La Agencia Tributaria ha emitido una nota técnica que, en la práctica, implica la prórroga de los límites de facturación que permiten a los autónomos acogerse al régimen de módulos. Al igual que ocurrió el año anterior, el Ministerio de Hacienda, ahora dirigido por Arcadi España, ha optado por extender estos umbrales para quienes tributan en estimación objetiva mediante este procedimiento.
La medida se ha adoptado en el último momento, después de que el Congreso rechazara su inclusión tanto en el decreto ómnibus de enero como en el posterior decreto del llamado "escudo social". Además, se produce tras la decisión de la anterior ministra, María Jesús Montero, de prolongar el sistema al menos hasta el 31 de diciembre de este año a través de una orden ministerial aprobada en noviembre.
Gracias a esta prórroga, los trabajadores autónomos con ingresos inferiores a 125.000 o 250.000 euros anuales -según facturen a empresas o a particulares- podrán seguir tributando bajo este sistema, cuya continuidad estaba en duda. De no haberse aprobado, estos límites se habrían reducido a la mitad, lo que habría dejado fuera del régimen a cerca de 350.000 autónomos.
Como viene ocurriendo desde hace más de diez años, el sistema de módulos seguirá vigente hasta finales de año. Antes de esa fecha, Hacienda deberá decidir si lo mantiene para el siguiente ejercicio o lo elimina, una cuestión que sigue generando debate entre los expertos fiscales sobre su utilidad en el sistema tributario actual.
El régimen de estimación objetiva consiste en pagar una cantidad fija en las declaraciones trimestrales de IRPF e IVA, en lugar de tributar en función del beneficio real obtenido (ingresos menos gastos). Esta cuantía se calcula a partir de ciertos indicadores del negocio, como el tamaño del local, el número de mesas, el consumo eléctrico o el personal empleado.
En la práctica, este método suele suponer una menor carga fiscal en comparación con la estimación directa, ya que la cuota estimada acostumbra a ser inferior a la que resultaría de aplicar los datos reales de facturación. No obstante, posteriormente la Agencia Tributaria puede ajustar estas cifras en la declaración anual de la Renta o en la última liquidación trimestral del IVA, que se presenta en enero del año siguiente.
El Gobierno ha sorteado las restricciones derivadas de la prórroga presupuestaria mediante la aprobación de ampliaciones de crédito por valor de 77.000 millones de euros, junto con transferencias entre ministerios que suman otros 41.000 millones. En conjunto, el Ministerio de Hacienda ha incrementado en un 250% los ajustes presupuestarios para adaptar las cuentas de 2023 a la realidad de 2025.
El ejercicio 2025 comenzó con la prórroga automática de los Presupuestos de 2023, pero al cierre del año el Ejecutivo había autorizado ampliaciones, modificaciones y reasignaciones de crédito entre distintos departamentos por un total de 120.000 millones de euros, alterando significativamente el diseño inicial.
Cabe destacar que el Gobierno no ha presentado ningún nuevo proyecto presupuestario durante la legislatura, incumpliendo así su obligación constitucional, en parte por el riesgo de no lograr su aprobación en un Parlamento fragmentado, donde cada apoyo político resulta más costoso. Como consecuencia, ha encadenado tres prórrogas consecutivas, una situación inédita que ha gestionado ampliando su margen para modificar las cuentas sin necesidad de aprobación parlamentaria.
Según los datos recopilados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), entre enero y septiembre de 2025 se aprobaron modificaciones presupuestarias por unos 124.000 millones de euros. Esta cifra incluye más de 47.000 millones en ampliaciones de crédito, 9.400 millones en suplementos, 5.400 millones en créditos extraordinarios, 9.900 millones procedentes de remanentes y 20.700 millones generados por mayores ingresos públicos, en un contexto en el que la recaudación tributaria superó por primera vez los 325.000 millones de euros.
En total, los datos oficiales reflejan un incremento del crédito disponible de 92.400 millones de euros, compensado parcialmente por anulaciones y ajustes por valor de 15.500 millones, lo que deja un aumento neto de 76.950 millones. Al mismo tiempo, Hacienda ha hecho uso de su capacidad para reorganizar fondos, redistribuyendo más de 41.000 millones de euros mediante transferencias entre distintos programas y ministerios.
