(Cinco Días, 02-02-2026) | Laboral

El paro ha bajado en España del 10% por primera vez en 17 años

El dato ha sido presentado por el Gobierno como un logro, calificado incluso de "histórico" por la ministra de Trabajo. Y lo es, en cierto modo: resulta significativo que haya sido necesario tanto tiempo para reducir la tasa de paro hasta el 9,9%. También es llamativo que, tras ese recorrido, España continúe encabezando el desempleo en la Unión Europea, cuya media ronda el 6%, y que siga registrando la mayor tasa de paro juvenil del continente. En la actualidad hay alrededor de 2,5 millones de personas desempleadas, algo más de la mitad mujeres, y cerca del 46% corresponde a parados de larga duración o personas que no han tenido empleo previo. Entre quienes sí trabajaron antes, la causa principal del desempleo es la finalización del último contrato. Aproximadamente el 76% de las personas en paro recibe algún tipo de prestación, mayoritariamente la contributiva o el subsidio, con un gasto medio de unos 1.465 euros mensuales por beneficiario. Los hogares en los que todos sus miembros están desempleados suman unos 770.000, y el desembolso presupuestario total en prestaciones por desempleo supera los 2.000 millones de euros al mes. La Encuesta de Población Activa también refleja una cifra récord de ocupación, con cerca de 22,5 millones de personas trabajando. Son dos millones más que en 2007, en pleno auge inmobiliario, y casi diez millones más que en 1994, antes de la entrada en el euro. La evolución por sectores muestra transformaciones relevantes: la agricultura mantiene su tendencia descendente; la industria, pese a las dificultades, ha aumentado el empleo entre 1994 y 2025, lo que cuestiona la idea de una desindustrialización generalizada; la construcción ha perdido más de un millón de ocupados desde 2007; y los servicios han experimentado un crecimiento muy notable, con cuatro millones más de empleos que en 2007 y diez millones más que en 1994. La terciarización de la economía es evidente, aunque bajo esta categoría no solo se incluye el turismo, sino también actividades profesionales, tecnológicas, financieras y de consultoría, que aportan valor añadido y peso a la balanza de pagos. Otros tres aspectos del mercado laboral merecen atención. En primer lugar, el número de trabajadores por cuenta propia ha disminuido en las dos últimas décadas, pese al énfasis político en el emprendimiento. En segundo lugar, el 40% de los ocupados trabaja en empresas de menos de 50 empleados, que constituyen el 97% del tejido empresarial. En tercer lugar, aunque el 88,5% de los asalariados tiene contrato indefinido y solo el 11,5% es temporal, el empleo a tiempo parcial -con salarios que equivalen al 43% de un puesto a jornada completa- representa el 26% del total y afecta mayoritariamente a mujeres. Si se observa únicamente el periodo entre enero y diciembre de 2025, la mayoría de los contratos firmados fueron temporales y, dentro de los indefinidos, los contratos a tiempo parcial y los fijos discontinuos alcanzaron el 60%. Todo ello en un contexto de elevada precariedad, en el que fue necesario formalizar más de 15 millones de contratos para que el empleo asalariado neto aumentara en apenas medio millón al cierre del año. La complejidad del mercado laboral se amplía con otros dos fenómenos relevantes: el aumento de las vacantes y el elevado nivel de absentismo. Según las estadísticas disponibles, la demanda de empleo no cubierta ha crecido de forma sostenida desde la pandemia y supera ya los 150.000 puestos. No obstante, desde el punto de vista empresarial, la dificultad para cubrir vacantes es aún mayor, no tanto por cuestiones salariales como por un choque de expectativas y culturas laborales con las nuevas generaciones, un fenómeno que conviene seguir de cerca. El absentismo laboral alcanza actualmente niveles récord. Más de 300.000 trabajadores faltan cada día a su puesto sin causa justificada y, si se suma la incapacidad temporal, España lidera también este indicador en Europa, con más de 1,5 millones de personas fuera del trabajo diariamente. El impacto sobre la productividad, los costes empresariales y el sistema sanitario es considerable. Los datos muestran que España empeora en absentismo 4,6 veces más que la media de la UE, un liderazgo poco deseable que apenas recibe atención pública. Otro hito reciente lo aporta el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social: a finales de enero, más de tres millones de trabajadores extranjeros estaban afiliados a la Seguridad Social, representando por primera vez el 14% del total, con más de medio millón de autónomos. Estas cifras indican que la economía española ya no atrae únicamente empleo temporal o de bajos salarios, sino también perfiles cualificados -ingenieros, especialistas tecnológicos, analistas financieros- que cubren déficits derivados del desajuste entre formación y necesidades del mercado laboral. Por último, el Informe Foessa de Cáritas pone de relieve una realidad preocupante: la precariedad laboral se ha convertido en una situación habitual, especialmente entre los colectivos más vulnerables. Cerca de 2,5 millones de jóvenes se encuentran atrapados en una precariedad estructural marcada por contratos temporales, jornadas parciales y salarios bajos. El trabajo a tiempo parcial involuntario actúa como una trampa de pobreza, mientras las nuevas generaciones acceden al empleo con remuneraciones sensiblemente inferiores a las de sus predecesores. La vivienda se ha convertido en el principal foco de desigualdad y tener empleo ya no garantiza escapar de la pobreza. Según el informe, España destaca en Europa como un caso extremo de fragilidad económica, con vulnerabilidades muy elevadas pese al crecimiento macroeconómico.

