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(Expansión, 05-11-2026) | Laboral

El paro sube en 43.128 personas en octubre y la Seguridad Social gana 186.612 afiliados

El paro registrado aumentó en octubre en 43.128 personas, un 1,81% más que en septiembre, y elevó el número total de desempleados inscritos en las oficinas de empleo hasta los 2.422.633. Este incremento devuelve el desempleo por encima de los 2,4 millones de personas, una cifra que se había logrado rebajar hace seis meses. El repunte se explica principalmente por el sector servicios, que concentró cerca de 27.000 nuevos parados como consecuencia del final de la temporada turística de verano. Al mismo tiempo, la Seguridad Social incorporó 186.612 afiliados, un 0,83% más, y alcanzó un nuevo máximo histórico de 22.624.165 ocupados. Pese al incremento mensual, el volumen de desempleados se mantiene en su nivel más bajo para un mes de octubre desde 2007, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En comparación con octubre del año pasado, el paro ha descendido en 21.133 personas. No obstante, la subida registrada en el último mes es la más elevada para un octubre desde 2020, cuando se contabilizaron 49.558 desempleados más. Desde 1996, el paro únicamente ha disminuido en este mes en dos ocasiones, en 2021 y 2022, mientras que ha aumentado en los otros 29 ejercicios. En octubre de 2025, el incremento fue de 22.101 personas. El desempleo aumentó en las 17 comunidades autónomas. Los mayores repuntes correspondieron a Cataluña, con 8.174 parados más; la Comunidad Valenciana, con 6.716, y Castilla y León, con 4.404. Por actividades económicas, los servicios registraron el mayor incremento, con 26.853 desempleados adicionales (1,58%). También aumentó el paro en la industria, con 1.911 personas (1,06%), y en la agricultura, con 1.547 (2,21%). La construcción apenas experimentó variaciones, al sumar 102 desempleados (0,06%). Por su parte, el colectivo de personas sin empleo anterior incorporó 12.715 nuevos inscritos, un 4,87% más. Entre los menores de 25 años, el desempleo creció en 15.832 personas respecto a septiembre, un 8,37%, hasta alcanzar los 204.973 jóvenes. En el mercado laboral, la afiliación media a la Seguridad Social avanzó en 186.612 cotizantes durante octubre, lo que supone un crecimiento mensual del 0,83% y sitúa el total en 22.624.165 trabajadores, un nuevo récord. Este comportamiento responde principalmente al impulso de la educación, coincidiendo con el desarrollo completo del curso académico, y al aumento del empleo entre la población extranjera, relacionado con el proceso extraordinario de regularización. Los trabajadores extranjeros representan ya el 16,4% del conjunto de afiliados y el sistema se aproxima por primera vez a los 3,7 millones de cotizantes de otros países. Según las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 490.586 afiliados extranjeros en situación de alta están vinculados al procedimiento extraordinario de regularización. Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor porcentaje de trabajadores incorporados a través de este proceso, con un 27,6%, seguida de Venezuela, con un 15,7%. El Régimen General sumó 170.852 afiliados en octubre, un 0,9% más que el mes anterior, y alcanzó los 19.059.332 ocupados de media. En términos interanuales, este régimen registra 704.996 cotizantes adicionales, lo que representa un avance del 3,84%. La mayor contribución al crecimiento mensual procedió de la educación, que incorporó 165.994 trabajadores con el inicio pleno del curso escolar. A continuación se situaron la construcción, con 18.597 afiliados más, y las actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento, que añadieron 17.705 cotizantes. Por el contrario, algunas ramas de actividad experimentaron retrocesos en el empleo. La hostelería perdió 44.974 afiliados, mientras que las actividades sanitarias registraron 28.639 bajas y las administrativas, 12.324. También disminuyó la ocupación en el suministro de agua y la gestión de residuos, con 4.964 cotizantes menos; la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 4.080; el comercio, con 2.955, y las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, con 1.071 afiliados menos. El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cerró octubre con 3.501.598 cotizantes, después de incorporar 17.952 trabajadores por cuenta propia durante el mes. En comparación con octubre de 2025, el incremento alcanza los 79.163 autónomos. La evolución fue positiva en la mayoría de las actividades, especialmente en educación, que sumó 5.013 trabajadores; construcción, con 3.970 más, y actividades profesionales y científicas, con otros 3.222 cotizantes. Por comunidades autónomas, la afiliación media aumentó en once territorios y disminuyó en los seis restantes. Madrid encabezó los avances, con 58.128 ocupados adicionales, seguida de Andalucía, con 46.405, y la Comunidad Valenciana, con 40.873. En el lado contrario, Baleares registró el mayor descenso, con 31.610 afiliados menos, seguida de La Rioja, con 2.112, y Castilla-La Mancha, con 1.207. En cuanto a los mecanismos de regulación temporal del empleo, al cierre de octubre había 10.392 trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). De ellos, 2.180 estaban incluidos en procedimientos por fuerza mayor, 7.178 en expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) y 1.034 en el Mecanismo RED específico para el sector de la automoción. Los últimos datos disponibles sobre protección por desempleo, correspondientes a septiembre, reflejan que 1.763.649 personas percibían alguna prestación, lo que supone una tasa de cobertura del 80,82%, la más elevada para ese mes desde que existen registros. La cuantía media mensual por beneficiario se situó en 1.233,9 euros, 13,6 euros más que en septiembre de 2025, equivalente a un incremento interanual del 1,1%. Por último, durante octubre se formalizaron 1.491.069 contratos, un 1,3% menos que en el mismo mes del ejercicio anterior. De ese total, 645.173 fueron indefinidos, el 43,27% del conjunto, con un aumento interanual del 0,3%. Dentro de esta modalidad se contabilizaron 257.400 contratos a jornada completa, un 1,4% más; 178.962 a tiempo parcial, con un crecimiento del 6,2%, y 208.811 fijos discontinuos, un 2,2% menos. Los contratos temporales ascendieron a 845.896, lo que representa el 56,73% de la contratación registrada en octubre.

