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(Expansión, 23-04-2026) | Laboral

La OCDE allana el camino para que la Seguridad Social incentive la vuelta del trabajador de baja

El informe elaborado por los expertos de la OCDE y remitido al Gobierno, que incluye una comparación internacional de los sistemas de gestión de la incapacidad temporal, podría servir de apoyo a una de las iniciativas que el Ministerio de Seguridad Social ha estado desarrollando en los últimos meses: la introducción de las llamadas altas progresivas. Aunque esta idea comenzó a debatirse públicamente hace algo más de un año, fuentes del diálogo social indican que el departamento liderado por la ministra Elma Saiz mantiene su intención de impulsarla, pese a la falta de respaldo tanto de organizaciones empresariales como de sindicatos. A raíz de las advertencias de la OCDE -recogidas en un informe difundido por EXPANSIÓN- sobre el notable incremento del absentismo y las deficiencias en su gestión en comparación con otros países, el Ejecutivo podría encontrar en este análisis posibles líneas de actuación. El problema tiene un elevado coste: alrededor de 18.000 millones de euros en prestaciones por incapacidad temporal para las arcas públicas y unos 16.000 millones adicionales para las empresas. Según el estudio, en España existe una carencia de incentivos que favorezcan el regreso de los trabajadores a sus puestos tras una baja, algo que sí se observa en otros países. La OCDE considera que, aunque el sistema español es relativamente generoso -tanto por las prestaciones como por los complementos salariales que a menudo aportan las empresas-, no incorpora mecanismos que motiven al empleado a reincorporarse ni al empleador a facilitar ese retorno. Por ello, los expertos recomiendan fijarse en países que combinan sistemas de protección similares con incentivos eficaces, estructuras de gobernanza adecuadas y prácticas orientadas a promover la vuelta al trabajo. A partir del análisis de cinco países (Austria, Bélgica, Alemania, Países Bajos y Suecia), la OCDE identifica medidas que han dado buenos resultados y que podrían adaptarse al caso español para frenar el aumento de las bajas. Entre ellas destaca la incapacidad temporal parcial, aplicada en países como Suecia y Bélgica, que permite reducir la jornada (por ejemplo, al 25%, 50% o 75%) para que el trabajador mantenga cierta actividad laboral mientras percibe la parte proporcional de la prestación. En Alemania y Austria se utiliza un modelo de reincorporación gradual en el que el trabajador, aunque sigue de baja, comienza con pocas horas de trabajo que se incrementan progresivamente según un plan médico. Como durante este periodo el salario lo cubre el seguro y no la empresa, se incentiva que el empleador acepte la reincorporación. En Austria, de hecho, el 75% de quienes participan en este sistema continúan empleados cinco años después. Además, Alemania obliga a las empresas a aplicar un proceso de integración laboral (OIM) cuando un empleado acumula seis semanas de baja en un año, lo que implica adaptar el puesto de trabajo -por ejemplo, mediante cambios de horario o mejoras ergonómicas- antes de que la situación empeore. En materia de control, Suecia establece revisiones obligatorias: a los 90 días se analiza la capacidad del trabajador para su empleo habitual y a los 180 días se valora si podría desempeñar cualquier otro trabajo. Por su parte, los Países Bajos imponen a las empresas la obligación de documentar todo el proceso de reincorporación, con sanciones económicas -como asumir un tercer año de baja- si no se demuestra un esfuerzo suficiente, lo que refuerza la implicación empresarial. El informe también destaca la existencia de figuras de apoyo en países como Suecia y Austria, que actúan como intermediarios entre el sistema sanitario, la empresa y la Administración, reduciendo trámites y facilitando la reincorporación. Asimismo, se proponen programas preventivos como los de Bélgica para tratar problemas como el dolor lumbar o el burnout desde sus primeras fases, mediante fisioterapia y apoyo psicológico intensivo, evitando así bajas prolongadas. En cuanto a las bajas de larga duración (más de 180 días), la Seguridad Social plantea aplicar un sistema de reincorporación progresiva una vez que el trabajador haya sido dado de alta médica. Este proceso tendría una duración máxima de 30 días y se aplicaría tanto a empleados a jornada completa como a aquellos a tiempo parcial con una dedicación superior al 80%. Durante este periodo, el trabajador desempeñaría la mitad de su jornada habitual, percibiendo el salario correspondiente a ese tiempo trabajado y una prestación equivalente al 50% por la parte de jornada no realizada.

