España se enfrenta en la actualidad a un importante problema de relevo generacional en los empleos ligados a los oficios tradicionales. Actividades como la construcción, la carpintería o la electricidad, que durante décadas fueron pilares del tejido productivo, sufren hoy una escasez creciente de nuevos trabajadores dispuestos a incorporarse a estos sectores.
Buena parte de esta situación se debe a que estos trabajos han perdido atractivo entre las generaciones más jóvenes. Muchos optan por la universidad al asociarla con mayor prestigio social y mejores oportunidades, mientras que los oficios manuales suelen percibirse como duros, poco valorados o inestables. A esto se añade la creencia extendida de que el éxito profesional pasa casi exclusivamente por una formación académica superior.
Sin embargo, los datos del mercado laboral muestran una realidad distinta. Numerosos oficios cuentan con una demanda muy elevada, salarios cada vez más competitivos y claras posibilidades de desarrollo profesional. En ámbitos como la construcción, la fontanería o la climatización, la falta de personal cualificado ha impulsado al alza los sueldos y ha obligado a las empresas a buscar activamente nuevos perfiles.
El cambio cultural vivido en España en las últimas décadas ha tenido un peso clave en este desequilibrio. Durante mucho tiempo, la Formación Profesional fue considerada una opción secundaria frente a la universidad, lo que ha hecho que muchos jóvenes ni siquiera contemplen la vía de los oficios, pese a que puede ofrecer estabilidad y buenas condiciones económicas.
A ello se suman factores como la dureza física inicial de algunos trabajos, la exigencia de experiencia previa o la menor flexibilidad horaria, aspectos que chocan con las prioridades de una generación que valora especialmente la conciliación. No obstante, la incorporación de nuevas tecnologías y la modernización de los procesos están transformando estos sectores, haciéndolos más eficientes y menos exigentes desde el punto de vista físico.
La opinión de los profesionales veteranos confirma esta tendencia. Muchos coinciden en que cada vez es más difícil encontrar jóvenes dispuestos a aprender el oficio desde abajo. En algunos casos, los recién incorporados esperan salarios elevados desde el inicio, sin asumir el periodo de aprendizaje práctico imprescindible en cualquier profesión técnica, lo que complica el relevo natural de la mano de obra.
Pese a todo, distintos estudios y plataformas especializadas en empleo, como Tecnioformación, subrayan que existen oficios con un futuro muy prometedor sin necesidad de pasar por la universidad. Puestos como técnico en climatización, instalador de energías renovables o electricista cualificado pueden alcanzar ingresos superiores a los 2.500 euros mensuales y presentan una alta demanda en todo el territorio. Además, la formación requerida suele ser relativamente breve y accesible, lo que los convierte en una alternativa laboral cada vez más atractiva.
La escasez de vivienda a precios asequibles se ha convertido en un problema urgente en toda la Unión Europea. Según las estimaciones del Ejecutivo comunitario, Europa necesitará incorporar cada año unas 650.000 viviendas adicionales a las 1,6 millones que ya se construyen actualmente para poder cubrir las necesidades de la población. Para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda, Bruselas considera imprescindible aumentar la construcción de viviendas, haciéndolo además de forma más eficiente y sostenible. Para lograrlo, resulta clave reducir los costes de producción y agilizar la concesión de licencias. En este contexto, la Comisión Europea presentará este martes una nueva estrategia destinada a impulsar la edificación de viviendas. El plan, al que ha tenido acceso EL PAÍS, plantea una serie de recomendaciones para que los Estados miembros desarrollen programas que rebajen los costes y simplifiquen los trámites y permisos -incluidos los medioambientales- que hoy en día ralentizan las obras y rehabilitaciones.
En 2024, la vivienda representó el 5,3% del PIB de la UE, lo que explica que el acceso a un hogar asequible sea un asunto especialmente sensible y polarizador en muchos países. No obstante, la propia estrategia reconoce que el margen de actuación de la Comisión es limitado. Las competencias en materia de vivienda recaen en los Estados miembros y, en numerosos casos, en autoridades regionales o locales -como sucede en España o Alemania-. Además, en algunos países con una gestión más centralizada, como Francia, existe reticencia a que la UE intervenga en este ámbito.
La Comisión presidida por Ursula von der Leyen aborda este desafío como parte del acuerdo de investidura con los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo, y tras el impulso de países como España y del presidente del Consejo Europeo, António Costa. Fruto de ese pacto, por primera vez se creó la figura de un comisario europeo de Vivienda -cargo que ocupa el danés Dan Jørgensen, también responsable de Energía-. Dentro de sus limitadas competencias, Bruselas se comprometió a lanzar un conjunto de medidas bajo el llamado "paquete de vivienda asequible". La estrategia que debatirá el colegio de comisarios se sumará a otras iniciativas ya en marcha, como las relativas a la vivienda turística o la limitación de los alquileres de corta duración, y se prevén también ajustes en las normas de ayudas de Estado para incentivar la construcción de vivienda protegida.
