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(El País, 16-01-2026) | Laboral

Últimos días para inscribirse a la oferta de 17.986 plazas de empleo público de la Administración general del Estado

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 22 de diciembre la convocatoria de 17.986 plazas para acceder a distintos cuerpos de la Administración General del Estado. Estas vacantes ya estaban contempladas en las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025, aunque la fecha concreta de convocatoria no se conoció hasta finales del año pasado. Las plazas corresponden a cinco cuerpos diferentes, tanto por el sistema de acceso libre como por el de promoción interna. Según se indica en la convocatoria, el plazo para presentar solicitudes es de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE, por lo que la fecha límite para inscribirse es el 22 de enero. En consecuencia, se afrontan los últimos días para completar el trámite y optar a las pruebas selectivas. Las oposiciones permiten acceder a los cuerpos de Administrativos y Técnicos Auxiliares de Informática, ambos del subgrupo C1; Auxiliares de la Administración, del subgrupo C2; y a los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado y de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, encuadrados en el subgrupo A2. La distribución de las plazas es la siguiente. El Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado cuenta con 1.700 plazas de acceso libre, de las cuales 156 están reservadas al cupo de discapacidad, y 720 plazas para promoción interna. En el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado se convocan 2.512 plazas de turno libre, con 230 destinadas a personas con discapacidad, y 6.178 plazas de promoción interna. Para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado se ofertan 1.030 plazas de acceso libre, 186 de ellas reservadas al cupo de discapacidad, y 340 de promoción interna. En el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se convocan 1.356 plazas de acceso libre, con 266 reservadas a discapacidad, y 2.950 plazas para promoción interna. Por último, el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado dispone de 680 plazas de acceso libre y 520 para promoción interna. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública señala que para optar a las plazas del subgrupo C2 es necesario contar al menos con el título de Educación Secundaria Obligatoria. Para las del subgrupo C1 se exige el título de bachiller o técnico, mientras que para el subgrupo A2 se requiere estar en posesión de un título universitario de grado, diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica. La participación en estos procesos selectivos, gestionados por la Comisión Permanente de Selección, se realiza mediante la cumplimentación y presentación electrónica de la solicitud oficial, modelo 790, a través del Punto de Acceso General. Es imprescindible que la solicitud se registre antes del 22 de enero, ya que la presentación fuera de plazo conlleva la exclusión del proceso. Durante la cumplimentación del formulario, el aspirante deberá indicar si se presenta por acceso libre o promoción interna y seleccionar como centro gestor al Instituto Nacional de Administración Pública. También se consignará, en su caso, la existencia de una discapacidad, su grado y, de forma opcional, la adaptación solicitada para las pruebas. Asimismo, se podrá indicar la comunidad autónoma de reconocimiento del título de familia numerosa y los títulos académicos adicionales que se deseen aportar. En el supuesto de promoción interna, será necesario facilitar el código de cuatro dígitos correspondiente al cuerpo o escala de pertenencia, así como el organismo, ministerio y centro directivo de destino. Todas las comunicaciones y notificaciones relacionadas con el proceso se realizarán por vía electrónica a través del Punto de Acceso General, en la Carpeta Ciudadana, y se enviará un aviso al correo electrónico que el aspirante haya indicado en su solicitud de inscripción.

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(El Economista, 16-01-2026) | Laboral

La mala gestión de las bajas pone a España a la cabeza del absentismo por incapacidad temporal en Europa

