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(Expansión, 24-12-2025) | Laboral

7.000 millones de euros en cotizaciones a empresas y trabajadores para pagar las pensiones

El Consejo de Ministros ha aprobado un incremento del 3,9% en las bases máximas de cotización, una subida de la cuota de solidaridad que oscilará entre el 1,15% y el 1,45%, y el aumento del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) hasta el 0,9% a partir del 1 de enero. Este conjunto de medidas supondrá un fuerte aumento de las cotizaciones sociales para empresas y trabajadores, que se traducirá en unos ingresos adicionales de alrededor de 7.000 millones de euros en 2026 con el objetivo de reforzar la financiación de la Seguridad Social y afrontar el creciente gasto en pensiones. Estos ingresos procederán del aumento del tope máximo de cotización -que se eleva un 3,9%-, de la cuota de solidaridad aplicada sobre los salarios que superan ese límite y del recargo correspondiente al MEI, que alcanzará el 0,9% desde comienzos de año. Las tres figuras de cotización fueron introducidas en la reforma de las pensiones aprobada entre 2021 y 2023, con la finalidad de fortalecer los recursos del sistema ante el continuo aumento del gasto en pensiones y otras prestaciones contributivas. Para el próximo ejercicio, se prevé que este desembolso se acerque a los 230.000 millones de euros. En primer lugar, el mecanismo de equidad intergeneracional se situará en el 0,9% del salario bruto en 2026. Se trata de una cotización finalista destinada a reconstruir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, y se aplica por igual a trabajadores por cuenta ajena y autónomos, con independencia de su nivel de ingresos. El Ejecutivo calcula que esta vía de financiación aportará 5.298 millones de euros el próximo año, un 20% más que en 2025. No obstante, el reparto de la carga no será equilibrado: de los 0,9 puntos porcentuales del MEI, las empresas asumirán 0,75 puntos y los trabajadores 0,15. De este modo, los empleadores soportarán aproximadamente el 83% de esta cotización, lo que equivale a unos 4.397 millones de euros. Conviene recordar que los fondos acumulados no podrán utilizarse hasta 2033, cuando se prevé que comiencen las disposiciones para hacer frente a las tensiones financieras derivadas de la jubilación de la generación del baby boom. Además, aunque estas cotizaciones se destinan formalmente a las pensiones, no computan para el cálculo de la pensión futura al no formar parte de la base reguladora. En segundo lugar, el incremento del tope máximo de cotización, aunque no constituye un tipo específico, también aumentará los ingresos al gravar una mayor parte de los salarios. El límite mensual se elevará un 3,9%, hasta los 5.101,2 euros (61.214,4 euros anuales). Este tope sigue una senda de crecimiento vinculada al IPC medio más 1,2 puntos adicionales, un ritmo superior al de la pensión máxima, que solo se actualiza con el IPC más un 0,115% extra. Aunque la memoria económica de la orden de cotización no concreta el impacto recaudatorio exacto, se espera que sea ligeramente superior al del año anterior, cuando alcanzó los 1.000 millones de euros. Con los tipos actuales, más del 82% de este importe -unos 820 millones- recaerá sobre las empresas. La tercera fuente de ingresos será la cuota de solidaridad, una cotización adicional aplicada a los salarios que superan la base máxima y que entró en vigor en 2025. En 2026, los tipos aumentarán: el 1,15% para el tramo salarial hasta un 10% por encima del tope, el 1,25% para el tramo entre el 10% y el 50%, y el 1,46% para las retribuciones que superen en más de un 50% la base máxima. En concreto, se aplicará un 1,15% a la parte del salario comprendida entre 5.101,21 y 5.611,32 euros, con un reparto del 0,96% para la empresa y el 0,19% para el trabajador. El tramo entre 5.611,33 y 7.651,80 euros tributará al 1,25%, de los cuales el 1,04% corresponderá al empleador y el 0,21% al empleado. Por encima de 7.651,80 euros, el tipo será del 1,46%, repartido en un 1,22% para la empresa y un 0,24% para el trabajador. En todos los casos, los empleadores asumirán en torno al 83% de la cuota de solidaridad. Dado que la Seguridad Social prevé recaudar 567 millones de euros por este concepto -un 41,7% más que el año anterior-, las empresas aportarán aproximadamente 470 millones. En conjunto, estas tres medidas aportarán cerca de 7.000 millones de euros adicionales al sistema, de los que unos 5.810 millones saldrán de las empresas. De forma global, el Ministerio que dirige Elma Saiz estima que las aportaciones de empresas y trabajadores incrementarán la recaudación por cotizaciones en casi 12.500 millones de euros en 2026. Así, los ingresos totales por cuotas alcanzarían los 189.800 millones, un 7% más que en el ejercicio actual. Aun así, estos recursos seguirán siendo insuficientes para cubrir el gasto en pensiones, por lo que el Estado deberá aportar más de 50.000 millones de euros en transferencias para compensar el déficit de la Seguridad Social.