"El reto principal es reducir los costes para todos los agentes del sector de la construcción", señala el borrador del documento, que apuesta por una simplificación profunda de los procesos, apoyada en una mayor digitalización de toda la cadena de valor y en una menor carga administrativa. La estrategia propone avanzar hacia una mayor armonización normativa en la UE, especialmente mediante la estandarización, con el objetivo de reducir los costes derivados del cumplimiento de las reglas. Uno de los puntos clave es acortar los plazos de concesión de licencias, que en algunos países pueden alargarse hasta siete años, según fuentes comunitarias.
Bruselas atribuye la crisis de la vivienda a múltiples factores, entre ellos algunos vinculados al propio sector de la construcción, una visión que no está exenta de controversia, ya que cada vez más voces reclaman priorizar el uso eficiente del parque existente y reforzar la vivienda social. Cambios en la demanda, una oferta insuficiente, el encarecimiento de los costes de edificación y las persistentes brechas de productividad han contribuido a la escasez de viviendas, apunta la Comisión. En aproximadamente un tercio de las regiones europeas, la construcción no ha sido capaz de responder al crecimiento demográfico.
Todo ello se ha reflejado en una fuerte subida de los precios. Desde 2013, el coste de la vivienda ha aumentado en términos nominales más de un 60% en el conjunto de la UE, a un ritmo superior al de los ingresos, con consecuencias directas para la cohesión social y la movilidad laboral. En España, el incremento ha sido del 72%, frente al 26,6% de Francia, el 13,3% de Italia o el 51,3% de Alemania, según un informe del Consejo Europeo publicado en octubre, antes de una cumbre en la que, por primera vez, la vivienda ocupó un lugar central en la agenda. El asunto volverá a abordarse en la próxima reunión de líderes europeos en Bruselas.
La estrategia identifica varias "palancas" para mejorar la competitividad del sector de la construcción. Entre ellas, destaca que reducir la burocracia y acelerar los permisos permitiría adelantar la entrega de proyectos tanto públicos como privados. En este sentido, menciona la futura Ley de Racionalización y Aceleración de las Evaluaciones Ambientales, que podría simplificar los estudios exigidos para obras y reformas y evitar duplicidades, especialmente en pequeñas modificaciones o ampliaciones, así como en la planificación y construcción de viviendas residenciales, sociales o asequibles y de las infraestructuras vinculadas a ellas.
De hecho, la Comisión anima a los Estados miembros a aprovechar al máximo este marco normativo para agilizar la planificación urbanística, la zonificación y la tramitación de permisos para promociones de vivienda y equipamientos asociados.
El Ejecutivo comunitario subraya también que el sector de la construcción puede actuar como un elemento clave para facilitar viviendas asequibles, sostenibles y de calidad. Mejorar la productividad, la capacidad y la competitividad del conjunto del sector permitiría aumentar la oferta de vivienda y avanzar hacia los objetivos económicos, sociales y medioambientales de la Unión. Sin embargo, reconoce que el rendimiento actual está por debajo de su potencial y que, desde 2019, la construcción es el sector industrial que más ha visto caer su productividad.
En este contexto, Bruselas destaca el potencial de la construcción modular y prefabricada para incrementar rápidamente la oferta de viviendas. Al trasladar gran parte del proceso a fábricas controladas, se reducen errores, se acelera la producción y se acortan los plazos de ejecución. Estas soluciones resultan especialmente atractivas para la vivienda social y asequible, donde la rapidez, la calidad y el coste son determinantes. Además, los módulos suelen ser desmontables y reutilizables, lo que favorece la economía circular y el uso eficiente de los recursos.
No obstante, la Comisión advierte de que la elevada inversión inicial necesaria para este tipo de instalaciones, junto con la incertidumbre de la demanda y la limitada cobertura de los seguros, frena su desarrollo. Para alcanzar su pleno potencial -estimado en un crecimiento anual del 4,5% en el ámbito residencial-, será necesario eliminar las barreras que todavía pesan sobre la construcción industrializada.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que a partir del próximo mes de enero se pondrá en marcha un abono de transporte único con un coste general de 60 euros mensuales, que permitirá desplazarse por todo el país en trenes de cercanías, servicios de media distancia y autobuses de la red estatal. En el caso de los menores de 26 años, el precio se reducirá a la mitad, hasta los 30 euros al mes. Además, el jefe del Ejecutivo confirmó que las actuales bonificaciones al transporte público se mantendrán durante todo el año 2026.
