(Expansión, 19-11-2026) | Laboral

Las nóminas de unos 130.000 funcionarios tendrán una subida más aparte del alza salarial aprobada por el Gobierno para 2027

Unos 130.000 empleados públicos destinados en territorios extrapeninsulares, como Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán, percibirán hasta 50 euros más al mes por el complemento de residencia a partir de enero de 2027. El incremento, aprobado por el Gobierno, será del 4,5%, en línea con la revalorización salarial prevista para el conjunto de los trabajadores del sector público. Además, continúa pendiente la actualización de las dietas y los gastos de kilometraje, cuya revisión debería completarse antes de finalizar este año. La subida del complemento de residencia se suma al aumento de las retribuciones generales de los empleados públicos y beneficiará a quienes trabajan en destinos con condiciones geográficas especiales o afectados por la insularidad. Las cuantías mensuales de esta indemnización pasarán a situarse entre 33 y 1.152 euros brutos, dependiendo del lugar de destino y de la categoría profesional. El Real Decreto-ley 37/2026, publicado en el BOE el 18 de noviembre y en vigor desde el día siguiente, recoge tanto el incremento retributivo general del 4,5% previsto para 2027 como la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal. La medida se enmarca en el acuerdo plurianual alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF. Esta actualización también constituye una referencia para las administraciones autonómicas y locales, que deberán adaptar sus correspondientes compensaciones por insularidad y destino especial. En este ámbito, cabe recordar que el pasado julio se aprobó la equiparación del complemento de residencia del personal estatal destinado en Baleares con el establecido para Canarias. Sin embargo, la revisión de las indemnizaciones por residencia no supone que también se hayan actualizado automáticamente las compensaciones por razón del servicio. El Gobierno mantiene pendiente la modificación de las dietas y los gastos de desplazamiento y kilometraje que perciben los empleados públicos cuando viajan por motivos laborales, con independencia de su lugar de residencia o destino. Los trámites para revisar estas cantidades continúan abiertos y el objetivo es que la actualización pueda aprobarse antes del 31 de diciembre de 2026. Ambos conceptos responden a finalidades diferentes. La indemnización por residencia pretende compensar los sobrecostes asociados a trabajar en determinados territorios, mientras que las indemnizaciones por razón del servicio cubren los gastos extraordinarios ocasionados por desplazamientos vinculados al desempeño de funciones públicas. Estas últimas están reguladas por el Real Decreto 462/2002 e incluyen dietas de manutención, alojamiento, transporte y otros gastos derivados de comisiones de servicio o traslados. Frente al incremento salarial general, que afecta a unos 3,5 millones de empleados públicos, la subida del complemento de residencia se dirige a un colectivo mucho más reducido, estimado en aproximadamente 130.000 trabajadores de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y otros servicios públicos. Entre los territorios incluidos figuran Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán. También existen complementos específicos para el personal destinado en el extranjero, aunque sus condiciones económicas se regulan mediante disposiciones propias del servicio exterior y no se corresponden directamente con las indemnizaciones por residencia aplicables a los destinos dentro de España. El Ejecutivo ya había anunciado en septiembre su intención de revisar estas compensaciones en el marco del diálogo con los sindicatos. La aprobación del incremento del 4,5% para las indemnizaciones por residencia supone un primer avance, aunque las organizaciones sindicales insisten en que también debe materializarse la actualización de las compensaciones por desplazamiento. CSIF ha reclamado que ambas revisiones estén aprobadas antes de que termine 2026, tal como recoge el acuerdo marco. El sindicato considera que la medida resulta especialmente necesaria ante las dificultades que afrontan algunos empleados públicos para mantener sus destinos, debido al elevado coste de la vivienda en determinados territorios. Según la organización, esta situación está llevando incluso a algunos trabajadores a renunciar a sus plazas. El Ministerio trasladó su voluntad de cumplir el calendario previsto. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ya había confirmado en septiembre que el Gobierno abordaría la actualización de las indemnizaciones por razón del servicio para el conjunto del personal estatal. Sus declaraciones se produjeron después de que en julio se aprobara la revisión del complemento de residencia de 11.176 empleados de la Administración General del Estado destinados en Baleares, con el objetivo de equiparar sus condiciones a las del personal destinado en Canarias. Desde el punto de vista retributivo, el complemento de residencia tiene naturaleza indemnizatoria y no forma parte del salario base ni de las pagas extraordinarias. Su importe está vinculado al destino geográfico y la subida aprobada del 4,5% se aplicará directamente a las cuantías correspondientes a la Administración General del Estado, mientras que servirá de referencia para las actualizaciones que deban realizar las comunidades autónomas y las entidades locales.

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(Expansión, 19-11-2026) | Laboral

Los trabajadores tendrán derecho a solicitar información para conocer las retribuciones medias de compañeros que realicen el mismo trabajo

