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(Expansión, 04-11-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba las indemnizaciones para los afectados por Urda: hasta 288.000 euros por fallecido e incapacidad temporal "mejorada"

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que establece un paquete de ayudas e indemnizaciones para las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que se saldó con 69 fallecidos y más de 200 heridos. La norma contempla un procedimiento específico para adelantar el pago de las compensaciones, con el propósito de que los afectados y sus familiares puedan recibirlas sin tener que esperar a que concluyan todos los trámites. Según explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, las indemnizaciones duplicarán las previstas en el seguro obligatorio de viajeros. De esta forma, las cantidades podrían situarse en torno a los 216.000 euros para los familiares de las personas fallecidas y en unos 84.000 euros para los heridos. A estas cuantías se añadirán ayudas complementarias de 72.000 euros por cada fallecimiento, lo que elevaría la compensación total hasta aproximadamente 288.000 euros. La ministra portavoz, Elma Saiz, señaló que el dolor provocado por la tragedia afecta al conjunto de la sociedad y que se ofrecerá más información conforme avance la investigación judicial. El decreto incorpora también un mecanismo extraordinario para anticipar las indemnizaciones, similar al aplicado tras el accidente ferroviario de Adamuz el pasado enero. Para ello, se habilitará una partida de 30 millones de euros. Asimismo, se establece un procedimiento especial de incapacidad temporal que permitirá mejorar la protección de las personas afectadas durante su recuperación. El paquete se completa con la apertura de oficinas de atención integral en todas las comunidades autónomas en las que residan víctimas del accidente. Otra de las medidas aprobadas busca evitar incrementos desproporcionados en las tarifas de otros medios de transporte como consecuencia de las interrupciones del servicio ferroviario. El Gobierno pretende establecer mecanismos que permitan contener los precios y prevenir subidas abusivas, como las que se registraron tras el accidente de Adamuz, cuando algunas tarifas llegaron a multiplicarse por ocho o nueve. Por último, el Ejecutivo ha aprobado un plan específico para reforzar la seguridad de la red ferroviaria, basado en la innovación tecnológica, la revisión de los protocolos y la mejora de los recursos humanos. Entre las actuaciones previstas figuran nuevas herramientas para facilitar la comunicación entre maquinistas y controladores, así como la finalización del despliegue del sistema de seguridad destinado a sustituir al LZB, señalado como causante del accidente de Urda. En cuanto a los procedimientos operativos, las decisiones adoptadas desde los centros de control deberán contar a partir de ahora con la validación de, al menos, un segundo controlador. También se estudiará la incorporación de nuevas medidas de seguridad pasiva inspiradas en las utilizadas en el transporte aéreo. El plan incluye, además, mejoras en las condiciones laborales del personal ferroviario y la introducción de nuevos protocolos de descanso.

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(El País, 04-11-2026) | Laboral

Los expertos de Trabajo recomiendan que el salario mínimo suba un 4,9% en 2027, hasta los 1.281 euros al mes

