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(Expansión, 09-02-2026) | Laboral

Cuerpo apela a endurecer el registro horario "equilibradamente y con periodos de adaptación"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, sostiene que el refuerzo del registro horario -al que califica como una de las herramientas clave para garantizar una reducción real de la jornada laboral- debe aplicarse con mesura y contemplando plazos de transición, de modo que los avances sean duraderos y no generen cargas adicionales para las empresas. En una entrevista concedida a El Correo y recogida por Europa Press, el ministro reafirma su compromiso con la reducción de la jornada semanal hasta las 37,5 horas, pese a las críticas expresadas por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien apuntó que en el Ministerio de Economía existe una predisposición contraria a determinadas medidas que considera beneficiosas para el país. Al ser preguntado por estas declaraciones, Cuerpo evitó polemizar y recalcó que el endurecimiento del control horario es fundamental para que la reducción de jornada sea efectiva, siempre que se implemente de forma que permita a las empresas ajustarse progresivamente. Según explicó, el objetivo es aplicar la medida de manera equilibrada, prestando especial atención a las pymes, para que puedan adaptarse sin asumir costes añadidos. Este enfoque pasa, a su juicio, por establecer periodos de adaptación suficientemente amplios que aseguren la viabilidad de los cambios a largo plazo. En este sentido, reconoció que muchas empresas no reclaman ayudas económicas, sino tiempo para ajustarse a las nuevas exigencias, por lo que considera necesario actuar con comprensión. Respecto a las críticas de Díaz sobre una supuesta oposición del Ministerio de Economía a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, Cuerpo recordó que la exención del IRPF ha permitido compartir el impacto del incremento del SMI, aliviando parte del esfuerzo que asumen las empresas. A su juicio, esta medida ejemplifica un enfoque de corresponsabilidad, al garantizar que la mejora de las rentas más bajas no perjudique la estabilidad del tejido empresarial. En relación con los comunicados críticos difundidos por las organizaciones empresariales, el ministro afirmó que, más allá de esas posiciones públicas, mantiene una relación fluida y constructiva con la patronal, basada en objetivos comunes, y considera que el actual contexto resulta positivo tanto para empresarios como para sindicatos. Cuerpo subrayó que el propósito del Gobierno es preservar este clima de entendimiento, ya que el fortalecimiento de las empresas en un entorno de ampliación de derechos laborales beneficia al conjunto de la economía. Sobre una posible reforma de la Ley de desindexación, defendió la necesidad de analizar cualquier iniciativa orientada a mejorar la competitividad empresarial y abogó por avanzar en la reducción de cargas administrativas, el acceso a una mejor financiación, el impulso a la internacionalización y la digitalización. Todo ello, con el objetivo de disponer a final de año de una plataforma única que simplifique la relación de las empresas con la Administración y reduzca sus costes. Por último, el ministro recordó que el próximo lunes se pondrá en marcha una línea de financiación del ICO por valor de 750 millones de euros destinada a apoyar a las empresas exportadoras frente al impacto de los aranceles estadounidenses. Esta línea incluirá, además, 187 millones en transferencias o ayudas directas, lo que permitirá abaratar el coste de los préstamos mediante un componente no reembolsable.

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(El País, 09-02-2026) | Laboral

La batalla por la indemnización adicional por despido improcedente llega al Constitucional

La cuantía de la indemnización por despido se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos del debate laboral en España. Los sindicatos UGT y CC OO reclaman que se aplique lo establecido en la Carta Social Europea y en las resoluciones del Consejo de Europa, lo que implicaría una reforma del sistema vigente. En el lado opuesto, CEOE y Cepyme rechazan cualquier cambio y se apoyan en una reciente sentencia del Tribunal Supremo que descarta la posibilidad de fijar indemnizaciones complementarias dentro del marco legal actual. Precisamente como reacción a ese fallo se sitúa el último episodio de esta controversia: los abogados Raquel Miñambres y Fernando Luján han presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra dicha sentencia del Supremo y contra otra resolución vinculada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, según confirman fuentes jurídicas a EL PAÍS. Los letrados solicitan la anulación de ambas resoluciones al considerar que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, así como los principios de igualdad y no discriminación, tal y como se expone en el recurso al que ha tenido acceso este diario. Miñambres representó a un trabajador que reclamaba una indemnización adicional a la legalmente establecida. En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona dio la razón al empleado, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó esa decisión tras estimar un recurso de suplicación. Frente a este fallo, el trabajador recurrió al Supremo, aportando una sentencia de contraste y solicitando la unificación de doctrina, apoyándose en una resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que sí reconocía una compensación adicional. El Tribunal Supremo resolvió en sentido contrario a la pretensión del trabajador. Tras esta decisión, Miñambres promovió un incidente de nulidad, suscrito también por Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. En la presentación del recurso de amparo ante el Constitucional han participado, además de UGT, el sindicato CC OO. Ambas organizaciones consideran esencial impugnar la postura defendida por la patronal y sostienen que, a largo plazo, acabarán imponiéndose los criterios europeos que instan a España a modificar su normativa. En este contexto, el recurso señala que la llegada del caso al Tribunal Constitucional constituye una oportunidad para que el órgano fije una doctrina acorde con el actual marco normativo y socioeconómico, en el que, según argumentan, se han modificado las bases del sistema de indemnización por despido improcedente. Añaden que existen nuevos derechos y mecanismos de garantía tras la ratificación por parte de España de la Carta Social Europea Revisada y del protocolo de reclamaciones colectivas. En el escrito de amparo, los abogados sostienen que se ha lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva por diversas razones. Entre ellas, critican que la interpretación del Supremo resulte jurídicamente irracional o arbitraria, al limitarse al tenor literal de la norma y vaciar de contenido el artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada. Este precepto, ratificado por España en 2021, reconoce el derecho de los trabajadores despedidos sin causa válida a percibir una indemnización adecuada u otra forma de reparación. El recurso recuerda que el Supremo calificó dicho artículo como una disposición de carácter programático, carente de elementos concretos que permitan fijar una cuantía económica, y alude a la vaguedad de su redacción. Frente a ello, los recurrentes sostienen que esta interpretación implicaría que solo las normas internacionales absolutamente precisas podrían ser objeto de control de convencionalidad, una conclusión que consideran carente de lógica jurídica. Asimismo, Miñambres y Luján afirman que existe arbitrariedad en la resolución impugnada por su contradicción con la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. Reconocen que el alto tribunal puede modificar su doctrina cuando lo estime oportuno, pero cuestionan que, en este caso, se descarte la aplicación de normas internacionales por el mero hecho de utilizar conceptos jurídicos indeterminados. El recurso también recuerda que, según doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, la interpretación de los derechos fundamentales debe tener en cuenta los criterios establecidos por los órganos internacionales de garantía, aunque sus pronunciamientos no tengan carácter estrictamente jurisprudencial. En relación con la situación del trabajador afectado, los letrados advierten de que mantener el actual sistema de indemnización tasada perpetúa efectos regresivos que perjudican especialmente a colectivos vulnerables del mercado laboral, como las mujeres, las personas extranjeras o, como en este caso, los trabajadores de mayor edad. Cabe señalar que el Tribunal Constitucional admite a trámite un porcentaje muy reducido de los recursos de amparo. Según las memorias del propio tribunal correspondientes a los últimos años, apenas alrededor del 1% de las solicitudes presentadas supera este filtro inicial.

