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(El País, 13-02-2026) | Laboral

La mitad del crecimiento económico de España en los últimos tres años se explica por los trabajadores extranjeros

Cerca de la mitad del avance de la economía española en los tres últimos años se debe a la aportación de trabajadores extranjeros. Entre 2022 y 2025, el PIB creció un 8,9%, y 4,2 puntos de ese incremento se explican directamente por la incorporación de personas nacidas fuera de España al mercado laboral. En términos acumulados, la inmigración habría sido responsable del 47% del crecimiento, según el informe La inmigración en España: retos, impacto y políticas, publicado por Funcas. El estudio señala que la actual expansión económica descansa menos en mejoras de productividad y más en el aumento de la población activa, en un contexto en el que España pierde cada año población nacional en edad de trabajar. En solo tres años, la población nacida en el extranjero se ha incrementado en alrededor de 1,9 millones de personas, mientras que la nacida en España se ha reducido en unas 320.000. Actualmente, casi el 20% de los residentes ha nacido fuera del país. Este fenómeno no solo tiene implicaciones demográficas, sino también laborales: desde 2019, prácticamente todo el aumento de la población activa corresponde a inmigrantes. Sin su contribución, el mercado de trabajo se habría contraído debido a la jubilación de la generación del baby boom. La llegada de trabajadores extranjeros ha permitido sostener la actividad en sectores con fuerte demanda. Hostelería, construcción, comercio y agricultura concentran buena parte del nuevo empleo ocupado por inmigrantes. En estas ramas, entre el 60% y el 70% de los puestos creados desde la pandemia han sido cubiertos por personas de origen extranjero, proporción que es aún mayor en la construcción en los últimos años. Los autores del informe, Raymond Torres y María Jesús Fernández, destacan que estos sectores, que presentan más dificultades para cubrir vacantes, son los que más han recurrido a mano de obra foránea. Este aumento de trabajadores también ha contribuido a moderar la presión sobre los precios en actividades con alta demanda, como la hostelería. Sin esa oferta adicional de empleo, empresas de la construcción o la agricultura habrían tenido que reducir su producción o trasladar la escasez de personal a los precios finales. El informe señala que entre 2019 y 2024 el deflactor de los sectores vinculados al turismo en España subió un 17,9%, frente al 21,3% de media en la eurozona. Esto sugiere que la disponibilidad de trabajadores permitió responder al aumento de la demanda ampliando la producción en mayor medida que los precios. No obstante, el incremento de la inmigración no ha supuesto un impulso para la productividad media. Según el estudio, la variación en la composición de la población ocupada por nacionalidades ha restado ocho décimas al crecimiento de la productividad en el último trienio. Este efecto se debe a que la mayoría del empleo extranjero se concentra en sectores de menor valor añadido y salarios más bajos, lo que reduce la productividad agregada por un efecto estadístico. Los autores consideran que se trata de una consecuencia mecánica vinculada al mayor peso de estas actividades menos productivas. El informe también señala desequilibrios persistentes en el mercado laboral. La tasa de desempleo entre los inmigrantes es superior a la de los trabajadores nacionales, sus salarios medios son más bajos y su presencia es elevada en sectores de escasa productividad. Además, la integración laboral varía según el origen: las personas procedentes de América Latina suelen percibir salarios más cercanos a los de los españoles que las originarias de países africanos. Mientras los inmigrantes se concentran en ocupaciones elementales o de cualificación media-baja, el empleo entre los españoles se ha desplazado hacia puestos de mayor cualificación y remuneración. Desde 2019, el crecimiento del empleo nacional se ha concentrado casi exclusivamente en categorías técnicas, profesionales y directivas. El estudio también examina el impacto de distintas políticas de incorporación de trabajadores migrantes. Analiza, por un lado, los procesos de regularización de personas en situación irregular -como el aprobado recientemente en España para más de medio millón de trabajadores- y, por otro, los programas de empleo temporal para tareas estacionales o de baja cualificación. La evidencia empírica de España, Estados Unidos y América Latina indica que las regularizaciones ofrecen mejores resultados que los programas circulares en los que el trabajador regresa a su país tras finalizar su contrato. Regularizar suele mejorar las tasas de empleo y los ingresos de los inmigrantes y tiene efectos muy limitados sobre los trabajadores nacionales. Además, un estudio académico próximo a publicarse no encuentra pruebas de que la regularización de 600.000 personas en España en 2005 generara un efecto llamada. En cambio, los resultados de los programas de trabajadores temporales son menos concluyentes, tanto para los migrantes como para las empresas, especialmente en España, debido a la escasez de datos y al acceso limitado a registros administrativos. No obstante, investigaciones realizadas en Estados Unidos apuntan a que estos programas, en empleos de baja cualificación, pueden reducir la dependencia de mano de obra irregular y evitar efectos adversos sobre el empleo y los salarios de los trabajadores nacionales. En el caso de profesionales altamente cualificados, tampoco se ha demostrado que desplacen a los trabajadores locales; algunos estudios incluso sugieren que su presencia puede aumentar el empleo entre la población nativa.

