(Cinco Días, 31-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El proyecto del euro digital continúa avanzando, aunque sigue pendiente el elemento más importante: la aprobación de su marco legal. Este miércoles, el Banco Central Europeo (BCE) dio un nuevo paso al aprobar en su consejo de gobierno el inicio de la fase técnica, tras haber concluido la etapa preparatoria. El objetivo es que la versión digital de la moneda única esté lista en 2029, siempre que en 2026 las autoridades europeas hayan dado luz verde a la normativa correspondiente.
Con esta decisión, el BCE responde a la petición de los líderes de la Unión Europea, que en la cumbre de octubre respaldaron el proyecto y definieron algunos aspectos clave, como los límites de tenencia. En su comunicado, el banco central destacó que el euro digital garantizará la libertad de elección de los ciudadanos europeos, la protección de la privacidad, la soberanía monetaria y la seguridad económica. También subrayó su potencial para fomentar la innovación en los pagos, fortalecer la competitividad, mejorar la resiliencia ante crisis y promover la inclusión financiera.
El proceso, sin embargo, no está exento de obstáculos. El sector privado muestra reticencias debido a los elevados costes de infraestructura y al temor de que se produzca una fuga de depósitos desde los bancos hacia el euro digital. A esto se suma la lentitud con la que avanza el Parlamento Europeo en la tramitación legislativa. Pese a ello, el auge de las stablecoins en Estados Unidos -criptomonedas vinculadas a divisas tradicionales como el dólar o el euro- está presionando a Europa para acelerar el desarrollo de su propia alternativa pública.
El BCE considera que la creación de un medio de pago público y digital complementario al efectivo es una necesidad urgente ante la evolución de los métodos de pago. No obstante, ha dejado claro que la decisión definitiva sobre su emisión no se tomará hasta que el marco legal esté aprobado. Actualmente, se espera que el ponente del Parlamento Europeo, el español Fernando Navarrete, presente su propuesta en los próximos meses, y que la posición final de la Eurocámara no se conozca hasta mayo. Sin ese paso, no podrán comenzar las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo de la UE para acordar el texto definitivo. Dentro del Parlamento, el Partido Popular Europeo apuesta por una alternativa privada, mientras que los liberales y la izquierda defienden una solución pública.
Con esta resolución, el BCE pone fin a la fase de preparación iniciada en noviembre de 2023. La nueva etapa se centrará en el desarrollo técnico, la creación de sistemas, la realización de pruebas piloto -previstas para 2027- y la colaboración con empresas de pago, comercios y consumidores para definir su funcionamiento y estudiar su uso. Además, el banco apoyará el proceso legislativo en curso. Entre las posibles funciones del euro digital ya se han planteado opciones como el pago de compras online solo tras su recepción o las transferencias condicionadas.
En cuanto a los costes, el BCE estima que el desarrollo y la operación del euro digital supondrán unos 1.300 millones de euros para su lanzamiento y unos 320 millones anuales a partir de 2029. Sin embargo, los gastos para el sector privado son motivo de controversia. El BCE calcula que podrían situarse entre 4.000 y 5.700 millones de euros, mientras que la Comisión Europea los estima entre 2.800 y 5.400 millones. En contraste, un informe reciente de PwC eleva esa cifra a unos 18.000 millones, e incluso hasta 30.000 millones si se incluyen funciones avanzadas, como los pagos sin conexión.
El banco también ha tratado de disipar el temor a una posible fuga de depósitos hacia el euro digital en momentos de inestabilidad financiera. A su juicio, esta moneda fortalecería la estabilidad, ya que en una situación de crisis los depósitos podrían desplazarse hacia stablecoins privadas, en su mayoría denominadas en dólares. Además, la creciente preocupación por la autonomía estratégica de Europa -agravada por el regreso de Donald Trump a la política estadounidense- ha reavivado el debate sobre la dependencia europea de las empresas norteamericanas Visa y Mastercard en el ámbito de los pagos.