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(El País, 24-12-2025) | Laboral

Las pensiones mínimas subirán al menos un 7% en 2026 y las no contributivas lo harán un 11,4%

El Ejecutivo ya había avanzado que las pensiones se revalorizarán un 2,7% el próximo año, aunque hasta ahora no había concretado el aumento previsto para las pensiones mínimas y las no contributivas, que son las que perciben los colectivos más vulnerables. Estas prestaciones volverán a incrementarse por encima de la subida general del sistema: en 2026, las pensiones mínimas con responsabilidades familiares crecerán un 11,4%, el mismo porcentaje que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), mientras que las mínimas sin cargas familiares aumentarán un 7%. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, detalló estas cifras este martes, en su primera comparecencia tras el Consejo de Ministros como portavoz del Gobierno. En esa misma reunión, el Ejecutivo aprobó también la prohibición de desahucios sin una alternativa habitacional para hogares vulnerables, la prohibición de suspender suministros básicos como luz, agua y gas, y la prórroga del bono social eléctrico. Estas medidas forman parte de un acuerdo alcanzado con EH Bildu, anunciado por la formación vasca el día anterior. El conjunto de estas iniciativas, junto con la revalorización de las pensiones, se integra en lo que el Gobierno denomina el "escudo social". Todas ellas se tramitarán de forma conjunta en un único decreto que deberá ser convalidado por el Parlamento en el plazo máximo de un mes. El Partido Popular había adelantado su disposición a apoyar la subida de las pensiones siempre que se presentara de manera independiente, por lo que, al incluirse junto a otras medidas, fuentes del PP no aseguran su respaldo a la propuesta del Ejecutivo. Las pensiones mínimas representan las cuantías más bajas dentro de las prestaciones contributivas, es decir, aquellas generadas a partir de las cotizaciones realizadas durante la vida laboral. Su importe varía en función de la edad del pensionista, de si tiene o no familiares a su cargo y de que no supere determinados límites de ingresos. Estas cuantías actúan como un suelo del sistema contributivo, mientras que las pensiones máximas marcan el techo. Cuando la prestación calculada no alcanza ese mínimo, se aplican los denominados complementos a mínimos, que también dependen de la situación personal del beneficiario. Según los últimos datos de la Seguridad Social, en España existen 2,12 millones de pensiones que reciben este tipo de complemento. Tal y como explicó Saiz, las pensiones mínimas con cargas familiares subirán un 11,4% y las que no tienen cargas lo harán un 7%. En España hay actualmente 10,42 millones de pensiones contributivas, percibidas por 9,42 millones de personas, ya que algunos beneficiarios reciben más de una prestación. Por sexo, 4,74 millones de hombres y 4,68 millones de mujeres cobran al menos una pensión. Por tipo, las pensiones de jubilación son las más elevadas y las más numerosas: alcanzan una media de 1.511 euros mensuales y suman 6,63 millones de prestaciones. Estas pensiones reflejan además una marcada brecha de género, ya que los hombres perciben una media de 1.728 euros, frente a los 1.209 euros que reciben las mujeres, cuyas trayectorias laborales han sido más discontinuas. A ellas se suman 2,35 millones de pensiones de viudedad, con una media de 926 euros al mes, y cerca de un millón de prestaciones contributivas por incapacidad permanente, que rondan los 1.211 euros mensuales. Para las personas mayores que no han cotizado lo suficiente y carecen de recursos económicos, el sistema cuenta con las pensiones no contributivas, que también se incrementarán un 11,4%. La Seguridad Social abona actualmente unas 471.000 prestaciones de este tipo, de las cuales el 63% corresponde a mujeres. Asimismo, el Gobierno ha confirmado una subida del 11,4% del Ingreso Mínimo Vital, la ayuda estatal destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares más vulnerables. En noviembre, esta prestación llegó a 785.722 hogares, en los que residen cerca de 2,4 millones de personas, según los últimos datos oficiales. La revalorización general del sistema, del 2,7%, responde a la media interanual de la inflación registrada en los últimos 12 meses. Este mecanismo quedó consolidado en la reforma aprobada en 2021, que vincula por ley el aumento de las pensiones a la evolución de los precios para preservar el poder adquisitivo de los pensionistas.

