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(Expansión, 04-05-2026) | Laboral

La presencia de mujeres en la alta dirección se estanca

La proporción de mujeres en puestos de alta dirección dentro de las empresas cotizadas en la Bolsa española alcanzó el 26,4% el año pasado, según los informes de gobierno corporativo de 2025 enviados a la CNMV. Esta cifra -que no incluye a las directivas que forman parte de los consejos de administración- supone un aumento respecto al 24,83% de 2024 y al 23,07% de 2023. Sin embargo, en los últimos cinco años el avance ha sido limitado, con un incremento total de apenas seis puntos. La normativa española sobre igualdad en la representación de hombres y mujeres, vigente desde agosto de 2024, fija como plazo hasta el 30 de junio de 2027 para que las empresas cotizadas cuenten con al menos un 40% del sexo menos representado en sus consejos de administración, generalmente mujeres. Esta exigencia también afecta a los equipos de alta dirección. Actualmente, estas compañías suman 985 altos cargos directivos, de los cuales 254 están ocupados por mujeres, por lo que aún serían necesarias unas 140 más para alcanzar el objetivo del 40% que marca la ley. El mayor peso femenino se encuentra en las empresas del Ibex, donde a finales de 2025 había 113 mujeres en puestos directivos, lo que representa un 29% del total, casi tres puntos más que el año anterior. Dado que las grandes cotizadas deben cumplir antes con esta exigencia -en junio de este mismo año-, todavía necesitarían incorporar alrededor de medio centenar de mujeres para alcanzar ese umbral. Dentro del Ibex, ocho de sus 35 compañías ya cuentan con un 40% o más de mujeres en la alta dirección. Aena lidera esta clasificación, con seis directivas de un total de nueve, lo que equivale a un 66,6%. También destacan los laboratorios Rovi, donde las mujeres representan el 57,14% tras aumentar su equipo directivo de once a catorce miembros en un año, incorporando tres nuevas directivas. El mismo porcentaje se registra en Colonial, con cuatro mujeres de siete cargos. Según los datos más recientes, Enagás cuenta con un 54,54% de mujeres en su alta dirección, mejorando respecto a años anteriores. Iberdrola alcanza el 50%, mientras que Redeia llega al 42,85% y Acciona Energía al 41,66%. A este grupo se ha sumado Logista, que ha elevado su presencia femenina al 44,4%. Por otro lado, otras siete compañías superan el 30% de mujeres en puestos directivos, entre ellas Acciona, ACS, Banco Sabadell, Bankinter, IAG y Puig. Además, seis empresas más -Amadeus, BBVA, Inditex, Naturgy, Repsol y Sacyr- rebasan el 25% de representación femenina en sus equipos de alta dirección.

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(El País, 04-05-2026) | Laboral

El Supremo fija que el permiso de cuatro días por urgencias familiares debe retribuirse

El Tribunal Supremo ha aclarado definitivamente que el permiso por causas familiares urgentes debe ser remunerado por las empresas. La Sala de lo Social ha determinado que las ausencias de hasta cuatro días al año por este tipo de situaciones deben pagarse obligatoriamente, aunque no esté contemplado de forma explícita en convenios colectivos o acuerdos internos. Este permiso fue aprobado por el Gobierno en junio de 2023 al adaptar la normativa española a una directiva europea sobre conciliación laboral y personal. La medida incorporó al Estatuto de los Trabajadores el derecho a ausentarse hasta cuatro días al año para atender emergencias graves o imprevistas que afecten a familiares o convivientes, diferenciándose de otros permisos como el de cinco días por hospitalización o intervención quirúrgica. El caso llegó al Supremo tras el recurso de una empresa del sector de atención al cliente contra una sentencia previa de la Audiencia Nacional, que en febrero de 2024 le obligaba a abonar estos días. El conflicto surgió a raíz de demandas sindicales frente a la decisión de la compañía de no pagar estas ausencias, al considerar que no era obligatorio si no figuraba en el convenio. En su fallo del 17 de abril, el alto tribunal respalda por completo la decisión de la Audiencia Nacional y fija doctrina. Los magistrados sostienen que el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores es claro al reconocer el derecho a percibir remuneración durante estas ausencias justificadas, sin margen para interpretaciones distintas. Según el Supremo, el texto legal es contundente y no deja lugar a dudas: el permiso debe ser retribuido dentro del límite de cuatro días, ya que su redacción no admite otra interpretación posible. Asimismo, el tribunal señala que, aunque la norma menciona la posibilidad de que los convenios colectivos desarrollen este derecho, eso no implica que su aplicación dependa de la negociación o de la voluntad empresarial, sino que constituye un mínimo legal garantizado. Además, destaca que el legislador español ha ido más allá de lo exigido por la normativa europea al establecer claramente la obligatoriedad de retribuir estas ausencias. Por último, el Supremo recuerda que esta medida busca facilitar la conciliación entre vida laboral y personal, promoviendo una mayor corresponsabilidad en el ámbito familiar y favoreciendo la igualdad efectiva, especialmente al incentivar una mayor implicación de los hombres en tareas de cuidado que tradicionalmente han recaído en las mujeres.

