(Expansión, 17-11-2026) | Laboral

Las pensiones: un "rescate" de 350.000 millones en diez años

La falta de ingresos procedentes de las cotizaciones sociales para cubrir el conjunto de las prestaciones de la Seguridad Social obliga al Estado a recurrir cada año a los recursos de los impuestos para financiar el sistema. La sostenibilidad de las pensiones constituye uno de los principales desafíos económicos, tanto por su dimensión financiera como por la ausencia de propuestas concretas de los partidos políticos para corregir el desequilibrio. Las cifras de las transferencias estatales a la Seguridad Social reflejan la magnitud del problema. Entre 2016 y 2025, el Estado ha aportado un total de 351.331 millones de euros para evitar que el déficit del sistema siga aumentando. El Gobierno defiende que la financiación de las pensiones mediante ingresos tributarios es habitual en otros países de la Unión Europea. Sin embargo, en España, el volumen de estas aportaciones ha crecido de manera muy significativa. Las previsiones de la Airef apuntan a que en 2050 podrían alcanzar cerca de 85.000 millones de euros anuales. El incremento de las transferencias presupuestarias responde al crecimiento de los gastos, que avanzan a un ritmo superior al de los ingresos ordinarios por cotizaciones sociales. En 2025, las aportaciones del Estado sumaron 52.924 millones de euros, un 192% más que en 2018, cuando ascendieron a 18.081 millones, antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Tres factores explican principalmente esta evolución. El primero fue la pandemia, que obligó a reforzar los recursos de la Seguridad Social para financiar prestaciones extraordinarias y bonificaciones de cotizaciones vinculadas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El segundo está relacionado con la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que comenzó a aplicarse en 2019 y quedó consolidada legalmente con la reforma de la Seguridad Social de 2021. A estos elementos se suma el aumento del gasto en prestaciones por incapacidad temporal, derivadas de las bajas laborales, cuya factura superó los 18.000 millones de euros en 2025. Una nota publicada por Fedea, basada en un estudio del investigador de la Universidad de las Hespérides Santiago Calvo, cuestiona que la situación financiera del sistema pueda considerarse sostenible, pese a que la Seguridad Social continúe abonando con normalidad las prestaciones. El análisis sitúa el déficit contributivo en torno al 4% del PIB. El investigador considera que los argumentos utilizados por el Gobierno para defender la solidez del sistema de pensiones no son necesariamente incorrectos, pero que, considerados en su conjunto, ofrecen una visión parcial de su situación financiera. Entre ellos figuran el Fondo de Reserva, que el Ministerio de Seguridad Social cifra en unos 20.000 millones de euros, las evaluaciones favorables de la Airef sobre el cumplimiento de la regla de gasto y los máximos históricos de afiliación, con 22,4 millones de cotizantes y una relación de 2,51 trabajadores por pensionista. Calvo matiza que estos datos no permiten afirmar que el sistema esté al borde de la quiebra. Un modelo de reparto respaldado por el Estado puede seguir haciendo frente a sus obligaciones mientras las administraciones públicas estén en condiciones de cubrir sus desequilibrios y los mercados mantengan la financiación de la deuda necesaria para ello. A esta situación se añade el aumento de la deuda de la Seguridad Social con el Estado, que pasó de 18.500 millones de euros en 2016 a 116.000 millones en 2025, equivalentes a unos 136.000 millones en euros corrientes. Este endeudamiento está relacionado con los préstamos presupuestarios que el Estado concede al sistema, por un importe aproximado de 10.000 millones de euros, y que se utilizan en los últimos años para financiar, entre otros compromisos, alguna de las pagas extraordinarias de las pensiones. A diferencia de las transferencias, estos préstamos sí quedan registrados como pasivo.

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(Expansión, 17-11-2026) | Laboral

La baja por ansiedad de un trabajador agredido por un compañero es accidente laboral

El Tribunal Supremo ha puesto fin al procedimiento judicial en el que la empresa guipuzcoana Goki Erreformak SL intentaba evitar que se reconociera como accidente laboral la baja médica de un trabajador que desarrolló un trastorno adaptativo con ansiedad después de sufrir una agresión física por parte de un compañero. La Sala de lo Social ha inadmitido el recurso presentado por la compañía, por lo que queda confirmado el criterio del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que reconoció el origen profesional de la patología. El TSJPV consideró probado que el trastorno psicológico que provocó la incapacidad temporal del empleado tuvo su origen directo en la agresión sufrida en el lugar de trabajo. La decisión del Supremo supone así un nuevo revés para la empresa, que pretendía modificar la calificación de la contingencia y desvincular la baja médica de la actividad profesional. La consideración de una incapacidad temporal como accidente de trabajo, en lugar de enfermedad común, tiene consecuencias económicas para la empresa, aunque no implica que deba hacerse cargo de todo el coste de la prestación. La compañía asume el abono del primer día de baja, mientras que, desde el día siguiente, el trabajador percibe el 75% de la base reguladora. En las bajas por enfermedad común, la prestación es del 60% de la base reguladora entre el cuarto y el vigésimo día. Tras conocerse la resolución, el responsable de Salud Laboral de CCOO de País Vasco, Alfonso Ríos, criticó la actuación de Goki Erreformak SL. El representante sindical reprochó a la compañía que, según el TSJPV, no hubiera dedicado los recursos necesarios para implantar las medidas preventivas que requería la situación del trabajador agredido, mientras que sí había destinado medios a recurrir ante el Supremo para intentar evitar que el episodio fuera calificado como accidente laboral. Según explican los especialistas de PayFit, para que una baja médica tenga la consideración de accidente de trabajo debe existir una relación causal entre la lesión y el desempeño profesional. Esta vinculación puede derivarse de un suceso ocurrido en el centro de trabajo, durante el ejercicio de las funciones laborales, en desplazamientos por motivos profesionales o en los trayectos de ida y vuelta al puesto de trabajo, conocidos como accidentes in itinere. En las incapacidades temporales derivadas de contingencias comunes no se exige un periodo mínimo de cotización para acceder a la prestación. Por otra parte, cuando un accidente laboral se produce por la falta de medidas de protección reglamentarias, las prestaciones económicas pueden incrementarse entre un 30% y un 50%, en concepto de recargo de prestaciones, siempre que se acrediten los requisitos legales para su aplicación.