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(El País, 24-12-2025) | Laboral

El escudo social pondrá a prueba las mayorías en el Congreso en el arranque del año electoral

La ratificación en el Congreso del nuevo decreto aprobado por el Gobierno, que prorroga varias medidas incluidas en el denominado escudo social, está lejos de estar garantizada. Los grupos de la derecha parlamentaria -PP, PNV y Junts-, a los que previsiblemente se sumará Vox, no han confirmado su apoyo y vuelven a criticar que el Ejecutivo agrupe en un mismo texto asuntos como la revalorización de las pensiones junto a otras medidas que, a su juicio, deberían negociarse de forma separada. El decreto deberá someterse a votación en el Parlamento en el plazo de un mes. Por el contrario, los socios de izquierda sí respaldan el acuerdo alcanzado entre los partidos de la coalición, PSOE y Sumar, con EH Bildu. El escenario recuerda mucho al de hace un año, cuando el Gobierno presentó en el Congreso un decreto similar que incluía la actualización de las pensiones junto a distintas medidas de protección social y ayudas al transporte público. En aquella ocasión, Junts lo rechazó inicialmente junto al PP y Vox, para acabar apoyándolo días después tras introducirse algunos cambios. El nuevo decreto mantiene medidas como la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos -luz, agua y gas- y la prórroga del bono social eléctrico. El Ejecutivo debe remitir este macrodecreto, que combina el escudo social con la subida de las pensiones aprobada este martes en el último Consejo de Ministros del año, al Congreso en el plazo de un mes hábil. Por ello, deberá cerrar apoyos antes de que finalice enero, con la intención de que pueda ser convalidado al retomarse la actividad parlamentaria ordinaria. De momento, esos respaldos no están asegurados. Las conversaciones con los distintos grupos las vuelve a liderar el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Desde el Gobierno insisten en que su intención es incluir todas las medidas en un único decreto y aseguran estar encontrando una "buena disposición" entre sus socios. El primer acuerdo en este sentido se cerró el lunes con EH Bildu, lo que ha provocado críticas del PP, que cuestiona que el Ejecutivo exhiba acuerdos con esa formación mientras solicita el apoyo de otros grupos. Así lo expresó la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz. Al PNV tampoco le ha sentado bien, una vez más, que el Gobierno priorice el entendimiento con Bildu, con quien compite electoralmente en el País Vasco. El PNV ya señaló el lunes, tras conocerse el pacto entre el Ejecutivo y Bildu, que además de medidas para frenar los desahucios de personas vulnerables reclamaba otras destinadas a proteger a los pequeños propietarios que solo disponen de una vivienda en alquiler. Fuentes del partido subrayan también su rechazo a que se mezcle la subida de las pensiones con el escudo social y defienden que el paquete de ayudas incluya mayores garantías para los arrendadores. En esta línea, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, recordó que "la responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables corresponde al Estado". En definitiva, los nacionalistas vascos esperan conocer la respuesta del Gobierno antes de confirmar lo que, a priori, podría ser un voto favorable. El PP, por su parte, lleva tiempo advirtiendo de su desconfianza hacia los macrodecretos que agrupan múltiples materias. Aunque en principio estaría dispuesto a respaldar la revalorización de las pensiones -que podría suponer subidas de entre el 7% y el 11% en las mínimas-, mantiene su voto en suspenso hasta analizar el contenido completo del texto. Muñoz insinuó este martes, vinculándolo al mal resultado electoral del PSOE en Extremadura, que el Ejecutivo debería reflexionar sobre con qué socios saca adelante determinadas iniciativas, en alusión a Bildu. Con este panorama, y dado que los socios de izquierda vienen reclamando desde hace tiempo medidas "ambiciosas y progresistas" en favor de las familias más vulnerables como condición para sostener la legislatura, la convalidación del decreto vuelve a depender de los siete escaños de Junts. La formación catalana mantiene por ahora su posición abierta, a la espera de más información. Fuentes del partido se limitan a señalar que su postura se decidirá durante el debate parlamentario y cuando el decreto llegue a votación. Hace un año, el Gobierno afrontó una situación muy similar con un decreto ómnibus comparable. Tras una negociación intensa, Junts llegó incluso a forzar un retraso de varias horas en el Consejo de Ministros, mientras los miembros del Ejecutivo aguardaban en una sala contigua. Finalmente, el presidente Pedro Sánchez accedió a tramitar inicialmente la iniciativa sobre la cuestión de confianza que reclamaban los independentistas -que después fue retirada- y aceptó dividir el macrodecreto en dos: uno centrado en las medidas sociales, incluida la subida de las pensiones, y otro con disposiciones económicas. Ahora, todo apunta a que el Ejecutivo podría verse abocado a recorrer un camino similar.

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(Expansión, 23-12-2025) | Laboral

El Estado inyecta más de 50.000 millones extra de los impuestos para pagar pensiones

