News

(Expansión, 17-09-2026) | Fiscal

Funcas eleva la previsión de crecimiento de PIB para 2026 al 2,5%

El Panel de Funcas ha revisado al alza sus previsiones para la economía española y estima ahora que el PIB crecerá un 2,5% en 2026, dos décimas más de lo previsto en su anterior estimación. Para 2027 mantiene su pronóstico de un avance del 2%. La revisión responde principalmente al mejor comportamiento de la economía durante el segundo trimestre, acompañado de una ligera mejora de las expectativas para el tercero, cuyo crecimiento se sitúa ahora en el 0,5%. Para este año, los analistas consultados por Funcas calculan que la demanda interna contribuirá con 2,9 puntos al crecimiento, dos décimas más que en la estimación anterior, mientras que el sector exterior tendrá una aportación negativa de cuatro décimas. De cara a 2027, la demanda nacional aportaría 2,2 puntos, una décima más de lo previsto anteriormente, mientras que la demanda externa restaría dos décimas. El crecimiento previsto para 2027 estará acompañado de una evolución más moderada de todos los componentes de la demanda interna, tanto el consumo privado como el público y la inversión. El Panel estima que el PIB mantendrá un ritmo de expansión trimestral próximo al 0,5% durante los tres primeros trimestres de ese año, antes de desacelerarse hasta el 0,4% en el último. Las previsiones de inflación también han sido revisadas al alza. Funcas sitúa ahora la tasa media de 2026 en el 3,4% para el índice general y en el 2,9% para la subyacente, en ambos casos dos décimas por encima de las previsiones realizadas en julio. Para 2027 también se espera una inflación superior a la estimada anteriormente, con tasas medias del 2,5% para la general y del 2,6% para la subyacente. El mercado laboral mantiene, en cambio, una evolución positiva. El consenso prevé un crecimiento del empleo del 2,2% este año y del 1,7% en 2027, dos décimas más en ambos ejercicios respecto a la anterior previsión. La tasa media de desempleo se situaría en el 9,9% en 2026 y descendería hasta el 9,6% el próximo año. En el ámbito de las cuentas públicas, los expertos mantienen su previsión de que el déficit alcance el 2,5% del PIB en 2026. Para 2027 esperan una reducción del desequilibrio hasta el 2,3% del PIB. La evolución de las finanzas públicas, junto con el deterioro del escenario internacional y sus efectos sobre la inflación y la política monetaria, también está teniendo consecuencias sobre los mercados financieros. En este contexto, el euríbor a un año ha superado el 3,2%, alrededor de medio punto por encima de la previsión manejada en el anterior Panel. Los analistas esperan, sin embargo, que el indicador se modere durante los próximos meses y termine 2026 en torno al 2,7%. Por otro lado, el incremento de las rentabilidades de la deuda pública refleja la preocupación de los mercados por la situación fiscal de las principales economías desarrolladas. Funcas prevé que estas tensiones continúen y sitúa la rentabilidad del bono español a diez años alrededor del 3,5% al cierre del ejercicio.

READ MORE

(El País, 17-09-2026) | Fiscal

La patronal se sube a la curva de Laffer y reclama bajar impuestos a empresas y rentas altas

