News

(Expansión, 19-09-2024) | Fiscal

El INE revisa al alza el crecimiento de la economía: creció un 2,7% el año pasado, dos décimas más

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado al alza el crecimiento económico de los tres últimos ejercicios, hasta el 2,7% en 2023 (2 décimas más), el 6,2% en 2022 (4 décimas más) y el 6,7% en 2021 (3 décimas más). Son los tres años de recuperación tras el desplome provocado por la pandemia de covid-19 en 2020, ejercicio en el que la economía se contrajo un 10,9%, según la revisión del INE, lo que supone 3 décimas menos de lo previamente calculado. El INE ha publicado este miércoles la revisión del producto interior bruto (PIB) anual del periodo 1995-2023, tras la implantación de la "Revisión Estadística 2024" que obliga a todos los países de la Unión Europea (UE), a la que se suma la revisión ordinaria que hace el INE cada año de los últimos tres ejercicios. Teniendo en cuenta ambas cuestiones, las revisiones del nivel de PIB a precios corrientes son en promedio un 0,5% superior para todos los años de la serie. En 2023 se suman 36.435 millones de euros, lo que eleva el PIB nominal a 1,49 billones de euros. La revisión al alza del crecimiento de 2023, estimado ahora en el 2,7%, ha estado propiciada por una mayor aportación de la demanda externa (exportaciones e importaciones), 6 décimas más respecto al cálculo anterior, por el mayor avance de las exportaciones. Además se amplía el aumento del gasto en consumo final de las Administraciones Públicas y se agudiza la caída de la inversión, 1,2 puntos superior a lo previamente estimado. El Gobierno ha destacado que la revisión refleja un crecimiento "mayor, más equilibrado y fiscalmente responsable", que ha permitido adelantar a 2023 el objetivo de reducción de la ratio de deuda pública sobre PIB prevista para este año. Con un PIB mayor, el nivel de deuda se ha reducido casi tres puntos adicionales en 2023, hasta el 105%. En declaraciones en el Congreso, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha insistido en que los datos del INE plantean una situación de la economía española "aún más positiva", ya que ha crecido de manera "más fuerte, equilibrada y responsable", lo que, a su juicio, demuestra "la eficacia de las medidas puestas en marcha por este gobierno". "Son muy buenas noticias", ha dicho el ministro en declaraciones a los medios en el Congreso, después de conocer los datos del INE, de los que ha destacado que España ha crecido en estos años un punto más de lo estimado anteriormente, por lo que se ha adelantado la recuperación del nivel de PIB previo a la pandemia. Además, según ha dicho, la economía española -en términos nominales- es "36.400 millones más grande de lo que se estimaba anteriormente" y ello tiene "implicaciones muy importantes en términos de narrativa, de qué ha sucedido estos años con nuestra economía y de dónde estamos hoy en día".

READ MORE

(El País, 19-09-2024) | Fiscal

Los académicos de Fedea y el Consejo de Economistas proponen crear un fondo de nivelación para las comunidades peor financiadas

El Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han propuesto la creación de un fondo transitorio de nivelación para complementar los ingresos de aquellas comunidades autónomas que se encuentren por debajo de la media en términos de financiación por habitante ajustado. Este cálculo considera factores como la dispersión de la población, el envejecimiento y el número de niños en edad escolar, entre otros. Los expertos sugieren que esta medida se implemente mientras no se lleve a cabo una reforma del sistema de financiación autonómica o no se llegue a un acuerdo político sobre su distribución. Así lo expresaron el presidente del CGE, Valentín Pich, y el director de Fedea, Ángel de la Fuente, durante una rueda de prensa en la que presentaron las conclusiones tras meses de análisis de los principales retos y reformas estructurales para España. Los economistas describieron el actual sistema de reparto autonómico como "desigual y arbitrario", además de excesivamente complejo. De la Fuente criticó que la propuesta fiscal "a la carta" de los independentistas catalanes, similar al sistema de concierto, siga consolidándose. También señaló la falta de responsabilidad fiscal por parte de las comunidades autónomas, ya que suelen gastar más de lo que tienen, confiando en que serán rescatadas. Esto, según De la Fuente, crea un problema de incentivos y una tendencia crónica al gasto excesivo. Ambos organismos consideran esencial modernizar las herramientas fiscales disponibles para las regiones. Además del fondo transitorio de nivelación, los expertos sugieren una administración tributaria "única pero realmente compartida", con una mayor participación de los gobiernos regionales en su gestión. Propusieron la creación de un tramo del IVA y de impuestos especiales controlados por las autonomías, con la posibilidad de que estas decidan subir los tipos impositivos en ese tramo, siempre manteniendo la equidad a nivel nacional y distribuyendo la recaudación según la población ajustada. Por otro lado, Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), advirtió que el acuerdo sobre financiación autonómica alcanzado entre el PSOE y ERC en el contexto de la investidura de Salvador Illa podría no solucionar los problemas financieros de Cataluña. Herrero explicó que el riesgo de enfrentar estos temas de manera fragmentada es que no se resuelvan los problemas de sostenibilidad fiscal a largo plazo. También destacó que aplicar una misma tasa de crecimiento del gasto a todas las administraciones públicas sin considerar su punto de partida agrava las dificultades financieras regionales. Respecto a la posible condonación de la deuda autonómica, los economistas señalaron que esta debería ser parcial y vinculada a la infrafinanciación histórica de un territorio, sujeta al cumplimiento de condiciones iguales para todas las regiones. Además, debería estar acompañada de planes de ajuste verificables. En noviembre pasado, el Gobierno prometió condonar 15.000 millones de deuda a Cataluña, como parte del acuerdo de investidura firmado con ERC. Con respecto a los presupuestos, el Gobierno enfrenta el reto de presentar el proyecto para 2025 antes del 30 de septiembre, evitando una prórroga. Herrero señaló que, aunque un presupuesto prorrogado no limitaría el gasto, sí podría ralentizar su ejecución. También mencionó que sería necesaria cierta "ingeniería presupuestaria" para financiar proyectos sin créditos de años anteriores. Valentín Pich subrayó que, aunque una prórroga de los presupuestos de 2023 no implicaría grandes restricciones, dejaría fuera factores coyunturales importantes, como el aumento del turismo o el incremento poblacional. Finalmente, los economistas destacaron la necesidad de reducir el déficit público y aspirar a un superávit para disminuir la deuda. Proponen medidas para controlar el gasto público, especialmente en pensiones, junto con reformas estructurales que mejoren la eficiencia de la administración. También abogan por ampliar las bases tributarias, eliminar tipos reducidos del IVA, impulsar los impuestos medioambientales y combatir el fraude fiscal. Cristina Herrero coincidió en la importancia de explorar medidas de ajuste a través del gasto en lugar de los ingresos para ayudar a sectores económicos como la hostelería.