En conjunto, estos cerca de 124.000 millones en modificaciones suponen un notable aumento respecto a los 95.500 millones registrados en 2024, lo que evidencia las tensiones de gestionar unas cuentas prorrogadas. Si se compara con 2023, último año con presupuestos aprobados, cuando las modificaciones ascendieron a 36.000 millones, el incremento en 2025 alcanza el 244%.
Entre los principales ajustes destaca el incremento del gasto en Defensa hasta el 2% del PIB, en línea con los compromisos con la OTAN, llevado a cabo sin pasar por el Parlamento. Para ello se movilizaron 10.500 millones de euros, de los cuales 6.300 correspondieron a ampliaciones de crédito y 4.200 a transferencias desde otros ministerios.
Asimismo, se realizaron ajustes para destinar 30.000 millones adicionales al pago de la deuda pública, 18.000 millones al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones -encargado de las pensiones-, 10.000 millones a Industria y 17.000 millones al área de Economía.
A diferencia de los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos tributan con independencia de sus ingresos, aunque tienen la opción de deducir determinados gastos vinculados a su actividad profesional, siempre que estén debidamente justificados y documentados, según indican los especialistas. Para ello, es imprescindible estar dado de alta tanto en Hacienda como en la Seguridad Social, ya que los gastos realizados antes de ese momento no pueden incluirse como deducibles.
Álvaro Viqueira, técnico de ATA, recuerda que en cualquier deducción "la responsabilidad de demostrarla recae en el autónomo", por lo que recomienda consultar ante cualquier duda. En la misma línea, Valeria Hernández, experta fiscal de TaxDown, aconseja contar con asesoramiento profesional. Con el inicio de la campaña de la renta el próximo 8 de abril, estas son algunas pautas clave para reducir la carga fiscal.
En cuanto a los gastos deducibles, los expertos coinciden en que deben estar directamente relacionados con la actividad económica. Viqueira insiste en que debe existir una conexión clara. Francisco Serantes, de la AEDAF, señala que cuando llega el momento de hacer la declaración hay poco margen de maniobra, por lo que recomienda conservar todas las facturas durante el año. Además, matiza que no solo son deducibles los gastos imprescindibles, sino también aquellos que resulten útiles o convenientes para mejorar la actividad y los ingresos.
Otro requisito fundamental es disponer de un justificante adecuado, preferiblemente una factura completa. Serantes advierte que los tickets suelen generar problemas, y Hernández añade que, además de la factura, el gasto debe estar registrado en los libros contables. Entre los gastos que pueden deducirse figuran la cuota de autónomos -deducible en su totalidad-, el alquiler de un local si se trabaja fuera del domicilio, o parte de los suministros si la actividad se desarrolla en casa (hasta un 30% proporcional). También se incluyen servicios profesionales como gestoría o asesoría, material de oficina, equipos informáticos, mobiliario, software, así como gastos en publicidad y marketing digital.
En algunos casos no es necesaria una factura, pero sí un justificante de pago, como ocurre con las cuotas a la Seguridad Social, seguros o ciertos tributos como el IBI o la tasa de basuras. No todos los conceptos son deducibles. Por ejemplo, las aportaciones a planes de pensiones reducen la base imponible del IRPF, pero no se consideran gasto de la actividad. Solo son deducibles las cotizaciones obligatorias. Tampoco pueden deducirse sanciones, multas o pérdidas derivadas del juego.
Existen gastos especialmente difíciles de justificar, como los relacionados con telefonía o vehículos. En el caso del móvil, es necesario demostrar que su uso es exclusivamente profesional, algo complicado si no hay varias líneas. En cuanto al coche, solo puede deducirse al 100% si se destina íntegramente a la actividad, algo que Hacienda limita a ciertos sectores como transporte, taxis o comerciales.
Respecto a las subvenciones públicas recibidas en 2025, deben declararse en el IRPF. Para ello, hay que distinguir entre subvenciones corrientes, que se incluyen íntegramente como ingresos, y de capital, que se imputan de forma progresiva mediante amortización. El llamado kit digital suele tratarse como subvención corriente.
Entre las novedades de este año destaca un mayor control sobre los pagos realizados mediante Bizum. También se permite amortizar libremente vehículos eléctricos y puntos de recarga adquiridos en 2024 o 2025. Además, los autónomos podrán reflejar en la declaración las regularizaciones de sus cotizaciones a la Seguridad Social, adaptadas desde 2023 a sus ingresos reales, gracias a nuevas casillas específicas en el modelo de IRPF.