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(El País, 17-11-2026) | Laboral

Los salarios de la banca multiplican hasta por cuatro los del sector servicios, la hostelería y el comercio

Las diferencias salariales entre sectores económicos son muy acusadas en España. Los trabajadores de las entidades financieras y aseguradoras cobran, de media, más del doble que los empleados del comercio y el transporte y hasta cuatro veces más que los ocupados en algunas ramas de los servicios. En 2025, los cerca de 390.000 asalariados del sector financiero y asegurador percibieron una remuneración media anual de 53.251 euros. En cambio, los 4,6 millones de trabajadores del comercio y el transporte cobraron 24.111 euros, mientras que los casi 2,8 millones de empleados de otros servicios y actividades de ocio registraron una media de 14.867 euros. Estas diferencias figuran en la estadística del Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, que la Agencia Tributaria ha actualizado con los datos correspondientes a 2025. La información recoge los resultados de todas las provincias españolas, salvo las del País Vasco y Navarra, que disponen de sistemas tributarios propios. Por detrás de las actividades financieras y aseguradoras, que encabezan la clasificación salarial, se sitúan los sectores de información y comunicaciones, con una media de 40.036 euros anuales, y las industrias extractivas, la energía y el agua, con 34.839 euros. Los servicios sociales alcanzaron los 31.009 euros y la industria, los 30.427. En el extremo inferior aparecen la construcción y las actividades inmobiliarias, con 24.379 euros; los servicios a empresas, con 23.551; otros servicios y ocio, con 14.867, y la agricultura y la pesca, con 12.073 euros. Las diferencias no solo se producen entre actividades, sino también dentro de cada sector en función de la provincia. En el ámbito financiero, Madrid registra la remuneración media más elevada, con 70.482 euros anuales, prácticamente el doble que Badajoz, que ocupa la última posición en esta actividad. La capital también lidera los salarios del comercio y el transporte, con una media de 31.000 euros, mientras que Huelva se sitúa en el extremo opuesto, con cerca de 16.000 euros. También se observan contrastes importantes en las distintas ramas de los servicios. En las actividades personales y de ocio, los salarios medios de Baleares casi duplican los de Jaén. En los servicios a empresas, Madrid vuelve a encabezar la clasificación provincial y Jaén registra las remuneraciones más bajas. Por su parte, en los servicios sociales, los salarios medios de Ceuta y Melilla superan en más de 15.000 euros anuales a los de las dos provincias extremeñas. La comparación entre territorios y actividades permite apreciar la amplitud de estas diferencias. Madrid, que presenta el salario medio general más alto entre las provincias incluidas en la estadística, también registra la mayor remuneración del sector financiero. En el otro extremo, Jaén, que ocupa la última posición en el promedio general, concentra los salarios más bajos de toda la tabla en los servicios personales y de ocio. La distancia entre ambos registros supera los 59.000 euros anuales. En otras actividades también aparecen diferencias territoriales destacadas. Las industrias extractivas, la energía y el agua alcanzan sus salarios más elevados en Madrid, mientras que Cuenca presenta las remuneraciones más bajas. En la construcción y las actividades inmobiliarias, las diferencias son menos pronunciadas, aunque siguen siendo relevantes. La agricultura muestra uno de los contrastes más acusados: Cantabria supera los 23.000 euros de salario medio anual, frente a los poco más de 5.000 euros de Jaén. Para interpretar correctamente estos datos es necesario tener en cuenta el alcance de la estadística de la Agencia Tributaria. Las cifras reflejan la remuneración media anual percibida por cada asalariado, pero no el salario por hora ni el equivalente a una jornada completa. El cálculo incluye, por tanto, a trabajadores a tiempo parcial y a personas que solo han estado ocupadas durante una parte del ejercicio. Este factor tiene especial incidencia en actividades caracterizadas por la temporalidad y el empleo estacional. La agricultura constituye un ejemplo significativo. La estadística contabiliza una media nacional de 2,39 percepciones salariales por persona durante el año, lo que evidencia la fragmentación de los ingresos a lo largo del ejercicio. En Jaén, el salario medio anual de esta actividad se sitúa en 5.263 euros, con 4,2 percepciones por trabajador. Esta cantidad no equivale necesariamente al sueldo de una persona que haya trabajado a jornada completa durante los doce meses, sino que refleja en buena medida la concentración del empleo en campañas y periodos determinados. En cambio, las entidades financieras y aseguradoras y la industria registran cerca de 1,2 percepciones por asalariado a escala nacional, un dato que apunta a una mayor continuidad en el empleo. La composición de las plantillas y las características de los puestos de trabajo también ayudan a explicar las diferencias salariales. Las actividades financieras y aseguradoras concentran ocupaciones que suelen exigir una mayor cualificación y especialización, mientras que el comercio y buena parte de los servicios personales agrupan empleos más diversos, con una presencia superior de salarios reducidos, jornadas parciales y trabajo estacional. Las diferencias de productividad entre sectores constituyen otro factor relevante, aunque la estadística no permite determinar el peso concreto de cada elemento. En términos generales, los datos de 2025 sitúan la remuneración media anual en 28.685 euros para un colectivo cercano a los 17 millones de asalariados. Por su parte, los aproximadamente 9,2 millones de pensionistas incluidos en la estadística recibieron una prestación media de 20.752 euros anuales.

