(Cinco Días, 16-11-2026) | Laboral

La inteligencia artificial pone en riesgo hasta 55.000 empleos en una década en los grandes bancos españoles

La expansión de la inteligencia artificial (IA) ha intensificado la preocupación por su impacto en el empleo, especialmente en sectores como el financiero. Aunque los máximos responsables de los principales bancos españoles han insistido en que la incorporación de esta tecnología no supondrá recortes de plantilla, un estudio de Funcas advierte de que hasta 55.000 puestos de trabajo podrían desaparecer en el escenario más desfavorable de los contemplados en su análisis. El informe, elaborado por un equipo de catedráticos de la Universidad de Granada y profesores de las universidades Rey Juan Carlos y Autónoma de Madrid, plantea tres posibles escenarios sobre la evolución del empleo bancario hasta 2035. Las estimaciones tienen en cuenta tanto los puestos de trabajo que podrían desaparecer por la automatización como los nuevos perfiles profesionales que surgirían como consecuencia de la transformación tecnológica. No obstante, el estudio matiza que la inteligencia artificial no debe interpretarse exclusivamente como un factor de destrucción de empleo. Su implantación tendría principalmente un carácter complementario al trabajo humano, al asumir tareas rutinarias y repetitivas, mejorar la productividad de los profesionales y favorecer la aparición de nuevas especialidades relacionadas con el análisis de datos, el desarrollo tecnológico, la supervisión de modelos y la gobernanza de la IA. Por ello, los investigadores consideran que el principal efecto de esta transformación no será necesariamente una reducción generalizada de las plantillas, sino un cambio profundo en su composición y en las competencias que necesitarán los trabajadores de las entidades financieras. El primero de los escenarios, el más prudente, contempla una incorporación de la IA como herramienta de apoyo a los empleados, aumentando su productividad sin provocar una sustitución generalizada de puestos de trabajo. En este supuesto, podrían desaparecer entre 8.000 y 14.000 empleos, mientras que se crearían entre 4.000 y 7.000 nuevos puestos. El resultado sería una reducción neta de entre 4.000 y 8.000 trabajadores, con unas plantillas conjuntas que quedarían entre los 150.000 y los 157.000 empleados. El escenario intermedio, considerado el más probable, prevé una integración más profunda de la inteligencia artificial en los procesos operativos de las entidades. En este caso, la destrucción de empleo oscilaría entre 18.000 y 35.000 puestos, frente a la creación de entre 6.000 y 12.000 nuevas ocupaciones. La diferencia supondría una pérdida neta de entre 12.000 y 23.000 trabajadores, lo que situaría el volumen agregado de empleo bancario entre 128.000 y 148.000 personas. Por último, el estudio contempla una hipótesis más desfavorable, en la que la IA alcanza un elevado nivel de desarrollo, fiabilidad y capacidad operativa. Esto permitiría extender la automatización a actividades de mayor complejidad técnica y regulatoria, como la evaluación del riesgo crediticio o scoring -el sistema utilizado por las entidades para calcular la probabilidad de impago de un cliente y decidir si conceden financiación-, determinados procedimientos de gestión de riesgos y algunas funciones de cumplimiento normativo. En este escenario, podrían desaparecer entre 35.000 y 55.000 empleos, mientras que se generarían entre 8.000 y 15.000 nuevos puestos de trabajo. El saldo sería una reducción neta de entre 20.000 y 47.000 trabajadores, con una pérdida mínima de 25.000 empleos respecto a la situación actual. Los autores consideran que esta última hipótesis es la menos probable a corto plazo, debido a las exigencias regulatorias, las limitaciones tecnológicas todavía existentes y la necesidad de mantener la supervisión humana en determinados procedimientos. Por el contrario, identifican el escenario intermedio como el más factible, aunque reconocen que la evolución real podría combinar elementos de las tres posibilidades. La magnitud del impacto dependerá de diversos factores, como la velocidad con la que se extienda esta tecnología, la proporción de tareas que puedan automatizarse efectivamente, los cambios normativos y la capacidad de adaptación de las propias entidades financieras. En este contexto, el informe subraya que la ventaja competitiva de los bancos no dependerá únicamente de la rapidez con la que incorporen herramientas de inteligencia artificial, sino también de cómo gestionen la transformación de sus plantillas. La formación continua, la actualización de conocimientos y la adaptación de la organización del trabajo serán fundamentales para facilitar la transición hacia un modelo financiero más digitalizado. El estudio también pone de relieve el importante esfuerzo inversor que está realizando el sector. El gasto tecnológico de los diez principales bancos españoles ha pasado de 2.313 millones de euros en 2014 a 5.578 millones en 2025. Las previsiones apuntan a que esta inversión podría superar los 8.000 millones de euros en 2031. Paralelamente, el nivel de implantación de la inteligencia artificial en las diez mayores entidades financieras aumentó un 32% entre 2021 y 2025, situándolas por delante de otros bancos europeos en grado de adopción. Aunque las grandes entidades mantienen una mayor implantación de estas herramientas, los bancos medianos y pequeños están avanzando a un ritmo más intenso, lo que está contribuyendo a reducir progresivamente la distancia tecnológica.

