Los funcionarios y empleados públicos contarán en 2026 con un día adicional de asuntos propios, ya que el 15 de agosto, festivo nacional, coincide ese año en sábado. Esta circunstancia genera el derecho a un permiso extra por asuntos particulares, que podrá sumarse a los conocidos "moscosos" en función de la antigüedad de cada trabajador.
Este día adicional beneficiará al personal que presta servicios en la Administración General del Estado y en sus organismos dependientes o vinculados, al tratarse de un festivo nacional no recuperable ni sustituible que cae en un día inhábil para las administraciones públicas. La concesión del permiso extra compensa precisamente esa coincidencia del festivo con un sábado.
La normativa general que regula las condiciones laborales en la Función Pública establece que, cuando una festividad nacional retribuida y no sustituible se celebra en sábado, puede añadirse hasta un día más de permiso por asuntos particulares dentro del mismo año natural.
En este sentido, al tratarse el 15 de agosto de una festividad de ámbito nacional, "corresponde, conforme a la normativa vigente, la incorporación de un día adicional de permiso para el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Resolución de 28 de febrero de 2019 sobre jornada y horarios", según ha informado el área de Servicios Públicos del sindicato UGT.
La medida queda recogida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 27 de enero de 2026, que regula el disfrute de este día adicional de permiso para el año 2026 como consecuencia de la coincidencia en sábado de un festivo nacional no recuperable ni sustituible, tal y como ya contemplaba la Resolución de 28 de febrero de 2019.
Esta última norma, que establece las instrucciones sobre jornada y horarios del personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, señala en su apartado 9.8 que se podrá incorporar cada año natural, y como máximo, un día adicional de permiso cuando alguna de las festividades laborales nacionales, retribuidas y no sustituibles por las comunidades autónomas, coincida en sábado.
El reglamento mediante el cual el Ministerio de Trabajo pretende reforzar las exigencias del registro horario en las empresas se encuentra en la fase final de los trámites obligatorios antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. El proceso no está exento de tensiones, ya que el Ministerio de Economía está intentando introducir ajustes en el texto para suavizar el impacto que la norma tendrá sobre el tejido empresarial, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que deberán adaptarse a sistemas digitales para cumplir con los nuevos requisitos de control de la jornada laboral.
Unos cambios que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no está dispuesta a asumir. Por el contrario, defiende que el reglamento se apruebe conforme al planteamiento original, concebido inicialmente como un complemento a la reducción de la jornada laboral y, posteriormente, como una medida autónoma articulada por vía reglamentaria. La única modificación relevante ha sido la retirada del endurecimiento del régimen sancionador, descartado para evitar una reforma legal que obligara a pasar por el Parlamento y, de ese modo, esquivar un escenario adverso en el Congreso.
Pese a ello, los condicionantes incluidos en el texto -que, según fuentes del diálogo social, se encuentra ultimando la recepción de los informes de los distintos ministerios antes de su envío al Consejo de Estado- no terminan de convencer al departamento que dirige Carlos Cuerpo. Así lo reconoció la propia Yolanda Díaz, en lo que constituye un nuevo desencuentro entre Trabajo y Economía a propósito de las iniciativas impulsadas desde el área laboral.
"El Ministerio de Economía se opuso en su momento a la reducción de la jornada laboral, y fue la Presidencia del Gobierno la que recondujo esa postura", recordó la vicepresidenta, subrayando que el refuerzo del registro horario era el principal instrumento de la ley para reducir el tiempo efectivo de trabajo, especialmente a través del control de las horas extraordinarias no remuneradas. Ese mismo efecto es el que espera ahora el Ministerio de Trabajo con el endurecimiento del sistema de control horario, cuyos ejes fundamentales son la digitalización de los registros y el acceso remoto de la Inspección de Trabajo a los datos.
"Confío en que rectifiquen; el procedimiento está llegando a su fase final para poder aprobar la norma", afirmó Díaz durante la presentación de un informe sobre democratización del trabajo. En ese contexto, volvió a criticar la posición de Economía, a la que acusó de mantener una visión contraria a iniciativas que considera beneficiosas para el país, recordando anteriores fricciones en asuntos como el salario mínimo interprofesional, los ERTE o la ley rider.
Este nuevo choque se produce poco después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, solicitara al departamento de Trabajo "buscar un equilibrio" con las empresas en relación con otras medidas en preparación, como la ampliación de los permisos por fallecimiento. Finalmente, Trabajo acordó el aumento de los días únicamente con los sindicatos, tras las críticas de las organizaciones empresariales por el desarrollo del proceso negociador.
"Lo importante es que somos hegemónicos. Después, el Partido Socialista acaba reconociendo estos logros. Esto es ejercer la hegemonía", afirmó Díaz, anticipando que su postura volverá a imponerse frente a la de Economía. No obstante, fuentes del diálogo social señalan que sí se están recibiendo aportaciones de otros ministerios, aunque dudan de que estas obliguen a reabrir el trámite de consulta pública del reglamento. También apuntan a la incógnita de si será necesario recabar el informe de la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que se facilite copia de los registros a la representación legal de los trabajadores.
