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(Expansión, 06-02-2026) | Laboral

La patronal plantea modificar los complementos salariales de las bajas para mitigar el absentismo

Cepyme plantea ampliar las competencias de las mutuas para que, en determinados supuestos, puedan emitir el alta médica de los trabajadores y defiende también un mayor uso de los recursos sanitarios privados con el fin de acelerar los procesos de incapacidad temporal. El refuerzo de los controles sobre las bajas laborales, la revisión de los complementos salariales previstos en los convenios durante los periodos de incapacidad temporal y un mayor aprovechamiento de las mutuas -incluida la posibilidad de que estas puedan proponer el alta en algunos casos- forman parte de las propuestas que la patronal plantea para frenar el aumento del absentismo. Estas iniciativas llegan en un momento en el que el Ministerio de Seguridad Social quiere reactivar el diálogo tripartito sobre la incapacidad temporal y cuando empiezan a perfilarse las negociaciones con los sindicatos para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). La organización que agrupa a las pequeñas y medianas empresas considera que el absentismo se ha convertido en uno de los factores que más está afectando al tejido productivo en los últimos años. Aunque el impacto es menor en las pymes, tal y como señala el último informe de la Airef, desde Cepyme advierten de que en el caso de las microempresas las ausencias pueden llegar a paralizar completamente la actividad, intensificando los problemas organizativos y las pérdidas de productividad. Por ello, Cepyme pretende introducir en las mesas de negociación sobre incapacidad temporal y en el marco del AENC la revisión de los complementos salariales recogidos en los convenios colectivos, que permiten a los trabajadores mantener el 100% de su salario mientras están de baja. Estos complementos sirven para cubrir la diferencia entre la prestación que abona la Seguridad Social y el salario habitual del empleado. La normativa vigente establece que, en los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, tienen derecho a la prestación los trabajadores afiliados y en alta que acrediten al menos 180 días cotizados en los cinco años anteriores, cuando la baja se deba a enfermedad común. En los supuestos de accidente de trabajo o enfermedad profesional no se exige un periodo mínimo de cotización. En estos casos, la Seguridad Social paga el 60% de la base reguladora entre los días cuarto y vigésimo de la baja, porcentaje que se eleva al 75% a partir del día 21. Además, entre el día 4 y el 15 el coste corre a cargo de la empresa. En las bajas por contingencias profesionales, la prestación asciende al 75% de la base reguladora desde el día siguiente al accidente o al inicio de la baja. Sin embargo, muchos convenios colectivos incluyen complementos salariales que permiten al trabajador percibir el salario íntegro durante todo el periodo de incapacidad. Es precisamente sobre estos complementos donde los empresarios quieren introducir cambios. Aunque Cepyme no ha concretado aún qué propuesta trasladará a UGT y CCOO en el marco de la negociación del AENC, sí apunta a la posibilidad de sustituir estos complementos por otros incentivos económicos que no estén directamente vinculados a la situación de baja médica. "Hay que analizar de qué manera pueden transformarse estos complementos", señaló este jueves la directora del departamento sociolaboral de Cepyme, Teresa Díaz de Terán, durante un encuentro informativo, mientras que la presidenta de la organización, Ángela de Miguel, insistió en que el absentismo laboral es actualmente la principal preocupación del colectivo empresarial. Paralelamente, las organizaciones empresariales respaldan las recomendaciones de la Airef, que en su último informe propone utilizar de forma más intensiva los recursos de las mutuas y de la sanidad privada para aliviar la presión sobre el sistema público de salud. La saturación de los servicios públicos, recuerdan, contribuye en muchos casos a alargar los procesos de incapacidad, que incluyen desde el diagnóstico y el tratamiento hasta la rehabilitación y la emisión del alta médica. En este contexto, desde Cepyme defienden que las mutuas puedan asumir un papel más activo y otorgar el alta en determinados supuestos.

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(El Economista, 06-02-2026) | Laboral

Las empresas ya empiezan a reducir los sueldos de empleados que están de baja por enfermedad

