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(Expansión, 26-10-2026) | Laboral

Más de 3,6 millones de trabajadores tienen blindado el sueldo ante la escalada del IPC

Las empresas cuyos convenios colectivos incluyen cláusulas de garantía salarial tendrán que aplicar una subida adicional cercana al 1% para compensar el encarecimiento de los precios, en un contexto en el que la inflación media anual podría situarse en torno al 4%. El repunte de la inflación está incrementando la presión sobre los costes empresariales. A las subidas de los gastos de producción derivadas del encarecimiento de la energía y los combustibles se sumarán nuevos incrementos de los costes laborales. Entre ellos figuran la próxima actualización del salario mínimo interprofesional, que el Gobierno volverá a elevar por encima del IPC, y las revisiones salariales que se están trasladando a los convenios colectivos. En este escenario confluyen dos factores. Por una parte, los convenios firmados más recientemente contemplan incrementos salariales superiores a la media, con una subida del 3,6%. Por otra, el aumento de las cláusulas de garantía salarial obligará a numerosas empresas a compensar a sus plantillas por la evolución de los precios. Según los datos del Ministerio de Trabajo correspondientes al cierre de septiembre, 3,64 millones de asalariados cuentan con esta protección, que les permitirá recibir un incremento adicional de sus retribuciones. Este colectivo representa el 19% del total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, pero supone el 39% de los 9,32 millones de empleados cubiertos por un convenio colectivo. Además, el número de beneficiarios de estas cláusulas ha aumentado un 12,9% respecto al año anterior, con 416.039 trabajadores más. El crecimiento es especialmente significativo entre los empleados cuyas cláusulas de revisión salarial tienen efectos retroactivos. Este grupo alcanza los 1,3 millones de personas, un 39% más que en el ejercicio anterior, lo que equivale a 367.459 trabajadores adicionales. Por su parte, 2,33 millones de asalariados cuentan con garantías sin retroactividad, un 2,13% más que el año pasado, con un incremento de 48.580 personas. Por sectores, los servicios concentran el mayor número de trabajadores protegidos por estas cláusulas, con 1,57 millones, el 43,3% del total. La industria ocupa el segundo lugar, con 1,33 millones de empleados, equivalentes al 36,6%. La construcción suma 721.525 trabajadores, el 19,8%, mientras que el sector agrario apenas registra 9.265 personas protegidas, un 0,2%. La distribución cambia en función de si la revisión salarial tiene efectos retroactivos. En esta modalidad, que representa el 36% de los trabajadores amparados por cláusulas de garantía, los servicios reúnen el 22,8% del total y la industria, el 12,4%. La construcción y la agricultura tienen una presencia mucho menor, con un 0,6% y un 0,1%, respectivamente. Las cláusulas sin retroactividad son mayoritarias y protegen al 64% de los asalariados incluidos en este sistema, unos 2,33 millones de personas. En este grupo destaca la industria, que concentra el 24% del total de trabajadores con garantía salarial, seguida de los servicios, con el 20,5%, y la construcción, con el 19,2%. El peso del sector agrario vuelve a ser residual, con apenas un 0,1%. Con una subida salarial media pactada en convenio del 3% y una inflación anual que podría aproximarse al 4%, la patronal estima que las cláusulas de garantía supondrán un incremento adicional medio de alrededor de un punto porcentual. No obstante, fuentes empresariales señalan que en numerosos convenios estas revisiones están sujetas a límites, aunque reconocen que implicarán un esfuerzo económico para las compañías, que deberán compensar a sus trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo. Desde Confemetal explican que estos mecanismos permiten actualizar automáticamente las tablas salariales cuando la inflación supera los incrementos acordados, lo que garantiza una revisión adicional de las remuneraciones de cientos de miles de trabajadores. En la industria del metal, en concreto, hay 40 convenios colectivos con efectos económicos en 2026, de los cuales 25 incluyen cláusulas de garantía salarial vinculadas a la evolución de los precios. Estas disposiciones afectan a unos 870.000 trabajadores, frente a un total de 1,3 millones de empleados cubiertos por convenios colectivos en el sector. La presión inflacionista también se refleja en las condiciones pactadas en los nuevos acuerdos laborales. Los convenios firmados durante 2026 establecen una subida salarial media del 3,6%, seis décimas por encima del promedio correspondiente al conjunto de los acuerdos con efectos económicos este año. Además, numerosos convenios contemplan incrementos superiores. A finales de septiembre, un total de 866 convenios que afectan a 2,97 millones de trabajadores recogían aumentos salariales medios del 4,04%, aproximadamente un punto por encima de la media general. Estos acuerdos abarcan al 31% de los empleados cubiertos por la negociación colectiva.