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(El Economista, 04-05-2026) | Laboral

Los jueces ya hacen fijos a los interinos y dan indemnizaciones adicionales por daños

  Los tribunales españoles están empezando a reconocer como indefinidos a empleados públicos temporales que han acumulado contratos durante largos periodos, además de fijar compensaciones económicas superiores a las previstas en la normativa vigente. En las últimas semanas, tres juzgados han dictado resoluciones que aplican la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de abril, en la que se señalaba que la Administración debe ser sancionada por mantener durante años a estos trabajadores en una situación de abuso y falta de estabilidad. El tribunal europeo también indicó que actualmente no existen mecanismos eficaces para reparar el perjuicio causado ni para evitar que estas prácticas continúen. Uno de los casos más destacados es el resuelto el 27 de abril por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid, que declaró como trabajadora indefinida -aunque no funcionaria de carrera- a una interina que había trabajado durante 20 años en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. El juez anuló su cese y concluyó que la Administración había abusado de su situación de temporalidad durante dos décadas. El fallo se apoya en el criterio europeo, que considera insuficiente la figura del "indefinido no fijo" utilizada hasta ahora por los tribunales españoles, ya que mantiene cierta precariedad. También cuestiona que la indemnización por despido improcedente vigente -33 días por año trabajado- sea suficiente para compensar el daño sufrido. En esta línea, el Juzgado de lo Social número 3 de Vigo concedió el 20 de abril una indemnización de más de 52.000 euros a una trabajadora que encadenó contratos temporales durante 18 años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aunque posteriormente logró una plaza fija. El juez tuvo en cuenta no solo su trayectoria laboral, sino también la incertidumbre, la inestabilidad y el impacto personal derivados de esa situación prolongada. Para calcular la compensación, se valoraron factores como el tipo de funciones desempeñadas, la duración y número de contratos, las posibles ganancias perdidas y el perjuicio causado por la falta de estabilidad. Otro caso similar se resolvió en Badajoz, donde un juzgado reconoció una indemnización de 16.000 euros a una trabajadora cesada cuando su puesto fue ocupado por un funcionario, a pesar de que ella misma consiguió posteriormente una plaza tras superar un proceso selectivo. El juez consideró que su despido debía tratarse como el de una trabajadora indefinida no fija, superando así lo establecido por la ley de 2021, que limita las compensaciones en estos casos. Todas estas decisiones pueden ser recurridas, y será el Tribunal Supremo quien establezca un criterio definitivo tras pronunciarse sobre la interpretación del fallo europeo. Actualmente, cerca de un tercio de los empleados públicos en España -alrededor de un millón- tiene contratos temporales. De ellos, unos 125.000 se encuentran en situación de abuso por haber encadenado contratos durante años, según el sindicato CSIF. Se estima que entre 30.000 y 40.000 casos ya están siendo tramitados en los tribunales.