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(Expansión, 02-02-2026) | Laboral

Sánchez ultima otro decreto para reactivar el alza de pensiones

El Ejecutivo negocia a toda prisa para conseguir los respaldos necesarios a un nuevo paquete normativo, después de que el Congreso rechazara el decreto ómnibus, con el objetivo de aprobarlo entre mañana y el próximo Consejo de Ministros y evitar que la situación afecte al abono de las pensiones. "Quiero decirles a los jubilados y jubiladas de toda España que las pensiones se van a revalorizar, pase lo que pase y con o sin el apoyo del PP, como hemos venido haciendo durante los últimos siete años mientras he sido presidente del Gobierno. Ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir", aseguró ayer Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, en un acto electoral celebrado en Teruel con motivo de las elecciones autonómicas aragonesas del próximo domingo. Según fuentes oficiales, el Gobierno trabaja contrarreloj para sumar apoyos a un nuevo decreto que permita recuperar la subida de las pensiones, tras el rechazo parlamentario al macrodecreto aprobado la semana pasada. Desde La Moncloa insisten en que el Ejecutivo "está trabajando para sacarlo adelante lo antes posible" y confían en llevar la iniciativa al Consejo de Ministros de mañana o, como máximo, al de la próxima semana, con el fin de evitar que el bloqueo legislativo tenga consecuencias en la próxima paga de los pensionistas. El Real Decreto-ley aprobado el pasado 23 de diciembre contemplaba una actualización del 2,7% de las pensiones contributivas para compensar la inflación, además de incrementos de entre el 7% y el 11,4% en las pensiones mínimas y una subida del 11,4% del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pese a que esta medida contaba con un amplio respaldo parlamentario, PP, Vox, Junts y UPN sumaron sus votos para rechazar el decreto ómnibus, que vinculaba la revalorización de las pensiones a una nueva prórroga del llamado escudo social. Este incluía, entre otras medidas, la extensión de la prohibición de desahucios a familias sin alternativa habitacional y el mantenimiento del veto a los cortes de suministros básicos a personas vulnerables. El texto también recogía la prórroga de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, la retirada de la obligación de que los desempleados declaren el IRPF, nuevos coeficientes del impuesto de plusvalía, el mantenimiento de cuotas y módulos de los autónomos, diversas exenciones fiscales -como las ligadas a la rehabilitación de viviendas o la compra de vehículos eléctricos- y ayudas para los damnificados por la dana. El Gobierno sostiene que su intención es recuperar todas las medidas incluidas en el decreto, aunque aún está por ver con qué apoyos parlamentarios logrará aprobarlas. En este contexto se enmarcan los recientes acuerdos con Podemos para la regularización de cerca de 500.000 inmigrantes en situación irregular y con Junts para avanzar en la cesión de competencias en materia migratoria a Cataluña, movimientos destinados a recomponer la mayoría parlamentaria. Desde el PP reclamaron ayer al Ejecutivo que reactive de inmediato la subida de las pensiones, pero a través de un decreto específico y separado que pueda contar con su respaldo. El decreto rechazado también contemplaba la prórroga provisional del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 durante este año, por lo que, de forma oficial, esa referencia ha quedado sin efecto. No obstante, el Gobierno alcanzó el jueves un acuerdo bilateral con los sindicatos -sin el apoyo de las organizaciones empresariales- para incrementar el SMI un 3,1% en 2026, hasta situarlo en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Esta medida será aprobada mañana en el Consejo de Ministros para poner fin al vacío legal generado.