El crecimiento de los procesos de incapacidad temporal se ha convertido en una de las mayores inquietudes para las empresas. Esta preocupación ya se ha trasladado a la negociación colectiva y, después de años en los que los convenios garantizaban complementos que elevaban la prestación hasta igualar el salario habitual durante las bajas, las patronales han empezado a reducir estos pagos adicionales. Como consecuencia, muchos trabajadores perciben ahora una remuneración inferior a la que cobraban antes de iniciar la baja. La revisión de estos complementos es actualmente una de las principales prioridades de la CEOE en la negociación de los nuevos convenios colectivos. Así lo confirman fuentes sindicales, que aseguran que este asunto abre prácticamente todas las mesas de negociación y que la propuesta se ha planteado de forma generalizada. Las modificaciones ya se reflejan en convenios recientemente publicados en el Boletín Oficial del Estado. El acuerdo de Pescanova, en vigor desde el 15 de enero, introduce una cláusula que condiciona el cobro del 100% del salario para los trabajadores de fabricación, mantenimiento y servicios auxiliares a que el absentismo en esas áreas no haya superado el 6% en el semestre anterior. En el caso del personal administrativo, el límite se fija en el 3%. Además, el complemento hasta el salario íntegro solo se aplica cuando la baja por enfermedad común conlleva hospitalización. El convenio de Bosch incluye un planteamiento similar. En él, las partes firmantes reconocen que un nivel elevado de bajas médicas perjudica seriamente la competitividad y se comprometen a trabajar de forma coordinada para reducirlo. Aunque la empresa mantiene el abono del 100% del salario durante la incapacidad temporal, este complemento puede retirarse si el trabajador rechaza un reconocimiento médico propuesto por la empresa o si no comunica adecuadamente el inicio de la baja. En la misma línea, el convenio de la cadena de supermercados Consum elimina el complemento salarial en determinados supuestos, como la negativa a someterse a una revisión médica, la prolongación de la baja más allá del tiempo estándar fijado por el INSS para cada patología o la reiteración de procesos de incapacidad temporal o recaídas en el último año. También el reciente convenio del sector del metal en Tenerife, firmado hace apenas unos días, ha introducido recortes al reducir el periodo durante el cual se abona el 100% del salario, que pasa de un año completo a 200 días, con el objetivo explícito de frenar el absentismo. Desde la CEOE se considera que estos complementos explican en parte el aumento de las bajas médicas registrado en los últimos años. "Si el trabajador percibe lo mismo estando de baja que trabajando, no existe un incentivo claro para reincorporarse", advertía hace dos semanas la directora de empleo de la patronal, Rosa Santos, durante unas jornadas sobre absentismo celebradas en el Congreso. Un mensaje en el que insistió posteriormente Teresa Díaz de Terán, directora sociolaboral de Cepyme, al señalar la necesidad de analizar cómo reformular estos extras vinculados a la incapacidad temporal. El informe sobre incapacidad temporal publicado el miércoles por la Airef también apunta a la influencia de estos complementos en el aumento de las bajas. El organismo cifra desde 2017 un incremento del 60% en la incidencia de la IT y un aumento del 15% en la duración media de los procesos. Según sus datos, cerca de la mitad de los convenios sectoriales y el 65% de los convenios de empresa firmados cada año incluyen mejoras sobre la prestación básica, una proporción que alcanzó el 79% en 2025. El análisis de la Airef detalla que, en los convenios sectoriales, alrededor del 50% contempla mejoras en los tres primeros días de baja, porcentaje que se eleva al 55-60% en los tramos de entre 4 y 20 días y a partir del día 21. En los convenios de empresa, la presencia de complementos es más uniforme, con alrededor del 65% de los acuerdos incorporando mejoras en todos los tramos. En términos de cuantía, la prestación final media se sitúa en torno al 80% del salario entre los días 1 y 3, alcanza el 91% entre los días 4 y 20 y llega al 97% a partir del día 21. Conviene recordar que la normativa vigente no obliga a pagar los tres primeros días de baja, fija una prestación del 60% entre el día 4 y el 20 y del 75% a partir del día 21. La Airef también ha analizado qué otras medidas recogen los convenios para reducir la incapacidad temporal y las agrupa en cuatro grandes bloques: incentivos económicos por bajos niveles de absentismo, presentes en el 9% de los acuerdos; complementos condicionados al grado de asistencia del trabajador o de la plantilla, que aparecen en un 3% de los convenios sectoriales y un 4% de los de empresa; requisitos adicionales como la entrega de partes médicos, incluidos en torno al 2%; y medidas no económicas orientadas a facilitar la reincorporación, presentes en porcentajes cercanos al 2%. Antes de 2025, algunos convenios ya habían incorporado cláusulas específicas para abordar el absentismo, como la creación de comisiones de seguimiento encargadas de analizar las cifras y proponer soluciones, tal y como ocurre en el sector de la limpieza en Madrid o en el convenio de Vodafone. Otros acuerdos, como el del metal en Jaén, condicionaban el complemento salarial al nivel de absentismo de la empresa, mientras que el de General Logistics introducía un plus para los mozos de almacén vinculado a la mejora de los índices de siniestralidad, siempre que no existieran ausencias injustificadas.

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(El Economista, 06-02-2026) | Laboral

Emprender es la última opción para un parado en España: menos de un 3% se lo plantea

La percepción de que emprender puede ser una vía eficaz para abandonar el desempleo no termina de consolidarse en España. De hecho, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), esta alternativa es una de las menos utilizadas por las personas sin trabajo. Al cierre de 2025, solo el 2,72% de los desempleados había realizado algún trámite para poner en marcha un negocio propio. Se trata de una proporción muy reducida frente a otras fórmulas de búsqueda de empleo, aunque supone el mejor registro desde la pandemia. Las cifras del INE indican que en el cuarto trimestre del año pasado apenas 67.300 parados estaban dando pasos para trabajar por cuenta propia, unos 10.000 menos que en el mismo periodo de 2024, cuando representaban el 2,97% del total. No obstante, en trimestres anteriores los datos fueron más favorables y a comienzos de 2025 se alcanzó un máximo puntual del 3,3%, un nivel que no volvió a repetirse. Aun así, este repunte elevó la media anual hasta el 2,9%, el valor más alto desde que se modificó la metodología estadística en 2021. Existen series históricas previas, aunque con una formulación distinta de las preguntas dirigidas a los desempleados, que diferenciaban entre la búsqueda de locales o materiales y la obtención de financiación o licencias. La suma de ambas variables permaneció estancada durante años en torno al 1,6%, si bien antes de la crisis inmobiliaria llegó a situarse en el 4,1% en 2006. Este cambio en la serie refleja no solo una revisión técnica, sino también una transformación en la manera de entender el emprendimiento en España. En el pasado, iniciar un negocio solía implicar abrir un establecimiento físico; hoy, la digitalización ha alterado profundamente ese esquema, lo que motivó la actualización estadística de 2021. Pese a ello, los niveles actuales siguen siendo claramente inferiores a los previos a la Gran Recesión, lo que sugiere que emprender resulta menos atractivo que en la etapa de auge del sector inmobiliario. En cualquier caso, la EPA no detalla en qué tipo de actividades planean emprender los desempleados. Como ha venido publicando elEconomista.es, en los últimos 25 años el peso de los autónomos en el empleo total ha caído del 19% al 14,6%. Este descenso se intensificó tras la crisis financiera de 2008 y el colapso de la construcción, un contexto que desanima a muchos parados a optar por el autoempleo. Y la EPA no es el único indicador que lo pone de manifiesto. La Estadística de Flujos de la Población Activa muestra que, a finales de 2025, solo 40.000 ocupados no asalariados procedían directamente del desempleo, el registro más bajo para un cuarto trimestre. A esta cifra se suman 52.700 personas que antes eran inactivas, es decir, que no constaban como paradas al no buscar trabajo de forma activa. Esto puede responder a perfiles que interrumpen temporalmente su actividad para preparar un proyecto, aunque el peso de este grupo en los nuevos emprendimientos genera dudas sobre la solidez de estas transiciones laborales. Más concluyentes son los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Hasta noviembre, únicamente 43.547 desempleados de los 860.000 beneficiarios de prestaciones contributivas habían optado por capitalizar el paro en pago único para emprender, un 8% menos que el año anterior. Si esta tendencia se confirma al cierre del ejercicio, se trataría del peor registro de los últimos años. Este retroceso no puede explicarse por una menor cifra de parados. En 2007, con 780.205 perceptores de prestación contributiva, 154.473 personas capitalizaron su ayuda para iniciar un negocio. Esto evidencia que los sectores que absorbían a los desempleados emprendedores entonces no son los mismos que en la actualidad, a lo que se suman el encarecimiento de costes y las mayores dificultades para poner en marcha una actividad. Eso sí, el número medio de días de prestación capitalizados ha aumentado de forma notable, pasando de 136 a 281. Algunos expertos interpretan esta evolución como consecuencia de la mejora del mercado laboral. En su opinión, el paso del paro al autoempleo responde más a la falta de alternativas como asalariado que a la existencia de un verdadero proyecto empresarial. Esta dinámica puede derivar en situaciones irregulares, como la de los falsos autónomos, fenómeno que se vincula, entre otros factores, a la tarifa plana de cotización introducida en 2013 para los primeros años de actividad y que aún continúa vigente. No obstante, influyen también problemas estructurales del colectivo: una fiscalidad poco favorable, cotizaciones que no siempre se ajustan a los ingresos reales, retrasos en los cobros y una protección social -especialmente en pensiones y prestaciones por desempleo- más limitada que la de los trabajadores asalariados. Durante el auge de la construcción, estos factores pesaban menos como desincentivo que en la actualidad. En cualquier caso, incluso con incentivos como la tarifa plana, diseñada precisamente para facilitar el salto del desempleo al autoempleo, el atractivo para los parados ha sido reducido. Aunque en su primer año las capitalizaciones de prestaciones se dispararon, en los ejercicios siguientes el descenso fue acusado y los niveles quedaron cada vez más lejos de los máximos alcanzados antes de la crisis financiera.