El Estado ha tenido que destinar más de 50.000 millones de euros en aportaciones presupuestarias a la Seguridad Social para poder afrontar el pago de las pensiones a lo largo de 2025. Hasta el mes de noviembre, estas transferencias alcanzaron los 50.890 millones de euros, lo que representa un aumento del 9,9% en comparación con el año anterior. Este volumen implica que casi una cuarta parte de la financiación de las pensiones contributivas -el 23,4%- ya procede de los impuestos y no de las cotizaciones sociales ordinarias. Si a estas transferencias se suman los ingresos por cotizaciones, que ascendieron a 162.031 millones de euros tras crecer un 6,8% interanual (10.426 millones más), junto con el resto de operaciones corrientes y no financieras, los recursos totales disponibles para atender los compromisos del sistema se situaron en 215.400 millones de euros. Sin embargo, si se excluyen tanto las transferencias del Estado, cercanas a los 51.000 millones, como los 4.505 millones recaudados a través del mecanismo de equidad intergeneracional -cuyas aportaciones son finalistas y se destinan a reforzar el Fondo de Reserva-, los ingresos ordinarios quedarían reducidos a 159.895 millones de euros, una cifra muy inferior al gasto total, que alcanza los 207.530 millones. El Ministerio que encabeza Elma Saiz prevé que la denominada hucha de las pensiones cierre el ejercicio con un saldo próximo a los 14.000 millones de euros. Este año, gracias a la aplicación de la cuota del 0,8% correspondiente al mecanismo de equidad intergeneracional, los recursos acumulados por esta vía están aumentando a un ritmo del 32,7%. La diferencia entre los ingresos ordinarios y el nivel de gasto refleja el denominado déficit contributivo del sistema, que ronda los 50.000 millones de euros y que se cubre con recursos procedentes de la recaudación general de impuestos, lo que equivale a 3,2 puntos del PIB. En cambio, si se tienen en cuenta todas las fuentes de financiación, la Seguridad Social presenta un superávit de 7.870 millones de euros, equivalente al 0,5% del PIB. Desde el Ministerio destacan que, si se comparan los datos actuales con los del último ejercicio previo a la pandemia, en 2019, las cotizaciones sociales han aumentado en 48.404 millones de euros, lo que supone un incremento del 42,6%. Además, en el análisis mensual se observa que en noviembre los ingresos por cuotas alcanzaron los 14.919 millones de euros, 4.494 millones más que en el mismo mes de 2019. Más allá del coste de las pensiones contributivas, uno de los factores que está impulsando con mayor intensidad el aumento del gasto es la prestación por incapacidad temporal. Hasta noviembre, el desembolso asociado a las bajas laborales ascendió a 16.642 millones de euros, un 13,7% más que en el ejercicio anterior. Este fuerte incremento ha obligado a realizar ajustes presupuestarios para cubrir la partida, lo que ha llevado a la Seguridad Social a aportar 6.149 millones de euros adicionales, elevando el presupuesto inicial en un 52%. La estimación para el cierre del año apunta a un gasto cercano a los 18.000 millones de euros en esta prestación.

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(El País, 23-12-2025) | Laboral

El BOE publica la convocatoria de 17.986 plazas en la Administración General del Estado

El Boletín Oficial del Estado publicado este lunes recoge la convocatoria de 17.986 plazas para la Administración General del Estado (AGE). Tal y como señala la resolución firmada por la Secretaría de Estado de Función Pública, se trata de puestos ya contemplados en las ofertas de empleo público correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. La novedad radica en que ahora se activan de manera formal casi 18.000 plazas para su provisión. Según informa el Ministerio de Función Pública en un comunicado, las vacantes se distribuyen en cinco cuerpos distintos y se ofertan tanto por el sistema de turno libre como por promoción interna. En concreto, afectan a los cuerpos de Auxiliares y Administrativos, Técnicos Auxiliares de Informática (subgrupo C1), Auxiliares de la Administración (C2), así como a los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado y de Gestión de Sistemas e Informática (A2). Desde el departamento que encabeza Óscar López subrayan que esta convocatoria forma parte de la estrategia acordada para avanzar hacia una Administración Abierta, con el objetivo de fomentar un empleo público moderno, innovador e inclusivo. En este sentido, destacan que se busca captar y retener talento mediante procesos selectivos que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad. En cuanto a los requisitos académicos, el Gobierno aclara que para optar a las plazas del subgrupo C2 será suficiente contar con la educación secundaria obligatoria; para el C1 se exigirá el título de bachiller o de técnico; y para el A2 será necesario disponer de una titulación universitaria de grado, diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica. La distribución de las cerca de 18.000 plazas es la siguiente: - En el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado se ofertan 1.700 plazas de acceso libre, de las cuales 156 se reservan para personas con discapacidad, además de 720 plazas por promoción interna. - Para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado se convocan 2.512 plazas de turno libre (230 para el cupo de discapacidad) y 6.178 por promoción interna. - El Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática contará con 1.030 plazas de acceso libre, 186 de ellas reservadas para discapacidad, y 340 para promoción interna. - En el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se ofrecen 1.356 plazas de turno libre (266 con reserva para discapacidad) y 2.950 para promoción interna. - Por último, el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado dispondrá de 680 plazas de acceso libre y 520 de promoción interna. Función Pública recuerda que la inscripción en los procesos selectivos deberá realizarse de forma electrónica mediante la presentación de la solicitud de admisión. El plazo para hacerlo es de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE, es decir, desde este martes. La última oferta de empleo público fue aprobada por el Gobierno el pasado verano y supuso un cambio de tendencia respecto a ejercicios anteriores. Con 36.588 plazas, registró un descenso del 8,8% frente a las 40.121 de 2024, después de cuatro años consecutivos de incrementos. No obstante, la oferta de 2024 había marcado un máximo histórico y, pese a la reducción, la de 2025 sigue situándose por encima de las cifras registradas desde 2018, cuando comenzó el actual mandato. El Ejecutivo estimó que esta convocatoria permitirá crear unos 5.400 nuevos empleos en la AGE. Además, la semana pasada el Congreso dio luz verde a la actualización salarial de los empleados públicos para 2025 y 2026. El acuerdo contempla una subida del 2,5% en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y un incremento adicional del 1,5% a partir del inicio de 2026. En conjunto, la revalorización alcanzará el 4%, a la que podría añadirse un 0,5% extra en función de la evolución del IPC, dentro de un pacto que prevé aumentos acumulados de hasta el 11% en cuatro años.

