años, sigue muy lejos de los niveles alcanzados en la década de los ochenta, cuando la vivienda protegida llegó a representar más del 60% de las nuevas construcciones y su producción superaba a la de vivienda libre. El Gobierno se había fijado como meta elevar el peso de la vivienda pública hasta el 20% en un horizonte de 20 años. Como objetivo intermedio, pretendía aproximarlo al 9%, en línea con la media europea, con el propósito de corregir la tendencia descendente que ha experimentado este tipo de promoción durante las últimas décadas. El Banco de España señala en su informe de 2025 que actualmente solo una de cada 65 viviendas en España es pública. Esta proporción contrasta con la de otros países europeos, como Países Bajos, donde alcanza el 34%; Austria, con un 23,6%; Dinamarca, con un 21,5%, y Reino Unido, con un 16,4%. Estas diferencias evidencian la necesidad de ampliar el parque de vivienda social para contribuir a equilibrar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a un alojamiento a los colectivos con mayores dificultades económicas. Esta cuestión se ha situado, precisamente, entre los principales asuntos de la campaña electoral. En este contexto, el Gobierno ha convalidado esta semana en la Diputación Permanente un decreto ley que contempla la prórroga de los límites a las actualizaciones anuales de los alquileres y restricciones a la adquisición de viviendas por parte de grandes tenedores. Por su parte, el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este viernes que la vivienda constituye la principal preocupación de la mayoría de los ciudadanos españoles. Pese a la relevancia que ha adquirido este problema, la construcción de vivienda social ha tenido un desarrollo muy limitado en España durante las últimas cuatro décadas. Sin embargo, la situación fue muy diferente en los años ochenta, cuando la vivienda protegida alcanzó una presencia muy destacada en el conjunto de las nuevas promociones. Desde 1982, su peso superó el 55% y entre 1984 y 1987 llegó a rebasar el 60%. El máximo se registró en 1985, cuando las viviendas protegidas terminadas representaron el 67,2% del total, con 114.067 unidades. Así lo reflejan los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidos en el último Boletín Especial de Vivienda Social, del que se ha hecho eco la agencia Efe. A partir de 1988 comenzó un pronunciado retroceso de la vivienda protegida, cuya participación cayó progresivamente hasta situarse en el 7,2% en 2002. Este descenso coincidió con una etapa de fuerte expansión inmobiliaria, en la que el número total de viviendas terminadas se elevó hasta las 518.273 unidades, mientras que la producción protegida quedó reducida a 37.544. Desde 1993 se había producido una ligera recuperación, pero a finales de esa década volvió a imponerse la tendencia descendente, que ha marcado la evolución de las últimas décadas. Posteriormente, el estallido de la burbuja inmobiliaria provocó una fuerte contracción de la construcción, tanto de vivienda libre como protegida, que alcanzó mínimos históricos. El punto más bajo de la promoción de vivienda protegida se registró en 2017, cuando únicamente se terminaron 4.938 unidades. Desde 2019 se aprecia una cierta recuperación, aunque todavía insuficiente para compensar el déficit acumulado y aproximar a España a los niveles de vivienda social de las principales economías europeas y de la OCDE. El Banco de España advierte de que esta escasez reduce la capacidad de respuesta ante las dificultades actuales de acceso a la vivienda. Una parte importante de la demanda procede de hogares con rentas bajas que deben destinar una proporción elevada de sus ingresos al pago de alquileres a precios de mercado, lo que agrava su situación económica. En 2025 se finalizaron 11.000 viviendas protegidas y se iniciaron otras 15.500. Ambas cifras superan ligeramente los registros medios anuales del periodo 2015-2024, cuando se terminaron alrededor de 9.000 viviendas al año. Los últimos datos apuntan a una aceleración de esta actividad. Durante el primer semestre de 2026 se inició la construcción de 11.270 nuevas viviendas protegidas, casi el doble que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El Ministerio que dirige Isabel Rodríguez considera que, si este ritmo se mantiene durante la segunda mitad del año, la cifra de nuevas promociones superará las 25.000 unidades en el conjunto de 2026. De cumplirse esta previsión, sería el volumen más elevado de los últimos 14 años.