La patronal española ha reforzado su apuesta por los planteamientos de la economía de la oferta y por la denominada curva de Laffer como argumento para reclamar una reducción de la presión fiscal en España. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado a CEOE, ha desarrollado esta posición junto al Instituto Juan de Mariana en un informe presentado este miércoles, en el que sostiene que una fiscalidad elevada puede limitar la inversión, la productividad y la creación de empleo. En este contexto, el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, ha defendido la necesidad de acometer una revisión amplia del sistema tributario. La teoría de Laffer parte de la relación entre los tipos impositivos y los ingresos que obtiene el Estado. Con una imposición nula no existiría recaudación y, en el extremo contrario, un gravamen del 100% eliminaría los incentivos económicos para trabajar o invertir. La cuestión central consiste en determinar dónde se encuentra ese punto a partir del cual una mayor presión fiscal comienza a reducir la actividad económica y, por tanto, puede terminar afectando negativamente a los ingresos públicos. Sin embargo, ni la propia curva de Laffer ni los modelos económicos permiten determinar de manera exacta cuál es el nivel óptimo de tributación para una economía concreta. El resultado depende de múltiples circunstancias, como la fase del ciclo económico, el impuesto analizado, las características del país o el alcance de los servicios y prestaciones públicas. El propio IEE introduce esta cautela en su planteamiento. Su director general, Gregorio Izquierdo, señaló durante la presentación que la curva de Laffer suele interpretarse de manera incorrecta y que debe entenderse como una representación de determinados comportamientos económicos. Por tanto, una reducción de impuestos no implica automáticamente un aumento de la recaudación. Para que una rebaja fiscal pudiera llegar a generar más ingresos, los tipos iniciales tendrían que situarse en una zona de imposición suficientemente elevada como para estar provocando una reducción significativa de la actividad, un incremento de la economía sumergida o el desplazamiento de bases imponibles hacia otros países. El informe también concede importancia al diseño de las rebajas tributarias. Según el IEE y el Instituto Juan de Mariana, si se pretende impulsar la oferta productiva, las reducciones deberían concentrarse especialmente en los tipos marginales que afectan a los ingresos adicionales derivados del trabajo o la inversión. Además, consideran relevante que las medidas se apliquen con rapidez y que tengan un carácter estable, de manera que los contribuyentes puedan incorporarlas a sus decisiones económicas. A partir de este enfoque, el IEE sostiene que determinados niveles de tributación en España pueden estar reduciendo los incentivos para generar ingresos adicionales. El análisis presta especial atención a las rentas más elevadas, cuyos tipos marginales máximos del IRPF superan el 50% en algunas comunidades autónomas. El documento argumenta que una imposición elevada puede influir en las decisiones de profesionales y contribuyentes con mayores recursos, que podrían modificar la localización de sus actividades, reorganizar sus patrimonios o trasladar su residencia fiscal. El informe también cuestiona el efecto que tiene la falta de actualización de los tramos del IRPF conforme a la inflación. En un escenario de aumento de precios, el mantenimiento de los límites nominales del impuesto puede provocar que los contribuyentes soporten una mayor carga fiscal aunque sus ingresos reales no hayan aumentado en la misma proporción. La argumentación se extiende a los impuestos sobre el patrimonio y las sucesiones, así como a la fiscalidad empresarial. El estudio considera que estos tributos pueden influir en las decisiones de inversión y en la localización de capitales en un contexto de elevada movilidad internacional. Según el planteamiento recogido en el informe, cuando el capital puede desplazarse entre jurisdicciones con relativa facilidad, una parte de la carga fiscal asociada a las empresas y a los grandes patrimonios podría terminar repercutiendo sobre factores menos móviles, como el empleo y los salarios. En el ámbito empresarial, el IEE vincula una mayor presión fiscal y unas cotizaciones sociales más elevadas con el incremento de la denominada cuña fiscal, que representa la diferencia entre el coste laboral asumido por la empresa y la remuneración neta que recibe el trabajador. El informe sostiene que una cuña fiscal elevada puede encarecer la contratación y condicionar tanto las decisiones de inversión como la evolución de los salarios reales. También cuestiona determinados impuestos específicos aplicados a sectores concretos, como el gravamen extraordinario sobre la banca. Respecto a la vivienda, el documento plantea que la fiscalidad asociada a la propiedad, el suelo y las transmisiones puede incrementar los costes y dificultar tanto el acceso como el aumento de la oferta. Esta cuestión se integra en una propuesta más amplia que no se limita a reducir impuestos, sino que incluye también una revisión del gasto público y de las cargas regulatorias. En este sentido, la propuesta presentada por ambos centros de estudios combina las rebajas fiscales con medidas destinadas a reforzar los incentivos al ahorro, la inversión, el empleo, la innovación y el emprendimiento. El planteamiento pone el acento no solo en la recaudación obtenida por cada impuesto, sino también en su impacto sobre las decisiones de hogares y empresas y sobre la cantidad de recursos que finalmente permanece a disposición de los contribuyentes.