El grupo de expertos constituido por el Ministerio de Trabajo ya ha elaborado su propuesta para la próxima actualización del salario mínimo interprofesional (SMI), una recomendación que el Gobierno esperaba para iniciar el proceso de aprobación de la subida antes de que termine la legislatura. Los especialistas plantean un incremento del 4,9% para 2027, lo que elevaría el salario mínimo desde los actuales 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas hasta los 1.281 euros. Esto supondría 60 euros más al mes y permitiría compensar la evolución de los precios, cuya tasa interanual se situó en el 4,9% en octubre, según los cálculos recogidos en el informe elaborado por académicos, representantes sindicales y miembros del Ejecutivo. Como viene sucediendo en los últimos años, el documento servirá de referencia para la posterior negociación entre el Ministerio, los sindicatos y las organizaciones empresariales, de la que saldrá la cuantía definitiva. Mientras CC OO y UGT reclaman un aumento del 7%, la patronal ha cuestionado la premura con la que se está desarrollando el proceso. Por su parte, el Gobierno pretende aprobar la subida antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre. El encargo realizado por Trabajo a la comisión de expertos consistía en determinar dos posibles incrementos: uno que permitiera situar el SMI en el 60% del salario medio neto y otro que garantizara que no perdiera poder adquisitivo. Ambos objetivos ofrecen resultados diferentes, ya que el primero depende de cómo evolucionen las retribuciones del conjunto de los trabajadores, mientras que el segundo está condicionado por el comportamiento de la inflación. La referencia al 60% responde al criterio defendido por el Comité Europeo de Derechos Sociales en su interpretación de la Carta Social Europea, que considera esta proporción un nivel adecuado para garantizar un salario mínimo suficiente. Aunque no constituye una obligación directa para los Estados, es un objetivo respaldado por distintos especialistas y asumido por PSOE y Sumar en su programa de Gobierno. Ambas formaciones se comprometieron a modificar el Estatuto de los Trabajadores para vincular automáticamente la evolución del SMI al 60% del salario medio, una iniciativa que no ha prosperado debido a la falta de apoyos parlamentarios. De acuerdo con los cálculos de la comisión, para que el salario mínimo neto alcance ese porcentaje del salario medio neto sería suficiente con fijar una retribución bruta anual de 17.554 euros, lo que representa un incremento del 2,7% respecto a 2026. En términos mensuales, el SMI pasaría de 1.221 a 1.254 euros, es decir, 33 euros más en cada una de las 14 pagas. Sin embargo, esta actualización no bastaría para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben el salario mínimo, puesto que el incremento quedaría por debajo de la inflación. Por este motivo, los expertos consideran que, si se mantiene la exención del SMI en el IRPF, debería aplicarse una subida del 4,9%, equivalente al aumento de los precios registrado en octubre. El Ejecutivo ya ha anunciado su intención de aprobar nuevamente una deducción fiscal para evitar que quienes cobran el salario mínimo tengan que tributar por este impuesto, aunque todavía no ha concretado cuándo pondrá en marcha la medida. La cuestión de la tributación del SMI ha generado diferencias entre los ministerios de Trabajo y Hacienda. Mientras el departamento de Yolanda Díaz ha defendido que estas retribuciones queden exentas del IRPF, Hacienda había sostenido en ejercicios anteriores que también debían contribuir a los ingresos públicos. Su argumento se apoyaba en el fuerte crecimiento experimentado por el salario mínimo desde 2018, cuando pasó de 736 a 1.221 euros mensuales, un aumento acumulado del 66% que ha ampliado hasta unos 2,5 millones el número de trabajadores que perciben esta remuneración. Para Hacienda, no resultaba conveniente que un colectivo tan numeroso quedara al margen de la tributación. No obstante, esta posición se modificó el pasado año, después de que el Ministerio de Trabajo solicitara a los expertos que calcularan las subidas teniendo en cuenta tanto un escenario con tributación como otro sin ella. La recomendación de los expertos tiene una influencia considerable en la posición que adopta Trabajo durante las negociaciones con los agentes sociales. El precedente más reciente se encuentra en la subida del año pasado, cuando la comisión planteó un incremento del 3,1%, exactamente el porcentaje que finalmente pactaron el Ministerio, CC OO y UGT. Las organizaciones empresariales quedaron fuera del acuerdo, una situación que se ha repetido en prácticamente todas las actualizaciones aprobadas desde que Yolanda Díaz está al frente de Trabajo. La única excepción fue la subida de 2020, cuando el SMI alcanzó los 950 euros y contó con el respaldo de la patronal. La actualización prevista para 2027 será la última que impulse Díaz como ministra de Trabajo, ya que no volverá a concurrir como candidata de la izquierda. El Ejecutivo podrá aprobarla mediante real decreto, sin necesidad de obtener el respaldo del Congreso, al tratarse de una medida que no requiere una ley para modificar su cuantía. Esta fórmula ha permitido mantener los incrementos anuales del salario mínimo durante una legislatura marcada por las dificultades parlamentarias, en la que el Gobierno no consiguió sacar adelante otras iniciativas laborales, como la reducción de la jornada máxima a 37,5 horas semanales. El fracaso de esta reforma llevó a Trabajo a plantear como alternativa un refuerzo del registro horario, una iniciativa que todavía no ha sido aprobada pese a que el departamento de Díaz y el Ministerio de Economía habían anunciado que estaría lista en septiembre. El retraso ha provocado un notable malestar entre los sindicatos, que han condicionado su participación en futuros acuerdos con el Gobierno a que se refuerce el control de la jornada laboral. Si el Ejecutivo no desbloquea esta medida y las centrales mantienen su postura, la próxima subida del SMI podría aprobarse sin el apoyo de CC OO y UGT. Díaz ha reiterado en varias ocasiones su compromiso de sacar adelante el nuevo registro horario, incluso después de que el Consejo de Estado emitiera un dictamen muy crítico con el proyecto. A esta discrepancia se suma otra de las reivindicaciones sindicales para respaldar el incremento salarial: impedir que las empresas compensen las subidas del SMI mediante la supresión de determinados complementos salariales. Los sindicatos reclaman que se apruebe por decreto una regulación que proteja conceptos como la antigüedad y otros pluses, evitando que las empresas los absorban para neutralizar el efecto real de la mejora salarial. Esta iniciativa también ha evidenciado diferencias entre los ministerios de Economía y Trabajo y continúa pendiente de aprobación. Si el Gobierno decide aprobar la subida del salario mínimo antes de las elecciones del 29 de noviembre, la medida llegaría con bastante más antelación que en ejercicios anteriores. Habitualmente, las actualizaciones se han aprobado alrededor del mes de febrero, con efectos retroactivos desde el inicio del año. El adelanto del calendario ha suscitado críticas de la oposición, que considera que responde a intereses electorales, mientras que el Ejecutivo defiende la conveniencia de cerrar la cuestión antes de que el Gobierno entre en funciones. La patronal también ha cuestionado los plazos establecidos por Trabajo y, por el momento, no ha presentado una propuesta concreta sobre cuánto debería aumentar el salario mínimo en 2027.

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(El Economista, 04-11-2026) | Laboral

La mitad de las madres en solitario sin empleo se plantea acudir al trabajo "en negro"

