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(El Economista, 06-11-2026) | Laboral

Trabajo fuerza una revisión extraordinaria del SMI para elevarlo a 18.000 euros al año en 2027

El Ministerio de Trabajo puso en marcha este miércoles el procedimiento para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) antes de las próximas elecciones generales, con la publicación del proyecto de real decreto para someterlo a audiencia pública. Sin embargo, la propuesta del departamento se aparta de las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos, que había presentado su informe anual apenas dos días antes. Según recoge la memoria económica del proyecto, Trabajo ha elevado en cuatro décimas el incremento aconsejado, pasando del 4,9% al 5,3%, con el objetivo de compensar nuevamente la subida de los precios. De aprobarse la medida, el SMI alcanzaría los 1.286 euros mensuales en 14 pagas, lo que supondría unos ingresos anuales de 18.000 euros. La memoria justifica esta decisión tomando como referencia la propuesta de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional (CAASMI), que recomendó actualizar el SMI conforme al indicador adelantado del IPC interanual de octubre de 2026, situado en el 4,9%. A esa subida, el Ministerio añade otros 0,4 puntos porcentuales para compensar la pérdida de poder adquisitivo registrada durante 2026. Según sus cálculos, la inflación media entre enero y octubre fue del 3,5%, mientras que el incremento aplicado al salario mínimo en enero se limitó al 3,1%. Con este ajuste adicional, Trabajo atiende la petición de revisión extraordinaria que venían planteando los sindicatos, especialmente UGT, ante el repunte de los precios asociado al conflicto bélico en Irán. El departamento sostiene que la corrección se ajusta al artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, que contempla la posibilidad de revisar el SMI cuando las previsiones sobre la evolución de los precios no se cumplen. De este modo, la propuesta incorpora tanto la variación interanual del IPC en octubre, del 4,9%, como la diferencia entre la inflación media acumulada y la subida salarial aplicada durante el ejercicio. La decisión supone que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsa por primera vez una actualización del salario mínimo sin contar previamente con el acuerdo de los agentes sociales. Además, el Ministerio ha optado por combinar en una misma revisión la actualización ordinaria del SMI y la compensación por la pérdida de poder adquisitivo. El informe de los expertos planteaba que una subida del 2,7% habría sido suficiente para situar el salario mínimo en el 60% del salario medio, de acuerdo con el objetivo recomendado por la Carta Social Europea. No obstante, el grupo elevó su propuesta al 4,9% para evitar que los perceptores del SMI perdieran capacidad de compra. También contempló un incremento del 11% en el supuesto de que el Gobierno decidiera que estos trabajadores debían empezar a tributar por el IRPF, una posibilidad que, por el momento, parece descartada. Estas cifras no constituían una horquilla de posibles aumentos, sino recomendaciones concretas elaboradas a partir de las estadísticas salariales, que el Ministerio ha decidido no seguir íntegramente. El Gobierno prevé aprobar la subida antes de las elecciones generales. Para ello, el Consejo de Ministros dispone de tres reuniones antes de que el Ejecutivo entre en funciones. No obstante, Trabajo ha abierto un plazo de audiencia pública hasta el próximo 16 de noviembre para que las partes interesadas puedan presentar sus observaciones al borrador. Las organizaciones empresariales y sindicales no habían podido pronunciarse previamente sobre esta propuesta en la mesa de diálogo social, ya que el Ministerio no les comunicó su intención durante la reunión celebrada este miércoles, una circunstancia que ha sido criticada por la CEOE. El calendario apunta a que la aprobación podría producirse durante la campaña electoral. Las primeras fechas disponibles para llevar la medida al Consejo de Ministros serían el 17 de noviembre o, en su defecto, el día 24. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han rechazado la iniciativa y han reclamado que la decisión no se adopte con criterios electoralistas, sino que quede en manos del próximo Gobierno, independientemente de su orientación política. Por su parte, CCOO y UGT han valorado favorablemente el porcentaje planteado, al superar ampliamente el incremento necesario para alcanzar el objetivo de situar el SMI en el 60% del salario medio, una meta que la comisión de expertos considera cumplida desde 2023. No obstante, los sindicatos también han reclamado que la subida vaya acompañada de un decreto que impida a las empresas absorber o eliminar los complementos salariales que perciben los trabajadores para compensar el coste que supone el aumento del salario mínimo. Esta reforma, destinada a evitar que los pluses puedan computarse para alcanzar la cuantía del SMI, ha sido aplazada por el Gobierno hasta 2027.

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(El Economista, 06-11-2026) | Laboral

Fedea avisa de que el "cheque en blanco" de las pensiones acelera el deterioro de las infraestructuras

