(Expansión, 23-06-2025) | Laboral

Trabas en el cambio de cotización de los mutualistas para mejorar su pensión

La eliminación de la opción de cotizar a través de los colegios profesionales a partir de 2027 se ha convertido en el principal obstáculo para aprobar la pasarela al RETA que los grupos parlamentarios están negociando. La propuesta del Ministerio de Seguridad Social, respaldada por el PSOE, contempla permitir que los autónomos que actualmente cotizan solo a través de su mutualidad profesional -como es el caso mayoritario de los abogados- puedan trasladar sus fondos acumulados al sistema público a cambio de años de cotización al RETA. Sin embargo, Junts se opone a que sea obligatorio integrarse en el sistema público a partir de 2027. Este mecanismo de transición, conocido como "pasarela al RETA", busca ofrecer una salida a miles de profesionales que han estado cotizando exclusivamente a sus mutualidades, acumulando fondos que en muchos casos no garantizan una pensión suficiente. El objetivo es permitirles integrarse en el sistema de la Seguridad Social, que ofrece una mayor protección en la jubilación, incluyendo revalorización de pensiones con el IPC y acceso a complementos a mínimos, que actualmente percibe un tercio de los autónomos del RETA. Desde la aprobación inicial de la proposición de ley del PSOE en mayo, los grupos han seguido negociando en la Comisión de Trabajo del Congreso para definir los detalles de la reforma, que ya ha superado el debate de totalidad (presentado únicamente por Vox). En su cuarta prórroga, los partidos siguen debatiendo enmiendas parciales, con especial atención al diseño del mecanismo de conversión de fondos en años de cotización. El PSOE propone un coeficiente general del 0,77, con un mínimo del 0,67 y un máximo del 0,87. Esto quiere decir que el dinero aportado a las mutualidades podría convertirse en años de cotización al RETA, aunque siempre con un valor algo inferior al que habría supuesto si se hubiera cotizado directamente al sistema público. No obstante, este intercambio de fondos no es el punto más conflictivo del debate. Una medida más polémica es la propuesta de que todos los mutualistas alternativos tengan que aumentar su cotización hasta el 100% de la base mínima del RETA en un plazo de tres años. Pero el elemento más controvertido es la supresión total del sistema alternativo a partir de 2027, lo que obligaría a todos los profesionales afectados a integrarse en el RETA. Esto afectaría especialmente a las siete mutualidades que actualmente ofrecen un régimen alternativo, entre ellas la Mutualidad de la Abogacía -la más numerosa, con unos 55.000 afiliados- y otras como las de procuradores, arquitectos, ingenieros y médicos. Estas organizaciones no se oponen a que sus miembros tengan la opción de pasarse al sistema público, pero defienden que se mantenga la libertad de elegir entre ambos modelos. Este punto ha generado divisiones políticas. Junts ya advirtió durante el debate de admisión a trámite que no comparte la imposición de cotizar obligatoriamente al RETA, y defiende la convivencia de un sistema de previsión alternativo fortalecido junto al público. En cambio, otros socios del Gobierno sí apoyan el fin del sistema alternativo. El papel del PP puede ser decisivo para el futuro de la norma, aunque por ahora no se ha pronunciado sobre esta cuestión concreta. Lo que sí ha criticado es el procedimiento utilizado por el Ejecutivo para tramitar la reforma, acusándolo de recurrir a una proposición de ley para evitar los informes técnicos y jurídicos que exige un proyecto de ley.

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(Expansión, 23-06-2025) | Laboral

CCOO anuncia movilizaciones para que los grupos políticos negocien la reducción de jornada