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(El País, 23-04-2026) | Laboral

Bruselas renuncia a recomendar el teletrabajo obligatorio en su lista de medidas contra la crisis energética

La Comisión Europea ha decidido finalmente no incluir la recomendación de imponer un día obligatorio de teletrabajo a la semana como medida para ahorrar energía dentro de su paquete de respuesta a la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo. Aunque esta propuesta aparecía en los primeros borradores del documento, no figura en la versión definitiva aprobada por el colegio de comisarios. El texto, que la presidenta Ursula von der Leyen presentará este jueves ante los líderes europeos en el Consejo Europeo informal que se celebra en Chipre, sí contempla, en cambio, la flexibilización de las normas sobre ayudas de Estado y distintas iniciativas para fomentar el uso de la electricidad frente a los combustibles fósiles, entre ellas una reducción de su carga fiscal. Según cálculos del Ejecutivo comunitario, la crisis energética ha supuesto hasta ahora un sobrecoste de 24.000 millones de euros para los ciudadanos europeos. La idea de establecer un día de teletrabajo obligatorio se recogía en anexos de varios borradores previos -uno de ellos adelantado por EL PAÍS-, pero fue descartada en la fase final. Fuentes comunitarias explican que existían reticencias a imponer una medida de carácter obligatorio, además de dudas jurídicas sobre su aplicación y la dificultad de adaptarla a sectores económicos muy diversos. El paquete energético presentado tras más de un mes de trabajo se limita finalmente a una serie de recomendaciones y mecanismos de coordinación entre Estados miembros. La medida más relevante desde el punto de vista regulatorio es la flexibilización de las ayudas públicas, cuya implementación recaerá en la vicepresidenta Teresa Ribera. Esta iniciativa responde a los criterios marcados por Bruselas para afrontar la crisis: que las medidas sean oportunas, específicas y de carácter temporal. El documento también menciona los beneficios extraordinarios que están obteniendo algunas empresas energéticas debido al alza de precios. En este sentido, se señala que los Estados miembros pueden adoptar medidas sobre estos llamados "beneficios caídos del cielo" para garantizar la equidad social. Ribera ha mostrado su disposición a colaborar con los países que opten por este tipo de medidas. Sin embargo, la Comisión no ha propuesto un mecanismo común a nivel europeo, como ocurrió en 2022, pese a la petición de países como España, Alemania, Italia, Portugal y Austria. La propia vicepresidenta ha explicado que la creación de un impuesto común exigiría unanimidad, algo difícil de lograr dadas las diferentes posiciones entre los Estados. En defensa del paquete presentado, Ribera ha subrayado que su objetivo es reforzar la coordinación europea, proteger a los colectivos más vulnerables y acelerar la transición hacia energías limpias y la electrificación. Ha insistido en que no hay alternativa al Pacto Verde si se quiere garantizar la seguridad energética y la competitividad, especialmente en un contexto marcado por el encarecimiento del petróleo y otros combustibles fósiles. En la misma línea, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha advertido de que Europa afronta una nueva crisis vinculada a los combustibles fósiles, que debe servir como punto de inflexión para avanzar hacia una mayor autonomía energética basada en fuentes limpias. Tanto él como Ribera defienden mantener el rumbo del Pacto Verde pese al contexto geopolítico actual. Por su parte, Ursula von der Leyen ha reiterado en varias ocasiones desde el inicio del conflicto que esta situación evidencia la necesidad de apostar por fuentes energéticas que refuercen la independencia de Europa, destacando especialmente las energías renovables y la nuclear, ambas claves también para avanzar en la descarbonización de la economía.

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(El Economista, 23-04-2026) | Laboral