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(Expansión, 05-11-2026) | Laboral

El Supremo refuerza la exención de cotización en el pago de las dietas

El Tribunal Supremo ha extendido a todas las empresas, independientemente del sector en el que desarrollen su actividad, el criterio que permite excluir de la base de cotización a la Seguridad Social las dietas por manutención sin necesidad de presentar facturas o justificantes de los gastos. Para ello, es necesario acreditar que se ha producido un desplazamiento por motivos laborales y que las cantidades abonadas no superan los límites establecidos por la normativa. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha establecido esta doctrina al estimar el recurso de casación interpuesto por Auren Legal, bajo la dirección del socio Alberto Gilarranz y con la participación de Noelia Ayala y Juan Chozas, ambos of counsels de la firma. La sentencia deja sin efecto las liquidaciones exigidas por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), así como las resoluciones administrativas y los pronunciamientos judiciales anteriores que las habían ratificado. Asimismo, ordena devolver a la empresa los importes satisfechos, junto con los intereses de demora correspondientes. La importancia de este pronunciamiento radica en que extiende a una compañía dedicada a instalaciones y mantenimiento una interpretación que hasta ahora se había aplicado a empresas del sector del transporte. El Supremo se apoya en resoluciones anteriores en las que ya había establecido que no era necesario presentar justificantes individuales de los gastos de manutención cuando las dietas se encontraban dentro de los límites legales. El tribunal precisa que la aplicación de este criterio no está vinculada a la actividad económica de la empresa. Basta con demostrar que el trabajador ha realizado un desplazamiento por razones laborales, sin que sea obligatorio acreditar documentalmente cada gasto concreto de manutención, siempre que las cantidades percibidas respeten los máximos fijados en el reglamento del IRPF. La resolución también señala que el derecho a recibir estas compensaciones no está condicionado por el tipo de contrato del trabajador, sino por la existencia de un desplazamiento temporal efectivo que implique gastos adicionales. Aunque el fallo aborda específicamente las dietas de manutención, los argumentos utilizados por el Supremo podrían tener consecuencias en la interpretación de otros conceptos asociados a los desplazamientos profesionales, como los gastos de alojamiento y estancia. En este sentido, Gilarranz considera que el alcance de la sentencia podría ir incluso más allá de lo establecido expresamente en ella.

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(El País, 05-11-2026) | Laboral

Los expertos de Trabajo expresan su inquietud porque las subidas del salario mínimo no impulsen más el resto de sueldos

