La Agencia Tributaria dio a conocer ayer los primeros datos oficiales de recaudación correspondientes a 2026. Después de cerrar el año anterior con un aumento del 10,4% y alcanzar la cifra récord de 325.356 millones de euros, los ingresos fiscales no solo han mantenido su dinamismo, sino que han crecido aún más, con un incremento interanual del 13,5% en los dos primeros meses del año.
En concreto, entre enero y febrero de 2026, la recaudación tributaria ascendió a 56.702 millones de euros, lo que supone 6.755 millones más que en el mismo periodo de 2025. Por figuras impositivas, el IRPF aumentó un 8,1%, hasta situarse en 29.637 millones de euros; el IVA registró un alza del 9,9%, alcanzando los 25.715 millones; y los Impuestos Especiales crecieron ligeramente, un 0,5%, hasta los 3.587 millones, a la espera de que comience la liquidación del Impuesto sobre Sociedades.
Desde la Agencia Tributaria señalan que febrero es un mes especialmente relevante para la recaudación, ya que en él se concentran las declaraciones del cuarto trimestre del IVA, los pagos fraccionados del IRPF, así como impuestos como los que gravan el alcohol o el de la producción de energía eléctrica.
Como novedad, este ejercicio ha incluido el primer pago a cuenta del nuevo impuesto sobre la banca, que ha aportado 543 millones de euros, a diferencia del año pasado, cuando este tributo se abonó en junio. De cara a los próximos meses, la evolución de los ingresos estará condicionada por las rebajas fiscales aplicadas por el Gobierno en el ámbito energético, como la reducción del IVA de la luz, el gas y los carburantes del 21% al 10%, así como otros ajustes en los impuestos sobre la electricidad.
Los asesores fiscales han identificado los aspectos en los que la Agencia Tributaria centrará su atención a partir del 8 de abril, fecha en la que comienza la nueva campaña de la Renta, marcada por algunos cambios relevantes. En apenas una semana se inicia este proceso, en el que los contribuyentes deberán declarar los ingresos obtenidos y los gastos deducibles correspondientes al IRPF del año anterior. Aunque no se trata de una campaña con grandes reformas, los expertos advierten de ciertas novedades que recibirán especial seguimiento por parte de Hacienda, especialmente en lo relativo a deducciones y al régimen de módulos de los autónomos.
Desde Talenom señalan que "este año será imprescindible extremar la precisión al confeccionar la declaración". Por ello, recomiendan conocer bien tanto las novedades como los ámbitos que estarán bajo mayor control, con el objetivo de evitar comprobaciones posteriores o retrasos en las devoluciones. Cabe recordar que, si la declaración sale a devolver, Hacienda puede demorar el pago hasta el 31 de diciembre sin abonar intereses, e incluso más allá si detecta posibles inconsistencias, tal y como han apuntado fuentes de la Inspección de Hacienda.
Entre las principales novedades destaca el aumento de la tributación del ahorro para patrimonios superiores a 300.000 euros, elevando el tipo estatal del 14% al 15%. Este cambio afectará principalmente a rendimientos como dividendos, intereses y ganancias patrimoniales derivadas de la venta de activos como acciones, fondos, criptomonedas o inmuebles. Según los expertos, este incremento supone un mayor control sobre grandes patrimonios y operaciones financieras, por lo que será fundamental declarar correctamente este tipo de ingresos para evitar revisiones.
Asimismo, el Gobierno ha prorrogado determinadas deducciones, como las vinculadas a instalaciones de autoconsumo energético renovable o sistemas que sustituyan energías fósiles, permitiendo su amortización libre. Estas inversiones, junto con las deducciones por la compra de vehículos eléctricos, también estarán bajo vigilancia, al igual que la correcta aplicación de las deducciones autonómicas, donde se han introducido cambios en varias comunidades. Una aplicación incorrecta podría derivar en ajustes posteriores.
Como es habitual, los trabajadores autónomos volverán a ser objeto de especial seguimiento. En particular, se revisará la aplicación del 5% de gastos de difícil justificación y la coherencia de los gastos declarados. También se controlará el cumplimiento de los requisitos del régimen de módulos, sobre todo en actividades próximas a los límites establecidos.