El Gobierno ha incorporado una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público que permitirá resolver contratos y concesiones públicas cuando las empresas adjudicatarias incumplan sus obligaciones en materia de igualdad retributiva y transparencia salarial entre mujeres y hombres. La reforma forma parte del Real Decreto-ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros para transponer dos directivas europeas en el ámbito laboral. Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la nueva regulación entrará en vigor este jueves. La modificación no fue mencionada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo, por lo que su inclusión en la norma sorprendió al ámbito empresarial. El cambio afecta al artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público y establece que los órganos de contratación deberán garantizar que las empresas contratistas y subcontratistas respeten, durante la ejecución de los contratos y concesiones, el principio de igualdad salarial entre mujeres y hombres por la realización del mismo trabajo o de funciones de igual valor. Esta obligación comprende también el cumplimiento de las exigencias de transparencia retributiva que resulten aplicables. Además, los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán incorporar sanciones económicas proporcionales para los casos de incumplimiento. Cuando concurran las circunstancias previstas en la norma, podrá iniciarse de oficio el procedimiento para resolver el contrato o a solicitud de la representación legal de los trabajadores de la empresa adjudicataria. Antes de adoptar una decisión, será obligatorio dar audiencia a dicha representación. La resolución contractual podrá plantearse cuando se produzca un incumplimiento grave de las obligaciones de igualdad retributiva y exista una resolución administrativa o judicial firme que haya acreditado discriminación salarial por razón de sexo entre los trabajadores que participan en la ejecución del contrato. También podrá aplicarse cuando la empresa incumpla de forma reiterada sus obligaciones de transparencia salarial, siempre que el órgano de contratación haya constatado previamente las irregularidades y requerido su subsanación sin que la compañía haya atendido el requerimiento dentro del plazo establecido. El Real Decreto-ley incorpora asimismo nuevas obligaciones de información salarial para las empresas. Los trabajadores podrán solicitar información sobre su propia remuneración y sobre las retribuciones medias de las personas que desempeñen el mismo trabajo o uno de igual valor, con los datos desglosados por sexo. La información deberá detallar tanto el salario base como cada uno de los complementos salariales y extrasalariales percibidos. Las compañías estarán obligadas a responder por escrito a estas solicitudes en un plazo máximo de dos meses. Las empresas también deberán comunicar anualmente a sus plantillas que tienen derecho a acceder a esta información. Esta posibilidad se extiende a quienes hayan dejado de trabajar en la compañía, siempre que soliciten los datos correspondientes al periodo durante el que estuvieron vinculados a ella y presenten la petición dentro del año siguiente a la finalización de la relación laboral. Durante la presentación de la reforma, Yolanda Díaz destacó que uno de sus objetivos es acabar con el secreto salarial en las empresas y facilitar que los trabajadores puedan conocer las diferencias retributivas existentes dentro de sus organizaciones. La nueva regulación introduce además cambios en otras condiciones de trabajo. Entre ellos, establece que las empresas no podrán impedir ni limitar que sus empleados presten servicios para otras compañías, salvo que exista un pacto de plena dedicación acompañado de la correspondiente compensación económica. También reconoce la posibilidad de que los trabajadores soliciten modalidades de empleo más estables cuando surjan oportunidades de promoción profesional dentro de la empresa. En cuanto al periodo de prueba, la norma fija una duración máxima de seis meses para los trabajadores con la condición de técnicos titulados y de dos meses para el resto de la plantilla. No obstante, en las empresas con menos de 25 trabajadores, el periodo de prueba para quienes no sean técnicos titulados no podrá superar los tres meses.

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(Expansión, 19-11-2026) | Laboral

Solo el 27% de los trabajadores españoles declara sentir una alegría alta en el trabajo

La satisfacción laboral sigue siendo una asignatura pendiente para buena parte de los trabajadores españoles. La mitad de los profesionales asegura experimentar un nivel medio de alegría en su puesto de trabajo, mientras que un 23% reconoce que es bajo. Solo el 27% afirma disfrutar de un nivel alto de bienestar en su entorno laboral. Estos son algunos de los resultados del Global Workplace Joy Index, el primer estudio que analiza la alegría en el trabajo a partir de las respuestas de 17.450 profesionales y 8.920 responsables de Recursos Humanos de 27 países. España obtiene una puntuación de 63 sobre 100, en línea con el promedio internacional y con los resultados de otros países europeos. El informe, elaborado por Edenred, multinacional especializada en beneficios sociales, retribución flexible y movilidad profesional, analiza distintos aspectos de la experiencia laboral, como el orgullo de pertenencia, el sentido del trabajo, las relaciones personales, el reconocimiento, el compromiso y las sensaciones de cansancio o frustración. Antoine Blanc, director general de Edenred España, explica que la alegría en el trabajo no depende únicamente de la satisfacción con el puesto o de las condiciones económicas, sino también de las experiencias cotidianas, las relaciones con los compañeros, el reconocimiento recibido y la percepción de que la actividad profesional tiene un propósito. El estudio pretende identificar qué elementos favorecen que los trabajadores disfruten de su actividad profesional. Una persona puede estar conforme con su salario y contar con estabilidad laboral, pero sentirse poco valorada, desmotivada o emocionalmente agotada. Por ello, el compromiso de los equipos no depende exclusivamente de las condiciones que ofrece una empresa, sino también de cómo se sienten sus trabajadores dentro de la organización. Entre los factores que pueden contribuir al bienestar figuran los beneficios sociales, como los seguros médicos, las ayudas al transporte, los cheques guardería o los vales de comida. No obstante, el acceso a estas prestaciones no garantiza por sí mismo una mayor satisfacción. Su impacto depende de que respondan a necesidades reales y contribuyan a mejorar la situación económica, facilitar la conciliación o impulsar el desarrollo personal y profesional. Blanc advierte, además, de que estas ventajas no deben utilizarse como sustituto de una remuneración adecuada y competitiva. El salario continúa siendo un elemento esencial, al que pueden añadirse beneficios que aporten valor a la vida cotidiana de los empleados. Otra de las conclusiones del informe apunta a la distancia que todavía existe entre las iniciativas de bienestar promovidas por las empresas y la percepción que tienen los trabajadores sobre ellas. En este contexto, el reconocimiento profesional aparece como un factor especialmente relevante. En España, quienes reciben al menos una muestra de reconocimiento al mes manifiestan una percepción de mejora de su productividad 21 puntos porcentuales superior a la de aquellos que no reciben ningún reconocimiento. El responsable de Edenred España considera que acciones como escuchar a los trabajadores, agradecer su esfuerzo y valorar los resultados obtenidos pueden influir de manera significativa en su experiencia profesional. A su juicio, el bienestar debe incorporarse a las decisiones habituales de las empresas y no limitarse a iniciativas puntuales o declaraciones de intenciones. En este proceso, los responsables de los equipos desempeñan un papel determinante. Blanc identifica tres aspectos fundamentales en el liderazgo: escuchar a los profesionales y ofrecerles espacios de confianza para expresar sus inquietudes; reconocer el esfuerzo y los logros mediante agradecimientos concretos, y actuar como ejemplo en cuestiones como la conciliación, la desconexión digital y el respeto al tiempo personal. El directivo, que dirige una plantilla de 135 trabajadores en Edenred España, defiende también la importancia de proporcionar autonomía, facilitar oportunidades de desarrollo y explicar a cada profesional cómo contribuye su actividad a los objetivos generales de la organización. El propósito es crear unas condiciones que permitan alcanzar los resultados empresariales sin comprometer el bienestar de los equipos. En la clasificación internacional, India ocupa la primera posición, con una puntuación de 73 puntos sobre 100. México y Perú aparecen a continuación, ambos con 72 puntos, mientras que Japón cierra la lista con 47. El estudio observa que los mercados de economías emergentes, especialmente en América Latina, suelen registrar mayores niveles de alegría laboral. Por su parte, la mayoría de los países europeos se sitúan en posiciones intermedias, un comportamiento que también refleja el resultado obtenido por España.

