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(La Vanguardia, 10-04-2026) | Laboral

¿Tienes pensado jubilarte a los 64 años este año? El requisito de cotización que debes cumplir para no perder tu derecho

Actualmente, es posible dejar de trabajar y comenzar a percibir la pensión de jubilación antes de alcanzar la edad ordinaria fijada por la ley, siempre que se cumplan determinados requisitos. Sin embargo, para compensar el mayor tiempo durante el que se cobrará la prestación, la normativa de la Seguridad Social establece una serie de recortes sobre la base que determina la cuantía de la pensión, según explica Isabel Ramos, responsable del área laboral de Unive Abogados. Estas reducciones tienen carácter definitivo, lo que significa que adelantar la jubilación implica una disminución económica que se mantendrá durante toda la vida del pensionista. En cuanto a la edad ordinaria de jubilación, en 2026 se sitúa, con carácter general, en 66 años y 10 meses. No obstante, quienes acrediten al menos 38 años y tres meses de cotización podrán jubilarse a los 65 años. Además, las personas que se encuentren a un máximo de dos años de esa edad legal podrán optar por la jubilación anticipada voluntaria, siempre que cumplan con los requisitos establecidos, como señala la abogada laboralista Sheila Manzanares. Para acceder a esta modalidad, se exige un periodo mínimo de cotización de 35 años, tal y como indican desde Unive Abogados. Por otro lado, cuando la jubilación se produce por causas ajenas al trabajador, las condiciones son más flexibles. Asimismo, en determinadas profesiones consideradas de riesgo -como la minería, el personal de vuelo, los bomberos o la policía local- existen condiciones específicas, permitiendo en algunos casos acceder a la jubilación a partir de los 52 años, según apunta Isabel Ramos. La reducción de la pensión se calcula mediante la aplicación de coeficientes sobre la base reguladora por cada mes que se adelante la jubilación respecto a la edad ordinaria. De este modo, el porcentaje de recorte dependerá tanto del número de meses de adelanto como del total de años cotizados por el trabajador.

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(El Economista, 10-04-2026) | Laboral

Las dimisiones de trabajadores con contrato indefinido se cuadruplican y suman 336.000