El recién reelegido secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha anunciado este sábado que el sindicato, junto a UGT, organizará movilizaciones en las próximas semanas para presionar a los partidos políticos y evitar que la reducción de la jornada laboral se descarte sin debatirse en el Congreso. En su primer discurso tras ser confirmado para un nuevo mandato de cuatro años al frente del sindicato, Sordo ha expresado con firmeza su compromiso de "señalar a quienes pretendan legislar en contra de los intereses de la mayoría social", refiriéndose a los intentos de bloquear la tramitación del proyecto de ley sobre la jornada laboral. Actualmente, la norma se enfrenta a tres enmiendas a la totalidad presentadas por PP, VOX y Junts. Si alguna de ellas es aprobada, la iniciativa sería devuelta al Ejecutivo. Por ello, Sordo ha adelantado que propondrá este lunes a UGT una estrategia conjunta para ejercer presión tanto desde la calle como en otros ámbitos institucionales. "La mayoría social apoya la reducción de jornada. Lo importante es hacer visible la contradicción entre esa voluntad popular y la posición de algunos partidos, para que asuman el coste reputacional que tendría bloquear la medida", ha señalado en rueda de prensa. Sordo también ha criticado el planteamiento de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien aseguró esta semana que la ley podría no aprobarse en la primera votación, pero sí en intentos posteriores. "CCOO no acepta que la reducción de jornada se quede en el camino. Lo pactado debe tramitarse, con las negociaciones necesarias", ha subrayado, recordando además que las predicciones negativas sobre la reforma laboral no se cumplieron. Uno de los próximos desafíos que afrontará el líder sindical será la aprobación del Estatuto del Becario, una norma que lleva dos años de retraso y que, según Sordo, es ya una "demanda urgente". Aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que su aprobación es inminente, Sordo se muestra cauto: "Hasta que no lo vea publicado, no lo creeré". En cambio, ve muy complicado sacar adelante una reforma del despido, ya que no existiría una mayoría suficiente para aprobarla. A su juicio, formaciones como Junts y PNV no estarían dispuestas a participar en esa negociación. No obstante, considera que los recientes pronunciamientos judiciales que recogen las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el encarecimiento del despido podrían generar inseguridad jurídica que acabe empujando a la patronal a negociar. "Las propias empresas acabarán presionando a la CEOE para sentarse a negociar", ha afirmado, asegurando que CCOO está dispuesta a dar la batalla "centro de trabajo por centro de trabajo". "Algunos casos los perderemos, pero otros los ganaremos. Si se logra una legislación, perfecto; si no, será una lucha caso por caso", ha sentenciado. Durante su intervención, Sordo también ha hecho un llamamiento a alcanzar un acuerdo histórico en favor del progreso social y la consolidación democrática, lo que, según él, exige una lucha firme contra la corrupción, sin importar a quién afecte. "Pedimos transparencia total para poner freno a esta lacra", ha recalcado. Asimismo, ha criticado la presión de Estados Unidos para que Europa aumente su gasto militar, ya que, a su juicio, esto no solo implica comprar armamento estadounidense, sino que también forma parte de una estrategia para resolver el déficit comercial de EE.UU. a través de políticas arancelarias. En el cierre del congreso, con la guerra entre Israel y Palestina como telón de fondo, Sordo también ha reivindicado la necesidad de enfrentar la crisis de acceso a la vivienda, ha defendido con fuerza los derechos de las personas migrantes y ha reiterado su compromiso con la igualdad. "Rechazamos todas las formas de violencia contra las mujeres, pero especialmente la prostitución", ha afirmado. "Aunque existen múltiples formas de explotación, solo hay un caso en el que el cuerpo de la mujer se convierte literalmente en el lugar de trabajo: eso es inaceptable en una sociedad que se considere sana".

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(El Economista, 23-06-2025) | Laboral

Las pensiones de los nuevos jubilados superan en un 123% al salario más común

Las pensiones de quienes acceden por primera vez al sistema público ya representan un 123,4% del salario más habitual en España, según recoge el último informe elaborado por el think-tank Fedea junto con el Consejo General de Economistas (CGE), titulado La situación económica de los jóvenes en España. El estudio también destaca la creciente desigualdad entre generaciones: desde 2008, los ingresos de los jóvenes han caído un 10%, mientras que los mayores de 65 años han experimentado un aumento del 8% en su renta. Los datos muestran que las nuevas pensiones no solo superan con creces el salario más común, sino que también rebasan ligeramente el salario mediano (en un 2,4%), situándose en el 102,4% del mismo. No obstante, aún quedan por debajo del salario medio, representando el 84,8%. En el conjunto del sistema, la pensión media equivale al 107,3% del salario más habitual, al 89% del mediano y al 73,8% del salario promedio. Para este análisis, Fedea y el CGE tomaron como referencia la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, actualizada por última vez en mayo de 2023. Según este estudio, el 25,6% de los trabajadores percibieron entre 14.000 y 20.000 euros anuales. En concreto, el salario mediano fue de 23.349 euros brutos anuales, el más habitual de 15.574,85 euros, el segundo más común de 19.500,29 euros, y el salario medio de 28.049,94 euros. El INE explica que esta diferencia entre los distintos valores salariales se debe a que hay muchos más trabajadores concentrados en las franjas de sueldos bajos que en los tramos altos, lo que provoca que el salario medio sea más elevado que el mediano y el más frecuente. A finales de 2023, la pensión media se situó en 1.379,39 euros mensuales, lo que equivale a 19.311,46 euros anuales con las 14 pagas. Sin embargo, los nuevos jubilados de ese mismo año accedieron al sistema con una pensión media de 1.453,14 euros al mes, es decir, 20.343,96 euros al año. Es importante tener en cuenta que tanto salarios como pensiones han aumentado desde 2023. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha incrementado un 5% en 2023 y un 4,4% en 2024. Por su parte, los sueldos pactados por convenio colectivo subieron un 3,46% en 2023, un 3,07% en 2024 y, según los datos de mayo, un 3,35% en 2025. Las pensiones, en tanto, se revalorizaron un 3,8% en 2024 y un 2,8% en 2025. Por otro lado, las pensiones de los nuevos beneficiarios del sistema han crecido un 6% en el último año, lo que supone un incremento del 15% respecto a 2023. Este aumento se explica por la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación, con trayectorias laborales más largas y sueldos más altos que las generaciones anteriores. Actualmente, el 80% de los nuevos pensionistas provienen del régimen general como asalariados, y ya acceden con pensiones de alrededor de 1.674,81 euros al mes. Uno de los factores clave en el aumento del gasto en pensiones es el llamado "efecto sustitución", es decir, la diferencia entre la pensión que reciben los nuevos jubilados y la que dejan de percibir los fallecidos. En 2024, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), este efecto representa 1,2 puntos porcentuales del aumento total del gasto en pensiones (estimado en un 5,8%). Se espera que este impacto se mantenga entre 0,7 y 0,9 puntos porcentuales anuales hasta 2029. Los últimos datos del Ministerio reflejan que en abril de 2024 los nuevos jubilados comenzaron a cobrar una pensión media de 1.562,15 euros al mes, es decir, unos 21.870 euros anuales con 14 pagas. En cambio, las personas que salieron del sistema (por fallecimiento u otras causas) percibían una pensión de 1.324,24 euros mensuales, equivalentes a 18.539 euros anuales. Esto significa que las nuevas pensiones fueron un 11,6% superiores a las que se dieron de baja, lo que supone una diferencia de 3.330 euros anuales y 238 euros mensuales. Se trata del mayor desfase registrado para un mes de abril desde 2022, cuando se aplicó por primera vez la revalorización de pensiones vinculada al IPC en el marco de la reforma del sistema.