El grupo de expertos, integrado por académicos, representantes sindicales y miembros del Gobierno y encargado de analizar cada año la evolución del salario mínimo interprofesional (SMI), ya ha remitido sus conclusiones al Ministerio de Trabajo. El informe propone incrementar esta retribución un 4,9% en 2027, en línea con la evolución de los precios. Sin embargo, el documento, de 45 páginas, aborda también otras cuestiones relacionadas con los efectos de las sucesivas revisiones del salario mínimo sobre el conjunto de las retribuciones, especialmente la limitada repercusión que están teniendo en los salarios situados por encima de ese umbral. El Ministerio de Trabajo ha convocado a sindicatos y organizaciones empresariales para presentarles el contenido del informe y conocer sus valoraciones. Según ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el encuentro se ha celebrado antes de hacer públicas las conclusiones de los especialistas, a diferencia de lo ocurrido en ejercicios anteriores. La decisión responde, entre otros motivos, a la necesidad de agilizar el proceso ante el reciente repunte de la inflación y el encarecimiento de los precios. Una de las principales advertencias del informe se refiere a la escasa capacidad de las subidas del SMI para trasladarse al resto de la estructura salarial. Los expertos alertan del riesgo de que trabajadores con experiencia o una cualificación media terminen percibiendo únicamente el salario mínimo, mientras que las categorías salariales inferiores de numerosos convenios colectivos quedan superadas por el mínimo legal. Este fenómeno, conocido como bunching, refleja una concentración creciente de trabajadores en una franja retributiva muy próxima al SMI, como consecuencia de los fuertes incrementos acumulados desde 2019. Los especialistas consideran que el salario mínimo debería funcionar principalmente como referencia para los trabajadores sin cualificación o experiencia, por lo que muestran su preocupación ante la posibilidad de que empleados con mayor formación o trayectoria profesional permanezcan dentro de esa misma banda salarial. Se trata de una advertencia que ya figuraba en el informe elaborado para la revisión correspondiente a 2026 y que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de mejorar los mecanismos que permiten trasladar los incrementos salariales a los distintos niveles profesionales. El documento recoge investigaciones que han analizado los efectos de las subidas del SMI aprobadas en 2017 y 2019, esta última especialmente significativa por su incremento del 21,5% en términos reales. Los resultados muestran que las mejoras retributivas no beneficiaron exclusivamente a quienes percibían directamente el salario mínimo, sino que también alcanzaron a trabajadores situados en otros tramos de la distribución salarial, incluso por encima de la mediana. No obstante, el efecto fue perdiendo intensidad a medida que aumentaba el nivel de ingresos. Los expertos atribuyen parte de este efecto de arrastre a la negociación colectiva, ya que los convenios afectados por las subidas del SMI tienden a revisar sus tablas salariales y, con ello, pueden generar incrementos en categorías superiores. Sin embargo, consideran que esta transmisión sigue siendo limitada y plantean la necesidad de analizar por qué las mejoras del salario mínimo no se extienden con mayor intensidad al conjunto de las retribuciones. Otra de las preocupaciones recogidas en el informe es que los incrementos del SMI hayan dejado obsoletos numerosos salarios mínimos establecidos en los convenios colectivos, al quedar por debajo del umbral legal. Esta evolución está provocando diferencias cada vez mayores entre los trabajadores con menores ingresos y el resto de los asalariados, cuyos sueldos dependen en mayor medida de la negociación colectiva. Los datos de la Encuesta de Población Activa reflejan esta tendencia: entre 2021 y 2024, el salario medio del 10% de los trabajadores con menores remuneraciones aumentó un 25,4%, frente al 14,9% de incremento registrado en el conjunto de los asalariados. En los tramos superiores, las subidas fueron más moderadas y oscilaron entre el 13,5% y el 12,9%. Ante esta situación, los especialistas insisten en que el SMI no puede convertirse en el único instrumento para mejorar las condiciones laborales y salariales. Consideran necesario reforzar otras vías, especialmente el diálogo social, la negociación colectiva y la formación, para conseguir que las mejoras retributivas alcancen también a los trabajadores con mayor experiencia y cualificación. Esta recomendación llega en un momento en el que sindicatos y patronales no cuentan con un acuerdo estatal para orientar la negociación colectiva, como el que estuvo vigente entre 2023 y 2025. La ausencia de un pacto de estas características es uno de los argumentos esgrimidos por las organizaciones sindicales para convocar la huelga general del próximo 11 de noviembre. Además, los salarios pactados en convenio, que crecen un 3,1%, mantienen un ritmo inferior a la inflación interanual, situada en el 4,6%, aunque la media anual se encuentra en torno al 3,2%. Pese a estas advertencias, el informe también destaca los efectos favorables que han tenido las sucesivas revisiones del salario mínimo sobre la distribución de la renta. Los expertos consideran que los incrementos aplicados en España han contribuido a reducir la desigualdad salarial y a mejorar la situación económica relativa de los hogares con menores ingresos. Asimismo, señalan que la evolución positiva del empleo durante los últimos años demuestra que las subidas del SMI no han impedido la creación de puestos de trabajo, en línea con las conclusiones de diferentes investigaciones. Por último, los especialistas entienden que las perspectivas económicas permiten mantener la senda de incrementos del salario mínimo. Aunque prevén que el crecimiento de la economía española será menos intenso que en ejercicios anteriores y reconocen la elevada incertidumbre internacional, consideran que las previsiones de expansión económica siguen siendo compatibles con una nueva actualización al alza del SMI en 2027.

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(El Economista, 05-11-2026) | Laboral

Ocultar la muerte de un pensionista para cobrar su pensión pasa a ser penado como delito de fraude

Ocultar deliberadamente el fallecimiento de una persona pensionista para seguir cobrando sus prestaciones constituye un delito autónomo de fraude a la Seguridad Social, tipificado en el artículo 307 ter del Código Penal. Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 7 de octubre de 2026, en la que aclara que para apreciar este delito no es necesario acreditar los elementos propios de la estafa tradicional. El magistrado ponente, Martínez Arrieta, señala que este tipo penal no requiere demostrar la existencia de un engaño mediante artificios ni que se haya inducido a error a la Administración. Asimismo, precisa que la falta de controles por parte de los organismos públicos o de las entidades bancarias para verificar que el pensionista continúa vivo no elimina la responsabilidad penal de quienes se apropian indebidamente de las cantidades abonadas. La Sala fundamenta su decisión en la reforma introducida por la Ley Orgánica 7/2012, que incorporó el artículo 307 ter al Código Penal para regular específicamente el fraude a la Seguridad Social y diferenciarlo de la figura general de la estafa. Según el tribunal, la normativa establece expresamente que los causahabientes tienen la obligación de comunicar el fallecimiento del beneficiario y dejar de percibir la prestación, tal como recogen el Real Decreto 227/1981 y la Orden de 7 de mayo de 1981. Por tanto, el incumplimiento consciente de este deber, cuando permite mantener indebidamente el cobro de fondos públicos, reúne los requisitos necesarios para apreciar el delito. Como consecuencia de esta interpretación, el Supremo revoca las sentencias absolutorias dictadas anteriormente por la Audiencia Provincial de Oviedo y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El procedimiento analiza el caso de una mujer que dispuso de 61.834,46 euros ingresados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en una cuenta bancaria entre agosto de 2013 y diciembre de 2019. La cuenta estaba a nombre de su abuela, fallecida el 27 de diciembre de 1988, y de su madre, que murió el 14 de agosto de 2013. A pesar de estos fallecimientos, la pensión de viudedad continuó ingresándose mensualmente durante años debido al desconocimiento de las entidades pagadoras. La acusada se benefició de esta situación realizando reintegros de efectivo, transferencias, pagos con tarjeta y domiciliaciones bancarias, pese a conocer que los fondos procedían de una prestación que ya no correspondía percibir. Tras anular las resoluciones anteriores, el Tribunal Supremo condena a la procesada a dos años de prisión como autora de un delito agravado de fraude a la Seguridad Social, atendiendo a la cuantía de las cantidades percibidas indebidamente. Además, le impone la pérdida del derecho a obtener subvenciones y ayudas públicas, así como beneficios fiscales o de la Seguridad Social, durante un periodo de tres años. En concepto de responsabilidad civil, la condenada deberá indemnizar al INSS con 29.658 euros. Esta cantidad resulta de descontar del importe total percibido, 61.834,46 euros, los 39.176,22 euros que la entidad bancaria ya había reintegrado a las arcas públicas por los abonos realizados entre 2016 y 2019.