READ MORE

(Cinco Días, 19-09-2024) | Laboral

Sánchez destaca el valor del pacto social en la reforma de las pensiones en vísperas de su difícil tramitación parlamentaria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con los líderes de los sindicatos CC OO (Unai Sordo) y UGT (Pepe Álvarez), y los representantes de las patronales CEOE (Antonio Garamendi) y Cepyme (Gerardo Cuerva), han formalizado este miércoles en La Moncloa la firma de un cuarto acuerdo relacionado con la reforma de pensiones, que comenzó en 2021. Sánchez ha resaltado que el acuerdo incluye una nueva regulación sobre la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el trabajo, mejora el acceso a la jubilación anticipada para quienes ejercen profesiones penosas, y optimiza el uso de los recursos de las mutuas. Sin embargo, ha enfatizado especialmente el valor del pacto alcanzado el pasado 31 de julio, ya que "nace del consenso entre el poder ejecutivo y los actores sociales". Sánchez ha destacado la importancia de este tipo de acuerdos, afirmando que lo que se pacta "está destinado a perdurar" gracias al respaldo tripartito. Además, ha subrayado la solidez que aportan los 21 acuerdos sociales alcanzados en temas laborales y de pensiones desde que asumió el poder, indicando que estas reformas "construyen y unen al país", garantizando la estabilidad del sistema a largo plazo. Estas declaraciones son especialmente relevantes de cara a la próxima tramitación de la reforma en el Congreso, un proceso que se anticipa complicado, ya que varios socios parlamentarios del Gobierno han expresado su desacuerdo con algunos puntos del acuerdo. En paralelo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido en el Congreso la reforma de pensiones que se ha estado implementando desde 2021, buscando asegurarse los votos necesarios para las medidas que requieren cambios legislativos. La oposición a ciertos aspectos de la reforma quedó en evidencia el jueves pasado cuando Saiz presentó el acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo. No solo los principales partidos de oposición, como el PP y Vox, manifestaron su desacuerdo, sino también grupos que han apoyado al Gobierno, como EH-Bildu, BNG, Junts y ERC, quienes señalaron diversas discrepancias. El diputado de ERC, Jordi Salvador, advirtió que si no se negocian los términos en el Parlamento, podría haber "un disgusto", recordando el incidente en la aprobación de la reforma laboral, donde un error de voto salvó la medida. El lunes pasado, tras el anuncio de la firma del acuerdo, los socios parlamentarios del Gobierno reiteraron que se necesitará una intensa negociación en la Cámara Baja para que las medidas sean aprobadas, subrayando que los apoyos no están garantizados. Aunque no todas las medidas del acuerdo requieren la aprobación del Parlamento, las más destacadas por Sánchez sí lo exigen. Entre ellas, la creación de un nuevo marco para compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo, lo que implicará la reforma de la jubilación parcial, los contratos de relevo y la jubilación demorada, así como la introducción de la modalidad de retiro flexible en un plazo de seis meses. El establecimiento de un nuevo sistema de coeficientes para adelantar la jubilación en profesiones penosas podrá llevarse a cabo mediante reglamentos, sin necesidad de aprobación parlamentaria. Lo mismo ocurre con los cambios en la gestión de bajas laborales de origen traumatológico por parte de las mutuas, que requerirán la firma de convenios con los servicios de salud autonómicos, aunque varios socios del Ejecutivo han planteado objeciones a este enfoque. Tras la firma del acuerdo, Saiz volvió a comparecer en el Congreso para defender la reforma completa, en respuesta a las críticas de la oposición sobre las advertencias del informe "Ageing Report" de la Comisión Europea, que prevé un aumento del gasto derivado de los cambios en el sistema español. La ministra atribuyó las conclusiones del informe a "limitaciones metodológicas" y explicó la "cláusula de cierre" incluida en la reforma, que prevé una evaluación periódica por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para ajustar el sistema en caso de desvíos en el gasto. Saiz también destacó que uno de los principales objetivos de la reforma es retrasar la edad de jubilación, señalando que la edad efectiva de retiro ya ha alcanzado los 65,2 años por primera vez. Aunque los expertos apuntan que este aumento se debe más al retraso progresivo de la edad legal (que llegará a 67 años en 2027, según la reforma de 2011) que a los incentivos actuales, Saiz aseguró que los datos muestran que las medidas están dando buenos resultados y que el gasto se mantiene en niveles razonables.

READ MORE

(Expansión, 19-09-2024) | Laboral

Las jubilaciones anticipadas caen por debajo del 30%, tras las reformas de las pensiones

