(Cinco Días, 21-05-2024) | Laboral

Yolanda Díaz peleará para que el Gobierno eleve el IPREM y vuelva a subir el salario mínimo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha delineado este lunes las prioridades por las que su formación luchará dentro del Gobierno para que se incorporen al proyecto del Ejecutivo tras las elecciones europeas y de cara a la próxima negociación presupuestaria. Específicamente, estos asuntos son tres: conseguir que el Gobierno aumente el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM), que se utiliza para determinar numerosas ayudas públicas; un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional, y la implementación de políticas públicas para limitar el precio de los alquileres y abaratar el coste de los alimentos. "No sirve de nada subir el salario mínimo y los sueldos si la cesta de la compra es inasequible y el alquiler de una vivienda digna también", afirmó Díaz durante la clausura de la primera jornada del Foro Económico Creo 2024 organizado por el diario económico CincoDías. Además, revivió la propuesta de "sacar a la Sepi de Hacienda para transformarla en una agencia moderna de verdad". Díaz ha destacado que los buenos datos en materia de empleo -alcanzar los 21 millones de cotizantes; que diez millones de mujeres estén cotizando a la Seguridad Social; el aumento de la población activa, y la disminución de la tasa de temporalidad del 25% al 12,3%- "se deben a unas políticas públicas que han cambiado la dirección del mercado de trabajo". Por ejemplo, señaló que los ERTE "han demostrado ser una herramienta extraordinariamente eficaz", y las repetidas subidas del salario mínimo, que también ha calificado como "un acierto" a pesar de los numerosos debates académicos que ha suscitado. A esto añadió la reforma laboral, cuyo éxito atribuyó al respaldo tanto de empresarios como de sindicatos. Todo esto ha permitido a España reducir la desigualdad. "Todo con eficiencia económica", añadió, refiriéndose al superávit de 6.000 millones de euros con el que cuenta actualmente el Servicio Público de Empleo (SEPE) en contraste con los grandes déficits acumulados durante la crisis financiera de 2008. Para continuar reduciendo la desigualdad, la vicepresidenta ha exigido a la parte socialista del Gobierno que abandone la congelación del IPREM para los más vulnerables y aumente este indicador de referencia. La ministra ya había revelado recientemente sus esfuerzos para que el IPREM subiera un 3%, algo que no se concretó en las negociaciones presupuestarias. Además, ha vuelto a pedir la creación de una prestación por hijo a cargo, que Sumar sitúa en 200 euros al mes y que debería ser de carácter universal. Para financiar estos objetivos, la vicepresidenta segunda ha pedido evitar retroceder y pensar que las políticas aplicadas son temporales debido a la pandemia. "Este riesgo es real y tiene que ver con una Europa que adopta una austeridad más moderna, pero sigue siendo austeridad; con reglas fiscales que, aunque han flexibilizado los plazos, nos siguen sometiendo a las mismas restricciones". Una vez establecidas estas prioridades, Díaz mencionó cinco desafíos que España enfrenta en esta legislatura. El primero es equiparar la tasa de empleo española a la europea. En segundo lugar, acometer una subida salarial generalizada en las empresas, para la cual, en su opinión, hay margen sin que sea inflacionista. Según los datos presentados, la mediana salarial actual en España es de 1.545 euros y el salario medio real ha permanecido prácticamente congelado durante más de 30 años, mientras que en las economías de la OCDE ha aumentado un 30% en ese mismo periodo. El tercer desafío, según la ministra de Trabajo, es aumentar la productividad. En este sentido, Europa está "muy preocupada" por el diferencial negativo de este indicador en la UE respecto a Estados Unidos y China. En el caso de España, mencionó el tiempo de trabajo y el aumento del tamaño de las empresas como factores clave para mejorar la productividad. El cuarto desafío se refiere a la conservación de los sectores industriales estratégicos. "España es de los pocos países europeos que no tiene una ley que impida las deslocalizaciones", indicó Díaz, quien pidió a los líderes empresariales presentes en el foro "su complicidad" para evitar el dumping social dentro de la UE. En este punto, reiteró la necesidad de redefinir la Sepi para convertirla en una agencia pública moderna, sacándola del Ministerio de Hacienda, porque su situación actual "impide realizar muchas de las acciones que las empresas están solicitando". Finalmente, Díaz subrayó que esta legislatura será la del tiempo de trabajo, recordando que aunque los convenios colectivos ya pactan jornadas medias de 38,5 horas semanales, "aún queda mucho por hacer" para lograr el objetivo del Gobierno de reducir la jornada laboral legal a un máximo de 37,5 horas a la semana.

