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(El País, 08-04-2026) | Fiscal

Los contribuyentes podrán empezar a entregar sus declaraciones de forma telemática a partir de este miércoles 8 de abril

La campaña de la renta ya está en marcha. Desde este miércoles 8 de abril y hasta el 30 de junio -fecha límite para cumplir con las obligaciones con Hacienda-, más de 20 millones de contribuyentes podrán presentar su declaración del IRPF correspondiente a los ingresos obtenidos el año anterior. En esta primera etapa, el trámite solo podrá realizarse por internet. Para acceder a la asistencia telefónica habrá que esperar unas semanas, mientras que la atención presencial no comenzará hasta junio. Calendario clave de la campaña del IRPF: 8 de abril: inicio de la campaña; ya es posible presentar la declaración online. 29 de abril: apertura del plazo para solicitar cita previa del plan "Le Llamamos". 6 de mayo: comienzo de la atención telefónica. 29 de mayo: se puede pedir cita para atención presencial. 1 de junio: inicio de la atención en oficinas. 25 de junio: último día para domiciliar pagos si el resultado es a ingresar. 29 de junio: fecha límite para solicitar cita previa. 30 de junio: fin de la campaña y último día para presentar la declaración. Quienes deseen realizar cuanto antes este trámite pueden hacerlo desde el primer día a través de la web o la aplicación de la Agencia Tributaria (Renta WEB), utilizando DNI o certificado electrónico, el sistema Cl@ve móvil o el número de referencia. Al comenzar, el contribuyente encontrará un borrador de la declaración elaborado por la Agencia Tributaria con la información fiscal disponible, como datos personales, domicilio o ingresos. Es importante revisarlo detenidamente antes de confirmarlo -momento en el que adquiere carácter oficial- y corregir posibles errores, ya que cualquier omisión puede derivar en sanciones o pérdidas económicas. La declaración recoge los ingresos percibidos durante 2025. Este desfase se debe a que el IRPF se paga de forma anticipada mediante retenciones a lo largo del año, y posteriormente se regulariza. Si el contribuyente ha pagado de más, recibirá una devolución; en caso contrario, deberá abonar la diferencia a Hacienda. A partir del 29 de abril podrá solicitarse cita previa, tanto por internet como por teléfono, para el plan "Le Llamamos", un servicio de ayuda telefónica para confeccionar y presentar la declaración. Las llamadas comenzarán el 6 de mayo, y se recomienda tener preparada toda la documentación necesaria para agilizar el proceso. Para quienes prefieran la atención presencial, el plazo para pedir cita se abrirá el 29 de mayo, y las oficinas comenzarán a atender a los contribuyentes desde el 1 de junio. Como cada año, la campaña concluirá el 30 de junio. El día 29 será el último para solicitar cita previa, y el 25 marcará el límite para domiciliar el pago de las declaraciones con resultado a ingresar, pudiendo abonarse en un solo plazo o de forma fraccionada, habitualmente en dos pagos (junio y noviembre).

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(El País, 08-04-2026) | Fiscal

Hacienda no exige a los particulares declarar en el IRPF las transferencias inmediatas de sus amigos o familiares