La guerra de Irán y la IA provocan una oleada de ERE en las empresas en España

El empleo en las empresas establecidas en España empieza a verse afectado por la expansión de la inteligencia artificial (IA) y por la incertidumbre económica global derivada del conflicto en Irán. Esta combinación ya tiene consecuencias a nivel empresarial y, entre enero y abril de este año, más de 12.000 puestos de trabajo se han visto comprometidos en compañías del país, bien porque han anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) o porque ya lo están aplicando. Un ejemplo destacado es Telefónica. La compañía presidida por Marc Murtra comunicó a finales de 2025 un plan que podría impactar entre 4.500 y 5.500 empleos en sus principales filiales: Telefónica España, Móviles y Soluciones y Movistar+, siendo la primera la más afectada. La empresa justificó esta decisión por motivos organizativos, técnicos y productivos, en un contexto marcado por pérdidas históricas de 4.318 millones de euros, derivadas principalmente de la venta de activos en Latinoamérica. Este caso refleja cómo la creciente competencia, intensificada por la irrupción de la IA en distintos sectores, está suponiendo un desafío para el empleo. Los ajustes laborales se extienden a múltiples industrias, como demuestra también Amazon. A finales de 2025, la compañía alcanzó un acuerdo con los sindicatos para reducir 920 puestos en Madrid y Barcelona, por debajo de los 1.200 previstos inicialmente. Esta medida forma parte de una estrategia global que incluyó la eliminación de decenas de miles de empleos administrativos, aunque la última fase no afecta a España. Otra empresa que podría protagonizar un importante ajuste es Capgemini. La consultora tecnológica francesa anunció el 10 de abril su intención de llevar a cabo un ERE en España, sin precisar aún el número de trabajadores afectados. Sin embargo, este tipo de procesos suele implicar al menos al 10% de la plantilla, que en su caso asciende a 11.000 empleados. La compañía atribuye esta decisión a la innovación tecnológica y ha comunicado a los sindicatos su intención de reorganizar su estructura laboral. En el ámbito de los servicios, los centros de atención telefónica están siendo especialmente golpeados por la automatización. Majorel es un ejemplo, con 329 salidas todavía en negociación y un nuevo ERE anunciado recientemente que afectará sobre todo a Zaragoza y Barcelona. Los representantes sindicales señalan que detrás de estas decisiones podría haber procesos de deslocalización hacia países latinoamericanos con menores costes laborales. Una situación similar vive Allianz Partners, aunque su plan de recorte de 320 empleos se encuentra actualmente paralizado. A pesar de que el Gobierno ha aprobado medidas que limitan los despidos en empresas que reciben ayudas públicas vinculadas al conflicto en Irán, la realidad económica y los problemas previos de algunas compañías están llevando a que los ERE sigan siendo utilizados. Es el caso de Ficosa, proveedor del sector de automoción, que ya arrastraba dificultades desde la guerra en Ucrania y que ahora plantea un nuevo ajuste de 172 trabajadores, cerca del 20% de su plantilla, en parte por su reorientación hacia el sector de defensa. También Metal Group se ve afectada por la crisis del automóvil y la ruptura de relaciones con Volkswagen, lo que ha llevado a plantear un ERE que afectaría a 139 de sus 183 empleados. Existen también casos que responden a circunstancias propias de cada empresa. Iberia ha anunciado un plan de bajas incentivadas para 1.000 trabajadores por motivos organizativos. Por su parte, Glovo planteó en marzo un ERE de hasta 750 empleados, en gran medida debido al impacto de la Ley Rider, que ha obligado a contratar a repartidores como asalariados en lugar de autónomos, afectando a su operativa en numerosas ciudades. Más recientemente, Nestlé comunicó el inicio de un despido colectivo que afectará a 301 trabajadores. La multinacional justifica esta decisión por el aumento de costes, el crecimiento de las marcas blancas y el avance de la automatización y digitalización. Según los últimos datos provisionales del Ministerio de Trabajo, los despidos colectivos aumentaron un 6,7% en los dos primeros meses del año. En enero se registraron 1.642 afectados, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior, pero en febrero los recortes crecieron un 18,6%, alcanzando los 2.365 trabajadores. En conjunto, ambos meses superan los 4.000 despidos, por encima de los registrados en el mismo periodo de 2025. Durante todo el año pasado, 41.200 personas se vieron afectadas por este tipo de procesos, lo que supuso un incremento del 10,2% respecto a 2024. Por el contrario, otras medidas como la suspensión de contratos descendieron notablemente, en parte debido a situaciones excepcionales como la DANA que afectó a Valencia en 2024.

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(La Vanguardia, 23-04-2026) | Laboral

UGT niega la tesis de la patronal de que los complementos pactados en convenio provocan el aumento de las incapacidades temporales.