Durante su comparecencia para hacer balance político del año, Sánchez explicó que tanto el nuevo abono como la prórroga de los descuentos serán aprobados en el último Consejo de Ministros del año, con el objetivo de que entren en vigor en enero. Aunque la creación de este título único ya se había adelantado a comienzos de año con vistas a 2026, todavía no se habían concretado ni su precio ni su fecha definitiva de aplicación. "Se trata de una apuesta firme por la movilidad sostenible y por apoyar a la clase media y trabajadora", subrayó el presidente.
La iniciativa toma como referencia el modelo alemán del Deutschlandticket, que permite utilizar todo el transporte público por 63 euros mensuales, incluyendo metros y tranvías, aunque excluye los servicios de alta velocidad. En el caso español, en una primera fase el abono cubrirá únicamente los trenes de Renfe que no sean de alta velocidad y los autobuses de largo recorrido, al tratarse de competencias estatales. No obstante, el Gobierno confía en que comunidades autónomas y ayuntamientos se adhieran al proyecto para integrar también metros, tranvías y autobuses urbanos.
En este sentido, Sánchez apeló a las administraciones territoriales para que se sumen a la iniciativa y faciliten "un acceso asequible al transporte público en todo el territorio". Según explicó, alrededor de dos millones de personas se beneficiarán cada mes de un menor coste para desplazarse a su trabajo, a su domicilio o en su rutina diaria. Como ejemplo, señaló que un trabajador que se desplace a diario entre Vigo y Santiago o entre Jerez y Sevilla podría reducir su gasto mensual en transporte público en cerca de un 60%.
El presidente también avanzó que se mantendrán las bonificaciones actualmente vigentes en el transporte público, aunque sin precisar aún su alcance exacto. En la actualidad, los abonos mensuales urbanos e interurbanos y los bonos de diez viajes cuentan con un descuento del 40%, financiado a partes iguales por el Estado y las comunidades o ayuntamientos. Gracias a esta rebaja, en Madrid, por ejemplo, es posible adquirir un abono mensual por 66,3 euros que cubre todos los medios de transporte de la región, incluidos metro, tranvía, autobús y cercanías.
Asimismo, los descuentos actuales contemplan rebajas del 40% en los trenes de media distancia (que alcanzan el 70% para jóvenes), del 50% en los servicios Avant y del 50% en los autobuses de titularidad estatal, con descuentos que llegan al 70% para los menores de 26 años.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas marcó un nuevo máximo en el tercer trimestre del año. Por primera vez superó los 1,7 billones de euros, sumando los pasivos de la Administración central, las comunidades autónomas, los entes locales y la Seguridad Social, tras crecer un 4,5% en términos interanuales. Sin embargo, su peso relativo sobre la economía se redujo: la ratio deuda/PIB descendió hasta el 103,2% en septiembre, un punto menos que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos difundidos este lunes por el Banco de España.
Este comportamiento no resulta contradictorio. Aunque la deuda aumente en términos absolutos, puede disminuir en proporción al PIB si la economía crece a un ritmo superior. Y ese es el caso de España, cuya actividad mantiene una evolución sólida, con una previsión de crecimiento cercana al 3% este año, más del doble de la media esperada para la zona euro. Esta fortaleza económica ha llevado incluso a las principales agencias de calificación a mejorar la nota de la deuda soberana española, al considerar más asumible su coste.
La Administración central volvió a concentrar la mayor parte del endeudamiento en el tercer trimestre, algo habitual al ser la que asume el grueso de las obligaciones. Su deuda aumentó un 4,5% interanual y alcanzó en septiembre más de 1,57 billones de euros, lo que equivale al 94,8% del PIB, de acuerdo con el supervisor bancario.
No obstante, el mayor incremento relativo se registró en la Seguridad Social. Sus compromisos financieros crecieron un 8,6% en volumen y un 7,6% en relación con el PIB respecto al año anterior, hasta situarse en 126.000 millones de euros. Este aumento responde, principalmente, a los préstamos procedentes del Estado, necesarios para cubrir el desequilibrio de sus cuentas ante la presión creciente del gasto, especialmente por el encarecimiento de las pensiones.
Las comunidades autónomas, por su parte, mostraron un crecimiento más moderado de su deuda, del 1,7% hasta el tercer trimestre, con un saldo conjunto de 339.000 millones de euros, equivalente al 20,4% del PIB. Aun así, solo cinco regiones lograron mantenerse por debajo del límite del 13% que establece la ley de estabilidad presupuestaria: Navarra (9,9%), Canarias (10,8%), Madrid (11,5%), País Vasco (11,8%) y Asturias (12,6%). En el extremo opuesto se situaron las autonomías con menor financiación por habitante, como la Comunidad Valenciana (40,5%), Murcia (30,2%) y Castilla-La Mancha (28,5%). Cataluña ocupa el cuarto lugar con un 28,4%, y aunque su financiación está en la media, es la comunidad con mayor deuda en términos absolutos.
