(Expansión, 14-05-2026) | Laboral

La patronal carga contra Yolanda Díaz por poner en riesgo a las pymes con las subidas del SMI

Cepyme alerta de que el deterioro del diálogo social impulsado por el Ministerio de Trabajo, junto al aumento de los costes laborales y la creciente carga regulatoria, está poniendo contra las cuerdas a las pequeñas y medianas empresas españolas. La patronal considera que las medidas aprobadas por el Gobierno en los últimos años están reduciendo de forma notable los márgenes de las pymes y dificultando su viabilidad. Estas compañías, que representan el 99% del tejido empresarial español, afrontan importantes dificultades para adaptarse a las nuevas exigencias normativas por carecer, en muchos casos, de estructuras suficientes para asumir rápidamente los cambios regulatorios. A esta situación se suma, según la organización, el incremento de los costes de producción y especialmente de los laborales, impulsados principalmente por las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional promovidas por el Ministerio de Trabajo. Cepyme advierte de que esta combinación de factores está generando un escenario especialmente delicado para miles de pequeños negocios. Ante este contexto, la patronal presidida por Ángela de Miguel reclama al Ejecutivo mayor moderación tanto en la aprobación de nuevas obligaciones administrativas como en el incremento de costes laborales. En un comunicado difundido este miércoles, la organización carga especialmente contra el departamento que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al que acusa de haber deteriorado el diálogo social y de adoptar decisiones unilaterales sin evaluar adecuadamente sus consecuencias sobre las empresas. En los últimos meses, tanto Cepyme como CEOE han abandonado distintas mesas de negociación al considerar que el Ministerio de Trabajo ya daba por cerrados determinados acuerdos antes de escuchar las propuestas empresariales. Entre los principales desacuerdos figuran las negociaciones sobre la reducción de jornada, la reforma del despido o los cambios en la normativa de prevención de riesgos laborales. La patronal de las pymes sostiene que la situación de estas empresas se ha agravado por la pérdida de calidad del diálogo social y denuncia que el Gobierno está dejando de lado a las organizaciones empresariales en cuestiones clave. A su juicio, esta dinámica refleja un desconocimiento de la realidad de las pequeñas empresas y supone un riesgo creciente para el tejido productivo español. Cepyme también advierte de que las pymes afrontan problemas estructurales que amenazan tanto su competitividad como su continuidad. Entre ellos destaca el exceso de burocracia y la sobrerregulación, que generan elevados costes administrativos y restan tiempo y recursos, especialmente en el caso de las microempresas, que carecen de departamentos especializados. Asimismo, la organización critica que muchas de las medidas laborales aprobadas no tienen en cuenta las circunstancias reales de las empresas, lo que provoca una creciente desconexión entre la legislación y la actividad económica cotidiana. La patronal señala además que la elevada presión fiscal, el encarecimiento de los costes laborales y operativos, las dificultades para avanzar en digitalización, la incertidumbre regulatoria y la falta de seguridad jurídica están configurando un escenario especialmente complejo para las pequeñas empresas. En su opinión, si esta tendencia continúa podrían multiplicarse los cierres de negocios, agravarse la despoblación y aumentar los desequilibrios territoriales. Por ello, Cepyme reclama un diálogo social "real y transparente" que incorpore las necesidades específicas de las pymes y evite decisiones unilaterales que puedan perjudicar la inversión, la competitividad y la estabilidad económica. La organización también pide medidas adaptadas al tamaño de las empresas, incentivos fiscales y apoyo específico para acelerar los procesos de digitalización.

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(El País, 14-05-2026) | Laboral

Los expertos advierten que la sentencia del Supremo sobre los trabajadores públicos temporales disparará las demandas