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(El Confidencial, 23-06-2025) | Laboral

Buscar trabajo en verano será más difícil: hay menos empresas que prevén contratar

Si estás buscando empleo para este verano, es posible que lo tengas un poco más difícil que el año pasado. Según el informe Proyección de Empleo de la consultora ManpowerGroup, ha disminuido el número de empresas que tienen previsto contratar personal en comparación con 2024. La previsión neta de empleo, que resulta de restar el porcentaje de empresas que planean despedir al de las que quieren contratar, se sitúa en un 11% para el tercer trimestre de 2025, lo que supone una bajada de cuatro puntos respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzó el 15%. "El dato neto refleja claramente que las empresas están siendo más cautelosas con sus planes de contratación respecto al trimestre anterior", explica Luis Miguel Jiménez, director general de Manpower España. El estudio muestra que este verano habrá menos empresas dispuestas a contratar que el año pasado. En cifras, un 33% de las compañías afirma que incrementará su plantilla entre julio y septiembre de 2025, mientras que en el verano de 2024 ese porcentaje era del 37%. "Muchas organizaciones están optando por ser más prudentes debido a la situación económica actual y a la incertidumbre a nivel mundial. En lugar de ampliar personal, se está apostando por mejorar la eficiencia interna", comenta Óscar Cebollero, responsable de Perm Recruitment Services en Hays España. Este descenso en contrataciones se ve acompañado de un aumento en el número de empresas que mantendrán su plantilla sin cambios. Este verano, el 46% de las compañías españolas no prevé ni contratar ni despedir, frente al 41% del año pasado. En cambio, el porcentaje de empresas que planea hacer despidos se mantiene constante: dos de cada diez organizaciones prevén reducir su personal tanto en 2025 como lo hicieron en 2024 durante este mismo periodo. ¿Por qué se reduce la contratación? Uno de los principales factores que explican este descenso en las previsiones de contratación es la automatización de procesos, que ya supera a la incertidumbre global como causa principal. Según el informe, el 36% de las empresas señala la automatización como motivo de no contratar, mientras que el 30% menciona la incertidumbre económica internacional. El auge de herramientas como la Inteligencia Artificial, que permite automatizar cada vez más tareas, está teniendo un papel protagonista en esta decisión empresarial. Cebollero también menciona que esta menor demanda de personal responde a "una combinación de procesos de reestructuración interna y la automatización". Aun así, la incertidumbre sigue siendo un factor relevante. Tres de cada diez empresas citan el contexto global como razón para no incorporar nuevos trabajadores. "El escenario internacional tiene un efecto claro en la toma de decisiones de las empresas", afirma Andrés Menéndez, director general de Trabajo Temporal e Inhouse en Randstad España. Jiménez añade: "No cabe duda de que la incertidumbre influye. Llevamos años en un entorno complicado, con cambios globales que afectan profundamente a los mercados". No obstante, tanto él como otros expertos subrayan que, pese a estos desafíos, las empresas españolas han demostrado una gran capacidad de adaptación y resiliencia.