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(Expansión, 04-11-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba las indemnizaciones para los afectados por Urda: hasta 288.000 euros por fallecido e incapacidad temporal "mejorada"

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que establece un paquete de ayudas e indemnizaciones para las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que se saldó con 69 fallecidos y más de 200 heridos. La norma contempla un procedimiento específico para adelantar el pago de las compensaciones, con el propósito de que los afectados y sus familiares puedan recibirlas sin tener que esperar a que concluyan todos los trámites. Según explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, las indemnizaciones duplicarán las previstas en el seguro obligatorio de viajeros. De esta forma, las cantidades podrían situarse en torno a los 216.000 euros para los familiares de las personas fallecidas y en unos 84.000 euros para los heridos. A estas cuantías se añadirán ayudas complementarias de 72.000 euros por cada fallecimiento, lo que elevaría la compensación total hasta aproximadamente 288.000 euros. La ministra portavoz, Elma Saiz, señaló que el dolor provocado por la tragedia afecta al conjunto de la sociedad y que se ofrecerá más información conforme avance la investigación judicial. El decreto incorpora también un mecanismo extraordinario para anticipar las indemnizaciones, similar al aplicado tras el accidente ferroviario de Adamuz el pasado enero. Para ello, se habilitará una partida de 30 millones de euros. Asimismo, se establece un procedimiento especial de incapacidad temporal que permitirá mejorar la protección de las personas afectadas durante su recuperación. El paquete se completa con la apertura de oficinas de atención integral en todas las comunidades autónomas en las que residan víctimas del accidente. Otra de las medidas aprobadas busca evitar incrementos desproporcionados en las tarifas de otros medios de transporte como consecuencia de las interrupciones del servicio ferroviario. El Gobierno pretende establecer mecanismos que permitan contener los precios y prevenir subidas abusivas, como las que se registraron tras el accidente de Adamuz, cuando algunas tarifas llegaron a multiplicarse por ocho o nueve. Por último, el Ejecutivo ha aprobado un plan específico para reforzar la seguridad de la red ferroviaria, basado en la innovación tecnológica, la revisión de los protocolos y la mejora de los recursos humanos. Entre las actuaciones previstas figuran nuevas herramientas para facilitar la comunicación entre maquinistas y controladores, así como la finalización del despliegue del sistema de seguridad destinado a sustituir al LZB, señalado como causante del accidente de Urda. En cuanto a los procedimientos operativos, las decisiones adoptadas desde los centros de control deberán contar a partir de ahora con la validación de, al menos, un segundo controlador. También se estudiará la incorporación de nuevas medidas de seguridad pasiva inspiradas en las utilizadas en el transporte aéreo. El plan incluye, además, mejoras en las condiciones laborales del personal ferroviario y la introducción de nuevos protocolos de descanso.

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(El País, 04-11-2026) | Laboral

Los expertos de Trabajo recomiendan que el salario mínimo suba un 4,9% en 2027, hasta los 1.281 euros al mes