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(Expansión, 02-02-2026) | Laboral

El "Observatorio de las ocupaciones" del SEPE señala que el número de vacantes ha ido aumentando en los últimos año

Camareros, chefs, trabajadores de la construcción, conductores de camión, personal de enfermería, cuidadores y médicos de atención primaria figuran entre las profesiones en las que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha identificado una falta significativa de personal, hasta el punto de que cerca del 20% de las vacantes resultan prácticamente imposibles de cubrir. Según el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, el número de puestos sin cubrir no ha dejado de crecer en la última década: de unos 56.000 en 2014 se ha pasado a casi 150.000 en 2024, y a cierre del tercer trimestre de 2025 la cifra ya superaba las 152.000 vacantes, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a este aumento, las vacantes siguen representando menos del 1% del total de la oferta de empleo, muy por debajo de la media europea, situada en torno al 3%. El observatorio subraya además que aproximadamente un tercio de esos puestos corresponde al sector público y pone como ejemplo que el 80% de las plazas sin cubrir en el ámbito de los cuidados debería ser atendido por la Administración. Del conjunto de vacantes detectadas, únicamente el 2,1% se cubre con facilidad, mientras que el 79,3% presenta serias dificultades para encontrar candidatos y el 18,6% se considera directamente de cobertura imposible. El SEPE atribuye este problema, por un lado, al envejecimiento de la población y al rechazo de determinadas condiciones laborales -especialmente en la construcción y la hostelería- y, por otro, al desajuste entre las competencias que demandan las empresas y la formación de los trabajadores, sobre todo en empleos de cualificación media y alta. Los mayores desequilibrios se concentran en la hostelería, la construcción, las actividades sanitarias y el transporte, aunque también destaca el sector agrario. En este último, el organismo resalta la necesidad de mano de obra extranjera, en contraste con el hecho de que numerosos trabajadores españoles opten por desplazarse a la vendimia francesa, donde encuentran condiciones más atractivas. Esta situación convive con un elevado número de personas en desempleo -2,47 millones a finales de 2025, según la Encuesta de Población Activa (EPA)-, si bien el observatorio apunta que muchos parados nacionales muestran reticencias a aceptar empleos de baja cualificación. En 2025, un total de 25.767 trabajadores migrantes accedieron al mercado laboral español a través del programa de gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO), una cifra récord que supera las más de 20.000 incorporaciones de 2024 y las 19.000 de 2023, según datos recogidos por la agencia Efe. Estos programas, en funcionamiento desde hace más de veinticinco años, permiten la tramitación conjunta de los permisos de residencia y trabajo para ciudadanos extracomunitarios que no se encuentran ni residen en España. Marruecos fue el principal país de origen en el último ejercicio, con el 81% de las contrataciones, de las cuales nueve de cada diez correspondieron a mujeres con una edad media de 43 años empleadas en explotaciones agrícolas. Otra herramienta para cubrir puestos vacantes en el exterior es el catálogo trimestral de ocupaciones de difícil cobertura que elabora el SEPE y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este instrumento facilita la concesión de autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena a ciudadanos extranjeros. El catálogo es limitado y se centra en empleos para los que no existen candidatos en el mercado nacional y que se repiten en todo el territorio, como ocurre con muchas profesiones de la marina mercante. En el correspondiente al último trimestre de 2025 figuran marineros, pilotos de buques mercantes, oficiales radioelectrónicos, mecánicos, maquinistas, engrasadores, contramaestres, mozos de cubierta, caldereteros y frigoristas navales, además de cocineros, camareros y mayordomos de buque. También incluye distintas especialidades del sector de la construcción y la edificación, como carpinteros metálicos, instaladores electricistas y operadores de grúa, así como entrenadores y deportistas profesionales.

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(El Economista, 02-02-2026) | Laboral