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(Expansión, 05-02-2026) | Laboral

Sánchez anuncia que "pondrá límites a la apertura de centros privados" de FP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que en el plazo de los próximos dos meses se abrirá un proceso de consulta pública para un real decreto destinado a regular, supervisar y restringir la creación de nuevos centros privados de Formación Profesional. Tras las medidas anunciadas previamente para las universidades privadas, el Ejecutivo pone ahora el foco en los centros privados de FP. Con el objetivo de evitar que determinadas entidades educativas funcionen como meros "chiringuitos", Sánchez ha informado de que el Ministerio de Educación está ultimando una norma que establecerá límites a la apertura de centros privados de Formación Profesional que no garanticen unos niveles adecuados de calidad y formación para su alumnado. El anuncio se produjo durante el acto de clausura de la jornada Formación Profesional y Empresa: la alianza que impulsa el futuro, celebrado este miércoles, donde el jefe del Ejecutivo explicó que el real decreto será sometido a consulta pública en los próximos dos meses con el fin de asegurar que la formación se imparta bajo criterios de calidad, exigencia y control. Durante su intervención, Sánchez defendió la política del Gobierno en materia de Formación Profesional, destacando que la inversión ha pasado de 187 millones de euros en 2018 a más de 1.200 millones en la actualidad, y que se han creado más de 400.000 nuevas plazas de FP, de las cuales el 97 % corresponde a centros públicos. Según el presidente, la decisión de reforzar la regulación del sector privado responde a la necesidad de ordenar la oferta de FP privada y garantizar tanto la calidad de la enseñanza como la igualdad de oportunidades en el acceso a estos estudios. En este sentido, subrayó que el futuro de los jóvenes no debe estar condicionado por su origen o la renta de sus familias, y advirtió de que el éxito de la FP no puede derivar en una nueva brecha educativa. Aunque reconoció que la mayor parte de las nuevas plazas se han generado en centros públicos, Sánchez señaló que la FP privada ha crecido a un ritmo más del doble que la pública en un corto periodo de tiempo. Asimismo, alertó de que existen estudiantes que deben pagar entre 3.000 y 9.000 euros por cursar un ciclo formativo, mientras que otros quedan excluidos por no poder asumir ese coste. En este contexto, y con el argumento de reforzar la calidad de la Formación Profesional, el presidente anunció que se endurecerán las condiciones para autorizar nuevos centros privados de FP, siguiendo una línea similar a la adoptada con las universidades. Según explicó, el Gobierno no se opone a la existencia de centros privados, pero sí a que algunos de ellos se limiten a expedir títulos sin ofrecer una formación de calidad. Sánchez también expresó sus reservas sobre la expansión de la FP privada, señalando que, aunque en algunos casos la oferta es de alto nivel, en otros no siempre va acompañada de los recursos adecuados, de prácticas en empresas suficientes ni de una conexión real con el tejido productivo. Frente a ello, anunció la creación, a lo largo de este año, de diez nuevos centros de excelencia de Formación Profesional, que contarán con mayor inversión y planificación, con el objetivo de garantizar en todo el territorio una formación avanzada, vinculada a la innovación y a las necesidades reales de la economía española. El acto se celebró en la sede del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y contó también con la participación de la ministra del ramo, Milagros Tolón, quien destacó que bajo el Gobierno de Pedro Sánchez la Formación Profesional se ha situado en el centro del proyecto de país, al considerarse clave para impulsar el empleo digno, el talento cualificado y la igualdad de oportunidades. Desde el Gobierno se subraya el proceso de transformación y modernización de la FP llevado a cabo en los últimos años gracias a la Ley de Formación Profesional de 2022 y al Plan de Modernización de la FP. Un proceso que, según ha recordado el propio presidente en diversas ocasiones, ha contribuido de forma relevante al crecimiento económico y a la creación de empleo en España. Por su parte, la ministra de Educación señaló que en los últimos años se han destinado 7.400 millones de euros al impulso de la Formación Profesional, que actualmente cuenta con 1,2 millones de estudiantes y presenta tasas de inserción laboral cercanas al 90 % al finalizar los estudios.

