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(El País, 20-02-2026) | Fiscal

La nueva tasa de basuras provoca un alza histórica del 17,4% en el coste de la recogida de residuos

Los hogares en España están afrontando un encarecimiento sin precedentes en los servicios municipales de recogida de residuos. A lo largo de 2025, su coste medio aumentó un 17,4% respecto al año anterior, el mayor repunte anual registrado hasta ahora, según el Índice de Precios de Consumo (IPC). Esta subida coincide con la implantación del nuevo sistema de tasas que, desde septiembre, obliga a los ciudadanos a asumir íntegramente el coste real de la recogida y tratamiento de la basura, lo que ha provocado incrementos significativos en la mayoría de municipios. Este aumento contrasta con la evolución mucho más contenida de los precios en general. El IPC global subió un 2,7% en 2025, consolidando la moderación iniciada tras la crisis inflacionista derivada de la energía. Así, la tasa de basuras creció a un ritmo más de seis veces superior a la inflación media, situándose entre los incrementos más elevados de todas las partidas analizadas por el Instituto Nacional de Estadística. De hecho, la gestión de residuos fue la quinta categoría que más se encareció ese año dentro del IPC, que examina cerca de 200 conceptos. Solo la superaron el chocolate y el cacao, el café, la joyería y relojes, y los huevos, productos especialmente afectados por las recientes tensiones de costes. Otra forma de medir este fenómeno es mediante el índice base 100 que utiliza el INE para comparar periodos. Si el nivel 100 corresponde a los precios de 2025 y durante la última década la categoría de basuras se había movido entre 80 y 85 puntos, el salto hasta la cifra actual evidencia la magnitud del encarecimiento acumulado, concentrado sobre todo en el último año. Este fuerte incremento responde a un cambio profundo en la financiación del servicio. Tradicionalmente, los ayuntamientos asumían parte de los gastos con cargo a sus presupuestos, lo que permitía mantener tasas bajas o incluso inexistentes. El nuevo marco legal, sin embargo, obliga a cubrir el coste completo mediante tasas específicas, trasladándolo directamente a los usuarios. La mayoría de consistorios aplicaron estas medidas en la segunda mitad de 2025, lo que se tradujo en subidas interanuales superiores al 30% en los últimos meses del año. Además, la recogida de residuos pesa cada vez más en el cálculo del IPC, lo que refleja su creciente impacto en la economía doméstica. En 2025 representaba 3,072 puntos por cada 1.000 del índice total (aproximadamente un 0,3%), y en 2026 ha aumentado hasta 3,433. Estas ponderaciones dependen del gasto que los hogares destinan a cada servicio, lo que indica que las familias dedican una proporción cada vez mayor de su presupuesto a este concepto. Las subidas han sido especialmente acusadas en los municipios donde antes el coste no se cobraba de forma directa. En estos casos, los vecinos han empezado a pagar explícitamente un servicio que antes se financiaba mediante otros impuestos locales. La fundación ENT, una de las pocas organizaciones privadas que analiza estas tasas en España, calcula diferencias de hasta 230 euros anuales entre capitales de provincia: mientras un hogar medio paga unos 287,5 euros en Valencia, en Toledo la cifra ronda los 56,9 euros. Uno de los problemas señalados es que el Gobierno dejó en manos de los ayuntamientos el diseño de la tasa sin apenas criterios comunes, más allá de que no fuera deficitaria y cubriera el 100% del coste. Con ese margen, cada consistorio aplicó su propio modelo: algunos ajustaron la tarifa al gasto real, mientras que otros aprobaron sistemas muy cuestionados, lo que podría derivar en reclamaciones y devoluciones. Un ejemplo destacado es el de Madrid. El Ayuntamiento estableció una tasa basada en el valor catastral de la vivienda y en el nivel de reciclaje del distrito, un método que muchos expertos consideran poco preciso para medir la cantidad real de residuos generados por cada hogar. La medida ha sido impugnada por más de 130.000 vecinos, así como por la Asociación Española de Asesores Fiscales y el grupo municipal Más Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid deberá pronunciarse próximamente sobre su legalidad.