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) alerta en un informe publicado este jueves de que la reforma de las pensiones aprobada entre 2021 y 2023 está generando una presión creciente sobre las cuentas públicas. Según sus conclusiones, el sistema funciona como un «cheque en blanco» que absorbe recursos que podrían destinarse a otras necesidades presupuestarias, entre ellas la inversión y el mantenimiento de las infraestructuras, cuyo deterioro atribuye, en parte, a la falta de financiación. Los autores del estudio, los economistas Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García y Alfonso R. Sánchez Martín, cuestionan la estrategia del Gobierno de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social mediante transferencias procedentes del presupuesto del Estado. A su juicio, este mecanismo ofrece una imagen contable que no refleja el verdadero desequilibrio del sistema. De hecho, calculan que el déficit básico de la Seguridad Social Ampliada (SSA), antes de contabilizar esas aportaciones estatales, se situó en 2025 cerca de los 64.000 millones de euros, equivalente al 3,8% del PIB. Las previsiones de Fedea también difieren de las estimaciones del Ejecutivo sobre la evolución del gasto en pensiones a largo plazo. Mientras el Gobierno calcula que el incremento del gasto neto será inferior a un punto del PIB hasta 2050, los modelos macroeconómicos de la fundación apuntan a que el déficit básico del sistema contributivo podría aumentar otros 2,3 puntos porcentuales. Esto obligaría al Estado a aportar recursos equivalentes a más de seis puntos del PIB anuales a mediados de siglo para garantizar la sostenibilidad del sistema. El informe advierte de que estas transferencias absorben una parte cada vez mayor de los ingresos públicos y reducen el margen presupuestario disponible para otras políticas. Según sus cálculos, los recursos destinados a financiar las pensiones ya representan más de un tercio de la recaudación tributaria total del Estado. Esta situación, sostienen los economistas, compromete la capacidad de las administraciones para financiar inversiones productivas y atender otras necesidades de los servicios públicos. Los autores relacionan este desequilibrio con la elevada generosidad del sistema español. La primera pensión equivale aproximadamente al 77% del último salario percibido por el trabajador, frente a una media del 45% en la Unión Europea. A su entender, mantener este nivel de prestaciones sin introducir ajustes puede obligar a reducir otras partidas presupuestarias, como las destinadas a conservar y renovar las infraestructuras públicas. En este sentido, De la Fuente, García Díaz y Sánchez Martín consideran que la reforma acordada por los principales partidos políticos entraña riesgos importantes porque no establece límites claros al coste futuro de las pensiones. En su opinión, garantizar su financiación mediante aportaciones crecientes del Estado puede terminar dejando sin recursos suficientes a otras áreas también esenciales del Estado del bienestar. Como ejemplo, señalan el deterioro de las infraestructuras por la insuficiencia de las inversiones en mantenimiento, una situación que, advierten, puede tener consecuencias especialmente graves. Para corregir esta evolución, los economistas plantean una revisión de la política de pensiones que permita hacer más transparente su coste y reforzar su sostenibilidad financiera. Entre sus propuestas figura sustituir el actual Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) por un recargo proporcional sobre la parte estatal del IRPF. De esta manera, consideran que los contribuyentes podrían identificar con mayor claridad el esfuerzo fiscal destinado a financiar el sistema. El estudio también propone ampliar el periodo utilizado para calcular la pensión hasta abarcar toda la vida laboral del trabajador y diseñar una transición gradual, a lo largo de varias décadas, hacia un modelo de cuentas nocionales individuales. Este sistema vincularía de forma más directa las prestaciones a las cotizaciones realizadas durante la trayectoria profesional, con el objetivo de favorecer el equilibrio actuarial y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

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(Expansión, 05-11-2026) | Laboral

El paro sube en 43.128 personas en octubre y la Seguridad Social gana 186.612 afiliados