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(El Confidencial, 23-06-2025) | Laboral

Los sindicatos prevén que la Oferta de Empleo Público de 2025 oferte en torno a 40.000 plazas

El Ministerio de Función Pública mantuvo este jueves el primer encuentro con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF para comenzar las negociaciones sobre la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025 en la Administración General del Estado (AGE). En los últimos años, cada nueva convocatoria ha superado en tamaño a la anterior, lo que ha impulsado un crecimiento importante del personal en la administración central, especialmente en ministerios y organismos autónomos. Aunque todavía no se ha revelado el número exacto de plazas que se ofertarán -que normalmente se dividen entre promoción interna y nuevas incorporaciones-, los sindicatos adelantan que las cifras estarán en línea con la convocatoria de 2024, que incluyó 40.146 plazas distribuidas entre la AGE, Justicia y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Desde UGT apuntan que los datos serán "muy similares" a los del año anterior y confían en que en la reunión del lunes Función Pública confirme la cifra. Todo indica que se mantendrá un volumen elevado de plazas, muy por encima de las 20.280 ofertadas en la OEP de 2017, durante el último año del gobierno de Mariano Rajoy. Durante los años posteriores a la crisis financiera de 2008, las convocatorias de empleo público estuvieron prácticamente paralizadas, lo que provocó una reducción de efectivos al no cubrirse las vacantes por jubilación. Un ejemplo extremo fue la OEP de 2012, que apenas ofreció 480 plazas entre nuevas incorporaciones y promociones internas. No fue hasta 2021 cuando, según datos facilitados por Función Pública a CSIF, las nuevas incorporaciones comenzaron a superar las salidas, abriendo una etapa de crecimiento neto del empleo público que ya dura cuatro años. En el ejercicio 2024, las altas (18.747) casi duplicaron a las bajas (9.802), pero aún persiste un déficit acumulado de 20.646 plazas respecto a la última década, agravado por el inicio de las jubilaciones masivas de la generación del baby boom, muy representada en el sector público. Aunque solo UGT firmó la OEP de 2024, el mantenimiento del volumen de plazas y los datos de creación de empleo podrían propiciar el respaldo de más sindicatos este año. Pese a todo, las restricciones a la contratación siguen vigentes mediante la aplicación de la tasa de reposición, tanto en la AGE como en otras administraciones. Al haberse prorrogado por segundo año seguido los presupuestos generales de 2023, también se mantiene el mismo límite para este año. El anterior ministro del área, José Luis Escrivá -actual gobernador del Banco de España-, había prometido una distribución de plazas más flexible para 2025, aunque finalmente no se ha cumplido ese compromiso. El propio Escrivá ya admitió, cuando se aprobó la OEP de 2024 en el Consejo de Ministros, que las previsiones están demasiado centradas en el corto plazo, lo que dificulta abordar con eficacia el envejecimiento de las plantillas y la necesaria modernización de los servicios públicos. Según CSIF, actualmente hay unos 51.000 trabajadores públicos en la AGE -un 21% del total- que superan los 60 años y están cerca de la jubilación, por lo que reclaman más personal en áreas especialmente tensionadas como el SEPE, la Seguridad Social y las oficinas de extranjería. Este primer encuentro de la mesa negociadora se centrará exclusivamente en definir la OEP para la AGE, dejando pendientes otros asuntos importantes, como la subida salarial adicional del 0,5% para todos los empleados públicos acordada para 2024, que depende de que la inflación acumulada en 2022, 2023 y 2024 supere el incremento salarial fijo pactado para esos años. Este sistema de incrementos variables fue aprobado para el trienio, y Función Pública ya autorizó en febrero de 2024 el correspondiente al año 2023. Sin embargo, a mediados de junio de 2025, aún no se ha aplicado el aumento pendiente de 2024. Por ello, CCOO ha anunciado movilizaciones frente al ministerio para el próximo miércoles. Tampoco se han iniciado las conversaciones para acordar un nuevo marco que determine las subidas salariales a partir de 2025. Si se comparan las trayectorias salariales del sector público y del privado desde 2008 hasta 2023, los empleados públicos han perdido más poder adquisitivo: un 5,2% frente al 1,1% de los asalariados del sector privado. Según cálculos de CSIF, el coste del aumento adicional rondaría los 600 millones de euros, lo que supondría unos 200 euros más por trabajador.

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(Expansión, 20-06-2025) | Laboral

