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(Expansión, 27-07-2026) | Laboral

Los complementos salariales a trabajadores de baja cuestan 4.800 millones a las empresas

Las organizaciones empresariales insisten en la necesidad de adoptar medidas que reduzcan el impacto económico que el absentismo tiene sobre las empresas, un coste que supera los 16.100 millones de euros anuales. Además, cerca del 65% de los convenios colectivos de empresa contemplan complementos económicos para los trabajadores en situación de incapacidad temporal. Más allá del efecto sobre la organización interna, la productividad y la competitividad, el absentismo supone una importante carga económica para empresas, pymes y autónomos. En algunos casos, este desembolso limita la capacidad de las compañías para acometer inversiones, ampliar la producción o mejorar las condiciones salariales. Durante 2025, el coste total del absentismo alcanzó los 34.000 millones de euros. De esa cifra, algo más de 18.000 millones correspondieron a prestaciones abonadas por la Seguridad Social y alrededor de 16.100 millones fueron asumidos por las empresas. Estos gastos empresariales se distribuyen entre el pago de la prestación económica entre los días 4 y 15 de la baja, los complementos salariales pactados en convenio y las cotizaciones sociales que deben seguir abonándose durante toda la incapacidad temporal. Uno de los aspectos que la patronal ha situado en el centro del debate es el papel de los complementos salariales recogidos en numerosos convenios colectivos. Estas mejoras permiten que el trabajador de baja perciba el 100% de su salario durante la incapacidad temporal. Según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), estos complementos representan un coste anual de 4.838 millones de euros, lo que equivale aproximadamente al 30% del gasto total que soportan las empresas por las bajas laborales. La normativa establece que durante los tres primeros días de baja no se percibe prestación. Entre los días 4 y 15, el trabajador cobra el 60% de su base reguladora, importe que financia la empresa. A partir del día 16, la prestación pasa a ser responsabilidad de la Seguridad Social, manteniéndose en el 60% hasta el día 20 y aumentando al 75% desde el día 21. Los complementos acordados en la negociación colectiva compensan esa diferencia para que, en muchos casos, el empleado continúe percibiendo el salario íntegro. De acuerdo con los datos de AMAT, la mayor parte del coste de estos complementos se concentra en las bajas de entre 16 y 365 días, con un desembolso cercano a los 2.950 millones de euros. Sin embargo, el principal coste directo para las empresas corresponde a las cotizaciones sociales, que deben seguir abonándose mientras el trabajador permanece de baja. Estas incluyen las cuotas por contingencias comunes y profesionales, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional. En conjunto, representan 9.351 millones de euros al año, es decir, el 58% del coste empresarial derivado del absentismo. Tanto los complementos salariales como la obligación de mantener las cotizaciones durante la incapacidad temporal forman parte de las reivindicaciones de la CEOE, que considera necesario revisar quién debe asumir estas cargas. El debate se produce en un contexto en el que la tasa de horas de trabajo pactadas que finalmente no se realizan ha alcanzado el 7,6%, un máximo histórico que equivale a una media diaria de 1,6 millones de trabajadores ausentes, de los cuales 1,2 millones lo están por baja médica. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido que no resulta razonable que las empresas asuman íntegramente el coste de las bajas durante los primeros quince días y reclama, al menos, mecanismos que compensen el impacto económico mientras no se reduzca el nivel de absentismo. Asimismo, en las negociaciones del futuro Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), la patronal estudia plantear una revisión de determinados complementos salariales incluidos en los convenios como una medida para contener el crecimiento del absentismo. Algunos convenios sectoriales ya aplican limitaciones a estos complementos. En el sector de la alimentación, por ejemplo, Pescanova condiciona el cobro del salario íntegro a determinados niveles de absentismo y a la existencia de hospitalización en casos de enfermedad común. Por su parte, empresas como Bosch y Consum contemplan la posibilidad de retirar estas mejoras cuando el trabajador rechaza reconocimientos médicos, no comunica correctamente la ausencia o supera los plazos de recuperación considerados habituales por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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(El País, 27-07-2026) | Laboral

El proceso extraordinario de regularización abre una vía directa al trabajo por cuenta propia