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(El Economista, 09-02-2026) | Laboral

Díaz quiere pagar con fondos públicos a los sindicatos por su labor negociadora

El Ministerio de Trabajo se muestra partidario de implantar un sistema de compensación pública para los sindicatos por la labor que desempeñan en las mesas de diálogo social, en la negociación de los convenios colectivos y en las reformas laborales, actividades cuyos efectos se extienden a todos los trabajadores y no únicamente a sus afiliados, y que serían distintas de las subvenciones tradicionales. Esta postura ha sido reiterada en varias ocasiones y encuentra ahora un posible cauce legal a través del informe sobre democracia en el trabajo, que plantea incorporarlo a la futura ley con la que el Gobierno pretende reforzar la participación de los trabajadores en el capital y en la toma de decisiones de las empresas. El documento, elaborado por un grupo de expertos internacionales a petición de Yolanda Díaz hace un año, incluye un borrador normativo destinado a facilitar la presencia de los empleados en los consejos de administración y su acceso a la propiedad parcial de las compañías. Junto a ello, incorpora una serie de recomendaciones de política pública, entre las que figura la necesidad de garantizar una financiación suficiente para que los sindicatos puedan ejercer su función representativa general en el marco de la negociación colectiva y el diálogo social. Los autores del informe, en línea con la posición del Ministerio, sostienen que la actividad sindical beneficia al conjunto de la fuerza laboral, pese a que solo una parte esté afiliada y contribuya mediante cuotas. De ahí que propongan una ley sobre la participación institucional de los sindicatos más representativos que establezca un sistema de financiación pública destinado a compensarles por una labor considerada esencial. Este planteamiento deja fuera a las organizaciones empresariales, a pesar de que estas también participan como interlocutores sociales en los procesos de negociación colectiva. En la actualidad, el Ministerio de Trabajo ya concede ayudas a las principales centrales sindicales en función de su representatividad obtenida en las elecciones sindicales. La última convocatoria publicada, correspondiente a 2025, ascendió a 32 millones de euros, el doble de la cuantía asignada en ejercicios anteriores. Desde el departamento recuerdan que las organizaciones empresariales también reciben apoyo económico por su participación institucional en órganos como el SEPE o la Seguridad Social, al igual que ocurre con los sindicatos. Según las últimas cuentas de la CEOE, en 2024 percibieron cerca de dos millones de euros por esta vía, además de 232.400 euros por su presencia en el Consejo Económico y Social. Tanto patronales como sindicatos, además, pueden optar a subvenciones para programas concretos y a ayudas procedentes de las comunidades autónomas. La propuesta incluida en el informe, que la vicepresidenta segunda se ha comprometido a analizar, supondría un paso adicional y responde a una reivindicación recurrente de UGT y CCOO, que llevan años reclamando una norma que defina el papel de los interlocutores sociales y articule un sistema de compensación por su intervención en la negociación de miles de convenios colectivos y en la elaboración de la normativa laboral. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, planteó esta demanda durante el 44º Congreso Confederal del sindicato, en el que fue reelegido para un último mandato. En su intervención, defendió que el actual sistema de relaciones laborales se sostiene, en gran medida, con las aportaciones de los afiliados, pese a que los beneficios se extienden al conjunto de los trabajadores. Según expuso, su organización percibía en ese ejercicio en torno a cinco millones de euros, mientras que el coste de su participación en la negociación colectiva ascendía a unos 15 millones. Álvarez sostuvo que existe una deuda histórica con las organizaciones sindicales desde la Transición y reclamó un acuerdo que permita que el Estado retribuya tanto a sindicatos como a organizaciones empresariales por el trabajo que realizan en beneficio del conjunto de la sociedad, una petición que formuló en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En CCOO, aunque esta posición no se ha expresado con la misma claridad en el ámbito público, los dirigentes comparten un planteamiento similar. El programa con el que Unai Sordo concurrió a la reelección defendía la autofinanciación como uno de los ejes del sindicato, pero en la práctica sus negociadores consideran que la actividad desarrollada en las numerosas mesas de negociación debería ser sufragada por el sector público y no recaer exclusivamente en las cuotas de los afiliados. El Ministerio de Trabajo ya apuntó en esta dirección en 2024, al presentar los datos sobre la cobertura de la negociación colectiva, que muestran que más del 90% de los trabajadores está protegido por un convenio, pese a que la afiliación sindical es sensiblemente menor. A diferencia de otros países europeos, como Suecia o Dinamarca, en España los acuerdos alcanzados por los interlocutores sociales se aplican de forma generalizada a todos los empleados. Por este motivo, desde el Gobierno consideran razonable explorar fórmulas alternativas a la financiación basada exclusivamente en las cuotas sindicales. Ahora, esta cuestión podría incorporarse al diálogo con patronal y sindicatos en el marco de las futuras conversaciones sobre democracia en el trabajo.