READ MORE

(Expansión, 17-09-2026) | Laboral

Sánchez aprieta a los empresarios: exige una subida general de sueldos ante el alza del IPC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entrado de lleno en el debate que marcará los próximos meses en el ámbito del diálogo social, con dos cuestiones salariales sobre la mesa: la próxima actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) y la eventual apertura de las negociaciones entre empresarios y sindicatos para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Durante una sesión parlamentaria, Sánchez volvió a reclamar a las empresas una mayor sensibilidad ante las demandas sindicales relacionadas con la mejora de los salarios. No es la primera ocasión en la que el presidente interviene públicamente en esta cuestión, aunque la política laboral corresponde principalmente al Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Sánchez ya participó en el acto de firma del último acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para elevar el SMI hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que representó un incremento del 3,1% respecto al ejercicio anterior y del 66% desde 2018. Ahora ha confirmado que habrá una nueva actualización del salario mínimo con el objetivo de mantenerlo en el entorno del 60% del salario medio. Con el IPC situado en el 4,3% en agosto y unas previsiones de inflación media anual que oscilan entre el 3,4% estimado por Funcas y el 3,6% previsto por el Banco de España, el debate sobre la cuantía de la próxima subida volverá a ocupar un lugar central. El Gobierno está siguiendo de cerca la evolución de los precios antes de concretar el nuevo incremento. Desde el Ministerio de Trabajo se ha señalado que se está monitorizando la inflación para determinar una actualización que permita preservar el poder adquisitivo de los aproximadamente 2,5 millones de trabajadores que perciben el salario mínimo. Junto a la revisión del SMI, Sánchez ha reclamado a CEOE y Cepyme que retomen las conversaciones con las organizaciones sindicales para alcanzar un nuevo AENC, cuyo periodo de vigencia finalizó el 1 de enero de 2026. Este acuerdo establece el marco de referencia que empresarios y sindicatos utilizan posteriormente en la negociación de los convenios colectivos e incluye, entre otros aspectos, recomendaciones sobre la evolución de los salarios durante los años de aplicación. El presidente del Gobierno ha pedido a las organizaciones empresariales que tengan en cuenta las reivindicaciones sindicales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que no están sujetos al SMI y que, según defendió, también deberían beneficiarse de incrementos salariales. En este contexto, UGT y CCOO han planteado aumentos salariales generales próximos al 4% anual durante tres años, lo que supondría un incremento acumulado del 12% entre 2026 y 2028. Las organizaciones empresariales todavía no han concretado su posición sobre estas demandas. Los sindicatos han reclamado a las patronales que se incorporen a la negociación del nuevo marco para los convenios colectivos, aunque las conversaciones podrían quedar condicionadas por el proceso de renovación de la presidencia de CEOE. El debate salarial también está generando discrepancias entre las organizaciones sindicales y el Gobierno por la ausencia de una regulación que impida expresamente compensar o absorber las subidas del SMI mediante determinados complementos salariales. Los sindicatos consideran que esta posibilidad puede reducir el efecto efectivo del incremento del salario mínimo sobre las nóminas de algunos trabajadores. La cuestión se ha convertido así en uno de los puntos de fricción dentro del diálogo social, precisamente cuando el Ejecutivo pretende impulsar una nueva subida del SMI y favorecer la apertura de la negociación sobre el futuro AENC.

READ MORE

(La Vanguardia, 17-09-2026) | Laboral

Las personas dependientes podrán recibir más de una ayuda y que un vecino cobre como cuidador

El Congreso ha aprobado definitivamente las reformas de las leyes de dependencia y discapacidad, unas modificaciones que incorporan nuevos derechos y prestaciones y que cuentan, por primera vez, con una previsión de financiación previa para facilitar su aplicación. El objetivo es transformar el modelo de atención y cuidados de las personas en situación de dependencia y con discapacidad, especialmente en el ámbito domiciliario, teniendo en cuenta que una parte mayoritaria de estas personas prefiere permanecer en su hogar durante el mayor tiempo posible. La reforma llega después de tres años de trabajo del Ministerio de Derechos Sociales, la Comisión de Derechos Sociales del Congreso y numerosas organizaciones del sector. Las nuevas normas pretenden corregir algunas de las carencias del sistema creado en 2004, que reconoció nuevos derechos y servicios pero no estuvo acompañado inicialmente de recursos económicos suficientes, lo que llevó a las comunidades autónomas a asumir buena parte de la financiación. En esta ocasión, la reforma de la ley de dependencia incorpora 6.200 millones de euros adicionales hasta 2027. Durante los meses de julio y agosto, las comunidades autónomas ya han recibido 517 millones de euros. Además, el Estado asumirá la obligación de financiar el 50% de los servicios y prestaciones contemplados en el sistema. Entre las principales novedades figura la ampliación de la figura del cuidador familiar a personas allegadas, de modo que también puedan ejercer esta función vecinos, amigos u otras personas cercanas. La medida pretende responder especialmente a las situaciones de quienes viven solos o no cuentan con familiares que puedan asumir las tareas de cuidado. La teleasistencia pasa también a reconocerse como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, con independencia de la comunidad autónoma en la que residan. La reforma establece además que este servicio tendrá carácter complementario y no podrá constituir por sí solo la única atención recibida, sino que deberá combinarse con otros apoyos cuando sean necesarios. Otra modificación afecta al servicio de ayuda a domicilio, cuyo ámbito se amplía más allá de las tareas domésticas y de la atención personal. La persona cuidadora podrá acompañar al usuario en determinadas actividades desarrolladas dentro de su entorno habitual, como acudir a una consulta médica, realizar compras u otras actuaciones necesarias para facilitar su participación en la comunidad. La reforma de la normativa sobre discapacidad introduce asimismo cambios relevantes en el reconocimiento del grado de discapacidad. Las personas a las que se reconozca un grado I de dependencia obtendrán automáticamente un grado de discapacidad del 33%. En los casos de dependencia de grado II o III se establece una vía para acceder al reconocimiento de un 65% de discapacidad. Estas equivalencias automáticas no impedirán solicitar una valoración individualizada. Las personas que consideren que su situación requiere un reconocimiento superior podrán someterse a una evaluación específica para determinar un grado de discapacidad mayor al establecido inicialmente mediante estas pasarelas. La nueva regulación también refuerza el derecho a la autonomía personal, a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad. Para ello contempla medidas relacionadas con la adaptación, habilitación y rehabilitación de las viviendas, con el objetivo de facilitar que las personas puedan desarrollar su vida en su entorno habitual. Asimismo, la accesibilidad universal adquiere una mayor protección jurídica y podrá ser exigida ante las correspondientes administraciones y organismos. La reforma permite reclamar condiciones de accesibilidad tanto en edificios como en determinados servicios de carácter público, reforzando así las garantías para las personas con discapacidad.