El grupo de expertos constituido por el Ministerio de Trabajo ya ha elaborado su propuesta para la próxima actualización del salario mínimo interprofesional (SMI), una recomendación que el Gobierno esperaba para iniciar el proceso de aprobación de la subida antes de que termine la legislatura. Los especialistas plantean un incremento del 4,9% para 2027, lo que elevaría el salario mínimo desde los actuales 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas hasta los 1.281 euros. Esto supondría 60 euros más al mes y permitiría compensar la evolución de los precios, cuya tasa interanual se situó en el 4,9% en octubre, según los cálculos recogidos en el informe elaborado por académicos, representantes sindicales y miembros del Ejecutivo. Como viene sucediendo en los últimos años, el documento servirá de referencia para la posterior negociación entre el Ministerio, los sindicatos y las organizaciones empresariales, de la que saldrá la cuantía definitiva. Mientras CC OO y UGT reclaman un aumento del 7%, la patronal ha cuestionado la premura con la que se está desarrollando el proceso. Por su parte, el Gobierno pretende aprobar la subida antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre. El encargo realizado por Trabajo a la comisión de expertos consistía en determinar dos posibles incrementos: uno que permitiera situar el SMI en el 60% del salario medio neto y otro que garantizara que no perdiera poder adquisitivo. Ambos objetivos ofrecen resultados diferentes, ya que el primero depende de cómo evolucionen las retribuciones del conjunto de los trabajadores, mientras que el segundo está condicionado por el comportamiento de la inflación. La referencia al 60% responde al criterio defendido por el Comité Europeo de Derechos Sociales en su interpretación de la Carta Social Europea, que considera esta proporción un nivel adecuado para garantizar un salario mínimo suficiente. Aunque no constituye una obligación directa para los Estados, es un objetivo respaldado por distintos especialistas y asumido por PSOE y Sumar en su programa de Gobierno. Ambas formaciones se comprometieron a modificar el Estatuto de los Trabajadores para vincular automáticamente la evolución del SMI al 60% del salario medio, una iniciativa que no ha prosperado debido a la falta de apoyos parlamentarios. De acuerdo con los cálculos de la comisión, para que el salario mínimo neto alcance ese porcentaje del salario medio neto sería suficiente con fijar una retribución bruta anual de 17.554 euros, lo que representa un incremento del 2,7% respecto a 2026. En términos mensuales, el SMI pasaría de 1.221 a 1.254 euros, es decir, 33 euros más en cada una de las 14 pagas. Sin embargo, esta actualización no bastaría para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben el salario mínimo, puesto que el incremento quedaría por debajo de la inflación. Por este motivo, los expertos consideran que, si se mantiene la exención del SMI en el IRPF, debería aplicarse una subida del 4,9%, equivalente al aumento de los precios registrado en octubre. El Ejecutivo ya ha anunciado su intención de aprobar nuevamente una deducción fiscal para evitar que quienes cobran el salario mínimo tengan que tributar por este impuesto, aunque todavía no ha concretado cuándo pondrá en marcha la medida. La cuestión de la tributación del SMI ha generado diferencias entre los ministerios de Trabajo y Hacienda. Mientras el departamento de Yolanda Díaz ha defendido que estas retribuciones queden exentas del IRPF, Hacienda había sostenido en ejercicios anteriores que también debían contribuir a los ingresos públicos. Su argumento se apoyaba en el fuerte crecimiento experimentado por el salario mínimo desde 2018, cuando pasó de 736 a 1.221 euros mensuales, un aumento acumulado del 66% que ha ampliado hasta unos 2,5 millones el número de trabajadores que perciben esta remuneración. Para Hacienda, no resultaba conveniente que un colectivo tan numeroso quedara al margen de la tributación. No obstante, esta posición se modificó el pasado año, después de que el Ministerio de Trabajo solicitara a los expertos que calcularan las subidas teniendo en cuenta tanto un escenario con tributación como otro sin ella. La recomendación de los expertos tiene una influencia considerable en la posición que adopta Trabajo durante las negociaciones con los agentes sociales. El precedente más reciente se encuentra en la subida del año pasado, cuando la comisión planteó un incremento del 3,1%, exactamente el porcentaje que finalmente pactaron el Ministerio, CC OO y UGT. Las organizaciones empresariales quedaron fuera del acuerdo, una situación que se ha repetido en prácticamente todas las actualizaciones aprobadas desde que Yolanda Díaz está al frente de Trabajo. La única excepción fue la subida de 2020, cuando el SMI alcanzó los 950 euros y contó con el respaldo de la patronal. La actualización prevista para 2027 será la última que impulse Díaz como ministra de Trabajo, ya que no volverá a concurrir como candidata de la izquierda. El Ejecutivo podrá aprobarla mediante real decreto, sin necesidad de obtener el respaldo del Congreso, al tratarse de una medida que no requiere una ley para modificar su cuantía. Esta fórmula ha permitido mantener los incrementos anuales del salario mínimo durante una legislatura marcada por las dificultades parlamentarias, en la que el Gobierno no consiguió sacar adelante otras iniciativas laborales, como la reducción de la jornada máxima a 37,5 horas semanales. El fracaso de esta reforma llevó a Trabajo a plantear como alternativa un refuerzo del registro horario, una iniciativa que todavía no ha sido aprobada pese a que el departamento de Díaz y el Ministerio de Economía habían anunciado que estaría lista en septiembre. El retraso ha provocado un notable malestar entre los sindicatos, que han condicionado su participación en futuros acuerdos con el Gobierno a que se refuerce el control de la jornada laboral. Si el Ejecutivo no desbloquea esta medida y las centrales mantienen su postura, la próxima subida del SMI podría aprobarse sin el apoyo de CC OO y UGT. Díaz ha reiterado en varias ocasiones su compromiso de sacar adelante el nuevo registro horario, incluso después de que el Consejo de Estado emitiera un dictamen muy crítico con el proyecto. A esta discrepancia se suma otra de las reivindicaciones sindicales para respaldar el incremento salarial: impedir que las empresas compensen las subidas del SMI mediante la supresión de determinados complementos salariales. Los sindicatos reclaman que se apruebe por decreto una regulación que proteja conceptos como la antigüedad y otros pluses, evitando que las empresas los absorban para neutralizar el efecto real de la mejora salarial. Esta iniciativa también ha evidenciado diferencias entre los ministerios de Economía y Trabajo y continúa pendiente de aprobación. Si el Gobierno decide aprobar la subida del salario mínimo antes de las elecciones del 29 de noviembre, la medida llegaría con bastante más antelación que en ejercicios anteriores. Habitualmente, las actualizaciones se han aprobado alrededor del mes de febrero, con efectos retroactivos desde el inicio del año. El adelanto del calendario ha suscitado críticas de la oposición, que considera que responde a intereses electorales, mientras que el Ejecutivo defiende la conveniencia de cerrar la cuestión antes de que el Gobierno entre en funciones. La patronal también ha cuestionado los plazos establecidos por Trabajo y, por el momento, no ha presentado una propuesta concreta sobre cuánto debería aumentar el salario mínimo en 2027.

