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(El País, 18-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los desahucios por impago de hipoteca se disparan un 28% en el segundo trimestre

Entre abril y junio se registraron en España 4.133 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra supone un repunte notable: un 20,5% más que en el primer trimestre del año y un 27,8% superior respecto al mismo periodo de 2024. Desde que se inició la serie estadística en 2014, solo durante los meses excepcionales de la pandemia se había producido un aumento interanual mayor. En términos absolutos, no se alcanzaba un volumen de más de 4.000 ejecuciones en un trimestre desde finales de 2022. Aunque este procedimiento no implica automáticamente un desalojo, sí es un paso que puede desembocar en la pérdida de la vivienda por impago. Conviene recordar que la mayoría de los desahucios actuales no se originan en hipotecas, sino en alquileres: según el Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2025 un 77% de los desalojos correspondieron a inquilinos, el porcentaje más alto de la serie. El repunte de ejecuciones hipotecarias se da de forma similar en viviendas habituales (28,1% más que en 2024) y en segundas residencias (27%). Sin embargo, las principales concentran la mayoría de los casos: 2.902 frente a 1.231, lo que supone el 70% del total. Esta proporción contrasta con la de hace una década, tras la Gran Recesión, cuando predominaban los desahucios de inmuebles que no eran primera vivienda. Otro dato relevante es que la mayor parte de los desalojos afectan a viviendas de segunda mano. De las 4.133 ejecuciones, 3.709 fueron sobre este tipo de inmuebles, frente a 424 en obra nueva. El análisis por año de constitución de las hipotecas muestra el peso todavía decisivo de la burbuja inmobiliaria: el 45,6% de las ejecuciones de este trimestre corresponden a hipotecas firmadas entre 2005 y 2008. En cambio, las concedidas entre 2020 y 2024 solo representan un 6,4%. Para Francisco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el repunte tiene dos causas principales: el impacto prolongado de los altos tipos de interés en hogares con bajos salarios y el interés de los bancos en quedarse con viviendas en un contexto de precios al alza. Según sus cálculos, las entidades financieras adquieren los inmuebles por alrededor del 70% de su valor hipotecado y luego pueden revenderlos con márgenes de hasta un 60%. La visión de la banca es distinta. Fuentes del sector subrayan que las familias vulnerables están protegidas por la moratoria de desahucios, prorrogada hasta 2028 con apoyo unánime del Congreso. Consideran, además, que los datos del INE no reflejan un deterioro general en el pago de hipotecas, ya que el paro está en su nivel más bajo desde 2008, el empleo se encuentra en cifras récord y la economía mantiene perspectivas de crecimiento. Con el aumento del segundo trimestre, el total de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en la primera mitad de 2025 asciende a 7.562, un 15,5% más que en el mismo periodo de 2024 (6.546). El dato supera ligeramente al registrado en el primer semestre de 2023 (7.430), aunque todavía se sitúa por debajo de los niveles de 2022 (10.051). El informe del INE también refleja 2.274 ejecuciones sobre otros tipos de inmuebles: 1.697 en fincas urbanas, 228 en solares y 349 en fincas rústicas.

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(El País, 18-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno ampliará el bono de alquiler joven a 300 euros mensuales y ampliará la duración hasta cuatro años