La dificultad para mantener un hogar con un único salario se agrava en un contexto de elevada inflación, pero la situación resulta especialmente crítica cuando no se dispone de ningún ingreso. El último informe de la Fundación Adecco pone de manifiesto la vulnerabilidad económica de las familias monoparentales en España, una realidad que afecta mayoritariamente a mujeres. De los 1.944.800 hogares de este tipo contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 81,4%, equivalente a 1.582.100, está encabezado por una mujer. Para muchas de estas madres, el desempleo supone un riesgo de exclusión social y económica. De hecho, el 49,5% de las desempleadas reconoce que estaría dispuesta a aceptar un trabajo sin contrato ni alta en la Seguridad Social con tal de conseguir ingresos. La tasa AROPE de pobreza y exclusión social entre estos hogares se sitúa en el 50,6%, prácticamente el doble de la media nacional, que alcanza el 25,7%. Ante esta situación, el 76,2% de las madres desempleadas necesita recurrir a algún tipo de apoyo familiar, institucional o social para salir adelante. Las prestaciones y ayudas públicas son esenciales para el 51% de ellas, mientras que el 19% depende principalmente de la ayuda de familiares y el 12% de las aportaciones de entidades sociales. Otro 18% combina varias de estas fuentes de apoyo. Sin embargo, esta red de protección no ofrece seguridad a largo plazo. El 62,9% de las mujeres que reciben estas ayudas asegura que no tiene garantías de poder seguir contando con ellas durante los próximos doce meses. Además, nueve de cada diez madres que afrontan solas la crianza llegan a final de mes con algún grado de dificultad. Los principales gastos que tienen problemas para asumir son los relacionados con la educación de sus hijos, señalados por el 54%, y la vivienda, mencionada por el 44%. La falta de recursos también limita su capacidad para afrontar gastos imprevistos. El 73,5% de estas mujeres no podría hacer frente a un desembolso de 600 euros, ya fuera por una avería en el hogar o por una necesidad médica. Esta precariedad contribuye a explicar por qué una parte de ellas estaría dispuesta a aceptar empleos en la economía sumergida, aun renunciando a derechos y protecciones básicas como las prestaciones por enfermedad o accidente y las cotizaciones necesarias para su futura jubilación. El acceso a un empleo estable, con una remuneración suficiente y condiciones compatibles con las responsabilidades familiares, permitiría reducir esta dependencia. El 78,1% de las encuestadas considera que dejaría de necesitar total o parcialmente las ayudas familiares, públicas o sociales si dispusiera de un trabajo de estas características. No obstante, las dificultades para incorporarse al mercado laboral siguen siendo importantes. El 56% afirma que comunicar su situación familiar durante un proceso de selección reduce sus posibilidades de contratación debido a los prejuicios sobre su disponibilidad. Asimismo, el 73,2% ha tenido que rechazar una oferta de empleo o abandonar un proceso de selección por la imposibilidad de compatibilizar la jornada laboral con el cuidado de sus hijos. El informe apunta a la necesidad de abordar el problema mediante cambios en las políticas de empleo y contratación, más allá de las ayudas económicas destinadas a cubrir las necesidades inmediatas. La mejora de la flexibilidad laboral, la adaptación de las jornadas y una mayor implicación de las empresas y las administraciones públicas resultan fundamentales para facilitar el acceso a empleos formales y estables. Sin estas medidas, una parte importante de los hogares monoparentales corre el riesgo de permanecer atrapada en la precariedad y de transmitir las situaciones de pobreza a las siguientes generaciones.

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(Expansión, 03-11-2026) | Laboral

El Banco de España elevó los gastos de personal un 25% el año pasado

La masa salarial del Banco de España ha aumentado un 25%, impulsada por la intensa renovación de personal que se ha producido desde la llegada de José Luis Escrivá al frente de la institución, especialmente en los puestos de mayor responsabilidad. A este incremento también han contribuido la subida retributiva del 2,5% recogida en el convenio aprobado este año y el aumento de las cotizaciones sociales. El supervisor incorporó a 74 trabajadores el pasado ejercicio, después de sumar otros 114 durante el año anterior. Una parte de estas contrataciones responde a procesos ordinarios de selección para cubrir plazas de la plantilla, mientras que otras están relacionadas con la renovación de los principales puestos directivos y la cobertura de vacantes en la estructura de mando. Según las cuentas anuales, el gasto total en salarios alcanza los 378 millones de euros. Tras asumir el cargo de gobernador en septiembre de 2024, Escrivá acometió una reorganización de la estructura interna mediante la creación de dos áreas transversales. En el marco de esta remodelación incorporó a Mayte Ledo como directora general de Estrategia, Personas y Datos. Ledo, persona de su confianza y con la que había coincidido anteriormente en BBVA Research, se convirtió en la primera profesional ajena a la institución en acceder directamente a uno de los principales puestos directivos, al margen del propio gobernador. También fichó a Inés Calderón como directora de Comunicación, aunque posteriormente amplió sus responsabilidades y pasó a ocupar la Dirección Adjunta de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia. A comienzos de 2025, Montse Martínez Parera regresó al Banco de España después de concluir su etapa como vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Durante aproximadamente año y medio desempeñó funciones de asesoramiento al gobernador, hasta que recientemente fue nombrada presidenta del Fondo de Garantía de Depósitos. En paralelo a las nuevas incorporaciones, la institución ha registrado cerca de una decena de salidas relevantes de su equipo directivo durante estos dos últimos años. Una de las más destacadas fue la de Ángel Gavilán, responsable del Servicio de Estudios, que recientemente ha puesto en marcha la consultora aimTFP Inteligencia Económica junto con Víctor Ausín, antiguo director general de Política Económica del Ministerio de Economía. También abandonó su puesto Alejandro Álvarez, director general de Servicios y responsable de las áreas de personal y contratación. A finales de 2024 presentó su dimisión Ángel Estrada, hasta entonces al frente de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución. A estas salidas se sumaron las de los subdirectores Ignacio Marín e Isabel Bueno. Las vacantes generadas se han cubierto mediante procedimientos de selección abiertos y competitivos, en los que han podido participar tanto profesionales de la propia institución como candidatos externos. Uno de los nombramientos más relevantes fue el de David López Salido como director general del Servicio de Estudios. Antes de incorporarse al Banco de España, desempeñaba en Washington el cargo de director general adjunto de la División de Asuntos Monetarios de la Reserva Federal estadounidense. De la anterior etapa de Pablo Hernández de Cos al frente del organismo únicamente permanecen en los principales puestos de responsabilidad Mercedes Olano, Juan Ayuso y Alberto Ríos. En materia retributiva, el Banco de España destaca por ofrecer los salarios medios más elevados entre los cuerpos de funcionarios de la Administración pública, por encima de los correspondientes a inspectores de Hacienda y abogados del Estado. Los directores generales, el secretario general y los directores generales adjuntos perciben una remuneración bruta anual cercana a los 180.000 euros, a la que se añaden complementos personales por disponibilidad y otros conceptos.

