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(Expansión, 29-01-2026) | Fiscal

Hacienda ofrece a CEOE compensar fiscalmente hasta el 100% del alza del SMI a las empresas que aumenten empleo

Hacienda permitirá a las empresas compensar fiscalmente hasta el 100% del incremento del salario mínimo interprofesional siempre que aumenten su plantilla. Esta es la pieza central de la propuesta adelantada por EXPANSIÓN con la que el Gobierno pretende atraer a la patronal a un acuerdo sobre la subida del SMI para este año. Según fuentes conocedoras del planteamiento, el Ejecutivo trasladó este miércoles la iniciativa a sindicatos y organizaciones empresariales, con la intención de alcanzar en la reunión prevista para mañana el primer acuerdo tripartito sobre el salario mínimo desde 2020. La propuesta contempla que las empresas puedan aplicar una reducción en la base imponible del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal, siempre que la plantilla media al cierre del año -con salarios por encima del SMI- sea superior a la registrada al inicio del mismo periodo. En el caso de las empresas con menos de 100 trabajadores, el incentivo fiscal exigirá la contratación de al menos un empleado a jornada completa durante un año. Para aquellas con 100 o más trabajadores, será necesario incrementar la plantilla en al menos un 1%, con un mínimo de dos nuevos empleados a tiempo completo. El porcentaje de deducción dependerá del aumento del empleo. Si la plantilla crece un 5%, la empresa podrá deducirse el 25% del coste bruto derivado de la subida del SMI. Si el incremento alcanza el 10%, la compensación será del 50%. En caso de que el aumento llegue al 15%, la deducción ascenderá al 75%, y alcanzará el 100% cuando se supere ese umbral. Para acceder a esta rebaja fiscal, las empresas deberán acreditar que los gastos de personal representan al menos el 70% del total de los gastos de explotación reflejados en la cuenta de resultados. Además, la aplicación de la deducción no podrá dar lugar a una base imponible negativa. El beneficio fiscal estará condicionado a que la empresa mantenga o incremente su plantilla media al cierre del ejercicio y a que conserve el empleo generado durante un mínimo de dos años posteriores. A diferencia de lo que se planteó inicialmente, la medida no se limitará a sectores concretos, sino que podrá acogerse a ella cualquier empresa que cumpla los requisitos establecidos. Aunque la iniciativa está pensada principalmente para el Impuesto sobre Sociedades, fuentes próximas al proceso indican que también se extenderá a los autónomos que tributan por el sistema de estimación directa, alrededor de 300.000 empleadores. Quedarán fuera, en cambio, quienes tributan por módulos, unos 200.000 autónomos. La propuesta fue remitida este miércoles a CEOE, Cepyme, CCOO y UGT con el objetivo de facilitar un acuerdo que respalde la subida del salario mínimo. El Gobierno prevé aprobar el incremento incluso si no logra el respaldo empresarial, aunque advierte de que la compensación fiscal solo se aplicará si las organizaciones patronales avalan el acuerdo. La medida se debatirá en la reunión tripartita prevista para mañana. En cualquier caso, el Ejecutivo aprobará un aumento del SMI del 3,1%, hasta los 17.094 euros brutos anuales, equivalentes a 1.221 euros al mes en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

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(Expansión, 29-01-2026) | Fiscal

El castigo fiscal a la plusvalía municipal vigente desde el 1 de enero ha decaído tras la derogación del decreto ómnibus