Las jubilaciones anticipadas han disminuido en los últimos dos años, situándose por debajo del 30%, mientras que la edad efectiva de jubilación ha alcanzado los 65,2 años, la cifra más alta registrada hasta ahora. Estos son algunos de los primeros efectos de la reforma de pensiones implementada por el Gobierno entre 2021 y 2023, cuando José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España, ocupaba el cargo de ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entre las medidas destacadas están las que promueven la jubilación voluntaria más tardía y las que endurecen los requisitos para el retiro anticipado. La ministra, Elma Saiz, presentó estos datos ante el Congreso de los Diputados, minutos después de firmar un acuerdo sobre la modificación de las pensiones junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes de la CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en el Palacio de La Moncloa. Saiz comparó los resultados de las últimas medidas del Ejecutivo con el informe sobre el envejecimiento de la Comisión Europea en relación con España, subrayando que dicho informe está desactualizado respecto al crecimiento económico y del empleo que se está experimentando en el país. "La edad de jubilación efectiva ya se sitúa en 65,2 años, superando la barrera de los 65 años y alcanzando un récord histórico". Además, la jubilación demorada, que implica retrasar voluntariamente la retirada, alcanzará el 10% en 2024, el doble de lo registrado antes de las reformas. Por otro lado, las jubilaciones anticipadas han caído a menos del 30%, un nivel sin precedentes en los registros de la Seguridad Social, según destacó Saiz. Además, el periodo de anticipación de estas jubilaciones también se ha reducido. Antes de la reforma, más del 46% de los trabajadores que se jubilaban anticipadamente lo hacían 24 meses antes de la edad legal; ahora, solo el 17% lo hace, lo que supone una reducción de 30 puntos porcentuales. Saiz también informó que el Fondo de Reserva de las pensiones, conocido como la "hucha de las pensiones", terminará el año con 9.200 millones de euros y se espera que alcance los 25.000 millones al final de la legislatura. Por último, la ministra recordó que la reforma de las pensiones incluye una "cláusula de cierre", la cual establece que cada tres años se evaluará la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones. Esta evaluación será realizada por la Autoridad Fiscal, que se encargará de analizar el impacto de las medidas para fortalecer los ingresos y asegurar que tanto los ingresos como los gastos en pensiones entre 2022 y 2050 se mantengan dentro de los límites establecidos por el informe de la Comisión Europea sobre el envejecimiento.

READ MORE

(El Economista, 19-09-2024) | Laboral

Los autónomos llegan a los tribunales para evitar devolver las ayudas del Covid

Los autónomos han recurrido a los tribunales para evitar tener que devolver las ayudas recibidas durante la pandemia. En los últimos dos meses, han comenzado a recibir notificaciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que les solicitan que acrediten que cumplían con los requisitos para acceder a estas ayudas. En caso de no poder demostrarlo, se les exige la devolución del dinero. Según Carlos Moreno, abogado senior de Unive Abogados, las mutuas están pidiendo el reembolso incluso a autónomos que cumplían con los requisitos y cuyos expedientes ya habían sido declarados como definitivos. Ahora, consideran que la forma en que se acreditaron los requisitos es insuficiente. ¿Qué implicaban estas ayudas? Las prestaciones se establecieron el 14 de marzo de 2020, coincidiendo con la declaración del estado de alarma por la pandemia de Covid-19, y estuvieron vigentes hasta el 30 de junio de ese año. Su propósito era ayudar a los autónomos que se vieron afectados por el cierre de sus negocios o por una disminución en la facturación. En total, 1,48 millones de profesionales recibieron estas ayudas, sumando un total de 3.741 millones de euros. ¿Por qué se están reclamando ahora? El 20 de diciembre de 2023, el Tribunal de Cuentas publicó un informe en el que identificaba "incumplimientos significativos" en los requisitos legales necesarios para recibir las ayudas, así como problemas en el proceso de reconocimiento, gestión y control de las mismas. La normativa, que fue modificada en siete ocasiones, carecía de claridad, lo que generó desigualdad en la concesión de las prestaciones, ya que en cada etapa se exigieron diferentes condiciones y formas de acreditarlas. Carlos Moreno señala que, por este motivo, las mutuas están revisando los expedientes y reclamando la devolución de las ayudas en los casos donde consideran que no se cumplían los requisitos. ¿Quiénes se ven afectados por estas devoluciones? Según el abogado, la devolución afecta principalmente a los autónomos que no reunían los requisitos para recibir estas ayudas. "La realidad es que en muchos casos los requisitos no se cumplían del todo, pero aun así las ayudas fueron otorgadas provisionalmente, y en algunos casos, incluso declaradas definitivas", comenta. Además, Moreno señala que también se está exigiendo la devolución a autónomos cuyos expedientes fueron declarados definitivos o que sí cumplían los requisitos, argumentando que la acreditación no fue suficiente. ¿Qué pueden hacer los afectados? Según el abogado, los autónomos deben primero intentar demostrar ante la mutua que sí cumplían con los requisitos para evitar tener que devolver las ayudas. En caso de no cumplirlos, deberán devolver el dinero, pero si no cuentan con los recursos necesarios, la opción más viable es acudir a los tribunales. Aquellos autónomos que sí cumplían con los requisitos pero aún así enfrentan reclamaciones también deberán recurrir a la vía judicial. ¿Qué pueden argumentar? Los afectados pueden presentar una demanda en los tribunales basándose en la doctrina Cakarevic del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Esta doctrina establece que, si el ciudadano actuó de buena fe, no se le puede exigir la devolución de prestaciones recibidas de manera indebida si el error fue exclusivamente de las autoridades y si exigir dicha devolución supondría una carga desproporcionada para el beneficiario. Aunque Moreno advierte que es difícil que los tribunales inferiores apliquen esta doctrina de manera automática, ya que proviene de un caso en Croacia con una regulación distinta a la española, estima que estos casos llegarán hasta el Tribunal Supremo.