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(El Economista, 13-02-2026) | Laboral

Los parados mayores de 52 años pasarán a cotizar como si cobrasen 1.780 euros cuando suba el SMI

El Ejecutivo prevé aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros mensuales. Este incremento no solo repercute en quienes perciben el sueldo mínimo, sino también en los desempleados mayores de 52 años que cobran el subsidio específico para este colectivo. Cuando la medida entre en vigor, aumentarán las cotizaciones a la Seguridad Social que el Estado realiza en su nombre de cara a la jubilación, lo que refuerza el desincentivo ya existente para reincorporarse al mercado laboral. El subsidio para mayores de 52 años está dirigido a quienes han agotado la prestación contributiva o no han cotizado lo suficiente para acceder a ella y se encuentran próximos a la edad de retiro. Su objetivo es ofrecer protección en la recta final de la vida laboral, aunque distintos centros de estudios y el propio Ministerio de Economía han advertido de que puede reducir el incentivo a buscar empleo. La cuantía mensual de la ayuda es de 480 euros, una cifra inferior al salario mínimo. Sin embargo, el atractivo del subsidio reside en las cotizaciones que lleva asociadas: el Estado cotiza por el beneficiario sobre el 125% de la base mínima de cotización, que está vinculada al SMI. En la práctica, esto significa que una persona en paro con esta ayuda cotiza un 25% más que si trabajara cobrando el salario mínimo. Aunque el ingreso directo sea reducido, la cotización se calcula como si el beneficiario percibiera un salario considerablemente superior. Esto resulta especialmente ventajoso para quienes necesitan completar años de cotización para acceder a una pensión contributiva o mejorar su futura prestación. En función de su situación personal y sus ahorros, puede resultar más beneficioso mantener el subsidio que aceptar un empleo remunerado con el SMI. Cada aumento del salario mínimo amplía esta diferencia. Actualmente, los perceptores cotizan como si tuvieran un sueldo de 1.726 euros. Con la próxima subida prevista, la base de cotización se aproximaría a la correspondiente a un salario de 1.780 euros. Esto no solo incrementa el posible desincentivo a trabajar, sino que también eleva el gasto del Servicio Público de Empleo Estatal. Según la memoria económica del Ministerio de Trabajo que acompaña al borrador del decreto de subida del SMI -del 3,1%-, el gasto en subsidios por desempleo aumentará en torno a 26 millones de euros, considerando a todos los beneficiarios. De esa cantidad, unos 22 millones se explican por el incremento de las cotizaciones sociales. La subida del SMI también eleva el umbral de ingresos para acceder a la ayuda, fijado en el 75% del salario mínimo, ya que es compatible con empleos a tiempo parcial. El límite actual de 880 euros pasará a 896 euros. No obstante, el Gobierno estima que esta variación tendrá un impacto reducido en el número de nuevos beneficiarios. La reforma de este mecanismo ya fue objeto de debate en la anterior legislatura, cuando se modificó el subsidio en el marco de los compromisos ligados a los fondos europeos. El Ministerio de Economía, entonces dirigido por Nadia Calviño, defendía eliminar esta cotización reforzada al considerar que no estaba diseñada para un SMI tan elevado. Sin embargo, tras la caída inicial de la norma en el Congreso y nuevas negociaciones impulsadas por los sindicatos, se mantuvo la cotización del 125% de la base mínima, vigente desde 2011. En su último informe sobre España, la OCDE analizó este subsidio y advirtió de que puede reducir los incentivos económicos para que los mayores de 52 años acepten un empleo. Según su enfoque, al sumar la pérdida de la ayuda y el pago de impuestos y cotizaciones al volver a trabajar, puede no resultar rentable aceptar un puesto con salario mínimo, especialmente porque se pierde la cotización adicional para la jubilación. La organización utiliza el concepto de tipo impositivo de participación para medir este efecto. En el caso de los trabajadores de más edad en España, la carga implícita al incorporarse al empleo puede ser muy elevada. En algunos supuestos, el coste supera el 100%, lo que implica que por cada euro adicional de salario bruto que obtendrían al trabajar, perderían más de un euro entre la desaparición de la ayuda y las obligaciones fiscales y de cotización. Esta situación actúa como un claro desincentivo para regresar al mercado laboral.