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público, conocida este martes, no parece que vaya a poner fin al intenso debate judicial que ya acumula alrededor de 40.000 reclamaciones en distintas instancias. Al contrario, expertos del ámbito jurídico, académico y sindical consideran que el fallo provocará un aumento de la litigiosidad entre los trabajadores de administraciones y organismos públicos, ante la ausencia de una reforma legislativa que aporte una solución definitiva. Aunque los especialistas coinciden en que la resolución del Supremo está sólidamente argumentada, también advierten de que deja numerosas cuestiones abiertas que seguirán resolviéndose en los tribunales. El responsable del área de Empleo Público del despacho Vento Abogados & Asesores, Pablo Guntiñas, explica que el criterio fijado por el Supremo no es completamente nuevo, ya que el tribunal ya se había pronunciado en una línea similar en 2021. Sin embargo, considera que esta nueva resolución supone un cambio relevante que podría traducirse en un incremento significativo de demandas relacionadas con la fijeza laboral. El fallo responde al conocido como "caso Obadal", relativo a una trabajadora de la Comunidad de Madrid que acumuló contratos temporales durante siete años, entre 2016 y 2023. La empleada había superado parte del proceso selectivo, pero no consiguió plaza debido a que el número de aprobados superaba las vacantes disponibles, lo que provocó que continuara vinculada a la Administración mediante contratos temporales. Según explica Guntiñas, la trabajadora únicamente aprobó la fase eliminatoria de oposición, pero no logró superar la valoración de méritos. Aun así, el Supremo considera suficiente haber superado esa parte del proceso para reconocer la transformación de su relación laboral en fija. A juicio del abogado, esta interpretación puede animar a otros empleados públicos temporales a reclamar la fijeza simplemente por haber superado alguna fase selectiva. La propia sentencia incluye además un voto particular del magistrado Rafael Antonio López Parada que va incluso más lejos y plantea la posibilidad de extender este criterio a procedimientos basados exclusivamente en concursos de méritos, aunque esa posición no representa la opinión mayoritaria de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La resolución también introduce novedades relevantes en materia de indemnizaciones por abuso de temporalidad. Además de reconocer la posible conversión en trabajadores fijos del personal laboral afectado -en este caso, la empleada ya tenía reconocida la condición de indefinida no fija- el tribunal contempla la posibilidad de que estos trabajadores puedan recibir una doble compensación económica. Por un lado, prevé una indemnización vinculada a la extinción de la relación laboral, similar a la que perciben los trabajadores despedidos en el sector privado. Por otro, abre la puerta a reclamar una compensación adicional por daños y perjuicios derivados del abuso de la contratación temporal. Para calcular esta segunda indemnización, el Supremo sugiere utilizar criterios similares a los contemplados en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, fijando como referencia cantidades mínimas que podrían alcanzar los 10.000 euros. Los expertos creen que este nuevo escenario incrementará también las reclamaciones económicas. Según Guntiñas, la sentencia obligará a los abogados a reforzar la argumentación de las demandas para acreditar los perjuicios concretos sufridos por los trabajadores y aspirar así a indemnizaciones superiores. Además, recuerda que incluso quienes ya hayan obtenido plaza fija podrían reclamar compensaciones si anteriormente padecieron situaciones de abuso de temporalidad. También las demandas ya presentadas podrán modificarse para incorporar los nuevos criterios establecidos por el Supremo. El catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón, considera igualmente que esta sentencia no supone un punto final, sino el inicio de una nueva etapa judicial en la materia. A su juicio, todavía quedan numerosos aspectos pendientes que seguirán resolviéndose caso por caso en los tribunales. No obstante, Cruz Villalón sostiene que la solución definitiva no puede depender únicamente de los jueces, sino de una reforma legal impulsada por el Gobierno. Entre las posibles medidas, menciona la necesidad de establecer responsabilidades personales y patrimoniales para los funcionarios que permitan abusos en la temporalidad, agilizar los procesos selectivos para evitar retrasos de varios años y reservar plazas específicas para atender necesidades temporales o coyunturales dentro de las administraciones públicas.

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(El País, 14-05-2026) | Laboral

Trabajo recurrirá la sentencia del Supremo que limita el acceso de los inspectores a miles de empresas

El Tribunal Supremo emitió el pasado 14 de abril una sentencia con importantes consecuencias para la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El fallo establece que los inspectores necesitarán autorización judicial para acceder a un centro de trabajo cuando este coincida con el domicilio social de una empresa. En la práctica, esta decisión afecta especialmente a numerosas pymes donde la sede social y el lugar de actividad comparten ubicación. El Ministerio de Trabajo considera que esta interpretación limita la capacidad de actuación de la Inspección y, por ello, ha solicitado a la Abogacía del Estado que presente recurso contra la sentencia, según adelantó eldiario.es y han confirmado fuentes del departamento dirigido por Yolanda Díaz a EL PAÍS. Mientras espera el resultado del recurso, Trabajo asegura que la Inspección continúa desarrollando su labor con normalidad y garantizando el respeto a los derechos de los trabajadores. El ministerio explica además que, tras conocerse el fallo, se trasladaron nuevas directrices internas destinadas a reforzar la seguridad jurídica de los inspectores durante sus actuaciones. Desde el departamento subrayan que los inspectores siguen teniendo acceso a cualquier centro de trabajo, salvo en el caso de domicilios de personas físicas y, tras esta sentencia, también en determinados espacios pertenecientes a personas jurídicas considerados constitucionalmente protegidos. Según la interpretación del ministerio, esta limitación no afecta a todas las instalaciones de la empresa, sino únicamente a zonas reservadas donde se realizan tareas de dirección, se toman decisiones estratégicas o se conserva documentación sensible. En aquellos casos en los que la Inspección necesite acceder a esos espacios, Trabajo señala que será necesario obtener el consentimiento del titular o representante de la empresa. Si este se negara, los inspectores tendrían que solicitar autorización judicial para entrar en áreas no abiertas al público vinculadas a funciones directivas o de custodia documental. El ministerio recuerda además que impedir injustificadamente el acceso de la Inspección puede constituir una obstrucción sancionable conforme a la legislación vigente. La resolución del Supremo ha provocado malestar entre los representantes de los inspectores. El Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) advirtió en un comunicado de que exigir autorización judicial previa dificultará las inspecciones sorpresa en miles de empresas y puede perjudicar la rapidez y eficacia de las actuaciones inspectoras. El sindicato considera además que equiparar el domicilio social de una empresa al domicilio particular altera el equilibrio existente entre la protección de derechos fundamentales y las facultades de control de la Inspección de Trabajo.