Giro inesperado en la fiscalidad inmobiliaria. El rechazo del Parlamento al decreto ómnibus impulsado por el Gobierno ha desencadenado una cadena de efectos que afecta de lleno a la plusvalía municipal. Al quedar sin efecto la norma, también se anulan los nuevos coeficientes previstos para 2026, lo que implica un retorno automático a las reglas vigentes antes del 1 de enero. Para miles de propietarios esto supone un alivio fiscal imprevisto, mientras que para otros se esfuma la posibilidad de vender con una carga tributaria más ventajosa. La derogación frena el intento del Ministerio de Hacienda de adaptar el impuesto a la "realidad del mercado", una reforma que desde comienzos de año penalizaba especialmente las operaciones de compraventa de inmuebles adquiridos en los últimos 15 años. Aunque el endurecimiento fiscal solo ha estado en vigor durante dos meses, su eliminación devuelve el escenario a los coeficientes de 2025, alterando de nuevo la planificación de muchos vendedores. La marcha atrás resulta especialmente beneficiosa para quienes compraron vivienda entre 2014 y 2018. Estos propietarios evitan, por ahora, el fuerte incremento fiscal previsto. El ejemplo más claro se da en los inmuebles con nueve años de antigüedad: mantener el coeficiente actual del 0,15 en lugar del 0,21 inicialmente previsto supone un ahorro del 40% en la base imponible. También se evitan subidas del 33% para ventas con diez años de tenencia y del 21% en el caso de ocho años. No obstante, los expertos advierten de que esta situación podría ser transitoria, ya que el Gobierno previsiblemente intentará sacar adelante la reforma por otras vías. El reverso de la moneda afecta a los propietarios de viviendas con mayor antigüedad. La derogación elimina los incentivos diseñados para premiar la tenencia prolongada. Quienes planeaban vender inmuebles con más de 20 años pierden la rebaja del 12,5% que contemplaba el nuevo decreto y vuelven al coeficiente máximo del 0,40. Para este colectivo, vender ahora resulta menos atractivo fiscalmente que bajo el marco que estuvo vigente desde enero. Ante este retorno al punto de partida, la estrategia de venta cambia por completo. Según explica Ricardo García-Borregón, socio de Ashurst, la incertidumbre ya no reside en si la norma saldrá adelante, sino en cuándo volverá a intentarlo el Ejecutivo. Para los propietarios que se libran de la subida -aquellos con periodos de generación entre 8 y 15 años-, el momento de actuar es ahora. "Al no haberse convalidado el real decreto, vuelven a aplicarse los coeficientes anteriores, lo que reduce notablemente el coste fiscal de la transmisión frente a lo que pretendía el Gobierno", señala el experto. Su recomendación es clara: aprovechar el marco actual y cerrar la operación antes de que se apruebe una nueva regulación. En cambio, quienes poseen inmuebles muy antiguos pueden permitirse esperar. Al desaparecer la rebaja prevista, la urgencia se diluye. "En estos casos, donde se iba a aplicar una reducción de coeficientes, puede ser aconsejable aguardar a que el Gobierno intente reintroducir la medida en una futura ley", apunta García-Borregón. Cabe recordar que el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ha sufrido una profunda transformación en los últimos años. El punto de inflexión se produjo a finales de 2021, cuando el Tribunal Constitucional anuló el sistema de cálculo anterior al considerar que presumía incrementos de valor inexistentes. Aquella sentencia obligó al Ejecutivo a reformar el impuesto de urgencia para evitar un vacío legal en la financiación municipal, dando lugar al modelo actual, ahora nuevamente en revisión.

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(Expansión, 29-01-2026) | Laboral

Caos en las empresas por las nóminas tras el bloqueo de la subida de cotizaciones de 2026

La anulación del decreto ómnibus que contemplaba la revalorización de las pensiones, el llamado escudo social y un amplio conjunto de medidas fiscales ha generado un clima de incertidumbre entre las empresas. Se trata de una situación ya vivida el año pasado, pero que vuelve a repetirse justo cuando comienza la elaboración de las nóminas de febrero. El problema principal radica en que, con la derogación del texto, también han quedado sin efecto las subidas de cotizaciones previstas para 2026, lo que ha sembrado dudas sobre qué parámetros deben aplicarse en las nóminas del próximo mes, algunas de las cuales se confeccionan a comienzos de febrero. Además del incremento del 2,7% de las pensiones contributivas, el decreto incluía tres aumentos en las cotizaciones: la elevación del mecanismo de equidad intergeneracional hasta el 0,9%, el incremento de la base máxima de cotización en un 3,9% -hasta los 5.101,2 euros mensuales (61.214 euros anuales)- y la subida de la denominada cuota de solidaridad, que pasaría a situarse entre el 1,15% y el 1,45% para los salarios que superan la base máxima. Expertos, juristas, empresarios y sindicatos consultados por EXPANSIÓN coinciden en señalar el escenario de inseguridad jurídica generado. Asimismo, instan al Gobierno a aprobar de forma urgente un nuevo decreto que incluya exclusivamente las medidas de Seguridad Social, con el fin de superar el trámite parlamentario y aclarar cuanto antes la situación, especialmente para los departamentos de recursos humanos y las gestorías. Así lo subraya el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, quien considera fundamental que el problema se resuelva antes del 15 de febrero, fecha en la que se comienzan a tramitar la mayoría de las nóminas. "Ya ocurrió el año pasado y se ha vuelto a crear un desorden. Las dificultades para aplicar las cotizaciones no las provoca la derogación del decreto por parte de la oposición, sino la actuación del Gobierno", afirma Amor. En la misma línea se expresa Alfredo Aspra, abogado laboralista y socio de Labormatters Abogados, quien señala que la no convalidación del real decreto "es un nuevo ejemplo de la debilidad del sistema normativo", y lamenta que, tratándose de cuestiones tan relevantes, se repita una situación similar por segundo año consecutivo. "La inseguridad jurídica que genera esta forma de legislar es máxima", advierte. Por su parte, Eva Hernández, socia responsable del área laboral en Escalona & De Fuentes Abogados, destaca que las empresas quedan atrapadas en un escenario de incertidumbre que puede obligar a realizar ajustes posteriores, a la espera de que se aprueben definitivamente las medidas. Si la situación no se resuelve a tiempo, podría darse el caso de que, mientras las nóminas de enero se abonaron conforme a los nuevos criterios, las de febrero tuvieran que elaborarse con los parámetros de 2025: un mecanismo de equidad del 0,8%, una base máxima de cotización de 4.909,50 euros mensuales y una cuota de solidaridad de entre el 0,92% y el 1,17%. Otra posibilidad es que las nuevas cotizaciones de 2026 se aprueben justo en el momento de confeccionar las nóminas, lo que obligaría a muchas gestorías y departamentos de recursos humanos a rehacer el trabajo. "Las empresas necesitan certidumbre, no improvisaciones. En materia de cotizaciones, cada día de retraso tiene un coste", advierte Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos. Recuerda además que esta situación ya se produjo el año pasado. "Los gestores estamos preparados y volveremos a sacarlo adelante, pero supone un problema innecesario. Cambiar las reglas o dejarlas en el aire cuando las nóminas ya están en marcha genera confusión, inseguridad y costes que no deberían asumir ni empresas ni trabajadores", señala. En la misma línea, Carlos Pardo, director general de SD Worx en España, apunta que "la derogación del decreto vuelve a generar inseguridad jurídica en un momento clave para la gestión de nóminas". A finales de enero, muchas empresas ya están cerrando las nóminas de febrero, y este cambio les obliga a revisar cálculos y volver a aplicar los criterios de 2025. Desde el punto de vista de la gestión laboral, añade, estos cambios normativos de última hora incrementan el riesgo de errores, obligan a posteriores regularizaciones y aumentan la carga administrativa. "La estabilidad y la previsibilidad normativa son esenciales para garantizar una gestión eficiente y segura tanto para las empresas como para los trabajadores", concluye.