Tres de cada diez jóvenes están sobrecualificados para su puesto de trabajo

Según los datos del Módulo sobre jóvenes en el mercado laboral 2024 de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 62,5% de los jóvenes de entre 16 y 34 años que están empleados o tienen experiencia laboral considera que su formación académica se corresponde con el trabajo que desempeñan o desempeñaron por última vez. En cambio, un 29,2% cree que su nivel educativo está por encima de lo requerido por ese empleo. Este estudio, elaborado con la colaboración de Eurostat (la Oficina Estadística de la Unión Europea), se basó en una muestra de 10.750.300 jóvenes de entre 15 y 34 años, con el objetivo de analizar la relación entre sus estudios y su situación laboral. Entre quienes están actualmente trabajando, un 65,8% ve adecuado su nivel de estudios para su puesto, y un 26,2% lo percibe como superior. Por su parte, entre quienes no trabajan pero tienen experiencia laboral previa, el 53,8% cree que su formación era adecuada, mientras que el 37,1% opina que estaba sobrecualificado. En cuanto a las competencias laborales, el 72,2% de los jóvenes con empleo o experiencia laboral considera que sus habilidades encajaban bien con las exigencias del puesto, y un 22,1% opina que sus capacidades estaban por encima de lo requerido. Entre los ocupados, estos porcentajes se sitúan en el 74,5% y el 20,7%, respectivamente, y entre los no ocupados, en el 66,3% y el 25,9%. Por nacionalidad, el 64,1% de los jóvenes españoles o con doble nacionalidad siente que su nivel de estudios se adecuaba a su empleo, frente al 55,5% de los jóvenes con nacionalidad extranjera. Otro aspecto analizado es la relación entre la especialidad de los estudios cursados y el trabajo desempeñado. El 45,9% de los jóvenes ocupados señala que su campo de estudios coincidía en gran medida o totalmente con las exigencias de su empleo. Un 18,9% considera que el ajuste fue parcial, y un 13,2% afirma que no había ninguna relación. Al separar por situación laboral, el 50,4% de los ocupados reconoce un alto grado de ajuste entre su especialidad y su empleo, mientras que entre quienes no trabajan pero tienen experiencia, este porcentaje baja al 33,7%. En cuanto a la nacionalidad, el 48,5% de los españoles o con doble nacionalidad ve una buena correspondencia entre estudios y empleo, frente al 34,3% de los extranjeros. De la población analizada, el 15,3% (es decir, 1.647.800 personas) abandonó algún tipo de estudio reglado. Las principales causas fueron la falta de interés o la inadecuación del programa formativo (40,3%), el deseo de incorporarse al mercado laboral (18,4%) y motivos personales como mudanzas, desmotivación, conflictos académicos o interés en otras actividades (15,1%). En cuanto al nivel educativo en el que se produjo el abandono, el 22,3% dejó los estudios en etapas básicas o equivalentes a la Educación Secundaria Obligatoria, y el 22% lo hizo durante estudios universitarios de hasta 240 créditos. La mayoría de quienes abandonaron los estudios (93,7%) interrumpió un solo programa educativo, mientras que el 6,3% dejó más de uno. Al analizar estos datos por situación de actividad, el abandono escolar fue más frecuente entre los desempleados (25,6%), en comparación con los ocupados (16,7%) y los inactivos (12,2%). Por edad, más de la mitad de los jóvenes entre 15 y 24 años (52,5%) dejó los estudios por cuestiones relacionadas con el programa formativo, porcentaje que se reduce al 36,4% entre los de 25 a 29 años. Para los de 30 a 34 años, la principal causa fue la preferencia por trabajar (31,7%). Existen también diferencias notables según el sexo y la nacionalidad. En el caso de las mujeres extranjeras, el 21,3% interrumpió sus estudios por motivos familiares, como casarse, cambiar de residencia por su pareja, asumir tareas domésticas o cuidar de familiares. En cambio, para las mujeres españolas (y con doble nacionalidad), los hombres españoles y los extranjeros, el principal motivo de abandono fue el contenido del programa educativo, con un 41,8%, 46,1% y 25,4%, respectivamente. Finalmente, las diferencias por sexo son marcadas en algunos motivos específicos: el 69,4% de quienes dejaron los estudios para trabajar eran hombres, mientras que las mujeres representaron el 71,1% de los casos en los que se alegaron razones familiares o de cuidado. También hubo más hombres que mujeres entre quienes citaron el programa formativo como razón para abandonar (63,5% frente a 36,5%).

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(El Economista, 20-06-2025) | Laboral