El paro registrado aumentó en octubre en 43.128 personas, un 1,81% más que en septiembre, y elevó el número total de desempleados inscritos en las oficinas de empleo hasta los 2.422.633. Este incremento devuelve el desempleo por encima de los 2,4 millones de personas, una cifra que se había logrado rebajar hace seis meses. El repunte se explica principalmente por el sector servicios, que concentró cerca de 27.000 nuevos parados como consecuencia del final de la temporada turística de verano. Al mismo tiempo, la Seguridad Social incorporó 186.612 afiliados, un 0,83% más, y alcanzó un nuevo máximo histórico de 22.624.165 ocupados. Pese al incremento mensual, el volumen de desempleados se mantiene en su nivel más bajo para un mes de octubre desde 2007, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En comparación con octubre del año pasado, el paro ha descendido en 21.133 personas. No obstante, la subida registrada en el último mes es la más elevada para un octubre desde 2020, cuando se contabilizaron 49.558 desempleados más. Desde 1996, el paro únicamente ha disminuido en este mes en dos ocasiones, en 2021 y 2022, mientras que ha aumentado en los otros 29 ejercicios. En octubre de 2025, el incremento fue de 22.101 personas. El desempleo aumentó en las 17 comunidades autónomas. Los mayores repuntes correspondieron a Cataluña, con 8.174 parados más; la Comunidad Valenciana, con 6.716, y Castilla y León, con 4.404. Por actividades económicas, los servicios registraron el mayor incremento, con 26.853 desempleados adicionales (1,58%). También aumentó el paro en la industria, con 1.911 personas (1,06%), y en la agricultura, con 1.547 (2,21%). La construcción apenas experimentó variaciones, al sumar 102 desempleados (0,06%). Por su parte, el colectivo de personas sin empleo anterior incorporó 12.715 nuevos inscritos, un 4,87% más. Entre los menores de 25 años, el desempleo creció en 15.832 personas respecto a septiembre, un 8,37%, hasta alcanzar los 204.973 jóvenes. En el mercado laboral, la afiliación media a la Seguridad Social avanzó en 186.612 cotizantes durante octubre, lo que supone un crecimiento mensual del 0,83% y sitúa el total en 22.624.165 trabajadores, un nuevo récord. Este comportamiento responde principalmente al impulso de la educación, coincidiendo con el desarrollo completo del curso académico, y al aumento del empleo entre la población extranjera, relacionado con el proceso extraordinario de regularización. Los trabajadores extranjeros representan ya el 16,4% del conjunto de afiliados y el sistema se aproxima por primera vez a los 3,7 millones de cotizantes de otros países. Según las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 490.586 afiliados extranjeros en situación de alta están vinculados al procedimiento extraordinario de regularización. Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor porcentaje de trabajadores incorporados a través de este proceso, con un 27,6%, seguida de Venezuela, con un 15,7%. El Régimen General sumó 170.852 afiliados en octubre, un 0,9% más que el mes anterior, y alcanzó los 19.059.332 ocupados de media. En términos interanuales, este régimen registra 704.996 cotizantes adicionales, lo que representa un avance del 3,84%. La mayor contribución al crecimiento mensual procedió de la educación, que incorporó 165.994 trabajadores con el inicio pleno del curso escolar. A continuación se situaron la construcción, con 18.597 afiliados más, y las actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento, que añadieron 17.705 cotizantes. Por el contrario, algunas ramas de actividad experimentaron retrocesos en el empleo. La hostelería perdió 44.974 afiliados, mientras que las actividades sanitarias registraron 28.639 bajas y las administrativas, 12.324. También disminuyó la ocupación en el suministro de agua y la gestión de residuos, con 4.964 cotizantes menos; la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 4.080; el comercio, con 2.955, y las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, con 1.071 afiliados menos. El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cerró octubre con 3.501.598 cotizantes, después de incorporar 17.952 trabajadores por cuenta propia durante el mes. En comparación con octubre de 2025, el incremento alcanza los 79.163 autónomos. La evolución fue positiva en la mayoría de las actividades, especialmente en educación, que sumó 5.013 trabajadores; construcción, con 3.970 más, y actividades profesionales y científicas, con otros 3.222 cotizantes. Por comunidades autónomas, la afiliación media aumentó en once territorios y disminuyó en los seis restantes. Madrid encabezó los avances, con 58.128 ocupados adicionales, seguida de Andalucía, con 46.405, y la Comunidad Valenciana, con 40.873. En el lado contrario, Baleares registró el mayor descenso, con 31.610 afiliados menos, seguida de La Rioja, con 2.112, y Castilla-La Mancha, con 1.207. En cuanto a los mecanismos de regulación temporal del empleo, al cierre de octubre había 10.392 trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). De ellos, 2.180 estaban incluidos en procedimientos por fuerza mayor, 7.178 en expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) y 1.034 en el Mecanismo RED específico para el sector de la automoción. Los últimos datos disponibles sobre protección por desempleo, correspondientes a septiembre, reflejan que 1.763.649 personas percibían alguna prestación, lo que supone una tasa de cobertura del 80,82%, la más elevada para ese mes desde que existen registros. La cuantía media mensual por beneficiario se situó en 1.233,9 euros, 13,6 euros más que en septiembre de 2025, equivalente a un incremento interanual del 1,1%. Por último, durante octubre se formalizaron 1.491.069 contratos, un 1,3% menos que en el mismo mes del ejercicio anterior. De ese total, 645.173 fueron indefinidos, el 43,27% del conjunto, con un aumento interanual del 0,3%. Dentro de esta modalidad se contabilizaron 257.400 contratos a jornada completa, un 1,4% más; 178.962 a tiempo parcial, con un crecimiento del 6,2%, y 208.811 fijos discontinuos, un 2,2% menos. Los contratos temporales ascendieron a 845.896, lo que representa el 56,73% de la contratación registrada en octubre.

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(Expansión, 05-11-2026) | Laboral

El Supremo refuerza la exención de cotización en el pago de las dietas

El Tribunal Supremo ha extendido a todas las empresas, independientemente del sector en el que desarrollen su actividad, el criterio que permite excluir de la base de cotización a la Seguridad Social las dietas por manutención sin necesidad de presentar facturas o justificantes de los gastos. Para ello, es necesario acreditar que se ha producido un desplazamiento por motivos laborales y que las cantidades abonadas no superan los límites establecidos por la normativa. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha establecido esta doctrina al estimar el recurso de casación interpuesto por Auren Legal, bajo la dirección del socio Alberto Gilarranz y con la participación de Noelia Ayala y Juan Chozas, ambos of counsels de la firma. La sentencia deja sin efecto las liquidaciones exigidas por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), así como las resoluciones administrativas y los pronunciamientos judiciales anteriores que las habían ratificado. Asimismo, ordena devolver a la empresa los importes satisfechos, junto con los intereses de demora correspondientes. La importancia de este pronunciamiento radica en que extiende a una compañía dedicada a instalaciones y mantenimiento una interpretación que hasta ahora se había aplicado a empresas del sector del transporte. El Supremo se apoya en resoluciones anteriores en las que ya había establecido que no era necesario presentar justificantes individuales de los gastos de manutención cuando las dietas se encontraban dentro de los límites legales. El tribunal precisa que la aplicación de este criterio no está vinculada a la actividad económica de la empresa. Basta con demostrar que el trabajador ha realizado un desplazamiento por razones laborales, sin que sea obligatorio acreditar documentalmente cada gasto concreto de manutención, siempre que las cantidades percibidas respeten los máximos fijados en el reglamento del IRPF. La resolución también señala que el derecho a recibir estas compensaciones no está condicionado por el tipo de contrato del trabajador, sino por la existencia de un desplazamiento temporal efectivo que implique gastos adicionales. Aunque el fallo aborda específicamente las dietas de manutención, los argumentos utilizados por el Supremo podrían tener consecuencias en la interpretación de otros conceptos asociados a los desplazamientos profesionales, como los gastos de alojamiento y estancia. En este sentido, Gilarranz considera que el alcance de la sentencia podría ir incluso más allá de lo establecido expresamente en ella.

