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(El Economista, 28-04-2025) | Fiscal

El impuesto de Sociedades se atasca y aún ingresa un 12% menos que antes de la crisis

El Impuesto sobre Sociedades sigue sin alcanzar los niveles de recaudación anteriores a la gran crisis económica de 2008, siendo el único gran tributo que todavía no se ha recuperado. Según el Informe Anual de Recaudación de la Agencia Tributaria, en 2024 este impuesto, que grava los beneficios empresariales de forma similar a como el IRPF grava las rentas personales, generó unos ingresos de 39.096 millones de euros. Esta cifra aún se sitúa 5.700 millones por debajo de los 44.823 millones recaudados en 2007. A pesar de que el número de empresas casi ha regresado a los niveles del boom inmobiliario -cerca de 3,3 millones-, el tipo nominal del impuesto se mantiene en el 25% tanto en 2007 como en 2024, y las grandes compañías españolas han obtenido unos beneficios de 64.349 millones de euros, un 60% superiores a los de la etapa previa a la crisis. Sin embargo, la menor recaudación se explica por el descenso de la base imponible, tras la aplicación de numerosas deducciones e incentivos fiscales. Así lo refleja el Observatorio Fiscal de la Unión Europea en su informe La reducción de los tipos efectivos en las multinacionales: el papel oculto de las reformas en la base imponible, publicado este mes de abril. El estudio señala que, aunque el tipo nominal se haya mantenido elevado, el tipo efectivo -el porcentaje real que pagan las empresas- ha caído debido a reformas que han ido reduciendo la base sobre la que se calcula el impuesto. Entre estas medidas se encuentran las deducciones por inversiones, actividades de I+D+i, rentas derivadas de propiedad intelectual o compensación de pérdidas, entre otras. España también permite aplicar deducciones por dividendos extranjeros, promoción de empleo, actividad en zonas especiales como Baleares o Canarias, y beneficios para pymes o empresas de reciente creación. En concreto, entre 2014 y 2022, los países de la UE realizaron unas 250 reformas que redujeron las bases imponibles, lo que ha supuesto una pérdida de más de 16.000 millones de euros en recaudación. El tipo efectivo medio ha pasado del 20,8% en 2014 al 18,1% en 2022. En 2007, la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades alcanzó su máximo histórico, en un contexto donde existían 3,33 millones de empresas, una cifra muy parecida a las 3,25 millones registradas al cierre de 2023. Sin embargo, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, los ingresos por este impuesto se desplomaron: en 2008 solo se recaudaron 27.300 millones de euros, lo que supone una caída del 47%. Esta tendencia a la baja continuó hasta 2015, año en el que se retomó el crecimiento, salvo en 2020 debido al impacto de la pandemia. Por el contrario, la recaudación del IRPF lleva siete años consecutivos batiendo récords. En 2024, Hacienda ingresó 129.408 millones de euros por este concepto -su principal fuente de ingresos-, un 7,5% más que el año anterior, impulsado por el aumento de sueldos, pensiones y mayores rendimientos de depósitos, dividendos y fondos de inversión. En cuanto al IVA, la recaudación ascendió a 90.541 millones de euros, un 8% más que en 2023, alcanzando también un máximo histórico.

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(El País, 28-04-2025) | Laboral

Trabajo propone que la ley fije un salario mínimo “igual o superior” al 60% del sueldo medio neto