En contraste, las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones y cabildos- redujeron su endeudamiento un 2,8%. Su deuda se situó en torno a los 22.000 millones de euros, lo que representa el 1,4% del PIB. Madrid es el municipio con mayor volumen de deuda, con unos 2.100 millones, mientras que Barcelona encabeza la deuda por habitante entre las grandes ciudades, con 788 euros por vecino.
El Ejecutivo ha asumido con Bruselas el compromiso de rebajar la deuda pública hasta el 101,7% del PIB este año, tras cerrar el ejercicio anterior en el 101,8%. Según las previsiones incluidas en el plan fiscal de medio plazo, la ratio debería descender al 100,9% en 2026, situarse en el 100% en 2027 y bajar al 99,1% en 2028.
El Gobierno confía en que esta reducción se apoye fundamentalmente en el crecimiento económico, ya que la fragmentación parlamentaria dificulta la aprobación de medidas de ajuste más ambiciosas para corregir los desequilibrios fiscales con mayor rapidez. Un ejemplo reciente de este bloqueo es el rechazo del Congreso, en dos ocasiones, a la senda de déficit, lo que complica la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. De este modo, seguirán en vigor las cuentas de 2023, las últimas aprobadas por el Ejecutivo de coalición, que volverán a prorrogarse a partir del 1 de enero.
La Agencia Tributaria aún no ha efectuado la devolución de la última campaña de la Renta a 643.000 contribuyentes. Si estos reintegros no se realizan antes del 31 de diciembre, Hacienda tendrá que abonar intereses de demora por el retraso, siempre que la liquidación presentada sea correcta. Con apenas quince días para cerrar el año, siguen pendientes más de 640.000 devoluciones correspondientes al IRPF de 2024, a pesar de que la campaña concluyó hace más de cinco meses, el 30 de junio.
Según confirman a EXPANSIÓN fuentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), hasta ahora se han cerrado 15,35 millones de acuerdos de devolución, de un total cercano a 16 millones de solicitudes, lo que supone un 1,81% menos que en el ejercicio anterior. En muchos casos, las devoluciones que continúan sin abonarse corresponden a declaraciones que requieren una revisión por parte de la Administración, por lo que la falta de respuesta puede anticipar una comprobación o la recepción de una notificación de la AEAT solicitando aclaraciones.
En este contexto, durante la campaña la Agencia Tributaria puso en marcha un sistema automático para la corrección voluntaria de errores, enviando miles de avisos preventivos a contribuyentes que habían modificado el borrador inicial elaborado por Hacienda. Gracias a esta medida, se presentaron cerca de 45.000 declaraciones rectificativas, lo que permitió "evitar posibles comprobaciones posteriores, el devengo de intereses o la imposición de sanciones", según explican desde el Ministerio que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. No obstante, haber presentado una rectificación puede ser uno de los motivos por los que algunas devoluciones aún no se hayan resuelto, cuando ya se acerca el fin del plazo legal.
Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) señalan que la fase de revisiones iniciada en septiembre, cuando todavía quedaban más de dos millones de devoluciones pendientes, ha supuesto el análisis de aquellas autoliquidaciones con posibles incoherencias. Como resultado, ya se han abonado 1,5 millones de devoluciones. Este proceso continuará hasta el 31 de diciembre y, a partir de esa fecha, los expedientes que sigan sin resolverse podrían pasar directamente a la Inspección para un examen más detallado por parte de un funcionario. Por ello, si el contribuyente no recibe la devolución antes del 1 de enero, es muy probable que se inicie un procedimiento inspector.
Si Hacienda no devuelve antes del 31 de diciembre las cantidades pagadas de más en el IRPF de 2024, y la autoliquidación es correcta, estará obligada a pagar intereses de demora, que en 2025 se sitúan en el 4,06%. Así, una devolución de 1.500 euros ascendería a 1.560,90 euros si se abonara con un año de retraso. Si el reintegro se realiza antes, los intereses se calcularán de forma proporcional por meses, dividiendo el tipo del 4,06% entre doce y multiplicándolo por el número de meses de demora, explica Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas. De este modo, si la devolución se efectúa en marzo, el interés aplicado sería del 1,015%.
Desde la Agencia Tributaria recuerdan, no obstante, que no todas las 643.000 devoluciones pendientes acabarán pagándose en los términos solicitados. En algunos casos, las cantidades reclamadas son incorrectas y se devuelven importes menores, y en otros la declaración termina resultando a ingresar.