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(El País, 19-11-2026) | Laboral

El Gobierno entierra el registro horario pese a las promesas de aprobarlo antes de las elecciones

La aprobación del nuevo registro horario digital difícilmente llegará antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Pese a que Yolanda Díaz mantiene su intención de sacar adelante la reforma antes de que termine la legislatura, fuentes de Moncloa aseguran que el Gobierno no tiene previsto llevarla al Consejo de Ministros en las dos reuniones que quedan. El PSOE ha incorporado esta medida a su programa electoral, pero su aplicación queda aplazada a la próxima legislatura, siempre que los socialistas consigan reeditar una mayoría progresista. El proyecto de reforzar el control de la jornada laboral cobró protagonismo después de que el Congreso rechazara, el 10 de septiembre de 2025, la reducción de la jornada máxima a 37,5 horas semanales, una de las principales propuestas del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. Tras aquella votación, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que intentaría sacar adelante mediante decreto la parte de la reforma que permitía endurecer el registro horario. Desde su departamento defendían que un control digital efectivo, supervisado por la Inspección de Trabajo, podía contribuir a reducir las horas realmente trabajadas incluso más que una reducción legal de la jornada. Catorce meses después, la iniciativa continúa bloqueada por las discrepancias dentro del Ejecutivo. El programa electoral del PSOE recoge el compromiso de implantar un registro horario digital que refleje las jornadas efectivamente realizadas, garantice el derecho al descanso y a la desconexión digital y refuerce la Inspección de Trabajo para perseguir los incumplimientos. Díaz aprovechó la publicación de este documento para reclamar su aprobación inmediata y recordó que el texto normativo está preparado. También acusó a los socialistas de obstaculizar su tramitación y aseguró que podría aprobarse incluso este viernes si existiera voluntad política. Sin embargo, desde Moncloa insisten en que no está previsto someter la medida a aprobación antes de los comicios. La posición del PSOE es que se trata de un compromiso para la siguiente legislatura, mientras que la titular de Trabajo sigue defendiendo que todavía existe margen para sacarlo adelante antes de finalizar el mandato. Las diferencias entre Díaz y el área económica del Gobierno vienen de lejos. Uno de los principales obstáculos surgió en marzo, cuando el Consejo de Estado emitió un dictamen muy crítico con el proyecto. El órgano consultivo cuestionó su adaptación a las particularidades de los distintos sectores, la carga administrativa adicional que supondría para las pequeñas y medianas empresas y la utilización de un reglamento para introducir cuestiones que, a su juicio, requerirían una modificación legislativa. También los departamentos de Economía, Función Pública y Protección de Datos formularon objeciones a distintos aspectos de la propuesta. La ministra de Trabajo rechazó entonces las críticas y defendió la continuidad de la reforma, atribuyendo buena parte de las objeciones al análisis realizado por el Ministerio de Economía. En aquel momento aseguró que seguiría adelante con el nuevo registro horario, aunque posteriormente el tono del enfrentamiento se moderó. En julio, los ministerios de Economía y Trabajo anunciaron un entendimiento para intentar aprobar la reforma en septiembre. El compromiso pretendía responder también a las exigencias de los sindicatos, que habían advertido de que no continuarían negociando con el Ejecutivo si la iniciativa volvía a quedar aplazada. Sin embargo, el plazo tampoco se cumplió y el Gobierno volvió a retrasar su aprobación. Díaz no responsabilizó entonces públicamente al PSOE y retomó sus críticas este lunes, después de anunciar que retiraba su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo. El registro horario es obligatorio desde 2019, pero actualmente puede realizarse tanto en soporte digital como en papel. La reforma impulsada por Trabajo pretende que el sistema sea exclusivamente digital y que la Inspección pueda acceder directamente a los registros para comprobar en tiempo real el cumplimiento de la jornada laboral. El departamento de Díaz había anunciado que introduciría algunos ajustes técnicos para responder a las observaciones del Consejo de Estado sin alterar el contenido esencial del acuerdo alcanzado con los sindicatos. Entre las cuestiones pendientes figuraba el plazo de adaptación para las empresas: Trabajo defendía un periodo de seis meses, mientras que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, proponía ampliarlo a un año para las pymes. La patronal mantiene su rechazo al proyecto y comparte algunas de las objeciones planteadas por el Consejo de Estado. Considera que la reforma invade competencias legislativas y que debería debatirse en el Parlamento. Por este motivo, ha advertido de que recurrirá a los tribunales si el decreto se aprueba en los términos actuales. La propuesta, además, se ha alejado de su planteamiento inicial, que contemplaba incrementar las sanciones empresariales y calcularlas por cada trabajador afectado, en lugar de imponer una única multa por compañía. Esta modificación terminó descartándose al requerir respaldo legislativo. El debate sobre el control de la jornada cobra especial relevancia por el volumen de horas extraordinarias que se realizan en España. Según los cálculos del gabinete económico de CC OO a partir de la Encuesta de Población Activa, los asalariados trabajan una media de 6,43 millones de horas extraordinarias cada semana. De ellas, 2,54 millones, cerca del 40%, no reciben compensación, mientras que las 3,89 millones restantes sí son retribuidas o compensadas.