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(El País, 03-11-2026) | Laboral

Sánchez anuncia ayudas específicas y el adelanto de las indemnizaciones para las víctimas del accidente de Urda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de medidas de apoyo para las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), en el que han fallecido al menos 69 personas. Durante su intervención en el foro World in Progress (WIP), organizado por el Grupo PRISA en Barcelona, Sánchez ha defendido la necesidad de recuperar cuanto antes la confianza de los usuarios en la seguridad y fiabilidad de la alta velocidad. «Nuestra obligación es recuperar la confianza quebrada en la alta velocidad cuanto antes y cueste lo que cueste», ha afirmado, tras reincorporarse a su agenda pública una vez finalizados los días de luto oficial. El presidente ha dedicado el comienzo de su discurso a la tragedia y ha reiterado que el accidente «jamás debió haberse producido». Según ha avanzado, el paquete de medidas que aprobará el Ejecutivo se articulará en torno a cuatro líneas de actuación, siguiendo un esquema similar al aplicado a principios de año tras el incidente de Adamuz. La primera contempla ayudas para duplicar la cuantía del seguro obligatorio de accidentes; la segunda, anticipos de las indemnizaciones correspondientes a las víctimas; la tercera, una mejora de la cobertura de las prestaciones por incapacidad temporal, y la cuarta, la puesta en marcha de oficinas de atención integral para los afectados. Sánchez ha señalado que, aunque el Gobierno debe actuar en distintos ámbitos, la prioridad inmediata es prestar asistencia a las víctimas. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno acompañará a las familias de las 69 personas fallecidas durante el duelo y en las gestiones que deban realizar. También ha expresado sus deseos de recuperación para los 34 heridos de distinta consideración que ha dejado el siniestro. «Detrás de cada una de esas vidas hay un nombre, una amiga, una madre, una compañera de trabajo», ha recordado, antes de reiterar el compromiso del Gobierno de permanecer al lado de los afectados. Sánchez ha vuelto a ofrecer la colaboración del Ejecutivo para esclarecer las circunstancias del accidente, una exigencia planteada por los partidos de la oposición desde que se produjo el siniestro. El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá este martes ante la Diputación Permanente del Congreso, mientras que PP y Vox reclaman que sea el propio presidente quien acuda a la Cámara. Sánchez ha garantizado que los investigadores independientes y la justicia trabajan para determinar las causas de lo ocurrido con transparencia y ha asegurado que la investigación se desarrollará de manera rigurosa y exhaustiva. En la parte posterior de su intervención, el presidente ha defendido el papel de los servicios públicos y ha cuestionado las propuestas que plantean reducir la inversión y las prestaciones públicas. Ha destacado la labor de la sanidad, los servicios de emergencia, las fuerzas de seguridad y el conjunto de los empleados públicos, especialmente en situaciones de emergencia. En este sentido, ha recordado las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis financiera y del euro de la década pasada y ha defendido que la respuesta ante situaciones como la actual debe pasar por reforzar la inversión y proteger los servicios comunes. Como ejemplo de la actuación de los servicios de emergencia, Sánchez ha mencionado la intervención de un guardia civil que accedió a uno de los vagones más afectados y encontró con vida a una joven, que recibió atención continuada durante la hora siguiente. El presidente ha destacado la respuesta colectiva ante la tragedia y ha señalado que la solidaridad y la colaboración entre ciudadanos y profesionales han sido fundamentales para afrontar las consecuencias del accidente.

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(El País, 03-11-2026) | Laboral

Los sindicatos registran la petición a la Seguridad Social para adelantar la jubilación al personal de tierra de los aeropuertos