En estas situaciones, si la resolución llega después de enero, el contribuyente deberá asumir no solo la deuda y los intereses correspondientes, sino también una sanción, cuyo importe varía según los plazos y el grado de voluntariedad o fraude apreciado por Hacienda. Las sanciones pueden ir desde el 1% de lo no ingresado, hasta el 50% en infracciones leves por importes inferiores a 3.000 euros, el 100% de la deuda si el importe es mayor o existe ocultación de datos, o incluso el 150% si se demuestra el uso de medios fraudulentos, según explican desde la asesoría Vázquez Asociados.
Si tras la revisión de la Inspección la declaración debe corregirse pero mantiene un resultado favorable al contribuyente, la AEAT impone una sanción fija de entre 150 y 250 euros y devuelve la cantidad correcta junto con los intereses de demora, calculados únicamente sobre el importe finalmente reconocido y no sobre el exceso solicitado inicialmente. En cualquier caso, Gimeno advierte que el hecho de que Hacienda realice la devolución antes del 31 de diciembre "no implica que la declaración no pueda ser comprobada o investigada con posterioridad".
La medida tendrá carácter provisional y empezará a aplicarse en julio del próximo año, al margen de la posible comisión aduanera de dos euros que podría implantarse a partir de noviembre de 2026. Este gravamen se mantendrá en vigor durante dos años, hasta que la Autoridad Aduanera Europea esté plenamente operativa.
La Unión Europea endurece su ofensiva contra las plataformas chinas de comercio electrónico. Los ministros de Finanzas de los Estados miembros han acordado este martes, en el marco de la reunión del Ecofin, establecer una tasa de tres euros para todos los envíos procedentes de terceros países con un valor inferior a 150 euros que accedan al mercado comunitario. La medida comenzará a aplicarse en julio del año que viene.
Aunque el nuevo cargo no se presenta oficialmente como una acción dirigida contra empresas concretas como Temu, Shein o AliExpress, lo cierto es que estas plataformas concentran la inmensa mayoría de los envíos de bajo coste a la UE, por lo que serán las principales afectadas. En 2024 se importaron más de 4.500 millones de productos considerados low cost, el doble que el año anterior, y el 91% de ellos tuvo origen en China.
Este gravamen se concibe como una solución temporal con la que los Estados miembros pretenden corregir el trato ventajoso del que actualmente se benefician los paquetes de bajo valor frente a los envíos de mayor importe. Estará vigente hasta la puesta en marcha de la Autoridad Europea de Aduanas, prevista para 2028. Una vez que la nueva plataforma centralizada esté operativa y se refuercen los controles en frontera, la tasa desaparecerá y todos los paquetes quedarán sujetos a los procedimientos habituales y a los aranceles correspondientes.
"El comercio electrónico se está expandiendo a gran velocidad y el entorno global cambia cada vez más rápido, por lo que necesitamos instrumentos adecuados para adaptarnos. Por eso es tan relevante la decisión sobre los aranceles aplicables a los pequeños envíos que llegan a la UE, ya que permite garantizar una competencia equitativa en nuestras fronteras en la actual era del comercio digital", ha señalado Maros Sefcovic, comisario europeo de Comercio.
La tasa de tres euros aprobada no sustituye a la comisión de gestión de dos euros que también se plantea para estos paquetes y que aún debe recibir el visto bueno de los Estados miembros y del Parlamento Europeo. De aprobarse, esta comisión entraría en vigor en noviembre del próximo año, elevando el coste total por envío hasta los cinco euros.
Solo la aplicación de la tasa generaría unos ingresos de 13.500 millones de euros para las aduanas si el volumen de paquetes pequeños se mantiene en los niveles de finales del año pasado. En caso de sumarse la comisión de gestión, la recaudación total podría alcanzar los 22.500 millones de euros.
El Ejecutivo quiere evitar a toda costa reabrir el conflicto generado por la fiscalidad del salario mínimo y está buscando una solución de consenso que satisfaga a los dos socios de la coalición. El objetivo es claro: no repetir la polémica del año pasado y centrar el debate en lo que el Gobierno considera prioritario, una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI). En este contexto, el Ministerio de Hacienda analiza ampliar la deducción en el IRPF para los trabajadores que cobran el SMI, actualmente fijada en 340 euros anuales, hasta una cifra cercana a los 600 euros, según fuentes conocedoras del proceso, aunque los cálculos aún están en fase de ajuste.
Esta alternativa, explican desde el Ejecutivo, permitiría contentar tanto al Ministerio de Trabajo como a las áreas económicas del Gobierno. Trabajo vería garantizado que el aumento del SMI se traduce en términos netos en el 60% del salario medio nacional, mientras que Economía y Hacienda respaldarían la medida porque el esfuerzo derivado del incremento salarial se repartiría entre el sector público y las empresas, evitando que el coste recaiga íntegramente sobre los empleadores.