El incremento de las bajas laborales es una realidad asumida, aunque no existe consenso sobre sus causas. Tanto sindicatos como organizaciones empresariales coinciden en señalar la debilidad del sistema público de salud como uno de los factores explicativos, pero discrepan en el resto de motivos. Una de las ideas defendidas por la patronal -y rechazada por UGT- es que los convenios colectivos que garantizan el 100% del salario desde el primer día de baja fomentan este aumento. El sindicato ha presentado un informe en el que sostiene que el crecimiento de las incapacidades temporales no puede atribuirse a estas cláusulas, sino más bien a un empeoramiento de la salud de los trabajadores. Según UGT, esta situación estaría relacionada con el deterioro del sistema sanitario y con una inversión insuficiente en prevención de riesgos laborales tanto por parte de las empresas como de las administraciones públicas. En esta línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sido contundente al afirmar que no es cierto que en los lugares donde existen mayores complementos salariales por baja haya más casos de incapacidad temporal. Para respaldar esta postura, el informe destaca que cada vez son menos los convenios que cubren el salario íntegro desde el primer día. En su lugar, predominan mejoras limitadas en el tiempo, con tramos progresivos y porcentajes parciales. Además, no se han producido cambios significativos en este tipo de cláusulas en los últimos años: en muchos casos se mantienen sin modificaciones o incluso incorporan nuevas restricciones. Cuando se introducen mejoras, estas suelen ser de alcance reducido tanto en términos económicos como de protección real. El análisis por sectores tampoco respalda la hipótesis de que estos complementos actúen como incentivo para incrementar las bajas. Comparativas en ámbitos como la radiodifusión, la banca, la hostelería o las telecomunicaciones muestran que hay empresas sin estos beneficios donde se registran más bajas que en aquellas que sí cubren el 100% del salario desde el inicio de la incapacidad. Álvarez añade otro argumento: en las empresas donde existen estos complementos suele haber una mayor presencia sindical, lo que también se traduce en mejores políticas de prevención de riesgos laborales y condiciones de trabajo más favorables. Esto, lejos de aumentar las bajas, contribuiría a reducirlas.

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(La Razón, 23-04-2026) | Laboral

El SEPE tendrá en cuenta tus ahorros para conceder o suspender el subsidio de mayores de 52 años

La discriminación por edad en el ámbito laboral es una realidad en España. A medida que las personas envejecen, aumentan las dificultades tanto para acceder a un empleo como para conservarlo, lo que en muchos casos las empuja a salir antes de tiempo del mercado laboral y a afrontar periodos de paro más prolongados. De hecho, una parte importante de la población admite haber sufrido este tipo de discriminación, especialmente durante los procesos de selección, donde estas barreras dificultan incluso demostrar la experiencia y capacidad profesional. Ante esta situación, el Gobierno puso en marcha en 2019 el subsidio para mayores de 52 años, con el objetivo de ofrecer una mayor protección a quienes quedan fuera del sistema laboral en esa etapa de la vida. Esta ayuda está dirigida a personas que han agotado la prestación por desempleo, no cumplen los requisitos para jubilarse de forma anticipada y carecen de ingresos suficientes. Su cuantía equivale al 80% del IPREM, lo que supone unos 480 euros mensuales en 2026. Sin embargo, el acceso a este subsidio está condicionado al cumplimiento de varios requisitos. Uno de los aspectos que más dudas genera es cómo se calculan las rentas, especialmente cuando existen ingresos puntuales como donaciones o cuando entra en juego el llamado rendimiento presunto del patrimonio. Este último elemento es especialmente relevante, ya que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no solo valora los ingresos reales, sino también una rentabilidad estimada de determinados bienes, como ahorros o segundas viviendas. Este cálculo puede afectar directamente al cumplimiento del requisito de carencia de rentas, cuyo límite se sitúa en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, 915,75 euros mensuales en 2026. La situación se complica cuando el beneficiario recibe ingresos extraordinarios, como herencias, donaciones o premios. En estos casos, es obligatorio comunicarlo de inmediato al SEPE, sin esperar a la revisión anual. Además, estos ingresos deben incluirse posteriormente en la Declaración Anual de Rentas (DAR), un trámite necesario para acreditar que se siguen cumpliendo las condiciones del subsidio. Si tras declarar estos ingresos se supera el límite establecido, la ayuda se suspende temporalmente. Su recuperación no es automática, ya que el SEPE toma como referencia el mes anterior a la nueva solicitud, lo que puede retrasar su reactivación. A esto se suma el efecto del rendimiento presunto. Por ejemplo, el dinero depositado en cuentas bancarias genera una rentabilidad teórica calculada según el interés legal del dinero, que se distribuye a lo largo de 12 meses. Este ingreso estimado puede hacer que el beneficiario supere el umbral permitido, incluso sin haber percibido ingresos reales adicionales. No obstante, quedan fuera de este cálculo la vivienda habitual y ciertos productos, como los planes de pensiones que no se hayan rescatado. Por último, esta ayuda presenta algunas particularidades frente a otras prestaciones: solo se tienen en cuenta los ingresos individuales, no los de la unidad familiar, y se mantiene hasta la edad ordinaria de jubilación. Además, incluye cotizaciones a la Seguridad Social equivalentes al 125% de la base mínima, lo que contribuye a mejorar la futura pensión del beneficiario.