Las dimisiones se han convertido en uno de los fenómenos más llamativos del mercado laboral tras la reforma laboral. Desde su aprobación, las renuncias se han disparado, pasando de 203.000 en los dos primeros meses del año a 434.000 en 2026. Este aumento se debe sobre todo a los trabajadores con contrato indefinido, cuyas dimisiones se han cuadruplicado desde 2021, al pasar de 81.000 a más de 336.000 en el inicio de 2026. No se trata solo de que haya más empleados fijos, sino de que su propensión a dejar el trabajo se ha multiplicado por tres, alcanzando niveles nunca vistos. Los datos por tipo de contrato rompen algunos tópicos: los trabajadores temporales siguen teniendo más probabilidades de dimitir que los indefinidos, lo que evidencia el peso de la precariedad. Sin embargo, el fuerte incremento de renuncias entre los fijos también refleja una realidad preocupante. Según la Seguridad Social, en 2025 se superaron por primera vez los 3 millones de dimisiones (3,07 millones). Solo en los dos primeros meses de 2026 ya se registran más de 433.000, un 114% más que en 2021. De ellas, el 77% corresponden a trabajadores indefinidos, cuyas renuncias han crecido un 318%. Aunque el ritmo de crecimiento se ha moderado en los últimos años, no muestra signos de retroceso. Este comportamiento resulta llamativo en un contexto donde el empleo sigue creciendo, aunque a menor ritmo que en 2022 y 2023, y con una tasa de paro cercana al 10%. Si las dimisiones indican tensión en el mercado laboral, las empresas podrían estar teniendo dificultades para retener talento, especialmente si se analiza el perfil de quienes abandonan sus puestos. Desde la reforma laboral, los trabajadores indefinidos han pasado de representar el 39% al 77% de las dimisiones, alcanzando los 2,33 millones en 2025, un 230% más que antes de la reforma. Aunque este cambio se explica en parte por el mayor peso de los contratos fijos, sorprende el fuerte aumento de renuncias en un país donde todavía más de la mitad de los contratos siguen siendo temporales. Además, las dimisiones de indefinidos muestran una marcada estacionalidad, con picos coincidiendo con las temporadas turísticas, un patrón que antes era más propio de los temporales. Algunos expertos atribuyen este fenómeno al aumento del número total de asalariados, especialmente indefinidos. Desde diciembre de 2021, el empleo asalariado ha crecido en 2,2 millones de personas, impulsado por un incremento de 3,9 millones de trabajadores fijos (hasta 13,7 millones), que ha compensado la caída de 2,1 millones de temporales (actualmente en 1,9 millones). De este modo, los indefinidos han pasado de representar el 64% al 78% de los afiliados al Régimen General, un peso muy similar al que tienen en las dimisiones. Sin embargo, analizar solo cifras absolutas no es suficiente: también hay que tener en cuenta la incidencia, es decir, el porcentaje de dimisiones sobre el total de trabajadores. En este sentido, las dimisiones suponen el 1,3% del total de asalariados, una cifra modesta en comparación con otros países como Estados Unidos, donde alcanzan el 1,9%. No obstante, mientras allí han descendido desde los máximos de 2022, en España se han duplicado desde el 0,6% registrado tras la reforma laboral, en parte debido a la menor presencia de contratos temporales. En España, la principal causa de baja laboral sigue siendo la finalización de contratos temporales, con un 4,7% del total del empleo, aunque este porcentaje ha bajado respecto al 5,4% previo a la reforma. En paralelo, han ganado peso tanto las dimisiones como el paso a la inactividad de los fijos discontinuos, que representan el 1,7% del empleo pese a su reducido peso en el total. Más allá de estos cambios estructurales, también ha aumentado la frecuencia de las dimisiones dentro de cada tipo de contrato. Entre los temporales, la tasa ha pasado del 1,5% al 2,2%, mientras que entre los indefinidos se ha triplicado, del 0,4% en 2021 al 1,2% en 2026, el nivel más alto registrado para ese periodo. En otros colectivos, como funcionarios o cargos públicos, también se ha observado un aumento, del 0,1% al 0,3%.

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(El País, 10-04-2026) | Laboral

Cataluña vuelve a superar a Madrid en afiliados a la Seguridad Social gracias al tirón del turismo

