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(Expansión, 28-04-2026) | Fiscal

Juanma Moreno: "Vamos a seguir bajando impuestos" en Andalucía

A pocos días de que arranque la campaña electoral para las elecciones andaluzas, prevista para el viernes 1 de mayo, el presidente en funciones de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, presentó este lunes el programa con el que busca lograr un tercer mandato el 17 de mayo. Lo hizo en un contexto favorable según las encuestas, que apuntan a la posibilidad de repetir la mayoría absoluta obtenida en 2022, pese a los acuerdos del PP con Vox en otras comunidades y a la polémica generada por la propuesta de este último partido sobre la llamada "prioridad nacional" en el acceso a ayudas públicas. En este escenario, y con la intención de mantener una mayoría suficiente para gobernar sin apoyos externos, Moreno volvió a poner el foco en las rebajas fiscales como uno de los pilares de su propuesta. Defendió que continuará reduciendo impuestos, a pesar de las críticas, con el objetivo de aumentar la renta disponible de los ciudadanos y, según sostuvo, mejorar también la recaudación. Durante la presentación del programa en Antequera, subrayó el peso central de la economía en su plan, que incluye más de 1.900 medidas. Argumentó que sin crecimiento económico resulta difícil redistribuir la riqueza, sostener los servicios públicos y avanzar como sociedad. Aunque no detalló todas las bajadas fiscales, que se irán desvelando durante la campaña, sí reiteró su intención de ampliar hasta el 99% la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos en transmisiones de vivienda, equiparándolo prácticamente a la situación de familiares directos. Desde que asumió la presidencia de la Junta en 2019, Moreno ha aplicado siete reducciones de impuestos, con un ahorro estimado cercano a los 1.800 millones de euros anuales para los contribuyentes, con la idea de impulsar el consumo, la actividad económica y la capacidad de ahorro de las familias andaluzas. Asimismo, anunció que promoverá medidas para fomentar la digitalización del tejido industrial, destacando la necesidad de incorporar tecnología al crecimiento económico. También se comprometió a elevar la inversión en investigación, desarrollo e innovación hasta el 2% del PIB andaluz en los próximos años, con el objetivo de situar a la comunidad entre las regiones más avanzadas en este ámbito tanto en España como en la Unión Europea.

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(El País, 28-04-2026) | Fiscal

Cuerpo anuncia una revisión de las previsiones económicas para actualizar a Bruselas el cumplimiento del Plan Fiscal

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno enviará este jueves a Bruselas el informe de seguimiento del plan fiscal, en el que se detalla el grado de cumplimiento de las normas europeas en materia de deuda y déficit. Según explicó tras la inauguración del Invest in Spain Summit, España mantiene una posición sólida dentro del marco comunitario, con un comportamiento positivo tanto en el ámbito presupuestario como en la ausencia de desequilibrios macroeconómicos. El documento también incorporará una revisión del contexto económico, teniendo en cuenta la incertidumbre internacional provocada por el conflicto en Oriente Próximo. Al ser preguntado por la posibilidad de revisar las previsiones económicas -ya sea a la baja en crecimiento o al alza en inflación- debido a la guerra en Irán, Cuerpo aclaró que este informe es solo un paso previo a la actualización del cuadro macroeconómico que servirá de base para los próximos Presupuestos Generales del Estado. Indicó que aún es necesario evaluar el impacto de las medidas adoptadas y que será a finales de junio cuando se ajuste ese escenario, una vez haya mayor claridad sobre la situación. A partir de ahí se elaborarán las cuentas públicas, aunque el margen de tiempo, con el verano de por medio, es reducido y podría llevar a una nueva prórroga presupuestaria. En las últimas estimaciones oficiales, el Gobierno prevé un crecimiento del 2,2% para este año, lo que situaría a España como líder del crecimiento en la Unión Europea por quinto ejercicio consecutivo, y del 2,1% para 2027. Tras el estallido del conflicto en Irán y el fuerte aumento de los precios energéticos, el Ejecutivo puso en marcha un plan de respuesta con 80 medidas y un volumen de ayudas de 5.000 millones de euros, centrado principalmente en rebajas fiscales y apoyo al combustible. En paralelo, Cuerpo participó junto al presidente Pedro Sánchez en la apertura de la segunda edición de la cumbre destinada a atraer inversión extranjera, en la que participan representantes de 75 grandes multinacionales. Los directivos habían sido recibidos previamente en un acto celebrado en el estadio Santiago Bernabéu. Durante su intervención en el Teatro Real, Sánchez defendió a España como un destino atractivo para la inversión en un contexto internacional marcado por la inestabilidad, la tensión comercial impulsada por Estados Unidos y el impacto económico del conflicto en Irán. Subrayó que, en un entorno incierto, España ofrece estabilidad y oportunidades. También destacó la fortaleza de la economía española frente a otras grandes economías europeas, señalando que el país ha generado la mitad del empleo en la Unión Europea, cuenta con un suministro energético asegurado gracias a las energías renovables y, por primera vez en seis décadas, presenta un nivel de deuda inferior a la media mundial. Antes del acto, Sánchez mantuvo encuentros con responsables de grandes compañías industriales y químicas. El objetivo del Ejecutivo es superar los compromisos de inversión logrados en la primera edición del foro, que alcanzaron los 4.400 millones de euros. Se espera que una parte importante de estas inversiones proceda de Estados Unidos, que es el país con mayor representación en la cumbre, seguido por China, Japón, Francia y Reino Unido. Este liderazgo responde al fuerte crecimiento de la inversión estadounidense el pasado año, cuando superó los 10.000 millones de euros, impulsada en gran medida por los proyectos de grandes compañías tecnológicas como Amazon y Microsoft.