Por otro lado, tras la implantación del sistema de cotización por ingresos reales, los autónomos deberán reflejar en esta campaña la regularización de cuotas correspondiente a 2023. Además, Hacienda cruzará la información declarada con la Seguridad Social, una vez finalice la campaña el 30 de junio, para verificar que las cotizaciones de 2025 se ajustan a lo debido. En definitiva, esta campaña combina cierta continuidad con ajustes técnicos que exigen mayor rigor. La digitalización y el intercambio de datos entre administraciones hacen más necesario que nunca revisar con detalle cada apartado de la declaración.
La Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural baja desde el 1 de abril un 16,6% para el nuevo trimestre en comparación con el precio fijado el 1 de enero. Esta reducción incorpora las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026, dentro del plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio, entre las que destaca la rebaja del IVA del 21% al 10%. En el caso de la TUR vecinal, la disminución oscila entre el 10,8% y el 16%, según el Ministerio para la Transición Ecológica.
La TUR es una tarifa regulada a la que pueden acogerse los consumidores conectados a redes de menos de 4 bar de presión y con un consumo anual igual o inferior a 50.000 kWh. Este precio se revisa cada tres meses, concretamente el 1 de enero, abril, julio y octubre. Se actualiza cuando el coste de la materia prima varía más de un 2% respecto al valor anterior o cuando se aprueban nuevos peajes o cánones. Los precios resultantes se publican en el Boletín Oficial del Estado.
En la revisión de abril, el coste se calcula únicamente con el gas base, ya que el gas estacional solo se considera en invierno. Por este motivo, la tarifa baja alrededor de un 16% respecto al trimestre anterior, a pesar de que el precio del barril de Brent ha subido un 4% y el euro se ha apreciado un 0,4%.
A esta bajada se añade la reducción del IVA al 10%, vigente hasta el 30 de junio. También se aplica un canon de cero euros para el almacenamiento adicional que supere los 20 días de consumo, medida que será compensada por el Gobierno con 45 millones de euros.
En función del tipo de consumidor, un usuario medio de la TUR 1 verá una reducción del 15,2% con el IVA rebajado; sin esta medida, la bajada habría sido del 6,7%. Para la TUR 2, el descenso será del 16,2% (frente al 7,8% sin la rebaja fiscal), y para la TUR 3, del 16,9% (8,6% sin el recorte del IVA).
En el caso de comunidades de propietarios y servicios energéticos, las reducciones del término variable van desde el 10,8% en las TUR 4 y 5 hasta el 16% en la TUR 11, con distintos niveles intermedios. Estas comunidades pueden acogerse a la TUR desde cambios normativos introducidos en 2022 y 2024, siempre que dispongan de contadores individuales.
Actualmente, cuatro compañías están autorizadas a ofrecer esta tarifa regulada: Comercializadora Gas & Power (Naturgy), Iberdrola Comercializadora de Último Recurso, Energía XXI (Endesa) y Baser (TotalEnergies). Las condiciones de la TUR las establece el Ministerio para la Transición Ecológica, a diferencia del sistema eléctrico regulado, que depende en parte del mercado mayorista.
Desde 2024, solo pueden acogerse a esta tarifa los hogares y las microempresas con menos de 10 empleados y una facturación inferior a dos millones de euros. De las 60.000 pequeñas y medianas empresas que la utilizaban, unas 3.000 tuvieron que abandonarla y pasar al mercado libre. En la actualidad, diversas asociaciones de consumidores consideran que la TUR sigue siendo la opción más competitiva disponible.
El aumento de la diferencia fiscal entre autónomos y pymes está empujando a unos 57.000 trabajadores por cuenta propia a constituirse como sociedades para reducir su carga impositiva. Así lo refleja la última Estadística de pymes societarias y no societarias publicada por la Agencia Tributaria correspondiente a 2024, que pone de manifiesto el incremento de los tipos efectivos que soportan los autónomos frente a las empresas.