El Gobierno ha puesto este miércoles a consulta pública el proyecto de real decreto que regulará el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El documento, de 90 páginas, establece las condiciones, compromisos y criterios que guiarán la política de vivienda en España durante los próximos cinco años. Es el primer plan elaborado bajo la Ley de Vivienda de 2023 y se presenta como un giro en el enfoque: la vivienda pasa a considerarse el quinto pilar del Estado del Bienestar, junto a sanidad, educación, pensiones y dependencia. Entre sus medidas más destacadas figuran la ampliación del bono de alquiler juvenil hasta 300 euros mensuales y un descuento máximo de 28.800 euros en la compra de viviendas protegidas con opción a compra. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana subraya que la aprobación del plan requerirá el acuerdo con las comunidades autónomas. Hasta el 7 de octubre se podrán presentar aportaciones, aunque el Ejecutivo ya ha adelantado los ejes principales: pasar de un modelo en el que la vivienda se trata como un bien de mercado a la creación de un parque público y protegido permanente, concebido como una "herencia para quienes no la tienen". El borrador parte de un diagnóstico crítico: más de diez años de parón en la construcción tras la crisis inmobiliaria, junto a la falta de suelo finalista y de mano de obra especializada, han dejado un déficit de más de 400.000 viviendas, según el Banco de España. A ello se suma la presión del crecimiento demográfico y el auge de los alquileres turísticos y temporales, que reducen la oferta permanente. Como resultado, el precio medio alcanzó en junio de 2025 los 1.906 euros por metro cuadrado, un 8% más interanual y por encima del máximo de 2007. Además, los hogares destinan de media más del 35% de sus ingresos a la vivienda, y casi un 39% soporta un esfuerzo superior al 40%. Los jóvenes son el colectivo más perjudicado: solo un 14,6% de los menores de 30 años vive independizado, frente al 32% de la media europea, y la edad media de emancipación se acerca ya a los 30 años. Para aliviar esta situación, el bono de alquiler juvenil se eleva a 300 euros al mes (200 para habitaciones), con la posibilidad de disfrutarlo durante dos años prorrogables por otros dos. Se duplican también los límites de renta para poder solicitarlo: hasta 1.000 euros en pisos completos y 600 en habitaciones. No podrán acceder quienes ya tengan una vivienda en propiedad ni quienes vivan en un inmueble alquilado a familiares directos. El plan contempla además ayudas a la compra en localidades de menos de 10.000 habitantes, con hasta 15.000 euros por operación, siempre que no superen el 20% del precio del inmueble ni los 300.000 euros, y que la vivienda se destine a residencia habitual. También se introduce la fórmula de alquiler con opción a compra en viviendas protegidas, con descuentos equivalentes a las rentas abonadas (hasta 28.800 euros), financiados por las Administraciones. Los colectivos más vulnerables tendrán un apoyo reforzado: ayudas de hasta el 100% del alquiler durante cinco años para víctimas de violencia de género, personas desahuciadas o en situación de especial dificultad. Estas ayudas podrán incluir comunidad, suministros e incluso internet, pagándose directamente al propietario o al gestor. El anuncio coincide con la publicación por parte del INE de que entre abril y junio se registraron 4.133 ejecuciones hipotecarias, un 20,5% más que en el trimestre anterior y un 27,8% más que un año antes. El plan prevé un presupuesto total de 7.000 millones de euros, un 135% más que el programa anterior. El Estado cubrirá el 60% y las autonomías el 40%, ya que estas últimas son responsables de gestionar las ayudas. Los fondos tendrán una distribución mínima obligatoria: 40% para vivienda pública y asequible, 30% para rehabilitación y 30% para reducir el esfuerzo económico de las familias y facilitar la emancipación juvenil. Uno de los aspectos más novedosos es que la vivienda protegida quedará blindada de forma indefinida. Las promociones financiadas con cargo al plan no podrán perder esa condición y, en el caso de la vivienda pública, deberán destinarse al alquiler durante al menos 50 años, con precios regulados desde el inicio. La ejecución se llevará a cabo mediante convenios bilaterales entre el ministerio e instituciones autonómicas, que fijarán objetivos, indicadores y mecanismos de control. Toda la información se registrará en una plataforma común con actualizaciones periódicas. Las comunidades tendrán que presentar informes trimestrales y uno anual, y el ministerio podrá retener o reasignar fondos en caso de incumplimientos. Finalmente, el plan prevé crear una base de datos nacional de contratos de arrendamiento. Para acceder a cualquier ayuda, los propietarios deberán depositar la fianza en la administración autonómica y remitir los datos al ministerio. En aquellas comunidades sin registro de fianzas, la ayuda quedará suspendida si no lo implantan en un plazo máximo de un año.