La deducción en el IRPF ligada al SMI no es una novedad. Tradicionalmente, cada vez que el salario mínimo se incrementaba, el impuesto se ajustaba de forma paralela para que los mínimos exentos cubrieran esos ingresos. Esta práctica se rompió en 2025, cuando, por primera vez, parte de los trabajadores que perciben el SMI -principalmente solteros sin hijos- comenzó a tributar, soportando una carga fiscal de unos 340 euros anuales entre retenciones y cuota.
La falta de adaptación del impuesto provocó uno de los choques más intensos de la legislatura entre PSOE y Sumar. Desde el área económica se defendía que, tras años de subidas continuadas del SMI -un 61% desde 2018, pasando de 736 a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas-, este debía empezar a contribuir a la recaudación. El Ministerio de Trabajo, en cambio, sostenía que no era razonable gravar a quienes se sitúan en la franja salarial más baja.
Para amortiguar ese impacto fiscal y poner fin al enfrentamiento, Hacienda articuló un mecanismo de devolución equivalente a la cantidad pagada, que los trabajadores recibirían al año siguiente al presentar la declaración de la renta. De este modo, los beneficiarios del SMI comenzaron a tributar, pero con la certeza de que se les reintegraría posteriormente el importe, evitando así una pérdida de poder adquisitivo, especialmente entre quienes no podían acceder a otras deducciones por su situación familiar.
De cara a la subida prevista para 2026, el Gobierno estudia repetir esta fórmula, ampliando la deducción para que ese mismo perfil de trabajadores no vea mermada la mejora salarial. El razonamiento es idéntico al del año anterior: si el SMI aumenta pero los mínimos exentos del IRPF permanecen congelados, las retenciones crecerán y parte del alza del salario bruto no llegará al bolsillo del empleado.
La comisión de expertos del Ministerio de Trabajo planteó recientemente dos posibles escenarios para 2026. En el primero, el SMI no tributa y sube un 3,1%, hasta 17.094 euros brutos anuales. En el segundo, el salario mínimo comienza a tributar y el incremento sería del 4,7%, hasta 17.360 euros. Con los mínimos exentos previsiblemente sin cambios y la deducción actual de 340 euros, ambos escenarios implicarían un aumento de las retenciones: en torno a 600 euros en el primer caso y cerca de 700 euros en el segundo, según los simuladores de la Agencia Tributaria.
Por ello, Hacienda se inclina por el primer escenario y por ampliar la deducción hasta aproximadamente 600 euros. Esta medida permitiría que los perceptores del SMI quedaran prácticamente exentos de tributación en una subida moderada y garantizaría que el salario neto alcance el 60% del salario medio, en línea con la Carta Social Europea. Según fuentes de ambos socios, esta solución resulta aceptable para las dos partes, ya que cumple el objetivo social sin exigir un aumento mayor del salario bruto.
Con este planteamiento, una parte del ajuste se realiza vía fiscal, asumiendo Hacienda una pérdida de recaudación, mientras que los trabajadores reciben íntegramente la mejora salarial y las empresas no soportan todo el coste del incremento. Aun así, el Gobierno debe cerrar los números y decidir si la deducción final compensará totalmente la subida fiscal o solo una parte.
La elección de una deducción específica, en lugar de elevar los mínimos exentos del IRPF, responde a un criterio de eficiencia recaudatoria. Aumentar esos umbrales beneficiaría a todos los contribuyentes, incluidos los de rentas más altas, y tendría un impacto mucho mayor en las arcas públicas. Dado el carácter progresivo del impuesto, el Ejecutivo busca evitar que una medida pensada para los salarios más bajos termine favoreciendo también a quienes tienen mayores ingresos. Con la deducción, en cambio, el coste se limita a unos pocos cientos de millones de euros y la ayuda se dirige de forma precisa a los trabajadores con menores rentas y sin otras opciones de reducción fiscal, un colectivo que ronda las 500.000 personas.
El Ejecutivo ha dejado en una situación de incertidumbre fiscal a unos 350.000 autónomos al finalizar el año sin aprobar la prórroga de los límites de facturación anuales que permiten acogerse al régimen de estimación objetiva del IRPF, conocido como sistema de módulos. Aunque sí se ha dado luz verde a la orden que garantiza la continuidad de este régimen durante 2026, los profesionales afectados todavía no saben cuáles serán los topes de ingresos que deberán cumplir para poder tributar por esta modalidad.
Desde 2016, los distintos gobiernos han venido renovando año tras año los umbrales que permiten permanecer en el sistema de módulos: ingresos anuales inferiores a 250.000 euros o facturación a otras empresas y autónomos por debajo de 125.000 euros. En ausencia de esa prórroga, los límites se reducen de forma automática a 150.000 euros en el primer caso y a 75.000 euros en el segundo. De no aprobarse la ampliación, miles de trabajadores por cuenta propia quedarían excluidos de este régimen de tributación del IRPF en 2026. Los sectores más perjudicados serían el transporte, la hostelería y el pequeño comercio.