El Ministerio de Trabajo presentó este viernes a empresarios y sindicatos su propuesta sobre cómo debería regularse en la ley la actualización futura del salario mínimo interprofesional (SMI). El borrador, al que ha tenido acceso EL PAÍS, plantea que el SMI sea, como mínimo, igual al 60% del salario medio neto en España. Esta propuesta se enmarca en la nueva mesa de diálogo social abierta el pasado 31 de marzo, destinada a incorporar a la legislación española la Directiva Europea sobre salarios mínimos, un proceso que ya acumula retraso, ya que el plazo para su transposición venció el 15 de noviembre. El documento, que modificará el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, deberá ser aprobado en el Parlamento, en un contexto político complejo. Además del porcentaje del 60%, el borrador establece que el Gobierno no solo deberá consultar a sindicatos y patronal antes de actualizar el SMI -como ya sucede-, sino también contar con un informe previo de la Comisión Asesora para el análisis del salario mínimo. Esta comisión ya existe, pero se propone reforzar su papel y regular su composición y funciones en el propio Estatuto de los Trabajadores. Trabajo también plantea ajustar y ampliar los criterios que actualmente se consideran para la actualización anual del SMI, como el IPC, la productividad nacional, la participación del trabajo en la renta nacional y la situación económica general. Se añadirían ahora elementos como el poder adquisitivo del salario mínimo, la evolución de la productividad a largo plazo, la necesidad de garantizar una vida digna, combatir la pobreza laboral, y atender especialmente a los salarios más bajos y a la brecha de género. En la primera reunión de marzo, los empresarios mostraron su descontento, ya que interpretaron que el Ministerio pretendía avanzar hacia una reforma laboral por partes. Aunque la nueva propuesta elimina algunos aspectos que provocaron ese rechazo inicial, las patronales siguen sin mostrar apoyo, según diversas fuentes. En especial, rechazan la idea de fijar por ley un porcentaje mínimo del 60% respecto al salario medio neto, alegando que condicionaría demasiado la negociación colectiva. El porcentaje propuesto podría suponer un salario mínimo más elevado que el sugerido por la propia directiva europea y por las recomendaciones de la Carta Social Europea. La directiva sugiere tomar como referencia ratios como el 60% de la mediana salarial bruta o el 50% del salario medio bruto, mientras que el Comité Europeo de Derechos Sociales interpreta que los salarios mínimos deben ser de al menos el 60% del salario medio neto. Fuentes sindicales calificaron la reunión de este viernes como "larga e infructuosa" y lamentaron que aún no se haya fijado la fecha del próximo encuentro. Temen que la negociación se prolongue debido a la apertura de nuevos frentes legislativos, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, y a las tensiones internas en Cepyme, inmersa en su proceso electoral. Otra novedad que puede generar rechazo entre los empresarios es la obligación de proporcionar información económica detallada en las negociaciones de convenios de empresa. Según el borrador, la parte empresarial debería facilitar documentos como balances, cuentas de resultados, memorias y modelos de contratos, equiparándolos a los informes que presentan a sus accionistas. Asimismo, en las negociaciones de convenios sectoriales, tanto empresas como representantes de los trabajadores podrían solicitar informes sobre cifras agregadas del sector, como el volumen de negocio o los márgenes económicos, atendiendo así a una demanda histórica de los sindicatos. Actualmente, el SMI en España está fijado en 1.184 euros al mes en 14 pagas. Desde 2018, ha aumentado más de un 60%, con el apoyo constante de los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT), pero sin contar en los últimos años con el respaldo de la patronal.

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(El Economista, 28-04-2025) | Laboral

El Supremo impide que las empresas decidan de forma unilateral el fin del teletrabajo

El Tribunal Supremo (TS) rechaza que las empresas decidan de forma unilateral el fin del teletrabajo. El alto tribunal, en una sentencia del 2 de abril, analiza el acuerdo de teletrabajo de una compañía que fijaba en una cláusula que la sociedad podía revocar en cualquier momento la autorización del teletrabajo con un preaviso de 15 días. Asimismo, también imponía que la reversión del trabajo a distancia no daba derecho alguno a compensar o indemnizar a los empleados. El fallo, del que fue ponente el magistrado Ignacio García-Perrote, determina que debe anularse la cláusula del acuerdo de teletrabajo ya que es abusivo y contrario a derecho que la empresa tome una decisión así de forma unilateral. La sentencia indica que la Ley del Trabajo a Distancia de 2021 dispone que la decisión de teletrabajar puede ser reversible, pero para ello, debe fijarse en los acuerdos o convenios colectivos. Es decir, la norma exige que la posibilidad de dar marcha atrás sea pactada en la negociación colectiva o, en su defecto, entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Si la negociación colectiva nada dice de la reversibilidad del trabajo a distancia, el empresario no puede imponerla por su cuenta. "La reversibilidad decidida por la empresa puede en ocasiones resultar contraria a derecho", indica la sentencia. Y añade al respecto, que el hecho de que la decisión esté solo en manos de la compañía supone un desequilibrio contractual. Por otro lado, el alto tribunal también rechaza que la compañía, de nuevo de forma unilateral, decida sobre los límites del derecho a la desconexión digital de los teletrabajadores. El acuerdo recogía que los empleados tienen derecho a la desconexión digital, salvo que concurran circunstancias de urgencia justificada. La sentencia señala que tanto la Ley General de Protección de Datos como la Ley del Trabajo a Distancia establecen expresamente que la empresa elaborará la política de desconexión digital previa audiencia de la representación legal de las personas trabajadoras. "Según puede comprobarse, la legislación vigente no solo permite, sino que obliga, a la empresa a elaborar una «política interna» sobre el derecho a la desconexión digital. Lo que sucede es que esa política interna debe elaborarse «previa audiencia» de los representantes de las personas trabajadores y no consta que ello se haya hecho en el presente supuesto", expone el fallo. "Esta política se ha realizado sin que haya dado audiencia previa a la representación legal de las personas trabajadoras, vulnerándose así las claras prescripciones contenidas en aquellos dos preceptos legales", añade al respecto. Finalmente, la sentencia, en contra de los expuesto por los sindicatos, sí respalda que la empresa exija a los teletrabajadores su correo electrónico y número de teléfono personal para localizarlos en caso de urgencia. Aunque el Supremo señala que las compañías deben dotar a los teletrabajadores de los dispositivos y herramientas informáticas adecuadas para desarrollar su función, el Reglamento de Protección de Datos avala que se ceda esta información si resulta necesaria para el desenvolvimiento del contrato de trabajo. "La empresa debe limitar su utilización del correo electrónico y número de teléfono personal de la persona trabajadora al supuesto de que sea necesario contactar con ella por urgencias del servicio", concluye.