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(Cinco Días, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La AIE advierte que las reservas de petróleo se reducen a un ritmo récord y prevé un pico de precios antes del verano

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado este martes su informe mensual sobre el mercado petrolero correspondiente a abril y el diagnóstico vuelve a ser extremadamente preocupante. La guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz provocaron entre marzo y abril una pérdida acumulada de suministro superior a los mil millones de barriles procedentes de los productores del Golfo, lo que equivale a unos 14 millones de barriles diarios, en un mercado mundial que ronda los 100 millones diarios de producción. Se trata de una crisis de abastecimiento sin precedentes recientes, aunque el mercado global está tratando de amortiguar el impacto mediante dos mecanismos: un aumento acelerado de la producción en otros países exportadores y una reducción del consumo derivada del fuerte encarecimiento del petróleo y sus derivados. El alza de precios está destruyendo demanda y obligando a consumidores y empresas a reducir su consumo energético, lo que ayuda parcialmente a contener el desequilibrio entre oferta y demanda. La situación refleja una adaptación forzada a un conflicto que se acerca ya a su tercer mes y que ha alterado profundamente las cadenas globales de suministro energético. A pesar del incremento de producción fuera del Golfo y de la moderación del consumo observados en abril, la AIE advierte de que el déficit de suministro persistirá al menos hasta el último trimestre del año, incluso bajo el supuesto de que los flujos energéticos comiencen a normalizarse progresivamente a partir del tercer trimestre. La agencia lanza además una advertencia inmediata sobre la evolución de los precios. Según el organismo, las reservas mundiales de petróleo se están reduciendo a un ritmo récord, por lo que es probable que la volatilidad del mercado aumente aún más antes del pico de demanda del verano. En otras palabras, si el estrecho de Ormuz continúa bloqueado durante las próximas semanas, el petróleo y los combustibles derivados podrían seguir encareciéndose. El informe señala que el suministro mundial de crudo cayó en abril otros 1,8 millones de barriles diarios, situándose en 95,1 millones. Desde febrero, la pérdida acumulada asciende ya a 12,8 millones de barriles diarios, debido principalmente al desplome de la producción y exportación en el Golfo Pérsico, parcialmente compensado por otros productores internacionales. La AIE calcula que, incluso suponiendo una recuperación gradual de los flujos desde junio, la producción media mundial de petróleo durante 2026 será 3,9 millones de barriles diarios inferior a la de 2025, hasta situarse en torno a los 102,2 millones de barriles diarios. Dentro de este escenario de escasez, el momento más delicado podría producirse en la segunda mitad del año si no se alcanza una rápida reapertura del estrecho de Ormuz. La agencia sostiene que el mercado seguirá soportando un fuerte déficit de oferta al menos hasta finales del tercer trimestre de 2026, incluso contemplando como escenario base un final relativamente próximo del conflicto. Otro de los elementos de preocupación es el rápido agotamiento de las reservas estratégicas, cuya liberación ha sido esencial para evitar problemas mayores de abastecimiento y contener la escalada del crudo. La AIE considera insuficiente tanto el esfuerzo de producción adicional realizado por países ajenos al Golfo como la reducción del consumo observada en numerosos mercados para compensar completamente el déficit generado por la guerra. Los datos muestran una caída muy significativa de las reservas globales de petróleo. En marzo descendieron en 129 millones de barriles y en abril en otros 117 millones. El desplome ha sido especialmente intenso en los países de la OCDE, donde las reservas cayeron en abril en 146 millones de barriles, mientras que en los países no pertenecientes a la organización la reducción fue mucho más moderada. En total, incluyendo el petróleo almacenado en buques, las existencias mundiales se redujeron en unos 250 millones de barriles entre marzo y abril. Ante esta situación, la AIE impulsó en marzo la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas de su historia, con 400 millones de barriles. Hasta comienzos de mayo ya se habían liberado 164 millones y está previsto que otros 210 millones salgan al mercado antes de finales de julio. El informe también destaca la capacidad de algunos productores para reorganizar las rutas de exportación. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han conseguido redirigir parte de sus ventas hacia terminales situadas fuera del estrecho de Ormuz, mientras que otros países productores han incrementado notablemente su bombeo. Estados Unidos ha sido uno de los principales protagonistas de esta respuesta. La AIE ha revisado al alza las previsiones de crecimiento de la oferta procedente de América para 2026 en más de 600.000 barriles diarios desde comienzos de año, hasta alcanzar un incremento medio de 1,5 millones diarios. También han aumentado significativamente sus exportaciones Brasil, Canadá, Kazajistán y Venezuela. El incremento de las exportaciones desde la cuenca atlántica hacia Asia, principalmente a través del canal de Suez, ha crecido en unos 3,5 millones de barriles diarios desde febrero, contribuyendo a reducir parcialmente el desequilibrio del mercado. Además del aumento de la producción, la AIE subraya que el ajuste de la demanda está siendo un factor clave para contener la escalada de precios. La agencia prevé ahora que la demanda mundial de petróleo se reduzca en 2,4 millones de barriles diarios interanuales durante el segundo trimestre de 2026 y cierre el conjunto del año con una caída media de 420.000 barriles diarios, una previsión mucho más débil que la estimada antes del conflicto. El encarecimiento de la energía, el deterioro económico global y las medidas de ahorro energético están afectando de forma creciente al consumo. El mayor retroceso se registrará precisamente durante este segundo trimestre, cuando la demanda podría disminuir en torno a 2,45 millones de barriles diarios. Por el momento, la destrucción de demanda se aprecia especialmente en sectores como el petroquímico, donde la escasez de materias primas empieza a ser muy acusada, y en la aviación. Según la AIE, la actividad aérea continúa muy por debajo de los niveles habituales, lo que ha ayudado a moderar parcialmente la presión sobre el precio del combustible para aviones, que llegó casi a triplicarse tras la interrupción de las exportaciones energéticas desde Oriente Próximo.