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(Expansión, 16-11-2026) | Laboral

46 sectores crean empleo en España

El mercado laboral español mantiene un ritmo de crecimiento significativo, aunque su evolución muestra síntomas de desaceleración en los últimos trimestres. Dos indicadores ponen de manifiesto esta pérdida de impulso. En el tercer trimestre del año se contabilizaron 465.500 ocupados más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento notable, pero inferior a los más de 600.000 empleos creados al cierre del año pasado. Asimismo, el número de ramas de actividad que aumentaron sus plantillas se redujo a 46, frente a las 60 que registraban avances en trimestres anteriores. Pese a esta moderación, el empleo continúa creciendo en un contexto marcado por las dificultades de la economía europea y mantiene una evolución positiva en buena parte de los sectores. La educación y otras actividades relacionadas con el sector público, junto con la hostelería, la consultoría, la arquitectura y los servicios financieros, concentraron buena parte de los nuevos puestos de trabajo, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La educación encabezó la creación de empleo, con 107.600 nuevos ocupados en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. Este avance responde al aumento de las necesidades formativas en las distintas etapas educativas. En la enseñanza obligatoria, la atención a las necesidades específicas derivadas de la inmigración ha impulsado las contrataciones. En las etapas posteriores, el crecimiento de la formación profesional y universitaria, la diversificación de la oferta académica y la expansión de la formación continua han contribuido también a ampliar las plantillas. A ello se suma la prolongación de las carreras profesionales y la rápida transformación tecnológica, que exigen una actualización constante de las competencias. En conjunto, el empleo educativo aumentó un 7,5% durante el último año. Junto a la educación, otras actividades estrechamente vinculadas a la financiación pública también han contribuido de forma importante al avance de la ocupación. La Administración Pública, incluida la defensa y la Seguridad Social, incorporó 51.600 trabajadores; la asistencia social en establecimientos residenciales sumó 41.500 y las actividades sanitarias, otros 25.900. De este modo, el sector público, tanto de manera directa como indirecta, concentró aproximadamente la mitad de los nuevos empleos generados en los últimos doce meses. La hostelería fue otro de los principales motores del mercado laboral. Los servicios de comidas y bebidas incorporaron 65.600 trabajadores, hasta alcanzar una plantilla de 1.423.600 personas. Este comportamiento se apoya en la fortaleza de la actividad turística que, pese a la incertidumbre internacional, la debilidad de la demanda europea y el aumento de los costes consiguió crecer un 3,5% interanual durante la temporada de verano, según Exceltur. Asimismo, los ingresos procedentes de los visitantes extranjeros aumentaron un 8,1% entre enero y septiembre respecto al mismo periodo del año anterior. El dinamismo turístico también se trasladó a otras actividades relacionadas con el sector. El comercio al por mayor y los servicios de intermediación sumaron 34.800 ocupados; los alojamientos, 26.700; el transporte aéreo, 24.800; y el almacenamiento y las actividades auxiliares del transporte, 20.100. También aumentó el empleo en las actividades deportivas y recreativas, con 12.500 nuevos trabajadores, las agencias de viajes y operadores turísticos, con 5.900, las actividades artísticas y de espectáculos, con 5.200, y el comercio minorista, con 3.200. En el ámbito de los servicios privados, las actividades de las sedes centrales y la consultoría lideraron la creación de empleo, con 42.500 nuevos puestos de trabajo. A continuación se situaron la arquitectura, la ingeniería y los análisis técnicos, con 37.800 ocupados más; los servicios financieros, con 35.300; y la programación y consultoría informática, con 31.200. También registraron avances los servicios a edificios y jardinería, con 20.500 nuevos empleos; la venta y reparación de vehículos de motor, con 18.900; los seguros, reaseguros y fondos de pensiones, con 18.100; y la investigación y el desarrollo, con 17.000. La evolución positiva de los servicios relacionados con la construcción coincide con el incremento de la actividad en el propio sector. La construcción especializada, que engloba trabajos como pintura, fontanería, electricidad y acabados, generó 21.200 empleos adicionales, mientras que la construcción de edificios incorporó otros 10.000 trabajadores. No obstante, las empresas del sector siguen advirtiendo de las dificultades para encontrar profesionales con la cualificación necesaria. La industria manufacturera también presenta un balance favorable en distintas ramas de actividad, aunque el crecimiento está repartido de manera desigual. Entre los subsectores que aumentaron sus plantillas destacan la fabricación de otro material de transporte, con 17.900 nuevos ocupados; la industria textil, con 14.900; la fabricación de productos minerales no metálicos, con 14.600; y la industria química, con 9.900. También registraron incrementos la metalurgia, con 8.000 trabajadores; la industria alimentaria, con 7.300; la fabricación de productos de caucho y plástico, con 6.500; y las coquerías y el refino de petróleo, con 5.100. A estas actividades se suma la recogida y el tratamiento de residuos, que incorporó 11.600 personas y mantiene una estrecha relación con el tejido industrial y los servicios urbanos. Sin embargo, la industria afronta importantes dificultades por el encarecimiento de la energía, agravado por el cierre del estrecho de Ormuz. Los costes energéticos aumentaron un 21,7% interanual en septiembre, lo que supone un factor adicional de presión sobre la competitividad de las empresas y sus niveles de facturación. La pérdida de dinamismo también se refleja en el elevado número de actividades que destruyen empleo. Aunque las ramas que crean puestos de trabajo lo hacen con mayor intensidad, 38 sectores registraron descensos de ocupación durante el último año. La mayor caída correspondió a la agricultura y la ganadería, que perdieron 31.000 trabajadores. A continuación se situaron los servicios sociales sin alojamiento, con 25.100 empleos menos; la fabricación de maquinaria, con una reducción de 21.100; y otros servicios personales, que retrocedieron en 20.800 ocupados. También disminuyó el empleo en las actividades administrativas, con 19.700 puestos menos, y en las profesionales, científicas y técnicas, con 19.400. La fabricación de muebles perdió 18.900 trabajadores, mientras que la programación y emisión de radio y televisión registró un descenso de 14.800. Las artes gráficas y los servicios de grabado redujeron sus plantillas en 13.500 personas, y las bibliotecas, archivos y museos, en 13.100. Asimismo, la fabricación de productos metálicos perdió 12.800 ocupados y el transporte terrestre, 12.100. Por último, las actividades relacionadas con la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, la publicidad y los estudios de mercado registraron 11.100 empleos menos cada una, mientras que el empleo doméstico retrocedió en 10.800 trabajadores.

