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(Expansión, 06-11-2026) | Fiscal

Andorra rediseña su ‘Hacienda’ para elevar su control sobre la operativa fiscal internacional

El Gobierno de Andorra ha aprobado un decreto que introduce una profunda reorganización interna del Departamento de Tributos y de Fronteras con el fin de reforzar su capacidad para cumplir los compromisos internacionales y modernizar la atención que presta a los contribuyentes. La reforma se recoge en el Decreto 432/2026, aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Finanzas y publicado en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, con la firma del jefe del Ejecutivo, Xavier Espot. La nueva normativa modifica la estructura de la Administración tributaria vigente desde 2014, que ya había sido revisada en 2019 para integrar bajo una misma organización la gestión aduanera, la inspección y la recaudación. Según explica el Ejecutivo en el preámbulo del decreto, la evolución del sistema fiscal y el aumento de las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales hacen necesaria una redistribución de funciones que permita reunir competencias relacionadas, eliminar posibles duplicidades y mejorar la preparación técnica de los empleados públicos. Uno de los principales cambios afecta a la antigua Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos, que pasa a denominarse Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos, Fiscalidad Internacional y Recaudación. Esta unidad concentrará la coordinación del Servicio Jurídico, el Área de Recaudación y la nueva Área de Fiscalidad Internacional y de Técnica Tributaria, a la que se atribuye una función estratégica dentro de la Administración. Esta última área se ocupará de los asuntos más especializados relacionados con la fiscalidad transfronteriza. Entre sus responsabilidades figuran la gestión de los procedimientos destinados a resolver controversias para evitar la doble imposición, los mecanismos de intercambio automático de información tributaria y el intercambio de informes país por país. También asumirá la tramitación de las consultas tributarias escritas, la elaboración de propuestas de circulares interpretativas y la difusión de instrucciones oficiales para los contribuyentes, además de la apertura y tramitación de expedientes sancionadores relacionados con sus competencias. Con esta concentración de funciones, el Govern pretende reforzar la coherencia de los criterios aplicados por la Administración tributaria. La reforma también introduce cambios en la Dirección Adjunta de Gestión y Atención al Contribuyente para adaptarla a la digitalización de los servicios públicos. En este ámbito se crea el Área de Relación Digital con el Contribuyente, que tendrá a su cargo el diseño y desarrollo de los modelos de declaraciones tributarias en formato electrónico, así como la actualización de los contenidos fiscales publicados en los portales oficiales y en la Sede Electrónica. Este departamento trabajará conjuntamente con los servicios tecnológicos del Gobierno para atender las incidencias que puedan surgir en los canales digitales, resolver las consultas de los usuarios y plantear mejoras en las plataformas de pago y en los procedimientos de tramitación telemática. Por otro lado, la atención presencial y telefónica, junto con la gestión documental y de expedientes, quedará integrada en el Área de Atención al Público y Gestión Documental. Entre sus funciones se encuentran la recepción y el registro de declaraciones y autoliquidaciones, la asignación de números de registro tributario, la expedición de certificados fiscales, la gestión de cobros y la liquidación de recargos por presentaciones fuera de plazo. También prestará asistencia presencial a los ciudadanos que necesiten ayuda para cumplimentar sus declaraciones. Con esta reorganización, Andorra busca avanzar hacia una Administración tributaria más especializada y preparada para responder a las exigencias de transparencia y cooperación internacional. Al mismo tiempo, la reforma pretende facilitar la relación con los contribuyentes mediante una atención más accesible y unos servicios digitales mejor desarrollados.

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(Expansión, 06-11-2026) | Fiscal