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(El País, 26-10-2026) | Laboral

España sufre más muertes en el trabajo que la media de la UE y se aleja de los países más seguros

España registró en 2024 una tasa de 1,89 muertes por accidente laboral por cada 100.000 ocupados, según los últimos datos publicados por Eurostat. El indicador empeoró respecto al año anterior, cuando se situó en 1,71, y se alejó de la media de la Unión Europea, que fue de 1,65. La evolución contrasta con la de algunos de los países europeos con menor siniestralidad, como Alemania, donde la tasa descendió de 0,71 a 0,64, y Países Bajos, que pasó de 0,38 a 0,32. Estas cifras han despertado la preocupación de los sindicatos españoles, que reclaman al Gobierno que impulse la reforma de la normativa de prevención de riesgos laborales comprometida hace meses. La incidencia de los accidentes mortales en España supera la de varias de las principales economías europeas. Además de Alemania y Países Bajos, el país presenta peores resultados que Suecia, con 0,75 fallecimientos por cada 100.000 ocupados, Luxemburgo y Bélgica, ambos con 0,94, y Dinamarca, con 1,02. En el extremo contrario se encuentran países como Croacia, con una tasa de 2,79; Rumanía, con 2,83, y Bulgaria, con 3,08. Francia vuelve a registrar el peor dato de la Unión Europea, con 3,61 muertes por cada 100.000 trabajadores. Una de las explicaciones habituales de los expertos en salud laboral es la composición del tejido productivo español, en el que tienen un peso relevante actividades con mayores riesgos, como la construcción, la minería y el sector agrario. Sin embargo, las cifras desglosadas por ramas de actividad muestran que esta circunstancia no explica por sí sola la diferencia con el promedio comunitario. En varios de los sectores más peligrosos, la tasa de accidentes mortales también es superior en España a la registrada en el conjunto de la UE. La minería es uno de los ejemplos más claros: en España se contabilizan 13,99 fallecimientos por cada 100.000 ocupados, frente a los 8,74 de la media europea. En el suministro de energía, la tasa española alcanza los 7,5, mientras que en la UE se sitúa en 2,3. También existen diferencias significativas en el transporte, con 7,47 muertes en España frente a 4,84 en el conjunto comunitario, y en la agricultura, donde los índices son de 6,48 y 5,51, respectivamente. En la construcción, la incidencia española llega a 7,69 fallecimientos por cada 100.000 ocupados, frente a los 6,13 de la UE. Este último sector preocupa especialmente a Mariano Sanz, responsable de Salud Laboral de CC OO, quien advierte de que, aunque la siniestralidad está mejorando en numerosas actividades, la construcción no sigue la misma evolución. El representante sindical considera prioritario reforzar las condiciones de seguridad y salud en las obras y señala que el sector concentra a trabajadores inmigrantes que, en ocasiones, desempeñan su actividad en condiciones de escasa protección. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, entre enero y agosto fallecieron 120 trabajadores de la construcción durante su jornada laboral. La cifra representa aproximadamente un tercio de las muertes registradas, pese a que esta actividad ocupa al 7% de los afiliados a la Seguridad Social. Desde UGT, su responsable de Salud Laboral, Patricia Ruiz, también expresa su preocupación por la posición de España respecto a la media europea. La dirigente sindical reclama una normativa comunitaria que establezca requisitos mínimos más exigentes para proteger la salud de los trabajadores. Asimismo, considera que la legislación española debe adaptarse a riesgos que han ganado importancia, como el envejecimiento, el sedentarismo, la digitalización, el cambio climático y los problemas de salud mental. Para actualizar el marco normativo, Ruiz pide al Gobierno que retome la tramitación del anteproyecto de ley de prevención de riesgos laborales acordado en enero entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, después de dos años de negociaciones. La reforma contempla, entre otras medidas, un refuerzo de la vigilancia preventiva en las pequeñas y medianas empresas, donde se concentra una parte importante de los accidentes laborales. También incorpora actuaciones relacionadas con los efectos de la emergencia climática, el estrés laboral y las diferencias de género en materia de salud y seguridad. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han rechazado el proyecto. Los sindicatos instan al Ejecutivo a acelerar su aprobación y recuerdan que una parte de las muertes en el trabajo podría evitarse mediante mejores medidas de prevención. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en primera lectura en abril, pero la norma estaba pendiente de regresar al gabinete antes de su remisión al Parlamento. La convocatoria de elecciones generales y la disolución de las Cortes han complicado el proceso, aunque formalmente el Gobierno todavía podría recurrir a la Diputación Permanente si justifica la urgencia de la iniciativa. Sanz, que participó en la negociación del texto en representación de CC OO, critica que la reforma aún no haya llegado al poder legislativo. A su juicio, el retraso demuestra que la prevención de riesgos laborales no ocupa un lugar prioritario en la agenda del Gobierno ni del Ministerio de Trabajo. Paralelamente, avanza la propuesta de permitir la jubilación anticipada en determinadas profesiones con elevados índices de peligrosidad o mortalidad. Esta posibilidad ya existe para colectivos como los mineros, los bomberos forestales, los policías autonómicos y los trabajadores del mar. Entre los grupos que aspiran a acceder a ella destacan los camioneros, después de que la Seguridad Social reconociera en un informe la elevada mortalidad asociada a su actividad. Los sindicatos también han solicitado formalmente la jubilación anticipada para los conductores de autobús, los trabajadores de la construcción y las empleadas de ayuda a domicilio. A estos colectivos podrían sumarse próximamente los trabajadores de la limpieza de hoteles, que también prevén impulsar esta reivindicación.