El análisis del denominado "absentismo" asociado a los procesos de incapacidad temporal es complejo, tanto a la hora de delimitar el concepto como de identificar sus causas. Las estadísticas muestran que, desde la pandemia, las bajas médicas se han incrementado en España de forma extraordinaria, hasta niveles sin precedentes en la Unión Europea. No obstante, atribuir este fenómeno a un supuesto abuso por parte de los trabajadores -como sostienen algunos representantes empresariales al aludir a prácticas como las llamadas "bajaciones", iniciadas estratégicamente en lunes o viernes- no se ajusta a lo que reflejan los datos. El patrón de la incapacidad temporal en España resulta anómalo en comparación con el resto de países comunitarios y apunta, más bien, a un problema estructural: un sistema de gestión de las bajas sobrecargado y poco eficiente. Según Eurostat, España ocupa el décimo puesto en la UE en tasa de "absentismo total", que incluye todo tipo de ausencias laborales, vacaciones incluidas, con un 12,3%. Este dato desmiente la percepción de que el país lidera esta clasificación. Sin embargo, la situación cambia cuando se analizan únicamente las ausencias por incapacidad temporal: en ese ámbito, España se sitúa como el segundo país con mayor incidencia, solo por detrás de Eslovenia -y tercero en Europa si se incluye a Noruega-, de acuerdo con un informe reciente del Observatorio de la Pyme de la patronal catalana Pimec. El estudio subraya una paradoja evidente: ¿cómo puede un país con una de las tasas de desempleo más elevadas registrar, al mismo tiempo, uno de los mayores niveles de bajas por enfermedad? La teoría económica suele indicar que cuando el desempleo es bajo, las bajas por incapacidad temporal tienden a aumentar, una relación que se observa con claridad en muchos países europeos. Ejemplos de ello son Noruega o Eslovenia, frente a casos como Grecia. Incluso en economías como Italia, Francia o Portugal, con sistemas de protección social robustos y amplias garantías laborales, la proporción de bajas en relación con el paro es inferior a la española, que se sitúa en la peor posición comparativa. El informe de Pimec concluye que España constituye "una excepción en Europa", ya que, pese a mantener tasas de desempleo muy elevadas, el peso de las bajas por incapacidad temporal es mucho mayor de lo que cabría esperar. Esta anomalía podría estar revelando deficiencias en la gestión de los procesos de baja laboral. El documento recuerda que, en condiciones económicas normales, las bajas tienden a aumentar en fases de expansión y a reducirse durante las recesiones. Esta pauta se rompió con la pandemia de la Covid-19, cuando crecieron simultáneamente el paro y las bajas médicas, pero posteriormente se ha recuperado la tendencia habitual. Aun así, esta "normalización" se produce en un contexto en el que España sigue figurando entre los países con más desempleo de Europa. Incluso Finlandia, que recientemente ha superado a España en tasa de paro, presenta cifras muy inferiores de incapacidad temporal. Otro elemento destacado es la reducción en la duración media de los procesos: en 2024, más del 75% de las bajas no superaron los 15 días. Esto implica que el aumento global de la incapacidad temporal se debe principalmente a que hay más personas que inician una baja, no a que estas se prolonguen más tiempo. El incremento de la afiliación -un 30,8% entre 2013 y 2024- explica parcialmente esta evolución, pero el estudio señala que el número total de bajas ha crecido mucho más rápido, un 170,8% en los últimos once años. El envejecimiento de la población es otro factor que influye en el aumento de las bajas, aunque el informe matiza que la incidencia también crece entre los trabajadores jóvenes. Mientras que los empleados de mayor edad acumulan más días de baja, son los más jóvenes quienes inician un mayor número de procesos de incapacidad temporal. Pese a todo, el elemento clave reside en la capacidad del sistema sanitario para atender adecuadamente a las personas con patologías que limitan su capacidad laboral. Los retrasos en pruebas diagnósticas, consultas médicas o tratamientos, así como determinadas gestiones ambulatorias, contribuyen a alargar las bajas y dificultan la recuperación, convirtiendo el problema en una cuestión tanto social como económica. El estudio también pone el foco en el gasto sanitario: aunque España presenta una de las mayores incidencias de bajas por incapacidad temporal, su inversión en sanidad equivale al 6,7% del PIB, en línea con la media europea, pero claramente por debajo de países como Alemania, Francia o Suecia, que superan el 9,5%. Desde el punto de vista empresarial, el absentismo no se identifica con vacaciones, permisos o ausencias vinculadas a maternidad, paternidad o cuidado de dependientes, ni tampoco con faltas injustificadas, cuyo impacto es residual. En sentido estricto, solo estas últimas encajarían en la acepción clásica del término en castellano, entendida como la ausencia deliberada del lugar de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo define el absentismo como la no asistencia al trabajo cuando estaba prevista, excluyendo ausencias autorizadas como vacaciones o huelgas. Esta definición deja en una zona ambigua las bajas por enfermedad, que están médicamente justificadas pero resultan imprevistas para las empresas. De ahí que Pimec utilice el concepto de "absentismo por incapacidad temporal". Para abordar este fenómeno, la patronal catalana plantea un conjunto de medidas. Entre ellas, propone aprovechar mejor los recursos médicos de las mutuas, permitiéndoles gestionar también contingencias comunes y no solo profesionales, mediante protocolos de derivación con el sistema público. Esto incluiría la posibilidad de que las mutuas tramiten altas y bajas, con capacidad para denegar prestaciones en determinados supuestos, siempre con mecanismos de revisión. Asimismo, defiende reforzar la gobernanza de las mutuas, preservar su modelo público-privado y aumentar la participación de los agentes sociales en sus órganos de dirección, manteniendo las comisiones de control, la reserva de estabilización y elevados estándares de transparencia y eficiencia. En paralelo, Pimec apuesta por mejorar la gestión de la incapacidad temporal mediante un mayor apoyo a la atención primaria y la simplificación de los trámites administrativos. También propone implantar fórmulas como el alta voluntaria, el alta parcial o la reincorporación progresiva al trabajo, habituales en otros países europeos. Por último, para reforzar el control de las bajas, el informe sugiere aumentar los recursos destinados a la inspección médica, actualizar los tiempos óptimos de duración de los procesos y avanzar en la digitalización, con el fin de mejorar la interoperabilidad entre los sistemas sanitarios y las mutuas.

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(El Confidencial, 16-01-2026) | Laboral