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(Expansión, 16-11-2026) | Laboral

Parón del transporte de mercancías por carretera en plena Nochebuena

CCOO estudia convocar una huelga en el transporte de mercancías por carretera los próximos 23 y 24 de diciembre para protestar por la demora del Gobierno en aprobar los coeficientes reductores que permitirían a los conductores profesionales acceder a la jubilación anticipada sin sufrir penalizaciones. Las organizaciones sindicales parecen dispuestas a mantener un papel destacado en el escenario político y social, tanto antes como después de las elecciones. Después de la huelga general del pasado 11 de noviembre, que la oposición y las organizaciones empresariales interpretaron como una movilización de marcado carácter político y electoral y que no consiguió paralizar el país, los sindicatos preparan nuevas protestas para diciembre. En esta ocasión, se trataría de un conflicto sectorial que afecta a una actividad estratégica y que podría tener importantes consecuencias al coincidir con las celebraciones navideñas. En concreto, CCOO está preparando un paro en el transporte de mercancías por carretera para los días 23 y 24 de diciembre, coincidiendo con los preparativos y la celebración de Nochebuena. La protesta responde al retraso del Ejecutivo en aprobar los coeficientes reductores que permitirían a los profesionales del transporte jubilarse anticipadamente sin que ello suponga una reducción de su pensión. La reivindicación no es nueva. Ya se produjeron protestas y movilizaciones por este motivo en otoño de 2024, mientras que los sindicatos han advertido durante todo este año de la posibilidad de convocar una huelga para desbloquear la situación. Sin embargo, el paro se celebraría después de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuando el Gobierno ya estaría en funciones. CCOO dará a conocer este lunes los detalles de las movilizaciones y justifica la convocatoria por los continuos retrasos en la tramitación de los informes necesarios para aprobar los coeficientes reductores. El sindicato sostiene que lleva meses denunciando esta situación y asegura que, tras anunciarse la convocatoria electoral, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social interrumpió injustificadamente la emisión de dichos informes. Las principales patronales del transporte han recibido la noticia con sorpresa y preocupación, especialmente por las fechas escogidas para la movilización. Tanto la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la organización mayoritaria del sector, como la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) han expresado su rechazo a una convocatoria que califican de injustificada y desproporcionada. Ambas organizaciones consideran que la huelga perjudicará principalmente a las empresas transportistas, en lugar de ejercer presión efectiva sobre el Gobierno. Además, recuerdan que las patronales han respaldado las reivindicaciones sindicales para que los conductores profesionales puedan beneficiarse de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Fenadismer ha cuestionado especialmente la elección de las fechas y considera difícil de justificar que el paro se programe después de las elecciones generales, cuando el Ejecutivo estará en funciones y la capacidad de presión política sobre él será limitada. La federación también advierte de las consecuencias de hacer coincidir la protesta con Nochebuena, una jornada especialmente sensible para la actividad económica y social. A su juicio, la movilización podría ocasionar perjuicios importantes e innecesarios tanto a las empresas de transporte como a los ciudadanos y al conjunto de la cadena de suministro, precisamente en uno de los periodos de mayor actividad logística del año.

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(El País, 16-11-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba el trámite de urgencia para la revalorización de las pensiones

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes ha acordado tramitar por la vía de urgencia la revalorización de las pensiones para el próximo año. Se trata de un procedimiento que el Ejecutivo utiliza habitualmente para agilizar la aprobación del decreto ley que establece la actualización de las prestaciones y que, en esta ocasión, se ha anunciado coincidiendo con el primer día de la campaña electoral. Aunque este trámite administrativo suele pasar inadvertido, en anteriores ejercicios apenas tuvo repercusión pública. De hecho, el año pasado ni siquiera fue mencionado por la entonces portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que autorizó su tramitación. La entonces ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, tampoco intervino en aquella rueda de prensa. En esta ocasión, sin embargo, Saiz sí ha destacado la decisión del Ejecutivo, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones generales. La ministra ha avanzado que las pensiones experimentarán una subida de entre el 3% y el 4%, aunque ha precisado que será necesario esperar a conocer el dato definitivo de inflación para determinar el porcentaje exacto. La revalorización se calcula tomando como referencia la media de las tasas interanuales del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondientes a los doce meses anteriores a diciembre, según el mecanismo establecido legalmente. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el avance de la inflación de noviembre el último día de la campaña electoral, el viernes 27. Este será el último dato necesario para calcular la actualización. Si mantiene una evolución similar a la de los meses precedentes, el incremento de las prestaciones podría situarse alrededor del 3,6%. El Gobierno estudió la posibilidad de aprobar la subida antes de las elecciones del 29 de noviembre, pero finalmente descartó esta opción por las dificultades técnicas y administrativas que planteaba. La Seguridad Social utiliza habitualmente los datos definitivos de inflación para calcular la revalorización. Aunque el 27 de noviembre se conocerá el indicador adelantado de noviembre, la cifra definitiva no se publicará hasta el 15 de diciembre, una vez celebrados los comicios, de acuerdo con el calendario estadístico del INE. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya había señalado a mediados de octubre que el Ejecutivo pretendía aplicar la actualización conforme al IPC una vez celebradas las elecciones. Según explicó entonces, la intención era aprobarla durante diciembre, incluso con el Gobierno en funciones, justificando la urgencia por la necesidad de garantizar que las prestaciones estuvieran actualizadas antes de finalizar el año. La vinculación de las pensiones a la evolución de los precios quedó establecida en la reforma aprobada por el Gobierno de coalición en 2021, que eliminó el factor de sostenibilidad implantado durante el mandato de Mariano Rajoy. Aquella norma contó con el rechazo del PP y Vox. La actualización de las prestaciones suele aprobarse en el último Consejo de Ministros del año y posteriormente debe someterse a convalidación en el Congreso. En los dos últimos ejercicios, los decretos que incluían la subida fueron rechazados inicialmente por la mayoría parlamentaria de derechas, al incorporar también otras medidas que generaron discrepancias. En ambos casos, el Gobierno terminó aprobando nuevos textos que separaban la revalorización de las disposiciones cuestionadas, por lo que las nóminas de los pensionistas no llegaron a verse afectadas. Las pensiones se han convertido también en uno de los asuntos destacados de la campaña electoral, especialmente después de las recientes declaraciones de representantes de la derecha sobre la sostenibilidad del sistema público. El diputado de Vox José María Figaredo calificó el modelo actual de «zombi» y defendió avanzar hacia un sistema que combine el reparto con la capitalización privada. Posteriormente, la diputada del PP Ester Muñoz advirtió de que el sistema podía «petar» y reclamó una reforma en profundidad. Los dirigentes de ambas formaciones han tratado de moderar el alcance de estas declaraciones y han reiterado su compromiso con los pensionistas y con la actualización de las prestaciones. No obstante, existen diferencias en sus propuestas electorales. El PP recoge expresamente en su programa el compromiso de revalorizar las pensiones conforme al IPC, mientras que Vox no incorpora de forma explícita esa garantía en su documento electoral. Por su parte, el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha planteado reforzar constitucionalmente este mecanismo para garantizar que las pensiones mantengan su poder adquisitivo mediante su actualización conforme a la inflación.