La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno entre abril y junio de este año ha facilitado que miles de extranjeros puedan acceder al trabajo por cuenta propia en España. Esta medida supone una oportunidad para aflorar actividad económica y ampliar la base de cotizantes, aunque también plantea desafíos relacionados con la precariedad, el fraude y la seguridad jurídica, tanto para los nuevos autónomos como para las empresas que contratan sus servicios. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la frontera entre el trabajo autónomo y el empleo por cuenta ajena no siempre está claramente definida, lo que puede favorecer situaciones de falso trabajo autónomo o de dependencia económica encubierta. En este contexto, Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales, considera que esta regularización permitirá que actividades que hasta ahora permanecían en la economía sumergida comiencen a cotizar, generen derechos y contribuyan al sostenimiento del sistema de Seguridad Social. El acceso al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) exige cumplir diversos requisitos administrativos y presentar un plan de viabilidad, un proceso que puede resultar especialmente complejo para quienes desconocen el idioma o se enfrentan a criterios administrativos poco homogéneos. Merchán advierte de que la incertidumbre derivada de interpretaciones distintas según la provincia o de instrucciones tardías afecta especialmente a los colectivos más vulnerables, por lo que reclama una mayor seguridad jurídica para quienes actúan de buena fe. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), su vicepresidenta, Celia Ferrer, confirma que durante el proceso de regularización se ha observado un incremento de solicitudes de certificación de planes de negocio por parte de ciudadanos extranjeros, especialmente en actividades técnicas y científicas. No obstante, recuerda que iniciar una actividad como autónomo implica asumir importantes riesgos económicos y empresariales. Por su parte, Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, considera que el alta en el RETA no presenta especiales dificultades administrativas. Sin embargo, alerta de los problemas que pueden surgir si posteriormente se deniega la autorización provisional de residencia o trabajo, ya que el profesional perdería automáticamente la habilitación para ejercer y las empresas podrían verse contratando a una persona sin autorización vigente. Para evitar estas situaciones, propone implantar mecanismos automáticos de comunicación entre las administraciones y las partes afectadas. Uno de los principales riesgos asociados a este proceso es el incremento de los falsos autónomos, una figura que encubre relaciones laborales ordinarias bajo la apariencia de trabajo por cuenta propia. Merchán advierte de que esta práctica priva al trabajador de la protección del Estatuto de los Trabajadores y le obliga a asumir el coste íntegro de sus cotizaciones, en ocasiones sobre bases inferiores a sus ingresos reales. Santiago coincide en que este riesgo existe, especialmente entre quienes priorizan la regularización administrativa y optan por darse de alta como autónomos pese a desarrollar una actividad que, en realidad, reúne las características de un empleo asalariado. Para minimizar estos riesgos, Merchán plantea un sistema de control basado en tres fases. La primera consistiría en verificar que la actividad declarada se desarrolla realmente y que la facturación y los ingresos son coherentes. La segunda pasaría por reforzar el intercambio de información entre la Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo. Finalmente, considera imprescindible el acompañamiento de profesionales especializados que orienten tanto a los nuevos autónomos como a las pequeñas empresas. Desde ATA, sin embargo, consideran poco probable que la regularización provoque un aumento significativo de los falsos autónomos y destacan el potencial positivo de la medida para integrar en la economía formal actividades que anteriormente permanecían ocultas. Los expertos coinciden en que el éxito de esta iniciativa dependerá de que las nuevas altas sean estables y coticen conforme a los ingresos reales, ya que solo así podrá consolidarse un incremento duradero de la recaudación y de la base contributiva del sistema. Si, por el contrario, los procedimientos administrativos se prolongan o se aplican con criterios desiguales, buena parte de ese potencial podría perderse. Fernando Santiago subraya que esta oportunidad para mejorar la empleabilidad y atender las necesidades de servicios profesionales de las empresas debe desarrollarse con plenas garantías jurídicas, evitando trasladar a los contratantes responsabilidades derivadas de retrasos o deficiencias administrativas. Por su parte, Joaquín Merchán reivindica el papel de los graduados sociales como intermediarios esenciales para ordenar las altas, verificar la coherencia de las cotizaciones y facilitar la relación entre empresas y Administración. Desde ATA, Celia Ferrer recuerda igualmente que el trabajo autónomo implica asumir un elevado nivel de riesgo, tanto para quien emprende la actividad como para quienes recurren a sus servicios como proveedores o colaboradores.

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(El País, 27-07-2026) | Laboral

El Congreso avala la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones públicas

El Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley que permite a las administraciones públicas volver a contratar personal relevista para sustituir a los empleados laborales que opten por la jubilación parcial. La medida, aprobada inicialmente por el Gobierno el pasado 29 de junio, ha salido adelante gracias a la abstención del Partido Popular y ha obtenido 167 votos favorables, 37 en contra -correspondientes a Vox y Podemos- y 144 abstenciones. La reforma pretende desbloquear una situación que se había producido desde abril de 2025, cuando entraron en vigor nuevos requisitos para acceder a la jubilación parcial. Desde entonces, la normativa exigía que el trabajador relevista fuera contratado de forma indefinida y a jornada completa, una condición que dificultó la incorporación de sustitutos en las administraciones públicas y, en la práctica, paralizó numerosas jubilaciones parciales del personal laboral. El colectivo afectado está integrado por unos 700.000 trabajadores, principalmente empleados de ayuntamientos y universidades. Aunque el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y las organizaciones sindicales no disponen de una cifra exacta de beneficiarios, ambas partes coinciden en que la medida permitirá resolver la situación de miles de empleados públicos. Solo en la Administración General del Estado se calcula que alrededor de un millar de trabajadores acceden cada año a esta modalidad de jubilación. Durante el debate parlamentario, el ministro de Función Pública, Óscar López, defendió la iniciativa al considerar que ofrece una solución práctica a un problema que afectaba a numerosos trabajadores y facilita el relevo generacional dentro de las administraciones. La jubilación parcial permite a los trabajadores con contrato a tiempo completo reducir progresivamente su actividad antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación, siempre que simultáneamente se formalice un contrato de relevo. Entre los requisitos exigidos figuran adelantar la jubilación un máximo de tres años, acreditar al menos 33 años de cotización, haber prestado servicios durante los seis años anteriores en la misma entidad y reducir la jornada laboral entre un 25% y un 75%, con determinadas limitaciones cuando la jubilación se anticipa más de dos años. Para adaptarse a las exigencias introducidas en 2025, el decreto establece que las administraciones deberán planificar con antelación la cobertura de estos puestos mediante sus ofertas de empleo público u otros instrumentos de planificación. En el caso de la Administración General del Estado, la oferta de empleo público para 2026 ya incorpora 854 plazas destinadas a personal relevista con carácter fijo, cuya selección se realizará conforme a los procedimientos ordinarios de acceso al empleo público. Además de regular la jubilación parcial, el decreto incluye una actualización de las indemnizaciones por residencia para el personal de la Administración General del Estado destinado en las Islas Baleares, con efectos retroactivos desde el 1 de julio. La revisión incrementa de forma significativa los complementos salariales por insularidad. En Mallorca aumentan las cuantías correspondientes a todos los grupos funcionariales, mientras que en Menorca, Ibiza y Formentera las mejoras son aún más elevadas, con incrementos especialmente destacados para el personal de los distintos cuerpos y escalas de la Administración General del Estado. El objetivo de esta actualización es adecuar estas compensaciones al mayor coste de vida y a las especiales condiciones derivadas de la insularidad.

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(El Economista, 27-07-2026) | Laboral

El Gobierno podrá mejorar la pensión de los mutualistas jubilados por reglamento

Los pensionistas que cotizaron en su día a mutualidades alternativas todavía mantienen abiertas algunas expectativas de mejora. Aunque la nueva ley aprobada por el Congreso deja fuera de la reforma a quienes ya están jubilados, el Gobierno tendrá margen para introducir medidas adicionales a través del reglamento que desarrollará las condiciones de la futura pasarela hacia la Seguridad Social. La norma, aprobada por el Congreso de los Diputados, permite que los mutualistas que continúan en activo puedan incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y trasladar al sistema público las aportaciones realizadas durante su carrera profesional en las mutualidades. Una vez publicada la ley en el Boletín Oficial del Estado, el Ejecutivo dispondrá de un plazo de tres meses para aprobar el reglamento que establecerá los criterios técnicos para convertir esos fondos en periodos de cotización computables en la Seguridad Social. El contenido de ese desarrollo reglamentario ha generado una gran expectación entre los colectivos afectados. El presidente de la Mutualidad de Procuradores, Francisco Toll, considera que el reglamento debería ofrecer una solución para los aproximadamente 47.000 mutualistas ya jubilados, entre ellas la posibilidad de acceder al complemento a mínimos. A su juicio, el verdadero alcance de la reforma dependerá de ese desarrollo normativo, donde aún pueden incorporarse aspectos que la ley no ha regulado expresamente. Desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) también defienden que el reglamento contemple medidas para mejorar la situación de los actuales pensionistas procedentes de las mutualidades. La institución ha solicitado una reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para participar en la elaboración de una norma que considera determinante para el futuro de miles de profesionales. En la misma línea, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) valora positivamente el avance que supone la ley, aunque lamenta que los mutualistas pasivos hayan quedado excluidos de la reforma. Su decano, Eugenio Ribón, reclama que el Gobierno apruebe cuanto antes un reglamento que aporte seguridad jurídica, información clara y certidumbre a quienes deberán decidir si les conviene incorporarse al sistema público. El desarrollo reglamentario será igualmente decisivo para los cerca de 100.000 abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros y otros profesionales que podrían acogerse a la pasarela. La ley deja sin concretar aspectos fundamentales, por lo que actualmente resulta imposible calcular con precisión si el cambio al RETA será más beneficioso que permanecer en la mutualidad. Entre las cuestiones que el reglamento deberá aclarar figuran el acceso a los complementos a mínimos, el sistema de conversión de las aportaciones en periodos de cotización, la delimitación exacta de los beneficiarios, la aplicación del coeficiente corrector y el procedimiento para trasladar los fondos, incluyendo el momento en que estos pasarán efectivamente al sistema público. Según el informe elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española, la nueva ley reconoce a los mutualistas que opten por la pasarela los mismos derechos y obligaciones que tienen los trabajadores integrados en el RETA, con la excepción de aquellas prestaciones cuya financiación dependa específicamente de las cotizaciones realizadas al régimen público. No obstante, la concreción de estos derechos queda pendiente del desarrollo reglamentario. La norma permite solicitar el traspaso tanto a quienes actualmente cotizan en una mutualidad como a quienes lo hicieron en el pasado, siempre que continúen en activo. El traslado afectará exclusivamente a las aportaciones destinadas a cubrir la función sustitutiva de la Seguridad Social, quedando excluidos otros productos financieros o coberturas propias de las mutualidades. Además, esta transferencia estará exenta de tributación en el IRPF. Para acogerse a la pasarela será imprescindible no estar jubilado, salvo en los supuestos de pensión de viudedad. Asimismo, una vez ejercida la opción de incorporarse al RETA, la decisión tendrá carácter irreversible. Respecto al cálculo de las cotizaciones reconocidas, la ley establece que las aportaciones realizadas en la mutualidad se convertirán en periodos cotizados tomando como referencia la base mínima del RETA que hubiera correspondido al profesional, aplicando un coeficiente corrector de entre el 0,67 y el 0,87 para compensar las diferencias de cobertura existentes entre ambos sistemas. Los profesionales que decidan permanecer en su mutualidad deberán incrementar progresivamente sus aportaciones hasta igualarlas en 2028 con la cotización mínima que les correspondería en el RETA según su nivel de ingresos. En 2026 abonarán el 86% de esa referencia, en 2027 el 93% y, a partir de 2028, el 100%. Sin embargo, esta equiparación en las cuotas no garantiza que, al jubilarse, perciban una prestación equivalente a la que obtendrían dentro del sistema público. La ley mantiene, por el momento, el modelo alternativo de mutualidades, permitiendo que los nuevos colegiados elijan entre cotizar en ellas o hacerlo directamente en la Seguridad Social. No obstante, el Gobierno deberá elaborar antes de diciembre de 2030 un informe para evaluar la continuidad de este sistema o su eventual desaparición. La reforma incorpora además un tratamiento específico para los profesionales mayores de 52 años y para quienes estaban afiliados a una mutualidad antes de 1995, cuando este régimen era obligatorio. En estos casos podrá aplicarse el denominado sistema "1x1", mediante el cual cada mes cotizado en la mutualidad se reconocerá como un mes cotizado en el RETA, aunque para quienes comenzaron antes de 1995 esta equivalencia solo afectará al periodo anterior a esa fecha. Por último, los profesionales que abandonaron la mutualidad y no alcancen el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a una pensión contributiva podrán suscribir un convenio especial con la Seguridad Social que les permitirá computar hasta un máximo de cinco años adicionales en función de las aportaciones realizadas en el sistema mutualista.