El Gobierno entrega al País Vasco prestaciones de la Seguridad Social

En un contexto de marcada fragilidad parlamentaria, el Gobierno ha logrado esquivar en el último momento un nuevo conflicto con uno de sus socios clave, el PNV. El desencuentro giraba en torno al traspaso de cinco competencias acordadas el pasado 15 de julio entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales. La concreción final de estas transferencias ha permitido rebajar la tensión y reconducir la situación. Las competencias afectadas son las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social por cuidados familiares, las prestaciones contributivas por desempleo y los subsidios asistenciales del paro, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo en materia de salud laboral, el seguro escolar y el salvamento marítimo. El País Vasco gestionará las prestaciones de paro, y se hará cargo de la treintena de oficinas del Sepe y de sus más de 500 empleados en la comunidad. El traspaso, tras meses de divergencias, se firma este viernes, junto a otras 4 transferencias. Durante las últimas semanas, la relación entre ambos ejecutivos se había ido deteriorando ante la inminente celebración de la Comisión Mixta de Transferencias, inicialmente prevista para mañana. La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, había advertido reiteradamente de que Euskadi no acudiría a la reunión si no se materializaban los compromisos asumidos en julio. En la misma línea, el presidente del PNV, Aitor Esteban, avisó de que, en caso de incumplimiento, su partido dejaría de mantener una actitud dialogante y actuaría en consecuencia. Finalmente, este viernes el Gobierno vasco sí asistirá a la comisión, después de que el lehendakari confirmara su decisión tras analizar si los traspasos concretados respetan lo pactado en verano y se ajustan al Estatuto de Guernica. Con este movimiento, el Ejecutivo central evita una crisis que habría agravado aún más su debilidad en el Congreso, especialmente después de haber perdido el respaldo de Podemos y Junts, lo que le ha llevado a encadenar derrotas parlamentarias. La más reciente se produjo poco antes de Navidad, cuando la Cámara rechazó por segunda vez el techo de gasto, paso imprescindible para tramitar los Presupuestos Generales del Estado. Pese a este acercamiento, las relaciones entre el Gobierno y el PNV distan de estar plenamente normalizadas. Desde el partido de Aitor Esteban recuerdan que este es solo un primer bloque de transferencias y que aún quedan pendientes otros traspasos necesarios para completar el desarrollo del Estatuto de Guernica. También reclaman nuevas reuniones bilaterales para avanzar en los compromisos pendientes. En paralelo, el Congreso tiene prevista para el próximo 27 de enero una sesión plenaria de especial relevancia, en la que se debatirá y votará un real decreto-ley de amplio contenido. Entre sus medidas figuran la actualización de las pensiones para 2026, la extensión de las ayudas al transporte y la prórroga de la suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, vigente desde abril de 2020. Por ahora, el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para su aprobación. En el ámbito vasco, la tensión política persiste más allá del acuerdo puntual alcanzado. Las reticencias del Ejecutivo central a cumplir todos los compromisos adquiridos afectan al PSE, socio de gobierno del PNV en Euskadi, al poner en cuestión su implicación con el desarrollo del Estatuto de Guernica. Permanecen pendientes 16 materias, entre ellas competencias relacionadas con la Seguridad Social, el desempleo, los puertos y los aeropuertos. Además, el panorama político vasco está fuertemente condicionado por EH Bildu, principal fuerza de la oposición en Euskadi y aliado habitual del Gobierno de Sánchez en el ámbito estatal. Su coordinador general, Arnaldo Otegi, planteó recientemente la creación de una candidatura conjunta vasca y navarra junto a otras fuerzas soberanistas, con un programa básico, para concurrir a las próximas elecciones generales y actuar de forma unitaria frente al Estado. El PNV rechaza esta propuesta y sostiene que resulta más plausible una alianza entre el PSOE y Bildu que un entendimiento entre Bildu y el propio PNV. En este entramado de intereses cruzados entre Madrid y Vitoria, con el PNV y EH Bildu compartiendo apoyos al Gobierno central pero compitiendo en el ámbito autonómico, la política vasca se ha convertido en un delicado ejercicio de equilibrios. En este escenario, la formación que lidera Otegi parece moverse con mayor comodidad.

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(El Periódico, 16-01-2026) | Laboral

Negar el teletrabajo para cuidar a los padres sale caro

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado a una empresa a abonar 165.059 euros a un trabajador al que se le denegó de manera reiterada la adaptación de su horario y la posibilidad de teletrabajar para atender a sus padres, ambos de avanzada edad y con diferentes grados de discapacidad. El empleado prestaba servicios en la compañía desde 1997, pero la situación conflictiva se inició en 2019, cuando solicitó por primera vez una reorganización de su jornada para poder hacerse cargo del cuidado de sus progenitores. La empresa rechazó esa petición y volvió a hacerlo en 2021 y 2022, a pesar de conocer las circunstancias personales y familiares del trabajador. Esta negativa continuada tuvo un impacto directo en su salud. Tal y como recoge la resolución judicial, el trabajador desarrolló un trastorno adaptativo con ansiedad, lo que motivó una baja médica a finales de 2020. El tribunal destaca que la empresa era consciente del riesgo psicosocial que afectaba al empleado y, aun así, no adoptó ninguna medida de apoyo ni llevó a cabo un seguimiento individualizado de su estado de salud. Ante esta situación, el trabajador solicitó la extinción de su contrato al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, argumentando un incumplimiento grave de las obligaciones empresariales. Inicialmente, el Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao rechazó la demanda al considerar que no concurría la gravedad necesaria para justificar la extinción indemnizada del contrato. Sin embargo, el empleado recurrió esa decisión ante el TSJPV. El Tribunal Superior estimó el recurso y revocó la sentencia de instancia, concluyendo que la empresa había vulnerado de forma grave sus deberes contractuales al no garantizar la protección de la integridad física y psicológica del trabajador. A juicio del tribunal, la ausencia de medidas preventivas y de protección en un escenario de riesgo psicosocial constituye una causa suficiente para que el empleado solicitara la resolución del contrato con derecho a indemnización. En consecuencia, el TSJPV declaró extinguida la relación laboral y condenó a la empresa al pago de 165.059 euros. Asimismo, la sentencia reconoce el derecho del trabajador a percibir la prestación por desempleo, siempre que reúna los requisitos legales. El fallo pone de relieve la relevancia de las políticas de conciliación y de la protección de la salud laboral, especialmente en situaciones de cuidado de familiares dependientes, y advierte del elevado coste económico que puede tener para las empresas desatender estas obligaciones.