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(El País, 18-11-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba subir el salario mínimo un 5,3% y el sueldo de los funcionarios un 4,5%

A doce días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno ha concentrado en un mismo Consejo de Ministros la aprobación de varias medidas económicas y laborales. Entre ellas figuran el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, que subirá un 5,3% hasta alcanzar los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, y la actualización de las retribuciones de los empleados públicos, que crecerán un 4,5% el próximo año, con otro medio punto adicional durante el primer trimestre, de acuerdo con el pacto plurianual alcanzado anteriormente. La subida del SMI no necesita convalidación parlamentaria, pero sí deberán someterse a la Diputación Permanente el incremento salarial de los funcionarios y otras dos iniciativas aprobadas por el Ejecutivo: la modificación del IRPF para evitar que los perceptores del salario mínimo tengan que tributar y un decreto ley destinado a reforzar la transparencia retributiva en las empresas y endurecer las sanciones por incumplimiento. El incremento del salario mínimo supera la inflación interanual registrada en octubre, que fue del 4,9%, aunque se queda por debajo del 7% reclamado por las organizaciones sindicales. La rapidez con la que se ha tramitado la medida, la celebración de una única reunión con los agentes sociales y su coincidencia con el contexto de la huelga general por la vivienda han impedido que CC OO y UGT respalden formalmente esta nueva subida. Se trata de la primera ocasión en que ambas centrales sindicales no apoyan un aumento del SMI desde que Yolanda Díaz asumió el Ministerio de Trabajo. En un comunicado conjunto difundido este martes, UGT y CC OO reconocen el importante avance experimentado por el salario mínimo en los últimos años, pero reclaman al Gobierno que cumpla los compromisos adquiridos con los sindicatos en relación con el registro horario y la compensación y absorción de las subidas del SMI. Según fuentes del Ejecutivo, la segunda iniciativa no saldrá adelante durante lo que resta de legislatura, mientras que Trabajo mantiene su apuesta por sacar adelante la primera. El lunes, Díaz volvió a criticar al PSOE por no impulsar la regulación del control horario. La patronal tampoco ha respaldado este incremento ni la mayoría de las subidas anteriores. De hecho, únicamente apoyó la primera de las promovidas por Díaz. En esta ocasión, CEOE y Cepyme cuestionan que el aumento se apruebe antes de las elecciones y sin esperar a conocer su resultado. En ejercicios anteriores, las actualizaciones del salario mínimo solían aprobarse en torno al mes de febrero y con efectos retroactivos. Trabajo justifica el adelanto por su intención de evitar que la medida quede pendiente de un Gobierno en funciones. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha reprochado al Ejecutivo que celebre «dos consejos de ministros a la semana para hacer campaña electoral». La nueva cuantía supone un aumento de 65 euros mensuales, hasta los 1.286 euros. Desde 2018, año en que Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras la moción de censura, el SMI ha aumentado un 74%, pasando de 736 euros brutos al mes en 14 pagas. Durante el mismo periodo, los precios han subido alrededor de un 28%, lo que representa una mejora del poder adquisitivo del salario mínimo superior a 40 puntos porcentuales. Este suelo salarial tiene una incidencia especialmente elevada entre las mujeres, los jóvenes y la población inmigrante, así como en actividades como la agricultura, el trabajo doméstico y la hostelería. Las estimaciones oficiales sitúan en unos 2,5 millones el número de personas que perciben el SMI. Tras el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz ha defendido que los incrementos continuados del salario mínimo constituyen un éxito y han demostrado que no se han cumplido los pronósticos económicos que advertían de un posible deterioro de la economía española. El Gobierno también ha adelantado la aprobación del incremento salarial de los empleados públicos, que habitualmente se concretaba más adelante en el año. El Ejecutivo justifica esta decisión por la necesidad de evitar que la actualización de las nóminas quede en manos de un futuro Gobierno en funciones. Aunque el aumento coincide con la campaña electoral, su cuantía ya estaba recogida en el acuerdo plurianual firmado hace un año. El incremento inicial será del 4,5% y, según ha anunciado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, beneficiará a más de tres millones de empleados públicos. El ministro ha destacado que se trata de la mayor subida salarial desde 1992 y ha avanzado que el aumento efectivo será superior. A ese porcentaje se añadirá otro 0,5% correspondiente a 2026, condicionado a que la inflación interanual de ese ejercicio supere el 1,5%. Este compromiso forma parte del acuerdo suscrito con los sindicatos para elevar las retribuciones de los empleados públicos más de un 11% entre 2025 y 2028. La evolución definitiva del IPC se conocerá durante el primer trimestre del próximo año y, dado que se espera que supere ampliamente el umbral establecido, el incremento acumulado alcanzará previsiblemente el 5%. No obstante, desde el 1 de enero se aplicará inicialmente la subida del 4,5%. Función Pública calcula que el aumento supondrá 1.440 euros brutos adicionales al año para un administrativo, más de 1.900 euros para un policía nacional, más de 2.700 euros para un maestro, unos 3.700 euros para un médico y más de 4.000 euros para un juez. Por último, el Ejecutivo ha aprobado un decreto ley impulsado por el Ministerio de Trabajo que refuerza las obligaciones empresariales de información sobre las condiciones contractuales y salariales y aumenta las sanciones para las compañías que no faciliten los datos exigidos. Yolanda Díaz ha asegurado que con esta regulación se pone fin al secreto salarial en España. La iniciativa pretende avanzar en la aplicación de la directiva europea sobre igualdad retributiva, cuyo plazo de transposición finalizó el pasado 7 de junio, y amplía el derecho de los trabajadores a conocer las remuneraciones medias correspondientes a puestos de trabajo equivalentes, además de reforzar la información contenida en los registros salariales. La reforma incorpora también nuevas garantías para quienes realizan horas complementarias, es decir, las que se añaden a las pactadas en los contratos a tiempo parcial. Las empresas deberán comunicar su realización con al menos tres días de antelación. Si no respetan este plazo, el trabajador podrá rechazar las tareas asignadas sin sufrir consecuencias desfavorables. Asimismo, se endurecen los requisitos para establecer periodos de prueba superiores a seis meses, entre otras modificaciones. En materia de transparencia salarial, la norma reconoce a cada empleado un derecho individual a recibir información sobre las retribuciones, en lugar de limitar este acceso a través de la representación legal de los trabajadores. También declara nulas las cláusulas contractuales que impidan divulgar el propio salario. A ello se suma la incorporación expresa al Estatuto de los Trabajadores de una garantía de indemnidad que protege frente a cualquier trato desfavorable, perjuicio o represalia derivada del ejercicio o la reclamación de derechos laborales.

