(Expansión, 23-06-2025) | Laboral
Trabas en el cambio de cotización de los mutualistas para mejorar su pensión
La eliminación de la opción de cotizar a través de los colegios profesionales a partir de 2027 se ha convertido en el principal obstáculo para aprobar la pasarela al RETA que los grupos parlamentarios están negociando. La propuesta del Ministerio de Seguridad Social, respaldada por el PSOE, contempla permitir que los autónomos que actualmente cotizan solo a través de su mutualidad profesional -como es el caso mayoritario de los abogados- puedan trasladar sus fondos acumulados al sistema público a cambio de años de cotización al RETA. Sin embargo, Junts se opone a que sea obligatorio integrarse en el sistema público a partir de 2027. Este mecanismo de transición, conocido como "pasarela al RETA", busca ofrecer una salida a miles de profesionales que han estado cotizando exclusivamente a sus mutualidades, acumulando fondos que en muchos casos no garantizan una pensión suficiente. El objetivo es permitirles integrarse en el sistema de la Seguridad Social, que ofrece una mayor protección en la jubilación, incluyendo revalorización de pensiones con el IPC y acceso a complementos a mínimos, que actualmente percibe un tercio de los autónomos del RETA. Desde la aprobación inicial de la proposición de ley del PSOE en mayo, los grupos han seguido negociando en la Comisión de Trabajo del Congreso para definir los detalles de la reforma, que ya ha superado el debate de totalidad (presentado únicamente por Vox). En su cuarta prórroga, los partidos siguen debatiendo enmiendas parciales, con especial atención al diseño del mecanismo de conversión de fondos en años de cotización. El PSOE propone un coeficiente general del 0,77, con un mínimo del 0,67 y un máximo del 0,87. Esto quiere decir que el dinero aportado a las mutualidades podría convertirse en años de cotización al RETA, aunque siempre con un valor algo inferior al que habría supuesto si se hubiera cotizado directamente al sistema público. No obstante, este intercambio de fondos no es el punto más conflictivo del debate. Una medida más polémica es la propuesta de que todos los mutualistas alternativos tengan que aumentar su cotización hasta el 100% de la base mínima del RETA en un plazo de tres años. Pero el elemento más controvertido es la supresión total del sistema alternativo a partir de 2027, lo que obligaría a todos los profesionales afectados a integrarse en el RETA. Esto afectaría especialmente a las siete mutualidades que actualmente ofrecen un régimen alternativo, entre ellas la Mutualidad de la Abogacía -la más numerosa, con unos 55.000 afiliados- y otras como las de procuradores, arquitectos, ingenieros y médicos. Estas organizaciones no se oponen a que sus miembros tengan la opción de pasarse al sistema público, pero defienden que se mantenga la libertad de elegir entre ambos modelos. Este punto ha generado divisiones políticas. Junts ya advirtió durante el debate de admisión a trámite que no comparte la imposición de cotizar obligatoriamente al RETA, y defiende la convivencia de un sistema de previsión alternativo fortalecido junto al público. En cambio, otros socios del Gobierno sí apoyan el fin del sistema alternativo. El papel del PP puede ser decisivo para el futuro de la norma, aunque por ahora no se ha pronunciado sobre esta cuestión concreta. Lo que sí ha criticado es el procedimiento utilizado por el Ejecutivo para tramitar la reforma, acusándolo de recurrir a una proposición de ley para evitar los informes técnicos y jurídicos que exige un proyecto de ley.
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