La entrada en vigor, el pasado 1 de agosto de 2026, de la ley que regula la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los mutualistas obligaba al Gobierno a aprobar, en un plazo de tres meses, el reglamento encargado de desarrollar el procedimiento para trasladar a la Seguridad Social los ahorros acumulados por los profesionales en sus mutualidades alternativas. Sin embargo, su tramitación ha quedado paralizada por la convocatoria de elecciones generales y no se retomará hasta que se constituya el nuevo Ejecutivo. De este modo, el reglamento, cuyo plazo de aprobación expiró el pasado 29 de octubre, tendrá que esperar.
La medida podría beneficiar a cerca de 100.000 profesionales, entre ellos abogados -que representan aproximadamente la mitad del colectivo-, arquitectos, procuradores, médicos e ingenieros. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció recientemente en una entrevista televisiva que esta cuestión continúa pendiente. Entretanto, la plataforma Mutualistas por el Futuro ha expresado su preocupación por las propuestas incluidas por el PSOE en su programa electoral, que contempla acabar progresivamente con la alternatividad de las mutualidades y limitar su función a la previsión social complementaria.
Los mutualistas consideran que esta propuesta supondría alterar el planteamiento de la Ley 2/2026, que incorporó una enmienda de Junts para descartar la desaparición de la alternatividad. La norma establece únicamente la elaboración de un informe de evaluación del modelo antes del 31 de diciembre de 2030, cuyas conclusiones podrán servir para revisar, mantener o modificar el sistema vigente. La redacción inicial impulsada por el PSOE, en cambio, contemplaba que desde el 1 de enero de 2028 todos los autónomos tuvieran que incorporarse obligatoriamente a la Seguridad Social.
Por este motivo, la plataforma reclama que el desarrollo reglamentario respete el contenido y la finalidad de la ley. También pide que, si el PSOE vuelve a formar Gobierno, se mantengan los plazos y los mecanismos de evaluación previstos, sin anticipar el resultado de ese análisis ni condicionar sus conclusiones.
Entre los aspectos que deberá concretar el reglamento destaca el coeficiente de conversión, que la ley sitúa entre el 0,67 y el 0,87 para tener en cuenta las contingencias no cubiertas. Este parámetro será determinante para establecer cuántos años de cotización podrán reconocerse en el sistema público a partir del capital acumulado por cada profesional en su mutualidad.
Otra cuestión pendiente es el procedimiento para transferir los fondos desde las mutualidades a la Seguridad Social. La ley se limita a establecer que el traslado deberá realizarse de manera ordenada, mientras que las entidades reclaman que se efectúe cuando se produzca el hecho causante, es decir, en el momento en que el mutualista, una vez incorporado al sistema público, acceda a la jubilación.
El empleo vinculado al turismo volvió a alcanzar cifras récord en octubre, un mes que tradicionalmente marca el inicio de la temporada baja. El número de afiliados a la Seguridad Social en las distintas actividades relacionadas con el sector aumentó un 6,2% interanual, hasta situarse en 3,02 millones de trabajadores. Se trata del registro más elevado para este mes desde que Turespaña recopila estos datos. Además, por primera vez se ha encadenado un periodo de seis meses, entre mayo y octubre, con más de tres millones de empleados en actividades como la hostelería, las agencias de viajes y los operadores turísticos.
El principal impulso al crecimiento de octubre procedió de la actividad hotelera, que registró un incremento del 9,7% en el número de cotizantes, hasta alcanzar los 432.682. Destaca especialmente la evolución del empleo por cuenta propia, que creció un 17,8% respecto al mismo mes del año anterior, con un total de 27.980 trabajadores autónomos.
A pesar del encarecimiento de los precios, que situó la tarifa media hotelera en 164 euros por habitación y noche durante el pasado verano, la demanda internacional continúa mostrando fortaleza. El aumento de visitantes procedentes del Reino Unido, que se mantiene como el principal mercado emisor de turistas hacia España, y de otros países como Países Bajos, Italia y Estados Unidos está compensando la menor actividad de los mercados francés y alemán. Estos dos países, segundo y tercer origen de turistas internacionales, respectivamente, atraviesan un periodo de estancamiento económico que está afectando a la capacidad de gasto de sus viajeros.
La primera cadena hotelera española por número de habitaciones, Meliá, también ha expresado confianza en la evolución del negocio durante los últimos meses del año. En su presentación de resultados del tercer trimestre, la compañía señaló que las perspectivas para el cuarto trimestre han mejorado gracias al comportamiento de la demanda en España. No obstante, advirtió de que el accidente ferroviario de Urda podría provocar una ralentización puntual de las reservas hacia los destinos del sur del país. Las reservas confirmadas para el cierre del ejercicio superan en dos dígitos las del mismo periodo del año anterior, mientras que la compañía prevé que el RevPAR, indicador que mide los ingresos por habitación disponible, registre un crecimiento de un dígito alto en el conjunto del ejercicio.
Según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Industria y Turismo, Baleares encabezó el crecimiento del empleo turístico en octubre, con 20.686 nuevos afiliados, un aumento del 18,4%. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) atribuye este avance a los resultados de las medidas destinadas a distribuir la demanda turística a lo largo de todo el año. Gracias a esta evolución, el 20% de los establecimientos hoteleros de las islas permanece abierto durante la actual temporada baja, frente al cierre habitual de buena parte de la planta hotelera hasta la primavera siguiente.
En términos absolutos, Andalucía fue la comunidad autónoma que concentró un mayor número de afiliados en las actividades turísticas, con 357.715 trabajadores, el 17,5% del total nacional. A continuación se situaron Cataluña, con 324.484 empleados (el 15,9%), y Madrid, con 273.554 (el 13,4%).