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(El Economista, 28-04-2026) | Fiscal

La Audiencia Nacional exige a Hacienda probar que el despido de mayores de 50 años no es pactado

La Audiencia Nacional ha puesto límites a las regularizaciones automáticas que venía realizando Hacienda en casos de despidos de trabajadores mayores de 50 años, y le exige que justifique con argumentos sólidos que esas salidas fueron realmente pactadas entre empresa y empleado. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha centrado su atención en los ceses de empleados próximos a la jubilación para determinar si se trata de despidos efectivos -lo que permitiría que la indemnización quede exenta de IRPF hasta 180.000 euros- o si, por el contrario, son acuerdos encubiertos mediante los cuales el trabajador recibe una compensación para sostenerse hasta acceder a la pensión, lo que implicaría su tributación. En el caso analizado, Hacienda inspeccionó a una empresa que había despedido a 59 trabajadores, pero solo reclamó el IRPF de diez de ellos, todos con edades entre 56 y 64 años, y que aceptaron indemnizaciones inferiores a las que legalmente les correspondían. En una sentencia fechada el 8 de octubre, la Audiencia Nacional critica que la Administración basara su actuación en indicios que no prueban, ni de forma individual ni conjunta, que los despidos fueran simulados. Hacienda apoyó su decisión en cuatro elementos, pero el tribunal los rechaza uno a uno. En primer lugar, la Inspección aludía a las cuentas anuales de la empresa, donde se mencionaban indemnizaciones asociadas a una oferta para fomentar salidas voluntarias. Sin embargo, el tribunal interpreta que ese documento refleja que fue la empresa quien decidió los despidos. También se tuvo en cuenta la edad de los trabajadores afectados, todos mayores de 50 años. La Audiencia reconoce este hecho, pero considera que, en el contexto de un despido colectivo, la edad por sí sola no demuestra que existiera un acuerdo previo. Otro argumento de Hacienda fue que estos empleados, despedidos por causas económicas y organizativas, mostraron inicialmente su desacuerdo, pero posteriormente aceptaron en conciliación una indemnización inferior tras el reconocimiento de improcedencia por parte de la empresa. El tribunal aclara que alcanzar un acuerdo para evitar un juicio no implica necesariamente que existiera un pacto previo para extinguir la relación laboral. Por último, la Audiencia descarta que las causas alegadas por la empresa para justificar los despidos fueran irrelevantes, como sostenía la Inspección. En conclusión, el tribunal determina que estos indicios no permiten afirmar que hubiera un acuerdo entre las partes para el cese, y que, por el contrario, son compatibles con despidos decididos de forma unilateral por la empresa.