El tirón del turismo ha vuelto a colocar a Cataluña por delante de la Comunidad de Madrid en número de afiliados a la Seguridad Social, tras tres meses en los que la región madrileña había liderado este indicador. Según los datos de marzo, Cataluña cuenta con 3.882.774 afiliados, superando en 3.354 a Madrid, que registra 3.879.420. Históricamente, Cataluña había ocupado siempre la primera posición desde que existen registros comparables (1999), pero esta tendencia se rompió en diciembre, cuando Madrid logró situarse por delante, manteniendo esa ventaja durante enero y febrero. Ahora, con el impulso del empleo ligado a la Semana Santa, Cataluña recupera momentáneamente el liderazgo. No obstante, los expertos consideran que se trata de un fenómeno puntual y que, a largo plazo, Madrid volverá a encabezar la clasificación. El economista Manuel Alejandro Hidalgo, de la Universidad Pablo de Olavide, señala que el dato de marzo responde a la estacionalidad turística. Aunque Cataluña tiene una economía diversificada, el turismo genera picos de empleo en momentos concretos como la Semana Santa, pero ese impulso no siempre se mantiene en el tiempo. En la misma línea, Javier Vázquez-Grenno, de la Universidad de Barcelona, apunta que el aumento de afiliados se concentra en zonas turísticas como Girona y Tarragona, y que podría prolongarse en verano, aunque la tendencia estructural sigue favoreciendo a Madrid. Más allá de este repunte puntual, lo relevante es cómo Madrid ha ido ganando terreno en afiliación hasta superar a Cataluña a finales de 2025, una posición que previsiblemente consolidará en el futuro. Cataluña cuenta con una población de 8,15 millones de habitantes, frente a los 7,13 millones de Madrid. Este mayor tamaño, junto con el peso histórico de su industria y turismo, ha hecho que tradicionalmente liderase tanto en afiliación como en aportación al PIB. Sin embargo, esta situación empezó a cambiar en la última década. En términos de riqueza, Madrid ya superó a Cataluña hace años. Desde 2000, cuando la economía madrileña era un 7,5% menor, fue recortando distancias hasta superarla en 2012 y nuevamente en 2017, coincidiendo con el proceso independentista. Desde entonces, Madrid se ha mantenido por delante. En 2025, según estimaciones, Cataluña aportó el 19,86% del PIB nacional, frente al 19,96% de Madrid. En afiliación, el cambio ha sido más tardío. En 1999, Cataluña tenía 2,54 millones de afiliados frente a los 2,06 de Madrid, manteniendo el liderazgo hasta diciembre de 2025, cuando Madrid la superó por primera vez. Esa ventaja continuó en enero y febrero de 2026. Según Hidalgo, este cambio se debe principalmente al dinamismo de Madrid más que a una pérdida de fuerza de Cataluña. Factores como su condición de capital, la concentración de sedes empresariales, la atracción de inversión y el desarrollo de nuevas actividades económicas impulsan la creación de empleo en la región madrileña. Además, Madrid actúa como polo de atracción de trabajadores, especialmente cualificados, procedentes de otras comunidades. Por su parte, Vázquez destaca el crecimiento estructural de Madrid, también en el ámbito turístico, pero con menor dependencia de la estacionalidad. A ello se suman ventajas como la atracción de empresas internacionales y tecnológicas, favorecidas por una fiscalidad más baja, y su apuesta por eventos y sectores que antes estaban más vinculados a Barcelona. Aun así, el hecho de que Madrid domine la tendencia de fondo no impide que Cataluña pueda recuperar puntualmente el liderazgo, especialmente en momentos de alta actividad turística. Aunque su economía no depende exclusivamente del turismo, como ocurre en Baleares o Canarias, este sector sí genera incrementos temporales de empleo que marcan la diferencia en determinados periodos.

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(El País, 10-04-2026) | Laboral

La Seguridad Social modera el impacto del gasto en pensiones al 14% del PIB hasta 2050 tras la alarma por su elevado coste