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(El País, 17-11-2026) | Laboral

El Gobierno aprobará la subida del sueldo de los funcionarios para 2027 y eleva las sanciones a las empresas que oculten información contractual o salarial a sus empleados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un incremento de las retribuciones de los empleados públicos para el próximo año del 4,5%. Durante una entrevista en Telecinco, el jefe del Ejecutivo también ha confirmado que el Gobierno dará luz verde a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), tal como había avanzado horas antes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sánchez ha defendido las medidas adoptadas por su Ejecutivo frente a lo que considera un retroceso en las políticas sociales y económicas que podría producirse con un Gobierno del PP y Vox. Como ejemplo, ha destacado el aumento del salario mínimo registrado durante los últimos ocho años. La subida del SMI aprobada por el Gobierno será del 5,3%, hasta situarlo en 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 18.004 euros anuales. A este incremento se sumará la mejora salarial de los empleados públicos, por lo que, según ha señalado Sánchez, alrededor de cinco millones de trabajadores se beneficiarán de ambas decisiones. Si se añade la actualización de las pensiones conforme a la evolución del IPC, el número de ciudadanos que verán aumentar su poder adquisitivo ascenderá a unos 15 millones. A esta mejora se sumará, durante el primer trimestre de 2027, otro 0,5% correspondiente a la desviación de la inflación del año pasado, una compensación que ya estaba prevista en el acuerdo con los sindicatos y que dejaría la revisión en el 5% anunciado en octubre de este año. El Consejo de Ministros de este martes aprobará, además de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, un conjunto de medidas laborales promovidas por el Ministerio de Trabajo mediante un decreto-ley. El Ejecutivo confía en que estas disposiciones obtengan posteriormente el respaldo de la Diputación Permanente. Entre las principales novedades figura el endurecimiento de las sanciones a las empresas que incumplan sus obligaciones de información sobre las condiciones contractuales y salariales de sus trabajadores. La reforma también pretende reforzar la transparencia retributiva y avanzar en la adaptación de la legislación española a una directiva europea sobre igualdad salarial que debería haberse incorporado al ordenamiento jurídico antes del 7 de junio. La nueva regulación reconocerá a todos los trabajadores el derecho a conocer los salarios medios de otros empleados que desempeñen puestos equivalentes, así como a acceder a información más detallada sobre los registros retributivos. Este derecho se aplicará a todas las relaciones laborales, con independencia de su duración, y dejará de estar limitado a los contratos de más de cuatro semanas. El proyecto también introduce nuevas obligaciones en los procesos de selección. Las ofertas de empleo deberán especificar la retribución inicial correspondiente al puesto, las empresas no podrán preguntar a los candidatos por su historial salarial y tanto los anuncios de vacantes como las denominaciones de los puestos deberán utilizar un lenguaje neutro en materia de género. El objetivo de Trabajo es evitar diferencias salariales injustificadas por la realización de trabajos de igual valor. Uno de los cambios más relevantes afecta al régimen sancionador. La falta de información sobre aspectos esenciales del contrato dejará de considerarse una infracción leve y pasará a calificarse como grave. De esta manera, las multas podrán elevarse desde los actuales 750 euros hasta un máximo de 7.500 euros. También tendrán la consideración de infracciones graves los incumplimientos de las obligaciones relacionadas con los planes de igualdad. Por su parte, determinadas conductas empresariales pasarán a considerarse infracciones muy graves. Entre ellas se encuentra solicitar a los candidatos información personal o datos cuyo requerimiento esté prohibido durante los procesos de contratación o de promoción y cambio de puesto dentro de la empresa. El paquete normativo incluye asimismo un decreto específico para reforzar la transparencia salarial. La norma permitirá que cualquier empleado pueda conocer las retribuciones medias de los puestos equivalentes y obligará a las empresas a ofrecer información más amplia sobre los criterios utilizados para determinar los salarios y los ascensos. También se reforzarán las auditorías retributivas y los mecanismos de seguimiento de la brecha salarial. La iniciativa modifica distintos aspectos del real decreto de 2020 que ya había ampliado las obligaciones empresariales en esta materia. La reforma pretende reducir las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres. Según los datos del INE correspondientes a 2024, el salario bruto mensual medio de las mujeres se situó en 2.163 euros, frente a los 2.593 euros de los hombres. Esto significa que las trabajadoras percibieron, de media, el 83% de la remuneración masculina. Trabajo considera que facilitar el acceso a la información salarial puede mejorar la capacidad de negociación de las empleadas y contribuir a corregir estas desigualdades. La iniciativa responde a la obligación de incorporar al ordenamiento español la directiva europea sobre transparencia retributiva, cuyo plazo de transposición expiró el pasado 7 de junio. Aunque el Ministerio de Trabajo mantuvo conversaciones con los interlocutores sociales, no logró cerrar un acuerdo formal. No obstante, las organizaciones sindicales consideran que el planteamiento del departamento dirigido por Yolanda Díaz se aproxima a algunas de sus reivindicaciones. El Gobierno aprovechará también para aprobar una parte de la transposición pendiente de la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. La mayor parte de esta normativa se incorporó a la legislación española a principios de septiembre, mediante el correspondiente real decreto, que introdujo, entre otras medidas, mayores restricciones a los periodos de prueba superiores a seis meses.