En España, el precio final de los combustibles en las gasolineras está determinado principalmente por tres elementos: el coste del producto (petróleo o carburante refinado), el margen de distribución y los impuestos. Según datos de la CNMC, los impuestos suelen suponer aproximadamente el 50% del precio de la gasolina y alrededor del 43% en el caso del diésel. Por su parte, el coste del carburante representa cerca del 31% en la gasolina y el 36% en el diésel, mientras que el margen de distribución se sitúa en torno al 19% y el 21%, respectivamente. Estas proporciones son orientativas y pueden variar en función del mercado, tomando como referencia la media de 2025.
El peso de cada componente cambia según el contexto. En épocas de precios bajos, como en 2016, los impuestos llegaron a representar hasta el 57% del precio de la gasolina. Sin embargo, en momentos de alta volatilidad o encarecimiento, como en 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania, su peso relativo disminuye, ganando protagonismo el coste del producto.
A pesar de estas variaciones, el impuesto sobre hidrocarburos sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos públicos dentro de los impuestos especiales. En 2025, generó más de 12.300 millones de euros, lo que supone más de la mitad de la recaudación de estos tributos y cerca del 4% del total ingresado por el Estado.
Además, los carburantes están gravados con otras cargas, como el IVA, tasas medioambientales y contribuciones a reservas estratégicas. Recientemente, el Gobierno redujo temporalmente algunos de estos impuestos y aplicó ayudas directas, lo que ha permitido abaratar el precio por litro en casi 0,30 euros (0,293€) en la gasolina y unos 0,24 euros (0,239€) en el diésel, según el sector.
El sistema requiere 52.990 millones de euros en transferencias, lo que supone un aumento del 10% respecto al año anterior, además de un préstamo de 10.003 millones destinado a cubrir los pagos de pensiones y otras prestaciones contributivas.
Actualmente, una cuarta parte del gasto en pensiones no se financia con cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, sino con aportaciones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de los impuestos. En concreto, estas transferencias representan el 24% de los ingresos de la Seguridad Social destinados a afrontar pensiones y prestaciones contributivas.
En 2025, el sistema de pensiones recibió transferencias por un total de 52.990 millones de euros, lo que implica un incremento de 4.870 millones respecto al año anterior. A esta cantidad se añade un préstamo de 10.003 millones -establecido inicialmente en los Presupuestos de 2023 y prorrogado posteriormente- que se utilizó íntegramente para financiar pensiones y prestaciones, cuyo coste total alcanzó los 240.169 millones de euros. Así, además de los ingresos habituales por cotizaciones, que ascendieron a 176.918 millones (un 6,8% más, con un aumento de 11.41 millones), la aportación procedente de impuestos llegó a 62.993 millones de euros.
Conviene señalar que tanto la reforma de las pensiones como las recomendaciones del Pacto de Toledo han consolidado estas transferencias como un elemento clave para equilibrar las cuentas del sistema. De hecho, sin estas aportaciones externas, el déficit de la Seguridad Social superaría los 60.000 millones de euros, una cifra muy superior a los 7.387 millones comunicados oficialmente, que incluyen todas las fuentes de financiación. Ese desfase se conoce como déficit contributivo.
Aunque el recurso a esta financiación adicional no es nuevo, en épocas de mayor equilibrio del sistema apenas alcanzaba los 8.000 millones (7.827 millones en 2005). Sin embargo, estas aportaciones han crecido de forma notable desde 2019, cuando el actual Gobierno retomó la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Entre 2005 y 2018, las transferencias aumentaron en 10.254 millones (un 131%), mientras que entre 2018 y 2025 el incremento ha sido de 34.909 millones (un 193%).
Como consecuencia del aumento de estos compromisos financieros, la deuda de la Seguridad Social -derivada en gran parte de los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General- alcanzó los 135.000 millones de euros el pasado año, lo que supone un 7,9% más que en 2024, según el Banco de España.
Desde el Gobierno se defiende que la financiación mediante ingresos tributarios es una práctica común en otros países europeos, ante la insuficiencia de las cotizaciones para cubrir el gasto en prestaciones contributivas. No obstante, algunos expertos advierten de que el gasto en pensiones podría aumentar al menos 3,5 puntos del PIB (desde el 13% actual), lo que obligaría a que la aportación estatal supere los 7 puntos del PIB anual, con el consiguiente impacto en la renta disponible de las futuras generaciones.