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(El Economista, 09-02-2026) | Laboral

El 55% de la plantilla del Estado supera los 50 años

La Administración del Estado afronta un proceso de relevo generacional en sus plantillas, especialmente acusado en los ministerios, donde cerca del 55% de los empleados supera los 50 años. Este recambio deberá producirse de forma progresiva a lo largo de los próximos 15 años. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas correspondiente a julio, elaborado por el departamento que encabeza Óscar López, un 4,11% de los trabajadores del Estado tiene más de 64 años, lo que equivale a casi 3.800 personas. Ante este escenario, el Ministerio de Función Pública se ve obligado a afrontar el desafío de rejuvenecer los equipos ministeriales. En el último acuerdo suscrito entre el ministro López y las organizaciones sindicales ya se recogen algunas iniciativas orientadas a este objetivo, como la planificación anticipada de jubilaciones o el impulso de programas formativos y de becas dirigidos a jóvenes interesados en desarrollar su carrera profesional en la Administración. En once de los 22 ministerios actuales, al menos la mitad de la plantilla tiene más de 50 años. No obstante, el grado de envejecimiento varía considerablemente entre carteras. El caso más acusado es el del Ministerio de Defensa, que además es uno de los que cuenta con mayor número de empleados públicos (9.681). En este departamento, el 71% de los trabajadores supera los 50 años. De los 6.913 empleados en ese tramo de edad, casi 3.000 -en concreto, 2.969- tienen más de 60 años y se jubilarán en un horizonte cercano, mientras que 482 ya superan los 64 años y afrontan una retirada prácticamente inmediata. Estas cifras ponen de relieve la magnitud del reto al que se enfrenta Defensa en comparación con el resto de ministerios. En segundo lugar se sitúa Transportes y Movilidad Sostenible, donde el 58% de la plantilla tiene más de 50 años, una proporción que, aun siendo elevada, se sitúa 21 puntos por debajo de la de Defensa. El departamento dirigido por Óscar Puente, que cuenta con 3.815 funcionarios, deberá igualmente gestionar el relevo generacional. No obstante, dispone de algo más de margen, ya que 1.275 de sus empleados aún no han alcanzado los 60 años, lo que deja a 921 trabajadores en una franja de edad próxima a la jubilación. En tercera posición entre los ministerios más envejecidos se encuentra Hacienda. En la cartera de María Jesús Montero, el 57% de la plantilla supera los 50 años y, de los 6.849 trabajadores, 1.648 son mayores de 60, por lo que abandonarán el servicio activo en los próximos años. En el extremo opuesto figuran los ministerios con equipos más jóvenes: Igualdad y Juventud e Infancia, ambos con un 31% de empleados mayores de 50 años. Se trata además de carteras de creación reciente -Igualdad fue reconstituido en 2020 y Juventud e Infancia nació en 2023- y también de las que cuentan con menos personal, con 179 y 131 funcionarios respectivamente. A continuación se sitúa Sanidad, un ministerio histórico que, pese a contar con una plantilla reducida de 951 funcionarios, presenta un 40% de empleados mayores de 50 años, es decir, 379 personas. El envejecimiento de las plantillas no es un fenómeno exclusivo de los ministerios, sino que afecta al conjunto de la Administración pública y al mercado laboral en general. En el sector público, el 45,9% de los trabajadores tiene más de 50 años. Además, aproximadamente un tercio de los empleados públicos supera los 55 años: un 16,1% se sitúa entre los 55 y 59 años, un 12,5% entre los 60 y 64, un 1,8% entre los 65 y 69 y apenas un 0,1% alcanza o supera los 70 años. Garantizar el relevo de las próximas jubilaciones es uno de los principales retos del conjunto del sector público. Por ello, el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI 2026-2028, firmado el pasado diciembre por el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, incluye mejoras orientadas a una planificación más eficaz de las plantillas. En concreto, el Ejecutivo se compromete a introducir medidas que contemplen las previsiones de jubilaciones parciales con el objetivo de facilitar la renovación generacional. Asimismo, se prevé implantar un nuevo modelo de Ofertas de Empleo Público que sustituya al actual, lo que apunta a la eliminación de la tasa de reposición para suprimir los límites en la convocatoria de plazas y aplicar criterios de planificación estratégica y gestión de recursos humanos. Para atraer talento joven y superar los obstáculos socioeconómicos de acceso al empleo público, el acuerdo contempla también la ampliación y refuerzo de los programas de becas y ayudas dirigidos a quienes se preparan para los procesos selectivos. A estas iniciativas se suma la reactivación de las jubilaciones parciales del personal laboral, en vigor desde abril de este año en condiciones similares a las del sector privado. En junio se aprobó una convocatoria de 1.000 plazas, coincidiendo con el número de solicitudes recibidas, y el Ministerio se comprometió a gestionarlas mediante un sistema centralizado en un plazo máximo de seis meses. Por último, cabe recordar que en acuerdos anteriores el Gobierno se comprometió a recuperar la jubilación parcial de los funcionarios y del personal estatutario, un derecho eliminado en 2012 durante los recortes. Aunque en septiembre se constituyó la ponencia de la Comisión de Hacienda y Función Pública para tramitar el Proyecto de Ley de Función Pública -que incluye esta medida-, la iniciativa permanece bloqueada en el Congreso desde hace tres meses.