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(El Economista, 18-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La exigencia de atender en catalán en las empresas se extiende a 12 sectores económicos clave

El acuerdo alcanzado esta semana entre Junts y el Gobierno, a través de una serie de enmiendas a la Ley de Atención al Cliente, introduce cambios de gran calado económico. La principal novedad es que obligará a determinadas empresas -en función de su tamaño, facturación o sector- a atender a los usuarios en todas las lenguas cooficiales del Estado, entre ellas el catalán. En total, la norma afectará a una docena de sectores estratégicos. El partido justifica sus propuestas en la necesidad de "garantizar los derechos lingüísticos de consumidores y usuarios", un principio que figura en todas las enmiendas presentadas. Si la reforma sale adelante, la ley impulsada por el Ministerio de Consumo se aplicará a todas las compañías con más de 250 trabajadores, una facturación anual superior a 50 millones de euros o que ofrezcan servicios básicos. Esto incluye a eléctricas, gasistas, compañías de agua, operadoras de telecomunicaciones, aerolíneas, ferroviarias, empresas de autobuses, servicios postales, bancos, aseguradoras, entidades financieras, plataformas audiovisuales y cualquier proveedor de servicios públicos. En total, Junts ha planteado seis enmiendas finales: cuatro modifican artículos ya existentes, una introduce un apartado nuevo y otra altera la exposición de motivos de la norma. La ley establece principios generales de atención al cliente y obliga, entre otros aspectos, a que los canales de comunicación figuren en los contratos. Además, determina que "las consultas, quejas, reclamaciones e incidencias deberán ser respondidas en la misma lengua en la que se realizaron". Desde el ministerio que dirige Pablo Bustinduy puntualizan que la obligación de responder en catalán, gallego o euskera solo se aplicará a las operaciones realizadas en comunidades con lengua cooficial. Otro artículo de la norma exige que las empresas cuenten con los recursos humanos, materiales, técnicos y organizativos necesarios para ofrecer un servicio adecuado de atención al cliente. Junts ha añadido a este apartado la referencia explícita a "garantizar los derechos lingüísticos" y ha incorporado la obligación de que el personal reciba "formación específica en lenguas cooficiales", a cargo de las propias empresas, incluyendo capacitación continua. El pacto no ha sido bien recibido por la patronal. El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) advirtió que esta medida "atenta contra la libertad empresarial". En un comunicado, la organización sostuvo que "introducir la política en las iniciativas empresariales daña la competitividad" y que debe respetarse la autonomía de gestión propia de toda empresa privada. El Ministerio de Consumo prevé que, en el mejor de los casos, la norma pueda aprobarse en mes y medio. Sin embargo, el proyecto acumula 234 enmiendas de distintos grupos y aún debe debatirse en ponencia -cuyo primer encuentro se celebrará la próxima semana- antes de su votación en el pleno del Congreso.

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(El Periódico, 18-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas aprueba suspender parte del acuerdo comercial con Israel pero deja la decisión final en manos de los Estados

