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(Expansión, 13-11-2026) | Laboral

Una de cada cuatro nuevas pymes cierra en menos de cinco años asfixiada por los costes

Una de cada cuatro empresas creadas en España durante los últimos cinco años ha desaparecido antes de alcanzar su quinto aniversario. Esta es una de las principales conclusiones del Informe Pyme 2026, elaborado por el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME). El estudio pone de manifiesto que, pese al crecimiento económico y al buen comportamiento del empleo, las empresas siguen afrontando importantes dificultades para mantener su actividad a largo plazo. El informe clasifica las compañías en función de su antigüedad. Las empresas emprendedoras, con menos de diez años de trayectoria, representan el 12,5% del tejido empresarial analizado. Las que se encuentran en fase de desarrollo, con entre 11 y 25 años, suponen el 38,1%, mientras que las consolidadas, con una antigüedad de entre 26 y 50 años, alcanzan el 42,5%. Por último, las empresas longevas, con más de medio siglo de actividad, representan el 6,9%. Entre las principales causas que amenazan la continuidad de los negocios destaca la presión fiscal, señalada por el 16% de las más de 600 empresas encuestadas como uno de los factores que pueden provocar el cierre. La elevada carga tributaria reduce los márgenes empresariales y limita la capacidad de generar beneficios suficientes para sostener la actividad. También tienen un peso significativo los costes operativos, mencionados por el 10,7% de las compañías, y la falta de rentabilidad, que representa el 10,5%. Dentro de los gastos de explotación, los costes laborales constituyen el componente que más condiciona la estructura de costes, con una valoración media de 4,33 puntos sobre cinco. Su incidencia es especialmente elevada en sectores con una importante dependencia de la mano de obra, como la construcción (4,53) y los servicios (4,34). La fiscalidad ocupa igualmente una posición destacada entre los costes operativos, con una puntuación de 4,29 sobre cinco. Su impacto afecta al conjunto de las actividades empresariales, aunque resulta especialmente intenso en la construcción (4,60) y la industria (4,33), donde reduce el margen de maniobra financiera de las compañías. Por su parte, el encarecimiento y la volatilidad de los precios de la energía y las materias primas, con una valoración de 4,03, añaden presión sobre los resultados, especialmente en la industria y la construcción. La burocracia excesiva y la proliferación normativa constituyen otro obstáculo para la continuidad empresarial. El 8,7% de los encuestados las identifica como posibles desencadenantes del cierre, una proporción similar a la correspondiente a la presión competitiva (8,2%), relacionada con las guerras de precios y las prácticas de competencia desleal. A estas dificultades externas se añaden problemas internos que también comprometen la supervivencia de las empresas. Entre ellos sobresalen las dificultades para garantizar el relevo generacional, señaladas por el 13,4% de las compañías, debido principalmente a la jubilación de sus propietarios y a la ausencia de mecanismos que aseguren la continuidad del negocio. Asimismo, el 9,2% apunta a los problemas para encontrar y conservar trabajadores cualificados y profesionales con formación técnica. En cuanto a la evolución del empleo, durante 2025 las pymes españolas mantuvieron un comportamiento relativamente estable y, en términos generales, expansivo. El 61,6% conservó el mismo número de trabajadores, mientras que el 29,9% amplió sus plantillas y únicamente el 8,5% redujo su personal. La creación de empleo estuvo condicionada por el tamaño de las compañías. Las empresas medianas y pequeñas registraron los mayores porcentajes de crecimiento de sus plantillas, con un 37,5% y un 36,7%, respectivamente. En las microempresas, esta proporción fue considerablemente inferior, del 22%. Por actividades, el comercio y los servicios encabezaron el aumento de las contrataciones, con un 31,4% y un 30,5% de empresas que incorporaron trabajadores. La construcción presentó una evolución menos favorable: aunque el 28,9% de las compañías incrementó su plantilla, un 14,5% redujo el número de empleados. Las previsiones para 2026 apuntan a una moderación de las expectativas de contratación. El 68,2% de las pymes espera mantener sus equipos de trabajo, mientras que solo un 6,4% contempla realizar despidos. Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé incorporar trabajadores se sitúa en el 25,3%, por debajo del registrado en el ejercicio anterior. Las diferencias también son significativas en función del tamaño empresarial. Las compañías medianas mantienen una mayor disposición a contratar, con un 37,5% que prevé ampliar sus plantillas. En cambio, las microempresas muestran una actitud más prudente y menos del 20% contempla incorporar nuevos trabajadores. Por sectores, la construcción presenta las mejores perspectivas de creación de empleo, con un 30,1% de las pymes que espera aumentar sus equipos. Le siguen la industria, con un 26,7%, y el comercio, con un 16,9%.

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(El País, 13-11-2026) | Laboral

La remuneración media del sector financiero alcanza los 53.251 euros anuales, frente a los 14.867 de los servicios personales y de ocio

