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(El País, 06-07-2026) | Laboral

La patronal de las pymes hace oficial su respaldo a Garamendi en las elecciones de CEOE

Antonio Garamendi ha reforzado su posición de cara a las elecciones de la CEOE, previstas para el 1 de octubre, tras recibir el respaldo unánime de la ejecutiva de Cepyme. El apoyo llega de la mano de Ángela de Miguel, quien devuelve así el respaldo que Garamendi le brindó hace un año para alcanzar la presidencia de la patronal de las pymes. En el comunicado difundido por Cepyme, su Comité Ejecutivo subraya la necesidad de contar con un liderazgo sólido y consolidado para defender los intereses empresariales en un contexto marcado por la incertidumbre económica y regulatoria. La organización también ha destacado la gestión desarrollada por Garamendi al frente de la CEOE durante los últimos años, valorando especialmente su papel en la interlocución con el Gobierno y en los procesos de diálogo social junto a CCOO y UGT. La patronal de las pequeñas y medianas empresas considera que la continuidad de Garamendi contribuirá a reforzar la unidad de acción del tejido empresarial y permitirá seguir defendiendo condiciones favorables para el crecimiento de las compañías, la creación de empleo y el desarrollo económico del país. Aunque por el momento no ha surgido ningún rival oficial, distintas voces del ámbito empresarial señalan a Gerardo Cuerva como el único candidato con capacidad para disputarle el liderazgo. Cuerva, actual presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, mantiene de momento silencio sobre una eventual candidatura. La figura de Ángela de Miguel sigue siendo relevante en este equilibrio interno. Su victoria en las elecciones de Cepyme en mayo del año pasado, con un ajustado 53% de los votos frente a Cuerva, evidenció entonces la existencia de divisiones dentro del empresariado respecto a la línea impulsada por Garamendi. Sin embargo, su respaldo actual refuerza la cohesión interna en torno al presidente de CEOE. Además de Cepyme, Garamendi ha sumado el apoyo de otras organizaciones empresariales de peso. Entre ellas se encuentra Confebask, que ha puesto en valor su trayectoria profesional y su conocimiento del tejido empresarial vasco. También la patronal catalana Foment del Treball prevé formalizar su respaldo en los próximos días. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, ya ha elogiado públicamente la gestión de Garamendi, calificándola de especialmente meritoria en una legislatura compleja. Este apoyo tiene especial relevancia porque Foment respaldó en 2022 a Virginia Guinda, rival de Garamendi en los anteriores comicios. A estos respaldos se suman también CEOE Tenerife y dirigentes de organizaciones empresariales de Aragón, Andalucía y Murcia, además de asociaciones sectoriales como Ametic y AEB. Según los estatutos de la CEOE, las candidaturas podrán presentarse hasta 40 días antes de la votación, situando el límite en la penúltima semana de agosto. Para concurrir, los aspirantes deben reunir el aval de al menos el 10% del censo electoral y contar con el respaldo de representantes de, como mínimo, seis organizaciones empresariales distintas. Si finalmente resulta reelegido, Antonio Garamendi afrontará su tercer mandato al frente de la CEOE, cargo que ocupa desde 2018. Esta posibilidad fue facilitada por la reforma estatutaria aprobada en 2023, que eliminó el límite de dos mandatos consecutivos para la presidencia de la organización.

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(El País, 06-07-2026) | Laboral