En concreto, los autónomos tributaron por sus beneficios a un tipo medio del 21,73% en el IRPF, mientras que las pymes afrontaron un tipo medio del 17,31% en el Impuesto de Sociedades. Esta diferencia se ha ampliado en los últimos años, en gran medida debido a la inflación y a la falta de actualización de los tramos estatales del IRPF.
Si se compara con 2017 -primer año con datos disponibles-, los autónomos soportaban entonces un tipo medio del 17,37%, frente al 16,81% de las pymes. Desde entonces, la carga fiscal de los trabajadores por cuenta propia ha aumentado un 25%, mientras que en el caso de las empresas el incremento ha sido de apenas un 3%.
Hacienda atribuye esta brecha al carácter progresivo del IRPF, cuyos tipos oscilan entre el 19% y el 47%, lo que implica que a mayores ingresos, mayor tributación. Por el contrario, el Impuesto de Sociedades aplica un tipo general del 25%, que puede reducirse mediante deducciones, incentivos y planificación fiscal.
El incremento de la presión fiscal sobre los autónomos también está vinculado al aumento de sus ingresos, en parte impulsado por la inflación. Sin embargo, esta subida ha sido similar en las pymes: los ingresos brutos de los autónomos han crecido un 73% desde 2017, mientras que los de las empresas lo han hecho un 75%. A pesar de ello, la evolución del pago de impuestos ha sido muy distinta entre ambos.
Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) advierten de que esta desigualdad está provocando que muchos pequeños negocios abandonen el régimen de personas físicas para operar como sociedades, como demuestra el hecho de que 57.000 autónomos dieran este paso en 2025.
La organización explica que las sociedades cuentan con mayores posibilidades de deducción -como gastos estructurales, vehículos, suministros o amortizaciones- y permiten una mejor planificación fiscal. Además, ofrecen opciones como diferir dividendos, combinar retribuciones vía salario o aplicar incentivos como las reservas de capitalización o nivelación, lo que facilita ajustar cuándo y cómo se tributa.
Desde 2022, las asociaciones de autónomos reclaman al Gobierno la actualización de los tramos del IRPF conforme a la inflación. El encarecimiento de costes como la energía, los suministros básicos o el alquiler ha obligado a muchos profesionales a subir precios, elevando sus ingresos nominales... pero también su factura fiscal.
En la práctica, parte de esas subidas de precios destinadas a compensar el aumento de costes acaba en manos del Estado a través del IRPF, al no haberse adaptado los tramos del impuesto al incremento del coste de la vida.
El Tribunal Supremo ha determinado que los partidos políticos no pueden acogerse a la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) prevista para las entidades sin ánimo de lucro. En una sentencia fechada el 19 de marzo, con ponencia de la magistrada María Dolores Rivera Frade, el alto tribunal estima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona contra la posibilidad de que el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) no pagara este impuesto por su sede en la ciudad.
El fallo concluye que la Ley Orgánica de financiación de los partidos políticos de 2007 no contempla de forma expresa este tipo de beneficio fiscal. El PSC defendía que el artículo 9.2 de dicha norma permitía aplicar esta exención, ya que remite, en lo no regulado, a la normativa tributaria general y a la aplicable a entidades sin ánimo de lucro, en relación con sus ingresos y financiación.
Sin embargo, el Supremo aclara que esta remisión no implica equiparar a los partidos políticos con las entidades sin ánimo de lucro, sino que simplemente sirve para completar un marco tributario que la propia ley deja incompleto, recurriendo a normas generales o a las de ese tipo de entidades. El tribunal subraya además que cualquier exención fiscal debe estar recogida de manera expresa en una norma con rango de ley, tal y como exige la Ley General Tributaria, algo que no ocurre en este caso.
Asimismo, recuerda que durante la tramitación de la ley de financiación de partidos sí se contempló inicialmente incluir la exención del IBI en su articulado. No obstante, esta previsión fue eliminada tras aprobarse una enmienda impulsada por Izquierda Unida, a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por ello, el Supremo considera que el legislador tuvo la oportunidad de reconocer este beneficio fiscal a los partidos políticos, pero finalmente decidió no hacerlo.