El aumento del gasto en pensiones y su efecto sobre las cuentas públicas sigue siendo un tema delicado que enfrenta a Gobierno, oposición y expertos. Con el objetivo de asegurar la viabilidad futura del sistema, el Ejecutivo ha presentado una nueva herramienta de análisis que, según fuentes de la Seguridad Social, ofrece previsiones más precisas y fiables que las existentes hasta ahora. Este modelo, denominado INTegraSS, plantea un impacto del gasto en pensiones sobre el PIB más contenido que el estimado por otros organismos, en un contexto de creciente preocupación por su coste. La herramienta, presentada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, pretende ofrecer la estimación más realista posible con los datos actuales. Sus primeras proyecciones sitúan el gasto total en pensiones -incluyendo las contributivas, las de funcionarios y las asistenciales- en una media del 14% del PIB entre 2022 y 2050. Esta cifra es inferior a las calculadas por instituciones como la AIReF (14,4%) o la Comisión Europea (en torno al 14,6% tras ajustes). En la actualidad, el gasto se sitúa ligeramente por debajo del 13% del PIB. Para elaborar estas previsiones, el modelo utiliza un amplio conjunto de datos, que abarca desde pensiones en vigor y altas y bajas del sistema, hasta información detallada de 34 generaciones de trabajadores (nacidos entre 1938 y 1972), incluyendo variables como edad, sexo o tipo de prestación. Todo ello se combina con proyecciones macroeconómicas y demográficas, basadas en estimaciones oficiales del INE, con criterios prudentes según el Gobierno. Aunque esta herramienta permitirá anticipar decisiones y se actualizará periódicamente, sus resultados no sustituirán a los cálculos de la Comisión Europea, que seguirán siendo la referencia oficial, ni a los análisis de la AIReF, que utiliza dichas estimaciones comunitarias para evaluar el sistema. El peso del gasto en pensiones es clave para medir la sostenibilidad del sistema y condiciona el diseño de la política fiscal. La última reforma incluyó una "cláusula de cierre", que obliga a adoptar medidas si el gasto supera ciertos límites en relación con los ingresos. La AIReF es el organismo encargado de revisar esta situación cada tres años. En su última evaluación, realizada hace un año, España evitó por poco activar esta cláusula, al situarse el gasto neto en el 13,2% del PIB, apenas una décima por debajo del umbral fijado (13,3%). No obstante, el informe fue crítico, señalando deficiencias metodológicas derivadas de las indicaciones del Gobierno, y advirtiendo que sus conclusiones no permitían valorar con fiabilidad la sostenibilidad del sistema. Una de las principales discrepancias, compartida en parte por Bruselas, se centra en el tratamiento de las transferencias del Estado a la Seguridad Social, que el Gobierno contabiliza como ingresos. Ante esta situación, la Comisión Europea ha solicitado una nueva evaluación antes de junio de 2026, como parte del seguimiento vinculado a los fondos europeos. A la espera de ese nuevo informe, el Ejecutivo confía en que el sistema vuelva a superar la revisión sin necesidad de aplicar ajustes. Argumenta que el crecimiento económico y el aumento de las cotizaciones, impulsados por el empleo y el PIB, podrían compensar la eliminación de esas transferencias en el cálculo. Más allá de los resultados iniciales, el Gobierno subraya la utilidad de esta herramienta para tomar decisiones con suficiente antelación en un ámbito como el de las pensiones, donde los efectos se proyectan a largo plazo. Según Cuerpo, hasta ahora este tipo de análisis ha sido insuficiente frente al peso de las previsiones a corto plazo, lo que en ocasiones ha llevado a legislar con escasa información. Por su parte, Elma Saiz ha destacado que resultaba incoherente que, disponiendo de todos los datos del sistema público, España no contara con una herramienta propia de proyección. A partir de ahora, INTegraSS será la base para realizar estimaciones oficiales y evaluar el impacto de posibles reformas en el sistema de pensiones.

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(Expansión, 10-04-2026) | Laboral

Yolanda Díaz, sobre el plan de control de bajas laborales anunciado por Rueda: "Es ilegal"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha afirmado que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional el plan anunciado por la Xunta por considerar que invade competencias estatales. La propuesta de control de las bajas laborales presentada por Alfonso Rueda, basada en reforzar el papel de las mutuas y crear unidades especializadas para tratar las dolencias más comunes, ha provocado una reacción firme por parte del Ejecutivo central. La ministra de Trabajo la ha calificado directamente de "ilegal". Durante su intervención en la clausura del proyecto itinerante "Formación en Ruta", impulsado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y la Fundación Laboral de la Construcción, Yolanda Díaz respondió a los medios insistiendo en que la iniciativa no se ajusta a la legalidad. Además, advirtió de que, si la Xunta de Galicia la desarrolla en los términos anunciados, el Gobierno la impugnará ante el Constitucional por extralimitarse en sus competencias. Según Díaz, la medida cuestiona tanto la labor de los profesionales sanitarios públicos como la propia gestión del sistema sanitario, además de abrir la puerta a su privatización. También recalcó que la gestión de las bajas laborales corresponde exclusivamente a los médicos. Por su parte, la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, defendió que existe una "responsabilidad social" de atender a las personas enfermas, aunque subrayó que Galicia se encuentra entre las comunidades con mayor número de bajas laborales. En este sentido, aseguró que el plan se plantea con voluntad de diálogo con sindicatos y otros agentes implicados. Desde la oposición, el principal grupo parlamentario reclamó al presidente gallego una disculpa por lo que consideran un trato injusto hacia los trabajadores, a los que acusan de presentar como defraudadores. La viceportavoz nacionalista Olalla Rodil pidió reforzar la sanidad pública en lugar de estigmatizar a los trabajadores o permitir que las mutuas obtengan beneficios de un derecho laboral. En una línea similar, el líder de los socialistas gallegos, Xosé Ramón Besteiro, señaló que la duración de las bajas laborales está relacionada con la saturación del sistema sanitario.