El paro de los extranjeros repunta ligeramente en plena regularización

El mercado laboral español volvió a mostrar en junio su habitual fortaleza estacional impulsada por el arranque de la temporada turística, con 128.500 nuevos empleos y 28.700 parados menos. Sin embargo, este año se ha producido una anomalía relevante: mientras la afiliación a la Seguridad Social alcanzó máximos históricos, el paro registrado entre los trabajadores extranjeros aumentó ligeramente, un comportamiento poco habitual en este mes. En junio de 2026, el número de extranjeros inscritos en el paro ascendió a 342.100 personas, lo que supone 4.210 más que en mayo y 10.070 más que un año antes. Este repunte rompe con una tendencia histórica de descensos continuados en el sexto mes del año. De hecho, excluyendo el periodo de la pandemia, no se registraba un aumento del paro extranjero en junio desde 2008, en los inicios de la crisis inmobiliaria. El contraste con años anteriores es notable. En junio de 2025 el paro extranjero cayó en 10.800 personas, en 2024 lo hizo en 9.300 y en 2023 en 8.600. También difiere del comportamiento del desempleo entre los trabajadores españoles, cuyo paro sí continuó bajando en junio, con 32.947 personas menos inscritas. Los expertos relacionan este cambio de tendencia con el proceso extraordinario de regularización de extranjeros impulsado por el Gobierno. La principal explicación es que muchas personas que hasta ahora permanecían fuera de los registros oficiales, al obtener documentación provisional o regularizar su situación, pasan a tener derecho a inscribirse como demandantes de empleo. Luis Zarapuz, coordinador del gabinete económico de CCOO, considera que la regularización explica buena parte del repunte. Según su análisis, resulta lógico que el afloramiento administrativo de nuevos trabajadores genere simultáneamente más afiliación y un ligero aumento del paro registrado, ya que muchas personas pasan a formar parte del sistema formal de empleo. No obstante, los especialistas recomiendan prudencia antes de extraer conclusiones definitivas. Aunque parte de la menor caída del paro puede atribuirse al proceso de regularización, aún existen otros factores que podrían estar influyendo en la evolución del mercado laboral. Desde el Ministerio de Trabajo prefieren no establecer por ahora una relación directa entre el aumento del paro extranjero y la regularización. Joaquín Pérez Rey ha señalado que todavía es pronto para cuantificar ese efecto y sostiene que su impacto sobre el paro registrado sería muy reducido. Donde sí resulta evidente el efecto de la regularización es en el empleo. Según el Ministerio de Inclusión, 159.100 extranjeros regularizados ya se encontraban trabajando a 30 de junio, contribuyendo de forma directa al fuerte incremento de afiliación. Los sectores que más empleo están absorbiendo entre los trabajadores regularizados son la hostelería, con 38.800 altas; el comercio, con 20.200; las actividades administrativas, con 19.300; y la construcción, con 18.300. Se trata de ramas con elevada demanda de mano de obra y fuerte peso estacional. En conjunto, la afiliación de extranjeros creció en junio en 86.600 personas, más del triple del incremento registrado en junio de 2025. Esto significa que aproximadamente dos tercios del empleo creado en el mes corresponde a trabajadores extranjeros, un dato que ilustra la magnitud del fenómeno. En términos interanuales, el crecimiento también ha sido especialmente intenso. La afiliación extranjera aumenta un 11,3%, con 350.200 cotizantes más, frente al avance del 6,8% registrado el año anterior. Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research, observa un efecto claro de la regularización sobre la afiliación, al detectar un crecimiento superior al esperado antes de iniciarse el proceso. En su opinión, aunque el repunte del paro extranjero es llamativo por el cambio de signo, no resulta estadísticamente preocupante dentro del contexto general de reducción del desempleo. En la misma línea, Carlos Arcas considera que este aumento del paro debe interpretarse principalmente como un efecto administrativo temporal. Según explica, muchas personas que antes no figuraban en ningún registro oficial ahora aparecen como demandantes de empleo al incorporarse al mercado laboral formal. En consecuencia, el balance global sigue siendo claramente positivo. Más que reflejar destrucción de empleo, el ligero aumento del paro entre extranjeros parece responder al afloramiento de trabajadores previamente invisibles para la estadística oficial. La regularización estaría, por tanto, ampliando la base laboral formal de España y reforzando la capacidad del mercado de trabajo para sostener el crecimiento económico.

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(El Economista, 06-07-2026) | Laboral

Cataluña sube 74 euros el complemento a las pensiones no contributivas

El Parlament de Cataluña ha aprobado una modificación normativa que garantiza el mantenimiento del complemento autonómico que perciben los beneficiarios de las pensiones no contributivas (PNC), evitando que su cuantía varíe cada año en función de las revalorizaciones de la prestación estatal. La medida ha salido adelante a través de las enmiendas incorporadas a la ley de presupuestos de 2026 y beneficiará a más de 56.000 personas. Hasta ahora, la normativa obligaba a la Generalitat a ajustar el importe del complemento autonómico para que, sumado a la pensión no contributiva abonada por el Estado, alcanzara el nivel fijado por el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), que en 2026 se sitúa en 9.622,18 euros anuales, un 3% por encima del ejercicio anterior. Este año, el Gobierno central aprobó una subida del 11,35% de las pensiones no contributivas, elevando su cuantía hasta los 733 euros mensuales. Como consecuencia de ese incremento, la legislación vigente hasta ahora obligaba a reducir el complemento que abona la Generalitat, que habría pasado de 119 euros a 68,85 euros al mes. Con la reforma aprobada por el Parlament, el complemento autonómico queda blindado y deja de disminuir cuando aumenta la prestación estatal. La medida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y permitirá que los beneficiarios perciban 51,42 euros mensuales más de lo que habría correspondido con la normativa anterior y 74 euros más al mes en comparación con la cuantía recibida durante 2025. El objetivo de esta modificación es garantizar una mayor estabilidad en los ingresos de los perceptores de pensiones no contributivas y evitar que las mejoras aprobadas por el Estado se traduzcan en una reducción automática de la aportación complementaria de la Generalitat.