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(El Economista, 28-04-2026) | Fiscal

Los jueces impiden al fisco ensañarse con los acogidos a la "Ley Beckham" si ya los inspeccionó

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha frenado la actuación de la Agencia Tributaria en relación con contribuyentes acogidos a la llamada Ley Beckham cuando ya han sido objeto de una revisión previa sin ajustes. Este régimen especial del IRPF permite a quienes se trasladan a España tributar como no residentes, aplicando un tipo fijo del 24% durante sus primeros años. En una sentencia del 19 de febrero, el tribunal da la razón a un contribuyente al que Hacienda investigó por los ejercicios de 2016 a 2018 por no haber presentado la declaración de la renta. El afectado alegó que estaba acogido a este régimen especial y aportó las declaraciones correspondientes, tras lo cual la Administración cerró el procedimiento sin realizar ninguna regularización. Tiempo después, sin embargo, Hacienda inició una nueva comprobación sobre esos mismos ejercicios y reclamó al contribuyente 72.900 euros en concepto de liquidación, además de imponerle una sanción de 49.300 euros. La Administración sostenía que el contribuyente se había acogido fuera de plazo al régimen especial y que había declarado incorrectamente sus ingresos. El tribunal concluye que la primera comprobación tenía efectos preclusivos, lo que significa que no se podían volver a revisar los mismos periodos y hechos si no habían aparecido nuevos elementos. La resolución subraya que el contribuyente presentó desde el inicio las autoliquidaciones correspondientes a esos años. Por ello, si Hacienda consideraba que había errores en la aplicación del régimen o en la declaración, debió actuar en esa primera revisión. Al no hacerlo, perdió la posibilidad de reabrir el caso posteriormente sin nuevos motivos que lo justificaran.

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(El Periódico, 28-04-2026) | Laboral

Muchos trabajadores pueden estar perdiendo festivos sin saberlo

La coincidencia de días festivos con jornadas de descanso habituales ha vuelto a poner sobre la mesa el debate laboral en España. Este año, el 2 de mayo de 2026 -festivo en algunas comunidades como Madrid- cae en sábado, lo que plantea una duda recurrente: ¿se pierde ese día o corresponde algún tipo de compensación? La respuesta no es uniforme, ya que depende de las condiciones concretas de cada trabajador. La referencia legal se encuentra en el Estatuto de los Trabajadores, que reconoce un total de 14 festivos al año, retribuidos y no recuperables. Sin embargo, la normativa no especifica que deban trasladarse a otra fecha cuando coinciden con un día de descanso habitual, como ocurre con los sábados en quienes tienen jornada de lunes a viernes. Esto significa que, en términos generales, no existe una obligación automática de compensar ese festivo. No obstante, distintas resoluciones del Tribunal Supremo han introducido matices importantes. El alto tribunal diferencia entre dos conceptos: el derecho al festivo retribuido y el derecho al descanso semanal. Cuando ambos coinciden y el trabajador pierde de forma efectiva uno de ellos, puede surgir el derecho a una compensación. Aun así, esta interpretación no se aplica de manera generalizada, sino que depende de situaciones específicas, como trabajos con turnos rotativos, jornadas que abarcan de lunes a domingo o calendarios laborales variables. En la práctica, todo depende del impacto real sobre el trabajador. Puede haber derecho a compensación si el festivo coincide con un descanso no habitual, si se produce una pérdida de días festivos respecto a otros empleados o si así lo recoge el convenio colectivo. Por el contrario, no suele haber compensación cuando el trabajador ya descansa sábados y domingos, el convenio no lo contempla o no existe una pérdida efectiva de días festivos. En el caso concreto del 2 de mayo de 2026, al caer en sábado, muchos empleados con horario estándar no verán modificado su calendario ni obtendrán un día adicional de descanso. Sin embargo, en sectores con mayor flexibilidad o con sistemas de turnos, sí podría generarse algún tipo de compensación, siempre en función del convenio aplicable y de la organización del trabajo. En definitiva, no existe una regla general válida para todos los casos ni una obligación universal para las empresas. Las recientes sentencias apuntan más bien a evitar que los trabajadores pierdan derechos cuando hay un perjuicio real. Por ello, para saber si corresponde compensación, es fundamental revisar el convenio colectivo, el tipo de jornada y el calendario laboral concreto de cada situación.

