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(Expansión, 16-12-2025) | Laboral

Las pensiones mínimas y no contributivas subirán más de un 11% en 2026

Las pensiones mínimas y las no contributivas volverán a experimentar en 2026 un incremento sensiblemente superior al 2,7% previsto para las pensiones contributivas, una subida que ya ha sido confirmada por la Seguridad Social. Aunque todavía está pendiente de que el Gobierno apruebe oficialmente la revalorización mediante un real decreto ley, ya es posible anticipar el aumento que registrarán estas prestaciones, dado que deben ajustarse al calendario establecido para reducir la distancia respecto al umbral de pobreza. La normativa aprobada en 2023 dentro del proceso de reforma del sistema de pensiones establece que, a partir de 2027, la pensión mínima de jubilación contributiva para personas mayores de 65 años con cónyuge a cargo no podrá situarse por debajo del umbral de pobreza correspondiente a un hogar formado por dos adultos. Para alcanzar ese objetivo, la ley prevé aplicar incrementos adicionales diferenciados según exista o no carga familiar, con el fin de acortar progresivamente la brecha respecto a un indicador de suficiencia vinculado a la pobreza relativa. En el ejercicio 2026, dicha brecha deberá haberse reducido en un 50%, dentro de un periodo transitorio que culminará en 2027, cuando la corrección será total. De acuerdo con las estimaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), las pensiones mínimas sin cargas familiares se revalorizarán un 7,07%, mientras que aquellas que sí cuentan con responsabilidades familiares aumentarán un 11,43%. Como resultado, la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo -así como las pensiones por incapacidad absoluta o total para mayores de 60 años con cónyuge a cargo y las pensiones de viudedad con cargas familiares- alcanzará los 1.256,5 euros mensuales, frente a los 1.127,6 euros fijados para 2025. Por su parte, la pensión de jubilación a partir de los 65 años sin cónyuge a cargo, la incapacidad absoluta o total en ese mismo supuesto y la viudedad sin cargas familiares se elevará hasta los 936,2 euros al mes, frente a los 874,4 euros actuales. Asimismo, la jubilación con 65 años y cónyuge no a cargo -y las pensiones de incapacidad en iguales condiciones- pasará a situarse en 888,6 euros mensuales, frente a los 830 euros de 2025. En cuanto a las pensiones no contributivas, su actualización sigue un criterio similar al de las mínimas, aunque el umbral de referencia se fija en el 75% del umbral de pobreza. De este modo, la pensión no contributiva de jubilación e invalidez vigente en 2025 se incrementará un 11,34%, lo que supondrá pasar de 564,7 euros mensuales a una cuantía estimada de 628,7 euros al mes en 2026, es decir, 64 euros más cada mes.

(Expansión, 16-12-2025) | Laboral

Trabajo y los sindicatos pactan elevar a 10 días el permiso por fallecimiento y crear uno de 15 días por cuidados paliativos