El Gobierno se muestra muy satisfecho con la evolución de los principales indicadores macroeconómicos en 2025. Tanto los ingresos fiscales como el déficit público registraron resultados especialmente positivos, según los datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda. Destaca especialmente la recaudación tributaria, que alcanzó los 325.356 millones de euros, un 10,4% más que en 2024, marcando un récord histórico.
El IRPF volvió a ser la principal fuente de ingresos, con 142.466 millones recaudados, lo que supone un incremento del 10,1%. El Ejecutivo atribuye este crecimiento al aumento del empleo, al dinamismo del mercado laboral y a mejoras en la gestión y normativa. No obstante, también influye el hecho de que este impuesto no se haya ajustado a la inflación desde 2015, lo que ha elevado la recaudación al aumentar las bases imponibles, incluso sin incrementos reales del poder adquisitivo de los contribuyentes. Además, las subidas salariales derivadas de la inflación han tenido un mayor impacto fiscal al no actualizarse los tramos ni las deducciones.
El IVA fue el segundo impuesto con mayor aportación, con casi 100.000 millones de euros, un 9,9% más. Este aumento se apoya principalmente en el crecimiento del consumo, uno de los motores de la economía española. También influyó la recuperación de tipos impositivos en sectores como la electricidad, el gas o la alimentación, que aportaron 2.566 millones adicionales tras la retirada de las rebajas fiscales aplicadas durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania.
El Impuesto sobre Sociedades también registró un comportamiento positivo, con una recaudación de 42.266 millones de euros, un 8,1% más que el año anterior. Parte de este incremento se explica por medidas como la limitación de compensación de pérdidas en grupos empresariales y la recuperación de límites en la compensación de bases imponibles negativas.
Por su parte, los Impuestos Especiales superaron los 23.000 millones de euros, con un crecimiento del 4,3%. Al igual que en el caso del IVA, el consumo fue un factor clave, aunque también influyeron medidas como el aumento de gravámenes sobre la electricidad y el tabaco, así como la introducción de un nuevo impuesto sobre los líquidos de cigarrillos electrónicos.
Otro tributo destacado fue el de las Transacciones Financieras, conocido como tasa a la banca, que aportó 1.423 millones de euros al contabilizarse ya plenamente como impuesto. También las tasas estatales y otros ingresos evolucionaron al alza, con un incremento del 7% hasta alcanzar los 2.156 millones.
En cuanto al déficit público, se redujo hasta el 2,1% del PIB al cierre de 2025, el nivel más bajo en 18 años según Hacienda. En términos absolutos, el desfase fue de 36.780 millones de euros. Si se incluyen los gastos asociados a la DANA de 2024, la cifra asciende a 40.330 millones, equivalente al 2,39% del PIB, aún por debajo del objetivo del 2,5% comprometido con la Comisión Europea. El Estado registró un déficit del 1,8%, las comunidades autónomas del 0,3%, mientras que las corporaciones locales lograron un superávit del 0,3%.
Otro indicador favorable fue el crecimiento del PIB, que se situó en el 2,8%, en línea con las previsiones y por encima del registrado en la eurozona (1,4%), en el conjunto de la Unión Europea (1,5%) y en las principales economías del entorno.
En relación con el IRPF, el Gobierno destaca especialmente la mejora del mercado laboral. En 2025, el número de ocupados rozó los 22 millones de personas y la tasa de paro descendió por debajo del 10%, un hito significativo al situarse nuevamente en niveles de un solo dígito.
La Seguridad Social recaudó 176.918 millones de euros en cotizaciones sociales procedentes de empresas y trabajadores, lo que supone 11.341 millones más que el año anterior. Sin embargo, el déficit contributivo del sistema se aproxima a los 60.000 millones de euros.
La actualización constante de las pensiones conforme al IPC -e incluso por encima en el caso de las mínimas y no contributivas- representa uno de los mayores retos para las finanzas públicas a medio y largo plazo. El aumento del gasto supera con creces los ingresos por cotizaciones, lo que obliga cada vez más a recurrir a transferencias financiadas con impuestos para cubrir todas las prestaciones.