Tal y como ya habían advertido las organizaciones empresariales, el principal foco de oposición a la reducción de la jornada se encontraba precisamente en el refuerzo del registro horario. La futura normativa incrementará las obligaciones para todas las empresas, independientemente de su tamaño, que deberán implantar sistemas digitales de control de la jornada. Además, los datos registrados deberán ser interoperables y accesibles para la Inspección de Trabajo.
La norma también eleva el nivel de detalle exigido. Será responsabilidad del trabajador introducir la información relativa a sus tiempos de trabajo en la herramienta proporcionada por la empresa, y el reglamento obliga a extremar la precisión de los registros. Deberá consignarse el momento exacto de inicio y finalización de cada jornada, con indicación de la hora y el minuto, así como el comienzo y fin de cada pausa que no compute como tiempo de trabajo efectivo. Para garantizar el correcto funcionamiento de estos sistemas, las empresas estarán obligadas a proporcionar la formación necesaria a su plantilla.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció hace casi un año la puesta en marcha de un grupo de especialistas con el objetivo de promover una nueva normativa orientada a reforzar la democracia en la gestión empresarial. En términos prácticos, se trata de definir mecanismos para que los trabajadores participen en las decisiones de las empresas y puedan, incluso, convertirse en propietarios de parte de ellas.
Ese grupo de expertos sobre democracia en el trabajo ya ha concluido su labor y este lunes ha entregado su informe a la ministra. El documento plantea, entre otras medidas, que el Gobierno impulse un sistema de cogestión en el que los trabajadores ocupen un tercio de los asientos en los consejos de administración de empresas con plantillas de entre 50 y 1.000 personas. En el caso de compañías de mayor tamaño, la propuesta eleva esa representación hasta la mitad de los miembros del órgano directivo. Además, el informe va un paso más allá y sugiere que se diseñe un plan para facilitar el acceso de los empleados a la propiedad empresarial, garantizando como mínimo un 2% del accionariado en empresas a partir de 25 trabajadores.
Díaz ha señalado que el Ejecutivo está dispuesto a avanzar en esta regulación mediante una ley que se negociará con patronales y sindicatos en un plazo reducido, al tratarse de una reforma pendiente en España. Aunque no suele formar parte del debate habitual, recuerda que esta cuestión sí estuvo presente durante la Transición. La ministra ha subrayado también que este modelo no es ajeno al país, ya que existe en cooperativas, en alguna empresa pública como Navantia y en determinadas compañías del País Vasco, sin que ello haya generado problemas.
El informe, que supera las 500 páginas, responde al encargo de fundamentar y estructurar una futura regulación sobre la participación de los trabajadores en la toma de decisiones empresariales, siguiendo el ejemplo de la mayoría de países europeos. La ministra justifica esta iniciativa en el hecho de que la Constitución, en su artículo 129.2, contempla este principio, aunque hasta ahora no se ha desarrollado normativamente.
Dicho artículo establece que los poderes públicos deben promover las distintas formas de participación en la empresa, fomentar las cooperativas mediante una legislación adecuada y facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
La presidenta del comité de expertos, Isabelle Ferreras, ha denunciado que este mandato constitucional no se aplica de forma adecuada en España. Aunque reconoce la existencia de un sistema dual de representación a través de delegados de personal y comités de empresa, considera que los derechos de participación son muy limitados y no alcanzan a las decisiones estratégicas. En este sentido, ha coincidido con Díaz en señalar que España es una excepción en Europa, ya que 18 de los 27 países de la Unión Europea han regulado la presencia de los trabajadores en los órganos de dirección empresarial.
Por todo ello, la comisión propone que el Gobierno y los agentes sociales desarrollen una estrategia basada en dos ejes: reforzar la capacidad de los empleados para influir en las decisiones de sus empresas y facilitar su acceso a la propiedad. En cuanto al primer aspecto, se plantea ampliar la participación mediante nuevos requisitos legales que refuercen el papel de los comités de empresa y de los delegados de personal. Entre otras medidas, se sugiere reconocer un derecho de codecisión en cuestiones como la implantación de sistemas de inteligencia artificial en el entorno laboral.
Asimismo, los expertos reclaman la creación de la figura del representante conjunto de personal en centros de trabajo muy pequeños, con menos de seis o diez empleados, y la constitución de comités de empresa a nivel de grupo para mejorar la gobernanza en grandes estructuras empresariales. También proponen que los comités cuenten con el apoyo de especialistas remunerados en ámbitos como la inteligencia artificial o el impacto social y ambiental de las decisiones corporativas.
En caso de que el diálogo social no alcance acuerdos, el informe defiende que el Gobierno establezca procedimientos formales para garantizar la participación de los trabajadores en los órganos de gobierno de las empresas, tomando como referencia las prácticas más avanzadas de países como Suecia y Alemania. Así, se propone reservar un tercio de los puestos del consejo de administración a los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados y, en las compañías de mayor tamaño, asignarles la mitad de los asientos, rebajando el umbral alemán a partir de 1.000 trabajadores.
Respecto a la participación en la propiedad, el documento fija mínimos legales de capital en manos de los empleados: más del 2% en empresas de entre 25 y 1.000 trabajadores y más del 10% en aquellas que superen los 1.000 asalariados. Para ello, se plantea la creación de planes de adquisición de acciones por parte de los empleados, especialmente pensados para procesos de relevo generacional. Ferreras ha explicado que podrían articularse fondos ciudadanos de ámbito regional, gestionados por los propios trabajadores, que permitan adquirir acciones en momentos críticos y evitar la entrada de fondos especulativos.