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(El Economista, 18-11-2026) | Laboral

Las oficinas de empleo solo encuentran trabajo a 7 de cada 1.000 demandantes al mes

La capacidad de los servicios públicos de empleo para facilitar la incorporación al mercado laboral continúa perdiendo eficacia. En octubre de 2026, solo 7,28 de cada 1.000 demandantes inscritos consiguieron un puesto de trabajo a través de una oferta gestionada por estas oficinas. La cifra supone un retroceso del 16,2% respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa un 52,6% por debajo del nivel registrado en 2007, antes de la crisis financiera. La intermediación directa no es el único instrumento para evaluar el funcionamiento de las políticas activas de empleo, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas, salvo en Ceuta y Melilla. También forman parte de ellas los programas de formación y orientación laboral. Sin embargo, el número de colocaciones conseguidas mediante ofertas tramitadas por las oficinas constituye uno de los indicadores más visibles de su eficacia, tanto para los trabajadores como para las empresas. La evolución histórica de los datos del SEPE muestra un deterioro prolongado. En octubre de 2007, 15,36 de cada 1.000 demandantes encontraban empleo a través de esta vía. La crisis económica redujo la proporción hasta 4,32 en 2012, mientras que la posterior recuperación permitió elevarla a 8,36 en 2019 y a 8,62 en 2022, una vez aprobada la reforma laboral. En febrero de 2023 entró en vigor una nueva Ley de Empleo, concebida para mejorar la eficacia de las políticas activas y ampliar los servicios garantizados a las personas que buscan trabajo. Sin embargo, la tasa de colocación descendió hasta 7,87 en octubre de ese año. El pasado ejercicio se alcanzaron 8,69 colocaciones por cada 1.000 demandantes, el mejor resultado para ese mes desde 2009. No obstante, en octubre de 2026 el indicador ha vuelto a retroceder hasta 7,28, con 30.635 personas contratadas a través de las oficinas frente a 4,21 millones de inscritos. Aunque el deterioro se concentra especialmente en septiembre y octubre, la tasa media de los últimos doce meses apenas ha disminuido un 1,2%. Una de las circunstancias que condicionan estos resultados es el cambio en la contratación provocado por la reforma laboral, que restringió el uso de los contratos temporales y favoreció su sustitución por fijos discontinuos. Esta modalidad ha pasado de registrar una media de 21.903 contratos mensuales en 2019 a 184.869 en los últimos doce meses, lo que supone multiplicar su volumen por 8,4. La diferencia radica en que los trabajadores fijos discontinuos se reincorporan a sus puestos mediante un llamamiento de la empresa, sin necesidad de formalizar un nuevo contrato ni tramitar una oferta a través de los servicios públicos de empleo. Por este motivo, desde mayo de 2022 el SEPE contabiliza más colocaciones que contratos registrados, con una diferencia media de 388.437 al mes durante el último año. Estas reincorporaciones no pasan por las oficinas de empleo y, por tanto, no se contabilizan como intermediación directa. Este fenómeno influye en las estadísticas por dos motivos. El primero es el aumento de las personas inscritas que mantienen una relación laboral. Se trata de demandantes que tienen un contrato vigente y, por tanto, no figuran como desempleados. En 2007 eran 102.631 y en 2019 alcanzaban los 239.701, el 5,4% del registro. En septiembre de 2026 sumaban ya 802.580, el 19,1% del total. Este colectivo explica casi 700.000 de los 1,19 millones de inscritos adicionales respecto a antes de la crisis financiera, frente a un incremento de 362.142 personas desempleadas. Entre ellos figuran numerosos trabajadores fijos discontinuos que permanecen inscritos mientras esperan ser llamados para reincorporarse, aunque las estadísticas del SEPE no permiten identificar cuántos pertenecen a esta modalidad ni cuántos buscan simultáneamente otro empleo. Su presencia distorsiona a la baja la tasa general de colocación, puesto que el indicador se calcula sobre el conjunto de demandantes inscritos, incluidos quienes ya tienen una relación laboral, mientras que las colocaciones se contabilizan por separado. Si se excluye a estas personas, la evolución resulta diferente. En octubre de 2025, las oficinas consiguieron 36.227 colocaciones, prácticamente las mismas que en 2019, cuando fueron 36.848. Sin embargo, el número de inscritos sin relación laboral había descendido de 4,17 a 3,43 millones. Al calcular las colocaciones únicamente sobre este último grupo, la tasa alcanzó 10,57 por cada 1.000 demandantes en octubre de 2025 y se sitúa ahora en 8,99. Este resultado es un 1,7% superior al de 2019. No obstante, no significa que las oficinas estén encontrando trabajo a más personas, ya que las estadísticas no permiten determinar si quienes consiguen una colocación tenían previamente otro empleo. En cualquier caso, el descenso registrado en octubre de 2026 también se mantiene cuando se excluye a los inscritos con relación laboral: la tasa cae un 14,9% respecto al mismo mes del año anterior. El segundo efecto de la reforma laboral se aprecia en la reducción de las ofertas que llegan a los servicios públicos de empleo. Algunas campañas agrícolas que anteriormente recurrían a la contratación de temporeros a través de estas oficinas se cubren ahora mediante llamamientos a trabajadores fijos discontinuos. En el conjunto del país, la proporción de vacantes agrarias cubiertas ha pasado del 98% en 2019 al 61,4% en los últimos doce meses. En Andalucía, los puestos del campo cubiertos mediante esta intermediación han descendido de 750 a 254 mensuales, una caída del 66,1%. A estas dificultades se añade la falta de desarrollo reglamentario de una de las principales obligaciones recogidas en la Ley de Empleo de 2023. La norma estableció que las empresas debían comunicar sus vacantes a los servicios públicos, una medida que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reclamaba desde 2019, cuando ya calificaba de marginal el papel de estas oficinas en el ajuste entre la oferta y la demanda laboral. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha aprobado el reglamento necesario para aplicar esta obligación y la legislación tampoco contempla sanciones por incumplirla. En la práctica, informar de las vacantes continúa siendo voluntario, por lo que las empresas recurren a las oficinas cuando consideran que pueden resultarles útiles y prescinden de ellas cuando encuentran otros canales de contratación más eficaces. El resultado es que el volumen de ofertas comunicadas se ha reducido considerablemente. En octubre se registraron 46.867 vacantes, un 49% menos que en el mismo mes de 2007, pese a que el número de demandantes inscritos ha aumentado un 39,5%. Actualmente se ofrecen 11,1 puestos por cada 1.000 inscritos, frente a los 30,5 de hace casi dos décadas. Si el cálculo se realiza únicamente sobre las personas desempleadas, la proporción también ha disminuido, desde las 45,6 vacantes por cada 1.000 parados en 2007 hasta las 19,7 actuales. La caída de las ofertas también explica parte del retroceso de los dos últimos meses. Las vacantes comunicadas disminuyeron un 11% en septiembre y un 12,9% en octubre respecto a los mismos meses de 2025, aunque los datos disponibles no permiten determinar las causas de esta reducción. Las ofertas procedentes de los programas públicos de empleo constituyen una excepción, ya que las administraciones están obligadas a utilizar los servicios públicos para seleccionar a sus trabajadores. En los últimos doce meses, el sector público cubrió el 93,2% de los puestos que comunicó, mientras que en el resto de actividades la proporción se situó en el 61,5%, frente al promedio del 71% registrado en 2019. Por último, la Ley de Empleo contempla la creación de una tasa oficial de intermediación que permita medir cuántas personas encuentran trabajo gracias a los servicios públicos. Su desarrollo reglamentario está previsto para el primer trimestre de 2027. Hasta que se apruebe, España seguirá sin disponer de un indicador oficial que permita evaluar con precisión la eficacia de las oficinas en la búsqueda de empleo.