READ MORE

(El Economista, 19-09-2024) | Laboral

La ministra de Trabajo se encuentra con el rechazo de las patronales catalanas a la reducción de jornada

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha modificado inesperadamente la agenda de su departamento esta semana. En lugar de realizar la reunión prevista de la mesa de diálogo social para debatir la reducción de la jornada laboral a 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas en 2025, Díaz está manteniendo una serie de reuniones con patronales, sindicatos y agrupaciones catalanas para conocer sus opiniones. Según fuentes empresariales, Díaz ha llevado a cabo una serie de entrevistas de carácter "protocolario" en Barcelona, por iniciativa propia. En estas reuniones ha encontrado una postura similar a la de Madrid: las patronales, en contra y con demandas parecidas a las planteadas por la CEOE; mientras que los sindicatos están preparando movilizaciones. Díaz se reunió primero con la patronal de las pymes en la región, Pimec, presidida por Antoni Cañete. A pesar de que la vicepresidenta ha maniobrado al margen del diálogo social tradicional para incluir a esta y otras patronales en los órganos consultivos de la negociación colectiva, Pimec prefiere que la reducción de la jornada se canalice mediante la negociación colectiva, es decir, a través de los convenios que se renovarán en los próximos años. La patronal aboga por respetar la autonomía y flexibilidad de adaptación en las medidas, así como por hacer un seguimiento de las mejoras generalizadas. Existen también diferencias entre el Ministerio de Trabajo y Pimec en otros aspectos. La patronal propone bonificaciones en la Seguridad Social o incentivos fiscales a cambio de apoyar la reducción de jornada, así como un análisis del impacto que esta medida tendría en las pymes y autónomos. Para ellos, es "impensable" que las empresas asuman solas esta medida, y temen que su aplicación unilateral pueda generar una pérdida de competitividad y aumentar la rotación laboral, como sucedió en Francia. Hoy también se prevé una reunión con Foment del Treball, la patronal presidida por Josep Sánchez Llibre. Foment, según fuentes de la organización, comparte la oposición de la CEOE a la reducción de la jornada en los términos planteados por el ministerio de Trabajo y defiende que cualquier cambio en la jornada laboral debe pasar por la negociación colectiva, lo cual no contempla actualmente el Gobierno, ya que retrasaría la implementación de la medida. Díaz mantuvo ayer por la tarde un encuentro con representantes de varios sectores económicos afectados por la reforma, entre ellos altos cargos de Pimec, como Emma Gumbert y Josep Ginesta, y líderes de asociaciones de limpieza, farmacias, empresas de fitness, jóvenes agricultores y empresas de ocio, educación y cultura. La agenda del Gobierno anunció el martes por la noche la presencia de la ministra en Barcelona, acompañada por su número dos, Joaquín Pérez Rey, quien es el encargado de las negociaciones con la CEOE, Cepyme, UGT y CCOO. Debido a este viaje, la próxima reunión del diálogo social se ha pospuesto al 24 de septiembre, cuando originalmente estaba programada para el jueves 19, alegando "problemas de agenda". Durante su estancia en Barcelona, Díaz también se reunirá hoy con los principales sindicatos, UGT y CCOO, en una sesión a tres bandas. Los sindicatos aprovecharán el encuentro para presionar y dar más fuerza a sus movilizaciones, argumentando que las patronales están "bloqueando" la negociación. Javier Pacheco y Camil Ros, secretarios generales de CCOO y UGT en Cataluña, anunciarán en una rueda de prensa tras la reunión con Díaz el calendario de movilizaciones en todo el país para exigir la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, que empezará el 26 de septiembre. Se espera que estas movilizaciones tengan un impacto significativo en la industria catalana, con la previsión de que el 30% de los trabajadores participen en las protestas.