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(La Vanguardia, 16-11-2026) | Laboral

El 60% de los trabajadores gana igual o menos de 1,5 veces el salario mínimo

El mercado laboral español presenta una elevada concentración de trabajadores en los niveles salariales más bajos, una tendencia que se acentuó durante 2025. Según los datos del registro de salarios publicados el pasado miércoles por la Agencia Tributaria, cerca de 13 millones de empleados, seis de cada diez, cobran hasta 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), lo que equivale a un máximo de 24.864 euros brutos anuales. A pesar de las sucesivas subidas del salario mínimo aprobadas por el Gobierno en los últimos años, la distribución de las retribuciones sigue mostrando una importante concentración en los escalones inferiores. Casi dos tercios de los trabajadores se encuentran en esa parte de la escala salarial. La publicación de la estadística Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias 2025, elaborada a partir de las declaraciones anuales de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF (modelo 190), coincidió con la huelga general del pasado 11 de noviembre. Una de las reivindicaciones de la movilización, además de reclamar medidas para facilitar el acceso a la vivienda, fue denunciar que los bajos salarios dificultan el acceso a un alojamiento digno. Al finalizar el año pasado, 7,83 millones de asalariados, el 37% del total, percibían retribuciones inferiores al SMI, fijado en 16.576 euros brutos anuales. En este grupo predominan los contratos a tiempo parcial. Por su parte, otros cinco millones de trabajadores, el 24%, cobraban entre una y 1,5 veces el salario mínimo. Las cifras de Hacienda reflejan así una reducción de la distancia entre quienes perciben el SMI y aquellos cuyos salarios se sitúan inmediatamente por encima. Conviene recordar que el Gobierno ha mantenido exento de tributación en el IRPF el salario mínimo durante los últimos años, aunque el Ministerio de Hacienda llegó a plantearse revisar esta decisión ante la aproximación de las retribuciones mínimas al siguiente tramo salarial. De acuerdo con la misma estadística, el mercado laboral incorporó en 2025 algo más de 500.000 trabajadores, hasta alcanzar los 21,13 millones de asalariados. El 77% del aumento neto, equivalente a 388.765 empleados, se concentró directamente en los niveles retributivos inferiores a 1,5 veces el SMI, lo que intensificó la acumulación de trabajadores en la parte baja de la distribución salarial. Esta mayor concentración no se explica únicamente por las subidas del salario mínimo sin un incremento equivalente de las remuneraciones superiores. También influye que los empleos peor pagados presentan mayores niveles de temporalidad y rotación, factores que contribuyen a mantener un elevado número de trabajadores en los tramos inferiores. No obstante, los datos de la Agencia Tributaria no constituyen la herramienta más adecuada para analizar con precisión la evolución salarial. La estadística ofrece valores medios de las retribuciones, pero no incluye la mediana, un indicador que permitiría conocer mejor el salario que ocupa la posición central entre todos los trabajadores. En términos generales, los salarios aumentaron un 3,47% en España durante el pasado año, hasta situarse en una media de 25.830 euros brutos anuales. Esta subida superó la inflación, que fue del 2,7%. Por comunidades y territorios, Madrid registró las retribuciones medias más elevadas, con 32.924 euros. En Catalunya, el promedio alcanzó los 28.779 euros, mientras que en la provincia de Barcelona superó los 30.000 euros anuales.