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(El País, 22-04-2026) | Laboral

El Gobierno ultima el decreto que activará la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está ultimando un real decreto ley que permitirá reactivar la jubilación parcial de miles de trabajadores públicos con contrato laboral. Este tipo de retiro había quedado bloqueado desde abril de 2025, cuando un cambio normativo empezó a exigir que los empleados relevistas fueran contratados de forma indefinida y a jornada completa, algo que las administraciones no han podido aplicar hasta ahora. Como consecuencia, alrededor de 700.000 empleados públicos -especialmente en ayuntamientos y universidades- han visto paralizadas sus opciones de jubilación anticipada parcial. La aprobación de este decreto ha sido uno de los temas tratados en la reunión reciente de la mesa de diálogo social sobre pensiones y gestión de bajas laborales, en la que participan Gobierno, sindicatos y empresarios. Este foro llevaba dos meses sin avances debido a la negativa sindical a seguir negociando hasta resolver dos cuestiones: el bloqueo de estas jubilaciones parciales y la aplicación de los coeficientes reductores en pensiones anticipadas de cuantía elevada. Este último punto ya se ha solucionado mediante una instrucción del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que aclara cómo deben calcularse estas prestaciones y prevé revisar las concedidas desde principios de año. En cuanto a la jubilación parcial, el nuevo decreto recogerá previsiblemente un acuerdo alcanzado entre los sindicatos y los ministerios implicados. Este contempla dos vías para cumplir la exigencia legal sobre los relevistas: contratar a personas que ya hayan superado procesos selectivos o incorporar interinos vinculados a futuras ofertas de empleo público. En principio, la norma se centrará únicamente en resolver la situación del personal laboral de las administraciones, que es el único colectivo que tiene regulada esta modalidad de jubilación anticipada, la cual permite reducir la jornada y el salario durante los últimos años de actividad mientras otro trabajador cubre la parte restante. No obstante, los sindicatos han pedido que también se extienda este derecho al resto de empleados públicos, como funcionarios o personal interino, algo que ya se acordó anteriormente pero que sigue pendiente en el Parlamento. Desde el ámbito sindical se insiste en que el decreto debe limitarse a medidas ampliamente consensuadas y sin controversia, para garantizar su aprobación en el Congreso. En este sentido, el Gobierno valora incluir también algunos cambios relacionados con la gestión de las bajas laborales, aunque los sindicatos prefieren que esos temas más complejos sigan negociándose aparte. Entre las propuestas con mayor consenso figuran el reconocimiento de pensiones de viudedad en parejas no formalizadas pero con convivencia acreditada e hijos en común, así como la posibilidad de aplicar coeficientes de jubilación anticipada sin penalización a los tripulantes de cabina en el sector aéreo. Por otro lado, los sindicatos han planteado reformas más ambiciosas en la gestión de las incapacidades temporales. Entre ellas, proponen que las mutuas colaboradoras pasen a tener un carácter plenamente público y que asuman el tratamiento completo de determinadas enfermedades laborales, especialmente musculoesqueléticas, incluso cuando exista duda sobre su origen. Posteriormente, si se determina que no están relacionadas con el trabajo, podrían reclamar los costes al sistema público de salud. El Ministerio se ha comprometido a presentar una nueva propuesta sobre estas cuestiones teniendo en cuenta las aportaciones recibidas. Sin embargo, desde el lado empresarial no se perciben avances significativos en la negociación, que continúa generando incertidumbre entre las partes.

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(El País, 22-04-2026) | Laboral

El Gobierno reactiva el nuevo examen a la sostenibilidad del sistema de pensiones que le reclamó Bruselas

