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(El País, 23-10-2025) | Laboral

CC OO pide al Gobierno recuperar las ayudas a empresas que prometió a Junts para reducir la jornada convenio a convenio

Durante el debate público sobre la reducción de la jornada laboral, tanto la patronal como los partidos de derecha se mostraron firmemente en contra. Para intentar atraer su apoyo, el Ministerio de Trabajo planteó la posibilidad de destinar 350 millones de euros en ayudas directas a pymes, con el objetivo de fomentar nuevas contrataciones que compensaran el menor número de horas trabajadas. Sin embargo, ni la CEOE ni Junts se mostraron receptivos, a pesar de que el Gobierno estaba dispuesto a asumir ese gasto. Ahora, CC OO propone recuperar esos fondos para utilizarlos de forma más selectiva, facilitando reducciones de jornada a través de convenios colectivos, sector a sector. El líder del sindicato, Unai Sordo, detalló este miércoles desde Segovia que propondrán que ese dinero público se emplee para incentivar acuerdos dentro del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y en las negociaciones entre empresas y trabajadores. El AENC es un marco de referencia pactado por sindicatos y patronal que orienta las negociaciones colectivas en sectores y empresas. Aunque su núcleo es la recomendación sobre subidas salariales, también aborda otros temas como el teletrabajo, las bajas o la jornada laboral. El actual acuerdo, vigente entre 2023 y 2025, está a punto de expirar, lo que abre el camino a una nueva ronda de negociaciones entre CC OO, UGT, CEOE y Cepyme, sin participación del Gobierno. En este contexto, CC OO propondrá que el Ejecutivo reactive aquellos fondos que inicialmente se ofrecieron a Junts, para facilitar que las empresas apliquen reducciones de jornada por debajo de las 37,5 horas semanales, de forma generalizada. Cabe destacar que esas ayudas a pequeñas empresas no formaron parte del pacto final entre Trabajo y los sindicatos, ya que fueron retiradas ante la negativa de la patronal. Más tarde, el Ministerio las volvió a poner sobre la mesa para tratar de cerrar un acuerdo con Junts. El plan de Trabajo ofrecido a las patronales se estructuraba en dos bloques: Plan Pyme 375: consistía en bonificaciones a las cotizaciones sociales por nuevas contrataciones o por convertir contratos parciales en jornadas completas, dirigido a empresas con menos de diez empleados y una facturación inferior a dos millones de euros al año. Ayudas directas de hasta 6.000 euros: orientadas a empresas con menos de cinco trabajadores en sectores como comercio, hostelería, peluquería, limpieza o agricultura, que podrían verse más afectadas por una reducción de jornada. Trabajo calculaba que podrían beneficiarse hasta medio millón de empresas. La propuesta fue rechazada por CEOE y Cepyme. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, argumentó que el coste total de la medida para las empresas sería de unos 23.000 millones de euros, una cifra muy por encima de lo que el Gobierno estaba dispuesto a cubrir. Tanto Sordo como el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, han reiterado que la reducción de la jornada laboral será una prioridad en las próximas negociaciones del AENC. Los sindicatos recuerdan que la patronal siempre ha defendido que este tipo de medidas deben pactarse a través de la negociación colectiva, y no imponerse por ley. El AENC vigente ya incluye referencias a la ordenación del tiempo de trabajo, aunque sin plantear explícitamente reducciones de jornada, pero sí habla de racionalizar horarios según las características de cada sector. Además, Sordo adelantó que pactará una estrategia común con UGT para lanzar una "gran ofensiva salarial", con subidas "muy por encima de la inflación", especialmente enfocadas a los salarios bajos y medios, los más afectados por la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años.

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(El País, 23-10-2025) | Laboral

CEOE decide levantarse de la mesa de negociación para reformar la indemnización por despido

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado que la patronal abandona la mesa de negociación abierta el pasado lunes para reformar la indemnización por despido improcedente. Según explicó, la decisión fue adoptada este miércoles durante la reunión del Comité Ejecutivo, al considerar que la negociación parte de una premisa errónea: que la normativa española no cumple con la Carta Social Europea. "No vamos a participar en una mesa cuya premisa principal no es cierta", sentenció Garamendi, recordando que el Tribunal Supremo ya estableció este verano que no procede aplicar indemnizaciones adicionales a los 33 días por año trabajado (con un máximo de 24 mensualidades), rechazando así el criterio del Comité Europeo de Derechos Sociales, que había respaldado una denuncia sindical contra España por esta cuestión. El líder de la patronal comparó esta situación con la negociación que llevó a la creación de la 'ley rider', derivada de la sentencia sobre los falsos autónomos. En aquel caso -explicó- la CEOE aceptó pactar una reforma que seguía las directrices marcadas por los tribunales, pero en esta ocasión no están dispuestos a contradecir el fallo del Supremo ni a debatir una propuesta que, según sospechan, partirá de las reivindicaciones de CCOO y UGT, que se harán públicas en las próximas semanas. Este movimiento supone una ruptura poco habitual dentro del diálogo social: la CEOE no había abandonado ninguna de las mesas de negociación recientes, pese a sus desacuerdos con el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), la reforma del subsidio por desempleo o la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. En esta última, los sindicatos acusaron a la patronal de acudir "solo para calentar la silla", sin presentar propuestas. Fuentes de la organización empresarial aclaran, no obstante, que esta decisión no implica una ruptura total del diálogo social. La CEOE seguirá participando en las otras mesas abiertas, como las relativas al SMI o a la prevención de riesgos laborales. Sin embargo, tanto Garamendi como la presidenta de Cepyme han criticado la "presión constante" que -afirman- ejerce el Ministerio de Trabajo sobre las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y que ha impedido alcanzar acuerdos en más de un año. Durante la primera Asamblea General de Cepyme, su presidenta, Gerardo de Miguel, destacó el aumento continuado de los costes laborales que afrontan las pymes, a lo que se suma la previsible nueva subida del SMI, que podría hacer que algunos trabajadores comiencen a pagar IRPF por primera vez. En ese contexto, Garamendi añadió: "Vosotros sabéis lo que es pagar una nómina, y lo haremos con impuestos o sin impuestos", en alusión al encargo hecho a la comisión de expertos para emitir dos propuestas alternativas sobre el SMI, dependiendo de la decisión final que adopte el Ministerio de Hacienda.

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(El Economista, 23-10-2025) | Laboral

El Gobierno se propone tomar parte activa en la gestión de las mutuas

El Ministerio de Seguridad Social ha propuesto una reforma profunda en la estructura de gobierno de las mutuas colaboradoras, entidades privadas encargadas de gestionar prestaciones públicas como las bajas por incapacidad temporal. Esta medida se recoge en el último documento remitido a los agentes sociales el pasado lunes, en un contexto de creciente aumento de las bajas laborales, lo que ha llevado al Ejecutivo a reforzar los mecanismos de control. Según el texto, al que ha tenido acceso elEconomista.es, el objetivo es incorporar dos representantes de la Administración en la junta directiva de las mutuas, quienes podrán participar con voz pero sin voto. En concreto, el Ministerio propone añadir dos nuevas disposiciones al artículo 87 de la Ley de Seguridad Social. La primera contempla la incorporación de un representante de la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) tanto en la junta directiva como en la comisión de auditoría. La segunda plantea incluir también a un representante de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS). En ambos casos, los representantes públicos asistirían con derecho a voz, pero sin capacidad de voto. Otra novedad destacada del documento es la participación de sindicatos y patronal en los órganos de gobierno de las mutuas. La propuesta abre la puerta a incluir cuatro miembros externos sin voto: hasta dos representantes empresariales y dos sindicales. Los nombres de estos representantes deberán ser comunicados al Ministerio por las respectivas organizaciones. Sin embargo, la iniciativa elimina la actual Comisión de Control y Seguimiento, en la que los agentes sociales sí tienen presencia activa. En la normativa vigente, la junta directiva -compuesta por entre 10 y 20 empresarios asociados- ejerce el gobierno directo de la mutua. De estos miembros, un 30% debe corresponder a empresas con mayor número de trabajadores, además de contar con un autónomo adherido y un representante de los empleados. La propuesta actual amplía el borrador que el Ministerio presentó en junio, cuando ya se había adelantado la intención de "reforzar la gobernanza, dirección y tutela" de estas entidades, aunque sin detallar medidas concretas. En aquel momento, se defendía la participación de Seguridad Social, empresarios y sindicatos en la supervisión de las mutuas, dada la naturaleza pública de las funciones y recursos que gestionan. Esta nueva iniciativa se interpreta también como un gesto hacia los sindicatos, tras el debate abierto sobre la reincorporación progresiva de trabajadores con enfermedades graves o de larga duración, una medida que ha generado reservas entre los representantes laborales. No obstante, las mutuas rechazan la propuesta, alegando que su naturaleza privada les otorga autonomía para decidir en sus órganos de gobierno. Además, advierten de que la intervención de la Administración y los agentes sociales ralentizaría la toma de decisiones y aumentaría los costes empresariales por incapacidad temporal. Conviene subrayar que este documento no supone aún un acuerdo en el marco del diálogo social y que, al implicar una modificación de la Ley de Seguridad Social, requeriría la aprobación del Congreso de los Diputados. La propuesta del Ministerio llega en un momento en que las bajas médicas han aumentado un 15% en el último año. En comparación con el primer trimestre de 2019, el número de horas no trabajadas por incapacidad temporal ha crecido un 78%, según datos oficiales. Además, la asociación de mutuas (AMAT) estima que el coste total de la incapacidad temporal alcanzará los 32.799 millones de euros en 2025, de los cuales más de la mitad será asumida por las empresas. Dentro del mismo paquete de reformas, el Ministerio también ha propuesto devolver a las mutuas la capacidad de emitir el alta médica en bajas superiores a un año, así como la vuelta progresiva al trabajo para ciertos procesos graves. A esto se suma la creación de una Unidad Central de Evaluación de Incapacidades, formada por equipos integrados por un presidente (funcionario del INSS) y dos vocales (un médico inspector y un especialista en salud laboral). Finalmente, el texto especifica las patologías que podrían acogerse a la reincorporación gradual: procesos oncológicos, cardíacos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves y otras enfermedades de gravedad similar.

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(El Economista, 23-10-2025) | Laboral

Garamendi carga contra los "profesionales" del absentismo y pide aumentar los controles de las bajas de los trabajadores

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha criticado lo que ha denominado los "profesionales del absentismo", un colectivo que considera un problema de todos y al que, según él, es necesario aplicar más controles para reducir los perjuicios que generan las bajas laborales en las empresas. En una entrevista concedida a Cadena Cope, Garamendi señaló que existe una cierta "profesionalidad" dentro del absentismo, afirmando que entre quienes se acogen a bajas también hay personas que lo hacen de manera sistemática. El líder de la patronal añadió que hay un grupo más reducido de trabajadores con bajas de larga duración sobre los que sería necesario realizar controles más frecuentes. "Hay que sentarse, trabajar de forma seria y asumir que esto es un problema de todos", subrayó. Garamendi volvió a incidir en la gravedad del absentismo laboral, recordando la cifra de 1,6 millones de trabajadores que no acuden a sus puestos todos los días, lo que ocasiona daños importantes no solo a la empresa, sino también a sus compañeros de trabajo. Puso como ejemplo a las pequeñas empresas, con tres o cuatro empleados, en las que la ausencia de uno o dos trabajadores puede tener un impacto muy significativo. Sobre las causas y posibles soluciones, Garamendi explicó que intervienen varios factores simultáneamente. Entre ellos, apuntó la necesidad de invertir más en sanidad, y destacó que los periodos de prueba excesivamente largos pueden contribuir al problema. Asimismo, el presidente de la CEOE defendió dar un mayor protagonismo a las mutuas y plantear soluciones concretas que se debatan abiertamente. En este sentido, mencionó que las bajas por salud mental se han incrementado de forma notable tras la pandemia, afectando especialmente a los trabajadores menores de 35 años.

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(Expansión, 22-10-2025) | Laboral

Presión para que Trabajo eleve el coste del despido y recupere el salario de tramitación

Los sindicatos reclaman al Ministerio de Trabajo que se restablezca el sistema de compensaciones por despidos improcedentes vigente antes de la reforma laboral de 2012 y que se introduzca una indemnización mínima. Con la mesa de diálogo sobre la reforma del despido ya en marcha, el Ministerio ha instado a los agentes sociales a presentar propuestas que contribuyan al objetivo del departamento de Yolanda Díaz: establecer indemnizaciones que disuadan a las empresas de realizar despidos injustificados y que compensen adecuadamente los daños sufridos por los trabajadores. Esta revisión se fundamenta en los recientes pronunciamientos del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que ha considerado que la legislación española incumple la Carta Social Europea, cuyo artículo 24 reconoce el derecho de los trabajadores despedidos sin causa válida a recibir una compensación adecuada o una reparación justa. En las negociaciones, tendrá un papel clave la propuesta conjunta que elaboren los sindicatos UGT y CCOO. Según fuentes empresariales citadas por Expansión, ni la CEOE ni Cepyme han sido convocadas para preparar un documento previo sobre la reforma del despido, que previsiblemente endurecerá el régimen actual. Los sindicatos prevén presentar en los próximos días una propuesta ambiciosa, que será recogida por el Ministerio de Trabajo, estructurada en cinco ejes principales. Esta iniciativa supondría no solo un endurecimiento del despido improcedente, sino también un aumento significativo de su coste. Según información a la que ha tenido acceso Expansión, UGT y CCOO plantean volver a la normativa anterior a la reforma de 2012. En concreto, proponen recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, frente a los actuales 33 días con un tope de 24 mensualidades, así como reimplantar los salarios de tramitación, es decir, las cantidades que el trabajador deja de percibir entre el despido y la sentencia que declara su improcedencia. Ambos aspectos fueron modificados en la reforma impulsada por el PP, que, según los sindicatos, se llevó a cabo sin consultar a los agentes sociales. Estas medidas aumentarían de forma notable el coste de los despidos improcedentes. La propuesta sindical también incluiría otras modificaciones en la legislación laboral. Cabe recordar que los cambios en esta materia implican reformar el Estatuto de los Trabajadores, concretamente sus artículos 55 y 56, por lo que la medida debería pasar por el Congreso de los Diputados. Entre las nuevas medidas se contempla la creación de una indemnización mínima por despido, que garantice una cuantía fija aunque el cálculo ordinario arroje un importe menor. Por ejemplo, si se estableciera un mínimo de tres meses de salario, el trabajador lo percibiría aunque el sistema de cálculo resultara en una cantidad inferior. Los sindicatos apuntan que este modelo ya existe en países como Italia (donde el mínimo es de seis meses) o Francia (tres meses). Asimismo, proponen incorporar baremos adicionales que permitan aumentar la compensación en casos excepcionales reconocidos judicialmente, cuando se considere que la indemnización ordinaria no cubre los daños sufridos. En esos supuestos, el trabajador podría acreditar perjuicios mayores y recibir una compensación adicional, siempre con validación judicial. Finalmente, UGT y CCOO plantean revisar una prerrogativa que actualmente corresponde únicamente al empresario: decidir entre readmitir al trabajador o pagarle la indemnización en caso de despido improcedente. Los sindicatos quieren que esta decisión pueda también ser tomada por el trabajador, quien podría optar entre reincorporarse a su puesto o recibir la compensación económica establecida.

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(Expansión, 22-10-2025) | Laboral

Sólo el 21% de los empleados en el mundo se declara comprometido con su trabajo

Pasión. Durante años fue la palabra favorita de los discursos motivacionales, el lema que adornaba las paredes de las oficinas y el mantra de los líderes inspiradores. Se convirtió en consigna, en promesa, en tendencia. Pero el exceso de uso terminó por vaciarla de contenido. "Hazlo con pasión o no lo hagas" se repitió tanto que perdió fuerza. Hoy, el tono ha cambiado: ya no se habla tanto de entusiasmo, sino de cansancio, agotamiento y límites. Y no es una simple percepción: el informe El estado del lugar de trabajo global, elaborado por Gallup, lo evidencia. Solo el 21% de los empleados en el mundo se siente realmente comprometido con su trabajo; más de la mitad termina la jornada emocionalmente exhausto y uno de cada cinco se declara solo. Gallup calcula que esta falta de conexión cuesta a la economía mundial 8,9 billones de dólares. Y entre los líderes, la implicación apenas llega al 27%. Muchos directivos ya no quieren ser los héroes inagotables de los relatos empresariales; están agotados de fingir un entusiasmo constante. Cada vez más se identifican con la llamada quiet ambition (ambición tranquila): personas que no renuncian a su talento, pero tampoco desean vivir atrapadas en la exigencia permanente. Quieren crecer, sí, pero a su propio ritmo, con equilibrio y propósito. Mientras tanto, las redes sociales amplifican la contradicción: nos conectan más que nunca, pero rara vez nos acompañan. Promueven imágenes de éxito sin pausa, aunque no alivian la soledad de la vida cotidiana. Hace unos días, en un vuelo, escuché a dos chicas jóvenes -de la Generación Z- conversar. Entre risas, una comentó: "Tía, mi jefe insiste en que vayamos todos a correr para hacer equipo, pero no tiene pasión por lo que hace". Me sorprendió la frase. No sonaba a reproche, sino a una observación sincera. Era la constatación de algo evidente: cuesta hacer equipo cuando quien lidera ha olvidado lo esencial. Esta generación, formada, conectada y con vocación global, busca sentido en lo que hace. Valora las empresas por sus valores, no por sus logos. Y lo que más aprecia es la autenticidad. Sin embargo, hemos confundido pasión con espectáculo. Creemos que quien no sonríe todo el día no ama su trabajo o que quien no publica frases inspiradoras no está comprometido. Pero la pasión verdadera no se mide en gestos ni en palabras; se percibe en los detalles, en el cuidado, en la precisión, en la atención silenciosa. Recordé algo personal. Este verano me fracturé un dedo del pie -nada grave- y en urgencias pensé: "Ojalá me atienda alguien que sienta pasión por su trabajo". Buscaba en la mirada de quien me ayudaba ese brillo tranquilo de quien disfruta haciendo las cosas bien, con curiosidad y respeto. Porque cuando alguien cree en lo que hace, todo mejora. No hace falta una gran causa: basta con hacerlo bien, con intención. No es romanticismo, es eficacia. Los datos lo confirman: según Harvard Business Review, los equipos que trabajan con propósito son tres veces más productivos y presentan menor rotación. Pero más allá de los números, hay una cuestión más profunda. El filósofo Byung-Chul Han, autor de La sociedad del cansancio y Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, describe cómo vivimos en una cultura del rendimiento, donde ya no hay un amo externo que oprime, sino que nos autoexplotamos. La obsesión por ser productivos, exitosos y positivos nos está agotando. Vivimos, dice, en una sociedad dominada por el narcisismo y el vacío del deseo, donde cuesta cada vez más relacionarse con los demás. Ese es el dilema. Hemos confundido pasión con hiperactividad, entusiasmo con obediencia emocional, conexión digital con compañía real. Aunque los estudios demuestran que el multitasking reduce la calidad del trabajo, seguimos atrapados en el ciclo. La verdadera pasión, sin embargo, no tiene que ver con la euforia, sino con la coherencia, con la calma de quien sabe por qué hace lo que hace. Por eso, hoy hablar de pasión no es pedir que trabajemos más, sino reconectar. Preguntarnos qué parte de nuestro trabajo nos motiva, nos reta o nos hace sentir útiles. Recordar que el trabajo puede ser un espacio de sentido, no solo de rendimiento. Tal vez la palabra "pasión" haya pasado de moda, pero en un mundo cansado, recuperarla es un acto de resistencia. Se trata de volver a lo esencial: disfrutar de lo que hacemos, valorar el trabajo bien hecho, el propio y el de los demás.

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(El Economista, 22-10-2025) | Laboral

Díaz plantea hacer nulos los despidos por denunciar irregularidades o corrupción en las empresas

El Ministerio de Trabajo está preparando una nueva reforma del Estatuto de los Trabajadores que requerirá el respaldo de la mayoría del Congreso de los Diputados. El objetivo de esta modificación, impulsada por el equipo de Yolanda Díaz, es declarar nulos los despidos que se produzcan como represalia contra empleados que denuncien irregularidades o posibles casos de corrupción dentro de sus empresas. Para ello, el Ministerio ha abierto un proceso de consulta pública y se ha comprometido a remitir un borrador del anteproyecto a los agentes sociales. Durante una intervención en el Senado, la vicepresidenta segunda del Gobierno anunció que el Ejecutivo impulsará "una reforma integral del despido" con el fin de "evitar las represalias ante denuncias de corrupción" y criticó la actuación del Partido Popular en esta materia. Díaz pidió además el apoyo del PP a la iniciativa, apelando a su declarada preocupación por la corrupción. Aunque la Ley de Protección del Informante de 2023 ya prohíbe las represalias laborales -como la suspensión del contrato o el despido- contra quienes denuncien conductas ilícitas, el Ministerio de Trabajo considera que existe una laguna legal. En concreto, la norma no establece expresamente que esos despidos sean nulos, lo que permitiría que algunos jueces los consideren simplemente improcedentes. Por ello, el Ejecutivo plantea modificar tanto el Estatuto de los Trabajadores como la Ley de Jurisdicción Social. Con la regulación actual, si un juez califica un despido como improcedente, la empresa puede optar entre reincorporar al trabajador o pagarle una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, hasta un máximo de dos años. Trabajo considera que esta opción debilita la protección de los empleados frente a posibles represalias y genera una situación de desigualdad respecto al sector público, donde la nulidad del despido sí está claramente establecida. El documento de consulta del Ministerio argumenta que declarar nulos estos despidos evitará interpretaciones contradictorias y reforzará la eficacia del sistema de protección, ya que limitarse a una indemnización por improcedencia no disuade a las empresas ni garantiza la defensa efectiva de los derechos fundamentales. El Gobierno ha fijado el 30 de octubre como plazo para que los interesados presenten sus aportaciones antes de redactar el borrador del anteproyecto. Por su parte, CCOO ha propuesto ampliar la protección también a los trabajadores que sufran represalias por denunciar infracciones ante la Inspección de Trabajo, y no solo a quienes se acojan a la ley del whistleblowing. Según Javier Pacheco, responsable de Acción Sindical del sindicato, aunque las denuncias relacionadas con la corrupción son relevantes, son más frecuentes las represalias contra quienes acuden a la Inspección de Trabajo por prácticas ilícitas. Pacheco señala que estos casos son difíciles de probar, ya que las empresas suelen alegar otros motivos para justificar el despido, y por ello pidió al secretario de Estado Joaquín Pérez Rey que incluya esta protección en el texto legislativo. La declaración de nulidad de un despido implica que la empresa debe readmitir al trabajador y pagarle los salarios de tramitación, es decir, el dinero que habría cobrado desde el despido hasta la resolución judicial o la obtención de un nuevo empleo. Esta calificación se reserva a casos de vulneración de derechos fundamentales, aunque en los últimos años se ha ampliado a otros supuestos. Por otro lado, la Ley de Protección del Informante obliga desde 2023 a todas las empresas con más de 50 empleados, así como a partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones, a implantar canales internos de denuncia. El plazo para designar un responsable del canal finaliza el 1 de noviembre, y las empresas que no cumplan podrán ser sancionadas con hasta un millón de euros. Además del canal interno, la normativa europea prevé un canal externo gestionado por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que comenzó a operar el 1 de septiembre, complementando así las agencias autonómicas que ya funcionan en varias comunidades.

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(El País, 22-10-2025) | Laboral

Los trabajadores migrantes mejoran la productividad en la obra, el campo y la hostelería

Los flujos migratorios contribuyen al aumento de la productividad laboral en España, especialmente en aquellas comunidades autónomas con estructuras económicas más flexibles y una mayor capacidad de integración de población extranjera. Así lo señala un estudio elaborado por Belén González, investigadora en formación y estudiante del máster en el Departamento de Fundamentos de Análisis Económicos de la Universidad de Alicante (UA). El informe también destaca que los sectores más dinámicos -como la construcción, la agricultura y los servicios- son los que más se benefician de la mano de obra migrante. En medio del debate político impulsado por el Partido Popular sobre endurecer el acceso al permiso de residencia permanente, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, hizo referencia a este estudio en una entrevista con RNE. "La inmigración tiene un efecto muy positivo sobre el crecimiento, incluso en términos per cápita", afirmó el ministro. Recordó además un análisis del Banco de España que calcula que la migración ha aportado entre cuatro y siete décimas al PIB per cápita desde 2022, de un total de tres puntos. Cuerpo añadió que el trabajo de González "demuestra el impacto favorable de la inmigración sobre la productividad en sectores clave" y subrayó la necesidad de "reforzar esa aportación positiva, adecuando las capacidades de los trabajadores migrantes a las necesidades de la economía española". Según la investigación, la inmigración actúa como motor de productividad, crecimiento económico y sostenibilidad fiscal, por lo que las políticas migratorias deberían coordinarse con las de empleo y formación. El estudio analiza el período 2004-2022 y examina cómo los flujos migratorios afectan la productividad regional y sectorial. González realizó este trabajo bajo la dirección de Gabriel Pérez Quirós, economista del Servicio de Estudios del Banco de España, y de Carmen Beviá, catedrática de la UA. Los resultados revelan que un incremento de un punto porcentual en los flujos migratorios eleva la productividad regional en un 0,6% de media. Sin embargo, el efecto varía según la comunidad autónoma. Las regiones con mayor capacidad de integración -como Baleares (1,8%), Murcia (1,3%), Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía (entre 0,6% y 1,2%)- presentan los mayores beneficios. En cambio, Asturias (-2,5%) y Castilla y León (-1%) registran impactos negativos debido a su menor capacidad de absorción y a la debilidad de sectores como los servicios o la construcción. Por sectores, los mayores incrementos de productividad se observan en aquellos de alta demanda laboral o estacionales. La agricultura lidera con un aumento del 5% al 6% en las comunidades receptoras (y un 1,5% de media nacional), seguida de la construcción (en torno al 1%) y los servicios, ambos con gran peso en el empleo. González, que trabajó durante dos años como investigadora analista en el Banco Central Europeo (BCE), defiende la necesidad de reforzar una política migratoria eficiente, orientando la mano de obra hacia sectores de mayor productividad y regiones con mejor capacidad de integración. No obstante, advierte que también es necesario corregir los efectos adversos, impulsando la inclusión y la ampliación del mercado laboral en las zonas menos beneficiadas. Por último, la autora recuerda que España enfrenta un grave problema demográfico, marcado por bajas tasas de natalidad y envejecimiento poblacional. En este contexto, la inmigración "ayuda a mantener la población activa y refuerza la sostenibilidad del sistema fiscal y de pensiones". Por ello, González considera imprescindible coordinar las políticas migratorias y laborales, fomentando la empleabilidad, los contratos estables, la formación continua y la movilidad laboral, tanto de trabajadores nacionales como extranjeros.

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(El Periódico, 22-10-2025) | Laboral

El Consejo de Ministros aprueba una partida de 500 millones de euros para reforzar el sistema de dependencia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un conjunto de nuevas medidas dirigidas a reforzar el sistema de atención a la dependencia, destinando una inversión de 500 millones de euros. El objetivo es garantizar una atención especializada, intensiva y continua -las 24 horas del día, los siete días de la semana- para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En los casos más avanzados, se contempla una ayuda económica que podría alcanzar hasta los 10.000 euros mensuales gracias a la creación de un nuevo nivel de dependencia denominado "Grado III+", orientado a situaciones de extrema complejidad. Esta atención se prestará a través de servicios de asistencia personal y ayuda a domicilio, con un enfoque centrado en las necesidades individuales de cada paciente. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha detallado cómo funcionará este nuevo grado de dependencia extrema, que forma parte del despliegue de la Ley ELA. Según ha explicado, busca facilitar el acceso a las ayudas, agilizar los trámites y mejorar la atención de pacientes con enfermedades neurológicas de carácter irreversible y gran complejidad. "Es un avance muy significativo", ha afirmado. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bustinduy ha subrayado que el objetivo de esta reforma es adaptar el sistema a las necesidades reales de los pacientes en estados muy avanzados de dependencia, y no al contrario. El ministro también ha destacado la importancia estructural de este cambio, asegurando que la creación del nuevo grado supone un paso decisivo hacia una red de protección social más específica y adaptada. "Este avance es fruto de un año de trabajo conjunto entre varios ministerios, comunidades autónomas y organizaciones de la sociedad civil", ha indicado, en referencia al desarrollo normativo de la Ley ELA, aprobada hace casi un año. Actualmente, en España, unas 4.200 personas conviven con esta enfermedad neurodegenerativa. Antes de la comparecencia del ministro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había anunciado la medida a través de un mensaje en X (antes Twitter), en el que destacó que "frente a los recortes del PP, que dejaron fuera del sistema a más de 175.000 personas, el Gobierno progresista refuerza tanto la financiación como la calidad del sistema de dependencia". Según ha indicado Bustinduy, la prestación de hasta 10.000 euros mensuales para pacientes en fases avanzadas será financiada a partes iguales entre el Estado y las comunidades autónomas. La aprobación de este nuevo decreto supone completar el marco legal de la Ley ELA dentro de los plazos establecidos. Asimismo, la inversión estatal en el sistema de dependencia alcanza ahora una cifra récord de 3.729 millones de euros. El ministro ha destacado que con estas medidas se responde a una demanda histórica de atención integral y permanente para los pacientes. El nuevo Grado III+ reconoce el derecho a cuidados intensivos para personas que padecen enfermedades sin cura, con esperanza de vida reducida, rápida evolución hacia la discapacidad y que requieren atención sanitaria y social compleja. Se establece un nuevo derecho subjetivo que garantiza soporte respiratorio, asistencia en la deglución y otros cuidados esenciales. Además, este modelo prevé una ratio de cinco profesionales por paciente beneficiario, reforzando el carácter intensivo de la atención. Bustinduy también ha valorado el refuerzo económico de la Ley de Dependencia, asegurando que este modelo responde a los cambios demográficos y en la estructura familiar, que harán que este tipo de necesidades aumenten en el futuro. Ha criticado además los recortes aplicados durante gobiernos anteriores del Partido Popular, que, según ha cifrado, supusieron un estancamiento de más de 5.000 millones de euros. Desde las asociaciones de pacientes, la medida ha sido recibida con satisfacción. Los afectados por ELA han valorado positivamente el compromiso del Gobierno con el desarrollo de la Ley, afirmando que se comienza a "apostar por proyectos de vida, no de muerte". Fernando Martín, presidente de la organización ConELA -que agrupa a 23 de las 25 asociaciones de pacientes existentes en España-, ha anunciado que este miércoles se reunirán con el ministro Bustinduy para revisar los detalles del decreto. Aunque ha confirmado que el nuevo grado de dependencia y los cuidados 24 horas "están bien recogidos", ha recordado que esta ayuda llega tarde para los 1.150 pacientes que han fallecido este año sin haber podido beneficiarse de ella. Aun así, ha señalado que la medida sí podrá beneficiar a las personas que actualmente están siendo diagnosticadas, y ha asegurado que seguirán atentos para que su aplicación sea efectiva.

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(El País, 21-10-2025) | Laboral

El Gobierno rectifica y propone subir las cuotas de autónomos entre 2,5 y 14,75 euros a quienes ganen más de 1.167

El Gobierno presentó este lunes a los agentes sociales y a las asociaciones de autónomos una nueva propuesta para modificar las cotizaciones del colectivo a partir de 2026. Tras el amplio rechazo que generó su planteamiento inicial la semana pasada, el Ministerio de Seguridad Social ha dado marcha atrás y propone ahora mantener sin cambios las cuotas de los tres primeros tramos -los que agrupan a los trabajadores con rendimientos netos de hasta 1.166 euros mensuales-, mientras que para el resto plantea subidas moderadas, de entre 2,5 y 14,75 euros al mes, dependiendo del nivel de ingresos. Así lo confirmó el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, quien detalló que estos ajustes equivalen a un incremento de las bases de cotización de entre el 1% y el 2,5% para el próximo ejercicio. Con este nuevo planteamiento, el Ejecutivo corrige su propuesta anterior, que preveía aumentos de entre 11 y 206 euros mensuales, e incluso un alza de unos 17 euros para los autónomos con menores ingresos (aquellos con rendimientos de hasta 670 euros mensuales). Otra diferencia clave es que la nueva propuesta solo contempla subidas para 2026, mientras que la anterior establecía incrementos progresivos hasta 2031, tal como figuraba en el acuerdo firmado con las principales asociaciones de autónomos y aprobado por el Congreso de los Diputados con 260 votos a favor, incluidos los del Partido Popular. Las reacciones del colectivo no se han hecho esperar. Desde UPTA, consideran que el Gobierno ha "perdido una oportunidad para mejorar las pensiones de los autónomos". En la misma línea, CC OO y UGT han manifestado su descontento con la propuesta del Ministerio de Seguridad Social. Aunque los representantes sindicales Carlos Bravo (CC OO) y Cristina Estévez (UGT) reconocieron que la congelación de las cuotas para los tramos más bajos es positiva, rechazaron los limitados aumentos para el resto. Bravo calificó el cambio como un "pendulazo", mientras que Estévez denunció que la iniciativa "desvirtúa el acuerdo" alcanzado en 2022 entre el Gobierno, los agentes sociales y el Parlamento. Ambos sindicalistas atribuyen esta rectificación a motivos políticos, en respuesta al malestar generado por la propuesta inicial, que fue duramente criticada no solo por el Partido Popular, sino también por los ministros de Sumar, encabezados por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

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