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(El Economista, 20-02-2026) | Fiscal

Hacienda elevará la multa a empresas por corrupción hasta el 50% de sus ingresos anuales

El Gobierno dio a conocer el martes el Anteproyecto de Ley de Integridad Pública, una norma que concentra las principales medidas anunciadas tras el denominado "caso Koldo" y que pone el foco en las empresas, los partidos y la contratación pública. El Ministerio de Hacienda ha abierto a consulta pública el borrador, que propone endurecer de forma notable las sanciones a compañías implicadas en corrupción, permitiendo multas de hasta el 50% de su facturación anual. El plan contempla castigos más severos para delitos como el cohecho, el tráfico de influencias y la malversación. Para ello, prevé aumentar tanto la cuantía diaria de las multas como el límite total que pueden alcanzar. El texto, aprobado en primera lectura por el Consejo de Ministros, incluye una modificación del Código Penal que mantiene el mínimo de 30 euros por día, pero elimina el tope máximo fijo, que pasará a depender de los ingresos de la empresa en el ejercicio en que se cometió el delito. En concreto, se plantea que la sanción máxima alcance hasta el 50% de la cifra de negocio de ese año -o del año en que se obtuvieron los beneficios ilícitos-. Ese importe se dividiría entre 360 días para fijar la multa diaria. Si el resultado fuese inferior a 20.000 euros por día, se permitiría elevarla hasta esa cifra, lo que cuadruplica el límite actual de 5.000 euros diarios. Además, el borrador amplía de dos a diez años el periodo máximo durante el cual puede aplicarse este sistema de multas por días a las personas jurídicas. Con esta modificación, las sanciones a empresas condenadas por corrupción podrían superar los 72 millones de euros si sus ingresos anuales superan ciertos niveles. La determinación final del importe y la duración quedará en manos de jueces y tribunales. El plan estatal anticorrupción presentado en julio por el presidente Pedro Sánchez ya apuntaba la intención de imponer sanciones proporcionales al volumen de negocio o al beneficio obtenido ilegalmente. Con este modelo, el Ejecutivo busca tanto disuadir a las compañías de incurrir en prácticas corruptas como adaptar las penas a su tamaño real, siguiendo ejemplos de otros países como el Reino Unido. La reforma también eleva a siete años el plazo de prescripción de estos delitos, argumentando que suelen ser difíciles de detectar por su complejidad técnica y porque a menudo se cometen desde posiciones de poder que les confieren apariencia de legalidad. El Gobierno considera que ampliar este plazo contribuirá a su prevención al reducir la posibilidad de impunidad. Asimismo, la norma pretende reforzar la transparencia sobre quién controla realmente las empresas. Para ello, propone que sea obligatorio inscribir en el Registro Mercantil la titularidad de las participaciones en las sociedades limitadas, de modo que se identifique claramente a sus propietarios y socios y se evite el uso de empresas pantalla. Estas sociedades deberán disponer de un libro registro de socios en formato electrónico, que comunicarán al Registro Mercantil y actualizarán cada año junto con sus cuentas anuales. El Ejecutivo advierte de que no informar de los cambios en la propiedad implicará la nulidad de la transmisión, por lo que únicamente los socios inscritos oficialmente podrán ejercer derechos como el cobro de dividendos.

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(Expansión, 20-02-2026) | Laboral

El Círculo de Economía exige una "inmigración más moderada" y vinculada a la productividad