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(El Economista, 28-04-2025) | Laboral

La reducción de la jornada laboral le costará 4.800 euros de media al año a cada pyme

El pasado jueves, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, anunció que mañana se aprobará en el Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta decisión ha generado fuertes críticas entre las organizaciones empresariales, que consideran que la medida margina la negociación colectiva y podría tener efectos negativos en la actividad empresarial. Según el informe Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme, elaborado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), esta nueva normativa podría suponer un coste de unos 13.900 millones de euros para las pymes. Dado que en España existen aproximadamente 2,9 millones de estas empresas, el impacto medio anual por pyme sería de unos 4.793 euros. Más allá de los costes directos, la patronal advierte que esta medida podría afectar a la contratación de nuevos trabajadores, aumentar las horas extra y provocar una caída en la producción. De hecho, Cepyme calcula que, si las empresas no logran adaptarse, la pérdida de producción podría llegar a representar un impacto económico de 33.800 millones de euros. Ante este escenario, fuentes de Cepyme aseguran a elEconomista.es que la decisión del Gobierno responde más a "anuncios populistas" que al interés general. La patronal denuncia que se trata de una normativa sin un análisis económico riguroso que perjudica especialmente a las pequeñas y medianas empresas, las cuales todavía están lejos de las 37,5 horas semanales. "¿Cómo van a soportar ahora un aumento salarial del 6%? Esta subida, arbitraria e injustificada, supone además una clara injerencia en el sistema de convenios colectivos", advierten. La reducción de jornada afectará aproximadamente al 76,1% de los trabajadores cubiertos por un convenio colectivo, es decir, unos 9,8 millones de asalariados, según datos de 2022. El impacto varía según el sector: en las actividades inmobiliarias, la hostelería, la agricultura, el comercio y las telecomunicaciones afectará a más del 90% de los trabajadores, mientras que en la Administración Pública y el sector financiero apenas afectará al 4,9% y 7,5%, respectivamente. Desde el punto de vista económico, el comercio será el sector más perjudicado, con pérdidas estimadas de 3.208 millones de euros al año, lo que supone 1.484 euros por trabajador. Le siguen la industria manufacturera, con 2.940 millones, y la hostelería, con 1.697 millones de euros en pérdidas. En cambio, las Administraciones Públicas, las Industrias Extractivas y el sector financiero sufrirán un impacto mucho menor. El grado de ajuste que deberá hacer cada sector también varía: mientras que la hostelería deberá reducir la jornada un 4,2%, el comercio lo hará en un 4%, y las actividades inmobiliarias en un 3,8%. En cambio, sectores como las Administraciones Públicas y las Finanzas apenas tendrán que realizar recortes del 0,1% y 0,2% respectivamente. Una de las críticas más destacadas hacia la medida ha sido la manera unilateral en que se ha adoptado. Inicialmente, la reducción de la jornada fue objeto de negociación entre sindicatos y patronales, pero, ante la falta de acuerdo, el Ministerio de Trabajo decidió intervenir. Tras la negativa de las patronales a aceptar las propuestas ministeriales, el Gobierno optó por aprobar la norma por su cuenta. Las patronales insisten en que la reducción de jornada debería haberse negociado dentro del marco de la negociación colectiva, subrayando que las estadísticas muestran que, históricamente, la jornada laboral pactada en los convenios ya seguía una tendencia descendente: de 40,4 horas semanales en 1983, se bajó a 38,4 en 2003, y a 38 en 2020. Esta evolución ha sido aún más pronunciada en los convenios de empresa, donde se redujo de 40 horas en 1983 a 37 horas en 2007. Aunque en los últimos cuatro años ha habido un ligero aumento, la jornada media sigue siendo inferior a las 37,5 horas establecidas en la nueva norma.