Los sindicatos UGT y CC OO han solicitado a la Seguridad Social que estudie la posibilidad de anticipar la edad de jubilación de los trabajadores de asistencia en tierra de los aeropuertos, conocidos como personal de handling, debido a las exigencias físicas y los riesgos laborales asociados a su actividad. La petición, registrada el pasado viernes ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y sin el respaldo de la patronal, plantea la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar el retiro sin que ello suponga una penalización en la cuantía de la pensión. La iniciativa afecta a unos 14.000 trabajadores dedicados a la manipulación y traslado de equipajes, mercancías y correo, así como a la conducción de vehículos y maquinaria de tierra y al apoyo directo a las operaciones aeroportuarias. Quedan fuera de esta solicitud otros 10.000 empleados del sector que desempeñan funciones administrativas o de atención al cliente. Las organizaciones sindicales justifican su reclamación por la elevada exigencia física de estos puestos, que requieren levantar y desplazar cargas, mantener posturas forzadas, realizar movimientos repetitivos y efectuar esfuerzos en espacios de trabajo reducidos. Según UGT y CC OO, estas condiciones provocan una exposición continuada a riesgos ergonómicos que favorecen la aparición de lesiones musculoesqueléticas, como lumbalgias y tendinopatías, además de prolongar los periodos de incapacidad temporal y aumentar la posibilidad de desarrollar incapacidades permanentes. Las centrales también advierten de las consecuencias sobre la salud mental, especialmente entre quienes trabajan en turnos irregulares o durante la noche, con una mayor incidencia de problemas de fatiga, alteraciones del sueño, depresión y síndrome de desgaste profesional. A estos factores se añaden la exposición al ruido, las vibraciones y las temperaturas extremas, así como el contacto con sustancias químicas y agentes potencialmente cancerígenos procedentes de las emisiones de los motores diésel y de queroseno. Los sindicatos consideran que el envejecimiento agrava estos riesgos, ya que reduce la fuerza, la movilidad y la capacidad de recuperación física, incrementando la frecuencia y gravedad de las bajas laborales. Por ello, sostienen que las medidas preventivas y las adaptaciones de los puestos de trabajo no son suficientes para eliminar las condiciones de penosidad, peligrosidad, toxicidad e insalubridad propias de esta actividad. La solicitud se apoya también en los índices de incapacidad temporal y accidentes laborales del colectivo, que, según las organizaciones sindicales, superan los promedios del conjunto de la población trabajadora. El registro de la petición inicia el procedimiento administrativo que podría concluir con la concesión de coeficientes reductores, siempre que los informes técnicos y el análisis de los indicadores de siniestralidad y absentismo justifiquen el adelanto de la edad de jubilación. La reclamación no cuenta con el apoyo de la patronal del sector, Aseata. UGT y CC OO aseguran que han intentado alcanzar un acuerdo con las empresas, pero las conversaciones no han permitido lograr una posición común. Esta falta de consenso se repite en otras actividades que también reclaman adelantar la jubilación, como la construcción y la ayuda a domicilio. Entre las principales objeciones empresariales figura el impacto económico de la medida, que implica un incremento de las cotizaciones sociales para financiar el coste del anticipo de la jubilación. La Seguridad Social, por su parte, prefiere que las solicitudes cuenten con el respaldo conjunto de sindicatos y patronales. Es el caso de los expedientes del transporte de mercancías y de viajeros, que se encuentran entre los más avanzados. En el primero está prevista la convocatoria de una comisión de expertos para evaluar la documentación, mientras que el segundo permanece pendiente de algunos informes. En ambos sectores, el apoyo empresarial se consiguió después de que las organizaciones sindicales condicionaran la desactivación de posibles movilizaciones a la aceptación de sus reivindicaciones. Sin embargo, la tramitación de estos expedientes acumula importantes retrasos. Aunque la normativa establece un plazo de seis meses para que la Seguridad Social responda, ha transcurrido aproximadamente un año desde su presentación sin que se haya producido una resolución. Los sindicatos denuncian que el Ministerio ha incumplido los plazos previstos, incluso teniendo en cuenta que la recepción efectiva de la documentación se produjo con posterioridad a su registro. La convocatoria electoral tampoco debería alterar los tiempos administrativos establecidos para estos procedimientos. La demora ha elevado la tensión sindical. CC OO ha advertido de que podría convocar una huelga indefinida si el actual Gobierno o el próximo mantienen paralizada la tramitación o rechazan finalmente las solicitudes. Como primera medida, ha anunciado movilizaciones ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social entre el 11 y el 29 de noviembre. La organización insiste en que su protesta no responde a intereses partidistas, sino a la exigencia de que se cumplan los plazos legales. Por su parte, USO también ha reclamado la convocatoria de una huelga general ante el estancamiento de las negociaciones sobre la jubilación anticipada de los conductores profesionales. Otros colectivos han conseguido acceder a los coeficientes reductores mediante la aprobación de normas específicas, sin necesidad de recurrir al nuevo procedimiento administrativo. Es el caso de los bomberos y agentes forestales, a quienes el Gobierno reconoció este derecho mediante decreto. También cuentan con sistemas de jubilación anticipada los mineros, los trabajadores del mar, determinados cuerpos de policías autonómicas y los pilotos de aviación. Precisamente, la situación de estos últimos ha llevado a las tripulantes de cabina a reclamar un tratamiento equivalente y el reconocimiento de la jubilación anticipada mediante decreto. El Congreso ha respaldado recientemente una proposición no de ley de Sumar que insta al Gobierno a concederles este derecho. De esta forma, las reivindicaciones para adelantar la edad de retiro se extienden a nuevos sectores profesionales, mientras continúa pendiente la resolución de varios expedientes que ya llevan meses en tramitación.

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(El Economista, 03-11-2026) | Laboral

El Tribunal Supremo obliga a devolver la indemnización por despido si la nueva empresa es forzada a readmitir al trabajador

