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(El Economista, 04-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex 35 cierra su histórica brecha frente al EuroStoxx 50: logra igualar su rendimiento en las últimas dos décadas

En 2025, el Ibex 35 volvió a situarse en el centro de la atención internacional. La intensa subida registrada entre enero y diciembre no tiene precedentes en las últimas tres décadas del índice y ha servido para devolver al mercado español al primer plano en la comparación con los grandes selectivos europeos, donde tradicionalmente había sido encuadrado entre los de peor comportamiento. No obstante, esa etiqueta de índice rezagado pierde fundamento cuando se analiza su trayectoria a largo plazo. De hecho, tras las alzas del tramo final del pasado año y el arranque de 2026, el Ibex 35 ha logrado cerrar la distancia que le separaba de otros mercados europeos y se consolida como uno de los índices más rentables del siglo entre sus homólogos del continente. La rentabilidad acumulada del Ibex 35 y del EuroStoxx 50 en los últimos veinte años resulta prácticamente idéntica, y el repunte reciente -que le ha permitido superar con holgura el umbral psicológico de los 18.000 puntos- lo sitúa entre los índices bursátiles más alcistas del siglo, si se deja fuera de la comparación al Dax 40 alemán. Este último, al ser un índice de retorno total, incorpora no solo la variación de precios, sino también los dividendos y otros ingresos reinvertidos, lo que lo hace difícilmente comparable con los índices tradicionales de precios. Precisamente esta característica explica que el selectivo alemán refleje el crecimiento real del capital invertido, diferenciándose del resto al incluir explícitamente la rentabilidad por dividendo. Según los expertos de Valuations de Alvarez & Marsal, el buen momento del mercado español se apoya principalmente en la mejora de los resultados empresariales y no tanto en una expansión de valoraciones. En la misma línea, Joan Cabrero, analista técnico y estratega de elEconomista.es, destaca que el Ibex 35 continúa inmerso en una fase de subida libre. "La tendencia es claramente alcista y, por ahora, no presenta señales relevantes de deterioro, algo que no resulta especialmente sorprendente", señala. Cabrero subraya que no existen indicios de agotamiento comprador más allá del muy corto plazo mientras el índice no cierre semanalmente por debajo de los mínimos de la semana anterior, situados actualmente en torno a los 17.500 puntos. Mientras esa sucesión de mínimos ascendentes se mantenga intacta, el escenario dominante seguirá siendo de continuidad alcista. No obstante, advierte de que conviene mantener la prudencia: "Ningún mercado avanza de forma rectilínea y es lógico que en algún momento aparezcan correcciones o episodios de volatilidad que sirvan para enfriar los excesos a corto plazo". Aun así, el experto insiste en que, mientras la estructura técnica no se rompa, el mensaje es claro: disfrutar del tramo alcista que atraviesa el Ibex 35. Por su parte, el analista de mercados Juan Ignacio Crespo considera llamativo que, a comienzos de semana, las bolsas europeas apenas reaccionaran a la fuerte corrección de los metales preciosos, a diferencia de los mercados de Asia-Pacífico, que sí reflejaron con mayor intensidad ese ajuste. Crespo recuerda que en 1980 las bolsas europeas tampoco fueron inmunes a una crisis similar en el mercado de los metales, aunque reaccionaron con cierto retraso: al menos 23 días en Londres, 29 en Fráncfort y 33 en Madrid, unos plazos que, según explica, reflejan el distinto grado de internacionalización de cada mercado. A pesar de ello, el analista apunta que, aunque las bolsas suelen resistir inicialmente los contagios procedentes del mercado de los metales preciosos, cuando estos entran en una crisis profunda, finalmente terminan viéndose afectadas, en mayor o menor medida, en función del contexto económico general. Este es precisamente uno de los factores que más atención concentra entre analistas e inversores en las últimas jornadas, junto con el desarrollo de la temporada de resultados. En las próximas semanas, las compañías del Ibex 35 presentarán sus cuentas correspondientes a 2025, lo que permitirá evaluar si los beneficios empresariales son suficientes para respaldar las subidas casi ininterrumpidas que el índice acumula desde hace ocho meses. Entre las compañías que mejor comportamiento han registrado en la bolsa española durante las últimas dos décadas -y que han contribuido decisivamente a que el mercado marque máximos históricos- destacan Inditex, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Ferrovial, Grifols y Amadeus. Mención especial merece la firma textil gallega, cuyas acciones han multiplicado por diez su valor y que se ha convertido en uno de los mayores pesos del índice. También figuran entre las compañías con mayor influencia el grupo tecnológico vinculado al sector turístico y la empresa de infraestructuras, que acumulan revalorizaciones cercanas al 400% y al 500%, respectivamente, en las últimas décadas. La subida registrada por el Ibex 35 en 2025 no tiene parangón en los últimos 30 años y, por el momento, no muestra señales claras de agotamiento. Así lo reflejan los balances mensuales del índice, que encadena ya ocho meses consecutivos de avances, una racha inédita desde 2006, antes de la crisis financiera desencadenada por la quiebra de Lehman Brothers. Ni el intenso calendario de resultados empresariales en Estados Unidos ni las tensiones geopolíticas entre Washington y Teherán han frenado el impulso del mercado español. De hecho, el Ibex 35 ha renovado su máximo histórico en trece ocasiones desde el inicio del año, una muestra clara de la fortaleza alcista que ha exhibido en las últimas semanas.