El acuerdo alcanzado incluye también la concesión de un día de permiso para el acompañamiento en situaciones de eutanasia. Esta medida, pactada con los sindicatos UGT y CCOO, se aprueba sin el respaldo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que sostienen que se está cargando sobre las empresas un coste que debería asumir la Administración pública. El Ministerio de Trabajo y las centrales sindicales UGT y CCOO han consensuado la ampliación del permiso por fallecimiento hasta los 10 días laborables, la creación de un nuevo permiso de 15 días hábiles para el acompañamiento en procesos de cuidados paliativos y la incorporación de un día específico para el acompañamiento en casos de muerte digna. El acuerdo se ha cerrado de forma bilateral, pocos días después de que la patronal abandonara las negociaciones alegando falta de diálogo previo sobre estas medidas. El texto acordado deberá ahora tramitarse en el Congreso de los Diputados, ya que implica una modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. La propuesta eleva a 10 días laborables el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. En el caso de familiares hasta el segundo grado de afinidad, el permiso se mantiene en dos días hábiles, con posibilidad de ampliarse hasta cuatro cuando sea necesario realizar un desplazamiento. Junto a esta ampliación, el acuerdo introduce una mayor flexibilidad en el disfrute de los permisos. Tanto el permiso por fallecimiento como el destinado al acompañamiento en cuidados paliativos podrán utilizarse de forma no continuada. En el caso del duelo, el trabajador podrá repartir los días, consecutivos o alternos, dentro de las cuatro semanas siguientes al fallecimiento. Asimismo, se crea un nuevo permiso retribuido de hasta 15 días hábiles para atender a cónyuges, parejas de hecho o familiares directos hasta el segundo grado de consanguinidad que se encuentren en cuidados paliativos. Este permiso podrá dividirse en dos periodos dentro de un plazo máximo de tres meses, desde la solicitud hasta el fallecimiento de la persona atendida. Se trata de un permiso único por cada persona causante, aunque compatible con otras licencias por hospitalización o intervenciones quirúrgicas. El acuerdo también contempla un permiso de un día para acompañar a una persona durante su proceso de eutanasia, sin que sea necesario acreditar vínculo familiar, bastando con haber sido designado como acompañante. Además, se incorpora la posibilidad de solicitar una reducción de jornada para atender a familiares directos o parejas en situación de cuidados paliativos, tanto en el ámbito hospitalario como en el domicilio. Al tratarse de permisos retribuidos, el coste económico -salarios y cotizaciones- recae sobre las empresas, un punto que ha sido duramente criticado por la patronal. Desde CEOE y Cepyme consideran que las propuestas del Ministerio de Trabajo suponen un nuevo intento de trasladar al tejido empresarial la carga financiera y la responsabilidad de políticas públicas de cuidados que, a su juicio, deberían ser asumidas por la Administración. Durante la presentación del acuerdo, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, número dos de la vicepresidenta Yolanda Díaz, expresó su pesar por que el pacto no haya contado con el respaldo de todos los agentes sociales. Según afirmó, la negativa de la patronal responde a "cálculos difíciles de entender" que no guardan relación ni con la productividad, ni con el absentismo, ni con la cultura del esfuerzo. Pese a ello, Pérez Rey defendió que se trata de un acuerdo "importante y decisivo" y subrayó que la ausencia de la patronal no le resta valor. Asimismo, instó a las organizaciones empresariales a centrarse en mejorar el bienestar tanto de las empresas como de los trabajadores, en lugar de "perseguir a quienes enferman". En este sentido, recordó que muchos problemas de salud laboral se agravan cuando los empleados se ven obligados a reincorporarse al trabajo apenas unos días después de sufrir la pérdida de un hijo u otro familiar cercano.

(El Economista, 16-12-2025) | Laboral

La indemnización por despido se encareció un 8% en 2024, su primer repunte desde la reforma laboral