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(Expansión, 21-05-2024) | Laboral

El Gobierno gastó más de tres millones en la carta que envió a los jubilados por la subida de la pensión

El Gobierno gastó más de tres millones de euros en la carta que el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones envió en enero a los jubilados para informarles sobre el aumento de su pensión. La mayor parte del gasto se debió a los servicios postales, que sumaron un total de 2.743.453,24 euros. Además, el Ejecutivo destinó 428.230,28 euros para las 10.679.086 notificaciones enviadas, con un coste aproximado de cuatro céntimos por carta. Estos gastos suman un total de 3.171.683,52 euros, según ha informado el Gobierno en una respuesta parlamentaria. En su respuesta a una serie de preguntas de diputados de Vox, el Gobierno señala que considera "importante" avanzar en la digitalización de esta y otras comunicaciones, como las retenciones del IRPF, debido al ahorro potencial. Sin embargo, también aclara que "no cabe olvidar" que los avances en digitalización "no pueden priorizarse en exclusiva" y deben combinarse con una atención "adecuada" a las personas mayores, vulnerables o con diversidad funcional, quienes podrían tener más dificultades para utilizar las nuevas tecnologías. Además, el Gobierno recuerda que los pensionistas no están obligados a recibir notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos según el régimen de notificaciones de la Administración de la Seguridad Social. "Por lo tanto, la obligación de notificar el acto administrativo de revalorización de las pensiones en formato papel", argumenta el Gobierno respecto a la carta, que incluye los importes individuales, las retenciones del IRPF y, en su caso, otros descuentos aplicables al beneficiario, a menos que hayan optado por comunicarse electrónicamente con la Administración.

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(El Economista, 21-05-2024) | Laboral

Aprobada la norma que permitirá cambiar de puesto a los funcionarios para ajustar la Administración

La Administración reasignará a los funcionarios a diferentes puestos de trabajo para optimizar áreas o sectores que se vuelvan menos eficientes o productivos debido a los avances en digitalización. El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, bajo la dirección de José Luis Escrivá, ha aprobado una Orden ministerial para iniciar por primera vez planes de reestructuración dentro de la Administración pública. Estos planes complementan la reforma de la Administración pública que el Ejecutivo aprobó en diciembre pasado. Esta reforma busca simplificar y digitalizar los procesos y procedimientos administrativos como parte de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, necesarios para obtener los fondos europeos. La Orden ministerial establece de manera general la facultad del Ejecutivo para implementar planes de reestructuración en sectores específicos "cuando un cambio tecnológico, una modificación en la forma de prestación de los servicios, la aparición de nuevos perfiles competenciales u otras circunstancias comprometan significativamente la prestación eficaz de los servicios". La normativa indica que si estos cambios comprometen la prestación del servicio o la competencia de uno o varios departamentos ministeriales, o entidades públicas vinculadas o dependientes, "se podrán aprobar, previa negociación colectiva, planes de reestructuración para el sector en cuestión". La consecuencia directa de esta reestructuración para los funcionarios será el traslado a otros puestos de trabajo, según informa CSIF, el sindicato con mayor representatividad entre los funcionarios. Según la orden, la Administración tendrá la potestad de reasignar a los empleados públicos a otros puestos de trabajo, impulsar planes de movilidad y ofrecer formación para que se adapten a las nuevas formas de operar. Asimismo, podrá retirar a los funcionarios de sus puestos actuales para reasignarlos, y contratar personal con perfiles más adecuados. "La iniciativa para la elaboración de los planes de reestructuración corresponderá a los departamentos ministeriales, los organismos y entidades afectados o a este ministerio -el de Función Pública-", señala la Orden ministerial. Desde CSIF, señalan que se negaron a apoyar esta orden ministerial porque la Administración dirigida por Escrivá no especificó en qué consistirán los cambios de puesto de trabajo ni cómo estos planes afectarán al personal. La reforma de la Administración Pública aprobada en diciembre, que reemplazó a la Ley de Función Pública que se tramitaba en el Congreso y decayó con el adelanto electoral, introdujo como principal novedad la evaluación anual de los funcionarios con el objetivo de medir y mejorar su productividad. Estas evaluaciones medirán el desempeño de los empleados públicos y, si obtienen una valoración negativa, podrían perder su puesto de trabajo, aunque no su condición de funcionarios.