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(El País, 14-01-2026) | Laboral

La ONU advierte de un estancamiento mundial de las condiciones laborales

"Retomar la senda del progreso resulta especialmente complejo ante los retos que se acumulan en el ámbito laboral", afirma Gilbert F. Houngbo, director general de la Organización Internacional del Trabajo, en la introducción del informe Tendencias sociales y del empleo en 2026. Esa reflexión resume el mensaje central de este estudio anual, considerado una referencia clave para evaluar la situación del empleo a escala global y publicado este miércoles: las condiciones laborales avanzan con dificultad y el escenario internacional ofrece pocas razones para el optimismo. La OIT, organismo de Naciones Unidas especializado en cuestiones laborales, alerta de un estancamiento en la mejora de la calidad del empleo, del aumento del trabajo informal, de una productividad que no se traduce en empleo digno, de riesgos cercanos de repunte del desempleo y de posibles obstáculos adicionales para la inserción laboral de los jóvenes derivados del avance de la inteligencia artificial. El informe señala que entre 2015 y 2025 la proporción de trabajadores en situación de pobreza extrema se redujo en 3,1 puntos porcentuales, hasta situarse en el 7,9%, una caída muy inferior a la registrada en la década anterior, cuando el descenso fue de 15 puntos. En términos absolutos, esto equivale a 284 millones de personas que trabajan con ingresos diarios inferiores a tres dólares. Paralelamente, en los últimos diez años ha aumentado el peso del empleo informal, caracterizado por la ausencia de contratos y protección laboral. La OIT subraya que este tipo de ocupación suele ir asociada a peores condiciones y estima que el número de trabajadores informales alcanzará los 2.100 millones en 2026. Los expertos del organismo también detectan una desaceleración en la transformación de las economías hacia sectores más productivos y con mejores estándares laborales, así como hacia actividades de mayor cualificación. Esta pérdida de dinamismo, advierten, supone un freno relevante para reducir los déficits de trabajo decente y limita tanto la mejora de la calidad del empleo como el crecimiento de la productividad a escala global. El avance de la productividad, que según el informe suele traducirse en salarios más altos y, con el tiempo, en mayor creación de empleo, se ve comprometido por el entorno internacional. Houngbo apunta que la incertidumbre en las políticas económicas y comerciales continúa desincentivando la inversión y el intercambio, lo que dificulta el aumento de la productividad y la generación de puestos de trabajo de calidad. A pesar de un contexto marcado por el auge de medidas proteccionistas -con especial protagonismo de los aranceles impulsados por Estados Unidos-, los mercados laborales han mostrado cierta capacidad de resistencia en términos de volumen de empleo. La OIT no observa una destrucción significativa de puestos de trabajo ni un aumento del desempleo en el último año, ni prevé que esto ocurra en 2026. No obstante, insiste en que esa estabilidad cuantitativa no implica una buena salud del mercado laboral. "Un mercado estable no es necesariamente un mercado sano", resume Caroline Fredrickson, directora de estudios del organismo. Aunque el empleo mundial crecerá alrededor de un 1% en 2026, ligeramente por debajo del promedio de la década pasada, la OIT identifica varios factores de riesgo que podrían deteriorar la situación. Entre ellos figuran el elevado endeudamiento de los Estados, la incertidumbre comercial y los cambios disruptivos asociados a la inteligencia artificial. El informe dedica un apartado específico a analizar cómo esta tecnología puede afectar a los jóvenes con mayor nivel educativo. Según los primeros datos de países de ingresos altos, la adopción de la IA podría dificultar la entrada al mercado laboral de este colectivo. El análisis por grado de exposición a la automatización revela que los jóvenes de entre 15 y 24 años con formación avanzada afrontan un riesgo mayor que aquellos con menor nivel educativo. Aunque el impacto total de la inteligencia artificial sobre el empleo juvenil aún no puede determinarse con precisión, la OIT considera que su posible alcance justifica un seguimiento estrecho. En cuanto al desempleo, el organismo estima una tasa mundial del 4,9%, frente al 10,5% registrado en España, lo que equivale a unos 186 millones de personas sin trabajo en todo el planeta. La OIT prevé además que la tasa de actividad continúe descendiendo debido al envejecimiento demográfico y alcance el 60,5% en 2027. En 2025, las mujeres representaban únicamente el 40% del empleo global, un dato que, según el informe, evidencia barreras persistentes para su acceso al mercado laboral. El estudio también analiza la evolución de los salarios y concluye que el poder adquisitivo aún no se ha recuperado del impacto inflacionario posterior a la invasión rusa de Ucrania. El crecimiento de los salarios reales y de los ingresos laborales sigue siendo insuficiente para compensar las pérdidas sufridas entre 2022 y 2024. Un indicador clave para medir este fenómeno es la proporción de la renta del trabajo sobre la renta total mundial, que en 2025 se situó en el 52,6%, todavía por debajo del nivel previo a la pandemia, que era del 53% en 2019.