Mientras dentro del Gobierno continúa el debate sobre la implantación de un nuevo sistema de control horario, el mercado laboral muestra una realidad distinta. La reforma pretende reducir las horas extra no pagadas, pero estas ya están en mínimos históricos desde 2011, y además las remuneradas representan alrededor del 60% del total, un nivel récord.
En 2025 se realizaron menos horas extraordinarias que el año anterior, destacando una caída más acusada en las no pagadas, que alcanzan su nivel más bajo en años. La tendencia general refleja un aumento de las horas extra retribuidas y un descenso de las no remuneradas, ampliando la diferencia entre ambas.
Desde 2011 se observan tres etapas: primero, una caída de las horas pagadas; después, entre 2012 y 2016, un predominio de las no pagadas; y, desde 2017, un cambio de tendencia con aumento de las retribuidas y reducción de las no pagadas. Este cambio coincide con la mejora económica, lo que sugiere que una mayor fortaleza empresarial reduce los abusos.
No está claro si esta evolución responde solo al ciclo económico o también a la implantación del registro horario en 2019. Antes incluso de esa medida, ya se observaba un aumento de las horas pagadas y una reducción de las no pagadas.
Sin embargo, la situación varía según el sector. En algunos ámbitos como inmobiliario, energía, tecnología, finanzas, consultoría y educación predominan las horas no remuneradas, mientras que en sectores como sanidad, industria, hostelería o construcción ocurre lo contrario. Resulta llamativo que los sectores de mayor cualificación concentren más horas extra sin pagar.
Este contexto genera dudas sobre el nuevo sistema que plantea el Gobierno, especialmente por su posible impacto en las pymes. Además, los datos sugieren que incluso con sistemas más avanzados de control, algunos sectores podrían seguir concentrando un mayor volumen de horas extraordinarias no retribuidas.
En 2025, la Seguridad Social alcanzó un máximo histórico en ingresos por cotizaciones, con un aumento del 6,85% hasta los 176.918 millones de euros. Este crecimiento se explica tanto por el aumento del empleo como por la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada a reforzar el fondo de reserva de las pensiones. En concreto, la recaudación por este mecanismo creció casi un 33% respecto al año anterior, superando los 4.900 millones.
El MEI se diseñó para fortalecer el sistema público y garantizar las pensiones futuras, permitiendo recurrir a ese fondo cuando aumente la presión sobre el sistema, algo que se prevé para la próxima década, con un fuerte incremento del número de jubilados. No obstante, hasta 2033 no se podrá utilizar este fondo, y será entonces cuando los Presupuestos determinen cuánto se puede retirar cada año.
Desde su puesta en marcha en 2023, los ingresos generados por el MEI han crecido con fuerza, pasando de unos 2.700 millones iniciales a casi 5.000 millones en 2025. Para 2026 se espera superar los 5.200 millones, una cifra que podría ser aún mayor tras la subida del salario mínimo, que incrementa las bases de cotización.
Este mecanismo forma parte de la reforma de pensiones acordada entre el Gobierno y los sindicatos, aunque no contó con el respaldo de la patronal. Además, su tipo de cotización aumenta progresivamente cada año, desde el 0,6% inicial hasta el 1,2% previsto en 2029, nivel que se mantendrá hasta 2050.
La normativa también contempla ajustes si el gasto en pensiones se desvía de lo previsto, lo que podría implicar nuevas subidas de cotizaciones. En cuanto al fondo de reserva, se estima que cerró 2025 en torno a los 14.000 millones de euros, su nivel más alto en años, aunque todavía insuficiente para cubrir más de un mes de gasto en pensiones.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) continúa ofreciendo miles de oportunidades laborales a través de su portal "Empléate", que reúne ofertas tanto de administraciones públicas como de empresas privadas. Existe una gran variedad de puestos, aunque sobresalen aquellos con mejores salarios, especialmente en los sectores sanitario y tecnológico. Entre los empleos mejor pagados se encuentran los de médicos especialistas, con sueldos que pueden alcanzar los 4.000 euros al mes, y los de profesionales informáticos, que rondan los 3.900 euros. Aun así, también hay numerosas vacantes con remuneraciones cercanas al salario mínimo, ya que el sueldo depende del nivel de cualificación y del tipo de puesto.