La compensación media abonada por despido alcanzó en 2024 los 8.033,5 euros, lo que supone un aumento del 7,9% respecto al ejercicio anterior. Se trata del primer repunte desde la entrada en vigor de la reforma laboral, aunque el importe continúa siendo un 30% inferior al registrado en 2021, cuando la indemnización media ascendía a 11.416,7 euros. Todo ello pese a que, en los tres primeros años de aplicación de la norma, el número total de despidos creció un 44%, hasta situarse en 643.681. En el último año, no obstante, el incremento fue más moderado, del 6,1%. Estos datos se desprenden de la Estadística de despidos y su coste publicada este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Aunque las cifras presentan un desfase temporal cercano a un año, el informe apunta a un giro relevante en la tendencia del coste asociado a la extinción de contratos. Tras la entrada en vigor de la reforma laboral, el aumento del número de despidos fue acompañado de una caída significativa en la cuantía media de las indemnizaciones. Dado que la normativa no modificó los importes legales de compensación, la evolución observada en 2022 y 2023 se explicaba fundamentalmente por dos factores. Por un lado, la menor duración de los nuevos contratos indefinidos ordinarios, que pasaron a concentrar el 86% de los ceses, frente al 73% en 2021. Por otro, el crecimiento de los despidos por causas objetivas, que conllevan una indemnización de 20 días por año trabajado. Ambos elementos contribuyeron a reducir el importe medio de las compensaciones respecto a los niveles previos a la reforma. Sin embargo, en 2024 esta dinámica se revierte y comienza a observarse una recuperación. El incremento interanual se registró en las cuatro modalidades de despido analizadas, aunque fue especialmente intenso en los despidos colectivos -los antiguos expedientes de regulación de empleo-, que son también los más costosos. En este caso, la indemnización media se elevó hasta los 20.554 euros, un 25,8% más que en 2023. Pese a su elevado coste, los despidos colectivos siguen siendo minoritarios. En 2024 se contabilizaron 46.845 ceses de este tipo, un 17,5% más que el año anterior, pero apenas representan el 7% del total, a pesar de su mayor visibilidad mediática por afectar a grandes empresas o plantillas numerosas. La modalidad más habitual fue la de los despidos por causas objetivas de la empresa -económicas, técnicas, organizativas o productivas, así como por ineptitud sobrevenida o faltas de asistencia-, que sumaron 392.064 casos en 2024. Esta cifra supone un incremento del 5,9% respecto al año anterior y equivale al 66% del total. No obstante, la indemnización media asociada a estos despidos apenas aumentó un 2,6%, hasta situarse en 6.659,1 euros. Los despidos por causas objetivas imputables al trabajador, es decir, aquellos en los que el empleado decide extinguir el contrato por incumplimientos empresariales como el impago de salarios o modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, representaron alrededor del 5% del total. En estos casos, la indemnización media alcanzó los 7.454,8 euros, un 2,3% más que en 2023. Un apartado específico merece los despidos disciplinarios individuales, que concentraron el 27,1% del total, con 171.258 casos registrados. La compensación media en esta categoría fue de 7.909,3 euros, apenas un 1,2% superior a la del año anterior. Este dato resulta llamativo, ya que, por definición legal, el despido disciplinario no conlleva derecho a indemnización al derivar de un incumplimiento grave y culpable del trabajador. La explicación radica en la metodología empleada por el Ministerio de Trabajo, que cruza los registros de bajas en la afiliación a la Seguridad Social con los datos de indemnizaciones por despido exentas de tributación declaradas en el IRPF. De este modo, en el caso de los despidos disciplinarios solo se contabilizan aquellos que, tras una reclamación del trabajador, concluyen con una compensación económica acordada en un acto de conciliación o reconocida judicialmente. Por ello, las cifras difieren de las que ofrece la estadística mensual de bajas por causa de la Tesorería General de la Seguridad Social, que contabiliza todas las extinciones clasificadas como despido y que en 2024 alcanzaron los 1,06 millones de casos, ya con datos definitivos. En cualquier caso, aunque el objetivo principal de la estadística de Trabajo no es tanto cuantificar el número exacto de despidos como analizar su coste y distribución, los datos reflejan con claridad un cambio de tendencia que no solo afecta a las modalidades de despido, sino también al tipo de contrato de los trabajadores afectados.

(El Periódico, 16-12-2025) | Laboral

La falta de jóvenes interesados en profesiones manuales pone en riesgo sectores esenciales como la construcción, la carpintería y la electricidad

España se enfrenta en la actualidad a un importante problema de relevo generacional en los empleos ligados a los oficios tradicionales. Actividades como la construcción, la carpintería o la electricidad, que durante décadas fueron pilares del tejido productivo, sufren hoy una escasez creciente de nuevos trabajadores dispuestos a incorporarse a estos sectores. Buena parte de esta situación se debe a que estos trabajos han perdido atractivo entre las generaciones más jóvenes. Muchos optan por la universidad al asociarla con mayor prestigio social y mejores oportunidades, mientras que los oficios manuales suelen percibirse como duros, poco valorados o inestables. A esto se añade la creencia extendida de que el éxito profesional pasa casi exclusivamente por una formación académica superior. Sin embargo, los datos del mercado laboral muestran una realidad distinta. Numerosos oficios cuentan con una demanda muy elevada, salarios cada vez más competitivos y claras posibilidades de desarrollo profesional. En ámbitos como la construcción, la fontanería o la climatización, la falta de personal cualificado ha impulsado al alza los sueldos y ha obligado a las empresas a buscar activamente nuevos perfiles. El cambio cultural vivido en España en las últimas décadas ha tenido un peso clave en este desequilibrio. Durante mucho tiempo, la Formación Profesional fue considerada una opción secundaria frente a la universidad, lo que ha hecho que muchos jóvenes ni siquiera contemplen la vía de los oficios, pese a que puede ofrecer estabilidad y buenas condiciones económicas. A ello se suman factores como la dureza física inicial de algunos trabajos, la exigencia de experiencia previa o la menor flexibilidad horaria, aspectos que chocan con las prioridades de una generación que valora especialmente la conciliación. No obstante, la incorporación de nuevas tecnologías y la modernización de los procesos están transformando estos sectores, haciéndolos más eficientes y menos exigentes desde el punto de vista físico. La opinión de los profesionales veteranos confirma esta tendencia. Muchos coinciden en que cada vez es más difícil encontrar jóvenes dispuestos a aprender el oficio desde abajo. En algunos casos, los recién incorporados esperan salarios elevados desde el inicio, sin asumir el periodo de aprendizaje práctico imprescindible en cualquier profesión técnica, lo que complica el relevo natural de la mano de obra. Pese a todo, distintos estudios y plataformas especializadas en empleo, como Tecnioformación, subrayan que existen oficios con un futuro muy prometedor sin necesidad de pasar por la universidad. Puestos como técnico en climatización, instalador de energías renovables o electricista cualificado pueden alcanzar ingresos superiores a los 2.500 euros mensuales y presentan una alta demanda en todo el territorio. Además, la formación requerida suele ser relativamente breve y accesible, lo que los convierte en una alternativa laboral cada vez más atractiva.