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(El Economista, 13-02-2026) | Laboral

El Congreso pide al Gobierno una cuota cero para los autónomos que sufran enfermedades graves

El Congreso de los Diputados ha respaldado una iniciativa para instar al Gobierno a implantar una cuota cero para los trabajadores autónomos que padezcan una enfermedad grave. La propuesta salió adelante con el único voto en contra del PSOE y la abstención de Vox. La iniciativa partió de ERC, a través de una moción consecuencia de una interpelación urgente dirigida a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, con el objetivo de analizar la situación de los profesionales integrados en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). El texto incluía 13 propuestas. Entre ellas figuraba un incremento de las cotizaciones para aquellos autónomos con ingresos superiores a 6.000 euros mensuales, pero esta medida fue rechazada con los votos en contra de PSOE y Vox y la abstención del PP. Tampoco prosperaron otras iniciativas, como la financiación en los Presupuestos Generales del Estado de una cuota reducida para autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional, ni la regulación de los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes (TRADE) mediante la creación de un registro obligatorio de contratos, el reconocimiento del derecho a indemnización y una prestación por desempleo efectiva. En total, ocho de las trece medidas recibieron el visto bueno de la Cámara, algunas de ellas sin el apoyo del PSOE. Es el caso de la cuota cero en situaciones de enfermedad grave, que además contempla bonificaciones para facilitar la contratación de sustitutos, según informó Europa Press. Los socialistas también votaron en contra de la propuesta de evitar la doble cotización en supuestos de pluriactividad, simplificar los trámites administrativos y establecer una cuota reducida cuando la actividad por cuenta propia tenga carácter secundario. Con la abstención del PSOE y de Vox, el Congreso aprobó asimismo solicitar la equiparación de las prestaciones de los autónomos con las de los asalariados en casos de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, lactancia y cuidado de menores con enfermedades graves. Por el contrario, sí contaron con el respaldo del PSOE otras medidas como la incorporación de las principales organizaciones representativas de autónomos -tanto estatales como autonómicas- al Consejo Económico y Social; el refuerzo de la lucha contra el fraude de los falsos autónomos; la creación de un subsidio para mayores de 52 años similar al existente para trabajadores por cuenta ajena; la mejora del cese de actividad para convertirlo en una prestación por desempleo efectiva; y la implantación de un sistema de cotización más ajustado y progresivo en función de los ingresos reales.

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(Expansión, 12-02-2026) | Laboral

La ineptitud sobrevenida no justifica el despido sin ofrecer alternativas

Una empresa no puede extinguir el contrato de un trabajador por ineptitud sobrevenida sin haber intentado previamente adaptar su puesto o buscar una recolocación adecuada. Así lo ha establecido la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que en diciembre estimó el recurso de casación presentado por un empleado y declaró improcedente su despido al no haberse demostrado que la empresa intentara antes una readaptación o la asignación a un puesto compatible con su situación. El caso parte del despido de un teleoperador con contrato indefinido a tiempo parcial. Tras permanecer dos años en situación de incapacidad temporal, el servicio de prevención de la empresa lo declaró "no apto" para su puesto. Con base en ese informe, la compañía justificó la extinción del contrato por ineptitud sobrevenida. En un primer momento, el Juzgado de lo Social nº 12 de Madrid consideró el despido improcedente y condenó a la empresa a elegir entre readmitir al trabajador con el abono de los salarios dejados de percibir o indemnizarlo. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó esa sentencia y declaró procedente el despido, al entender que el informe del servicio de prevención era suficiente para acreditarlo. El Tribunal Supremo corrige ahora ese criterio y precisa que no basta con acreditar la ineptitud sobrevenida. La empresa debe probar también que trató de realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo, ofrecer una recolocación acorde con las limitaciones del trabajador o, en su caso, justificar que tales medidas suponían una carga excesiva. Esta interpretación se fundamenta en el Estatuto de los Trabajadores y en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que refuerzan la protección de las personas con discapacidad y exigen evitar la extinción automática del contrato sin explorar alternativas. Con esta resolución, el alto tribunal consolida la obligación empresarial de priorizar la adaptación laboral antes de acudir al despido por ineptitud sobrevenida, en coherencia con los principios de igualdad y no discriminación.

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(Expansión, 12-02-2026) | Laboral