READ MORE

(Cinco Días, 17-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El plan para desarrollar las redes eléctricas en alta tensión incluye inversiones de 17.000 millones a 2030

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado que la nueva planificación de la red de transporte eléctrico hasta 2030 contempla una inversión superior a los 17.000 millones de euros, lo que supondría el mayor esfuerzo inversor realizado hasta ahora en las redes eléctricas españolas. La cifra supera en un 30% la prevista inicialmente y multiplica por más de dos la contemplada en la planificación actualmente vigente. El incremento responde, según el Gobierno, al fuerte aumento de las solicitudes relacionadas con la electrificación de la economía, desde los puertos y la industria hasta las nuevas actividades productivas y el parque residencial. El Consejo de Ministros aprobó a finales de julio el real decreto que regula los planes de inversión de las redes de transporte y que eleva la inversión prevista hasta los 17.900 millones de euros. La propuesta inicial contemplaba 13.600 millones para atender las necesidades del sistema y cumplir los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, pero las 2.566 alegaciones recibidas durante el proceso de audiencia han llevado a incrementar el volumen previsto. Dentro de esta ampliación, las redes de distribución podrán contar con hasta 10.200 millones de euros adicionales, mientras que las redes de transporte de alta tensión gestionadas por Red Eléctrica dispondrán de hasta 7.700 millones más, dependiendo de la planificación definitiva que apruebe el Ejecutivo. La creciente demanda eléctrica se ha convertido en uno de los principales factores que están condicionando esta planificación. Según los datos del Ministerio, las solicitudes vinculadas al consumo representan el 41% del total, frente al 40% correspondiente a nuevos proyectos de generación y el 19% al almacenamiento. Tras el periodo de alegaciones, las posiciones de la red de transporte destinadas a atender nuevas demandas en las redes de distribución han aumentado un 52%, hasta situarse en 300, mientras que las posiciones destinadas al consumo directo en la red de transporte han crecido un 12%, hasta las 162. También se han reforzado las infraestructuras vinculadas al transporte ferroviario y la electrificación de los puertos, con un incremento del 75% y 59 posiciones previstas. El refuerzo de la red también se traducirá en un aumento de las infraestructuras físicas. El número de subestaciones contempladas se eleva un 17%, hasta 193, mientras que la longitud de las nuevas líneas eléctricas previstas aumenta un 11%, hasta alcanzar los 6.706 kilómetros. A ello se suma un incremento del 6% en las redes existentes que serán repotenciadas, hasta llegar a 8.164 kilómetros. El conjunto de actuaciones pretende responder al fuerte crecimiento de la demanda eléctrica y facilitar la incorporación de nuevas actividades industriales y servicios que requieren un mayor acceso a la red.

READ MORE

(Expansión, 17-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed desafía a Trump y sube tipos, por primera vez en tres años, al 4%