La subida del SMI eleva el coste mínimo por cada trabajador en 690 euros al año

El Ejecutivo tiene previsto aprobar a lo largo de este mes el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales repartidos en 14 pagas, lo que supone unos ingresos anuales de 17.094 euros. Esta cuantía ha sido pactada con los sindicatos, pese al rechazo de la CEOE, y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Junto a la mejora salarial, también aumentarán las cotizaciones sociales, de modo que el coste para las empresas se elevará en al menos 690 euros anuales por trabajador respecto al año anterior. El Ministerio de Trabajo optó por una subida del 3,1% del SMI, siguiendo la recomendación del comité asesor en un escenario en el que no se aplicara tributación. A diferencia de lo ocurrido en el ejercicio previo, el Ministerio de Hacienda se comprometió desde el inicio de las negociaciones a mantener este nivel salarial exento del IRPF. Por este motivo, en el diálogo con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme no se barajaron alternativas con importes distintos. Como consecuencia de esta actualización, el coste mínimo que deberán asumir las empresas por cada trabajador con salario mínimo ascenderá a unos 23.470 euros anuales, frente a los aproximadamente 22.780 euros correspondientes al SMI vigente a comienzos de 2025. No obstante, esta cifra es orientativa, ya que en los sectores con mayor nivel de riesgo laboral el desembolso será superior, al aplicarse tipos de cotización más elevados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Los cálculos realizados parten de un tipo del 1,5% para estas contingencias, habitual en empleos de oficina, asesorías o despachos profesionales. Sin embargo, este porcentaje puede situarse entre ese mínimo y el 7,15%, según la actividad económica, lo que genera diferencias de hasta 1.120 euros en las aportaciones a la Seguridad Social entre unas empresas y otras. Desde la patronal señalan que la media ponderada ronda el 2%, aunque en sus estimaciones suelen emplear un 3%. Al igual que sucede con las cotizaciones por contingencias comunes, desempleo, formación profesional, FOGASA o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -que ha experimentado un ligero aumento a comienzos de año-, la cotización por accidentes se calcula sobre la base mínima, que se incrementa con el SMI al equivaler a este salario más una sexta parte. En la actualidad, dicha base se sitúa en 1.381,2 euros y, tras la subida, pasará a 1.416 euros. De este modo, las empresas pagarán de media unos 6.375 euros anuales en cotizaciones por cada trabajador que cobre el SMI, lo que supone 173 euros más que el año anterior. La mayor parte del incremento del coste laboral se trasladará directamente al salario del trabajador, con un aumento de 518 euros anuales. El MEI es el único componente de cotización que ha subido de forma directa, por lo que la principal causa del encarecimiento es la ampliación de la base mínima. Durante las negociaciones del SMI, tanto los agentes sociales como el Ministerio de Trabajo adelantaron que Hacienda pretendía repetir el sistema aplicado en 2025, creando una nueva deducción para evitar que estos salarios tributen. El departamento dirigido por María Jesús Montero ha confirmado su intención de hacerlo, aunque aún no ha concretado el importe de la ampliación de la deducción introducida el año pasado, que permitiría este ajuste sin modificar el mínimo exento. Los Técnicos de Hacienda (GESTHA) señalaron el pasado viernes que dicha deducción debería alcanzar los 592 euros para impedir que los trabajadores solteros y sin hijos que perciben el SMI tengan que pagar IRPF. No obstante, el colectivo volvió a mostrar su rechazo a esta solución transitoria, que implica retenciones mensuales y devoluciones posteriores en la declaración de la renta, y reclamó elevar directamente el mínimo exento. Además, estimaron en unos 200 millones de euros la merma de recaudación derivada de mantener el SMI libre de tributación. Por otro lado, las empresas de trabajo temporal han advertido del impacto económico de la revisión de las nóminas correspondientes al mes de enero. Aunque todavía no se ha concretado la fecha exacta de aprobación del nuevo SMI, su entrada en vigor con carácter retroactivo obligará a rehacer millones de nóminas, lo que conlleva tanto un coste económico -por las diferencias salariales y de cotización- como un esfuerzo administrativo significativo. La patronal de las ETT y Agencias de Empleo, ASEMPLEO, alertó de que este proceso puede suponer un sobrecoste administrativo cercano a los 2,9 millones de euros para el conjunto de las empresas, debido al retraso en la publicación oficial del SMI de 2026 y su aplicación desde el inicio del año. En el caso concreto de las ETT, el coste estimado asciende a unos 690.000 euros, agravado por el hecho de que muchos trabajadores ya no permanecen en las mismas empresas. Según detallan, cada recálculo requiere unos 14 minutos de gestión, con un coste horario de consultoría de nóminas de 57 euros y un gasto unitario de 13,30 euros, lo que afecta especialmente a sectores con alta rotación de personal. El presidente de ASEMPLEO, Andreu Cruañas, subrayó que la dificultad para trasladar estos costes administrativos al cliente final reduce los márgenes y la productividad, perjudicando la competitividad de un sector sometido a elevadas exigencias normativas. Por ello, la organización, integrada en la CEOE, solicitó que la aplicación del nuevo SMI se posponga hasta el momento de su aprobación oficial, en lugar de tener efectos retroactivos desde enero. A su juicio, que las empresas conozcan con antelación la normativa y puedan calcular sus costes resulta esencial para una correcta planificación.