"La política migratoria vigente muestra fallos claros", afirma en un artículo de opinión en el que expresa dudas sobre la regularización anunciada por el Ejecutivo. La extrema derecha avanza en distintos países europeos y también en Catalunya. En la actualidad, Vox y Aliança Catalana suman 14 de los 135 escaños del Parlament. Sin embargo, el último sondeo del Generalitat de Catalunya publicado en noviembre indica que, si se celebraran elecciones autonómicas hoy, podrían alcanzar entre 32 y 34 diputados. En un contexto en el que la inmigración se ha convertido en un asunto central del debate público y el Gobierno ha pactado iniciar un proceso extraordinario de regularización, el Círculo de Economía presentó ayer su postura, proponiendo poner límites al volumen de llegadas. Considera que este flujo debería ser "más contenido" y vinculado a mejoras en la productividad económica. No obstante, este foro de reflexión no concretó qué criterios deberían aplicarse para fijar esos límites. Sí subraya la necesidad de reformar a fondo las políticas públicas con el fin de asegurar una acogida e integración eficaces. En el documento, la institución presidida desde el año pasado por Teresa Garcia-Milà advierte de que la rapidez del fenómeno migratorio está poniendo a prueba la capacidad de recepción. Señala que Catalunya ha incrementado su población inmigrante a un ritmo cinco veces superior al promedio europeo, lo que ha generado presión sobre la vivienda, los servicios públicos y los empleos menos cualificados. El texto concluye que existe una estrecha relación entre el modelo económico y la inmigración, y que el fuerte aumento de población extracomunitaria ha contribuido a mantener el crecimiento del PIB en los últimos años. Sin embargo, añade que ese crecimiento apenas se ha traducido en mejoras de la renta por habitante. Por ello, propone evolucionar hacia una economía más basada en la productividad, compatible con una inmigración menos numerosa pero con mayor cualificación. Respecto al proceso de regularización, el Círculo no lo cuestiona directamente, aunque lo interpreta como una muestra de la ausencia de una política migratoria sólida y coherente. "La gestión actual de la inmigración presenta fallos evidentes", concluye.

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(El Confidencial, 20-02-2026) | Laboral

España entra en el club de países con jornadas más reducidas para los funcionarios

Los sindicatos están a punto de suscribir con el Ministerio de Función Pública un acuerdo para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), según el borrador que aún debe formalizarse en la mesa general de negociación. Desde UGT consideran que la firma será un simple trámite, por lo que calculan que la nueva jornada podría aplicarse a partir de marzo. Este compromiso ya figuraba en el último acuerdo marco firmado hace apenas dos meses, aunque su negociación se arrastra desde hace años. Con este pacto, unos 246.418 empleados públicos pasarán de la jornada máxima legal actual de 37,5 horas a 35 semanales, equiparándose así a la mayoría de trabajadores de las administraciones locales y a buena parte de los autonómicos, salvo excepciones como la Comunidad de Madrid. La medida culmina un proceso gradual de reducción de jornada en el sector público iniciado con los presupuestos de 2018, que reinterpretaron el Real Decreto-ley 20/2011, norma que había fijado las 37,5 horas en plena etapa de recortes para contener el gasto. Al sumarse ahora la AGE -la gran administración que faltaba-, la jornada media del empleo público en España se situará en torno a las 35 horas, colocando al país entre los que cuentan con horarios más reducidos en sus administraciones. En el ámbito europeo, solo Francia, Irlanda y Portugal tenían en 2024 jornadas públicas de 35 horas semanales. España ya se aproximaba a esa cifra, con 35,8 horas de media, debido principalmente a que la AGE mantenía horarios más largos. Aun así, incluso entonces la jornada pública española estaba claramente por debajo de la media comunitaria, situada en 37,7 horas, según datos recopilados por Eurofound. Actualmente, doce países de la Unión Europea mantienen jornadas de 40 horas en sus administraciones, y en siete casos el horario público coincide con el deliña general de la economía. Destacan Alemania y Austria, donde el sector público trabaja más horas que el conjunto del mercado laboral. En España ocurre lo contrario: la jornada media pactada en la economía ronda las 38,3 horas, casi tres más que en la administración. Además, las horas acordadas no siempre coinciden con las realmente trabajadas. Aunque no hay estadísticas directas que comparen sector público y privado, los datos de la EPA permiten aproximarlo: en 2024, los empleados a tiempo completo en España tenían jornadas habituales de 40,2 horas y efectivas de 38,9, frente a las 37,3 y 35,9 horas, respectivamente, en el ámbito de la administración pública y defensa. Estas condiciones convierten al empleo público en una opción especialmente atractiva, tanto por horarios como por salarios. Un estudio reciente de Eurostat, basado en la Encuesta de Estructura Salarial de 2022, sitúa la brecha retributiva en España en un 9% a favor del sector público, solo por detrás de Chipre y Luxemburgo. El acuerdo en negociación contempla la implantación de las 35 horas y la adaptación organizativa necesaria para garantizar la prestación de los servicios, especialmente en áreas de atención al ciudadano y trabajos a turnos. En muchos puestos de oficina bastará con reducir media hora diaria de lunes a viernes, pero en aquellos que requieren atención continuada podrían ser necesarias nuevas contrataciones si la reorganización de la jornada anual no cubre todas las necesidades. Los sindicatos subrayan que el pacto establece únicamente el marco general y que su aplicación concreta dependerá de las 30 mesas de negociación delegadas -22 ministeriales y otras ocho de distintos organismos-, que evaluarán el impacto real y si es preciso incorporar más personal. En caso necesario, las vacantes podrían cubrirse mediante interinos o nuevas ofertas de empleo público.