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(El País, 26-10-2026) | Laboral

La industria pone coto a completar el salario a los trabajadores de baja

La negociación entre el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales para reformar la gestión de las bajas laborales ha quedado suspendida tras el adelanto electoral. Mientras tanto, el aumento continuado de la incapacidad temporal ha llevado a distintos sectores a adoptar medidas propias. Es el caso de la industria del metal, cuyos convenios provinciales están introduciendo restricciones a los complementos salariales que reciben los trabajadores durante los periodos de baja médica. Aunque esta tendencia también se observa en otras actividades, la dimensión de la negociación colectiva del metal, que comprende alrededor de 220.000 empresas y más de dos millones de trabajadores, convierte al sector en un referente para analizar las medidas destinadas a contener el absentismo laboral. Los convenios colectivos del metal están limitando especialmente los complementos por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, es decir, de enfermedades o accidentes no laborales. Según un estudio de Confemetal correspondiente al periodo 2021-2024, cada día faltan al trabajo por esta causa más de 140.000 personas de los 2,7 millones de ocupados del sector. El coste de estas ausencias aumentó más de un 90% durante el periodo analizado, hasta acercarse a los 2.900 millones de euros en 2024. Asimismo, el número de procesos de baja iniciados pasó de 17 por cada 1.000 trabajadores en 2021 a 31 en 2024, un incremento del 83%. Ante esta evolución, la negociación colectiva está incorporando fórmulas para reducir las compensaciones salariales que las empresas abonan durante las bajas médicas, sobre todo cuando se deben a enfermedades comunes. La legislación establece que la prestación por incapacidad temporal no cubre inicialmente la totalidad del salario. En estos casos, el trabajador no percibe prestación durante los tres primeros días; recibe el 60% de la base reguladora entre el cuarto y el vigésimo día, y el 75% a partir del día 21. Cuando la baja se debe a un accidente laboral o a una enfermedad profesional, la prestación asciende al 75% de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja. Tradicionalmente, muchos convenios colectivos de distintos sectores han establecido complementos empresariales para elevar estas prestaciones hasta el 100% del salario. Sin embargo, los acuerdos del metal están limitando progresivamente estas mejoras. El análisis de Confemetal sobre los convenios de 2025, que incluye también acuerdos con efectos en 2026, muestra que numerosos pactos restringen el complemento hasta el salario íntegro a periodos de entre 100 y 200 días. Para ello, algunos reducen el porcentaje que debe aportar la empresa, mientras que otros retrasan el momento a partir del cual se aplica la compensación. Las condiciones varían según la provincia. En Burgos, el convenio del metal contempla el pago del 60% del salario durante los tres primeros días de baja y retrasa el complemento hasta el 100% hasta que se supera el día 30. En Castellón, la obligación empresarial de completar el salario desaparece a partir del día 70 de incapacidad temporal. En Ourense, el trabajador percibe el 60% del salario durante los tres primeros días de la primera baja anual por enfermedad común y no alcanza el 100% hasta que transcurren nueve meses de incapacidad temporal. También existen convenios que reducen los complementos cuando se repiten las bajas a lo largo del mismo año. En Málaga, por ejemplo, se abona un complemento equivalente al 50% durante los tres primeros días de enfermedad común en las dos primeras bajas anuales, pero esta mejora deja de aplicarse a partir de la tercera. En Segovia, el complemento se limita al 75% durante los primeros quince días desde la segunda baja registrada en el mismo año natural. Estas medidas forman parte de un conjunto más amplio de mecanismos incluidos en la negociación colectiva para contener las ausencias laborales. Entre ellos figuran los complementos o premios de asistencia, diseñados para incentivar la presencia efectiva de los trabajadores en sus puestos. No obstante, varias sentencias del Tribunal Supremo dictadas en 2025 y 2026 han acotado las condiciones en las que pueden aplicarse estos incentivos. La legalidad de los complementos de asistencia depende de las ausencias que se tengan en cuenta para calcularlos. Según fuentes empresariales del sector, los convenios pueden vincular estas mejoras a factores como la puntualidad, la ausencia de faltas injustificadas, la disponibilidad o el cumplimiento de objetivos de presencia efectiva. Sin embargo, la doctrina del alto tribunal establece que estos incentivos no pueden penalizar determinadas ausencias protegidas legalmente. Entre ellas se encuentran las bajas por incapacidad temporal, tanto si derivan de contingencias profesionales como de enfermedades comunes, así como las ausencias relacionadas con permisos de conciliación, cuidados o maternidad. De este modo, las empresas pueden recurrir a incentivos para reducir el absentismo, pero deben hacerlo respetando los derechos laborales reconocidos por la normativa.

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(El Confidencial, 26-10-2026) | Laboral

CEOE rectifica y no impugnará finalmente la huelga general por la vivienda antes del 11 de noviembre