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(El Economista, 21-05-2024) | Laboral

Los sindicatos reclaman la jubilación parcial y reducción de jornada para los funcionarios

Los sindicatos aumentan su presión con un escrito dirigido a José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y Función Pública, tras lograr la mejora salarial de los trabajadores del sector público. CCOO y UGT, los sindicatos mayoritarios, han exigido al Gobierno el cumplimiento completo del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que incluye la posibilidad de jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, así como la reducción de la jornada laboral semanal a 35 horas. "UGT y CCOO han remitido un escrito al ministro Escrivá para que convoque la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco y así ratificar sus compromisos con las empleadas y empleados públicos", explican en un comunicado conjunto ambas organizaciones. El Gobierno ya ha garantizado a los sindicatos la aprobación del incremento salarial del 2% comprometido, introduciendo una enmienda, de PSOE y Sumar, en la tramitación parlamentaria del real decreto-ley que incluirá el paquete de medidas anticrisis. La jubilación parcial se plantea como una medida para rejuvenecer las plantillas y evitar la salida abrupta de un gran número de trabajadores: la mitad de los empleados del sector público se jubilarán en esta década, según cálculos realizados en 2022 por la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca), que representa a 20.000 funcionarios y 43 asociaciones. A través de esta modalidad, podrían abandonar gradualmente su puesto. Otro de los beneficios que defienden los sindicatos, en relación al mencionado acuerdo, es la jornada laboral de 35 horas en la Administración, eliminando las limitaciones previstas en la disposición adicional 44 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 para que cada Administración, según sus competencias, estableciera dicha jornada para su personal y el del sector público institucional. También promueven el teletrabajo como otra medida en favor de los funcionarios. En un momento de inestabilidad política, la renuncia a presentar los Presupuestos de 2024 debido al adelanto de las elecciones en Cataluña deja en el aire la política económica del Gobierno, que no cuenta con la confianza de la Cámara Baja para aprobar sus cuentas. Sin embargo, esto no afectará al aumento salarial de los funcionarios ni a las convocatorias de empleo público a través de oposiciones, según confirman desde Función Pública y varios sindicatos. "La situación actual resalta aún más el valor del Acuerdo Marco, un acuerdo sindical firmado en octubre de 2022 solo por CCOO y UGT, y que, sin duda, ha protegido nuestro salario ante posibles escenarios políticos como los actuales", explican. Además, solicitan al Gobierno que apruebe la adaptación del Estatuto Básico del Empleado Público en materia de permisos y vacaciones, así como la culminación de la clasificación profesional. El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha advertido sobre la repercusión en los servicios públicos y las condiciones de los empleados públicos de la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña. "Estamos muy preocupados por la parálisis de la Administración", ha afirmado, anticipando posibles movilizaciones en una "primavera caliente". Durante el congreso nacional en el que fue reelegido este jueves en Granada, Borra hizo declaraciones a los medios sobre el adelanto electoral en Cataluña y su consecuencia en el ámbito estatal, con la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para este año, lo que significa que continuarán prorrogados los de 2023. Borra señaló que hasta el momento en esta legislatura "todo ha estado absolutamente parado debido al tema de la Ley de Amnistía", dando la impresión de que "en este país no se puede trabajar por los ciudadanos y por los servicios públicos". A esto se ha sumado ahora, añadió el presidente de CSIF, el anuncio del Gobierno de que "renuncia a tener Presupuestos para el ejercicio 2024".

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(El Periódico, 21-05-2024) | Laboral