Así lo refleja el cierre presupuestario de la Seguridad Social en 2025. Sumando pensiones contributivas, ingreso mínimo vital y prestaciones por incapacidad temporal, el gasto alcanzó los 240.169 millones de euros, un 6,46% más que el año anterior, con un incremento de 14.582 millones.
Para afrontar este nivel de gasto, los ingresos totales ascendieron a 232.782 millones de euros, un 7,77% más que en 2024, lo que equivale a 16.791 millones adicionales. De este modo, el saldo final arroja un déficit de 7.387 millones, equivalente al 0,4% del PIB, el nivel más bajo desde 2011 según el Ministerio de Seguridad Social liderado por Elma Saiz.
No obstante, si se analiza únicamente el sistema contributivo, el desequilibrio es mucho mayor. De los ingresos totales, 176.918 millones corresponden a cotizaciones sociales, que representan el 76% del total y crecieron un 6,85% respecto al año anterior.
La diferencia se cubre gracias a las transferencias del Estado, es decir, fondos procedentes de los Presupuestos Generales financiados vía impuestos. En 2025, estas transferencias alcanzaron un máximo histórico de 52.990 millones de euros, un 10,1% más que el año previo. Sin esta aportación, los ingresos ordinarios se quedarían en 179.792 millones, lo que implicaría un desfase cercano a los 60.377 millones, equivalente al déficit contributivo del sistema.
Dentro de los ingresos también destaca el papel del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Aunque se contabiliza como ingreso corriente, su finalidad es alimentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la "hucha de las pensiones". Estas aportaciones tienen carácter finalista y no podrán utilizarse hasta 2033, cuando se prevé un mayor tensionamiento del sistema debido a la jubilación de la generación del baby boom.
En 2025, este mecanismo recaudó 4.934 millones de euros, lo que supone 1.223 millones más que el año anterior, con un incremento del 32%. Además, desde el 1 de enero de 2026, la cotización asociada a este instrumento se elevó hasta el 0,9% del salario bruto.
El año 2025 no resultó especialmente positivo para los servicios públicos de empleo, al menos en términos de resultados. Solo 319.700 trabajadores asalariados encontraron su empleo actual a través de estas oficinas, lo que supone un descenso del 9,8% respecto al año anterior y menos de la mitad de los 726.100 contratos gestionados por empresas de trabajo temporal (ETT).
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el peso de las políticas activas de empleo -destinadas a facilitar la inserción laboral de los desempleados y gestionadas por las comunidades autónomas junto con el SEPE- sigue siendo muy reducido. Tres años después de la aprobación de la Ley de Empleo, que aspiraba a acercar el modelo español al de países como Alemania o Francia, estos servicios apenas generan el 1,7% del empleo asalariado, el nivel más bajo desde 2015.
Este retroceso no se explica por una disminución del paro. De hecho, en 2007, cuando España registraba una tasa de desempleo históricamente baja, los servicios públicos de empleo lograban insertar a 543.200 personas, lo que representaba el 3,2% del total. Además, el dato de 2025 rompe la tendencia de mejora observada tras la pandemia, ya que en 2024 se alcanzaron 354.500 colocaciones, el mejor registro desde 2011.
Estos resultados evidencian que la eficacia de los servicios públicos de empleo sigue siendo una asignatura pendiente. Desde las administraciones se insiste en que su labor no se limita a la intermediación directa, es decir, a gestionar ofertas de trabajo, sino que también incluye formación, orientación y recualificación profesional para mejorar la empleabilidad de los desempleados.
Sin embargo, la percepción de los trabajadores no parece reflejar este enfoque. La EPA mide únicamente si una oficina pública participó en la obtención del empleo actual, sin detallar de qué forma, mientras que en el caso de las ETT sí se contabiliza directamente la contratación a través de ellas, centrada en la intermediación.
En contraste, las ETT registraron 726.100 empleos, lo que equivale al 3,9% del total de asalariados. Aunque tampoco fue su mejor año -con una caída del 1,1% tras el descenso del 4,4% en 2024-, mantienen cifras superiores a las de ejercicios anteriores, si bien su peso relativo aún no alcanza niveles previos a 2019.