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(El Economista, 14-01-2026) | Laboral

Las empresas españolas solo hicieron indefinidos al 4,5% de sus contratos temporales en 2025

A lo largo de 2025 se contabilizaron 412.548 transformaciones de contratos temporales en indefinidos. Aunque esta cifra supone un incremento del 9,6% respecto a 2024, queda muy lejos de los máximos alcanzados en otros momentos: apenas representa un tercio del récord de 1,34 millones registrado en 2022, coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma laboral, y alrededor de la mitad de las 835.521 conversiones anotadas en 2019. Esta caída tiene una explicación clara: la reforma ha reducido de forma significativa el uso de contratos temporales y ha impulsado la contratación indefinida desde el inicio, pero apenas ha mejorado el paso de una modalidad a otra. En 2025, solo el 4,5% de los contratos temporales se transformaron en indefinidos, el porcentaje más bajo desde 2021 y apenas superior al 4,1% registrado en 2019. Durante años se ha sostenido que el elevado peso del empleo de corta duración en España respondía a que los contratos temporales servían como vía de acceso a puestos estables. Sin embargo, los datos de conversiones contradicen esa idea. De hecho, las prórrogas de contratos temporales casi triplican a las transformaciones: en 2025 se registraron 1,16 millones de ampliaciones, el 83% de ellas por periodos inferiores a tres meses. En ese mismo año se firmaron 9,2 millones de contratos temporales, un 2,9% más que en 2024, pero muy por debajo de los niveles previos a la reforma. En 2019 se alcanzó un máximo de 20,4 millones, cifra que superaba en un 59% la de 2012, año marcado tanto por el impacto de la Gran Recesión como por la aprobación de la reforma laboral del Gobierno del PP. Precisamente, uno de los principales reproches del actual Ejecutivo de PSOE y Sumar a la normativa de 2012 es que fomentó una recuperación basada en la temporalidad. Su reforma, en cambio, ha logrado máximos históricos de ocupación y un volumen inédito de contratos indefinidos: en 2025 estos representaron el 41,2% del total, con 6,4 millones de contratos, frente al 9,6% y los 2,2 millones de 2019. En aquel año, aunque solo el 4,1% de los temporales se convertían, estas transformaciones suponían el 38,7% de los contratos indefinidos. De forma paradójica, el cambio profundo en el modelo de contratación ha reducido el recurso a los contratos eventuales, pero no ha mejorado las opciones de quienes siguen en ellos para acceder a un empleo estable dentro de la misma empresa. Esto ocurre pese a que la normativa acortó la duración máxima de los contratos temporales y de sus prórrogas con el objetivo de forzar más conversiones. Aunque el efecto fue visible en el primer año de aplicación de la reforma, su impacto se ha ido diluyendo. No solo se realizan menos conversiones porque hay menos contratos temporales, sino que la tasa de transformación ha caído hasta el 4,5%, lo que indica que la mejora de oportunidades para los trabajadores temporales ha sido limitada y transitoria. El análisis de la serie histórica muestra que los resultados actuales son mejores que los observados entre 2009 y 2021, pero no superan los de etapas anteriores. La reforma de 2021 habría corregido, en parte, la tendencia iniciada con la crisis financiera, que desvió el empleo hacia sectores con una temporalidad aún más inestable, como el turismo, tras el colapso de la construcción. En contraste, la reforma laboral de 2012, que pretendía fomentar la contratación indefinida reduciendo los costes y riesgos del despido, no consiguió aumentar de forma significativa este tipo de contratos. En 2019 apenas alcanzaban el 10,6%, dos puntos más que en 2013, pero por debajo del 13% registrado en 2006 y 2007. En 2012 se produjo un repunte puntual hasta el 10,1%, debido en gran medida a la regularización de las empleadas de hogar. Las conversiones siguieron una evolución distinta y mantuvieron siempre un peso reducido dentro de la contratación temporal. Antes de la reforma de 2021, el mayor volumen se alcanzó en 2006, con 1,15 millones y una tasa del 7%, impulsada por medidas extraordinarias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para fomentar el empleo fijo. No obstante, su efecto fue pasajero, lo que confirma que la mayoría de las empresas no utilizan el contrato temporal como paso previo a la estabilidad, sino que reservan esa función al periodo de prueba. Esa misma lógica parece repetirse en 2025. Por otra parte, el peso de las conversiones dentro del total de contratos indefinidos fue muy elevado en el pasado, llegando al 52% en 2006. Durante los años de la crisis y la posterior recuperación descendió hasta alrededor del 30%, al aumentar la contratación indefinida inicial. En 2012 marcó un mínimo del 27%, influido nuevamente por el caso de las empleadas de hogar. Nada comparable con la situación tras la reforma de 2021. En 2025, la proporción de conversiones sobre el total de contratos indefinidos cayó al 6,4%, el nivel más bajo de toda la serie. Esto refleja una clara preferencia de las empresas por incorporar directamente a trabajadores con contratos estables, en lugar de transformar a quienes ya están en la plantilla como temporales. Aunque el periodo de prueba puede extenderse entre dos y seis meses, esta resistencia a convertir también puede interpretarse como una forma de evitar el reconocimiento de antigüedad. La mayoría de los contratos temporales corresponden a trabajos de muy corta duración, pero resulta llamativo que la tasa de conversiones no aumente -y la proporción sobre indefinidos se desplome- pese a la existencia de los contratos fijos discontinuos. No se conoce cuántas transformaciones se producen hacia esta modalidad, pero los datos sugieren que no han mejorado sustancialmente las posibilidades de pasar de un empleo temporal a uno estable en la misma empresa. En muchos casos, los contratos se repiten sobre las mismas personas, ajustándose al límite legal para evitar su conversión en indefinidos. Otro indicador significativo es el volumen de prórrogas. En 2025 se registraron 1,16 millones, casi el triple que las conversiones, y la mayoría fueron de menos de tres meses. Además, el 96% consistió en una única ampliación. En 2019 hubo 2,4 millones de prórrogas, también triplicando a las conversiones y con el mismo porcentaje de ampliaciones únicas. El Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección, ha intensificado el control sobre las empresas que incumplen la obligación de transformar contratos temporales, aunque los resultados se publican de forma irregular y se mezclan con los ajustes relacionados con los fijos discontinuos que deberían ser indefinidos ordinarios. En cualquier caso, a la vista de las cifras, el impacto de estas actuaciones parece limitado.