Los perfiles mejor retribuidos incluyen médicos de atención primaria, ingenieros y especialistas en informática, con unas 5.000 ofertas disponibles. En su mayoría, se trata de empleos a jornada completa con contratos temporales que pueden renovarse, algo habitual en sectores donde falta personal. Andalucía destaca como la comunidad con más oportunidades, sobre todo en el ámbito sanitario.
El área tecnológica también tiene un peso importante, con cerca de 4.000 ofertas en abril relacionadas con programación, desarrollo de software o análisis de datos. Los salarios en este sector varían bastante, desde unos 2.000 euros mensuales en puestos iniciales hasta unos 56.000 euros anuales en posiciones más avanzadas. Madrid, Málaga y Barcelona concentran gran parte de estas vacantes, impulsadas por empresas que buscan perfiles con experiencia y disponibilidad para trabajar de forma presencial o híbrida.
Aunque hay empleos cualificados y bien pagados, el portal también incluye muchas ofertas con sueldos próximos al mínimo en sectores como comercio, servicios, logística o atención al cliente. Esto permite que personas con distintos niveles de formación puedan encontrar opciones acordes a su perfil.
Para optar a estas ofertas, es necesario acceder al portal "Empléate" y utilizar sus filtros de búsqueda, que permiten seleccionar por ubicación, sector, tipo de contrato, jornada o formación requerida. Cada anuncio detalla las condiciones del puesto, los requisitos y la experiencia necesaria, facilitando así la elección de las oportunidades más adecuadas para cada candidato.
España continúa encabezando el paro juvenil en Europa durante el mes de febrero, a pesar de que, desde octubre, Finlandia es el país con la tasa general de desempleo más elevada de la Unión Europea. En términos globales, el paro se mantuvo en el 5,9% en el conjunto de la UE, mientras que en la eurozona aumentó una décima, situándose en el 6,2% respecto a enero, según los datos publicados por Eurostat. El número de desempleados creció en 137.000 personas en la UE, de las cuales 93.000 corresponden a países del euro, alcanzando un total de 13,1 millones y 10,9 millones de parados, respectivamente.
España se mantiene como el segundo país con mayor tasa de desempleo, con un 9,8%, tras bajar ligeramente en comparación con el mes anterior. Solo Finlandia presenta una cifra superior, con un 10,6% tras un aumento notable. A continuación se sitúan Grecia, Suecia, Francia y Dinamarca, con tasas también elevadas.
Otros países como Luxemburgo, Letonia, Lituania, Bélgica, Estonia y Rumanía registran niveles por encima de la media europea. En cambio, Austria, Portugal, Eslovaquia, Italia, Irlanda, Hungría, Croacia, Chipre, Países Bajos y Alemania se sitúan por debajo. Las cifras más bajas de desempleo se observan en Eslovenia, Malta y en países como Bulgaria, Chequia y Polonia.
El paro sigue afectando más a las mujeres que a los hombres, con tasas del 6,1% frente al 5,7% en la UE, y del 6,4% frente al 6% en la eurozona. En febrero, el desempleo femenino subió ligeramente, mientras que el masculino se mantuvo sin cambios. No obstante, la diferencia entre ambos se ha reducido respecto al año anterior.
En el caso de los jóvenes, el desempleo continúa siendo más del doble que el de la población general. En la UE subió hasta el 15,2%, mientras que en la eurozona se mantuvo en el 14,9%. Esto supone que unos 2,9 millones de menores de 25 años están en paro, lo que representa más de una quinta parte del total de desempleados.
España vuelve a situarse a la cabeza en paro juvenil, con una tasa del 23,8%, ligeramente superior a la del mes anterior. Le siguen de cerca Finlandia, Suecia y Francia. En el lado opuesto, los países con menor desempleo juvenil son Alemania, Países Bajos, República Checa, Austria y Polonia.
Las palabras del presidente de EE UU (ayer noche) caen como un jarro de agua fría en los mercados. Tras la euforia de ayer, los futuros europeos pierden cerca del 2% y el crudo escala un 6%. Donald Trump había enviado un mensaje de calma a los inversores en relación con el conflicto con Irán, coincidiendo con el inicio de abril y cuando la guerra se acerca a las cinco semanas de duración.