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(El Economista, 02-02-2026) | Laboral

Díaz calcula que los salarios crecerán 234 euros al mes al sumar los pluses al SMI

El Ministerio de Trabajo alcanzó el pasado jueves un principio de acuerdo con los sindicatos en el que no solo asumió el compromiso de elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.221 euros mensuales, sino también de modificar la normativa vigente para garantizar que los complementos salariales por conceptos como peligrosidad o trabajo nocturno se sumen a ese umbral mínimo. El Ejecutivo considera que este cambio puede aprobarse vía reglamentaria y que supondrá, de media, un incremento adicional de 234 euros mensuales, según explicó Yolanda Díaz en un vídeo institucional. "La plantilla percibirá ambos conceptos: el SMI de 1.221 euros y, además, los complementos que le correspondan. Esto se traducirá, de media, en unos 234 euros más al mes, algo que hasta ahora apenas se reflejaba en la nómina", señaló la vicepresidenta segunda del Gobierno en un mensaje difundido este viernes. En términos anuales, el aumento podría superar los 3.000 euros, dado que el salario mínimo se abona en 14 pagas. CCOO y UGT llevan años reclamando una modificación legal que ponga fin a la denominada "absorción y compensación" de complementos salariales. Tanto el Estatuto de los Trabajadores como la jurisprudencia del Tribunal Supremo establecen que las empresas deben garantizar, como mínimo, el SMI, pero permiten alcanzarlo mediante la suma del salario base y los complementos. Sin embargo, Gobierno y sindicatos consideran esta práctica injusta, ya que a medida que sube el SMI muchos trabajadores dejan de percibir compensaciones por condiciones especialmente duras, riesgos laborales o mayor carga de trabajo, de modo que el incremento apenas se percibe en su sueldo final. El Ministerio de Trabajo ya se comprometió el año pasado a modificar la redacción del real decreto que regula anualmente el SMI para limitar esta práctica. El nuevo preacuerdo convierte ese cambio en una condición clave para que los sindicatos respalden la subida del 3,1%. El Ejecutivo pretende aprovechar la transposición pendiente de la directiva europea sobre salarios mínimos para introducir esta reforma y confía en hacerlo sin necesidad de pasar por el Congreso, pese a las reticencias expresadas por la CEOE y algunos grandes despachos de abogados. En octubre, el Gobierno presentó un primer borrador a patronal y sindicatos en el que proponía una redacción alternativa que mantenía abierta la posibilidad de compensar y absorber los complementos, salvo los incluidos en una extensa relación posterior. Dado que en esa lista figuraban la mayoría de los pluses habituales, la patronal advirtió de que recurriría la medida ante los tribunales, mientras que desde el ámbito sindical se cuestionaba la viabilidad de ese planteamiento. Ante ello, CCOO y UGT defienden una reorganización de los complementos salariales que permita distinguir claramente entre aquellos vinculados a formación específica, condiciones concretas de trabajo u horarios especiales, y los que se aplican de forma generalizada en los convenios o están asociados a determinados puestos. Al tratarse de una modificación relevante del real decreto del SMI, el texto que finalmente acuerde Trabajo con los sindicatos deberá someterse a trámites como el informe del Consejo de Estado. Por este motivo, la reforma no llegará al Consejo de Ministros al mismo tiempo que la subida del salario mínimo. No obstante, CCOO y UGT reclaman disponer de ambos borradores antes de firmar definitivamente el acuerdo para elevar el SMI a 1.221 euros mensuales, una vez que sus órganos internos lo aprueben formalmente. Aunque los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes, fuentes del diálogo social reconocen que un informe negativo podría dificultar una tramitación que ya cuenta con la oposición expresa del Ministerio de Economía, lo que podría obligar a llevar la iniciativa al Congreso de los Diputados. Desde la CEOE ya advirtieron meses atrás de que este cambio en el tratamiento de los complementos salariales podría traducirse en incrementos de entre el 15% y el 25% en los salarios, en función del peso del SMI en cada sector y de los pluses establecidos en los distintos convenios colectivos.

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(El Economista, 02-02-2026) | Laboral