READ MORE

(Cinco Días, 19-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed recorta los tipos medio punto

La Reserva Federal de EE.UU. ha respondido a las expectativas del mercado esta semana, cediendo a las demandas de un recorte de tipos de interés de medio punto, el doble de lo inicialmente previsto, situándolos en un rango entre el 4,75% y el 5%. Además, ha indicado que los tipos podrían caer por debajo del 4,5% para finales de año. Con este ajuste, la Fed ha dado inicio a una reducción significativa, situando los tipos entre el 4,75% y el 5%, después de varios días de especulación en Wall Street sobre si optarían por una reducción más moderada de un cuarto de punto o una más agresiva, como finalmente ocurrió. Este movimiento refleja una "alta confianza" en el progreso frente a la inflación, según el comunicado de la Fed, aunque también ha despertado preocupaciones sobre un posible impacto económico mayor de lo esperado. De hecho, esta es la primera vez en meses que la decisión no fue unánime, con un voto en contra. A futuro, las previsiones no ofrecen un panorama claro sobre el camino a seguir. Una leve mayoría del comité de política monetaria (9 de 19 miembros) se inclina por cerrar el año con los tipos entre el 4,25% y el 4,5%, lo que sugiere dos recortes más de un cuarto de punto en las próximas reuniones. Sin embargo, siete miembros abogan por una postura más conservadora, sugiriendo un único recorte antes de que termine el año. Este es el primer recorte desde 2020, cuando los tipos fueron prácticamente reducidos a cero para enfrentar la pandemia, y que luego fueron subidos en marzo de 2022 en una de las aceleraciones más rápidas en décadas, alcanzando niveles máximos en 20 años. Jerome Powell, presidente de la Fed, ya había adelantado que el primer recorte se realizaría esta semana y que la reducción sería gradual. Tradicionalmente, la Fed ha optado por recortes de un cuarto de punto, pero el mercado había especulado con la posibilidad de una acción más rápida debido a los últimos datos económicos, lo que finalmente ocurrió. La inflación en agosto alcanzó el 2,5%, marcando el quinto mes consecutivo de descenso y acercándose al objetivo del 2% de la Fed. El mercado laboral también muestra señales de enfriamiento, con la tasa de desempleo en un 4,2%, lejos del 3,5% de hace un año, y el índice manufacturero contrayéndose por quinto mes consecutivo, lo que aviva temores de recesión. "El equilibrio de riesgos ha cambiado: los riesgos inflacionarios han disminuido, mientras que los riesgos de desempleo han aumentado", señalan los analistas, el recorte de medio punto está plenamente justificado. "Powell ha demostrado estar alineado con los objetivos de reducir la inflación y proteger el empleo. Su historial muestra que no teme cambiar de dirección de manera decisiva cuando los datos lo justifican, y ahora se enfoca en evitar un mayor debilitamiento del mercado laboral", añaden. Aunque la Fed ha aclarado su estrategia a corto plazo, los analistas anticipan volatilidad en los mercados, ya que los inversores ajustan sus portafolios al nuevo escenario que se avecina.

READ MORE

(Expansión, 19-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Economía arranca por cinco sectores la unificación de licencias autonómicas para empresas