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(El Economista, 27-07-2026) | Laboral

El pago de las pensiones absorberá el 80% del déficit del Estado el próximo año

Las pensiones continúan siendo el principal desafío para la sostenibilidad de las cuentas públicas. Según explicó el ministro de Hacienda, Arcadi España, en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, el pago de las prestaciones gestionadas por la Seguridad Social absorberá en 2027 el 80% del déficit previsto para la Administración Central del Estado. El objetivo del Gobierno es cerrar el próximo ejercicio con un déficit conjunto del 1,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas. De ese porcentaje, 1,5 puntos corresponderían a la Administración Central, cuyo desequilibrio presupuestario se ve incrementado por las transferencias que realiza a la Seguridad Social para garantizar el pago de las pensiones. De hecho, estas aportaciones explicarían 1,2 puntos de ese déficit, es decir, el 80% del total previsto para el Estado. La planificación presupuestaria se produce en un contexto de incertidumbre jurídica, después de que el Congreso rechazara la senda de estabilidad que fijaba los objetivos de déficit para cada uno de los subsectores de las administraciones públicas. Pese a ello, el Ejecutivo ha manifestado su intención de elaborar los próximos Presupuestos Generales del Estado tomando como referencia el objetivo global del 1,8% comprometido con la Comisión Europea en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo. En la propuesta rechazada por la Cámara Baja, el Gobierno asignaba a los Fondos de la Seguridad Social un objetivo de déficit del 0,2% del PIB. Sin embargo, el mayor esfuerzo financiero recaía sobre la Administración Central, que continúa financiando una parte creciente del gasto en pensiones mediante transferencias procedentes de los ingresos tributarios. Esta situación responde a que las cotizaciones sociales ya no son suficientes para cubrir el coste de las pensiones contributivas, debido al envejecimiento de la población, al aumento del número de pensionistas y a la evolución de la relación entre trabajadores en activo y beneficiarios del sistema. Aunque una parte del desequilibrio se financia mediante préstamos del Estado a la Seguridad Social, esta práctica ha sido cuestionada por el Tribunal de Cuentas, que considera que distorsiona la imagen real de las cuentas públicas y recomienda su eliminación. Las pensiones representan la principal partida de gasto de la Seguridad Social. Durante 2025, el sistema ingresó 176.918 millones de euros, mientras que el desembolso destinado únicamente a las pensiones contributivas alcanzó los 182.526 millones. Como consecuencia, el ejercicio se cerró con un déficit de 5.608 millones de euros, al resultar insuficientes los ingresos por cotizaciones para cubrir las prestaciones. Un informe de Foment del Treball estima que habría sido necesario incorporar cerca de 685.800 trabajadores adicionales para equilibrar las cuentas. El déficit ya se había producido en ejercicios anteriores. En 2024 ascendió a 7.077 millones de euros, tras registrar ingresos por 165.577 millones y gastos por 172.654 millones. En 2023, el desfase fue de 6.668 millones. Además, más del 70% del gasto en prestaciones contributivas corresponde al pago de las pensiones de jubilación. Ante este desequilibrio estructural, el Estado debe recurrir a transferencias presupuestarias y al endeudamiento para garantizar el pago de las prestaciones. Esta financiación mediante deuda implica asumir obligaciones futuras tanto por el principal como por los intereses asociados. Según los últimos datos del Banco de España, la deuda de las administraciones públicas se situó en el 101,6% del PIB durante el primer trimestre de 2026. En el caso de la Seguridad Social, el volumen de deuda alcanzó los 136.000 millones de euros, un 7,9% más que un año antes, equivalente aproximadamente al 8% del PIB. Una parte importante de ese pasivo corresponde a préstamos concedidos por el Estado, mientras que el resto está en manos de inversores privados. Con el objetivo de preparar el sistema para el incremento de jubilaciones de la generación del baby boom, se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la "hucha de las pensiones". Posteriormente se incorporó el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada a reforzar este fondo y contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema. Durante 2025, la recaudación destinada al Fondo de Reserva alcanzó aproximadamente 14.070 millones de euros, un 50% más que el año anterior, cuando se situó en torno a los 9.370 millones. Cerca del 93% de estos recursos procedieron de la recaudación obtenida a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que se ha convertido en la principal fuente de financiación de este instrumento de ahorro para afrontar el impacto del envejecimiento demográfico.