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(Expansión, 05-02-2026) | Laboral

Airef detecta una "deficiencia estructural" en el control de las bajas laborales

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha detectado que el 25 % de los trabajadores acumula más de la mitad de los procesos de Incapacidad Temporal, en un contexto en el que el número total de bajas laborales se ha incrementado en más de un 60 % desde 2017. El sistema de control de las bajas por enfermedad o accidente en España -que constituye el segundo mayor capítulo de gasto de la Seguridad Social tras las pensiones- presenta, según la Autoridad Fiscal, una "deficiencia estructural" que requiere una actuación urgente para mejorar la eficiencia de un gasto público en continuo crecimiento y reducir el impacto económico que estas bajas suponen para las empresas. Así lo señaló este martes la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, durante la presentación de la Fase II del Spending Review, el programa de evaluación del gasto público que, en esta edición, también ha analizado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la ayuda oficial al desarrollo. La Incapacidad Temporal es una prestación destinada a garantizar los ingresos de los trabajadores cuando una enfermedad o accidente les impide trabajar de manera provisional. No obstante, la Airef advierte de que su coste para las arcas públicas se ha multiplicado por tres en la última década, con un aumento cercano al 200 %, hasta alcanzar los 16.500 millones de euros en 2024, una cifra superior al 1 % del PIB. A este importe hay que añadir el coste asumido por las empresas privadas. El trabajador soporta los tres primeros días de la baja; entre el cuarto y el decimosexto día, la empresa abona el 60 % de la base reguladora, y a partir de entonces es el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) quien se hace cargo, elevando la prestación al 75 % desde el día 21. Una vez transcurrido un año, el INSS puede prorrogar la situación hasta seis meses más antes de valorar una posible Incapacidad Permanente. El análisis de la Airef, centrado en el periodo 2017-2024, refleja un incremento del 58,4 % en el número de procesos de Incapacidad Temporal, que han pasado de 4,7 a 8,6 millones en contingencias comunes -a los que se suman unos 700.000 de origen profesional-, así como un aumento del 14,8 % en la duración media de las bajas. Las patologías musculoesqueléticas y respiratorias registran las mayores tasas de incidencia, aunque el mayor crecimiento acumulado se observa en las enfermedades infecciosas y en los trastornos mentales. Estos últimos presentan, además, la duración media más elevada, al pasar de 67 a 98,5 días entre 2017 y 2024, mientras que el número de casos se incrementó de 1,83 a 3,36 millones. Paralelamente, el peso de los jóvenes en el total de bajas ha aumentado del 24,6 % al 41 %. La Airef también cuantifica el denominado "fenómeno de reiteración", según el cual una cuarta parte de los trabajadores concentra el 55 % de los episodios de baja. Asimismo, constata que las Incapacidades Temporales son más frecuentes en las grandes empresas que en las pequeñas, que su número se reduce en periodos de deterioro económico y que aumenta cuando se alargan las listas de espera sanitarias. Según el organismo fiscal, cinco factores explican esta evolución al alza. Entre ellos destaca la insuficiente supervisión y seguimiento de los procesos de IT, en un sistema donde existe una desconexión entre el financiador -el INSS- y los médicos de los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas, responsables de emitir las bajas. Como explicó José María Casado, director de la división de evaluación de la Airef, ambos actores "no siempre están alineados". La Autoridad Fiscal recomienda, además, reforzar el control desde fases más tempranas, sin esperar al día 366, cuando el INSS asume plenamente las competencias, y aprovechar en mayor medida la colaboración con las grandes empresas, que son las más afectadas por este fenómeno. A modo de ejemplo, recordó que en Italia el simple anuncio de inspecciones presenciales logró reducir en un 12 % la duración de las bajas. Cristina Herrero subrayó que cualquier mejora en la eficacia y eficiencia de la gestión de la Incapacidad Temporal tiene un impacto positivo directo sobre el sector privado, dado que el absentismo laboral y el coste de las bajas figuran entre las principales preocupaciones empresariales. Entre las causas adicionales del aumento de las bajas, la Airef señala el buen momento del ciclo económico, la congestión de las listas de espera sanitarias -cuya reducción considera prioritaria-, los cambios en los convenios colectivos favorables a los trabajadores y la reforma del marco normativo impulsada por el Gobierno desde 2018, orientada a una mayor protección. En este sentido, se citan medidas como la recuperación del complemento salarial del 100 % para empleados públicos en situación de IT, que incrementó en un 40 % la probabilidad de iniciar una baja, o el paso de contratos temporales a indefinidos tras la reforma laboral, que elevó en torno a un 30 % esa probabilidad. También ha influido la eliminación de la obligación de entregar físicamente el parte médico en la empresa. "Existen múltiples actuaciones posibles para mejorar la eficacia y la eficiencia de la Incapacidad Temporal, basadas en un mayor control, supervisión y prevención", concluyó Herrero. En relación con otros ámbitos analizados, la Airef señala que el Ingreso Mínimo Vital, con un coste anual de 3.106 millones de euros, solo alcanza al 20 % de los hogares en situación de pobreza, cuando podría haber llegado al 50 %, dado que más del 55 % de los potenciales beneficiarios no lo solicita. En cuanto a la ayuda oficial al desarrollo, cuyo gasto ascendió a 11.000 millones de euros entre 2021 y 2023, el organismo considera necesario racionalizarla y dotarla de mayor transparencia.

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(El País, 05-02-2026) | Laboral

La incidencia de las bajas entre los trabajadores de 25 a 35 años ha crecido un 67% en los últimos años