El empleo de EEUU crece con fuerza y rebaja las previsiones de recortes de tipos

La economía de Estados Unidos generó 130.000 puestos de trabajo en enero, una cifra que superó ampliamente las previsiones y que apunta a una recuperación del mercado laboral tras varios informes poco alentadores. El dato, difundido el miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), casi duplicó los 68.000 empleos que esperaban los economistas consultados por Bloomberg y también quedó muy por encima de los 48.000 creados el mes anterior, cifra que además fue revisada a la baja. Tras conocerse el informe, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, ya que los inversores redujeron sus expectativas de recortes de tipos de interés para este año. El interés del bono a dos años -especialmente sensible a la política monetaria- avanzó 0,08 puntos porcentuales hasta el 3,55%, su nivel más alto en una semana. En el mercado de futuros, los operadores pasaron de prever entre dos y tres bajadas de tipos antes de diciembre a descontar únicamente dos. Por su parte, la tasa de desempleo descendió levemente hasta el 4,3%. El sólido arranque del año sorprendió a los mercados, dado que informes recientes apuntaban a un debilitamiento del empleo, con más despidos, menos vacantes y un aumento de las solicitudes de subsidio por desempleo. Stephen Brown, de Capital Economics, calificó el informe como "claramente sólido" y señaló que la amplia dispersión de previsiones previas demuestra que prácticamente nadie anticipó el resultado final. Durante 2025, la creación de empleo se había moderado con fuerza tras años de crecimiento intenso. De hecho, datos publicados la semana anterior sugerían un mayor deterioro, con más recortes de plantilla y menos ofertas laborales. Sin embargo, las cifras de enero refuerzan la postura del presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, quien recientemente sostuvo que el mercado laboral mostraba señales de "estabilización" cuando el banco central decidió pausar los recortes de tipos el mes pasado. El incremento del empleo en enero se concentró en los sectores sanitario, de asistencia social y de la construcción, mientras que se registraron descensos en finanzas y en la administración federal. Desde la Casa Blanca se había anticipado un posible resultado más débil. Peter Navarro, principal asesor comercial de Donald Trump, afirmó el martes que era necesario rebajar de forma significativa las expectativas sobre la cifra mensual. No obstante, tras conocerse los datos, el Consejo de Asesores Económicos destacó en redes sociales que el informe superó con creces lo previsto. Las cifras oficiales contrastan con algunos indicadores privados recientes. Challenger Gray & Christmas informó que los recortes de empleo en enero fueron los más elevados para ese mes desde 2009. Asimismo, la empresa de nóminas ADP estimó que solo se habían creado 22.000 puestos de trabajo. Según Ian Lyngen, de BMO Capital Markets, los datos privados ofrecían una imagen distinta a la publicada finalmente por el Gobierno. La BLS también revisó a la baja la creación de empleo del año anterior, que pasó de 584.000 a 181.000 puestos en términos desestacionalizados, lo que confirma la fuerte desaceleración experimentada en 2025. Además, el nivel de empleo correspondiente a marzo de 2025 se redujo en 898.000 puestos dentro del proceso anual de revisión estadística. Algunos analistas advierten de que persisten riesgos para el mercado laboral y de que los efectos estacionales podrían estar distorsionando la tendencia real. Thomas Simons, de Jefferies, señaló que no es especialmente optimista respecto a las perspectivas a corto plazo y apuntó que los datos recientes de solicitudes de subsidio sugieren que el impulso estacional podría estar agotándose. La publicación del informe, prevista inicialmente para la semana anterior, se retrasó debido al reciente cierre parcial del Gobierno federal.

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(El Confidencial, 12-02-2026) | Laboral

El ingreso real per cápita de los hogares en la OCDE aumenta un 0,3%, mientras que el crecimiento del PIB real per cápita es del 0,5%