(El País, 15-12-2025) | Laboral

Las pensiones subirán al menos un 2,7% en 2026

Más de 11 millones de pensionistas verán aumentar sus prestaciones, en general, un 2,7% a partir de enero, tal como se adelantó el pasado 28 de noviembre tras conocerse el dato preliminar del IPC. Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que la inflación interanual de noviembre fue del 3%, una cifra imprescindible para calcular la subida definitiva de las pensiones del próximo año. De este modo, según la normativa vigente desde 2022, que obliga a revalorizar las pensiones al menos en función del IPC, las prestaciones contributivas de unos 10,4 millones de beneficiarios de la Seguridad Social, junto con las de otros 700.000 jubilados de clases pasivas, aumentarán en 2025 lo mismo que el promedio de la inflación entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025: un 2,7%. Queda por concretarse cuánto crecerán las pensiones mínimas contributivas y las no contributivas, una decisión que previsiblemente se anunciará en el último Consejo de Ministros de diciembre. El incremento adicional para estos colectivos responde al compromiso adquirido por el Gobierno en la segunda fase de la reforma de pensiones, aprobada en marzo de 2024, que estableció una subida superior al IPC para acercarlas progresivamente al umbral de pobreza hasta 2027. Aunque todavía faltan los cálculos finales de la Seguridad Social, se estima que esta revalorización tendrá un impacto cercano a los 5.400 millones de euros, que pasarán a consolidarse de forma permanente en la factura total de pensiones, que ya rebasa los 200.000 millones anuales. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el aumento del 2,7% supondrá aproximadamente 572 euros más al año para la pensión media de jubilación, que actualmente ronda los 1.511,5 euros mensuales. Con la subida, esta prestación -que recibe más de dos tercios de los pensionistas, unos 6,5 millones de personas- superará ligeramente los 1.550 euros mensuales, lo que equivale a unos 41 euros adicionales al mes en 14 pagas. En cuanto a la pensión media del conjunto del sistema (que incluye jubilación, incapacidad, viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares), actualmente situada en 1.316,7 euros, la subida se traducirá en unos 500 euros más al año, es decir, unos 36 euros mensuales. Las pensiones máximas, fijadas ahora en 3.267,60 euros brutos al mes (45.746,40 euros anuales), pasarán a alrededor de 3.356 euros mensuales, casi 47.000 euros al año. Además, las nuevas altas de pensión máxima incorporarán un incremento adicional de 0,115 puntos para compensar la mayor cotización de las bases máximas, situando estas nuevas prestaciones en torno a 3.360 euros al mes. A esta subida habrá que añadir, para quienes corresponda, el complemento de brecha de género. La cuantía para 2026 aún no se ha revelado. En 2025, este complemento fue de 35,90 euros mensuales por hijo hasta un máximo de cuatro. La revalorización se aplicará a todas las pensiones del sistema, incluidas las de quienes perciben más de una prestación, algo que afecta a algo más de un millón de personas. Se actualizarán tanto las 12 pagas ordinarias como las dos extras. Las nuevas cuantías comenzarán a cobrarse en las nóminas de enero, abonadas habitualmente entre el 1 y el 4 de febrero, aunque muchos bancos suelen adelantar el pago a los últimos días de enero, por lo que gran parte de los pensionistas notarán el incremento ya a finales de ese mes.