Estos límites más bajos fueron introducidos en la reforma fiscal aprobada a finales de 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda. La normativa preveía que los nuevos umbrales -150.000 euros de ingresos y 75.000 euros de facturación- entrasen en vigor el 1 de enero de 2016. Sin embargo, su aplicación se ha ido posponiendo cada año mediante sucesivas prórrogas, manteniendo los topes de 250.000 y 125.000 euros.
Este aplazamiento debe formalizarse mediante una norma con rango de ley, pero el Ejecutivo ha cerrado el ejercicio sin aprobar ningún texto que lo contemple. Los expertos esperaban que la prórroga se incluyera en el último Pleno del Congreso del año, celebrado el jueves pasado, algo que finalmente no ocurrió. Todo apunta, por tanto, a que los autónomos iniciarán 2026 con límites de módulos más restrictivos. Además, según el calendario parlamentario, no está previsto ningún Pleno hasta febrero, salvo que se convoque una sesión extraordinaria, de la que por ahora no hay constancia.
Con todo, comenzar el año sin la prórroga no supone un escenario irreversible. El Gobierno aún podría aprobar en enero un real decreto-ley que incluya esta medida y someterlo a convalidación en el Congreso en febrero. Cabe recordar que la prórroga de los límites de módulos para 2025 se incorporó a un real decreto-ley aprobado a finales de 2024, que debía ser convalidado por el Congreso en el plazo de 30 días. Sin embargo, en enero de 2025 la oposición rechazó el texto, lo que implicaba, en principio, una reducción automática de los umbrales.
Ante esa situación, el Ministerio de Hacienda emitió una nota aclarando que, dado que el real decreto-ley estaba en vigor a 1 de enero de 2025, se entendía que los límites de facturación quedaban aprobados. Aunque legalmente la prórroga debía hacerse por ley, al tratarse de una medida favorable para miles de autónomos, no se produjeron objeciones.
El régimen de módulos permite a los profesionales con un elevado uso de efectivo calcular la base imponible del IRPF a partir de una estimación de sus ingresos, teniendo en cuenta variables como el número de empleados, la superficie del local o el municipio en el que desarrollan su actividad. Por el contrario, los autónomos que quedan fuera de este sistema tributan en estimación directa, declarando los ingresos reales obtenidos a lo largo del año.
La carga impositiva es una de las principales inquietudes de los trabajadores autónomos, y las organizaciones empresariales del sector están elaborando propuestas para rebajar los impuestos y aliviar su situación económica. En este contexto, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) ha remitido a los parlamentos autonómicos una iniciativa en la que reclama a las comunidades autónomas una reducción de cinco puntos en el IRPF para las rentas de hasta 35.200 euros. Esta medida supondría un ahorro anual de hasta 650 euros por autónomo y liberaría recursos que podrían destinarse a inversión y crecimiento de la actividad. La propuesta se apoya en la Ley 22/2009 de financiación autonómica, que otorga a las comunidades competencias para fijar su propia escala del IRPF, introducir deducciones y regular tipos y tramos.
Además, la patronal de autónomos trasladó esta iniciativa el pasado miércoles a la mesa del foro tributario que mantienen las organizaciones de autónomos y los agentes sociales con la Agencia Tributaria. El objetivo es que Hacienda valore una rebaja tanto a nivel autonómico como estatal, de forma que el ahorro total para los trabajadores por cuenta propia alcance entre 1.300 y 1.400 euros anuales. En este sentido, el presidente de Upta, Eduardo Abad, ha señalado que Esquerra Republicana (ERC) ha sido el primer grupo parlamentario en llevar el debate al Congreso, aunque limitando la medida a rentas de hasta 25.000 euros.
No obstante, el informe económico elaborado por Upta advierte de que una rebaja conjunta del IRPF a nivel autonómico y estatal supondría una merma recaudatoria de entre 1.000 y 1.500 millones de euros. Para compensar esta pérdida, la organización propone elevar entre cinco y siete puntos el Impuesto sobre Sociedades a las empresas que facturen más de cuatro millones de euros anuales, un grupo que engloba a unas 50.000 sociedades, menos del 5% del total.
En la actualidad, el tipo efectivo que soportan estas empresas se sitúa en torno al 20%. La propuesta plantea incrementarlo hasta el 25% o el 27%, lo que permitiría recuperar la recaudación perdida por la rebaja del IRPF. Según las estimaciones de Upta, esta medida generaría ingresos adicionales de entre 1.200 y 1.800 millones de euros. Con este planteamiento, la organización defiende una mayor "progresividad fiscal", argumentando que no es razonable que autónomos con ingresos inferiores a 35.000 euros soporten una carga impositiva más elevada que grandes empresas con estructuras económicas mucho más potentes.