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(Expansión, 06-02-2026) | Laboral

La patronal plantea modificar los complementos salariales de las bajas para mitigar el absentismo

Cepyme plantea ampliar las competencias de las mutuas para que, en determinados supuestos, puedan emitir el alta médica de los trabajadores y defiende también un mayor uso de los recursos sanitarios privados con el fin de acelerar los procesos de incapacidad temporal. El refuerzo de los controles sobre las bajas laborales, la revisión de los complementos salariales previstos en los convenios durante los periodos de incapacidad temporal y un mayor aprovechamiento de las mutuas -incluida la posibilidad de que estas puedan proponer el alta en algunos casos- forman parte de las propuestas que la patronal plantea para frenar el aumento del absentismo. Estas iniciativas llegan en un momento en el que el Ministerio de Seguridad Social quiere reactivar el diálogo tripartito sobre la incapacidad temporal y cuando empiezan a perfilarse las negociaciones con los sindicatos para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). La organización que agrupa a las pequeñas y medianas empresas considera que el absentismo se ha convertido en uno de los factores que más está afectando al tejido productivo en los últimos años. Aunque el impacto es menor en las pymes, tal y como señala el último informe de la Airef, desde Cepyme advierten de que en el caso de las microempresas las ausencias pueden llegar a paralizar completamente la actividad, intensificando los problemas organizativos y las pérdidas de productividad. Por ello, Cepyme pretende introducir en las mesas de negociación sobre incapacidad temporal y en el marco del AENC la revisión de los complementos salariales recogidos en los convenios colectivos, que permiten a los trabajadores mantener el 100% de su salario mientras están de baja. Estos complementos sirven para cubrir la diferencia entre la prestación que abona la Seguridad Social y el salario habitual del empleado. La normativa vigente establece que, en los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, tienen derecho a la prestación los trabajadores afiliados y en alta que acrediten al menos 180 días cotizados en los cinco años anteriores, cuando la baja se deba a enfermedad común. En los supuestos de accidente de trabajo o enfermedad profesional no se exige un periodo mínimo de cotización. En estos casos, la Seguridad Social paga el 60% de la base reguladora entre los días cuarto y vigésimo de la baja, porcentaje que se eleva al 75% a partir del día 21. Además, entre el día 4 y el 15 el coste corre a cargo de la empresa. En las bajas por contingencias profesionales, la prestación asciende al 75% de la base reguladora desde el día siguiente al accidente o al inicio de la baja. Sin embargo, muchos convenios colectivos incluyen complementos salariales que permiten al trabajador percibir el salario íntegro durante todo el periodo de incapacidad. Es precisamente sobre estos complementos donde los empresarios quieren introducir cambios. Aunque Cepyme no ha concretado aún qué propuesta trasladará a UGT y CCOO en el marco de la negociación del AENC, sí apunta a la posibilidad de sustituir estos complementos por otros incentivos económicos que no estén directamente vinculados a la situación de baja médica. "Hay que analizar de qué manera pueden transformarse estos complementos", señaló este jueves la directora del departamento sociolaboral de Cepyme, Teresa Díaz de Terán, durante un encuentro informativo, mientras que la presidenta de la organización, Ángela de Miguel, insistió en que el absentismo laboral es actualmente la principal preocupación del colectivo empresarial. Paralelamente, las organizaciones empresariales respaldan las recomendaciones de la Airef, que en su último informe propone utilizar de forma más intensiva los recursos de las mutuas y de la sanidad privada para aliviar la presión sobre el sistema público de salud. La saturación de los servicios públicos, recuerdan, contribuye en muchos casos a alargar los procesos de incapacidad, que incluyen desde el diagnóstico y el tratamiento hasta la rehabilitación y la emisión del alta médica. En este contexto, desde Cepyme defienden que las mutuas puedan asumir un papel más activo y otorgar el alta en determinados supuestos.

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(El Economista, 06-02-2026) | Laboral

Las empresas ya empiezan a reducir los sueldos de empleados que están de baja por enfermedad