En 2025, en España se realizaron 39 transferencias por segundo a través de Bizum, según datos de la propia plataforma. El uso de este sistema de pago sigue creciendo, lo que llevó a la Agencia Tributaria a anunciar en diciembre un mayor control sobre estas operaciones, generando cierta inquietud entre los ciudadanos. Posteriormente, Hacienda matizó que ese refuerzo de la vigilancia se centra en empresarios y profesionales que utilizan Bizum en el desarrollo de su actividad, ya sea para cobrar o pagar servicios. Tras esta aclaración, surge la duda de si los particulares deben incluir los bizums en la declaración de la renta. En general, no es necesario, aunque todo depende del origen del dinero recibido. Las transferencias entre familiares o amigos -por ejemplo, para dividir gastos de una comida o un evento- no deben declararse. Solo será obligatorio hacerlo cuando esas cantidades constituyan una ganancia patrimonial o formen parte de una actividad económica. Así, si un profesional cobra sus servicios mediante Bizum, sí deberá reflejar esos ingresos ante Hacienda. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 253/2025, el 1 de enero de 2026, los bancos están obligados a informar mensualmente a la Agencia Tributaria de los ingresos que reciban empresas y autónomos por cualquier medio de pago, incluido Bizum. No obstante, como aclara Rubén Gimeno, del REAF-CGE, esta obligación de información solo afecta a operaciones en las que interviene un empresario o profesional. A diferencia de lo que ocurre con el efectivo, no existe un límite concreto de importe ni un número determinado de operaciones que obligue a declarar los bizums. Hacienda no fija umbrales específicos, aunque sí puede realizar comprobaciones automáticas. En el caso del dinero en metálico, por ejemplo, el límite general para pagos en los que interviene un profesional es de 1.000 euros, y existen obligaciones de declaración para movimientos superiores a 100.000 euros dentro de España o de 10.000 euros en operaciones con el extranjero. También deben declararse los ingresos por alquiler recibidos mediante Bizum, ya que se consideran rendimientos del capital inmobiliario. En cambio, las ayudas económicas entre familiares, como las aportaciones de padres a hijos para pagar el alquiler, no tributan en el IRPF si son de escasa cuantía, aunque podrían calificarse como donaciones a efectos fiscales. Otra cuestión habitual es la tributación de ventas en plataformas de segunda mano como Wallapop o Vinted. Según los expertos, solo deben incluirse en la declaración si generan una ganancia, algo poco frecuente, ya que normalmente los objetos se venden por debajo de su precio de compra. Si no se puede justificar esa posible ganancia con una factura, Hacienda podría integrarla en la base general del IRPF, aplicando tipos más altos. Además, hay que diferenciar entre ventas ocasionales y actividades habituales con ánimo profesional. En este último caso, sí existe obligación de declarar los ingresos. Estas plataformas, por su parte, deben comunicar a la Agencia Tributaria la información de aquellos usuarios que superen las 30 ventas anuales o los 2.000 euros de ingresos. La campaña de la renta comienza el 8 de abril y finaliza el 30 de junio. La presentación por teléfono estará disponible a partir del 6 de mayo, y la atención presencial desde el 1 de junio. Asimismo, si la declaración resulta a pagar, Hacienda permite abonar el importe mediante Bizum, aunque conviene comprobar previamente los límites diarios de este sistema.

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(El País, 08-04-2026) | Fiscal

El récord turístico dispara un 19% las devoluciones del IVA por compras a los viajeros extracomunitarios

El turismo de compras mantiene un fuerte crecimiento en España, impulsado en gran parte por los beneficios fiscales que disfrutan los visitantes procedentes de fuera de la Unión Europea. Según datos de la Agencia Tributaria, en 2025 se alcanzaron cifras récord tanto en número de devoluciones como en su importe: se registraron 10,6 millones de reembolsos, un 19,1% más que el año anterior, por un total de 529 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,4%. Este avance se explica, en buena medida, por el auge del turismo procedente de Latinoamérica y la recuperación, más lenta de lo esperado, de visitantes asiáticos y de Oriente Próximo, actualmente afectados por el conflicto en Irán. Estos perfiles de turistas destacan por su mayor capacidad de gasto en comparación con los mercados tradicionales como Reino Unido, Alemania o Francia. Mientras que estos últimos suelen gastar entre 100 y 200 euros diarios, viajeros de países como Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, México, Argentina, Japón o India pueden superar los 300 o incluso 400 euros al día. Además, al venir de destinos más lejanos, suelen prolongar más su estancia, lo que incrementa aún más su gasto total. Los turistas extracomunitarios pueden recuperar el IVA de sus compras -del 21%- siempre que se trate de bienes para uso personal que transporten consigo, quedando excluidos servicios como la restauración. Desde 2018, además, no es necesario alcanzar un importe mínimo por compra para acceder a esta devolución, lo que supone una ventaja frente a países como Francia o Italia, donde sí existen umbrales mínimos. Esta política ha contribuido a que el número de devoluciones casi se haya duplicado desde 2019 y que el importe total haya crecido un 60%. En España, este proceso se realiza a través del sistema digital DIVA, gestionado por la Agencia Tributaria, que permite tramitar las devoluciones tanto en los propios comercios como en los aeropuertos antes de abandonar el país. Desde el sector, se apunta a que el crecimiento del número de operaciones por encima del gasto total se debe a la entrada de nuevos actores más allá del lujo. La digitalización ha facilitado que más comercios participen en este tipo de turismo, incluyendo grandes cadenas como Inditex, Mango o Primark. Esto ha ampliado la oferta, pero también ha reducido el importe medio por compra. Además, las grandes marcas consideran este segmento como estratégico y analizan de cerca la evolución del comprador internacional y su comportamiento. Entre los cambios recientes destaca el fuerte crecimiento del turismo argentino, que ha superado al mexicano como principal nacionalidad en este ámbito. Sin embargo, su patrón de consumo es distinto, lo que también ha contribuido a reducir el gasto medio. Pese a ello, Estados Unidos sigue siendo el mercado más relevante, representando alrededor del 14% del total y con un volumen de compras cercano a los 6.000 millones de euros. China ocupa el segundo lugar en devoluciones de IVA, aunque aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. El mayor dinamismo del turismo americano, tanto del norte como del sur, frente a la debilidad del mercado chino ha reforzado el peso de Madrid, que concentra casi la mitad del gasto en compras con devolución de IVA. En cambio, Barcelona se ha visto más afectada por su dependencia del turismo asiático, especialmente el chino, y por los cambios en sus hábitos de viaje, que ahora incluyen otros destinos cercanos como Japón, especialmente en el segmento del lujo.