La regularización sumará cerca de 70.000 nuevos autónomos, según UPTA

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) calcula que la regularización de personas extranjeras podría generar alrededor de 70.000 nuevas altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Según la organización, aproximadamente un 14% de las personas regularizadas optarían por iniciar un proyecto empresarial y desarrollar una actividad por cuenta propia. El Gobierno aprobó el pasado martes un proceso extraordinario de regularización dirigido a extranjeros que carecen de documentación y que ya se encuentran en España. La ministra de Seguridad Social indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se estima que la medida beneficiará a cerca de 500.000 personas. UPTA subraya que esta iniciativa, lejos de ser un obstáculo económico, representa una oportunidad estratégica para afrontar uno de los principales desafíos estructurales del país: el envejecimiento de la población activa y la próxima jubilación de miles de trabajadores, tanto asalariados como autónomos. Además, la organización destaca que esta medida permitirá avanzar de manera significativa en la lucha contra la economía sumergida. El efecto de la regularización se reflejará, una vez completada, en los datos de afiliación a la Seguridad Social. Actualmente, los autónomos inmigrantes contribuyen con cerca de 10.500 millones de euros al Producto Interior Bruto y han aportado más de 8.500 millones en cotizaciones sociales, mientras que las prestaciones que han recibido no superan los 6.000 millones de euros. Asimismo, UPTA señala que el emprendimiento extranjero ha sido clave para el crecimiento del RETA: en 2025, más del 80% de las nuevas altas en este régimen correspondieron a personas de origen extranjero que optaron por trabajar por cuenta propia. La organización también resalta que la regularización llega en un momento especialmente crítico, dado que muchos sectores productivos enfrentan dificultades para cubrir vacantes, mientras que miles de pequeños negocios necesitan relevo generacional y mano de obra cualificada. Sin embargo, UPTA insiste en que este proceso debe ir acompañado de un esfuerzo adicional en formación y recualificación profesional para los trabajadores y emprendedores implicados. El presidente de la organización, Eduardo Abad, señaló que "es nuestra responsabilidad desmontar con hechos y cifras las falsedades difundidas por la ultraderecha. Las personas inmigrantes aportan mucho más de lo que cuestan y resultan imprescindibles para sectores abandonados durante años por autónomos y asalariados españoles. No se trata solo de empleo o economía, sino de derechos humanos. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos no puede ni debe repetirse en España. No lo permitiremos".

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(Expansión, 30-01-2026) | Laboral

Un trabajador puede modificar el permiso por nacimiento de un hijo aunque ya haya comenzado

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha rechazado el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra una sentencia que reconocía el derecho de un trabajador a modificar las condiciones de su permiso por nacimiento y cuidado del menor una vez iniciado el periodo de disfrute. La resolución confirma que los empleados pueden alterar la forma en que disfrutan este permiso, incluso después de haber comenzado a utilizarlo, siempre que exista acuerdo con la empresa. De este modo, el TSJ avala el fallo previo que dio la razón al trabajador frente a la negativa del INSS. El caso se remonta a un empleado que solicitó inicialmente el permiso a jornada completa entre agosto y diciembre de 2023. Sin embargo, en octubre comunicó su intención de reincorporarse parcialmente y pidió adaptar el permiso a un régimen de jornada parcial. Aunque la empresa aceptó el cambio, el INSS lo rechazó al entender que la vuelta anticipada al trabajo suponía la pérdida del derecho a la prestación. El tribunal aragonés, apoyándose tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la jurisprudencia existente, concluye que la normativa permite modificar el modo de disfrute del permiso, siempre que se respeten las seis semanas obligatorias posteriores al nacimiento y exista consenso entre las partes. Asimismo, la sentencia subraya que la regulación no establece un sistema rígido, sino que ofrece flexibilidad para adaptar el permiso a las necesidades familiares y laborales, favoreciendo la conciliación. Este pronunciamiento se suma a otras resoluciones dictadas por distintos tribunales superiores de justicia, que refuerzan la interpretación de que el permiso por nacimiento y cuidado del menor puede ajustarse a circunstancias sobrevenidas sin que una reincorporación parcial implique automáticamente la pérdida del derecho a la prestación.

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(Expansión, 30-01-2026) | Laboral

Gobierno y sindicatos pactan subir el salario mínimo a 1.221 euros, sin apoyo de CEOE