El crecimiento de los procesos de incapacidad temporal se ha convertido en una de las mayores inquietudes para las empresas. Esta preocupación ya se ha trasladado a la negociación colectiva y, después de años en los que los convenios garantizaban complementos que elevaban la prestación hasta igualar el salario habitual durante las bajas, las patronales han empezado a reducir estos pagos adicionales. Como consecuencia, muchos trabajadores perciben ahora una remuneración inferior a la que cobraban antes de iniciar la baja. La revisión de estos complementos es actualmente una de las principales prioridades de la CEOE en la negociación de los nuevos convenios colectivos. Así lo confirman fuentes sindicales, que aseguran que este asunto abre prácticamente todas las mesas de negociación y que la propuesta se ha planteado de forma generalizada. Las modificaciones ya se reflejan en convenios recientemente publicados en el Boletín Oficial del Estado. El acuerdo de Pescanova, en vigor desde el 15 de enero, introduce una cláusula que condiciona el cobro del 100% del salario para los trabajadores de fabricación, mantenimiento y servicios auxiliares a que el absentismo en esas áreas no haya superado el 6% en el semestre anterior. En el caso del personal administrativo, el límite se fija en el 3%. Además, el complemento hasta el salario íntegro solo se aplica cuando la baja por enfermedad común conlleva hospitalización. El convenio de Bosch incluye un planteamiento similar. En él, las partes firmantes reconocen que un nivel elevado de bajas médicas perjudica seriamente la competitividad y se comprometen a trabajar de forma coordinada para reducirlo. Aunque la empresa mantiene el abono del 100% del salario durante la incapacidad temporal, este complemento puede retirarse si el trabajador rechaza un reconocimiento médico propuesto por la empresa o si no comunica adecuadamente el inicio de la baja. En la misma línea, el convenio de la cadena de supermercados Consum elimina el complemento salarial en determinados supuestos, como la negativa a someterse a una revisión médica, la prolongación de la baja más allá del tiempo estándar fijado por el INSS para cada patología o la reiteración de procesos de incapacidad temporal o recaídas en el último año. También el reciente convenio del sector del metal en Tenerife, firmado hace apenas unos días, ha introducido recortes al reducir el periodo durante el cual se abona el 100% del salario, que pasa de un año completo a 200 días, con el objetivo explícito de frenar el absentismo. Desde la CEOE se considera que estos complementos explican en parte el aumento de las bajas médicas registrado en los últimos años. "Si el trabajador percibe lo mismo estando de baja que trabajando, no existe un incentivo claro para reincorporarse", advertía hace dos semanas la directora de empleo de la patronal, Rosa Santos, durante unas jornadas sobre absentismo celebradas en el Congreso. Un mensaje en el que insistió posteriormente Teresa Díaz de Terán, directora sociolaboral de Cepyme, al señalar la necesidad de analizar cómo reformular estos extras vinculados a la incapacidad temporal. El informe sobre incapacidad temporal publicado el miércoles por la Airef también apunta a la influencia de estos complementos en el aumento de las bajas. El organismo cifra desde 2017 un incremento del 60% en la incidencia de la IT y un aumento del 15% en la duración media de los procesos. Según sus datos, cerca de la mitad de los convenios sectoriales y el 65% de los convenios de empresa firmados cada año incluyen mejoras sobre la prestación básica, una proporción que alcanzó el 79% en 2025. El análisis de la Airef detalla que, en los convenios sectoriales, alrededor del 50% contempla mejoras en los tres primeros días de baja, porcentaje que se eleva al 55-60% en los tramos de entre 4 y 20 días y a partir del día 21. En los convenios de empresa, la presencia de complementos es más uniforme, con alrededor del 65% de los acuerdos incorporando mejoras en todos los tramos. En términos de cuantía, la prestación final media se sitúa en torno al 80% del salario entre los días 1 y 3, alcanza el 91% entre los días 4 y 20 y llega al 97% a partir del día 21. Conviene recordar que la normativa vigente no obliga a pagar los tres primeros días de baja, fija una prestación del 60% entre el día 4 y el 20 y del 75% a partir del día 21. La Airef también ha analizado qué otras medidas recogen los convenios para reducir la incapacidad temporal y las agrupa en cuatro grandes bloques: incentivos económicos por bajos niveles de absentismo, presentes en el 9% de los acuerdos; complementos condicionados al grado de asistencia del trabajador o de la plantilla, que aparecen en un 3% de los convenios sectoriales y un 4% de los de empresa; requisitos adicionales como la entrega de partes médicos, incluidos en torno al 2%; y medidas no económicas orientadas a facilitar la reincorporación, presentes en porcentajes cercanos al 2%. Antes de 2025, algunos convenios ya habían incorporado cláusulas específicas para abordar el absentismo, como la creación de comisiones de seguimiento encargadas de analizar las cifras y proponer soluciones, tal y como ocurre en el sector de la limpieza en Madrid o en el convenio de Vodafone. Otros acuerdos, como el del metal en Jaén, condicionaban el complemento salarial al nivel de absentismo de la empresa, mientras que el de General Logistics introducía un plus para los mozos de almacén vinculado a la mejora de los índices de siniestralidad, siempre que no existieran ausencias injustificadas.

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(El Economista, 06-02-2026) | Laboral

Emprender es la última opción para un parado en España: menos de un 3% se lo plantea