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(El Economista, 16-11-2026) | Laboral

Ocho de cada diez nuevos autónomos registrados en octubre son extranjeros

España incorporó en octubre una media de casi 580 trabajadores autónomos al día, hasta sumar 17.953 nuevos cotizantes al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). De esta forma, el número de afiliados pasó de 3.483.645 en septiembre de 2026 a 3.501.598 en octubre, lo que representa un incremento mensual del 0,5%. Buena parte de este crecimiento estuvo protagonizado por trabajadores extranjeros. Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), ocho de cada diez nuevas altas registradas en el RETA, tanto en octubre como en el conjunto del año, correspondieron a personas de origen extranjero. Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sitúan en 557.246 el número de autónomos extranjeros, un 12,8% más que hace doce meses. ATA considera que este avance está relacionado, al menos parcialmente, con los procesos de regularización de trabajadores inmigrantes. La organización advierte de que muchas de las nuevas afiliaciones no responden necesariamente a la creación de actividades económicas o empleos nuevos, sino a la incorporación al sistema formal de personas que ya desarrollaban una actividad por cuenta propia sin estar dadas de alta. En este sentido, Lorenzo Amor, presidente de ATA, apunta a la existencia de un aumento del empleo que anteriormente permanecía en la economía sumergida. Como ejemplo, destaca que el régimen especial de empleados del hogar ha registrado más de 50.000 nuevas altas durante el último año. La presencia de trabajadores autónomos extranjeros está adquiriendo especial relevancia en determinadas actividades económicas, incluidas algunas de elevada cualificación. Es el caso de las telecomunicaciones y la programación informática, donde representan ya el 34% del total de trabajadores por cuenta propia afiliados a estas actividades. Esto significa que aproximadamente uno de cada tres autónomos del sector procede de otro país, según los datos del Ministerio. Su participación también es significativa en otras ramas de actividad. En las actividades del hogar alcanza el 28,9%; en la hostelería, el 26,1%; en las actividades administrativas, el 20,9%; en la construcción, el 20%, y en las actividades inmobiliarias, el 18,5%. Ya en septiembre, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) advertía de la importancia de esta contribución al crecimiento del trabajo por cuenta propia. La organización señalaba que, sin la incorporación de autónomos extranjeros, España tendría actualmente menos trabajadores por cuenta propia que en 2022. Por comunidades autónomas, Madrid encabezó el aumento de afiliados al RETA durante octubre, con 4.354 cotizantes adicionales. A continuación se situaron Cataluña, con 3.569 nuevas altas; Andalucía, con 3.489, y la Comunidad Valenciana, con 3.000. ATA valora favorablemente la evolución mensual, aunque destaca que solo dos comunidades autónomas registraron retrocesos. Baleares perdió 809 trabajadores por cuenta propia, mientras que Cantabria se mantuvo prácticamente estable, con un descenso de un único afiliado respecto al mes anterior. En términos interanuales, el número de autónomos aumentó en 79.164 personas respecto a octubre de 2025, lo que supone un crecimiento del 2,3%. La Comunidad Valenciana registró el mayor avance porcentual, con un incremento del 4,5%, seguida de Baleares, con un 3,1%, y Madrid, con un 3%. Andalucía y Cataluña compartieron un crecimiento del 2,9%, mientras que Canarias alcanzó el 2,3%.

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(Expansión, 13-11-2026) | Laboral

Una de cada cuatro nuevas pymes cierra en menos de cinco años asfixiada por los costes

Una de cada cuatro empresas creadas en España durante los últimos cinco años ha desaparecido antes de alcanzar su quinto aniversario. Esta es una de las principales conclusiones del Informe Pyme 2026, elaborado por el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME). El estudio pone de manifiesto que, pese al crecimiento económico y al buen comportamiento del empleo, las empresas siguen afrontando importantes dificultades para mantener su actividad a largo plazo. El informe clasifica las compañías en función de su antigüedad. Las empresas emprendedoras, con menos de diez años de trayectoria, representan el 12,5% del tejido empresarial analizado. Las que se encuentran en fase de desarrollo, con entre 11 y 25 años, suponen el 38,1%, mientras que las consolidadas, con una antigüedad de entre 26 y 50 años, alcanzan el 42,5%. Por último, las empresas longevas, con más de medio siglo de actividad, representan el 6,9%. Entre las principales causas que amenazan la continuidad de los negocios destaca la presión fiscal, señalada por el 16% de las más de 600 empresas encuestadas como uno de los factores que pueden provocar el cierre. La elevada carga tributaria reduce los márgenes empresariales y limita la capacidad de generar beneficios suficientes para sostener la actividad. También tienen un peso significativo los costes operativos, mencionados por el 10,7% de las compañías, y la falta de rentabilidad, que representa el 10,5%. Dentro de los gastos de explotación, los costes laborales constituyen el componente que más condiciona la estructura de costes, con una valoración media de 4,33 puntos sobre cinco. Su incidencia es especialmente elevada en sectores con una importante dependencia de la mano de obra, como la construcción (4,53) y los servicios (4,34). La fiscalidad ocupa igualmente una posición destacada entre los costes operativos, con una puntuación de 4,29 sobre cinco. Su impacto afecta al conjunto de las actividades empresariales, aunque resulta especialmente intenso en la construcción (4,60) y la industria (4,33), donde reduce el margen de maniobra financiera de las compañías. Por su parte, el encarecimiento y la volatilidad de los precios de la energía y las materias primas, con una valoración de 4,03, añaden presión sobre los resultados, especialmente en la industria y la construcción. La burocracia excesiva y la proliferación normativa constituyen otro obstáculo para la continuidad empresarial. El 8,7% de los encuestados las identifica como posibles desencadenantes del cierre, una proporción similar a la correspondiente a la presión competitiva (8,2%), relacionada con las guerras de precios y las prácticas de competencia desleal. A estas dificultades externas se añaden problemas internos que también comprometen la supervivencia de las empresas. Entre ellos sobresalen las dificultades para garantizar el relevo generacional, señaladas por el 13,4% de las compañías, debido principalmente a la jubilación de sus propietarios y a la ausencia de mecanismos que aseguren la continuidad del negocio. Asimismo, el 9,2% apunta a los problemas para encontrar y conservar trabajadores cualificados y profesionales con formación técnica. En cuanto a la evolución del empleo, durante 2025 las pymes españolas mantuvieron un comportamiento relativamente estable y, en términos generales, expansivo. El 61,6% conservó el mismo número de trabajadores, mientras que el 29,9% amplió sus plantillas y únicamente el 8,5% redujo su personal. La creación de empleo estuvo condicionada por el tamaño de las compañías. Las empresas medianas y pequeñas registraron los mayores porcentajes de crecimiento de sus plantillas, con un 37,5% y un 36,7%, respectivamente. En las microempresas, esta proporción fue considerablemente inferior, del 22%. Por actividades, el comercio y los servicios encabezaron el aumento de las contrataciones, con un 31,4% y un 30,5% de empresas que incorporaron trabajadores. La construcción presentó una evolución menos favorable: aunque el 28,9% de las compañías incrementó su plantilla, un 14,5% redujo el número de empleados. Las previsiones para 2026 apuntan a una moderación de las expectativas de contratación. El 68,2% de las pymes espera mantener sus equipos de trabajo, mientras que solo un 6,4% contempla realizar despidos. Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé incorporar trabajadores se sitúa en el 25,3%, por debajo del registrado en el ejercicio anterior. Las diferencias también son significativas en función del tamaño empresarial. Las compañías medianas mantienen una mayor disposición a contratar, con un 37,5% que prevé ampliar sus plantillas. En cambio, las microempresas muestran una actitud más prudente y menos del 20% contempla incorporar nuevos trabajadores. Por sectores, la construcción presenta las mejores perspectivas de creación de empleo, con un 30,1% de las pymes que espera aumentar sus equipos. Le siguen la industria, con un 26,7%, y el comercio, con un 16,9%.