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(Expansión, 13-01-2026) | Laboral

Los autónomos reclaman a la Seguridad Social no pagar la cuota durante la baja por enfermedad

Según el Barómetro de ATA sobre la situación de los trabajadores por cuenta propia, el 32,1% de los autónomos asegura que su actividad empeoró a lo largo de 2025. Desde la organización, su presidente, Lorenzo Amor, atribuye este deterioro al aumento de las cargas que afronta el colectivo, derivadas tanto de la nueva subida del salario mínimo como del endurecimiento de las obligaciones relacionadas con el control horario. Uno de los principales reclamos de los autónomos se dirige al Ministerio de Seguridad Social y se centra en reforzar la protección durante las bajas por enfermedad. Aunque desde 2018 están exentos de pagar cuotas a partir del segundo mes de incapacidad temporal, los 3,4 millones de trabajadores que integran el colectivo reclaman ahora que esa exención se aplique desde el primer día de baja. En un contexto marcado por el aumento de los costes laborales y una mayor presión fiscal, la mejora de la cobertura por incapacidad temporal se sitúa como la prioridad principal para más de la mitad de los autónomos. Así lo refleja el Barómetro de ATA sobre el cierre de 2025 y las perspectivas para 2026, que señala que el 53,8% considera esta medida la más urgente. A continuación, los encuestados reclaman la exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, una simplificación de las obligaciones fiscales que reduzca el número de declaraciones, la compatibilidad entre el trabajo y el cobro íntegro de la pensión de jubilación, incentivos a la contratación del primer empleado, una revisión de las deducciones de gastos para ganar seguridad jurídica, mejoras en el acceso al cese de actividad y la creación de un subsidio para mayores de 52 años que hayan agotado sus prestaciones. Conviene recordar que la prestación por incapacidad temporal de los autónomos depende de su base de cotización y de la causa de la baja. En caso de enfermedad común o accidente no laboral, no perciben prestación durante los cuatro primeros días; entre el cuarto y el vigésimo día reciben el 60% de la base reguladora, y a partir del día 21, el 75%. Si la baja se debe a un accidente laboral o enfermedad profesional, la prestación asciende al 75% desde el día siguiente a la baja. Pese a estas reivindicaciones, las conversaciones entre ATA y el Gobierno para mejorar la protección del colectivo y avanzar en cuestiones como la regularización de cuotas o la reforma del cese de actividad se encuentran paralizadas. Amor denuncia la falta de interlocución con el Ministerio de Seguridad Social, dirigido por Elma Saiz, y asegura que no se han retomado los contactos desde el pasado 20 de octubre. Fue en aquella fecha cuando el Ministerio dio marcha atrás en su propuesta inicial de actualización de las cuotas de autónomos para el periodo 2026-2028. Tras plantear subidas de entre el 4% y el 34%, el incremento se rebajó a una horquilla de entre el 1% y el 2,5%, hasta que finalmente el Ejecutivo optó por prorrogar en 2026 las cuotas vigentes en 2025, sin ningún aumento. Desde entonces, según ATA, no ha habido avances ni en la negociación futura de las cuotas ni en las medidas complementarias que la organización consideraba imprescindibles para alcanzar un acuerdo. Por el contrario, alertan de que las decisiones que se aprobarán próximamente en el Consejo de Ministros volverán a incrementar la carga sobre los autónomos. Entre ellas, destacan la subida del salario mínimo interprofesional, que será de al menos el 3,1%, y el refuerzo del registro horario, que obligará a muchos negocios a implantar sistemas digitales de control de jornada. Lorenzo Amor advierte de que este tipo de medidas están provocando una reducción del número de autónomos empleadores y de pequeñas empresas, mientras crece el empleo en grandes compañías con mayor capacidad de adaptación. En su opinión, el nuevo registro de jornada digital supondrá una carga adicional para el conjunto del tejido empresarial, pero tendrá un impacto especialmente negativo en los autónomos, a muchos de los cuales podría llevar al cierre. De cara a 2026, el Barómetro refleja un clima de moderado pesimismo. Solo el 16% de los autónomos confía en que su negocio crezca el próximo año, frente al 19% que lo pensaba a comienzos de 2025. Un 39,1% espera mantener su actividad y un 25,6% anticipa un empeoramiento. En cuanto al balance de 2025, el 30,8% de los autónomos afirma haber mejorado respecto al año anterior, mientras que un 32,1% reconoce un retroceso y un 34,9% señala que su situación se mantuvo sin cambios. Los datos de facturación siguen una línea similar: el 31,3% incrementó ingresos, el 30,4% los mantuvo y el 35% los redujo, lo que implica que para casi dos de cada tres autónomos 2025 fue un ejercicio sin crecimiento o con retrocesos. Para Amor, aunque el número total de autónomos haya aumentado, el balance del año es muy negativo. A su juicio, el incremento de la presión fiscal y la incertidumbre han generado un fuerte malestar en el colectivo. Además, señala que el crecimiento se concentra en solo cuatro comunidades autónomas, mientras se pierde empleo entre autónomos y pequeñas empresas y continúa el descenso en los sectores tradicionales.