El malestar social cuenta con fundamentos objetivos, al menos si se analizan los ingresos de los hogares. Así lo señala la OCDE con datos hasta el tercer trimestre del pasado año, que reflejan que el crecimiento de la renta real per cápita de las familias en los países del G7 se ha frenado. De hecho, en buena parte de las principales economías avanzadas incluso se observa un retroceso. La explicación principal, según el organismo, es el débil avance de la remuneración de los asalariados, que está creciendo por debajo del PIB real, es decir, descontando la inflación. En el tercer trimestre de 2025, la renta real per cápita de los hogares en el conjunto de la OCDE aumentó un 0,3%, mientras que el PIB real per cápita lo hizo un 0,5%. En otras palabras, la economía crece más que los salarios, lo que ayuda a entender parte de la inestabilidad política en varios países desarrollados: la mejora macroeconómica no se traduce plenamente en mayores ingresos laborales. De los 20 países con información disponible, once registraron aumentos en la renta real de los hogares, ocho sufrieron descensos -entre ellos varias de las grandes economías- y uno permaneció estable. En el caso del G7, el crecimiento se paralizó y predominan las caídas. Dentro de este grupo, Reino Unido experimentó el mayor retroceso, con un descenso del 0,8% en el tercer trimestre de 2025, debido sobre todo al incremento de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, mientras que el PIB per cápita no mostró variación. En Francia y Canadá, la renta real por habitante también disminuyó, un 0,3% y un 0,1% respectivamente, en un contexto de repunte de precios, aunque el PIB per cápita avanzó un 0,4% y un 0,5%. Esta divergencia entre el comportamiento del PIB y el de la renta familiar tiene relación, entre otros factores, con la productividad y con los flujos migratorios: si la producción total aumenta pero también lo hace la población, el crecimiento no siempre se refleja en mayores ingresos individuales. En el caso de España, la OCDE indica que, tomando como base 100 el cuarto trimestre de 2022, la remuneración de los asalariados ha alcanzado el 115%, por encima de Estados Unidos (109%) e Italia (111%), aunque por debajo de Reino Unido (123%) y Hungría (127%). Además, el incremento salarial ha superado al del PIB real, que desde el inicio de la crisis financiera -cuando se situaba en 100 en 2007- ha ascendido hasta 110. Es decir, las nóminas han crecido cinco puntos más que la producción en términos reales, en gran medida por las subidas del salario mínimo desde 2019. No obstante, entre 2009 y 2019 el salario real descendió un 2,5%, según un estudio de Fedea elaborado por los profesores Ferri y Boscá. El estancamiento de los salarios reales no es un fenómeno reciente. Tras los impactos de la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020, las economías avanzadas no han logrado una recuperación significativa de los ingresos laborales. Estos han crecido incluso por debajo de las modestas mejoras de productividad y, por supuesto, del PIB. La OCDE subraya que, aunque los salarios nominales aumentaron con fuerza en 2023 y 2024, en el primer trimestre de 2025 los salarios reales seguían un 4,2% por debajo de los niveles del primer trimestre de 2021. España se sitúa así en línea con la evolución de la zona euro, pero por detrás de la mayoría de las grandes economías de la organización. Australia, eso sí, registró una caída más acusada de los salarios reales en ese mismo periodo. En Estados Unidos, la inflación también ha erosionado la renta real per cápita, que retrocedió un 0,1%, poniendo fin al periodo más prolongado de crecimiento continuo tras la pandemia dentro de la OCDE, iniciado en el tercer trimestre de 2022. Mientras tanto, el PIB real per cápita estadounidense crece a un ritmo del 0,9%. Italia presenta una evolución distinta, con un aumento del 1,7% en la renta real por habitante, impulsado por mayores salarios y rentas netas de la propiedad. Alemania también registró un incremento del 0,5%, apoyado principalmente en la mejora de la remuneración de los trabajadores. Entre otros países de la OCDE, Hungría destacó con el mayor crecimiento de la renta real per cápita de los hogares, un 1,6%, acompañado de un aumento del PIB per cápita del 0,9%. Este avance se explica en parte por el sólido crecimiento salarial, que junto con el de Polonia figura entre los más intensos desde finales de 2022. En el extremo opuesto se situaron los Países Bajos, donde la renta familiar real por habitante cayó un 1,6%, debido a que el aumento de cotizaciones sociales e impuestos sobre la renta y el patrimonio contrarrestó las mejoras salariales, pese a que el PIB per cápita avanzó un 0,2%.

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(La Vanguardia, 12-02-2026) | Laboral