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(El Confidencial, 28-04-2025) | Laboral

Los empresarios desconfían del PP para frenar la reducción de jornada y se encomiendan a Junts

El proyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales sin recorte salarial será remitido al Congreso de los Diputados en las próximas semanas, tras su aprobación definitiva prevista para el próximo martes en el Consejo de Ministros. Esta iniciativa ha generado un amplio debate tanto dentro del propio Gobierno como en el ámbito empresarial. Según fuentes del sector, no existe una mayoría parlamentaria clara que impida su tramitación, lo que se ha convertido en el principal objetivo de las organizaciones empresariales. Tanto Foment del Treball como CEOE, junto con Pimec y Conpymes, se mantienen atentos. Desde que se aprobó el anteproyecto en febrero, han mantenido múltiples encuentros con los grupos parlamentarios para intentar detener su avance mediante una enmienda a la totalidad que devuelva el texto al Ejecutivo. Sin embargo, en el entorno empresarial se da casi por descartado que el PP promueva esta estrategia por iniciativa propia, y sus esperanzas se centran en que Junts la apoye en el último momento. "Esto no puede salir adelante", insisten desde el ámbito empresarial. "Confiamos en que, al ser una medida tan perjudicial, recapaciten". Aunque Junts aún no ha fijado una postura definitiva, en Foment creen que el impacto en el pequeño comercio catalán podría hacerles cambiar de opinión, aunque también reconocen que la decisión dependerá más de factores políticos que del contenido de la ley. Por otro lado, en Conpymes y Pimec hay empresarios más pesimistas que ya asumen que será difícil frenar el proceso legislativo. Consideran que los partidos no quieren arriesgarse a perder votos por una medida que goza de respaldo popular, y critican al PP por no adoptar una posición firme, lo que, en su opinión, disuade a Junts de presentar una enmienda a la totalidad. Esto dejaría el camino libre para que el proyecto pase a la Comisión de Trabajo. En cualquier caso, que se inicie la tramitación no garantiza que la ley obtenga los apoyos necesarios para ser aprobada. Esta falta de respaldo parlamentario provocó tensiones internas en el Gobierno de coalición sobre si debía seguir negociando con la patronal, como proponía el ministro Carlos Cuerpo, o avanzar únicamente con el apoyo sindical. Finalmente, Yolanda Díaz impuso su criterio y logró mantener una propuesta ambiciosa, sin contemplar ayudas a empresas ni excepciones sectoriales. En el ala socialista temen que la norma no logre superar las enmiendas a la totalidad, un temor que persiste ante la indefinición de Junts y la postura ambigua del PP. Empresarios aseguran que en sus reuniones con los populares no han percibido una voluntad clara de bloquear la tramitación, aunque la firme oposición de CEOE les complica la situación. Desde el entorno de Pedro Sánchez se veía con buenos ojos un pacto previo con los empresarios que facilitara el apoyo del PP. En esta línea, el responsable económico del partido, Juan Bravo, declaró en TVE que están en contra de cualquier medida que no cuente con el acuerdo de patronal y sindicatos. Sin embargo, es la estrecha relación entre Junts y Foment del Treball lo que más preocupa al sector socialista, que ha centrado sus esfuerzos en lograr el respaldo de Carles Puigdemont. Aunque Yolanda Díaz mantiene contacto con él, todavía no han tratado este asunto en concreto. En Sumar confían en que avances en otros temas creen un clima favorable que permita una negociación de última hora. Están abiertos a introducir cambios mediante enmiendas parciales, pero creen que la reducción de jornada es una medida con amplio apoyo ciudadano, incluso entre votantes del PP y Vox, lo que hace difícil su rechazo. El resultado ideal para los empresarios sería la devolución del texto al Gobierno y que las condiciones laborales se renegociaran a través de la negociación colectiva. Pero, dado que este escenario se aleja, ya se preparan para influir en el contenido de la ley mediante enmiendas al articulado que suavicen sus efectos. Aunque aún no han trascendido detalles específicos, algunas de las propuestas que podría aceptar la izquierda no convencen al empresariado. El Gobierno se muestra dispuesto a incluir incentivos como bonificaciones por nuevas contrataciones o ayudas a pequeñas empresas a cambio de aplicar la reducción de jornada. Aunque estas medidas se debatieron en su momento, no se incorporaron al texto inicial por el rechazo de CEOE y Cepyme. Sin embargo, las patronales consideran que este tipo de ayudas son solo soluciones temporales frente al incremento estructural de los costes laborales que implicaría la medida. Otro punto que podría negociarse son las excepciones para el sector agrícola en cuanto a la obligación de desconexión digital y el registro horario, tal como recomendó el Consejo Económico y Social en su informe, recogiendo las demandas de Asaja, COAG y UPA. Mientras tanto, desde la CEOE advierten que la incertidumbre sobre cuál será la jornada legal el próximo año está dificultando los acuerdos en la negociación colectiva, provocando una caída en la firma de convenios en comparación con años anteriores.