Cabe destacar que estas empresas operan en un entorno normativo que, en principio, limita su actividad, especialmente tras la reforma laboral que prioriza la contratación indefinida. No obstante, la introducción de la figura del fijo discontinuo les ha permitido adaptarse y seguir cubriendo necesidades temporales de las empresas.
Gracias a ello, las ETT mantienen una ventaja notable frente a los servicios públicos de empleo, con una diferencia del 127,2% en generación de empleo, la más elevada de la serie histórica, pese a contar con menos recursos y mayores restricciones que las administraciones.
No obstante, ambos sistemas no son completamente comparables. Las ETT se dedican a proporcionar mano de obra temporal a empresas, mientras que los servicios públicos tienen un enfoque más amplio, orientado a atender a todo tipo de demandantes de empleo, especialmente a los colectivos con mayores dificultades, como jóvenes menores de 25 años y mayores de 52, en su mayoría mujeres.
Los datos también reflejan cambios en el perfil de los beneficiarios. En 2007, el 28% de quienes encontraban empleo a través de los servicios públicos tenía más de 45 años; en 2025, este porcentaje alcanza el 57,3%, el máximo histórico. Una evolución similar, aunque menos intensa, se observa en las ETT, donde este grupo ha pasado del 13% al 41%.
En cuanto al empleo juvenil, ambos modelos presentan cifras similares en proporción: el 8% de los contratos de las ETT corresponde a menores de 25 años, frente al 7,7% en el caso de los servicios públicos, su mejor dato desde 2010. Sin embargo, en términos absolutos, las ETT siguen muy por delante, con 64.500 jóvenes contratados frente a los 24.500 colocados por los servicios públicos. Solo en el grupo de mayores de 55 años los resultados de estos últimos se acercan a los de las ETT, aunque sin llegar a superarlos.
El Ministerio de Trabajo intenta sacar adelante en el Consejo de Ministros la reforma del registro de jornada laboral lo antes posible, a pesar de las dudas planteadas por varios ministerios del PSOE. Esta medida forma parte de la fallida propuesta para reducir la jornada semanal a 37,5 horas, con la que Yolanda Díaz pretende limitar las horas extra. No obstante, su aplicación queda supeditada a la aprobación de unos requisitos técnicos que aún no se han definido y que se concretarán mediante una orden posterior.
El real decreto analizado por el Consejo de Estado establece que la norma entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. Sin embargo, las obligaciones vinculadas a los aspectos técnicos no serán exigibles hasta seis meses después. Este plazo es considerado suficiente por Trabajo, aunque desde el Ministerio de Economía se apuesta por ampliarlo hasta un año, especialmente para facilitar la adaptación de las pymes.
A principios de mes, Trabajo lanzó una consulta pública sobre la futura orden que fijará los requisitos técnicos, con la intención de avanzar en su desarrollo. Sin embargo, aún no ha concretado cuándo aprobará definitivamente este texto, en parte porque no tiene asegurado el respaldo del Consejo de Ministros tras el informe del Consejo de Estado. Esta situación prolonga la incertidumbre entre las empresas, que deberán asumir esta nueva obligación.
Las organizaciones empresariales, como CEOE o Pimec, ya advirtieron en sus alegaciones del escaso plazo inicial de adaptación, limitado a esos 20 días. El propio Consejo de Estado también cuestionó la redacción de la entrada en vigor, señalando que se pretende implantar un sistema digital que todavía no existe y basado en requisitos técnicos aún sin definir. Además, criticó que se dejen para una futura orden cuestiones clave como el control y acceso a los datos por parte de la Inspección de Trabajo o los representantes de los trabajadores.
Algunas comunidades autónomas también mostraron su desacuerdo. Por ejemplo, Galicia recordó que las normas que imponen nuevas obligaciones deberían aplicarse en fechas concretas, como el 1 de enero o el 1 de julio, en lugar de conceder plazos tan breves para su adaptación.
Al tratarse de un real decreto, no requiere aprobación parlamentaria, por lo que el texto que adopte el Consejo de Ministros será el que se publique directamente en el BOE. Aunque Trabajo ha mostrado cierta disposición a introducir ajustes menores, descarta modificar los plazos de entrada en vigor.