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(El Economista, 06-07-2026) | Laboral

Menos de un 1% de quienes cobran el paro reciben la ayuda por encontrar un empleo

Pese a que España registra la tasa de desempleo más baja desde 2008 gracias a la intensa creación de empleo de los últimos años, uno de los incentivos diseñados para facilitar la reincorporación de los parados al mercado laboral apenas ha tenido impacto. Se trata del Complemento de Apoyo al Empleo (CAE), una ayuda que permite compatibilizar durante un tiempo la prestación por desempleo con el salario de un nuevo trabajo y que, tras un año de funcionamiento, solo percibe una pequeña parte de sus potenciales beneficiarios. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la media anual refleja que únicamente 1.712 de las 877.518 personas que cobran la prestación contributiva reciben también este complemento, lo que representa apenas el 0,2% del total. Aunque en mayo el número de beneficiarios superó los 3.000, duplicando la cifra del mes anterior, la cobertura apenas alcanzó el 0,4%, muy lejos de convertirse en una herramienta de uso generalizado. El Complemento de Apoyo al Empleo fue incorporado en la reforma del subsidio por desempleo aprobada en 2024 con el objetivo de incentivar la aceptación de ofertas laborales, especialmente entre quienes llevaban más tiempo desempleados. Inicialmente concebido para los perceptores del subsidio asistencial, el mecanismo se amplió también a quienes cobraban la prestación contributiva, permitiéndoles mantener parte de la ayuda mientras comenzaban un nuevo empleo. Sin embargo, el diseño de la medida ha limitado notablemente su utilización. Para acceder al complemento es necesario disponer de un derecho a prestación superior a un año y haber consumido al menos nueve meses antes de incorporarse al nuevo puesto de trabajo. Este requisito hace que el incentivo solo esté disponible para personas con largos periodos de desempleo, precisamente cuando las probabilidades de encontrar trabajo suelen ser menores. El Banco de España ya advirtió recientemente de esta escasa implantación. En su informe anual señaló que el CAE tiene una presencia muy reducida entre los perceptores de la prestación contributiva y únicamente alcanza una incidencia algo mayor entre quienes cobran subsidios asistenciales. El organismo considera que el incentivo no resulta suficientemente atractivo, especialmente para los trabajadores más jóvenes, que suelen aceptar un empleo sin necesidad de este complemento adicional. La normativa distingue además entre quienes ya estaban desempleados antes de abril de 2025 y quienes pasaron a percibir la prestación con posterioridad. En el primer caso, el trabajador debía solicitar expresamente el complemento al incorporarse a un empleo, mientras que para los nuevos beneficiarios el reconocimiento se realiza de forma automática, tanto si el contrato es a jornada completa como parcial. La duración y la cuantía de la ayuda también varían en función de la situación de cada trabajador. Cuanto más tiempo haya permanecido cobrando la prestación antes de aceptar el empleo, más meses podrá mantener el complemento. Por ejemplo, quien encuentre trabajo tras trece meses percibiendo el paro puede cobrar el incentivo durante seis meses, mientras que si accede al empleo al décimo mes solo podrá percibirlo durante treinta días. El importe también depende del momento en que se produzca la contratación y del tipo de jornada. Los contratos a tiempo completo generan una ayuda mayor que los parciales. Así, la cuantía máxima puede alcanzar los 480 euros mensuales cuando el empleo se obtiene tras diez meses de prestación, mientras que disminuye a 360 euros si la incorporación laboral se produce después de superar el primer año de desempleo. El origen de esta medida se encuentra en la reforma del sistema de subsidios impulsada por el Gobierno durante la pasada legislatura y vinculada al cumplimiento de los compromisos asociados a los fondos europeos. Su objetivo era reforzar los incentivos para que los desempleados de larga duración aceptaran ofertas de trabajo sin perder inmediatamente toda la protección económica. No obstante, el funcionamiento del complemento también reduce su atractivo porque los meses durante los que se percibe mientras se trabaja consumen el derecho pendiente de prestación por desempleo. Esto permite que el beneficiario renuncie al incentivo si considera más conveniente conservar esos días de paro para utilizarlos en el futuro, una circunstancia que, según el Banco de España, limita especialmente su utilización entre los trabajadores que encuentran empleos con salarios suficientes para cubrir sus necesidades económicas.

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(Expansión, 03-07-2026) | Laboral