Las diferencias salariales entre los distintos sectores económicos en España siguen siendo muy significativas. Los trabajadores de las entidades financieras y aseguradoras perciben remuneraciones que multiplican por más de dos las del comercio y el transporte y que llegan a cuadruplicar las de algunas actividades de servicios. Según la estadística del Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, actualizada este miércoles por la Agencia Tributaria con datos de 2025, el salario medio anual de los casi 390.000 empleados del sector financiero y asegurador alcanzó los 53.251 euros. En el extremo opuesto se encuentran los trabajadores de otros servicios y actividades de ocio, con una retribución media de 14.867 euros anuales para un colectivo de cerca de 2,8 millones de personas. Por su parte, los 4,6 millones de asalariados del comercio y el transporte cobraron una media de 24.111 euros. La estadística recoge información de todas las provincias españolas, salvo las del País Vasco y Navarra, que disponen de sistemas tributarios propios. La clasificación salarial por actividades sitúa a las entidades financieras y aseguradoras a la cabeza, seguidas de los sectores de información y comunicaciones, con 40.036 euros anuales, y de las industrias extractivas, la energía y el agua, con 34.839 euros. Los servicios sociales registraron una media de 31.009 euros, mientras que la industria alcanzó los 30.427 euros. Por debajo se situaron la construcción y las actividades inmobiliarias, con 24.379 euros; el comercio y el transporte, con 24.111 euros, y los servicios a empresas, con 23.551 euros. Los últimos puestos correspondieron a otros servicios y actividades de ocio, con 14.867 euros, y a la agricultura y la pesca, donde la remuneración media fue de 12.073 euros anuales. Las diferencias retributivas también son importantes dentro de cada actividad dependiendo de la provincia. En el sector financiero y asegurador, Madrid registra el salario medio más elevado, con 70.482 euros anuales, prácticamente el doble que Badajoz, que presenta la remuneración más baja de esta rama. En el comercio y el transporte, la capital vuelve a encabezar la clasificación, con unos 31.000 euros, frente a los cerca de 16.000 euros de Huelva. También se observan contrastes destacados en las distintas ramas de servicios. En las actividades personales y de ocio, los ingresos medios de Baleares casi duplican los de Jaén. En los servicios a empresas, Madrid vuelve a situarse en primera posición y Jaén en la última. Por su parte, las remuneraciones de los servicios sociales en Ceuta y Melilla superan en más de 15.000 euros anuales las registradas en las provincias extremeñas. La comparación entre sectores y territorios permite identificar los salarios más elevados de la estadística. Madrid concentra buena parte de las primeras posiciones, con los 70.482 euros anuales de las entidades financieras y aseguradoras a la cabeza. También destacan Barcelona, donde los trabajadores de esta actividad perciben una media de 53.426 euros, y Madrid, con 50.509 euros en la industria extractiva. En el otro extremo, Jaén, que registra el salario medio general más bajo, presenta también la remuneración mínima de toda la clasificación en los servicios personales y de ocio. La diferencia entre este dato y el salario financiero más elevado de Madrid supera los 59.000 euros anuales. Las disparidades territoriales se reproducen en otras actividades. La industria extractiva, energética y del agua alcanza sus mayores remuneraciones en Madrid, mientras que Cuenca registra el dato más bajo. En la construcción y las actividades inmobiliarias las diferencias son más moderadas, aunque siguen siendo relevantes. La agricultura presenta uno de los contrastes más acusados: Cantabria supera los 23.000 euros anuales de salario medio, mientras que Jaén apenas rebasa los 5.000 euros. No obstante, para interpretar correctamente estas cifras es necesario tener en cuenta la metodología de la Agencia Tributaria. La estadística refleja los ingresos salariales medios anuales por trabajador, pero no equivale a una remuneración por hora ni a un sueldo correspondiente a una jornada completa durante los doce meses del año. En los cálculos se incluyen tanto los empleados a tiempo parcial como quienes trabajan de forma temporal o únicamente durante una parte del ejercicio, una circunstancia especialmente relevante en las actividades estacionales. La agricultura constituye un ejemplo de esta particularidad. La estadística registra una media nacional de 2,39 percepciones salariales por persona durante el año, lo que evidencia la fragmentación de los ingresos a lo largo del ejercicio. En Jaén, los 5.263 euros de salario medio anual en esta actividad, con 4,2 percepciones por trabajador, no representan necesariamente la remuneración de un jornalero empleado a jornada completa durante todo el año, sino que reflejan en buena medida la temporalidad y el carácter discontinuo de estos trabajos. En cambio, las entidades financieras y aseguradoras y la industria registran cerca de 1,2 percepciones salariales por persona, un indicador que apunta a una mayor continuidad en el empleo. Las diferencias entre sectores también están relacionadas con la composición de sus plantillas y las características de los puestos de trabajo. Las actividades financieras y aseguradoras concentran empleos que requieren habitualmente una mayor cualificación y especialización, mientras que el comercio y buena parte de los servicios personales cuentan con ocupaciones más diversas, en las que tienen mayor presencia los salarios reducidos, las jornadas parciales y la contratación estacional. Las diferencias de productividad entre actividades también contribuyen a explicar esta brecha, aunque los datos no permiten determinar el peso concreto de cada factor. En términos generales, la estadística de 2025 sitúa el salario medio anual en España en 28.685 euros para un colectivo próximo a los 17 millones de asalariados. Por otro lado, los 9,2 millones de pensionistas incluidos en el estudio percibieron una prestación media anual de 20.752 euros.

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(El País, 13-11-2026) | Laboral

España ya es el segundo país de la UE con más trabajadores nacidos en el extranjero

La inmigración se ha consolidado como uno de los principales factores de crecimiento del mercado laboral español. En apenas diez años, España ha pasado a situarse entre las economías desarrolladas que más trabajadores extranjeros incorporan a su actividad productiva. En 2025 contaba con más de 4,8 millones de ocupados nacidos en otros países, lo que la convertía en el segundo Estado de la Unión Europea con mayor número de trabajadores de origen extranjero, únicamente por detrás de Alemania. A escala internacional, España ocupa el cuarto puesto entre las economías desarrolladas que más mano de obra migrante atraen, según el informe International Migration Outlook 2026, publicado por la OCDE. Esta evolución mantiene una tendencia creciente. Durante el pasado año llegaron a España 460.500 nuevos residentes permanentes, un 25% más que en 2024. Entre las principales economías europeas, solo Alemania recibió un mayor número de nuevos residentes. El cambio también se aprecia en la composición demográfica: desde 2015, la población nacida en el extranjero ha aumentado un 61% y representa ya prácticamente el 20% de los habitantes del país. La llegada de población extranjera ha contribuido a compensar parcialmente el envejecimiento demográfico y a cubrir vacantes en actividades con dificultades para encontrar trabajadores, como la construcción. Sin embargo, su aportación al crecimiento económico sigue condicionada por su concentración en sectores de productividad reducida. Marruecos constituye el principal país de origen de estos trabajadores, seguido de varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Perú. La presencia de empleados extranjeros es especialmente elevada en determinadas actividades. En la hostelería representan cerca de la mitad de las personas ocupadas, mientras que en la construcción y los servicios de cuidados superan el 30%. También tienen un peso significativo en el comercio, donde suponen el 15% del empleo, la industria manufacturera (11%), los servicios domésticos (8%) y la agricultura (5%). Se trata de actividades fundamentales para el funcionamiento de la economía, pero caracterizadas, en buena medida, por una elevada intensidad de mano de obra, una productividad relativamente baja, remuneraciones más reducidas y una mayor inestabilidad laboral. La OCDE advierte de que una parte importante de los inmigrantes desempeña trabajos que requieren una cualificación inferior a la que poseen. Esta situación supone desaprovechar una parte de su formación y experiencia profesional. Aunque España destaca por su capacidad para incorporar trabajadores extranjeros al mercado laboral, también presenta uno de los mayores desajustes entre la preparación de estos empleados y los puestos que ocupan. El informe señala que la tasa de empleo de la población extranjera en España se aproxima considerablemente a la de los trabajadores nativos: alcanza el 66,6%, frente al 67,1% de estos últimos. Esta diferencia contrasta con la registrada en otros países europeos, como Alemania, donde la brecha llega a diez puntos porcentuales, o Países Bajos, donde se acerca a los trece. Sin embargo, la integración laboral no siempre se traduce en un aprovechamiento adecuado del capital humano. Muchos extranjeros con estudios superiores terminan ocupando puestos de cualificación baja o intermedia. Entre los obstáculos que explican esta situación figuran las dificultades para homologar titulaciones, acreditar la experiencia profesional adquirida en sus países de origen y acceder a determinadas ocupaciones. En el conjunto de la OCDE, el 33% de los trabajadores extranjeros con formación superior desempeña empleos de cualificación baja o media, frente al 24% de los trabajadores nativos. En España, este desajuste supera el 50%, lo que evidencia las dificultades para aprovechar plenamente las capacidades profesionales de la población inmigrante. Esta situación también tiene consecuencias sobre la productividad. Según la OCDE, la concentración inicial de los trabajadores extranjeros en actividades menos productivas restó un punto porcentual al crecimiento de la productividad agregada española entre 2014 y 2024. La posterior incorporación de parte de estos empleados a sectores con mayor productividad permitió compensar parcialmente ese efecto, aunque no fue suficiente para revertirlo. El organismo subraya que el problema no reside en la llegada de trabajadores extranjeros, sino en que su incorporación no ha ido acompañada de una transformación suficiente de la estructura productiva y empresarial. En materia migratoria, España también ha seguido una estrategia diferente a la de buena parte de las economías desarrolladas. Mientras países como Reino Unido, Canadá y Alemania han endurecido sus políticas mediante mayores exigencias salariales, restricciones al número de entradas y nuevas limitaciones en los procedimientos de asilo, el Gobierno español ha optado por flexibilizar la normativa y ampliar las vías de regularización. La reforma del Reglamento de Extranjería, que entró en vigor en mayo de 2025, simplificó los procedimientos para obtener permisos de residencia, redujo los plazos exigidos y estableció cinco modalidades de arraigo. A esta modificación se ha añadido el proceso extraordinario de regularización de 2026, que ha recibido 1,2 millones de solicitudes, de las cuales 610.000 han sido admitidas a trámite. Esta política responde también a las necesidades demográficas y económicas del país. El envejecimiento de la población y las dificultades de numerosas actividades para cubrir sus vacantes hacen necesaria la incorporación de nuevos trabajadores para mantener el crecimiento y sostener el mercado laboral. En cualquier caso, el peso de la inmigración en la creación de empleo no es exclusivo de España. La OCDE destaca que, entre 2014 y 2024, los trabajadores extranjeros representaron al menos la mitad del crecimiento neto del empleo en la mitad de los países que integran la organización.