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(La Razón, 28-04-2025) | Laboral

El gasto en pensiones en abril supera los 13.500 millones y la pensión media de los nuevos jubilados asciende a 1.600 euros

El gasto en pensiones continúa creciendo sin freno. Un mes más, la Seguridad Social ha alcanzado una cifra récord en el desembolso destinado a las pensiones contributivas. En abril, la nómina mensual para cubrir estas prestaciones asciende a 13.515,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,3% respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento se debe, en parte, a la revalorización general del 2,8% aplicada este año, así como a las subidas de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas, además del progresivo envejecimiento de la población. Asimismo, la pensión media del sistema se ha consolidado por encima de los 1.300 euros, una barrera que ya se superó en marzo. En abril, esta cifra alcanza los 1.309,1 euros. En el caso de las nuevas pensiones de jubilación, el importe medio mensual ya supera los 1.600 euros, y dentro del Régimen General se sitúa por encima de los 1.700 euros. Según datos del Ministerio de Seguridad Social, el número de pensiones también ha registrado un nuevo máximo, con 10.324.244 prestaciones abonadas, un 1,7% más que en abril del año anterior. Esta cifra histórica también se refleja en el número de pensionistas, que ya supera los 9,3 millones de personas. La distribución por género es casi paritaria: 4,7 millones son hombres y 4,6 millones, mujeres, aunque las diferencias en las cuantías que reciben siguen siendo notables. Como es habitual, la mayor parte del gasto corresponde a las pensiones de jubilación, que representan el 73,1% del total, con un coste de 9.882,3 millones de euros. A las pensiones de viudedad se han destinado 2.192,9 millones, a las de incapacidad permanente 1.225,8 millones, a las de orfandad 178 millones, y a las prestaciones a favor de familiares, 36,1 millones. La pensión media global -que incluye jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y prestaciones familiares- se sitúa en 1.309,1 euros al mes, un 4,5% más que hace un año. Por su parte, la pensión media de jubilación, que reciben más de dos tercios de los pensionistas (6,4 millones de personas), alcanza los 1.503,3 euros mensuales, lo que representa un incremento del 4,46% con respecto a abril de 2024, cuando era de 1.439,1 euros. En cuanto a los distintos regímenes, la pensión media de jubilación en el Régimen General asciende a 1.663,2 euros mensuales. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, esta se sitúa en 1.007,8 euros. En el caso de la Minería del Carbón, alcanza los 2.898,1 euros, y en el Régimen del Mar, los 1.663,3 euros. Respecto a las pensiones de viudedad, la media mensual se sitúa en 933,5 euros. Para las nuevas altas de jubilación, la pensión media fue de 1.600,2 euros en marzo, mientras que en el Régimen General esta ascendió a 1.703 euros. Por otro lado, la nómina correspondiente al Régimen de Clases Pasivas -que incluye a los funcionarios del Estado- alcanzó en marzo los 1.668,2 millones de euros, un 5,9% más que en el mismo mes del año anterior. Este crecimiento se explica por el aumento de nuevas jubilaciones, que ya suman 724.315, un 2% más interanual. Este régimen cubre principalmente al personal militar y civil de la Administración General del Estado, la Justicia, las Cortes Generales, otros órganos constitucionales y a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

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(Cinco Días, 28-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los viajes del Imserso, en el alambre por la oposición de hoteles y turoperadores