La Comisión Europea dio este miércoles un paso de gran calado frente a Israel por su ofensiva en Gaza y las violaciones de derechos humanos en el enclave palestino. El Ejecutivo comunitario aprobó un plan para suspender parcialmente el acuerdo comercial que la UE mantiene con Israel desde hace tres décadas, lo que supondrá reintroducir aranceles a determinados productos israelíes que hasta ahora se beneficiaban de un trato preferente. La Unión es, de hecho, el principal socio comercial de Israel a nivel global. La medida no busca cortar por completo el comercio bilateral, sino retirar las ventajas arancelarias, con especial incidencia en los productos agrícolas. Según cálculos de Bruselas, la decisión podría costar a los exportadores israelíes unos 227 millones de euros anuales. La propuesta, impulsada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, deberá contar ahora con el apoyo de una mayoría cualificada de los 27 Estados miembros para entrar en vigor. El movimiento se justifica en que el Gobierno israelí ha adoptado medidas que vulneran compromisos esenciales del acuerdo con la UE en materia de respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos. Según la Comisión, esta circunstancia habilita legalmente a la Unión para suspender unilateralmente parte del pacto. "Es un paso que lamentamos, pero creemos adecuado y proporcionado a la gravedad de la crisis humanitaria en Gaza", declaró el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic. Entre los motivos señalados por Bruselas destacan el empeoramiento de la situación en Gaza, las trabas a la entrada de ayuda humanitaria, la intensificación de las operaciones militares y la expansión de asentamientos en Cisjordania, que socavan aún más la solución de los dos Estados defendida por gran parte de la comunidad internacional. El paquete de medidas incluye además la propuesta de la alta representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, de sancionar por primera vez a miembros del Gobierno israelí. Los señalados son el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, considerados ultranacionalistas. La idea es imponerles restricciones como la congelación de activos o la prohibición de entrada a la UE, sanciones que también se extenderían a dirigentes de Hamás, a colonos violentos y a varias organizaciones. Sin embargo, este punto exige unanimidad de los Estados miembros, lo que complica su aprobación. "No buscamos castigar a Israel, sino aliviar la crisis humanitaria en Gaza", recalcó Kallas. En paralelo, la Comisión -que en los últimos meses ha sido criticada por su cercanía al Ejecutivo de Netanyahu- anunció la suspensión inmediata de parte de la cooperación bilateral con Israel, lo que implica congelar unos 20 millones de euros en programas de apoyo directo al Gobierno, aunque se mantendrán las ayudas a la sociedad civil y a proyectos vinculados al Holocausto. La propuesta central, sin embargo, es la suspensión parcial del acuerdo comercial de los años noventa, una idea defendida ya hace un año y medio por España e Irlanda. Según los cálculos de la Comisión, el 37% del comercio israelí con la UE se beneficia actualmente del trato arancelario preferente; es esa fracción la que quedaría afectada. Dado que el bloque comunitario representa el 32% del comercio total de Israel, el impacto económico sería considerable. No obstante, la propuesta enfrenta un camino incierto: varios países, entre ellos Hungría, Austria y la República Checa, se perfilan como posibles opositores. Para aprobarla se necesita el voto favorable de al menos 15 de los 27 Estados miembros, que representen al menos el 65% de la población de la UE. En este contexto, la posición de Alemania, Italia o Polonia será determinante, especialmente la de Berlín, que tradicionalmente se ha resistido a medidas de presión contra Israel. Si se logra la mayoría requerida en el Consejo de la UE, Bruselas notificará la decisión a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y habrá un plazo de 30 días para su entrada en vigor.

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(La Vanguardia, 18-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La productividad de las empresas catalanas cae un 2% por el mayor peso de los servicios