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(El Economista, 08-04-2026) | Fiscal

El Gobierno deja en el aire los nuevos coeficientes para calcular el pago de la plusvalía municipal en 2026

El Gobierno mantiene sin definir los coeficientes correspondientes a este año para calcular el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. Estos coeficientes fueron aprobados inicialmente mediante un real decreto-ley el 23 de diciembre, pero quedaron sin efecto al no ser convalidados por el Congreso el 27 de enero. Como consecuencia, según explicó el secretario técnico del REAF durante la presentación del informe sobre fiscalidad autonómica y foral de 2026, los contribuyentes deben seguir aplicando los coeficientes anteriores. El experto recordó que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre de 2021, estos coeficientes deben actualizarse cada año mediante una norma con rango de ley. Aquella resolución anuló el sistema de cálculo de la base imponible del impuesto, lo que obligó a modificar la Ley de Haciendas Locales para establecer la actualización anual obligatoria. En este contexto, el Gobierno tiene de plazo hasta el 31 de diciembre para aprobar los nuevos coeficientes. Mientras tanto, la incertidumbre afecta a las operaciones realizadas durante el año, que tendrán que liquidarse con los valores antiguos. El decreto aprobado en diciembre contemplaba un aumento del impuesto para quienes compraran vivienda con fines especulativos, elevando los coeficientes en transmisiones a corto plazo, y reduciéndolos en el caso de inmuebles mantenidos durante 20 años o más. Este tributo se aplica tanto en la venta de un inmueble como en su transmisión por herencia o donación. El cálculo del impuesto puede hacerse de dos maneras: aplicando un tipo sobre la ganancia obtenida entre el precio de compra y el de venta, o utilizando un coeficiente sobre el valor del suelo. En la práctica, la mayoría de contribuyentes opta por esta segunda opción al resultar más favorable.

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(El Economista, 08-04-2026) | Fiscal