El nuevo programa de viajes del Imserso, que contempla 880.000 plazas para personas mayores de 55 años a partir de octubre, ha generado un fuerte malestar entre los turoperadores y hoteleros, lo que podría desembocar en una oleada de impugnaciones y provocar retrasos en su ejecución. Una de las principales modificaciones del pliego establece que ningún operador podrá quedarse con los lotes correspondientes tanto a la península como a los archipiélagos. Esta medida busca impedir que Mundosenior, del grupo Ávoris, se adjudique nuevamente ambos bloques, como ha hecho en los últimos dos años, lo que le ha supuesto el control del 70% de las plazas totales. Con ello, se pretende favorecer una distribución más equitativa entre los licitadores. Este año, además de Mundosenior, han mostrado interés Soltour (Grupo Piñero), W2M (de Iberostar), Mundiplan (una alianza de Iberia, Alsa e IAG7), Seniorplan y Nautalia, que en anteriores convocatorias se presentó junto a otras empresas. Algunas de estas compañías afirman que si en el pasado fueron ellas las que recurrieron la adjudicación a favor de Ávoris, ahora podría ser esta última la que acuda a los tribunales, al entender que el pliego favorece al resto con condiciones técnicas y económicas hechas "a medida". Para intentar calmar los ánimos, el Imserso ha introducido incentivos económicos para los operadores: se aplicará un recargo de 100 euros a los viajes en temporada alta y otro del mismo importe para los usuarios que participen en más de un viaje por campaña. Sin embargo, esta última medida ha generado incertidumbre entre las agencias, ya que no está claro cómo se podrá controlar con precisión qué viajeros repiten y cómo se comunicará esta información al Imserso. Por otro lado, los hoteleros son quienes muestran mayor rechazo. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ya ha recurrido en otras ediciones, lo que aunque no logró anular el pliego, sí retrasó su ejecución. Pero el mayor obstáculo podría venir de un boicot por parte de los hoteles, que critican que el precio que perciben por plaza, entre 21 y 23 euros, no se ha actualizado, forzándolos -según afirman- a operar con pérdidas. Nuria Montes, secretaria general de Hosbec (la patronal hotelera valenciana que representa un 15% de las plazas), advierte que el programa no contempla la realidad actual del sector, con fuertes subidas en los costes laborales, de suministros y energéticos. Además, critica que el pliego no prevea revisiones de precios para las prórrogas ni aumentos en la aportación del Gobierno o de los propios usuarios. De hecho, la continuidad de muchos hoteles valencianos en el programa se ha debido al respaldo financiero de la Generalitat Valenciana, que ha destinado cinco millones de euros durante tres años consecutivos para evitar que abandonaran el proyecto. En la Costa del Sol, donde se concentra un 9% de las plazas, los hoteles no cuentan con ningún tipo de apoyo por parte de la Junta de Andalucía. Como resultado, muchos han ido retirándose del programa progresivamente. Zoraida Valverde, gerente de Aehcos (Asociación Hotelera de la Costa del Sol), asegura que la participación en el Imserso no es rentable y lamenta que el sector no haya sido escuchado. "La decepción es generalizada porque se esperaban cambios que no han llegado", comenta. Además, otras disposiciones han generado nuevas críticas, como el hecho de penalizar a los hoteles que no admitan mascotas, lo cual se valorará negativamente en los criterios de adjudicación. También ha causado revuelo la asignación de cerca de 7.500 plazas a pensionistas con ingresos mínimos, quienes podrán acceder a viajes por tan solo 50 euros. Estas plazas estarán destinadas a beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o jubilación que no superen los 7.805,8 euros anuales (568,7 euros en 14 pagas), lo cual, aunque bienintencionado, plantea dudas sobre la sostenibilidad del programa para los alojamientos turísticos.

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(Cinco Días, 28-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV refuerza la vigilancia sobre los depósitos estructurados: obligará a que el cliente firme un documento de advertencia