El Tribunal Supremo ha establecido que un trabajador que haya recibido la indemnización legal por un despido colectivo en una empresa saliente deberá devolver íntegramente esa cantidad si la nueva adjudicataria de la contrata resulta condenada a readmitirlo por haberse declarado nulo el despido al existir una sucesión empresarial. Así lo determina una sentencia de 7 de octubre de 2026, en la que el alto tribunal unifica doctrina sobre esta cuestión. La magistrada ponente, García-Perrote Escartín, considera que la relación laboral debe entenderse vigente de manera ininterrumpida. La sentencia fundamenta este criterio en la aplicación de las normas que regulan la sucesión de empresas y en la doctrina consolidada sobre las consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad de un despido. El fallo señala que la obligación de readmisión impuesta a la nueva adjudicataria supone restablecer plenamente la relación laboral original, sin que exista interrupción desde la fecha en que se produjo el cese. Esta circunstancia hace desaparecer el fundamento jurídico que justificaba el pago de la indemnización, por lo que el trabajador no puede conservar una compensación económica correspondiente a una extinción contractual que finalmente ha sido declarada nula. El conflicto se originó cuando la empresa que prestaba inicialmente el servicio llevó a cabo un despido colectivo y abonó al trabajador la indemnización legal tras finalizar la contrata. Posteriormente, una nueva empresa obtuvo la adjudicación del servicio, pero rechazó expresamente subrogarse en los contratos de los trabajadores de la anterior adjudicataria. Ante esta negativa, el empleado afectado impugnó judicialmente su despido. Para resolver la controversia, el Tribunal Supremo se apoya principalmente en el artículo 1895 del Código Civil, relativo al cobro de lo indebido. La Sala entiende que, ante la falta de una regulación específica en el Estatuto de los Trabajadores sobre la devolución de cantidades percibidas indebidamente en estas circunstancias, resulta aplicable de forma supletoria la normativa civil. Asimismo, la resolución recuerda que los artículos 123.3 y 124.11 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establecen expresamente que, cuando la sentencia determina la readmisión del trabajador, este debe devolver la indemnización recibida una vez que la resolución judicial adquiere firmeza. De este modo, el Supremo confirma que la recuperación de la relación laboral por efecto de la nulidad del despido obliga también a restituir la compensación económica abonada por su extinción. (El Economista, 03-11-2026) El Tribunal Supremo rechaza que la empresa deba pagar atrasos si el INE corrige el PIB meses después Las empresas no están obligadas a abonar atrasos salariales cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) revisa al alza meses después una cifra del PIB que ya se había utilizado para calcular una actualización retributiva. Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 9 de octubre de 2026, en la que fija como criterio que las cláusulas de revisión salarial vinculadas a indicadores económicos oficiales deben aplicarse tomando como referencia el primer dato publicado por el organismo estadístico. El alto tribunal aclara que las revisiones posteriores de esas cifras no modifican las tablas salariales que ya han sido establecidas, salvo que el convenio colectivo contemple expresamente un mecanismo de actualización retroactiva. De este modo, la publicación de nuevos datos estadísticos no genera automáticamente el derecho de los trabajadores a percibir cantidades adicionales. La Sala de lo Social fundamenta su decisión en los principios de seguridad jurídica y estabilidad de las condiciones salariales. A su juicio, admitir que cada modificación posterior de los indicadores económicos pueda dar lugar a nuevas liquidaciones supondría mantener una incertidumbre constante sobre las retribuciones y las cantidades ya abonadas. Además, considera que la interpretación literal y sistemática de las cláusulas del convenio permite entender que la comprobación de los datos oficiales en un único momento y para una sola liquidación pone fin al procedimiento de revisión. El Supremo también tiene en cuenta los antecedentes y la actuación de los representantes de trabajadores y empresarios. En anteriores ejercicios, cuando las revisiones estadísticas del PIB habían corregido a la baja las cifras iniciales, tampoco se había exigido a los empleados que devolvieran parte de las cantidades percibidas. Este comportamiento confirma, según la sentencia, que la intención de los negociadores era mantener como referencia el primer dato publicado. Asimismo, considera que la comisión mixta paritaria actuó dentro de sus competencias al utilizar esa cifra para determinar la revisión salarial definitiva. El conflicto tiene su origen en una demanda colectiva presentada por la Federación de Sindicatos de Banca, Bolsa, Ahorro, Entidades de Crédito, Seguros y Oficinas y Despachos de la Confederación General del Trabajo contra las patronales del sector asegurador y los sindicatos CCOO y UGT, en relación con el convenio colectivo de seguros, reaseguros y mutuas. El convenio establecía para 2023 una actualización salarial vinculada a la evolución de la economía. En abril de 2024, la comisión mixta determinó la revisión definitiva tomando como referencia un crecimiento inicial del PIB del 2,5% y una inflación del 3,1%, y procedió a aplicar la subida correspondiente. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, el INE revisó al alza el crecimiento económico de 2023, elevándolo hasta el 2,7%. A raíz de esta modificación, la organización sindical demandante reclamó un incremento adicional del 0,6%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, al considerar que la actualización del PIB debía trasladarse también a las retribuciones. La comisión paritaria rechazó la petición y la Audiencia Nacional desestimó inicialmente la demanda. Ahora, el Tribunal Supremo confirma ese pronunciamiento y respalda la aplicación del primer dato oficial del PIB publicado por el INE, descartando que su posterior revisión genere por sí misma el derecho a percibir nuevos atrasos salariales.

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(El Economista, 03-11-2026) | Laboral