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(El Periódico, 04-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

Tras haber aprovechado el año pasado el Foro Económico Mundial de Davos para advertir sobre el poder de los tecno-oligarcas de las grandes plataformas digitales -a quienes acusó de amenazar la democracia-, Pedro Sánchez ha trasladado este martes su ofensiva contra lo que denomina el "salvaje oeste digital" a la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái. En este escenario internacional, el presidente del Gobierno ha anunciado un conjunto de cinco iniciativas legislativas y regulatorias que el Ejecutivo pretende aplicar en España con el objetivo de frenar los abusos atribuidos a las grandes plataformas tecnológicas y de asegurar "un ecosistema digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales". Entre las medidas destaca, en primer lugar, el fin de la impunidad de los altos directivos, que pasarán a responder legalmente por las infracciones cometidas en las plataformas que gestionan. De este modo, los consejeros delegados podrán afrontar responsabilidades penales si no eliminan contenidos ilegales o mensajes de odio. En segundo lugar, se introducirá como delito la manipulación de algoritmos y la difusión deliberada de contenidos ilícitos con fines lucrativos. La tercera medida anunciada supone la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, lo que obligará a las plataformas a implantar mecanismos eficaces de verificación de edad. A ello se sumará la puesta en marcha de un sistema de seguimiento, medición y trazabilidad que permita identificar lo que el presidente ha denominado una "huella de odio y polarización". "Difundir odio debe tener consecuencias legales y económicas", ha subrayado. Por último, Sánchez ha adelantado que el Gobierno trabajará junto a la Fiscalía para analizar posibles vulneraciones de la ley por parte de Grok, TikTok e Instagram. La restricción del acceso a redes sociales antes de los 16 años ya está contemplada en el proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia y actualmente en tramitación parlamentaria. Esta reforma eleva a los 16 años la edad a partir de la cual los menores pueden consentir el tratamiento de sus datos personales. En el caso de los menores de esa edad, dicho tratamiento solo será posible con la autorización de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, en los términos que se establezcan. En un contexto marcado por el aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán, el jefe del Ejecutivo se ha desplazado al Golfo Pérsico para participar en esta cita anual en Emiratos Árabes Unidos. "España tiende puentes, no levanta muros; apuesta por la cooperación y no por la fragmentación", ha afirmado. "La paz es prioritaria, las personas deben situarse en el centro de la economía y el progreso no puede lograrse a costa de los más vulnerables ni del planeta", ha defendido, en una alusión velada a la agenda ideológica y geopolítica de Donald Trump. "El mundo ha cambiado de forma drástica, y para peor", ha advertido. No obstante, el eje central de su intervención ha sido la gobernanza digital. Sánchez ha recordado que las redes sociales fueron presentadas como herramientas destinadas a fomentar la comprensión global, la cooperación, la libertad y la transparencia, además de mejorar la vida de las personas gracias a la tecnología y los algoritmos. Sin embargo, a su juicio, el resultado ha sido el contrario. "Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido", ha lamentado, "un espacio donde se incumplen las leyes, se toleran delitos, la desinformación se impone a la verdad y millones de usuarios sufren ataques de odio". En este contexto, el presidente ha señalado que, solo en el último año, TikTok ha sido acusada de permitir la difusión de cuentas maliciosas que comparten imágenes de pornografía infantil generadas mediante inteligencia artificial. También ha criticado que el propietario de X, Elon Musk, "pese a ser emigrante", utilizara recientemente su perfil personal para amplificar desinformación sobre una decisión soberana del Gobierno español: la regularización de 500.000 personas migrantes que viven y trabajan en el país. Asimismo, ha denunciado que la misma plataforma haya permitido a su inteligencia artificial, Grok, generar contenidos sexuales ilegales, y que Instagram haya sido acusada de espiar a millones de usuarios en todo el mundo. "Si queremos protegernos, debemos recuperar el control", ha concluido Sánchez, insistiendo en la necesidad de que las plataformas digitales "cumplan las normas como cualquier otro actor". Aunque ha reconocido la complejidad del desafío, ha asegurado que la determinación del Gobierno es mayor que el poder económico de estas compañías. El Ejecutivo prevé aprobar este paquete de medidas la próxima semana en el Consejo de Ministros.

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(La Vanguardia, 04-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno opta al final por aprobar dos decretos: uno con la revalorización de las pensiones y otro con el escudo social