Las compañías catalanas lograron salir de la pandemia con notables incrementos tanto en ventas como en rentabilidad. No obstante, el panorama no está libre de desafíos. El nuevo Anuario de la Pyme catalana, elaborado por Pimec, revela que la productividad por trabajador descendió un 2,2%, situándose en 77.407 euros anuales. El retroceso se atribuye, en gran medida, al mayor peso que ha adquirido el sector servicios frente a la ligera contracción de la industria. Durante la presentación del informe, el presidente del Observatori de la Pime de Catalunya, Oriol Amat, señaló que la caída de la productividad se debe a un crecimiento del empleo más acelerado que el del valor añadido bruto (VAB). En concreto, la ocupación aumentó un 5,2%, mientras que el VAB lo hizo solo un 2,9%. "Estamos creciendo a base de esfuerzo humano, incorporando más personas al mercado laboral", ilustró por su parte el presidente de Pimec, Antoni Cañete. La pérdida de productividad se concentra en los servicios: el VAB industrial avanzó un 7,1%, frente a un retroceso del 0,3% en los servicios. En cuanto al empleo, la industria apenas subió un 0,8%, mientras que los servicios lo hicieron en un 2,6%. "La industria aporta más valor añadido, mientras que los servicios tienden a reducirlo", apuntó Amat. El documento también destaca que las pymes soportaron mejor la caída de la productividad que las grandes compañías, pese a que su incremento del VAB fue más modesto (2,2% frente al 5,2% de las mayores). La diferencia radica en el fuerte aumento de la contratación en las empresas con más de 250 empleados, que elevaron sus plantillas un 11,7%. El Anuario de la Pyme, basado en datos del registro mercantil de 2023, refleja ya un ejercicio normalizado tras el impacto del Covid. Según Cañete, estas cifras permiten proyectar con mayor fiabilidad lo ocurrido en 2024 y lo que se prevé para 2025. "Confirman que la pyme sigue siendo un pilar fundamental en la estructura productiva del país", subrayó el presidente de la patronal. Actualmente, las pymes representan el 98,9% del tejido empresarial, el 64% del VAB y el 60% del empleo en Cataluña. Sin embargo, en los últimos cinco años han ido perdiendo peso tanto en valor añadido como en ocupación. "Somos un país de pymes, pero las grandes empresas están ganando protagonismo", señaló Amat. Ante esta tendencia, Cañete defendió la necesidad de que las pequeñas y medianas compañías crezcan en tamaño para ganar solidez y capacidad de expansión.

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(Expansión, 17-09-2025) | Fiscal

Hacienda pone límites a los beneficios fiscales por vivienda habitual

La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado en una consulta que mudarse por motivos de teletrabajo flexible no constituye una causa válida para eludir la obligación de residir tres años en una vivienda a fin de beneficiarse de la exención por reinversión en vivienda habitual. Asimismo, advierte que alquilar una propiedad a través de plataformas como Airbnb o Booking implica la pérdida de dicha consideración. El organismo fiscal ha puesto el foco en dos situaciones cada vez más frecuentes: el teletrabajo y el alquiler turístico. Ambas pueden suponer que los contribuyentes pierdan uno de los incentivos fiscales más relevantes relacionados con la vivienda. En un caso analizado, un trabajador con la posibilidad de teletrabajar desde cualquier lugar de España quería vender su casa y comprar otra en otra ciudad, pero temía que un eventual cambio en sus condiciones laborales le obligara a mudarse antes de cumplir el período mínimo de tres años. La DGT distingue entre necesidad y elección: para que la ley permita excepciones al plazo legal, el traslado debe responder a circunstancias que obliguen de forma justificada al cambio de residencia. Si el teletrabajo es voluntario, la mudanza obedece a una decisión personal, no a una imposición empresarial. De este modo, si el contribuyente cambia de domicilio por voluntad propia y no alcanza los tres años de residencia en la nueva vivienda, esta no podrá considerarse habitual. En consecuencia, perdería el derecho a la exención aplicada por la venta de la vivienda anterior y debería devolver el beneficio fiscal a Hacienda, con los recargos correspondientes. Solo si la empresa le exigiera un nuevo traslado por una modificación sustancial de sus condiciones laborales podría exceptuarse la norma, siempre que el contribuyente acredite tal circunstancia. La segunda advertencia de Tributos afecta a los propietarios que destinan sus inmuebles al alquiler vacacional. El organismo recuerda que la ley exige habitar la vivienda de manera continuada y permanente para que sea considerada residencia habitual. Si se utiliza con fines turísticos, aunque sea ocasionalmente, se pierde de forma automática esa condición. Esto tiene efectos inmediatos: en caso de venta, el inmueble ya no se considerará la vivienda habitual del contribuyente y, por tanto, no podrá acogerse a la exención fiscal por reinversión en otra vivienda.