La percepción de que emprender puede ser una vía eficaz para abandonar el desempleo no termina de consolidarse en España. De hecho, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), esta alternativa es una de las menos utilizadas por las personas sin trabajo. Al cierre de 2025, solo el 2,72% de los desempleados había realizado algún trámite para poner en marcha un negocio propio. Se trata de una proporción muy reducida frente a otras fórmulas de búsqueda de empleo, aunque supone el mejor registro desde la pandemia. Las cifras del INE indican que en el cuarto trimestre del año pasado apenas 67.300 parados estaban dando pasos para trabajar por cuenta propia, unos 10.000 menos que en el mismo periodo de 2024, cuando representaban el 2,97% del total. No obstante, en trimestres anteriores los datos fueron más favorables y a comienzos de 2025 se alcanzó un máximo puntual del 3,3%, un nivel que no volvió a repetirse. Aun así, este repunte elevó la media anual hasta el 2,9%, el valor más alto desde que se modificó la metodología estadística en 2021. Existen series históricas previas, aunque con una formulación distinta de las preguntas dirigidas a los desempleados, que diferenciaban entre la búsqueda de locales o materiales y la obtención de financiación o licencias. La suma de ambas variables permaneció estancada durante años en torno al 1,6%, si bien antes de la crisis inmobiliaria llegó a situarse en el 4,1% en 2006. Este cambio en la serie refleja no solo una revisión técnica, sino también una transformación en la manera de entender el emprendimiento en España. En el pasado, iniciar un negocio solía implicar abrir un establecimiento físico; hoy, la digitalización ha alterado profundamente ese esquema, lo que motivó la actualización estadística de 2021. Pese a ello, los niveles actuales siguen siendo claramente inferiores a los previos a la Gran Recesión, lo que sugiere que emprender resulta menos atractivo que en la etapa de auge del sector inmobiliario. En cualquier caso, la EPA no detalla en qué tipo de actividades planean emprender los desempleados. Como ha venido publicando elEconomista.es, en los últimos 25 años el peso de los autónomos en el empleo total ha caído del 19% al 14,6%. Este descenso se intensificó tras la crisis financiera de 2008 y el colapso de la construcción, un contexto que desanima a muchos parados a optar por el autoempleo. Y la EPA no es el único indicador que lo pone de manifiesto. La Estadística de Flujos de la Población Activa muestra que, a finales de 2025, solo 40.000 ocupados no asalariados procedían directamente del desempleo, el registro más bajo para un cuarto trimestre. A esta cifra se suman 52.700 personas que antes eran inactivas, es decir, que no constaban como paradas al no buscar trabajo de forma activa. Esto puede responder a perfiles que interrumpen temporalmente su actividad para preparar un proyecto, aunque el peso de este grupo en los nuevos emprendimientos genera dudas sobre la solidez de estas transiciones laborales. Más concluyentes son los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Hasta noviembre, únicamente 43.547 desempleados de los 860.000 beneficiarios de prestaciones contributivas habían optado por capitalizar el paro en pago único para emprender, un 8% menos que el año anterior. Si esta tendencia se confirma al cierre del ejercicio, se trataría del peor registro de los últimos años. Este retroceso no puede explicarse por una menor cifra de parados. En 2007, con 780.205 perceptores de prestación contributiva, 154.473 personas capitalizaron su ayuda para iniciar un negocio. Esto evidencia que los sectores que absorbían a los desempleados emprendedores entonces no son los mismos que en la actualidad, a lo que se suman el encarecimiento de costes y las mayores dificultades para poner en marcha una actividad. Eso sí, el número medio de días de prestación capitalizados ha aumentado de forma notable, pasando de 136 a 281. Algunos expertos interpretan esta evolución como consecuencia de la mejora del mercado laboral. En su opinión, el paso del paro al autoempleo responde más a la falta de alternativas como asalariado que a la existencia de un verdadero proyecto empresarial. Esta dinámica puede derivar en situaciones irregulares, como la de los falsos autónomos, fenómeno que se vincula, entre otros factores, a la tarifa plana de cotización introducida en 2013 para los primeros años de actividad y que aún continúa vigente. No obstante, influyen también problemas estructurales del colectivo: una fiscalidad poco favorable, cotizaciones que no siempre se ajustan a los ingresos reales, retrasos en los cobros y una protección social -especialmente en pensiones y prestaciones por desempleo- más limitada que la de los trabajadores asalariados. Durante el auge de la construcción, estos factores pesaban menos como desincentivo que en la actualidad. En cualquier caso, incluso con incentivos como la tarifa plana, diseñada precisamente para facilitar el salto del desempleo al autoempleo, el atractivo para los parados ha sido reducido. Aunque en su primer año las capitalizaciones de prestaciones se dispararon, en los ejercicios siguientes el descenso fue acusado y los niveles quedaron cada vez más lejos de los máximos alcanzados antes de la crisis financiera.

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(Expansión, 05-02-2026) | Laboral

Sánchez anuncia que "pondrá límites a la apertura de centros privados" de FP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que en el plazo de los próximos dos meses se abrirá un proceso de consulta pública para un real decreto destinado a regular, supervisar y restringir la creación de nuevos centros privados de Formación Profesional. Tras las medidas anunciadas previamente para las universidades privadas, el Ejecutivo pone ahora el foco en los centros privados de FP. Con el objetivo de evitar que determinadas entidades educativas funcionen como meros "chiringuitos", Sánchez ha informado de que el Ministerio de Educación está ultimando una norma que establecerá límites a la apertura de centros privados de Formación Profesional que no garanticen unos niveles adecuados de calidad y formación para su alumnado. El anuncio se produjo durante el acto de clausura de la jornada Formación Profesional y Empresa: la alianza que impulsa el futuro, celebrado este miércoles, donde el jefe del Ejecutivo explicó que el real decreto será sometido a consulta pública en los próximos dos meses con el fin de asegurar que la formación se imparta bajo criterios de calidad, exigencia y control. Durante su intervención, Sánchez defendió la política del Gobierno en materia de Formación Profesional, destacando que la inversión ha pasado de 187 millones de euros en 2018 a más de 1.200 millones en la actualidad, y que se han creado más de 400.000 nuevas plazas de FP, de las cuales el 97 % corresponde a centros públicos. Según el presidente, la decisión de reforzar la regulación del sector privado responde a la necesidad de ordenar la oferta de FP privada y garantizar tanto la calidad de la enseñanza como la igualdad de oportunidades en el acceso a estos estudios. En este sentido, subrayó que el futuro de los jóvenes no debe estar condicionado por su origen o la renta de sus familias, y advirtió de que el éxito de la FP no puede derivar en una nueva brecha educativa. Aunque reconoció que la mayor parte de las nuevas plazas se han generado en centros públicos, Sánchez señaló que la FP privada ha crecido a un ritmo más del doble que la pública en un corto periodo de tiempo. Asimismo, alertó de que existen estudiantes que deben pagar entre 3.000 y 9.000 euros por cursar un ciclo formativo, mientras que otros quedan excluidos por no poder asumir ese coste. En este contexto, y con el argumento de reforzar la calidad de la Formación Profesional, el presidente anunció que se endurecerán las condiciones para autorizar nuevos centros privados de FP, siguiendo una línea similar a la adoptada con las universidades. Según explicó, el Gobierno no se opone a la existencia de centros privados, pero sí a que algunos de ellos se limiten a expedir títulos sin ofrecer una formación de calidad. Sánchez también expresó sus reservas sobre la expansión de la FP privada, señalando que, aunque en algunos casos la oferta es de alto nivel, en otros no siempre va acompañada de los recursos adecuados, de prácticas en empresas suficientes ni de una conexión real con el tejido productivo. Frente a ello, anunció la creación, a lo largo de este año, de diez nuevos centros de excelencia de Formación Profesional, que contarán con mayor inversión y planificación, con el objetivo de garantizar en todo el territorio una formación avanzada, vinculada a la innovación y a las necesidades reales de la economía española. El acto se celebró en la sede del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y contó también con la participación de la ministra del ramo, Milagros Tolón, quien destacó que bajo el Gobierno de Pedro Sánchez la Formación Profesional se ha situado en el centro del proyecto de país, al considerarse clave para impulsar el empleo digno, el talento cualificado y la igualdad de oportunidades. Desde el Gobierno se subraya el proceso de transformación y modernización de la FP llevado a cabo en los últimos años gracias a la Ley de Formación Profesional de 2022 y al Plan de Modernización de la FP. Un proceso que, según ha recordado el propio presidente en diversas ocasiones, ha contribuido de forma relevante al crecimiento económico y a la creación de empleo en España. Por su parte, la ministra de Educación señaló que en los últimos años se han destinado 7.400 millones de euros al impulso de la Formación Profesional, que actualmente cuenta con 1,2 millones de estudiantes y presenta tasas de inserción laboral cercanas al 90 % al finalizar los estudios.