La CEOE ha decidido finalmente no recurrir antes de su celebración la huelga general por la vivienda convocada por los sindicatos para el próximo 11 de noviembre, pese a que su presidente, Antonio Garamendi, había anunciado que impugnaría el paro al considerar que tiene un carácter electoral y no laboral. La organización empresarial no descarta, sin embargo, emprender acciones judiciales una vez celebrada la movilización. La patronal asegura que seguirá de cerca el desarrollo de la huelga y que tomará las medidas oportunas en función de lo que suceda. También recuerda que debe garantizarse el derecho al trabajo y el cumplimiento de los servicios mínimos, y manifiesta su confianza en que la jornada transcurra de manera pacífica y cívica. La decisión contrasta con las declaraciones realizadas el lunes por Garamendi, quien cuestionó la legitimidad de la convocatoria. El presidente de la CEOE sostuvo que, coincidiendo con la proximidad de las elecciones generales, España afronta por primera vez una huelga de carácter electoral. A su juicio, la movilización no es el camino adecuado para abordar el problema de la vivienda y cuestionó que se responsabilice a las empresas y a los autónomos de la falta de oferta residencial, cuando el sector de la construcción reclama diálogo para encontrar soluciones. Los sindicatos, por su parte, ya habían puesto en duda que la patronal tuviera argumentos jurídicos suficientes para impugnar la convocatoria. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó hace dos semanas que no existían motivos legales para calificar el paro de político y recordó que nunca se había declarado ilegal una huelga por ese motivo. En la misma línea, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, anticipó que la CEOE no recurriría la convocatoria porque no tendría fundamento para hacerlo. Sordo calificó la controversia de absurda y recordó que en España se han convocado desde los años setenta y ochenta huelgas que no respondían exclusivamente a reivindicaciones laborales, incluidas movilizaciones sindicales contra los asesinatos de ETA. Los sindicatos justifican la huelga con dos objetivos principales: reclamar medidas que permitan hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna e impulsar el poder adquisitivo de los salarios. En este segundo ámbito, critican a la patronal por no aceptar la negociación de un pacto nacional de convenios que permita ordenar la negociación colectiva. La convocatoria se produce en un contexto de aumento de la conflictividad laboral, con un repunte de las huelgas en empresas y sectores. Las organizaciones sindicales relacionan esta evolución con la ausencia de un acuerdo estatal sobre negociación colectiva. Además, denuncian que una parte importante de las horas extraordinarias realizadas no se remunera -en torno a la mitad, según el INE- y sostienen que los márgenes empresariales, que consideran históricamente elevados, ofrecen capacidad para mejorar los salarios. Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT), de orientación anarcosindicalista, ha registrado una convocatoria de huelga propia, diferenciada de la presentada por las centrales mayoritarias.

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(El Economista, 26-10-2026) | Laboral

El teletrabajo no exprime su potencial: 3,4 millones de empleados podrían hacerlo, pero siguen en la oficina

Seis años después de la pandemia, el teletrabajo sigue en niveles elevados en España, pese a los esfuerzos de numerosas empresas por recuperar la actividad presencial, una decisión que en algunos casos ha provocado huelgas. Sin embargo, las cifras récord esconden una importante desigualdad en el acceso a esta modalidad. Un estudio de UGT señala que hay más trabajadores que podrían desempeñar sus funciones a distancia, pero continúan acudiendo a la oficina, que empleados que ya teletrabajan. Además, las mayores dificultades para acceder a esta opción se concentran entre quienes cuentan con menos capacidad para negociar sus condiciones laborales. El informe, elaborado a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que el 14,8% de los ocupados ha trabajado a distancia, lo que representa aproximadamente 3,16 millones de personas. A ellos se suman otros 3,44 millones de trabajadores, equivalentes al 16,1% del total, que afirman que sus empleos permitirían el teletrabajo, aunque todavía no lo han utilizado. En conjunto, el potencial de esta modalidad alcanza al 30,9% de los ocupados, pero solo se aprovecha el 47,9% de las posibilidades existentes. Entre quienes podrían trabajar a distancia, más de 875.000 personas tendrían la opción de desarrollar todas sus funciones desde casa, pero no lo hacen ningún día. El estudio, elaborado por el Servicio de Estudios de UGT y firmado por José Varela, responsable de IA y Digitalización del sindicato, destaca que este margen de crecimiento contrasta con la satisfacción de quienes ya teletrabajan. Estos trabajadores valoran la experiencia con una puntuación media de 8,9 sobre 10. Más de la mitad le otorga la máxima nota, mientras que únicamente el 2% la califica negativamente. En el ámbito empresarial, sin embargo, predomina un modelo que combina la asistencia a la oficina con el trabajo a distancia o que permite teletrabajar solo de manera ocasional. Según los datos del INE recogidos en el informe, el 37,4% de las empresas ofrece esta posibilidad, pero solo el 20% de sus empleados la utiliza de forma habitual. La media de trabajo remoto se