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(Cinco Días, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV refuerza el mensaje contra el uso de información privilegiada

La sanción impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores al exfutbolista Gerard Piqué y al empresario José Elías por operar en Bolsa con información privilegiada ha vuelto a situar en el centro del debate la transparencia en los mercados y la importancia de la educación financiera. Pocos días después de hacerse pública la resolución, Finanzas Para Todos -el programa impulsado por la CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Economía- ha difundido material divulgativo para explicar qué se entiende por información privilegiada, por qué está prohibida y cuáles son sus consecuencias para el mercado y los inversores. La plataforma recuerda que este tipo de información hace referencia a datos relevantes sobre una empresa o activo financiero que todavía no han sido comunicados públicamente y que, de conocerse, podrían alterar el precio de las acciones. Utilizar esos datos para comprar o vender títulos antes de que el resto de participantes tenga acceso a ellos vulnera el principio básico de igualdad informativa sobre el que se sustentan los mercados financieros. La publicación coincide con la repercusión generada por las multas impuestas por la CNMV a Piqué, sancionado con 200.000 euros, y a José Elías, castigado con 100.000 euros. Según el supervisor bursátil, Elías informó al exjugador de que Atrys Health mantenía conversaciones para lanzar una opa sobre Aspy Global Services. Tras conocer esa información, Piqué adquirió más de 104.000 acciones de Aspy por unos 240.000 euros. Dos días más tarde, la operación se comunicó oficialmente al mercado y los títulos se revalorizaron. Una semana después, el exfutbolista vendió las acciones obteniendo una plusvalía cercana al 22% y unas ganancias de alrededor de 50.000 euros. Desde Finanzas Para Todos recuerdan que la confianza es uno de los pilares esenciales del sistema financiero y que prácticas como el uso de información privilegiada generan ventajas injustas y dañan la igualdad entre inversores. La normativa no limita este tipo de infracciones únicamente a directivos o empleados de empresas cotizadas. También pueden verse implicados asesores, abogados, periodistas, familiares o cualquier persona que tenga acceso a información sensible y la utilice para beneficiarse económicamente, ya sea de forma directa o indirecta. La iniciativa educativa insiste además en la necesidad de diferenciar entre el análisis financiero legítimo y el uso ilegal de información reservada. Analizar balances, estudiar empresas o seguir la actualidad económica forma parte de la actividad habitual de cualquier inversor. Lo ilícito aparece cuando se emplea información relevante aún no pública para operar con ventaja sobre el resto del mercado. En los últimos años, la CNMV ha intensificado el control sobre posibles abusos de mercado, especialmente en operaciones corporativas y movimientos sospechosos previos a anuncios relevantes. Según los datos más recientes del organismo, durante 2025 se recibieron más de 200 alertas relacionadas con posibles operaciones irregulares comunicadas por entidades financieras y otros operadores obligados a informar. La legislación española prevé sanciones especialmente duras para este tipo de conductas. Además de multas elevadas, pueden imponerse inhabilitaciones e incluso penas de prisión en los casos más graves, especialmente cuando el beneficio económico obtenido o el daño causado al mercado alcanza una dimensión relevante.