El Consejo de Ministros ha atendido finalmente la solicitud de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y ha vuelto a encargarle un análisis sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, esta vez utilizando el formato que el organismo consideraba adecuado. La fórmula elegida inicialmente por el Ejecutivo había generado un fuerte malestar en la institución, hasta el punto de que decidió paralizar el estudio exigido por Bruselas. Esta rectificación permite retomar una evaluación que ha estado rodeada de polémica, especialmente después de que su anterior presidenta, Cristina Herrero, denunciara un uso indebido de los recursos de la Airef y advirtiera de un posible deterioro de su independencia. El origen de esta situación se remonta a julio de 2025, cuando el Gobierno solicitó a la Airef un nuevo análisis sobre la viabilidad del sistema de pensiones con fecha de entrega en junio de 2026, apenas un año después del informe publicado en marzo de 2025. Aquel estudio, aunque aprobaba por poco la sostenibilidad del sistema, ya advertía de un empeoramiento en las cuentas. Pese a que la Airef no tenía previsto repetir esta evaluación hasta pasados tres años, el Ejecutivo impulsó un nuevo encargo debido a la presión de la Comisión Europea, que cuestionaba algunos aspectos metodológicos del análisis anterior, en particular el uso de transferencias del Estado a la Seguridad Social. Cristina Herrero mostró en varias ocasiones su rechazo a repetir el informe, no solo por razones de fondo, sino también por cuestiones formales. Según la ley orgánica de la Airef, el organismo puede emitir informes, opiniones o estudios, cada uno con características específicas. El Gobierno solicitó un "informe", pero la institución defendía que ese formato no era el adecuado para este caso. Apoyándose en el criterio de la Abogacía del Estado, la Airef sostuvo que debía tratarse de un "estudio", que además debería elaborarse conforme a sus propios tiempos y metodología, teniendo en cuenta sus limitaciones de recursos. En línea con esta postura, el Gobierno ha rectificado y ha optado por encargar un "estudio" en lugar de un informe. La actual presidenta de la Airef, Inés Olóndriz, valoró positivamente este cambio, reconociendo que en el pasado hubo tensiones con el Ejecutivo por considerar que se comprometía la independencia del organismo. Según explicó, el Ministerio de Seguridad Social ha comprendido finalmente la necesidad de respetar ese principio, lo que ha permitido desbloquear la situación. Olóndriz adelantó que el estudio estará listo el 1 de junio, cumpliendo así con los plazos inicialmente previstos. Estas declaraciones se produjeron en su primera comparecencia pública al frente de la Airef, tras su nombramiento el 25 de marzo, que no ha estado exento de críticas por parte de la oposición. Se cuestiona su imparcialidad debido a su reciente etapa como secretaria general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de María Jesús Montero. Olóndriz sustituye a Herrero, quien había mantenido una postura muy crítica con la actuación del Gobierno. El anterior análisis del sistema de pensiones superó el examen por un margen muy ajustado: una décima del PIB. La Airef estimó un gasto neto del 13,2% del PIB entre 2022 y 2050, justo por debajo del umbral que habría obligado a adoptar medidas correctoras. Este resultado fue posible tras un controvertido cambio metodológico impulsado por el Gobierno, que incluyó transferencias estatales a la Seguridad Social en el cálculo, algo que inicialmente no estaba previsto. Aunque la Airef solo incorporó una parte de esas transferencias, la decisión generó críticas dentro del propio organismo. El debate sobre el gasto en pensiones sigue siendo central en el ámbito económico, especialmente por el impacto de factores como la jubilación de la generación del baby boom, el incremento de las prestaciones, su actualización conforme al IPC o la baja natalidad. En este contexto, la Airef volverá a evaluar la sostenibilidad del sistema y presentará sus conclusiones en junio, ya bajo la dirección de Olóndriz.

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(El País, 21-04-2026) | Laboral

UGT y CC OO argumentan que eligen Málaga para la manifestación central del Día del Trabajo por ser el “paradigma” de la crisis de la vivienda en España

Este lunes, UGT ha tenido como protagonista inesperado a Donald Trump. Durante la presentación de las movilizaciones del Primero de Mayo, el mandatario estadounidense fue citado en más ocasiones que los habituales actores económicos nacionales a los que suelen aludir los sindicatos. Tanto Pepe Álvarez como Unai Sordo consideran que la estrategia militar y comercial de Estados Unidos, junto con sus "aliados" en Europa -en referencia a partidos como Vox-, representa una seria amenaza para los derechos laborales. Bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salario, vivienda y democracia", los sindicatos han convocado cerca de un centenar de protestas conjuntas. La principal tendrá lugar en Málaga, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral andaluza, aunque aseguran que la elección de la ciudad responde a que simboliza los problemas de acceso a la vivienda en España. Álvarez explicó que el objetivo principal de la movilización es convertir el Primero de Mayo en una protesta contra la guerra y en defensa de la paz. Acusó a Trump de favorecer vulneraciones del derecho internacional y situaciones de gran gravedad en distintos conflictos internacionales. En la misma línea, Sordo advirtió de una creciente escalada bélica global y de una guerra comercial dirigida contra la Unión Europea. Ambos dirigentes subrayaron que estas tensiones internacionales tienen consecuencias directas sobre la clase trabajadora, como el encarecimiento de los precios -especialmente de la energía- y el debilitamiento de derechos laborales. Sordo llamó a evitar una subordinación a Estados Unidos y defendió reforzar la autonomía estratégica europea, incluso diversificando relaciones con países como China. Por su parte, Álvarez reclamó a los partidos españoles una posición clara ante este contexto internacional. Los líderes sindicales también valoraron positivamente la actuación del Gobierno español en este escenario, destacando su papel en el ámbito internacional. No obstante, criticaron la falta de rumbo de la derecha en esta materia, señalando que el contexto actual exige replantear las relaciones tradicionales con Estados Unidos. Ambos rechazaron que la elección de Málaga como sede central del Primero de Mayo tenga motivaciones electorales. Según explicaron, la decisión se tomó meses antes de que se concretara el calendario electoral andaluz. En el plano económico, advirtieron de que la subida de precios no solo reduce el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que también perjudica a las empresas. En este sentido, insistieron en la necesidad de promover vivienda asequible para evitar tensiones en el mercado laboral, especialmente en zonas con mayor presión. Sordo puso el foco en la necesidad de repartir mejor la riqueza, señalando que no es coherente que España lidere el crecimiento económico en Europa mientras los salarios permanecen prácticamente estancados. Ambos coincidieron en que hay margen para incrementos salariales. Asimismo, señalaron que esperan avances en la negociación del acuerdo salarial con la patronal -CEOE y Cepyme-, aunque no descartan movilizaciones si no se logran resultados. También se mostraron abiertos a pedir una nueva subida del salario mínimo si la inflación continúa al alza. Por último, reclamaron al Ejecutivo mayor rapidez en la puesta en marcha de medidas pendientes, como el refuerzo del control horario o la actualización de la normativa en prevención de riesgos laborales. Además, valoraron positivamente el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, aunque pidieron más recursos para gestionarlo adecuadamente.