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(Expansión, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Rey a la empresa extranjera: "No solo buscamos inversión, sino alianzas"

"No buscamos únicamente inversiones, sino colaboraciones duraderas", afirmó este lunes el rey Felipe VI ante más de setenta directivos de multinacionales de todo el mundo durante la clausura del foro Invest in Spain Summit. En un contexto de incertidumbre internacional, presentó a España como un lugar idóneo para que los proyectos se establezcan, crezcan y tengan continuidad. El monarca subrayó que el país ofrece un entorno estable para la inversión, sustentado en un marco legal sólido, una clara orientación europea y un compromiso firme con la cooperación internacional. También destacó su carácter de economía abierta, su peso como potencia turística -con cerca de 100 millones de visitantes anuales- y su papel como nexo con regiones como América, el Mediterráneo y África. Durante la jornada, celebrada en Madrid, se dieron cita más de 150 representantes de 70 grandes compañías internacionales, con especial protagonismo de empresas de Estados Unidos, principal inversor en España. Pese a las tensiones políticas entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez, las firmas estadounidenses representaron aproximadamente una cuarta parte de los asistentes. También acudieron compañías de China, Japón, Francia, Reino Unido, así como de otros países como Alemania, Argentina o Singapur. El objetivo del encuentro fue reforzar la imagen de España como destino fiable para la inversión y facilitar el contacto entre empresas e instituciones. La inauguración corrió a cargo de Pedro Sánchez en el Teatro Real, mientras que la clausura tuvo lugar en la Galería de las Colecciones Reales con la intervención del rey. A lo largo del día se celebraron unas 170 reuniones bilaterales entre empresarios y representantes de administraciones públicas. Entre los miembros del Ejecutivo, tuvo un papel destacado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anfitrión de un almuerzo con inversores. También participaron Jordi Hereu, Óscar López y Joan Groizard, además de representantes de varios ministerios. El presidente del Gobierno mantuvo asimismo reuniones con directivos como Andrew DeLeone y Antonio Logroño. En cuanto a los sectores representados, destacaron especialmente las empresas tecnológicas, junto con compañías energéticas, de movilidad sostenible, ciencias de la vida, industria química y agroalimentaria, entre otras. En su discurso, Felipe VI reconoció que el contexto actual es complejo y que resulta cada vez más difícil hacer previsiones. Recordó que el crecimiento global se ha apoyado durante décadas en un sistema basado en normas, apertura y cooperación, hoy sometido a fuertes tensiones. Ante un posible escenario más fragmentado e incierto, defendió la necesidad de preservar esos principios. Además, invitó a las empresas a seguir apostando por España y celebró que esta edición del foro transcurriera sin incidentes, a diferencia de la anterior, marcada por un apagón que interrumpió el evento poco después de su apertura.

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(Expansión, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España pide a Bruselas un plan urgente por el alza de los fertilizantes