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(La Vanguardia, 27-07-2026) | Laboral

Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz pactan aprobar el registro horario en septiembre

El refuerzo del registro horario finalmente no será aprobado durante el mes de julio, pese a los anuncios realizados por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a las demandas de los sindicatos. El último Consejo de Ministros antes del parón estival centrará su actividad en las medidas relacionadas con la vivienda, mientras que la reforma del control horario se pospone, al menos, hasta septiembre. El aplazamiento responde a un acuerdo alcanzado entre los ministerios de Trabajo y de Economía, que han decidido disponer de más tiempo para consensuar las modificaciones necesarias tras las observaciones formuladas por el Consejo de Estado al proyecto normativo. Fuentes de ambos departamentos confirman el entendimiento y señalan que la intención es tramitar la norma a la vuelta del verano, una vez resueltas las cuestiones técnicas pendientes. Desde el Ministerio de Trabajo destacan que el principal avance es haber logrado un consenso con Economía tras meses de discrepancias, quedando únicamente por adaptar el texto a las recomendaciones del órgano consultivo. La reforma del registro horario adquirió especial protagonismo después de que el Congreso rechazara la propuesta para reducir la jornada laboral, considerada una de las principales iniciativas del Ministerio de Trabajo durante la legislatura. Tras ese revés parlamentario, el Gobierno centró sus esfuerzos en modernizar el sistema de control de la jornada mediante un registro digital, accesible en tiempo real para la Inspección de Trabajo y aprobable mediante real decreto, sin necesidad de tramitación parlamentaria. No obstante, el proyecto encontró desde el inicio la oposición del Ministerio de Economía y de otros departamentos, cuyas observaciones influyeron en el dictamen del Consejo de Estado. Este órgano expresó dudas sobre el impacto de la norma en las pequeñas y medianas empresas, los aspectos relacionados con la protección de datos y la conveniencia de introducir cambios de alcance legal mediante un reglamento. Las diferencias entre ambos ministerios han retrasado la aprobación de la reforma, que ahora queda aplazada hasta septiembre como mínimo, con el objetivo de alcanzar una versión consensuada que atienda las objeciones planteadas. La demora también supone un incumplimiento del compromiso temporal reclamado por los sindicatos. El pasado 30 de junio, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, advirtieron al Gobierno de que, si el registro horario no era aprobado antes de agosto, dejarían de respaldar nuevos acuerdos de este tipo. Las organizaciones sindicales consideran prioritaria esta medida para reforzar el control efectivo de la jornada laboral y combatir los excesos de tiempo de trabajo no registrados.