Hacienda prorroga ventajas fiscales a autónomos y hace un guiño al campo

El Ministerio de Hacienda publicó ayer en el BOE la orden que prorroga durante todo 2027 los límites de facturación que permiten a los autónomos acogerse al régimen de estimación objetiva, conocido como módulos, así como los umbrales establecidos para tributar mediante el régimen simplificado del IVA. Se trata de una nueva ampliación de un sistema cuya continuidad se ha cuestionado en los últimos años y que, según ha señalado en distintas ocasiones el departamento dirigido por Arcadi España, podría desaparecer en próximos ejercicios. En esta ocasión, posiblemente por la proximidad de las elecciones previstas para el 29 de noviembre, Hacienda ha adelantado el anuncio respecto a las fechas habituales en las que comunicaba la prórroga de estos límites. Con esta decisión, los trabajadores por cuenta propia que facturen menos de 125.000 o 250.000 euros anuales, en función de si sus operaciones se realizan con empresas o con particulares, podrán continuar tributando por módulos durante el próximo ejercicio. La continuidad del régimen estaba pendiente de confirmación y, de no haberse aprobado la prórroga, los límites se habrían reducido a la mitad, lo que habría dejado fuera de este sistema a cerca de 350.000 autónomos. Como viene sucediendo desde hace más de diez años, la vigencia de la estimación objetiva se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2027. Antes de que finalice ese plazo, Hacienda tendrá que aprobar una nueva extensión para mantener el sistema durante el ejercicio siguiente. De lo contrario, los límites actuales dejarán de aplicarse. El régimen de estimación objetiva permite calcular una cantidad fija para las declaraciones trimestrales del IRPF y del IVA, en lugar de determinar la tributación a partir del beneficio real obtenido, es decir, de la diferencia entre ingresos y gastos. Para establecer esa cuota se utilizan distintos indicadores relacionados con la actividad, como la superficie del establecimiento, el número de mesas y sillas, el consumo eléctrico o la plantilla del negocio. En muchos casos, el resultado de este cálculo supone una carga tributaria inferior a la que correspondería aplicando el régimen de estimación directa, que tiene en cuenta los ingresos y gastos efectivamente registrados durante el trimestre. Por este motivo, los autónomos acogidos a módulos suelen adelantar menos impuestos a lo largo del año. No obstante, la Agencia Tributaria regulariza posteriormente las cantidades mediante la declaración anual de la Renta o la última liquidación trimestral del IVA, que se presenta en enero del ejercicio siguiente. Una de las cuestiones que plantea dudas sobre el futuro de este sistema es la posible implantación del IVA franquiciado para los autónomos con menores ingresos. Esta modalidad permitiría dejar de repercutir y declarar el impuesto a quienes no superasen determinados límites de facturación, aunque tampoco podrían deducirse el IVA soportado en los gastos relacionados con su actividad. El Partido Popular incluye esta medida entre sus compromisos electorales y plantea fijar en 85.000 euros anuales el umbral de rendimientos netos para poder acogerse a ella. Tras la nueva prórroga, los autónomos que no superen los límites de 125.000 o 250.000 euros, según las características de su facturación, podrán seguir aplicando la estimación objetiva en 2027. Para determinar el rendimiento neto podrán beneficiarse de una reducción general del 5%. La orden incorpora también medidas específicas para el sector agrario, especialmente afectado por el encarecimiento de los costes derivado del conflicto en Oriente Próximo y por los daños ocasionados por fenómenos naturales en determinadas zonas. Así, los trabajadores autónomos dedicados a la agricultura y la ganadería podrán aplicar una reducción del 10% sobre sus rendimientos netos. Además, podrán descontar hasta el 35% del importe destinado a la adquisición de gasóleo agrícola, uno de los costes que más se han incrementado tras el cierre del estrecho de Ormuz. Esta medida también podrá aplicarse al cálculo de los rendimientos correspondientes a 2026, siempre que los gastos estén justificados mediante las facturas de este ejercicio. En el caso de los fertilizantes, la reducción por su adquisición se eleva al 15% y podrá extenderse igualmente al ejercicio actual. De esta forma, Hacienda incorpora nuevos incentivos fiscales para aliviar el impacto del aumento de los precios de estos suministros sobre las explotaciones agrarias. La normativa contempla asimismo la posibilidad de reducir los módulos a los autónomos que hayan sufrido las consecuencias de incendios, inundaciones o averías industriales de gran importancia. También podrán beneficiarse de estos ajustes quienes se encuentren en situación de incapacidad temporal y no dispongan de otros trabajadores en el negocio. En estos supuestos, se podrán descontar del rendimiento neto los gastos extraordinarios ocasionados por dichas circunstancias excepcionales. Por último, en materia de IVA, la orden mantiene, como en ejercicios anteriores, una reducción del 1% en el rendimiento declarado en concepto de gastos de difícil justificación.

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(Expansión, 06-11-2026) | Fiscal

Los fiscalistas cargan contra las deducciones del decreto de vivienda: "Es una verdadera locura"

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas (CGE) considera que las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y las posibles exenciones en el IRPF están reduciendo progresivamente la diferencia fiscal entre quienes perciben el salario mínimo y aquellos que cobran un sueldo medio. La advertencia se produce ante la posibilidad de que el Gobierno vuelva a dejar exento de tributación el nuevo SMI previsto para 2027. El amplio conjunto de medidas fiscales incluido en uno de los dos decretos de vivienda que la Diputación Permanente del Congreso someterá a votación el próximo jueves podría provocar numerosas reclamaciones y revisiones una vez entre en vigor. Así lo han señalado representantes del Reaf durante la celebración de sus jornadas anuales en Oviedo. El presidente de este organismo, Agustín Fernández, ha calificado de «verdadera locura» la propuesta fiscal incorporada por el Gobierno en su decreto y considera que generará una elevada incertidumbre entre los propietarios de viviendas y los profesionales que les asesoran. A su juicio, la complejidad de las medidas dificulta la planificación fiscal y contribuye a aumentar la inseguridad jurídica, una situación que, según ha indicado, ya se refleja en el descenso de la oferta de alquiler. La nueva regulación eleva de cuatro a trece los porcentajes de reducción que pueden aplicarse en el IRPF por los ingresos del alquiler. Su cuantía dependerá de diferentes circunstancias, como la localización de la vivienda, la edad del arrendatario o la evolución del precio respecto al contrato anterior. Esta variedad de condiciones añade complejidad al sistema y, según ha explicado Raquel Jurado, técnica del Reaf, obligará a estudiar cada situación de forma individual para determinar qué deducción resulta más favorable. En relación con el próximo incremento del salario mínimo interprofesional, el presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha defendido la creación de un mecanismo de actualización automática que permita mantener exento de tributación el SMI sin necesidad de aprobar nuevas deducciones cada año. Sin embargo, Agustín Fernández ha alertado de que la combinación de nuevos aumentos salariales y las correspondientes exenciones fiscales reduce cada vez más la distancia entre el salario mínimo y el sueldo medio. Por ello, considera necesario analizar las posibles desigualdades tributarias que podrían surgir si el suelo salarial continúa aumentando durante los próximos ejercicios. Ante la proximidad de las elecciones del 29 de noviembre, los economistas han reclamado al futuro Gobierno estabilidad y seguridad jurídica. También han pedido una mayor reciprocidad por parte de la Administración, en reconocimiento a la labor social que, según Vázquez Taín, realizan los profesionales del asesoramiento mediante la divulgación y la concienciación de los contribuyentes, una actividad que también beneficia al sistema tributario. Por último, el presidente del CGE ha planteado la conveniencia de abordar una reforma fiscal que permita revisar algunos de los principios básicos del sistema tributario. En su opinión, el debate no debería centrarse únicamente en los mecanismos de recaudación, sino también en las consecuencias que la fiscalidad tiene sobre la capacidad de ahorro de las familias y el desarrollo de la actividad empresarial.