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(El País, 29-01-2026) | Laboral

El Gobierno pone en marcha la jornada de 35 horas para los empleados públicos del Estado

El Ministerio de Función Pública ha informado este miércoles a los sindicatos firmantes del Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI -CC OO y UGT- de que ha iniciado el proceso para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE). Con esta medida se pretende dar cumplimiento a lo pactado en dicho acuerdo, cuya vigencia finalizó el pasado 31 de diciembre, según han señalado fuentes del departamento que encabeza Óscar López. Algunas fuentes apuntan a que la aplicación de la nueva jornada podría concretarse durante el primer trimestre del año, aunque advierten de que la complejidad del proceso podría retrasar los plazos. Para avanzar en esta dirección, la Secretaría de Estado de Función Pública tiene previsto elaborar nuevas instrucciones sobre horarios y jornada laboral del personal de la Administración General del Estado y de sus organismos dependientes, en las que se recogerá la reducción del tiempo de trabajo a 35 horas semanales. De acuerdo con el último Boletín Estadístico de personal de las Administraciones Públicas, esta medida afectaría a cerca de 250.000 empleados públicos. Asimismo, Función Pública convocará los próximos 10 y 11 de febrero a la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente, con el objetivo de informar a los subsecretarios y responsables de personal de los distintos ministerios sobre el cambio previsto. Posteriormente, la propuesta será elevada a la Mesa General de la Administración del Estado, donde deberá negociarse con las organizaciones sindicales, según han indicado fuentes gubernamentales. Desde UGT consideran posible que la nueva jornada esté en vigor en marzo, e incluso a finales de febrero, aunque recuerdan que antes debe celebrarse la correspondiente negociación en la Comisión Técnica Permanente de la AGE y en la Mesa General, tal y como se acordó el pasado mes de diciembre. La semana pasada, representantes del Gobierno mantuvieron una reunión con los responsables sindicales de función pública de CC OO y UGT para abordar los asuntos pendientes del Acuerdo Marco. Tras el encuentro, los sindicatos denunciaron que el Ejecutivo había planteado la posibilidad de supeditar la implantación de la jornada de 35 horas a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, cuya viabilidad es actualmente incierta. A su juicio, esta opción supondría un incumplimiento de lo pactado.