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(El País, 05-11-2026) | Laboral

Los expertos de Trabajo expresan su inquietud porque las subidas del salario mínimo no impulsen más el resto de sueldos

El grupo de expertos, integrado por académicos, representantes sindicales y miembros del Gobierno y encargado de analizar cada año la evolución del salario mínimo interprofesional (SMI), ya ha remitido sus conclusiones al Ministerio de Trabajo. El informe propone incrementar esta retribución un 4,9% en 2027, en línea con la evolución de los precios. Sin embargo, el documento, de 45 páginas, aborda también otras cuestiones relacionadas con los efectos de las sucesivas revisiones del salario mínimo sobre el conjunto de las retribuciones, especialmente la limitada repercusión que están teniendo en los salarios situados por encima de ese umbral. El Ministerio de Trabajo ha convocado a sindicatos y organizaciones empresariales para presentarles el contenido del informe y conocer sus valoraciones. Según ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el encuentro se ha celebrado antes de hacer públicas las conclusiones de los especialistas, a diferencia de lo ocurrido en ejercicios anteriores. La decisión responde, entre otros motivos, a la necesidad de agilizar el proceso ante el reciente repunte de la inflación y el encarecimiento de los precios. Una de las principales advertencias del informe se refiere a la escasa capacidad de las subidas del SMI para trasladarse al resto de la estructura salarial. Los expertos alertan del riesgo de que trabajadores con experiencia o una cualificación media terminen percibiendo únicamente el salario mínimo, mientras que las categorías salariales inferiores de numerosos convenios colectivos quedan superadas por el mínimo legal. Este fenómeno, conocido como bunching, refleja una concentración creciente de trabajadores en una franja retributiva muy próxima al SMI, como consecuencia de los fuertes incrementos acumulados desde 2019. Los especialistas consideran que el salario mínimo debería funcionar principalmente como referencia para los trabajadores sin cualificación o experiencia, por lo que muestran su preocupación ante la posibilidad de que empleados con mayor formación o trayectoria profesional permanezcan dentro de esa misma banda salarial. Se trata de una advertencia que ya figuraba en el informe elaborado para la revisión correspondiente a 2026 y que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de mejorar los mecanismos que permiten trasladar los incrementos salariales a los distintos niveles profesionales. El documento recoge investigaciones que han analizado los efectos de las subidas del SMI aprobadas en 2017 y 2019, esta última especialmente significativa por su incremento del 21,5% en términos reales. Los resultados muestran que las mejoras retributivas no beneficiaron exclusivamente a quienes percibían directamente el salario mínimo, sino que también alcanzaron a trabajadores situados en otros tramos de la distribución salarial, incluso por encima de la mediana. No obstante, el efecto fue perdiendo intensidad a medida que aumentaba el nivel de ingresos. Los expertos atribuyen parte de este efecto de arrastre a la negociación colectiva, ya que los convenios afectados por las subidas del SMI tienden a revisar sus tablas salariales y, con ello, pueden generar incrementos en categorías superiores. Sin embargo, consideran que esta transmisión sigue siendo limitada y plantean la necesidad de analizar por qué las mejoras del salario mínimo no se extienden con mayor intensidad al conjunto de las retribuciones. Otra de las preocupaciones recogidas en el informe es que los incrementos del SMI hayan dejado obsoletos numerosos salarios mínimos establecidos en los convenios colectivos, al quedar por debajo del umbral legal. Esta evolución está provocando diferencias cada vez mayores entre los trabajadores con menores ingresos y el resto de los asalariados, cuyos sueldos dependen en mayor medida de la negociación colectiva. Los datos de la Encuesta de Población Activa reflejan esta tendencia: entre 2021 y 2024, el salario medio del 10% de los trabajadores con menores remuneraciones aumentó un 25,4%, frente al 14,9% de incremento registrado en el conjunto de los asalariados. En los tramos superiores, las subidas fueron más moderadas y oscilaron entre el 13,5% y el 12,9%. Ante esta situación, los especialistas insisten en que el SMI no puede convertirse en el único instrumento para mejorar las condiciones laborales y salariales. Consideran necesario reforzar otras vías, especialmente el diálogo social, la negociación colectiva y la formación, para conseguir que las mejoras retributivas alcancen también a los trabajadores con mayor experiencia y cualificación. Esta recomendación llega en un momento en el que sindicatos y patronales no cuentan con un acuerdo estatal para orientar la negociación colectiva, como el que estuvo vigente entre 2023 y 2025. La ausencia de un pacto de estas características es uno de los argumentos esgrimidos por las organizaciones sindicales para convocar la huelga general del próximo 11 de noviembre. Además, los salarios pactados en convenio, que crecen un 3,1%, mantienen un ritmo inferior a la inflación interanual, situada en el 4,6%, aunque la media anual se encuentra en torno al 3,2%. Pese a estas advertencias, el informe también destaca los efectos favorables que han tenido las sucesivas revisiones del salario mínimo sobre la distribución de la renta. Los expertos consideran que los incrementos aplicados en España han contribuido a reducir la desigualdad salarial y a mejorar la situación económica relativa de los hogares con menores ingresos. Asimismo, señalan que la evolución positiva del empleo durante los últimos años demuestra que las subidas del SMI no han impedido la creación de puestos de trabajo, en línea con las conclusiones de diferentes investigaciones. Por último, los especialistas entienden que las perspectivas económicas permiten mantener la senda de incrementos del salario mínimo. Aunque prevén que el crecimiento de la economía española será menos intenso que en ejercicios anteriores y reconocen la elevada incertidumbre internacional, consideran que las previsiones de expansión económica siguen siendo compatibles con una nueva actualización al alza del SMI en 2027.