El Consejo de Ministros ha optado por dividir el decreto ómnibus y aprobar este martes dos reales decretos-ley por separado: uno centrado en la revalorización de las pensiones, cuya convalidación parlamentaria está asegurada, y otro que agrupa las medidas del denominado escudo social, entre las que figura la prórroga de la moratoria de los desahucios. Fuentes del Ejecutivo han confirmado esta decisión y, según ha señalado Sumar en un comunicado, la separación de ambos textos implica que "el Partido Popular ya no tiene excusas para respaldar la subida de las pensiones", mientras que el resto de la Cámara deberá posicionarse sobre medidas sociales dirigidas a proteger a los colectivos más vulnerables, vigentes desde la pandemia. El portavoz de Movimiento Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya había adelantado la disposición del socio minoritario del Gobierno a aceptar dos decretos distintos, siempre que se aprobaran de forma simultánea y que el del escudo social mantuviera íntegramente todas las medidas previstas. Los socios del PSOE parecen aceptar esta fórmula de dos textos diferenciados: uno relativo a la actualización de las pensiones y otro que contempla la posibilidad de ejecutar desahucios cuando el propietario cuente únicamente con una vivienda en alquiler, tal y como el Gobierno ha pactado con el PNV. Podemos ha mostrado su rechazo al acuerdo alcanzado con los nacionalistas vascos, al que ha calificado de "asco absoluto", aunque no ha aclarado si votará en contra. IU, Sumar y Compromís tampoco han descartado su apoyo, si bien insisten en que estas medidas deberían incorporarse de manera permanente a la legislación. Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha acusado al Ejecutivo de "confesión de culpabilidad" por dividir el decreto ómnibus. A su juicio, esta decisión demuestra que fue el propio Gobierno de Pedro Sánchez quien puso en riesgo la revalorización de las pensiones y utilizó a los jubilados "como rehenes". Pese a ello, el decreto de pensiones saldrá adelante, ya que el PP ha anunciado su respaldo. Vox, por su parte, ha descartado apoyarlo alegando que "no se fía del Gobierno". El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo la actualización de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para 2026, así como un incremento superior al 7% en las pensiones mínimas, según ha informado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Además, las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares subirán un 11,4% el próximo año. Ese mismo aumento se aplicará a las pensiones no contributivas y al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Todos estos incrementos se recogen en un real decreto-ley. El decreto del escudo social contempla, entre otras, las siguientes actuaciones: Ayudas para las personas afectadas por la dana en la Comunidad Valenciana y por distintos incendios; Mejoras en las condiciones de jubilación del colectivo de bomberos y Prohibición de los desahucios y de los cortes de suministros básicos a familias vulnerables que no puedan hacer frente al pago del alquiler. La prohibición de los desahucios incluye una excepción para los propietarios que cuenten con uno o dos inmuebles -la vivienda habitual y otra en alquiler-, tal y como se ha acordado entre el Gobierno y el PNV para garantizar el apoyo al decreto cuando vuelva al Congreso. Sumar también ha respaldado esta excepción. De este modo, los propietarios con una única vivienda en alquiler y un inquilino en situación de impago quedan exentos de la obligación de ofrecer una alternativa habitacional a personas vulnerables. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Elma Saiz ha explicado que los detalles del decreto se conocerán en los próximos días, aunque ha precisado que la principal novedad es que, en el caso de propietarios con tres o más viviendas, no se ejecutarán desahucios cuando exista un contrato previo y el propietario no se encuentre en situación de vulnerabilidad. Asimismo, ha señalado que los propietarios de una o dos viviendas no quedarán afectados por la prórroga del escudo social y que serán los servicios sociales los encargados de buscar soluciones habitacionales de emergencia cuando sea necesario. En cualquier caso, la ministra ha asegurado que ambos decretos se presentarán con "total transparencia" y ha indicado que será la ministra de Vivienda quien detalle las medidas relativas a los desahucios.

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(Expansión, 03-02-2026) | Fiscal