Moncloa aprobará hoy la reforma del subsidio de paro

El Consejo de Ministros planea aprobar este martes la reforma del subsidio por desempleo acordada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT el pasado 8 de mayo. Con esta medida, España cumple uno de los objetivos vinculados al cuarto desembolso de los fondos europeos. Se espera que la medida cuente con el respaldo necesario en el Congreso de los Diputados, especialmente después de que el Ministerio de Trabajo reincorporara la sobrecotización del 125% que Unidas Podemos exigía para mayores de 52 años en el subsidio por desempleo. Además, Bruselas presentará también este martes su evaluación de las reformas e inversiones comprometidas por España para el cuarto desembolso de los fondos, tras la ampliación de dos meses acordada con el Ejecutivo español en marzo. La reforma del subsidio por desempleo que aprobará hoy el Consejo de Ministros incluye un incremento gradual de la cuantía de esta ayuda, actualmente de 480 euros al mes (80% del IPREM); amplía el grupo de beneficiarios y permitirá compatibilizar el subsidio y la prestación contributiva de desempleo con un salario, entre otras medidas. La reforma, que entrará en vigor en noviembre de este año, introduce algunas novedades respecto a la propuesta rechazada en enero por el Congreso con los votos de PP, Vox y Podemos, como la compatibilidad de las ayudas por desempleo con un empleo. En el caso del subsidio, cuya duración máxima seguirá siendo de 30 meses, la compatibilidad será por un periodo máximo de 180 días por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial, sin reducción de la cuantía. En el caso de la prestación contributiva, se podrá compatibilizar con un empleo tras un año cobrando la prestación y siempre que el salario no supere el 225% del IPREM (1.350 euros al mes con el IPREM actual). Esta medida, que no estaba incluida en la reforma anterior y que comenzará a aplicarse a partir de 2025, busca evitar que el desempleo "se cronifique", ya que a partir del año empiezan a surgir "grandes problemas de inserción". Así, la compatibilidad de la prestación contributiva con un empleo se configura como "una fórmula especial de protección a los parados de larga duración", según el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Este nuevo régimen de compatibilidades incluirá mecanismos de control mediante un convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Inspección de Trabajo para determinar los casos de compatibilidad de prestaciones por desempleo y trabajo por cuenta ajena que deban ser objeto de inspección, con el fin de evitar fraudes en la obtención y disfrute de las prestaciones. La nueva reforma, que se aprobará en forma de Real Decreto-ley, mantiene la simplificación de los trámites administrativos para acceder al subsidio, eliminando el mes de espera para las personas que hayan agotado su prestación contributiva y quieran solicitar el subsidio. Así, la ayuda se podrá recibir desde el primer día. Se mantiene también en el 125% del salario mínimo interprofesional (SMI) la base de cotización para los subsidios de mayores de 52 años, frente a la reducción que introducía la primera reforma y que fue motivo de rechazo por parte de Podemos, al considerar que recortaba los importes de la pensión futura. Con esta decisión, se facilita la aprobación de la reforma en el Parlamento. La reforma, que no ha sido firmada por la CEOE y Cepyme, mejora las cuantías de los subsidios durante los primeros 12 meses de percepción, estableciendo tres tramos: el subsidio será del 95% del IPREM durante los primeros seis meses (570 euros mensuales con el IPREM actual); del 90% durante los siguientes seis meses (540 euros) y del actual 80% durante el resto de la duración de la prestación (480 euros). Podrán acceder al subsidio personas víctimas de violencia de género o sexual a partir de los 16 años, así como emigrantes retornados, menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores eventuales agrarios de todo el país (unos 200.000 según cálculos sindicales). Además, los trabajadores residentes en Marruecos que hayan desempeñado su última relación laboral en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con autorización de trabajo para trabajadores transfronterizos, podrán acceder a la protección por desempleo de nivel contributivo sin necesidad de acreditar residencia en España, siempre que cumplan todos los requisitos establecidos en la legislación aplicable y en las condiciones reglamentarias. La reforma elimina los subsidios parciales para quienes hayan trabajado a tiempo parcial, permitiendo que puedan cobrarlos íntegros. Además, permitirá que las personas con menos de 12 meses cotizados (el requisito necesario para acceder a una prestación contributiva) puedan acceder al subsidio, beneficiando principalmente a los jóvenes. También se facilita el cumplimiento del requisito de insuficiencia de rentas para acceder al subsidio, permitiendo el acceso tanto por insuficiencia de rentas personales como de la unidad familiar, de forma alterna. Además, se ampliará la cobertura al permitir que las parejas de hecho sean consideradas parte de la unidad familiar. Asimismo, se establece un régimen de compatibilidad entre los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura y los del Régimen General. Además, se compromete a reducir las jornadas reales requeridas para acceder a los subsidios agrarios debido a la sequía. La reforma también permitirá que quienes estén cobrando subsidios puedan agotar sus prestaciones actuales y, posteriormente, pasar a incorporarse en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin embargo, las víctimas de violencia de género y los emigrantes retornados quedarán excluidos de esta transición y se mantendrán en el subsidio. Se introduce como causa de suspensión del subsidio el que los trabajadores fijos-discontinuos sean llamados a reiniciar su actividad y no se reincorporen a su puesto de trabajo, salvo causa justificada. Además, la reforma establece un mecanismo de reserva de políticas activas de empleo para mayores de 52 años, destinando una parte de los fondos de empleo a este colectivo, aproximadamente 600 millones de euros.