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(El Economista, 17-09-2025) | Fiscal

Los fiscalistas instan a los contribuyentes a pedir al Catastro corregir el valor de referencia de los inmuebles antes de litigar

Los especialistas en fiscalidad aconsejan que, antes de iniciar un proceso judicial, los contribuyentes soliciten al Catastro la revisión del valor de referencia de sus inmuebles si no están conformes con él. Recuerdan que el 70% de los conflictos relacionados con esta valoración se resuelven en un plazo aproximado de seis meses por la vía administrativa. En julio, el Tribunal Constitucional aceptó examinar una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre dicho valor, utilizado por la Agencia Tributaria para calcular los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones y Donaciones en la compraventa o herencia de viviendas. Esta decisión abre la posibilidad de que los ciudadanos que no estén de acuerdo con su liquidación la recurran, a la espera de una posible sentencia favorable. El TSJA argumenta que este valor ignora el estado real de los inmuebles, lo que puede derivar en una tributación superior a la capacidad económica real del contribuyente. Rubén Rúa, socio de Bradia y miembro del grupo de expertos de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en Haciendas Locales y Catastro, advierte que recurrir en masa por la vía de la inconstitucionalidad puede llevar a los contribuyentes a un callejón sin salida, cuando existe la opción de corregir el problema en pocos meses en lugar de embarcarse en un litigio que podría alargarse años y sin garantías de éxito. El experto explica que el Catastro dispone de dos mecanismos para revisar el valor. En los casos en los que la liquidación aún no ha sido abonada, se puede presentar una solicitud de rectificación dentro de los plazos establecidos: seis meses en herencias y treinta días en compraventas. Durante este tiempo, el contribuyente puede aportar información técnica que demuestre que el valor asignado no refleja la realidad del inmueble. "En este momento, el Catastro está resolviendo estas solicitudes con rapidez, en apenas 15 o 20 días", asegura Rúa. Si el impuesto ya se ha pagado, el contribuyente dispone de cuatro años para reclamar la devolución de ingresos indebidos a la administración autonómica, siempre aportando un informe técnico del inmueble y, adicionalmente, invocando la posible inconstitucionalidad por si llegara a dictarse una sentencia favorable. "En nuestra experiencia, cuando el contribuyente presenta pruebas suficientes, el Catastro corrige la valoración porque no tiene un fin recaudatorio", afirma el experto de Aedaf. Subraya, no obstante, que el informe técnico es imprescindible, ya que basarse únicamente en la inconstitucionalidad no resulta eficaz. Rúa puntualiza que no se desaconseja recurrir por motivos de inconstitucionalidad, pero sí hacerlo sin un informe técnico que recoja las características reales de la vivienda -como superficie, calidades o estado-. "Muchos presentan la impugnación solo por inconstitucionalidad, cuando disponen de datos objetivos de su inmueble que les permitirían recuperar el dinero", explica. "El Catastro está siendo flexible y acepta las correcciones, pero si únicamente se alega inconstitucionalidad no puede actuar", añade. "Si finalmente el Constitucional desestima el recurso, quienes no hayan aportado un informe técnico perderán la oportunidad de que se les devuelva lo pagado de más".

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(Expansión, 17-09-2025) | Laboral