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(Expansión, 05-02-2026) | Laboral

Airef detecta una "deficiencia estructural" en el control de las bajas laborales

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha detectado que el 25 % de los trabajadores acumula más de la mitad de los procesos de Incapacidad Temporal, en un contexto en el que el número total de bajas laborales se ha incrementado en más de un 60 % desde 2017. El sistema de control de las bajas por enfermedad o accidente en España -que constituye el segundo mayor capítulo de gasto de la Seguridad Social tras las pensiones- presenta, según la Autoridad Fiscal, una "deficiencia estructural" que requiere una actuación urgente para mejorar la eficiencia de un gasto público en continuo crecimiento y reducir el impacto económico que estas bajas suponen para las empresas. Así lo señaló este martes la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, durante la presentación de la Fase II del Spending Review, el programa de evaluación del gasto público que, en esta edición, también ha analizado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la ayuda oficial al desarrollo. La Incapacidad Temporal es una prestación destinada a garantizar los ingresos de los trabajadores cuando una enfermedad o accidente les impide trabajar de manera provisional. No obstante, la Airef advierte de que su coste para las arcas públicas se ha multiplicado por tres en la última década, con un aumento cercano al 200 %, hasta alcanzar los 16.500 millones de euros en 2024, una cifra superior al 1 % del PIB. A este importe hay que añadir el coste asumido por las empresas privadas. El trabajador soporta los tres primeros días de la baja; entre el cuarto y el decimosexto día, la empresa abona el 60 % de la base reguladora, y a partir de entonces es el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) quien se hace cargo, elevando la prestación al 75 % desde el día 21. Una vez transcurrido un año, el INSS puede prorrogar la situación hasta seis meses más antes de valorar una posible Incapacidad Permanente. El análisis de la Airef, centrado en el periodo 2017-2024, refleja un incremento del 58,4 % en el número de procesos de Incapacidad Temporal, que han pasado de 4,7 a 8,6 millones en contingencias comunes -a los que se suman unos 700.000 de origen profesional-, así como un aumento del 14,8 % en la duración media de las bajas. Las patologías musculoesqueléticas y respiratorias registran las mayores tasas de incidencia, aunque el mayor crecimiento acumulado se observa en las enfermedades infecciosas y en los trastornos mentales. Estos últimos presentan, además, la duración media más elevada, al pasar de 67 a 98,5 días entre 2017 y 2024, mientras que el número de casos se incrementó de 1,83 a 3,36 millones. Paralelamente, el peso de los jóvenes en el total de bajas ha aumentado del 24,6 % al 41 %. La Airef también cuantifica el denominado "fenómeno de reiteración", según el cual una cuarta parte de los trabajadores concentra el 55 % de los episodios de baja. Asimismo, constata que las Incapacidades Temporales son más frecuentes en las grandes empresas que en las pequeñas, que su número se reduce en periodos de deterioro económico y que aumenta cuando se alargan las listas de espera sanitarias. Según el organismo fiscal, cinco factores explican esta evolución al alza. Entre ellos destaca la insuficiente supervisión y seguimiento de los procesos de IT, en un sistema donde existe una desconexión entre el financiador -el INSS- y los médicos de los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas, responsables de emitir las bajas. Como explicó José María Casado, director de la división de evaluación de la Airef, ambos actores "no siempre están alineados". La Autoridad Fiscal recomienda, además, reforzar el control desde fases más tempranas, sin esperar al día 366, cuando el INSS asume plenamente las competencias, y aprovechar en mayor medida la colaboración con las grandes empresas, que son las más afectadas por este fenómeno. A modo de ejemplo, recordó que en Italia el simple anuncio de inspecciones presenciales logró reducir en un 12 % la duración de las bajas. Cristina Herrero subrayó que cualquier mejora en la eficacia y eficiencia de la gestión de la Incapacidad Temporal tiene un impacto positivo directo sobre el sector privado, dado que el absentismo laboral y el coste de las bajas figuran entre las principales preocupaciones empresariales. Entre las causas adicionales del aumento de las bajas, la Airef señala el buen momento del ciclo económico, la congestión de las listas de espera sanitarias -cuya reducción considera prioritaria-, los cambios en los convenios colectivos favorables a los trabajadores y la reforma del marco normativo impulsada por el Gobierno desde 2018, orientada a una mayor protección. En este sentido, se citan medidas como la recuperación del complemento salarial del 100 % para empleados públicos en situación de IT, que incrementó en un 40 % la probabilidad de iniciar una baja, o el paso de contratos temporales a indefinidos tras la reforma laboral, que elevó en torno a un 30 % esa probabilidad. También ha influido la eliminación de la obligación de entregar físicamente el parte médico en la empresa. "Existen múltiples actuaciones posibles para mejorar la eficacia y la eficiencia de la Incapacidad Temporal, basadas en un mayor control, supervisión y prevención", concluyó Herrero. En relación con otros ámbitos analizados, la Airef señala que el Ingreso Mínimo Vital, con un coste anual de 3.106 millones de euros, solo alcanza al 20 % de los hogares en situación de pobreza, cuando podría haber llegado al 50 %, dado que más del 55 % de los potenciales beneficiarios no lo solicita. En cuanto a la ayuda oficial al desarrollo, cuyo gasto ascendió a 11.000 millones de euros entre 2021 y 2023, el organismo considera necesario racionalizarla y dotarla de mayor transparencia.