(El Economista, 15-12-2025) | Laboral

El coste de las bajas médicas aumenta un 11% en 2025 y rebasa los 17.000 millones

Mientras la falta de apoyos en el Parlamento dificulta la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, las principales partidas de gasto de la Seguridad Social continúan creciendo. Desde 2023, los ministerios trabajan cada ejercicio con el mismo presupuesto inicial y, para atender el aumento del gasto en determinadas áreas, se ven obligados a recurrir a modificaciones presupuestarias. Entre las prestaciones cuyo desembolso no deja de aumentar destaca la incapacidad temporal, asociada a las bajas médicas, que en 2025 ya registra un incremento interanual del 11% y supera los 17.000 millones de euros. La incapacidad temporal ha requerido una financiación adicional de 5.328 millones de euros y concentra, en términos de volumen, el 81% de todas las modificaciones realizadas en el ámbito contributivo de la Seguridad Social. Si se incluyen también las prestaciones no contributivas, el peso de la IT en el total de ajustes presupuestarios alcanza el 48%. Como consecuencia, el presupuesto destinado a cubrir las bajas laborales se eleva hasta los 17.093 millones de euros, por encima de los 16.463 millones gastados en todo 2024. Hasta octubre, último dato disponible, el gasto acumulado es un 11,2% superior al del año anterior, según el Resumen de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Seguridad Social. El gasto en incapacidad temporal se reparte entre bajas por contingencias comunes y por contingencias profesionales. Las primeras incluyen enfermedades comunes o accidentes no relacionados con el trabajo, mientras que las segundas derivan de accidentes laborales o enfermedades profesionales. La mayor parte del desembolso hasta octubre corresponde a las contingencias comunes, cuyo presupuesto asciende a 15.735 millones de euros y ha necesitado un refuerzo adicional de 5.209 millones. Este incremento del gasto se produce en paralelo a un fuerte aumento del número de bajas. De acuerdo con las últimas estadísticas de la Seguridad Social, las horas no trabajadas por incapacidad temporal han crecido un 73% desde 2019, primer año de la serie, un avance muy superior al de las horas cotizadas, que solo han aumentado un 17% en el mismo periodo. Una evolución similar se observa en los días cotizados: mientras el total crece un 16%, los días de baja se disparan un 70% al comparar los segundos trimestres de 2019 y 2025. Más allá de la incapacidad temporal, el 91,5% de las prestaciones gestionadas por la Seguridad Social ya han requerido aportaciones adicionales respecto al presupuesto inicial. Además, a cierre de octubre, el 80% de ellas ya ha superado el gasto total registrado en todo 2024. En conjunto, el Ministerio ha tenido que ajustar sus cuentas en unos 11.000 millones de euros, de los que 6.569 millones se han destinado a cubrir el desfase en prestaciones contributivas -aquellas ligadas a las cotizaciones- y 4.430 millones al nivel no contributivo. Dentro del ámbito contributivo, la segunda partida que más recursos adicionales ha precisado es la prestación por nacimiento, cuidado del menor, embarazo y lactancia, con un incremento de 936 millones de euros, en parte relacionado con la reciente ampliación de permisos aprobada en agosto. A continuación se sitúan las pensiones contributivas, cuyo presupuesto ha aumentado en 190 millones hasta octubre, impulsado principalmente por el gasto en jubilación, que ha requerido 125 millones más. Las únicas prestaciones que, por el momento, no han necesitado modificaciones presupuestarias son las pensiones de orfandad, los subsidios económicos para personas con discapacidad, las ayudas a entidades sin ánimo de lucro y la prestación por colaboración de las empresas. Por otro lado, entre el 20% de prestaciones que aún no han superado el gasto total de 2024 se encuentran la pensión contributiva de jubilación -pese a ser el primer año de jubilación de la generación del 'baby boom'-, los recargos por falta de medidas de higiene, las prestaciones vinculadas a la DANA, la ayuda por riesgo durante el embarazo y la del síndrome tóxico. Aunque las pensiones todavía no han rebasado el gasto anual de 2024, siguen siendo la partida más voluminosa de la Seguridad Social. Hasta octubre, el desembolso en pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente y orfandad alcanza los 159.716 millones de euros, cifra que no incluye los pagos de noviembre y diciembre ni la paga extra de Navidad, y representa el 78,8% del gasto total del Ministerio. En el ámbito no contributivo, destacan dos partidas que han superado con creces el presupuesto inicial: el complemento a mínimos de las pensiones contributivas, que ha requerido 1.300 millones adicionales, y el ingreso mínimo vital, que ha necesitado 2.200 millones más. Desde una perspectiva global, la última información disponible sobre el gasto de las Administraciones Públicas, recogida en la Clasificación Funcional del Gasto, muestra que el gasto en protección social ya equivale al 18,7% del PIB, dos décimas más que anteriormente. "Se mantiene la tendencia de los últimos años, con un peso creciente del gasto en pensiones", explica Miguel Ángel García, experto de Fedea. El gasto en pensiones aumenta una décima en relación con el PIB, hasta el 12,9%, y ya supone el 30,4% del gasto público total. En las últimas tres décadas, el gasto público total ha crecido 1,3 puntos sobre el PIB, mientras que el destinado a pensiones se ha incrementado en 3,3 puntos.