Bienes en el extranjero: se abre la puerta a devoluciones masivas de Hacienda

El Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite un recurso de casación que puede desencadenar un nuevo seísmo en la Agencia Tributaria (AEAT) en relación con el polémico Modelo 720, la obligación de informar anualmente sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Mediante un auto reciente, la Sección de Admisión ha identificado como cuestión de interés casacional aclarar cuál es el verdadero alcance de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 27 de enero de 2022, que declaró contrario al Derecho comunitario el régimen sancionador español asociado a este modelo. El Alto Tribunal pretende dilucidar si dicha resolución europea conlleva la anulación completa de los procedimientos en los que se aplicó la imprescriptibilidad de las ganancias patrimoniales no justificadas prevista en el artículo 39.2 de la Ley del IRPF. En concreto, el Supremo deberá pronunciarse sobre si esa eventual nulidad puede extenderse incluso a actos administrativos que adquirieron firmeza por no haber sido recurridos en plazo, en aras de garantizar la primacía y efectividad del Derecho de la Unión, o si, por el contrario, los expedientes ya concluidos quedan al margen de esa revisión. El auto trae causa de un litigio originado en Cataluña. Tal y como explica Esaú Alarcón, abogado fiscalista y socio del despacho Gibernau, el asunto afecta a un contribuyente que fue objeto de una inspección tributaria vinculada al Modelo 720. Como resultado de dicha actuación, la Administración le exigió el abono de una deuda en el IRPF derivada de una ganancia patrimonial no justificada. El afectado, sin embargo, no impugnó la liquidación dentro del plazo ordinario de un mes, sino que presentó su recurso varios meses después. Esta circunstancia motivó que tanto el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazaran la reclamación por haberse presentado fuera de plazo. "Es un caso durísimo", señala Alarcón. "Llega al Supremo y se plantea si, por la primacía del Derecho europeo, deben decaer todas las consecuencias del Modelo 720 con independencia de que el recurso se haya interpuesto fuera de plazo". A su juicio, la admisión del recurso abre un debate jurídico de gran calado sobre la forma de reparar los perjuicios derivados de una norma que ha sido declarada incompatible con el Derecho de la UE. "Este es un supuesto de manual de nulidad de pleno derecho", afirma, en alusión al artículo 217 de la Ley General Tributaria, que regula un procedimiento excepcional para actos que vulneran derechos fundamentales. Por su parte, Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence, recuerda que ya existen antecedentes relevantes, como la sentencia dictada en julio de 2020 por el magistrado Navarro Sanchís en materia de Impuesto sobre Sucesiones, que permitió revisar liquidaciones firmes tras una condena europea. En el caso del Modelo 720, subraya, resulta determinante que exista una liquidación administrativa. "Cuando hay una liquidación, hay un acto administrativo, y eso abre la vía de la nulidad", explica. Si el Tribunal Supremo resolviera a favor del contribuyente y concluyera que la primacía del Derecho de la Unión prevalece sobre los plazos procesales nacionales en este contexto, el impacto sería enorme. "Si se admite que por primacía del Derecho europeo se puede reclamar, equiparándolo a la nulidad, las consecuencias serían devastadoras", advierte Del Campo. Ello implicaría que, al haberse declarado ilegales tanto el régimen sancionador como la imprescriptibilidad del Modelo 720, también debería decaer la cuota de IRPF exigida, permitiendo a contribuyentes con actos firmes recuperar las cantidades abonadas indebidamente. La estrategia procesal de los letrados del recurrente ha sido especialmente audaz, al impugnar directamente la liquidación fuera de plazo en lugar de acudir a un procedimiento específico de nulidad. "Han apostado todo al recurso ordinario", comenta Alarcón, quien reconoce que, aunque arriesgada, esta vía ha logrado que el Supremo se plantee si la protección de los derechos derivados del Derecho europeo debe imponerse a la firmeza de los actos administrativos. De confirmarse que la sentencia del TJUE obliga a revisar actos firmes, el efecto económico para las arcas públicas sería inmediato. El elemento clave es que no solo quedarían sin efecto las sanciones del 150%, ya anuladas por desproporcionadas, sino también la cuota del IRPF liquidada bajo el criterio de la imprescriptibilidad. Esto obligaría a la Administración tributaria a devolver lo ingresado por ganancias patrimoniales no justificadas correspondientes a ejercicios prescritos, junto con los intereses de demora. El recurso admitido a trámite se refiere expresamente a una liquidación dictada tras una inspección de Hacienda, lo que, según coinciden ambos abogados, facilita el acceso a la nulidad al existir un acto administrativo claro. No obstante, advierten de las mayores dificultades para aquellos contribuyentes que optaron por presentar autoliquidaciones complementarias voluntarias fuera de plazo, con ejercicios ya prescritos, para evitar sanciones más graves. En estos supuestos, al tratarse de actuaciones del propio contribuyente y no de la Administración, "en puridad no cabría la nulidad". Al margen del fallo final que dicte el Tribunal Supremo, la mera admisión del recurso ya tiene un efecto inmediato y de gran trascendencia práctica para los procedimientos judiciales en curso relacionados con la recuperación de cuotas de IRPF vinculadas al Modelo 720. Según destaca Alarcón, se activa un mecanismo legal que permite -y en la práctica impulsa- a los jueces a suspender los procedimientos hasta que el Alto Tribunal fije doctrina. Este efecto se apoya en el artículo 56.5 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, introducido tras la reforma de 2023. Dicho precepto establece que, cuando el Supremo admite un recurso para establecer jurisprudencia sobre una cuestión concreta, los órganos judiciales inferiores deben paralizar los procesos que versen sobre el mismo objeto jurídico. "El artículo 56.5 prácticamente obliga al juez a suspender el procedimiento cuando existe un auto de admisión sobre una cuestión idéntica", explica Alarcón. En la práctica, cualquier contribuyente que tenga actualmente un litigio abierto por ganancias patrimoniales no justificadas derivadas del Modelo 720 puede solicitar la suspensión del procedimiento hasta que el Supremo se pronuncie definitivamente sobre el alcance de la nulidad. "Es una medida de enorme relevancia, porque evita que se dicten sentencias desestimatorias mientras el Supremo delibera", concluye el experto. De este modo, se refuerza la seguridad jurídica y se evita que los tribunales inferiores cierren casos que podrían verse beneficiados por una futura sentencia favorable del Alto Tribunal.

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(El Economista, 03-02-2026) | Fiscal

Hacienda aclara que dejar una vivienda a un familiar gratis tributa en el IRPF

La Dirección General de Tributos (DGT), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha precisado que los propietarios que cedan una vivienda -ya sea una segunda residencia o un inmueble destinado a uso vacacional- a un familiar sin percibir contraprestación económica deben igualmente tributar por ella en el IRPF. En una consulta fechada el 14 de octubre, el órgano interpretativo aclara que, cuando la cesión se realiza de manera totalmente gratuita, la situación fiscal es equivalente a la de una vivienda desocupada. A efectos tributarios, se considera que el contribuyente posee un inmueble con capacidad potencial de generar rentas, por lo que resulta aplicable la denominada imputación de rentas inmobiliarias. En consecuencia, el titular del inmueble deberá declarar en su declaración de la Renta un importe equivalente al 2% del valor catastral de la vivienda o, si dicho valor ha sido revisado en los últimos diez años, el 1,1%. Tal y como expone la DGT, "al no existir un contrato de arrendamiento sino una cesión, y acreditarse que esta se realiza de forma gratuita, el cedente no obtiene rendimientos del capital inmobiliario. No obstante, está obligado a practicar la imputación de rentas inmobiliarias, al tratarse de un inmueble urbano que no genera rendimientos del capital inmobiliario". Según los datos disponibles, los propietarios de viviendas que permanecen vacías y no están alquiladas abonan de media alrededor de 855 euros anuales en concepto de IRPF.