La Reserva Federal ha optado este miércoles por elevar los tipos de interés por primera vez en más de tres años, en una decisión que supone un nuevo pulso con Donald Trump, que había reclamado insistentemente una reducción del precio del dinero. Bajo la presidencia de Kevin Warsh, cercano al presidente estadounidense, el banco central ha aumentado los tipos en 25 puntos básicos, hasta situarlos en una horquilla del 3,75% al 4%, con el objetivo de contener la persistencia de la inflación. La decisión estaba ampliamente anticipada por los mercados, ya que alrededor del 90% de los inversores esperaba este movimiento, aunque contrasta con las presiones de la Casa Blanca para que la institución monetaria optara por recortar los tipos. La reunión celebrada esta semana representaba además la primera prueba relevante para Warsh desde que Trump lo situó al frente de la Reserva Federal el pasado mes de mayo, en sustitución de Jerome Powell. Su actuación estaba especialmente vigilada después de que, en las dos primeras reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto que presidió, mantuviera sin cambios los tipos. Bank of America había advertido de que esta cita podía ser determinante para su credibilidad al frente del banco central. El incremento, desde el anterior intervalo del 3,5%-3,75% hasta el 3,75%-4%, fue aprobado por unanimidad, con los 12 miembros del comité respaldando la medida. La Reserva Federal no elevaba los tipos desde julio de 2023, hace 38 meses. En la rueda de prensa posterior al encuentro, Warsh explicó que la decisión se ha adoptado teniendo en cuenta los distintos shocks y niveles de incertidumbre existentes en el escenario geopolítico, pero también la fortaleza que continúa mostrando la economía estadounidense. El presidente de la Fed defendió que mantener el foco en la estabilidad de precios puede contribuir a mejorar el comportamiento de la economía y recalcó que la inflación continúa siendo demasiado elevada y lleva demasiado tiempo por encima de los niveles deseados. La Reserva Federal señaló que la inflación sigue situada en niveles elevados y consideró que la decisión adoptada permitirá acelerar su retorno al objetivo del 2%. Al mismo tiempo, destacó que la actividad económica mantiene un ritmo de expansión sólido. Aunque la incertidumbre continúa siendo elevada, en parte por la situación geopolítica, el consumo interno mantiene su fortaleza, la productividad avanza a buen ritmo y la inversión empresarial continúa siendo consistente. El mercado laboral también presenta estabilidad, con un crecimiento del empleo que sigue en línea con el aumento de la población activa y una tasa de paro que apenas ha experimentado cambios. Las primeras señales que apuntaron a una posible subida de los tipos habían llegado del propio Warsh durante su intervención en agosto en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole. En aquella ocasión defendió que el objetivo de inflación del 2% constituye una referencia fundamental para la Reserva Federal y dejó abierta la posibilidad de actuar si la evolución de los precios no mostraba una mejora clara. Las expectativas se reforzaron posteriormente con la publicación de los datos de inflación correspondientes a agosto. El índice de precios al consumo volvió a mostrar resistencia a la moderación que se había observado durante los meses anteriores, con una tasa interanual del 3,4%, prácticamente igual a la registrada en julio, y un incremento mensual de cuatro décimas. La evolución de la energía ha añadido presión al escenario inflacionista, con el precio del petróleo por encima de los 100 dólares en un contexto de tensión entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz. En Estados Unidos, el precio de la gasolina ha superado los cuatro dólares por galón y el diésel se encuentra en niveles máximos. Incluso excluyendo el efecto de la energía y de los alimentos no elaborados, la inflación subyacente apenas se redujo una décima en agosto, hasta el 2,4%. El comportamiento del mercado laboral también ha influido en la decisión. En agosto se crearon 162.000 empleos, una cifra que triplicó las previsiones de los analistas. Trump utilizó este dato para defender la conveniencia de reducir los tipos, mientras que los mercados interpretaron la fortaleza de la contratación como un margen adicional para que la Reserva Federal endureciera su política monetaria sin generar un deterioro significativo del empleo. A este escenario se añade el encarecimiento de la financiación del Gobierno estadounidense. Los inversores han comenzado a exigir mayores rentabilidades para comprar deuda del Tesoro, en parte como protección frente al riesgo de que la inflación permanezca elevada. Como consecuencia, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años ha superado el 5%, situándose en niveles que no se alcanzaban desde 2007.

READ MORE

(Expansión, 17-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Congreso tumba la ley de "lobbies" y anula el nuevo registro de grupos de interés