Las empresas pagarán 16.000 millones de euros por las bajas laborales en 2025

La OCDE ha llegado a España para reunirse con el Gobierno, la patronal y los sindicatos con el fin de analizar la propuesta de implantar altas médicas progresivas en la Seguridad Social, en un contexto marcado por el fuerte incremento del absentismo laboral. Según cálculos de las mutuas, el coste total de esta situación se acercará a los 33.000 millones de euros entre empresas y Seguridad Social. Durante esta semana, un grupo de técnicos del organismo internacional mantiene encuentros con organizaciones empresariales, sindicatos, mutuas, así como con representantes de los ministerios de Seguridad Social y Sanidad. El objetivo es evaluar el impacto económico y social del aumento de las incapacidades temporales y estudiar posibles medidas para contener esta tendencia. Fuentes del diálogo social explican que las consultas se centran en examinar tanto la presión financiera sobre la Seguridad Social por las prestaciones de incapacidad temporal como las propuestas en discusión dentro de la mesa tripartita liderada por la ministra Elma Saiz. Entre ellas destaca la de las altas progresivas, que permitirían reincorporar de manera gradual a los empleados tras una baja de más de seis meses. Esta fórmula contempla un periodo de transición de hasta 30 días, durante el cual el trabajador trabajaría el 50% de su jornada, percibiría la parte proporcional del salario y mantendría la mitad de la prestación. La medida busca facilitar el retorno de quienes han estado de baja prolongada. No en vano, los procesos de más de un año han crecido un 313% desde 2019, pasando de 34.288 a más de 141.000 en junio de 2025. Además, la duración media de las bajas mantiene una tendencia al alza: solo en 2024 aumentó un 8,3% respecto al año anterior y un 3,7% en el acumulado de los últimos nueve años. Todo ello ha disparado la factura para la Seguridad Social y las empresas. AMAT estima que este año el gasto en prestaciones por incapacidad temporal rondará los 17.000 millones de euros, mientras que el coste directo para las compañías superará los 16.000 millones, lo que supone un 13,5% más que en 2024 y más del triple que en 2015. En conjunto, el absentismo costará en 2025 unos 32.798 millones, un 12,6% más que en 2024 y un 223% más que hace una década. Los sectores más afectados, según el número de bajas gestionadas por las mutuas, son el comercio (1,1 millones de procesos), la industria manufacturera (871.000), las actividades administrativas (693.000) y la hostelería (585.000). Ante este escenario, desde el ámbito empresarial se espera que la visita de la OCDE ponga de relieve la urgencia de aplicar medidas eficaces que frenen el incremento de costes derivados del absentismo. CEOE y Cepyme han reclamado en la negociación con el Ministerio de Seguridad Social que se dé un mayor protagonismo a las mutuas en la gestión de las bajas, incluyendo la capacidad de emitir el alta médica. Según sus cálculos, si las mutuas asumieran todo el proceso -diagnóstico, tratamiento y alta- la duración de las incapacidades podría reducirse en torno a un 40%.

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(Expansión, 17-09-2025) | Laboral