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(El Economista, 17-11-2026) | Laboral

La Inspección de Trabajo podrá elevar las multas al acumular todas las infracciones de una misma investigación

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede contabilizar conjuntamente a los trabajadores afectados por distintas actas de infracción cuando estas procedan de una misma investigación sobre una empresa. Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia de unificación de doctrina de 6 de octubre de 2026, que avala la aplicación de incrementos porcentuales en las sanciones en función del número total de personas perjudicadas. El pronunciamiento confirma que no es necesario que todas las infracciones queden recogidas en una única acta administrativa para acumular el número de trabajadores afectados. Basta con que las distintas actuaciones sancionadoras formen parte de una misma investigación inspectora y respondan a una unidad material de actuación. La resolución, cuyo ponente es el magistrado Martínez Moya, examina el caso de una empresa a la que se levantaron dos actas de infracción tras las comprobaciones realizadas por la Inspección. En la primera se detectaron 28 trabajadores que prestaban servicios sin estar dados de alta en la Seguridad Social, mientras que en la segunda se identificó a tres perceptores de prestaciones por desempleo que realizaban actividades incompatibles con su situación. La Administración sumó los afectados de ambos expedientes, hasta alcanzar un total de 31 personas, y aplicó en la segunda sanción un incremento del 50%. La empresa impugnó esta decisión al considerar que cada acta debía valorarse de manera independiente, sin acumular los trabajadores identificados en procedimientos distintos. El Tribunal Supremo rechaza esta interpretación y señala que la normativa permite aplicar el incremento cuando las infracciones se detectan en el marco de una misma actuación inspectora. La Sala aclara, además, que no se contabiliza dos veces a una misma persona, sino que se agregan los distintos trabajadores afectados por irregularidades diferentes dentro de una misma investigación. El artículo 40.1.e) de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) establece una escala de incrementos de las sanciones vinculada al número de personas afectadas. Los porcentajes previstos son del 20% cuando hay dos trabajadores, del 30% para tres, del 40% para cuatro y del 50% cuando el número alcanza cinco o más personas. La sentencia considera que este criterio de acumulación es compatible con el principio de legalidad sancionadora, recogido en el artículo 25.1 de la Constitución, y con el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3. Según el tribunal, se trata de una circunstancia agravante expresamente contemplada y delimitada por la ley, por lo que su aplicación no vulnera las garantías del procedimiento sancionador. Asimismo, descarta que deban prevalecer argumentos como el principio in dubio pro reo o la interpretación restrictiva de las normas sancionadoras, al entender que la regla legal de graduación establece de forma suficientemente clara cómo debe calcularse el número de afectados en estos supuestos.

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(Cinco Días, 16-11-2026) | Laboral

La inteligencia artificial pone en riesgo hasta 55.000 empleos en una década en los grandes bancos españoles

