(Expansión, 17-11-2026) | Laboral
Las pensiones: un "rescate" de 350.000 millones en diez años
La falta de ingresos procedentes de las cotizaciones sociales para cubrir el conjunto de las prestaciones de la Seguridad Social obliga al Estado a recurrir cada año a los recursos de los impuestos para financiar el sistema. La sostenibilidad de las pensiones constituye uno de los principales desafíos económicos, tanto por su dimensión financiera como por la ausencia de propuestas concretas de los partidos políticos para corregir el desequilibrio. Las cifras de las transferencias estatales a la Seguridad Social reflejan la magnitud del problema. Entre 2016 y 2025, el Estado ha aportado un total de 351.331 millones de euros para evitar que el déficit del sistema siga aumentando. El Gobierno defiende que la financiación de las pensiones mediante ingresos tributarios es habitual en otros países de la Unión Europea. Sin embargo, en España, el volumen de estas aportaciones ha crecido de manera muy significativa. Las previsiones de la Airef apuntan a que en 2050 podrían alcanzar cerca de 85.000 millones de euros anuales. El incremento de las transferencias presupuestarias responde al crecimiento de los gastos, que avanzan a un ritmo superior al de los ingresos ordinarios por cotizaciones sociales. En 2025, las aportaciones del Estado sumaron 52.924 millones de euros, un 192% más que en 2018, cuando ascendieron a 18.081 millones, antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Tres factores explican principalmente esta evolución. El primero fue la pandemia, que obligó a reforzar los recursos de la Seguridad Social para financiar prestaciones extraordinarias y bonificaciones de cotizaciones vinculadas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El segundo está relacionado con la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que comenzó a aplicarse en 2019 y quedó consolidada legalmente con la reforma de la Seguridad Social de 2021. A estos elementos se suma el aumento del gasto en prestaciones por incapacidad temporal, derivadas de las bajas laborales, cuya factura superó los 18.000 millones de euros en 2025. Una nota publicada por Fedea, basada en un estudio del investigador de la Universidad de las Hespérides Santiago Calvo, cuestiona que la situación financiera del sistema pueda considerarse sostenible, pese a que la Seguridad Social continúe abonando con normalidad las prestaciones. El análisis sitúa el déficit contributivo en torno al 4% del PIB. El investigador considera que los argumentos utilizados por el Gobierno para defender la solidez del sistema de pensiones no son necesariamente incorrectos, pero que, considerados en su conjunto, ofrecen una visión parcial de su situación financiera. Entre ellos figuran el Fondo de Reserva, que el Ministerio de Seguridad Social cifra en unos 20.000 millones de euros, las evaluaciones favorables de la Airef sobre el cumplimiento de la regla de gasto y los máximos históricos de afiliación, con 22,4 millones de cotizantes y una relación de 2,51 trabajadores por pensionista. Calvo matiza que estos datos no permiten afirmar que el sistema esté al borde de la quiebra. Un modelo de reparto respaldado por el Estado puede seguir haciendo frente a sus obligaciones mientras las administraciones públicas estén en condiciones de cubrir sus desequilibrios y los mercados mantengan la financiación de la deuda necesaria para ello. A esta situación se añade el aumento de la deuda de la Seguridad Social con el Estado, que pasó de 18.500 millones de euros en 2016 a 116.000 millones en 2025, equivalentes a unos 136.000 millones en euros corrientes. Este endeudamiento está relacionado con los préstamos presupuestarios que el Estado concede al sistema, por un importe aproximado de 10.000 millones de euros, y que se utilizan en los últimos años para financiar, entre otros compromisos, alguna de las pagas extraordinarias de las pensiones. A diferencia de las transferencias, estos préstamos sí quedan registrados como pasivo.
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