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(Expansión, 17-11-2026) | Laboral

Las pensiones: un "rescate" de 350.000 millones en diez años

La falta de ingresos procedentes de las cotizaciones sociales para cubrir el conjunto de las prestaciones de la Seguridad Social obliga al Estado a recurrir cada año a los recursos de los impuestos para financiar el sistema. La sostenibilidad de las pensiones constituye uno de los principales desafíos económicos, tanto por su dimensión financiera como por la ausencia de propuestas concretas de los partidos políticos para corregir el desequilibrio. Las cifras de las transferencias estatales a la Seguridad Social reflejan la magnitud del problema. Entre 2016 y 2025, el Estado ha aportado un total de 351.331 millones de euros para evitar que el déficit del sistema siga aumentando. El Gobierno defiende que la financiación de las pensiones mediante ingresos tributarios es habitual en otros países de la Unión Europea. Sin embargo, en España, el volumen de estas aportaciones ha crecido de manera muy significativa. Las previsiones de la Airef apuntan a que en 2050 podrían alcanzar cerca de 85.000 millones de euros anuales. El incremento de las transferencias presupuestarias responde al crecimiento de los gastos, que avanzan a un ritmo superior al de los ingresos ordinarios por cotizaciones sociales. En 2025, las aportaciones del Estado sumaron 52.924 millones de euros, un 192% más que en 2018, cuando ascendieron a 18.081 millones, antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Tres factores explican principalmente esta evolución. El primero fue la pandemia, que obligó a reforzar los recursos de la Seguridad Social para financiar prestaciones extraordinarias y bonificaciones de cotizaciones vinculadas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El segundo está relacionado con la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que comenzó a aplicarse en 2019 y quedó consolidada legalmente con la reforma de la Seguridad Social de 2021. A estos elementos se suma el aumento del gasto en prestaciones por incapacidad temporal, derivadas de las bajas laborales, cuya factura superó los 18.000 millones de euros en 2025. Una nota publicada por Fedea, basada en un estudio del investigador de la Universidad de las Hespérides Santiago Calvo, cuestiona que la situación financiera del sistema pueda considerarse sostenible, pese a que la Seguridad Social continúe abonando con normalidad las prestaciones. El análisis sitúa el déficit contributivo en torno al 4% del PIB. El investigador considera que los argumentos utilizados por el Gobierno para defender la solidez del sistema de pensiones no son necesariamente incorrectos, pero que, considerados en su conjunto, ofrecen una visión parcial de su situación financiera. Entre ellos figuran el Fondo de Reserva, que el Ministerio de Seguridad Social cifra en unos 20.000 millones de euros, las evaluaciones favorables de la Airef sobre el cumplimiento de la regla de gasto y los máximos históricos de afiliación, con 22,4 millones de cotizantes y una relación de 2,51 trabajadores por pensionista. Calvo matiza que estos datos no permiten afirmar que el sistema esté al borde de la quiebra. Un modelo de reparto respaldado por el Estado puede seguir haciendo frente a sus obligaciones mientras las administraciones públicas estén en condiciones de cubrir sus desequilibrios y los mercados mantengan la financiación de la deuda necesaria para ello. A esta situación se añade el aumento de la deuda de la Seguridad Social con el Estado, que pasó de 18.500 millones de euros en 2016 a 116.000 millones en 2025, equivalentes a unos 136.000 millones en euros corrientes. Este endeudamiento está relacionado con los préstamos presupuestarios que el Estado concede al sistema, por un importe aproximado de 10.000 millones de euros, y que se utilizan en los últimos años para financiar, entre otros compromisos, alguna de las pagas extraordinarias de las pensiones. A diferencia de las transferencias, estos préstamos sí quedan registrados como pasivo.