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(Expansión, 03-02-2026) | Laboral

Los funcionarios tendrán un día moscoso más en 2026 para compensar el 15 de agosto

Los funcionarios y empleados públicos contarán en 2026 con un día adicional de asuntos propios, ya que el 15 de agosto, festivo nacional, coincide ese año en sábado. Esta circunstancia genera el derecho a un permiso extra por asuntos particulares, que podrá sumarse a los conocidos "moscosos" en función de la antigüedad de cada trabajador. Este día adicional beneficiará al personal que presta servicios en la Administración General del Estado y en sus organismos dependientes o vinculados, al tratarse de un festivo nacional no recuperable ni sustituible que cae en un día inhábil para las administraciones públicas. La concesión del permiso extra compensa precisamente esa coincidencia del festivo con un sábado. La normativa general que regula las condiciones laborales en la Función Pública establece que, cuando una festividad nacional retribuida y no sustituible se celebra en sábado, puede añadirse hasta un día más de permiso por asuntos particulares dentro del mismo año natural. En este sentido, al tratarse el 15 de agosto de una festividad de ámbito nacional, "corresponde, conforme a la normativa vigente, la incorporación de un día adicional de permiso para el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Resolución de 28 de febrero de 2019 sobre jornada y horarios", según ha informado el área de Servicios Públicos del sindicato UGT. La medida queda recogida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 27 de enero de 2026, que regula el disfrute de este día adicional de permiso para el año 2026 como consecuencia de la coincidencia en sábado de un festivo nacional no recuperable ni sustituible, tal y como ya contemplaba la Resolución de 28 de febrero de 2019. Esta última norma, que establece las instrucciones sobre jornada y horarios del personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, señala en su apartado 9.8 que se podrá incorporar cada año natural, y como máximo, un día adicional de permiso cuando alguna de las festividades laborales nacionales, retribuidas y no sustituibles por las comunidades autónomas, coincida en sábado.

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(Expansión, 03-02-2026) | Laboral

Yolanda Díaz insiste en endurecer el registro horario pese a la reticencia de Carlos Cuerpo

El reglamento mediante el cual el Ministerio de Trabajo pretende reforzar las exigencias del registro horario en las empresas se encuentra en la fase final de los trámites obligatorios antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. El proceso no está exento de tensiones, ya que el Ministerio de Economía está intentando introducir ajustes en el texto para suavizar el impacto que la norma tendrá sobre el tejido empresarial, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que deberán adaptarse a sistemas digitales para cumplir con los nuevos requisitos de control de la jornada laboral. Unos cambios que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no está dispuesta a asumir. Por el contrario, defiende que el reglamento se apruebe conforme al planteamiento original, concebido inicialmente como un complemento a la reducción de la jornada laboral y, posteriormente, como una medida autónoma articulada por vía reglamentaria. La única modificación relevante ha sido la retirada del endurecimiento del régimen sancionador, descartado para evitar una reforma legal que obligara a pasar por el Parlamento y, de ese modo, esquivar un escenario adverso en el Congreso. Pese a ello, los condicionantes incluidos en el texto -que, según fuentes del diálogo social, se encuentra ultimando la recepción de los informes de los distintos ministerios antes de su envío al Consejo de Estado- no terminan de convencer al departamento que dirige Carlos Cuerpo. Así lo reconoció la propia Yolanda Díaz, en lo que constituye un nuevo desencuentro entre Trabajo y Economía a propósito de las iniciativas impulsadas desde el área laboral. "El Ministerio de Economía se opuso en su momento a la reducción de la jornada laboral, y fue la Presidencia del Gobierno la que recondujo esa postura", recordó la vicepresidenta, subrayando que el refuerzo del registro horario era el principal instrumento de la ley para reducir el tiempo efectivo de trabajo, especialmente a través del control de las horas extraordinarias no remuneradas. Ese mismo efecto es el que espera ahora el Ministerio de Trabajo con el endurecimiento del sistema de control horario, cuyos ejes fundamentales son la digitalización de los registros y el acceso remoto de la Inspección de Trabajo a los datos. "Confío en que rectifiquen; el procedimiento está llegando a su fase final para poder aprobar la norma", afirmó Díaz durante la presentación de un informe sobre democratización del trabajo. En ese contexto, volvió a criticar la posición de Economía, a la que acusó de mantener una visión contraria a iniciativas que considera beneficiosas para el país, recordando anteriores fricciones en asuntos como el salario mínimo interprofesional, los ERTE o la ley rider. Este nuevo choque se produce poco después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, solicitara al departamento de Trabajo "buscar un equilibrio" con las empresas en relación con otras medidas en preparación, como la ampliación de los permisos por fallecimiento. Finalmente, Trabajo acordó el aumento de los días únicamente con los sindicatos, tras las críticas de las organizaciones empresariales por el desarrollo del proceso negociador. "Lo importante es que somos hegemónicos. Después, el Partido Socialista acaba reconociendo estos logros. Esto es ejercer la hegemonía", afirmó Díaz, anticipando que su postura volverá a imponerse frente a la de Economía. No obstante, fuentes del diálogo social señalan que sí se están recibiendo aportaciones de otros ministerios, aunque dudan de que estas obliguen a reabrir el trámite de consulta pública del reglamento. También apuntan a la incógnita de si será necesario recabar el informe de la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que se facilite copia de los registros a la representación legal de los trabajadores. Tal y como ya habían advertido las organizaciones empresariales, el principal foco de oposición a la reducción de la jornada se encontraba precisamente en el refuerzo del registro horario. La futura normativa incrementará las obligaciones para todas las empresas, independientemente de su tamaño, que deberán implantar sistemas digitales de control de la jornada. Además, los datos registrados deberán ser interoperables y accesibles para la Inspección de Trabajo. La norma también eleva el nivel de detalle exigido. Será responsabilidad del trabajador introducir la información relativa a sus tiempos de trabajo en la herramienta proporcionada por la empresa, y el reglamento obliga a extremar la precisión de los registros. Deberá consignarse el momento exacto de inicio y finalización de cada jornada, con indicación de la hora y el minuto, así como el comienzo y fin de cada pausa que no compute como tiempo de trabajo efectivo. Para garantizar el correcto funcionamiento de estos sistemas, las empresas estarán obligadas a proporcionar la formación necesaria a su plantilla.