La Comisión Europea ha recogido la propuesta y ha anunciado que el próximo 19 de mayo dará a conocer un paquete de medidas destinado a reforzar la producción de fertilizantes dentro de Europa y disminuir la dependencia del exterior. Aún está muy presente el impacto que pueden tener sobre la economía -y especialmente sobre los hogares y las empresas- factores como el encarecimiento de la energía, los problemas en las cadenas de suministro o la falta de materias primas clave. Ya se vio tras la crisis del Covid, cuando oferta y demanda tardaron en reajustarse; después con la invasión rusa de Ucrania, que lleva años afectando a Europa; y ahora con el conflicto en Irán. El cierre del estrecho de Ormuz durante los últimos dos meses ha elevado notablemente los precios del petróleo y el gas, además de dificultar el paso de recursos esenciales como los fertilizantes. Esta situación no solo agrava la crisis energética, sino que también plantea riesgos para la seguridad alimentaria mundial. A la presión inflacionaria que vuelve a asomar en la Unión Europea se suma ahora el peligro de escasez de insumos fundamentales. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, advirtió de la incertidumbre sobre la evolución de los precios, destacando el aumento del gasóleo y de los fertilizantes, lo que preocupa a los responsables europeos del sector. Por ello, instó a Bruselas a diseñar con urgencia un plan que garantice el suministro y limite los costes. Durante la reunión de ministros celebrada en Luxemburgo, Planas insistió en la necesidad de que la Comisión Europea supervise de cerca la evolución de los precios -que varían entre países- y establezca directrices para optimizar el uso de fertilizantes, además de impulsar fuentes alternativas. El objetivo es doble: evitar que los agricultores afronten mayores costes y reducir la dependencia de terceros países. Tras el encuentro, el comisario europeo de Agricultura, Christoph Hansen, confirmó que la Comisión ya trabaja en medidas de apoyo para los agricultores, tanto económicas como regulatorias. Asimismo, reiteró que el plan que se presentará en mayo buscará fomentar la producción europea, reducir la dependencia de importaciones y promover alternativas más sostenibles y asequibles. Las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz son significativas. Antes del conflicto, por esa vía transitaba el 40% de la urea y el 30% del nitrógeno -especialmente amoníaco- necesarios para la agricultura. La interrupción ha encarecido el gas natural, materia prima esencial para fabricar fertilizantes, ha elevado los costes de transporte y ha provocado retrasos en un momento clave, con la temporada de siembra ya en marcha en el hemisferio norte. Como resultado, hay menos fertilizantes disponibles y a precios más altos.

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(Expansión, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los gigantes industriales cifran en 3.000 millones el agujero posapagón

Coincidiendo con el primer aniversario del apagón, el foco ya no está en el incidente en sí, sino en sus consecuencias: los elevados costes que el sistema eléctrico está asumiendo para evitar que se repita un colapso como el del 28 de abril de 2025. Diversas patronales españolas -entre ellas Aice, Anfac, Aspapel, Feique, Fiab, Sernauto y Unesid- se han sumado a Aeléc, la asociación de las eléctricas, para exigir mayor claridad sobre estos gastos, que algunas estimaciones sitúan por encima de los 3.000 millones de euros. También reclaman mecanismos que reduzcan su impacto sobre los grandes consumidores industriales. Estas organizaciones han elaborado un documento conjunto, presentado como el Observatorio de los servicios de operación del sistema eléctrico, una iniciativa sin precedentes. Representan a compañías muy diversas, como Repsol, Moeve, BP, Seat, Citroën, Renault, Fiat, Cementos Lemona, Portland, Acerinox, ArcelorMittal o Celsa, entre muchas otras. Todas ellas respaldan las críticas que Aeléc lleva meses dirigiendo contra Red Eléctrica (REE), empresa del grupo Redeia, a la que responsabilizan no solo del apagón como operador del sistema, sino también del incremento de costes derivado de las medidas adoptadas posteriormente para reforzar la red y prevenir nuevos fallos. El conflicto gira en torno a dos cuestiones principales: cuál es el importe real de ese sobrecoste y quién debe asumirlo. REE sostiene que el refuerzo del sistema ha supuesto unos 660 millones de euros adicionales, cifra que recientemente avaló la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en el Congreso. Sin embargo, las eléctricas y las patronales -varias de ellas integradas en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española- elevan considerablemente esa cifra al incluir todos los costes operativos vinculados al refuerzo del sistema, no solo los directamente derivados del apagón. Según sus cálculos, en 2025 estos gastos alcanzaron los 3.500 millones de euros, mil millones más que el año anterior, y en lo que va de 2026 ya suman 1.800 millones. En conjunto, estiman que el impacto del posapagón ronda los 3.000 millones. Actualmente, estos costes se trasladan al precio de la electricidad como un componente variable: cuanto mayor es el consumo, mayor es el coste para el usuario. Esto hace que la gran industria soporte la mayor carga. Si se tratara de un peaje fijo, el coste se repartiría entre todos los consumidores, de forma más equitativa. Esa es precisamente la propuesta del sector industrial: no solo reclaman transparencia, sino también cambios regulatorios que permitan financiar estos costes a través de cargos fijos del sistema eléctrico, evitando así penalizar a los grandes consumidores y buscando un equilibrio entre la seguridad del suministro y la competitividad. Por su parte, las eléctricas evitan responder directamente a las críticas sobre el aumento de costes asociado al llamado "modo reforzado", que implica mantener en funcionamiento más centrales convencionales, lo que también incrementa sus propios ingresos. El aniversario del apagón ha provocado múltiples reacciones. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lamentó la falta de explicaciones un año después. El Banco de España destacó la importancia del efectivo, que siguió utilizándose durante el incidente. Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió el papel de las centrales nucleares, coincidiendo con su visita a la planta de Ascó (Tarragona), como elemento clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