El Tribunal Supremo estudia un recurso presentado por una empleadora contra la sentencia que declaró improcedente el despido de una trabajadora del hogar que, presuntamente, simuló un accidente laboral para obtener una baja médica y comenzó a prestar servicios en otra vivienda mientras cobraba la prestación por incapacidad temporal. La empresaria decidió extinguir la relación laboral por pérdida de confianza después de acreditar los hechos, pero la empleada recurrió y consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarase improcedente el despido por defectos en la notificación.
La resolución sorprendió a la empleadora, que decidió acudir al Tribunal Supremo mediante un recurso de casación. El litigio se centra en si cumplió correctamente con la obligación legal de comunicar el despido a la trabajadora. Para ello, remitió un burofax en el que le notificaba la extinción del contrato. Correos intentó entregarlo en dos ocasiones y, al no encontrar a la destinataria en su domicilio, dejó los correspondientes avisos. Días después, la empresaria envió un segundo burofax, que dio lugar a otras dos visitas del servicio postal y a nuevos avisos de entrega.
El Juzgado de lo Social número 30 de Madrid dio inicialmente la razón a la empleadora. Consideró que la trabajadora había evitado deliberadamente recoger la comunicación, pese a los cuatro avisos que Correos había dejado en su domicilio. El juzgado tampoco apreció vulneración de derechos fundamentales, como alegaba la empleada, al entender acreditado que había aprovechado una supuesta caída mientras limpiaba sola en la vivienda para conseguir una baja médica de varios meses y empezar a trabajar de forma irregular en otro domicilio.
La trabajadora recurrió esta decisión ante el TSJM, argumentando que la falta de recepción de la carta de despido debía determinar la improcedencia de la extinción, ya que correspondía a la empleadora garantizar que la comunicación llegase a su destinataria. En febrero de 2025, la Sala de lo Social del tribunal autonómico estimó el recurso al considerar que el despido no se había realizado conforme a las exigencias legales de notificación.
El TSJM fundamentó su decisión en que Correos había realizado los intentos de entrega en las mismas franjas horarias, lo que reducía las posibilidades de localizar a la trabajadora. La empresaria ha replicado que la asistenta no se encontraba en su domicilio porque estaba prestando servicios de manera irregular en otra vivienda.
En su recurso ante el Supremo, la empleadora añade que, en las mismas fechas en que Correos dejó los avisos de entrega, la trabajadora acudió a una oficina postal para recoger la comunicación de su finiquito, que también se había enviado mediante burofax. Sin embargo, sostiene que decidió no retirar las notificaciones relativas al despido, por lo que atribuye la falta de comunicación a la propia voluntad de la empleada.
Para respaldar su posición, la empresaria cita varias resoluciones judiciales que consideran que un intento de notificación fallido no debe conducir automáticamente a declarar improcedente un despido cuando existen indicios de mala fe por parte del trabajador. También sostiene que, aunque se considerase que Correos no actuó correctamente al realizar los cuatro intentos de entrega en una misma franja horaria, no debería recaer sobre ella la responsabilidad por una eventual falta de diligencia del servicio postal.
No obstante, el Tribunal Supremo podría no llegar a pronunciarse sobre el fondo del conflicto. La Sala de lo Social ha designado como ponente al magistrado Félix Azón, director general de la Guardia Civil entre junio de 2018 y enero de 2020, durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez, y ha solicitado a la empleadora que presente alegaciones sobre dos posibles motivos para inadmitir el recurso.
El primero se refiere a la posible falta de contradicción entre la sentencia del TSJM y la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aportada como referencia, al considerar que ambas se basan en hechos diferentes. El segundo motivo también apunta a una eventual falta de contradicción, en este caso por las diferencias existentes entre los procedimientos utilizados para notificar las cartas de despido en las sentencias comparadas. La decisión definitiva sobre la admisión del recurso se conocerá en las próximas semanas.
Unos 130.000 empleados públicos destinados en territorios extrapeninsulares, como Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán, percibirán hasta 50 euros más al mes por el complemento de residencia a partir de enero de 2027. El incremento, aprobado por el Gobierno, será del 4,5%, en línea con la revalorización salarial prevista para el conjunto de los trabajadores del sector público. Además, continúa pendiente la actualización de las dietas y los gastos de kilometraje, cuya revisión debería completarse antes de finalizar este año.
La subida del complemento de residencia se suma al aumento de las retribuciones generales de los empleados públicos y beneficiará a quienes trabajan en destinos con condiciones geográficas especiales o afectados por la insularidad. Las cuantías mensuales de esta indemnización pasarán a situarse entre 33 y 1.152 euros brutos, dependiendo del lugar de destino y de la categoría profesional.
El Real Decreto-ley 37/2026, publicado en el BOE el 18 de noviembre y en vigor desde el día siguiente, recoge tanto el incremento retributivo general del 4,5% previsto para 2027 como la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal. La medida se enmarca en el acuerdo plurianual alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF.
Esta actualización también constituye una referencia para las administraciones autonómicas y locales, que deberán adaptar sus correspondientes compensaciones por insularidad y destino especial. En este ámbito, cabe recordar que el pasado julio se aprobó la equiparación del complemento de residencia del personal estatal destinado en Baleares con el establecido para Canarias.
Sin embargo, la revisión de las indemnizaciones por residencia no supone que también se hayan actualizado automáticamente las compensaciones por razón del servicio. El Gobierno mantiene pendiente la modificación de las dietas y los gastos de desplazamiento y kilometraje que perciben los empleados públicos cuando viajan por motivos laborales, con independencia de su lugar de residencia o destino. Los trámites para revisar estas cantidades continúan abiertos y el objetivo es que la actualización pueda aprobarse antes del 31 de diciembre de 2026.
Ambos conceptos responden a finalidades diferentes. La indemnización por residencia pretende compensar los sobrecostes asociados a trabajar en determinados territorios, mientras que las indemnizaciones por razón del servicio cubren los gastos extraordinarios ocasionados por desplazamientos vinculados al desempeño de funciones públicas. Estas últimas están reguladas por el Real Decreto 462/2002 e incluyen dietas de manutención, alojamiento, transporte y otros gastos derivados de comisiones de servicio o traslados.