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(El País, 03-02-2026) | Laboral

Un tercio de los puestos del consejo de administración tendría que ser para los trabajadores en empresas de 25 o más empleados

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció hace casi un año la puesta en marcha de un grupo de especialistas con el objetivo de promover una nueva normativa orientada a reforzar la democracia en la gestión empresarial. En términos prácticos, se trata de definir mecanismos para que los trabajadores participen en las decisiones de las empresas y puedan, incluso, convertirse en propietarios de parte de ellas. Ese grupo de expertos sobre democracia en el trabajo ya ha concluido su labor y este lunes ha entregado su informe a la ministra. El documento plantea, entre otras medidas, que el Gobierno impulse un sistema de cogestión en el que los trabajadores ocupen un tercio de los asientos en los consejos de administración de empresas con plantillas de entre 50 y 1.000 personas. En el caso de compañías de mayor tamaño, la propuesta eleva esa representación hasta la mitad de los miembros del órgano directivo. Además, el informe va un paso más allá y sugiere que se diseñe un plan para facilitar el acceso de los empleados a la propiedad empresarial, garantizando como mínimo un 2% del accionariado en empresas a partir de 25 trabajadores. Díaz ha señalado que el Ejecutivo está dispuesto a avanzar en esta regulación mediante una ley que se negociará con patronales y sindicatos en un plazo reducido, al tratarse de una reforma pendiente en España. Aunque no suele formar parte del debate habitual, recuerda que esta cuestión sí estuvo presente durante la Transición. La ministra ha subrayado también que este modelo no es ajeno al país, ya que existe en cooperativas, en alguna empresa pública como Navantia y en determinadas compañías del País Vasco, sin que ello haya generado problemas. El informe, que supera las 500 páginas, responde al encargo de fundamentar y estructurar una futura regulación sobre la participación de los trabajadores en la toma de decisiones empresariales, siguiendo el ejemplo de la mayoría de países europeos. La ministra justifica esta iniciativa en el hecho de que la Constitución, en su artículo 129.2, contempla este principio, aunque hasta ahora no se ha desarrollado normativamente. Dicho artículo establece que los poderes públicos deben promover las distintas formas de participación en la empresa, fomentar las cooperativas mediante una legislación adecuada y facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. La presidenta del comité de expertos, Isabelle Ferreras, ha denunciado que este mandato constitucional no se aplica de forma adecuada en España. Aunque reconoce la existencia de un sistema dual de representación a través de delegados de personal y comités de empresa, considera que los derechos de participación son muy limitados y no alcanzan a las decisiones estratégicas. En este sentido, ha coincidido con Díaz en señalar que España es una excepción en Europa, ya que 18 de los 27 países de la Unión Europea han regulado la presencia de los trabajadores en los órganos de dirección empresarial. Por todo ello, la comisión propone que el Gobierno y los agentes sociales desarrollen una estrategia basada en dos ejes: reforzar la capacidad de los empleados para influir en las decisiones de sus empresas y facilitar su acceso a la propiedad. En cuanto al primer aspecto, se plantea ampliar la participación mediante nuevos requisitos legales que refuercen el papel de los comités de empresa y de los delegados de personal. Entre otras medidas, se sugiere reconocer un derecho de codecisión en cuestiones como la implantación de sistemas de inteligencia artificial en el entorno laboral. Asimismo, los expertos reclaman la creación de la figura del representante conjunto de personal en centros de trabajo muy pequeños, con menos de seis o diez empleados, y la constitución de comités de empresa a nivel de grupo para mejorar la gobernanza en grandes estructuras empresariales. También proponen que los comités cuenten con el apoyo de especialistas remunerados en ámbitos como la inteligencia artificial o el impacto social y ambiental de las decisiones corporativas. En caso de que el diálogo social no alcance acuerdos, el informe defiende que el Gobierno establezca procedimientos formales para garantizar la participación de los trabajadores en los órganos de gobierno de las empresas, tomando como referencia las prácticas más avanzadas de países como Suecia y Alemania. Así, se propone reservar un tercio de los puestos del consejo de administración a los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados y, en las compañías de mayor tamaño, asignarles la mitad de los asientos, rebajando el umbral alemán a partir de 1.000 trabajadores. Respecto a la participación en la propiedad, el documento fija mínimos legales de capital en manos de los empleados: más del 2% en empresas de entre 25 y 1.000 trabajadores y más del 10% en aquellas que superen los 1.000 asalariados. Para ello, se plantea la creación de planes de adquisición de acciones por parte de los empleados, especialmente pensados para procesos de relevo generacional. Ferreras ha explicado que podrían articularse fondos ciudadanos de ámbito regional, gestionados por los propios trabajadores, que permitan adquirir acciones en momentos críticos y evitar la entrada de fondos especulativos. Por último, los expertos recomiendan acordar incentivos que animen a las empresas a ir más allá de las exigencias mínimas de la ley. Para ello, proponen diseñar un Índice de Desarrollo Democrático Corporativo que permita aplicar mecanismos de recompensas y penalizaciones en función del nivel de participación alcanzado. Estos incentivos podrían traducirse en ayudas públicas, beneficios fiscales, tasas diferenciadas o un acceso preferente a la contratación pública, con el objetivo de impulsar una mayor implicación de los trabajadores en la vida empresarial.