Hacienda prorroga los módulos para los autónomos pese al rechazo del Congreso

Alrededor de 230.000 autónomos podrán seguir tributando por el sistema de módulos en el IRPF durante 2026 gracias a la extensión de los límites vigentes, lo que supone un alivio para este colectivo. Así lo recoge una nota de la Agencia Tributaria, que mantiene los umbrales aplicados entre 2016 y 2024 -y también en 2025 mediante una solución similar- para este ejercicio. Sin embargo, esta decisión se ha adoptado al margen del Congreso. La prórroga formaba parte de varios decretos ómnibus que fueron rechazados en enero y febrero. En ellos se incluían, entre otras medidas, la actualización de pensiones, la extensión de la moratoria de desahucios y cambios fiscales como el mantenimiento de los límites de facturación para tributar por módulos: 250.000 euros anuales en general y 125.000 euros en operaciones con empresas. El Real Decreto-ley 16/2025 no fue aprobado por el Congreso, por lo que su contenido no llegó a entrar en vigor. Aun así, Hacienda ha aplicado la medida mediante una nota administrativa, lo que ha suscitado críticas entre expertos fiscales, que consideran que se trata de una actuación irregular desde el punto de vista jurídico y democrático, al aplicarse como si el decreto hubiera sido validado. Según estos especialistas, las notas de la Agencia Tributaria no tienen capacidad normativa para modificar impuestos, ya que estos cambios deben aprobarse mediante ley en el Parlamento. Aunque la Agencia se apoya en criterios de la Dirección General de Tributos, este organismo, que en una situación similar el año pasado avaló la prórroga, en esta ocasión no se ha pronunciado. El trasfondo del problema es el impacto que habría tenido no prorrogar estos límites. De no hacerlo, muchos autónomos habrían tenido que pasar al sistema de estimación directa, lo que habría incrementado notablemente su carga fiscal, además de obligarles a adaptarse sin margen de tiempo en plena campaña de renta. Diversos colectivos han trasladado su preocupación al Ministerio de Hacienda. Entre ellos, asociaciones del transporte de mercancías, especialmente afectadas por el aumento de los costes del combustible, han mantenido reuniones con la Administración para exponer su situación. Estas presiones han influido en la decisión de aplicar la prórroga pese al rechazo parlamentario. Los expertos critican que estas medidas no se hayan tramitado de forma independiente, lo que habría facilitado su aprobación. Consideran que podrían haberse incluido en otras iniciativas recientes, como los decretos para paliar los efectos de conflictos internacionales, pero no se hizo sin una explicación clara. Además, advierten de varios problemas en la actuación de Hacienda: se estaría modificando un impuesto sin respaldo legal, apoyándose en un decreto no convalidado -que además tiene límites constitucionales- y sentando un precedente que ignora el papel del Congreso. Este último punto genera especial inquietud, ya que abre la puerta a que decisiones relevantes se adopten mediante simples comunicaciones administrativas en lugar de leyes aprobadas por el Parlamento. En paralelo, existe incertidumbre sobre otros decretos recientes, como el que plantea limitar los precios del alquiler, que aún debe ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días. Desde el propio Gobierno se está animando a aplicar estas medidas de forma provisional, lo que, a la luz de lo ocurrido con los módulos, podría derivar en soluciones similares aunque no exista respaldo parlamentario.

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(La Vanguardia, 08-04-2026) | Laboral

Los sindicatos reclaman restringir el uso del contrato a tiempo parcial

Los sindicatos han planteado una crítica global al actual sistema de despido, configurado en gran medida tras la reforma laboral de 2012 durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras meses de espera, CCOO y UGT han presentado su propuesta para modificar la normativa vigente, que en esencia supone recuperar el marco anterior a dicha reforma, al considerar que fue aprobada sin el necesario diálogo social. Ambas organizaciones han dado a conocer un documento conjunto, denominado Plataforma Sindical Unitaria, en el que recogen cuatro grandes líneas de actuación. Además de la reforma del despido, incluyen cambios en la regulación del contrato a tiempo parcial, el blindaje legal de su financiación por la negociación colectiva y un conjunto de medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda. En materia de despido, los sindicatos proponen aumentar las indemnizaciones, recuperar la posibilidad de readmisión en caso de despido improcedente y establecer límites más estrictos a la finalización de contratos durante el periodo de prueba, exigiendo causas justificadas para su uso. Asimismo, plantean fijar indemnizaciones mínimas y permitir compensaciones superiores a las establecidas por ley cuando estas no reparen adecuadamente el perjuicio al trabajador. Estas propuestas se presentan a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la posibilidad de que los jueces puedan fijar indemnizaciones ajustadas a cada caso. Aunque el Tribunal Supremo rechazó esta opción, los sindicatos consideran que la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales respalda la posibilidad de conceder compensaciones más elevadas que las tasadas. En cuanto a la contratación, CCOO y UGT apuestan por endurecer las condiciones del trabajo a tiempo parcial, al entender que genera desigualdad, especialmente de género, y que se utiliza de forma abusiva. Entre sus propuestas figura limitar este tipo de contratos a un máximo del 80% de la jornada ordinaria -por ejemplo, 32 horas semanales en una jornada de 40- y exigir que la empresa justifique por qué no se formaliza un contrato a tiempo completo. También plantean restringir la fragmentación de la jornada diaria, salvo en supuestos concretos, y reforzar la regulación de las horas complementarias. Si estas se realizan de forma habitual, proponen que pasen a integrarse en la jornada ordinaria. Además, reclaman que las empresas avisen con al menos siete días de antelación sobre su realización y que los trabajadores puedan renunciar a este tipo de pactos con un preaviso de 15 días, una vez transcurrido un año. Igualmente, defienden que estas horas se remuneren como si fueran extraordinarias.

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(El Confidencial, 08-04-2026) | Laboral

Los sindicatos piden blindar sus ayudas públicas

UGT y CCOO, los dos principales sindicatos a nivel estatal, han presentado este martes un documento conjunto estructurado en cuatro grandes bloques de propuestas. Entre ellas destaca, por su carácter novedoso, la iniciativa de impulsar una ley que regule el diálogo social y la negociación colectiva. Aunque la Constitución Española reconoce en su artículo 7 la función de los agentes sociales -sindicatos y organizaciones empresariales-, actualmente no existe una norma que desarrolle de forma específica su actividad ni garantice su financiación, lo que deja a estas organizaciones en una situación de dependencia respecto a las decisiones de cada gobierno. El debate sobre la institucionalización del diálogo social lleva años presente en el ámbito sindical, pero pocas veces se había concretado de manera tan definida. En el documento, UGT y CCOO detallan los elementos básicos que debería incluir esta futura ley, como la participación de los agentes sociales en la elaboración de políticas públicas y el establecimiento de un sistema de financiación estable. En este sentido, proponen sustituir las actuales subvenciones por una compensación económica anual, concebida como indemnización por su participación en el diálogo social y la negociación colectiva, que se integraría en los presupuestos generales y se abonaría de forma trimestral. Cada organización representativa propondría la cuantía correspondiente al ministerio competente. Según explicaron en rueda de prensa, el objetivo es evitar depender de decisiones políticas coyunturales. Como ejemplo, mencionaron la reforma laboral de 2012, aprobada sin acuerdo con los sindicatos, así como la modificación de la ley de participación institucional en la Región de Murcia en 2025 por un gobierno de coalición de PP y Vox. Aunque esta última ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional tras un recurso del Ministerio de Trabajo, contemplaba la eliminación de la financiación directa a sindicatos y patronales. Este tipo de medidas, advierten, pone en riesgo el modelo actual de diálogo social, en el que las ayudas públicas suelen dirigirse a las organizaciones más representativas, como UGT, CCOO, CEOE y Cepyme. Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT, defendió que la financiación pública está justificada porque los acuerdos alcanzados en el diálogo social tienen efectos sobre el conjunto de los trabajadores, no solo sobre los afiliados, por lo que considera injusto que el coste recaiga exclusivamente en estos últimos. Por último, ambos sindicatos expresan su intención de negociar esta futura ley con las organizaciones empresariales y de lograr un amplio respaldo en el Parlamento.

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(Cinco Días, 08-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las rentabilidades de las letras del Tesoro alcanzan máximos de 2024 por las expectativas de inflación y tipos más altos

No todos los activos se deprecian. En un entorno en el que los inversores parecen haber perdido referencias claras de refugio, las letras del Tesoro están recuperando protagonismo. El repunte de la inflación y la posibilidad de que los bancos centrales mantengan o incluso endurezcan su política monetaria están impulsando al alza las rentabilidades, especialmente en la deuda a corto plazo, que es la preferida por los pequeños ahorradores. El Tesoro ha iniciado abril con una colocación de 6.439,26 millones de euros en letras a seis y doce meses. Los intereses han experimentado una subida notable: las letras a un año alcanzan niveles que no se veían desde septiembre de 2024, mientras que las de seis meses se sitúan en cifras similares a las de enero de 2025. Aun así, estas rentabilidades siguen por debajo de la inflación. En marzo, primer mes del conflicto bélico, el IPC se situó en el 3,3%, superando el 2,39% de las letras a seis meses y el 2,64% de las de doce meses, lo que implica que la rentabilidad real continúa siendo negativa. Pese a ello, el interés inversor no decae: la demanda total ascendió a 8.655 millones de euros, de los cuales un 28,35% (2.454 millones) correspondió a particulares, confirmando el renovado atractivo de esta deuda entre el pequeño inversor. La mayor parte de la emisión, 4.388,69 millones, se concentró en las letras a doce meses. Su interés marginal aumentó de forma significativa, pasando del 2,137% al 2,64%, niveles no vistos desde septiembre de 2024, cuando los tipos oficiales eran bastante más altos. Este incremento también se reflejó en la demanda, especialmente en las peticiones no competitivas -habituales entre inversores minoristas-, que superaron los 1.434 millones de euros, manteniéndose en cifras cercanas a máximos históricos. Por su parte, las letras a seis meses sumaron 2.050,56 millones. Sus rendimientos también subieron, aunque de manera más moderada, del 2,07% al 2,39%, en línea con los niveles de comienzos de 2025. La demanda de particulares volvió a superar los 1.000 millones, alcanzando los 1.020 millones, algo que no ocurría desde diciembre. Desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo, los mercados financieros se han caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad. Los inversores reaccionan al compás de la evolución del petróleo y de las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump. En este contexto, incluso activos tradicionalmente considerados seguros, como el oro, han perdido parte de su papel defensivo, reduciendo las opciones para protegerse frente a las caídas. Incluso en un escenario favorable, con el fin del conflicto y la normalización del tránsito en el estrecho de Ormuz, los analistas coinciden en que la vuelta a los niveles energéticos previos llevará tiempo, debido a los daños sufridos por diversas infraestructuras. Mientras los precios del petróleo y del gas continúen elevados, la inflación seguirá presionando al alza. Aunque algunos inversores anticipan nuevas subidas de tipos de interés, muchos expertos consideran que este diagnóstico es erróneo, ya que la actual inflación responde más a problemas de oferta que de demanda, por lo que un endurecimiento monetario podría perjudicar el crecimiento económico. Aun así, aunque el mercado ha descartado una subida de tipos en abril por las expectativas de desaceleración económica, mantiene una alta probabilidad -en torno al 85%- de que el Banco Central Europeo los eleve en junio. Este escenario difiere de las previsiones anteriores al conflicto, cuando se esperaba un periodo de estabilidad en la política monetaria. Estas expectativas de tipos más altos también están incentivando a los inversores minoristas. Si la guerra se prolonga y la inflación persiste, se prevé que las rentabilidades de la deuda sigan aumentando, reforzando el atractivo de las letras del Tesoro como alternativa de inversión.

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(Cinco Días, 08-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas pone el foco en clientes con más de 50 millones de patrimonio

La cúpula de la Unión Europea ha intensificado su ofensiva contra el blanqueo de capitales, situando a las entidades financieras como actores clave en esta lucha. En este contexto, la banca privada -que en España gestiona más de un billón de euros- queda bajo especial vigilancia. Bruselas prevé endurecer los controles sobre clientes con patrimonios superiores a 50 millones de euros, en el marco de una normativa que desarrollará la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) y que entrará en vigor en julio del próximo año. El supervisor español, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, lleva tiempo advirtiendo de que la banca privada presenta mayores riesgos en este ámbito. La normativa europea ya reconoce que las entidades dedicadas a la gestión patrimonial son más susceptibles de ser utilizadas por clientes que intentan ocultar el origen de sus fondos. Sin embargo, todavía no existe una definición homogénea de lo que se considera banca privada en la UE. Uno de los futuros textos legales fija un umbral claro a partir del cual se intensifican las alertas: los 50 millones de euros de patrimonio, generalmente repartidos entre distintas entidades y países. Aun así, los bancos no estarán obligados a exigir al cliente una justificación detallada de cada euro, sino que deberán estimar internamente si se supera ese nivel, al menos hasta que AMLA publique una metodología más precisa, previsiblemente en 2027. El reglamento comunitario, aunque no menciona expresamente la "banca privada", advierte de que la gestión de activos para personas con gran riqueza conlleva riesgos específicos, especialmente por la complejidad y personalización de estos servicios. En estos casos, y siempre que exista un riesgo elevado de blanqueo, deberán aplicarse controles reforzados. Además del umbral de 50 millones, la normativa introduce otra referencia relevante: los cinco millones de euros gestionados. Cuando una entidad administre esa cantidad para clientes que superen el primer umbral, deberá incrementar aún más la vigilancia. Si concurren ambas circunstancias, el reglamento establece tres exigencias inmediatas: implantar medidas específicas para mitigar riesgos en productos personalizados, recabar información adicional sobre el origen de los fondos y reforzar la independencia de los departamentos de cumplimiento mediante mecanismos que eviten posibles influencias de grandes clientes. Según explica José María Olivares, socio de finReg360, en España ya es habitual que las entidades pidan a sus clientes que justifiquen el origen de su patrimonio, aunque la nueva normativa implicará cambios relevantes en aspectos como la gobernanza, la evaluación del riesgo o los sistemas de alerta. Otro aspecto clave es la identificación del titular real de los activos. En la banca privada es frecuente el uso de sociedades instrumentales, estructuras opacas o fundaciones para organizar grandes patrimonios. La nueva regulación endurece los requisitos para identificar a las personas físicas que están detrás de estas estructuras, eliminando ambigüedades y estableciendo métodos más estrictos para rastrear la cadena de control. Pese a estos avances, el marco normativo aún no está completamente definido. Expertos del sector señalan la necesidad de concretar mejor qué se entiende por banca privada y a partir de qué niveles de patrimonio o grado de personalización se aplican estas reglas. La AMLA ya está en funcionamiento y trabaja en el desarrollo técnico de la normativa, aunque será en 2028 cuando asuma plenamente sus competencias, incluida la supervisión directa de unas 40 entidades o grupos financieros. Entre los criterios para seleccionar a estas instituciones se tendrá en cuenta, entre otros factores, el número de clientes con más de cinco millones bajo gestión y patrimonios superiores a 50 millones de euros.

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(El Economista, 08-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Alivio en los mercados: el petróleo corrige un 15% y las bolsas europeas anticipan subidas del 5%

El anuncio, con efecto inmediato, de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, junto con el compromiso de Teherán de garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz mientras se negocia un acuerdo definitivo, ha provocado una reacción muy intensa en los mercados, de las que suelen quedar en la memoria durante mucho tiempo. El petróleo ha registrado fuertes caídas, con descensos superiores al 16% en el caso del Brent a lo largo de la mañana. Al mismo tiempo, los futuros de Wall Street anticipan subidas superiores al 2% en la apertura, mientras que las bolsas europeas apuntan a avances incluso por encima del 5%. Este movimiento viene acompañado de una subida en el precio de los bonos del Tesoro, impulsada por la expectativa de menores presiones inflacionistas, lo que ha reactivado las apuestas por posibles bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal. Por su parte, el dólar, que había actuado como refugio durante la crisis, cede cerca de un 1%. En este contexto, el Ibex 35 podría superar la cota de los 17.800 puntos, un nivel relevante desde el punto de vista técnico. No es solo una cifra simbólica, sino una referencia que separa un simple rebote dentro de una fase débil de la posibilidad de construir una tendencia más estable, incluso con cierto sesgo positivo. Según explica Joan Cabrero, analista de Ecotrader, en ese nivel confluyen referencias técnicas importantes, como el 61,8% de recuperación de la caída desde los máximos de febrero y la recuperación de dos tercios del descenso, un umbral que, según la teoría de Dow, suele marcar la diferencia entre un rebote puntual y un movimiento de mayor consistencia. A su juicio, el mercado aún no muestra una fortaleza plena, pero sí señales de que hay inversores dispuestos a sostener los precios y a dar continuidad al rebote más allá de un simple movimiento puntual. Los inversores interpretan que la caída del petróleo puede contribuir a moderar la inflación y favorecer el crecimiento económico. No obstante, algunos expertos llaman a la prudencia, recordando que, aunque la situación se ha calmado, no hay garantías de estabilidad a largo plazo y conviene evitar decisiones precipitadas. Desde esta perspectiva, el escenario actual se valora positivamente en comparación con alternativas más negativas, ya que al menos se ha evitado un desenlace más adverso. En Europa, la atención se centra en si el EuroStoxx 50 es capaz de superar la zona comprendida entre los 5.900 y 5.930 puntos. Lograrlo reforzaría la credibilidad del rebote y reduciría el riesgo de que se trate solo de un movimiento dentro de un contexto más débil, abriendo la puerta a una fase más lateral que bajista. En cuanto al análisis técnico, los niveles de retroceso del 23,6%, 38,2% y 61,8% tienen su origen en la sucesión de Fibonacci, descubierta en el siglo XIII. Estas proporciones, que aparecen en numerosos fenómenos naturales, también se observan en los mercados financieros. Cuando un activo sube con fuerza, es habitual que se produzcan correcciones en las que los inversores ajustan posiciones y recogen beneficios. Estos retrocesos no suelen ser aleatorios, sino que tienden a detenerse en niveles donde se restablece el equilibrio entre oferta y demanda. Entre ellos, el 38,2% destaca como uno de los más relevantes en fases en las que la tendencia necesita consolidarse antes de continuar.

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