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(El País, 29-01-2026) | Laboral

Las comunidades abonan el alza salarial pendiente de 2025 a los funcionarios

La gran mayoría de las comunidades autónomas ya han abonado en las nóminas de enero los atrasos correspondientes a la subida salarial del 2,5% aprobada para 2025, que no se pagó en su momento al haberse acordado en diciembre con efectos retroactivos. Además, salvo en el caso de Cataluña, las autonomías también han aplicado ya el incremento retributivo del 1,5% previsto para 2026, según ha confirmado a EL PAÍS la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). De este modo, más de tres millones de empleados públicos han recibido ya las cantidades pendientes del pasado ejercicio. La combinación de ambos conceptos -los atrasos de 2025 y la subida correspondiente a 2026- ha supuesto que los trabajadores públicos inicien el año con un aumento acumulado del 4% en sus nóminas. Según cálculos de CSIF, este incremento se traduce en una mejora salarial que oscila entre 60 y 100 euros netos al mes en 14 pagas, en función de cada caso. Durante todo el año pasado, los empleados públicos no percibieron ningún aumento salarial, ya que el anterior acuerdo retributivo expiró el 31 de diciembre de 2024 y el nuevo pacto no se cerró hasta finales de 2025. Este acuerdo, denominado Acuerdo para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, fue firmado por CC OO, UGT y CSIF junto al Ministerio de Función Pública. En él se estableció una subida del 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, así como un incremento fijo del 1,5% para 2026 y otro variable del 0,5% condicionado a que la inflación de este año alcance o supere el 1,5%. De cumplirse esta última condición, se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos sobre todo 2026. Para los ejercicios siguientes, el acuerdo contempla una subida del 4,5% en 2027 y otro 2% en 2028. Tras cerrarse el acuerdo en noviembre, el Gobierno aprobó un real decreto ley con medidas urgentes en materia retributiva, que se publicó en el BOE el 3 de diciembre. En él se establecía que el sector público estatal debía abonar los atrasos correspondientes a 2025 en la nómina de diciembre, algo que comenzó a cumplirse a partir del día 18 de ese mes. Sin embargo, el decreto permitía a las comunidades autónomas y a las entidades locales distribuir estos pagos entre 2026, 2027 y 2028, o bien adelantarlos a diciembre de 2025. Aun así, la mayoría de las autonomías optaron por no demorar el abono. De hecho, ocho de ellas -Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y Murcia- pagaron los atrasos ya en las nóminas de diciembre. El resto de comunidades completaron el pago en enero: Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y Cataluña. Asimismo, todas han aplicado el incremento salarial fijo del 1,5% correspondiente a 2026, excepto Cataluña, donde este aumento se abonará a partir de febrero con carácter retroactivo. En el ámbito local, la situación es más desigual debido al elevado número de ayuntamientos. Según CSIF, la mayoría de los consistorios de capitales de provincia y diputaciones ya han abonado los atrasos. No obstante, existen excepciones: en Cataluña se pagarán en febrero; en algunas entidades de Castilla y León se prevé hacerlo entre febrero y marzo; y en otros casos, como algunos ayuntamientos de Cantabria, el pago se extenderá a lo largo del primer semestre del año. Incluso se ha detectado algún caso extremo, como el del Ayuntamiento de Chiva (Valencia), que no prevé abonar estas cantidades hasta 2028.

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(El País, 29-01-2026) | Laboral

España alcanza un nuevo récord de empleo extranjero con 3,58 millones de trabajadores, el 16% del total