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(El País, 06-11-2026) | Fiscal

Frente Amplio aboga por gravar el patrimonio de las grandes fortunas, los beneficios de la banca y la acumulación de vivienda

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 29 de noviembre, ha presentado este jueves un conjunto de propuestas fiscales dirigidas a gravar el patrimonio de las grandes fortunas, la acumulación de viviendas y los beneficios de las grandes empresas. Según las estimaciones de la formación, estas medidas permitirían obtener unos ingresos adicionales de 10.000 millones de euros anuales. Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y presentado por el exsecretario de Estado de Derechos Sociales Nacho Álvarez, la exalcaldesa de Barcelona también se ha pronunciado sobre la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Tras el accidente ferroviario de Urda, que causó 69 fallecidos la semana pasada, ha pedido dejar atrás el debate sobre responsabilidades y centrarse en las propuestas para ofrecer soluciones. «La gente que coge el tren quiere sentirse segura», ha afirmado. La intervención de Colau ha girado en torno a la defensa de una fiscalidad más equitativa y del derecho a la vivienda. La primera iniciativa plantea establecer un impuesto anual sobre el patrimonio neto, con un tipo del 2% para las fortunas superiores a un millón de euros y del 3% para aquellas que superen los 50 millones. La cuota se reduciría en función de las cantidades satisfechas por los impuestos sobre el Patrimonio y las Grandes Fortunas, según han explicado fuentes de la formación. La medida no afectaría a los salarios ni a las pensiones. Frente Amplio calcula que el nuevo gravamen alcanzaría a unas 231.000 personas, aproximadamente el 1% de quienes presentan la declaración de la renta, una cifra similar a la de los actuales contribuyentes del impuesto sobre el patrimonio. Las 1.200 mayores fortunas del país, con patrimonios superiores a 50 millones de euros, aportarían alrededor de un tercio de la recaudación prevista. De acuerdo con los cálculos de la formación, el 99% de la población quedaría excluido de este impuesto. La candidata ha defendido que los beneficios empresariales deben revertir en el conjunto de la sociedad y contribuir a financiar servicios públicos. En este sentido, ha sostenido que el esfuerzo fiscal debe recaer principalmente en quienes disponen de mayores recursos, con el propósito de reforzar prestaciones como la educación y garantizar el acceso a una vivienda y unas condiciones de vida dignas. También ha criticado el poder que, a su juicio, pueden ejercer las grandes fortunas sobre las instituciones democráticas, y ha citado como ejemplo a multimillonarios como Elon Musk y su posible influencia en procesos electorales de otros países. Colau ha recordado que la presión fiscal española se encuentra entre tres y cuatro puntos por debajo de la media europea y ha defendido que, si el objetivo es disponer de un Estado del bienestar equiparable al de los países del norte de Europa, también debería aproximarse su nivel de tributación. Su segunda propuesta consiste en elevar el tipo efectivo que pagan las grandes empresas y las entidades bancarias por sus beneficios. Según los datos expuestos por la candidata, estas compañías tributan actualmente a tipos de entre el 7% y el 9%, mientras que las pequeñas y medianas empresas soportan una carga aproximada del 19% o el 20%. Para corregir esta diferencia, la formación plantea revisar las deducciones fiscales de las que se benefician los grandes grupos empresariales, entre ellas las relacionadas con la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. El objetivo sería aumentar la contribución efectiva de las grandes compañías y reducir las diferencias fiscales respecto a las pymes. La tercera medida recupera la propuesta anunciada la semana anterior para gravar la acumulación de viviendas. El planteamiento contempla aplicar un impuesto del 10% sobre el valor de cada inmueble a partir de la cuarta vivienda, salvo que se destine al alquiler asequible y estable. Colau sostiene que la finalidad es favorecer la incorporación al mercado de alquiler residencial de unas 500.000 viviendas que actualmente se destinan a usos como el alquiler turístico o de temporada, o se ofrecen a precios que considera abusivos. Según ha explicado, la intención principal no es aumentar la recaudación, sino desincentivar las prácticas especulativas y evitar que resulte rentable mantener los inmuebles fuera del mercado de alquiler asequible. Durante el acto, Nacho Álvarez, actualmente profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, ha repasado la evolución de los principales indicadores del mercado laboral durante la última década y ha destacado su mejora. No obstante, ha señalado que el crecimiento del empleo y de la riqueza no siempre se ha traducido en una distribución equitativa de la prosperidad. A su juicio, el principal desafío consiste ahora en conseguir que los avances económicos lleguen al conjunto de la sociedad. Álvarez ha considerado que Ada Colau puede desempeñar un papel relevante en ese objetivo y ha defendido que las próximas elecciones determinarán el modelo social que se desarrollará en España durante las próximas décadas.