Por último, los expertos recomiendan acordar incentivos que animen a las empresas a ir más allá de las exigencias mínimas de la ley. Para ello, proponen diseñar un Índice de Desarrollo Democrático Corporativo que permita aplicar mecanismos de recompensas y penalizaciones en función del nivel de participación alcanzado. Estos incentivos podrían traducirse en ayudas públicas, beneficios fiscales, tasas diferenciadas o un acceso preferente a la contratación pública, con el objetivo de impulsar una mayor implicación de los trabajadores en la vida empresarial.
La falta de una mayoría clara de izquierdas en el Congreso obliga al Gobierno a maniobrar de forma constante para mantener los equilibrios parlamentarios. El decreto que incluía la prórroga del escudo social y la actualización de las pensiones es un ejemplo evidente de esta situación. La iniciativa fue rechazada por la Cámara con los votos de PP, Vox y Junts. Tanto los populares como los posconvergentes criticaron que en un mismo texto se uniera la subida del 2,7% de las pensiones medias con la ampliación de la suspensión de desahucios para familias vulnerables hasta que se les ofreciera una alternativa habitacional. Tras ese revés, el Ejecutivo negocia a contrarreloj para recuperar el decreto y se plantea dividirlo con el fin de garantizar que cerca de diez millones de pensionistas no sufran recortes en su paga de febrero.
Fuentes gubernamentales al tanto de las conversaciones consideran viable presentar las medidas por separado, tal y como reclama Junts. Se trata de un cambio relevante respecto a la postura de la semana anterior, cuando el objetivo era mantener el decreto íntegro, una exigencia defendida por el socio minoritario de la coalición. La intención del Gobierno es aprobar un nuevo decreto en el Consejo de Ministros de este martes o, como máximo, en el de la próxima semana. El presidente Pedro Sánchez fue tajante este domingo en un acto en Teruel, donde apoyó a la candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, al asegurar que las pensiones se actualizarán "en cualquier caso, con o sin el PP".
Aunque el Ejecutivo se muestra dispuesto a separar el contenido del decreto ómnibus para votarlo por partes y minimizar riesgos, su prioridad sigue siendo sacar adelante el conjunto de las medidas. Además de la revalorización de las pensiones y la prórroga del escudo social -que incluye la prohibición de desahucios y de cortes de suministros a hogares vulnerables-, el texto contemplaba la actualización de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales, así como rebajas fiscales para los afectados por la dana y los incendios del pasado verano.
Desde Moncloa insisten en que su objetivo es impulsar un decreto de medidas sociales que cuente con un respaldo amplio en el Congreso. Para ello, las negociaciones se centran en lograr el apoyo de Junts, aunque cualquier concesión a esta formación puede complicar el respaldo de otros socios del bloque progresista. Ya la semana pasada, fuentes parlamentarias de uno de los grupos más favorables a la prórroga del escudo social advertían de que, si el Gobierno ofrecía acuerdos que también podría suscribir el PP, el eje de la izquierda perdería peso en la ecuación.
El PSOE trata de atraer a Junts en el ámbito de la vivienda mediante fórmulas que refuercen la seguridad de los propietarios frente a posibles impagos del alquiler, tanto con más recursos económicos como con procedimientos más ágiles. El Consejo de Ministros ya reservó 300 millones de euros para avales estatales con este fin. Estas ayudas, destinadas a cubrir impagos en alquileres de jóvenes y colectivos vulnerables, ya estaban previstas en el Plan Estatal de Vivienda, pero ante su retraso se aprobaron por decreto el pasado diciembre y ahora cuentan con dotación presupuestaria.
El texto establece que el aval cubrirá todas las rentas impagadas hasta que el propietario recupere la vivienda, así como los daños ocasionados en el inmueble por el inquilino, los suministros asumidos por la propiedad y otros costes que se determinen reglamentariamente. Con ello, el Ejecutivo busca un equilibrio entre la protección de las familias vulnerables y las garantías para los arrendadores.
Otro elemento clave en la negociación es la posible delegación de competencias en materia de inmigración a Catalunya, tras la disposición de Podemos a levantar su veto a cambio del acuerdo alcanzado con el Gobierno para una regularización rápida de hasta medio millón de migrantes. El desbloqueo de esta cuestión pasa ahora por modificar el preámbulo del proyecto, una opción que Junts estaría dispuesto a aceptar y que Podemos exige para apoyar la iniciativa, eliminando referencias que considera de carácter racista.
