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(El País, 18-05-2026) | Fiscal

El Gobierno estudia nuevas medidas de apoyo por la crisis energética tras acabar con las rebajas fiscales en luz y gas

El Gobierno asume que parte del paquete de ayudas energéticas aprobado en marzo para reducir el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo comenzará a retirarse a partir del 1 de junio. No obstante, el mismo día en que confirmó oficialmente el inicio del desmantelamiento parcial de esas medidas, el Ejecutivo quiso dejar claro que seguirá interviniendo mientras continúe la crisis y garantizó que mantendrá activas las herramientas de apoyo necesarias para familias y empresas durante el tiempo que haga falta. La publicación este jueves del dato definitivo de inflación de abril por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) activa parcialmente la cláusula prevista en el decreto de ayudas y acelera la eliminación de algunas rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y al gas. Aun así, el Gobierno insistió en que la estrategia no termina aquí y avanzó que en las próximas semanas analizará el comportamiento de los precios y negociará con los agentes sociales y los sectores afectados posibles medidas adicionales más allá de junio. El Ejecutivo dispone ahora de unas seis semanas para decidir cómo actuar. El plan diseñado en marzo, valorado en alrededor de 5.000 millones de euros, incluía reducciones del IVA y de impuestos especiales sobre la electricidad, el gas y los carburantes. En principio, estas ayudas debían mantenerse entre abril y junio, aunque el decreto incorporaba una cláusula ligada a la evolución de la inflación que permitía retirarlas antes. Con el IPC confirmado en el 3,2% en abril, el escenario queda dividido: las bonificaciones sobre los carburantes seguirán vigentes, mientras que las aplicadas a la electricidad y al gas natural desaparecerán desde comienzos de junio. A pesar de ello, el Ejecutivo quiere transmitir que el fin parcial de las rebajas fiscales no implica el cierre de la respuesta pública frente a la crisis energética. Fuentes del área económica del Gobierno explican que el decreto de marzo se concibió como un primer escudo temporal y que las próximas decisiones dependerán tanto de la evolución de los precios energéticos como del contexto geopolítico internacional, marcado todavía por una gran incertidumbre. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, reforzó ese mensaje este jueves durante un acto en Málaga. "Mientras siga siendo necesario, seguiremos apoyando", afirmó ante los medios. También señaló que el Gobierno aprovechará las seis semanas que quedan hasta el vencimiento del primer decreto para analizar la situación y estudiar cómo continuar protegiendo a los hogares, empresas y sectores más afectados. Con ese propósito, el Ejecutivo abrirá en los próximos días una ronda de contactos con sindicatos, patronales y representantes de los sectores económicos más expuestos al encarecimiento energético. Las reuniones comenzarán la próxima semana. El Gobierno menciona especialmente a transportistas, agricultores y ganaderos, que todavía se benefician de ayudas directas y bonificaciones aprobadas en marzo hasta finales de junio. El objetivo será evaluar el impacto real de las medidas actuales y valorar qué mecanismos podrían seguir siendo necesarios a partir de julio, cuando expire completamente el decreto. Mientras tanto, la atención se centra en medir cómo afectará a hogares y empresas la retirada de las rebajas fiscales sobre la luz y el gas. Los expertos advierten de que la desaparición de estos descuentos podría traducirse en un encarecimiento inmediato de las facturas, aunque el efecto final dependerá también de la evolución internacional de los mercados energéticos. Rafael Salas, investigador del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), explica que las medidas adoptadas en marzo, junto al peso creciente de las energías renovables, habían logrado contener parte del incremento energético en abril y mayo. Según estimaciones elaboradas con datos del INE, las ayudas redujeron los precios un 8,4% en la electricidad, un 10% en el gas natural, un 16,3% en el gasóleo y un 19% en la gasolina. La retirada de parte de estas bonificaciones podría provocar ahora el efecto contrario. Salas calcula que la eliminación de las rebajas fiscales elevaría los precios de la electricidad cerca de un 9,9% y los del gas natural alrededor de un 11,7%, precisamente los dos suministros que dejarán de beneficiarse de las ayudas desde junio. En los carburantes, donde las bonificaciones siguen vigentes de momento, el impacto potencial sería incluso superior si finalmente también se retiraran: un 9% más en el gasóleo y un 15,1% en la gasolina. El economista precisa, en cualquier caso, que se trata de cálculos orientativos sujetos a cambios constantes según evolucione el mercado y el comportamiento de la inflación. Además de la energía, los analistas alertan de que otros componentes del IPC, como los alimentos, podrían verse afectados si el conflicto se prolonga y las tensiones sobre los fertilizantes acaban trasladándose a los precios finales. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) calcula que, en el escenario actual y suponiendo que las ayudas a los carburantes se mantengan hasta julio, la inflación en España podría superar el 4% en agosto y septiembre, con una media anual del 3,4%. En un contexto más tensionado, con el petróleo en torno a los 115 dólares por barril, el IPC superaría el 4% durante buena parte de la segunda mitad del año y la inflación media alcanzaría el 3,6% en 2026 y el 3,8% en el siguiente ejercicio. Por el contrario, en un escenario más favorable, con el crudo en 65 dólares, la inflación media bajaría al 3,1% este año y al 1,8% en 2027. Precisamente esa evolución será la que el Gobierno seguirá de cerca antes de decidir si prorroga parte de las ayudas o activa nuevas medidas desde el 1 de julio. En el Ejecutivo reconocen que el inicio de la retirada del escudo energético abre una nueva etapa en la que será clave comprobar hasta qué punto el mercado absorbe el fin de las rebajas fiscales sin generar nuevas presiones sobre consumidores y empresas. Por ello, insisten en que las próximas semanas serán determinantes para evaluar la evolución de los precios y decidir si determinados sectores continúan necesitando apoyo extraordinario.