El incremento de la Incapacidad Temporal en los últimos años se ha convertido en una de las principales preocupaciones tanto para empresarios como para sindicatos y el propio Gobierno. De acuerdo con las estimaciones publicadas este martes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la frecuencia de las bajas laborales creció alrededor de un 60 % entre 2017 y 2024, mientras que la duración media aumentó en torno a un 15 %. No obstante, ni la intensidad del fenómeno ni su evolución han sido homogéneas entre los distintos colectivos de trabajadores. Para analizar estas diferencias, el organismo presidido por Cristina Herrero ha elaborado una herramienta, basada en datos de la Seguridad Social, que permite desagregar el impacto de las bajas por grupos poblacionales. Una de las conclusiones más relevantes se observa en función de la edad. Los trabajadores jóvenes registran un mayor número de bajas por enfermedad que los de mayor edad, y esta diferencia se ha ido ampliando con el paso del tiempo. La incidencia de la incapacidad temporal por contingencias comunes alcanza los 41,1 casos por cada 1.000 afiliados en el tramo de 25 a 35 años, frente a los 29,7 en el grupo de 55 a 65 años. Aunque la probabilidad de sufrir problemas de salud aumenta con la edad, numerosos expertos vienen señalando que los trabajadores sénior muestran una mayor reticencia a acogerse a este derecho, una actitud menos frecuente entre los jóvenes, tal como reflejan los datos de la Airef. A medida que aumenta la edad, la incidencia de las bajas laborales disminuye: en el grupo de 35 a 45 años se sitúa en 34,4 casos por cada 1.000 trabajadores, y en el de 45 a 55 años baja hasta 28,7. Además, la distancia entre los distintos grupos etarios se ha ensanchado en los últimos años. Desde 2017, el índice de incapacidad temporal ha aumentado un 66 % entre los trabajadores de 25 a 35 años, mientras que en el tramo de 55 a 65 años el crecimiento ha sido del 43 %. Estas cifras no están condicionadas por el aumento del número de afiliados, ya que se trata de ratios relativas. Pese a que los trabajadores jóvenes acumulan más procesos de baja, las ausencias de los empleados de mayor edad tienden a prolongarse durante más tiempo. Según la Airef, esta circunstancia se explica porque los trabajadores de mayor edad suelen recurrir a la incapacidad temporal en casos de patologías más graves, que requieren periodos de recuperación más largos. En consecuencia, la duración media de las bajas por contingencias comunes alcanza los 79 días en el grupo de 55 a 65 años, frente a los 46 días en el colectivo más joven analizado. Un patrón similar se aprecia al comparar trabajadores por cuenta propia y asalariados. Los autónomos registran una incidencia mucho menor de bajas -10,3 por cada 1.000 afiliados- en comparación con los asalariados, que alcanzan los 38,3. Sin embargo, cuando se produce la baja, su duración es considerablemente mayor entre los autónomos, con una media de 112 días, frente a los 42 días de los trabajadores por cuenta ajena. Además, mientras la frecuencia de las bajas entre los autónomos apenas ha variado, entre los asalariados se ha incrementado de forma notable. El análisis también pone de relieve diferencias por sexo. Las mujeres presentan una mayor incidencia de incapacidad temporal que los hombres, aunque el crecimiento acumulado de las bajas a lo largo del periodo analizado es similar en ambos casos, según señala la Airef. Asimismo, el organismo presidido por Cristina Herrero observa que la probabilidad de registrar una baja es mayor entre los trabajadores de grandes empresas -un 81 % más que en las microempresas-, entre quienes perciben salarios medios -un 52 % más que en el primer cuartil salarial-, en el sector público -un 14 % más- y entre los trabajadores con contrato indefinido -un 12 % más que los fijos discontinuos-. Estos datos refuerzan una de las conclusiones recurrentes de la Airef: cuanto mayor es la estabilidad laboral, mayor es la incidencia de la incapacidad temporal. Por último, el análisis territorial muestra patrones similares. Algunas de las comunidades autónomas con economías más desarrolladas registran los niveles más elevados de incidencia de la incapacidad temporal, como Navarra, con 56,4 casos por cada 1.000 afiliados, Cataluña, con 51,9, y el País Vasco, con 45,9.

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(El Economista, 05-02-2026) | Laboral

El gasto en prestaciones de paro crece un 40% y supera los 24.400 millones al año