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(El Economista, 04-05-2026) | Laboral

El desempleo de larga duración se reduce casi un 20% en un año

El paro continúa apareciendo de forma recurrente entre las principales preocupaciones de los ciudadanos según el CIS. Aunque en los últimos años el número de desempleados ha descendido hasta niveles similares a los anteriores a la crisis de 2008, todavía hay más de 2,7 millones de personas sin trabajo. La última Encuesta de Población Activa reflejó un ligero aumento del desempleo, impulsado por quienes llevan menos de seis meses buscando empleo, mientras que el número de parados de muy larga duración -más de dos años- ha caído cerca de un 20% en el último año. Este grupo es el que más inquieta tanto a agentes sociales como a responsables políticos, ya que se trata de personas que pueden haber perdido motivación o habilidades tras largos periodos sin trabajar. Además, muchos superan los 52 años y tienen acceso a un subsidio que cotiza para la jubilación, lo que algunos interpretan como una salida anticipada del mercado laboral. Entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026, el número de desempleados que llevan más de dos años en paro se redujo en más de 111.000 personas. Aunque aún superan el medio millón, se trata del nivel más bajo para este periodo desde 2010 y supone casi la mitad que antes de la pandemia, cuando en 2019 había más de un millón en esta situación. Aun así, la cifra sigue lejos de los niveles de 2008, cuando rondaban los 240.000. Pese a esta mejora, la estructura por edades apenas ha cambiado: el desempleo de larga duración se concentra en las personas de mayor edad, especialmente aquellas cercanas a la jubilación. El grupo más numeroso es el de entre 55 y 59 años, seguido por los mayores de 60, los que superan los 50 y, en menor medida, los que están al final de la cuarentena. En cambio, los jóvenes representan una proporción mucho menor, en parte porque han sido los principales beneficiarios de la creación de empleo en los últimos años. Los expertos suelen señalar este tipo de desempleo como uno de los principales obstáculos para reducir la tasa de paro en España hasta niveles comparables con los europeos. En el primer trimestre del año, quienes llevaban más de dos años sin empleo representaban el 20% del total; si se amplía el concepto a más de un año, la proporción alcanza el 35%. No obstante, esta cifra ha bajado en más de diez puntos desde 2022, coincidiendo con la reforma laboral. Por otro lado, según el Ministerio de Trabajo, en marzo había 465.829 personas mayores de 52 años cobrando el subsidio por desempleo, dentro de un total de más de 790.000 beneficiarios de esta ayuda. Aunque este número ha disminuido ligeramente respecto al año anterior, la reducción ha sido menor que la experimentada por el paro de larga duración.

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(La Vanguardia, 04-05-2026) | Laboral

Yolanda Díaz afirma que el Gobierno aprobará el registro horario "antes de verano"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el Gobierno prevé aprobar "antes del verano" la reforma del control horario, y que lo hará sin introducir modificaciones relevantes respecto al texto que recibió críticas del Consejo de Estado en un informe especialmente duro. En una entrevista con La Vanguardia, Díaz indicó que llevará esta propuesta a la próxima Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. A pesar de las diferencias mantenidas con el Ministerio de Economía, aseguró que el Ejecutivo ha adoptado ahora "la postura adecuada", defendiendo el cumplimiento de la legalidad y la remuneración y cotización de las horas extraordinarias. En relación con el informe del Consejo de Estado, afirmó respetarlo pero no compartir sus conclusiones. "Que en pleno siglo XXI se hable de tornos refleja una visión de un país que ya no existe, cuando la mayoría de empresas cuentan con sistemas digitales", señaló. La ministra destacó que actualmente se realizan alrededor de dos millones y medio de horas extra irregulares que no se pagan, y subrayó que la reforma contribuirá también a un aumento efectivo de los salarios. Por otro lado, aseguró mantener una excelente relación personal con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aunque reconoció diferencias en materia económica, similares a las que ya tenía con su predecesora, Nadia Calviño. Respecto al futuro de la izquierda, y tras descartar su candidatura en próximas elecciones generales, Díaz defendió que el objetivo principal es movilizar a un país con mayoría progresista. No obstante, evitó posicionarse sobre quién debería liderar ese espacio político, señalando que nunca ha querido entrar en el debate de nombres, pese a que otros sí lo hicieron en su caso.