El Gobierno no ha logrado reunir en el Congreso los votos necesarios para convalidar el real decreto-ley aprobado a finales de agosto, una situación que podría tener consecuencias sobre una parte del último desembolso de los fondos europeos. La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 25 de agosto, incluía la regulación de los grupos de interés y pretendía garantizar el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por España ante Bruselas. La oposición de PP, Vox y Junts ha provocado que el Ejecutivo tenga que asumir el incumplimiento de este hito y revisar sus expectativas respecto al último pago de los fondos europeos, cuyo importe total asciende a 26.000 millones de euros. Aplicando de forma orientativa la metodología de la Comisión Europea para calcular las reducciones asociadas a compromisos no cumplidos, España podría afrontar una merma de hasta 1.500 millones de euros. No obstante, fuentes del Gobierno apuntan a que el impacto final podría ser inferior, ya que el mecanismo contempla ajustes en función de la relevancia del objetivo incumplido. La votación también supone que deja de estar vigente la regulación de los grupos de interés incluida en el decreto. Antes de la votación, el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, había intentado recabar apoyos parlamentarios ofreciendo revisar el texto antes de octubre y estudiar la posibilidad de excluir del registro a las organizaciones empresariales y sindicales. La propuesta no consiguió modificar la posición del Partido Popular. Su portavoz, Edurne Uriarte, defendió que rechazar el real decreto no equivalía a oponerse a una regulación de los grupos de interés y cuestionó la necesidad de aprobarla mediante un decreto-ley. El PP planteó continuar con la tramitación del proyecto de ley remitido al Congreso en 2025, cuya aprobación atribuye a la falta de iniciativa del Ejecutivo. Con el rechazo parlamentario, también queda sin efecto el registro estatal de grupos de interés que había comenzado a funcionar apenas una semana antes. La regulación obligaba a inscribirse a las entidades que mantuvieran contactos con representantes políticos o altos cargos de la Administración General del Estado. Durante los primeros días de funcionamiento habían presentado solicitudes varias compañías de relevancia, entre ellas Renault, Tesla, Enagás, Danone, Exolum, Feníe Energía y HP. La regulación de los grupos de interés ha generado posiciones enfrentadas entre los distintos sectores implicados. Las organizaciones empresariales y sindicales se han mostrado especialmente críticas con la obligación de inscribirse en el registro. Los sindicatos consideran que incluir a los agentes sociales supone no tener en cuenta las funciones de representación que tienen reconocidas constitucionalmente. Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, había anunciado que la organización empresarial interrumpiría sus contactos con el Gobierno hasta conocer el resultado de la votación. Las grandes empresas del Ibex 35 tampoco habían manifestado públicamente una oposición general al decreto, aunque el hecho de que ninguna se hubiera registrado durante su primera semana de vigencia fue interpretado como una señal de rechazo a la nueva regulación. Desde el sector profesional dedicado a las relaciones institucionales, la valoración ha sido diferente. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (Apri) considera que la derogación supone perder una oportunidad para dotar de mayor transparencia y seguridad jurídica a las relaciones entre el sector privado y las administraciones públicas. Su presidente, Carlos Parry, ha defendido la necesidad de que España disponga de una regulación estatal estable y ha reclamado que se reanude cuanto antes la negociación para alcanzar una norma con un respaldo parlamentario amplio. La asociación sostiene además que el decreto ahora derogado incorporaba buena parte de las propuestas planteadas por los grupos parlamentarios y se ajustaba a los estándares europeos. Entre sus elementos figuraban la gestión del registro por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la posibilidad de interoperabilidad con los registros de grupos de interés que ya funcionan en determinadas comunidades autónomas y ayuntamientos.

READ MORE

(El País, 17-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Competencia entra en la batalla de los centros de datos en plena ofensiva del sector contra el Gobierno