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(El Confidencial, 13-01-2026) | Laboral

La organización mayoritaria de autónomos rechaza subir el SMI un 3,1% en 2026

La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), integrada en la CEOE, ha manifestado su oposición al aumento del salario mínimo interprofesional planteado por el Ministerio de Trabajo para 2026, que contempla una subida del 3,1% con bonificación en el IRPF y situaría el SMI en 17.094 euros brutos al año. El presidente de la organización, Lorenzo Amor, afirmó este lunes que un incremento de ese calibre resulta "inviable" para muchos autónomos con trabajadores a su cargo, y reiteró la posición fijada previamente por el Comité Ejecutivo de la CEOE en diciembre. Amor señaló que una actualización más moderada, de entre el 1,5% y el 2%, habría sido aceptable, pero considera excesivo el porcentaje propuesto. Estas declaraciones, realizadas durante la presentación del barómetro de actividad de los autónomos de 2025, cierran en la práctica la puerta a una negociación efectiva entre Trabajo y las organizaciones empresariales para acordar una subida consensuada del SMI en 2026. El dirigente empresarial también cuestionó el informe de expertos utilizado para calcular el 60% del salario medio neto, al que calificó de "trilerismo estadístico", y defendió que el salario mínimo ya supera ese umbral. Desde el Gobierno y los sindicatos, en cambio, se considera insuficiente una subida por debajo de la inflación registrada en 2025, del 2,7%, y de la prevista para 2026, del 2,1%. Además, la alternativa planteada por el Ministerio de Trabajo el pasado 7 de enero, consistente en modificar la ley de desindexación, no ha prosperado y carece de apoyos para avanzar. La desindexación es una demanda recurrente tanto de CEOE y Cepyme como de UGT y CCOO. De hecho, en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva se recogió la necesidad de que las empresas pudieran trasladar el coste de las subidas del SMI a los contratos con las administraciones públicas. No obstante, los ministerios implicados se oponen a esta posibilidad. Desde Hacienda se indicó la semana pasada que no se aceptará la desindexación por el impacto que tendría en las cuentas públicas en un contexto de mayores necesidades de gasto, mientras que desde Economía aseguran que esta opción ni siquiera se está abordando dentro del Gobierno. En este escenario, el Ministerio de Trabajo acabará previsiblemente cerrando un acuerdo únicamente con los sindicatos, como viene ocurriendo desde 2021, y UGT y CCOO no pondrán obstáculos a una subida del 3,1%. ATA, como principal organización representativa de los autónomos, fundamenta su rechazo a un mayor incremento de los costes laborales en la situación real del colectivo, que, según sostiene, no es tan favorable como podría sugerir el récord de afiliación al RETA, con 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia. De acuerdo con su barómetro, elaborado a partir de 1.200 encuestas, el 32,1% de los autónomos afirma haber reducido su actividad en 2025 respecto al año anterior, y un 25,6% prevé un descenso a lo largo de 2026.

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(El Economista, 13-01-2026) | Laboral