sitúa en 2,4 días semanales. Las diferencias en el acceso al teletrabajo también se aprecian al comparar las distintas ocupaciones, los tipos de contrato y las jornadas laborales. El informe revela que los profesionales científicos e intelectuales y los directivos son los colectivos que más aprovechan las posibilidades de trabajar a distancia, con porcentajes del 55% y el 54,3%, respectivamente. A continuación figuran los técnicos y profesionales de nivel medio, con un 45,5%. En el caso del personal administrativo, las oportunidades están mucho menos aprovechadas. Un 10,7% podría trabajar íntegramente desde casa y otro 22,7% tendría la posibilidad de hacerlo parcialmente. Sin embargo, solo el 17,6% de estos empleados teletrabaja, lo que supone que utilizan el 34,5% de su potencial, la proporción más baja entre los grupos analizados. Estos datos evidencian una brecha entre los puestos directivos y los de menor responsabilidad, con una diferencia cercana a los veinte puntos porcentuales en el aprovechamiento del teletrabajo. Según el análisis, los profesionales con mayor responsabilidad disponen de más margen para negociar individualmente condiciones laborales flexibles, mientras que otros trabajadores tienen menos capacidad para conseguirlas. Por sectores, los especialistas en tecnologías de la información encabezan la clasificación. El 60,1% ya teletrabaja y otro 22,8% podría hacerlo, de manera que aprovechan el 72,5% de las posibilidades existentes en su ámbito profesional. La modalidad contractual también influye de forma significativa. Los trabajadores con contrato indefinido utilizan el 47,8% de su potencial de teletrabajo, frente al 31,2% de quienes tienen contratos temporales. Entre estos últimos, solo el 5,4% trabaja a distancia, pese a que otro 11,9% podría hacerlo. La jornada laboral también marca diferencias: los empleados a tiempo completo aprovechan la mitad de sus posibilidades, mientras que entre quienes trabajan a tiempo parcial el porcentaje se reduce al 28,8%. La desigualdad se reproduce, por tanto, entre los trabajadores más integrados en las organizaciones y aquellos que cuentan con una posición menos consolidada. Los contratos indefinidos y una mayor vinculación con la empresa parecen facilitar el acceso a condiciones laborales más favorables, mientras que los empleados temporales y a tiempo parcial encuentran más dificultades para aprovechar las opciones de trabajo remoto. El potencial desaprovechado también ayuda a explicar por qué el teletrabajo puede mantenerse en máximos históricos en España y, al mismo tiempo, perder posiciones respecto a otros países europeos. En 2019, el 8,3% de los ocupados españoles trabajaba a distancia, frente al 14,4% de la media de la Unión Europea. España ocupaba entonces el puesto 21 entre 33 países. En 2025, la distancia con la media comunitaria ha aumentado hasta los 7,3 puntos porcentuales y el país ha descendido al puesto 22. El peso de actividades que requieren presencia física, como la hostelería, el comercio y otros servicios, suele señalarse como una de las principales razones de esta diferencia. Sin embargo, los datos sobre las posibilidades de teletrabajo apuntan a que este factor no explica por sí solo el retraso. Aunque el 69,1% de los ocupados asegura que su trabajo no permite desarrollar las tareas a distancia, aprovechar el potencial restante sería suficiente para situar a España por encima de la media europea. UGT recuerda, además, que Portugal y Malta, dos países con una importante dependencia del turismo, superan a España en cinco y once puntos porcentuales, respectivamente, lo que refuerza la idea de que la estructura productiva no constituye el único factor determinante. El sindicato atribuye parte de las dificultades para extender el teletrabajo a la persistencia de una cultura empresarial que prioriza la presencia física y el control de los empleados. No obstante, la encuesta del INE no identifica las razones concretas por las que quienes podrían trabajar a distancia no lo hacen. Entre ellas también pueden encontrarse las preferencias individuales o la naturaleza de determinados puestos, que solo permiten realizar de forma remota una parte de las tareas. El caso de los trabajadores autónomos ofrece otra perspectiva, ya que no están sujetos a las mismas restricciones organizativas que los asalariados. Aun así, este colectivo aprovecha el 53,6% de su potencial de teletrabajo, una proporción similar a la de los empleados con contrato indefinido. Ante esta situación, UGT defiende que la negociación colectiva debe desempeñar un papel fundamental para garantizar que los trabajadores que puedan y quieran acogerse al teletrabajo tengan acceso a esta opción. Los datos del Ministerio de Trabajo incluidos en el informe muestran que los convenios colectivos con cláusulas específicas sobre trabajo a distancia han aumentado de 54 en 2017 a 265 en 2025. Estos acuerdos representan el 20,5% del total y afectan a 1,23 millones de trabajadores. El sindicato reclama que el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) incorpore el teletrabajo como una materia de negociación obligatoria, con el objetivo de ampliar su implantación y reducir las diferencias entre colectivos profesionales. Su propuesta busca que el acceso a esta modalidad no dependa exclusivamente de la capacidad individual de cada empleado para negociar con la empresa, sino que cuente con criterios más homogéneos y garantías recogidas en los acuerdos colectivos.