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(Expansión, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Senado aprueba el nombramiento de Kevin Warsh como presidente de la Fed

Kevin Warsh ha sido confirmado oficialmente este jueves como nuevo presidente de la Reserva Federal después de lograr el apoyo mayoritario del Senado, último paso necesario para asumir la dirección del banco central de Estados Unidos a partir del próximo 15 de mayo. Un total de 54 senadores respaldaron su nombramiento al frente de la Fed, mientras que 45 votaron en contra de su designación. Warsh relevará en el cargo a Jerome Powell el 15 de mayo. No obstante, Powell continuará como gobernador de la institución durante un periodo todavía indefinido, aunque su mandato no podrá extenderse más allá de enero de 2028, fecha en la que concluye oficialmente su etapa dentro del organismo. El relevo añade más tensión al proceso de transición en la Reserva Federal. Powell ha advertido recientemente de que la presión ejercida por Donald Trump sobre el banco central pone en riesgo la independencia de la institución y ha dejado entrever que no abandonará definitivamente la Fed hasta que se aclaren todas las dudas en torno a la investigación penal promovida por el presidente estadounidense contra él. Aunque la causa judicial ha sido archivada, el procedimiento administrativo sigue abierto. La llegada de Warsh coincide además con un momento especialmente complejo para la economía estadounidense. Trump llevaba meses reclamando fuertes bajadas de tipos de interés para impulsar la actividad y reducir los costes de financiación, pero el conflicto con Irán ha modificado por completo el escenario económico. El encarecimiento de la energía ha reactivado las presiones inflacionistas y ha reducido considerablemente las opciones de que la Fed pueda recortar tipos en el corto plazo. De hecho, los inversores prácticamente descartan ya una bajada de tipos durante 2026 y empiezan incluso a valorar posibles incrementos en 2027 si la inflación vuelve a intensificarse. Aunque ningún dirigente de la Reserva Federal ha defendido públicamente nuevas subidas, varios miembros del organismo sí han reconocido que esa posibilidad ya no puede descartarse. Todo ello sitúa a Warsh en una posición delicada desde el inicio de su mandato. Durante su comparecencia ante el Senado, los demócratas intentaron retratarlo como un candidato alineado con las exigencias de Trump, algo que el exejecutivo de Wall Street negó en repetidas ocasiones. Sin embargo, las propias declaraciones del presidente estadounidense han limitado su margen de actuación, ya que Trump había asegurado públicamente que solo elegiría a un presidente de la Fed partidario de reducir los tipos de interés. Antes de asumir oficialmente el cargo, Warsh se ha comprometido a desprenderse de buena parte de los más de 130 millones de dólares en activos financieros que posee. Una vez completadas esas operaciones, tomará posesión formal de la presidencia de la Reserva Federal. Su candidatura ya había superado hace dos semanas un paso decisivo al recibir el visto bueno del comité bancario del Senado. Los 13 representantes republicanos apoyaron su nombramiento, mientras que los 11 demócratas votaron en contra. Desde entonces, ha ido superando el resto del proceso parlamentario, aunque sin alcanzar el amplio consenso político que tradicionalmente suele acompañar la elección del presidente de la Fed.

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(Expansión, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) alcanza un acuerdo con España y tendrá una oficina permanente

Paso histórico para el arbitraje español. La Corte Permanente de Arbitraje (CPA), considerada la institución arbitral en funcionamiento más antigua del mundo, prepara su desembarco en España. El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes la firma y aplicación provisional de un acuerdo entre el Estado español y la CPA que permitirá la apertura de una oficina permanente en Madrid, según ha podido saber EXPANSIÓN y ha confirmado la propia organización. La CPA, creada en 1899 y con sede en La Haya (Países Bajos), está considerada una de las entidades de arbitraje más reconocidas a nivel internacional. Su cuartel general se encuentra en el Palacio de la Paz, edificio emblemático de la ciudad neerlandesa que también alberga el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Además de su sede principal en La Haya, la institución dispone actualmente de oficinas en Buenos Aires, Hanói, Mauricio, Singapur y Viena con el objetivo de acercar sus servicios a distintas regiones del mundo. Ahora, la CPA ha elegido Madrid para ampliar su presencia internacional, facilitar el acceso a sus mecanismos de resolución de conflictos, reforzar el multilateralismo y potenciar el uso del español en el ámbito jurídico global. La apertura de estas delegaciones se articula mediante los llamados acuerdos de sede, a través de los cuales el país anfitrión y la CPA fijan el marco jurídico que permite desarrollar procedimientos arbitrales en ese territorio bajo determinadas garantías. Estos pactos aseguran, entre otras cuestiones, que árbitros, mediadores, conciliadores y personal de la institución puedan ejercer sus funciones en condiciones similares a las existentes en Países Bajos. Los acuerdos también regulan los privilegios e inmunidades reconocidos a los participantes en los procedimientos administrados por la CPA. Entre ellos figura la protección frente a acciones judiciales derivadas de manifestaciones orales o escritas realizadas durante los procesos arbitrales, siempre bajo ciertas condiciones. Como país anfitrión, España asumirá el compromiso de proporcionar las infraestructuras y servicios necesarios para la celebración de procedimientos gestionados por la institución, incluyendo salas para audiencias. El acuerdo prevé además la creación de una oficina estable de la CPA en territorio español, cuya ubicación concreta se definirá una vez concluyan las negociaciones con el Ejecutivo. La llegada de la Corte Permanente de Arbitraje culmina un proyecto impulsado desde hace años por el Club Español e Iberoamericano del Arbitraje (CEIA). La organización llevaba más de cinco años trabajando para atraer la institución a España y ha colaborado estrechamente con la Dirección General del Español en el Mundo, dirigida por Mónica Colomer de Selva e integrada en la Secretaría de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo.

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(Expansión, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El pago en comercios con Bizum arrancará finalmente el 1 de junio

Los bancos mantienen el 18 de mayo como fecha oficial para el inicio del despliegue de Bizum Pay, aunque el servicio no podrá utilizarse de forma generalizada hasta dos semanas más tarde. La razón es que la aplicación necesaria para operar estará disponible tanto en iOS como en Android a partir del 1 de junio, según indican fuentes financieras. La conocida plataforma de pagos impulsada por la banca permitirá así a sus cerca de 30 millones de usuarios pagar sus compras directamente desde el móvil en comercios y grandes superficies, un segmento donde se concentra el mayor volumen de negocio frente a las transferencias entre particulares. El funcionamiento será similar al de sistemas como Apple Pay o Google Pay. Los usuarios podrán realizar pagos contactless acercando el teléfono al terminal de cobro mediante tecnología NFC y sin necesidad de introducir PIN, manteniendo elevados estándares de seguridad. La primera fase del lanzamiento arrancará el 18 de mayo y solo incluirá a aquellas entidades que ya tienen adaptados sus sistemas tecnológicos, entre ellas CaixaBank, BBVA y varias cajas rurales. No obstante, para utilizar el servicio será necesario descargar la aplicación Bizum Pay, cuyo lanzamiento en las tiendas digitales de Apple y Google no llegará hasta el 1 de junio, según explican fuentes del sector. Hasta entonces, únicamente podrán operar los clientes de bancos que hayan integrado Bizum Pay directamente dentro de sus propias aplicaciones móviles. Para los comercios, el nuevo sistema presenta una ventaja importante: el cobro será inmediato, ya que el dinero pasará directamente de la cuenta bancaria del comprador a la del establecimiento mediante transferencia instantánea. Esto supone una diferencia relevante frente a Visa y Mastercard, donde la liquidación suele demorarse en función de las condiciones pactadas entre las entidades y los comercios. A diferencia de las transferencias entre particulares, el uso de Bizum Pay para pagos comerciales sí tendrá coste para los establecimientos. Los bancos cobrarán comisiones por este servicio, aunque fuentes próximas al proyecto aseguran que las tarifas serán inferiores a las aplicadas actualmente por Visa y Mastercard. El sector prevé que las grandes redes internacionales reaccionen reduciendo comisiones, especialmente a grandes clientes, para evitar perder cuota de mercado en un negocio que han dominado durante décadas. Cada entidad bancaria establecerá su propia estrategia comercial y sus precios. Las grandes cadenas de distribución, como Mercadona o El Corte Inglés, previsiblemente accederán a condiciones más ventajosas gracias a su capacidad de negociación, algo que ya sucede actualmente con los contratos de tarjetas tradicionales. Según datos del Banco de España, los pequeños comercios llegan a pagar comisiones entre tres y cuatro veces superiores a las de las grandes empresas por aceptar pagos con tarjeta. En algunos casos, estos costes alcanzan el 1% del importe de la compra. Si los establecimientos consideran competitivas las condiciones y el funcionamiento de Bizum Pay, el uso de tarjetas de crédito y débito podría reducirse de forma significativa. Aun así, parece difícil que los comercios abandonen por completo sistemas como Visa o Mastercard, especialmente en zonas turísticas donde los visitantes extranjeros continúan utilizando mayoritariamente tarjetas internacionales. Bizum Pay funcionará además como una cartera digital o wallet en la que podrán incorporarse entradas, tarjetas de fidelización y otros servicios adicionales. Otra de sus ventajas es que podrá procesar operaciones incluso cuando falle la conexión a Internet, un elemento diferencial respecto a las redes internacionales de tarjetas.

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(El Periódico, 14-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se modera al 3,2% en abril por el abaratamiento de la factura de la luz y el gas

El Índice de Precios de Consumo (IPC) moderó su avance en abril y se situó en el 3,2% interanual, dos décimas menos que en marzo, gracias principalmente al descenso del precio de la electricidad, que compensó parcialmente el encarecimiento de los carburantes. Así lo ha confirmado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). En términos mensuales, los precios aumentaron un 0,4%. La inflación se desacelera así tras el fuerte repunte registrado en marzo, cuando el IPC llegó a subir más de un punto debido al encarecimiento de los combustibles provocado por el estallido del conflicto en Oriente Medio. Durante abril, la caída de los precios de la electricidad y del gas natural ayudó a contener la inflación. Ambas partidas registraron descensos interanuales del 4,3% y del 9,6%, respectivamente, lo que permitió amortiguar la presión alcista derivada del aumento del precio de los carburantes, todavía afectados por la tensión internacional ligada a la guerra en Irán. Por su parte, la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos por ser los componentes más volátiles- se redujo una décima, hasta el 2,8%. Mientras, el IPC armonizado (IPCA), utilizado como referencia para las comparaciones internacionales en la Unión Europea, aumentó una décima y alcanzó el 3,5%. El Gobierno calcula que las medidas incluidas en el Plan de Respuesta al conflicto bélico han contribuido a reducir la inflación de abril en casi un punto porcentual. En una valoración oficial del dato, el Ministerio de Economía atribuye la moderación del IPC principalmente al denominado "escudo renovable" y al paquete de medidas activado por el Ejecutivo para hacer frente al impacto energético de la guerra. El departamento dirigido por Carlos Cuerpo destaca que tanto la electricidad como el gas natural mantienen tasas interanuales negativas, lo que, según el Gobierno, demuestra la capacidad del sistema energético español para absorber perturbaciones externas gracias al desarrollo de las energías renovables y a la apuesta por la soberanía energética. Economía sostiene además que la transición energética está actuando como mecanismo de protección frente al impacto inflacionista derivado del conflicto internacional. Pese a ello, los carburantes continúan registrando fuertes incrementos debido a la persistencia de las tensiones en los mercados internacionales por la guerra en Irán. Según el Ejecutivo, sin las medidas de apoyo aprobadas, la inflación de los combustibles habría alcanzado el 28,9% en abril. El Gobierno asegura que las actuaciones adoptadas han permitido rebajar ese impacto en más de 16 puntos porcentuales. Dado que el incremento anual de los combustibles para vehículos particulares supera el umbral del 15% establecido en el Real Decreto-ley 7/2026, seguirán vigentes hasta el 30 de junio las medidas fiscales extraordinarias sobre carburantes. Entre ellas figuran los tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, el IVA rebajado al 10% para gasolinas, gasóleos y biocarburantes, así como la devolución parcial del gasóleo profesional. En cambio, la caída de los precios de la electricidad y del gas permitirá iniciar desde el 1 de junio la retirada gradual de algunas medidas temporales relacionadas con el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicado a la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña. No obstante, el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica continuará suspendido hasta el 30 de junio. El Ejecutivo mantiene además otras medidas de apoyo sectorial, entre ellas las ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico, que alcanzan el 42,5% para consumidores vulnerables y el 57,5% para los considerados vulnerables severos.

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(Expansión, 13-05-2026) | Fiscal

La Inspección tributaria pone la lupa sobre los neobancos y las plataformas de activos digitales

La Agencia Tributaria (AEAT) se ha marcado para este año una meta prioritaria: acabar con las barreras digitales que aún permiten esconder patrimonio en el extranjero. Según las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero, el organismo prepara un importante despliegue tecnológico en el que la inteligencia artificial y la supervisión de la nueva banca digital tendrán un papel central. El mensaje de Hacienda es claro: la opacidad en el entorno digital tiene los días contados. El control ya no se limita a las cuentas tradicionales en paraísos fiscales, sino que se amplía a neobancos y plataformas de activos digitales, instrumentos que, según el plan, se utilizan cada vez más para ocultar rentas o blanquear capitales bajo una apariencia de anonimato. Entre las principales novedades del plan de 2026 figura la ofensiva contra las cuentas abiertas en entidades financieras digitales y neobancos. La Agencia Tributaria considera que muchos de estos operadores, que actúan mediante licencias de terceros o bajo regímenes de libre prestación de servicios, están sirviendo para esconder patrimonio y rentas fuera de España. Para hacer frente a esta situación, Hacienda se apoyará en la transposición de la directiva europea DAC8, que permitirá acceder de forma automática y detallada a información sobre dinero electrónico y monedas digitales emitidas por bancos centrales. El control será continuo y sistemático: el Fisco prevé disponer mensualmente de datos sobre titularidad de cuentas bancarias, así como un seguimiento exhaustivo de ingresos procedentes de TPV, tarjetas y pagos vinculados a teléfonos móviles. La intención de la Agencia Tributaria es cerrar cualquier posible vía de escape a través de plataformas digitales. Las entidades de pago y de dinero electrónico deberán facilitar información que hasta ahora quedaba en un espacio regulatorio difuso, lo que permitirá cruzar datos en tiempo real y detectar diferencias entre el nivel de gasto de un contribuyente y los ingresos declarados. La vigilancia sobre grandes patrimonios y fiscalidad internacional seguirá siendo otro de los ejes prioritarios. Hacienda endurecerá el control sobre quienes simulan residir fuera de España o en comunidades autónomas con menor carga fiscal para evitar tributar por IRPF o Patrimonio. Para ello, la AEAT recurrirá a herramientas de trazabilidad blockchain y al análisis masivo de datos mediante big data. El objetivo es desmontar estructuras de planificación fiscal agresiva y detectar sociedades instrumentales o pantalla utilizadas para desviar fondos al exterior o sufragar gastos personales con dinero opaco. También se reforzará el control sobre los activos situados fuera de España. Modelos informativos como el 721, destinado a declarar criptoactivos en el extranjero, serán esenciales para alimentar las bases de datos de Hacienda. La intención es que cualquier activo, desde inmuebles de lujo hasta carteras de criptomonedas depositadas en exchanges internacionales, quede plenamente identificado ante la Administración. El plan de control tributario para 2026 se apoya además en la capacidad de análisis de la inteligencia artificial. La Agencia Tributaria consolidará el uso de sistemas de IA para seleccionar deudores y detectar riesgos fiscales. A través del análisis posterior de la información, estos sistemas podrán identificar entramados societarios bajo un mismo control creados para vaciar patrimonios y esquivar deudas tributarias. En materia de blanqueo de capitales, la cooperación internacional se intensificará. Hacienda estrechará su colaboración con organismos como el Sepblac y Europol para seguir de cerca nuevas fórmulas de lavado de dinero que aprovechan la rapidez y alcance global de los neobancos. El control también se extenderá a sectores en expansión como el comercio electrónico y el mercado inmobiliario, considerados especialmente sensibles a la entrada de capitales de origen dudoso. Con estas medidas, España se alinea con las políticas de transparencia impulsadas por la OCDE y la Unión Europea. El nuevo plan de control tributario refleja cómo la tecnología ha dejado de ser un refugio para la opacidad y se ha convertido en una de las principales herramientas de inspección fiscal. Para los contribuyentes con bienes en el extranjero o usuarios habituales de plataformas financieras digitales, el escenario cambia de forma sustancial: Hacienda no solo dispone ya del respaldo legal para reclamar información, sino también de herramientas tecnológicas capaces de anticiparse y detectar irregularidades antes incluso de iniciar una comprobación formal. El cerco sobre los llamados paraísos digitales es cada vez más estrecho.

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