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(El Periódico, 03-02-2026) | Laboral

El Gobierno se abre ahora a trocear el escudo social para asegurar la revalorización de las pensiones

La falta de una mayoría clara de izquierdas en el Congreso obliga al Gobierno a maniobrar de forma constante para mantener los equilibrios parlamentarios. El decreto que incluía la prórroga del escudo social y la actualización de las pensiones es un ejemplo evidente de esta situación. La iniciativa fue rechazada por la Cámara con los votos de PP, Vox y Junts. Tanto los populares como los posconvergentes criticaron que en un mismo texto se uniera la subida del 2,7% de las pensiones medias con la ampliación de la suspensión de desahucios para familias vulnerables hasta que se les ofreciera una alternativa habitacional. Tras ese revés, el Ejecutivo negocia a contrarreloj para recuperar el decreto y se plantea dividirlo con el fin de garantizar que cerca de diez millones de pensionistas no sufran recortes en su paga de febrero. Fuentes gubernamentales al tanto de las conversaciones consideran viable presentar las medidas por separado, tal y como reclama Junts. Se trata de un cambio relevante respecto a la postura de la semana anterior, cuando el objetivo era mantener el decreto íntegro, una exigencia defendida por el socio minoritario de la coalición. La intención del Gobierno es aprobar un nuevo decreto en el Consejo de Ministros de este martes o, como máximo, en el de la próxima semana. El presidente Pedro Sánchez fue tajante este domingo en un acto en Teruel, donde apoyó a la candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, al asegurar que las pensiones se actualizarán "en cualquier caso, con o sin el PP". Aunque el Ejecutivo se muestra dispuesto a separar el contenido del decreto ómnibus para votarlo por partes y minimizar riesgos, su prioridad sigue siendo sacar adelante el conjunto de las medidas. Además de la revalorización de las pensiones y la prórroga del escudo social -que incluye la prohibición de desahucios y de cortes de suministros a hogares vulnerables-, el texto contemplaba la actualización de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales, así como rebajas fiscales para los afectados por la dana y los incendios del pasado verano. Desde Moncloa insisten en que su objetivo es impulsar un decreto de medidas sociales que cuente con un respaldo amplio en el Congreso. Para ello, las negociaciones se centran en lograr el apoyo de Junts, aunque cualquier concesión a esta formación puede complicar el respaldo de otros socios del bloque progresista. Ya la semana pasada, fuentes parlamentarias de uno de los grupos más favorables a la prórroga del escudo social advertían de que, si el Gobierno ofrecía acuerdos que también podría suscribir el PP, el eje de la izquierda perdería peso en la ecuación. El PSOE trata de atraer a Junts en el ámbito de la vivienda mediante fórmulas que refuercen la seguridad de los propietarios frente a posibles impagos del alquiler, tanto con más recursos económicos como con procedimientos más ágiles. El Consejo de Ministros ya reservó 300 millones de euros para avales estatales con este fin. Estas ayudas, destinadas a cubrir impagos en alquileres de jóvenes y colectivos vulnerables, ya estaban previstas en el Plan Estatal de Vivienda, pero ante su retraso se aprobaron por decreto el pasado diciembre y ahora cuentan con dotación presupuestaria. El texto establece que el aval cubrirá todas las rentas impagadas hasta que el propietario recupere la vivienda, así como los daños ocasionados en el inmueble por el inquilino, los suministros asumidos por la propiedad y otros costes que se determinen reglamentariamente. Con ello, el Ejecutivo busca un equilibrio entre la protección de las familias vulnerables y las garantías para los arrendadores. Otro elemento clave en la negociación es la posible delegación de competencias en materia de inmigración a Catalunya, tras la disposición de Podemos a levantar su veto a cambio del acuerdo alcanzado con el Gobierno para una regularización rápida de hasta medio millón de migrantes. El desbloqueo de esta cuestión pasa ahora por modificar el preámbulo del proyecto, una opción que Junts estaría dispuesto a aceptar y que Podemos exige para apoyar la iniciativa, eliminando referencias que considera de carácter racista. En el Gobierno consideran que existe margen de entendimiento con Junts, al entender que sus críticas al escudo social no coinciden con el enfoque del PP. A los populares les reprochan vincular a las personas vulnerables que no pueden afrontar puntualmente el alquiler con comportamientos delictivos. Entre los argumentos que Junts compartió con el PP para votar en contra del decreto estuvo la mezcla de estas medidas con la subida de las pensiones, algo que calificaron de chantaje. "Pensiones, sí; ocupaciones, no. No pueden forzarnos a apoyar que no se pueda actuar cuando te ocupan una vivienda y no pagan el alquiler",

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(El Economista, 03-02-2026) | Laboral

Récord de beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años en plena ofensiva de la OCDE para eliminarlo