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(El Economista, 06-11-2026) | Laboral

Trabajo fuerza una revisión extraordinaria del SMI para elevarlo a 18.000 euros al año en 2027

El Ministerio de Trabajo puso en marcha este miércoles el procedimiento para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) antes de las próximas elecciones generales, con la publicación del proyecto de real decreto para someterlo a audiencia pública. Sin embargo, la propuesta del departamento se aparta de las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos, que había presentado su informe anual apenas dos días antes. Según recoge la memoria económica del proyecto, Trabajo ha elevado en cuatro décimas el incremento aconsejado, pasando del 4,9% al 5,3%, con el objetivo de compensar nuevamente la subida de los precios. De aprobarse la medida, el SMI alcanzaría los 1.286 euros mensuales en 14 pagas, lo que supondría unos ingresos anuales de 18.000 euros. La memoria justifica esta decisión tomando como referencia la propuesta de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional (CAASMI), que recomendó actualizar el SMI conforme al indicador adelantado del IPC interanual de octubre de 2026, situado en el 4,9%. A esa subida, el Ministerio añade otros 0,4 puntos porcentuales para compensar la pérdida de poder adquisitivo registrada durante 2026. Según sus cálculos, la inflación media entre enero y octubre fue del 3,5%, mientras que el incremento aplicado al salario mínimo en enero se limitó al 3,1%. Con este ajuste adicional, Trabajo atiende la petición de revisión extraordinaria que venían planteando los sindicatos, especialmente UGT, ante el repunte de los precios asociado al conflicto bélico en Irán. El departamento sostiene que la corrección se ajusta al artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, que contempla la posibilidad de revisar el SMI cuando las previsiones sobre la evolución de los precios no se cumplen. De este modo, la propuesta incorpora tanto la variación interanual del IPC en octubre, del 4,9%, como la diferencia entre la inflación media acumulada y la subida salarial aplicada durante el ejercicio. La decisión supone que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsa por primera vez una actualización del salario mínimo sin contar previamente con el acuerdo de los agentes sociales. Además, el Ministerio ha optado por combinar en una misma revisión la actualización ordinaria del SMI y la compensación por la pérdida de poder adquisitivo. El informe de los expertos planteaba que una subida del 2,7% habría sido suficiente para situar el salario mínimo en el 60% del salario medio, de acuerdo con el objetivo recomendado por la Carta Social Europea. No obstante, el grupo elevó su propuesta al 4,9% para evitar que los perceptores del SMI perdieran capacidad de compra. También contempló un incremento del 11% en el supuesto de que el Gobierno decidiera que estos trabajadores debían empezar a tributar por el IRPF, una posibilidad que, por el momento, parece descartada. Estas cifras no constituían una horquilla de posibles aumentos, sino recomendaciones concretas elaboradas a partir de las estadísticas salariales, que el Ministerio ha decidido no seguir íntegramente. El Gobierno prevé aprobar la subida antes de las elecciones generales. Para ello, el Consejo de Ministros dispone de tres reuniones antes de que el Ejecutivo entre en funciones. No obstante, Trabajo ha abierto un plazo de audiencia pública hasta el próximo 16 de noviembre para que las partes interesadas puedan presentar sus observaciones al borrador. Las organizaciones empresariales y sindicales no habían podido pronunciarse previamente sobre esta propuesta en la mesa de diálogo social, ya que el Ministerio no les comunicó su intención durante la reunión celebrada este miércoles, una circunstancia que ha sido criticada por la CEOE. El calendario apunta a que la aprobación podría producirse durante la campaña electoral. Las primeras fechas disponibles para llevar la medida al Consejo de Ministros serían el 17 de noviembre o, en su defecto, el día 24. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han rechazado la iniciativa y han reclamado que la decisión no se adopte con criterios electoralistas, sino que quede en manos del próximo Gobierno, independientemente de su orientación política. Por su parte, CCOO y UGT han valorado favorablemente el porcentaje planteado, al superar ampliamente el incremento necesario para alcanzar el objetivo de situar el SMI en el 60% del salario medio, una meta que la comisión de expertos considera cumplida desde 2023. No obstante, los sindicatos también han reclamado que la subida vaya acompañada de un decreto que impida a las empresas absorber o eliminar los complementos salariales que perciben los trabajadores para compensar el coste que supone el aumento del salario mínimo. Esta reforma, destinada a evitar que los pluses puedan computarse para alcanzar la cuantía del SMI, ha sido aplazada por el Gobierno hasta 2027.