La patronal vuelve a descolgarse del acuerdo por sexto año consecutivo tras rechazar la deducción en el impuesto de Sociedades que permitía compensar íntegramente el coste del aumento salarial a cambio de la creación de empleo. Además, se restringe la posibilidad de absorber la subida del 3,1% mediante pluses y complementos. Por sexto año seguido, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se aprueba sin el respaldo de los agentes sociales. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO cerraron este jueves un aumento del 3,1%, que sitúa el salario mínimo en 1.221 euros mensuales en catorce pagas y lo deja exento de IRPF. Con esta actualización, el SMI acumula un alza del 66% desde 2018. El incremento, de 37 euros mensuales, tendrá efectos retroactivos desde enero de 2026, por lo que los 2,5 millones de trabajadores beneficiados recibirán en su nómina el ajuste correspondiente al primer mes del año. Uno de los aspectos clave de esta subida es que se limitará la posibilidad de que las empresas compensen el aumento mediante complementos salariales. Esta restricción se regulará a través de un desarrollo reglamentario paralelo al decreto del SMI, por lo que no necesitará tramitación parlamentaria al no tener rango de ley. El nuevo salario mínimo será aprobado en los próximos días por el Consejo de Ministros y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La urgencia se explica por la derogación de la prórroga del SMI de 2025 incluida en el fallido decreto ómnibus, lo que ha obligado al Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, a ordenar a la Inspección de Trabajo que vigile que los nuevos contratos no se firmen por debajo del umbral vigente a 31 de diciembre de 2025. Pese a que las expectativas eran reducidas, la última reunión del diálogo social confirmó el rechazo de las organizaciones empresariales. Consideran que la deducción fiscal ofrecida no compensa el aumento de costes y defendían una subida limitada al 1,5%. La patronal también criticó las condiciones impuestas a los incentivos fiscales, el hecho de conocerlos por la prensa y la restricción a la absorción de complementos, factores que terminaron por consolidar su negativa. Horas antes de la reunión final, ya habían calificado la propuesta de "trilerismo" y anticipado que no firmarían el acuerdo. "El salario mínimo no puede ligarse a los contratos públicos ni presentarse una propuesta fiscal inexistente", afirmó Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, quien calificó la subida de desproporcionada, al situarse por encima de la inflación media de 2025 (2,7%), y denunció el uso de "artificios estadísticos" para justificar el 3,1%. Amor añadió que se han perdido tres meses en una negociación que, a su juicio, ya estaba decidida de antemano y que ha supuesto "jugar con autónomos y empresas". En un comunicado, la patronal explicó que, tras reunirse su Comité Ejecutivo extraordinario, y ante la ausencia de una propuesta formal y la falta de coordinación entre ministerios, se decidió por unanimidad no respaldar la subida. Asimismo, advirtieron de que la limitación de la compensación y absorción vulnera el Estatuto de los Trabajadores y la negociación colectiva, lo que podría provocar un fuerte aumento de costes y poner en riesgo a muchas empresas. Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, defendió que la propuesta fiscal no se llevó a la mesa tras el rechazo previo de la patronal, al considerar que debatirla habría sido "una pérdida de tiempo". Por su parte, los sindicatos subrayaron la necesidad de regular de forma clara la absorción de complementos para evitar que la subida del SMI quede neutralizada. Fernando Luján, de UGT, reclamó que se garantice que los pluses que retribuyen otros conceptos se mantengan. En la misma línea, Javier Pacheco, de CCOO, insistió en la importancia de modificar las reglas de aplicación del SMI para impedir que, como ha ocurrido en años anteriores, miles de trabajadores vean diluido el efecto real de las subidas salariales.

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(El País, 30-01-2026) | Laboral

CEOE y Cepyme catalogan como “intervencionista” y “trilera” la propuesta del Gobierno para compensar el alza del salario mínimo

Las organizaciones empresariales se alejan prácticamente de un acuerdo para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supondría un incremento del 3,1%. Tanto la CEOE como Cepyme han expresado en un comunicado conjunto su malestar por haberse enterado a través de los medios de comunicación de la propuesta del Gobierno, diseñada para atraer su apoyo, y han dejado claro que no comparten el planteamiento. La iniciativa del Ministerio de Hacienda contempla una deducción progresiva en el Impuesto de Sociedades para aquellas empresas que contraten trabajadores con salarios superiores al SMI. Este incentivo podría llegar a compensar hasta el 100% del coste asociado a la subida del salario mínimo y estaría dirigido principalmente a sectores con un elevado peso de los gastos de personal. Según la propuesta, las compañías con menos de 100 empleados podrían acogerse a la deducción si incorporan al menos a un trabajador a jornada completa durante un año con un sueldo por encima del SMI. En el caso de las empresas de mayor tamaño, el requisito sería que el incremento salarial afecte como mínimo al 1% de la plantilla, con un umbral mínimo de dos empleados. Desde CEOE y Cepyme critican duramente la forma en la que se ha actuado. Aseguran que el Gobierno vuelve a mostrar "una falta de respeto al diálogo social" al filtrar una propuesta antes de presentarla oficialmente en la mesa de negociación. Consideran, además, que la medida sustituye la esperada actualización de los contratos públicos por fórmulas que califican de insuficientes y que no compensan el aumento de costes derivados del nuevo SMI, alejándose de lo acordado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Las patronales también denuncian que el planteamiento de Hacienda deja fuera a la mayoría de autónomos y empresas, especialmente a aquellas que atraviesan dificultades económicas. Subrayan que quedan excluidas, de manera llamativa, las compañías con pérdidas, las cooperativas y las entidades sin ánimo de lucro, precisamente las que más necesitarían este tipo de apoyo. Asimismo, consideran que los requisitos para acceder a la deducción son inasumibles para la mayoría del tejido empresarial y alertan de que la medida supone una intromisión en la negociación colectiva y en la libertad de empresa, calificándola de intervencionista. Anuncian que emitirán una valoración definitiva cuando reciban la documentación completa, una vez se reúna su Comité Ejecutivo. Este jueves está prevista una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo con sindicatos y patronal. Los representantes de los trabajadores ya habían mostrado ciertas reservas sobre la propuesta de Hacienda incluso antes de conocer sus detalles. La reivindicación que sí contaba con el respaldo sindical -y también del Ministerio de Trabajo- era la posibilidad de trasladar el aumento del SMI a los contratos públicos, una demanda que las patronales plantean cada año y que el Ministerio de Hacienda vuelve a rechazar. Con el rechazo empresarial prácticamente asegurado, todo apunta a que Yolanda Díaz volverá a cerrar el acuerdo únicamente con CCOO y UGT. La vicepresidenta segunda solo logró el respaldo de la patronal a una subida del SMI en 2020. Desde 2018, el salario mínimo ha aumentado un 61%, situándose actualmente en 1.184 euros brutos mensuales, y el Ejecutivo pretende ahora elevarlo hasta los 1.221 euros. A diferencia de otras reformas laborales, esta medida no requiere aprobación parlamentaria.