En los últimos ocho años, el mercado de trabajo en España ha mostrado una paradoja difícil de conciliar: mientras el número de personas desempleadas se ha reducido en un 23 %, el gasto destinado a prestaciones y subsidios por desempleo ha aumentado un 39,8 % y el número de beneficiarios ha vuelto a situarse en torno a 1,8 millones. Esta evolución se explica, en gran medida, por las modificaciones introducidas en el sistema de prestaciones por los distintos Gobiernos encabezados por Pedro Sánchez desde su llegada a La Moncloa. En 2025, España destinó 24.421 millones de euros al pago de prestaciones por desempleo, el nivel más elevado desde la pandemia y claramente superior a los registros de los años anteriores a 2014, cuando el país comenzaba a salir de la Gran Recesión. En 2018, el gasto había alcanzado su mínimo desde la crisis, con 17.469,3 millones de euros, casi 7.000 millones menos que en 2025. En ambos momentos, el número de beneficiarios rondaba los 1,8 millones de personas. Durante este periodo, la cuantía media de la prestación contributiva se incrementó un 24 %, pasando de 824 euros a 1.004 euros en 2025. Se trata del primer año en el que se supera la barrera de los 1.000 euros en toda la serie histórica. Este aumento responde tanto al crecimiento nominal de los salarios sobre los que se calcula la prestación como a cambios normativos que han elevado su importe, como la reducción del recorte aplicado tras los seis primeros meses de percepción. En cambio, la duración media de las prestaciones apenas ha variado: en 2018 se situaba en 13,95 meses y en 2025 en 14,18 meses. El hecho de que las ayudas sean más elevadas, pero no se perciban durante más tiempo, sugiere que el perfil de los desempleados ha cambiado -proceden de empleos mejor remunerados-, pero no así la duración de los periodos cotizados que generan el derecho a la prestación. De este modo, desde hace varios años las prestaciones por desempleo han evolucionado en sentido contrario a la tasa de paro, una tendencia que se acentuó tras la pandemia. A ello han contribuido tanto las reformas impulsadas por el Gobierno como otros factores estructurales, entre ellos el mayor peso del desempleo entre los mayores de 45 años, que acumulan más cotizaciones, el aumento de los despidos tras la reforma laboral y la expansión de la figura del trabajador fijo discontinuo. Pedro Sánchez accedió al poder tras la moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018, pero no fue hasta el año siguiente, coincidiendo con un nuevo ciclo electoral, cuando comenzó a desplegar cambios relevantes en materia de prestaciones. La primera medida fue la recuperación del subsidio para mayores de 52 años en sus condiciones previas a la reforma de 2012, que había elevado la edad de acceso a 55 años y reducido del 125 % al 100 % el porcentaje de la base mínima de cotización asumido por el SEPE, además de endurecer los requisitos de acceso. Esta reversión provocó un aumento del 20 % en el gasto en subsidios y un incremento del 8 % en el gasto total en prestaciones. A ello se sumaron la desaceleración en la creación de empleo y la elevada rotación laboral de la época, cuando nueve de cada diez contratos eran temporales. Esta elevada volatilidad explica que aumentaran tanto el gasto como el número de beneficiarios -que crecieron en 600.000 personas en 2019- sin que se produjera un aumento paralelo del desempleo. Aunque esta tendencia ya se había iniciado en el último año del Gobierno de Rajoy, el Ejecutivo socialista la interpretó como una "recuperación de derechos", en un contexto en el que la tasa de cobertura de las prestaciones alcanzó el 62,4 %. La inestabilidad política también influyó en este escenario. Tras las elecciones de abril de 2019 y la repetición electoral en noviembre, Sánchez logró finalmente formar Gobierno con Unidas Podemos, comprometiéndose a revertir parte de las reformas laborales y de los recortes en prestaciones aprobados por el PP. La irrupción de la pandemia alteró por completo la agenda y las cifras. El despliegue masivo de los ERTE y el pago de prestaciones a trabajadores que no pudieron acogerse a estos mecanismos elevaron el gasto hasta cerca de 36.400 millones de euros y el número de beneficiarios a 2,9 millones. En 2021 las cifras descendieron, aunque se mantuvieron en niveles excepcionalmente altos. No fue hasta 2022 cuando se produjo una normalización más clara, con un gasto de 20.786 millones y 1,76 millones de beneficiarios, el nivel más bajo desde la llegada de Sánchez al Gobierno. Ese mismo año entró en vigor la nueva reforma laboral, que elevó el peso de la contratación indefinida del 10 % al 41 % del total, en un contexto de fuerte creación de empleo. Poco antes de un nuevo ciclo electoral, el Ejecutivo de coalición, con Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, impulsó un nuevo aumento de las prestaciones por desempleo. Para ello, se derogó otro de los recortes introducidos en la prestación contributiva en 2012. Desde el 1 de enero de 2023, la cuantía a percibir tras los seis primeros meses pasó a calcularse sobre el 60 % de la base reguladora media, en lugar del 50 % anterior. Esta medida incrementó el gasto en un 7 % en 2023 y en torno a un 6 % en cada uno de los años siguientes. A partir de entonces, también comenzó a aumentar el número de beneficiarios de prestaciones y subsidios. Este crecimiento responde a varios factores. Por un lado, las nuevas ayudas absorbieron perceptores de otras prestaciones, como la renta activa de inserción o los subsidios agrarios, que perdieron beneficiarios. Por otro, el aumento de los contratos indefinidos ha generado más despidos con acceso a prestación, compensando el descenso de los procedentes de contratos temporales. Una parte relevante de estos nuevos beneficiarios son trabajadores fijos discontinuos, una modalidad caracterizada por alternar periodos de actividad e inactividad sin que se extinga la relación laboral. Durante los periodos sin trabajo, estos empleados pueden cobrar la prestación por desempleo si se inscriben como demandantes de empleo. Actualmente, más de 800.000 personas se encuentran en esta situación, aunque menos del 20 % percibe la prestación cada mes, lo que evidencia una elevada rotación también en el sistema de ayudas. Este colectivo explica, además, el aumento de la tasa de cobertura de las prestaciones. En 2025, seis provincias cerraron el año con más personas cobrando el paro que desempleados con derecho a percibirlo -en algunos meses llegaron a ser nueve-, una situación que antes de la reforma solo se daba en Baleares, donde el uso de los fijos discontinuos es especialmente intenso. Como resultado, la tasa de cobertura alcanzó el 78,2 % el pasado año. Ante este escenario, y tras las elecciones de 2023, en las que el PSOE sustituyó a Unidas Podemos por Sumar como socio de coalición, el Gobierno aprobó una reforma de los subsidios orientada a reforzar su papel como instrumento de acompañamiento en la búsqueda de empleo, diferenciándolos de una renta asistencial, función reservada al Ingreso Mínimo Vital. La reforma incluyó un aumento de la cuantía inicial de los subsidios ordinarios, que se reduce progresivamente para incentivar la reincorporación al mercado laboral, así como mejoras en la compatibilidad entre salario y prestación, lo que ha vuelto a elevar el importe medio percibido. No obstante, el subsidio para mayores de 52 años no se modificó y continúa registrando cifras récord de beneficiarios, la mayoría de los cuales percibe esta ayuda hasta alcanzar la edad de jubilación.

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(Expansión, 04-02-2026) | Laboral

El Gobierno da luz verde, por segunda vez, a la actualización de las cotizaciones sociales de 2026