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(El Economista, 09-04-2026) | Laboral

De la "guerra por el talento" a hacer cola por un empleo

En los últimos años se ha generalizado la idea de que en España existe un gran número de puestos sin cubrir en todos los sectores, pero los datos no reflejan una auténtica "guerra por el talento" entre empresas. Según InfoJobs, en 2025 se ofertaron 4,25 millones de vacantes frente a 2,46 millones de candidatos. Sin embargo, estos pueden inscribirse en tantas ofertas como deseen, y de hecho lo hacen de forma masiva: se alcanzó un máximo de 136,6 millones de inscripciones, lo que supone una media de 56 candidaturas por cada puesto disponible. La evolución de estos indicadores es desigual. Mientras el número de candidatos crece con más fuerza -un 4,75% en el último año y un 15,4% desde 2019-, las ofertas apenas aumentan un 0,5% interanual y siguen un 3,5% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Por su parte, las inscripciones suben un 6,6% en el último año y un 26,6% respecto a antes de la crisis sanitaria. Estos datos difieren de otras fuentes, como la Encuesta Trimestral de Costes Laborales o plataformas como Indeed, que apuntan a un volumen de vacantes superior al de antes de la pandemia, aunque sin detallar cifras concretas ni su distribución por sectores. Además, las estadísticas mensuales presentan una alta volatilidad. En el caso de InfoJobs, los datos anuales reflejan una fuerte caída de la demanda en 2020, seguida de una recuperación intensa en los dos años posteriores y una posterior estabilización. También influye la reforma laboral, que ha incrementado el peso del empleo indefinido, reduciendo la necesidad de publicar tantas vacantes. De hecho, en marzo, el 44% de las ofertas correspondían a contratos indefinidos, en línea con los datos del SEPE. Por tanto, una menor publicación de ofertas no implica necesariamente una menor creación de empleo. En cuanto a los candidatos, su evolución ha sido más constante y sin grandes alteraciones por la pandemia. Su aumento no implica necesariamente más paro, ya que muchas personas con empleo también buscan nuevas oportunidades o trabajos adicionales, cada vez más a través de plataformas digitales. Actualmente, la diferencia entre vacantes y candidatos alcanza el 73%, el nivel más alto desde la pandemia (cuando llegó al 139%) y muy por encima del 44% de 2019. Este contexto explica el récord de inscripciones registrado. La media de 56 candidaturas por vacante es la más alta si se excluye 2020, cuando la ratio alcanzó 79 debido al desplome de ofertas. La tendencia actual refleja una mayor oferta de trabajadores frente a una demanda de empleo más estable, superando claramente las 42 inscripciones por puesto que se registraban en 2019. Por sectores, el mayor nivel de competencia en 2025 se da en comercio minorista, con 219 candidatos por vacante, seguido de administración de empresas (140), diseño y artes gráficas (81), recursos humanos (71) y marketing y comunicación (67). En cambio, los sectores con menor presión son administración pública (24), educación (26), ingeniería y áreas técnicas (30), calidad e I+D (33), inmobiliario y construcción (34), comercial y ventas (36) y oficios (37). Si se analiza el número de inscripciones por candidato, la media es de 32, una cifra bastante estable en los últimos años y solo ligeramente superior a la de etapas anteriores. Esto sugiere que el aumento total de candidaturas se debe principalmente a que hay más personas buscando empleo, y no a que cada una de ellas se inscriba en más ofertas. El perfil más habitual del candidato sería el de una mujer (53%), de entre 25 y 34 años (32%), con estudios universitarios (31%) y más de diez años de experiencia laboral (34%). Generalmente ha trabajado en atención al cliente (16%), posee conocimientos de idiomas (19%), reside en Madrid (19%) y ocupa un puesto de nivel empleado (73%).