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(El País, 13-11-2026) | Laboral

La remuneración media del sector financiero alcanza los 53.251 euros anuales, frente a los 14.867 de los servicios personales y de ocio

Las diferencias salariales entre los distintos sectores económicos en España siguen siendo muy significativas. Los trabajadores de las entidades financieras y aseguradoras perciben remuneraciones que multiplican por más de dos las del comercio y el transporte y que llegan a cuadruplicar las de algunas actividades de servicios. Según la estadística del Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, actualizada este miércoles por la Agencia Tributaria con datos de 2025, el salario medio anual de los casi 390.000 empleados del sector financiero y asegurador alcanzó los 53.251 euros. En el extremo opuesto se encuentran los trabajadores de otros servicios y actividades de ocio, con una retribución media de 14.867 euros anuales para un colectivo de cerca de 2,8 millones de personas. Por su parte, los 4,6 millones de asalariados del comercio y el transporte cobraron una media de 24.111 euros. La estadística recoge información de todas las provincias españolas, salvo las del País Vasco y Navarra, que disponen de sistemas tributarios propios. La clasificación salarial por actividades sitúa a las entidades financieras y aseguradoras a la cabeza, seguidas de los sectores de información y comunicaciones, con 40.036 euros anuales, y de las industrias extractivas, la energía y el agua, con 34.839 euros. Los servicios sociales registraron una media de 31.009 euros, mientras que la industria alcanzó los 30.427 euros. Por debajo se situaron la construcción y las actividades inmobiliarias, con 24.379 euros; el comercio y el transporte, con 24.111 euros, y los servicios a empresas, con 23.551 euros. Los últimos puestos correspondieron a otros servicios y actividades de ocio, con 14.867 euros, y a la agricultura y la pesca, donde la remuneración media fue de 12.073 euros anuales. Las diferencias retributivas también son importantes dentro de cada actividad dependiendo de la provincia. En el sector financiero y asegurador, Madrid registra el salario medio más elevado, con 70.482 euros anuales, prácticamente el doble que Badajoz, que presenta la remuneración más baja de esta rama. En el comercio y el transporte, la capital vuelve a encabezar la clasificación, con unos 31.000 euros, frente a los cerca de 16.000 euros de Huelva. También se observan contrastes destacados en las distintas ramas de servicios. En las actividades personales y de ocio, los ingresos medios de Baleares casi duplican los de Jaén. En los servicios a empresas, Madrid vuelve a situarse en primera posición y Jaén en la última. Por su parte, las remuneraciones de los servicios sociales en Ceuta y Melilla superan en más de 15.000 euros anuales las registradas en las provincias extremeñas. La comparación entre sectores y territorios permite identificar los salarios más elevados de la estadística. Madrid concentra buena parte de las primeras posiciones, con los 70.482 euros anuales de las entidades financieras y aseguradoras a la cabeza. También destacan Barcelona, donde los trabajadores de esta actividad perciben una media de 53.426 euros, y Madrid, con 50.509 euros en la industria extractiva. En el otro extremo, Jaén, que registra el salario medio general más bajo, presenta también la remuneración mínima de toda la clasificación en los servicios personales y de ocio. La diferencia entre este dato y el salario financiero más elevado de Madrid supera los 59.000 euros anuales. Las disparidades territoriales se reproducen en otras actividades. La industria extractiva, energética y del agua alcanza sus mayores remuneraciones en Madrid, mientras que Cuenca registra el dato más bajo. En la construcción y las actividades inmobiliarias las diferencias son más moderadas, aunque siguen siendo relevantes. La agricultura presenta uno de los contrastes más acusados: Cantabria supera los 23.000 euros anuales de salario medio, mientras que Jaén apenas rebasa los 5.000 euros. No obstante, para interpretar correctamente estas cifras es necesario tener en cuenta la metodología de la Agencia Tributaria. La estadística refleja los ingresos salariales medios anuales por trabajador, pero no equivale a una remuneración por hora ni a un sueldo correspondiente a una jornada completa durante los doce meses del año. En los cálculos se incluyen tanto los empleados a tiempo parcial como quienes trabajan de forma temporal o únicamente durante una parte del ejercicio, una circunstancia especialmente relevante en las actividades estacionales. La agricultura constituye un ejemplo de esta particularidad. La estadística registra una media nacional de 2,39 percepciones salariales por persona durante el año, lo que evidencia la fragmentación de los ingresos a lo largo del ejercicio. En Jaén, los 5.263 euros de salario medio anual en esta actividad, con 4,2 percepciones por trabajador, no representan necesariamente la remuneración de un jornalero empleado a jornada completa durante todo el año, sino que reflejan en buena medida la temporalidad y el carácter discontinuo de estos trabajos. En cambio, las entidades financieras y aseguradoras y la industria registran cerca de 1,2 percepciones salariales por persona, un indicador que apunta a una mayor continuidad en el empleo. Las diferencias entre sectores también están relacionadas con la composición de sus plantillas y las características de los puestos de trabajo. Las actividades financieras y aseguradoras concentran empleos que requieren habitualmente una mayor cualificación y especialización, mientras que el comercio y buena parte de los servicios personales cuentan con ocupaciones más diversas, en las que tienen mayor presencia los salarios reducidos, las jornadas parciales y la contratación estacional. Las diferencias de productividad entre actividades también contribuyen a explicar esta brecha, aunque los datos no permiten determinar el peso concreto de cada factor. En términos generales, la estadística de 2025 sitúa el salario medio anual en España en 28.685 euros para un colectivo próximo a los 17 millones de asalariados. Por otro lado, los 9,2 millones de pensionistas incluidos en el estudio percibieron una prestación media anual de 20.752 euros.