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(El País, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España recomienda llevar entre 70 y 100 euros en efectivo para afrontar crisis como la del apagón

En una sociedad cada vez más orientada a los pagos digitales, el uso del efectivo ha ido perdiendo protagonismo en la vida cotidiana. Sin embargo, en momentos de crisis puede convertirse en un recurso esencial. Con motivo del primer aniversario del gran apagón, el Banco de España aconseja disponer en casa de entre 70 y 100 euros por persona en billetes y monedas para poder afrontar situaciones similares. El organismo subraya que el efectivo no responde a una cuestión de costumbre, sino de utilidad práctica. Durante el apagón, cuando fallaron simultáneamente la electricidad y las comunicaciones, fue el único medio de pago que siguió funcionando. Cajeros, terminales de pago y aplicaciones quedaron inoperativos. Según datos del Banco Central Europeo, los pagos con tarjeta se redujeron entre un 41% y un 42%, mientras que el comercio electrónico sufrió una caída cercana al 54%. En conjunto, el consumo descendió alrededor de un 34% ese día en España. Frente a ello, el efectivo mantuvo su operatividad. El Banco de España destaca que el dinero físico permite pagar de forma inmediata y sin depender de tecnología, electricidad o conexión a internet, lo que garantiza la autonomía de los ciudadanos en situaciones extremas. El análisis del supervisor pone de manifiesto que el sistema de pagos actual, aunque eficiente, depende de infraestructuras clave como la electricidad, las telecomunicaciones o los servidores. Si alguno de estos elementos falla, todo el sistema puede verse afectado, aunque sea de forma temporal. Esto no implica cuestionar el avance de los pagos electrónicos, que han reducido notablemente el uso del efectivo gracias a herramientas como tarjetas contactless, aplicaciones móviles o transferencias instantáneas. Pero el apagón evidenció que el dinero en metálico sigue siendo necesario. Por ello, el Banco de España recomienda mantener una pequeña reserva de efectivo en el hogar, suficiente para cubrir gastos básicos durante varios días ante posibles emergencias. Además, señala que no se puede descartar que se repitan episodios similares, por lo que conviene estar preparado. El organismo también recuerda que se están desarrollando alternativas para que algunos medios de pago electrónicos puedan funcionar sin conexión o incluso sin electricidad. En este sentido, el proyecto del euro digital contempla una modalidad offline que permitiría realizar pagos en ausencia de cobertura o suministro eléctrico. Esta recomendación no es exclusiva de España. El banco central de Suecia ya sugirió mantener en casa al menos 1.000 coronas en efectivo, una medida significativa en un país donde el uso de dinero físico es muy reducido. Asimismo, la Comisión Europea ha aconsejado a los ciudadanos disponer de recursos básicos, incluido efectivo, para subsistir durante al menos 72 horas en caso de emergencia, junto a un kit que incluya agua, alimentos, herramientas y otros suministros esenciales. Por otro lado, el contexto internacional, marcado por tensiones geopolíticas, ha reforzado la preocupación sobre la dependencia de sistemas de pago electrónicos controlados en gran medida por empresas extranjeras. Esto ha impulsado iniciativas como el desarrollo del euro digital por parte del Banco Central Europeo y soluciones privadas europeas de pago instantáneo, con el objetivo de reforzar la autonomía y seguridad del sistema financiero en Europa.