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(El Economista, 04-11-2026) | Laboral

La mitad de las madres en solitario sin empleo se plantea acudir al trabajo "en negro"

La dificultad para mantener un hogar con un único salario se agrava en un contexto de elevada inflación, pero la situación resulta especialmente crítica cuando no se dispone de ningún ingreso. El último informe de la Fundación Adecco pone de manifiesto la vulnerabilidad económica de las familias monoparentales en España, una realidad que afecta mayoritariamente a mujeres. De los 1.944.800 hogares de este tipo contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 81,4%, equivalente a 1.582.100, está encabezado por una mujer. Para muchas de estas madres, el desempleo supone un riesgo de exclusión social y económica. De hecho, el 49,5% de las desempleadas reconoce que estaría dispuesta a aceptar un trabajo sin contrato ni alta en la Seguridad Social con tal de conseguir ingresos. La tasa AROPE de pobreza y exclusión social entre estos hogares se sitúa en el 50,6%, prácticamente el doble de la media nacional, que alcanza el 25,7%. Ante esta situación, el 76,2% de las madres desempleadas necesita recurrir a algún tipo de apoyo familiar, institucional o social para salir adelante. Las prestaciones y ayudas públicas son esenciales para el 51% de ellas, mientras que el 19% depende principalmente de la ayuda de familiares y el 12% de las aportaciones de entidades sociales. Otro 18% combina varias de estas fuentes de apoyo. Sin embargo, esta red de protección no ofrece seguridad a largo plazo. El 62,9% de las mujeres que reciben estas ayudas asegura que no tiene garantías de poder seguir contando con ellas durante los próximos doce meses. Además, nueve de cada diez madres que afrontan solas la crianza llegan a final de mes con algún grado de dificultad. Los principales gastos que tienen problemas para asumir son los relacionados con la educación de sus hijos, señalados por el 54%, y la vivienda, mencionada por el 44%. La falta de recursos también limita su capacidad para afrontar gastos imprevistos. El 73,5% de estas mujeres no podría hacer frente a un desembolso de 600 euros, ya fuera por una avería en el hogar o por una necesidad médica. Esta precariedad contribuye a explicar por qué una parte de ellas estaría dispuesta a aceptar empleos en la economía sumergida, aun renunciando a derechos y protecciones básicas como las prestaciones por enfermedad o accidente y las cotizaciones necesarias para su futura jubilación. El acceso a un empleo estable, con una remuneración suficiente y condiciones compatibles con las responsabilidades familiares, permitiría reducir esta dependencia. El 78,1% de las encuestadas considera que dejaría de necesitar total o parcialmente las ayudas familiares, públicas o sociales si dispusiera de un trabajo de estas características. No obstante, las dificultades para incorporarse al mercado laboral siguen siendo importantes. El 56% afirma que comunicar su situación familiar durante un proceso de selección reduce sus posibilidades de contratación debido a los prejuicios sobre su disponibilidad. Asimismo, el 73,2% ha tenido que rechazar una oferta de empleo o abandonar un proceso de selección por la imposibilidad de compatibilizar la jornada laboral con el cuidado de sus hijos. El informe apunta a la necesidad de abordar el problema mediante cambios en las políticas de empleo y contratación, más allá de las ayudas económicas destinadas a cubrir las necesidades inmediatas. La mejora de la flexibilidad laboral, la adaptación de las jornadas y una mayor implicación de las empresas y las administraciones públicas resultan fundamentales para facilitar el acceso a empleos formales y estables. Sin estas medidas, una parte importante de los hogares monoparentales corre el riesgo de permanecer atrapada en la precariedad y de transmitir las situaciones de pobreza a las siguientes generaciones.

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(Expansión, 03-11-2026) | Laboral

El Banco de España elevó los gastos de personal un 25% el año pasado

La masa salarial del Banco de España ha aumentado un 25%, impulsada por la intensa renovación de personal que se ha producido desde la llegada de José Luis Escrivá al frente de la institución, especialmente en los puestos de mayor responsabilidad. A este incremento también han contribuido la subida retributiva del 2,5% recogida en el convenio aprobado este año y el aumento de las cotizaciones sociales. El supervisor incorporó a 74 trabajadores el pasado ejercicio, después de sumar otros 114 durante el año anterior. Una parte de estas contrataciones responde a procesos ordinarios de selección para cubrir plazas de la plantilla, mientras que otras están relacionadas con la renovación de los principales puestos directivos y la cobertura de vacantes en la estructura de mando. Según las cuentas anuales, el gasto total en salarios alcanza los 378 millones de euros. Tras asumir el cargo de gobernador en septiembre de 2024, Escrivá acometió una reorganización de la estructura interna mediante la creación de dos áreas transversales. En el marco de esta remodelación incorporó a Mayte Ledo como directora general de Estrategia, Personas y Datos. Ledo, persona de su confianza y con la que había coincidido anteriormente en BBVA Research, se convirtió en la primera profesional ajena a la institución en acceder directamente a uno de los principales puestos directivos, al margen del propio gobernador. También fichó a Inés Calderón como directora de Comunicación, aunque posteriormente amplió sus responsabilidades y pasó a ocupar la Dirección Adjunta de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia. A comienzos de 2025, Montse Martínez Parera regresó al Banco de España después de concluir su etapa como vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Durante aproximadamente año y medio desempeñó funciones de asesoramiento al gobernador, hasta que recientemente fue nombrada presidenta del Fondo de Garantía de Depósitos. En paralelo a las nuevas incorporaciones, la institución ha registrado cerca de una decena de salidas relevantes de su equipo directivo durante estos dos últimos años. Una de las más destacadas fue la de Ángel Gavilán, responsable del Servicio de Estudios, que recientemente ha puesto en marcha la consultora aimTFP Inteligencia Económica junto con Víctor Ausín, antiguo director general de Política Económica del Ministerio de Economía. También abandonó su puesto Alejandro Álvarez, director general de Servicios y responsable de las áreas de personal y contratación. A finales de 2024 presentó su dimisión Ángel Estrada, hasta entonces al frente de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución. A estas salidas se sumaron las de los subdirectores Ignacio Marín e Isabel Bueno. Las vacantes generadas se han cubierto mediante procedimientos de selección abiertos y competitivos, en los que han podido participar tanto profesionales de la propia institución como candidatos externos. Uno de los nombramientos más relevantes fue el de David López Salido como director general del Servicio de Estudios. Antes de incorporarse al Banco de España, desempeñaba en Washington el cargo de director general adjunto de la División de Asuntos Monetarios de la Reserva Federal estadounidense. De la anterior etapa de Pablo Hernández de Cos al frente del organismo únicamente permanecen en los principales puestos de responsabilidad Mercedes Olano, Juan Ayuso y Alberto Ríos. En materia retributiva, el Banco de España destaca por ofrecer los salarios medios más elevados entre los cuerpos de funcionarios de la Administración pública, por encima de los correspondientes a inspectores de Hacienda y abogados del Estado. Los directores generales, el secretario general y los directores generales adjuntos perciben una remuneración bruta anual cercana a los 180.000 euros, a la que se añaden complementos personales por disponibilidad y otros conceptos.