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(El País, 05-02-2026) | Laboral

La incidencia de las bajas entre los trabajadores de 25 a 35 años ha crecido un 67% en los últimos años

El incremento de la Incapacidad Temporal en los últimos años se ha convertido en una de las principales preocupaciones tanto para empresarios como para sindicatos y el propio Gobierno. De acuerdo con las estimaciones publicadas este martes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la frecuencia de las bajas laborales creció alrededor de un 60 % entre 2017 y 2024, mientras que la duración media aumentó en torno a un 15 %. No obstante, ni la intensidad del fenómeno ni su evolución han sido homogéneas entre los distintos colectivos de trabajadores. Para analizar estas diferencias, el organismo presidido por Cristina Herrero ha elaborado una herramienta, basada en datos de la Seguridad Social, que permite desagregar el impacto de las bajas por grupos poblacionales. Una de las conclusiones más relevantes se observa en función de la edad. Los trabajadores jóvenes registran un mayor número de bajas por enfermedad que los de mayor edad, y esta diferencia se ha ido ampliando con el paso del tiempo. La incidencia de la incapacidad temporal por contingencias comunes alcanza los 41,1 casos por cada 1.000 afiliados en el tramo de 25 a 35 años, frente a los 29,7 en el grupo de 55 a 65 años. Aunque la probabilidad de sufrir problemas de salud aumenta con la edad, numerosos expertos vienen señalando que los trabajadores sénior muestran una mayor reticencia a acogerse a este derecho, una actitud menos frecuente entre los jóvenes, tal como reflejan los datos de la Airef. A medida que aumenta la edad, la incidencia de las bajas laborales disminuye: en el grupo de 35 a 45 años se sitúa en 34,4 casos por cada 1.000 trabajadores, y en el de 45 a 55 años baja hasta 28,7. Además, la distancia entre los distintos grupos etarios se ha ensanchado en los últimos años. Desde 2017, el índice de incapacidad temporal ha aumentado un 66 % entre los trabajadores de 25 a 35 años, mientras que en el tramo de 55 a 65 años el crecimiento ha sido del 43 %. Estas cifras no están condicionadas por el aumento del número de afiliados, ya que se trata de ratios relativas. Pese a que los trabajadores jóvenes acumulan más procesos de baja, las ausencias de los empleados de mayor edad tienden a prolongarse durante más tiempo. Según la Airef, esta circunstancia se explica porque los trabajadores de mayor edad suelen recurrir a la incapacidad temporal en casos de patologías más graves, que requieren periodos de recuperación más largos. En consecuencia, la duración media de las bajas por contingencias comunes alcanza los 79 días en el grupo de 55 a 65 años, frente a los 46 días en el colectivo más joven analizado. Un patrón similar se aprecia al comparar trabajadores por cuenta propia y asalariados. Los autónomos registran una incidencia mucho menor de bajas -10,3 por cada 1.000 afiliados- en comparación con los asalariados, que alcanzan los 38,3. Sin embargo, cuando se produce la baja, su duración es considerablemente mayor entre los autónomos, con una media de 112 días, frente a los 42 días de los trabajadores por cuenta ajena. Además, mientras la frecuencia de las bajas entre los autónomos apenas ha variado, entre los asalariados se ha incrementado de forma notable. El análisis también pone de relieve diferencias por sexo. Las mujeres presentan una mayor incidencia de incapacidad temporal que los hombres, aunque el crecimiento acumulado de las bajas a lo largo del periodo analizado es similar en ambos casos, según señala la Airef. Asimismo, el organismo presidido por Cristina Herrero observa que la probabilidad de registrar una baja es mayor entre los trabajadores de grandes empresas -un 81 % más que en las microempresas-, entre quienes perciben salarios medios -un 52 % más que en el primer cuartil salarial-, en el sector público -un 14 % más- y entre los trabajadores con contrato indefinido -un 12 % más que los fijos discontinuos-. Estos datos refuerzan una de las conclusiones recurrentes de la Airef: cuanto mayor es la estabilidad laboral, mayor es la incidencia de la incapacidad temporal. Por último, el análisis territorial muestra patrones similares. Algunas de las comunidades autónomas con economías más desarrolladas registran los niveles más elevados de incidencia de la incapacidad temporal, como Navarra, con 56,4 casos por cada 1.000 afiliados, Cataluña, con 51,9, y el País Vasco, con 45,9.

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