Los asalariados que no pueden pagar lo básico superan ya el millón

La pobreza entre la población asalariada ha aumentado en España durante los últimos años, pese a la mejora general de los indicadores de riesgo de exclusión social. El número de trabajadores por cuenta ajena que no pueden afrontar gastos básicos, como mantener la vivienda a una temperatura adecuada, hacer frente a un imprevisto o pagar puntualmente el alquiler, se ha duplicado desde 2019 y supera ya el millón de personas. Así lo refleja la Encuesta de Condiciones de Vida, utilizada por Eurostat para medir la pobreza en los países de la Unión Europea. Esta estadística identifica como situación de carencia material y social severa aquella en la que una persona no puede permitirse al menos siete de los trece gastos considerados básicos, entre ellos consumir carne o pescado cada dos días, renovar la ropa deteriorada o mantener encuentros sociales al menos una vez al mes. En 2019, esta situación afectaba a 591.000 asalariados, el 3,6% del total. En 2025, la cifra ha ascendido a 1,25 millones, equivalente al 6,9%. En el conjunto de la Unión Europea, el indicador apenas ha variado durante el mismo periodo, al pasar del 3,3% al 3,7%. La carencia material severa constituye uno de los tres factores que determinan el riesgo de pobreza o exclusión social, junto con disponer de unos ingresos familiares inferiores al 60% de la renta mediana y residir en un hogar con una intensidad laboral muy baja. Estos tres elementos conforman la tasa AROPE, utilizada por las instituciones europeas para evaluar la situación social de los Estados miembros. Entre los trabajadores asalariados españoles, este indicador ha pasado del 12,7% en 2015 al 14,8% en 2025, su nivel más elevado desde que existen registros, después de aumentar casi un punto en el último ejercicio. La evolución contrasta con la del conjunto de la población de entre 18 y 64 años, cuya tasa ha descendido del 31,3% al 25,5%. En términos absolutos, los trabajadores asalariados en riesgo de pobreza o exclusión social alcanzan los 2,69 millones, unos 928.000 más que en 2015. El incremento responde tanto al aumento del número de personas ocupadas por cuenta ajena como al empeoramiento de su situación relativa. Si la tasa se hubiera mantenido en el 12,7% registrado hace una década, el crecimiento del colectivo habría sido de aproximadamente 550.000 personas. Los 380.000 restantes se explican por el aumento del porcentaje de asalariados afectados. La evolución de los tres componentes de la tasa AROPE muestra que el deterioro no se debe principalmente a una caída de los ingresos respecto al umbral de pobreza. De hecho, el porcentaje de asalariados que viven en hogares con rentas inferiores al 60% de la mediana ha disminuido del 11,4% en 2019 al 9,6% actual. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores que sufren carencia material severa dispone de ingresos superiores a ese límite. Las estimaciones realizadas a partir de los datos de Eurostat sitúan entre 870.000 y 950.000 el número de asalariados en esta situación, lo que representa entre el 70% y el 75% del total. En 2019, esa proporción se encontraba entre el 36% y el 50%. Esta aparente contradicción se explica por la diferente metodología de ambos indicadores. El umbral de pobreza se calcula tomando como referencia el 60% de la renta mediana, por lo que aumenta cuando crecen los ingresos generales de la población, aunque los hogares con menos recursos no experimenten una mejora equivalente de su capacidad adquisitiva. La carencia material, por el contrario, refleja directamente la posibilidad de afrontar determinados gastos teniendo en cuenta los precios vigentes en cada momento. Un fenómeno similar se produjo durante la crisis financiera, cuando la caída generalizada de las rentas redujo también el umbral de pobreza. Como consecuencia, el porcentaje de asalariados con ingresos inferiores a ese límite llegó a bajar hasta el 8,3% en 2013, en pleno proceso de destrucción de empleo, y no volvió a aumentar hasta el año siguiente. El encarecimiento del coste de la vida aparece como uno de los principales factores que explican el aumento de las dificultades económicas de los trabajadores. El primer deterioro significativo se produjo en 2020, durante la pandemia, cuando la proporción de asalariados que no podían cubrir los gastos básicos alcanzó el 5,5%. Posteriormente, la fuerte inflación de 2022 volvió a elevar el indicador, que llegó al 6,8% en 2023. Desde entonces se ha mantenido en una horquilla de entre el 6,5% y el 6,9%. No obstante, los datos disponibles no permiten determinar con exactitud qué parte del incremento responde al encarecimiento de los precios ni identificar cuáles son los gastos que estos hogares han dejado de poder asumir. La evolución española también contrasta con la de otros países europeos. En 2015, España ocupaba la decimocuarta posición de la Unión Europea en carencia material severa entre los asalariados y registraba una tasa inferior a la media comunitaria, que entonces se situaba en el 5,1%. Una década después, ha pasado a ocupar el tercer puesto, únicamente por detrás de Grecia, con un 9,2%, y Bulgaria, con un 8,2%. La proporción española prácticamente duplica la media europea. En cambio, Italia y Portugal han conseguido reducir considerablemente sus niveles de carencia entre los trabajadores. La tasa italiana ha descendido del 7,7% al 3,1%, mientras que la portuguesa ha pasado del 6,4% al 2,2%. Entre las principales economías europeas, Alemania también ha registrado un empeoramiento desde 2019, al elevarse su indicador del 1,2% al 3,6%, aunque permanece muy por debajo del español. Francia presenta una tasa del 3,9%.

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(El Economista, 02-11-2026) | Laboral

La creación de empleo en España bajará a la mitad en los próximos dos años

La creación de empleo en España, que desde 2021 ha permitido generar alrededor de 3,5 millones de puestos de trabajo, afronta una etapa de menor dinamismo. Tras varios años de intenso crecimiento, las previsiones apuntan a una moderación progresiva del mercado laboral. Según Funcas, durante los dos próximos años el empleo crecerá a una media anual del 1,3%, aproximadamente la mitad del ritmo registrado entre 2023 y 2025. La institución estima que el avance del 2,3% previsto para 2026 dará paso a incrementos del 1,6% en 2027 y del 1% en 2028. Esta evolución también se reflejará en la reducción del desempleo, que será cada vez más lenta: después de disminuir seis décimas el próximo año, apenas retrocederá tres décimas en 2028, hasta situarse en el 9%. En conjunto, Funcas calcula que se crearán 770.000 empleos netos hasta ese ejercicio. El director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, considera que la evolución de la población activa será determinante para explicar el comportamiento del mercado laboral, ya que el crecimiento económico español depende actualmente más de la incorporación de trabajadores que de las mejoras de productividad. La desaceleración de la ocupación también se aprecia en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, que reflejan un avance de apenas el 0,32%. La pérdida de impulso ya se había manifestado entre finales de 2025 y comienzos de 2026, cuando el crecimiento del empleo pasó del 0,84% al 0,42%. Las proyecciones del Banco de España coinciden en señalar esta moderación, aunque mantienen unas perspectivas algo más favorables que las de Funcas. En sus estimaciones de octubre de 2026, el organismo prevé que el empleo aumente un 2% este año y un 1,8% en 2027. Sus analistas advierten, no obstante, de que el ritmo de creación de puestos de trabajo irá perdiendo intensidad a lo largo del periodo analizado y que la reducción de la tasa de paro también será más gradual. Las empresas consultadas para elaborar estas previsiones confirman que, una vez descontados los efectos estacionales, la generación de empleo está perdiendo fuerza, especialmente en la agricultura, las actividades inmobiliarias y el comercio. El comercio, el transporte y la hostelería muestran algunos de los síntomas más evidentes de este cambio de tendencia. Según los datos de la Contabilidad Nacional del tercer trimestre publicados por el INE, estas actividades registraron una pérdida cercana a los 350.000 ocupados entre el segundo y el tercer trimestre de 2026. En la construcción, el descenso fue de unos 51.000 trabajadores. Estas cifras resultan especialmente significativas porque el tercer trimestre incluye los meses de verano, un periodo en el que tradicionalmente aumenta la ocupación por las necesidades de contratación vinculadas a la actividad turística. Los expertos consideran que algunos de los sectores que han impulsado el empleo desde 2021, como la hostelería, el comercio minorista y el turismo, están alcanzando límites en su capacidad para seguir generando puestos de trabajo al mismo ritmo. A esta situación se suma la pérdida de intensidad de los principales componentes del crecimiento económico. Una expansión más moderada del PIB reduce las posibilidades de las empresas de ampliar sus plantillas y limita la demanda de nuevos trabajadores. Funcas también prevé una menor aportación de la población española a la afiliación, de manera que la incorporación de trabajadores extranjeros tendrá un papel cada vez más relevante para compensar el retroceso de la población activa nacional. Esta evolución dependerá, en buena medida, de que se cumplan las previsiones de crecimiento económico contempladas por la institución. Las perspectivas de Funcas reflejan, además, un escenario económico menos favorable que el de los últimos ejercicios. La fundación estima que la inflación alcanzará el 3,7% en 2026 y el 3,1% en 2027, lo que continuará reduciendo la capacidad adquisitiva de los hogares. A este factor se añade el encarecimiento de la financiación y de la deuda pública, que puede limitar el crecimiento de la economía. En sus previsiones de otoño, Funcas calcula que el PIB pasará de crecer un 2,5% este año a un 1,8% en 2027 y un 1,7% en 2028. La moderación también afectará a la demanda interna, cuya contribución al crecimiento bajará de tres puntos en 2026 a 2,1 en 2027 y dos en 2028. Por su parte, la aportación del sector exterior se reducirá desde cinco décimas este año hasta tres décimas en cada uno de los dos ejercicios siguientes. El turismo también perderá parte del impulso que ha mantenido durante los últimos años. El Banco de España mantiene una visión algo más optimista sobre la evolución de la actividad. Aunque considera que el conflicto en Oriente Medio seguirá presionando al alza los precios, no espera que limite el crecimiento del PIB durante los últimos meses de 2026. Para 2027, sin embargo, prevé una expansión del 2,2%, cuatro décimas inferior a la de los dos ejercicios anteriores. La revisión al alza de sus estimaciones económicas respecto a las publicadas en junio también se ha trasladado a sus previsiones laborales. En octubre, el organismo elevó hasta el 1,8% su pronóstico de crecimiento del empleo para 2027, tres décimas más que en su anterior estimación. Por último, Funcas destaca la importancia del crecimiento demográfico asociado a la llegada de población extranjera para sostener la oferta de mano de obra. La población residente continúa aumentando a tasas trimestrales próximas al 0,2%, aunque también comienza a mostrar signos de desaceleración. Durante el primer semestre de 2026, la población activa creció a un ritmo del 1,8%, impulsada fundamentalmente por los trabajadores extranjeros, mientras que la población activa española registró un retroceso. La evolución de estos flujos demográficos será, por tanto, uno de los factores que condicionarán la capacidad de la economía española para mantener el empleo en los próximos años.