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(Expansión, 17-05-2024) | Laboral

El turismo alerta de que la reducción de jornada costará 2.400 millones

La reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales, acordada en la formación del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar el año pasado, ha generado gran preocupación entre las empresas del sector turístico, un sector que, de cumplirse las excelentes previsiones para este año, representará más del 13% del PIB nacional. Ayer, Exceltur, una asociación que agrupa a más de 30 empresas y emplea al 10% de los trabajadores del sector, lanzó una voz de alarma con la presentación de un informe crítico que detalla el impacto económico de esta medida. Según el informe, el impacto asciende a casi 2.400 millones de euros. Exceltur estima que la reducción de 2,5 horas semanales por empleado tendría un coste anual de 2.348 millones de euros para las empresas del sector turístico. Además, el informe indica que el beneficio se reduciría en un 8,1% debido al incremento de los costos salariales, que aumentarían un 4,9%. Exceltur aclara que este es un cálculo conservador, ya que asume que las empresas podrían encontrar trabajadores capacitados para cubrir las horas reducidas (lo cual no ocurre en el contexto actual) y que tienen el tamaño suficiente para gestionar sus turnos con flexibilidad. Sin embargo, el 93,9% de las empresas turísticas en 2023 son micropymes, lo que dificulta dicha adaptación. Si estas condiciones no se cumplen, las empresas se verían obligadas a reducir sus horarios, disminuir la prestación de servicios y, por ende, reducir sus ventas, generando un costo mayor al calculado. Para llegar a estas cifras, Exceltur razona que en España hay 2,6 millones de empleados en el sector, de los cuales hay que restar 400.000 autónomos (que probablemente no podrán reducir su jornada), un millón de asalariados con una jornada inferior a las 37,5 horas y 200.000 personas en posiciones donde se podrían compensar las horas reducidas. Así, quedan un millón de empleados cuya reducción de horas no podría ser compensada con mayor eficiencia. La reducción de horas de trabajo para este millón de trabajadores sumaría 222 millones en un año, resultando en un coste anual de casi 2.400 millones de euros, tanto para contratar nuevos empleados como para ajustar los usos y hábitos empresariales a este nuevo modelo de jornada laboral semanal. Exceltur argumenta que, debido a la naturaleza del negocio, menos de uno de cada cuatro empleos en el sector pueden realizarse en menos tiempo con mayor eficiencia, como las labores de gerencia y servicios centrales. En cambio, la mayoría de los trabajos en el sector no permite esta flexibilidad: "La mayoría de los servicios turísticos son presenciales y requieren trabajadores para atender a los clientes en los momentos en que los disfrutan, que son parte de sus hábitos de vida. Estos horarios no son elegidos por las empresas y, por tanto, son difíciles de modificar". Este argumento de presencialidad es evidente en los trabajos que más empleo generan en el sector: cocineros y camareros (casi 850.000), conductores de transporte terrestre (unos 174.000), ayudantes de cocina (155.000) y empleados de limpieza (otros 150.000). En respuesta a esta iniciativa del Gobierno, Exceltur propone avanzar en medidas que favorezcan la flexibilidad en la organización de las jornadas de trabajo para un mejor uso del tiempo efectivo. Además, sugiere reducir los costes no salariales, especialmente las cotizaciones sociales, e introducir incentivos fiscales para la reinversión de beneficios no distribuidos en la mejora del producto en España. En enero se puso en marcha la mesa de diálogo social para debatir la reducción de la jornada laboral, liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La semana pasada, Díaz expresó su optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo "antes del verano". El objetivo es que a partir del 1 de enero del próximo año se alcance el máximo de 37,5 horas semanales.

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(El País, 17-05-2024) | Laboral

Díaz destaca que extenderá los derechos de la ‘ley rider’ a las plataformas de empleadas domésticas