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(La Vanguardia, 13-11-2026) | Laboral

Las mujeres cobran pensiones un 24,5% más bajas

La desigualdad salarial entre hombres y mujeres también se refleja en las pensiones. Las diferencias acumuladas durante la vida laboral, derivadas de jornadas más reducidas, salarios inferiores y una mayor dedicación a los cuidados, hacen que las mujeres perciban prestaciones más bajas al jubilarse. En la Unión Europea, la brecha de género en las pensiones alcanza el 24,5%. Esta situación centró uno de los debates celebrados en el Parlamento Europeo durante la semana de la igualdad de género. Expertas y eurodiputadas analizaron los avances logrados mediante las políticas destinadas a reducir esta diferencia, así como los desafíos que todavía persisten. En los últimos años, varios países comunitarios han aprobado medidas para reconocer los períodos dedicados al cuidado de los hijos como parte de la trayectoria laboral y contribuir así a reducir la brecha. Francia, Bélgica y España figuran entre los Estados que han impulsado este tipo de iniciativas. La diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres también ha disminuido con la jubilación de la generación del baby boom, en la que la incorporación femenina al mercado de trabajo fue más elevada que en las anteriores. Según la OCDE, la brecha se ha reducido del 28% al 23% entre 2007 y 2024. En España, ha pasado de superar el 30% hace una década al 29,2% actual. Detrás de esta desigualdad confluyen distintos factores, aunque el principal está relacionado con las diferencias en los ingresos acumulados durante la vida laboral. Monika Queisser, asesora principal del director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE y responsable de su división de política social, señaló que la menor cantidad de horas trabajadas explica buena parte de la diferencia. Las mujeres recurren con mayor frecuencia al empleo a tiempo parcial y también asumen más habitualmente los permisos y las interrupciones laborales por cuidados. La actividad laboral no es, sin embargo, el único elemento que influye. Lina Salanauskaite, investigadora del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE), advirtió de que los sistemas fiscales de los países de la UE también pueden contribuir a mantener las diferencias. Las personas con rentas bajas, entre las que hay una mayor proporción de mujeres, acceden a menos ventajas fiscales. Además, en numerosos Estados los rendimientos de los planes de pensiones de capitalización están exentos de impuestos, una circunstancia que favorece especialmente a quienes disponen de mayores ingresos y capacidad de ahorro. Esta desigualdad también se aprecia en los países donde los planes de pensiones de empresa tienen un mayor desarrollo. En Países Bajos, por ejemplo, estos sistemas están muy extendidos, pero las mujeres trabajan con más frecuencia a tiempo parcial. Aunque los complementos privados pueden ayudar a mejorar las prestaciones, también reproducen las diferencias existentes en el mercado laboral. La brecha de género en las pensiones neerlandesas alcanza el 36,3%, según Eurostat. Durante el debate, varias eurodiputadas defendieron la necesidad de avanzar en transparencia salarial y mejorar la educación financiera de las mujeres. No obstante, la experta de la OCDE recordó que no existe un modelo de pensiones que garantice por sí mismo la igualdad, ya que sus resultados dependen en gran medida de las características del mercado laboral. En el extremo opuesto de las estadísticas se encuentra Estonia, donde la diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres se limita al 5%. Sin embargo, este resultado no implica que el país haya eliminado las desigualdades laborales. Salanauskaite explicó que responde, en buena medida, a los patrones históricos de empleo y a los mecanismos redistributivos de su sistema de pensiones. De hecho, Estonia registra una de las brechas salariales entre hombres y mujeres más elevadas de la Unión Europea. La reducida diferencia en las pensiones estonias está relacionada con el legado de la etapa soviética, durante la que las mujeres alcanzaron tasas más elevadas de empleo a tiempo completo. La investigadora advierte de que esta situación podría cambiar en las próximas décadas. El aumento del trabajo a tiempo parcial, especialmente entre las mujeres, y las interrupciones profesionales para atender a los hijos podrían ampliar la brecha entre las generaciones más jóvenes.

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(Expansión, 12-11-2026) | Laboral

Las alzas salariales se estancan en el 3%, casi dos puntos por debajo del IPC actual