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(El Economista, 06-11-2026) | Laboral

Fedea avisa de que el "cheque en blanco" de las pensiones acelera el deterioro de las infraestructuras

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) alerta en un informe publicado este jueves de que la reforma de las pensiones aprobada entre 2021 y 2023 está generando una presión creciente sobre las cuentas públicas. Según sus conclusiones, el sistema funciona como un «cheque en blanco» que absorbe recursos que podrían destinarse a otras necesidades presupuestarias, entre ellas la inversión y el mantenimiento de las infraestructuras, cuyo deterioro atribuye, en parte, a la falta de financiación. Los autores del estudio, los economistas Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García y Alfonso R. Sánchez Martín, cuestionan la estrategia del Gobierno de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social mediante transferencias procedentes del presupuesto del Estado. A su juicio, este mecanismo ofrece una imagen contable que no refleja el verdadero desequilibrio del sistema. De hecho, calculan que el déficit básico de la Seguridad Social Ampliada (SSA), antes de contabilizar esas aportaciones estatales, se situó en 2025 cerca de los 64.000 millones de euros, equivalente al 3,8% del PIB. Las previsiones de Fedea también difieren de las estimaciones del Ejecutivo sobre la evolución del gasto en pensiones a largo plazo. Mientras el Gobierno calcula que el incremento del gasto neto será inferior a un punto del PIB hasta 2050, los modelos macroeconómicos de la fundación apuntan a que el déficit básico del sistema contributivo podría aumentar otros 2,3 puntos porcentuales. Esto obligaría al Estado a aportar recursos equivalentes a más de seis puntos del PIB anuales a mediados de siglo para garantizar la sostenibilidad del sistema. El informe advierte de que estas transferencias absorben una parte cada vez mayor de los ingresos públicos y reducen el margen presupuestario disponible para otras políticas. Según sus cálculos, los recursos destinados a financiar las pensiones ya representan más de un tercio de la recaudación tributaria total del Estado. Esta situación, sostienen los economistas, compromete la capacidad de las administraciones para financiar inversiones productivas y atender otras necesidades de los servicios públicos. Los autores relacionan este desequilibrio con la elevada generosidad del sistema español. La primera pensión equivale aproximadamente al 77% del último salario percibido por el trabajador, frente a una media del 45% en la Unión Europea. A su entender, mantener este nivel de prestaciones sin introducir ajustes puede obligar a reducir otras partidas presupuestarias, como las destinadas a conservar y renovar las infraestructuras públicas. En este sentido, De la Fuente, García Díaz y Sánchez Martín consideran que la reforma acordada por los principales partidos políticos entraña riesgos importantes porque no establece límites claros al coste futuro de las pensiones. En su opinión, garantizar su financiación mediante aportaciones crecientes del Estado puede terminar dejando sin recursos suficientes a otras áreas también esenciales del Estado del bienestar. Como ejemplo, señalan el deterioro de las infraestructuras por la insuficiencia de las inversiones en mantenimiento, una situación que, advierten, puede tener consecuencias especialmente graves. Para corregir esta evolución, los economistas plantean una revisión de la política de pensiones que permita hacer más transparente su coste y reforzar su sostenibilidad financiera. Entre sus propuestas figura sustituir el actual Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) por un recargo proporcional sobre la parte estatal del IRPF. De esta manera, consideran que los contribuyentes podrían identificar con mayor claridad el esfuerzo fiscal destinado a financiar el sistema. El estudio también propone ampliar el periodo utilizado para calcular la pensión hasta abarcar toda la vida laboral del trabajador y diseñar una transición gradual, a lo largo de varias décadas, hacia un modelo de cuentas nocionales individuales. Este sistema vincularía de forma más directa las prestaciones a las cotizaciones realizadas durante la trayectoria profesional, con el objetivo de favorecer el equilibrio actuarial y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

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(Expansión, 06-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las bolsas mundiales se desploman ante el temor de que la "ola azul" demócrata ponga fin al auge de la IA