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(Expansión, 17-11-2026) | Laboral

La baja por ansiedad de un trabajador agredido por un compañero es accidente laboral

El Tribunal Supremo ha puesto fin al procedimiento judicial en el que la empresa guipuzcoana Goki Erreformak SL intentaba evitar que se reconociera como accidente laboral la baja médica de un trabajador que desarrolló un trastorno adaptativo con ansiedad después de sufrir una agresión física por parte de un compañero. La Sala de lo Social ha inadmitido el recurso presentado por la compañía, por lo que queda confirmado el criterio del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que reconoció el origen profesional de la patología. El TSJPV consideró probado que el trastorno psicológico que provocó la incapacidad temporal del empleado tuvo su origen directo en la agresión sufrida en el lugar de trabajo. La decisión del Supremo supone así un nuevo revés para la empresa, que pretendía modificar la calificación de la contingencia y desvincular la baja médica de la actividad profesional. La consideración de una incapacidad temporal como accidente de trabajo, en lugar de enfermedad común, tiene consecuencias económicas para la empresa, aunque no implica que deba hacerse cargo de todo el coste de la prestación. La compañía asume el abono del primer día de baja, mientras que, desde el día siguiente, el trabajador percibe el 75% de la base reguladora. En las bajas por enfermedad común, la prestación es del 60% de la base reguladora entre el cuarto y el vigésimo día. Tras conocerse la resolución, el responsable de Salud Laboral de CCOO de País Vasco, Alfonso Ríos, criticó la actuación de Goki Erreformak SL. El representante sindical reprochó a la compañía que, según el TSJPV, no hubiera dedicado los recursos necesarios para implantar las medidas preventivas que requería la situación del trabajador agredido, mientras que sí había destinado medios a recurrir ante el Supremo para intentar evitar que el episodio fuera calificado como accidente laboral. Según explican los especialistas de PayFit, para que una baja médica tenga la consideración de accidente de trabajo debe existir una relación causal entre la lesión y el desempeño profesional. Esta vinculación puede derivarse de un suceso ocurrido en el centro de trabajo, durante el ejercicio de las funciones laborales, en desplazamientos por motivos profesionales o en los trayectos de ida y vuelta al puesto de trabajo, conocidos como accidentes in itinere. En las incapacidades temporales derivadas de contingencias comunes no se exige un periodo mínimo de cotización para acceder a la prestación. Por otra parte, cuando un accidente laboral se produce por la falta de medidas de protección reglamentarias, las prestaciones económicas pueden incrementarse entre un 30% y un 50%, en concepto de recargo de prestaciones, siempre que se acrediten los requisitos legales para su aplicación.

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(El País, 17-11-2026) | Laboral

Los salarios de la banca multiplican hasta por cuatro los del sector servicios, la hostelería y el comercio

Las diferencias salariales entre sectores económicos son muy acusadas en España. Los trabajadores de las entidades financieras y aseguradoras cobran, de media, más del doble que los empleados del comercio y el transporte y hasta cuatro veces más que los ocupados en algunas ramas de los servicios. En 2025, los cerca de 390.000 asalariados del sector financiero y asegurador percibieron una remuneración media anual de 53.251 euros. En cambio, los 4,6 millones de trabajadores del comercio y el transporte cobraron 24.111 euros, mientras que los casi 2,8 millones de empleados de otros servicios y actividades de ocio registraron una media de 14.867 euros. Estas diferencias figuran en la estadística del Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, que la Agencia Tributaria ha actualizado con los datos correspondientes a 2025. La información recoge los resultados de todas las provincias españolas, salvo las del País Vasco y Navarra, que disponen de sistemas tributarios propios. Por detrás de las actividades financieras y aseguradoras, que encabezan la clasificación salarial, se sitúan los sectores de información y comunicaciones, con una media de 40.036 euros anuales, y las industrias extractivas, la energía y el agua, con 34.839 euros. Los servicios sociales alcanzaron los 31.009 euros y la industria, los 30.427. En el extremo inferior aparecen la construcción y las actividades inmobiliarias, con 24.379 euros; los servicios a empresas, con 23.551; otros servicios y ocio, con 14.867, y la agricultura y la pesca, con 12.073 euros. Las diferencias no solo se producen entre actividades, sino también dentro de cada sector en función de la provincia. En el ámbito financiero, Madrid registra la remuneración media más elevada, con 70.482 euros anuales, prácticamente el doble que Badajoz, que ocupa la última posición en esta actividad. La capital también lidera los salarios del comercio y el transporte, con una media de 31.000 euros, mientras que Huelva se sitúa en el extremo opuesto, con cerca de 16.000 euros. También se observan contrastes importantes en las distintas ramas de los servicios. En las actividades personales y de ocio, los salarios medios de Baleares casi duplican los de Jaén. En los servicios a empresas, Madrid vuelve a encabezar la clasificación provincial y Jaén registra las remuneraciones más bajas. Por su parte, en los servicios sociales, los salarios medios de Ceuta y Melilla superan en más de 15.000 euros anuales a los de las dos provincias extremeñas. La comparación entre territorios y actividades permite apreciar la amplitud de estas diferencias. Madrid, que presenta el salario medio general más alto entre las provincias incluidas en la estadística, también registra la mayor remuneración del sector financiero. En el otro extremo, Jaén, que ocupa la última posición en el promedio general, concentra los salarios más bajos de toda la tabla en los servicios personales y de ocio. La distancia entre ambos registros supera los 59.000 euros anuales. En otras actividades también aparecen diferencias territoriales destacadas. Las industrias extractivas, la energía y el agua alcanzan sus salarios más elevados en Madrid, mientras que Cuenca presenta las remuneraciones más bajas. En la construcción y las actividades inmobiliarias, las diferencias son menos pronunciadas, aunque siguen siendo relevantes. La agricultura muestra uno de los contrastes más acusados: Cantabria supera los 23.000 euros de salario medio anual, frente a los poco más de 5.000 euros de Jaén. Para interpretar correctamente estos datos es necesario tener en cuenta el alcance de la estadística de la Agencia Tributaria. Las cifras reflejan la remuneración media anual percibida por cada asalariado, pero no el salario por hora ni el equivalente a una jornada completa. El cálculo incluye, por tanto, a trabajadores a tiempo parcial y a personas que solo han estado ocupadas durante una parte del ejercicio. Este factor tiene especial incidencia en actividades caracterizadas por la temporalidad y el empleo estacional. La agricultura constituye un ejemplo significativo. La estadística contabiliza una media nacional de 2,39 percepciones salariales por persona durante el año, lo que evidencia la fragmentación de los ingresos a lo largo del ejercicio. En Jaén, el salario medio anual de esta actividad se sitúa en 5.263 euros, con 4,2 percepciones por trabajador. Esta cantidad no equivale necesariamente al sueldo de una persona que haya trabajado a jornada completa durante los doce meses, sino que refleja en buena medida la concentración del empleo en campañas y periodos determinados. En cambio, las entidades financieras y aseguradoras y la industria registran cerca de 1,2 percepciones por asalariado a escala nacional, un dato que apunta a una mayor continuidad en el empleo. La composición de las plantillas y las características de los puestos de trabajo también ayudan a explicar las diferencias salariales. Las actividades financieras y aseguradoras concentran ocupaciones que suelen exigir una mayor cualificación y especialización, mientras que el comercio y buena parte de los servicios personales agrupan empleos más diversos, con una presencia superior de salarios reducidos, jornadas parciales y trabajo estacional. Las diferencias de productividad entre sectores constituyen otro factor relevante, aunque la estadística no permite determinar el peso concreto de cada elemento. En términos generales, los datos de 2025 sitúan la remuneración media anual en 28.685 euros para un colectivo cercano a los 17 millones de asalariados. Por su parte, los aproximadamente 9,2 millones de pensionistas incluidos en la estadística recibieron una prestación media de 20.752 euros anuales.