Los salarios acumulan ocho meses consecutivos creciendo por debajo de la inflación. Esta diferencia, que alcanzó los 1,8 puntos porcentuales en septiembre y octubre, está intensificando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Durante cerca de dos años, las subidas salariales acordadas en convenio superaron el incremento de los precios, lo que permitió a los trabajadores recuperar parcialmente el poder de compra perdido durante la anterior crisis inflacionista, desarrollada entre mediados de 2021 y buena parte de 2023. Esta evolución favorable comenzó en julio de 2024, pero se interrumpió en marzo de este año, cuando el IPC volvió a situarse por encima de los incrementos retributivos. Desde entonces, la diferencia no ha dejado de crecer y la inflación acumula ya ocho meses avanzando a mayor ritmo que los salarios. El principal factor detrás de este cambio es la nueva crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Próximo, cuyos efectos se prolongan desde hace más de ocho meses. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos registrados hasta octubre alcanzó el 3,06%, apenas una centésima más que en septiembre, aunque por encima del 2,87% registrado al comienzo del ejercicio. Aunque las retribuciones han mantenido una trayectoria ascendente desde enero, sus avances han sido muy moderados, en contraste con la aceleración de los precios, cuya tasa de inflación pasó del 2,3% de enero y febrero al 4,9% en septiembre y octubre. De este modo, el IPC supera en 1,84 puntos el incremento salarial medio, una diferencia que refleja el deterioro de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Los sindicatos han relacionado la movilización con los problemas de acceso a la vivienda y la evolución de los salarios, mientras que las organizaciones empresariales consideran que responde principalmente a intereses políticos ante la proximidad de las elecciones generales. Al margen de estas diferencias, el distanciamiento entre las subidas salariales y la inflación añade tensión a la negociación colectiva. Esta situación coincide con el anuncio del Gobierno de elevar un 5,3% el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027, una propuesta que los empresarios califican de electoralista, y con las reivindicaciones sindicales de incrementos de entre el 4% y el 7% para el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, después de que el anterior concluyera su vigencia a finales de 2025. Por el momento, los incrementos recogidos en los convenios apenas alcanzan el límite inferior de las demandas sindicales y solo afectan a una parte de los trabajadores. De los 3.162 acuerdos registrados hasta octubre con efectos económicos en 2026, únicamente 920 contemplan subidas superiores al 3%. En estos convenios, un total de 382.006 empresas han pactado con sus 3,12 millones de empleados un aumento salarial medio del 4,04%, casi un punto por encima del promedio general, aunque todavía inferior en aproximadamente un punto a la inflación. Este grupo representa el 32,6% de los 9,57 millones de trabajadores incluidos en convenios colectivos hasta octubre. El 67,4% restante tendrá incrementos inferiores al 3%. Las subidas oscilan desde la congelación salarial, que afecta a 5.968 trabajadores, hasta el 2,96% acordado para 3,95 millones de empleados. Entre ambos extremos se encuentra el aumento del 1,98% correspondiente a otros 1,23 millones de asalariados. Pese a las diferencias entre empresas y colectivos, la evolución muestra una tendencia moderadamente alcista. Así lo refleja el hecho de que los convenios firmados durante 2026 establezcan incrementos medios del 3,6%, frente al 2,91% de aquellos suscritos en ejercicios anteriores, pero que también tienen efectos económicos durante este año. En un contexto de inflación elevada, algo más del 39% de los trabajadores cubiertos por convenios dispone de cláusulas de garantía salarial, un mecanismo que permite proteger sus retribuciones frente a las subidas de precios. Sin embargo, esta protección no siempre compensa las pérdidas ya acumuladas, puesto que en la mayoría de los casos no tiene carácter retroactivo. De los 3,76 millones de trabajadores amparados por estas cláusulas, 2,38 millones no cuentan con efectos retroactivos. Por ramas de actividad, la construcción registró el mayor incremento salarial medio, con un 3,09%, seguida de los servicios, con un 3,08%, y de la industria, con un 3%. En el sector agrario, las mejoras se limitaron al 2,76%, por debajo de la media del conjunto de actividades.

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(El País,12-11-2026) | Laboral

Los sindicatos avisan: “Si van contra la gente, nos volverán a tener enfrente”

La huelga general de este miércoles está marcada por las diferentes valoraciones de sindicatos y empresarios sobre su seguimiento. UGT y CC.OO. destacan el «éxito» de la convocatoria y aseguran que la participación ha superado sus previsiones, mientras que la CEOE considera que el impacto de la movilización ha sido «bajo». Ambas partes coinciden, no obstante, en que el seguimiento está siendo desigual y presenta importantes diferencias según el territorio y la actividad económica. Según los datos facilitados por las organizaciones sindicales a media mañana, Catalunya y Andalucía registran los mayores niveles de participación, con porcentajes superiores al 80%. Los representantes de CC.OO. y UGT han señalado que la incidencia ha sido especialmente elevada en sectores como la industria y la automoción. En el extremo opuesto sitúan a Extremadura y Castilla-La Mancha, donde cifran el seguimiento en torno al 41%. Las organizaciones empresariales, por su parte, manejan estimaciones inferiores. Al mediodía, los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, han valorado la jornada desde la plaza de Cibeles, en Madrid, y han afirmado que la respuesta de los trabajadores está siendo mejor de lo esperado. Álvarez ha asegurado que la huelga ha alcanzado los resultados previstos por los organizadores o incluso los ha superado, y ha felicitado a quienes han participado en la convocatoria. Sordo también ha calificado la movilización de «éxito» y ha destacado que, pese a las diferencias territoriales y sectoriales, ha logrado una amplia respuesta. El secretario general de CC.OO. ha denunciado, además, lo que ha calificado de «violencia policial sin precedentes en la historia de España» contra los piquetes durante la noche en Madrid, donde los agentes habrían empleado gas pimienta. El sindicato ha anunciado que llevará estos hechos ante los tribunales. Los sindicatos que han convocado la huelga general del 11-N consideran que las movilizaciones celebradas este miércoles constituyen solo el inicio de una estrategia de protesta que llevan preparando desde hace meses. Sus reivindicaciones se centran en las dificultades para acceder a una vivienda y en la amenaza de nuevos recortes presupuestarios en los servicios públicos. Desde Comisiones Obreras advierten de que mantendrán la movilización frente a las propuestas de las formaciones políticas que, a su juicio, supongan un retroceso en los derechos sociales. La primera huelga general desde 2012, cuando los sindicatos llamaron a movilizarse contra los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), ha tenido este miércoles un seguimiento territorial "dispar", según sus propios promotores, que la han calificado de "éxito". Cataluña, Galicia, Asturias o Aragón son las regiones en las que el impacto de los paros ha sido mayor, o más visible, debido al seguimiento en el sector naval, la industria pesada, el transporte o la actividad portuaria. En Madrid o Andalucía se esperan manifestaciones multitudinarias para esta tarde, aunque condicionadas por el mal tiempo, que ha obligado a suspender las concentraciones de Cádiz y Huelva por el riesgo de la borrasca Charles. Los sindicatos han señalado a Extremadura, Castilla-La Mancha o Castilla y León como las regiones con menos apoyo a las protestas, y describieron unos porcentajes de seguimiento a las 7.00 que variaron del 75% en los territorios donde las movilizaciones tuvieron más éxito al 40% allí donde convencieron a menos trabajadores de los turnos nocturnos. Posteriormente, destacaron un 84% de seguimiento en Cataluña, y cifraron en un 65% el impacto en Madrid. Marcelo Picazo, secretario de Comunicación de CC OO, señaló durante la manifestación que varias de las fuerzas políticas que concurren a las próximas elecciones han anunciado medidas que consideran perjudiciales para la ciudadanía. Entre los posibles riesgos mencionó los ajustes en las pensiones, un eventual endurecimiento de las bajas laborales con el argumento de combatir el absentismo y el recorte de 60.000 millones de euros en el gasto público planteado por Vox a partir de una estimación del Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado a la CEOE. Por su parte, Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, calificó de éxito la huelga general y aseguró que las concentraciones de este miércoles serán las primeras de una serie de movilizaciones. Defendió que la protesta no se dirige únicamente contra un posible futuro Ejecutivo, sino contra todos los gobiernos, incluido el actual, además de contra la patronal y los propietarios que obtienen rentas del alquiler, a quienes responsabiliza de la crisis de vivienda. Del Río reclamó un cambio profundo en las políticas de vivienda, con medidas que permitan frenar la especulación, sacar al mercado las viviendas vacías y reducir legalmente los precios del alquiler. A su juicio, las actuaciones aplicadas hasta ahora no han resuelto el problema y es necesario avanzar hacia un nuevo modelo residencial. La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores también figura entre las principales reivindicaciones sindicales. UGT pretende trasladar a las próximas negociaciones salariales la exigencia de incrementos superiores al 4,9%, tasa de inflación registrada en octubre. Asimismo, reclama que el salario mínimo interprofesional (SMI) aumente un 7% en 2027. Desde CC OO, Picazo denunció el bloqueo de la negociación colectiva durante 2026 y responsabilizó a las organizaciones empresariales de la falta de avances en la renovación de los convenios. Según explicó, la patronal ha evitado sentarse a negociar durante el año y podría estar retrasando las conversaciones a la espera de conocer el resultado de las próximas elecciones y la posible llegada de un Gobierno más próximo a sus planteamientos. El portavoz sindical también respondió a las críticas por convocar una huelga general mientras el Ejecutivo se encuentra en funciones. En su opinión, la situación responde a la dificultad de un Gobierno progresista para sacar adelante determinadas medidas sociales ante la mayoría parlamentaria de derechas, que ha impedido la aprobación de iniciativas relacionadas con la vivienda y la reducción de la jornada laboral. Los representantes sindicales consultados coincidieron en la necesidad de mantener la colaboración entre las organizaciones de clase y los movimientos sociales para dar continuidad a las protestas. CC OO considera especialmente importante coordinarse con las plataformas de vivienda, que han impulsado buena parte de las recientes movilizaciones. No obstante, Picazo subrayó que cualquier futura convocatoria de carácter laboral deberá apoyarse en sindicatos organizados, con experiencia en la movilización y capacidad para articular la acción colectiva. Mientras, la CEOE ha ofrecido su valoración, en la que coincide en que el seguimiento varía entre sectores y territorios. A diferencia de los sindicatos, asegura que se observa un "bajo seguimiento de la huelga en la mayoría de ellos" que, en cambio, es "algo más elevado en zonas y sectores más sindicalizados". La patronal también pone énfasis en el consumo de electricidad, aunque con una interpretación distinta. Coincide en que la demanda ha llegado a ser un 10% inferior a lo habitual, pero destaca que está por debajo de la de huelgas anteriores, cuando el descenso fue superior al 14%.