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(Expansión, 22-12-2025) | Laboral

El elevado absentismo laboral es el mayor problema de la economía española en estos momento

Las principales organizaciones empresariales coinciden en señalar al alto nivel de absentismo laboral como el problema más grave de la economía española en la actualidad. Incluso por delante de la baja productividad -estrechamente vinculada a este fenómeno-, de la elevada carga fiscal o de la inseguridad jurídica, que cada año pone en riesgo inversiones por valor de millones de euros. Se trata de una tendencia al alza cuyo impacto económico es cada vez más significativo para las empresas, las mutuas colaboradoras y el propio sistema de Seguridad Social. Pese a ello, apenas ocupa espacio en el debate público ni figura entre las prioridades del Gobierno. Según los datos más recientes de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y del Ministerio de Seguridad Social, el coste directo del absentismo ha pasado de 10.134 millones de euros hace una década a superar los 32.000 millones en el presente ejercicio. Este aumento es muy superior al crecimiento de la población ocupada, que en el mismo periodo ha pasado de 18 a 22 millones de trabajadores, según la última Encuesta de Población Activa correspondiente al tercer trimestre. La comparación refleja hasta qué punto las ausencias laborales se han intensificado desde la pandemia. La crisis sanitaria del Covid-19 supuso un punto de inflexión en el coste del absentismo, medido tanto por el gasto de las mutuas como por el que soportan las empresas. Sin embargo, el verdadero desbordamiento se ha producido a partir de 2022, hasta el extremo de que, según las patronales, ya está teniendo efectos negativos sobre la contratación, especialmente en los sectores más intensivos en mano de obra. La combinación de unas cotizaciones sociales al alza -fruto de los incrementos aprobados por el Ejecutivo año tras año- y el encarecimiento de las ausencias laborales está elevando de forma notable el coste de mantener las plantillas. Esto reduce la capacidad de las empresas para crear empleo. Los costes laborales encadenan ya 19 trimestres consecutivos de crecimiento, con un impacto especialmente acusado en las pequeñas y medianas empresas. Los expertos subrayan el contraste entre el aumento de contrataciones navideñas en grandes cadenas de distribución y la caída registrada en el pequeño comercio. A ello se suma la creciente dificultad para cubrir vacantes en sectores como la construcción, la hostelería o el transporte. Ante las previsiones de que el absentismo vuelva a repuntar en 2026, el Círculo de Empresarios ha pedido la puesta en marcha de un pacto nacional que involucre al Gobierno, a los agentes sociales y a las mutuas, con el fin de contener esta escalada. Entre las medidas propuestas figuran agilizar las altas laborales en los casos de bajas de corta duración, reforzar el control de las ausencias repetidas aunque breves y aumentar los recursos humanos en los centros de salud responsables de gestionar la mayoría de las incapacidades temporales. En los últimos cinco años, la duración de las bajas derivadas de contingencias profesionales ha crecido de forma moderada, mientras que las incapacidades temporales por enfermedad común han experimentado un fuerte aumento. Las primeras tienen una duración media de 37,3 días, frente a los 40,9 días de las segundas. En el caso de los trabajadores autónomos, las bajas se prolongan de media 83,46 días. Solo el 16% de los procesos supera el año de duración. En cualquier caso, los periodos de ausencia en España son sensiblemente más largos que en otros países europeos. En las economías centroeuropeas, la media se sitúa en torno a los 14 días, mientras que en los países nórdicos alcanza aproximadamente los 27 días. Aunque las estimaciones sobre el impacto del absentismo en el PIB varían entre el 3% y el 5,4%, resulta indiscutible que la pérdida anual de 368 millones de jornadas laborales supone un elevado coste de oportunidad para una economía que mantiene las tasas de desempleo más altas de la Unión Europea. Desde 2018, esta cifra ha aumentado un 52% y, según advierten las empresas, está condicionando negativamente sus planes de contratación a medio plazo.