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(El Economista, 05-11-2026) | Laboral

Ocultar la muerte de un pensionista para cobrar su pensión pasa a ser penado como delito de fraude

Ocultar deliberadamente el fallecimiento de una persona pensionista para seguir cobrando sus prestaciones constituye un delito autónomo de fraude a la Seguridad Social, tipificado en el artículo 307 ter del Código Penal. Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 7 de octubre de 2026, en la que aclara que para apreciar este delito no es necesario acreditar los elementos propios de la estafa tradicional. El magistrado ponente, Martínez Arrieta, señala que este tipo penal no requiere demostrar la existencia de un engaño mediante artificios ni que se haya inducido a error a la Administración. Asimismo, precisa que la falta de controles por parte de los organismos públicos o de las entidades bancarias para verificar que el pensionista continúa vivo no elimina la responsabilidad penal de quienes se apropian indebidamente de las cantidades abonadas. La Sala fundamenta su decisión en la reforma introducida por la Ley Orgánica 7/2012, que incorporó el artículo 307 ter al Código Penal para regular específicamente el fraude a la Seguridad Social y diferenciarlo de la figura general de la estafa. Según el tribunal, la normativa establece expresamente que los causahabientes tienen la obligación de comunicar el fallecimiento del beneficiario y dejar de percibir la prestación, tal como recogen el Real Decreto 227/1981 y la Orden de 7 de mayo de 1981. Por tanto, el incumplimiento consciente de este deber, cuando permite mantener indebidamente el cobro de fondos públicos, reúne los requisitos necesarios para apreciar el delito. Como consecuencia de esta interpretación, el Supremo revoca las sentencias absolutorias dictadas anteriormente por la Audiencia Provincial de Oviedo y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El procedimiento analiza el caso de una mujer que dispuso de 61.834,46 euros ingresados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en una cuenta bancaria entre agosto de 2013 y diciembre de 2019. La cuenta estaba a nombre de su abuela, fallecida el 27 de diciembre de 1988, y de su madre, que murió el 14 de agosto de 2013. A pesar de estos fallecimientos, la pensión de viudedad continuó ingresándose mensualmente durante años debido al desconocimiento de las entidades pagadoras. La acusada se benefició de esta situación realizando reintegros de efectivo, transferencias, pagos con tarjeta y domiciliaciones bancarias, pese a conocer que los fondos procedían de una prestación que ya no correspondía percibir. Tras anular las resoluciones anteriores, el Tribunal Supremo condena a la procesada a dos años de prisión como autora de un delito agravado de fraude a la Seguridad Social, atendiendo a la cuantía de las cantidades percibidas indebidamente. Además, le impone la pérdida del derecho a obtener subvenciones y ayudas públicas, así como beneficios fiscales o de la Seguridad Social, durante un periodo de tres años. En concepto de responsabilidad civil, la condenada deberá indemnizar al INSS con 29.658 euros. Esta cantidad resulta de descontar del importe total percibido, 61.834,46 euros, los 39.176,22 euros que la entidad bancaria ya había reintegrado a las arcas públicas por los abonos realizados entre 2016 y 2019.

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(Expansión, 04-11-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba las indemnizaciones para los afectados por Urda: hasta 288.000 euros por fallecido e incapacidad temporal "mejorada"