Cada trabajador falta un día al mes por baja laboral

Las organizaciones empresariales de todo el país han abierto un frente contra el aumento de las bajas laborales, que en 2025 alcanzaron los nueve millones de procesos, frente a los seis millones registrados en 2019. Las patronales reclaman reformas legales que no resultan fáciles de consensuar ni con los partidos políticos ni con los sindicatos, y al mismo tiempo intentan introducir determinadas medidas a través de la negociación de los convenios colectivos. La propuesta más reciente la ha planteado Pimec, la patronal catalana de pequeñas y medianas empresas. Su presidente, Antonio Cañete, ha defendido en Madrid un sistema para reducir el número de incapacidades temporales que pasaría por penalizar la reiteración de bajas. La idea consiste en que la empresa complemente hasta el 100% del salario en la primera baja por incapacidad temporal, pero que ese complemento vaya disminuyendo de forma progresiva si el trabajador acumula varios procesos y no padece una enfermedad crónica. Cañete ha argumentado que cuando se produce una repetición de bajas que genera una situación anómala debe existir una corresponsabilidad gradual, aunque ha subrayado que quedarían fuera de este esquema las patologías crónicas, ya que no se trata de estigmatizar a nadie. La normativa actual obliga a las empresas a abonar el 60% de la base reguladora entre el cuarto y el decimoquinto día de una baja por contingencias comunes, pero muchos convenios colectivos elevan ese porcentaje hasta el 100%. La CEOE también ha defendido en varias ocasiones la reducción de estos complementos, algo que empieza a apreciarse en los datos. Según el Ministerio de Trabajo, el porcentaje de convenios que incluyen cláusulas de complemento salarial en los primeros días de incapacidad temporal ha descendido ligeramente: del 80,5% en 2022 al 76,7% en 2024, lo que apunta a un cambio de tendencia todavía moderado. Según el estudio de Pimec, las horas medias mensuales de incapacidad temporal por trabajador han pasado de 3,7 horas en 2013 a 8,2 horas en los tres primeros trimestres de 2025. Aquí, la industria es el que presenta mayor número de horas de baja por trabajador al mes, 9,4 horas, respecto a las 8 horas en el sector servicios y 7,8 horas en construcción. En cuanto al coste por empleado, en la industria asciende a 3.052 euros, por los 2.359 euros en el sector servicios y los 2.065 euros en la construcción. Un informe reciente de la AIReF señala que el 25% de las personas en incapacidad temporal concentró el 55% de los procesos en 2024, frente al 51% en 2017. Esto sugiere que existe un grupo reducido de trabajadores que acumula cada vez más episodios en un mismo año. De hecho, en 2024 casi un 32% de quienes estuvieron de baja iniciaron más de un proceso. No obstante, el organismo no especifica si estas reiteraciones responden a las mismas dolencias o a enfermedades de carácter crónico. El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha justificado la propuesta señalando que cuando las bajas se complementan íntegramente puede generarse un efecto incentivo. También ha recordado que en épocas con altas tasas de desempleo las empresas aceptaron ampliar esa protección como parte de una política social pactada con los sindicatos, pero que ahora consideran necesario revisar esos acuerdos porque dificultan afrontar el problema actual. Además, la patronal catalana ha criticado que la única medida anunciada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante el aumento de las bajas haya sido la creación de un observatorio, comprometido ya en 2024. A su juicio, analizar la situación es positivo, pero insuficiente si no va acompañado de cambios normativos. Pimec tiene previsto reunirse con la ministra Elma Saiz para trasladarle varias propuestas legislativas. Entre ellas figura otorgar a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la capacidad de emitir altas y bajas médicas en casos de contingencias comunes, como ya ocurre con las profesionales. Se trata de una demanda histórica de la CEOE y de las propias mutuas, aunque los sindicatos la rechazan por considerarla una privatización encubierta y el Gobierno no la contempla por ahora. La organización también propone facilitar el acceso a los datos de la denominada sala segura de la Seguridad Social para detectar posibles desviaciones y generar alertas sobre procesos de incapacidad temporal que se prolonguen más de lo técnicamente previsto. A diferencia de la CEOE, Pimec respalda la implantación de altas progresivas o bajas flexibles, aunque cree que el planteamiento actual del ministerio -limitado a procesos de más de 180 días y a determinadas patologías, excluida la salud mental- resulta demasiado restrictivo. Como no forma parte del diálogo social a nivel estatal, Pimec ha iniciado contactos con distintos grupos parlamentarios con el objetivo de trasladar sus propuestas e intentar que se incorporen a futuras reformas o a programas electorales.

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(El Periódico, 12-02-2026) | Laboral

La Seguridad Social lanza un aviso a los trabajadores con dos o más bajas médicas

El modelo de protección social en España se encamina hacia un giro en la forma de supervisar la salud laboral. Tras varios años de aumento continuado del gasto en incapacidad temporal, el Ejecutivo ha optado por actuar para contener el coste que estas prestaciones suponen para las cuentas públicas. La iniciativa, promovida por la ministra Elma Saiz, se centra en un colectivo específico: los trabajadores que acumulan varias bajas médicas dentro de un mismo año. La medida llega después de que la AIReF advirtiera en su último informe de evaluación del gasto de que la repetición de procesos de baja es uno de los principales factores que tensionan el equilibrio financiero del sistema. Desde ahora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social reforzará el control sobre quienes tramiten dos o más incapacidades temporales en un periodo de doce meses, sobre todo cuando se trate de procesos de corta duración. El propósito no es sancionar a quienes estén realmente enfermos, sino mejorar los mecanismos de supervisión para detectar posibles irregularidades o problemas de salud persistentes que no estén recibiendo un tratamiento adecuado. Para ello, el nuevo Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal analizará datos de forma automatizada y activará revisiones cuando detecte patrones de reiteración. Entre los cambios que podrían notar los trabajadores que encadenen bajas se encuentran revisiones médicas más tempranas de lo habitual, un examen detallado de su historial clínico para comprobar si los distintos procesos responden a una misma causa y, en su caso, la posibilidad de que el INSS impulse un expediente de incapacidad permanente o rechace una nueva baja si entiende que es una continuación injustificada de la anterior. También se intensificará el seguimiento estadístico de las ausencias muy breves, de uno a cuatro días, que hasta ahora tenían menor control presencial. Este refuerzo de la vigilancia coincide con la negociación de un sistema de reincorporaciones progresivas, que permitirá volver al trabajo de forma gradual tras una baja. Con este conjunto de medidas, la Seguridad Social pretende contener un gasto que considera difícilmente asumible en el presupuesto previsto para 2026.