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(Expansión, 20-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo carga contra los bancos que asfixian a las empresas en los concursos

El Tribunal Supremo (TS) ha advertido a la banca sobre su actuación ante empresas en crisis. En una sentencia reciente, la Sala de lo Civil ha establecido un criterio clave en materia concursal: las entidades financieras no pueden cancelar de manera unilateral y sin justificación la financiación a una compañía en dificultades cuando existe un contrato en vigor. Si esa retirada de crédito provoca su asfixia económica y contribuye a su liquidación, deberán compensarla por haberle privado de la posibilidad de continuar. La decisión supone un golpe a las prácticas habituales de los departamentos de riesgos, que suelen cortar la financiación -sobre todo el descuento de efectos comerciales- cuando un cliente entra en concurso, con el fin de reducir riesgos. El Alto Tribunal señala ahora que, si esa actuación incumple compromisos contractuales previos, genera responsabilidad patrimonial directa. Hasta ahora, los bancos solían defenderse alegando que la empresa ya estaba abocada al fracaso por su delicada situación (deudas, caída de ingresos, competencia, etc.), por lo que la falta de financiación no habría cambiado el desenlace. Muchos tribunales aceptaban este razonamiento al no poder probarse con total certeza que el crédito habría evitado el cierre. Sin embargo, el Supremo introduce la doctrina de la "pérdida de oportunidad". Según este criterio, no es necesario demostrar que la empresa se habría salvado con seguridad; basta con acreditar que existía una probabilidad real de éxito si las entidades hubieran cumplido lo pactado. El Tribunal argumenta que, al retirar la financiación comprometida, los bancos impiden comprobar si la compañía podía recuperarse. Por ello, la incertidumbre resultante no puede favorecer a quien incumple, sino que debe traducirse en una indemnización por la oportunidad frustrada. El caso examinado responde a una situación típica: una empresa solicita concurso voluntario y presenta un plan de viabilidad avalado por la administración concursal. Pese a ello, los bancos dejan de descontar pagarés y efectos, incumpliendo los contratos firmados. La falta de liquidez inmediata hace fracasar el plan y conduce a la liquidación. Aunque la sociedad atravesaba problemas estructurales y un contexto económico desfavorable, el Tribunal considera probado que la retirada del crédito fue un factor determinante adicional. El rechazo injustificado de operaciones financieras impidió la continuidad de la actividad. La sentencia subraya que la continuidad de una empresa en concurso no es una ilusión, sino una posibilidad jurídica y económica protegida. Al cortar la financiación pactada, las entidades transformaron una situación complicada en inviable, privando a la compañía y a sus acreedores de alcanzar un acuerdo. Además, aclara que la declaración de concurso no autoriza a incumplir contratos. También introduce un cambio importante en la forma de valorar la causalidad: ya no se exige que la actuación del banco sea la causa exclusiva del cierre, sino que basta con que haya reducido de forma significativa las probabilidades de supervivencia. Esa reducción tiene un valor económico indemnizable. En este caso concreto, el Tribunal estimó que la actuación de las entidades contribuyó en un 15% al desenlace final. Por ello, deberán abonar una indemnización proporcional al valor que la empresa habría tenido de haber continuado operando. Esta doctrina fortalece la posición de las empresas en concurso y de los administradores concursales, al ofrecerles una herramienta para reclamar daños cuando la banca actúe de forma precipitada o abusiva durante procesos de reestructuración, contribuyendo así a proteger el tejido empresarial frente a decisiones financieras automáticas que ignoran la viabilidad real de los negocios.