La autoridad de competencia prepara su entrada en el conflicto generado por las nuevas exigencias que el Gobierno plantea para los centros de datos en España, una regulación que ha provocado una fuerte reacción entre las grandes empresas tecnológicas, entre ellas Amazon, Microsoft y Google. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ultima un informe sobre el proyecto de real decreto que el Ejecutivo tramita desde finales de agosto, después de haber recabado las aportaciones de algunos de los principales sectores afectados. El regulador está recopilando las observaciones realizadas en el Consejo Consultivo de Electricidad, en el que participan expertos de la CNMC, representantes de las administraciones, agentes del sector eléctrico y miembros de la sociedad civil. Concluido el plazo para presentar aportaciones el 15 de septiembre, la CNMC deberá elaborar un informe sobre la norma. Aunque sus conclusiones no tendrán carácter vinculante para el Gobierno, el documento constituye uno de los trámites preceptivos de la tramitación y será una de las primeras actuaciones relevantes del nuevo presidente de la CNMC, Juan José Ganuza. Uno de los principales puntos de fricción se encuentra en el reparto de competencias sobre el acceso y la conexión a la red eléctrica. Desde el sector de los centros de datos consideran que el proyecto atribuye al Ministerio competencias que corresponderían a la CNMC como organismo regulador independiente. SpainDC, asociación que representa a las principales empresas tecnológicas, ha planteado esta cuestión en sus alegaciones y cuestiona que el Ministerio intervenga en materias relacionadas con el acceso, la conexión y la regulación energética que, a su juicio, están legalmente atribuidas a la Comisión. El debate competencial tampoco es nuevo. Expertos jurídicos consultados consideran que existe una zona de solapamiento entre las atribuciones del Ministerio y las de la CNMC en las materias contempladas en el artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico. El Consejo de Estado, por su parte, ha mantenido en anteriores ocasiones una interpretación que concede un peso relevante a las competencias del Ministerio, aunque dentro de la CNMC también existen posiciones favorables a una interpretación más amplia de las funciones de la Comisión. La cuestión adquiere especial importancia porque afecta directamente a la política energética y a la ordenación del acceso a unas redes eléctricas cada vez más demandadas. Al mismo tiempo, distintos sectores industriales han presentado alegaciones contra el proyecto de real decreto por el impacto que podría tener el crecimiento de los centros de datos sobre la disponibilidad y el coste de la electricidad. Industrias como la metalurgia, la automoción, la química o la fabricación de azulejos reclaman que se preserve su acceso a la red frente a la creciente demanda asociada a la inteligencia artificial y advierten del riesgo de pérdida de competitividad si los centros de datos concentran una parte significativa de la capacidad disponible. Los propios operadores de centros de datos rechazan estas críticas y consideran que las nuevas condiciones suponen un trato diferencial. Entre las principales obligaciones planteadas por el Gobierno figura que estas instalaciones cubran con energías renovables el 80% de su consumo y que puedan acreditar ese suministro hora a hora. SpainDC y algunas empresas del sector consideran que este requisito presenta importantes dificultades técnicas y económicas, especialmente porque limita la posibilidad de compensar el consumo nocturno exclusivamente con generación fotovoltaica. La asociación sostiene que los proyectos previstos durante los próximos cuatro años supondrán alrededor de 3 GW de potencia, equivalente, según sus cálculos, al 0,8% del consumo eléctrico nacional. Sus representantes defienden que los centros de datos deben ser considerados un consumidor más y comparan su demanda con la de otros sectores electrointensivos que no están sometidos a obligaciones similares. El Gobierno, por su parte, ha mantenido la necesidad de garantizar que el despliegue de estas infraestructuras no termine trasladando costes adicionales al conjunto de los consumidores. La tramitación del real decreto ha recibido más de 600 alegaciones y el Ejecutivo ha mostrado disposición a estudiar modificaciones en algunos de los requisitos más exigentes. Sin embargo, mantiene por ahora el objetivo de que los centros de datos cubran el 80% de su consumo mediante energías renovables y puedan demostrarlo con carácter horario. El desacuerdo ha llevado ya a varios desarrolladores a plantearse la paralización de proyectos si la regulación se aprueba sin cambios y SpainDC advierte de posibles reclamaciones económicas, al considerar que están en juego inversiones cercanas a los 67.000 millones de euros hasta 2030. Las grandes compañías tecnológicas están intensificando mientras tanto sus actuaciones ante las distintas instituciones implicadas en la tramitación. La asociación que representa a empresas como Amazon, Microsoft y Google ha trasladado sus alegaciones al Consejo de Estado, que deberá pronunciarse antes de que el proyecto llegue al Consejo de Ministros, y también ha hecho llegar sus planteamientos a la nueva dirección de la CNMC. El conflicto queda así abierto en varios frentes, desde el reparto de competencias regulatorias hasta el acceso a la red y las condiciones energéticas que deberán asumir los centros de datos en España.

READ MORE

(El País, 17-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump amenaza con “cortar el comercio” si la UE se asocia con Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a elevar la tensión comercial con la Unión Europea al advertir de que podría imponer "elevados aranceles" al bloque si la UE avanza en sus planes para reforzar su relación con Canadá. El mandatario estadounidense incluso planteó la posibilidad de llegar a interrumpir el comercio con Europa en determinados ámbitos. Trump realizó estas declaraciones ante los periodistas después de aterrizar en Charlotte, Carolina del Norte, donde tenía previsto participar en un mitin. Como en anteriores ocasiones, lanzó la advertencia sin concretar qué medidas adoptaría ni cuáles serían las condiciones que podrían desencadenarlas, en un contexto marcado ya por las tensiones comerciales entre Estados Unidos, Europa y Canadá. Las palabras del presidente estadounidense se produjeron pocas horas después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara su intención de estrechar los vínculos con Canadá y planteara la posibilidad de que el país norteamericano se convierta en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea. La iniciativa responde también al interés expresado por el primer ministro canadiense, Mark Carney, por establecer una relación específica con la UE. Canadá busca reforzar sus alianzas internacionales en un momento de creciente presión comercial por parte de Estados Unidos, mientras Trump ha formulado en distintas ocasiones propuestas que cuestionan incluso la relación política tradicional entre ambos países vecinos. "Canadá ha sido un socio comercial pésimo", afirmó Trump ante los medios de comunicación. El presidente estadounidense señaló que, si interpreta el acercamiento entre Canadá y la UE como un "acto hostil", podría responder con aranceles muy elevados contra Europa o incluso limitar el comercio con el bloque en diferentes sectores. Al mismo tiempo, matizó que no tendría por qué adoptar esas medidas si considera que la iniciativa europea responde a buenas intenciones. La cuestión ocupará previsiblemente un lugar destacado este jueves, cuando Carney intervenga ante el pleno del Parlamento Europeo en una comparecencia extraordinaria. Su visita se produce un día después de que Von der Leyen defendiera ante la Eurocámara la posibilidad de trabajar conjuntamente para facilitar que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión. La aproximación entre Ottawa y Bruselas se enmarca en un escenario internacional que Carney ya describió en febrero, durante el Foro de Davos, como una etapa de ruptura del orden mundial. El primer ministro canadiense advirtió entonces de que las relaciones entre las grandes potencias estaban entrando en una fase más imprevisible y defendió la necesidad de que las potencias medias, entre ellas Canadá, desarrollen una mayor capacidad para influir en la configuración del nuevo orden internacional. Carney sostuvo en aquella intervención que países como Canadá no deben considerarse impotentes ante estos cambios y que pueden contribuir a construir un marco internacional basado, entre otros principios, en los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