Los mercados bursátiles internacionales atraviesan una jornada de fuertes caídas ante el temor de que las contundentes victorias electorales de los demócratas en Estados Unidos puedan frenar el crecimiento de las inversiones en inteligencia artificial (IA) y poner en cuestión las perspectivas de uno de los principales motores de las bolsas durante el último año. Las principales plazas europeas anticipan una apertura negativa este viernes. Los futuros del Euro Stoxx 600 y del FTSE 100 británico retrocedían alrededor de un 1%, después de que Wall Street registrara durante la sesión anterior pérdidas superiores a los tres billones de dólares en capitalización bursátil. La presión vendedora también se extendió por los mercados asiáticos. El Nikkei 225 japonés, con una elevada exposición al sector tecnológico, cedió un 6%, mientras que en Corea del Sur las autoridades llegaron a suspender la negociación durante 20 minutos después de que el Kospi se desplomara un 8,5%. En paralelo, el precio del petróleo volvió a situarse por encima de los 100 dólares por barril. Los inversores también están pendientes de las posibles consecuencias políticas de los resultados electorales estadounidenses y de si el avance demócrata puede favorecer un escenario que permita poner fin al conflicto en Oriente Medio. En Wall Street, el Nasdaq 100 terminó el jueves con un retroceso del 6,4%, lastrado especialmente por las compañías de semiconductores, que habían protagonizado buena parte de las subidas bursátiles durante el año. Por su parte, el S&P 500 perdió un 4,4%, en una sesión en la que las ventas dejaron de concentrarse exclusivamente en las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y se extendieron a otros sectores de la economía. Pese a la intensidad de las pérdidas, los indicadores de futuros apuntan a una posible estabilización de los mercados estadounidenses durante la jornada de hoy, con ligeros avances previstos tanto para el Nasdaq 100 como para el S&P 500. La reacción inicial de los inversores a los resultados electorales del martes había sido positiva. La denominada «ola azul», que permitió a los demócratas hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso y lograr importantes victorias en distintos cargos estatales, generó inicialmente expectativas favorables en los mercados. Sin embargo, ese optimismo se ha debilitado ante las dudas sobre las consecuencias que el nuevo escenario político puede tener para el desarrollo de la inteligencia artificial. La preocupación se centra especialmente en las posiciones contrarias a la construcción de nuevos centros de datos defendidas durante la campaña por numerosos candidatos demócratas que han resultado elegidos. Los inversores temen que una mayor oposición política y regulatoria pueda limitar la expansión de estas infraestructuras y reducir el volumen de inversiones previsto por las grandes compañías tecnológicas. En este contexto, Charles-Henry Monchau, director de inversiones del banco privado suizo Syz Group, advierte de que el resultado electoral ha incrementado el temor entre los inversores a que el máximo ciclo de gasto de capital destinado a la inteligencia artificial ya se haya alcanzado. Esta incertidumbre amenaza con alterar las expectativas de crecimiento de las empresas que han liderado las subidas bursátiles al calor del auge de esta tecnología.

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(Expansión, 06-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE halaga a De Cos y lo señala como “uno de los nuestros”

Pablo Hernández de Cos, actual director gerente del Banco de Pagos Internacionales (BIS), fue el encargado de clausurar la primera jornada de la Conferencia de Mercados Monetarios celebrada en Fráncfort, en un momento especialmente relevante para el futuro del Banco Central Europeo (BCE), ya que está a punto de abrirse oficialmente el proceso para elegir al sucesor de Christine Lagarde al frente de la institución. El economista español participó como invitado destacado en uno de los principales encuentros técnicos que organiza anualmente la autoridad monetaria europea y que reúne a especialistas, analistas y expertos internacionales. Antes de su intervención, centrada en el tamaño de los balances de los bancos centrales, la directora general de Operaciones de Mercado del BCE, Imène Rahmouni-Rousseau, destacó su trayectoria y sus estrechos vínculos con la institución, a la que perteneció durante tres años como asesor de José Manuel González-Páramo. Rahmouni-Rousseau recordó que Hernández de Cos mantiene numerosas relaciones profesionales y personales dentro del BCE y subrayó el papel relevante que desempeñó durante su etapa como gobernador del Banco de España en el Consejo de Gobierno de la autoridad monetaria. También definió su trayectoria como un ejemplo de experiencia en la elaboración de políticas económicas y monetarias en los ámbitos nacional, europeo e internacional. El encuentro se produce justo antes de que los países miembros del euro deban presentar sus candidatos para la renovación de la presidencia del BCE. Hernández de Cos figura, junto al neerlandés Klaas Knot, entre los principales aspirantes a suceder a Christine Lagarde. El Ministerio de Economía confirmó que España respaldará la candidatura del antiguo gobernador del Banco de España, que deberá presentarse dentro del plazo establecido, antes de las 17.00 horas de hoy. Durante la presentación, la representante del BCE puso en valor la combinación de experiencia institucional y conocimiento técnico del candidato español, destacando su recorrido por diferentes organismos y responsabilidades dentro del sistema financiero internacional. La conversación también dejó espacio para una referencia distendida a la pugna por la presidencia del organismo. Al ser preguntado por su artista favorito, Hernández de Cos mencionó al pintor neerlandés Johannes Vermeer, una elección que permitió introducir un guiño a la nacionalidad de su principal rival. El economista destacó con humor las buenas relaciones históricas entre españoles y neerlandeses y la admiración mutua entre ambos países, una cordialidad que, según señaló, también resulta oportuna en el actual proceso de renovación de la cúpula del BCE.