Frente al incremento salarial general, que afecta a unos 3,5 millones de empleados públicos, la subida del complemento de residencia se dirige a un colectivo mucho más reducido, estimado en aproximadamente 130.000 trabajadores de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y otros servicios públicos. Entre los territorios incluidos figuran Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán. También existen complementos específicos para el personal destinado en el extranjero, aunque sus condiciones económicas se regulan mediante disposiciones propias del servicio exterior y no se corresponden directamente con las indemnizaciones por residencia aplicables a los destinos dentro de España.
El Ejecutivo ya había anunciado en septiembre su intención de revisar estas compensaciones en el marco del diálogo con los sindicatos. La aprobación del incremento del 4,5% para las indemnizaciones por residencia supone un primer avance, aunque las organizaciones sindicales insisten en que también debe materializarse la actualización de las compensaciones por desplazamiento.
CSIF ha reclamado que ambas revisiones estén aprobadas antes de que termine 2026, tal como recoge el acuerdo marco. El sindicato considera que la medida resulta especialmente necesaria ante las dificultades que afrontan algunos empleados públicos para mantener sus destinos, debido al elevado coste de la vivienda en determinados territorios. Según la organización, esta situación está llevando incluso a algunos trabajadores a renunciar a sus plazas. El Ministerio trasladó su voluntad de cumplir el calendario previsto.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ya había confirmado en septiembre que el Gobierno abordaría la actualización de las indemnizaciones por razón del servicio para el conjunto del personal estatal. Sus declaraciones se produjeron después de que en julio se aprobara la revisión del complemento de residencia de 11.176 empleados de la Administración General del Estado destinados en Baleares, con el objetivo de equiparar sus condiciones a las del personal destinado en Canarias.
Desde el punto de vista retributivo, el complemento de residencia tiene naturaleza indemnizatoria y no forma parte del salario base ni de las pagas extraordinarias. Su importe está vinculado al destino geográfico y la subida aprobada del 4,5% se aplicará directamente a las cuantías correspondientes a la Administración General del Estado, mientras que servirá de referencia para las actualizaciones que deban realizar las comunidades autónomas y las entidades locales.
El Gobierno ha incorporado una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público que permitirá resolver contratos y concesiones públicas cuando las empresas adjudicatarias incumplan sus obligaciones en materia de igualdad retributiva y transparencia salarial entre mujeres y hombres.
La reforma forma parte del Real Decreto-ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros para transponer dos directivas europeas en el ámbito laboral. Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la nueva regulación entrará en vigor este jueves. La modificación no fue mencionada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo, por lo que su inclusión en la norma sorprendió al ámbito empresarial.
El cambio afecta al artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público y establece que los órganos de contratación deberán garantizar que las empresas contratistas y subcontratistas respeten, durante la ejecución de los contratos y concesiones, el principio de igualdad salarial entre mujeres y hombres por la realización del mismo trabajo o de funciones de igual valor. Esta obligación comprende también el cumplimiento de las exigencias de transparencia retributiva que resulten aplicables.
Además, los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán incorporar sanciones económicas proporcionales para los casos de incumplimiento. Cuando concurran las circunstancias previstas en la norma, podrá iniciarse de oficio el procedimiento para resolver el contrato o a solicitud de la representación legal de los trabajadores de la empresa adjudicataria. Antes de adoptar una decisión, será obligatorio dar audiencia a dicha representación.
La resolución contractual podrá plantearse cuando se produzca un incumplimiento grave de las obligaciones de igualdad retributiva y exista una resolución administrativa o judicial firme que haya acreditado discriminación salarial por razón de sexo entre los trabajadores que participan en la ejecución del contrato. También podrá aplicarse cuando la empresa incumpla de forma reiterada sus obligaciones de transparencia salarial, siempre que el órgano de contratación haya constatado previamente las irregularidades y requerido su subsanación sin que la compañía haya atendido el requerimiento dentro del plazo establecido.
El Real Decreto-ley incorpora asimismo nuevas obligaciones de información salarial para las empresas. Los trabajadores podrán solicitar información sobre su propia remuneración y sobre las retribuciones medias de las personas que desempeñen el mismo trabajo o uno de igual valor, con los datos desglosados por sexo. La información deberá detallar tanto el salario base como cada uno de los complementos salariales y extrasalariales percibidos. Las compañías estarán obligadas a responder por escrito a estas solicitudes en un plazo máximo de dos meses.
Las empresas también deberán comunicar anualmente a sus plantillas que tienen derecho a acceder a esta información. Esta posibilidad se extiende a quienes hayan dejado de trabajar en la compañía, siempre que soliciten los datos correspondientes al periodo durante el que estuvieron vinculados a ella y presenten la petición dentro del año siguiente a la finalización de la relación laboral.
Durante la presentación de la reforma, Yolanda Díaz destacó que uno de sus objetivos es acabar con el secreto salarial en las empresas y facilitar que los trabajadores puedan conocer las diferencias retributivas existentes dentro de sus organizaciones. La nueva regulación introduce además cambios en otras condiciones de trabajo. Entre ellos, establece que las empresas no podrán impedir ni limitar que sus empleados presten servicios para otras compañías, salvo que exista un pacto de plena dedicación acompañado de la correspondiente compensación económica.
También reconoce la posibilidad de que los trabajadores soliciten modalidades de empleo más estables cuando surjan oportunidades de promoción profesional dentro de la empresa. En cuanto al periodo de prueba, la norma fija una duración máxima de seis meses para los trabajadores con la condición de técnicos titulados y de dos meses para el resto de la plantilla. No obstante, en las empresas con menos de 25 trabajadores, el periodo de prueba para quienes no sean técnicos titulados no podrá superar los tres meses.