La expansión de la inteligencia artificial (IA) ha intensificado la preocupación por su impacto en el empleo, especialmente en sectores como el financiero. Aunque los máximos responsables de los principales bancos españoles han insistido en que la incorporación de esta tecnología no supondrá recortes de plantilla, un estudio de Funcas advierte de que hasta 55.000 puestos de trabajo podrían desaparecer en el escenario más desfavorable de los contemplados en su análisis. El informe, elaborado por un equipo de catedráticos de la Universidad de Granada y profesores de las universidades Rey Juan Carlos y Autónoma de Madrid, plantea tres posibles escenarios sobre la evolución del empleo bancario hasta 2035. Las estimaciones tienen en cuenta tanto los puestos de trabajo que podrían desaparecer por la automatización como los nuevos perfiles profesionales que surgirían como consecuencia de la transformación tecnológica. No obstante, el estudio matiza que la inteligencia artificial no debe interpretarse exclusivamente como un factor de destrucción de empleo. Su implantación tendría principalmente un carácter complementario al trabajo humano, al asumir tareas rutinarias y repetitivas, mejorar la productividad de los profesionales y favorecer la aparición de nuevas especialidades relacionadas con el análisis de datos, el desarrollo tecnológico, la supervisión de modelos y la gobernanza de la IA. Por ello, los investigadores consideran que el principal efecto de esta transformación no será necesariamente una reducción generalizada de las plantillas, sino un cambio profundo en su composición y en las competencias que necesitarán los trabajadores de las entidades financieras. El primero de los escenarios, el más prudente, contempla una incorporación de la IA como herramienta de apoyo a los empleados, aumentando su productividad sin provocar una sustitución generalizada de puestos de trabajo. En este supuesto, podrían desaparecer entre 8.000 y 14.000 empleos, mientras que se crearían entre 4.000 y 7.000 nuevos puestos. El resultado sería una reducción neta de entre 4.000 y 8.000 trabajadores, con unas plantillas conjuntas que quedarían entre los 150.000 y los 157.000 empleados. El escenario intermedio, considerado el más probable, prevé una integración más profunda de la inteligencia artificial en los procesos operativos de las entidades. En este caso, la destrucción de empleo oscilaría entre 18.000 y 35.000 puestos, frente a la creación de entre 6.000 y 12.000 nuevas ocupaciones. La diferencia supondría una pérdida neta de entre 12.000 y 23.000 trabajadores, lo que situaría el volumen agregado de empleo bancario entre 128.000 y 148.000 personas. Por último, el estudio contempla una hipótesis más desfavorable, en la que la IA alcanza un elevado nivel de desarrollo, fiabilidad y capacidad operativa. Esto permitiría extender la automatización a actividades de mayor complejidad técnica y regulatoria, como la evaluación del riesgo crediticio o scoring -el sistema utilizado por las entidades para calcular la probabilidad de impago de un cliente y decidir si conceden financiación-, determinados procedimientos de gestión de riesgos y algunas funciones de cumplimiento normativo. En este escenario, podrían desaparecer entre 35.000 y 55.000 empleos, mientras que se generarían entre 8.000 y 15.000 nuevos puestos de trabajo. El saldo sería una reducción neta de entre 20.000 y 47.000 trabajadores, con una pérdida mínima de 25.000 empleos respecto a la situación actual. Los autores consideran que esta última hipótesis es la menos probable a corto plazo, debido a las exigencias regulatorias, las limitaciones tecnológicas todavía existentes y la necesidad de mantener la supervisión humana en determinados procedimientos. Por el contrario, identifican el escenario intermedio como el más factible, aunque reconocen que la evolución real podría combinar elementos de las tres posibilidades. La magnitud del impacto dependerá de diversos factores, como la velocidad con la que se extienda esta tecnología, la proporción de tareas que puedan automatizarse efectivamente, los cambios normativos y la capacidad de adaptación de las propias entidades financieras. En este contexto, el informe subraya que la ventaja competitiva de los bancos no dependerá únicamente de la rapidez con la que incorporen herramientas de inteligencia artificial, sino también de cómo gestionen la transformación de sus plantillas. La formación continua, la actualización de conocimientos y la adaptación de la organización del trabajo serán fundamentales para facilitar la transición hacia un modelo financiero más digitalizado. El estudio también pone de relieve el importante esfuerzo inversor que está realizando el sector. El gasto tecnológico de los diez principales bancos españoles ha pasado de 2.313 millones de euros en 2014 a 5.578 millones en 2025. Las previsiones apuntan a que esta inversión podría superar los 8.000 millones de euros en 2031. Paralelamente, el nivel de implantación de la inteligencia artificial en las diez mayores entidades financieras aumentó un 32% entre 2021 y 2025, situándolas por delante de otros bancos europeos en grado de adopción. Aunque las grandes entidades mantienen una mayor implantación de estas herramientas, los bancos medianos y pequeños están avanzando a un ritmo más intenso, lo que está contribuyendo a reducir progresivamente la distancia tecnológica.

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(Expansión, 16-11-2026) | Laboral