Los gigantes empresariales recortan 430.000 empleos en lo que va de año

Empresas como Volkswagen, UPS, Oracle, Nissan, Amazon, Nestlé, Estée Lauder, BAT o Meta están llevando a cabo importantes reducciones de plantilla como respuesta a un entorno marcado por la incertidumbre económica, el debilitamiento del consumo y la aceleración de los cambios tecnológicos. Entre los casos más destacados figura Volkswagen, que prepara un ajuste sin precedentes de 100.000 empleos, equivalente al 15% de su fuerza laboral, duplicando la previsión inicial de 50.000 despidos en Alemania. La caída de las ventas en Europa y la creciente presión de los fabricantes chinos explican esta decisión. Desde comienzos de año, cerca de un centenar de multinacionales han comunicado planes para eliminar al menos 430.000 puestos de trabajo. A la volatilidad económica global se suman las tensiones geopolíticas derivadas de conflictos como los de Oriente Próximo y Ucrania, así como el encarecimiento de materias primas, la inflación y las fricciones comerciales, factores que están debilitando el consumo. En este contexto, la inteligencia artificial ha emergido como un elemento adicional de transformación. La automatización de procesos, especialmente en áreas como el análisis de datos, la programación o la atención al cliente, está impulsando profundas reestructuraciones, sobre todo en el sector tecnológico. Esta industria concentra 164.000 de los 430.000 despidos anunciados a escala mundial. Oracle anunció en marzo la salida de 30.000 trabajadores dentro de una reorganización orientada a reforzar su posición en el desarrollo de IA. Por su parte, Amazon comunicó en enero la supresión de otros 16.000 empleos, que se añaden a los 14.000 recortes de 2025, con el objetivo de reducir burocracia y concentrar recursos en áreas estratégicas. Dell ya ha eliminado 11.000 puestos, alrededor del 10% de su plantilla, en el marco de un plan de ajuste centrado en contener costes y reforzar su negocio de servidores vinculados a la IA. A su vez, Meta inició en mayo una reducción global de 8.000 empleos, además de reubicar a otros 7.000 trabajadores para simplificar su estructura y reforzar su inversión en inteligencia artificial. También Alphabet (Google) prepara una nueva ronda de despidos en áreas como ciberseguridad, inteligencia de amenazas y servicios en la nube. Aunque no ha detallado cifras, analistas estiman que podrían verse afectados entre 1.500 y 3.000 empleados. Desde 2023, la compañía ya ha reducido unos 15.000 puestos. Según la plataforma TrueUp, las tecnológicas acumulan 163.930 despidos en 2026, lo que supone una media de 901 empleos eliminados al día, frente a los 674 diarios registrados en 2025. El deterioro del entorno macroeconómico y geopolítico está presionando los resultados empresariales y obligando a las compañías a aplicar planes de reducción de costes para recuperar rentabilidad. Aunque los ajustes afectan a numerosos sectores, destacan especialmente automoción, consumo, logística y finanzas. La industria automovilística suma cerca de 128.000 empleos destruidos en el primer semestre. Además de Volkswagen, otros fabricantes también están recortando plantilla. Renault prevé 2.400 despidos y estudia reducir entre un 15% y un 20% su plantilla de ingenieros en dos años. General Motors ha anunciado unos 1.900 recortes, mientras que Nissan planea prescindir de 20.000 empleados hasta 2027. Stellantis afronta una reestructuración relevante para adaptar su estrategia de electrificación al descenso de ventas. En abril anunció la reducción del 40% de la plantilla de ingeniería de Opel en Alemania, unos 650 puestos, para orientar parte de su actividad hacia la IA y el desarrollo de baterías. Incluso Aston Martin confirmó un recorte del 20% de su personal tras el fuerte incremento de sus pérdidas. La crisis también afecta a los fabricantes de componentes, que han destruido 104.000 empleos en Europa en los dos últimos años, en medio de una transición tecnológica más compleja de lo esperado. En mayo, Michelin lanzó un plan de bajas voluntarias que podría afectar a 1.500 trabajadores en Francia. En el sector del consumo, los despidos superan los 40.000 desde enero. Nestlé suprimirá alrededor de 16.000 puestos, cerca del 6% de su plantilla, por la caída de ventas y su apuesta por automatización e IA. Estée Lauder endureció su ajuste y elevará los despidos a entre 9.000 y 10.000 empleados. Otras compañías afectadas por la debilidad del consumo incluyen a Heineken, Zalando, Nike, Target, Claire's y Asda. Por su parte, BAT prevé eliminar 9.000 empleos dentro de su estrategia de reducción de costes y transición hacia productos sin humo. Disney también contempla 1.000 despidos, mientras que la cadena hotelera y de restauración Whitbread prevé recortar 3.800 empleos. El transporte y la logística también atraviesan un proceso de ajuste. UPS reducirá hasta 30.000 puestos y cerrará 24 instalaciones, tras renegociar su relación con Amazon. Asimismo, DB Cargo eliminará 5.000 empleos, mientras que Kuehne+Nagel recortará 2.000 y Maersk, unos 1.000. El sector financiero tampoco escapa a esta tendencia y acumula cerca de 20.000 salidas. Entre los ajustes más relevantes figuran los 8.000 puestos de Standard Chartered, además de los recortes anunciados por Commerzbank, Morgan Stanley y Citi. También las aseguradoras Helvetia, Ageas y ERGO han puesto en marcha planes de reducción de plantilla.