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(Expansión, 30-04-2026) | Laboral

La guerra provoca un sobrecoste de 3.100 millones en pensiones y sueldos de funcionarios

El aumento de las pensiones contributivas previsto para 2027 se situará aproximadamente entre el 3,1% y el 3,5%, lo que supone un punto porcentual más de lo que se estimaba a comienzos de año. Además, a los empleados públicos se les aplicará el incremento adicional del 0,5% correspondiente a 2026, debido a la desviación del IPC. En conjunto, la actualización de salarios públicos y pensiones rozará los 20.000 millones de euros. El conflicto en Irán sigue afectando a la economía global, impulsando la inflación, encareciendo de forma significativa los combustibles y generando posibles efectos indirectos sobre los márgenes empresariales y el consumo. Este contexto también tiene repercusiones a nivel interno. Las revisiones del IPC realizadas por el Ministerio de Economía y centros de análisis como Funcas apuntan a un mayor gasto público en la revalorización de sueldos de funcionarios y pensiones, ya que ambos dependen de la evolución de los precios. Se calcula que estas subidas supondrán unos 3.100 millones de euros adicionales respecto a lo previsto inicialmente, debido al repunte de la inflación esperado para 2026. En concreto, el incremento de las pensiones implicará unos 2.100 millones más, mientras que la subida adicional del 0,5% para los 3,6 millones de empleados públicos -con efectos retroactivos desde enero de 2026- tendrá un coste cercano a los 1.000 millones, siempre que la inflación supere el 1,5%, tal como se acordó con los sindicatos. Las nuevas previsiones de inflación reflejan este cambio: el Ministerio de Economía ha elevado su estimación del 2,1% al 3,1%, y Funcas la ha incrementado del 2,5% al 3,5%. Esto implica que la revalorización de las pensiones en 2027, que se calcula según la inflación media anual, será superior a lo esperado inicialmente. Teniendo en cuenta que cada punto de subida de las más de 10 millones de pensiones contributivas supone alrededor de 2.100 millones de euros, el coste total de su actualización en 2027 se situará entre unos 7.700 y 8.350 millones. Por otro lado, los salarios de los funcionarios no solo incorporarán el ajuste adicional del 0,5% de 2026, sino también una subida prevista de 4,5 puntos en 2027, dentro del plan plurianual acordado, que se completará en 2028 con un incremento adicional del 2%. Esta revisión salarial supondrá un gasto cercano a los 9.000 millones. En total, más allá del sobrecoste derivado de la inflación, la revalorización conjunta de pensiones y sueldos públicos implicará un desembolso de entre 17.700 y 18.350 millones de euros. Finalmente, a falta de concretar otros gastos variables como el ingreso mínimo vital o las prestaciones por incapacidad temporal, el gasto total en prestaciones contributivas podría acercarse a los 250.000 millones de euros en 2027.

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(El Economista, 30-04-2026) | Laboral