Los españoles producen unos 60 dólares por hora trabajada

La principal diferencia entre Países Bajos y España radica en la alta productividad por hora de los trabajadores neerlandeses y en la capacidad del modelo económico holandés para generar empleo en todo el territorio. En el caso neerlandés, lo que a menudo se interpreta como precariedad laboral en realidad actúa como un mecanismo de flexibilidad que permite que casi toda la población esté empleada. Una mayor productividad suele asociarse, según la teoría económica, con mejores salarios. De acuerdo con los últimos datos de la OCDE (2024), los Países Bajos generan más de 82 dólares por cada hora trabajada, ajustados por paridad de poder adquisitivo, un nivel similar al de Estados Unidos. España, en cambio, produce alrededor de 60 dólares por hora, lo que pone de manifiesto que la clave no es trabajar más, sino hacerlo con mayor eficiencia. La propia OCDE explica que el PIB por hora trabajada es un indicador que mide la eficiencia del uso del trabajo junto a otros recursos productivos como el capital, la tecnología o la tierra. Se obtiene al dividir el PIB total por el número de horas trabajadas. Esta productividad depende de factores como la calidad de la maquinaria, la formación de los trabajadores, el uso de insumos intermedios, la innovación tecnológica y organizativa, o el aprovechamiento de economías de escala. Estos elementos están más ligados a la estructura del sistema productivo que a la regulación del mercado laboral, aunque ambos aspectos se influyen mutuamente. En el caso de Países Bajos, su modelo económico y su mercado laboral funcionan de manera coordinada y eficaz. Este desempeño destacado responde a factores estructurales. Países Bajos cuenta con una economía compacta pero altamente desarrollada, integrada en las cadenas globales de producción. Tiene un tejido empresarial innovador, con una fuerte implantación tecnológica, y una fuerza laboral muy cualificada. Así lo reflejaba también el FMI en una de sus recientes evaluaciones del país. Además, dispone de instituciones robustas e infraestructuras de primer nivel -puertos, redes de transporte y conectividad digital- que favorecen la eficiencia. Históricamente, ha mantenido unos costes laborales unitarios por debajo de la media de la eurozona, una señal clara de su productividad elevada, lo que mejora su competitividad exterior. Esta ventaja productiva se manifiesta en sectores clave. En agricultura, Países Bajos es uno de los mayores exportadores del mundo, gracias a su apuesta por tecnologías como invernaderos inteligentes, robótica y genética avanzada. El sector logístico también es esencial: el puerto de Róterdam es el mayor de Europa y uno de los principales a nivel mundial, mientras que el aeropuerto de Schiphol fortalece la posición del país como centro de distribución global, reduciendo los costes y plazos para las empresas. En la industria manufacturera, destaca en segmentos tecnológicos de alto valor añadido, como la maquinaria, la electrónica y la química. La firma ASML, por ejemplo, lidera el mercado mundial en equipos litográficos para la fabricación de chips, lo que ilustra el grado de sofisticación y productividad del sector tecnológico holandés. También el sector financiero aporta dinamismo. Ámsterdam, junto con el puerto de Róterdam, es un polo económico con una sólida red bancaria y de gestión de inversiones internacionales, que facilita el acceso a financiación. Todos estos sectores, altamente especializados y eficientes, sustentan la elevada productividad promedio del país. A pesar de la prevalencia del trabajo a tiempo parcial o de ciertas formas de temporalidad, los Países Bajos logran una producción más alta y eficiente que muchas economías con mercados laborales más rígidos desde el punto de vista legal. En este contexto, la renta per cápita de los neerlandeses es una de las más elevadas de la eurozona, solo superada por Irlanda. Con 63.030 euros por persona, supera en 11.000 euros a Austria, en 13.000 a Alemania y casi duplica a España. Estos datos desmienten la idea de que trabajar menos horas o hacerlo bajo modalidades flexibles sea perjudicial para la economía. De hecho, los buenos resultados de Países Bajos cuestionan algunos planteamientos habituales sobre cómo dinamizar el mercado laboral. Por ejemplo, desafían la creencia de que para fomentar la contratación hay que facilitar el despido, como se ha propuesto en España, incluso sugiriendo la liberalización total del despido. En realidad, la legislación laboral neerlandesa no es especialmente laxa en materia de despidos: en la mayoría de los casos exige autorización administrativa o judicial, salvo en supuestos como despidos disciplinarios, jubilación o finalización de contratos temporales. Sin embargo, sí ofrece una regulación más clara respecto a las dimisiones, asegurando incluso el acceso a prestaciones por desempleo. Eso sí, esta protección no se extiende del mismo modo a los trabajadores de empresas de trabajo temporal, un segmento con mayor presencia en Países Bajos que en España. Muchos de estos empleados son extranjeros atraídos por la abundancia de ofertas laborales generadas por una economía dinámica. La tasa de vacantes en Países Bajos alcanza el 4,2% del total de empleos, muy por encima del 0,9% registrado en España, lo que significa que, en la práctica, hay casi más puestos sin cubrir que personas desempleadas.

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(El Economista, 20-06-2025) | Laboral