La aprobación de un decreto centrado exclusivamente en las medidas de Seguridad Social asegura tanto la revalorización de las pensiones en 2026 como la actualización de las cotizaciones sociales. Esta última medida, además de aportar certidumbre jurídica a las empresas tras varios días de dudas, tendrá un efecto directo en los salarios, ya que los trabajadores verán incrementadas sus aportaciones a la Seguridad Social, al igual que las contribuciones que deben asumir las empresas. Al mismo tiempo, se confirma la prórroga de las cuotas de los trabajadores autónomos, una medida ya anunciada a finales del año pasado pero que había quedado en suspenso tras la caída del denominado decreto escoba. De este modo, las cuotas de los autónomos se mantendrán en 2026 en los mismos niveles que en 2025. Entre los cambios que impactarán directamente en las nóminas destacan el aumento del mecanismo de equidad intergeneracional hasta el 0,9%, la elevación de la base máxima de cotización en un 3,9%, hasta situarse en 5.101,2 euros mensuales (61.214,4 euros anuales), y el incremento de la denominada cuota de solidaridad, que oscilará entre el 1,15% y el 1,46% en función de cuánto supere el salario la base máxima de cotización. El mecanismo de equidad intergeneracional afecta tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos y tiene como finalidad reforzar los ingresos del fondo de reserva de las pensiones. En 2026, esta aportación se fija en el 0,9%. En el caso de los asalariados, el 0,15% corre a cargo del trabajador y el 0,75% del empleador, mientras que los autónomos deben asumir la totalidad del importe al no contar con empresa que comparta la cotización. Así, para un salario bruto de 1.500 euros mensuales en doce pagas, la aportación será de 13,5 euros al mes (162 euros al año); con un sueldo de 2.000 euros, alcanzará los 18 euros mensuales (216 euros anuales); con 2.500 euros, se situará en 22,5 euros al mes (270 euros al año); y con 3.000 euros brutos mensuales, en 27 euros al mes (324 euros anuales). En el caso del salario mínimo, que en 2026 se elevará a 1.221 euros mensuales en catorce pagas, la cuota será de unos 11 euros al mes y 153,8 euros al año. Por su parte, la cuota de solidaridad se incrementa en 2026 hasta el 1,15% para la parte del salario que exceda la base máxima hasta un 10%, al 1,25% para el tramo que supere entre un 10% y un 50% dicha base, y al 1,46% para los ingresos que rebasen en más de un 50% la base máxima. Este recargo, destinado también a reforzar el sistema de pensiones, no se aplica a los trabajadores autónomos. De este modo, el tipo del 1,15% se aplicará a la parte del salario comprendida entre 5.101,21 y 5.611,32 euros mensuales, de los cuales el 0,96% lo abonará la empresa y el 0,19% el trabajador. En el caso de una nómina de 5.500 euros brutos mensuales, el importe a pagar será de 63,25 euros al mes y 759 euros al año. El tramo gravado al 1,25% afectará a la parte del salario situada entre 5.611,33 y 7.651,80 euros mensuales, con un reparto del 1,04% para la empresa y del 0,21% para el trabajador. Así, un sueldo de 6.000 euros supondrá una aportación de 75 euros mensuales (900 euros anuales), mientras que con 7.000 euros al mes la cuota ascenderá a 87,5 euros mensuales (1.050 euros al año). Finalmente, el tipo del 1,46% se aplicará a la parte de la retribución que supere los 7.651,80 euros mensuales, con un 1,22% a cargo de la empresa y un 0,24% del trabajador. Para un salario de 8.000 euros brutos al mes, la aportación alcanzará los 116,8 euros mensuales y 1.401,6 euros anuales. Según las estimaciones recogidas en la memoria de impacto económico de la orden de cotización de la Seguridad Social, la subida de la base máxima hasta los 5.101,2 euros mensuales en 2026 permitirá que esta parte del salario que comienza a cotizar genere unos ingresos adicionales cercanos a los 1.000 millones de euros a lo largo del año. Por último, ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones representativas de los autónomos para actualizar las tablas de cotización en el marco del sistema de aportaciones según ingresos reales, se ha optado por prorrogar en 2026 las cuotas vigentes en 2025. Las cuotas partirán de los 200 euros mensuales para los autónomos con rendimientos netos inferiores a 670 euros al mes. Para ingresos de entre 670 y 900 euros, la cuota se mantiene en 220 euros, y asciende a 260 euros para quienes obtengan entre 900 y 1.166,7 euros mensuales. A partir de ese nivel, se despliegan los siguientes tramos: con rendimientos de entre 1.166,7 y 1.300 euros, la cuota será de 291 euros, importe que también se aplica a los ingresos de entre 1.300 y 1.500 euros y de entre 1.500 y 1.700 euros. En el siguiente escalón, los autónomos con ingresos de entre 1.700 y 1.850 euros abonarán 350 euros al mes; quienes ganen entre 1.850 y 2.030 euros pagarán 370 euros; y los que se sitúen entre 2.030 y 2.330 euros, 390 euros mensuales. En los tramos superiores, la cuota sube a 415 euros para ingresos de entre 2.330 y 2.760 euros; a 440 euros para quienes obtengan entre 2.760 y 3.190 euros; a 465 euros para el rango de 3.190 a 3.620 euros; y a 490 euros mensuales si los ingresos se sitúan entre 3.620 y 4.050 euros. Por último, los dos tramos de mayores rendimientos establecen una cuota de 530 euros mensuales para ingresos de entre 4.050 y 6.000 euros, y de 590 euros al mes para aquellos autónomos cuyos ingresos superen los 6.000 euros mensuales.

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(El País, 04-02-2026) | Laboral

Trabajo quiere que la ampliación a 10 días del permiso por fallecimiento entre en vigor pese al riesgo de que el Congreso la tumbe