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(El Economista, 16-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España aspira a ser la cuarta potencia europea en centros de datos en 2030

España aspira a convertirse en la cuarta potencia europea en centros de datos en 2030, gracias a un fuerte incremento de su capacidad instalada durante los próximos cinco años. Según las previsiones recogidas en un informe de CaixaBank Research, el país podría multiplicar casi por seis su potencia, hasta alcanzar los 2.382 megavatios (MW), frente a los 412 MW registrados a finales de 2025. Este crecimiento permitiría superar a mercados con mayor tradición en este ámbito, como Países Bajos, Francia e Italia. De cumplirse estas estimaciones, España solo quedaría por detrás de Alemania, Reino Unido e Irlanda, que encabezarían el mercado europeo con capacidades instaladas de 4.037 MW, 3.310 MW y 2.519 MW, respectivamente. Países Bajos, que actualmente cuenta con una potencia tres veces superior a la española, descendería hasta la quinta posición, con 2.306 MW. El impulso de esta actividad está relacionado con la expansión de la inteligencia artificial (IA), los servicios en la nube y la digitalización de la economía, factores que están incrementando notablemente la demanda de infraestructuras para almacenar y procesar datos. Este contexto representa una oportunidad para España, que cuenta con diferentes ventajas para atraer inversiones y consolidarse como uno de los principales centros europeos de infraestructura digital. CaixaBank Research calcula que el desarrollo de estas instalaciones podría generar inversiones directas e indirectas por importe de 66.900 millones de euros entre 2026 y 2030. No obstante, la cuantía definitiva estará condicionada por la evolución del marco regulatorio y la disponibilidad de recursos. Las estimaciones contemplan distintos escenarios, con un volumen de inversión que oscilaría entre 43.000 y 79.000 millones de euros. La expansión también permitiría reducir la diferencia que actualmente separa a España de la media europea en capacidad instalada por habitante. En estos momentos, el país dispone de aproximadamente nueve megavatios comerciales por cada millón de habitantes, frente a los 19,6 MW de media de la Unión Europea. Las previsiones apuntan a que esta brecha prácticamente desaparecerá en 2030, cuando ambos indicadores se situarían en torno a los 46 MW por millón de habitantes. Entre los principales atractivos de España para captar este tipo de proyectos figuran sus costes energéticos, favorecidos por la elevada presencia de fuentes renovables en el sistema eléctrico, la disponibilidad de suelo y su posición geográfica. A ello se suma la conectividad internacional que proporcionan los cables submarinos, que convierten al país en un enclave estratégico para las comunicaciones entre Europa, América, África y Oriente Próximo. Madrid concentra actualmente la mayor capacidad instalada de centros de datos, aunque Aragón está ganando terreno y se ha consolidado como uno de los territorios con mayor potencial de crecimiento, gracias a la disponibilidad de suelo, la generación de energía renovable y su localización estratégica. Sin embargo, CaixaBank Research advierte de que el elevado número de proyectos anunciados no implica necesariamente que todos vayan a materializarse. La disponibilidad de conexión a la red eléctrica, el acceso a la financiación, los plazos de obtención de permisos administrativos y el suministro de equipamiento serán factores determinantes para que las inversiones previstas se conviertan en instalaciones operativas. A estos obstáculos se añade la incertidumbre normativa. El Gobierno está tramitando nuevas exigencias relacionadas con la sostenibilidad energética de los grandes centros de datos, una iniciativa que ha generado reservas entre los operadores del sector. El principal desafío consistirá en aprovechar el potencial inversor y desarrollar la capacidad prevista sin que las limitaciones regulatorias, energéticas o de recursos frenen la expansión de esta industria.

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(El Periódico, 16-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se mantiene en el 4,9% en octubre por la presión del turismo y el gas