Los trabajadores que se ausentan por baja médica ya superan el millón

El absentismo laboral se ha convertido en una de las principales inquietudes para las empresas en los últimos años. Denuncian que el incremento de las bajas por incapacidad temporal no solo eleva los costes, sino que también complica la organización del trabajo. Según la última encuesta del mercado laboral elaborada por el INE, más de un millón de personas no acudieron a su puesto en la semana de referencia por enfermedad o accidente, lo que refleja la dimensión que ha alcanzado este fenómeno. Los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año muestran un aumento del 8,8% respecto al mismo periodo de 2025, lo que confirma que la tendencia al alza se mantiene desde la pandemia. A comienzos de este año, 1.075.900 trabajadores estaban ausentes por baja temporal, accidente o enfermedad, frente a algo más de 532.000 en el mismo trimestre de 2019. En términos prácticos, la cifra se ha duplicado en estos años. Este motivo se sitúa ya como la principal causa de ausencia laboral en la encuesta del INE. Aunque las razones varían según el periodo, es la primera vez que más de un millón de personas mencionan las bajas por incapacidad temporal como explicación. En comparación, menos de 900.000 estaban de vacaciones y unas 150.000 disfrutaban de permisos por nacimiento. La situación no sorprende a sindicatos ni empresarios, que mantienen conversaciones con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde finales de 2024, aunque sin avances concretos hasta ahora. Entre las propuestas planteadas por el Gobierno destacan la reincorporación progresiva de pacientes oncológicos y la obligación de que los médicos especifiquen las limitaciones laborales en casos de trabajadores con más de una actividad. Diversos análisis, como los de la AIReF o la OCDE, señalan que el aumento de las bajas está muy vinculado a problemas de salud mental y a deficiencias en la gestión de estos procesos. Empresarios y sindicatos coinciden en la necesidad de adoptar medidas más profundas. En 2024 se alcanzó un acuerdo para que las mutuas pudieran atender lesiones físicas derivadas de accidentes no laborales, aunque su aplicación por ahora se limita a algunas comunidades autónomas y su impacto es reducido. Además, las mutuas no pueden intervenir en casos relacionados con trastornos como la ansiedad o la depresión, que están impulsando el número de bajas, especialmente entre los trabajadores más jóvenes, debido a la oposición sindical. Aun así, el Gobierno no descarta ampliar sus funciones en el futuro. Desde el ámbito empresarial, tanto las grandes organizaciones como los sectores más afectados, especialmente el de servicios, advierten de las dificultades para mantener la actividad con múltiples ausencias, cubrir puestos vacantes o incluso operar con normalidad en pequeñas empresas, donde una sola baja puede obligar a cerrar temporalmente. También destacan el impacto económico, que estiman en más de 16.000 millones de euros, una cifra que habría sido superada en 2025, cuando la Seguridad Social destinó unos 18.000 millones a estas prestaciones. Ante esta situación, algunas empresas plantean en la negociación colectiva reducir los complementos salariales durante las bajas al nivel que cubre la Seguridad Social, con el objetivo de contener su crecimiento. Ya en 2023, patronal y sindicatos reconocieron la necesidad de abordar este problema en el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que sirvió de base para el pacto alcanzado con el Gobierno en 2024 sobre el papel de las mutuas. Sin embargo, tres años después, esta cuestión se ha convertido en un punto de desacuerdo que está retrasando nuevas negociaciones. Aunque ha habido contactos discretos entre las partes, aún no se ha constituido formalmente la mesa de diálogo. Los sindicatos buscan fijar criterios claros para los convenios antes de que aumenten los conflictos laborales, mientras que los empresarios consideran que la falta de avances en materia de absentismo bloquea cualquier progreso. Por su parte, las organizaciones sindicales defienden que antes de adoptar medidas es necesario analizar en profundidad las causas del aumento de las bajas. También critican que algunos informes se centren más en el gasto que en la recuperación de la salud de los trabajadores, y confían en que los nuevos órganos de estudio tengan más en cuenta este enfoque.

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(El Economista, 30-04-2026) | Laboral

El Gobierno recauda 422 millones por la cotización "extra" de los sueldos más altos que se destina a pagar las pensiones