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(Expansión, 03-07-2026) | Laboral

Más de 1,17 millones de extranjeros se acogen a la regularización, el doble de lo previsto por el Gobierno

El proceso extraordinario de regularización de extranjeros en España ha superado ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno. Según el primer balance oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre el 16 de abril y el 30 de junio se registraron 1.174.978 solicitudes, una cifra que más que duplica la estimación inicial de unas 500.000 personas potencialmente beneficiarias. De todas las solicitudes recibidas, el 52% ya ha sido admitido a trámite, lo que supone que alrededor de 608.000 personas cuentan ya con una autorización provisional de residencia y trabajo en España. Este permiso preliminar les permite incorporarse al mercado laboral mientras continúa la tramitación administrativa de sus expedientes. Por comunidades autónomas, Cataluña lidera el número de solicitudes con más de 253.000 expedientes, seguida de Comunidad de Madrid con 202.000, Comunidad Valenciana con 167.000 y Andalucía con 161.000. En cuanto al origen de los solicitantes, el 67% procede de América Central y América del Sur. Colombia concentra el mayor volumen, con el 26% del total de solicitudes. Le siguen Marruecos con un 13,4%, Venezuela con un 11,7% y Perú con un 8,8%. También destacan Honduras, Paraguay y Argelia entre las nacionalidades con mayor representación. La ministra Elma Saiz ha valorado positivamente estos primeros resultados, calificando el proceso como un éxito y como un hito relevante dentro de la política migratoria española. Para acogerse a esta regularización, los solicitantes debían acreditar tres requisitos principales: haber entrado y permanecido de forma continuada en España antes del 1 de enero de 2026, carecer de antecedentes penales tanto en España como en su país de origen y, en el caso de quienes hubieran solicitado asilo, renunciar al procedimiento de protección internacional una vez concedida la autorización de residencia. El impacto del proceso ya se refleja en el mercado laboral. Actualmente, 159.097 personas con autorización provisional figuran dadas de alta en la Seguridad Social. El sector con mayor absorción de trabajadores regularizados es la hostelería, con 38.776 afiliados, equivalente al 24,4% del total. Le siguen el comercio, las actividades administrativas y auxiliares, y la construcción. Otros sectores con una presencia significativa de estos trabajadores son la agricultura, el transporte y la industria manufacturera. También aparecen, aunque con menor peso, los servicios sanitarios, los servicios sociales y el empleo doméstico, lo que muestra una integración laboral especialmente intensa en actividades con alta demanda de mano de obra. Sin embargo, el cierre del proceso ha coincidido con un frente judicial abierto en el Tribunal Supremo, que ha planteado dudas sobre la compatibilidad de esta regularización con el derecho de la Unión Europea. El Gobierno deberá presentar alegaciones tras los recursos interpuestos por los gobiernos autonómicos de Aragón y Comunidad Valenciana. Uno de los principales puntos de controversia afecta a la concesión de residencia temporal por arraigo a personas que solicitaron asilo antes del 1 de enero de 2026, incluso cuando su petición fue denegada o existían procedimientos de devolución en marcha. El Supremo cuestiona si esta medida entra en conflicto con la normativa europea de protección internacional, que diferencia entre el derecho de permanencia provisional durante la tramitación del asilo y la concesión formal de un permiso de residencia. La segunda objeción se centra en la regularización de inmigrantes en situación irregular presentes en España antes de la fecha límite, lo que conlleva el archivo automático de expedientes de expulsión. El Alto Tribunal analiza si esta disposición puede chocar con la Directiva de Retorno de la Unión Europea de 2008, al considerar que podría suponer una suspensión generalizada de órdenes de retorno sin la evaluación individual que exige la legislación comunitaria. En consecuencia, aunque el proceso de regularización ha tenido una acogida masiva y ya está generando efectos visibles en el empleo y la afiliación, su consolidación definitiva dependerá también del examen jurídico que realicen los tribunales y de su encaje dentro del marco normativo europeo.

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(El País, 03-07-2026) | Laboral

España gana 128.500 empleos en junio y eleva el récord de afiliación hasta los 22,47 millones