La satisfacción laboral sigue siendo una asignatura pendiente para buena parte de los trabajadores españoles. La mitad de los profesionales asegura experimentar un nivel medio de alegría en su puesto de trabajo, mientras que un 23% reconoce que es bajo. Solo el 27% afirma disfrutar de un nivel alto de bienestar en su entorno laboral. Estos son algunos de los resultados del Global Workplace Joy Index, el primer estudio que analiza la alegría en el trabajo a partir de las respuestas de 17.450 profesionales y 8.920 responsables de Recursos Humanos de 27 países.
España obtiene una puntuación de 63 sobre 100, en línea con el promedio internacional y con los resultados de otros países europeos. El informe, elaborado por Edenred, multinacional especializada en beneficios sociales, retribución flexible y movilidad profesional, analiza distintos aspectos de la experiencia laboral, como el orgullo de pertenencia, el sentido del trabajo, las relaciones personales, el reconocimiento, el compromiso y las sensaciones de cansancio o frustración.
Antoine Blanc, director general de Edenred España, explica que la alegría en el trabajo no depende únicamente de la satisfacción con el puesto o de las condiciones económicas, sino también de las experiencias cotidianas, las relaciones con los compañeros, el reconocimiento recibido y la percepción de que la actividad profesional tiene un propósito.
El estudio pretende identificar qué elementos favorecen que los trabajadores disfruten de su actividad profesional. Una persona puede estar conforme con su salario y contar con estabilidad laboral, pero sentirse poco valorada, desmotivada o emocionalmente agotada. Por ello, el compromiso de los equipos no depende exclusivamente de las condiciones que ofrece una empresa, sino también de cómo se sienten sus trabajadores dentro de la organización.
Entre los factores que pueden contribuir al bienestar figuran los beneficios sociales, como los seguros médicos, las ayudas al transporte, los cheques guardería o los vales de comida. No obstante, el acceso a estas prestaciones no garantiza por sí mismo una mayor satisfacción. Su impacto depende de que respondan a necesidades reales y contribuyan a mejorar la situación económica, facilitar la conciliación o impulsar el desarrollo personal y profesional.
Blanc advierte, además, de que estas ventajas no deben utilizarse como sustituto de una remuneración adecuada y competitiva. El salario continúa siendo un elemento esencial, al que pueden añadirse beneficios que aporten valor a la vida cotidiana de los empleados.
Otra de las conclusiones del informe apunta a la distancia que todavía existe entre las iniciativas de bienestar promovidas por las empresas y la percepción que tienen los trabajadores sobre ellas. En este contexto, el reconocimiento profesional aparece como un factor especialmente relevante. En España, quienes reciben al menos una muestra de reconocimiento al mes manifiestan una percepción de mejora de su productividad 21 puntos porcentuales superior a la de aquellos que no reciben ningún reconocimiento.
El responsable de Edenred España considera que acciones como escuchar a los trabajadores, agradecer su esfuerzo y valorar los resultados obtenidos pueden influir de manera significativa en su experiencia profesional. A su juicio, el bienestar debe incorporarse a las decisiones habituales de las empresas y no limitarse a iniciativas puntuales o declaraciones de intenciones.
En este proceso, los responsables de los equipos desempeñan un papel determinante. Blanc identifica tres aspectos fundamentales en el liderazgo: escuchar a los profesionales y ofrecerles espacios de confianza para expresar sus inquietudes; reconocer el esfuerzo y los logros mediante agradecimientos concretos, y actuar como ejemplo en cuestiones como la conciliación, la desconexión digital y el respeto al tiempo personal.
El directivo, que dirige una plantilla de 135 trabajadores en Edenred España, defiende también la importancia de proporcionar autonomía, facilitar oportunidades de desarrollo y explicar a cada profesional cómo contribuye su actividad a los objetivos generales de la organización. El propósito es crear unas condiciones que permitan alcanzar los resultados empresariales sin comprometer el bienestar de los equipos.
En la clasificación internacional, India ocupa la primera posición, con una puntuación de 73 puntos sobre 100. México y Perú aparecen a continuación, ambos con 72 puntos, mientras que Japón cierra la lista con 47. El estudio observa que los mercados de economías emergentes, especialmente en América Latina, suelen registrar mayores niveles de alegría laboral. Por su parte, la mayoría de los países europeos se sitúan en posiciones intermedias, un comportamiento que también refleja el resultado obtenido por España.
La aprobación del nuevo registro horario digital difícilmente llegará antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Pese a que Yolanda Díaz mantiene su intención de sacar adelante la reforma antes de que termine la legislatura, fuentes de Moncloa aseguran que el Gobierno no tiene previsto llevarla al Consejo de Ministros en las dos reuniones que quedan. El PSOE ha incorporado esta medida a su programa electoral, pero su aplicación queda aplazada a la próxima legislatura, siempre que los socialistas consigan reeditar una mayoría progresista.
El proyecto de reforzar el control de la jornada laboral cobró protagonismo después de que el Congreso rechazara, el 10 de septiembre de 2025, la reducción de la jornada máxima a 37,5 horas semanales, una de las principales propuestas del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. Tras aquella votación, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que intentaría sacar adelante mediante decreto la parte de la reforma que permitía endurecer el registro horario. Desde su departamento defendían que un control digital efectivo, supervisado por la Inspección de Trabajo, podía contribuir a reducir las horas realmente trabajadas incluso más que una reducción legal de la jornada.
Catorce meses después, la iniciativa continúa bloqueada por las discrepancias dentro del Ejecutivo. El programa electoral del PSOE recoge el compromiso de implantar un registro horario digital que refleje las jornadas efectivamente realizadas, garantice el derecho al descanso y a la desconexión digital y refuerce la Inspección de Trabajo para perseguir los incumplimientos. Díaz aprovechó la publicación de este documento para reclamar su aprobación inmediata y recordó que el texto normativo está preparado. También acusó a los socialistas de obstaculizar su tramitación y aseguró que podría aprobarse incluso este viernes si existiera voluntad política.