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(El Economista, 21-04-2026) | Laboral

El teletrabajo en España está más lejos de la UE que antes de la pandemia por el "pinchazo" de la jornada híbrida

El teletrabajo ha vuelto a situarse en el centro del debate laboral tras la propuesta de la Comisión Europea de hacerlo obligatorio un día a la semana para reducir el consumo energético durante la crisis derivada de Irán. Esta idea ha sido rechazada de forma tajante por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien defiende que esta modalidad debe ser voluntaria. Además, sostiene que España ya avanzó en esta materia con la aprobación de la Ley de Trabajo a Distancia a finales de 2020. Sin embargo, los datos reflejan que el país se encuentra ahora más rezagado respecto a la media europea que antes de la pandemia, en gran medida por el escaso desarrollo del modelo híbrido que Bruselas quiere impulsar. A primera vista, el trabajo a distancia parece haber crecido con fuerza en España: el porcentaje de asalariados que trabajan desde casa ha pasado del 4,2% en 2019 al 12,8% en 2025, según Eurostat. Esto ha permitido que el país mejore su posición relativa, pasando de estar entre los ocho con menor implantación a ocupar el undécimo puesto. No obstante, esta mejora se explica más por el retroceso de otros países que por un avance destacado de España. De hecho, la distancia respecto a la media de la Unión Europea ha aumentado, pasando de 6,9 a 7,8 puntos porcentuales desde 2018. En el caso de la eurozona, la brecha es aún mayor, creciendo de 7,1 a 9 puntos en ese mismo periodo. Una comparación entre países muestra que, seis años después de la pandemia, Europa avanza a distintas velocidades en la adopción del teletrabajo, y España sigue formando parte del grupo más rezagado. Esta diferencia se ha acentuado con el tiempo: si en 2019 quince países tenían tasas inferiores al 10%, ahora solo cinco se mantienen en ese nivel, mientras otros han experimentado fuertes avances. Destaca el caso de Países Bajos, donde casi la mitad de los trabajadores teletrabaja. Un factor clave en esta evolución es el peso de la llamada jornada híbrida, en la que se combina el trabajo presencial con uno o dos días semanales desde casa. Este formato, distinto del teletrabajo habitual -donde predomina el trabajo remoto-, es precisamente el que la Comisión Europea pretende fomentar. Sin embargo, España presenta peores resultados en este ámbito que en el teletrabajo completo. A pesar de ser una opción más flexible y menos costosa para las empresas, el teletrabajo ocasional tiene un peso inferior al 50% en el país, muy por debajo de la media europea del 64%. En algunas economías, como Dinamarca o Países Bajos, alcanza hasta el 83%. Aunque un menor uso del modelo híbrido no implica necesariamente menos teletrabajo -como demuestran países como Alemania o Irlanda, con altas tasas globales pese a no superar ese 50%-, sí evidencia un margen de mejora y cierta rigidez empresarial a la hora de implantarlo. Y este aspecto resulta especialmente relevante cuando se trata de reducir el consumo energético.