Más allá de la rebaja del IRPF, Upta plantea ampliar el abanico de deducciones para equiparar la fiscalidad de los autónomos a la de las pequeñas y medianas empresas. Esta línea de actuación cuenta con el respaldo de ATA, según fuentes consultadas por elEconomista.es, aunque esta organización no apoya la reducción de cinco puntos en el IRPF. Entre las medidas propuestas destaca el aumento de las deducciones por gastos de suministros como agua, electricidad, internet, teléfono y alquiler, que actualmente se sitúan en el 30% y que Upta plantea elevar hasta el 50%, dado que muchos autónomos desarrollan su actividad desde el domicilio.
Otra de las iniciativas es permitir la deducción de hasta el 100% del coste de adquisición de un vehículo y de los gastos asociados a su uso profesional cuando su vinculación a la actividad económica supere el 70%. Asimismo, se propone crear deducciones específicas para inversiones en herramientas digitales, software, marketing online, así como en energías renovables, vehículos eléctricos y mejoras en eficiencia energética. El objetivo es facilitar que los autónomos puedan incorporarse a la transición digital y energética, un proceso más asumible para las grandes empresas que para los pequeños negocios.
Por último, con el fin de impulsar la contratación y la colaboración profesional, Upta plantea una deducción del 100% de los gastos derivados de la contratación de personal o de la colaboración con otros profesionales, además de bonificaciones específicas por la incorporación del primer empleado o por la formalización de contratos indefinidos.
La Agencia Tributaria está viéndose obligada a asumir pérdidas de gran magnitud tras declarar nulas numerosas sanciones impuestas por la Inspección que fueron tramitadas fuera del plazo legal. El origen del problema se encuentra en una interpretación errónea del cambio normativo introducido en 2021, que amplió de tres a seis meses el margen para iniciar un procedimiento sancionador después de una inspección o comprobación.
La Ley 11/2021, de 9 de julio, modificó este plazo, pasando de tres a seis meses el tiempo disponible para que Hacienda pudiera abrir un expediente sancionador una vez concluidas las actuaciones de comprobación, verificación o inspección. Según coinciden distintos fiscalistas, este nuevo plazo se ha aplicado en algunos expedientes durante los últimos ejercicios, aunque no siempre resultaba jurídicamente procedente.
Normalmente, explican los expertos, las propuestas de sanción se formulan casi de inmediato al finalizar una inspección. Sin embargo, también existen expedientes donde la Administración ha agotado el plazo disponible. En estos casos, y especialmente en los que afectan a ejercicios anteriores a 2021, Hacienda está anulando sus propias sanciones.
El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha aclarado recientemente que, cuando la infracción es anterior a 2021, el plazo aplicable es el vigente en el momento en que se cometió la infracción, con independencia de que el expediente sancionador se iniciara después de ese año. Es decir, el plazo correcto seguía siendo de tres meses.
Dado que las infracciones tributarias prescriben a los cuatro años -plazo que se interrumpe al iniciarse un procedimiento-, muchas sanciones actuales provienen de actuaciones sobre ejercicios todavía no prescritos anteriores a 2021. En ellos, el límite temporal era de tres meses, pero la Agencia Tributaria utilizó en algunos casos el plazo de seis meses, lo que, a la luz del criterio del TEAC, invalida el procedimiento sancionador y obliga a anular la sanción, con el consiguiente impacto económico.
Además, al tratarse de un pronunciamiento del propio TEAC, Hacienda no puede recurrirlo. Las anulaciones son automáticas en cuanto se acredita que el procedimiento se inició fuera de plazo y el contribuyente recurrió. Las resoluciones que están recibiendo los afectados contienen fórmulas como: "Se declara la caducidad del procedimiento sancionador y se ordena el archivo del expediente [...] quedando sin efecto".
Según explica Luis Miguel Larriba, socio fundador de LRB Tax & Legal, esta resolución "impide a la Administración sancionar en cientos de expedientes en los que se superó el plazo de tres meses para comenzar el procedimiento sancionador, una situación frecuente en algunas delegaciones". Añade que tanto la Agencia Tributaria como los tribunales económico-administrativos y los juzgados deberán apreciar de oficio la extemporaneidad y anular las sanciones sin posibilidad de reiniciar el proceso, lo que supone para Hacienda dejar de ingresar sanciones en miles de expedientes.
Aunque lo habitual es que Hacienda no agote los plazos y proponga la sanción casi inmediatamente después de finalizar la comprobación, también hay muchos expedientes en los que la decisión se demora por análisis internos, consultas o porque se asumía que el plazo de seis meses era aplicable. Por ahora no puede calcularse el impacto total, pero se trata de pérdidas millonarias derivadas de sanciones que ya no podrán exigirse.
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