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(El Economista, 12-11-2026) | Laboral

El paro ha bajado en España del 13% al 10,5% entre 2022 y 2025, pero ese ritmo de descenso se ha agotado

La tasa de paro en España podría mantenerse alrededor del 10% al menos hasta 2028, pese a que la economía continúe creciendo a un ritmo próximo al 2%. Así lo advierte un nuevo informe de EY Insights, que atribuye esta resistencia del desempleo a que la creación de puestos de trabajo apenas será suficiente para absorber a las personas que se incorporen al mercado laboral. El estudio señala que el crecimiento económico español sigue dependiendo principalmente del aumento del número de trabajadores y no tanto de las mejoras de productividad. El documento, correspondiente a la primera edición de EY Insights Forecasts, ha sido elaborado por Ángel Gavilán, exdirector general de Economía y Estadística del Banco de España, y Víctor Ausín, exdirector general de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía. Sus previsiones apuntan a un crecimiento del PIB del 2,6% en 2026, del 2,2% en 2027 y del 1,9% en 2028, registros que superarían los de la mayoría de las economías europeas. Sin embargo, la tasa de desempleo apenas variaría: pasaría de una media del 10,3% este año al 10,1% en 2027 y 2028. La explicación se encuentra en la progresiva desaceleración de la creación de empleo, que terminará creciendo prácticamente al mismo ritmo que la población activa, es decir, el conjunto de personas ocupadas y desempleadas que buscan trabajo. Según las estimaciones del informe, el número de ocupados de entre 16 y 64 años aumentará un 1,7% en 2027 y un 1,3% en 2028, mientras que la población activa de esa misma franja de edad crecerá un 1,6% y un 1,3%, respectivamente. Esta evolución contrasta con la de los últimos años, cuando el empleo avanzó a mayor velocidad que la población activa y permitió reducir progresivamente el desempleo. El aumento de la población activa estará impulsado por dos factores. Por un lado, la inmigración, cuya evolución se proyecta de acuerdo con las previsiones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por otro, la incorporación de un mayor número de personas al mercado laboral. Esta última tendencia, que se mantiene desde finales de 2019, elevará la tasa de actividad desde el 76,2% de 2025 hasta el 77,6% en 2028. Ante este escenario, Ausín considera que la economía española conservará un crecimiento sólido, aunque sin que ello se traduzca en una reducción significativa del paro. Gavilán y Ausín advierten de que la persistencia de un desempleo elevado resulta difícil de conciliar con las dificultades que manifiestan muchas empresas para encontrar trabajadores. Una proporción importante de compañías identifica la falta de mano de obra como uno de los principales obstáculos para desarrollar su actividad, mientras que el volumen de puestos vacantes continúa siendo elevado. Parte de esta contradicción se explica por la evolución registrada durante el verano. En el tercer trimestre, la población activa volvió a crecer con intensidad, principalmente por la llegada de trabajadores extranjeros, mientras que la creación de empleo perdió impulso. Esta combinación mantuvo la tasa de paro en torno al 10%, una dinámica que, según las proyecciones de EY, continuará durante los próximos ejercicios. El informe también detecta un deterioro en las posibilidades de encontrar empleo para quienes están desempleados. Durante el tercer trimestre se registraron unas 68.000 salidas del paro hacia la ocupación menos que la media observada entre 2023 y 2025. Esta pérdida de dinamismo afectó especialmente a los desempleados de nacionalidad española. Por ello, los autores consideran necesario reforzar las políticas activas de empleo y los programas de reincorporación laboral, prestando especial atención a los colectivos con mayores dificultades de inserción, entre ellos los trabajadores de más edad. Las personas mayores de 50 años representan el 30% del total de desempleados, según los datos del INE utilizados en el estudio. Gavilán destaca que, aunque la actividad económica mantiene un ritmo de crecimiento sólido, el desempleo muestra una resistencia considerable a la baja. El otro gran desequilibrio identificado por EY se encuentra en la productividad. El crecimiento económico de España se apoya fundamentalmente en la incorporación de trabajadores, mientras que los avances en eficiencia siguen siendo limitados. Las estimaciones del informe indican que entre 2019 y 2028 la producción por hora trabajada aumentará únicamente un 3,7%, mientras que la productividad por ocupado apenas avanzará un 0,4%, a pesar de que el PIB acumulará un crecimiento del 17,5%. Esta evolución evidencia que la economía española continúa dependiendo más de la creación de empleo que de las mejoras en la capacidad productiva. Para modificar este patrón, los autores consideran necesarias reformas estructurales que permitan impulsar la productividad y consolidar un crecimiento económico más equilibrado. Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights, identifica precisamente en este ámbito uno de los principales desafíos económicos del país: convertir el actual dinamismo en un incremento más intenso y sostenido de la productividad. Para ello, considera prioritario impulsar la inversión en capital físico e intangible, favorecer la expansión de las empresas más productivas y aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización. A esta situación se añade el incremento de los costes laborales unitarios, que desde finales de 2019 han aumentado un 29,3% en España, frente al 23,2% registrado en el conjunto de la zona euro. El informe advierte de que esta diferencia exige cautela por sus posibles repercusiones sobre la competitividad empresarial. Asimismo, prevé que las dificultades para cubrir las necesidades de personal continúen generando presiones sobre los precios de los servicios. La persistencia del desempleo también tendrá consecuencias sobre las finanzas públicas. EY estima que el déficit público alcanzará el 2,7% del PIB tanto en 2027 como en 2028. La estabilidad de la tasa de paro limitará la contribución del ciclo económico a la mejora de las cuentas públicas, mientras que la retirada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la crisis energética no será suficiente para compensar este efecto. Por su parte, el déficit estructural se mantendrá alrededor del 3,2% del PIB, reduciendo el margen de actuación de la política fiscal ante posibles dificultades económicas futuras. La inmigración, que ha sido uno de los principales motores del crecimiento económico y del empleo en los últimos años, también aparece entre los factores de incertidumbre del escenario previsto por EY. Los autores señalan que no está garantizado que la llegada de trabajadores extranjeros mantenga la misma intensidad durante los próximos ejercicios. Su contribución dependerá tanto de la capacidad para facilitar su integración laboral y social como de la disponibilidad de infraestructuras, servicios públicos y vivienda suficientes para atender el aumento de población. En este último ámbito, el informe advierte de que durante 2027 y 2028 seguirá ampliándose el desequilibrio entre la creación de nuevos hogares y la construcción de viviendas, ya que se prevé que el número de hogares aumente por encima de la oferta residencial.