El presidente de Estados Unidos ha afirmado que el enfrentamiento podría terminar en "dos o tres semanas", y el discurso previsto en Washington sobre esta cuestión ha impulsado el optimismo en los mercados. Wall Street ya reaccionó con una de las mayores subidas del año, cerrando un marzo marcado por caídas y preocupación ante el impacto económico del conflicto y el encarecimiento de la energía. Europa y Asia han seguido esta tendencia alcista, con subidas cercanas al 3% en los principales índices europeos, mientras que el precio del crudo Brent cae un 14% y baja de los 100 dólares por barril, influido también por un cambio en el contrato de referencia en el mercado de Londres.
El discurso de Donald Trump en horario estelar en Estados Unidos del que se esperaban más detalles sobre el fin del conflicto en Oriente Próximo ha decepcionado a los mercados que en la jornada del miércoles echaron las campanas al vuelo. Las declaraciones del presidente estadounidense de que golpearía a Irán "extremadamente duro" ha frustrado todas las esperanzadas de claridad sobre cuando podría terminar realmente la guerra. Las Bolsas, por lo tanto, recortan este jueves, el petróleo sube un 6% y el dólar recupera la senda alcista. Los futuros europeos caen un 1,9% y los de EE UU recortan un 1% mientras las Bolsas asiáticas se disponen a cerrar la jornada con recortes de más del 1%.
La perspectiva del fin de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, que va por su quinta semana, impulsó las Bolsas mundiales ayer - el Ibex cerró la jornada con un repunte del 3%, su mayor subida en un año- y provocó la caída del dólar desde sus máximos recientes en las dos últimas sesiones, después de un marzo brutal en el que el alza de los precios del petróleo provocó una caída en picado de los activos de riesgo. Esta es la tercera vez que Trump lanza un mensaje tranquilizador para frenar la escalada del precio del petróleo. Sin embargo, inmediatamente después del discurso, los inversores volvieron a vender casi todo excepto el dólar estadounidense, lo que provocó un alza en los precios del petróleo.
"La intervención de Trump no fue lo que el mercado esperaba, es decir, señales que apuntaran al fin del conflicto", afirma Jumpei Tanaka, director de estrategia de inversión de Pictet Asset Management Japan. "En cambio, sugirió una posible escalada. Las declaraciones se están interpretando como un factor negativo para el mercado de valores", agrega el experto.
En el discurso, de casi 20 minutos de duración, Trump no esbozó ningún cambio en la política hacia Irán, ni dio detalles sobre cómo se desarrollarían las operaciones más allá de lo que ya había dicho anteriormente. Trump afirmó que los objetivos estratégicos fundamentales están a punto de alcanzarse, en su discurso desde la Casa Blanca. No obstante, el presidente sugirió que las operaciones militares podrían intensificarse pronto, al decir: "En las próximas dos o tres semanas, vamos a devolverlos a la Edad de Piedra, donde pertenecen".
"El mercado ansiaba algo de claridad sobre cuándo terminará el conflicto, pero este discurso solo ha añadido más incertidumbre", dijo Nick Twidale, analista jefe de mercados de AT Global Markets. "Es evidente que los inversores no están impresionados y creo que hoy podríamos ver más caídas en los mercados mundiales".
En Europa, el índice Stoxx 600 avanzó un 2,3% y se encaminó a su mayor subida diaria en un año, impulsado principalmente por las empresas de viajes y defensa. El Ibex 35 también subió más del 3% y ronda los 17.600 puntos, en línea con otros índices como el Euro Stoxx 50, el Cac 40 o el Dax. El dólar perdió ligeramente valor y la deuda estadounidense continúa recuperándose tras las declaraciones de Trump. El rendimiento del bono a diez años, que había rozado el 4,5% días atrás, se sitúa ahora en torno al 4,27%.
En la Bolsa española, casi todos los valores del Ibex registraron subidas, con la excepción de Repsol, que cayó un 5%. Destacan las alzas de IAG, Banco Santander, ArcelorMittal y ACS, superiores al 5%, seguidas por otras compañías como Fluidra, Sacyr, Acerinox, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Unicaja y Sabadell, que superan el 3%.
La reacción del petróleo no se ha hecho esperar y el contrato de brent para junio sube más del 6%, superando los 108 dólares por barril después de que los inversores encontraran poca tranquilidad en el discurso, que no especificó cuándo ni cómo se reabriría el Estrecho de Ormuz, una ruta crítica para el transporte de combustible, para aliviar las interrupciones del suministro. Los comentarios de Trump también reavivaron las preocupaciones sobre la estanflación, la combinación tóxica de alta inflación y crecimiento débil que sacudió los mercados en marzo.
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