El enfoque de la Ley Rider se extiende ahora a las empleadas del hogar y a los trabajadores de ayuda a domicilio. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció este jueves que el Ejecutivo irá "más allá" de la Ley Rider, regulando las plataformas digitales utilizadas para la contratación de empleadas del hogar y de trabajadores de ayuda a domicilio, dos actividades "profundamente feminizadas". "No hay atajos con los derechos laborales, ya sea repartiendo comida o cuidando a personas mayores. No permitiremos que los beneficios de las nuevas tecnologías sean una excusa para regresar a un modelo de derechos laborales del siglo XIX", advirtió Díaz durante su participación en la jornada Fondos Europeos IV, organizada por elDiario.es. Esta medida se enmarca en la transposición de la directiva europea sobre el trabajo en plataformas digitales, aprobada en marzo pasado. "Ahora contamos con esa directiva y continuamos con nuestro trabajo, dando un paso más en esta materia. Regularemos la transparencia algorítmica, transpondremos la directiva y lo haremos más allá del sector de reparto. Regularizaremos las plataformas que contratan a las empleadas del hogar y aquellas que canalizan la ayuda a domicilio", adelantó la ministra. "En el debate de la Ley Rider ya mencionábamos que esta medida afectaba a muchas tareas, destacando estas dos actividades profundamente feminizadas", insistió. La vicepresidenta subrayó la importancia de la directiva europea de Trabajo en las Plataformas digitales, una norma que fue difícil de aprobar y "la más complicada de conseguir". "Con esta directiva no solo nos jugábamos unas normas, sino el futuro del trabajo en Europa y, por ende, el futuro de Europa", afirmó. "Rara vez me rindo en una negociación, y en esta sobre las plataformas digitales en Europa estuve a punto de hacerlo. El diálogo fue muy intenso, principalmente porque enfrentábamos el modelo Macron, que defendía que un trabajador con una 'app' y una bicicleta era un empleador. Era literalmente imposible avanzar en Europa. Gracias al diálogo y a las alianzas, logramos una directiva que impide el recorte de derechos en Europa como se pretendía", explicó Díaz. Con esta norma, al igual que con la Ley Rider, se protegió el principio de laboralidad y se colocaron los algoritmos "al servicio de la justicia social", poniendo fin a las situaciones de abuso en forma de falsos autónomos. Según la directiva, los Estados miembros establecerán una presunción legal de empleo en sus sistemas legales, activada cuando se identifiquen hechos que indiquen control y dirección, de acuerdo con la legislación nacional y los convenios colectivos, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la UE. Además, los trabajadores de plataformas digitales, sus representantes o las autoridades nacionales podrán invocar esta presunción legal y alegar que están mal clasificados, mientras que corresponderá a la plataforma digital demostrar que no existe relación laboral. El acuerdo alcanzado con el Parlamento garantiza que los trabajadores estén debidamente informados sobre el uso de sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones en cuanto a su contratación, condiciones de trabajo e ingresos, entre otros aspectos. También prohíbe el uso de sistemas automatizados de seguimiento o toma de decisiones para tratar determinados tipos de datos personales, como datos biométricos o su estado emocional o psicológico. Asimismo, se asegura la supervisión y evaluación humana de las decisiones automatizadas, incluyendo el derecho a que estas decisiones sean explicadas y revisadas.

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(El País, 17-05-2024) | Laboral

La justicia europea da margen a España para decidir si amplía el permiso por nacimiento de familias monoparentales