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(El País, 17-11-2026) | Laboral

El Gobierno aprobará la subida del sueldo de los funcionarios para 2027 y eleva las sanciones a las empresas que oculten información contractual o salarial a sus empleados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un incremento de las retribuciones de los empleados públicos para el próximo año del 4,5%. Durante una entrevista en Telecinco, el jefe del Ejecutivo también ha confirmado que el Gobierno dará luz verde a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), tal como había avanzado horas antes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sánchez ha defendido las medidas adoptadas por su Ejecutivo frente a lo que considera un retroceso en las políticas sociales y económicas que podría producirse con un Gobierno del PP y Vox. Como ejemplo, ha destacado el aumento del salario mínimo registrado durante los últimos ocho años. La subida del SMI aprobada por el Gobierno será del 5,3%, hasta situarlo en 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 18.004 euros anuales. A este incremento se sumará la mejora salarial de los empleados públicos, por lo que, según ha señalado Sánchez, alrededor de cinco millones de trabajadores se beneficiarán de ambas decisiones. Si se añade la actualización de las pensiones conforme a la evolución del IPC, el número de ciudadanos que verán aumentar su poder adquisitivo ascenderá a unos 15 millones. A esta mejora se sumará, durante el primer trimestre de 2027, otro 0,5% correspondiente a la desviación de la inflación del año pasado, una compensación que ya estaba prevista en el acuerdo con los sindicatos y que dejaría la revisión en el 5% anunciado en octubre de este año. El Consejo de Ministros de este martes aprobará, además de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, un conjunto de medidas laborales promovidas por el Ministerio de Trabajo mediante un decreto-ley. El Ejecutivo confía en que estas disposiciones obtengan posteriormente el respaldo de la Diputación Permanente. Entre las principales novedades figura el endurecimiento de las sanciones a las empresas que incumplan sus obligaciones de información sobre las condiciones contractuales y salariales de sus trabajadores. La reforma también pretende reforzar la transparencia retributiva y avanzar en la adaptación de la legislación española a una directiva europea sobre igualdad salarial que debería haberse incorporado al ordenamiento jurídico antes del 7 de junio. La nueva regulación reconocerá a todos los trabajadores el derecho a conocer los salarios medios de otros empleados que desempeñen puestos equivalentes, así como a acceder a información más detallada sobre los registros retributivos. Este derecho se aplicará a todas las relaciones laborales, con independencia de su duración, y dejará de estar limitado a los contratos de más de cuatro semanas. El proyecto también introduce nuevas obligaciones en los procesos de selección. Las ofertas de empleo deberán especificar la retribución inicial correspondiente al puesto, las empresas no podrán preguntar a los candidatos por su historial salarial y tanto los anuncios de vacantes como las denominaciones de los puestos deberán utilizar un lenguaje neutro en materia de género. El objetivo de Trabajo es evitar diferencias salariales injustificadas por la realización de trabajos de igual valor. Uno de los cambios más relevantes afecta al régimen sancionador. La falta de información sobre aspectos esenciales del contrato dejará de considerarse una infracción leve y pasará a calificarse como grave. De esta manera, las multas podrán elevarse desde los actuales 750 euros hasta un máximo de 7.500 euros. También tendrán la consideración de infracciones graves los incumplimientos de las obligaciones relacionadas con los planes de igualdad. Por su parte, determinadas conductas empresariales pasarán a considerarse infracciones muy graves. Entre ellas se encuentra solicitar a los candidatos información personal o datos cuyo requerimiento esté prohibido durante los procesos de contratación o de promoción y cambio de puesto dentro de la empresa. El paquete normativo incluye asimismo un decreto específico para reforzar la transparencia salarial. La norma permitirá que cualquier empleado pueda conocer las retribuciones medias de los puestos equivalentes y obligará a las empresas a ofrecer información más amplia sobre los criterios utilizados para determinar los salarios y los ascensos. También se reforzarán las auditorías retributivas y los mecanismos de seguimiento de la brecha salarial. La iniciativa modifica distintos aspectos del real decreto de 2020 que ya había ampliado las obligaciones empresariales en esta materia. La reforma pretende reducir las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres. Según los datos del INE correspondientes a 2024, el salario bruto mensual medio de las mujeres se situó en 2.163 euros, frente a los 2.593 euros de los hombres. Esto significa que las trabajadoras percibieron, de media, el 83% de la remuneración masculina. Trabajo considera que facilitar el acceso a la información salarial puede mejorar la capacidad de negociación de las empleadas y contribuir a corregir estas desigualdades. La iniciativa responde a la obligación de incorporar al ordenamiento español la directiva europea sobre transparencia retributiva, cuyo plazo de transposición expiró el pasado 7 de junio. Aunque el Ministerio de Trabajo mantuvo conversaciones con los interlocutores sociales, no logró cerrar un acuerdo formal. No obstante, las organizaciones sindicales consideran que el planteamiento del departamento dirigido por Yolanda Díaz se aproxima a algunas de sus reivindicaciones. El Gobierno aprovechará también para aprobar una parte de la transposición pendiente de la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. La mayor parte de esta normativa se incorporó a la legislación española a principios de septiembre, mediante el correspondiente real decreto, que introdujo, entre otras medidas, mayores restricciones a los periodos de prueba superiores a seis meses.

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