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(El País, 24-07-2026) | Laboral

El Congreso aprueba la pasarela para que hasta 100.000 autónomos accedan a la pensión pública

Miles de abogados, procuradores y otros profesionales liberales podrán acceder en el futuro a una pensión pública tras la aprobación definitiva, por parte del Congreso, de la ley que crea una pasarela para trasladar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) los derechos generados en las mutualidades profesionales. La medida pone fin a una reivindicación que estos colectivos venían defendiendo desde hace cuatro años, aunque deja fuera a quienes ya están jubilados y perciben prestaciones de sus mutualidades. La norma, que ya había superado su primera votación en el Congreso y su tramitación en el Senado, recibió el respaldo definitivo después de que prosperaran varias enmiendas introducidas por el Partido Popular gracias a la abstención del Grupo Socialista. La reforma afecta a abogados, procuradores, arquitectos, médicos, ingenieros y otros profesionales que, en lugar de cotizar al sistema público, lo han hecho durante años a través de mutualidades como la Mutualidad de la Abogacía, la Mutualidad de los Procuradores, la Hermandad Nacional de Arquitectos o Mutual Médica. Se estima que cerca de 100.000 profesionales se encuentran en esta situación, la mayoría abogados. Aproximadamente la mitad podría acogerse a la nueva pasarela para convertir el capital acumulado en sus planes privados en años de cotización a la Seguridad Social, lo que les permitirá acceder a una pensión pública de jubilación y al resto de prestaciones del sistema. El problema surgía porque las aportaciones mínimas exigidas por las mutualidades eran considerablemente inferiores a las del RETA, lo que ha dado lugar a ahorros insuficientes para garantizar una jubilación adecuada. En muchos casos, el capital acumulado apenas permite percibir rentas mensuales de entre 300 y 500 euros, cantidades que, además, no se actualizan conforme al IPC, a diferencia de las pensiones públicas. Pese al avance que supone la aprobación de la ley, algunos representantes del colectivo consideran que la reforma resulta insuficiente. Critican especialmente la exclusión de los mutualistas ya jubilados, el limitado reconocimiento de los años cotizados y el sistema de coeficientes establecido para calcular la equivalencia entre el capital acumulado y los años de cotización. Uno de los aspectos más debatidos durante la tramitación ha sido el mecanismo para transformar las aportaciones realizadas a las mutualidades en periodos cotizados a la Seguridad Social. Los afectados reclamaban que cada mes aportado se computara como un mes cotizado. Finalmente, ese criterio solo se aplicará a quienes estuvieran integrados en una mutualidad antes del 10 de noviembre de 1995 y tuvieran al menos 52 años a 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de favorecer a quienes se encuentran más próximos a la jubilación. Para el resto de los casos, el cálculo se realizará tomando como referencia la base mínima de cotización del RETA y aplicando un coeficiente corrector que oscilará entre el 0,67 y el 0,87. Este sistema permitirá convertir el ahorro acumulado en años de cotización, siendo más favorable cuanto menor sea el coeficiente aplicado. Además, el dinero permanecerá en la mutualidad hasta el momento de la jubilación, aunque el profesional haya optado previamente por incorporarse al RETA. La ley mantiene fuera de la pasarela a los mutualistas ya retirados, una decisión que ha generado un amplio descontento. Diversos grupos parlamentarios y representantes de las mutualidades consideran que la situación de quienes ya perciben prestaciones muy reducidas debería abordarse mediante una futura reforma específica. El texto también establece que el Gobierno dispondrá de tres meses para aprobar el reglamento que desarrollará el funcionamiento de la pasarela. La incorporación será voluntaria, pero irreversible, de modo que quienes decidan integrarse en la Seguridad Social no podrán regresar posteriormente a su mutualidad. Por último, la reforma mantiene la existencia del sistema alternativo de mutualidades al menos hasta 2030. Durante ese periodo, el Ejecutivo elaborará un informe sobre la viabilidad de este modelo, mientras las propias mutualidades defienden su continuidad al considerar que constituye un mecanismo eficaz de colaboración entre el ámbito público y el privado sin perjuicio para los profesionales.

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(El País, 24-07-2026) | Laboral

El ingreso mínimo vital apenas llega al 44% de los hogares con condiciones para recibirlo