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(El País, 23-10-2026) | Laboral

Sordo y Álvarez auguran que PP y Vox aprobarán “el despido libre y gratuito” si gobiernan

Los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han negado que la huelga general convocada para el 11 de noviembre tenga como objetivo condicionar el voto en las elecciones generales del día 29. No obstante, ambos dirigentes sindicales quieren que la movilización contribuya a situar la vivienda, los salarios y los derechos laborales en el centro del debate electoral. También han advertido de que un eventual Gobierno del PP y Vox podría revertir algunas de las mejoras laborales aprobadas durante los últimos años y reducir la protección social. Durante un desayuno informativo organizado por RTVE y la agencia Efe, Sordo defendió que la finalidad de la convocatoria es incorporar a la agenda pública los problemas que afectan a la calidad de vida de los trabajadores. Por su parte, Álvarez sostuvo que los ciudadanos deben conocer antes de votar si se mantendrá el modelo laboral desarrollado durante los últimos años. El secretario general de UGT advirtió de que, en su opinión, un Ejecutivo que siguiera las posiciones de Vox podría impulsar medidas como el despido libre y gratuito y una reducción de los derechos laborales. Álvarez también cuestionó que un futuro Gobierno de PP y Vox mantuviera las subidas del salario mínimo interprofesional si no existiera un acuerdo previo entre sindicatos y empresarios. Los dos sindicatos reclaman un incremento del 7% para 2027 y recuerdan que el SMI ha aumentado un 66% desde 2019 bajo los gobiernos de coalición progresistas. Sordo, por su parte, señaló que entre las empresas empieza a existir preocupación por la evolución favorable del empleo y de la economía, aunque reconoció que persiste el problema de los salarios bajos. A su juicio, una situación próxima al pleno empleo reforzaría la capacidad de negociación de los trabajadores para reclamar mejores retribuciones y condiciones laborales. El dirigente de CC OO considera que un Ejecutivo de derechas podría responder a este escenario reduciendo las prestaciones y ayudas sociales, al entender que una protección más amplia puede desincentivar la incorporación al mercado laboral. Ambos responsables sindicales rechazaron que la convocatoria de la huelga responda a la presión del Sindicato de Inquilinas o al adelanto electoral. Aseguraron que ya contemplaban movilizaciones contra las posiciones empresariales antes de conocerse la fecha de los comicios. Álvarez explicó que los sindicatos han detectado un creciente malestar social por los problemas de acceso a la vivienda y los salarios, y que han decidido canalizar ambas preocupaciones mediante una movilización conjunta. Sordo reconoció que se trata de una huelga general atípica, puesto que no se dirige contra una decisión concreta del Gobierno que perjudique a los trabajadores. Los sindicatos esperan una participación laboral significativa, pero conceden especial importancia a las manifestaciones que se celebrarán por la tarde en las capitales de provincia. El secretario general de CC OO señaló que el periodo de mayor actividad de las protestas podría concentrarse entre las siete y las diez de la noche, en lugar de limitarse a las primeras horas de la jornada, como ha sucedido en otras convocatorias. Entre los objetivos de la movilización, Sordo destacó la aprobación de los decretos relacionados con la vivienda y la necesidad de modificar la percepción social sobre este problema. Los sindicatos consideran que las dificultades para acceder a una vivienda y la evolución de los salarios están estrechamente relacionadas y deben recibir una atención prioritaria durante la campaña electoral. Las pensiones también figuran entre los asuntos que CC OO y UGT quieren incorporar al debate. Sordo rechazó las advertencias sobre un posible colapso del sistema público y defendió que su sostenibilidad dependerá de las decisiones políticas y de los recursos que la sociedad esté dispuesta a destinarle. En este sentido, planteó que el gasto en pensiones, actualmente equivalente al 13,1% del PIB, podría situarse en una media del 15% hasta 2050, un esfuerzo que considera asumible. El dirigente sindical también criticó el modelo mixto de pensiones planteado por Vox, al considerar que podría reducir las prestaciones públicas en un 30% y aumentar las diferencias entre quienes pueden complementar su jubilación con ahorro privado y quienes dependen exclusivamente de la pensión pública. A su juicio, este cambio sustituiría la estabilidad del sistema público por una mayor exposición a la incertidumbre de los mercados financieros. Los dos dirigentes hicieron una valoración favorable de la gestión de los últimos gobiernos de coalición progresistas, aunque les reprocharon una falta de iniciativa en determinadas materias. Entre sus críticas mencionaron el retraso en la aprobación de medidas para impedir que las subidas del salario mínimo queden neutralizadas por la compensación y absorción de determinados complementos salariales, así como el endurecimiento de las normas sobre el registro horario. Según los sindicatos, estas iniciativas podrían haberse aprobado mediante el Consejo de Ministros sin necesidad de contar con una mayoría parlamentaria. Por último, Sordo y Álvarez criticaron las declaraciones realizadas por el presidente argentino, Javier Milei, durante su visita a España. El secretario general de CC OO le atribuyó posiciones que, a su juicio, representan una corriente política que puede debilitar los marcos constitucionales y aumentar la confrontación internacional. Álvarez coincidió en sus críticas y afirmó que las posiciones de la derecha ultraliberal pueden desviar la atención de los cambios económicos y sociales que se están produciendo, especialmente del impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo y las condiciones de vida.

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(La Vanguardia, 23-10-2026) | Laboral

Illa acusa a la oposición de crear un enfrentamiento intergeneracional con las pensiones

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusado este miércoles al PP y a Vox de querer convertir las pensiones públicas en un negocio y de fomentar un enfrentamiento entre generaciones al cuestionar la viabilidad del sistema. Illa ha asegurado que las prestaciones están garantizadas incluso cuando la generación del baby boom alcance la edad de jubilación y ha llamado a oponerse a las propuestas de la derecha en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Durante un acto celebrado en la sede del PSC, junto al conseller de Derechos Sociales, Raúl Moreno, y la diputada en el Congreso Mercè Perea, el presidente catalán ha respondido a las advertencias de dirigentes del PP y Vox sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. «No peta nada. Esto funciona. Donde no funciona es donde no se hace así», ha afirmado. Illa ha reconocido que hacia 2050, cuando los integrantes de la generación del baby boom estén jubilados, podría ser necesario aumentar los recursos destinados a las pensiones. Según ha explicado, las previsiones contemplan una aportación adicional de entre dos y tres puntos del PIB, una cantidad que, a su juicio, está calculada y permitiría mantener el gasto en niveles similares a los que Italia destina actualmente a esta partida. «¿Por qué engañan a la gente? Porque quieren convertir las pensiones en un gran negocio. Es la avaricia del gran dinero», ha declarado. El presidente de la Generalitat ha definido las pensiones como «el ejercicio más bonito de solidaridad intergeneracional» y ha advertido de los riesgos que, en su opinión, implicaría avanzar hacia un modelo privatizado. Ha señalado que las inversiones privadas pueden sufrir pérdidas por decisiones equivocadas o por crisis financieras, mientras que ha defendido la capacidad del sistema público para sostener las prestaciones. Como ejemplo de la evolución económica favorable, ha destacado que Cataluña y España cuentan actualmente con más personas trabajando que nunca. Illa también ha criticado que PP y Vox defiendan, a su entender, la privatización de las pensiones, aunque considera que han intentado ocultar esa posición. En Cataluña, ha extendido sus reproches a Aliança Catalana, a la que ha aludido por calificar el sistema de pensiones de «estafa piramidal». El dirigente socialista ha dirigido asimismo un mensaje a Junts, al que ha advertido de que no puede mantenerse en una posición intermedia ante este debate. En respuesta a las declaraciones de la candidata de la formación al Congreso, Miriam Nogueras, sobre la posibilidad de ocupar el centro político, Illa ha sostenido que hay que elegir entre dos opciones: «O estás con unos o con otros». También ha afirmado que en Cataluña se conocen las conversaciones y los contactos políticos, y que la diferencia está en mantener las propias posiciones o ceder ante las presiones. Por su parte, Raúl Moreno ha defendido el papel de las pensiones como uno de los principales instrumentos de redistribución de la renta y la riqueza, así como de reducción de las desigualdades, especialmente a través de las prestaciones no contributivas. El conseller ha abogado por seguir reforzando el Estado del bienestar. Mercè Perea, que participó en el Pacto de Toledo en representación del PSOE, ha rechazado que exista un conflicto inevitable entre jóvenes y mayores por la financiación de las pensiones. A su juicio, este debate ha cobrado protagonismo durante la campaña por iniciativa de la derecha. La diputada ha acusado a sus adversarios de difundir mensajes engañosos y ha señalado que los socialistas tienen hasta el 29 de noviembre para rebatirlos.