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(Expansión, 11-11-2026) | Laboral

Huelga: claves para empresas y trabajadores

Las empresas deben recordar que no pueden preguntar a sus empleados si tienen previsto secundar la huelga ni recurrir a otros trabajadores para sustituir a quienes participen en ella. Asimismo, las deducciones salariales deberán ajustarse estrictamente al tiempo de inactividad. Varias organizaciones sindicales, entre ellas CCOO, UGT y CGT, han convocado una huelga general de 24 horas para el miércoles 11 de noviembre. La movilización tiene como principales reivindicaciones el acceso a la vivienda, la mejora del poder adquisitivo y el impulso de la negociación colectiva. El impacto económico de la convocatoria dependerá del seguimiento que consiga. Tomando como referencia el PIB español, que refleja la riqueza generada en el país durante el conjunto de jornadas laborales del año, es posible realizar una estimación aproximada de sus efectos. Si la mitad de los trabajadores secundara el paro, las pérdidas podrían alcanzar el 0,2% del PIB, lo que representa más de 3.300 millones de euros. Ante esta situación, las empresas se enfrentan al reto de mantener la actividad con los empleados que decidan trabajar, respetando al mismo tiempo el derecho fundamental de huelga. Para ello, deben conocer los límites legales de las medidas organizativas que pueden adoptar. Con carácter general, todos los trabajadores por cuenta ajena pueden participar en la huelga, con independencia del tipo de contrato, la antigüedad, el sector en el que desarrollen su actividad o su afiliación sindical. Así lo explica Montse Rodríguez, socia y directora nacional del área legal laboral de BDO Abogados. Este derecho también alcanza a los empleados que se encuentran en periodo de prueba, trabajan a distancia o prestan sus servicios a través de una empresa de trabajo temporal. Las compañías tampoco pueden exigir a sus empleados que comuniquen anticipadamente si tienen intención de secundar la convocatoria. Según recuerda Rodríguez, los trabajadores no están obligados a informar de su decisión, por lo que las empresas deben evitar tanto las consultas directas como la elaboración de listas o encuestas que puedan interpretarse como una forma de presión. Francisco Fernández Díez, socio responsable del área laboral de KPMG Abogados, recomienda organizar la actividad mediante diferentes previsiones de absentismo, contemplando distintos escenarios de participación en la huelga sin pedir a los empleados que anticipen su decisión. Una vez finalizada la jornada, sí será posible comprobar las ausencias y diferenciar las motivadas por el paro de las que tengan otras causas. En materia retributiva, las empresas pueden descontar de la nómina el salario correspondiente al tiempo de huelga, la parte proporcional del descanso semanal y la correspondiente a las pagas extraordinarias. Sin embargo, no cabe reducir los días de vacaciones ni la antigüedad del trabajador. En cuanto a los pluses y complementos salariales, será necesario analizar las condiciones específicas que regulan cada concepto. Fernández Díez insiste en que las deducciones deben guardar una proporción exacta con el tiempo de huelga. Cuando el trabajador secunda la convocatoria durante toda la jornada, pasa a una situación de alta especial en la Seguridad Social, durante la cual no existe obligación de cotizar. Respecto a la organización del trabajo, las compañías pueden continuar desarrollando su actividad con los empleados que no participen en la movilización, pero tienen prohibido sustituir a quienes ejerzan su derecho de huelga. Esta limitación impide recurrir a nuevas contrataciones, personal de empresas de trabajo temporal o modificaciones de funciones, turnos y centros de trabajo que tengan como finalidad cubrir los puestos de los huelguistas. La prohibición también alcanza a los directivos y mandos intermedios, aunque se ofrezcan voluntariamente para asumir esas tareas. En el caso de los sistemas automatizados, pueden seguir funcionando con normalidad, pero incrementar excepcionalmente su utilización para compensar el trabajo paralizado y neutralizar los efectos de la huelga podría constituir una vulneración de este derecho fundamental. También es necesario diferenciar los servicios mínimos de los servicios de seguridad y mantenimiento. Los primeros únicamente pueden establecerse en actividades esenciales para la comunidad, como determinados servicios sanitarios, de transporte o de suministro, y corresponde a la autoridad competente determinar su alcance. Por el contrario, los servicios de seguridad y mantenimiento pueden establecerse en cualquier empresa para proteger a las personas, las instalaciones y los bienes, así como garantizar que la actividad pueda reanudarse una vez finalizado el paro. En ningún caso pueden utilizarse para mantener la producción habitual. Según explica Fernández Díez, las resoluciones que concretan los servicios mínimos suelen publicarse entre tres y seis días antes de la celebración de una huelga general, siguiendo el procedimiento habitual de anteriores convocatorias. En las empresas que trabajan mediante distintos turnos, el inicio y la finalización de la huelga no tienen por qué coincidir exactamente con las 24 horas del día 11 de noviembre. El paro comenzará con el primer turno, incluso si este se inicia antes de la medianoche del día 10, y concluirá cuando termine el último turno, aunque su actividad se prolongue más allá de las 24 horas del día 11. La misma consideración se aplica a los procesos de producción de bienes o prestación de servicios que deban estar disponibles durante esa jornada, cuya actividad deberá interrumpirse el día anterior. En cuanto a la actuación de los piquetes, las empresas deben permitir la presencia de grupos informativos siempre que desarrollen su labor de manera pacífica. Este derecho no ampara amenazas, coacciones, violencia ni actuaciones que impidan ilegítimamente el acceso al centro de trabajo. Si se producen incidentes, resulta conveniente dejar constancia de lo sucedido y recopilar las pruebas correspondientes. Como regla general, los centros de trabajo deben permanecer abiertos. El incumplimiento de las garantías legales puede acarrear consecuencias importantes para las compañías. Una de las más graves es la nulidad del despido de un trabajador por participar en una huelga legal, lo que obliga a readmitirlo y abonar los salarios de tramitación. Únicamente podrán imponerse sanciones cuando existan incumplimientos acreditados que no estén relacionados con el ejercicio legítimo del derecho de huelga. Por ello, Montse Rodríguez recomienda trasladar instrucciones claras a los responsables de los equipos, comprobar las condiciones concretas de la convocatoria y preparar con antelación los procedimientos necesarios para gestionar las ausencias, el registro de jornada, las nóminas y las obligaciones ante la Seguridad Social.