En España trabajan actualmente 22,46 millones de personas, la cifra más alta registrada hasta ahora. Dentro de ese total, el número de trabajadores extranjeros también ha alcanzado un máximo histórico. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, publicada este martes, hay 3,58 millones de ocupados de nacionalidad extranjera, lo que supone 258.000 más que un año antes. Este incremento representa un crecimiento del 7,8% interanual, muy superior al aumento del empleo entre los trabajadores españoles, que fue del 2% (342.000 personas más). Esta evolución ha ido elevando progresivamente el peso de los extranjeros en el mercado laboral español. Si hace dos décadas representaban el 10,4% del total, ahora suponen el 15,9%. Si se incluyen también quienes poseen doble nacionalidad, el porcentaje asciende al 21,4%, lo que significa que más de uno de cada cinco ocupados cuenta con al menos un pasaporte distinto al español. La publicación de estos datos coincidió con el anuncio del Consejo de Ministros del inicio del proceso para regularizar a miles de inmigrantes en situación irregular. Según Funcas, alrededor de 800.000 extranjeros viven sin documentación en España, mientras que las organizaciones que apoyan la medida calculan que beneficiará a cerca de medio millón de personas. Desde el Ministerio de Migraciones señalan que no disponen aún de una estimación concreta sobre cuántos trabajadores se verán afectados ni cuántos de ellos están ya empleados. Esa cifra de medio millón coincide aproximadamente con la diferencia entre el número de ocupados extranjeros que refleja la EPA y los afiliados a la Seguridad Social, que en diciembre eran 3,08 millones. La EPA incluye tanto el empleo formal como el informal, mientras que la Seguridad Social solo contabiliza a quienes cotizan legalmente. Por ello, muchos trabajadores en situación irregular aparecen en la encuesta del INE pero no en los registros administrativos. Según explica Luis Zarapuz, coordinador del Gabinete Económico Confederal de CC OO, la regularización apenas alterará los datos de la EPA. Los expertos recuerdan que estas estadísticas no son completamente comparables. La afiliación mide puestos de trabajo, no personas, por lo que alguien con dos empleos figura dos veces, mientras que en la EPA cuenta como un solo ocupado. Aun así, Zarapuz señala que la regularización podría provocar un aumento puntual de afiliaciones en los próximos meses. El volumen de trabajadores extranjeros registrado en el último trimestre de 2025 -3,58 millones- es el más elevado desde que existen datos, en 2002, cuando había 1,16 millones. Durante el auge inmobiliario la cifra creció hasta los 2,86 millones en 2008, para después caer con la crisis económica hasta 1,77 millones en 2014. A partir de entonces, el empleo extranjero volvió a crecer de forma sostenida: superó los dos millones en 2016, rozó los 2,5 millones antes de la pandemia y, tras un breve retroceso, retomó una senda ascendente muy marcada. Solo en 2025 se sumaron 258.000 trabajadores extranjeros, que representaron el 43% del empleo creado ese año. Paralelamente, también ha aumentado con fuerza el número de trabajadores con doble nacionalidad, en su mayoría latinoamericanos. En 2019 eran 713.000 y actualmente superan los 1,22 millones, aunque su crecimiento se ha moderado en el último año tras haber sido clave en ejercicios anteriores. La EPA muestra además diferencias claras en el perfil laboral. Entre los trabajadores extranjeros hay más hombres (1,97 millones) que mujeres (1,6 millones), y su edad media es menor: el 30% tiene 34 años o menos, frente al 24% de los españoles. En cuanto al nivel educativo, el 52% de los ocupados nacionales posee estudios superiores, porcentaje que desciende al 28% entre los extranjeros. Por procedencia, 1,48 millones de los trabajadores extranjeros vienen de América Latina, 987.000 de países de la Unión Europea, 257.000 del resto de Europa y 851.000 de otras regiones del mundo. Los datos de la Seguridad Social, que detallan la nacionalidad, sitúan a Marruecos como el principal país de origen, con 373.436 afiliados, seguido de Rumanía (336.530), Colombia (250.248) y Venezuela (215.735). Precisamente los venezolanos fueron el colectivo que más creció en 2025, con más de 40.000 nuevos afiliados.

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(El Economista, 29-01-2026) | Laboral