Nunca antes se había registrado un número tan elevado de personas desempleadas mayores de 50 años percibiendo algún tipo de subsidio. En 2025, la media mensual alcanzó las 545.393 personas, lo que supone un incremento del 4,7% respecto a 2024, a pesar de que en ese mismo periodo el paro registrado descendió un 4,5%. La inmensa mayoría -el 84%- corresponde a beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años, una prestación que también ha alcanzado máximos históricos tras permanecer durante los últimos tres años en el centro del debate por su posible efecto desincentivador sobre la reincorporación al mercado laboral y su papel como antesala de la jubilación anticipada. Esta cuestión está siendo analizada por la OCDE, que considera que su diseño contribuye a cronificar el desempleo sénior y aboga por replantear la ayuda, aunque sus propuestas implicarían, en la práctica, su eliminación. Las cifras de 2025 resultan especialmente llamativas porque se producen en un contexto de descenso del desempleo, incluido el de los trabajadores de mayor edad. Sin embargo, esta mejora no se refleja en el sistema de prestaciones, que también ha aumentado en su vertiente contributiva: los mayores de 50 años que cobran prestación contributiva crecieron un 5,2%, hasta situarse en una media mensual de 281.000 personas. Aun así, este volumen sigue lejos de los niveles alcanzados durante la pandemia y representa apenas la mitad del total de perceptores del nivel asistencial, integrado por los distintos subsidios por desempleo, las rentas agrarias y el subsidio específico para mayores de 52 años. Esta ayuda, actualmente fijada en 480 euros mensuales, presenta dos características singulares. Por un lado, puede percibirse hasta alcanzar la edad legal de jubilación; por otro, el SEPE cotiza por el beneficiario durante ese periodo. La cotización se realiza por el 125% de la base mínima, lo que equivale a una base de 1.726 euros mensuales de cara a la pensión futura. Esta circunstancia provoca que, para muchos desempleados mayores de 52 años, aceptar un empleo con un salario inferior resulte poco atractivo desde el punto de vista económico. El problema se intensifica si se tiene en cuenta que el salario mínimo interprofesional ha aumentado más de un 66% en los últimos años y se sitúa actualmente en 1.184 euros, a la espera de una nueva actualización. Este es precisamente el argumento central de la OCDE, recogido de forma clara en su último Economic Survey sobre España publicado a finales de 2025 y reiterado en análisis posteriores, como el reciente artículo titulado "¿Estancados a los 52? Repensar el subsidio de desempleo para las personas mayores en España". En él, sus autores -Aida Caldera, Claudia Ramírez y Dimitris Mavridis- advierten de que, aunque la prestación cumple una función de protección social, su configuración puede reducir involuntariamente los incentivos para volver al empleo, incluso entre quienes desean hacerlo. El informe subraya que, aunque la cuantía del subsidio es limitada, aceptar un trabajo mal remunerado implica renunciar tanto a la prestación como a las cotizaciones a la Seguridad Social que se generan durante el desempleo, de modo que el beneficio neto de reincorporarse al mercado laboral puede ser mínimo. En este contexto, destaca que la evidencia empírica muestra un fuerte aumento del desempleo de larga duración a partir de los 52 años, justo cuando se accede a esta ayuda. Estudios recientes de la AIReF revelan que, mientras que antes de los 50 años menos del 5% de los beneficiarios lleva más de un año en paro, a partir de los 52 esa proporción supera el 40%. La idea de que el subsidio actúa como freno a la activación laboral de los desempleados de más edad no es nueva. Numerosos analistas sostienen que su diseño dificulta la reincorporación de trabajadores con baja cualificación, empleados tradicionalmente en sectores de salarios reducidos, especialmente cuando cuentan con apoyo familiar que les permite aguardar hasta la jubilación con una pensión más favorable gracias a la sobrecotización del subsidio. Este efecto afecta de manera particular a las mujeres, que representan el 54% de las personas beneficiarias. El impacto también se extiende a trabajadores con niveles de renta elevados que han salido del mercado laboral tras despidos colectivos. En estos casos, el subsidio para mayores de 52 años se ha convertido en uno de los pilares de los esquemas de prejubilación, reforzado además por el aumento del SMI y, con él, de las cotizaciones asumidas por el SEPE. Para estos perfiles, aceptar un nuevo empleo puede resultar aún menos atractivo, ya que la pérdida no se limita a la sobrecotización, sino también a otros compromisos económicos pactados con su antigua empresa. Precisamente para frenar las salidas anticipadas del mercado laboral y fomentar la activación de los desempleados, el Gobierno del PP elevó en 2012 la edad de acceso al subsidio hasta los 55 años y redujo la cotización al 100% de la base mínima. Esta reforma provocó un descenso significativo del número de beneficiarios que se prolongó hasta 2019, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez restituyó las condiciones originales de la ayuda. El efecto fue inmediato: el número medio de perceptores se disparó un 22% en solo un año y continuó creciendo posteriormente, hasta adquirir un marcado carácter anticíclico tras la pandemia, con los subsidios al alza pese a la moderación del paro. A finales de 2023, el Gobierno impulsó una reforma del sistema de subsidios por desempleo con el objetivo de reforzar su función de acompañamiento en la búsqueda de empleo. Para ello, se modificó la cuantía inicial de las ayudas, se amplió su compatibilidad con el trabajo y se reforzó la conexión con prestaciones de carácter social, como el Ingreso Mínimo Vital. En ese proceso se planteó también reducir la sobrecotización del subsidio para mayores de 52 años del 125% al 100%, pero la propuesta fue rechazada en el Congreso por Podemos, lo que obligó a rehacer la reforma y mantener esta ayuda sin cambios. Tal y como ha informado elEconomista.es, los efectos de la reforma han sido significativos: entre 2023 y 2025, los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años aumentaron un 5,5%, mientras que el número de mayores de 50 años que perciben otros subsidios creció un 20%, al pasar de 71.600 a 81.500 personas. Todo ello en un periodo en el que el desempleo sénior, aunque a un ritmo más moderado que en otros colectivos, se redujo un 7,9%.

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