Sin embargo, desde Moncloa insisten en que no está previsto someter la medida a aprobación antes de los comicios. La posición del PSOE es que se trata de un compromiso para la siguiente legislatura, mientras que la titular de Trabajo sigue defendiendo que todavía existe margen para sacarlo adelante antes de finalizar el mandato.
Las diferencias entre Díaz y el área económica del Gobierno vienen de lejos. Uno de los principales obstáculos surgió en marzo, cuando el Consejo de Estado emitió un dictamen muy crítico con el proyecto. El órgano consultivo cuestionó su adaptación a las particularidades de los distintos sectores, la carga administrativa adicional que supondría para las pequeñas y medianas empresas y la utilización de un reglamento para introducir cuestiones que, a su juicio, requerirían una modificación legislativa. También los departamentos de Economía, Función Pública y Protección de Datos formularon objeciones a distintos aspectos de la propuesta.
La ministra de Trabajo rechazó entonces las críticas y defendió la continuidad de la reforma, atribuyendo buena parte de las objeciones al análisis realizado por el Ministerio de Economía. En aquel momento aseguró que seguiría adelante con el nuevo registro horario, aunque posteriormente el tono del enfrentamiento se moderó.
En julio, los ministerios de Economía y Trabajo anunciaron un entendimiento para intentar aprobar la reforma en septiembre. El compromiso pretendía responder también a las exigencias de los sindicatos, que habían advertido de que no continuarían negociando con el Ejecutivo si la iniciativa volvía a quedar aplazada. Sin embargo, el plazo tampoco se cumplió y el Gobierno volvió a retrasar su aprobación. Díaz no responsabilizó entonces públicamente al PSOE y retomó sus críticas este lunes, después de anunciar que retiraba su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo.
El registro horario es obligatorio desde 2019, pero actualmente puede realizarse tanto en soporte digital como en papel. La reforma impulsada por Trabajo pretende que el sistema sea exclusivamente digital y que la Inspección pueda acceder directamente a los registros para comprobar en tiempo real el cumplimiento de la jornada laboral.
El departamento de Díaz había anunciado que introduciría algunos ajustes técnicos para responder a las observaciones del Consejo de Estado sin alterar el contenido esencial del acuerdo alcanzado con los sindicatos. Entre las cuestiones pendientes figuraba el plazo de adaptación para las empresas: Trabajo defendía un periodo de seis meses, mientras que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, proponía ampliarlo a un año para las pymes.
La patronal mantiene su rechazo al proyecto y comparte algunas de las objeciones planteadas por el Consejo de Estado. Considera que la reforma invade competencias legislativas y que debería debatirse en el Parlamento. Por este motivo, ha advertido de que recurrirá a los tribunales si el decreto se aprueba en los términos actuales. La propuesta, además, se ha alejado de su planteamiento inicial, que contemplaba incrementar las sanciones empresariales y calcularlas por cada trabajador afectado, en lugar de imponer una única multa por compañía. Esta modificación terminó descartándose al requerir respaldo legislativo.
El debate sobre el control de la jornada cobra especial relevancia por el volumen de horas extraordinarias que se realizan en España. Según los cálculos del gabinete económico de CC OO a partir de la Encuesta de Población Activa, los asalariados trabajan una media de 6,43 millones de horas extraordinarias cada semana. De ellas, 2,54 millones, cerca del 40%, no reciben compensación, mientras que las 3,89 millones restantes sí son retribuidas o compensadas.
El nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aprobado por el Gobierno para 2027, tendrá una incidencia especialmente significativa en buena parte del territorio español. Desde enero, la remuneración mínima legal ascenderá a 18.004 euros brutos anuales, equivalentes a 1.286 euros mensuales en 14 pagas. Esta cantidad supera el 75% del salario medio de más de la mitad de las provincias españolas, según los datos de retribuciones correspondientes a 2025 publicados por la Agencia Tributaria.
Aunque el SMI se establece con carácter general para todo el país a partir de distintos indicadores económicos, su repercusión varía considerablemente entre territorios. Las diferencias en la estructura empresarial, la actividad económica y los niveles salariales hacen que el nuevo mínimo tenga un peso muy desigual en las nóminas. En algunas provincias, su cuantía se aproxima cada vez más a las retribuciones habituales de una parte importante de los trabajadores.
Los datos de Hacienda reflejan que el SMI representa más del 75% del salario medio en 28 provincias. Esta situación afecta a comunidades autónomas completas, como Andalucía, Extremadura y Murcia. También se observa en Castilla-La Mancha y Aragón, donde únicamente una provincia queda fuera de este grupo. Las organizaciones empresariales vienen advirtiendo de las consecuencias que puede tener esta convergencia entre el salario mínimo y las remuneraciones medias.
En el conjunto de España, el nuevo SMI equivale prácticamente al 70% del salario medio bruto. Desde 2018, cuando se situaba en 735 euros mensuales, la remuneración mínima ha aumentado hasta los 1.286 euros previstos para 2027, lo que supone un crecimiento acumulado superior al 75%. Esta evolución contrasta con la de otros niveles salariales, cuyos incrementos a través de la negociación colectiva han sido más moderados.
Las organizaciones empresariales consideran que esta evolución reduce el margen de actuación de los convenios colectivos, especialmente en las provincias donde el salario mínimo se aproxima a las retribuciones habituales de numerosos sectores. La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha advertido de que esta situación dificulta establecer diferencias salariales en función de la experiencia, la antigüedad o las responsabilidades asumidas. También limita la capacidad de las empresas para utilizar la negociación colectiva como instrumento de mejora de las condiciones laborales.