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(El Periódico, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El mercado inmobiliario español sufre un déficit superior a las 730.000 viviendas desde 2021

Sumando tanto vivienda libre como protegida, en España solo se han finalizado unas 474.000 viviendas en los últimos años, una cifra claramente insuficiente si se compara con el crecimiento demográfico, ya que en ese mismo periodo se han formado alrededor de 1,2 millones de nuevos hogares. Esta combinación de fuerte demanda, oferta limitada y poco flexible, junto con grandes diferencias entre territorios, está generando tensiones en el mercado inmobiliario, agravadas además por la incertidumbre económica derivada del conflicto en Oriente Próximo. Durante el último año, la compraventa de viviendas alcanzó niveles que no se veían desde antes de la crisis financiera, con más de 714.000 operaciones, lo que supone un aumento del 11,5%, tras el crecimiento ya registrado el año anterior. Sin embargo, la escasez estructural de vivienda, especialmente en provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia -donde se concentra cerca de la mitad del déficit de obra nueva- seguirá siendo el principal factor que presione los precios en el futuro, según el análisis de CaixaBank. El informe también señala que el incremento de nuevas construcciones no siempre se produce en las zonas donde más se necesita. Aunque en 2025 los visados de obra nueva crecieron un 11,8%, este avance es menor que el del año anterior. Además, existe una relación inversa entre las zonas con mayor déficit de vivienda y el número de nuevas promociones: en provincias como Tarragona, Castellón o Murcia, los nuevos proyectos apenas cubren una pequeña parte de la demanda pendiente, mientras que en otras como Sevilla, Navarra, Córdoba o Asturias la actividad constructora es más intensa. Este desequilibrio se explica por factores locales como la falta de suelo disponible, las limitaciones regulatorias, los costes o la capacidad administrativa, que dificultan aumentar la oferta precisamente en los mercados más tensionados. Si esta situación no cambia, el déficit seguirá creciendo en las zonas más afectadas. El elevado nivel de precios está reduciendo la capacidad de compra de muchas familias, especialmente de los jóvenes y de quienes tienen menos recursos. Según el Banco de España, el porcentaje de hogares propietarios de su vivienda principal descendió hasta el 70,6% en 2024, el nivel más bajo en años recientes. Aun así, la riqueza neta de los hogares aumentó moderadamente y el endeudamiento se redujo, en gran parte por la disminución de deuda y el mayor peso de los activos financieros, más que por un aumento significativo del patrimonio total. De cara a los próximos años, se prevé que los precios de la vivienda sigan subiendo en 2026 y 2027, aunque a un ritmo más moderado y con diferencias importantes según la zona. Se esperan mayores incrementos en áreas donde la demanda había sido más débil, mientras que en los mercados más activos podrían observarse señales de desaceleración. El dinamismo reciente se explica por factores como el crecimiento de la población, la mejora de los ingresos, la fortaleza del empleo y unas condiciones financieras favorables. No obstante, la evolución del mercado también dependerá del contexto internacional. El conflicto en Irán ha incrementado la incertidumbre y podría afectar a la economía a través de tres vías principales: el aumento de la inflación -que podría situarse en torno al 3%-, la caída de la demanda externa y un posible endurecimiento de las condiciones financieras si suben los tipos de interés. De hecho, el euríbor ya ha mostrado repuntes recientes, y los mercados anticipan varias subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo en 2026. Si este endurecimiento monetario se confirma, su impacto sería más visible en 2027. Los tipos de interés influyen directamente en el comportamiento de los hogares. Por ejemplo, a finales de 2025, las familias con hipotecas variables vieron reducir sus cuotas mensuales, lo que les permitió aumentar ligeramente su consumo. En cambio, en periodos anteriores de subidas del euríbor, el gasto se redujo. Esto demuestra cómo las decisiones de política monetaria afectan de forma tangible a la economía doméstica, especialmente en un país donde muchas hipotecas están ligadas a tipos variables.

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