Histórico sorpasso en el mercado laboral europeo

Se trata de un hecho histórico, no solo por su carácter inédito, sino porque rompe definitivamente con el estereotipo que durante años ha pesado sobre los países del sur de Europa, a menudo señalados -de forma más o menos velada- como derrochadores y poco disciplinados. Por primera vez, el país con la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea no se encuentra en el sur, sino en el norte del continente. En concreto, es Finlandia la economía que hoy lidera el paro en Europa, un país cuyos dirigentes mostraron durante la crisis del euro una fuerte resistencia a ayudar a las economías meridionales y cuyos responsables económicos formaron parte del grupo de los denominados países frugales, defensores de la austeridad y la ortodoxia fiscal. Según los últimos datos oficiales de la Comisión Europea, Finlandia registra actualmente la tasa de paro más elevada de la UE. España ocupa la segunda posición, seguida muy de cerca por Suecia, otro país que tradicionalmente se asociaba con niveles muy bajos de desempleo. La tasa finlandesa, ajustada por estacionalidad, alcanza el 10,6%, ligeramente por encima del 10,4% de España, mientras que Suecia se sitúa en el 9,1%. El aumento respecto al dato de octubre, cuando el paro era del 10,4%, sitúa a Finlandia en su peor registro de los últimos 15 años. Estas cifras reflejan una tendencia más amplia: los países nórdicos, históricamente caracterizados por un mercado laboral sólido y bajos niveles de desempleo, están experimentando un deterioro en sus indicadores, mientras que las economías del sur de Europa muestran mejoras moderadas. La tasa de paro mide el porcentaje de personas desempleadas sobre la población activa de entre 15 y 74 años, y esta definición permite al Gobierno finlandés matizar el diagnóstico. Desde su punto de vista, el problema no reside en una destrucción masiva de empleo, sino en que el número de personas que buscan trabajo crece a un ritmo superior al de la creación de puestos. En otras palabras, la oferta de mano de obra está aumentando más rápido que la demanda. El Ministerio de Empleo de Finlandia ha señalado que en el último año el número de personas ocupadas ha crecido en torno a 25.000 y que determinados sectores están generando nuevos empleos. Sin embargo, este avance no logra absorber el incremento de la población activa, formada tanto por quienes ya trabajan como por quienes buscan empleo de manera activa. Desde esta perspectiva, el repunte del desempleo en Finlandia se explica en parte por el aumento de la inmigración registrado en los últimos años. La economía finlandesa no está siendo capaz de integrar a esta fuerza laboral procedente del exterior, lo que está generando tensiones sociales y políticas. La llegada de población migrante ha coincidido, además, con una fase de recesión económica y con mayores dificultades para encontrar trabajo. La situación contrasta con la de España, donde también se ha producido una intensa entrada de inmigrantes, pero en un contexto de recuperación económica tras la pandemia. En este caso, la inmigración está contribuyendo al aumento del empleo. Según la última Encuesta de Población Activa, que utiliza la misma metodología que Eurostat, en 2025 los trabajadores extranjeros superaron los 3,5 millones, lo que equivale al 15% del total de ocupados, su máximo histórico, en un momento en el que España se acerca a los 22 millones de personas empleadas. No obstante, aún hay más de 635.400 parados extranjeros en España, sin contar a quienes tienen doble nacionalidad. Este colectivo representa el 24,3% del desempleo total, el porcentaje más elevado desde 2009, cuando llegó al 25% con más de un millón de personas. A pesar de ello, la presencia de inmigrantes no ha impedido reducir la tasa de paro, que ha descendido 3,5 puntos porcentuales desde 2019, mientras que en Finlandia ha aumentado en 3,7 puntos durante el mismo periodo. A diferencia de lo ocurrido hace 16 años, el mayor peso de los inmigrantes en el desempleo español coincide ahora con un volumen total de parados mucho menor. Además, la experiencia de la Gran Recesión mostró que, en épocas de crisis, muchos inmigrantes tienden a abandonar España en busca de mejores oportunidades en otros países europeos. En el trasfondo de estas diferencias se encuentra un distinto modelo de integración de la mano de obra extranjera. La estructura productiva española depende en mayor medida de sectores intensivos en trabajo, como la agricultura, la construcción y, especialmente, los servicios -hostelería, logística o turismo-, lo que facilita la incorporación de trabajadores con perfiles diversos en un contexto de envejecimiento demográfico que está generando tensiones crecientes en la oferta laboral. También influye el origen de la inmigración. Aunque Marruecos es el principal país de procedencia, una parte muy relevante de los inmigrantes que llegan a España procede de América Latina. La cercanía cultural y lingüística reduce fricciones que sí aparecen con mayor intensidad en los países nórdicos, como Finlandia y Suecia. Lo que en el caso español actúa como un factor de apoyo al mercado laboral, en estos países se ha convertido en un desafío. Tanto Finlandia como Suecia afrontan problemas derivados del envejecimiento de su población, incluso de forma más acusada que España, pero no están logrando aprovechar esta entrada de trabajadores extranjeros como un motor de productividad en un entorno geopolítico complejo, marcado por su proximidad a Rusia. Resulta especialmente llamativo en el caso de Finlandia, a menudo presentada como el país más feliz del mundo, mientras que Suecia ha llegado a superar a Grecia como el tercer país europeo con mayor tasa de paro. Con todo, hay un elemento menos tranquilizador para España que emerge al analizar la serie histórica de datos. Es la primera vez que Finlandia supera a España en tasa de desempleo, pero no es la primera vez que se aproxima a hacerlo. En julio de 2005, en pleno auge inmobiliario, la diferencia estuvo a solo cuatro décimas. Este patrón pone de relieve una debilidad estructural del mercado laboral español: su elevada volatilidad.

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(Onda Cero, 13-01-2026) | Laboral

La Tesorería General de la Seguridad Social avisa a los pensionistas por la posible recepción de una carta fraudulenta

La Tesorería General de la Seguridad Social ha alertado a través de sus redes sociales de la circulación de una carta falsa dirigida a algunos pensionistas. En su aviso advierte claramente de que se trata de un engaño y pide no caer en la trampa. Junto al comunicado, el organismo ha difundido una copia del escrito fraudulento. En él, los supuestos remitentes afirman contactar "desde la Seguridad Social" para solicitar documentación, alegando la entrada en vigor de una nueva ley y la pérdida de datos personales como consecuencia de un supuesto ataque informático a los sistemas de Hacienda y de la propia Seguridad Social. El texto, con un uso incorrecto de mayúsculas y minúsculas, ya resulta sospechoso desde el primer momento. A lo largo de la carta se aprecian numerosos errores ortográficos y de puntuación. Además, se asegura que habrá un aumento de las prestaciones y de las pensiones de jubilación, y se pide al destinatario que remita diversa información personal: fotografías del DNI o NIE por ambas caras, una imagen de un extracto bancario en el que figure como titular o autorizado, así como el importe aproximado de la última pensión cobrada. El mensaje concluye prometiendo una subida de la pensión de entre 75 y 150 euros e incluye una dirección de correo electrónico a la que enviar toda esa documentación. El verdadero objetivo es obtener datos personales y bancarios para cometer un fraude. Ante este tipo de comunicaciones, lo más recomendable es no responder y ponerlo en conocimiento de las autoridades. Tanto la Seguridad Social como la Guardia Civil recuerdan de forma reiterada que este organismo nunca solicita información personal o bancaria por este tipo de vías, por lo que cualquier mensaje de estas características debe ser ignorado.

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