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que establece un paquete de ayudas e indemnizaciones para las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que se saldó con 69 fallecidos y más de 200 heridos. La norma contempla un procedimiento específico para adelantar el pago de las compensaciones, con el propósito de que los afectados y sus familiares puedan recibirlas sin tener que esperar a que concluyan todos los trámites. Según explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, las indemnizaciones duplicarán las previstas en el seguro obligatorio de viajeros. De esta forma, las cantidades podrían situarse en torno a los 216.000 euros para los familiares de las personas fallecidas y en unos 84.000 euros para los heridos. A estas cuantías se añadirán ayudas complementarias de 72.000 euros por cada fallecimiento, lo que elevaría la compensación total hasta aproximadamente 288.000 euros. La ministra portavoz, Elma Saiz, señaló que el dolor provocado por la tragedia afecta al conjunto de la sociedad y que se ofrecerá más información conforme avance la investigación judicial. El decreto incorpora también un mecanismo extraordinario para anticipar las indemnizaciones, similar al aplicado tras el accidente ferroviario de Adamuz el pasado enero. Para ello, se habilitará una partida de 30 millones de euros. Asimismo, se establece un procedimiento especial de incapacidad temporal que permitirá mejorar la protección de las personas afectadas durante su recuperación. El paquete se completa con la apertura de oficinas de atención integral en todas las comunidades autónomas en las que residan víctimas del accidente. Otra de las medidas aprobadas busca evitar incrementos desproporcionados en las tarifas de otros medios de transporte como consecuencia de las interrupciones del servicio ferroviario. El Gobierno pretende establecer mecanismos que permitan contener los precios y prevenir subidas abusivas, como las que se registraron tras el accidente de Adamuz, cuando algunas tarifas llegaron a multiplicarse por ocho o nueve. Por último, el Ejecutivo ha aprobado un plan específico para reforzar la seguridad de la red ferroviaria, basado en la innovación tecnológica, la revisión de los protocolos y la mejora de los recursos humanos. Entre las actuaciones previstas figuran nuevas herramientas para facilitar la comunicación entre maquinistas y controladores, así como la finalización del despliegue del sistema de seguridad destinado a sustituir al LZB, señalado como causante del accidente de Urda. En cuanto a los procedimientos operativos, las decisiones adoptadas desde los centros de control deberán contar a partir de ahora con la validación de, al menos, un segundo controlador. También se estudiará la incorporación de nuevas medidas de seguridad pasiva inspiradas en las utilizadas en el transporte aéreo. El plan incluye, además, mejoras en las condiciones laborales del personal ferroviario y la introducción de nuevos protocolos de descanso.

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(El País, 04-11-2026) | Laboral

Los expertos de Trabajo recomiendan que el salario mínimo suba un 4,9% en 2027, hasta los 1.281 euros al mes

El grupo de expertos constituido por el Ministerio de Trabajo ya ha elaborado su propuesta para la próxima actualización del salario mínimo interprofesional (SMI), una recomendación que el Gobierno esperaba para iniciar el proceso de aprobación de la subida antes de que termine la legislatura. Los especialistas plantean un incremento del 4,9% para 2027, lo que elevaría el salario mínimo desde los actuales 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas hasta los 1.281 euros. Esto supondría 60 euros más al mes y permitiría compensar la evolución de los precios, cuya tasa interanual se situó en el 4,9% en octubre, según los cálculos recogidos en el informe elaborado por académicos, representantes sindicales y miembros del Ejecutivo. Como viene sucediendo en los últimos años, el documento servirá de referencia para la posterior negociación entre el Ministerio, los sindicatos y las organizaciones empresariales, de la que saldrá la cuantía definitiva. Mientras CC OO y UGT reclaman un aumento del 7%, la patronal ha cuestionado la premura con la que se está desarrollando el proceso. Por su parte, el Gobierno pretende aprobar la subida antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre. El encargo realizado por Trabajo a la comisión de expertos consistía en determinar dos posibles incrementos: uno que permitiera situar el SMI en el 60% del salario medio neto y otro que garantizara que no perdiera poder adquisitivo. Ambos objetivos ofrecen resultados diferentes, ya que el primero depende de cómo evolucionen las retribuciones del conjunto de los trabajadores, mientras que el segundo está condicionado por el comportamiento de la inflación. La referencia al 60% responde al criterio defendido por el Comité Europeo de Derechos Sociales en su interpretación de la Carta Social Europea, que considera esta proporción un nivel adecuado para garantizar un salario mínimo suficiente. Aunque no constituye una obligación directa para los Estados, es un objetivo respaldado por distintos especialistas y asumido por PSOE y Sumar en su programa de Gobierno. Ambas formaciones se comprometieron a modificar el Estatuto de los Trabajadores para vincular automáticamente la evolución del