En el Gobierno consideran que existe margen de entendimiento con Junts, al entender que sus críticas al escudo social no coinciden con el enfoque del PP. A los populares les reprochan vincular a las personas vulnerables que no pueden afrontar puntualmente el alquiler con comportamientos delictivos. Entre los argumentos que Junts compartió con el PP para votar en contra del decreto estuvo la mezcla de estas medidas con la subida de las pensiones, algo que calificaron de chantaje. "Pensiones, sí; ocupaciones, no. No pueden forzarnos a apoyar que no se pueda actuar cuando te ocupan una vivienda y no pagan el alquiler",
Nunca antes se había registrado un número tan elevado de personas desempleadas mayores de 50 años percibiendo algún tipo de subsidio. En 2025, la media mensual alcanzó las 545.393 personas, lo que supone un incremento del 4,7% respecto a 2024, a pesar de que en ese mismo periodo el paro registrado descendió un 4,5%. La inmensa mayoría -el 84%- corresponde a beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años, una prestación que también ha alcanzado máximos históricos tras permanecer durante los últimos tres años en el centro del debate por su posible efecto desincentivador sobre la reincorporación al mercado laboral y su papel como antesala de la jubilación anticipada. Esta cuestión está siendo analizada por la OCDE, que considera que su diseño contribuye a cronificar el desempleo sénior y aboga por replantear la ayuda, aunque sus propuestas implicarían, en la práctica, su eliminación.
Las cifras de 2025 resultan especialmente llamativas porque se producen en un contexto de descenso del desempleo, incluido el de los trabajadores de mayor edad. Sin embargo, esta mejora no se refleja en el sistema de prestaciones, que también ha aumentado en su vertiente contributiva: los mayores de 50 años que cobran prestación contributiva crecieron un 5,2%, hasta situarse en una media mensual de 281.000 personas. Aun así, este volumen sigue lejos de los niveles alcanzados durante la pandemia y representa apenas la mitad del total de perceptores del nivel asistencial, integrado por los distintos subsidios por desempleo, las rentas agrarias y el subsidio específico para mayores de 52 años.
Esta ayuda, actualmente fijada en 480 euros mensuales, presenta dos características singulares. Por un lado, puede percibirse hasta alcanzar la edad legal de jubilación; por otro, el SEPE cotiza por el beneficiario durante ese periodo. La cotización se realiza por el 125% de la base mínima, lo que equivale a una base de 1.726 euros mensuales de cara a la pensión futura. Esta circunstancia provoca que, para muchos desempleados mayores de 52 años, aceptar un empleo con un salario inferior resulte poco atractivo desde el punto de vista económico. El problema se intensifica si se tiene en cuenta que el salario mínimo interprofesional ha aumentado más de un 66% en los últimos años y se sitúa actualmente en 1.184 euros, a la espera de una nueva actualización.
Este es precisamente el argumento central de la OCDE, recogido de forma clara en su último Economic Survey sobre España publicado a finales de 2025 y reiterado en análisis posteriores, como el reciente artículo titulado "¿Estancados a los 52? Repensar el subsidio de desempleo para las personas mayores en España". En él, sus autores -Aida Caldera, Claudia Ramírez y Dimitris Mavridis- advierten de que, aunque la prestación cumple una función de protección social, su configuración puede reducir involuntariamente los incentivos para volver al empleo, incluso entre quienes desean hacerlo.
El informe subraya que, aunque la cuantía del subsidio es limitada, aceptar un trabajo mal remunerado implica renunciar tanto a la prestación como a las cotizaciones a la Seguridad Social que se generan durante el desempleo, de modo que el beneficio neto de reincorporarse al mercado laboral puede ser mínimo. En este contexto, destaca que la evidencia empírica muestra un fuerte aumento del desempleo de larga duración a partir de los 52 años, justo cuando se accede a esta ayuda. Estudios recientes de la AIReF revelan que, mientras que antes de los 50 años menos del 5% de los beneficiarios lleva más de un año en paro, a partir de los 52 esa proporción supera el 40%.
La idea de que el subsidio actúa como freno a la activación laboral de los desempleados de más edad no es nueva. Numerosos analistas sostienen que su diseño dificulta la reincorporación de trabajadores con baja cualificación, empleados tradicionalmente en sectores de salarios reducidos, especialmente cuando cuentan con apoyo familiar que les permite aguardar hasta la jubilación con una pensión más favorable gracias a la sobrecotización del subsidio. Este efecto afecta de manera particular a las mujeres, que representan el 54% de las personas beneficiarias.
El impacto también se extiende a trabajadores con niveles de renta elevados que han salido del mercado laboral tras despidos colectivos. En estos casos, el subsidio para mayores de 52 años se ha convertido en uno de los pilares de los esquemas de prejubilación, reforzado además por el aumento del SMI y, con él, de las cotizaciones asumidas por el SEPE. Para estos perfiles, aceptar un nuevo empleo puede resultar aún menos atractivo, ya que la pérdida no se limita a la sobrecotización, sino también a otros compromisos económicos pactados con su antigua empresa.
Precisamente para frenar las salidas anticipadas del mercado laboral y fomentar la activación de los desempleados, el Gobierno del PP elevó en 2012 la edad de acceso al subsidio hasta los 55 años y redujo la cotización al 100% de la base mínima. Esta reforma provocó un descenso significativo del número de beneficiarios que se prolongó hasta 2019, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez restituyó las condiciones originales de la ayuda. El efecto fue inmediato: el número medio de perceptores se disparó un 22% en solo un año y continuó creciendo posteriormente, hasta adquirir un marcado carácter anticíclico tras la pandemia, con los subsidios al alza pese a la moderación del paro.
A finales de 2023, el Gobierno impulsó una reforma del sistema de subsidios por desempleo con el objetivo de reforzar su función de acompañamiento en la búsqueda de empleo. Para ello, se modificó la cuantía inicial de las ayudas, se amplió su compatibilidad con el trabajo y se reforzó la conexión con prestaciones de carácter social, como el Ingreso Mínimo Vital. En ese proceso se planteó también reducir la sobrecotización del subsidio para mayores de 52 años del 125% al 100%, pero la propuesta fue rechazada en el Congreso por Podemos, lo que obligó a rehacer la reforma y mantener esta ayuda sin cambios.
Tal y como ha informado elEconomista.es, los efectos de la reforma han sido significativos: entre 2023 y 2025, los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años aumentaron un 5,5%, mientras que el número de mayores de 50 años que perciben otros subsidios creció un 20%, al pasar de 71.600 a 81.500 personas. Todo ello en un periodo en el que el desempleo sénior, aunque a un ritmo más moderado que en otros colectivos, se redujo un 7,9%.
El Tribunal Supremo ha considerado ilegal y discriminatoria la política aplicada por la empresa Ayesa Ibermática que dejaba fuera del cálculo de la retribución variable los días de baja por incapacidad temporal y los permisos retribuidos previstos en la normativa laboral.
Según ha informado el sindicato en un comunicado, el Alto Tribunal ha dado la razón a FeSMC-UGT y ha ratificado en todos sus términos la sentencia anterior de la Audiencia Nacional. Esta decisión supone, en palabras del sindicato, "un serio revés a las prácticas empresariales que penalizan a las personas trabajadoras por enfermar, atender cuidados o ejercer derechos de conciliación".
Ayesa Ibermática había establecido un sistema de incentivos vinculado a las denominadas "jornadas productivas", excluyendo del cómputo tanto las bajas médicas como determinados permisos legalmente reconocidos. No obstante, en su sentencia de 16 de enero de 2026, el Supremo concluye que esta forma de cálculo constituye una discriminación directa por motivos de salud, prohibida expresamente por la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación.
En consecuencia, el tribunal determina que la situación de incapacidad temporal no puede servir de justificación para minorar salarios ni incentivos económicos. Asimismo, la resolución protege de manera expresa los permisos retribuidos recogidos en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, incluidos los relacionados con enfermedad grave u hospitalización de familiares, el ejercicio de funciones sindicales y los vinculados al embarazo, parto, adopción o acogimiento.
Tal y como subraya UGT, la sentencia recuerda que estos permisos son derechos legales que deben mantenerse íntegramente retribuidos, y que excluirlos del acceso a incentivos salariales implica una discriminación indirecta, especialmente hacia las mujeres, al estar estrechamente relacionados con las labores de cuidado y conciliación.
La economía española siempre destruye empleo en los meses de enero, sin excepción. Pero este año el recorte ha sido especialmente pronunciado, ya que la Seguridad Social ha perdido 270.782 afiliados respecto a diciembre, con lo que el número total de cotizantes ha bajado a 21,57 millones, frente al récord histórico de 21,84 millones de trabajadores con el que cerró 2025. Se trata del peor mes de enero de los últimos 14 años, desde 2012, cuando se recortaron más de 271.000 afiliaciones en el arranque del año, según las cifras publicadas este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Incluso analizando los datos proporcionales, ya que el número total de afiliados es significativamente mayor ahora que hace 13 años, los datos del pasado enero son también los peores en un periodo de tiempo parecido. Así, el mes pasado el número de cotizantes cayó un 1,2% en un solo mes, mientras que hay que remontarse a 2013 y 2012, para encontrar mayores descensos porcentuales significativos: un 1,60% y 1,58%, respectivamente. Este pinchazo contrasta con los datos excepcionales de comportamiento del empleo con los que cerró el pasado año la Encuesta de Población Activa (EPA), tras la creación de más de 600.000 nuevos puestos de trabajo en 2025.
Además se da la circunstancia de que, en esta ocasión, las cifras facilitadas por la Seguridad Social no permiten averiguar en qué actividades se ha producido esta destrucción de las afiliaciones, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha llevado a cabo un cambio estadístico en la distribución de los cotizantes por los distintos sectores de actividad (denominados CNAE) que impide la comparación con el mes anterior, así como con el mismo mes de años precedentes.
No obstante, hay dos datos algo mejores. El primero lo ofrece la serie desestacionalizada de afiliados, que corrige las variaciones estacionales y de calendario y, por tanto, refleja mejor la tendencia en la marcha del empleo. Según dicha evolución, el número de cotizantes habría experimentado un pequeño incremento de poco más de 17.000 trabajadores. Además, a pesar de la fuerte caída de enero, el sistema ha ganado en los últimos 12 meses 477.818 afiliados, lo que supone un crecimiento interanual de la fuerza laboral del 2,26%, un ritmo muy similar al de los pasados meses de verano y apenas una décima menos del cierre del año pasado.
De hecho, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se aferra a estos últimos datos. "Gracias a un importante crecimiento interanual, termina el mes de enero con más trabajadores de la serie. Hay que mirar con detenimiento el dato desestacionalizado y se ve que el comportamiento del mercado laboral sigue siendo muy sólido", asegura.
Este martes, el Ministerio de Trabajo también ha hecho públicas las cifras del paro registrado en enero, reflejando también un incremento del número de desempleados inscritos en las oficinas del SEPE de 30.392 personas. Si bien, en este caso es el menor aumento en un mes de enero desde 2022, cuando este registro solo anotó 17.173 nuevos parados respecto al mes anterior.
El número de desempleados y de desempleadas registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de enero, ha aumentado en 30.392 en relación con el mes anterior (1,26%). El paro registrado total se ha situado en 2.439.062 personas. En términos interanuales, el paro registrado ha descendido en 160.381 personas (-6,17%). También se reduce el dato desestacionalizado que baja en 25.402 personas.
De hecho, aunque no se puede analizar en este mes el comportamiento del empleo por sectores debido al citado cambio estadístico, fuentes de la administración han asegurado que las fuertes lluvias registradas en enero habrían condicionado mucho a la baja el empleo agrario, entre otros. Por sectores económicos, el paro registrado desciende en Construcción en 3.793 personas (-2,13%), Industria en 14 personas (-0,01%) y en el Colectivo Sin Empleo Anterior en 1.755 personas (-0,79%).
La destrucción de empleo afectó más a las mujeres, que vieron desaparecer del registro 141.515 afiliaciones, que a los hombres, entre los que se recortaron 129.268. Asimismo, el colectivo de autónomos siguió perdiendo peso, ya que perdió 19.021 cotizantes. Al igual que ocurre con el régimen general de asalariados, el colectivo mantuvo un crecimiento internanual del 1,1%, al registrar 37.796 afiliados más que un año antes. El desempleo femenino aumenta en 25.284 mujeres (1,75%) hasta las 1.469.283 en relación al mes de diciembre. Es la cifra más baja en un mes de enero en los últimos 18 años. Con respecto al mes de enero de 2025 el paro femenino cae en 94.148 (-6,02%). El desempleo masculino se sitúa en 969.779 al ascender en 5.108 personas (0,53%). Si lo comparamos con enero de 2025, el paro masculino baja en 66.233 (-6,39%). El desempleo de los jóvenes menores de 25 años asciende en el mes de enero en 4.040 personas (2,28%) respecto al mes anterior y marcan su registro más bajo en un mes de enero.
A pesar de todo lo destacado, enero también ha dejado algún otro dato positivo en materia de contratación. En concreto, y en consonancia con la destrucción de afiliaciones, el número de contratos registrados en las oficinas del SEPE disminuyó en 66.801 (un 5,4% menos que en diciembre). Aunque, en términos netos, todo el recorte fue de contratos temporales, de los que se anotaron 92.288 menos que el mes anterior (una caída del 12%), mientras que el número de contrataciones indefinidas, aumentó en casi 25.500, lo que supuso un aumento del 5,5% mensual. Casi la mitad de estos nuevos contratos fijos fueron a tiempo completo, que son, dentro de los indefinidos, los de mejor calidad. Le siguieron 132.940 fijos discontinuos y otros 116.971 indefinidos a tiempo parcial.
En enero pasado tampoco se vio resentido el peso de los contratos fijos sobre el total de nuevas contrataciones, ya que representaron el 41,6%, un porcentaje prácticamente idéntico al de enero de hace un año y casi cuatro puntos superior al de diciembre de 2025.
El dato ha sido presentado por el Gobierno como un logro, calificado incluso de "histórico" por la ministra de Trabajo. Y lo es, en cierto modo: resulta significativo que haya sido necesario tanto tiempo para reducir la tasa de paro hasta el 9,9%. También es llamativo que, tras ese recorrido, España continúe encabezando el desempleo en la Unión Europea, cuya media ronda el 6%, y que siga registrando la mayor tasa de paro juvenil del continente.
En la actualidad hay alrededor de 2,5 millones de personas desempleadas, algo más de la mitad mujeres, y cerca del 46% corresponde a parados de larga duración o personas que no han tenido empleo previo. Entre quienes sí trabajaron antes, la causa principal del desempleo es la finalización del último contrato. Aproximadamente el 76% de las personas en paro recibe algún tipo de prestación, mayoritariamente la contributiva o el subsidio, con un gasto medio de unos 1.465 euros mensuales por beneficiario. Los hogares en los que todos sus miembros están desempleados suman unos 770.000, y el desembolso presupuestario total en prestaciones por desempleo supera los 2.000 millones de euros al mes.
La Encuesta de Población Activa también refleja una cifra récord de ocupación, con cerca de 22,5 millones de personas trabajando. Son dos millones más que en 2007, en pleno auge inmobiliario, y casi diez millones más que en 1994, antes de la entrada en el euro. La evolución por sectores muestra transformaciones relevantes: la agricultura mantiene su tendencia descendente; la industria, pese a las dificultades, ha aumentado el empleo entre 1994 y 2025, lo que cuestiona la idea de una desindustrialización generalizada; la construcción ha perdido más de un millón de ocupados desde 2007; y los servicios han experimentado un crecimiento muy notable, con cuatro millones más de empleos que en 2007 y diez millones más que en 1994. La terciarización de la economía es evidente, aunque bajo esta categoría no solo se incluye el turismo, sino también actividades profesionales, tecnológicas, financieras y de consultoría, que aportan valor añadido y peso a la balanza de pagos.
Otros tres aspectos del mercado laboral merecen atención. En primer lugar, el número de trabajadores por cuenta propia ha disminuido en las dos últimas décadas, pese al énfasis político en el emprendimiento. En segundo lugar, el 40% de los ocupados trabaja en empresas de menos de 50 empleados, que constituyen el 97% del tejido empresarial. En tercer lugar, aunque el 88,5% de los asalariados tiene contrato indefinido y solo el 11,5% es temporal, el empleo a tiempo parcial -con salarios que equivalen al 43% de un puesto a jornada completa- representa el 26% del total y afecta mayoritariamente a mujeres.
Si se observa únicamente el periodo entre enero y diciembre de 2025, la mayoría de los contratos firmados fueron temporales y, dentro de los indefinidos, los contratos a tiempo parcial y los fijos discontinuos alcanzaron el 60%. Todo ello en un contexto de elevada precariedad, en el que fue necesario formalizar más de 15 millones de contratos para que el empleo asalariado neto aumentara en apenas medio millón al cierre del año.
La complejidad del mercado laboral se amplía con otros dos fenómenos relevantes: el aumento de las vacantes y el elevado nivel de absentismo. Según las estadísticas disponibles, la demanda de empleo no cubierta ha crecido de forma sostenida desde la pandemia y supera ya los 150.000 puestos. No obstante, desde el punto de vista empresarial, la dificultad para cubrir vacantes es aún mayor, no tanto por cuestiones salariales como por un choque de expectativas y culturas laborales con las nuevas generaciones, un fenómeno que conviene seguir de cerca.
El absentismo laboral alcanza actualmente niveles récord. Más de 300.000 trabajadores faltan cada día a su puesto sin causa justificada y, si se suma la incapacidad temporal, España lidera también este indicador en Europa, con más de 1,5 millones de personas fuera del trabajo diariamente. El impacto sobre la productividad, los costes empresariales y el sistema sanitario es considerable. Los datos muestran que España empeora en absentismo 4,6 veces más que la media de la UE, un liderazgo poco deseable que apenas recibe atención pública.
Otro hito reciente lo aporta el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social: a finales de enero, más de tres millones de trabajadores extranjeros estaban afiliados a la Seguridad Social, representando por primera vez el 14% del total, con más de medio millón de autónomos. Estas cifras indican que la economía española ya no atrae únicamente empleo temporal o de bajos salarios, sino también perfiles cualificados -ingenieros, especialistas tecnológicos, analistas financieros- que cubren déficits derivados del desajuste entre formación y necesidades del mercado laboral.
Por último, el Informe Foessa de Cáritas pone de relieve una realidad preocupante: la precariedad laboral se ha convertido en una situación habitual, especialmente entre los colectivos más vulnerables. Cerca de 2,5 millones de jóvenes se encuentran atrapados en una precariedad estructural marcada por contratos temporales, jornadas parciales y salarios bajos. El trabajo a tiempo parcial involuntario actúa como una trampa de pobreza, mientras las nuevas generaciones acceden al empleo con remuneraciones sensiblemente inferiores a las de sus predecesores. La vivienda se ha convertido en el principal foco de desigualdad y tener empleo ya no garantiza escapar de la pobreza. Según el informe, España destaca en Europa como un caso extremo de fragilidad económica, con vulnerabilidades muy elevadas pese al crecimiento macroeconómico.
El Ejecutivo negocia a toda prisa para conseguir los respaldos necesarios a un nuevo paquete normativo, después de que el Congreso rechazara el decreto ómnibus, con el objetivo de aprobarlo entre mañana y el próximo Consejo de Ministros y evitar que la situación afecte al abono de las pensiones.
"Quiero decirles a los jubilados y jubiladas de toda España que las pensiones se van a revalorizar, pase lo que pase y con o sin el apoyo del PP, como hemos venido haciendo durante los últimos siete años mientras he sido presidente del Gobierno. Ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir", aseguró ayer Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, en un acto electoral celebrado en Teruel con motivo de las elecciones autonómicas aragonesas del próximo domingo. Según fuentes oficiales, el Gobierno trabaja contrarreloj para sumar apoyos a un nuevo decreto que permita recuperar la subida de las pensiones, tras el rechazo parlamentario al macrodecreto aprobado la semana pasada.
Desde La Moncloa insisten en que el Ejecutivo "está trabajando para sacarlo adelante lo antes posible" y confían en llevar la iniciativa al Consejo de Ministros de mañana o, como máximo, al de la próxima semana, con el fin de evitar que el bloqueo legislativo tenga consecuencias en la próxima paga de los pensionistas.
El Real Decreto-ley aprobado el pasado 23 de diciembre contemplaba una actualización del 2,7% de las pensiones contributivas para compensar la inflación, además de incrementos de entre el 7% y el 11,4% en las pensiones mínimas y una subida del 11,4% del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pese a que esta medida contaba con un amplio respaldo parlamentario, PP, Vox, Junts y UPN sumaron sus votos para rechazar el decreto ómnibus, que vinculaba la revalorización de las pensiones a una nueva prórroga del llamado escudo social. Este incluía, entre otras medidas, la extensión de la prohibición de desahucios a familias sin alternativa habitacional y el mantenimiento del veto a los cortes de suministros básicos a personas vulnerables.
El texto también recogía la prórroga de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, la retirada de la obligación de que los desempleados declaren el IRPF, nuevos coeficientes del impuesto de plusvalía, el mantenimiento de cuotas y módulos de los autónomos, diversas exenciones fiscales -como las ligadas a la rehabilitación de viviendas o la compra de vehículos eléctricos- y ayudas para los damnificados por la dana.
El Gobierno sostiene que su intención es recuperar todas las medidas incluidas en el decreto, aunque aún está por ver con qué apoyos parlamentarios logrará aprobarlas. En este contexto se enmarcan los recientes acuerdos con Podemos para la regularización de cerca de 500.000 inmigrantes en situación irregular y con Junts para avanzar en la cesión de competencias en materia migratoria a Cataluña, movimientos destinados a recomponer la mayoría parlamentaria. Desde el PP reclamaron ayer al Ejecutivo que reactive de inmediato la subida de las pensiones, pero a través de un decreto específico y separado que pueda contar con su respaldo.
El decreto rechazado también contemplaba la prórroga provisional del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 durante este año, por lo que, de forma oficial, esa referencia ha quedado sin efecto. No obstante, el Gobierno alcanzó el jueves un acuerdo bilateral con los sindicatos -sin el apoyo de las organizaciones empresariales- para incrementar el SMI un 3,1% en 2026, hasta situarlo en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Esta medida será aprobada mañana en el Consejo de Ministros para poner fin al vacío legal generado.
Camareros, chefs, trabajadores de la construcción, conductores de camión, personal de enfermería, cuidadores y médicos de atención primaria figuran entre las profesiones en las que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha identificado una falta significativa de personal, hasta el punto de que cerca del 20% de las vacantes resultan prácticamente imposibles de cubrir.
Según el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, el número de puestos sin cubrir no ha dejado de crecer en la última década: de unos 56.000 en 2014 se ha pasado a casi 150.000 en 2024, y a cierre del tercer trimestre de 2025 la cifra ya superaba las 152.000 vacantes, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pese a este aumento, las vacantes siguen representando menos del 1% del total de la oferta de empleo, muy por debajo de la media europea, situada en torno al 3%. El observatorio subraya además que aproximadamente un tercio de esos puestos corresponde al sector público y pone como ejemplo que el 80% de las plazas sin cubrir en el ámbito de los cuidados debería ser atendido por la Administración.
Del conjunto de vacantes detectadas, únicamente el 2,1% se cubre con facilidad, mientras que el 79,3% presenta serias dificultades para encontrar candidatos y el 18,6% se considera directamente de cobertura imposible. El SEPE atribuye este problema, por un lado, al envejecimiento de la población y al rechazo de determinadas condiciones laborales -especialmente en la construcción y la hostelería- y, por otro, al desajuste entre las competencias que demandan las empresas y la formación de los trabajadores, sobre todo en empleos de cualificación media y alta.
Los mayores desequilibrios se concentran en la hostelería, la construcción, las actividades sanitarias y el transporte, aunque también destaca el sector agrario. En este último, el organismo resalta la necesidad de mano de obra extranjera, en contraste con el hecho de que numerosos trabajadores españoles opten por desplazarse a la vendimia francesa, donde encuentran condiciones más atractivas.
Esta situación convive con un elevado número de personas en desempleo -2,47 millones a finales de 2025, según la Encuesta de Población Activa (EPA)-, si bien el observatorio apunta que muchos parados nacionales muestran reticencias a aceptar empleos de baja cualificación. En 2025, un total de 25.767 trabajadores migrantes accedieron al mercado laboral español a través del programa de gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO), una cifra récord que supera las más de 20.000 incorporaciones de 2024 y las 19.000 de 2023, según datos recogidos por la agencia Efe.
Estos programas, en funcionamiento desde hace más de veinticinco años, permiten la tramitación conjunta de los permisos de residencia y trabajo para ciudadanos extracomunitarios que no se encuentran ni residen en España. Marruecos fue el principal país de origen en el último ejercicio, con el 81% de las contrataciones, de las cuales nueve de cada diez correspondieron a mujeres con una edad media de 43 años empleadas en explotaciones agrícolas.
Otra herramienta para cubrir puestos vacantes en el exterior es el catálogo trimestral de ocupaciones de difícil cobertura que elabora el SEPE y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este instrumento facilita la concesión de autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena a ciudadanos extranjeros. El catálogo es limitado y se centra en empleos para los que no existen candidatos en el mercado nacional y que se repiten en todo el territorio, como ocurre con muchas profesiones de la marina mercante.
En el correspondiente al último trimestre de 2025 figuran marineros, pilotos de buques mercantes, oficiales radioelectrónicos, mecánicos, maquinistas, engrasadores, contramaestres, mozos de cubierta, caldereteros y frigoristas navales, además de cocineros, camareros y mayordomos de buque. También incluye distintas especialidades del sector de la construcción y la edificación, como carpinteros metálicos, instaladores electricistas y operadores de grúa, así como entrenadores y deportistas profesionales.
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