El tiempo efectivo de trabajo se desploma pese al récord de ocupados

En 2025, los trabajadores en España registraron una media semanal de 679,4 millones de horas trabajadas, el nivel más alto desde 2008. Sin embargo, este dato debe interpretarse con cautela, ya que en ese mismo periodo el número de ocupados aumentó en cerca de dos millones de personas, hasta alcanzar un récord de 22 millones. Como consecuencia, la media de horas efectivas por trabajador descendió de 33,2 a 30,5 semanales, el registro más bajo de la serie histórica si se excluye el año 2020. Esta evolución plantea interrogantes relevantes sobre la productividad y el potencial de crecimiento de la economía española, en un contexto en el que el absentismo parece tener un peso mayor que los cambios en la organización del trabajo. La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cierre del año refleja máximos históricos de ocupación y una tasa de paro inferior al 10% por primera vez en 17 años. No obstante, el volumen de horas realmente trabajadas no ha crecido al mismo ritmo que el empleo. Conviene diferenciar este fenómeno del debate sobre la reducción de la jornada laboral, ya que el indicador de horas efectivas incluye tanto a asalariados como a autónomos, con independencia de que trabajen a tiempo completo o parcial. Aun así, los datos resultan llamativos. Durante 2020 y 2021, años marcados por la pandemia, se alcanzaron los mínimos de horas trabajadas y de tiempo efectivo por trabajador, con una media de 29 horas semanales. El impacto de los ERTE fue determinante, ya que muchos trabajadores computaban como ocupados aunque no prestaran servicios. Lo sorprendente es que, tras la recuperación económica y el fuerte crecimiento del empleo, esta tendencia no se haya revertido: el volumen total de horas aumentó por el mayor número de ocupados, pero el promedio por trabajador se mantuvo por debajo de los niveles previos a la crisis sanitaria y ha seguido descendiendo desde entonces. Cuando el empleo crece más rápido que las horas trabajadas, pueden darse varias explicaciones. Una de ellas es que el nuevo empleo se concentre en sectores de mayor valor añadido, donde la productividad no depende tanto del tiempo trabajado. Algunos análisis apuntan a un cambio de modelo en esta dirección, favorecido en parte por el aumento de la contratación indefinida tras la reforma laboral. Sin embargo, también existe la posibilidad de que esta aparente mejora de la productividad sea engañosa y difícil de sostener a medio plazo. De hecho, gran parte del mercado laboral español sigue apoyándose en sectores intensivos en mano de obra, como la hostelería, el comercio, la logística o la construcción. En ellos se observa una creciente desconexión entre oferta y demanda de trabajadores, con un aumento de las vacantes pese a contar con más de 2,4 millones de desempleados. Esto ha llevado a algunos analistas a sostener que en España no se está creando empleo neto, sino redistribuyéndolo. Las empresas señalan como uno de los principales problemas el aumento de las bajas por incapacidad temporal, que se han convertido en la principal causa de ausencia laboral tras las vacaciones. Otros factores señalados son el empleo a tiempo parcial o el auge de figuras como los fijos discontinuos, aunque su impacto es más limitado. De hecho, el empleo a tiempo parcial representa actualmente el 13,75% del total, una proporción inferior a la existente antes de la reforma laboral, cuyo principal efecto ha sido el incremento de los contratos indefinidos a jornada completa. La caída de las horas trabajadas respecto a 2008 se observa en todos los colectivos, aunque con distinta intensidad tras la pandemia. Entre los autónomos se aprecia una ligera recuperación que parece haberse estabilizado en 2025, mientras que entre los asalariados del sector privado la debilidad es más acusada. El dato más negativo corresponde al empleo público, donde el tiempo efectivo de trabajo ha caído hasta las 27,8 horas semanales, el mínimo histórico, incluso por debajo de los niveles registrados durante la pandemia. Surge entonces la cuestión clave: ¿trabajan menos los españoles o ha caído la productividad? Para responder, es importante analizar cuántos ocupados trabajaron realmente durante la semana de referencia de la EPA. En 2025, solo el 88,2% del total de ocupados lo hizo, el segundo dato más bajo de la serie tras el 84,5% de 2020 y muy lejos del 91,4% registrado en 2009. Este matiz es fundamental, ya que si se calcula la media de horas solo entre quienes efectivamente trabajaron, el resultado es de 34,6 horas semanales, un nivel más estable y coherente con otras referencias, como los convenios colectivos. El problema, por tanto, no es tanto que se trabajen menos horas, sino que hay menos personas trabajando de forma efectiva. La ruptura se produce tras la pandemia, cuando la evolución de ocupados y horas trabajadas deja de ir en paralelo. Este fenómeno coincide con el aumento de las bajas médicas, que algunos expertos relacionan con el envejecimiento de la población activa. Aunque se trata de trabajadores cualificados, su encaje en sectores intensivos en mano de obra resulta más complejo. A ello se suma un sistema de gestión de las bajas médicas saturado, que prolonga innecesariamente los periodos de inactividad. Ante este escenario, organismos como el Banco de España han advertido ya en 2025 del riesgo que supone esta dinámica para el crecimiento económico, al generar una productividad laboral inferior a la que cabría esperar a la vista del aumento del empleo.

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(El Economista, 29-01-2026) | Laboral

Trabajo recuerda que los contratos vinculados al SMI están blindados a la última referencia pese a decaer la prórroga de 2025 con el decreto ómnibus

El Ministerio de Trabajo y Economía Social recordó este miércoles que la anulación parlamentaria de la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025 -derivada del rechazo al decreto ómnibus del Gobierno- no tiene efectos sobre los contratos ya en vigor. Estos no pueden ver reducida su retribución ni perder como referencia el salario actual, ni tampoco afecta a los nuevos contratos, que deberán regirse igualmente por el último SMI aprobado, fijado en 1.184 euros. Así lo recoge el criterio interpretativo publicado por el Ministerio, en el que se aclara el alcance de la derogación sobre los trabajadores que perciben el salario mínimo. El documento establece dos principios fundamentales: por un lado, que la desaparición de la prórroga no altera los salarios ya pactados, al considerarse "contractualizados"; y por otro, que las nuevas contrataciones no pueden fijarse por debajo del salario mínimo vigente en 2025. Desde el departamento que dirige Yolanda Díaz recuerdan además que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social vela por el cumplimiento de la normativa laboral y por la protección de los derechos de las personas trabajadoras. Paralelamente, el Ministerio continúa negociando la actualización del SMI para 2026, que contempla una subida del 3,1%, equivalente a 37 euros mensuales. La previsión es que este jueves, en lo que podría ser la última reunión de la mesa de diálogo social, se intente cerrar un acuerdo con sindicatos y organizaciones empresariales. Para facilitar el consenso, el Gobierno ha puesto sobre la mesa incentivos fiscales dirigidos a las empresas, aunque el apoyo de la patronal no se produce desde 2020. Trabajo también ha recordado que, una vez aprobado, el nuevo salario mínimo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. Esta situación no es nueva. Hace justo un año se produjo un escenario similar, cuando la falta de apoyos parlamentarios impidió aprobar la prórroga del SMI de 2024. En aquel momento, el Ministerio publicó un criterio interpretativo para evitar que se aplicaran salarios inferiores al último SMI vigente, entonces fijado en 1.184 euros, siguiendo las mismas directrices que ahora se han vuelto a aplicar.