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(El Economista, 09-04-2026) | Laboral

Los sindicatos demandan que los contratos sean por defecto fijos y a jornada completa

Tras el fracaso de la propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas y con la reforma del registro horario aún sin concretar, CCOO y UGT se han fijado como nuevo objetivo promover un cambio en la legislación laboral que establezca el contrato a jornada completa como la opción general, dejando el trabajo a tiempo parcial limitado a situaciones específicas, siguiendo una lógica similar a la aplicada en 2022 con los contratos temporales. Ambos sindicatos pretenden que las empresas tengan que justificar las razones por las que optan por contratar a alguien con una jornada inferior a la completa establecida en su sector o compañía. Con ello buscan frenar lo que consideran un uso abusivo de las horas complementarias, es decir, aquellas que los empleados realizan fuera de su horario habitual en función de las necesidades empresariales. Según explicó el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, se está consolidando un modelo que permite a las empresas disponer de una flexibilidad excesiva mediante este tipo de contratos, utilizando el trabajo a tiempo parcial como una fórmula para ajustar la disponibilidad de los trabajadores de manera unilateral. Desde el punto de vista sindical, obligar a justificar el uso del contrato parcial ayudaría a que solo quienes realmente desean trabajar menos horas se encuentren en esta situación. De hecho, datos de la Encuesta de Población Activa indican que el 44% de quienes trabajan a tiempo parcial lo hacen porque no han encontrado un empleo a jornada completa, lo que supone alrededor de 1,3 millones de personas, de las cuales cerca del 73% son mujeres. Actualmente, tras la última reforma laboral, los contratos se presumen indefinidos por defecto. Si prospera esta propuesta, también pasarían a ser mayoritariamente a jornada completa, salvo en casos justificados. Esto supondría una reducción significativa de la flexibilidad para las empresas. El Estatuto de los Trabajadores permite en la actualidad formalizar contratos a tiempo parcial siempre que se pacte una jornada inferior a la de un trabajador a tiempo completo en la misma empresa, incluyendo la posibilidad de acordar horas complementarias, que pueden llegar hasta el 75% de la jornada contratada según el convenio colectivo. Dado que estos trabajadores no pueden realizar horas extraordinarias, las horas complementarias se convierten en la principal herramienta para ajustar la carga de trabajo. Sin embargo, los sindicatos consideran que este sistema genera precariedad, ya que estas horas no siempre se remuneran mejor que las ordinarias y no existe garantía de que se vayan a realizar. Por ello, proponen que las empresas estén obligadas a convertir en contratos a jornada completa aquellos casos en los que el trabajador haya alcanzado más del 80% de la jornada completa sumando horas complementarias durante el año anterior. Además, plantean que estos empleados tengan prioridad para ocupar vacantes a tiempo completo dentro de la empresa tras seis meses de antigüedad, en línea con lo previsto para los fijos discontinuos en la última reforma. Así, las organizaciones sindicales sugieren fijar en el 80% de la jornada máxima el límite entre trabajo parcial y completo. Para quienes trabajen menos horas, plantean que puedan incorporar a su jornada habitual el promedio de horas complementarias realizadas el año anterior. También proponen ampliar de tres a siete días el plazo de preaviso que debe dar la empresa para cancelar horas complementarias previamente asignadas, así como permitir que el trabajador pueda desvincularse de este pacto tras un año. Actualmente, esta posibilidad está restringida a situaciones concretas como el cuidado de familiares, la formación o la compatibilidad con otro empleo. En conjunto, esta propuesta de reforma laboral va más allá del acuerdo alcanzado en 2022 con el Gobierno y la patronal, y busca, entre otros objetivos, reducir la brecha salarial de género, muy vinculada al uso del trabajo a tiempo parcial. Asimismo, reabre debates que quedaron fuera en la anterior reforma, como el de la indemnización por despido. Desde UGT, su vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, defendió que es necesario eliminar el contrato a tiempo parcial como foco de precariedad, al considerar que se ha convertido en una herramienta que permite abusar de los trabajadores mediante el uso de horas complementarias, ajustando su jornada en función de las necesidades empresariales.