Cinco años después de su creación, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa afrontando uno de sus principales retos: más de la mitad de los hogares que cumplen los requisitos para percibir la prestación siguen sin solicitarla. Así lo pone de manifiesto la quinta evaluación realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que también ha anunciado que este será el último informe que elaborará sobre esta ayuda, salvo que se introduzcan cambios en su diseño. Según las estimaciones del organismo, al cierre de 2025 existían 1.031.442 hogares que reunían las condiciones de renta y patrimonio para acceder al IMV. Sin embargo, únicamente 455.401 estaban recibiendo la prestación, lo que supone que el sistema alcanzaba al 44,2% de los potenciales beneficiarios. La denominada tasa de no acceso, que mide el porcentaje de hogares con derecho a la ayuda que finalmente no la perciben, continúa siendo una de las principales debilidades del sistema. Aunque en estos cinco años se han producido mejoras tanto en la cobertura como en la gestión administrativa, estas no han sido suficientes para reducir de forma significativa el número de familias que permanecen fuera de la prestación. Entre los avances registrados destaca la reducción de los plazos de tramitación. Durante el último año, el Ministerio de Inclusión ha disminuido en 104 días el tiempo medio de resolución de los expedientes, situando la mediana en 99 días. Asimismo, el número de hogares beneficiarios aumentó un 16% respecto al año anterior y la cobertura pasó del 36% registrado en las primeras evaluaciones al 44,2% actual. No obstante, la Airef identifica diversos factores que siguen dificultando el acceso al IMV. Dos de los principales obstáculos son la acreditación de la unidad de convivencia y los problemas relacionados con el empadronamiento, cuestiones que explican el 66% de las solicitudes denegadas. Estas dificultades afectan especialmente a familias extensas, parejas no formalizadas o personas que comparten vivienda, donde resulta más complejo acreditar la composición real del hogar. El organismo también señala que el sistema utiliza, con carácter general, los ingresos del ejercicio anterior para determinar el derecho a la prestación, lo que puede retrasar el acceso de quienes experimentan una pérdida repentina de ingresos y atraviesan una situación económica distinta a la reflejada en los datos fiscales utilizados para la evaluación. En comparación con otros países europeos, España dispone de una de las rentas mínimas garantizadas de mayor cuantía, aunque ello no se traduce en una mayor cobertura. La Airef considera que el país continúa por debajo de la media europea tanto en el alcance de este tipo de prestaciones como en su capacidad para reducir la pobreza severa. Entre las razones figura que otros sistemas europeos cuentan con mecanismos de identificación y concesión automática que permiten localizar con mayor facilidad a los hogares con derecho a la ayuda, mientras que en España el acceso depende de que los potenciales beneficiarios conozcan la prestación, acrediten su situación y completen el procedimiento administrativo. Otro de los aspectos analizados es la limitada capacidad del IMV para favorecer la incorporación al mercado laboral. Según la Airef, la probabilidad media de abandonar la prestación por acceder a un empleo se sitúa en el 12%, porcentaje que aumenta hasta el 20% en el caso de las familias monoparentales y de aquellos hogares en los que el IMV representa una parte muy importante de sus ingresos. El organismo advierte de que algunos beneficiarios pueden encontrar escasos incentivos para aceptar empleos con salarios reducidos o contratos de corta duración, ya que la pérdida parcial o total de la prestación puede hacer que el incremento de ingresos resulte insuficiente para compensar el cambio. Con el objetivo de corregir esta situación, el Gobierno implantó en 2023 un incentivo al empleo, posteriormente reformado en marzo de 2026, que permite excluir parte del aumento de los ingresos laborales al calcular la reducción del IMV. Sin embargo, la Airef considera que esta medida no ha logrado los resultados esperados, en gran medida porque los beneficiarios tienen dificultades para conocer con antelación cómo afectará un empleo a la cuantía de la prestación. Por ello, recomienda simplificar el funcionamiento de este mecanismo. El informe también pone de relieve la elevada compatibilidad del IMV con otras ayudas públicas. El 51% de los beneficiarios percibe simultáneamente otra prestación y un 16% recibe dos o más ayudas adicionales. Entre ellas destaca el subsidio por desempleo, que percibe el 16,6% de los titulares del IMV durante su primer año como beneficiarios, una coincidencia especialmente frecuente entre las personas mayores de 52 años.

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(El País, 24-07-2026) | Laboral

Trabajo y Economía pactan llevar el refuerzo del control horario al Consejo de Ministros a la vuelta del verano, más tarde de lo que pedían CC OO y UGT