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(Cinco Días, 29-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump asegura que no le preocupa la caída del dólar: “Va muy bien, miren los negocios que estamos haciendo”

En los últimos días, los analistas han empezado a mostrar inquietud por la pérdida de valor del dólar. La divisa estadounidense ha sufrido una intensa venta por parte de los inversores, lo que la ha llevado a situarse en su nivel más bajo de los últimos cuatro años. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resta importancia a este movimiento, pese a las posibles consecuencias para la mayor economía del mundo. "Fíjense en el valor del dólar. Fíjense en el negocio que estamos haciendo. El dólar está muy bien", declaró en un acto en Des Moines, capital de Iowa, donde defendió la buena marcha de la economía. Sus palabras contribuyeron a acelerar las ventas y profundizar la caída de la moneda, que ya se cambia a 1,20 dólares por euro, encareciendo las importaciones para EE UU y abaratándolas para Europa. El dólar se ha depreciado un 1,3% frente a otras divisas relevantes, alcanzando su nivel más bajo desde marzo de 2022 y acumulando un descenso del 2,6% desde comienzos de 2026, según datos de Bloomberg. Entre los factores que explican esta caída figuran la imprevisibilidad de la política exterior estadounidense -como el intento de anexionarse Groenlandia contra la voluntad de sus aliados-, la respuesta unitaria de la Unión Europea, el elevado endeudamiento público, el descontrol del déficit y las tensiones en torno al yen japonés, que podrían forzar una intervención coordinada de los bancos centrales para evitar mayores desequilibrios. A ello se suma la incertidumbre generada por la política comercial de Trump, que ha vuelto a amenazar con imponer aranceles a socios estratégicos -esta semana advirtió de tasas del 100% a Canadá si estrecha lazos comerciales con China-, así como la falta de claridad sobre su política fiscal, marcada por la denominada Ley Grande y Bonita, que introduce fuertes rebajas impositivas para las empresas. Todo ello ha llevado a muchos inversores a reducir su exposición al dólar, favoreciendo a monedas como el euro, que ronda los 1,20 dólares, o la libra esterlina, que ha alcanzado los 1,38 dólares. En paralelo, el yen se ha debilitado hasta las 153 unidades por dólar, mientras que el oro se mantiene cerca de máximos históricos, aproximándose a los 5.100 dólares por onza. Según Paul Donovan, analista de UBS, se especula con una posible intervención coordinada para sostener el yen, al tiempo que el deterioro de la posición internacional de Estados Unidos y ciertos acontecimientos internos están erosionando algunos de los pilares que sustentan el papel del dólar como moneda de reserva global. Otro factor clave detrás de la debilidad del billete verde es la preocupación por la presión de la Casa Blanca sobre la Reserva Federal. Desde su regreso al poder, Trump ha intensificado sus ataques contra el presidente del banco central, Jerome Powell, instándole a bajar los tipos de interés con mayor contundencia o a abandonar el cargo. El mercado teme que una pérdida de independencia de la Fed acabe derivando en tensiones inflacionarias a medio plazo. "Los ataques renovados contra la autonomía de la Reserva Federal están pesando sobre el dólar", señala Thomas Hempell, analista de Generali AM. A ello se suma, añade, la creciente desconfianza hacia Estados Unidos como socio geopolítico, alimentada por episodios como la amenaza de anexionar Groenlandia. Aunque el dólar sigue estando caro en términos reales, una nueva bajada de tipos por parte de la Fed podría reducir aún más el atractivo de los activos estadounidenses. La caída del dólar resulta especialmente llamativa porque se ha producido a pesar del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y de la expectativa de que la Reserva Federal pause pronto los recortes de tipos, factores que tradicionalmente habrían apoyado a la moneda. Pese a este contexto, Trump se muestra despreocupado. Desde hace tiempo defiende la conveniencia de un dólar más débil para impulsar las exportaciones y mejorar la competitividad de la industria estadounidense, además de contribuir a reducir el déficit comercial. Incluso ha llegado a sugerir que podría influir directamente en su cotización: "Podría hacer que subiera o bajara como un yoyó". El presidente volvió a cargar contra países como China y Japón, a los que acusa de manipular sus monedas para ganar ventaja comercial. "Siempre querían devaluar el yen o el yuan. Eso dificulta competir", afirmó, añadiendo que, pese a todo, Estados Unidos había mantenido históricamente un dólar fuerte. Desde una perspectiva más estructural, Enguerrand Artaz, estratega de La Financière de l'Échiquier, recuerda que desde mediados de los años noventa la deuda estadounidense se convirtió en el principal activo de reserva mundial, desplazando al oro. Este cambio se vio favorecido, en parte, por la reducción de las reservas de oro de los bancos centrales europeos con la llegada del euro. Sin embargo, señala Artaz, gran parte de esa deuda está hoy en manos de inversores extranjeros, especialmente de China y Japón, mientras que el oro ha vuelto a ganar protagonismo, alcanzando máximos históricos cercanos a los 5.000 dólares por onza. "Si se tienen en cuenta todos los factores, el dólar sigue siendo el principal activo de reserva mundial, aunque el oro pueda disputarle ese papel", concluye. No obstante, advierte de que el mercado de deuda estadounidense podría convertirse en un nuevo foco de tensiones geopolíticas, lo que daría aún más protagonismo al metal precioso en el sistema financiero internacional.