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quiere aumentar el control sobre los depósitos bancarios estructurados dirigidos a pequeños ahorradores. Estos productos ofrecen una rentabilidad más alta que los depósitos tradicionales a plazo fijo, pero dicha rentabilidad no está garantizada y depende de la evolución de ciertos activos financieros como índices bursátiles, acciones específicas o materias primas como el petróleo. Por estas características, se consideran productos financieros complejos y con un riesgo elevado. El organismo, presidido por Carlos San Basilio, ha actualizado la normativa sobre advertencias al inversor para incluir estos depósitos estructurados entre los instrumentos que requieren una alerta clara en el contrato si existe una "diferencia significativa" entre el valor estimado y el precio pagado. Esta diferencia podría traducirse en pérdidas o en la ausencia de rentabilidad al vencimiento del producto. La CNMV subraya que, al incorporar estructuras difíciles de entender, especialmente en lo referente a su rentabilidad o al coste de cancelación anticipada, estos productos se clasifican como complejos. Según el sistema de clasificación de riesgos -que utiliza una escala de colores y una numeración del 1 al 7-, algunos depósitos estructurados recientes han sido calificados con un nivel 2. Estos productos tuvieron su auge tras la crisis financiera de 2008 y la caída de tipos de interés en Europa, que llegaron a niveles mínimos del 0,05%. Hoy en día, han desaparecido casi por completo de la oferta comercial bancaria. No obstante, algunas entidades como CaixaBank siguen ofreciendo deuda estructurada a clientes con patrimonios superiores al millón de euros y con servicios de asesoramiento contratado, llegando a ofrecer rentabilidades del 4%, e incluso del 8,5% en el pasado, cuando los tipos del BCE eran más altos. En la actualidad, solo EBN Banco ofrece a pequeños inversores un producto de este tipo: un depósito a un año al 3,25% vinculado a una nota estructurada con vencimiento en 2028 que puede generar un cupón del 4,08%. Esta nota depende del comportamiento en Bolsa de Amadeus y Acciona, garantizando el capital invertido, aunque existe el riesgo de no recibir intereses si las acciones no se revalorizan. Las nuevas advertencias también deberán aplicarse cuando un banco actúe como intermediario en operaciones de renta fija emitidas por terceros, o cuando comercialice productos estructurados propios. La CNMV busca evitar una situación de desprotección para los pequeños inversores que podría producirse por diferencias regulatorias en función del papel que asuma la entidad. Además, el organismo ha publicado en el BOE una nueva circular con la que establece los requisitos de información para las entidades que ofrezcan servicios con criptoactivos. Esta norma afectará tanto a los nuevos operadores del sector como a las gestoras y firmas de inversión que ya trabajan con estos activos. Las nuevas entidades deberán remitir sus cuentas anuales auditadas y un informe sobre la custodia de los activos de sus clientes cuando se les solicite, en cumplimiento con la normativa europea MICA vigente desde enero. Asimismo, la CNMV ha unificado los criterios de reporte para las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAF) y las Empresas de Asesoramiento Financieras Nacionales (EAFN), figura creada este 2024 para permitir a pequeños asesores operar en España con menores requisitos, aunque con la limitación de no poder actuar fuera del país ni sobre productos como derivados cotizados o criptoactivos. Actualmente, el registro de la CNMV cuenta con 53 EAFN, entre ellas firmas como Capitalia Familiar, Nextep Asesores Financieros o las gestionadas por Emérito Quintana y Araceli de Frutos. Desde el sector reconocen que esta nueva exigencia representa una carga adicional en sus obligaciones informativas, que se suma a la reciente entrada en vigor del reglamento DORA sobre resiliencia operativa digital. Aunque están sujetos a la normativa contra el blanqueo de capitales, la CNMV ha decidido que las EAF sin agentes y las EAFN quedarán exentas de tener que informar al respecto.

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(Expansión, 28-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno dispara el alcance del escudo anti-opas al intervenir en 147 operaciones

El mecanismo instaurado por el Gobierno español tras la pandemia de Covid para supervisar las inversiones extranjeras en sectores "estratégicos" alcanzó un récord histórico en 2024, al analizar 147 operaciones, aunque solo una fue bloqueada: la adquisición del fabricante de trenes Talgo por el grupo húngaro Ganz Mavag. De acuerdo con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa -organismo encargado de gestionar el llamado "escudo anti-opas"-, la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) revisó un 50% más de operaciones en comparación con 2023, cuando examinó 97 transacciones. Desde su creación en 2020, cuando apenas afectó a 29 operaciones, la cantidad de inversiones sujetas a este control ha ido en aumento. Este crecimiento se debe, por un lado, al mayor interés de los inversores extranjeros por el mercado español, pero también a la ampliación progresiva del alcance del escudo, sobre todo tras la aprobación de un nuevo decreto-ley en 2023. La normativa actual considera "activos estratégicos" a sectores clave como las telecomunicaciones, la energía, la sanidad, la banca, los medios de comunicación, la defensa, la alimentación y cualquier actividad que maneje datos personales o sensibles. Todo inversor procedente de fuera de la Unión Europea debe solicitar autorización para adquirir empresas en estos sectores. En el caso de compradores europeos, se requiere permiso si pretenden adquirir más del 10% de una empresa cotizada o invertir más de 500 millones de euros en una empresa no cotizada. Aunque el control a los inversores comunitarios es temporal, se ha extendido hasta finales de 2026. El temor a incumplir esta normativa lleva a muchos compradores a solicitar autorización preventiva. De las 147 operaciones revisadas por la Jinvex -que incluye representantes del Centro Nacional de Inteligencia-, 42 fueron archivadas tras confirmarse que no afectaban a la seguridad, el orden o la salud públicos. Otros 11 casos correspondieron a prórrogas de autorizaciones anteriores pendientes de ejecución. Del resto, 85 operaciones fueron aprobadas sin inconvenientes, 8 se autorizaron con condiciones (como la participación de BlackRock en Naturgy o la compra de Vodafone España por Zegona) y solo la adquisición de Talgo fue rechazada. Aunque la mayoría de las operaciones supera el filtro, asesores legales advierten que este proceso puede retrasar las transacciones, generar incertidumbre y frenar operaciones de gran envergadura en sectores estratégicos. Un ejemplo es la entrada de STC en Telefónica, que no obtuvo luz verde hasta noviembre de 2024, pese a haberse anunciado en septiembre de 2023. Según el Gobierno, el plazo medio para resolver estos expedientes es de 72 días. Paralelamente, el Ejecutivo también ha incrementado su activismo inversor mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que ha adquirido participaciones relevantes en empresas como Telefónica e Indra. De las 94 operaciones que finalmente requirieron autorización (sin contar las archivadas), 85 fueron elevadas al Consejo de Ministros y 9 fueron aprobadas directamente por la dirección general de Comercio e Inversiones, dado que su importe no superaba los 5 millones de euros. En cuanto al origen de los inversores, los estadounidenses fueron los más vigilados, con 39 solicitudes de autorización, seguidos de los británicos con 12. Desde el resto de la UE se tramitaron únicamente 8 operaciones que cumplían los requisitos de control. Según el Ministerio de Economía, "el control de inversiones responde a la necesidad de proteger la seguridad de la economía española, logrando un equilibrio efectivo entre salvaguardar el orden público, la seguridad y la salud, y fomentar la llegada de inversión extranjera como motor de crecimiento y empleo".