Montero abre la puerta a aprobar la reducción de jornada "a la segunda" o "a la tercera"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participó este jueves en el 13º Congreso Confederal de Comisiones Obreras (CCOO), donde se espera que Unai Sordo sea reelegido como secretario general del sindicato. Montero intervino en el acto inaugural en representación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien canceló su asistencia por un cambio de última hora en su agenda. Durante su discurso, la ministra destacó que la reducción de la jornada laboral es uno de los principales objetivos que el Ejecutivo quiere sacar adelante en esta legislatura, a pesar de que, por el momento, no dispone del respaldo parlamentario necesario debido a la oposición de Junts, PP y Vox. "Esperamos conseguir la aprobación en las Cortes Generales. Pero, como suelo decir, si no lo logramos a la primera, será a la segunda o a la tercera; seguiremos insistiendo hasta conseguir compatibilizar el trabajo con una vida más digna, algo que representa un paso fundamental como es reducir la jornada laboral en España", expresó Montero. Sus declaraciones se produjeron menos de 24 horas después de que Junts, PP y Vox presentaran en el Congreso tres enmiendas a la totalidad solicitando la devolución del Proyecto de Ley que propone reducir la jornada laboral semanal de 40 a 37,5 horas. Al respecto, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, respondió con contundencia en su intervención posterior: "No tiene por qué haber segunda ni tercera. Hay que reducir la jornada a la primera", afirmó. Además, señaló ante los medios que la ley no corre hoy más peligro que en semanas anteriores. Desde los sindicatos se da gran importancia a este debate, ya que consideran que, si el proyecto supera esta fase inicial, se abrirá la posibilidad de negociar ajustes concretos al texto, como la incorporación de medidas compensatorias que el Ministerio de Trabajo prevé incluir para facilitar su aplicación en las pequeñas y medianas empresas. Por su parte, el Congreso de los Diputados decidió el martes no ampliar por cuarta vez el plazo para presentar enmiendas al Proyecto de Ley, que había sido aprobado por el Consejo de Ministros hace más de un mes. El miércoles, Junts materializó su advertencia previa y registró una enmienda que busca frenar el avance de la propuesta legislativa. Aun así, fuentes cercanas al partido de Carles Puigdemont aseguran que, aunque mantienen la enmienda, siguen abiertos a negociar con el equipo de la vicepresidenta Yolanda Díaz. El Ministerio de Trabajo ya preveía que los siete diputados de Junts presentarían una enmienda al texto, en respuesta a las peticiones formuladas desde el entorno empresarial. En este contexto, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha liderado contactos con empresarios de distintos sectores, quienes incluso se han desplazado a Waterloo para advertir a Junts de los posibles efectos negativos que, a su juicio, tendría imponer por ley la reducción de la jornada laboral máxima. Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, evitó pronunciarse directamente sobre esta cuestión durante su intervención en el mismo congreso. En cambio, defendió la importancia del diálogo social frente a lo que describió como un "ambiente de tensión política" marcado por "propuestas sectarias".

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(Expansión, 19-06-2025) | Laboral

CEOE reclama a Saiz multiplicar los incentivos para la jubilación flexible

La iniciativa del Ministerio de Seguridad Social para reformar la jubilación flexible y convertirla en una alternativa más atractiva una vez iniciado el cobro de la pensión no convence a las organizaciones empresariales. El borrador del real decreto, elaborado por el departamento que dirige la ministra Elma Saiz y adelantado por EXPANSIÓN, incluye un conjunto de medidas pensadas para fomentar esta modalidad, que busca facilitar el regreso al mercado laboral de personas ya jubiladas que desean volver a trabajar. Entre los cambios propuestos, se endurece el requisito de jornada laboral: se establece que los jubilados que compatibilicen su pensión con un empleo deberán trabajar entre un 40% y un 80% de una jornada completa. A cambio, si el pensionista permanece al menos seis meses inactivo antes de reinsertarse laboralmente, se plantea mejorar el porcentaje de pensión compatible, sumando un complemento adicional del 10% al 20%, dependiendo de las horas trabajadas. Sin embargo, diversas fuentes empresariales consideran que este incentivo económico es poco atractivo para los trabajadores por cuenta ajena y prácticamente inútil en el caso de los autónomos. Aunque el nuevo borrador contempla por primera vez que los jubilados puedan reanudar la actividad como trabajadores por cuenta propia -algo no permitido en la normativa actual-, durante ese periodo solo recibirían el 20% de su pensión, sin importar el tipo de actividad ni los ingresos generados. Por ello, desde la patronal se sugiere duplicar los incentivos económicos propuestos. En concreto, plantean que quienes trabajen entre un 40% y un 60% de una jornada completa puedan recibir un 20% adicional sobre la parte de pensión que están cobrando (por ejemplo, si perciben un 50%, pasarían al 70%). Para los que trabajen entre el 60% y el 80% de la jornada, el complemento debería ser del 40%, elevando así la parte de pensión hasta el 60%. Aunque esta propuesta aún no ha sido trasladada formalmente al Ministerio, fuentes empresariales ya anticipan que el plan actual es insuficiente y no solucionará el escaso interés que genera esta modalidad, utilizada actualmente por apenas 400 personas al año. Además, critican que las cotizaciones realizadas durante la etapa de compatibilización no se tengan en cuenta para recalcular la base reguladora, lo que impide una mejora futura de la pensión. La CEOE también propone facilitar el acceso a esta opción para los autónomos. Por una parte, se pide que el porcentaje de pensión compatible durante la actividad se eleve del 20% actual al 40%. Y por otra, se plantea eliminar el requisito que impide acceder a esta modalidad si el interesado ha estado dado de alta como autónomo en los cinco años previos a su jubilación, lo cual deja fuera a muchos profesionales que han estado activos hasta el final de su carrera. La propuesta actual señala que solo podrán optar por la jubilación flexible quienes no hayan sido autónomos en el lustro anterior al retiro, lo que, de facto, excluye a buena parte del colectivo. Las fuentes consultadas coinciden en que esta opción sigue siendo menos atractiva que la jubilación activa. Aunque esta última exige estar trabajando en el momento de la solicitud y haber retrasado al menos un año la edad legal de jubilación, las condiciones de compatibilización son más favorables y están disponibles tanto para asalariados como para autónomos. Desde el 1 de abril, el nuevo modelo de jubilación flexible establece que los autónomos pueden ir accediendo a mayores porcentajes de pensión en función del tiempo que posterguen su retiro. Así, si retrasan un año la jubilación, cobran el 45% de la pensión; si lo hacen dos años, el 55%; tres años, el 65%; cuatro, el 80%; y, si se aplaza cinco años, se puede recibir el 100%. Además, si el autónomo tiene al menos un trabajador con contrato indefinido y una antigüedad de 18 meses (o si contrata a alguien en ese momento con contrato fijo), el porcentaje compatible en los tres primeros años será del 75%.