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(El País, 22-12-2025) | Laboral

La Seguridad Social empieza a pagar indemnizaciones a las víctimas del amianto cuatro años después de lo previsto

La Seguridad Social ha comenzado en los últimos días a comunicar a algunos beneficiarios de pensiones de incapacidad permanente, reconocidas por contingencias profesionales vinculadas a enfermedades provocadas por la exposición al amianto, el próximo pago de sus indemnizaciones. Según fuentes del organismo, antes de que finalice el año se habrá informado del abono de alrededor de cinco compensaciones. Con ello se pone en marcha, por fin, el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, casi cuatro años después de su creación y de la primera dotación presupuestaria realizada en 2022. El reglamento que desarrolla este fondo entró en vigor el pasado 18 de septiembre, tres meses atrás, con un notable retraso: dos años y ocho meses después de lo establecido en la ley que dio origen al fondo en 2022. En principio, la aprobación de esta norma debía haber permitido iniciar de inmediato el pago de indemnizaciones a los cerca de 700 trabajadores que ya perciben una pensión de incapacidad permanente por enfermedades profesionales relacionadas con el amianto. Sin embargo, esto no ocurrió y los afectados han tenido que esperar hasta mediados de diciembre para recibir las primeras notificaciones. El nuevo aplazamiento se debe a la introducción de exigencias administrativas adicionales que han retrasado de nuevo la tramitación de los pagos. En concreto, el reglamento establece que, además de tener reconocida una pensión de incapacidad permanente por patologías derivadas del amianto, los beneficiarios deben disponer de un certificado específico que acredite dichas enfermedades. Estos documentos deben ser emitidos por unidades administrativas creadas expresamente por las comunidades autónomas. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), dependiente del Ministerio de Sanidad, aprobó el pasado 12 de noviembre el procedimiento para la expedición de estos certificados y la puesta en marcha de dichas unidades. Algunas comunidades ya las han constituido y están tramitando solicitudes, mientras que otras todavía se encuentran en fase de implementación. Como consecuencia de estos retrasos acumulados, el fondo ha permanecido prácticamente inactivo durante tres ejercicios consecutivos, sin efectuar ningún pago en 2022, 2023 ni 2024. En 2025, su utilización será mínima, ya que solo se abonarán compensaciones a menos de una decena de personas en los últimos días del año, con un desembolso aproximado de 300.000 euros, según estimaciones de las asociaciones de afectados. No obstante, la previsible prórroga automática de los Presupuestos a partir del 1 de enero permitirá que el fondo vuelva a contar con una dotación de 25 millones de euros para continuar con los pagos. En cualquier caso, dado que los importes no ejecutados no se acumulan de un ejercicio a otro, los continuos aplazamientos han supuesto que cerca de 100 millones de euros presupuestados en los últimos cuatro años no hayan llegado a los afectados por enfermedades causadas por el amianto en el ámbito laboral. De acuerdo con los datos recogidos en la memoria de impacto normativo del real decreto que regula el fondo, elaborada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se estima que cada año se producen 4.582 fallecimientos atribuibles a la exposición laboral al amianto, principalmente por mesotelioma y cáncer de pulmón y bronquios, y que el 92% de las víctimas son hombres. No obstante, el número de personas que podrían acceder efectivamente a estas compensaciones económicas es considerablemente menor. Según explica Jon García, portavoz de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), se limitaría a menos de 700 trabajadores que tienen reconocida una incapacidad permanente por enfermedades relacionadas con el amianto y que continúan con vida. García denuncia la existencia de "dos grandes incoherencias entre la ley que creó el fondo en 2022 y el reglamento que regula su funcionamiento, aprobado el pasado septiembre", y reclama una modificación de la normativa. Por un lado, señala que "el espíritu de la ley planteaba una cobertura universal para todas las personas afectadas y sus familias, pero el reglamento ha reducido el acceso a las compensaciones a un colectivo muy reducido". Por otro, recuerda que la norma original también pretendía que las indemnizaciones fueran lo suficientemente elevadas como para evitar que los afectados recurrieran a la vía judicial, algo que, a su juicio, no se ha materializado. De hecho, las asociaciones denuncian que las indemnizaciones reconocidas actualmente por los tribunales suelen triplicar las cuantías fijadas por el fondo: 96.626 euros para los casos de mesotelioma, 64.414 euros para el cáncer de pulmón, 44.310 euros para el cáncer de laringe y 32.207 euros para la asbestosis.