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(El País, 06-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Cuerpo: "No hay ninguna previsión de cerrar" el AVE entre Madrid y Barcelona

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha descartado que exista intención de cerrar la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, después de que el anterior titular de Transportes, Óscar Puente, planteara esa posibilidad. En una entrevista concedida a La Séptima, Cuerpo ha insistido en que no hay ningún plan para interrumpir el servicio y ha señalado que la prioridad del Ejecutivo es restablecer la confianza de los usuarios y garantizar la seguridad de la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía. El ministro ha explicado que las actuaciones para recuperar la infraestructura afectada por el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), que causó 69 víctimas mortales, comenzarán cuando la jueza autorice a Adif a iniciar los trabajos. El siniestro provocó la dimisión de Óscar Puente como ministro este martes, así como su renuncia a formar parte de las candidaturas socialistas para las elecciones del próximo 29 de noviembre. Sobre la salida de su antecesor, Cuerpo ha considerado que fue una decisión acertada, aunque difícil, al entender que respondió a la voluntad de asumir responsabilidades por lo sucedido. A su juicio, los ciudadanos deben exigir a sus representantes políticos que respondan ante situaciones de esta gravedad. También ha explicado que el antiguo responsable de Adif comunicó el miércoles su decisión de poner el cargo a disposición del Ministerio, al considerar que no podía eludir su responsabilidad después de dos accidentes ferroviarios con víctimas mortales. En relación con las movilizaciones del sector ferroviario, el ministro ha aclarado que la reunión mantenida el jueves con los sindicatos no tenía como finalidad desconvocar la huelga, sino garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los representantes de los trabajadores tras el accidente de Adamuz, ocurrido en enero y en el que fallecieron 46 personas. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) mantiene, pese a este encuentro, los paros previstos para los días 10 y 12 de noviembre. La organización sindical calificó la reunión, en la que participó su secretario general, Diego Martín, como una primera toma de contacto en la que no se registraron avances sobre sus reivindicaciones. Los maquinistas esperan que en el próximo encuentro, previsto para este viernes, se produzcan avances en los siete compromisos que todavía están pendientes con Adif. Entre las medidas que consideran ya materializadas destacan el refuerzo de las plantillas y el aumento de las inversiones. Por el contrario, Semaf sí ha decidido cancelar las jornadas de huelga que tenía convocadas en Ouigo para este viernes y para los días 9 de noviembre y 4 y 8 de diciembre. Cuerpo también ha confirmado que mantendrá el contacto con las asociaciones de víctimas de los accidentes ferroviarios. Este viernes tiene previsto reunirse con los afectados por el siniestro de Adamuz y ha asegurado que seguirá escuchando al resto de colectivos para atender sus demandas y contribuir a reducir el daño causado. Asimismo, ha confirmado su asistencia al funeral de las víctimas de Urda, aunque pueda recibir abucheos o críticas, al considerar que forma parte de sus responsabilidades como representante público. En cuanto a la situación de la red ferroviaria, el ministro ha señalado que existe un problema de descapitalización derivado de años de inversiones insuficientes, que no han permitido compensar el deterioro progresivo de las infraestructuras. Cuerpo ha situado el origen de esta situación en el periodo comprendido entre 2012 y 2018, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha defendido que las futuras inversiones deberán cubrir tanto el aumento de la utilización de la red como el desgaste acumulado. Para abordar estas necesidades, ha garantizado que habrá financiación suficiente y ha anunciado que el volumen de inversión previsto aumentará un 50% respecto al realizado durante los últimos años. En el ámbito político, el vicepresidente primero ha defendido que su estrategia no pasa por recurrir a descalificaciones ni entrar en provocaciones, sino por explicar las diferencias entre los distintos modelos de gobierno. De cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, considera fundamental que el debate se centre en las propuestas dirigidas a los ciudadanos que todavía no han decidido su voto, especialmente en materias como las infraestructuras, la sanidad, la educación, el empleo y el mantenimiento del Estado del bienestar. Cuerpo se ha mostrado optimista sobre las perspectivas electorales del PSOE, aunque ha reconocido que el accidente ha podido reducir el entusiasmo de parte del electorado progresista. No obstante, asegura percibir muestras de apoyo en sus contactos con los ciudadanos y ha reiterado que el Gobierno seguirá adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación. También ha defendido que el Ejecutivo mantiene una hoja de ruta definida, al margen de las posibles repercusiones del siniestro en los sondeos electorales. Por último, preguntado por las declaraciones de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, sobre un supuesto acuerdo para financiar sus defensas y entregar un millón de euros a cambio de información destinada a perjudicar a Pedro Sánchez, Cuerpo ha reconocido que estas informaciones le generan preocupación. Sin embargo, ha evitado calificarlas de guerra sucia contra el Gobierno y ha dejado en manos de los tribunales la valoración de los hechos, al considerar que no puede emitir un juicio sin disponer de pruebas suficientes.

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(El Economista, 06-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los consumidores ya se preparan para activar una primera gran ola de reclamaciones contra la banca