(El Economista, 15-12-2025) | Laboral

Los trabajadores españoles sienten cada vez más estrés laboral

La Navidad suele identificarse con el descanso, el reencuentro con familiares y amigos y un paréntesis necesario para desconectar, recuperar energías y arrancar el nuevo año con fuerzas renovadas. Sin embargo, en muchas organizaciones el cierre del ejercicio llega con equipos exhaustos y una acumulación de tareas que dificulta disfrutar de esa pausa. De acuerdo con el informe Cigna Healthcare International Health Study, el 12% de los trabajadores en España afirma no lograr desconectar al terminar su jornada laboral, dos puntos más que en 2024, cuando este porcentaje era del 10%. Esta situación se acentúa especialmente en estas fechas, marcadas por cierres de proyectos, entregas pendientes y múltiples compromisos. La llamada cultura de la disponibilidad permanente, la presión por cumplir objetivos y las dificultades para separar la vida personal de la profesional -sobre todo en contextos de teletrabajo- favorecen que muchos empleados sigan conectados fuera de su horario. El estudio refleja esta realidad al señalar que el 28% de los trabajadores españoles reconoce experimentar estrés de forma habitual, una cifra ligeramente superior a la media global, lo que pone de manifiesto que la tensión se ha normalizado en el día a día laboral. El informe también indica que el 24% de los empleados percibe la acumulación de tareas y responsabilidades como una fuente constante de presión. Este escenario tiene un impacto directo en la salud mental y física de las plantillas, un efecto que puede intensificarse durante la época navideña. "El estrés laboral puede aumentar en Navidad porque coincide con un momento en el que muchos equipos arrastran meses de esfuerzo y una carga mental difícil de gestionar. Esta combinación hace que desconectar resulte más complicado. En este contexto, las empresas tienen un papel clave para prevenir estas situaciones", explica Amira Bueno, directora de Recursos Humanos de Cigna Healthcare España. Entre las recomendaciones, se sugiere que antes de reuniones importantes o entregas clave se fomente un entorno de confianza, reservando unos minutos para que cada miembro del equipo exprese cómo se encuentra. Este gesto favorece la cohesión, mejora la comunicación y refuerza la capacidad colectiva para afrontar retos. También se propone implantar turnos de "correo consciente", de manera que cada empleado determine las franjas horarias en las que recibe emails, lo que puede contribuir a mejorar la productividad. A ello se suman iniciativas como retos de desconexión digital, orientados a promover hábitos más saludables en el trabajo. Por último, los expertos de Cigna Healthcare España aconsejan que los responsables de equipo incorporen pausas conscientes en la rutina diaria, como breves ejercicios de estiramiento que ayuden a liberar la tensión acumulada tras jornadas intensas. "Pequeños cambios en la organización del trabajo pueden aliviar la sensación de saturación y facilitar que los equipos terminen el año con mayor equilibrio", concluye Bueno.

(Expansión, 12-12-2025) | Laboral

Luz verde a la "paguilla" de Navidad de los funcionarios: recibirán 970 euros de media