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentó ayer ante las comunidades autónomas y ayuntamientos su plan para eliminar barreras y obstáculos a la actividad empresarial, a través de la unificación de licencias a nivel nacional. Este plan, que se prevé comenzar a implementar en 2025, se centrará inicialmente en los cinco sectores que más denuncian trabas: comercio y hostelería, transportes, formación, profesiones reguladas y construcción de infraestructuras. Durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y Clima de Negocios, Cuerpo explicó los detalles del plan. En el encuentro participaron consejeros económicos de las comunidades autónomas -en algunos casos, como el de Cataluña, representados por segundos cargos-, representantes de las ciudades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, y el del recién creado Consejo de la Productividad, Juan Francisco Jimeno. Cuerpo subrayó la importancia de "simplificar y unificar las normativas existentes, sin añadir complejidad, para facilitar la vida de las empresas y pymes, permitiendo su crecimiento". Aunque reconoció que algunas comunidades autónomas ya han dado pasos en esta dirección, hizo hincapié en la necesidad de una "acción coordinada" entre administraciones y el sector privado para crear un mercado único a nivel nacional. La propuesta del ministro se inspira en la idea que el ex primer ministro italiano Enrico Letta planteó a la Comisión Europea para crear un "régimen 28", orientado a un mercado único en los 27 países de la UE. España busca liderar este esfuerzo, comenzando por eliminar los obstáculos que enfrentan las empresas para operar en diferentes regiones del país. Aunque inicialmente se denominó "régimen 18", Cuerpo sugirió renombrarlo como "régimen 20", "distrito 20" o "comunidad virtual", abarcando las 17 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. El ministro adelantó que la próxima reunión será en diciembre, donde se espera presentar un diagnóstico conjunto sobre las barreras que se deben eliminar y cómo proceder. Los cinco sectores priorizados representan el 85% de las reclamaciones sobre barreras autonómicas recibidas por el Ministerio de Economía, e incluyen comercio y hostelería, profesiones reguladas como abogados y arquitectos, transporte, educación (especialmente en formación) y la construcción de infraestructuras, como la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos o paneles solares. Cuerpo también informó que ha mantenido contacto con las patronales empresariales, aunque no estuvieron presentes en la reunión, para que participen en el desarrollo técnico del plan con aportaciones específicas de cada sector, y no descartó sumar nuevos sectores en el futuro. El objetivo, según el ministro, es "actuar lo más rápido posible", con la intención de empezar a implementar la hoja de ruta a principios de 2024, con soluciones concretas en algunas áreas para 2025 y expandir el plan a otros sectores posteriormente. Las comunidades autónomas, según Cuerpo, han recibido positivamente la iniciativa y coinciden en la necesidad de avanzar hacia un mercado único en todo el país. Sin embargo, advirtió que será necesario un esfuerzo conjunto en términos de regulación, normativas, herramientas tecnológicas, y acuerdos colaborativos para avanzar en este sentido. A pesar de todo, reconoció que temas sensibles, como el uso de lenguas cooficiales, no se abordaron durante la reunión. Aunque algunos consejeros, como el de Castilla-La Mancha, aplaudieron públicamente la iniciativa, la consejera de Madrid la calificó de "vacía" y abogó por la extensión de su Ley de Mercado Abierto a nivel nacional.

READ MORE

(Expansión, 19-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Los notarios ponen en valor su rol como "garantes de la seguridad jurídica"

José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, ha destacado el papel clave de los notarios en la justicia preventiva durante la apertura de las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas en Guía de Isora (Tenerife). "La función esencial del notariado es ofrecer a las personas un entorno de igualdad, libertad y justicia, todo ello dentro de un marco de seguridad y confianza", afirmó Martínez Sanchiz en su intervención inaugural. Este encuentro se enmarca dentro de la gran cita de la justicia iberoamericana que se celebra en España desde el lunes hasta el próximo viernes, reuniendo a ministros de Justicia de países de Iberoamérica y de habla portuguesa de África y Asia. Martínez Sanchiz subrayó la relevancia de la labor notarial para la justicia preventiva, especialmente en un contexto actual de "inflación legislativa". Aclaró que "el Derecho no lo crean ni el Estado ni los jueces, sino la propia sociedad". Por eso, considera que los notarios, en su doble rol de profesionales y funcionarios públicos, están en la mejor posición para escuchar a las personas, atender sus necesidades y dar forma a sus acuerdos a través del pacto. El presidente del CGN también mencionó algunos de los retos que enfrenta el notariado, como asegurar un acceso equitativo a la justicia preventiva, contribuir a aliviar la carga de los tribunales mediante la intervención notarial en asuntos no contenciosos, y promover la creación de un marco normativo común que facilite la circulación electrónica segura de documentos notariales entre países. Por su parte, Homero López Obando, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, resaltó que "el notariado es el primer garante de la seguridad jurídica de un país". En un encuentro con la prensa, López Obando subrayó la importancia del trabajo del notario para garantizar la convivencia pacífica, proteger los derechos de los ciudadanos y contribuir al desarrollo económico. Enrique Gil Botero, exministro de Justicia de Colombia y actual secretario general de la Comjib, señaló que "una sociedad sin justicia es una sociedad sin paz". Por su parte, Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias y delegado para América del CGN, destacó que la justicia incluye tanto el conflicto como la paz, ya que la mayoría de los actos de justicia ocurren en la normalidad y los juzgados intervienen cuando se presentan imperfecciones. En cuanto a la cooperación en el ámbito iberoamericano, Cavallé destacó los avances en la transformación digital de los documentos notariales, como el protocolo notarial electrónico en España. También mencionó el sistema Iberfides, desarrollado por el CGN, que facilita el tránsito seguro y reconocible de documentos notariales entre países, y la plataforma Iber@, que impulsa la colaboración entre jueces, fiscales y autoridades judiciales en la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional.