Desde el inicio, la patronal ha rechazado esta reforma por su impacto económico y por los posibles riesgos en materia de protección de datos. De hecho, la CEOE ya ha anunciado que recurrirá la norma si finalmente se aprueba, y ha valorado positivamente las críticas del Consejo de Estado. Los argumentos recogidos en el informe del órgano consultivo, que en algunos casos coinciden con los planteados por las organizaciones empresariales, refuerzan la posibilidad de una futura batalla judicial. En particular, el Consejo de Estado cuestiona que el contenido del decreto incluya aspectos que deberían regularse mediante una ley de mayor rango, una crítica que los empresarios llevan tiempo señalando.
La crisis energética global derivada del conflicto en Oriente Próximo está afectando sobre todo al precio y al abastecimiento del petróleo. En este contexto, la Comisión Europea ha instado a los países miembros a considerar medidas orientadas al ahorro de combustibles y a evitar aquellas que puedan fomentar su consumo. Así lo recoge una carta enviada el lunes por el comisario de Energía, Dan Jorgensen, a los Estados miembros, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento se remitió justo antes de la reunión informal celebrada por videoconferencia entre Jorgensen y los ministros de Energía, en la que analizaron la situación tras el bloqueo del estrecho de Ormuz y el conflicto en Irán.
Aunque la misiva hace referencia general al ahorro energético, también alude a las recomendaciones publicadas el 18 de marzo por la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Entre ellas se incluyen propuestas como reducir los límites de velocidad en al menos 10 km/h, fomentar el uso del transporte público, impulsar el teletrabajo o priorizar los trenes de alta velocidad y los servicios nocturnos frente a los vuelos.
Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Bruselas y varios países han subrayado que esta crisis es distinta de la causada por la invasión rusa de Ucrania. En aquel momento, el principal problema fue la escasez de gas natural, dado que Rusia era el principal proveedor. Ahora, el foco está en el petróleo, no tanto por una falta de suministro, sino por el fuerte incremento de los precios. El barril de Brent, referencia en Europa, ha superado los 119 dólares, más de un 60% por encima de su valor previo al inicio de los ataques en Irán. Jorgensen ha insistido en que el suministro energético en la Unión Europea está garantizado, aunque advierte de la necesidad de prepararse ante posibles alteraciones prolongadas en el comercio internacional de energía.
Así, la petición de Bruselas no responde al temor de desabastecimiento, sino a la intención de reducir la demanda para aliviar la presión en los mercados, tensionados por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado consumidos a nivel mundial. Esta estrategia también se alinea con propuestas recientes como la reducción del nivel obligatorio de reservas de gas del 90% al 80% para noviembre, con el objetivo de disminuir las compras y relajar los mercados. A ello se suma la liberación de parte de las reservas estratégicas de crudo de los países de la AIE.
En su carta, Jorgensen pide a los gobiernos que eviten adoptar medidas que incrementen el consumo, como las rebajas fiscales sobre los combustibles, ya que podrían incentivar su uso al abaratar los precios. Tanto él como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han señalado que la fiscalidad energética puede diseñarse para promover la electrificación y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, algunos países, como España, Portugal o Grecia, han optado por reducir los impuestos sobre gasolinas y diésel.
La Comisión también sugiere limitar la libre circulación de productos petrolíferos y desincentivar la actividad de las refinerías dentro de la UE. Además, insta a los Estados a considerar los efectos transfronterizos de sus decisiones y a coordinarse con países vecinos. Un ejemplo de ello se observa en la frontera entre España y Portugal, donde las diferencias fiscales han generado un flujo de conductores que cruzan para repostar más barato.
Aunque los líderes europeos pidieron a la Comisión un conjunto de medidas coordinadas para hacer frente a esta crisis, varios países ya han actuado por su cuenta, en ocasiones sin seguir las directrices comunitarias. Desde Bruselas se insiste en evitar políticas que estimulen el consumo y en priorizar ayudas selectivas, además de vigilar el impacto de estas decisiones en las finanzas públicas.
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