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(El País, 13-11-2026) | Laboral

España ya es el segundo país de la UE con más trabajadores nacidos en el extranjero

La inmigración se ha consolidado como uno de los principales factores de crecimiento del mercado laboral español. En apenas diez años, España ha pasado a situarse entre las economías desarrolladas que más trabajadores extranjeros incorporan a su actividad productiva. En 2025 contaba con más de 4,8 millones de ocupados nacidos en otros países, lo que la convertía en el segundo Estado de la Unión Europea con mayor número de trabajadores de origen extranjero, únicamente por detrás de Alemania. A escala internacional, España ocupa el cuarto puesto entre las economías desarrolladas que más mano de obra migrante atraen, según el informe International Migration Outlook 2026, publicado por la OCDE. Esta evolución mantiene una tendencia creciente. Durante el pasado año llegaron a España 460.500 nuevos residentes permanentes, un 25% más que en 2024. Entre las principales economías europeas, solo Alemania recibió un mayor número de nuevos residentes. El cambio también se aprecia en la composición demográfica: desde 2015, la población nacida en el extranjero ha aumentado un 61% y representa ya prácticamente el 20% de los habitantes del país. La llegada de población extranjera ha contribuido a compensar parcialmente el envejecimiento demográfico y a cubrir vacantes en actividades con dificultades para encontrar trabajadores, como la construcción. Sin embargo, su aportación al crecimiento económico sigue condicionada por su concentración en sectores de productividad reducida. Marruecos constituye el principal país de origen de estos trabajadores, seguido de varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Perú. La presencia de empleados extranjeros es especialmente elevada en determinadas actividades. En la hostelería representan cerca de la mitad de las personas ocupadas, mientras que en la construcción y los servicios de cuidados superan el 30%. También tienen un peso significativo en el comercio, donde suponen el 15% del empleo, la industria manufacturera (11%), los servicios domésticos (8%) y la agricultura (5%). Se trata de actividades fundamentales para el funcionamiento de la economía, pero caracterizadas, en buena medida, por una elevada intensidad de mano de obra, una productividad relativamente baja, remuneraciones más reducidas y una mayor inestabilidad laboral. La OCDE advierte de que una parte importante de los inmigrantes desempeña trabajos que requieren una cualificación inferior a la que poseen. Esta situación supone desaprovechar una parte de su formación y experiencia profesional. Aunque España destaca por su capacidad para incorporar trabajadores extranjeros al mercado laboral, también presenta uno de los mayores desajustes entre la preparación de estos empleados y los puestos que ocupan. El informe señala que la tasa de empleo de la población extranjera en España se aproxima considerablemente a la de los trabajadores nativos: alcanza el 66,6%, frente al 67,1% de estos últimos. Esta diferencia contrasta con la registrada en otros países europeos, como Alemania, donde la brecha llega a diez puntos porcentuales, o Países Bajos, donde se acerca a los trece. Sin embargo, la integración laboral no siempre se traduce en un aprovechamiento adecuado del capital humano. Muchos extranjeros con estudios superiores terminan ocupando puestos de cualificación baja o intermedia. Entre los obstáculos que explican esta situación figuran las dificultades para homologar titulaciones, acreditar la experiencia profesional adquirida en sus países de origen y acceder a determinadas ocupaciones. En el conjunto de la OCDE, el 33% de los trabajadores extranjeros con formación superior desempeña empleos de cualificación baja o media, frente al 24% de los trabajadores nativos. En España, este desajuste supera el 50%, lo que evidencia las dificultades para aprovechar plenamente las capacidades profesionales de la población inmigrante. Esta situación también tiene consecuencias sobre la productividad. Según la OCDE, la concentración inicial de los trabajadores extranjeros en actividades menos productivas restó un punto porcentual al crecimiento de la productividad agregada española entre 2014 y 2024. La posterior incorporación de parte de estos empleados a sectores con mayor productividad permitió compensar parcialmente ese efecto, aunque no fue suficiente para revertirlo. El organismo subraya que el problema no reside en la llegada de trabajadores extranjeros, sino en que su incorporación no ha ido acompañada de una transformación suficiente de la estructura productiva y empresarial. En materia migratoria, España también ha seguido una estrategia diferente a la de buena parte de las economías desarrolladas. Mientras países como Reino Unido, Canadá y Alemania han endurecido sus políticas mediante mayores exigencias salariales, restricciones al número de entradas y nuevas limitaciones en los procedimientos de asilo, el Gobierno español ha optado por flexibilizar la normativa y ampliar las vías de regularización. La reforma del Reglamento de Extranjería, que entró en vigor en mayo de 2025, simplificó los procedimientos para obtener permisos de residencia, redujo los plazos exigidos y estableció cinco modalidades de arraigo. A esta modificación se ha añadido el proceso extraordinario de regularización de 2026, que ha recibido 1,2 millones de solicitudes, de las cuales 610.000 han sido admitidas a trámite. Esta política responde también a las necesidades demográficas y económicas del país. El envejecimiento de la población y las dificultades de numerosas actividades para cubrir sus vacantes hacen necesaria la incorporación de nuevos trabajadores para mantener el crecimiento y sostener el mercado laboral. En cualquier caso, el peso de la inmigración en la creación de empleo no es exclusivo de España. La OCDE destaca que, entre 2014 y 2024, los trabajadores extranjeros representaron al menos la mitad del crecimiento neto del empleo en la mitad de los países que integran la organización.