READ MORE

(El País, 19-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Vivienda agilizará su decreto de alquiler temporal tras el revés en el Congreso

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha afirmado este miércoles que agilizará al máximo el decreto destinado a combatir el fraude en los alquileres temporales. Esta declaración llega después de que Junts frenara inesperadamente la tramitación en el Congreso de una propuesta de ley de Sumar con el mismo propósito. Durante su intervención en los pasillos del Congreso, Rodríguez ha pedido calma y ha señalado que, aunque su compromiso es aprobar el decreto antes de que finalice 2025, espera tenerlo listo en un plazo más corto. Este decreto desarrolla la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y busca abordar el fraude en los contratos de alquiler a corto plazo, incluidos los turísticos, los de temporada y los de habitaciones. Una de las medidas clave es la exigencia de justificar la temporalidad en la relación entre el propietario y el inquilino, lo cual deberá reflejarse en un anexo al contrato. Rodríguez ha explicado que el reglamento pretende aclarar el artículo 3 de la LAU para evitar que se utilicen los contratos temporales como vía para eludir los requisitos establecidos por la ley de vivienda para los alquileres ordinarios. El objetivo es asegurar que personas que necesitan estos contratos, como estudiantes o profesores, puedan beneficiarse de ellos, pero evitar que se usen de manera fraudulenta para eludir las garantías del alquiler residencial. Además, ha resaltado que el decreto se está elaborando en consonancia con el Reglamento europeo aprobado en la legislatura pasada contra el fraude en alquileres turísticos, que obliga a registrar en un sistema los inmuebles ofrecidos en plataformas digitales por periodos menores a un año. Aunque el PSOE apoyó la tramitación de la propuesta de ley presentada por Sumar, que también contaba con el respaldo de ERC, EH Bildu y BNG, desde el Ministerio de Vivienda han argumentado que esta propuesta no era coherente con la normativa europea. La iniciativa de Sumar, más estricta que la del Gobierno, proponía limitar los alquileres temporales a un máximo de seis meses y aplicarles los mismos controles de precios que a los alquileres de vivienda habitual. Rodríguez también ha señalado que el ministerio está trabajando en colaboración con el Colegio de Registradores y el Consejo General del Notariado para crear un registro único estatal de alquileres temporales, que será clave para combatir el fraude. Este registro, inicialmente pensado para los alquileres turísticos, incluirá otras modalidades de alquiler a corto plazo, como habitaciones y embarcaciones, y garantizará que los inmuebles cumplan con la normativa. El rechazo del Congreso a la propuesta de Sumar muestra que alcanzar un consenso en este tema será complicado. El martes, Junts votó junto al PP y Vox en contra de la regulación impulsada por los sindicatos de inquilinos, lo que generó fuertes críticas, especialmente en Cataluña. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, acusó a Junts de alinearse con la "derecha y la ultraderecha" y calificó su voto como "miserable". Por su parte, la portavoz del Gobierno catalán, Sílvia Paneque, señaló que esta decisión es un "golpe durísimo e inexcusable para las clases trabajadoras", mientras que Míriam Nogueras, portavoz de Junts, defendió su postura en Catalunya Ràdio, alegando que su negativa se debe a "otros tipos de cálculos" y que no aceptarán políticas de un "modelo que no funciona".

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us

CONTACT GAF