46 sectores crean empleo en España

El mercado laboral español mantiene un ritmo de crecimiento significativo, aunque su evolución muestra síntomas de desaceleración en los últimos trimestres. Dos indicadores ponen de manifiesto esta pérdida de impulso. En el tercer trimestre del año se contabilizaron 465.500 ocupados más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento notable, pero inferior a los más de 600.000 empleos creados al cierre del año pasado. Asimismo, el número de ramas de actividad que aumentaron sus plantillas se redujo a 46, frente a las 60 que registraban avances en trimestres anteriores. Pese a esta moderación, el empleo continúa creciendo en un contexto marcado por las dificultades de la economía europea y mantiene una evolución positiva en buena parte de los sectores. La educación y otras actividades relacionadas con el sector público, junto con la hostelería, la consultoría, la arquitectura y los servicios financieros, concentraron buena parte de los nuevos puestos de trabajo, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La educación encabezó la creación de empleo, con 107.600 nuevos ocupados en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. Este avance responde al aumento de las necesidades formativas en las distintas etapas educativas. En la enseñanza obligatoria, la atención a las necesidades específicas derivadas de la inmigración ha impulsado las contrataciones. En las etapas posteriores, el crecimiento de la formación profesional y universitaria, la diversificación de la oferta académica y la expansión de la formación continua han contribuido también a ampliar las plantillas. A ello se suma la prolongación de las carreras profesionales y la rápida transformación tecnológica, que exigen una actualización constante de las competencias. En conjunto, el empleo educativo aumentó un 7,5% durante el último año. Junto a la educación, otras actividades estrechamente vinculadas a la financiación pública también han contribuido de forma importante al avance de la ocupación. La Administración Pública, incluida la defensa y la Seguridad Social, incorporó 51.600 trabajadores; la asistencia social en establecimientos residenciales sumó 41.500 y las actividades sanitarias, otros 25.900. De este modo, el sector público, tanto de manera directa como indirecta, concentró aproximadamente la mitad de los nuevos empleos generados en los últimos doce meses. La hostelería fue otro de los principales motores del mercado laboral. Los servicios de comidas y bebidas incorporaron 65.600 trabajadores, hasta alcanzar una plantilla de 1.423.600 personas. Este comportamiento se apoya en la fortaleza de la actividad turística que, pese a la incertidumbre internacional, la debilidad de la demanda europea y el aumento de los costes consiguió crecer un 3,5% interanual durante la temporada de verano, según Exceltur. Asimismo, los ingresos procedentes de los visitantes extranjeros aumentaron un 8,1% entre enero y septiembre respecto al mismo periodo del año anterior. El dinamismo turístico también se trasladó a otras actividades relacionadas con el sector. El comercio al por mayor y los servicios de intermediación sumaron 34.800 ocupados; los alojamientos, 26.700; el transporte aéreo, 24.800; y el almacenamiento y las actividades auxiliares del transporte, 20.100. También aumentó el empleo en las actividades deportivas y recreativas, con 12.500 nuevos trabajadores, las agencias de viajes y operadores turísticos, con 5.900, las actividades artísticas y de espectáculos, con 5.200, y el comercio minorista, con 3.200. En el ámbito de los servicios privados, las actividades de las sedes centrales y la consultoría lideraron la creación de empleo, con 42.500 nuevos puestos de trabajo. A continuación se situaron la arquitectura, la ingeniería y los análisis técnicos, con 37.800 ocupados más; los servicios financieros, con 35.300; y la programación y consultoría informática, con 31.200. También registraron avances los servicios a edificios y jardinería, con 20.500 nuevos empleos; la venta y reparación de vehículos de motor, con 18.900; los seguros, reaseguros y fondos de pensiones, con 18.100; y la investigación y el desarrollo, con 17.000. La evolución positiva de los servicios relacionados con la construcción coincide con el incremento de la actividad en el propio sector. La construcción especializada, que engloba trabajos como pintura, fontanería, electricidad y acabados, generó 21.200 empleos adicionales, mientras que la construcción de edificios incorporó otros 10.000 trabajadores. No obstante, las empresas del sector siguen advirtiendo de las dificultades para encontrar profesionales con la cualificación necesaria. La industria manufacturera también presenta un balance favorable en distintas ramas de actividad, aunque el crecimiento está repartido de manera desigual. Entre los subsectores que aumentaron sus plantillas destacan la fabricación de otro material de transporte, con 17.900 nuevos ocupados; la industria textil, con 14.900; la fabricación de productos minerales no metálicos, con 14.600; y la industria química, con 9.900. También registraron incrementos la metalurgia, con 8.000 trabajadores; la industria alimentaria, con 7.300; la fabricación de productos de caucho y plástico, con 6.500; y las coquerías y el refino de petróleo, con 5.100. A estas actividades se suma la recogida y el tratamiento de residuos, que incorporó 11.600 personas y mantiene una estrecha relación con el tejido industrial y los servicios urbanos. Sin embargo, la industria afronta importantes dificultades por el encarecimiento de la energía, agravado por el cierre del estrecho de Ormuz. Los costes energéticos aumentaron un 21,7% interanual en septiembre, lo que supone un factor adicional de presión sobre la competitividad de las empresas y sus niveles de facturación. La pérdida de dinamismo también se refleja en el elevado número de actividades que destruyen empleo. Aunque las ramas que crean puestos de trabajo lo hacen con mayor intensidad, 38 sectores registraron descensos de ocupación durante el último año. La mayor caída correspondió a la agricultura y la ganadería, que perdieron 31.000 trabajadores. A continuación se situaron los servicios sociales sin alojamiento, con 25.100 empleos menos; la fabricación de maquinaria, con una reducción de 21.100; y otros servicios personales, que retrocedieron en 20.800 ocupados. También disminuyó el empleo en las actividades administrativas, con 19.700 puestos menos, y en las profesionales, científicas y técnicas, con 19.400. La fabricación de muebles perdió 18.900 trabajadores, mientras que la programación y emisión de radio y televisión registró un descenso de 14.800. Las artes gráficas y los servicios de grabado redujeron sus plantillas en 13.500 personas, y las bibliotecas, archivos y museos, en 13.100. Asimismo, la fabricación de productos metálicos perdió 12.800 ocupados y el transporte terrestre, 12.100. Por último, las actividades relacionadas con la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, la publicidad y los estudios de mercado registraron 11.100 empleos menos cada una, mientras que el empleo doméstico retrocedió en 10.800 trabajadores.