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(El Economista, 12-02-2026) | Laboral

Las empresas españolas prefieren "vender" teletrabajo en sus ofertas de empleo para esconder el salario

En un escenario en el que cerca de la mitad de las compañías españolas tiene dificultades para cubrir puestos vacantes, el teletrabajo se ha consolidado como uno de los grandes reclamos para captar talento. Sin embargo, lo que a menudo se presenta como un avance ligado a la digitalización y a modelos laborales más flexibles también puede reflejar otra realidad: la imposibilidad de ofrecer salarios realmente competitivos. De ahí surge una paradoja llamativa. España encabeza en Europa la proporción de ofertas que incluyen la opción de trabajar en remoto -un 22,4%-, pero figura entre los países que menos información salarial facilitan en sus anuncios. Solo el 17% de las vacantes detallan la retribución, un punto menos que hace un año, pese a que una directiva europea que deberá aplicarse en junio obligará a aportar esa información. Según datos de Indeed, el volumen de ofertas en España sigue siendo un 48,8% superior al nivel previo a la pandemia, porcentaje solo superado por Italia (51,1%) y en contraste con el retroceso observado en otros países europeos. No obstante, las ofertas que sí incluyen salario muestran una moderación: las remuneraciones publicadas se sitúan por debajo de las fijadas en convenio. Es decir, aunque persisten los problemas para contratar, las empresas han agotado en gran medida su margen para elevar sueldos como mecanismo de atracción. En este contexto, muchas compañías optan por no hacer pública la retribución, especialmente en los puestos mejor pagados. De este modo, encaran la negociación con mayor margen, mientras el candidato parte con menos información. A cambio, se potencian ventajas no salariales, como el teletrabajo, que suele presentarse como medida de conciliación y flexibilidad, más cercana a un beneficio social -o "salario emocional"- que a una mera modalidad organizativa. Esto puede estar inflando la presencia del teletrabajo en los anuncios. España lidera desde 2021 el porcentaje de ofertas que mencionan trabajo remoto total o parcial (modalidad híbrida), superando ampliamente a Irlanda (19,8%), Reino Unido (17,7%), Alemania (14,8%), Italia (11,9%), Francia (11,6%) o Países Bajos (10,2%). Sin embargo, esta posición destacada en las ofertas no se corresponde con la realidad del mercado laboral. A finales de 2024, solo el 12,8% de los trabajadores en España teletrabajaban, según Eurostat. Salvo Italia (9%), el resto de los países mencionados registran porcentajes muy superiores: Alemania alcanza el 22%, Francia el 29,9%, Irlanda el 33,8%, Países Bajos el 47,4% y Reino Unido el 40%, según su oficina estadística. Esta brecha entre anuncios y empleo efectivo suele explicarse por dos motivos. Por un lado, en los países donde el teletrabajo está ampliamente implantado, destacarlo en una oferta resulta innecesario. Por otro, existe un sesgo hacia ocupaciones de oficina -con mayor posibilidad de trabajar a distancia- en las publicaciones. También influye la normativa. En España, la ley obliga a las empresas a sufragar los gastos del teletrabajo cuando este supera el 30% de la jornada durante tres meses. Esto ha impulsado el modelo híbrido u ocasional, que afecta al 49% de quienes teletrabajan, en línea con Alemania o Irlanda (más del 50%), pero por encima de Países Bajos (19,8%) o Francia (29%). La duda es si las empresas consideran esta fórmula como parte estructural de la productividad o como un incentivo añadido. Pese al aumento de la demanda de perfiles cualificados, la transparencia salarial sigue siendo escasa. Fórmulas ambiguas como "salario según convenio" o "retribución competitiva según experiencia" continúan dominando las ofertas. España, con ese 17% de anuncios que detallan sueldos, solo supera a Alemania (13%) por la cola. Además, mientras en otros países la transparencia ha avanzado, en España el indicador lleva tiempo estancado e incluso ha retrocedido desde el 20% alcanzado hace dos años. Italia, por ejemplo, ha elevado su tasa hasta el 30%. Indeed señala que esta situación responde a una pausa general antes de la entrada en vigor de la directiva europea de transparencia salarial (2023/970), que debía incorporarse a las legislaciones nacionales antes del 7 de junio de 2026, aunque la complejidad normativa y el contexto político dificultan su aplicación en plazo. La norma obligará a facilitar a los trabajadores información sobre su salario en comparación con el de compañeros en puestos equivalentes y a justificar por escrito cualquier diferencia basada en criterios objetivos. También exigirá incluir la banda salarial en las ofertas de empleo, aunque el alcance exacto de esta obligación genera debate. Empresarios y sindicatos argumentan que gran parte de esta información ya está recogida en los convenios colectivos, lo que explicaría su escasa presencia en las ofertas, algo similar a lo que ocurre en Alemania. Sin embargo, en Francia -también con fuerte negociación colectiva- la transparencia es mayor, lo que apunta a diferencias vinculadas al tipo de empleo. El economista jefe de Indeed, Pawel Adrjan, advertía recientemente de que el aparente estancamiento esconde comportamientos distintos según sectores. Entre 2019 y 2024, la transparencia salarial ha crecido en actividades con remuneraciones bajas o medias, como transporte, cuidados personales, logística y hostelería. En cambio, ha disminuido en ocupaciones mejor pagadas -informática, sanidad, finanzas y profesiones técnicas-, donde el "secretismo salarial" es más acusado. Precisamente esa práctica es la que la directiva europea pretende corregir, al considerar que la negociación individual reduce la capacidad del candidato para mejorar sus condiciones, afectando especialmente a las mujeres y contribuyendo a la brecha salarial en niveles intermedios y directivos. Para las empresas, adaptarse a este nuevo marco puede suponer un reto adicional en plena "guerra por el talento", que, según el Banco de España, afectaba a finales de 2025 al 48% de las compañías.