Desde CCOO y UGT, por el contrario, atribuyen esta situación al limitado crecimiento de los salarios en términos reales durante los últimos años, marcado por diferentes episodios inflacionistas. Ambos sindicatos recuerdan que en 2023 alcanzaron con CEOE y Cepyme un acuerdo para incrementar las retribuciones pactadas en convenio un 4% ese año y un 3% en 2024 y 2025. Sin embargo, estas recomendaciones no se han renovado en 2026 y tampoco se han trasladado íntegramente a las nóminas de todos los trabajadores.
Uno de los principales motivos de discrepancia es el mecanismo de absorción y compensación salarial. Esta práctica permite a las empresas reducir o eliminar determinados complementos, como los vinculados a la antigüedad o a la penosidad, cuando se producen incrementos del salario mínimo o de las retribuciones establecidas en convenio, siempre que se cumplan los requisitos legales. De esta manera, el aumento del salario base no siempre se traduce en una mejora equivalente de la remuneración total.
El Tribunal Supremo ha respaldado esta posibilidad al considerar que los distintos conceptos que integran la remuneración forman parte del salario y que no resulta obligatorio que cada incremento pactado se traduzca necesariamente en una subida del salario base. Esta interpretación ha sido cuestionada por CCOO y UGT, que consideran que la absorción de complementos puede reducir el efecto real de las mejoras salariales acordadas.
De hecho, ambas organizaciones condicionaron su respaldo a las últimas negociaciones del SMI a que el Gobierno modificase la regulación de estos mecanismos. Sin embargo, el Ejecutivo todavía no ha materializado ese compromiso y no parece que vaya a hacerlo antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. La medida tampoco cuenta con el respaldo del área socialista del Gobierno, vinculada al Ministerio de Economía.
Por otra parte, durante la legislatura el Ministerio de Trabajo ha defendido el objetivo de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio, siguiendo las recomendaciones de la Carta Social Europea. Sin embargo, el departamento dirigido por Yolanda Díaz ha optado por tomar como referencia el salario medio neto, en lugar del bruto, para determinar el cumplimiento de ese umbral.
Esta metodología ha generado discrepancias, tanto entre los sindicatos como en el comité de expertos encargado de elaborar las propuestas de actualización del SMI. UGT también ha cuestionado el criterio utilizado, al considerar que la referencia al 60% debe analizarse atendiendo a las magnitudes salariales correspondientes. ºLa elección de una referencia neta explica que el nuevo salario mínimo alcance prácticamente el 70% del salario medio bruto, según los datos disponibles. El cálculo utilizado por el Gobierno no descuenta las cotizaciones a la Seguridad Social ni las retenciones del IRPF, una circunstancia que debe tenerse en cuenta al comparar las distintas magnitudes salariales.
A doce días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno ha concentrado en un mismo Consejo de Ministros la aprobación de varias medidas económicas y laborales. Entre ellas figuran el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, que subirá un 5,3% hasta alcanzar los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, y la actualización de las retribuciones de los empleados públicos, que crecerán un 4,5% el próximo año, con otro medio punto adicional durante el primer trimestre, de acuerdo con el pacto plurianual alcanzado anteriormente.
La subida del SMI no necesita convalidación parlamentaria, pero sí deberán someterse a la Diputación Permanente el incremento salarial de los funcionarios y otras dos iniciativas aprobadas por el Ejecutivo: la modificación del IRPF para evitar que los perceptores del salario mínimo tengan que tributar y un decreto ley destinado a reforzar la transparencia retributiva en las empresas y endurecer las sanciones por incumplimiento.
El incremento del salario mínimo supera la inflación interanual registrada en octubre, que fue del 4,9%, aunque se queda por debajo del 7% reclamado por las organizaciones sindicales. La rapidez con la que se ha tramitado la medida, la celebración de una única reunión con los agentes sociales y su coincidencia con el contexto de la huelga general por la vivienda han impedido que CC OO y UGT respalden formalmente esta nueva subida.
Se trata de la primera ocasión en que ambas centrales sindicales no apoyan un aumento del SMI desde que Yolanda Díaz asumió el Ministerio de Trabajo. En un comunicado conjunto difundido este martes, UGT y CC OO reconocen el importante avance experimentado por el salario mínimo en los últimos años, pero reclaman al Gobierno que cumpla los compromisos adquiridos con los sindicatos en relación con el registro horario y la compensación y absorción de las subidas del SMI. Según fuentes del Ejecutivo, la segunda iniciativa no saldrá adelante durante lo que resta de legislatura, mientras que Trabajo mantiene su apuesta por sacar adelante la primera. El lunes, Díaz volvió a criticar al PSOE por no impulsar la regulación del control horario.
La patronal tampoco ha respaldado este incremento ni la mayoría de las subidas anteriores. De hecho, únicamente apoyó la primera de las promovidas por Díaz. En esta ocasión, CEOE y Cepyme cuestionan que el aumento se apruebe antes de las elecciones y sin esperar a conocer su resultado. En ejercicios anteriores, las actualizaciones del salario mínimo solían aprobarse en torno al mes de febrero y con efectos retroactivos. Trabajo justifica el adelanto por su intención de evitar que la medida quede pendiente de un Gobierno en funciones. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha reprochado al Ejecutivo que celebre «dos consejos de ministros a la semana para hacer campaña electoral».
La nueva cuantía supone un aumento de 65 euros mensuales, hasta los 1.286 euros. Desde 2018, año en que Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras la moción de censura, el SMI ha aumentado un 74%, pasando de 736 euros brutos al mes en 14 pagas. Durante el mismo periodo, los precios han subido alrededor de un 28%, lo que representa una mejora del poder adquisitivo del salario mínimo superior a 40 puntos porcentuales.
Este suelo salarial tiene una incidencia especialmente elevada entre las mujeres, los jóvenes y la población inmigrante, así como en actividades como la agricultura, el trabajo doméstico y la hostelería. Las estimaciones oficiales sitúan en unos 2,5 millones el número de personas que perciben el SMI. Tras el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz ha defendido que los incrementos continuados del salario mínimo constituyen un éxito y han demostrado que no se han cumplido los pronósticos económicos que advertían de un posible deterioro de la economía española.