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(Expansión, 20-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno pondrá topes de renta para conceder el bono social eléctrico a las familias numerosas

La Estrategia contra la Pobreza Energética aprobada el martes por el Gobierno prevé modificar las normas de acceso al bono social eléctrico incorporando un criterio de ingresos para las familias numerosas, que actualmente pueden recibirlo sin que su concesión dependa de su nivel de renta. Desde el área de Transición Ecológica se argumenta que, con el sistema vigente, hay hogares que obtienen la ayuda sin necesitarla realmente. La nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE 2026-2030), aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, contempla reformar la normativa para que tanto el bono social eléctrico como el térmico se concentren en los hogares con menores recursos. El objetivo es evitar que familias con ingresos medios o altos accedan a estas ayudas y garantizar que lleguen a quienes más las necesitan. Entre las principales medidas figura limitar el acceso a estos bonos a las rentas elevadas, ya que, según el ministerio, el sistema actual presenta un doble problema: algunos hogares vulnerables no los solicitan o no llegan a beneficiarse, mientras que otros sin necesidad sí lo hacen. El plan redefine, por tanto, los requisitos para obtener estas ayudas con la intención de focalizarlas en las economías domésticas con menos ingresos. En el caso de las familias numerosas, propone que el criterio de renta pase a ser determinante, de modo que solo lo perciban aquellas que realmente se encuentren en situación de vulnerabilidad. Hoy en día, el título de familia numerosa basta por sí solo para acceder a descuentos en la factura eléctrica -del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos, dentro de ciertos límites de consumo-. La reforma plantea aplicar también a este colectivo condiciones generales basadas en los ingresos. La vicepresidenta tercera y ministra responsable, Sara Aagesen, explicó que el Ejecutivo considera que la renta debe convertirse en el criterio principal para determinar quién puede beneficiarse, aunque para ello será necesario desarrollar un reglamento específico. El Gobierno prevé abrir un proceso de diálogo con asociaciones y organizaciones de consumidores antes de aprobarlo. Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, señaló que uno de los pilares de la estrategia es reforzar la protección de los consumidores vulnerables. Esto implica revisar la definición de vulnerabilidad aplicada al bono social e introducir criterios económicos de forma generalizada para asegurar que quienes realmente necesitan apoyo puedan acceder a él. Según los últimos datos del ministerio, los beneficiarios del bono social eléctrico han aumentado un 4,5% en el último año hasta situarse en torno a 1,73 millones de hogares. De ellos, cerca del 27% -unos 460.000- lo reciben por su condición de familia numerosa. Por territorios, Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña concentran el mayor número de beneficiarios en esta categoría, seguidas por la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y el País Vasco.

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(El País, 20-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El déficit comercial de España se dispara más de un 40% en 2025