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(Expansión, 11-11-2026) | Laboral

El absentismo se desborda y costará 17.500 millones a las empresas en 2026 con Asturias y Canarias a la cabeza

El gasto total que generan las bajas laborales para las empresas y la Seguridad Social alcanzará los 36.150 millones de euros en 2026. Cada jornada, alrededor de 1,6 millones de trabajadores no acuden a su puesto, de los cuales 1,2 millones se encuentran en situación de incapacidad temporal por motivos médicos. El aumento del absentismo laboral, especialmente significativo desde la pandemia, ha adquirido un protagonismo creciente en el debate político debido a sus consecuencias económicas tanto para las empresas como para las cuentas públicas. Las previsiones para 2026 apuntan a que los empleadores tendrán que asumir 17.500 millones de euros por los costes asociados a las bajas laborales. Esta cantidad representa un 8% más que en 2025 y un incremento del 148% respecto a 2018, lo que evidencia que el gasto empresarial se ha multiplicado por más de dos en ocho años. Si se suma la parte correspondiente a la Seguridad Social, el coste total de las bajas por contingencias comunes superará los 36.150 millones de euros. La factura que soportan las empresas incluye diferentes conceptos: el abono de la prestación económica entre el cuarto y el decimoquinto día de baja, los complementos salariales y mejoras establecidos en los convenios colectivos desde el primer día, así como las cotizaciones a la Seguridad Social que deben seguir pagando durante ese periodo. Sin embargo, el impacto del absentismo va mucho más allá de los desembolsos directos. También repercute en la productividad y en la actividad económica, al reducir la capacidad de producción de bienes y prestación de servicios. Según las estimaciones de la patronal de las mutuas de accidentes de trabajo (AMAT), el valor económico de la actividad que dejaron de generar los trabajadores en situación de incapacidad temporal alcanzó los 150.924 millones de euros en 2025. Los indicadores de absentismo también reflejan la dimensión del problema. Aunque las cifras varían según la metodología empleada por cada organismo, los distintos estudios coinciden en situar las ausencias laborales en niveles elevados. AMAT calcula que la tasa de absentismo por incapacidad temporal se situó en el 7,04% en 2025, lo que equivale a 1,4 millones de trabajadores ausentes diariamente por motivos médicos. Por su parte, Randstad Research estima que el absentismo general alcanzó el 7,2% durante el segundo trimestre de 2026, el registro más elevado de los últimos cinco años. Dentro de esta cifra, las bajas por incapacidad temporal representaron una pérdida del 5,6% de las horas de trabajo pactadas. En términos absolutos, supone que cada día faltan a su puesto 1,6 millones de personas, de las cuales 1,2 millones están de baja médica. The Adecco Group Institute sitúa la tasa de absentismo en el 7,76% durante ese mismo trimestre. Este porcentaje supera en 2,26 puntos el nivel previo a la pandemia, registrado en 2019, y constituye el tercer dato más elevado de los 30 trimestres analizados. Únicamente se superó durante el segundo trimestre de 2020, marcado por el confinamiento, cuando alcanzó el 8,83%, y en el cuarto trimestre de 2025, con un 7,78%. La incidencia del absentismo presenta importantes diferencias territoriales. De acuerdo con los datos de Randstad, Asturias y Canarias encabezan las tasas autonómicas, ambas con un 9%. Les siguen el País Vasco, con un 8,7%; Cantabria, con un 8,5%, y Galicia, con un 8,2%. Todas estas comunidades superan la media nacional del 7,2%. En el otro extremo se encuentran Baleares, con el porcentaje más bajo, del 5,5%, seguida de Madrid y La Rioja, ambas con un 6,3%. Castilla-La Mancha registra un 6,7% y la Comunidad Valenciana, un 6,8%. Por sectores de actividad, las mayores proporciones de horas de trabajo perdidas respecto al total de las pactadas corresponden a los servicios postales y de correos, con un 12,6%. A continuación figuran los servicios a edificios y las actividades de jardinería, con un 12%; los juegos de azar y apuestas, con un 11,4%; la asistencia en establecimientos residenciales, con un 10,9%, y las actividades sanitarias, con un 10,7%. Durante el primer semestre de 2026 también se ha producido un aumento considerable de la duración de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes. Según AMAT, las bajas finalizadas durante este periodo tuvieron una duración media de 51,41 días, un 17,4% más que en el mismo semestre del año anterior. En términos absolutos, supone 7,62 días adicionales respecto a los 43,79 días registrados en 2025. La evolución mensual confirma esta tendencia. La duración media comenzó en enero en 44,11 días, aumentó progresivamente hasta alcanzar los 54,65 días en mayo y se situó en 53,52 días en junio. Uno de los factores que explican este incremento es la acumulación de expedientes de larga duración. A finales de junio de 2026 había 147.020 procesos de baja abiertos con una duración de entre 365 y 730 días. Aunque esta cifra se encuentra por debajo del máximo histórico de diciembre de 2025, cuando se contabilizaron 155.203 casos, supone un crecimiento del 328% respecto a enero de 2019, cuando se registraban 34.288 expedientes. La situación también resulta significativa en las bajas que se prolongan entre 545 y 731 días. A 30 de junio de 2026 se contabilizaban 46.204 procesos de este tipo, un 39,56% más que en septiembre de 2023, con una duración media de 623,28 días. Asimismo, los expedientes que superan los 730 días de incapacidad temporal, es decir, más de dos años, han aumentado un 339,27% desde septiembre de 2023. Han pasado de 3.585 a 15.748 casos, con una duración media de 845,80 días. Desde AMAT atribuyen buena parte del incremento general de la duración de las bajas a la acumulación de estos procesos prolongados.