El Gobierno también ha adelantado la aprobación del incremento salarial de los empleados públicos, que habitualmente se concretaba más adelante en el año. El Ejecutivo justifica esta decisión por la necesidad de evitar que la actualización de las nóminas quede en manos de un futuro Gobierno en funciones. Aunque el aumento coincide con la campaña electoral, su cuantía ya estaba recogida en el acuerdo plurianual firmado hace un año.
El incremento inicial será del 4,5% y, según ha anunciado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, beneficiará a más de tres millones de empleados públicos. El ministro ha destacado que se trata de la mayor subida salarial desde 1992 y ha avanzado que el aumento efectivo será superior.
A ese porcentaje se añadirá otro 0,5% correspondiente a 2026, condicionado a que la inflación interanual de ese ejercicio supere el 1,5%. Este compromiso forma parte del acuerdo suscrito con los sindicatos para elevar las retribuciones de los empleados públicos más de un 11% entre 2025 y 2028. La evolución definitiva del IPC se conocerá durante el primer trimestre del próximo año y, dado que se espera que supere ampliamente el umbral establecido, el incremento acumulado alcanzará previsiblemente el 5%. No obstante, desde el 1 de enero se aplicará inicialmente la subida del 4,5%.
Función Pública calcula que el aumento supondrá 1.440 euros brutos adicionales al año para un administrativo, más de 1.900 euros para un policía nacional, más de 2.700 euros para un maestro, unos 3.700 euros para un médico y más de 4.000 euros para un juez.
Por último, el Ejecutivo ha aprobado un decreto ley impulsado por el Ministerio de Trabajo que refuerza las obligaciones empresariales de información sobre las condiciones contractuales y salariales y aumenta las sanciones para las compañías que no faciliten los datos exigidos. Yolanda Díaz ha asegurado que con esta regulación se pone fin al secreto salarial en España. La iniciativa pretende avanzar en la aplicación de la directiva europea sobre igualdad retributiva, cuyo plazo de transposición finalizó el pasado 7 de junio, y amplía el derecho de los trabajadores a conocer las remuneraciones medias correspondientes a puestos de trabajo equivalentes, además de reforzar la información contenida en los registros salariales.
La reforma incorpora también nuevas garantías para quienes realizan horas complementarias, es decir, las que se añaden a las pactadas en los contratos a tiempo parcial. Las empresas deberán comunicar su realización con al menos tres días de antelación. Si no respetan este plazo, el trabajador podrá rechazar las tareas asignadas sin sufrir consecuencias desfavorables. Asimismo, se endurecen los requisitos para establecer periodos de prueba superiores a seis meses, entre otras modificaciones.
En materia de transparencia salarial, la norma reconoce a cada empleado un derecho individual a recibir información sobre las retribuciones, en lugar de limitar este acceso a través de la representación legal de los trabajadores. También declara nulas las cláusulas contractuales que impidan divulgar el propio salario. A ello se suma la incorporación expresa al Estatuto de los Trabajadores de una garantía de indemnidad que protege frente a cualquier trato desfavorable, perjuicio o represalia derivada del ejercicio o la reclamación de derechos laborales.
La capacidad de los servicios públicos de empleo para facilitar la incorporación al mercado laboral continúa perdiendo eficacia. En octubre de 2026, solo 7,28 de cada 1.000 demandantes inscritos consiguieron un puesto de trabajo a través de una oferta gestionada por estas oficinas. La cifra supone un retroceso del 16,2% respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa un 52,6% por debajo del nivel registrado en 2007, antes de la crisis financiera.
La intermediación directa no es el único instrumento para evaluar el funcionamiento de las políticas activas de empleo, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas, salvo en Ceuta y Melilla. También forman parte de ellas los programas de formación y orientación laboral. Sin embargo, el número de colocaciones conseguidas mediante ofertas tramitadas por las oficinas constituye uno de los indicadores más visibles de su eficacia, tanto para los trabajadores como para las empresas. La evolución histórica de los datos del SEPE muestra un deterioro prolongado.
En octubre de 2007, 15,36 de cada 1.000 demandantes encontraban empleo a través de esta vía. La crisis económica redujo la proporción hasta 4,32 en 2012, mientras que la posterior recuperación permitió elevarla a 8,36 en 2019 y a 8,62 en 2022, una vez aprobada la reforma laboral. En febrero de 2023 entró en vigor una nueva Ley de Empleo, concebida para mejorar la eficacia de las políticas activas y ampliar los servicios garantizados a las personas que buscan trabajo. Sin embargo, la tasa de colocación descendió hasta 7,87 en octubre de ese año.
El pasado ejercicio se alcanzaron 8,69 colocaciones por cada 1.000 demandantes, el mejor resultado para ese mes desde 2009. No obstante, en octubre de 2026 el indicador ha vuelto a retroceder hasta 7,28, con 30.635 personas contratadas a través de las oficinas frente a 4,21 millones de inscritos. Aunque el deterioro se concentra especialmente en septiembre y octubre, la tasa media de los últimos doce meses apenas ha disminuido un 1,2%.
Una de las circunstancias que condicionan estos resultados es el cambio en la contratación provocado por la reforma laboral, que restringió el uso de los contratos temporales y favoreció su sustitución por fijos discontinuos. Esta modalidad ha pasado de registrar una media de 21.903 contratos mensuales en 2019 a 184.869 en los últimos doce meses, lo que supone multiplicar su volumen por 8,4.
La diferencia radica en que los trabajadores fijos discontinuos se reincorporan a sus puestos mediante un llamamiento de la empresa, sin necesidad de formalizar un nuevo contrato ni tramitar una oferta a través de los servicios públicos de empleo. Por este motivo, desde mayo de 2022 el SEPE contabiliza más colocaciones que contratos registrados, con una diferencia media de 388.437 al mes durante el último año. Estas reincorporaciones no pasan por las oficinas de empleo y, por tanto, no se contabilizan como intermediación directa.