Con la aprobación definitiva en el Congreso del marco plurianual para el incremento salarial de los funcionarios y empleados públicos, quedan autorizados los pagos inmediatos que comenzarán a recibir en los próximos días los 3,5 millones de trabajadores de la Administración y de las empresas públicas. Así se materializa el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, que establece una subida total del 11% entre 2025 y 2028. Este aumento incluye un 2,5% correspondiente a 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero y de carácter consolidable. En la Administración Central, este importe se abonará en un pago separado durante diciembre. A esto se suma un incremento del 1,5% previsto para 2026, junto con un 0,5% variable que se aplicaría en el primer trimestre de 2027 si la inflación de 2026 supera el 1,5%. Para 2027 se contempla una subida del 4,5%, y para 2028, otro 2%. En conjunto, y teniendo en cuenta los efectos de consolidación, los salarios habrán aumentado un 11,4% al final del periodo. De esta forma, además de la nómina de diciembre y la paga extraordinaria, los empleados públicos recibirán un ingreso adicional a modo de "paguilla" navideña, correspondiente a los atrasos generados desde enero por el 2,5% pendiente. Para un salario público medio de 3.232 euros mensuales en doce pagas -según la EPA del INE-, este incremento supone 80,8 euros más al mes, lo que eleva el pago de atrasos a unos 970 euros. Sin embargo, esta cuantía varía según el nivel salarial. En el tramo más bajo, con sueldos de 806 euros mensuales, el pago extraordinario sería de 241 euros por todos los atrasos del año. En el extremo contrario, quienes perciben hasta 5.514 euros al mes recibirán alrededor de 1.654 euros. El decreto ley establece que los 540.000 empleados de la Administración Central cobrarán este complemento en diciembre. No obstante, se contemplan excepciones para el resto de administraciones y para las empresas públicas, que fijarán su propio calendario de pagos y atrasos dentro de la negociación sindical correspondiente. Dichos abonos podrán repartirse entre 2026, 2027 y 2028. El Pleno del Congreso ha ratificado el decreto ley que actualiza el salario del personal público con el único voto en contra de Vox, la abstención de Junts y el respaldo del resto de grupos parlamentarios.

(El Economista, 12-12-2025) | Laboral

Los sindicatos discrepan del informe de los expertos y presionan para subir el SMI más de un 4,7%

Los sindicatos planean lanzar una "ofensiva salarial" en 2026, estrategia que también trasladarán a la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El comité de expertos que asesora al Gobierno hará público este viernes su informe, en el que propone aumentar el SMI un 4,7% si empieza a tributar o un 3,1% si queda exento del IRPF, según avanzó El País. CCOO y UGT, sin embargo, no comparten estas cifras y defenderán ante Yolanda Díaz una subida más elevada que no afecte negativamente a los pluses salariales. Aunque los responsables económicos de ambos sindicatos forman parte del grupo de expertos del Ministerio de Trabajo, fuentes conocedoras del proceso explican a elEconomista.es que esta vez el documento no se ha aprobado por unanimidad. La discrepancia sindical ha llevado a que el informe salga adelante solo por mayoría, mientras que CCOO y UGT apoyarán ante el Gobierno la propuesta que ya presentaron y que planteaba una subida del 7,5%. A falta de conocer el informe completo y las reacciones oficiales de Economía, Hacienda y Trabajo, las fuentes sindicales consultadas rechazan el criterio técnico elegido para calcular la recomendación. El método utilizado genera dos resultados muy diferentes cuando se contempla la opción de que el SMI tribute, especialmente en términos brutos -la variable que utiliza el Gobierno-, pues el salario neto depende de la situación personal de cada trabajador. En el informe anterior, el comité ofreció dos porcentajes y Trabajo escogió el más alto, del 4,4%. Sin embargo, el encargo de presentar dos escenarios (con y sin tributar) ha llevado a los expertos a optar por una única metodología para evitar multiplicar las cifras. Ya hace dos semanas, los responsables de Acción Sindical de CCOO y UGT denunciaron que se estaba cambiando el criterio, anticipando así la discrepancia. Según fuentes próximas al debate, el comité se ha inclinado por la fórmula que el año pasado arrojaba un porcentaje menor. De este modo, la recomendación más alta se queda en un 4,7% (1.240 euros), lejos del 7,5% (1.273 euros) que reclaman los sindicatos. El cálculo se basa en la tasa interanual de la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (ETCL) aplicada sobre la Encuesta de Estructura Salarial (EES), en lugar de usar el promedio del último año, que elevaría el resultado. Por ello, aunque respetan el análisis del comité, los sindicatos insisten en que defenderán una subida mayor ante el Gobierno, conforme a su propuesta técnica. No pretenden entrar en discusiones sobre si la subida debe ser del 5% o del 6%, sino respaldar la fórmula aplicada para el incremento de 2025, que supondría 33 euros brutos más, de los que una parte significativa acabaría en IRPF. CCOO y UGT ya se habían mostrado favorables a que el SMI tribute a partir de 2026, y es este el escenario que manejan, al igual que las organizaciones empresariales, que plantearon una subida del 1,5%. De hecho, los expertos recomiendan un aumento incluso mayor que el de los sindicatos si el SMI no paga IRPF: 3,1% (1.221 euros) frente al 2,7% (1.216 euros). Este incremento solo reflejaría la evolución de la inflación, dado que se considera cumplido el objetivo de situar el SMI en el 60% del salario medio neto. Aun así, más allá de la cifra, la principal preocupación sindical este año es limitar los complementos salariales que las empresas pueden compensar o absorber al aplicar la subida del SMI. El Gobierno se comprometió a regular esta cuestión durante la negociación del año pasado y, por ello, los sindicatos creen que no tendría sentido aprobar un decreto separado. Están incluso dispuestos a retrasar la subida si con ello se garantiza que esta restricción quede reflejada.