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(El Economista, 20-04-2026) | Laboral

La regularización de más de medio millón de inmigrantes marcará la evolución del mercado laboral a lo largo de 2026

Estas personas extranjeras ya residen en España y muchas de ellas trabajan en la economía informal. Por ello, tanto el Gobierno como diversos centros de estudios se muestran optimistas sobre sus posibilidades de acceder a un empleo formal y aumentar las afiliaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, desde el ámbito del diálogo social surgen dudas, advirtiendo de que el primer impacto podría ser un incremento de inscritos en las oficinas del SEPE. Se calcula que hay alrededor de 550.000 trabajadores, en su mayoría procedentes de Centro y Sudamérica, con una presencia destacada de mujeres que desempeñan labores en sectores como el servicio doméstico, la hostelería o la construcción. Esta estimación proviene de la diferencia entre los extranjeros afiliados a la Seguridad Social y los ocupados reflejados en la EPA, que incluye parte de la economía sumergida. No obstante, el número real de beneficiarios en edad laboral podría ser mayor, ya que no existe un registro oficial detallado. Tanto sindicatos como organizaciones empresariales alertan de que el paso del empleo irregular al trabajo formal podría no ser tan rápido como se prevé. Señalan que muchos empleadores podrían no estar dispuestos a regularizar a estos trabajadores pagando el salario mínimo o el establecido por convenio, además de asumir las cotizaciones sociales. Por otro lado, también es posible que algunos trabajadores opten por buscar otros empleos, lo que podría incrementar las cifras de desempleo. A diferencia del proceso de regularización de 2005, este nuevo modelo no está vinculado directamente a la obtención de un empleo, por lo que una solicitud aprobada no implica automáticamente el alta en la Seguridad Social. La normativa permite que estas personas puedan empezar a trabajar en cuanto se les notifique que su solicitud está en trámite, aunque muchos tendrán que iniciar entonces la búsqueda activa de empleo. Al haber estado en situación irregular, no tienen derecho a prestaciones por desempleo, pero sí pueden acudir a los servicios públicos de empleo para recibir formación o acceder a determinados sectores. En el marco del diálogo social se prevé que esta opción se utilice especialmente para incorporarse a trabajos en hostelería durante la temporada de verano. Por su parte, las empresas pueden beneficiarse de bonificaciones en las cotizaciones si contratan a personas desempleadas, como parados de larga duración, jóvenes sin formación o colectivos vulnerables. Para acceder a estos incentivos, suele ser necesario que el trabajador esté inscrito en los servicios públicos de empleo, lo que podría fomentar un aumento de registros en el SEPE, ya sea por iniciativa propia o por recomendación durante procesos de selección. El economista Florentino Felgueroso, vinculado a Fedea, matiza estas previsiones y considera que es pronto para evaluar el impacto, aunque no anticipa un aumento significativo del paro registrado, ya que normalmente quienes se inscriben son personas que ya han cotizado previamente. No obstante, sí contempla que puedan recurrir tanto a la formación reglada como a la ofrecida por los servicios de empleo. En este sentido, recuerda que cuando estas acciones formativas se prolongan durante meses, los participantes dejan de contabilizarse como parados y pasan a ser demandantes de empleo no ocupados (DENOS), un grupo que no se incluye en las cifras oficiales de desempleo. Felgueroso también apunta que la regularización amplía las oportunidades laborales de estos trabajadores, lo que podría favorecer su incorporación a empleos formales en sectores con falta de relevo generacional o escasez de mano de obra. A su juicio, los efectos podrían empezar a notarse en las afiliaciones durante el verano y meses posteriores, en función de la evolución de los trámites administrativos. Además, considera que el número de beneficiarios podría estar infravalorado y acercarse más al millón de personas. A medio plazo, el panorama sigue siendo incierto. La economista de Funcas, Mª Jesús Montero, señala que el impacto dependerá de hasta qué punto estas personas ya participan en el mercado laboral, ya sea trabajando, buscando empleo o en situación de desempleo, algo difícil de determinar. También destaca las limitaciones de la EPA para medir el trabajo informal, especialmente en el caso de personas en situación irregular, que pueden mostrar mayor movilidad geográfica o reticencia a participar en encuestas. Según explica, la regularización permitirá que más personas se inscriban en el SEPE, lo que se reflejará en parte en las estadísticas, aunque su impacto en la EPA dependerá de la representatividad de los datos. Además, advierte de que procesos como la reagrupación familiar podrían influir en los flujos migratorios y que el mercado laboral podría tener dificultades para absorber a esta nueva población activa en un contexto de desaceleración económica.

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