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(El Economista, 22-12-2025) | Laboral

Seguridad Social recaudará un 42% más de los sueldos más altos el año próximo

La segunda fase de la reforma de las pensiones, aprobada en 2023, incorporó un conjunto de medidas destinadas a fortalecer los ingresos de la Seguridad Social ante la próxima jubilación de la generación del baby boom. Estas iniciativas -la cuota de solidaridad, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y el incremento de las bases máximas de cotización- se aplican de forma progresiva y suponen aumentos anuales. Aunque todas contribuirán a elevar la recaudación, la cotización adicional de solidaridad será la que experimente el mayor crecimiento en 2026, con un alza del 42% hasta alcanzar los 567 millones de euros procedentes de los salarios más elevados. En cuanto al MEI, que comenzó a aplicarse en 2023, los ingresos previstos para 2026 se sitúan en 5.298 millones de euros, lo que supone un 20% más que en 2025 y casi el doble de lo obtenido en su primer año de vigencia. En conjunto, ambas cotizaciones extraordinarias aportarán 5.865 millones de euros el próximo ejercicio, un 22% más que en el actual. Estas proyecciones, según recoge el Ministerio de Seguridad Social en la memoria de impacto de las normas de cotización para 2026, tienen en cuenta la evolución esperada del empleo y los salarios conforme a las previsiones económicas más recientes, así como las subidas de cuotas ya programadas para enero. La reforma diseñada bajo el mandato del entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, estableció un incremento anual del MEI hasta alcanzar el 1,2% en 2030. A partir de enero, esta cotización aumentará en una décima, hasta situarse en el 0,9%, de la cual el 0,8% correrá a cargo de las empresas. La cuota de solidaridad sigue un esquema similar, aunque su entrada en vigor se ha producido en 2025 y su despliegue se prolongará hasta 2045. Esta cotización afecta exclusivamente a los salarios que superen la base máxima de cotización, fijada en 5.100 euros mensuales para 2026, y crecerá en distintos tramos: 0,23 puntos en el primero, 0,25 en el segundo y 0,29 en el tercero. Según explica Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), estos ingresos adicionales no se traducen en un aumento de las pensiones futuras de quienes los abonan. "Contribuyen a reforzar la sostenibilidad del sistema, pero son cotizaciones finalistas que no generan derechos y, por tanto, no se reflejan en una mayor prestación para el cotizante", subraya. En el caso del MEI, los fondos recaudados se destinan a la llamada 'hucha de las pensiones', un mecanismo de ahorro de la Seguridad Social diseñado para afrontar el periodo de mayor presión demográfica, y que no podrá utilizarse antes de 2033. Por su parte, la cuota de solidaridad tiene como finalidad reforzar la sostenibilidad financiera del sistema y potenciar su carácter redistributivo, tal y como el Gobierno trasladó a la Comisión Europea en 2023. En total, la Seguridad Social prevé ingresar 189.800 millones de euros en 2026. El Ejecutivo confía en aumentar la recaudación un 7% respecto a 2025 y elevar el peso de las cotizaciones en el PIB en dos décimas, hasta el 10,8%. "El incremento de los ingresos no solo responde a la subida de las cuotas, sino también al avance del empleo y de los salarios", señala Devesa. Para 2026, las previsiones apuntan a un crecimiento del empleo del 1,7%, con unos 350.000 ocupados adicionales, y a un aumento salarial del 3%, según el consenso de Funcas. Otros organismos oficiales, como el Gobierno y la Airef, son más optimistas en cuanto a la creación de empleo, con estimaciones de crecimiento del 2,1% y del 2,2%, respectivamente, aunque prevén subidas salariales algo más moderadas, del 2,9% y el 2,7%. "Nuestros cálculos siguen siendo favorables y el dinamismo del mercado laboral se mantiene, aunque progresivamente se irá produciendo una desaceleración en línea con la evolución económica y con el menor empuje del fenómeno migratorio", resume Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas. Desde el Ministerio de Seguridad Social destacan también el impulso que el aumento previsto del empleo tendrá sobre los ingresos por cotizaciones en 2026. A diferencia del informe de impacto publicado a finales de 2024, el correspondiente a 2025 no detalla los ingresos derivados del aumento de la base máxima de cotización ni de la modificación del sistema de cuotas de los autónomos, conceptos que, según las previsiones oficiales, aportarían 996 millones de euros adicionales en 2025. En lo que va de año, los ingresos reales por cotizaciones se están ajustando de forma bastante precisa a las estimaciones realizadas por el Ministerio. Hasta octubre, último dato disponible, el departamento dirigido por Elma Saiz había recaudado 4.053,35 millones de euros a través del MEI, frente a los 4.403 millones previstos para el conjunto del ejercicio. Por su parte, la cuota de solidaridad ha aportado 334,7 millones de euros hasta ese mismo mes, acercándose a los cerca de 400 millones proyectados para todo el año.

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(El Economista, 22-12-2025) | Laboral

El tiempo de trabajo real del sector público se sitúa por debajo del propio del sector privado