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(Expansión, 09-04-2026) | Laboral

El Gobierno sube las cuotas de los autónomos societarios en 1.620 euros para 2026

La reciente orden de cotización para 2026 introduce un fuerte aumento en la base mínima de cotización de más de un millón de autónomos, incluyendo societarios y colaboradores, con una subida del 42%. Esto implica que deberán abonar unos 135 euros más al mes, es decir, 1.620 euros adicionales al año. Desde la organización ATA califican esta medida como un nuevo "golpe" del Gobierno a aproximadamente un tercio del colectivo. En concreto, la base mínima pasa de los 1.000 euros fijados en 2025 a 1.424 euros en 2026. Este incremento afecta a más de 400.000 familiares colaboradores y a más de 800.000 autónomos societarios con ingresos cercanos a los 1.000 euros mensuales, y además se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, critica duramente la decisión, acusando al Ejecutivo de no haber cumplido su promesa de mantener congeladas las cuotas. Según denuncia, una parte importante de los autónomos verá incrementada su cotización mínima en 135 euros mensuales, lo que considera una nueva carga económica para el colectivo. Cabe recordar que el Ministerio de Seguridad Social optó por prorrogar las cuotas vigentes tras no lograr un acuerdo con las asociaciones de autónomos sobre las bases de cotización para el periodo 2026-2028. Incluso algunos partidos del bloque de investidura rechazaron la propuesta inicial, que contemplaba subidas de entre el 4% y el 35%. Finalmente, el Ejecutivo decidió mantener la tabla de cotización basada en los rendimientos de 2025. Esta prórroga quedó formalizada cuando el Congreso aprobó el decreto de revalorización de las pensiones a comienzos de febrero. No obstante, faltaba por publicarse la orden ministerial que concreta los aspectos técnicos del sistema, y es en ese marco donde se ha introducido la subida de la base mínima para estos colectivos específicos. Desde la Seguridad Social se defiende que esta medida forma parte del desarrollo de la reforma del sistema de cotización por ingresos reales iniciada en 2023, que establece que, a partir de 2026, la base de cotización de autónomos societarios, colaboradores y quienes no declaren rendimientos no podrá situarse por debajo de la base mínima del Régimen General. Sin embargo, las asociaciones de autónomos rechazan esta interpretación. Argumentan que la normativa también contemplaba revisar las bases del resto de autónomos, pero este proceso se paralizó ante la falta de consenso. Además, recuerdan que el sistema debía implantarse de forma progresiva hasta 2032. Según ATA, la disposición transitoria de la reforma preveía una aplicación gradual, fijando en 2023 una base mínima de 1.000 euros, mientras que para los años siguientes debía determinarse en los Presupuestos Generales, que finalmente no se aprobaron. Por ello, consideran injusto que los autónomos tengan que asumir las consecuencias de esta situación, denunciando que se rompe el principio de equidad dentro del sistema. Asimismo, critican que la prórroga de las cuotas no se haya aplicado de forma uniforme, ya que deja fuera a los autónomos societarios y colaboradores, generando diferencias según el tipo de trabajador por cuenta propia. Por su parte, fuentes de la Seguridad Social indican que existe cierto margen de adaptación, ya que la regularización de las cuotas no se llevará a cabo hasta 2028. Mientras tanto, los autónomos afectados podrán mantener sus pagos actuales, aunque deberán abonar la diferencia acumulada en el momento de dicha regularización.

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(La Vanguardia, 08-04-2026) | Laboral