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(Cinco Días, 29-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La FED mantiene los tipos sin cambios en el 3,5%

La Reserva Federal ha comenzado el año optando por una pausa en la bajada de los tipos de interés, en una decisión que contrasta con los deseos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El banco central mantiene el precio del dinero en el rango comprendido entre el 3,5% y el 3,75%. Se trata de la primera vez que la Fed frena el ciclo de recortes iniciado en 2025, después de haber aplicado tres bajadas consecutivas entre septiembre y diciembre de ese año. Con esta decisión, la autoridad monetaria deja los tipos sin cambios tras haberlos reducido desde niveles superiores al 4,25%. En un contexto normal, este movimiento debería haber servido de apoyo al dólar, al enfriar las expectativas de nuevas rebajas a corto plazo. Sin embargo, la moneda estadounidense continúa en mínimos de cuatro años frente a otras divisas, como el euro, y bajo una presión que no se disipa pese a la pausa en la política de relajación monetaria. Pesan más otros factores, como los rumores de una posible intervención coordinada en el mercado dólar-yen, las tensiones geopolíticas derivadas de la política exterior de Estados Unidos y, sobre todo, las reiteradas presiones de la Casa Blanca sobre la Reserva Federal, que ponen en cuestión su independencia. Todo ello tiene más impacto sobre el billete verde que la decisión, ampliamente esperada, de mantener los tipos sin cambios. En diciembre, la Fed culminó un ciclo de tres recortes de 25 puntos básicos que situaron el tipo de referencia en el 3,5%, su nivel más bajo desde septiembre de 2022. En aquel momento, el presidente del organismo, Jerome Powell, ya dejó entrever que el margen para seguir bajando tipos era limitado, al acercarse la política monetaria a una posición considerada "neutral". Esto abría la puerta a un periodo prolongado de espera, condicionado por la evolución de los datos macroeconómicos. La reunión de enero se interpreta precisamente como el inicio de esa fase de pausa. Actualmente, el consenso del mercado solo contempla entre una y dos bajadas adicionales a lo largo de 2026, frente a las tres que se anticipaban hace unos meses. Wall Street no espera el próximo recorte antes del verano. Entonces, ¿por qué continúa la debilidad del dólar? Según Chris Iggo, director de inversiones de AXA IM (BNP Paribas), existen riesgos que van más allá de la geopolítica: "El deterioro de la posición fiscal de Estados Unidos, la posible injerencia política en la política monetaria y la reacción de los inversores globales ante la incertidumbre podrían reducir el peso del dólar en las carteras internacionales". A ello se suma el enfrentamiento abierto entre el presidente estadounidense y Jerome Powell. Las críticas reiteradas de Trump al máximo responsable de la Fed alimentan las dudas sobre la independencia del banco central, especialmente ante la posibilidad de que el mandatario intente forzar su salida antes de que finalice su mandato, previsto para mayo. De producirse, el impacto negativo sobre el dólar podría intensificarse. Antes de esa fecha, aún quedan dos reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto: una a mediados de marzo y otra a finales de abril. El mercado confía en que Powell mantenga su hoja de ruta y resista las presiones políticas para acelerar los recortes, que Trump defiende como vía para estimular la economía y abaratar el coste de financiación de la elevada deuda pública estadounidense. Precisamente, el volumen de endeudamiento juega también en contra del dólar. En el tercer trimestre de 2025, el Tesoro colocó un récord de 1,06 billones de dólares en deuda neta negociable, y para el primer trimestre de 2026 prevé nuevas emisiones por valor de 578.000 millones, según datos oficiales. Mientras tanto, la Casa Blanca parece cómoda con este escenario. La debilidad del dólar se ha intensificado en los últimos días, coincidiendo con declaraciones del propio Trump en las que celebraba abiertamente la depreciación de la moneda: "Me parece fantástico", llegó a afirmar.

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