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(El País, 03-11-2026) | Laboral

Sánchez anuncia ayudas específicas y el adelanto de las indemnizaciones para las víctimas del accidente de Urda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de medidas de apoyo para las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), en el que han fallecido al menos 69 personas. Durante su intervención en el foro World in Progress (WIP), organizado por el Grupo PRISA en Barcelona, Sánchez ha defendido la necesidad de recuperar cuanto antes la confianza de los usuarios en la seguridad y fiabilidad de la alta velocidad. «Nuestra obligación es recuperar la confianza quebrada en la alta velocidad cuanto antes y cueste lo que cueste», ha afirmado, tras reincorporarse a su agenda pública una vez finalizados los días de luto oficial. El presidente ha dedicado el comienzo de su discurso a la tragedia y ha reiterado que el accidente «jamás debió haberse producido». Según ha avanzado, el paquete de medidas que aprobará el Ejecutivo se articulará en torno a cuatro líneas de actuación, siguiendo un esquema similar al aplicado a principios de año tras el incidente de Adamuz. La primera contempla ayudas para duplicar la cuantía del seguro obligatorio de accidentes; la segunda, anticipos de las indemnizaciones correspondientes a las víctimas; la tercera, una mejora de la cobertura de las prestaciones por incapacidad temporal, y la cuarta, la puesta en marcha de oficinas de atención integral para los afectados. Sánchez ha señalado que, aunque el Gobierno debe actuar en distintos ámbitos, la prioridad inmediata es prestar asistencia a las víctimas. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno acompañará a las familias de las 69 personas fallecidas durante el duelo y en las gestiones que deban realizar. También ha expresado sus deseos de recuperación para los 34 heridos de distinta consideración que ha dejado el siniestro. «Detrás de cada una de esas vidas hay un nombre, una amiga, una madre, una compañera de trabajo», ha recordado, antes de reiterar el compromiso del Gobierno de permanecer al lado de los afectados. Sánchez ha vuelto a ofrecer la colaboración del Ejecutivo para esclarecer las circunstancias del accidente, una exigencia planteada por los partidos de la oposición desde que se produjo el siniestro. El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá este martes ante la Diputación Permanente del Congreso, mientras que PP y Vox reclaman que sea el propio presidente quien acuda a la Cámara. Sánchez ha garantizado que los investigadores independientes y la justicia trabajan para determinar las causas de lo ocurrido con transparencia y ha asegurado que la investigación se desarrollará de manera rigurosa y exhaustiva. En la parte posterior de su intervención, el presidente ha defendido el papel de los servicios públicos y ha cuestionado las propuestas que plantean reducir la inversión y las prestaciones públicas. Ha destacado la labor de la sanidad, los servicios de emergencia, las fuerzas de seguridad y el conjunto de los empleados públicos, especialmente en situaciones de emergencia. En este sentido, ha recordado las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis financiera y del euro de la década pasada y ha defendido que la respuesta ante situaciones como la actual debe pasar por reforzar la inversión y proteger los servicios comunes. Como ejemplo de la actuación de los servicios de emergencia, Sánchez ha mencionado la intervención de un guardia civil que accedió a uno de los vagones más afectados y encontró con vida a una joven, que recibió atención continuada durante la hora siguiente. El presidente ha destacado la respuesta colectiva ante la tragedia y ha señalado que la solidaridad y la colaboración entre ciudadanos y profesionales han sido fundamentales para afrontar las consecuencias del accidente.