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(La Vanguardia, 22-10-2026) | Laboral

Garamendi mantiene a sus vicepresidentes en CEOE y Sánchez Llibre volverá a ser el enlace con las Cortes

La CEOE ha designado a los responsables de sus órganos de gobierno para los próximos cuatro años durante la primera reunión de su Junta Directiva tras la reelección de Antonio Garamendi como presidente por tercer mandato consecutivo. La patronal mantiene a su equipo de vicepresidentes y recupera para Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, la responsabilidad de las relaciones con las Cortes, un cargo que había perdido formalmente tras las elecciones internas de 2022. Además de la vicepresidencia que corresponde por derecho a Cepyme, presidida por Ángela de Miguel, los empresarios han reelegido a Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña CEIM, como vicepresidente primero. Sánchez Llibre vuelve a asumir oficialmente la interlocución con el Parlamento, una función que ha seguido ejerciendo en la práctica durante los últimos cuatro años. En las anteriores elecciones patronales, el dirigente catalán había apoyado la candidatura alternativa de Virginia Guinda, que no logró imponerse a Garamendi. En esta ocasión, tanto Garrido como Sánchez Llibre han respaldado la continuidad del presidente de la CEOE, pese a las dudas iniciales. El resto de las vicepresidencias seguirá en manos de Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA); Mirenchu del Valle, al frente de la patronal aseguradora Unespa; Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV); Julián Núñez, presidente de la patronal de las constructoras Seopan; Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB); e Íñigo Fernández de Mesa y María Helena Antolin. Garamendi también ha mantenido a aproximadamente un tercio de los presidentes de las cerca de treinta comisiones de trabajo de la organización, al tiempo que ha situado a varios dirigentes en áreas estratégicas para la próxima etapa legislativa, que comenzará tras las elecciones generales del 29 de noviembre. Entre los nombramientos destaca el de Lorenzo Amor al frente de la Comisión de Seguridad Social, mientras que Juan Pablo Lázaro, expresidente de CEIM, dirigirá la Comisión de Trabajo. Josep Antoni Duran i Lleida, exdiputado de CiU, asumirá la presidencia de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo, e Íñigo Fernández de Mesa estará al frente de la Comisión de Economía y Fiscalidad. Por su parte, Xavier Vilajoana, de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), dirigirá la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Rafael Barbadillo, de Confebus, asumirá la dirección de la Comisión y el Consejo del Transporte y la Logística. El primer desafío de los nuevos equipos directivos será la huelga general convocada por CCOO y UGT para el 11 de noviembre, la primera de este tipo en 14 años dirigida contra la patronal y motivada por la crisis de la vivienda. La convocatoria incluye reivindicaciones salariales y laborales. La CEOE ha criticado el paro al considerar que tiene un componente político, especialmente por su proximidad a las elecciones generales, y ha anunciado que presentará una impugnación.

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(El Economista, 22-10-2026) | Laboral

Los funcionarios quieren recuperar su paga extra: qué pasó en 2010 y por qué quedó congelada