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(Expansión, 28-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Comienza la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento

Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró en abril sus previsiones de crecimiento para la economía española respecto a las que publicó en enero, los análisis de varias firmas nacionales empiezan a apuntar en la dirección contraria. Esto supone un cambio de tendencia respecto a los últimos tiempos, en los que predominaban las revisiones al alza. Ahora, debido en parte a las políticas proteccionistas de la Administración Trump, se espera que España crezca algo menos de lo previsto inicialmente. No obstante, seguirá liderando el crecimiento entre las grandes economías. Estamos entrando en una etapa en la que las nuevas proyecciones macroeconómicas serán más bajas que las anteriores. Durante los dos últimos años, las previsiones siempre se corregían al alza, pero la reciente imposición de aranceles ha alterado ese patrón. Esta advertencia ya la había hecho el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en una entrevista televisiva, donde anunció que el organismo revisaría a la baja su previsión del 2,7% para este año, aunque sin precisar cuánto. Posteriormente, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ratificó esta perspectiva en declaraciones a El Mundo. Funcas, la fundación vinculada a la CECA, sí ha puesto cifras concretas sobre la mesa: calcula que el crecimiento en 2025 será tres décimas inferior a lo previsto, situándose en el 2,3%, y en 2026 bajaría cuatro décimas, hasta un 1,6%. Estas estimaciones tienen, eso sí, un mayor margen de error debido a la incertidumbre sobre cómo evolucionará la situación internacional. Los primeros síntomas de esta desaceleración podrían empezar a notarse en los datos de actividad del segundo trimestre, ya que las cifras del primero no mostraron ningún desvío respecto a las previsiones anteriores. Mañana el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará su estimación adelantada del crecimiento hasta marzo, y tanto Funcas como otros centros de análisis coinciden en prever un avance del 0,7% en ese trimestre, un ritmo compatible con las expectativas de principios de año. Aunque aún hay poca información concreta sobre el segundo trimestre -apenas ha transcurrido un mes-, los datos provisionales de afiliación a la Seguridad Social sugieren que, de momento, la tendencia se mantiene estable. Además, el indicador en tiempo real de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) refleja, con datos hasta el 21 de abril, un crecimiento trimestral del 0,8%, equivalente a un 3,2% anualizado. Esto indica que la desaceleración más intensa podría producirse en la segunda mitad del año, afectando también el arranque de 2026. Funcas reconoce que sus proyecciones tienen ahora más incertidumbre que en ocasiones anteriores, no solo por la duración de la guerra comercial en curso, sino también por su desenlace. Sus cálculos asumen que no se impondrán nuevos aranceles y que las tarifas actuales entre Estados Unidos y China disminuirán, aunque seguirán vigentes los aranceles del 10% general y del 25% para ciertos metales y automóviles. Si la situación empeora o se prolonga, las previsiones empeorarían. Además, el informe no contempla el impacto positivo que podría tener en la actividad económica el reciente anuncio del Gobierno de un paquete de gasto en seguridad y defensa superior a 14.000 millones de euros. Se espera que parte de este desembolso -por ejemplo, el destinado a incrementos salariales de militares, policías y guardias civiles- aporte un impulso al crecimiento de unas dos décimas de punto.

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