(El Confidencial, 12-12-2025) | Laboral

España es el gran país europeo con la regulación laboral más lesiva para las empresas

España lleva décadas arrastrando un déficit estructural de inversión empresarial que no logra corregir, especialmente en el ámbito de la innovación. En 2024, el gasto privado en I+D representó únicamente el 0,84% del PIB, una cifra que apenas alcanza la mitad de la media europea, situada en el 1,52%. Estos datos alejan al país de su objetivo histórico de converger con los niveles de riqueza y productividad de los grandes socios del euro. Ese mismo año, las compañías alemanas destinaron un 2,14% del PIB a investigación y desarrollo, mientras que las suecas lideraron Europa con un 2,61%. Las raíces de este problema de inversión productiva se encuentran, en gran parte, en el marco regulatorio. Así lo revela la última encuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) dirigida al tejido empresarial europeo. Una gran mayoría de compañías españolas -independientemente de su tamaño o sector- considera que la regulación supone un freno para invertir. Además, esta percepción ha aumentado con fuerza en los últimos años, reflejando el creciente malestar empresarial ante las políticas del actual Gobierno de coalición. El 79% de las empresas españolas afirma que la normativa laboral obstaculiza su inversión, ocho puntos más que el año anterior. En este periodo, el Ejecutivo ha protagonizado múltiples choques con las organizaciones empresariales: desde las sucesivas subidas del salario mínimo y el incremento de las cotizaciones sociales hasta la propuesta de reducir la jornada laboral o ampliar los permisos retribuidos. España se sitúa así como el tercer país de la UE donde las empresas critican más la regulación del mercado laboral, solo por detrás de Grecia y Chipre. La brecha respecto a la media europea es notable: 79% frente al 65%. En Estados Unidos, el porcentaje desciende al 54%, lo que evidencia que el entorno normativo europeo -y especialmente el español- resulta menos favorable para atraer inversión frente a potencias como EE. UU. o China. La situación ha empeorado claramente respecto a 2017, el último año previo al actual ciclo político. Entonces, un 60% de las empresas detectaba trabas regulatorias en el ámbito laboral; hoy la cifra se eleva al 76%. El deterioro es especialmente acusado entre las grandes corporaciones, que son precisamente las que más aportan en inversión tecnológica e innovadora. A las dificultades laborales se suman las restricciones derivadas del conjunto de regulaciones empresariales vigentes. El 81% de las compañías afirma que estas normas constituyen un obstáculo para invertir. La superposición normativa de administraciones locales, autonómicas y estatales dificulta la unidad de mercado y limita el crecimiento empresarial dentro del país. Este impacto negativo también es mayor en España que en la media de la UE. Nuestro país es el cuarto con peor resultado -solo superado por Grecia, Alemania y Portugal-, frente a una media comunitaria del 69% de empresas que consideran que la regulación empresarial frena la inversión, frente al 81% registrado en España. Existen otros factores donde España obtiene peores cifras que el promedio europeo, aunque las diferencias no son tan acusadas. Por ejemplo, el acceso a la financiación presenta una brecha de siete puntos, debido en parte al escaso desarrollo del mercado de deuda. También se detectan carencias en infraestructuras de transporte, un aspecto que afecta especialmente a las pymes. Solo en dos ámbitos España presenta mejores resultados que el entorno comunitario: los costes energéticos -beneficiados por la expansión de las energías renovables- y la demanda interna, favorecida por el dinamismo del consumo privado en los últimos años.

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