Las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) sitúan la jornada laboral media en torno a las 36 horas semanales, un nivel que incluso queda por debajo de las 37,5 horas que el Ministerio de Trabajo planteó impulsar a finales del pasado verano. En el ámbito del sector público, el periodo con menor jornada efectiva se registró en el cuarto trimestre de 2021, cuando los empleados públicos trabajaron una media de 33,7 horas a la semana. Posteriormente, la duración real de la jornada volvió a superar las 35 horas, aunque en el cuarto trimestre de 2022 -exactamente un año después- descendió de nuevo por debajo de las 34 horas semanales, hasta situarse en 33,8 horas. A pesar de esta evolución, la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, integrada por el Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT y CCOO, se comprometió la semana pasada a trasladar a la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE) la implantación oficial de la jornada laboral de 35 horas semanales para el personal de la AGE. El Ministerio ha asumido el compromiso de que esta medida entre en vigor entre febrero y marzo. Durante el encuentro también se trataron otros asuntos pendientes, como la regulación del teletrabajo, que igualmente se elevará a la Mesa General de Negociación. No obstante, los sindicatos advierten de que esta mejora requerirá más tiempo y no se aplicará de forma inmediata. Por otro lado, la semana pasada los empleados de la Administración General del Estado comenzaron a percibir la subida salarial del 2,5% correspondiente a 2025, con carácter retroactivo desde enero. Los primeros en recibirla fueron los trabajadores de la Agencia Tributaria, seguidos posteriormente por el resto del personal. Desde el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, confían en que los empleados públicos de las comunidades autónomas cobren este incremento antes de que finalice el mes, aunque regiones como Madrid, Cantabria o Galicia ya han anunciado que el pago se retrasará hasta enero y no se incluirá en la nómina de diciembre. De este modo, en enero los trabajadores públicos recibirán tanto la subida vinculada a 2025 como la prevista para 2026, fijada en un 1,5%, con la posibilidad de incrementarse en otro 0,5% si el IPC supera ese umbral, aunque este ajuste adicional no se abonará hasta 2027. En apenas dos meses, las nóminas del sector público habrán aumentado cerca de un 4%, dentro del incremento total del 11,4% pactado entre el Ministerio que encabeza Óscar López y los sindicatos.

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(Expansión, 19-12-2025) | Laboral

Los funcionarios empiezan a cobrar los atrasos de 2025 y el Gobierno abordará la jornada de 35 horas y el teletrabajo en enero

La Administración Pública comenzará este jueves a abonar en las nóminas de funcionarios y empleados públicos los atrasos derivados de la subida salarial de 2025. Además, a partir de enero abrirá con los sindicatos una mesa de negociación para tratar la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y la regulación del teletrabajo. En determinadas comunidades autónomas -como Madrid, Cantabria o Galicia- y en algunos ayuntamientos, el pago de estos atrasos se retrasará hasta enero. La Administración General del Estado ha iniciado este jueves el pago del incremento salarial del 2,5% correspondiente a 2025, con efectos retroactivos desde el mes de enero, incluyendo las cantidades pendientes. Los primeros en recibirlo han sido los empleados de la Agencia Tributaria y, según ha confirmado el sindicato CSIF -firmante del acuerdo marco junto a CCOO y UGT-, el resto de departamentos de la Administración central comenzará a percibirlo en los próximos días. La mayoría de las comunidades autónomas también lo abonarán ahora, aunque en el caso de muchos ayuntamientos el ingreso se pospondrá previsiblemente a enero. Estas cantidades se reflejarán en la nómina de diciembre o mediante una paga extraordinaria. Desde CSIF señalan que ya se ha iniciado el proceso de pagos conforme a lo comprometido por Función Pública y aseguran que harán un seguimiento hasta que se complete en todos los ámbitos administrativos, agradeciendo el trabajo del personal encargado de cerrar las nóminas. Por su parte, CCOO destacó que, entre diciembre y enero, prácticamente todas las administraciones públicas habrán abonado la subida salarial de 2025 con carácter retroactivo. Una vez percibidos estos atrasos, en la nómina de enero se incorporará además el incremento previsto del 1,5% correspondiente a 2026, que podría aumentar en medio punto adicional en función de la evolución del indicador de referencia, siempre que alcance o supere ese umbral durante el próximo año. El Ministerio que encabeza Óscar López confía en que la mayoría de las comunidades autónomas abonen los atrasos este mismo mes, aunque algunas ya han anunciado que lo harán en enero. En el ámbito local, la situación es similar. Según explica CSIF, muchas corporaciones locales ya tenían cerradas las nóminas de diciembre y carecen de medios técnicos para emitir una nómina adicional, por lo que el abono se realizará en enero. Para agilizar el proceso, Función Pública se ha reunido con representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Este miércoles, el Ministerio de Función Pública y los sindicatos firmantes del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público constituyeron la Comisión de Seguimiento del acuerdo, lo que permitirá que los grupos de trabajo sobre Igualdad, Inteligencia Artificial, Salud Laboral y Empleo Público comiencen su actividad el próximo 29 de enero. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos no solo recoge las subidas salariales para el periodo 2025-2028, que arrancan con el pago retroactivo de 2025, sino que también incluye otras medidas laborales. Entre ellas figuran la negociación de la jornada semanal de 35 horas y la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado, previstas para comienzos de 2026. Además, CSIF ha planteado la creación de tres nuevos grupos de trabajo centrados en la promoción interna y la clasificación profesional, el mutualismo administrativo y las clases pasivas, así como en la ampliación de los derechos laborales.

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