La Justicia europea no se ha pronunciado sobre las disposiciones legales relacionadas con los permisos por nacimiento para familias monoparentales y ha dejado la responsabilidad en manos del Gobierno. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha decidido no abordar la cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Sevilla sobre si es discriminatorio que la normativa nacional no contemple la posibilidad de ampliar la baja por maternidad y la prestación a este tipo de familias (principalmente encabezadas por mujeres), permitiéndoles acogerse a las 32 semanas que disfrutan las familias biparentales (16 semanas por progenitor). En una sentencia conocida este jueves, el tribunal con sede en Luxemburgo argumenta que la directiva comunitaria de conciliación de la vida familiar y profesional no regula la posible ampliación de este permiso para familias monoparentales. De este modo, la máxima instancia judicial de la UE da margen a España para que decida sobre este asunto. Según fuentes cercanas a este proceso, el Gobierno sí está trabajando en mejoras para las familias monoparentales, aunque estas no necesariamente implicarán duplicar el permiso por nacimiento. En su explicación de las razones "materiales" por las cuales considera inadmisible la cuestión prejudicial española, el TJUE destaca la diferencia entre los permisos de maternidad y paternidad y el permiso parental (recién aprobado en España). Según el fallo, este último, que puede disfrutarse hasta una edad determinada del menor (en España, hasta los ocho años), se concede a los progenitores para que puedan cuidar a su hijo; mientras que el permiso de maternidad busca asegurar la "protección de la condición biológica de la mujer y las especiales relaciones entre ella y su hijo durante el período postnatal, evitando que se vean perturbadas por la acumulación de cargas derivadas del ejercicio simultáneo de una actividad profesional". De esta forma, la justicia comunitaria sugiere que si la ampliación solicitada hubiera sido del permiso parental, y no del permiso por nacimiento, la cuestión podría tener una interpretación diferente. Además, el tribunal también ha argumentado razones "temporales" para no pronunciarse sobre la cuestión, entendiendo que la directiva europea no es aplicable a la situación concreta porque la trabajadora realizó la solicitud de prórroga cuando España estaba dentro del margen temporal para adaptar sus normas a lo establecido a nivel europeo, margen que expiró para la mayoría de las cuestiones reguladas en agosto de 2022 pero sigue abierto para otras. De hecho, en el Plan Anual Normativo para 2024 el Gobierno se ha comprometido a "completar la transposición" de la directiva. El instrumento legal que escoja para ello podría también servir para una posible adaptación de los permisos para familias monoparentales. El tema de los permisos para familias monoparentales no es el único que el Gobierno tiene pendiente de resolver en materia de cuidados por hijos, ya que hay otras modificaciones legales necesarias para cumplir con la mencionada directiva europea. Entre los cambios esperados, se incluye que el nuevo permiso de ocho semanas para el cuidado de los hijos hasta que estos cumplan 8 años sea remunerado. Bruselas dio a España hasta el 2 de agosto de este año para ello. El Ejecutivo ya ha anunciado que cumplirán el plazo, aunque la idea es que solo se costeará la mitad del permiso (cuatro semanas). Asimismo, el Gobierno está pendiente de modificar la ley para permitir que el actual permiso de lactancia diaria de una hora pueda concentrarse en hasta 28 días consecutivos de ausencia, o bien a través de otras opciones para su disfrute. Este cambio fue incluido en el decreto que regulaba el subsidio de desempleo en enero pasado y que no salió adelante, con el voto en contra de Podemos, que ya se ha mostrado favorable al nuevo acuerdo de reforma del paro. Otra cuestión pendiente es la ampliación de los permisos por nacimiento o adopción de 16 a 20 semanas, como recoge el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar. El derecho a que las familias monoparentales puedan disfrutar de más semanas de descanso por el nacimiento de su hijo es un debate abierto tanto en la esfera judicial como en la política. En los tribunales no hay un criterio claro sobre este asunto. Algunos Tribunales Superiores de Justicia han fallado a favor de los progenitores, reconociendo el derecho a ampliar el permiso para poder atender a los cuidados de los hijos menores. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña elevó en octubre al Tribunal Constitucional una cuestión, que ya ha sido admitida a trámite. El tribunal deberá pronunciarse sobre si la legislación española incurre en un trato discriminatorio hacia el menor de la familia monoparental, ya que su necesidad de atención y cuidado no varía en función del modelo familiar. Al mismo tiempo, el tribunal catalán señaló una posible discriminación indirecta por razón de sexo contra la mujer, que son mayoritarias en este tipo de unidad familiar. El TSJ entiende que la actual normativa tiene un "impacto negativo y desfavorable" sobre las trabajadoras, afectando su capacidad de conciliación efectiva de la vida laboral y familiar, así como el ejercicio de las funciones de atención y cuidado de los menores. No obstante, el Tribunal Supremo corrigió dicha doctrina y rechazó en marzo de 2023 que las prestaciones pudieran ser dobles en estos casos. Es más, enfatizó que es responsabilidad exclusiva del legislador decidir la solución más adecuada. Existe un precedente en 2019, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció el derecho a las familias monoparentales a disfrutar de las dos semanas adicionales de permiso retribuido por nacimiento y cuidado de hijo o menor con discapacidad, o en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple. Esta posible ampliación inicialmente se limitaba a una sola semana para las familias monoparentales, pero luego pasó a ser de dos como en las familias con dos progenitores. La cuestión prejudicial de la que partió la sentencia europea analiza la demanda de una trabajadora que, formando una unidad familiar con su hijo, presentó contra la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) después de que le denegaran prorrogar 16 semanas el permiso de maternidad. La demandante dio a luz el 5 de noviembre de 2021 y le fue concedida la prestación prevista por la Seguridad Social por su permiso de maternidad, si bien solicitó una ampliación del mismo y de la prestación asociada.