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(El País, 30-01-2026) | Laboral

Las patronales de sectores con más trabajadores extranjeros aplauden la regularización pese a que no convence a CEOE

El Gobierno dio este martes el primer paso para regularizar mediante decreto a miles de inmigrantes que actualmente residen en España sin autorización administrativa. Se trata de una medida de gran impacto laboral, ya que permitirá aflorar a un importante número de trabajadores que hoy operan en la economía sumergida y facilitará su acceso a un contrato y a los derechos laborales correspondientes. La iniciativa ha sido bien recibida por los sindicatos CCOO y UGT, aunque no ha contado con el respaldo de la patronal CEOE y de Cepyme. Las principales organizaciones empresariales venían defendiendo una regularización amplia a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), por lo que critican ahora que el Ejecutivo haya optado por aprobarla mediante decreto, sin debate parlamentario. A su juicio, este procedimiento resta legitimidad a la medida. Sin embargo, distintas patronales sectoriales, especialmente aquellas que emplean a un mayor número de trabajadores extranjeros, sí valoran positivamente la propuesta del Gobierno y no cuestionan el mecanismo elegido. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no se ha pronunciado públicamente, aunque fuentes de la organización han expresado su malestar por lo que consideran una decisión adoptada "de espaldas al Congreso". En una línea similar se ha manifestado la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, quien ha criticado que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos se haya cerrado mediante un pacto político y no como una cuestión de Estado debatida en el Parlamento. A su juicio, una medida de este calado debería contar con el mayor consenso posible y tramitarse de forma transparente. Esta postura contrasta con la de diversas organizaciones sectoriales, que no ven inconveniente en el procedimiento escogido. España alcanza actualmente un récord de empleo extranjero, con 3,58 millones de trabajadores, lo que representa el 16% del total. Desde el sector agrario, Andrés Góngora, responsable de relaciones laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, ha valorado positivamente la iniciativa, recordando que se trata de una reivindicación histórica ante la falta de mano de obra. En términos similares se pronuncia Juan José Álvarez, de Asaja, quien considera que la regularización es necesaria para garantizar el funcionamiento del sector y evitar la escasez de trabajadores. La agricultura es uno de los ámbitos con mayor presencia de empleados extranjeros, cerca de un tercio del total. En la construcción, donde los inmigrantes representan aproximadamente uno de cada cinco trabajadores, el diagnóstico es similar. Desde la Confederación Nacional de la Construcción subrayan que la regularización contribuirá a combatir la economía sumergida y facilitará la incorporación de trabajadores a través de procesos de formación y arraigo. También desde Confemetal se valora favorablemente la medida. Su presidente, José Miguel Guerrero, considera que puede ayudar a paliar la falta de profesionales cualificados, aunque subraya la importancia de acompañar el proceso con formación y acreditaciones para los oficios regulados del sector industrial y comercial. En el transporte por carretera, Confebus ve con buenos ojos la iniciativa, dado que el sector sufre una grave escasez de personal, especialmente en zonas turísticas y rurales. No obstante, recuerda que es imprescindible que los trabajadores cuenten con la formación y habilitaciones necesarias. Más crítica se muestra la patronal del transporte de mercancías, CETM, que considera que la regularización por sí sola no resuelve el problema estructural del sector y reclama una agilización de los trámites para homologar permisos de conducción y certificados profesionales.

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