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(Expansión, 16-11-2026) | Laboral

Parón del transporte de mercancías por carretera en plena Nochebuena

CCOO estudia convocar una huelga en el transporte de mercancías por carretera los próximos 23 y 24 de diciembre para protestar por la demora del Gobierno en aprobar los coeficientes reductores que permitirían a los conductores profesionales acceder a la jubilación anticipada sin sufrir penalizaciones. Las organizaciones sindicales parecen dispuestas a mantener un papel destacado en el escenario político y social, tanto antes como después de las elecciones. Después de la huelga general del pasado 11 de noviembre, que la oposición y las organizaciones empresariales interpretaron como una movilización de marcado carácter político y electoral y que no consiguió paralizar el país, los sindicatos preparan nuevas protestas para diciembre. En esta ocasión, se trataría de un conflicto sectorial que afecta a una actividad estratégica y que podría tener importantes consecuencias al coincidir con las celebraciones navideñas. En concreto, CCOO está preparando un paro en el transporte de mercancías por carretera para los días 23 y 24 de diciembre, coincidiendo con los preparativos y la celebración de Nochebuena. La protesta responde al retraso del Ejecutivo en aprobar los coeficientes reductores que permitirían a los profesionales del transporte jubilarse anticipadamente sin que ello suponga una reducción de su pensión. La reivindicación no es nueva. Ya se produjeron protestas y movilizaciones por este motivo en otoño de 2024, mientras que los sindicatos han advertido durante todo este año de la posibilidad de convocar una huelga para desbloquear la situación. Sin embargo, el paro se celebraría después de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuando el Gobierno ya estaría en funciones. CCOO dará a conocer este lunes los detalles de las movilizaciones y justifica la convocatoria por los continuos retrasos en la tramitación de los informes necesarios para aprobar los coeficientes reductores. El sindicato sostiene que lleva meses denunciando esta situación y asegura que, tras anunciarse la convocatoria electoral, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social interrumpió injustificadamente la emisión de dichos informes. Las principales patronales del transporte han recibido la noticia con sorpresa y preocupación, especialmente por las fechas escogidas para la movilización. Tanto la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la organización mayoritaria del sector, como la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) han expresado su rechazo a una convocatoria que califican de injustificada y desproporcionada. Ambas organizaciones consideran que la huelga perjudicará principalmente a las empresas transportistas, en lugar de ejercer presión efectiva sobre el Gobierno. Además, recuerdan que las patronales han respaldado las reivindicaciones sindicales para que los conductores profesionales puedan beneficiarse de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Fenadismer ha cuestionado especialmente la elección de las fechas y considera difícil de justificar que el paro se programe después de las elecciones generales, cuando el Ejecutivo estará en funciones y la capacidad de presión política sobre él será limitada. La federación también advierte de las consecuencias de hacer coincidir la protesta con Nochebuena, una jornada especialmente sensible para la actividad económica y social. A su juicio, la movilización podría ocasionar perjuicios importantes e innecesarios tanto a las empresas de transporte como a los ciudadanos y al conjunto de la cadena de suministro, precisamente en uno de los periodos de mayor actividad logística del año.

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(El País, 16-11-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba el trámite de urgencia para la revalorización de las pensiones

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes ha acordado tramitar por la vía de urgencia la revalorización de las pensiones para el próximo año. Se trata de un procedimiento que el Ejecutivo utiliza habitualmente para agilizar la aprobación del decreto ley que establece la actualización de las prestaciones y que, en esta ocasión, se ha anunciado coincidiendo con el primer día de la campaña electoral. Aunque este trámite administrativo suele pasar inadvertido, en anteriores ejercicios apenas tuvo repercusión pública. De hecho, el año pasado ni siquiera fue mencionado por la entonces portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que autorizó su tramitación. La entonces ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, tampoco intervino en aquella rueda de prensa. En esta ocasión, sin embargo, Saiz sí ha destacado la decisión del Ejecutivo, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones generales. La ministra ha avanzado que las pensiones experimentarán una subida de entre el 3% y el 4%, aunque ha precisado que será necesario esperar a conocer el dato definitivo de inflación para determinar el porcentaje exacto. La revalorización se calcula tomando como referencia la media de las tasas interanuales del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondientes a los doce meses anteriores a diciembre, según el mecanismo establecido legalmente. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el avance de la inflación de noviembre el último día de la campaña electoral, el viernes 27. Este será el último dato necesario para calcular la actualización. Si mantiene una evolución similar a la de los meses precedentes, el incremento de las prestaciones podría situarse alrededor del 3,6%. El Gobierno estudió la posibilidad de aprobar la subida antes de las elecciones del 29 de noviembre, pero finalmente descartó esta opción por las dificultades técnicas y administrativas que planteaba. La Seguridad Social utiliza habitualmente los datos definitivos de inflación para calcular la revalorización. Aunque el 27 de noviembre se conocerá el indicador adelantado de noviembre, la cifra definitiva no se publicará hasta el 15 de diciembre, una vez celebrados los comicios, de acuerdo con el calendario estadístico del INE. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya había señalado a mediados de octubre que el Ejecutivo pretendía aplicar la actualización conforme al IPC una vez celebradas las elecciones. Según explicó entonces, la intención era aprobarla durante diciembre, incluso con el Gobierno en funciones, justificando la urgencia por la necesidad de garantizar que las prestaciones estuvieran actualizadas antes de finalizar el año. La vinculación de las pensiones a la evolución de los precios quedó establecida en la reforma aprobada por el Gobierno de coalición en 2021, que eliminó el factor de sostenibilidad implantado durante el mandato de Mariano Rajoy. Aquella norma contó con el rechazo del PP y Vox. La actualización de las prestaciones suele aprobarse en el último Consejo de Ministros del año y posteriormente debe someterse a convalidación en el Congreso. En los dos últimos ejercicios, los decretos que incluían la subida fueron rechazados inicialmente por la mayoría parlamentaria de derechas, al incorporar también otras medidas que generaron discrepancias. En ambos casos, el Gobierno terminó aprobando nuevos textos que separaban la revalorización de las disposiciones cuestionadas, por lo que las nóminas de los pensionistas no llegaron a verse afectadas. Las pensiones se han convertido también en uno de los asuntos destacados de la campaña electoral, especialmente después de las recientes declaraciones de representantes de la derecha sobre la sostenibilidad del sistema público. El diputado de Vox José María Figaredo calificó el modelo actual de «zombi» y defendió avanzar hacia un sistema que combine el reparto con la capitalización privada. Posteriormente, la diputada del PP Ester Muñoz advirtió de que el sistema podía «petar» y reclamó una reforma en profundidad. Los dirigentes de ambas formaciones han tratado de moderar el alcance de estas declaraciones y han reiterado su compromiso con los pensionistas y con la actualización de las prestaciones. No obstante, existen diferencias en sus propuestas electorales. El PP recoge expresamente en su programa el compromiso de revalorizar las pensiones conforme al IPC, mientras que Vox no incorpora de forma explícita esa garantía en su documento electoral. Por su parte, el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha planteado reforzar constitucionalmente este mecanismo para garantizar que las pensiones mantengan su poder adquisitivo mediante su actualización conforme a la inflación.