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(El Periódico, 11-11-2026) | Laboral

El Gobierno creará un título de familia monoparental: las que tengan dos hijos tendrán los mismos beneficios de las numerosas

El último Consejo de Ministros ordinario del actual Gobierno de coalición antes del inicio de la campaña electoral aprobará un real decreto ley para ampliar la protección social de determinados tipos de familias. La norma contempla la creación de un título estatal para las familias monoparentales, que hasta ahora no disponían de una acreditación común en todo el territorio nacional. Además, los hogares con un solo progenitor y dos hijos tendrán los mismos derechos y beneficios que las familias numerosas. Esta equiparación también se aplicará a las familias con dos hijos cuando alguno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 33%. Asimismo, se ampliará la protección de las familias numerosas con cuatro hijos. Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, las medidas podrían alcanzar a cerca de tres millones de personas de más de 760.000 hogares. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de la iniciativa a través de sus redes sociales, donde ha defendido que la crianza en solitario no debe implicar una falta de apoyo institucional. Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha destacado que la norma permitirá reconocer oficialmente a las familias monomarentales y monoparentales y reforzar su protección, además de ampliar los derechos de otros hogares con hijos y de familias con personas con discapacidad. El ministro ha señalado que la medida pretende responder a una deuda histórica con estos colectivos. El real decreto ley recupera algunas de las medidas incluidas en el proyecto de ley de familias que quedó paralizado en la anterior legislatura tras la convocatoria electoral y que tampoco consiguió avanzar en la actual por falta de apoyos parlamentarios. Bustinduy ha reconocido que su aprobación ha estado condicionada por las discrepancias políticas y ha atribuido al PP, Vox y Junts el bloqueo de distintas iniciativas relacionadas con la protección social de las familias. El coste estimado de las medidas asciende a 824 millones de euros anuales, según el ministro. La mayor parte de esta cantidad corresponde a beneficios fiscales que se traducirán en mayores recursos para los hogares y en una reducción de los ingresos de las administraciones públicas. La creación de un título estatal para las familias monoparentales supone establecer por primera vez un marco común de reconocimiento y protección para estos hogares. Se trata de un colectivo especialmente expuesto a situaciones de vulnerabilidad: ocho de cada diez familias de este tipo están encabezadas por mujeres y más de la mitad se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, casi el doble que el conjunto de la población, cuya tasa se situaba en el 25,7%. Hasta ahora, la regulación y los derechos reconocidos a estas familias variaban considerablemente entre comunidades autónomas. Algunas cuentan con normativa específica, mientras que otras carecen de ella. La nueva regulación establecerá una base común para todo el país, aunque las comunidades autónomas seguirán teniendo competencias para desarrollar sus propias medidas de protección social. El título acreditativo será expedido por las administraciones autonómicas, pero tendrá validez en todo el territorio nacional y permitirá justificar la condición de familia monoparental ante organismos públicos y entidades privadas. Su finalidad será facilitar el acceso a las ayudas, prestaciones y beneficios vinculados a esta situación. La entrada en vigor del real decreto ley estará condicionada a su convalidación por la Diputación Permanente del Congreso. La implantación de este reconocimiento estatal responde a una reivindicación histórica de las asociaciones de familias monoparentales, que vienen reclamando una definición homogénea de estos hogares y un documento válido en todas las comunidades autónomas. El modelo previsto permitirá contar con una regulación básica común, sin impedir que cada territorio establezca derechos y beneficios adicionales, como sucede actualmente con las familias numerosas. Uno de los principales cambios será la equiparación de las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas, lo que les permitirá acceder a los mismos beneficios fiscales y otras ayudas. Hasta ahora, esta posibilidad estaba reservada prácticamente a los casos de viudedad, por lo que el resto de hogares con un único progenitor quedaban excluidos. Entre las ventajas previstas figura la deducción fiscal reembolsable de 1.200 euros anuales para las familias de categoría general y de 2.400 euros para las de categoría especial. El importe puede cobrarse al presentar la declaración de la renta o de forma anticipada, mediante abonos mensuales de 100 euros en la categoría general. La equiparación también facilitará el acceso a descuentos en el transporte público, becas y otras prestaciones disponibles para las familias numerosas. La norma reconocerá igualmente los mismos derechos a los hogares con al menos dos hijos en los que uno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 33%. Hasta ahora, la equiparación con las familias numerosas exigía que la discapacidad alcanzara, como mínimo, el 65%. Además, las familias monoparentales con dos hijos en las que el progenitor tenga una discapacidad podrán acceder a la categoría especial, que contempla mayores beneficios. Otra modificación afecta a las familias numerosas. El acceso a la categoría especial se ampliará a los hogares con cuatro o más hijos, frente al mínimo de cinco exigido hasta ahora. También podrán acogerse a esta clasificación las familias con tres hijos cuyos ingresos sean inferiores al 150% del IPREM por miembro. Según los cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, el umbral podría incluir hogares con rentas brutas anuales de hasta 63.000 euros. Esta clasificación permitirá incrementar la deducción fiscal reembolsable en otros 1.200 euros anuales, hasta alcanzar los 2.400 euros correspondientes a la categoría especial. El real decreto ley también establece que las administraciones públicas deberán adoptar medidas para prevenir situaciones de discriminación y garantizar un acceso más equitativo a los servicios y prestaciones. Entre las actuaciones previstas figuran programas de formación, medidas para mejorar la empleabilidad y la inserción laboral, acceso preferente a recursos de conciliación y corresponsabilidad en los cuidados, así como posibles exenciones y bonificaciones en tasas y precios públicos relacionados con el transporte, los servicios sociales, la cultura, el deporte y el ocio. Por el momento, el ministerio no ha concretado cómo se desarrollarán estas medidas. Asimismo, se contempla una protección específica para las mujeres que afrontan en solitario la crianza de sus hijos tras sufrir violencia de género o violencia sexual. La norma también amplía la cobertura del fondo de garantía del pago de alimentos, mediante el cual la Administración puede anticipar las pensiones que el progenitor obligado no abona cuando la familia cumple determinados requisitos de renta. Tras una reforma reciente que ya elevó las cantidades máximas que pueden percibirse, el nuevo texto extenderá la protección a hijos mayores de edad con una discapacidad igual o superior al 65% o en situación de dependencia. También incorporará por primera vez un procedimiento de urgencia dirigido a hogares con especial vulnerabilidad económica y a víctimas de violencia de género.

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