Los sindicatos habían lanzado un ultimátum al Gobierno para que aprobara antes de finales de julio la reforma del registro horario, pero el Ejecutivo no cumplirá ese plazo. Fuentes gubernamentales confirman que la medida no llegará al último Consejo de Ministros antes del parón estival y que su tramitación se pospondrá hasta septiembre, pese a que tanto el Ministerio de Economía como el de Trabajo aseguran haber alcanzado un acuerdo para impulsarla a la vuelta del verano. La advertencia de UGT y CC OO había sido clara. Sus secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, reclamaron que el refuerzo del control horario estuviera aprobado antes del 31 de julio o, de lo contrario, los sindicatos no apoyarían nuevos acuerdos con el Ejecutivo que posteriormente no se tradujeran en cambios legislativos. La presión sindical se debe a que esta reforma fue pactada con el Ministerio de Trabajo y puede aprobarse sin necesidad de una mayoría parlamentaria, a diferencia de la reducción de jornada, que fue rechazada en el Congreso por PP, Vox y Junts. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había elevado las expectativas al afirmar que el Gobierno estaba trabajando para aprobar la norma "lo antes posible". Sin embargo, el Ejecutivo descarta incluirla en la próxima reunión del Consejo de Ministros, donde sí está previsto abordar otras medidas relacionadas con vivienda. El retraso refleja las diferencias que han existido dentro del Gobierno sobre el contenido de la reforma. La tensión alcanzó su punto máximo hace unos meses, cuando el Consejo de Estado emitió un dictamen crítico con algunos aspectos del proyecto, como la falta de adaptación a las particularidades de determinados sectores, el impacto sobre las pequeñas empresas y la posible invasión de competencias legislativas al regular mediante decreto aspectos considerados relevantes. Desde el Ministerio de Trabajo defendieron entonces la necesidad de mantener la reforma y acusaron indirectamente a Economía de haber influido en las objeciones planteadas. Díaz llegó a afirmar que seguiría adelante con el nuevo registro horario "aunque sea lo último que haga". Desde entonces, el tono se ha moderado y ambos departamentos han buscado una solución consensuada. La nueva versión del texto incorporará previsiblemente ajustes técnicos para responder a las observaciones del Consejo de Estado, aunque Trabajo asegura que no alterarán el objetivo principal de la reforma. Uno de los puntos de discrepancia entre ambos ministerios era el periodo de adaptación para las empresas: Trabajo defendía seis meses, mientras que Economía planteaba un plazo de un año. La reforma pretende modernizar el sistema actual de registro de jornada, obligatorio desde 2019, introduciendo un modelo exclusivamente digital y con acceso directo para la Inspección de Trabajo. El objetivo es que los inspectores puedan comprobar en tiempo real el cumplimiento de los horarios y detectar posibles excesos de jornada, especialmente en sectores donde los sindicatos denuncian mayores niveles de abuso laboral. Además del registro horario, UGT y CC OO reclaman al Gobierno que apruebe otro compromiso vinculado a la subida del salario mínimo: una norma que impida a las empresas absorber los incrementos del SMI mediante la reducción de complementos salariales como antigüedad o pluses de peligrosidad. Las centrales consideran esta medida necesaria para mantener el efecto real de las subidas salariales pactadas. La posición de los sindicatos tiene especial relevancia para Yolanda Díaz, ya que las organizaciones sindicales han sido el principal apoyo del diálogo social en sus reformas laborales, después de más de dos años sin acuerdos con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. Actualmente permanecen abiertas varias mesas de negociación, entre ellas la adaptación de la directiva europea sobre transparencia salarial, la participación sindical en los consejos de administración y la reforma del sistema de indemnización por despido. Aunque los sindicatos muestran mayor comprensión ante las dificultades del Gobierno para sacar adelante acuerdos parlamentarios en un Congreso fragmentado, consideran más difícil de justificar la demora en la aprobación de medidas que no requieren respaldo legislativo. Como resumió Pepe Álvarez, la prioridad es que el registro horario salga adelante cuanto antes, independientemente de las diferencias internas que hayan retrasado su aprobación.

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(La Vanguardia, 24-07-2026) | Laboral

El Gobierno propone a Yolanda Díaz como directora general de la OIT, el organismo de la ONU dedicado al trabajo

El Gobierno ha decidido presentar la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para ocupar la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según han confirmado fuentes del Ejecutivo. De resultar elegida, se convertiría en la primera mujer y la primera representante de España al frente de este organismo especializado de Naciones Unidas. Díaz competirá por el cargo con el actual director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, que ocupa la presidencia de la institución desde 2022. En los últimos meses, diversas organizaciones sindicales españolas han mostrado su desacuerdo con la orientación adoptada por la organización bajo su mandato, una crítica que la propia ministra expresó durante su intervención del pasado 9 de junio en la sede de la OIT, en Ginebra. En aquella ocasión afirmó que la institución atraviesa una etapa de dificultades y defendió la necesidad de preservar su misión de protección del trabajo digno. La posibilidad de que Yolanda Díaz optara a la dirección de la OIT comenzó a tomar fuerza a mediados de junio, aunque el Ministerio de Trabajo evitó entonces pronunciarse sobre esa opción. Los principales sindicatos españoles señalaron que no habían impulsado su candidatura, si bien valoraron positivamente su perfil para asumir esta responsabilidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció oficialmente la candidatura a través de las redes sociales, donde destacó la trayectoria de Díaz en materia de derechos laborales, diálogo social y crecimiento económico. La vicepresidenta también confirmó su decisión y aseguró que afronta la candidatura con el objetivo de representar a España, Europa, el Sur Global y al conjunto de la comunidad internacional. La elección corresponde al Consejo de Administración de la OIT, integrado por 56 miembros: 28 representantes gubernamentales, 14 representantes de los trabajadores y otros 14 de las organizaciones empresariales. El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 14 de agosto, mientras que la votación está prevista para el 16 de noviembre. La persona elegida asumiría el cargo en noviembre de 2027. En caso de resultar vencedora, Díaz mantendría sus responsabilidades como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo hasta la fecha de incorporación a la organización. Fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la OIT consideran que la candidatura española afronta una competición exigente, aunque con opciones reales de éxito. Según este análisis, resulta previsible que la representación empresarial no respalde mayoritariamente a Díaz debido a sus posiciones en materia de regulación laboral, mientras que el bloque sindical podría inclinarse en buena medida a su favor, aunque no de forma unánime. El resultado dependerá en gran medida del voto de los representantes gubernamentales de los 28 países que forman parte del Consejo de Administración. Entre ellos figuran Estados como Alemania, Brasil, China, Francia, Italia, Japón, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, España, Corea del Sur o Uruguay, entre otros. La candidatura de Yolanda Díaz se suma a la del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien también aspira a dirigir otro organismo de Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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