Este fenómeno influye en las estadísticas por dos motivos. El primero es el aumento de las personas inscritas que mantienen una relación laboral. Se trata de demandantes que tienen un contrato vigente y, por tanto, no figuran como desempleados. En 2007 eran 102.631 y en 2019 alcanzaban los 239.701, el 5,4% del registro. En septiembre de 2026 sumaban ya 802.580, el 19,1% del total.
Este colectivo explica casi 700.000 de los 1,19 millones de inscritos adicionales respecto a antes de la crisis financiera, frente a un incremento de 362.142 personas desempleadas. Entre ellos figuran numerosos trabajadores fijos discontinuos que permanecen inscritos mientras esperan ser llamados para reincorporarse, aunque las estadísticas del SEPE no permiten identificar cuántos pertenecen a esta modalidad ni cuántos buscan simultáneamente otro empleo.
Su presencia distorsiona a la baja la tasa general de colocación, puesto que el indicador se calcula sobre el conjunto de demandantes inscritos, incluidos quienes ya tienen una relación laboral, mientras que las colocaciones se contabilizan por separado. Si se excluye a estas personas, la evolución resulta diferente. En octubre de 2025, las oficinas consiguieron 36.227 colocaciones, prácticamente las mismas que en 2019, cuando fueron 36.848. Sin embargo, el número de inscritos sin relación laboral había descendido de 4,17 a 3,43 millones.
Al calcular las colocaciones únicamente sobre este último grupo, la tasa alcanzó 10,57 por cada 1.000 demandantes en octubre de 2025 y se sitúa ahora en 8,99. Este resultado es un 1,7% superior al de 2019. No obstante, no significa que las oficinas estén encontrando trabajo a más personas, ya que las estadísticas no permiten determinar si quienes consiguen una colocación tenían previamente otro empleo. En cualquier caso, el descenso registrado en octubre de 2026 también se mantiene cuando se excluye a los inscritos con relación laboral: la tasa cae un 14,9% respecto al mismo mes del año anterior.
El segundo efecto de la reforma laboral se aprecia en la reducción de las ofertas que llegan a los servicios públicos de empleo. Algunas campañas agrícolas que anteriormente recurrían a la contratación de temporeros a través de estas oficinas se cubren ahora mediante llamamientos a trabajadores fijos discontinuos. En el conjunto del país, la proporción de vacantes agrarias cubiertas ha pasado del 98% en 2019 al 61,4% en los últimos doce meses. En Andalucía, los puestos del campo cubiertos mediante esta intermediación han descendido de 750 a 254 mensuales, una caída del 66,1%.
A estas dificultades se añade la falta de desarrollo reglamentario de una de las principales obligaciones recogidas en la Ley de Empleo de 2023. La norma estableció que las empresas debían comunicar sus vacantes a los servicios públicos, una medida que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reclamaba desde 2019, cuando ya calificaba de marginal el papel de estas oficinas en el ajuste entre la oferta y la demanda laboral.
Sin embargo, el Gobierno todavía no ha aprobado el reglamento necesario para aplicar esta obligación y la legislación tampoco contempla sanciones por incumplirla. En la práctica, informar de las vacantes continúa siendo voluntario, por lo que las empresas recurren a las oficinas cuando consideran que pueden resultarles útiles y prescinden de ellas cuando encuentran otros canales de contratación más eficaces.
El resultado es que el volumen de ofertas comunicadas se ha reducido considerablemente. En octubre se registraron 46.867 vacantes, un 49% menos que en el mismo mes de 2007, pese a que el número de demandantes inscritos ha aumentado un 39,5%. Actualmente se ofrecen 11,1 puestos por cada 1.000 inscritos, frente a los 30,5 de hace casi dos décadas. Si el cálculo se realiza únicamente sobre las personas desempleadas, la proporción también ha disminuido, desde las 45,6 vacantes por cada 1.000 parados en 2007 hasta las 19,7 actuales.
La caída de las ofertas también explica parte del retroceso de los dos últimos meses. Las vacantes comunicadas disminuyeron un 11% en septiembre y un 12,9% en octubre respecto a los mismos meses de 2025, aunque los datos disponibles no permiten determinar las causas de esta reducción.
Las ofertas procedentes de los programas públicos de empleo constituyen una excepción, ya que las administraciones están obligadas a utilizar los servicios públicos para seleccionar a sus trabajadores. En los últimos doce meses, el sector público cubrió el 93,2% de los puestos que comunicó, mientras que en el resto de actividades la proporción se situó en el 61,5%, frente al promedio del 71% registrado en 2019.
Por último, la Ley de Empleo contempla la creación de una tasa oficial de intermediación que permita medir cuántas personas encuentran trabajo gracias a los servicios públicos. Su desarrollo reglamentario está previsto para el primer trimestre de 2027. Hasta que se apruebe, España seguirá sin disponer de un indicador oficial que permita evaluar con precisión la eficacia de las oficinas en la búsqueda de empleo.
By visiting this website or by using the mobile app we may use and store information in your browser in the form of cookies. These include information that is strictly necessary for the operation and navigation of the website and, therefore, cannot be deactivated.
As we respect your privacy, through the cookie settings panel you can accept or reject cookies by clicking on the corresponding box. For more information or to consult the complete list of cookies consult our Cookies policy.
Necessary technical cookies
These cookies are strictly necessary for the correct operation and navigation of the user through the website, as well as to remember cookie preferences and, therefore, it is not possible to deactivate them. They do not store any personally identifiable information permanently.
Performance Cookies
Performance cookies allow us to know the level of recurrence of our visitors and carry out the measurement and statistical analysis of the use of our service in order to improve its performance. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous.