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(Cinco Días, 03-07-2025) | Laboral

Los jóvenes deberán jubilarse a los 71 años para mantener el nivel de sus pensiones

Esta es la principal conclusión de un informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que advierte que la entrada tardía de los jóvenes en el mercado laboral dificultará que puedan reunir los años de cotización necesarios para percibir el 100% de la pensión al alcanzar la edad legal de jubilación. Esto obligará a muchos a prolongar su vida laboral si desean mantener el nivel de ingresos en la jubilación. El estudio señala que quienes se retiren en 2065 y solo hayan cotizado durante 30 años -debido al retraso en su incorporación al empleo- tendrán que posponer su jubilación hasta los 71 años para compensar la falta de años cotizados. Esto se debe a que, a partir de 2027, será necesario haber cotizado al menos 37 años para acceder al 100% de la base reguladora, o contar con una carrera laboral de 38,5 años para jubilarse a los 65 años. Asimismo, el informe destaca que, con la última reforma del sistema, los futuros pensionistas deberán contribuir más a la Seguridad Social, pero recibirán una pensión con una tasa de reemplazo -es decir, la relación entre la primera pensión y el último salario- dos puntos porcentuales inferior a la actual. Además, si se aplicaran en España reformas similares a las que ya están vigentes en otros países europeos, la tasa de reemplazo podría disminuir entre 10 y 20 puntos porcentuales adicionales. En el caso de quienes solo llegaran a acumular 30 años de cotización, la pensión representaría un 57,6% de su último salario, frente al 77,1% que obtienen hoy quienes se jubilan con ese mismo historial laboral. Con la normativa actual proyectada a 2065, solo aquellos que hayan cotizado durante 40 años o más y se jubilen a los 65 años lograrán una tasa bruta de reemplazo del 90%, equivalente a una tasa neta cercana al 100%, lo que permitiría mantener su nivel de vida. Para alcanzar ese mismo porcentaje con 35 años cotizados habría que retrasar la jubilación hasta los 68 años, y hasta los 71 años si solo se han cotizado 30. En este contexto, los expertos advierten que estos esfuerzos podrían no traducirse en una prestación equivalente, especialmente si se introducen nuevas reformas como ampliar el periodo de cálculo de la pensión a los últimos 35 años cotizados, exigir 40 años de aportaciones para acceder al 100% de la base reguladora, o ajustar el importe inicial de la pensión según la esperanza de vida a través de un factor de sostenibilidad.

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(Expansión, 03-07-2025) | Laboral

Subida salarial del 0,5% para los funcionarios: cobrarán hasta 464 euros extra por los retrasos

El Gobierno ha aprobado finalmente la revalorización salarial pendiente para los empleados públicos, con efectos retroactivos desde enero de 2024. Esta actualización del 0,5% responde a la desviación del IPC respecto al incremento salarial acordado para el periodo 2022-2024. Más de tres millones de trabajadores del sector público recibirán en la nómina de julio tanto el aumento correspondiente como los atrasos acumulados durante 18 meses. Aunque los requisitos para aplicar esta subida se cumplían desde principios de año -cuando se conocieron los datos definitivos del IPC armonizado del trienio, que fue del 14,6%-, el Ejecutivo ha postergado el pago hasta ahora. La subida adicional del 0,5% se había establecido en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO (aunque no fue respaldado por CSIF, el sindicato mayoritario de los funcionarios), el cual contemplaba esta cláusula de revisión si la inflación acumulada superaba el aumento salarial pactado, que fue del 8%. Con la nueva subida, el incremento total de las retribuciones para ese periodo será del 9,5%. Según datos del INE, el salario medio de los empleados públicos ronda los 3.026 euros brutos mensuales (en doce pagas), por lo que el abono por atrasos rondará los 272 euros, a lo que se suma el aumento en la nómina de julio, que será de unos 15 euros de media. Además, el análisis por deciles de renta del INE permite estimar cómo afectará esta actualización según el nivel de ingresos. Por ejemplo: Para salarios de 719,6 euros mensuales, el aumento es de 3,6 euros al mes y un total acumulado de 64,8 euros. Para sueldos de 1.210,3 euros, la subida mensual es de 6 euros, con un total de 108 euros. En el caso de ingresos de 1.436,7 euros, se recibirán 7,2 euros adicionales al mes y 129,6 euros en total. Con una nómina de 1.640,8 euros, el incremento es de 8,2 euros mensuales y 147,6 euros acumulados. Para sueldos de 1.843,7 euros, la subida mensual será de 9,2 euros y el pago retroactivo de 165,6 euros. En salarios de 2.056,5 euros, el aumento será de 10,3 euros mensuales y 185,4 euros en total. En los tramos salariales más altos: Con 2.361,8 euros mensuales, se recibirán 11,8 euros más al mes y 212,4 euros acumulados. Para sueldos de 2.807,7 euros, la subida será de 14 euros mensuales y 252 euros en total. En el caso de 3.385,6 euros, el incremento alcanzará los 17 euros por mes y 306 euros acumulados. Y en los salarios más elevados, de 5.213 euros mensuales, la subida será de 26 euros al mes y un total de 468 euros por los atrasos. El desembolso total que asumirá el Estado por este ajuste retroactivo se estima en unos 800 millones de euros. Esta carga presupuestaria habría sido el principal motivo del retraso en su aplicación, ya que el Gobierno no dispone actualmente de unos Presupuestos Generales que contemplen nuevas partidas, a pesar de que el pago ya estaba comprometido. Con este abono, se da por cerrado el acuerdo salarial del trienio 2022-2024. Sin embargo, los sindicatos presentes en la mesa de negociación de la Función Pública insisten en la necesidad de pactar cuanto antes un nuevo marco retributivo, que contemple las subidas para 2025, ya que hasta ahora los sueldos permanecen congelados -salvo por esta última compensación vinculada al año anterior-.

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(El País, 03-07-2025) | Laboral

España inicia el verano con 76.720 trabajadores más para elevar el récord de afiliación hasta los 21,86 millones

En una economía como la española, marcada por una fuerte estacionalidad, el mes de junio suele traer buenos resultados en términos de empleo. Este año no ha sido la excepción: el mercado laboral ha ganado 76.720 nuevos afiliados, lo que convierte a junio de 2025 en el mejor sexto mes del año desde 2018, sin contar los años afectados por la pandemia. Con este aumento, el número total de afiliados a la Seguridad Social alcanza un récord histórico de 21,86 millones, es decir, medio millón más que hace un año. Paralelamente, el desempleo registrado ha descendido en 48.920 personas, situando el total de parados en 2,41 millones, el nivel más bajo desde 2008. El incremento de afiliados en junio supera el registrado en el mismo mes de 2024 (71.095) y de 2023 (54.541), aunque no alcanza los niveles atípicos de 2021 y 2022, años marcados por la recuperación tras la crisis sanitaria. En promedio, y dejando fuera los años de la pandemia, junio suele sumar unos 73.393 afiliados, por lo que el dato de este año está ligeramente por encima. En términos interanuales, el empleo ha crecido en 468.206 trabajadores, lo que representa un aumento del 2,2%, algo inferior a los ritmos de los dos años anteriores (2,5% en 2024 y 2,6% en 2023). Según el Ministerio de Seguridad Social, España sigue mostrando una evolución del empleo más dinámica que otras grandes economías europeas, con un crecimiento del 9,4% desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2022, frente al 5,9% de Italia, el 1,8% de Francia y el 1,6% de Alemania. El comportamiento por sectores y comunidades autónomas refleja el peso de las actividades estacionales. El comercio ha sido el principal generador de empleo en el régimen general, con 31.338 nuevos afiliados, seguido de la hostelería, con 27.696. En contraste, la educación pierde 56.592 afiliados debido al fin del curso escolar, y el sistema especial agrario se reduce en 28.752 personas, caídas que son compensadas por la evolución positiva en otras actividades. Por regiones, Baleares destaca como la comunidad con mayor incremento relativo de empleo, impulsada por la temporada turística, con un aumento del 3% y 19.391 afiliados más. Cataluña también registra un crecimiento notable, con 24.177 nuevos trabajadores, aunque su incremento relativo es menor (0,6%) debido a su mayor población. Andalucía, en cambio, lidera las pérdidas por el descenso en el empleo agrario, con una reducción de 34.236 afiliados (−0,97%). La evolución del empleo acerca a España al objetivo simbólico de los 22 millones de afiliados. El 17 de junio se alcanzó un pico de 21.949.706 trabajadores, quedando a poco más de 51.000 de esa meta. Si se repite la evolución del año pasado, es probable que no se alcance en junio, pero sí podría lograrse con los datos de julio. No obstante, los meses estivales suelen reflejar cierto retroceso por la caída de la actividad en algunos sectores, como la educación. El Ministerio de Seguridad Social destaca que el crecimiento del empleo entre abril y junio ha superado el del año pasado y también el promedio de los años 2017-2019, antes de la pandemia. Además, resalta un nuevo máximo histórico en la afiliación femenina: 10.329.106 mujeres afiliadas, un 47,3% del total y 215.579 más que hace un año. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha valorado los datos de forma positiva, señalando que se avanza en la dirección correcta, aunque ha insistido en la necesidad de seguir trabajando por un empleo de mayor calidad. En la misma línea, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado el buen comportamiento de los sectores con mayor valor añadido, lo que ha favorecido el aumento de las bases de cotización. Por regímenes, el régimen general (asalariados) lidera el crecimiento, con un alza del 0,37% respecto a mayo y del 2,41% respecto al año anterior. El régimen de autónomos también crece, aunque a menor ritmo: un 0,21% mensual y un 1,04% interanual. En cuanto al paro registrado, el mes de junio arroja también cifras positivas. Con 2.405.963 personas desempleadas, España alcanza el nivel más bajo para este mes desde 2008. La caída mensual es de 48.920 personas (−1,99%), una bajada más pronunciada que la de 2024 (−1,79%) y la de 2023 (−1,84%). Aunque el descenso absoluto de 2023 fue mayor (−50.268), el recorte relativo actual es superior debido a que el volumen total de parados es más bajo. En términos anuales, el paro se ha reducido en 155.104 personas. Trabajo destaca especialmente la reducción del paro juvenil: en junio, 4.296 jóvenes menores de 25 años abandonaron las listas del desempleo, situando su número en 166.707, el nivel más bajo desde que existen registros. Pese a estos avances, España sigue encabezando el ranking de desempleo en la Unión Europea. Según Eurostat, en abril la tasa de paro era del 10,9%, frente al 6,3% de la eurozona y al 5,9% del conjunto de la UE. Aunque se ha logrado una importante reducción desde el 27% de 2013 y el 16,3% registrado durante la pandemia, el país continúa arrastrando el estigma del liderazgo en desempleo en Europa.

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(El País, 03-07-2025) | Laboral

¿Cuándo alcanzará España los anhelados 22 millones de trabajadores?

El mercado laboral en España está a punto de alcanzar una cifra simbólica que suele ser utilizada como argumento político y titular mediático: los 22 millones de personas trabajando. Este hito parece inminente gracias al sólido comportamiento del empleo, que en los últimos años ha venido sumando alrededor de medio millón de nuevos puestos anuales. Las dos principales referencias que evalúan esta evolución -la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE y los datos de afiliación a la Seguridad Social- muestran una tendencia clara hacia esa meta. En lo que respecta a la EPA, se espera que los 22 millones de ocupados se alcancen en la próxima publicación, prevista para el 24 de julio, que reflejará los datos del segundo trimestre de 2025. Al término del primer trimestre, el número de personas ocupadas se situaba en 21.765.400, lo que deja un margen de apenas 235.000 empleos. Dada la evolución histórica en los segundos trimestres -con incrementos de 434.700 empleos en 2024, 624.200 en 2023 y 333.800 en 2019- todo indica que esa cifra se superará con holgura. El panorama es algo distinto en el caso de la afiliación a la Seguridad Social, que este miércoles hizo públicos sus datos de junio. A diferencia de la EPA, que se basa en encuestas y puede incluir perfiles laborales que no aparecen en los registros administrativos, la afiliación recoge datos directos, por lo que habitualmente muestra cifras ligeramente inferiores. Sin embargo, ambos indicadores se encuentran ahora bastante alineados, tras haber estado muy desajustados antes de la pandemia. En junio, la afiliación media fue de 21.861.095 trabajadores, lo que deja la meta de los 22 millones a una distancia de 139.000 empleos. La afiliación diaria llegó a un máximo de 21.949.706 el 17 de junio, quedando a solo 51.000 del objetivo. A pesar de la cercanía, desde el Gobierno se mantiene la cautela. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, señaló que "hay que ser prudentes", advirtiendo de que la estacionalidad de julio ha cambiado: la estabilización del empleo y la menor temporalidad han reducido el impulso que tradicionalmente caracterizaba a ese mes. Según el Gobierno, la reforma laboral, que ha reducido la temporalidad del 26% al 15%, ha llevado a muchas empresas a adelantar contrataciones a los meses de primavera, restando dinamismo a julio, pese al auge del turismo. A ello se suma el parón de actividad en sectores no turísticos durante los meses estivales, con ejemplos claros como el educativo, que solo entre mayo y junio perdió 56.592 empleos. Los datos recientes también reflejan esta tendencia: en julio de 2024 se destruyeron 9.783 empleos, mientras que en 2023 se crearon 21.945. Ambas cifras están lejos de los 140.000 nuevos empleos necesarios para rebasar el umbral de los 22 millones en el promedio mensual. Incluso en 2019, antes de la pandemia, el aumento de afiliación en julio fue de solo 15.514 personas. En cuanto a agosto, tampoco se prevé que sea el mes del récord, ya que habitualmente se caracteriza por una pérdida de empleo por el cierre temporal de muchas actividades. En 2023 se perdieron 193.704 empleos en ese mes, y en 2022, 185.385. La siguiente oportunidad real para alcanzar el ansiado hito en la afiliación a la Seguridad Social podría llegar en diciembre, cuando la campaña navideña genera un repunte del empleo. Sin embargo, los datos históricos muestran que diciembre tiende a igualar, pero no superar, las cifras de empleo de junio o julio, por lo que alcanzar los 22 millones en ese mes también se presenta como una meta difícil.

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(El Economista, 03-07-2025) | Laboral

Primera sentencia que reconoce la remuneración del permiso parental de ocho semanas en el sector privado

Primera sentencia que reconoce el derecho a cobrar el permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años en el ámbito privado. Hasta ahora, ya se habían dictado al menos cuatro resoluciones similares, pero todas referidas a empleados del sector público. El Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona ha dictado el 30 de junio un fallo en el que establece que las empresas privadas también están obligadas a abonar este permiso a sus trabajadores. El caso se refiere a un empleado que solicitó a su empresa disfrutar de este permiso durante varias semanas de los meses de julio y agosto, sin obtener respuesta por parte de la compañía. Al tratarse de un derecho laboral, el Juzgado ha tramitado el procedimiento por vía urgente y ha fallado a favor del trabajador, reconociendo tanto su derecho a disfrutar del permiso como su carácter remunerado. "Interpretar lo contrario supondría ignorar un derecho reconocido a favor del trabajador", recoge la sentencia. Este permiso fue introducido por el Gobierno mediante un Real Decreto-ley aprobado el 28 de junio de 2023, pero sin establecer su retribución. No obstante, la normativa europea sobre conciliación laboral y familiar exige que los Estados miembros aseguren su carácter remunerado antes del 2 de agosto de 2024, algo que España todavía no ha implementado. El juez considera que la directiva comunitaria es clara, concreta y suficientemente detallada al señalar que el permiso debe ser pagado, y que el incumplimiento por parte del Estado español no puede perjudicar al trabajador. En su razonamiento, el tribunal recuerda que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han confirmado que el principio de primacía del Derecho europeo obliga a los jueces a aplicar e interpretar las leyes nacionales de acuerdo con la normativa de la UE. Por ello, con el objetivo de garantizar la efectividad de la directiva, el magistrado concluye que la falta de desarrollo normativo por parte del Estado no puede ser un obstáculo para la aplicación del derecho europeo.

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(El Economista, 03-07-2025) | Laboral

La Gran Rotación arrastra a 2,4 millones de trabajadores cada trimestre en España

El mercado laboral español arrastra un problema estructural que, aunque menos visible que su elevada tasa de paro, está íntimamente relacionado con ella: la altísima rotación de los puestos de trabajo. En tan solo tres meses, 1,3 millones de personas se han incorporado a un nuevo empleo, mientras que 1,1 millones han abandonado el suyo. Aunque el resultado neto es positivo en términos de creación de empleo, este movimiento constante afecta al 10,8% del total de ocupados, la mayor tasa de rotación de toda la Unión Europea y la única que supera el 10%. A diferencia de las estadísticas tradicionales que miden los flujos entre empleo, desempleo e inactividad, este indicador, elaborado por Eurostat, pone el foco en la inestabilidad del empleo a corto plazo. En el caso español, el 5,8% de los trabajadores ocupaban un nuevo empleo en el trimestre analizado, una cifra inferior a la de países como Finlandia (6%) o Dinamarca (5,9%). No obstante, un nuevo trabajador no implica necesariamente un nuevo puesto de trabajo creado. Puede tratarse de una persona que estaba en paro o inactiva, pero también de alguien que ha cambiado de empleo. La inmigración también juega un papel relevante, pues muchos trabajadores recién llegados al país no se contabilizan como desempleados previamente. Esta situación, similar a la de algunos países nórdicos, puede distorsionar los datos de rotación. Lo que realmente distingue a España es el alto porcentaje de personas que dejan su empleo en ese mismo periodo: un 5% del total de ocupados, el más alto de la UE, y muy por encima de Finlandia (3,7%), Suecia (3,6%) y Francia (3,6%). ¿Abandonan estos trabajadores sus puestos por decisión propia o son víctimas de despidos o fin de contratos? Aunque Eurostat no lo detalla en este informe concreto, un estudio de 2023 reveló que en España el 81,6% de esas salidas respondían a motivos laborales como la finalización de contratos temporales, despidos o cierres de empresas. Aunque en países como Italia (89,9%), Hungría (88,6%) o Grecia (87,6%) este porcentaje es superior, en ellos la rotación es bastante menor. Sumando los datos de incorporaciones y abandonos, España registra una tasa de rotación del 10,8%, encabezando el ranking europeo y siendo la única nación con una cifra de dos dígitos. Este nivel de rotación es comparable a su también elevada tasa de desempleo. Una nota positiva es que esta volatilidad está disminuyendo, aunque lentamente. En el primer trimestre de 2025, la tasa fue del 10,8%, por debajo del 12% registrado en el mismo periodo de 2019. Curiosamente, durante 2020 y 2021, en plena pandemia, la rotación fue algo menor. Lo más significativo del dato actual es que, por primera vez, disminuyen tanto las entradas como las salidas, algo inédito en toda la serie histórica de Eurostat, que comienza en 2009. En aquel año, marcado por la crisis económica, el 7,1% de los ocupados había perdido su empleo recientemente, frente a un 5,7% que había comenzado uno nuevo. Esta situación de pérdida neta de empleo se mantuvo hasta 2015, cuando las nuevas incorporaciones comenzaron a superar las salidas, una tendencia que, salvo durante la pandemia, se ha mantenido desde entonces. A lo largo de la serie histórica, se observa un patrón claro: cuando disminuyen las incorporaciones, aumentan las salidas, y viceversa. Esto refleja que la creación neta de empleo solo se logra si las nuevas contrataciones superan a los abandonos. Pero en un mercado tan inestable como el español, esta dinámica genera un empleo frágil. En países con baja tasa de paro, como Alemania, lo habitual es que las incorporaciones superen de forma consistente a las salidas, pero con escasas oscilaciones. Esto indica un mercado laboral estable, donde los trabajadores pueden cambiar de empleo sin generar un efecto negativo sobre la ocupación total. Por eso, crisis como la financiera o la del COVID-19 tuvieron efectos mucho menos graves en el mercado laboral alemán que en el español. En resumen, una rotación alta puede generar empleo, pero si no está acompañada de estabilidad, lo hace de forma muy vulnerable.

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(El País, 02-07-2025) | Laboral

El Gobierno aprueba la subida salarial pendiente del 0,5% para los empleados públicos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un incremento salarial del 0,5% para los empleados públicos, correspondiente al tramo pendiente del acuerdo firmado con los sindicatos para el último trienio, según informó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Aunque la medida se aprueba ahora, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, lo que significa que los más de tres millones de empleados públicos recibirán en su nómina de agosto un pago adicional con la cantidad acumulada, además de ver reflejado el nuevo salario actualizado. Esta subida se había anunciado hace más de un mes y medio por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante un congreso de UGT. Sin embargo, llevaba más de un año y medio aplazada desde que expiró el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado por el Gobierno con UGT y CC OO (sin el respaldo de CSIF), y que preveía un aumento salarial del 9,8% entre 2022 y 2024. Este incremento del 0,5%, vinculado a la evolución del IPC, era la parte que aún estaba pendiente de aplicar. El 20 de mayo, López señaló que "la subida del 0,5% llegará en breve", aunque sin concretar fechas. Tampoco aportó más detalles en anteriores intervenciones públicas, donde vinculaba la medida a la necesidad de contar con nuevos Presupuestos Generales del Estado. A pesar de ello, el Ejecutivo ha aprobado la subida sin haber presentado aún un nuevo proyecto presupuestario. Según cálculos de CSIF, esta mejora salarial supondrá un desembolso total de 508 millones de euros y una subida media de unos 168 euros por funcionario. La demora en la aplicación del acuerdo generó malestar entre los sindicatos, especialmente CSIF, cuyos representantes se manifestaron en marzo frente al Ministerio de Hacienda, al que corresponde dar luz verde definitiva a la medida. También criticaron que no se hubiera convocado una mesa de negociación formal, a pesar de haberla solicitado en varias ocasiones. Con esta subida ya desbloqueada, los sindicatos centrarán ahora sus esfuerzos en negociar un nuevo acuerdo que incluya mejoras para los años 2025, 2026 y 2027. Entre los temas a tratar están la implantación de la jornada laboral de 35 horas, la regulación de la jubilación parcial, la revisión de la clasificación profesional y la aprobación de la oferta de empleo público de este año. Aunque ya se han celebrado varias reuniones con el Gobierno, la falta de una propuesta concreta por parte de Función Pública ha provocado retrasos y rechazo por parte de los sindicatos. El último encuentro, celebrado el pasado miércoles, terminó sin avances debido a que el Ejecutivo no presentó ninguna cifra sobre el número total de plazas a ofertar. Por ello, se ha convocado una nueva reunión esta semana con la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo, que evaluará las últimas propuestas sindicales. Sin embargo, cualquier acuerdo definitivo deberá aprobarse en la mesa general de negociación.

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(El Economista, 02-07-2025) | Laboral

España es la economía europea que más empleo temporal genera en su industria

En España, el 4% de los trabajadores asalariados está contratado a través de empresas de trabajo temporal (ETT), lo que coloca al país en la sexta posición dentro de la Unión Europea. Solo Letonia (7,4%), Irlanda (6%), Eslovenia (5,9% y 5,7%, según distintas fuentes) y los Países Bajos (4,6%) presentan un mayor porcentaje. No obstante, este orden cambia considerablemente si se analizan los datos por sectores: en la industria, por ejemplo, el porcentaje se eleva hasta el 8,6%, siendo el más alto de toda la UE. Los datos publicados por Eurostat, la oficina estadística europea, permiten contextualizar internacionalmente los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. En 2024, la presencia de las ETT en el mercado laboral español apenas ha variado con respecto al periodo anterior a la pandemia, reduciéndose solo una décima. El 4% actual supera ampliamente la media de la eurozona (2,7%) y de la Unión Europea (2,3%). Aunque España ha descendido tres posiciones respecto a 2019, esta bajada se debe más al aumento registrado en países como Lituania, Irlanda y Países Bajos que a una disminución propia. Es importante tener en cuenta que la regulación sobre la actividad de las ETT varía entre países: algunos limitan los sectores en los que pueden operar o los tipos de contrato que pueden ofrecer. Además, en 2021 Eurostat revisó su metodología estadística, lo que generó una distorsión significativa, especialmente en Luxemburgo, donde el empleo atribuible a ETTs saltó del 2,6% al 97%, una cifra que no puede considerarse fiable. En el caso de España, el cambio más significativo ha sido normativo. La reforma laboral de finales de 2021 restringió de forma importante el uso de contratos temporales, eliminando figuras como la del contrato por obra y servicio y penalizando las contrataciones de menos de 30 días con recargos a la Seguridad Social. Al mismo tiempo, se permitió a las ETTs ampliar su actividad mediante la contratación de trabajadores fijos discontinuos para atender necesidades puntuales de sus clientes. Entre 2019 y 2024, España ha pasado de liderar el ranking europeo de temporalidad con un 26,2% a situarse en tercer lugar con un 15,9%, solo por detrás de Países Bajos y Portugal. Sin embargo, el peso específico de las ETTs en el empleo se ha mantenido prácticamente constante, especialmente si se compara con los aumentos registrados en otros países que ahora la superan. En cuanto a los sectores más vinculados al empleo a través de ETTs, el Ministerio de Trabajo publica mensualmente datos sobre el uso de estas empresas. En abril de 2024, el 55,7% de los contratos de puesta a disposición se formalizaron en el sector servicios, destacando la logística (13%), los alojamientos turísticos (12%), la hostelería (6%) y el comercio minorista (6%). Otro 26,5% se concentró en la industria, con especial protagonismo del sector alimentario (11,6%). El sector agrario representó un 17,5% del total, mientras que la construcción tuvo una presencia residual, con solo el 0,25%. No obstante, estas cifras reflejan el número de trabajadores cedidos por ETTs en cada sector, pero no indican cuántos empleados de cada sector están contratados efectivamente por estas empresas. La EPA solo ofrece el dato nacional del 4% y no desglosa el uso por sectores. Aun así, podría pensarse que las áreas con mayor dependencia de las ETTs son aquellas vinculadas a servicios como la logística, el turismo y el comercio. Sin embargo, los datos de Eurostat revelan una realidad diferente. La clasificación sectorial de Eurostat divide la actividad económica en seis grandes grupos y calcula qué proporción de trabajadores en cada uno de ellos está contratada por una ETT. En el sector agrícola, el empleo temporal representa el 3,7%, por debajo de la media nacional. El conjunto que engloba comercio, transporte, logística y hostelería alcanza un 4,7%. Las profesiones de "cuello blanco", que incluyen tecnología, finanzas, consultoría, inmobiliaria y administración, registran un 3,4%. Los servicios auxiliares y el empleo doméstico se sitúan en un 2,1%, mientras que el grupo formado por la administración pública, la sanidad y la educación apenas llega al 0,6%. En cambio, el bloque que agrupa a la industria y la construcción alcanza el 8,6%, destacándose como el sector con mayor presencia de trabajadores contratados por ETTs en toda la UE.

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(El Periódico, 02-07-2025) | Laboral

El paro registrado baja en junio en 48.920 personas en todos los sectores, en todas las comunidades y todas las franjas de edad

El número de personas en desempleo inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de junio, ha bajado en 48.920 personas en relación con el mes anterior (-2%). El paro registrado se sitúa así en 2.405.963 personas, la cifra más baja desde junio de 2008, hace 17 años. Respecto a junio de 2024, el paro bajó en 155.104 personas (-6,06%), una reducción mayor que la registrada el año pasado y que triplica el ritmo de descenso mensual. También en términos desestacionalizados se constatan 16.834 personas menos. El paro registrado ha descendido en todos los sectores económicos en el mes de junio, siendo el de Servicios el sector que contempla una reducción más acusada con 38.253 personas (-2,16%) menos, seguido del de Industria con 4.589 personas (-2,41%), el de Construcción con 3.029 personas (-1,68%) y Agricultura 218 (-0,28%). Asimismo, en el colectivo Sin Empleo Anterior se ha registrado un descenso de 2.831 personas (-1,22%). El desempleo femenino se redujo en junio en 25.537 mujeres (-1,72%) con respecto al mes anterior, dejando el total de desempleadas en 1.460.884. Es la cifra más baja desde 2008 en un mes de junio. En comparación con el mismo mes de hace un año, actualmente hay 85.320 mujeres menos inscritas como desempleadas, una reducción que es mayor a la registrada entre los hombres con 69.784 desempleados menos. El paro masculino permanece por segundo mes consecutivo por debajo del umbral del millón de personas y se sitúa en 945.079 desempleados tras descender 23.383 personas (-2,41%). Además, el registro de jóvenes menores de 25 años en las oficinas del SEPE ha experimentado durante junio un nuevo descenso con 4.296 personas menos (-2,51%), situándose en 166.707 jóvenes, el nivel más bajo registrado en toda la serie histórica. En los mayores de 52 años se registra en junio una reducción de 12.651 personas hasta situarse en los 1.019.525. En el último año se ha registrado un descenso de 44.578 personas en este colectivo. El total de personas en desempleo desciende en todas las comunidades autónomas. Andalucía (-6.974 personas), Madrid (-6.571) y Castilla y León (-4.840) son las tres comunidades donde se ha registrado en junio el mayor descenso en cifras absolutas con respecto al mes anterior. El número total de nuevos contratos registrados durante el mes de junio ha sido de 1.496.673, un 8,46% más que en mayo. De ellos, 587.653 contratos son de carácter indefinido, lo que supone el 39,26% del total. Se afianza el nuevo paradigma de contratación indefinida iniciada tras la reforma laboral. Las personas beneficiarias existentes a final de mes fueron 1.455.261. El importe medio mensual por beneficiario en mayo, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ha sido de 1.323,5 euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 256,1 euros (24%).  La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de mayo de este año ha sido del 74,4%, un 7,2% más que hace un año. La inversión total de mayo ascendió a 1.873 millones de euros.

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(Expansión, 01-07-2025) | Laboral

7.162 millones de euros para la cobertura de la incapacidad temporal

La Seguridad Social ha ingresado 72.687 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales durante los primeros cinco meses de 2025, lo que representa un incremento del 7,1% respecto al mismo periodo del año anterior. De los cerca de 4.800 millones de euros de crecimiento en la recaudación, alrededor del 10% se debe a los ingresos generados por el mecanismo de equidad intergeneracional, cuya finalidad es reforzar el Fondo de Reserva de las pensiones, también conocido como la "hucha" de las pensiones. El aumento en la recaudación se explica en buena parte por el crecimiento del empleo, pero también por las recientes subidas de las bases mínima y máxima de cotización, así como por la implantación de dicho mecanismo, que implica una cotización adicional del 0,8% sobre el salario bruto para todos los afiliados. Hasta mayo, esta aportación específica ha generado 1.955 millones de euros, lo que supone un 32,5% más que en el mismo periodo del año anterior -480 millones más-, consolidándose como un componente clave en la mejora de los ingresos del sistema. No obstante, al mismo tiempo que aumentan los ingresos, también crecen los gastos. Entre enero y mayo, la Seguridad Social destinó 7.162 millones de euros al pago de prestaciones por incapacidad temporal, es decir, bajas laborales. Esta cifra supone un 12,1% más que la registrada en el mismo periodo de 2024 y ya representa el 60% del presupuesto previsto para todo el año (11.764 millones). Este dato refuerza las advertencias de las patronales, como la CEOE, y entidades como la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), que denuncian el impacto económico del absentismo laboral, al que califican de "problema estructural" del mercado de trabajo. Según estimaciones de AMAT, el coste del absentismo podría superar los 32.000 millones de euros en 2025. En cuanto al balance presupuestario de la Seguridad Social hasta mayo, los datos reflejan un superávit de 2.835 millones de euros, en contraste con el déficit de 635 millones registrado en la misma fecha de 2024. Este saldo positivo es resultado de unos derechos reconocidos por operaciones no financieras que ascienden a 89.141 millones de euros (un 10,8% más que el año anterior), frente a unas obligaciones de 86.307 millones (un 6,4% más). Sin embargo, este equilibrio no sería posible sin la significativa aportación de fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. De los algo más de 89.000 millones de euros en derechos reconocidos, 15.451 millones (un 17% del total) corresponden a transferencias del Estado. Estas aportaciones tienen como objetivo cubrir, fundamentalmente, el elevado coste que suponen las pensiones, y reflejan la creciente dependencia del sistema de Seguridad Social de los ingresos fiscales para mantener su viabilidad.

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