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(El Confidencial, 18-05-2026) | Fiscal

El Gobierno y Junts negocian bonificar a hipotecados y a caseros para salvar la prórroga de alquiler

Las conversaciones para recuperar la prórroga obligatoria de los alquileres siguen abiertas. Aunque el Congreso rechazó el pasado 28 de abril el real decreto que permitía a los inquilinos extender sus contratos de arrendamiento, el Gobierno continúa buscando fórmulas para reactivar esta medida. La clave de cualquier posible acuerdo vuelve a estar en manos de Junts, partido que ya mantuvo contactos con Sumar -principal impulsor de la iniciativa dentro del Ejecutivo- hasta el último momento antes de la votación. Sin embargo, cualquier entendimiento requiere un delicado equilibrio entre tres actores: Junts, Sumar y el PSOE, que controla el Ministerio de Vivienda encabezado por Isabel Rodríguez. Durante los últimos días, las distintas formaciones han intensificado sus mensajes públicos con el objetivo de ganar terreno en el debate sobre vivienda y reforzar sus posiciones ante la opinión pública. Aunque todavía persisten diferencias importantes, las tres partes parecen dispuestas a seguir negociando para encontrar un punto de encuentro. Cada una defiende prioridades distintas: Sumar busca recuperar la prórroga obligatoria de los contratos, una medida que permitiría a unos 2,7 millones de inquilinos mantener el mismo precio del alquiler durante tres años adicionales; Junts apuesta por introducir incentivos fiscales vinculados a las hipotecas; y el PSOE plantea premiar fiscalmente a los propietarios que congelen las rentas y penalizar en el IRPF a quienes las incrementen. Tras semanas de desencuentros, las posiciones parecen empezar a acercarse. El miércoles, en declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), la ministra Isabel Rodríguez aseguró que las propuestas fiscales defendidas por Junts pueden abrir la puerta a un acuerdo parlamentario para abaratar el acceso a la vivienda. Al día siguiente, Junts respondió mostrando disposición a negociar un nuevo decreto siempre que incluya deducciones fiscales ligadas a las hipotecas. Por su parte, Sumar también ha rebajado el tono respecto a este tipo de incentivos y, frente a su rechazo inicial a las ventajas fiscales para propietarios, ahora acepta estudiar un paquete tributario más amplio si eso permite recuperar la prórroga de alquileres. Según fuentes consultadas por El Confidencial, el Ministerio de Vivienda ya ha trasladado a Junts su disposición a explorar fórmulas de bonificación hipotecaria, aunque todavía quedan muchos detalles por concretar. A cambio, el partido catalán, de perfil tradicionalmente conservador, no tendría grandes dificultades para respaldar incentivos fiscales destinados a propietarios que renuncien a subir el alquiler. La formación liderada en el Congreso por Míriam Nogueras registró el pasado 15 de abril una proposición no de ley con medidas urgentes en materia de vivienda y beneficios fiscales ligados a la compra inmobiliaria. Ese documento es ahora la base sobre la que giran las negociaciones. Entre las medidas planteadas figura la creación de una deducción fiscal para quienes adquieran vivienda habitual, así como para los gastos derivados de hipotecas, incluyendo amortización, intereses y otros costes financieros. La propuesta también contempla viviendas destinadas posteriormente al alquiler residencial. Junts plantea una deducción del 15% sobre las cantidades abonadas durante el ejercicio fiscal, con un límite anual de 11.630 euros por contribuyente. El beneficio incluiría tanto el capital amortizado como los intereses, seguros vinculados al préstamo y otros gastos asociados a la financiación. El PSOE ya incorporó en su programa electoral de 2023 una medida similar, aunque más limitada. Los socialistas proponían una cuenta ahorro destinada a la compra de la primera vivienda, pactada con la banca, cuyas aportaciones y rendimientos quedarían exentos de tributación en el IRPF hasta ciertos límites. La idea estaba enfocada a jóvenes menores de 39 años y exclusivamente para primera vivienda, con el objetivo de evitar que este tipo de incentivos terminen alimentando una nueva subida de precios. Ahí aparece una de las principales diferencias entre ambas formaciones. Mientras el PSOE quiere restringir los beneficios fiscales para evitar efectos inflacionistas en el mercado inmobiliario, Junts defiende ampliar las deducciones a particulares con varias hipotecas o a quienes compren viviendas destinadas al alquiler. Las negociaciones deberán centrarse ahora en definir el alcance concreto de las medidas fiscales para evitar que acaben generando el efecto contrario al deseado y presionen todavía más los precios de la vivienda. Además, será necesario convencer al Ministerio de Hacienda sobre el impacto que estas rebajas tendrán en la recaudación pública. En cualquier caso, desde algunos sectores se defiende que los incentivos fiscales a propietarios pueden compensar parcialmente el aumento de ingresos que el Estado ha obtenido en los últimos años gracias al efecto de la inflación sobre la recaudación del IRPF, sin haber ajustado los tramos del impuesto al encarecimiento general de los precios.

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(Expansión, 18-05-2026) | Laboral

El Supremo sostiene que pueden convivir varios convenios en empresas multiservicios

El Tribunal Supremo ha delimitado el alcance del concepto de unidad de empresa, utilizado para decidir qué convenio colectivo debe aplicarse cuando en una misma compañía y centro de trabajo conviven varias actividades. Una reciente sentencia sobre una empresa pública canaria con distintas líneas de negocio y varios convenios colectivos asociados a cada una avala la coexistencia de diferentes marcos laborales dentro de una misma entidad. De este modo, el alto tribunal rechaza la demanda presentada por UGT, que reclamaba que toda la plantilla estuviera sujeta a un único convenio: el XIX Convenio Colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos. Actualmente, la empresa aplica hasta cuatro convenios distintos según el área de actividad: uno para comercio de alimentación en Tenerife y Las Palmas, otro de comercio de alimentación de Madrid para un único trabajador, uno de ingeniería y estudios técnicos para el área de proyectos y otro para el personal de servicios centrales que presta apoyo a ambas ramas. El principal argumento de los trabajadores era que el convenio de ingeniería debía imponerse al resto porque agrupa al mayor número de empleados. En concreto, 134 personas estaban adscritas al área de proyectos e ingeniería, frente a 94 trabajadores vinculados a los convenios de comercio. Sobre esa base, el sindicato sostenía que, al concentrar cerca del 60% de la plantilla, la actividad técnica debía considerarse la principal de la empresa y extender su convenio al conjunto de trabajadores. La demanda también defendía que la existencia de distintos convenios dentro de la misma empresa provocaba diferencias laborales que podían llegar a resultar discriminatorias. Según recoge la resolución, esas divergencias afectaban a aspectos relevantes como la jornada, las vacaciones, las licencias o los permisos. El objetivo de la reclamación era unificar las condiciones laborales aplicando el convenio considerado más favorable -el de ingeniería- a los empleados de comercio y servicios centrales, cuyas condiciones eran menos beneficiosas. Sin embargo, el Supremo da la razón a la empresa al considerar que el criterio determinante no es el número de trabajadores, sino el peso económico y organizativo de cada actividad. La sentencia destaca que la rama comercial -centrada en la recogida, empaquetado y venta de plátanos, tomates y otros productos- genera unos ingresos anuales cercanos a los 12 millones de euros, frente a los 6,4 millones de la actividad de ingeniería e inspecciones, que además presenta pérdidas en determinados ejercicios. Para los magistrados, la actividad comercial es la que sostiene estructuralmente a la compañía. El tribunal también subraya que la actividad de proyectos depende de encargos puntuales de la Administración y de partidas presupuestarias sujetas a intermitencias, lo que le resta estabilidad y continuidad. Esa falta de permanencia impide, según el fallo, que pueda imponerse su convenio al resto de áreas de la empresa. La resolución señala que la actividad principal de una empresa no debe determinarse por su objeto social, sino por la actividad efectiva que resulte predominante desde el punto de vista organizativo, productivo y económico. Además, añade que una actividad puede emplear temporalmente a más trabajadores sin que ello la convierta automáticamente en la principal si su carácter es coyuntural o subordinado. En consecuencia, el Supremo rechaza la pretensión sindical de extender el convenio de ingeniería a toda la plantilla y avala que la empresa pública mantenga distintos convenios según la actividad desarrollada: comercio para el área logística y estable, e ingeniería para los proyectos específicos. La sentencia aporta además mayor seguridad jurídica a las empresas con divisiones de negocio diferenciadas, ya que permite mantener convenios separados siempre que puedan acreditar que determinadas actividades tienen un carácter temporal o menos estable. De esta manera, el fallo frena la idea de que el convenio aplicable deba decidirse únicamente en función del número de empleados adscritos a una actividad. En esta línea, Eva Hernández, socia responsable de Derecho Laboral en Escalona & de Fuentes, recuerda otra sentencia reciente del Tribunal Supremo, dictada el pasado 19 de enero y considerada relevante para el sector servicios. En aquel caso, el tribunal también concluyó que el convenio aplicable debe definirse atendiendo a la actividad económica predominante de la empresa. El conflicto surgió tras la separación de una compañía de su matriz, cuando las trabajadoras reclamaban el convenio de comercio mientras la dirección defendía el de márketing operacional. Con ese criterio, el Supremo vuelve a reforzar la idea de que la realidad económica de la empresa es el elemento clave para determinar el marco laboral aplicable, especialmente en compañías con actividades diversificadas.

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(El País, 18-05-2026) | Laboral

El PNV aboca al estatuto del becario a la derrota parlamentaria al presentar una enmienda a la totalidad del proyecto

El PNV no comparte el contenido del estatuto del becario impulsado por el Ministerio de Trabajo junto a CC OO y UGT y, por ello, presentará una enmienda a la totalidad contra el anteproyecto de ley. Así lo han confirmado fuentes del grupo parlamentario vasco a EL PAÍS. Dado que el Ejecutivo necesita el respaldo de todos sus socios de investidura para aprobar sus iniciativas, la oposición del PNV deja este proyecto en una situación muy complicada. También se prevé que Junts registre otra enmienda a la totalidad. Aunque el partido catalán aún no lo confirma oficialmente, fuentes del diálogo social aseguran que esa es su intención. A esto se suma el rechazo habitual de Vox a las propuestas del Gobierno y la postura del PP de no apoyar medidas laborales que no cuenten con consenso empresarial. Si no cambia el escenario, el estatuto del becario podría acabar igual que la reducción de jornada: acordado con los sindicatos, fuente de tensiones dentro del Ejecutivo y sin apoyos suficientes en el Congreso. Aun así, Trabajo mantiene la confianza en sacar adelante la norma. Fuentes del PNV explican que el texto se ha elaborado desde una perspectiva puramente laboral para personas que todavía están en formación, en una negociación en la que han participado sindicatos y el Ministerio de Trabajo, pero sin incorporar la visión global del ámbito educativo. El partido vasco considera que los estudiantes deben ser tratados como tales y no como trabajadores, y entiende que el principal interés a proteger debe ser el académico. Además, recuerda que se trata de una cuestión relacionada con competencias educativas. Por ello, el PNV confirma que registrará una enmienda a la totalidad al proyecto, cuyo plazo de enmiendas permanece abierto desde el pasado 31 de marzo y ya ha sido prorrogado en siete ocasiones. El actual vence el 20 de mayo, aunque podría volver a ampliarse. Desde el Ministerio de Trabajo aseguran seguir confiando en que el texto será aprobado. Fuentes del departamento de Yolanda Díaz recuerdan que siempre han estado abiertos a negociar con todos los grupos, incluido el PNV, y consideran que la tramitación parlamentaria es precisamente el espacio para alcanzar acuerdos. También recuerdan que los nacionalistas vascos ya presentaron una enmienda similar contra la Ley de Empleo y finalmente esa norma salió adelante tras las negociaciones. Es el mismo mensaje que lanzó el ministerio cuando Junts anunció su rechazo a la reducción de jornada. El estatuto del becario fue pactado entre Trabajo, UGT y CC OO en junio de 2023, poco antes de las elecciones generales. Desde el principio contó con la oposición de las patronales, de los rectores universitarios e incluso de sectores del propio Gobierno. En aquel momento, fuentes de Moncloa y del Ministerio de Economía calificaron el texto de "inmaduro" y señalaron que necesitaba más trabajo técnico. Nunca antes un acuerdo alcanzado por una parte del Ejecutivo con los sindicatos había sido cuestionado públicamente por otra área del Gobierno el mismo día de su presentación. Las diferencias internas, la convocatoria electoral y la prioridad concedida a otras reformas, como la reducción de jornada, retrasaron la tramitación del proyecto y provocaron malestar en los sindicatos. Finalmente, dos años y medio después del acuerdo inicial, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto en noviembre del año pasado prácticamente sin cambios respecto al texto inicialmente cuestionado por el PSOE, que nunca aclaró el motivo de su cambio de posición. La segunda aprobación llegó en marzo, pese a un duro dictamen previo del Consejo Económico y Social, que criticó la falta de datos para evaluar el impacto económico de la norma y la ausencia de medidas de apoyo para las pequeñas y medianas empresas. Entre las principales medidas del estatuto figura la reducción a un máximo de 480 horas de las prácticas extracurriculares por estudiante, la mitad de lo permitido actualmente, al considerarse el ámbito donde más fraude se produce. También plantea sanciones de hasta 225.000 euros para los incumplimientos más graves y obliga a las empresas a asumir gastos derivados de las prácticas, como el transporte. Esta compensación no afectaría a los becarios remunerados, ya que se entiende que el salario ya cubre esos costes. La norma, sin embargo, no contempla la obligatoriedad de pagar a todos los becarios, una reivindicación histórica de sindicatos y partidos de izquierda que finalmente quedó fuera del acuerdo. CC OO ha respondido con dureza a la postura del PNV y acusa al partido de utilizar el argumento del estudiantado como excusa política, ignorando la situación de miles de jóvenes que realizan prácticas fraudulentas cada año. UGT comparte esa crítica y considera que la enmienda supondría un golpe a los derechos de los becarios y un respaldo implícito a un modelo basado en la precariedad juvenil. La posición del PNV supone además un cambio respecto a la reducción de jornada laboral. En aquel caso, los nacionalistas vascos rechazaron las enmiendas a la totalidad y se mostraron dispuestos a negociar, aunque criticaron que no existiera acuerdo con la patronal. Finalmente, aquella reforma de las 37,5 horas semanales cayó en el Congreso por el voto conjunto de PP, Vox y Junts. Aunque tradicionalmente el PNV ha mantenido una relación más cercana con el Gobierno que Junts, en esta ocasión ha expresado antes y de forma más clara su rechazo. Fuentes próximas al diálogo social apuntan además que Junts también registrará una enmienda a la totalidad, aunque el grupo catalán evita confirmarlo hasta que concluya el plazo parlamentario. Las relaciones entre Yolanda Díaz y Junts se deterioraron especialmente durante la negociación de la reducción de jornada. Mientras trataba de lograr el apoyo del partido catalán, la vicepresidenta mantuvo un tono prudente, pero tras confirmarse el rechazo de Junts endureció sus críticas y comenzó a incluir al partido dentro de lo que denominó "las tres derechas", junto al PP y Vox. Las tensiones aumentaron todavía más durante el debate sobre la prórroga de los alquileres, cuando Díaz llegó a calificar a Junts de "racista" y "clasista".

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(El País, 18-05-2026) | Laboral

Las ganancias de los consejeros crecieron en 2025 por encima de salarios y pensiones

Los consejos de administración de las empresas españolas percibieron durante el pasado año más de 5.400 millones de euros, una cifra que representa un incremento cercano al 8% respecto al ejercicio anterior y que constituye el mayor crecimiento entre las principales fuentes de ingresos de los hogares españoles. Así lo reflejan las últimas estadísticas provisionales de la Agencia Tributaria, todavía pendientes de ajustes menores. En 2025, los salarios movieron en España un total de 540.553 millones de euros, con un avance anual del 6,1%. Las pensiones alcanzaron los 204.540 millones, tras crecer un 6,2%, mientras que las rentas procedentes de actividades económicas generaron cerca de 64.500 millones para empresarios y autónomos, un 5% más que el año anterior. Ninguno de estos incrementos, sin embargo, iguala el ritmo de crecimiento registrado por las remuneraciones de los órganos de dirección empresariales. La diferencia resulta aún más evidente al comparar los datos con los de 2019, el último año previo a la pandemia y a las posteriores crisis energéticas. Entonces, las remuneraciones agregadas de los consejeros ascendían a 3.495 millones de euros. Seis años después, esa cifra ha aumentado más de un 54%, frente al crecimiento cercano al 40% experimentado por salarios y pensiones durante el mismo periodo. Si se amplía el análisis a las dos últimas décadas, la retribución conjunta de los consejeros se ha disparado un 246%, muy por encima del avance del 83% de los salarios y del 161% de las pensiones. Las estadísticas fiscales permiten conocer el volumen total de ingresos que recibe cada colectivo y también la renta media de asalariados y pensionistas, aunque no ofrecen datos sobre el salario medio de los consejeros por cuestiones metodológicas. Según estos registros, cada trabajador asalariado percibió en 2025 unos ingresos brutos medios de 31.286 euros, mientras que los pensionistas alcanzaron los 20.266 euros, con subidas anuales del 3,6% y el 4,5%, respectivamente. Ambos incrementos estuvieron ligados principalmente a las revalorizaciones aprobadas para compensar la inflación. Aunque Hacienda no facilita la remuneración media de los altos ejecutivos, otros datos oficiales permiten aproximarse a esa diferencia. Los informes retributivos elaborados con información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores muestran que la alta dirección de las empresas cotizadas cobró el pasado ejercicio más de 862.000 euros por persona, un 11% más que en 2024. Los consejeros, por su parte, percibieron de media más de 543.000 euros, tras una subida del 24,3%. Ambos incrementos superan ampliamente el avance salarial del 6,2% registrado por los empleados de estas mismas compañías, cuya remuneración media rondó los 58.000 euros. El fuerte aumento de las retribuciones de la alta dirección tiene su origen, en buena medida, en el excelente comportamiento de las empresas cotizadas durante el último ejercicio. La subida de la Bolsa española, los beneficios récord y los incentivos ligados a resultados impulsaron notablemente los ingresos de administradores y consejeros. El IBEX 35 cerró 2025 con una revalorización cercana al 50%, la mayor en más de treinta años, impulsado especialmente por el sector financiero. Entre los grandes índices internacionales, solo fue superado por el Kospi surcoreano. La capitalización conjunta de las 35 compañías del selectivo supera ya el billón de euros, con empresas como Inditex, Iberdrola, Banco Santander y BBVA por encima de los 100.000 millones de valoración bursátil. En paralelo, las compañías cotizadas españolas obtuvieron más de 71.000 millones de euros de beneficios en el ejercicio, un 4% más que el año anterior y el nivel más elevado registrado hasta la fecha. La mejora fue generalizada, aunque destacó especialmente el comportamiento de las empresas medianas y pequeñas. Las grandes compañías del mercado lograron cerca de 60.000 millones de beneficios, con un crecimiento del 2,5%, mientras que el resto de cotizadas superaron los 11.000 millones, tras un incremento del 15%. En numerosas empresas, especialmente en las grandes cotizadas, una parte importante de la remuneración de los directivos depende precisamente de esos resultados. Los bonus variables, incentivos ligados a beneficios, paquetes de acciones, indemnizaciones y planes asociados a la evolución bursátil explican buena parte del incremento retributivo. El fuerte avance de las entidades financieras en Bolsa y los beneficios históricos obtenidos durante el ejercicio tuvieron un impacto directo en los salarios de la alta dirección. Las estadísticas fiscales también reflejan las diferencias en tributación entre colectivos. Los consejeros soportaron en 2025 un tipo efectivo de retención del 33,3% en el IRPF, el más elevado de los últimos años y claramente superior al 17,5% aplicado sobre los salarios o al 10,4% correspondiente a las pensiones. No obstante, los tipos medios recogidos por la Agencia Tributaria solo se aplican sobre los rendimientos del trabajo, por lo que quedan fuera otros ingresos vinculados a remuneraciones variables, pagos en especie o bonus. Esto sugiere que una parte significativa de las ganancias obtenidas por los grandes directivos podría tributar a tipos efectivos inferiores a los que reflejan las estadísticas oficiales.

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(El Economista, 18-05-2026) | Laboral

El pluriempleo alcanza su mayor nivel en 20 años impulsado por los autónomos

Desde finales del pasado año, más de 600.000 personas en España compatibilizan su empleo principal con un segundo trabajo al que dedican, de media, unas trece horas semanales para completar ingresos, llegar a final de mes o aumentar su capacidad de ahorro. Se trata del nivel más elevado registrado hasta ahora en términos absolutos y se produce en un contexto de máximos históricos de ocupación, aunque en porcentaje supone volver a cifras similares a las de 2006, en plena burbuja inmobiliaria. Aunque los trabajadores con más de un empleo siguen representando una proporción reducida del mercado laboral -menos del 3% del total-, tras la pandemia el fenómeno ha experimentado un notable crecimiento. El aumento está especialmente impulsado por los autónomos, que recurren a un empleo asalariado para ganar estabilidad económica, participan en nuevos negocios o desarrollan actividades complementarias por cuenta propia. El hecho de alcanzar cifras récord de pluriempleo no implica necesariamente un deterioro automático del mercado laboral, ya que coincide con el mayor volumen de ocupados de la historia. Ese es el argumento que sostienen el Gobierno, los sindicatos y buena parte de los economistas al analizar estos datos. Sin embargo, al observar la evolución de la tasa de pluriempleo, se aprecia que España ha regresado a niveles de hace dos décadas, después de varios años de crecimiento progresivo tras la crisis sanitaria. Uno de los cambios más relevantes es el peso creciente de los autónomos dentro de este colectivo. Mientras que entre los asalariados la tasa de pluriempleo se sitúa en el 2,61%, entre los trabajadores por cuenta propia alcanza el 3,34%, el dato más alto de toda la serie histórica y claramente superior al registrado antes de la Gran Recesión. Las cifras de la Encuesta de Población Activa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística muestran que los autónomos explican buena parte del incremento registrado en los últimos años, coincidiendo además con el aumento de afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos por encima de los tres millones. Desde 2019, la tasa de pluriempleo entre asalariados ha crecido un 16%, mientras que entre los autónomos el avance alcanza el 36%, más del doble. Aun así, la mayoría de personas con más de un empleo siguen siendo asalariados, un grupo que ronda las 500.000 personas a comienzos de 2026. También existe la sospecha de que una parte del trabajo adicional no se refleje completamente en las encuestas oficiales, especialmente cuando se trata de actividades esporádicas. España mantiene una tasa de pluriempleo relativamente baja en comparación con otros países europeos, como Alemania, donde alcanza el 4,3%, o Países Bajos, con un 10,1%. Esto puede deberse a que los segundos empleos en España son más temporales o de menor duración, aunque también podría apuntar a un mayor peso de la economía sumergida respecto a otros países del entorno. En cuanto a la carga laboral, las horas dedicadas al segundo o tercer empleo siguen siendo relativamente reducidas. Desde la pandemia se mantienen por debajo de las quince horas semanales, cuando anteriormente era habitual acercarse a las dieciséis horas durante los meses de verano. Las estadísticas del INE reflejan además un repunte estacional en el tercer trimestre, coincidiendo con el incremento de actividad en el sector servicios y la necesidad de refuerzos temporales. Precisamente, el sector servicios concentra la inmensa mayoría del pluriempleo en España. Nueve de cada diez trabajadores con un segundo empleo lo encuentran en actividades vinculadas a este sector, principal motor de la economía española. Más de 530.000 personas que ya trabajan en servicios cuentan además con otra ocupación adicional, muy por encima de cualquier otro sector económico. La tasa de pluriempleo en servicios alcanza el 3,1%, frente al 1,18% registrado en la construcción, una diferencia que parece relacionada con los niveles salariales y la organización de la jornada laboral. Sin embargo, trabajadores de sectores como la agricultura, la industria o la construcción también recurren al sector servicios para complementar ingresos. Los datos de horas trabajadas en el empleo secundario refuerzan esta tendencia. Las actividades relacionadas con edición, radiodifusión y producción y distribución de contenidos son las que acumulan más tiempo de trabajo adicional, con una media de 20,2 horas semanales, seguidas de las telecomunicaciones, con 17,2 horas. En construcción, pese a que apenas existen unos 50.000 trabajadores con un segundo empleo, la dedicación horaria también es elevada y alcanza las 17,9 horas semanales. La industria manufacturera registra una media similar, de 17,6 horas. Por su parte, la hostelería supera igualmente la media nacional con 14,5 horas, lo que apunta a que muchos de estos trabajos funcionan como refuerzos de fin de semana o apoyos temporales de plantilla.

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(El Economista, 18-05-2026) | Laboral

La ley de transparencia salarial trae nuevas obligaciones de información y sanciones para las empresas

El Gobierno corre el riesgo de no llegar a tiempo para aplicar la nueva normativa europea sobre transparencia salarial. El Ministerio de Trabajo inició el pasado 24 de abril el proceso de consulta pública previa para elaborar la ley que adaptará la legislación española a la directiva comunitaria sobre igualdad retributiva, cuyo plazo máximo de transposición concluye el 5 de junio de 2026. Sin embargo, por el momento todavía no existe un texto articulado ni un calendario definido para su tramitación parlamentaria. La futura regulación incorporará al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2023/970, orientada a reforzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres mediante mayores exigencias de transparencia tanto en los procesos de contratación como en la política retributiva de las empresas. Aun así, la iniciativa se encuentra todavía en una fase muy inicial, lo que complica el cumplimiento de los plazos fijados por Bruselas y aumenta la posibilidad de un nuevo retraso en la adaptación de normativa laboral europea. El objetivo de la Comisión Europea es combatir la opacidad salarial y facilitar la detección de discriminaciones retributivas que, en muchos casos, permanecen ocultas dentro de las organizaciones. La directiva plantea medidas que afectan tanto al acceso al empleo como a la relación laboral y a los sistemas internos de control salarial, con especial atención a las desigualdades de género. Uno de los cambios más relevantes llegará incluso antes de la contratación. Las empresas estarán obligadas a comunicar el rango salarial del puesto antes de realizar la entrevista y no podrán pedir a los candidatos información sobre sus salarios anteriores, una práctica que Bruselas considera que perpetúa diferencias retributivas previas. Esta obligación obligará a las compañías a definir de forma más precisa sus bandas salariales y revisar sus políticas de contratación, especialmente en aquellos sectores donde la negociación individual tiene más peso. El propósito es reducir la desigualdad de información entre empresa y candidato y aumentar la transparencia desde el inicio del proceso de selección. Una vez formalizada la relación laboral, los trabajadores tendrán un acceso mucho más amplio a la información salarial. Podrán conocer tanto su retribución individual como los salarios medios de su categoría profesional diferenciados por sexo. Además, quedarán prohibidas las cláusulas que impidan compartir datos salariales cuando el objetivo sea garantizar la igualdad retributiva. La medida supone un cambio importante respecto a la cultura empresarial tradicional en España, donde el secreto salarial ha sido habitual. La intención de la norma es precisamente acabar con esa falta de transparencia estructural y facilitar la detección de posibles diferencias injustificadas. La directiva también endurece los mecanismos de control sobre la brecha salarial. A partir de junio de 2027, las empresas de mayor tamaño deberán publicar información periódica sobre sus estructuras salariales para permitir identificar y comparar las diferencias retributivas entre hombres y mujeres dentro de una misma organización. Además, se establece un umbral de alerta del 5%. Cuando la diferencia salarial media en una categoría profesional supere ese porcentaje y no pueda justificarse mediante criterios objetivos y neutrales, la empresa estará obligada a realizar una evaluación conjunta con la representación de los trabajadores y a implantar medidas correctoras en un plazo máximo de seis meses. El objetivo es evitar que las desigualdades salariales se mantengan en el tiempo y obligar a las compañías a actuar de manera preventiva. El nuevo marco legal también endurece la responsabilidad empresarial. Si existen indicios de discriminación o incumplimientos en materia de transparencia, será la empresa la que deba demostrar que no ha existido trato desigual, invirtiendo así la carga de la prueba respecto al sistema actual. Este cambio jurídico refuerza la posición de los trabajadores en posibles litigios y convierte la falta de transparencia en un factor de riesgo para el empleador. Las sanciones deberán ser efectivas y disuasorias, e incluirán compensaciones económicas completas para las personas afectadas, sin límites máximos establecidos. En los casos más graves también podrán imponerse medidas adicionales, como la exclusión de contratos públicos o la rescisión de acuerdos con la Administración. La normativa incorpora asimismo nuevas obligaciones de información y supervisión retributiva para las empresas. Entre ellas destaca la elaboración de informes periódicos sobre la brecha salarial, que reforzarán los actuales registros retributivos ya contemplados en la legislación española. Estos informes deberán recoger datos detallados sobre diferencias salariales medias y medianas, complementos variables, proporción de empleados que perciben esos conceptos, distribución de la plantilla por niveles salariales y análisis por categorías profesionales. La finalidad es ofrecer una visión completa y comparable de la estructura retributiva de cada empresa. La aplicación de estas obligaciones será gradual según el tamaño de la plantilla. Las compañías con 250 o más trabajadores deberán presentar su primer informe antes del 7 de junio de 2027 y actualizarlo anualmente. Las empresas de entre 150 y 249 empleados también tendrán que cumplir en 2027, aunque con revisiones cada tres años. Por su parte, las de entre 100 y 149 trabajadores dispondrán hasta 2031 para elaborar su primer informe. Para las empresas más pequeñas se prevé un régimen menos exigente, aunque la directiva deja margen a los Estados miembros para ampliar estas obligaciones en sus legislaciones nacionales. En cualquier caso, la tendencia apunta a una extensión progresiva de los mecanismos de transparencia salarial. La dirección de las empresas será responsable de garantizar la veracidad de la información, previa consulta con la representación de los trabajadores. Tanto estos como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los organismos de igualdad podrán solicitar aclaraciones adicionales, a las que las compañías deberán responder de forma motivada y en un plazo razonable. La directiva incorpora además las denominadas evaluaciones retributivas conjuntas, una revisión detallada de las estructuras salariales que será obligatoria cuando existan indicios claros de desigualdad. En concreto, estas auditorías deberán realizarse cuando los informes detecten diferencias salariales medias iguales o superiores al 5% dentro de una categoría profesional, siempre que no exista una justificación objetiva y que la situación no se haya corregido en un plazo de seis meses. En esos casos, la empresa tendrá que analizar junto a la representación de los trabajadores las causas de la brecha y aplicar medidas específicas para corregirla. Estas evaluaciones deberán examinar las diferencias salariales existentes, los motivos que las provocan y el impacto de factores como los permisos de maternidad, paternidad o cuidados en la evolución retributiva de la plantilla. También será necesario revisar los sistemas de clasificación profesional y los criterios utilizados para la progresión salarial. La finalidad de estas auditorías no será únicamente identificar problemas, sino garantizar que las desigualdades detectadas se corrijan de manera efectiva mediante medidas concretas, verificables y orientadas a resultados.

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(Cinco Días, 18-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bizum arranca este lunes con el pago en comercios físicos con un despliegue limitado

El pago con Bizum en tiendas físicas ya es una realidad en España. Desde este lunes, la plataforma impulsada por la banca se ha convertido en un nuevo método para abonar compras en comercios como tiendas de ropa, supermercados, farmacias o cafeterías, aunque su estreno ha sido limitado. En esta primera fase, el sistema solo está disponible para un número reducido de clientes, establecimientos y entidades financieras, en un despliegue gradual que se extenderá de forma progresiva antes del lanzamiento general previsto tras el verano. La llegada de Bizum al comercio presencial es uno de los proyectos más ambiciosos desde su creación en 2016. Con esta funcionalidad, la plataforma entra a competir directamente con gigantes internacionales de los pagos como Visa y Mastercard. Sin embargo, el arranque tiene un carácter más simbólico que masivo. Algunas entidades, como CaixaBank, BBVA y ciertas cajas rurales, ya han comenzado a activarlo a través de sus aplicaciones móviles, aunque su disponibilidad dependerá del calendario de cada banco y será comunicada directamente a los clientes. El despliegue estaba diseñado en fases desde el principio. Aunque la infraestructura está preparada para los más de 31 millones de usuarios de Bizum, la intención inicial era incorporar primero a los clientes más activos e ir ampliando progresivamente el acceso. Lo mismo ocurre con los comercios, empezando por grandes superficies para después extenderlo al conjunto del sector. No obstante, el proceso ha sufrido ajustes debido a dificultades técnicas en la integración, lo que ha obligado a que cada entidad avance a ritmos distintos. También se ha modificado el calendario de Bizum Pay, la cartera digital propia del sistema, que funcionará de forma similar a Apple Pay o Google Pay. Su lanzamiento, previsto inicialmente para el 18 de mayo, se ha retrasado al 1 de junio. Hasta entonces, el uso de Bizum en comercios dependerá de la integración que cada banco haya realizado en sus propias aplicaciones. Cuando esté plenamente operativo, el pago permitirá abonar compras desde el móvil acercándolo al terminal de cobro, ya sea mediante la app del banco o a través de Bizum Pay. A diferencia de otros sistemas, la operación se ejecutará como una transferencia inmediata entre cuentas. Además, incluirá un sistema de pago alternativo vinculado, que permitirá completar la transacción automáticamente con otro método -como una tarjeta- si Bizum falla, sin necesidad de reiniciar el proceso. Para los comercios no será necesario cambiar los terminales de pago actuales, ya que bastará con una actualización del software de los TPV para habilitar la nueva funcionalidad. Durante esta fase inicial, prevista para las próximas semanas y meses, los bancos irán incorporando de forma progresiva tanto a clientes como a establecimientos. Se trata de un periodo de pruebas a gran escala, más que de un lanzamiento definitivo, con el objetivo de evitar incidencias y familiarizar a los usuarios con un uso más cotidiano de Bizum, más allá de las transferencias entre particulares. El lanzamiento comercial completo está previsto para septiembre, momento en el que las entidades iniciarán campañas de promoción una vez que el sistema esté estabilizado. A partir de entonces, se espera una mayor competencia entre bancos para atraer usuarios. Aunque Bizum ya se utiliza en el comercio electrónico en más de 100.000 tiendas, hasta ahora su uso principal ha sido el envío de dinero entre particulares, un servicio gratuito que no generaba ingresos directos para las entidades. Con su entrada en el comercio físico, los bancos aplicarán pequeñas comisiones a los establecimientos, lo que convertirá esta funcionalidad en una nueva fuente de ingresos. Dado que solo puede estar vinculado a una entidad, se prevé una competencia entre bancos para captar clientes, con posibles campañas promocionales asociadas. La banca ve en este movimiento una oportunidad para expandir su negocio de pagos y competir con los grandes operadores internacionales. El reto ahora es transformar un sistema popularizado para pagos entre amigos en una herramienta habitual para las compras diarias en tiendas y supermercados.

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(Cinco Días, 18-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las Bolsas sufren ante la nueva subida del precio del petróleo que se encarece un 3%

El encarecimiento del petróleo vuelve a alimentar las inquietudes sobre la inflación y lleva a los inversores a cuestionar la fortaleza del rally bursátil sostenido hasta ahora por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial. En este contexto, las Bolsas registran caídas este viernes junto con la deuda pública. En Europa, el Ibex 35 retrocede un 1,5%, en línea con el resto de plazas del continente, ante la expectativa de que los costes energéticos continúen elevados durante más tiempo. Además, la festividad en Madrid reducirá el volumen de negociación habitual, en una jornada marcada también por el vencimiento de derivados, lo que incrementará la volatilidad. Al mismo tiempo, el dólar -considerado el principal activo refugio desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo- suma su quinta jornada consecutiva al alza. Las tensiones inflacionistas también golpean a los bonos estadounidenses: la rentabilidad del bono del Tesoro a dos años sube tres puntos básicos, hasta el 4,05%, mientras que el rendimiento del bono a diez años alcanza el 4,51%. En Japón, el interés de la deuda a diez años se dispara siete puntos básicos después de que los precios industriales crecieran al mayor ritmo anual desde 2023. En materias primas, el barril de Brent avanza un 3% y supera los 109 dólares después de que el presidente Donald Trump asegurara que Estados Unidos no necesita reabrir el estrecho de Ormuz. Más tarde, sin embargo, matizó sus palabras y defendió la conveniencia de mantener abierta esa estratégica ruta marítima. El enfriamiento de las Bolsas llega tras varias semanas de máximos históricos impulsados por los sólidos resultados empresariales y la resistencia de la economía estadounidense, apoyados en la expectativa de que el auge de la inteligencia artificial impulse los beneficios corporativos. Sin embargo, el ascenso del petróleo por encima de los 100 dólares vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de un repunte de la inflación, reduciendo el margen para futuras bajadas de tipos e incluso alimentando el temor a nuevos endurecimientos monetarios. Anna Wu, estratega de activos multiactivos de Van Eck Associates, considera en declaraciones recogidas por Bloomberg que este movimiento responde más a una pausa del mercado, vinculada a la recogida de beneficios y al reajuste de carteras tras las fuertes subidas de la temporada de resultados en Estados Unidos. A su juicio, el sector tecnológico asiático podría perder impulso a corto plazo si no aparecen nuevos catalizadores. Precisamente Asia vive este viernes una sesión marcada por las ventas, después de que la euforia por las tecnológicas dejara paso a los temores inflacionistas y al repunte de los rendimientos de la deuda estadounidense, que refuerzan las expectativas de nuevas subidas de tipos en EE UU. El Nikkei japonés cede un 1,7% tras conocerse que la inflación mayorista alcanzó el 4,9% en abril, el mayor incremento en tres años, lo que acerca al Banco de Japón a una nueva subida de tipos. En Corea del Sur, el Kospi llegó a superar los 8.000 puntos por primera vez, aunque finalmente cerró con una caída del 3% por la toma de beneficios. En China, el principal índice de valores pierde un 1% y el Hang Seng de Hong Kong baja un 0,9%. Los mercados siguen pendientes de Pekín, donde Trump concluye este viernes su visita oficial de dos días. En la delegación estadounidense figuran, entre otros, Elon Musk, consejero delegado de Tesla, y Jensen Huang, máximo ejecutivo de Nvidia. Según Iñigo Isardo, director de Gestión de Cuentas Minoristas de Link Gestión, el viaje del mandatario estadounidense a China no ha dejado hasta ahora anuncios de gran alcance ni acuerdos concretos, aunque ambas potencias han mostrado disposición a colaborar en asuntos de interés común, como la presión sobre Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y frenar su programa nuclear, evitando por ahora cuestiones más delicadas. Nvidia avanzó un 4,4% en Wall Street después de que Estados Unidos autorizara la venta de los chips H200 de la compañía a empresas chinas, lo que ayudó al S&P 500 y al Nasdaq a marcar nuevos récords históricos. Padhraic Garvey, responsable regional de análisis para América en ING, señaló a Reuters que la visita de Trump a China ha ofrecido cierto alivio temporal frente a las tensiones derivadas de la guerra con Irán, aunque considera que la atención volverá pronto a centrarse en la inflación. A su juicio, el mercado de bonos continúa preocupado y es probable que los rendimientos sigan subiendo en las próximas semanas. El dólar se encamina así a cerrar su mejor semana en dos meses, con una subida acumulada del 1,2%, favorecido por la falta de avances en el conflicto del Golfo. Además, los sólidos datos de ventas minoristas en Estados Unidos han llevado a los mercados a otorgar una probabilidad del 45% a que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos de interés este año, incluso bajo la nueva presidencia de Kevin Warsh.

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(Expansión, 18-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España busca reforzar lazos comerciales con Canadá

El Rey encabezará esta semana una delegación económica que viajará a Canadá junto al vicepresidente económico y el presidente de la CEOE con el objetivo de reforzar alianzas en ámbitos como la inteligencia artificial, los hidrocarburos, las energías renovables, la inversión y la defensa.  "El mundo atraviesa una ruptura", advirtió el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante la última edición del Foro de Davos, donde alertó de que las grandes potencias están utilizando la integración económica y los aranceles como instrumentos de presión. En ese contexto, defendió la creación de una "alianza de países medianos" que les permita tener peso propio en el escenario internacional. Desde entonces, Canadá y Europa han estrechado relaciones, hasta el punto de que Carney fue invitado a la reciente Cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Armenia como socio estratégico, pese a no pertenecer al continente europeo. España pretende aprovechar este acercamiento y el interés compartido por reducir la dependencia de Estados Unidos para impulsar sus vínculos comerciales con Canadá. Para ello, el país norteamericano recibirá una misión institucional liderada por el Rey Felipe VI y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, acompañados por el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi. El desplazamiento, que supone el tercer viaje de Cuerpo a Canadá y la primera visita oficial del Rey al país, persigue fortalecer las relaciones económicas con la undécima economía mundial. Aunque España y Canadá suman conjuntamente cerca de 4,5 billones de euros de PIB, el intercambio comercial entre ambos continúa siendo limitado, con un volumen cercano a los 7.000 millones de euros, según fuentes del Ejecutivo. El objetivo es ampliar esa relación aprovechando el marco del acuerdo comercial CETA firmado entre Canadá y la Unión Europea en 2017. La agenda, prevista entre mañana y el jueves, ha sido diseñada con un enfoque eminentemente práctico, centrado en cerrar acuerdos más que en los gestos institucionales. El Gobierno español considera que la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump ha aumentado en Canadá la percepción de dependencia excesiva de Estados Unidos, una situación que también afecta a las relaciones entre Washington y la Unión Europea. Entre las prioridades estratégicas del viaje figura reforzar la seguridad económica, especialmente en materia de soberanía tecnológica y cooperación en inteligencia artificial, así como garantizar el acceso español a materias primas, minerales e hidrocarburos canadienses. A cambio, España aspira a que la importante presencia de empresas nacionales de infraestructuras en Canadá facilite una mayor participación en proyectos vinculados a la descarbonización, las energías limpias, la gestión de residuos y la economía circular. Otro de los pilares de la visita será la cooperación en defensa, aprovechando que la Unión Europea ha incorporado a Canadá como primer país extracomunitario en participar en el programa SAFE, dotado con 150.000 millones de euros para impulsar inversiones conjuntas en el ámbito militar y en industrias duales. La delegación, en la que también participará la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, buscará además atraer inversión productiva canadiense hacia España y despertar el interés de grandes fondos de inversión del país norteamericano. El viaje también servirá para promocionar la industria agroalimentaria española, las manufacturas y el vehículo eléctrico, además de estrechar la colaboración entre los ecosistemas empresariales de ambos países. El acto central de la visita será un encuentro empresarial en el Mars Discovery District de Toronto que reunirá a más de 170 compañías españolas y canadienses. Allí, Carlos Cuerpo firmará un memorando de entendimiento con el ministro canadiense de Inteligencia Artificial e Innovación Digital, Evan Solomon, para fomentar la cooperación empresarial, científica y tecnológica en inteligencia artificial a ambos lados del Atlántico. En el foro participarán representantes de compañías españolas como Indra y Multiverse Computing, así como de la canadiense Cohere. Además, aerolíneas como Air Transat, Air Canada, WestJet e Iberia, junto a Airbus, analizarán posibles mejoras en las conexiones aéreas entre ambos países. Tras el encuentro empresarial, el Business Council of Canada organizará un almuerzo de trabajo con un grupo reducido de empresas, después del cual el Rey y el vicepresidente económico mantendrán un encuentro con inversores canadienses interesados en el mercado español. La agenda concluirá con una cena de Carlos Cuerpo junto a líderes de opinión y distribuidores canadienses, donde el Gobierno buscará reforzar la imagen y el potencial del tejido empresarial español.

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