La balanza comercial de España registró el año pasado su mayor déficit desde 2022, cuando la guerra en Ucrania elevó drásticamente los precios energéticos y encareció las importaciones de gas y petróleo. En 2025, la diferencia negativa entre exportaciones e importaciones de bienes alcanzó los 57.054 millones de euros, un 41,6% más que en el ejercicio anterior (40.276 millones), lo que supone el tercer peor dato desde 2008. Buena parte de este deterioro se explica por el desequilibrio comercial con China, que aumentó un 12% y representa aproximadamente tres cuartas partes del déficit total. Según Ya-Lan Liu, analista de Arcano Research, el país asiático ha redirigido hacia otros mercados la producción que antes destinaba a Estados Unidos debido a las barreras comerciales. Entre los destinos que están absorbiendo ese exceso de oferta -que el consumo interno chino no logra asumir- se encuentra España. No obstante, la experta señala que, aunque las ventas chinas a Europa han crecido, el aumento ha sido aún mayor hacia otras regiones de Asia y África, por lo que el impacto no ha sido tan masivo como se temía. Esta evolución no afecta solo a España. El conjunto de la Unión Europea también vio ampliarse su déficit con China un 15% en 2025. Sin embargo, a diferencia del bloque comunitario, España no ha compensado ese desbalance con mayores exportaciones a otros mercados. Las ventas al exterior apenas crecieron un 0,7% (hasta 387.092 millones, segundo mejor dato histórico), mientras que las importaciones aumentaron un 4,6%, alcanzando los 444.146 millones. El principal factor de esta brecha es el fuerte incremento del déficit no energético, que casi se triplicó al pasar de 9.833 a 27.763 millones de euros. Este fenómeno se relaciona en parte con el sólido crecimiento económico del país -un 2,8%-, que elevó los beneficios empresariales y, con ellos, la inversión en bienes de equipo: maquinaria industrial, equipos de oficina y telecomunicaciones, material de transporte o aparatos eléctricos. También influyeron el dinamismo de la demanda interna -impulsada por un notable aumento de población- y el encarecimiento de numerosos productos. Destacan el incremento del 27% en las compras de carne (cerca de 5.000 millones) y del 25% en azúcar, café y cacao (unos 7.000 millones). Asimismo, el envejecimiento demográfico y el auge de los tratamientos para adelgazar contribuyeron a que las importaciones de medicamentos crecieran casi un 16%, hasta 26.579 millones. En cambio, el déficit energético se mantuvo contenido e incluso descendió ligeramente, de 30.442 a 29.292 millones, gracias a un ahorro cercano a 3.000 millones en la factura petrolera. Estos datos se refieren únicamente al comercio de mercancías. Si se incluyen los servicios, el panorama cambia notablemente, según el economista Javier Santacruz. Desde comienzos de la década pasada, España ha logrado mantener superávits por cuenta corriente, principalmente gracias al peso de sectores como el turismo. Por áreas geográficas, las exportaciones crecieron hacia mercados emergentes como África (6,2%) y Asia (3,4%), mientras que apenas avanzaron hacia la UE (0,6%) y retrocedieron en América Latina (-6%) y especialmente en Estados Unidos (-8%). En este último caso influyeron los aranceles impulsados por Donald Trump, cuyo impacto máximo se produjo en agosto, cuando las exportaciones españolas al mercado estadounidense cayeron más de un 30%. Como consecuencia, Estados Unidos ha perdido peso en el comercio exterior español y representa ya solo el 4,3% de las ventas totales, un punto menos que el año anterior. Ante esta situación, el Gobierno busca nuevos destinos. El presidente Pedro Sánchez se encuentra estos días en India para reforzar las relaciones comerciales con un mercado de enorme potencial, especialmente para productos como el aceite de oliva o el sector del automóvil, favorecidos por el reciente acuerdo entre Bruselas y Nueva Delhi. Actualmente, las exportaciones españolas a India -algo más de 2.000 millones- equivalen a solo una cuarta parte de las destinadas a China. En cuanto a los saldos bilaterales, los mayores superávits se obtuvieron con Portugal (17.380 millones) y Francia (17.341 millones), seguidos por Reino Unido (14.165 millones). Por el contrario, los déficits más elevados correspondieron a China (-42.278 millones), Estados Unidos (-13.458 millones) y Alemania (-10.954 millones).

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(El País, 20-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las economías de la OCDE crecieron un 1,7% en 2025 pese a la guerra comercial

La economía de las naciones más avanzadas terminó 2025 con resultados mixtos, en un contexto internacional marcado por conflictos comerciales y dudas políticas. Según los datos preliminares difundidos por la OCDE, el producto interior bruto (PIB) conjunto de sus 38 países miembros aumentó un 1,7% a lo largo del año, aunque el crecimiento se moderó hasta el 0,3% en el último trimestre, una décima menos que en el periodo previo. El avance anual mejora claramente el 1,2% registrado en 2024 y el 1,1% de 2023, reflejando una recuperación moderada tras varios años de escaso dinamismo. Sin embargo, este progreso se produce en un escenario global donde la economía mundial también muestra señales de agotamiento. Las previsiones semestrales del organismo sitúan el crecimiento global en torno al 3,2% en 2025, tras sucesivas revisiones a la baja motivadas por la persistencia de obstáculos comerciales -acentuados por la guerra arancelaria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump- y por unas condiciones financieras más exigentes que han limitado la inversión y el comercio. El contexto internacional estuvo condicionado por disputas comerciales prolongadas, reajustes en las cadenas de suministro y políticas monetarias prudentes. En varios países desarrollados, la actividad empresarial siguió mostrando debilidad, con niveles de inversión inferiores a los de ciclos anteriores, algo que la OCDE considera un riesgo para el crecimiento a medio plazo. Por ello, el organismo ha insistido en la necesidad de preservar mercados abiertos y mantener los intercambios internacionales. Estas dificultades se hicieron más visibles en la recta final del año. De los 24 países con datos disponibles para el cuarto trimestre, solo diez aceleraron su ritmo de crecimiento respecto al periodo anterior, cinco entraron en terreno negativo y siete experimentaron una desaceleración. No obstante, a diferencia de 2024 -cuando siete economías terminaron el año con caídas-, en 2025 todas las economías de la OCDE con información disponible cerraron con crecimiento positivo, lo que indica que la desaceleración global fue menos intensa de lo previsto. En Europa, tanto la Unión Europea como la zona euro registraron un crecimiento del 0,3% en el último trimestre, mostrando trayectorias convergentes. Para el conjunto de la Unión, este dato supone una ligera pérdida de impulso frente al 0,4% del trimestre anterior, mientras que la zona euro mantuvo estable su expansión. En términos anuales, el balance es positivo: la economía de la eurozona creció un 1,5% respecto a 2024 y la de toda la Unión un 1,6%. España desempeñó un papel destacado en este comportamiento, con un aumento del PIB del 0,8% en el último trimestre impulsado por el consumo y la inversión. Gracias a ello, la economía española cerró 2025 con un crecimiento interanual del 2,8%, según el Instituto Nacional de Estadística. Entre las grandes economías del G-7, la evolución fue dispar. Alemania e Italia destacaron al final del año con un crecimiento trimestral del 0,3%, impulsado principalmente por el consumo interno, tanto privado como público, y en el caso italiano también por la inversión empresarial. En cambio, Francia redujo su ritmo hasta el 0,2%, en parte porque muchas empresas optaron por vender existencias acumuladas en lugar de aumentar la producción. Canadá fue la economía con peor resultado entre las potencias, al registrar una contracción del 0,1% tras un trimestre anterior favorable. Japón volvió a crecer ligeramente (0,1%) gracias al impulso de la inversión tras una caída previa, mientras que Reino Unido apenas avanzó un 0,1% por segundo trimestre consecutivo. Los datos definitivos de Estados Unidos aún no estaban completos al cierre del informe, aunque distintos analistas prevén una desaceleración en el último tramo del año que, pese a todo, mostraría resiliencia frente a las barreras arancelarias.

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(El País, 20-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La firma de hipotecas alcanza la cifra más elevada en 15 años

Los diferentes indicadores del mercado inmobiliario coinciden en el mismo diagnóstico: el precio de la vivienda continúa al alza, pero ni las compraventas ni la concesión de hipotecas muestran signos de desaceleración por ahora. De hecho, el dinamismo hipotecario de 2025 lo ha convertido en el año con más préstamos para vivienda de los últimos quince años, con 501.073 operaciones, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra supone un incremento del 17,8% respecto a 2024 y solo encuentra precedentes superiores en los años de auge de la burbuja inmobiliaria, entre 2004 y 2010. Aunque los datos aún son provisionales, la evolución mensual ya anticipaba que se superaría el medio millón de hipotecas, algo que terminó de confirmarse gracias a las 37.841 firmadas en diciembre, un 17,4% más que un año antes. En paralelo a este impulso, el precio tasado de la vivienda también se sitúa en máximos históricos. El valor medio del metro cuadrado alcanzó los 2.230 euros en el cuarto trimestre de 2025, según el Ministerio de Vivienda, el nivel más alto desde que se inició la serie en 1995. En los últimos diez años, el coste por metro cuadrado ha aumentado casi un 50%, lo que equivale a unos 740 euros más. Durante 2025 se firmaron, de media, 41.756 hipotecas mensuales, muy por encima de las 35.460 del año anterior. Octubre destacó especialmente con 52.198 operaciones, el mayor registro desde septiembre de 2010, lo que apuntaba a un cierre anual excepcional. Aunque en diciembre se produjo un ligero descenso respecto a noviembre, todos los meses del año superaron los datos equivalentes de 2024, con mayo como uno de los más destacados, al casi duplicarse las firmas hasta alcanzar las 42.274. Así, el total anual superó por primera vez desde 2010 la barrera de las 500.000 hipotecas. No obstante, sigue lejos de los niveles extremos registrados antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando entre 2004 y 2007 se formalizaban más de un millón de préstamos al año. Según Ricard Garriga, consejero delegado y cofundador de Trioteca, alcanzar este volumen confirma que 2025 marca un punto de inflexión tras varios años dominados por tipos de interés elevados y menor actividad. Además, subraya que el crecimiento no solo se refleja en el número de operaciones, sino también en el dinero concedido: si en 2024 se prestaron unos 61.000 millones de euros, en 2025 la cifra ascendió a 82.000 millones, un 33% más. Esto implica que las hipotecas son más numerosas y también de mayor cuantía. El impulso hipotecario se ha apoyado especialmente en comunidades como Andalucía, Cataluña y Madrid, que concentran más de la mitad de las operaciones. Sin embargo, los mayores aumentos porcentuales se han registrado en Cantabria, La Rioja y Murcia, lo que sugiere que la presión inmobiliaria de las grandes ciudades está extendiendo la actividad a otros territorios. La escalada de precios, impulsada por una oferta limitada frente a una demanda muy intensa, también ha elevado el importe medio de los préstamos. En 2025 alcanzó los 163.608 euros, el nivel más alto desde 2015 -año en que comienza la serie para este indicador-, tras aumentar más de un 53% en una década. La evolución de los tipos de interés ha estado marcada por las decisiones del Banco Central Europeo (BCE), que durante 2025 alternó cuatro bajadas con cuatro periodos de mantenimiento. La última pausa, en diciembre, situó el tipo medio anual en el 2,93%, por debajo del 3,3% registrado en 2024 y uno de los niveles más moderados de la última década. Según Robin Decaux, consejero delegado de Equito, el crédito hipotecario no solo se mantiene activo, sino que se está consolidando, y el principal desafío de los próximos años será incrementar la oferta de vivienda de forma eficiente, profesional y apoyada en la tecnología.