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(El Economista, 02-11-2026) | Laboral

El mercado laboral pierde a más de 100.000 autónomos en solo nueve meses

La pérdida de dinamismo del mercado laboral español está teniendo una incidencia especialmente acusada entre los trabajadores autónomos. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al tercer trimestre de 2026, reflejan que este colectivo se ha reducido en más de 100.000 personas desde comienzos de año, lo que representa un descenso del 3,2%. Se trata de una caída significativa, especialmente si se tiene en cuenta que corresponde únicamente a los nueve primeros meses del ejercicio. La evolución más reciente tampoco ofrece señales positivas. Según la EPA, entre julio y septiembre el número de trabajadores por cuenta propia disminuyó en 15.500 personas respecto al trimestre anterior, un retroceso del 0,5%, de acuerdo con los datos analizados por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). La organización que preside Lorenzo Amor pone el foco especialmente en la situación de los autónomos empleadores, es decir, aquellos que tienen trabajadores contratados y desempeñan un papel importante en la generación de empleo. Aunque este colectivo aumentó en 17.500 personas durante el tercer trimestre, un 1,88% más que en el periodo anterior, la comparación interanual muestra una evolución desfavorable. En concreto, se contabilizan 12.300 autónomos empleadores menos que en el mismo trimestre de 2025, lo que supone una caída del 1,28%. También resulta preocupante la evolución de los empresarios que desarrollan su actividad sin trabajadores asalariados. Este grupo perdió 43.000 efectivos durante el tercer trimestre y acumula una reducción de cerca de 107.300 personas en los últimos doce meses. Dentro del conjunto de trabajadores por cuenta propia, las ayudas familiares constituyen la única categoría que registra una evolución positiva, con un incremento de 8.900 personas entre julio y septiembre. Ante este escenario, las organizaciones empresariales de autónomos advierten de las consecuencias que puede tener la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre sobre la actividad de los pequeños negocios. Sin embargo, los sindicatos mantienen una posición diferente y consideran que los trabajadores por cuenta propia también tienen motivos para respaldar la convocatoria. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendió que los autónomos tienen numerosas razones para cerrar temporalmente sus establecimientos y participar en la movilización. A su juicio, la mejora del Salario Mínimo Interprofesional es también una cuestión que afecta directamente a sus negocios, ya que el aumento de las rentas de los trabajadores puede favorecer el consumo en bares, comercios y talleres. En este sentido, sostiene que unos salarios insuficientes reducen la capacidad de gasto de los ciudadanos y terminan repercutiendo en los ingresos de los pequeños empresarios. Álvarez también señaló el encarecimiento de los locales comerciales como otro de los problemas que afectan al colectivo. Según explicó, los alquileres han experimentado fuertes subidas en numerosas ciudades, una situación que relacionó, entre otros factores, con la transformación de bajos comerciales en viviendas destinadas al alquiler turístico. El dirigente sindical hizo un llamamiento a los autónomos para que se sumen a la huelga del 11 de noviembre y extendió la convocatoria a los trabajadores asalariados. Como argumento, aludió al aumento de los conflictos laborales que se están produciendo en distintos sectores, entre ellos la industria conservera y el metal en la Región de Murcia.

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