España ha alcanzado un nuevo máximo histórico de empleo al registrar 22,47 millones de afiliados a la Seguridad Social durante el mes de junio. Se trata del nivel más elevado de toda la serie estadística, impulsado por una creación de empleo especialmente intensa: entre mayo y junio se sumaron 128.500 nuevos puestos de trabajo, una cifra muy superior a la del mismo periodo del año pasado. Excluyendo el impacto excepcional de la pandemia, es el mayor aumento registrado en un mes de junio en las últimas dos décadas. Junio suele ser tradicionalmente el mejor mes para el mercado laboral español, ya que el sector turístico refuerza plantillas de cara a la campaña de verano y buena parte de las actividades económicas mantienen elevados niveles de contratación. En esta ocasión, el máximo diario de afiliación se alcanzó el 18 de junio, cuando se superaron los 22,57 millones de cotizantes, mientras que la media mensual quedó en 22,47 millones. El crecimiento del empleo ha sido notablemente superior al observado en ejercicios recientes. La creación de 128.500 puestos supera ampliamente la de 2025, 2024 y 2023, consolidando una aceleración del mercado laboral que ya se venía observando en meses anteriores. En términos interanuales, el empleo aumentó en 605.200 afiliados respecto a junio del año pasado, también por encima del ritmo de crecimiento registrado en ejercicios previos. Uno de los factores más destacados del mes ha sido el peso del empleo extranjero. Los trabajadores de otras nacionalidades aportaron 86.600 nuevos empleos, lo que representa alrededor del 67% de toda la creación neta de empleo en junio. Esta contribución multiplica por más de tres la registrada hace un año y eleva el número total de afiliados extranjeros hasta los 3,44 millones, equivalentes al 15,3% del total de trabajadores afiliados. El empleo extranjero mantiene además un fuerte crecimiento interanual, con un avance del 11,3%, lo que supone 350.200 afiliaciones más en comparación con el año anterior. Este protagonismo se ha intensificado en paralelo al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno. Por primera vez, la Seguridad Social ha cuantificado el impacto de dicha regularización en el empleo: a 30 de junio, 159.100 trabajadores extranjeros regularizados ya se habían incorporado al mercado laboral. Los sectores que más mano de obra regularizada han absorbido son la hostelería, el comercio, las actividades administrativas y la construcción. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, considera aún prematuro extraer conclusiones definitivas sobre el efecto del proceso en el desempleo, aunque sostiene que su impacto en el paro registrado es muy reducido y que la mayoría de las personas regularizadas están incorporándose directamente al empleo. Por sectores, los mayores incrementos de afiliación en junio se produjeron en comercio y hostelería, impulsados por el inicio de la temporada estival. En sentido contrario, la educación volvió a sufrir el efecto estacional del cierre del curso escolar y perdió 59.500 empleos. También descendió el empleo agrario, con una caída de 26.800 afiliados en el sistema especial agrario. En el análisis territorial, la evolución mensual muestra fuertes contrastes. Huelva registró el mayor retroceso, afectada por el final de campañas agrícolas, mientras que Illes Balears lideró el crecimiento gracias al fuerte impulso turístico. Si se amplía la perspectiva a los últimos doce meses, los sectores con mejor comportamiento han sido sanidad y construcción. El aumento del empleo sanitario refleja el envejecimiento de la población y la creciente demanda asistencial, mientras que el auge en construcción está vinculado a las tensiones existentes en el mercado de la vivienda. La Seguridad Social también destaca nuevos máximos históricos de empleo tanto femenino como masculino. El número de mujeres afiliadas alcanzó los 10,62 millones, mientras que los hombres afiliados sumaron 11,84 millones. Asimismo, los trabajadores autónomos continúan en niveles récord, acercándose a los 3,5 millones. El contrapunto lo ofrece el paro registrado. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el desempleo cayó en junio en 28.700 personas, una reducción sensiblemente inferior a la de los últimos años. Sin contar el efecto distorsionador de 2020, hay que remontarse a 2008 para encontrar un dato de junio menos favorable. En términos interanuales, el paro registrado se redujo en 114.000 personas, por debajo de las caídas observadas en ejercicios anteriores. Aun así, el total de desempleados baja hasta los 2,29 millones, el nivel más bajo desde febrero de 2008. Pese a la mejora acumulada en el empleo, España continúa presentando una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión Europea. La tasa de paro se sitúa en el 10,3%, solo superada por Finlandia, y claramente por encima de la media comunitaria, situada en torno al 6%. Entre los datos positivos del paro, destaca la evolución del desempleo femenino, que bajó en más de 15.800 personas y se situó en 1,39 millones, por debajo de la barrera de 1,4 millones por primera vez desde 2008. También el paro juvenil continúa mejorando: entre los menores de 25 años descendió en más de 5.000 personas, situándose en 159.800 jóvenes, el nivel más bajo de toda la serie histórica.

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(El Confidencial, 03-07-2026) | Laboral

Trabajo espera aprobar el nuevo registro horario en algún Consejo de Ministros previo a las vacaciones