El Ministerio de Trabajo anunció el pasado 15 de diciembre un acuerdo con los sindicatos para ampliar hasta 10 días el permiso retribuido por fallecimiento de familiares. La propuesta supone multiplicar el permiso actual, que hoy es de dos días ampliables a cuatro, y cuenta con el respaldo de CC OO y UGT, pero con el rechazo frontal de la patronal. Según confirmó este martes el secretario de Estado de Trabajo, la intención del departamento que dirige Yolanda Díaz es aprobar esta ampliación mediante un real decreto ley. De ser así, la norma entraría en vigor de forma inmediata tras su aprobación por el Consejo de Ministros y debería ser convalidada por el Congreso en un plazo máximo de un mes para no decaer. Este procedimiento abre la puerta a una situación poco habitual: que durante ese intervalo algunos trabajadores puedan acogerse al permiso ampliado y que, posteriormente, la mayoría parlamentaria de derechas lo derogue. "Nos gustaría que esto se materializara lo antes posible", señaló este martes Joaquín Pérez Rey durante la rueda de prensa en la que presentó los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social. El secretario de Estado añadió que la voluntad del ministerio es tramitar con urgencia la regulación de los permisos por duelo y fallecimiento y hacerlo a corto plazo mediante un real decreto ley. El acuerdo alcanzado entre Trabajo y los sindicatos no se limita a la ampliación del permiso por fallecimiento. Incluye también una prestación de 15 días por cuidados paliativos y un día de permiso para el acompañamiento en procesos de eutanasia. Todas estas medidas han sido rechazadas de forma tajante por CEOE y Cepyme, que acusan al ministerio de trasladar a las empresas el coste y la responsabilidad de políticas públicas de cuidados que, a su juicio, deberían ser asumidas por la Administración. Así lo expresaron en un comunicado difundido a principios de diciembre, en el que también denunciaban haber sido apartadas de la negociación. En esta misma línea, Trabajo ha cerrado recientemente con los sindicatos -y sin la patronal- un acuerdo para reforzar la prevención de riesgos laborales. La ampliación del permiso por fallecimiento requiere modificar el Estatuto de los Trabajadores, lo que obliga a obtener el respaldo del Parlamento. El Partido Popular ya ha anunciado su voto en contra, argumentando que la medida no cuenta con el apoyo de todo el diálogo social. Desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del partido, el PP defiende una posición clara en materia sociolaboral: apoya las reformas consensuadas entre sindicatos y patronal, pero rechaza aquellas respaldadas únicamente por los representantes de los trabajadores. Bajo este criterio, los populares votaron a favor de la última fase de la reforma de pensiones -avalada por CEOE y Cepyme-, pero se opusieron a la reducción de la jornada laboral. En ese precedente, el PP sumó sus votos negativos a los de Vox y Junts, alcanzando una mayoría absoluta que permitió tumbar la iniciativa. En aquel caso se trataba de un anteproyecto de ley, que no entra en vigor hasta completar todo el recorrido parlamentario. En cambio, un real decreto ley, como el que se plantea ahora para los permisos, se aplica de manera inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En este contexto, el futuro de la medida depende en buena parte del posicionamiento de Junts. Este medio ha consultado al grupo parlamentario catalán, que no adelanta el sentido de su voto. El partido ha mostrado en los últimos meses una actitud muy crítica con varias iniciativas del Gobierno que han generado rechazo en el ámbito empresarial, como la subida de las cotizaciones de los autónomos, debate en el que Junts se alineó claramente contra la propuesta de la Seguridad Social. Tampoco está definido el voto del PNV, el otro grupo nacionalista de derechas, tradicionalmente más próximo al Ejecutivo que Junts. Fuentes del partido vasco confirman que recibieron en diciembre el texto pactado entre Trabajo y los sindicatos, pero aseguran que aún no han fijado una posición definitiva. Para que la ampliación del permiso salga adelante, el Gobierno necesita el respaldo de toda la izquierda y el apoyo de ambos partidos nacionalistas o, al menos, el voto favorable de uno y la abstención del otro. La iniciativa de Trabajo tiene una clara carga política. El equipo de Yolanda Díaz busca dificultar el rechazo de la derecha ante una medida especialmente sensible, vinculada al fallecimiento de familiares de trabajadores. Además, desde el ministerio recuerdan que España se encuentra lejos de los países más avanzados en esta materia. En Portugal, por ejemplo, una reforma aprobada en 2023 amplió a 20 días el permiso retribuido por la muerte del cónyuge, frente a los cinco días anteriores, equiparándolo al permiso por fallecimiento de hijos. En Francia, el permiso es de 12 días laborables por la muerte de un hijo, que se amplía a 14 si este es menor de 25 años. Trabajo ya recurrió al real decreto ley para sacar adelante la reforma laboral, la principal iniciativa impulsada por Yolanda Díaz desde su llegada al ministerio. Su convalidación parlamentaria en la pasada legislatura se logró por un margen mínimo, gracias al error en la votación de un diputado del Partido Popular.

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(El Confidencial, 04-02-2026) | Laboral

España entra en el club con salario mínimo más alto (1.519 euros al mes) en términos reales

El salario mínimo continúa creciendo y lo hace con fuerza en términos reales, es decir, teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los salarios, un criterio que permite establecer comparaciones entre países. Según los datos de Eurostat, España ya se sitúa -incluso antes de que entre en vigor en 2026 el incremento del 3,1%- entre los países cuyo salario mínimo, ajustado por paridad de poder de compra y libre del efecto de la inflación, supera los 1.500 euros mensuales. En concreto, el salario mínimo interprofesional alcanza los 1.519 euros al inicio del año, una cifra que solo es superada por Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica e Irlanda. A continuación se sitúan Francia y Polonia, este último el primer país del antiguo bloque del Este que entra en este grupo. La diferencia entre el salario mínimo más alto y el más bajo se mueve entre los 2.157 euros de Alemania y los 1.545 euros de Polonia. Por debajo se encuentra un conjunto de doce países cuyos salarios mínimos reales oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros mensuales. En el tramo inferior figuran Letonia y Estonia, ambos con un salario mínimo inferior a los 1.000 euros. Conviene recordar que, a 1 de enero de este año, 22 de los 27 países de la Unión Europea cuentan con un salario mínimo legal. El resto, entre ellos Italia, Austria o Suecia, no disponen de este instrumento. A partir de esta información se extrae una primera conclusión: la desigualdad salarial dentro de la UE sigue siendo muy elevada, aunque se reduce cuando la comparación se realiza en términos de paridad de poder de compra. Aun así, el salario mínimo más alto de la Unión -el alemán- es 4,4 veces superior al más bajo -el estonio- según esta metodología. En todos los casos, las cifras se expresan en términos brutos, es decir, antes de aplicar impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, que varían notablemente de un país a otro. En Dinamarca, por ejemplo, el sistema de protección social se financia fundamentalmente a través del IVA, por lo que los trabajadores no realizan aportaciones directas sobre su salario. Además, para facilitar la comparación, todas las cantidades se han homogeneizado a doce mensualidades, pese a que en países como España es habitual el pago en catorce. La utilización del poder de compra como referencia resulta clave para evitar distorsiones, ya que una comparación meramente nominal se ve afectada por la inflación y el coste de la vida. En el caso español, antes de la última subida acordada por UGT, CCOO y el Gobierno, el SMI en doce pagas se situaba en 1.424,5 euros mensuales, pero ajustado por poder adquisitivo asciende hasta los 1.519 euros, lo que explica su posición destacada en el ranking europeo. Eurostat publica los datos del salario mínimo en términos mensuales, aunque no todos los países lo abonan con esa periodicidad. Por ello, en aquellos donde se fija por horas -como Alemania, Francia, Irlanda o Países Bajos- la remuneración horaria se convierte en una equivalencia mensual. Otra forma de análisis consiste en comparar el salario mínimo con el salario medio o, de forma más precisa, con el salario mediano, que divide a los trabajadores en dos grupos iguales según sus ingresos. Desde esta perspectiva, la relación entre el salario mínimo y los ingresos brutos en Europa oscila entre el 44% en Estonia y el 69% en Portugal.

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