SMI al 60% del salario medio, una iniciativa que no ha prosperado debido a la falta de apoyos parlamentarios. De acuerdo con los cálculos de la comisión, para que el salario mínimo neto alcance ese porcentaje del salario medio neto sería suficiente con fijar una retribución bruta anual de 17.554 euros, lo que representa un incremento del 2,7% respecto a 2026. En términos mensuales, el SMI pasaría de 1.221 a 1.254 euros, es decir, 33 euros más en cada una de las 14 pagas. Sin embargo, esta actualización no bastaría para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben el salario mínimo, puesto que el incremento quedaría por debajo de la inflación. Por este motivo, los expertos consideran que, si se mantiene la exención del SMI en el IRPF, debería aplicarse una subida del 4,9%, equivalente al aumento de los precios registrado en octubre. El Ejecutivo ya ha anunciado su intención de aprobar nuevamente una deducción fiscal para evitar que quienes cobran el salario mínimo tengan que tributar por este impuesto, aunque todavía no ha concretado cuándo pondrá en marcha la medida. La cuestión de la tributación del SMI ha generado diferencias entre los ministerios de Trabajo y Hacienda. Mientras el departamento de Yolanda Díaz ha defendido que estas retribuciones queden exentas del IRPF, Hacienda había sostenido en ejercicios anteriores que también debían contribuir a los ingresos públicos. Su argumento se apoyaba en el fuerte crecimiento experimentado por el salario mínimo desde 2018, cuando pasó de 736 a 1.221 euros mensuales, un aumento acumulado del 66% que ha ampliado hasta unos 2,5 millones el número de trabajadores que perciben esta remuneración. Para Hacienda, no resultaba conveniente que un colectivo tan numeroso quedara al margen de la tributación. No obstante, esta posición se modificó el pasado año, después de que el Ministerio de Trabajo solicitara a los expertos que calcularan las subidas teniendo en cuenta tanto un escenario con tributación como otro sin ella. La recomendación de los expertos tiene una influencia considerable en la posición que adopta Trabajo durante las negociaciones con los agentes sociales. El precedente más reciente se encuentra en la subida del año pasado, cuando la comisión planteó un incremento del 3,1%, exactamente el porcentaje que finalmente pactaron el Ministerio, CC OO y UGT. Las organizaciones empresariales quedaron fuera del acuerdo, una situación que se ha repetido en prácticamente todas las actualizaciones aprobadas desde que Yolanda Díaz está al frente de Trabajo. La única excepción fue la subida de 2020, cuando el SMI alcanzó los 950 euros y contó con el respaldo de la patronal. La actualización prevista para 2027 será la última que impulse Díaz como ministra de Trabajo, ya que no volverá a concurrir como candidata de la izquierda. El Ejecutivo podrá aprobarla mediante real decreto, sin necesidad de obtener el respaldo del Congreso, al tratarse de una medida que no requiere una ley para modificar su cuantía. Esta fórmula ha permitido mantener los incrementos anuales del salario mínimo durante una legislatura marcada por las dificultades parlamentarias, en la que el Gobierno no consiguió sacar adelante otras iniciativas laborales, como la reducción de la jornada máxima a 37,5 horas semanales. El fracaso de esta reforma llevó a Trabajo a plantear como alternativa un refuerzo del registro horario, una iniciativa que todavía no ha sido aprobada pese a que el departamento de Díaz y el Ministerio de Economía habían anunciado que estaría lista en septiembre. El retraso ha provocado un notable malestar entre los sindicatos, que han condicionado su participación en futuros acuerdos con el Gobierno a que se refuerce el control de la jornada laboral. Si el Ejecutivo no desbloquea esta medida y las centrales mantienen su postura, la próxima subida del SMI podría aprobarse sin el apoyo de CC OO y UGT. Díaz ha reiterado en varias ocasiones su compromiso de sacar adelante el nuevo registro horario, incluso después de que el Consejo de Estado emitiera un dictamen muy crítico con el proyecto. A esta discrepancia se suma otra de las reivindicaciones sindicales para respaldar el incremento salarial: impedir que las empresas compensen las subidas del SMI mediante la supresión de determinados complementos salariales. Los sindicatos reclaman que se apruebe por decreto una regulación que proteja conceptos como la antigüedad y otros pluses, evitando que las empresas los absorban para neutralizar el efecto real de la mejora salarial. Esta iniciativa también ha evidenciado diferencias entre los ministerios de Economía y Trabajo y continúa pendiente de aprobación. Si el Gobierno decide aprobar la subida del salario mínimo antes de las elecciones del 29 de noviembre, la medida llegaría con bastante más antelación que en ejercicios anteriores. Habitualmente, las actualizaciones se han aprobado alrededor del mes de febrero, con efectos retroactivos desde el inicio del año. El adelanto del calendario ha suscitado críticas de la oposición, que considera que responde a intereses electorales, mientras que el Ejecutivo defiende la conveniencia de cerrar la cuestión antes de que el Gobierno entre en funciones. La patronal también ha cuestionado los plazos establecidos por Trabajo y, por el momento, no ha presentado una propuesta concreta sobre cuánto debería aumentar el salario mínimo en 2027.