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado que el Ministerio continúa ultimando los aspectos técnicos de la reforma del registro horario y confía en que pueda ser aprobada en alguno de los Consejos de Ministros previos al parón estival. Durante la rueda de prensa de valoración de los datos de paro de junio, explicó que el texto se está ajustando tras las observaciones recibidas para garantizar su solidez jurídica. Pérez Rey subrayó que, después del informe emitido por el Consejo de Estado, el departamento trabaja en perfeccionar la norma con el objetivo de dotarla de la máxima seguridad legal posible. Aun así, insistió en que el compromiso del Gobierno con esta reforma sigue siendo firme. La reforma del registro horario busca reforzar el control de la jornada laboral, dificultar manipulaciones en el cómputo de horas trabajadas y permitir a la Inspección de Trabajo realizar verificaciones remotas. Inicialmente, esta medida formaba parte del paquete normativo vinculado a la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales impulsada por el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz. Sin embargo, el proyecto encontró obstáculos tras el dictamen desfavorable del Consejo de Estado emitido a finales de marzo. Aunque sus informes no suelen ser vinculantes, este órgano consultivo expresó importantes objeciones a la propuesta. Entre las principales críticas, el Consejo de Estado cuestionó la falta de adaptación sectorial del nuevo sistema de control horario y advirtió del incremento de cargas administrativas que podría generar, especialmente para pequeñas y medianas empresas. También mostró reservas sobre la decisión de tramitar la reforma mediante real decreto en lugar de hacerlo a través de una norma con rango de ley. Además, el dictamen recogió reparos planteados por el Ministerio de Economía y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que habían mostrado discrepancias respecto a algunos elementos del proyecto. En paralelo, Pérez Rey fue preguntado por otra reforma impulsada por Trabajo: la modificación de las reglas de absorción y compensación del salario mínimo interprofesional. Sobre este asunto, indicó que el proceso normativo sigue su curso. El secretario de Estado recordó que la tramitación legislativa dentro del Gobierno suele ser compleja y prolongada, ya que requiere informes de distintos ministerios y organismos consultivos, entre ellos el Consejo Económico y Social y el propio Consejo de Estado. Pese a estos plazos, reafirmó que el Ministerio mantiene su compromiso tanto con la reforma del registro horario como con la actualización de las reglas vinculadas al Salario Mínimo Interprofesional, asegurando que ambos cambios continúan avanzando dentro de los cauces administrativos necesarios para su aprobación lo antes posible.

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(El Economista, 03-07-2026) | Laboral

Alivio para las empresas en transparencia salarial: los candidatos seguirán yendo "a ciegas" a la entrevista

La futura normativa española sobre transparencia salarial, diseñada para adaptar la Directiva europea 2023/970, no introducirá por ahora cambios relevantes en los procesos de selección laboral. El borrador presentado por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales no contempla la obligación de informar sobre la retribución de un puesto antes de la entrevista, ni exige que el salario figure en las ofertas de empleo. Esto implica que los candidatos continuarán participando en muchos procesos de selección sin conocer de antemano el rango salarial ofrecido. En un mercado laboral donde solo una pequeña parte de las vacantes publicadas incluye referencias al sueldo, esta ausencia mantiene un importante desequilibrio informativo en favor de las empresas durante la negociación contractual. Además, el texto tampoco prohíbe que los reclutadores pregunten a los aspirantes cuánto cobraban en su empleo anterior, una práctica que puede condicionar la negociación salarial futura y perpetuar diferencias retributivas previas. La decisión contrasta con el espíritu de la directiva europea, aprobada en 2023 con el objetivo de reforzar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y reducir la brecha salarial de género. Dentro del marco comunitario, facilitar información salarial desde fases tempranas del proceso de contratación se consideraba una herramienta clave para reducir desigualdades estructurales. Sin embargo, en España el foco parece haberse desplazado hacia el refuerzo de derechos de los trabajadores ya incorporados en plantilla más que hacia la transparencia previa a la contratación. En este sentido, la nueva regulación consolida y amplía obligaciones que en buena parte ya existían desde 2020. Entre ellas figura el derecho de los empleados a acceder a información comparativa sobre salarios dentro de la empresa, así como la obligación empresarial de aplicar criterios objetivos, neutros y transparentes tanto en la fijación de retribuciones como en promociones y ascensos. Uno de los cambios más significativos afecta al denominado secreto salarial. El borrador anula las cláusulas contractuales que impidan a un trabajador comunicar o comentar su salario con otros compañeros. Esta medida refuerza la capacidad de detectar posibles discriminaciones internas, aunque no altera sustancialmente el desequilibrio de poder en la negociación previa a la contratación. Al mismo tiempo, la protección de datos salariales de terceros se endurece. Los trabajadores podrán conocer salarios medios o referencias retributivas dentro de la organización, pero esa información deberá facilitarse de manera que no permita identificar individualmente a otros empleados. El propio Gobierno reconoce que el texto actual constituye solo una transposición parcial de la directiva europea. Parte de los elementos más ambiciosos requerirán reformas legales adicionales que, previsiblemente, deberán negociarse en una norma posterior. La incertidumbre política, no obstante, plantea dudas sobre si esas reformas llegarán a materializarse en el corto plazo. Entre las ausencias más destacadas figura el régimen sancionador previsto por la directiva comunitaria para los casos en los que exista una brecha salarial injustificada superior al 5%. El borrador español ni siquiera menciona este umbral, ni incorpora mecanismos automáticos de auditoría salarial obligatoria cuando se supere ese límite. Esta omisión resulta especialmente relevante porque la normativa española vigente contempla márgenes mucho más amplios antes de activar obligaciones correctoras. De haberse incorporado el estándar europeo del 5%, numerosas empresas habrían tenido que revisar de forma profunda sus políticas retributivas, incluyendo complementos salariales, pluses y sistemas de incentivos. Tampoco se abordan otros aspectos jurídicos de calado, como la reducción de los plazos de prescripción para reclamaciones por discriminación salarial o la exención de costas judiciales para trabajadores que litiguen con fundamentos razonables aunque finalmente pierdan el procedimiento. En conjunto, la propuesta del Gobierno mejora ciertos mecanismos de transparencia interna, pero deja sin abordar algunos de los instrumentos más transformadores previstos por la normativa europea. Como consecuencia, la capacidad real de la nueva regulación para alterar el equilibrio negociador entre empresas y trabajadores, especialmente durante la contratación, parece por ahora limitada.