España busca 480.000 empleos anuales y más crecimiento

El Ministerio de Economía ha revisado al alza sus previsiones y eleva en una décima el crecimiento económico esperado para este año, mientras mantiene en el 2,2% la estimación de 2026, punto de partida para la elaboración de los próximos Presupuestos Generales. Con esta actualización, el Gobierno muestra una visión más optimista que la mayoría de los analistas privados y organismos internacionales. El Consejo de Ministros aprobó un nuevo cuadro macroeconómico que sitúa el avance del PIB en el 2,7% para 2025, cifra que servirá de base para el diseño de las nuevas cuentas públicas. El informe elaborado bajo la dirección del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, atribuye esta mejora a tres factores principales: la fortaleza del mercado laboral, el dinamismo del consumo de los hogares y un comportamiento de la inversión y del sector exterior mejor del previsto. Según los datos en tiempo real manejados por el Ministerio, el PIB creció un 0,7% en el tercer trimestre, el mismo ritmo que en el segundo y por encima del 0,6% del primero. En detalle, Economía prevé que la inversión empresarial aumente este año un 5,7% y un 5,1% en 2026, mientras que el consumo privado crecerá un 3,1% en 2025 y un 2,4% en 2026, impulsado por la creación de empleo y el alza de los salarios. El Ejecutivo calcula que se generarán unos 480.000 nuevos puestos de trabajo cada año, hasta alcanzar cerca de 23 millones de ocupados en 2026. Esto permitiría que el paro descienda al 10,3% este año, baje al 9,6% en 2025 y se sitúe en el 8,7% en 2028, el nivel más bajo desde la crisis inmobiliaria. "El escenario es prudente respecto a lo que podemos esperar al cierre de 2025", defendió Cuerpo en rueda de prensa, subrayando que la economía española ofrece "claros signos de solidez" y que no es el Ejecutivo quien lanza mensajes optimistas, sino que "los datos hablan por sí solos". Recordó además que España volverá a liderar el crecimiento entre las economías avanzadas, triplicando el ritmo de la eurozona, lo que evidencia que el país atraviesa "un círculo virtuoso", dejando abierta la posibilidad de futuras revisiones al alza. La revisión del Gobierno coloca sus previsiones por encima de la mayoría de estimaciones de expertos. El nuevo cuadro macro supera incluso el del Banco de España, que ayer elevó su proyección de crecimiento para 2025 del 2,4% al 2,6%, cifra en línea con el consenso de Funcas y con la estimación de la Comisión Europea y de la agencia S&P, que mejoró la calificación crediticia de España la semana pasada. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, sitúa el crecimiento en el 2,5%. Economía justifica su previsión dentro de un rango que va del 2,4% al 2,8%. Solo la Universidad Loyola de Andalucía estima un crecimiento mayor, del 2,8%, mientras que cinco centros de análisis -entre ellos AFI- coinciden con el 2,7% del Ejecutivo. El resto de previsiones se mantienen por debajo. Más allá de 2025, el Gobierno se muestra más cauto. Mantiene su proyección del 2,2% para 2026, una cifra que, aun así, supera en dos décimas el consenso de Funcas y en cuatro la previsión del Banco de España, que lo sitúa en el 1,8%. A partir de 2027 las diferencias se amplían: mientras el supervisor prevé un 1,7%, el Gobierno confía en mantener el PIB por encima del 2% anual, con un 2,1% en 2027 y en 2028. Este marco macroeconómico servirá de base para el techo de gasto expansivo con el que Hacienda pretende acompañar las cuentas de 2026, que se aprobarán previsiblemente a finales de este mes junto con la senda fiscal.

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(El País, 17-09-2025) | Laboral

Los sindicatos de funcionarios unen sus fuerzas para exigir al Gobierno una nueva subida salarial

Los sindicatos mayoritarios de la función pública -CC OO, UGT y CSIF- han remitido una carta conjunta al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en la que le reclaman reabrir de manera urgente la mesa de negociación sobre salarios y condiciones laborales. En caso de no recibir respuesta, advierten de que adoptarán "las medidas que consideren necesarias", entre ellas una posible campaña de movilizaciones, según han explicado fuentes sindicales. La unidad de acción de estas tres centrales, que representan al 80% de los empleados públicos, no es frecuente, pero en esta ocasión han decidido sumar fuerzas para presionar al ministro ante lo que califican de "falta absoluta de interlocución" por parte de su departamento. En la misiva, firmada por Lucho Palazzo (CC OO), Isabel Araque (UGT) y Miguel Borra (CSIF), los sindicatos expresan su "indignación por la parálisis" y por una situación que consideran "grave e inédita". Recuerdan que su amplia representatividad debería bastar para garantizar un diálogo estable y una mesa de negociación permanente, más aún cuando existen órganos como la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que no se reúne desde finales de 2024. También subrayan que el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en su día solo por CC OO y UGT, expiró en diciembre pasado. Ese pacto contemplaba una subida acumulada del 9,5% en los salarios entre 2023 y 2025, cifra que CSIF rechazó por considerarla insuficiente para recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, que calcula en un 20%. Con el fin del acuerdo y la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, los trabajadores del sector público no han percibido incrementos salariales en 2025 -más allá del 0,5% ligado al ejercicio anterior- ni se han iniciado negociaciones sobre las subidas previstas para 2026. Por todo ello, los sindicatos insisten en que es urgente retomar el diálogo para restablecer la confianza en el ámbito público, recordando que hasta ahora han actuado "con buena fe". Y cierran la carta con una advertencia: si no hay reacción por parte del ministro, no dudarán en pasar a la acción.

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