Los sindicatos reclaman restringir el uso del contrato a tiempo parcial

Los sindicatos han planteado una crítica global al actual sistema de despido, configurado en gran medida tras la reforma laboral de 2012 durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras meses de espera, CCOO y UGT han presentado su propuesta para modificar la normativa vigente, que en esencia supone recuperar el marco anterior a dicha reforma, al considerar que fue aprobada sin el necesario diálogo social. Ambas organizaciones han dado a conocer un documento conjunto, denominado Plataforma Sindical Unitaria, en el que recogen cuatro grandes líneas de actuación. Además de la reforma del despido, incluyen cambios en la regulación del contrato a tiempo parcial, el blindaje legal de su financiación por la negociación colectiva y un conjunto de medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda. En materia de despido, los sindicatos proponen aumentar las indemnizaciones, recuperar la posibilidad de readmisión en caso de despido improcedente y establecer límites más estrictos a la finalización de contratos durante el periodo de prueba, exigiendo causas justificadas para su uso. Asimismo, plantean fijar indemnizaciones mínimas y permitir compensaciones superiores a las establecidas por ley cuando estas no reparen adecuadamente el perjuicio al trabajador. Estas propuestas se presentan a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la posibilidad de que los jueces puedan fijar indemnizaciones ajustadas a cada caso. Aunque el Tribunal Supremo rechazó esta opción, los sindicatos consideran que la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales respalda la posibilidad de conceder compensaciones más elevadas que las tasadas. En cuanto a la contratación, CCOO y UGT apuestan por endurecer las condiciones del trabajo a tiempo parcial, al entender que genera desigualdad, especialmente de género, y que se utiliza de forma abusiva. Entre sus propuestas figura limitar este tipo de contratos a un máximo del 80% de la jornada ordinaria -por ejemplo, 32 horas semanales en una jornada de 40- y exigir que la empresa justifique por qué no se formaliza un contrato a tiempo completo. También plantean restringir la fragmentación de la jornada diaria, salvo en supuestos concretos, y reforzar la regulación de las horas complementarias. Si estas se realizan de forma habitual, proponen que pasen a integrarse en la jornada ordinaria. Además, reclaman que las empresas avisen con al menos siete días de antelación sobre su realización y que los trabajadores puedan renunciar a este tipo de pactos con un preaviso de 15 días, una vez transcurrido un año. Igualmente, defienden que estas horas se remuneren como si fueran extraordinarias.

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(El Confidencial, 08-04-2026) | Laboral

Los sindicatos piden blindar sus ayudas públicas

UGT y CCOO, los dos principales sindicatos a nivel estatal, han presentado este martes un documento conjunto estructurado en cuatro grandes bloques de propuestas. Entre ellas destaca, por su carácter novedoso, la iniciativa de impulsar una ley que regule el diálogo social y la negociación colectiva. Aunque la Constitución Española reconoce en su artículo 7 la función de los agentes sociales -sindicatos y organizaciones empresariales-, actualmente no existe una norma que desarrolle de forma específica su actividad ni garantice su financiación, lo que deja a estas organizaciones en una situación de dependencia respecto a las decisiones de cada gobierno. El debate sobre la institucionalización del diálogo social lleva años presente en el ámbito sindical, pero pocas veces se había concretado de manera tan definida. En el documento, UGT y CCOO detallan los elementos básicos que debería incluir esta futura ley, como la participación de los agentes sociales en la elaboración de políticas públicas y el establecimiento de un sistema de financiación estable. En este sentido, proponen sustituir las actuales subvenciones por una compensación económica anual, concebida como indemnización por su participación en el diálogo social y la negociación colectiva, que se integraría en los presupuestos generales y se abonaría de forma trimestral. Cada organización representativa propondría la cuantía correspondiente al ministerio competente. Según explicaron en rueda de prensa, el objetivo es evitar depender de decisiones políticas coyunturales. Como ejemplo, mencionaron la reforma laboral de 2012, aprobada sin acuerdo con los sindicatos, así como la modificación de la ley de participación institucional en la Región de Murcia en 2025 por un gobierno de coalición de PP y Vox. Aunque esta última ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional tras un recurso del Ministerio de Trabajo, contemplaba la eliminación de la financiación directa a sindicatos y patronales. Este tipo de medidas, advierten, pone en riesgo el modelo actual de diálogo social, en el que las ayudas públicas suelen dirigirse a las organizaciones más representativas, como UGT, CCOO, CEOE y Cepyme. Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT, defendió que la financiación pública está justificada porque los acuerdos alcanzados en el diálogo social tienen efectos sobre el conjunto de los trabajadores, no solo sobre los afiliados, por lo que considera injusto que el coste recaiga exclusivamente en estos últimos. Por último, ambos sindicatos expresan su intención de negociar esta futura ley con las organizaciones empresariales y de lograr un amplio respaldo en el Parlamento.

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