Transcurrido el primer año de aplicación de la llamada cuota de solidaridad, el Gobierno ya dispone de cifras sobre los ingresos generados por este recargo dirigido a los salarios más elevados. Según los datos obtenidos a través del Portal de Transparencia, durante los once meses de 2025 en los que estuvo en vigor -de febrero a diciembre- la Seguridad Social recaudó 422,41 millones de euros. Esta cantidad supera en unos 22 millones las previsiones iniciales del Ministerio que dirige Elma Saiz, que estimaba ingresar alrededor de 400 millones en el primer ejercicio de aplicación a los sueldos que superan la base máxima, fijada entonces en 4.909 euros mensuales o 58.908 anuales. Este recargo afecta a trabajadores del Régimen General y también a empleados y autónomos del Régimen del Mar, mientras que los autónomos del RETA quedan fuera. De la recaudación total de 2025, la gran mayoría, 417,20 millones, procede del Régimen General, frente a 5,21 millones del sector marítimo. Aunque esta medida se incluyó en la reforma de las pensiones con el objetivo de reforzar la sostenibilidad del sistema y garantizar la actualización de las prestaciones según el IPC, su impacto en el conjunto de ingresos sigue siendo reducido. Los más de 422 millones representan apenas un 0,23% del total recaudado por cotizaciones sociales ese año, que ascendió a cerca de 177.000 millones. La finalidad de esta cuota es aumentar los recursos del sistema mediante mayores aportaciones de quienes perciben salarios por encima de la base máxima. A diferencia del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuyos fondos se destinan a la llamada "hucha de las pensiones", este recargo se emplea directamente para financiar las prestaciones actuales. Otra diferencia relevante es que el MEI lo abonan todos los trabajadores, incluidos los autónomos, sin importar su nivel salarial. Por ello, su capacidad recaudatoria es mucho mayor: en 2025 generó casi 4.934 millones de euros, frente a los 422 millones de la cuota de solidaridad. El cálculo de esta cotización adicional se basa en el exceso de salario sobre la base máxima y se estructura en varios tramos. En 2025, los sueldos ligeramente superiores a esa base tributaban un 0,92% adicional; los niveles intermedios, un 1%; y los más altos, un 1,17%. Para 2026, estos porcentajes han aumentado hasta el 1,15%, 1,25% y 1,46%, respectivamente. Además, está previsto que estos tipos sigan creciendo de forma progresiva hasta 2045, cuando alcanzarán el 5,5%, 6% y 7% según el nivel de ingresos, tras incrementos anuales graduales. Por otro lado, la base máxima de cotización también se actualiza cada año en función de la inflación, con un aumento adicional de 1,2 puntos. Así, pasó de 4.720 euros mensuales en 2024 a 4.909 en 2025, y para 2026 se ha fijado en 5.101,20 euros al mes.

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(El Economista, 30-04-2026) | Laboral

Bruselas da un ultimátum a España por la temporalidad de los interinos o la llevará ante la Justicia europea

La Comisión Europea ha dado un paso más en el procedimiento abierto contra España por la situación de los trabajadores interinos en el sector público. Bruselas ha enviado al Gobierno un dictamen motivado, que constituye la segunda fase del proceso de infracción, al considerar que la legislación española no se ajusta a la normativa comunitaria que prohíbe la discriminación de empleados con contratos temporales. Si no recibe una respuesta adecuada, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Ejecutivo europeo sostiene que en España los trabajadores con contratos de duración determinada en el ámbito público tienen condiciones menos favorables que los empleados fijos, lo que vulnera el derecho comunitario. Este asunto formaba parte de los compromisos incluidos en el Plan de Recuperación, que Bruselas considera incumplidos. De hecho, ya en julio del año pasado la Comisión concluyó que España no había alcanzado uno de los objetivos vinculados al primer tramo de fondos europeos, relacionado con la reducción de la temporalidad. Como consecuencia, se decidió recortar 627 millones de euros de esas ayudas. La apertura de este expediente se basa en que la situación de los interinos supone una discriminación contraria a la normativa europea. Este problema ya motivó un procedimiento similar en 2014. Aunque España ha atendido parte de las exigencias planteadas en la fase inicial, la Comisión considera que las medidas adoptadas siguen siendo insuficientes. Por ello, Bruselas ha elevado el proceso al siguiente nivel y ha concedido al Gobierno un plazo de dos meses para responder y adoptar soluciones. En caso contrario, podría llevar el asunto ante la justicia europea e incluso imponer sanciones económicas. Además, la Comisión reprocha a España no haber evitado el uso abusivo de contratos temporales en el sector público ni haber corregido situaciones de desigualdad laboral. También critica la falta de medidas eficaces para impedir la concatenación de contratos de corta duración, algo que la normativa europea obliga a prevenir y sancionar. Aunque España ha introducido cambios legales desde que se inició el procedimiento en 2015 y tras el último aviso enviado en 2024, Bruselas considera que las explicaciones dadas no resuelven el problema. Por su parte, el Gobierno defiende que ha cumplido con el objetivo de transformar en puestos fijos unas 300.000 plazas ocupadas anteriormente por temporales, cifra que, según datos actuales, ya supera las 419.000. También señala que el principal foco de temporalidad se encuentra en las comunidades autónomas, donde ronda el 40%, frente a un 4,7% en la Administración General del Estado. El Ejecutivo atribuye estos avances a las ofertas públicas de empleo impulsadas en los últimos años, con una media de más de 32.000 plazas anuales entre 2018 y 2025, y contrapone esta política a los recortes de etapas anteriores, que contribuyeron al envejecimiento de la plantilla pública y a un elevado número de jubilaciones.