READ MORE

(El Economista, 17-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El ahorro aparcado en el banco tiene un coste: los europeos pierden 2,4 billones por no invertir

Una parte importante de los europeos continúa manteniendo sus ahorros en efectivo o en depósitos bancarios, al considerar que esta opción les garantiza disponer del dinero en cualquier momento. Sin embargo, esta estrategia también implica asumir el impacto de la inflación y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Según un análisis de JP Morgan Asset Management, el coste de mantener el ahorro sin invertir desde 2020 podría ascender a 2,4 billones de euros. La estimación parte de los 2,8 billones de euros que los hogares europeos han acumulado en ahorro desde el inicio de la pandemia. Si ese dinero se hubiera destinado a acciones de compañías de todo el mundo y hubiera obtenido una rentabilidad equivalente a la registrada por el MSCI World, superior al 11% anualizado durante este periodo, el patrimonio podría haber alcanzado unos 5,4 billones de euros. En cambio, al permanecer principalmente en depósitos, su rentabilidad habría sido prácticamente nula, contribuyendo a elevar el volumen de dinero depositado en los bancos europeos hasta los 12,4 billones de euros. Este elevado peso del ahorro conservador explica parte del interés de las instituciones comunitarias por facilitar que los ciudadanos europeos canalicen una mayor proporción de sus recursos hacia la inversión. La Comisión Europea pretende impulsar instrumentos como las cuentas de inversión para trasladar parte de ese capital hacia las empresas y la economía productiva. La encuesta realizada por JP Morgan AM entre 17.000 hogares de Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, España y Suecia apunta a que la falta de conocimientos financieros constituye uno de los factores que explican esta escasa participación en los mercados. El 27% de los encuestados afirma que mantiene la mayor parte de sus ahorros en efectivo, mientras que un 43% reconoce que no sabe cómo invertir o que ni siquiera se plantea hacerlo. El estudio también refleja determinadas percepciones sobre la rentabilidad de los productos financieros. Un 18% de los participantes considera que los activos líquidos pueden ofrecer una mayor rentabilidad a largo plazo, mientras que únicamente el 25% asegura disponer de un plan de ahorro definido. En España, este último porcentaje se reduce al 20%. Entre quienes sí han optado por invertir, las acciones y otros valores son los activos más habituales, presentes en el 20% de los casos, mientras que un 15% ha destinado sus recursos al mercado inmobiliario. Los planes de pensiones tienen una presencia menor, ya que solo el 10% de los encuestados dispone de uno. Esta situación está relacionada también con la ausencia de sistemas obligatorios de adscripción a planes de pensiones de empleo en buena parte de los países europeos. Las expectativas sobre las pensiones públicas también condicionan las decisiones de ahorro. El 30% de los participantes considera que los gobiernos podrán asumir el coste de las pensiones cuando llegue el momento de su jubilación, pese a las dificultades presupuestarias y los elevados niveles de deuda que afrontan numerosos Estados. Esta confianza es especialmente significativa en países como España, Italia y Francia. En paralelo, más de la mitad de los encuestados cree que podrá conservar su nivel de vida una vez jubilado. En España, esa proporción alcanza el 60%. Estos datos reflejan la confianza existente entre una parte relevante de los hogares en que las prestaciones públicas permitirán mantener unos ingresos suficientes durante la jubilación. JP Morgan AM plantea como una de las posibles vías para reforzar el ahorro a largo plazo la extensión de los sistemas de pensiones de empleo mediante fórmulas de adscripción automática, acompañada de una mejora de la educación financiera. En este último caso, la gestora señala que se trata de un proceso cuyos resultados solo pueden materializarse de forma gradual. La encuesta muestra además diferencias generacionales en las preferencias de inversión. Entre los menores de 35 años, los criptoactivos han adquirido una presencia destacada: un 10% de los participantes de este grupo de edad señala que las criptomonedas constituyen su principal producto de inversión.

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us

CONTACT GAF