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(El Economista, 04-11-2026) | Laboral

La mitad de las madres en solitario sin empleo se plantea acudir al trabajo "en negro"

La dificultad para mantener un hogar con un único salario se agrava en un contexto de elevada inflación, pero la situación resulta especialmente crítica cuando no se dispone de ningún ingreso. El último informe de la Fundación Adecco pone de manifiesto la vulnerabilidad económica de las familias monoparentales en España, una realidad que afecta mayoritariamente a mujeres. De los 1.944.800 hogares de este tipo contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 81,4%, equivalente a 1.582.100, está encabezado por una mujer. Para muchas de estas madres, el desempleo supone un riesgo de exclusión social y económica. De hecho, el 49,5% de las desempleadas reconoce que estaría dispuesta a aceptar un trabajo sin contrato ni alta en la Seguridad Social con tal de conseguir ingresos. La tasa AROPE de pobreza y exclusión social entre estos hogares se sitúa en el 50,6%, prácticamente el doble de la media nacional, que alcanza el 25,7%. Ante esta situación, el 76,2% de las madres desempleadas necesita recurrir a algún tipo de apoyo familiar, institucional o social para salir adelante. Las prestaciones y ayudas públicas son esenciales para el 51% de ellas, mientras que el 19% depende principalmente de la ayuda de familiares y el 12% de las aportaciones de entidades sociales. Otro 18% combina varias de estas fuentes de apoyo. Sin embargo, esta red de protección no ofrece seguridad a largo plazo. El 62,9% de las mujeres que reciben estas ayudas asegura que no tiene garantías de poder seguir contando con ellas durante los próximos doce meses. Además, nueve de cada diez madres que afrontan solas la crianza llegan a final de mes con algún grado de dificultad. Los principales gastos que tienen problemas para asumir son los relacionados con la educación de sus hijos, señalados por el 54%, y la vivienda, mencionada por el 44%. La falta de recursos también limita su capacidad para afrontar gastos imprevistos. El 73,5% de estas mujeres no podría hacer frente a un desembolso de 600 euros, ya fuera por una avería en el hogar o por una necesidad médica. Esta precariedad contribuye a explicar por qué una parte de ellas estaría dispuesta a aceptar empleos en la economía sumergida, aun renunciando a derechos y protecciones básicas como las prestaciones por enfermedad o accidente y las cotizaciones necesarias para su futura jubilación. El acceso a un empleo estable, con una remuneración suficiente y condiciones compatibles con las responsabilidades familiares, permitiría reducir esta dependencia. El 78,1% de las encuestadas considera que dejaría de necesitar total o parcialmente las ayudas familiares, públicas o sociales si dispusiera de un trabajo de estas características. No obstante, las dificultades para incorporarse al mercado laboral siguen siendo importantes. El 56% afirma que comunicar su situación familiar durante un proceso de selección reduce sus posibilidades de contratación debido a los prejuicios sobre su disponibilidad. Asimismo, el 73,2% ha tenido que rechazar una oferta de empleo o abandonar un proceso de selección por la imposibilidad de compatibilizar la jornada laboral con el cuidado de sus hijos. El informe apunta a la necesidad de abordar el problema mediante cambios en las políticas de empleo y contratación, más allá de las ayudas económicas destinadas a cubrir las necesidades inmediatas. La mejora de la flexibilidad laboral, la adaptación de las jornadas y una mayor implicación de las empresas y las administraciones públicas resultan fundamentales para facilitar el acceso a empleos formales y estables. Sin estas medidas, una parte importante de los hogares monoparentales corre el riesgo de permanecer atrapada en la precariedad y de transmitir las situaciones de pobreza a las siguientes generaciones.

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(Expansión, 03-11-2026) | Laboral

El Banco de España elevó los gastos de personal un 25% el año pasado

La masa salarial del Banco de España ha aumentado un 25%, impulsada por la intensa renovación de personal que se ha producido desde la llegada de José Luis Escrivá al frente de la institución, especialmente en los puestos de mayor responsabilidad. A este incremento también han contribuido la subida retributiva del 2,5% recogida en el convenio aprobado este año y el aumento de las cotizaciones sociales. El supervisor incorporó a 74 trabajadores el pasado ejercicio, después de sumar otros 114 durante el año anterior. Una parte de estas contrataciones responde a procesos ordinarios de selección para cubrir plazas de la plantilla, mientras que otras están relacionadas con la renovación de los principales puestos directivos y la cobertura de vacantes en la estructura de mando. Según las cuentas anuales, el gasto total en salarios alcanza los 378 millones de euros. Tras asumir el cargo de gobernador en septiembre de 2024, Escrivá acometió una reorganización de la estructura interna mediante la creación de dos áreas transversales. En el marco de esta remodelación incorporó a Mayte Ledo como directora general de Estrategia, Personas y Datos. Ledo, persona de su confianza y con la que había coincidido anteriormente en BBVA Research, se convirtió en la primera profesional ajena a la institución en acceder directamente a uno de los principales puestos directivos, al margen del propio gobernador. También fichó a Inés Calderón como directora de Comunicación, aunque posteriormente amplió sus responsabilidades y pasó a ocupar la Dirección Adjunta de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia. A comienzos de 2025, Montse Martínez Parera regresó al Banco de España después de concluir su etapa como vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Durante aproximadamente año y medio desempeñó funciones de asesoramiento al gobernador, hasta que recientemente fue nombrada presidenta del Fondo de Garantía de Depósitos. En paralelo a las nuevas incorporaciones, la institución ha registrado cerca de una decena de salidas relevantes de su equipo directivo durante estos dos últimos años. Una de las más destacadas fue la de Ángel Gavilán, responsable del Servicio de Estudios, que recientemente ha puesto en marcha la consultora aimTFP Inteligencia Económica junto con Víctor Ausín, antiguo director general de Política Económica del Ministerio de Economía. También abandonó su puesto Alejandro Álvarez, director general de Servicios y responsable de las áreas de personal y contratación. A finales de 2024 presentó su dimisión Ángel Estrada, hasta entonces al frente de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución. A estas salidas se sumaron las de los subdirectores Ignacio Marín e Isabel Bueno. Las vacantes generadas se han cubierto mediante procedimientos de selección abiertos y competitivos, en los que han podido participar tanto profesionales de la propia institución como candidatos externos. Uno de los nombramientos más relevantes fue el de David López Salido como director general del Servicio de Estudios. Antes de incorporarse al Banco de España, desempeñaba en Washington el cargo de director general adjunto de la División de Asuntos Monetarios de la Reserva Federal estadounidense. De la anterior etapa de Pablo Hernández de Cos al frente del organismo únicamente permanecen en los principales puestos de responsabilidad Mercedes Olano, Juan Ayuso y Alberto Ríos. En materia retributiva, el Banco de España destaca por ofrecer los salarios medios más elevados entre los cuerpos de funcionarios de la Administración pública, por encima de los correspondientes a inspectores de Hacienda y abogados del Estado. Los directores generales, el secretario general y los directores generales adjuntos perciben una remuneración bruta anual cercana a los 180.000 euros, a la que se añaden complementos personales por disponibilidad y otros conceptos.

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