El adelanto de las elecciones generales ha acelerado las reivindicaciones de los empleados públicos, que buscan dejar garantizada antes de la cita electoral del 29 de noviembre la subida salarial del 4,5% prevista para 2027. El Gobierno confirmó verbalmente ayer que mantendrá el incremento pactado, aunque todavía no ha concretado cuándo aprobará su aplicación. Al margen de esta mejora retributiva, los sindicatos han vuelto a situar entre sus prioridades la recuperación de las pagas extraordinarias anteriores a los recortes de 2010. El incremento salarial para 2027 estaba contemplado en el acuerdo plurianual 2025-2028 que el Ejecutivo firmó con las organizaciones sindicales en noviembre del año pasado, con el objetivo de elevar las retribuciones un 11% durante ese periodo. La confirmación de que las nóminas aumentarán un 4,5% el próximo año despeja las dudas sobre el cumplimiento de ese compromiso, pero sigue pendiente determinar cuándo se aprobará la medida, debido a las dificultades que introduce el adelanto electoral en el calendario político. Los empleados públicos también tienen pendiente un incremento adicional del 0,5% correspondiente a 2026, que se sumará al 1,5% ya consolidado. Esta subida estaba condicionada a que la inflación media anual superase el 1,5%, una circunstancia que, según las previsiones recogidas en el texto, se verá confirmada por la evolución de los precios. El aumento tendrá efectos retroactivos desde el inicio del año, aunque tampoco se conoce la fecha en la que se hará efectivo. En cualquier caso, deberá aplicarse a las nóminas correspondientes a todo 2026. Una vez encauzada la cuestión de las subidas salariales, los sindicatos pretenden intensificar su campaña para recuperar la estructura retributiva de las pagas extraordinarias anterior a los recortes de 2010. La reivindicación afecta a unos 2,9 millones de empleados públicos, entre funcionarios y personal estatutario, cuyas pagas extraordinarias siguen sin equivaler a una mensualidad ordinaria completa. Varias organizaciones sindicales pusieron en marcha en septiembre una campaña para reclamar la restitución de estas cuantías. Su estrategia pasaba por exigir al actual Gobierno que incluyera la recuperación de las pagas extraordinarias en la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el adelanto electoral introduce incertidumbre sobre la posibilidad de avanzar en esta negociación antes de los comicios. El origen del recorte se encuentra en el Real Decreto-ley 8/2010, aprobado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para reducir el déficit público en plena crisis financiera internacional. La norma estableció una reducción salarial media del 5% para los empleados públicos y modificó de forma estructural los porcentajes del sueldo base y de los trienios que se incorporan a las pagas extraordinarias. Como consecuencia, estas dejaron de alcanzar el importe de una mensualidad ordinaria completa, una situación que se mantiene desde entonces. La primera paga extraordinaria afectada fue la de diciembre de 2010. Según las estimaciones sindicales, la modificación supone una pérdida media de alrededor de 1.000 euros anuales por trabajador, al tener en cuenta la diferencia entre las cuantías que se perciben y las que corresponderían con la estructura retributiva anterior. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) mantiene abierta desde 2024 una vía judicial para intentar revertir esta situación. El sindicato presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional después de que el Congreso rechazara tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) que reclamaba la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias. La organización sostiene que las circunstancias económicas actuales son diferentes de las que justificaron los recortes hace más de una década y espera una resolución del tribunal. CSIF calcula que, durante los 16 años transcurridos desde la aplicación de la medida, los empleados públicos han dejado de percibir unos 48.000 millones de euros. Esta estimación incluye tanto la reducción inicial de las pagas extraordinarias como las actualizaciones salariales que, según el sindicato, habrían correspondido a esas cantidades si se hubiera mantenido la estructura retributiva anterior.

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(Expansión, 21-10-2026) | Laboral

Vivienda y prestaciones, protagonistas del primer "martes social"

El primer Consejo de Ministros centrado en políticas sociales del Gobierno aprobó ayer medidas de vivienda por un importe superior a 220 millones de euros. Estas iniciativas se suman a los efectos de la entrada en vigor del primero de los dos decretos sobre vivienda aprobados a comienzos de mes, cuya continuidad está pendiente de la votación en el Congreso de los Diputados. Entre las medidas aprobadas figura la creación de 2.000 nuevas plazas de alojamiento universitario, destinadas a ampliar la oferta residencial para estudiantes y personal docente e investigador, favorecer la movilidad académica y aliviar la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias. El programa dispondrá de un presupuesto de 45 millones de euros, con las mayores asignaciones previstas para la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. El Ejecutivo también aprobó un real decreto que regula la concesión de ayudas directas por valor de 180 millones de euros a las comunidades autónomas que han aplicado la Ley de Vivienda mediante la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Cataluña recibirá la mayor parte de estos fondos, con 119,4 millones de euros. También se beneficiarán el País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias. Las administraciones autonómicas podrán destinar estas ayudas a construir o rehabilitar viviendas para alquiler asequible o social, adquirir suelo con uso residencial y comprar inmuebles para incorporarlos al mercado de alquiler protegido. Asimismo, podrán emplear los recursos para cubrir impagos de contratos de arrendamiento, una medida vinculada a la suspensión de los desahucios hasta 2030 contemplada en el primero de los dos decretos de vivienda pendientes de votación en la Diputación Permanente del Congreso antes del 6 de noviembre. Junto a las medidas residenciales, el Consejo de Ministros aprobó una serie de cambios en distintas prestaciones sociales. Entre ellos destaca el reconocimiento de la pensión de viudedad a parejas que no estén casadas ni inscritas como parejas de hecho, siempre que tengan hijos en común y puedan acreditar que convivían. La solicitud podrá presentarse con efectos retroactivos durante el año siguiente a la publicación del real decreto en el BOE, y la prestación se reconocerá desde el mes posterior a la solicitud. También se incrementará la prestación de orfandad cuando la madre haya fallecido como consecuencia de la violencia de género. En estos casos, la cuantía podrá alcanzar el doble del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento. Otra de las novedades consiste en ampliar hasta los 26 años, en determinadas circunstancias, la edad máxima para acceder a la prestación económica destinada al cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves. Además, se incorporan el trastorno menopáusico y la violencia de género entre las causas que pueden dar lugar a una incapacidad temporal. El paquete incluye igualmente mejoras en las prestaciones de orfandad relacionadas con actos de terrorismo y una modificación de la Ley General de la Seguridad Social para permitir la adopción de medidas extraordinarias de protección cuando se produzcan catástrofes o accidentes de gran magnitud. Estas medidas podrán beneficiar tanto a las personas afectadas como a sus familiares.

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