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(Expansión, 19-06-2025) | Laboral

Bruselas denuncia a España ante el TJUE por incumplir la normativa sobre condiciones laborales

La Comisión Europea ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que imponga sanciones económicas a España por no haber adaptado completamente a su legislación nacional la normativa comunitaria sobre condiciones laborales transparentes. Bruselas considera que el país no ha transpuesto de forma íntegra la Directiva 2019/1152, que regula aspectos esenciales para garantizar unas condiciones laborales claras y previsibles para los trabajadores. Esta directiva establece, entre otras cosas, que los empleados deben tener mayor certeza sobre su jornada laboral y las tareas asignadas, así como recibir información completa y puntual sobre elementos clave del contrato, como la remuneración o los horarios. También contempla derechos mínimos, como limitar el periodo de prueba a un máximo de seis meses. "La Comisión considera que los esfuerzos realizados por las autoridades españolas hasta ahora no son suficientes, por lo que ha decidido llevar el caso ante el TJUE y solicitar sanciones financieras", explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado. También subrayó que esta norma beneficia directamente a entre dos y tres millones de trabajadores en situaciones laborales precarias. El conflicto entre Bruselas y España por esta directiva viene de tiempo atrás. La Comisión Europea inició el procedimiento de infracción en septiembre de 2022 con el envío de una carta de emplazamiento, a la que siguió un dictamen motivado en junio de 2023. En febrero de 2025, España comunicó que había adoptado ciertas medidas para transponer parcialmente la directiva, pero la Comisión las consideró insuficientes. Cuando la Comisión lleva a un Estado miembro ante el TJUE por incumplimiento, puede solicitar sanciones económicas que se traducen en una multa única o pagos periódicos. El importe se calcula en función de la gravedad de la infracción, su duración, el impacto en los intereses generales y particulares, y la capacidad económica del país afectado, todo ello con el fin de garantizar un efecto disuasorio. En el caso de España, la sanción mínima en un único pago podría superar los 7,5 millones de euros, mientras que la penalización diaria sería de al menos 8.084 euros. Es importante destacar que el próximo 1 de agosto se cumplen tres años desde que expiró el plazo para adaptar la directiva europea a las normativas nacionales. Aunque algunas de sus disposiciones ya estaban recogidas en la legislación española, no fue hasta el 7 de febrero de 2024 que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para su transposición, con un considerable retraso respecto a la fecha límite del 1 de agosto de 2022. Ahora, casi tres años después, Bruselas ha decidido dar el paso y solicitar al TJUE que inicie un procedimiento sancionador. Desde el Ministerio de Trabajo han evitado pronunciarse sobre esta decisión, aunque cabe recordar que el avance del anteproyecto se ha visto ralentizado por la falta de apoyo parlamentario y la parálisis legislativa actual. Entre los principales elementos que introduce esta directiva se encuentran nuevas obligaciones informativas para las empresas, como la obligación de formalizar por escrito cualquier contrato, independientemente de su duración, y de informar por escrito sobre cualquier cambio sustancial en las condiciones laborales. Además, si la empresa no cumple con esta obligación, se presumirá que el contrato es indefinido y a jornada completa. También se refuerzan los derechos en materia de jornada laboral: las empresas deberán registrar las horas de los contratos a tiempo parcial y cualquier modificación (como cambios de jornada o número de horas) deberá contar siempre con el consentimiento del trabajador. Respecto a las horas complementarias pactadas, deberá especificarse por escrito cuántas son, cuándo pueden solicitarse y con un preaviso mínimo de tres días, que no podrá reducirse mediante convenio. En cuanto al periodo de prueba, se establece un límite de seis meses para titulados técnicos y de dos meses para el resto de trabajadores. En contratos temporales de más de seis meses, el periodo de prueba será de máximo un mes, y en los más cortos se ajustará proporcionalmente. Esta duración no podrá ampliarse mediante convenios colectivos. Sobre el pluriempleo, la normativa prohíbe que las empresas impidan o penalicen a sus trabajadores por prestar servicios a otras compañías, salvo por razones objetivas como la confidencialidad, la salud y seguridad, o posibles conflictos de intereses. Finalmente, se refuerzan los derechos de movilidad interna. Los trabajadores con al menos seis meses de antigüedad podrán solicitar vacantes con mejores condiciones (mayor jornada, indefinidas o más estables), y la empresa estará obligada a responder por escrito y de forma motivada. No hacerlo se considerará infracción grave, mientras que discriminar por pluriempleo será considerado una infracción muy grave.

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