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(El Economista, 19-02-2026) | Fiscal

El Congreso exige al Gobierno bajar el IVA al 4% para la compra de primera vivienda

El Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a reducir al 4% el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) aplicado a la adquisición de la primera vivienda. Sin embargo, la iniciativa no ha contado con el respaldo del PSOE ni de Sumar, los dos partidos que forman el Ejecutivo de coalición. La propuesta prosperó después de que el Partido Popular presentara una moción en el pleno celebrado este miércoles, derivada de una interpelación urgente dirigida a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La moción salió adelante gracias al apoyo de Vox, Junts per Catalunya y Unión del Pueblo Navarro, además del voto favorable del propio PP. Por su parte, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y Bloque Nacionalista Galego optaron por abstenerse. Junto a esta iniciativa, también se aprobó reclamar al Ejecutivo una deducción en el IRPF durante los primeros años de la carrera laboral de los jóvenes, aunque en este punto Junts prefirió no posicionarse a favor ni en contra. La rebaja fiscal para la compra de la primera vivienda habitual cuenta con el respaldo de diversos sectores, que la consideran un incentivo para facilitar el acceso a la propiedad al reducir el desembolso inicial, especialmente elevado por la entrada exigida al solicitar una hipoteca. Entre quienes han defendido medidas de este tipo figura la abogada Montse Cespedosa, quien ha planteado incluso eliminar los impuestos sobre la primera vivienda o fijarlos en un nivel muy bajo -entre el 1% y el 2%- a cambio de aumentar significativamente la carga fiscal sobre la compra de segundas residencias y posteriores, llegando hasta un 15%. Además, la Cámara aprobó el resto de propuestas incluidas en la moción, entre ellas crear condiciones favorables para que, mediante la cooperación entre el sector público y el privado, se puedan construir un millón de viviendas en España en los próximos cuatro años, especialmente en las zonas con mayor demanda, con el objetivo de reducir el déficit habitacional acumulado. En este punto, el PSOE optó por la abstención. Los socialistas sí respaldaron otras iniciativas, como impulsar la colaboración público-privada en la promoción y edificación de viviendas, así como permitir que los ayuntamientos destinen sus remanentes presupuestarios a proyectos de vivienda asequible, ajustando los plazos a las necesidades reales de construcción para garantizar su viabilidad. Asimismo, el Congreso solicitó poner en el mercado todo el suelo público disponible perteneciente a la Administración General del Estado para destinarlo al alquiler asequible, con precios alrededor de un 30% inferiores a la media del mercado, además de elaborar un plan para simplificar los trámites administrativos y acometer las reformas normativas necesarias.

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