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(La Vanguardia, 13-11-2026) | Laboral

Las mujeres cobran pensiones un 24,5% más bajas

La desigualdad salarial entre hombres y mujeres también se refleja en las pensiones. Las diferencias acumuladas durante la vida laboral, derivadas de jornadas más reducidas, salarios inferiores y una mayor dedicación a los cuidados, hacen que las mujeres perciban prestaciones más bajas al jubilarse. En la Unión Europea, la brecha de género en las pensiones alcanza el 24,5%. Esta situación centró uno de los debates celebrados en el Parlamento Europeo durante la semana de la igualdad de género. Expertas y eurodiputadas analizaron los avances logrados mediante las políticas destinadas a reducir esta diferencia, así como los desafíos que todavía persisten. En los últimos años, varios países comunitarios han aprobado medidas para reconocer los períodos dedicados al cuidado de los hijos como parte de la trayectoria laboral y contribuir así a reducir la brecha. Francia, Bélgica y España figuran entre los Estados que han impulsado este tipo de iniciativas. La diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres también ha disminuido con la jubilación de la generación del baby boom, en la que la incorporación femenina al mercado de trabajo fue más elevada que en las anteriores. Según la OCDE, la brecha se ha reducido del 28% al 23% entre 2007 y 2024. En España, ha pasado de superar el 30% hace una década al 29,2% actual. Detrás de esta desigualdad confluyen distintos factores, aunque el principal está relacionado con las diferencias en los ingresos acumulados durante la vida laboral. Monika Queisser, asesora principal del director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE y responsable de su división de política social, señaló que la menor cantidad de horas trabajadas explica buena parte de la diferencia. Las mujeres recurren con mayor frecuencia al empleo a tiempo parcial y también asumen más habitualmente los permisos y las interrupciones laborales por cuidados. La actividad laboral no es, sin embargo, el único elemento que influye. Lina Salanauskaite, investigadora del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE), advirtió de que los sistemas fiscales de los países de la UE también pueden contribuir a mantener las diferencias. Las personas con rentas bajas, entre las que hay una mayor proporción de mujeres, acceden a menos ventajas fiscales. Además, en numerosos Estados los rendimientos de los planes de pensiones de capitalización están exentos de impuestos, una circunstancia que favorece especialmente a quienes disponen de mayores ingresos y capacidad de ahorro. Esta desigualdad también se aprecia en los países donde los planes de pensiones de empresa tienen un mayor desarrollo. En Países Bajos, por ejemplo, estos sistemas están muy extendidos, pero las mujeres trabajan con más frecuencia a tiempo parcial. Aunque los complementos privados pueden ayudar a mejorar las prestaciones, también reproducen las diferencias existentes en el mercado laboral. La brecha de género en las pensiones neerlandesas alcanza el 36,3%, según Eurostat. Durante el debate, varias eurodiputadas defendieron la necesidad de avanzar en transparencia salarial y mejorar la educación financiera de las mujeres. No obstante, la experta de la OCDE recordó que no existe un modelo de pensiones que garantice por sí mismo la igualdad, ya que sus resultados dependen en gran medida de las características del mercado laboral. En el extremo opuesto de las estadísticas se encuentra Estonia, donde la diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres se limita al 5%. Sin embargo, este resultado no implica que el país haya eliminado las desigualdades laborales. Salanauskaite explicó que responde, en buena medida, a los patrones históricos de empleo y a los mecanismos redistributivos de su sistema de pensiones. De hecho, Estonia registra una de las brechas salariales entre hombres y mujeres más elevadas de la Unión Europea. La reducida diferencia en las pensiones estonias está relacionada con el legado de la etapa soviética, durante la que las mujeres alcanzaron tasas más elevadas de empleo a tiempo completo. La investigadora advierte de que esta situación podría cambiar en las próximas décadas. El aumento del trabajo a tiempo parcial, especialmente entre las mujeres, y las interrupciones profesionales para atender a los hijos podrían ampliar la brecha entre las generaciones más jóvenes.

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