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en octubre en el 4,9%, el mismo nivel que el mes anterior, según ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación subyacente, que no incluye los alimentos no elaborados ni la energía, también permaneció estable por segundo mes consecutivo en el 3,1%. Esta evolución refleja la persistencia de determinadas presiones sobre los precios. Entre los factores que han contribuido a mantener la inflación en niveles elevados figuran el gas y los paquetes turísticos, que se encarecieron un 5,3% y un 8,2%, respectivamente. La energía continúa siendo el principal foco de tensión, aunque las rebajas fiscales aprobadas para los carburantes han contribuido a contener parte de su impacto. Los datos del INE muestran que los combustibles líquidos utilizados para calefacción acumulan un incremento cercano al 70% respecto a octubre del año pasado. El gasóleo se ha encarecido un 36%, la gasolina casi un 21% y el butano y el propano un 16%. La evolución de estos precios determina qué medidas fiscales incluidas en el tercer paquete anticrisis continúan en vigor. Con las cifras de octubre, se mantiene durante diciembre la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel, dado que ambos carburantes siguen registrando aumentos interanuales superiores al 15%, el límite establecido por el Gobierno para activar esta medida. También se suprime el impuesto sobre los hidrocarburos para el butano y el propano destinados a usos no relacionados con la automoción. Por el contrario, no se aprobarán nuevas reducciones fiscales para la electricidad, cuyo precio ha aumentado un 11,1%, por debajo del umbral exigido. Las demás medidas, entre ellas el límite a las subidas de la tarifa de último recurso del gas (TUR), permanecerán activas hasta final de año. Al margen de la energía, los servicios constituyen otra de las principales preocupaciones de los expertos. Su inflación interanual permanece en el 3,9% desde la primavera, según señala María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas. Este comportamiento, muy por encima de la media de la eurozona, responde a la fortaleza del consumo interno, favorecido por el dinamismo del turismo y el crecimiento demográfico, así como a las dificultades de las empresas para ampliar su oferta por la falta de trabajadores en determinadas actividades. Manuel Hidalgo, economista y profesor de la Universidad Pablo de Olavide, comparte este análisis y apunta especialmente a la hostelería y el comercio como sectores que mantienen la presión sobre los precios. También destaca que menos de diez productos de la cesta de consumo explican el 90% de la diferencia de inflación entre España y Europa. Entre ellos figuran los hoteles y el alquiler de vehículos. Hidalgo considera que la elevada demanda turística es el principal factor que está impulsando los precios. Solo en agosto se superaron por primera vez los 12 millones de viajeros, lo que ha provocado un encarecimiento de los paquetes vacacionales y los alojamientos, con efectos también sobre el conjunto de la restauración. Así, los vuelos nacionales cuestan casi un 12% más que hace un año, los hoteles han subido un 11% y los restaurantes, un 4%. En contraste con la resistencia de los servicios a moderar sus precios, los alimentos llevan un año contribuyendo a contener la inflación, una evolución que ha sorprendido a los analistas. En octubre, el incremento interanual de los alimentos y las bebidas no alcohólicas se redujo tres décimas, hasta el 2,4%. Además, desde el comienzo de la guerra en Irán, en febrero, los precios de este grupo apenas han acumulado una subida del 0,8%. Las primeras previsiones apuntaban a que el encarecimiento de los fertilizantes y del transporte acabaría trasladándose a los precios de los supermercados. Sin embargo, los alimentos procesados han contribuido a frenar esa tendencia. Según explica Fernández, mientras los servicios han registrado una evolución más desfavorable de lo esperado, los alimentos han sorprendido por su menor inflación. Especialmente los productos elaborados, cuya tasa ha pasado del 2,3% a principios de año al 1,2% en octubre. La situación actual contrasta con la crisis inflacionista de 2022, cuando los alimentos desempeñaron un papel protagonista y llegaron a encarecerse un 11,6%. Hidalgo cita como ejemplo el aceite de oliva, que entonces alcanzó precios propios de un producto de lujo y que ahora ha moderado considerablemente su cotización. La caída ha llevado incluso al Ministerio de Agricultura a anunciar la retirada de parte de la producción para evitar un desplome de los precios en origen. Esta moderación no descarta, sin embargo, que puedan aparecer nuevas presiones sobre la cesta de la compra. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research, advierte de que el aumento de los costes de los fertilizantes y del transporte registrado durante el verano podría trasladarse más adelante a los precios de los alimentos no elaborados. Las frutas del bosque, como los arándanos, las frambuesas y las moras, ilustran esta tendencia: llevan varios meses subiendo y en octubre eran un 54% más caras que un año antes. De cara a los últimos meses del año, los economistas prevén que la inflación comience a moderarse después de haber alcanzado su nivel más elevado en octubre. Hidalgo interpreta el 4,9% registrado durante los dos últimos meses como el punto máximo de esta escalada y espera que los precios inicien una trayectoria gradual de descenso. Entre los factores que podrían aliviar la situación figuran la evolución del euríbor, que en octubre puso fin a tres meses consecutivos de subidas, y una posible desaceleración del consumo. La reducción del indicador hipotecario podría dar cierto margen a los hogares con préstamos variables, mientras que el encarecimiento del coste de la vida y el peso de las cuotas hipotecarias están limitando su capacidad de gasto. En diciembre, no obstante, los expertos esperan que la inflación continúe muy por encima del objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo. Funcas calcula que podría situarse en el 4,5% entre noviembre y diciembre, mientras que BBVA Research estima una tasa próxima al 4,6%. Ambas previsiones dependen de que se mantenga la reciente tendencia a la baja del petróleo y de los carburantes. El crudo comenzó a abaratarse a principios de noviembre, después de conocerse la existencia de un posible borrador de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Catar. A esta perspectiva se añade el revés electoral sufrido por Donald Trump, que podría reducir su margen de maniobra e incrementar la presión para poner fin al conflicto.

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