Los consumidores preparan una primera oleada de reclamaciones contra las entidades bancarias tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que modifica los criterios aplicables a los casos de fraude digital. La resolución, dictada el pasado 15 de octubre, establece que los bancos deben reintegrar en un plazo de 24 horas el dinero sustraído mediante operaciones fraudulentas, incluso cuando haya existido una negligencia grave por parte del cliente. El cambio supone que la entidad debe asumir inicialmente la devolución y que, posteriormente, se determine por vía judicial quién debe soportar finalmente las consecuencias económicas del fraude. Aunque la sentencia establece un nuevo procedimiento, todavía existen dudas sobre su alcance y sobre el volumen de reclamaciones que puede generar. Varias asociaciones de consumidores y despachos de abogados están recopilando los casos pendientes para poner en marcha las primeras acciones colectivas y comprobar hasta dónde llega la interpretación del nuevo criterio europeo. Una de las organizaciones que ya prepara sus actuaciones es Asufin. La asociación de consumidores financieros trabaja con su equipo jurídico en una primera remesa de reclamaciones contra la mayoría de las entidades bancarias, que prevé presentar en las próximas semanas. Esta iniciativa reunirá 64 expedientes y, según sus estimaciones, permitirá recuperar de forma inmediata alrededor de medio millón de euros para los afectados. La cifra corresponde únicamente a los casos que la organización tiene actualmente en tramitación, por lo que espera que el número de procedimientos aumente en los próximos meses, tanto por nuevas iniciativas de la propia asociación como por las reclamaciones que presenten directamente los usuarios y los despachos profesionales. Desde Asufin consideran que la resolución supone un cambio sustancial y sostienen que, a partir de ahora, bastará con presentar la reclamación para que las entidades procedan al abono de las cantidades defraudadas. Adicae también está preparando sus propias actuaciones. La asociación gestiona alrededor de un centenar de casos que prevé presentar durante las próximas semanas. Su presidente, Manuel Pardos, considera que la sentencia representa una transformación jurídica importante, ya que establece un procedimiento que, hasta ahora, los bancos españoles no terminaban de aceptar: primero se devuelve el dinero al cliente y después se resuelve la posible responsabilidad de cada parte. Aunque espera que los expedientes actuales sean solo el comienzo, reconoce que todavía resulta complicado calcular el alcance que tendrá la medida. A su juicio, podría afectar a distintas modalidades de fraude por internet, aunque advierte de que las entidades cuentan con amplios equipos de profesionales para negociar individualmente con los afectados. Algunas fuentes del sector estiman que el impacto económico potencial podría situarse en torno a los 1.000 millones de euros. Esta aproximación toma como referencia los datos del Ministerio del Interior, que contabilizó 429.677 estafas informáticas anuales. Sin embargo, representantes del sector financiero consideran que estas previsiones están muy alejadas de la realidad, ya que parten de la hipótesis de que todos esos fraudes podrían acogerse al nuevo criterio europeo y dar lugar a una reclamación. Las entidades todavía están analizando las consecuencias jurídicas de la resolución y no creen que resulte aplicable a todas las modalidades de estafa ni que vaya a modificar necesariamente su operativa en todos los supuestos. Los datos disponibles muestran que los fraudes relacionados con tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje representan aproximadamente el 10% del total. La mayor parte corresponde a otras modalidades, entre ellas el phishing, los engaños en operaciones de compraventa y las estafas mediante Bizum inverso. Según las cifras del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en 2025 se registraron unos 23.133 incidentes de phishing en sentido estricto, es decir, aquellos en los que se suplanta la identidad de una persona o entidad mediante correos electrónicos o mensajes. Si se incluyen otras modalidades relacionadas, el volumen asciende a 45.445 casos. Un 34% de estos incidentes está vinculado al sector bancario. La interpretación de la sentencia enfrenta, por tanto, dos posiciones. Las asociaciones de consumidores y los despachos de abogados consideran que la resolución abre la puerta a reclamar en un número amplio de situaciones, mientras que las entidades financieras anticipan que sus consecuencias serán mucho más limitadas. De hecho, los máximos responsables de varios bancos han asegurado que la decisión no tendrá efectos económicos significativos para sus entidades, puesto que, según sostienen, ya venían aplicando procedimientos similares y protegiendo a sus clientes frente al fraude. El consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol, afirmó que no esperan consecuencias relevantes porque considera que la entidad ya cumple con la normativa vigente y dispone de mecanismos para proteger a los usuarios. En la misma línea, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, explicó que la principal novedad afecta al procedimiento de devolución del dinero en determinadas circunstancias y que, por ello, no prevén un impacto material. También señaló que la ciberseguridad es un ámbito en el que el banco ya trabaja siguiendo los principios recogidos en la resolución europea. Más allá de estas declaraciones, fuentes financieras consideran que las estimaciones sobre el impacto de la sentencia están sobredimensionadas. A su entender, la resolución no obliga a devolver automáticamente el dinero en todos los casos, sino que facilita el reintegro en determinadas situaciones que deberán analizarse individualmente. En particular, sostienen que el nuevo criterio debe aplicarse a operaciones de pago no autorizadas por el cliente, como ocurría en el caso que dio lugar al pronunciamiento del TJUE. Esta distinción resulta especialmente relevante para determinar qué fraudes pueden acogerse a la nueva interpretación. Según la posición de las entidades, cuando el usuario autoriza personalmente una operación tras haber sido engañado, podría entenderse que existe una negligencia que permitiría al banco no efectuar la devolución inmediata. En cambio, sí procedería el reintegro en supuestos en los que un tercero accede a la cuenta sin autorización, por ejemplo, mediante el robo de credenciales o la suplantación de identidad. Las asociaciones de consumidores y los despachos mantienen una interpretación más amplia y consideran que la sentencia puede extenderse a un conjunto mayor de fraudes digitales. La presentación de las primeras reclamaciones permitirá comprobar cómo se aplica en la práctica el nuevo criterio y qué límites establece finalmente la interpretación judicial.

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