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(El País, 03-11-2026) | Laboral

Los sindicatos registran la petición a la Seguridad Social para adelantar la jubilación al personal de tierra de los aeropuertos

Los sindicatos UGT y CC OO han solicitado a la Seguridad Social que estudie la posibilidad de anticipar la edad de jubilación de los trabajadores de asistencia en tierra de los aeropuertos, conocidos como personal de handling, debido a las exigencias físicas y los riesgos laborales asociados a su actividad. La petición, registrada el pasado viernes ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y sin el respaldo de la patronal, plantea la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar el retiro sin que ello suponga una penalización en la cuantía de la pensión. La iniciativa afecta a unos 14.000 trabajadores dedicados a la manipulación y traslado de equipajes, mercancías y correo, así como a la conducción de vehículos y maquinaria de tierra y al apoyo directo a las operaciones aeroportuarias. Quedan fuera de esta solicitud otros 10.000 empleados del sector que desempeñan funciones administrativas o de atención al cliente. Las organizaciones sindicales justifican su reclamación por la elevada exigencia física de estos puestos, que requieren levantar y desplazar cargas, mantener posturas forzadas, realizar movimientos repetitivos y efectuar esfuerzos en espacios de trabajo reducidos. Según UGT y CC OO, estas condiciones provocan una exposición continuada a riesgos ergonómicos que favorecen la aparición de lesiones musculoesqueléticas, como lumbalgias y tendinopatías, además de prolongar los periodos de incapacidad temporal y aumentar la posibilidad de desarrollar incapacidades permanentes. Las centrales también advierten de las consecuencias sobre la salud mental, especialmente entre quienes trabajan en turnos irregulares o durante la noche, con una mayor incidencia de problemas de fatiga, alteraciones del sueño, depresión y síndrome de desgaste profesional. A estos factores se añaden la exposición al ruido, las vibraciones y las temperaturas extremas, así como el contacto con sustancias químicas y agentes potencialmente cancerígenos procedentes de las emisiones de los motores diésel y de queroseno. Los sindicatos consideran que el envejecimiento agrava estos riesgos, ya que reduce la fuerza, la movilidad y la capacidad de recuperación física, incrementando la frecuencia y gravedad de las bajas laborales. Por ello, sostienen que las medidas preventivas y las adaptaciones de los puestos de trabajo no son suficientes para eliminar las condiciones de penosidad, peligrosidad, toxicidad e insalubridad propias de esta actividad. La solicitud se apoya también en los índices de incapacidad temporal y accidentes laborales del colectivo, que, según las organizaciones sindicales, superan los promedios del conjunto de la población trabajadora. El registro de la petición inicia el procedimiento administrativo que podría concluir con la concesión de coeficientes reductores, siempre que los informes técnicos y el análisis de los indicadores de siniestralidad y absentismo justifiquen el adelanto de la edad de jubilación. La reclamación no cuenta con el apoyo de la patronal del sector, Aseata. UGT y CC OO aseguran que han intentado alcanzar un acuerdo con las empresas, pero las conversaciones no han permitido lograr una posición común. Esta falta de consenso se repite en otras actividades que también reclaman adelantar la jubilación, como la construcción y la ayuda a domicilio. Entre las principales objeciones empresariales figura el impacto económico de la medida, que implica un incremento de las cotizaciones sociales para financiar el coste del anticipo de la jubilación. La Seguridad Social, por su parte, prefiere que las solicitudes cuenten con el respaldo conjunto de sindicatos y patronales. Es el caso de los expedientes del transporte de mercancías y de viajeros, que se encuentran entre los más avanzados. En el primero está prevista la convocatoria de una comisión de expertos para evaluar la documentación, mientras que el segundo permanece pendiente de algunos informes. En ambos sectores, el apoyo empresarial se consiguió después de que las organizaciones sindicales condicionaran la desactivación de posibles movilizaciones a la aceptación de sus reivindicaciones. Sin embargo, la tramitación de estos expedientes acumula importantes retrasos. Aunque la normativa establece un plazo de seis meses para que la Seguridad Social responda, ha transcurrido aproximadamente un año desde su presentación sin que se haya producido una resolución. Los sindicatos denuncian que el Ministerio ha incumplido los plazos previstos, incluso teniendo en cuenta que la recepción efectiva de la documentación se produjo con posterioridad a su registro. La convocatoria electoral tampoco debería alterar los tiempos administrativos establecidos para estos procedimientos. La demora ha elevado la tensión sindical. CC OO ha advertido de que podría convocar una huelga indefinida si el actual Gobierno o el próximo mantienen paralizada la tramitación o rechazan finalmente las solicitudes. Como primera medida, ha anunciado movilizaciones ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social entre el 11 y el 29 de noviembre. La organización insiste en que su protesta no responde a intereses partidistas, sino a la exigencia de que se cumplan los plazos legales. Por su parte, USO también ha reclamado la convocatoria de una huelga general ante el estancamiento de las negociaciones sobre la jubilación anticipada de los conductores profesionales. Otros colectivos han conseguido acceder a los coeficientes reductores mediante la aprobación de normas específicas, sin necesidad de recurrir al nuevo procedimiento administrativo. Es el caso de los bomberos y agentes forestales, a quienes el Gobierno reconoció este derecho mediante decreto. También cuentan con sistemas de jubilación anticipada los mineros, los trabajadores del mar, determinados cuerpos de policías autonómicas y los pilotos de aviación. Precisamente, la situación de estos últimos ha llevado a las tripulantes de cabina a reclamar un tratamiento equivalente y el reconocimiento de la jubilación anticipada mediante decreto. El Congreso ha respaldado recientemente una proposición no de ley de Sumar que insta al Gobierno a concederles este derecho. De esta forma, las reivindicaciones para adelantar la edad de retiro se extienden a nuevos sectores profesionales, mientras continúa pendiente la resolución de varios expedientes que ya llevan meses en tramitación.

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