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(El Economista, 03-07-2026) | Laboral

Eliminar el déficit de pensiones obliga a incorporar 685.800 trabajadores más al año

Pese a que España atraviesa un periodo récord en términos de empleo y afiliación a la Seguridad Social, el sistema público de pensiones continúa mostrando un desequilibrio estructural entre ingresos y gastos. El aumento del número de cotizantes no ha sido suficiente para compensar el fuerte crecimiento del gasto en prestaciones contributivas, especialmente en un contexto de envejecimiento demográfico y jubilación progresiva de la generación del baby boom. Según un informe elaborado por Foment del Treball, la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales y Opina 360, el sistema necesitaría incorporar 685.786 trabajadores adicionales para equilibrar sus cuentas. Esta cifra refleja la magnitud del desafío al que se enfrenta el modelo de pensiones español. En 2025, la Seguridad Social recaudó 176.918 millones de euros en cotizaciones sociales procedentes de trabajadores y empresas. Sin embargo, el gasto destinado al pago de pensiones contributivas alcanzó los 182.526 millones, lo que generó un déficit de 5.608 millones de euros. La mayor parte de este gasto corresponde a las pensiones de jubilación, que absorben más del 75% del presupuesto total. En concreto, estas prestaciones supusieron un desembolso de 138.817 millones de euros durante 2025. A continuación se sitúan las pensiones de viudedad, con 26.110 millones, y las prestaciones por incapacidad permanente, que representaron 15.206 millones. Para cerrar el déficit únicamente mediante nuevas cotizaciones, cada uno de esos casi 686.000 nuevos trabajadores tendría que aportar de media unos 8.177 euros anuales al sistema. Esta cifra contrasta con el gasto medio por pensionista, que ronda los 19.483 euros al año, más del doble de la aportación media individual de un cotizante. El desequilibrio no es un fenómeno reciente. Hasta comienzos de la pasada década, la Seguridad Social todavía registraba superávits, como los 9.789 millones de 2010 o los 5.778 millones de 2011. Sin embargo, la situación cambió en 2012, cuando la crisis económica provocó una caída del empleo y, con ella, de los ingresos por cotizaciones. Ese año se registró por primera vez un déficit de 2.445 millones. Desde entonces, el sistema acumula catorce ejercicios consecutivos en números rojos. El punto más crítico llegó en 2020, durante la pandemia de la COVID-19 pandemic, cuando el déficit alcanzó los 11.970 millones de euros, el mayor de la última década. En los últimos años, tanto los ingresos como el gasto han crecido con intensidad. Entre 2020 y 2025, la recaudación por cotizaciones aumentó un 47,5%, mientras que el gasto en pensiones lo hizo un 38,35%. Aunque los ingresos han crecido a mayor ritmo porcentual, el incremento del gasto continúa presionando las cuentas debido a la revalorización anual de las pensiones y a la entrada de nuevos jubilados con bases reguladoras más elevadas. El empleo, por su parte, ha mantenido una evolución muy positiva. España superó los 20,3 millones de afiliados en 2022, alcanzó 20,8 millones en 2023, rebasó los 21,3 millones en 2024 y cerró 2025 con 21,8 millones de cotizantes. Durante el primer semestre de 2026, el país añadió más de 621.000 nuevos afiliados, superando por primera vez los 22,4 millones. Aun así, los expertos advierten de que este crecimiento sigue sin bastar. Para cubrir completamente el déficit actual, el número de afiliados debería haber aumentado alrededor de un 3,45% en un solo año, una tasa superior a la observada recientemente. Este desequilibrio fue precisamente uno de los motivos que impulsaron las reformas del sistema de pensiones aprobadas en 2021 y 2023 bajo el mandato de José Luis Escrivá. Estas reformas buscaron reforzar los ingresos mediante medidas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y el aumento progresivo de las bases máximas de cotización. Sin embargo, estas reformas también han incrementado las obligaciones de gasto, al vincular la actualización anual de las pensiones al IPC y reforzar determinadas prestaciones sociales. Como consecuencia, el Estado sigue necesitando transferir cada año miles de millones de euros desde los Presupuestos Generales para sostener financieramente el sistema. Además de estas transferencias, el Gobierno continúa concediendo préstamos a la Seguridad Social para cubrir parte de sus obligaciones, una práctica que recientemente ha sido cuestionada por el Tribunal de Cuentas, al considerar que puede distorsionar la imagen real de sostenibilidad financiera del sistema. En conjunto, el reto de las pensiones sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales de la economía española a medio y largo plazo.

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