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(Expansión, 11-02-2026) | Laboral

Trabajo y sindicatos pactan la ley de prevención de riesgos laborales, con el foco en la salud mental

El Ejecutivo pretende ampliar el alcance de los protocolos de prevención en los centros de trabajo para incluir riesgos psicosociales, situaciones derivadas de catástrofes naturales y aspectos vinculados al teletrabajo y a la desconexión digital. El Ministerio de Trabajo impulsa una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en vigor desde 1995, con el objetivo de actualizarla e incorporar en las evaluaciones y formaciones cuestiones relacionadas con la salud mental, los riesgos psicosociales, los efectos de fenómenos naturales adversos y los problemas asociados al trabajo a distancia o a una inadecuada desconexión digital. El anteproyecto, pactado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO -sin el respaldo de las patronales CEOE y Cepyme-, deberá superar ahora su tramitación parlamentaria. El texto, que contempla tanto ajustes técnicos como nuevas obligaciones preventivas, se negoció inicialmente en una mesa tripartita. Sin embargo, a finales del año pasado las organizaciones empresariales se desmarcaron al considerar inasumibles algunas medidas, como la inclusión específica de los riesgos psicológicos en los protocolos internos de formación, control y evaluación de la salud de la plantilla, así como los relativos a la desconexión digital. A su juicio, estas propuestas amplían en exceso el ámbito tradicional de la prevención de riesgos laborales. Asimismo, las patronales critican la creación de la figura del agente territorial de prevención, que actuaría en empresas o centros con menos de diez trabajadores que no cuenten con representación legal. Estos profesionales, designados en cada comunidad autónoma por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, asumirían funciones preventivas específicas, lo que, según los empresarios, incrementaría la supervisión sobre los pequeños negocios. La reforma establece que se considerarán "daños derivados del trabajo" todas aquellas enfermedades, patologías o lesiones sufridas con ocasión del empleo que puedan afectar a la esfera física, fisiológica, cognitiva, emocional, conductual o social de la persona trabajadora. También redefine el concepto de "riesgo laboral grave e inminente", entendiendo como tal aquel cuya materialización resulte razonablemente probable en un futuro inmediato y pueda ocasionar un perjuicio grave para la salud. En caso de catástrofes o fenómenos meteorológicos adversos, se considerará que existe este tipo de riesgo cuando sea probable que se produzca al desplazarse al centro de trabajo o al transitar por las vías necesarias para acudir a él. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha defendido que, aunque las patronales no hayan firmado el acuerdo, han participado en la redacción de algunos apartados, y ha atribuido su ausencia del pacto a "razones ajenas" a la protección de la salud laboral. La nueva normativa refuerza la protección frente a los riesgos psicosociales, la falta de desconexión digital y el impacto del cambio climático en el entorno laboral, incorporando además de forma expresa la perspectiva de género, la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva. Para ello, se prevé la elaboración de reglamentos específicos sobre riesgos psicosociales y cambio climático, el refuerzo de la formación en prevención, un mayor protagonismo de las personas con funciones preventivas y una mejora en la eficacia de los servicios de prevención. Según la ministra, la reforma busca dar respuesta a los riesgos propios del siglo XXI -como la digitalización, el teletrabajo, la salud mental o el cambio climático-, reducir la siniestralidad laboral, que todavía provoca alrededor de 700 fallecimientos al año, y mejorar la detección de enfermedades profesionales. Durante la firma del acuerdo con los sindicatos, Díaz subrayó que han surgido nuevos riesgos impensables hace una década, como los asociados al uso de algoritmos que determinan ritmos de trabajo, tareas o evaluaciones, y que pueden intensificar la carga laboral hasta afectar a la salud. También insistió en que no se debe normalizar el agotamiento o la ansiedad derivados del empleo ni atribuirlos a una supuesta fragilidad individual, ya que -afirmó- no son situaciones inevitables.

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