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(La Vanguardia, 16-11-2026) | Laboral

El 60% de los trabajadores gana igual o menos de 1,5 veces el salario mínimo

El mercado laboral español presenta una elevada concentración de trabajadores en los niveles salariales más bajos, una tendencia que se acentuó durante 2025. Según los datos del registro de salarios publicados el pasado miércoles por la Agencia Tributaria, cerca de 13 millones de empleados, seis de cada diez, cobran hasta 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), lo que equivale a un máximo de 24.864 euros brutos anuales. A pesar de las sucesivas subidas del salario mínimo aprobadas por el Gobierno en los últimos años, la distribución de las retribuciones sigue mostrando una importante concentración en los escalones inferiores. Casi dos tercios de los trabajadores se encuentran en esa parte de la escala salarial. La publicación de la estadística Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias 2025, elaborada a partir de las declaraciones anuales de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF (modelo 190), coincidió con la huelga general del pasado 11 de noviembre. Una de las reivindicaciones de la movilización, además de reclamar medidas para facilitar el acceso a la vivienda, fue denunciar que los bajos salarios dificultan el acceso a un alojamiento digno. Al finalizar el año pasado, 7,83 millones de asalariados, el 37% del total, percibían retribuciones inferiores al SMI, fijado en 16.576 euros brutos anuales. En este grupo predominan los contratos a tiempo parcial. Por su parte, otros cinco millones de trabajadores, el 24%, cobraban entre una y 1,5 veces el salario mínimo. Las cifras de Hacienda reflejan así una reducción de la distancia entre quienes perciben el SMI y aquellos cuyos salarios se sitúan inmediatamente por encima. Conviene recordar que el Gobierno ha mantenido exento de tributación en el IRPF el salario mínimo durante los últimos años, aunque el Ministerio de Hacienda llegó a plantearse revisar esta decisión ante la aproximación de las retribuciones mínimas al siguiente tramo salarial. De acuerdo con la misma estadística, el mercado laboral incorporó en 2025 algo más de 500.000 trabajadores, hasta alcanzar los 21,13 millones de asalariados. El 77% del aumento neto, equivalente a 388.765 empleados, se concentró directamente en los niveles retributivos inferiores a 1,5 veces el SMI, lo que intensificó la acumulación de trabajadores en la parte baja de la distribución salarial. Esta mayor concentración no se explica únicamente por las subidas del salario mínimo sin un incremento equivalente de las remuneraciones superiores. También influye que los empleos peor pagados presentan mayores niveles de temporalidad y rotación, factores que contribuyen a mantener un elevado número de trabajadores en los tramos inferiores. No obstante, los datos de la Agencia Tributaria no constituyen la herramienta más adecuada para analizar con precisión la evolución salarial. La estadística ofrece valores medios de las retribuciones, pero no incluye la mediana, un indicador que permitiría conocer mejor el salario que ocupa la posición central entre todos los trabajadores. En términos generales, los salarios aumentaron un 3,47% en España durante el pasado año, hasta situarse en una media de 25.830 euros brutos anuales. Esta subida superó la inflación, que fue del 2,7%. Por comunidades y territorios, Madrid registró las retribuciones medias más elevadas, con 32.924 euros. En Catalunya, el promedio alcanzó los 28.779 euros, mientras que en la provincia de Barcelona superó los 30.000 euros anuales.

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