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(Cinco Días, 29-04-2026) | Laboral

La tasa de paro crece hasta el 10,8% en el primer trimestre y la ocupación cae el doble que el año pasado

La Encuesta de Población Activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística muestra que la tasa de desempleo en España aumentó en el primer trimestre hasta el 10,83%, lo que supone nueve décimas más que en el trimestre anterior y el mayor repunte en este periodo desde 2013. Con ello, el paro vuelve a situarse por encima del 10%, un nivel que se había logrado bajar a finales del año pasado por primera vez en casi dos décadas. Este incremento coincide con una caída de la ocupación de 170.300 personas -casi el doble que en el mismo periodo del año anterior- y un aumento de 231.500 desempleados, el peor dato en trece años. El inicio del año suele ser el periodo más débil para el empleo debido a factores estacionales, especialmente el fin de las campañas navideñas y la menor actividad turística. Aun así, este año la caída ha sido más intensa de lo habitual. Se trata además de la primera EPA que recoge posibles efectos del conflicto en Oriente Próximo y el encarecimiento de los precios asociado, aunque los expertos consideran que aún es pronto para evaluar su impacto real. Los sindicatos señalan que, una vez eliminados los efectos estacionales, la tendencia del mercado laboral sigue siendo positiva, con aumento del empleo y descenso del paro. El Gobierno comparte esta visión y destaca la capacidad del mercado laboral para generar empleo incluso en un contexto internacional complejo. Por el contrario, la patronal vincula el menor dinamismo a la incertidumbre global, la falta de presupuestos y el aumento de la presión fiscal. Algunos analistas piden cautela antes de extraer conclusiones firmes, ya que los datos recogen información de todo el trimestre y solo una parte refleja el periodo posterior al inicio del conflicto. Aun así, reconocen que las cifras han sido peores de lo esperado. Pese a este deterioro trimestral, la tasa de paro sigue siendo la más baja para un primer trimestre desde 2008, y el número total de ocupados alcanza los 22,29 millones, un máximo histórico para esta época del año, impulsado por la creación de cerca de medio millón de empleos en el último año. Por sectores, las mayores caídas de empleo se registran en comercio y transporte, actividades muy ligadas a la campaña navideña, así como en información y comunicaciones y en el empleo doméstico, que sufre una reducción especialmente acusada. En cambio, el empleo crece en educación, industria y sanidad. El aumento del paro es especialmente significativo: los 231.500 desempleados más suponen el peor dato en un primer trimestre desde 2013. Aunque el paro sigue bajando en términos anuales, el ritmo de mejora es menor que en años anteriores. En total, hay 2,7 millones de desempleados. En términos relativos, también se observa una tendencia al empeoramiento en los primeros trimestres de los últimos años, con incrementos del paro cada vez mayores en este periodo, a pesar de que el balance anual sigue siendo positivo. Este aumento del desempleo y la caída de la ocupación han impulsado con fuerza la tasa de paro, que crece más que en ejercicios anteriores. Aunque ha mejorado notablemente en los últimos años, España sigue registrando una tasa de paro muy superior a la media de la Unión Europea, situada en el 5,9%. Por territorios, el paro sube con fuerza en Baleares, como es habitual fuera de la temporada turística, mientras que en Canarias el aumento es más moderado. En términos anuales, Extremadura presenta la mayor reducción del desempleo, mientras que Navarra registra el mayor incremento. Andalucía sigue siendo la comunidad con mayor tasa de paro, y Cantabria la que presenta la más baja.

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