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(El Economista, 17-05-2024) | Laboral

Un trabajador temporal gana 390 euros más al mes con la reforma laboral

La base media mensual de cotización de un trabajador con contrato indefinido ordinario ha aumentado un 2,9%, es decir, unos 61 euros, alcanzando los 2.192,2 euros. Sin embargo, la de un fijo discontinuo ha disminuido un 5,6%, lo que supone 66 euros menos, situándose en 1.102,6 euros. La sorpresa la da la retribución de los temporales, que ha subido un 26,5%, es decir, 390,5 euros más, hasta llegar a una media mensual de 1.865,7 euros. Un trabajador con contrato indefinido ordinario gana, en promedio, 1.089,6 euros más que un fijo discontinuo y 326,5 euros más que un temporal. A su vez, los temporales ganan 763,1 euros más que los trabajadores con contratos fijos discontinuos. Todos ellos quedan muy por debajo de los trabajadores "sin contrato", una categoría diversa que incluye a cargos públicos, funcionarios y personal estatutario (no afectados por la reforma laboral), cuya base media de cotización alcanza los 3.099,4 euros, un 8,6% más que antes de la reforma. La nueva ley ha reducido a menos de la mitad el peso del empleo temporal en el mercado laboral. Esto se logró eliminando los contratos por obra y servicio, una modalidad que, según patronal, sindicatos y Gobierno, se había convertido en una puerta de entrada a los trabajos más precarios. Su desaparición provocó una caída en el número de cotizantes, pero sus retribuciones medias han mejorado notablemente, según reflejan las estadísticas de Seguridad Social. Esto apunta a una mejora de las condiciones de los empleos eventuales, lo que no se puede decir de otros tipos de contrato. La base media de cotización se compone de la remuneración total, "cualquiera que sea su forma o denominación", que un trabajador tiene derecho a percibir mensualmente. Los datos publicados desde 2018 por la Tesorería General de la Seguridad Social se refieren a los afiliados del Régimen General, donde cotiza la mayoría de los asalariados. Esto proporciona una fuente importante de información sobre los sueldos reales que perciben los trabajadores por cuenta ajena, complementaria a la de otras fuentes como la Agencia Tributaria. Además, impacta significativamente en partidas como las pensiones, ya que las cotizaciones por trabajador se estiman a partir de esta base. La base media de cotización total creció un 9,6% entre el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2023 (y un 5,5% en el último año). Sin embargo, este aumento varía según el tipo de contrato y la jornada. Así, la diferencia entre un trabajador a tiempo completo y uno a tiempo parcial es de 1.278,2 euros, 88,5 euros más que antes de la pandemia. En este sentido, el 77,4% de los cotizantes indefinidos ordinarios trabajan a jornada completa, frente al 70,9% de los temporales y el 52,4% de los fijos discontinuos. Los trabajadores "sin contrato", por su parte, alcanzan el 95,6%. Estos porcentajes son similares a los que había antes de la reforma (aunque en el caso de los temporales ha mejorado en 4 puntos porcentuales). La fluctuación en el número de trabajadores de cada tipo, algo que sí depende de la reforma laboral, también tiene un impacto significativo en las cotizaciones. Así, los cotizantes con un contrato indefinido han aumentado en 2,9 millones y ahora representan el 77,4% de los asalariados, cuando antes de la reforma eran solo el 62,9%. Entre ellos, los más numerosos son los indefinidos ordinarios, que han crecido en 2,4 millones, hasta los 11,6 millones, un 26,5%. Esto representa el 71,9% de los cotizantes afiliados por cuenta ajena. Por su parte, los fijos discontinuos han aumentado un 141%, sumando 515.416 efectivos para llegar a 880.163 (solo un 5,4% del total de asalariados). En contraste, los temporales han caído en 2,1 millones, un 47%, quedando en 2,4 millones. Han pasado de representar el 29,4% de los asalariados al 14,4%. El 8,2% restante corresponde a los asalariados sin contrato, que alcanzan los 1,3 millones. Comparar el incremento de los cotizantes de cada tipo con su base media de cotización nos da algunas claves sobre lo ocurrido en estos dos años. Primero, los indefinidos ordinarios han logrado aumentar su número de cotizantes manteniendo relativamente estables sus bases de cotización. Esto significa que, aunque estos empleos no han mejorado sustancialmente en su "calidad intrínseca" (la reforma no necesitó introducir grandes cambios en ellos, pues ya eran considerados óptimos), sus condiciones laborales y salariales tampoco han empeorado. Esto es positivo para las cuentas de la Seguridad Social porque ahora hay muchos más indefinidos que antes (aunque también hay más despidos y bajas por no superar el periodo de prueba). Por otro lado, los temporales han experimentado el proceso inverso: aunque su número se ha desplomado, sus bases medias de cotización se han disparado. Esto implica que los contratos temporales son menos volátiles y reciben mejores sueldos. Esto parece contradecir algunos indicadores, como el descenso de la duración de los contratos registrados por el SEPE. Sin embargo, la discrepancia se explica por la desaparición de los contratos por obra y servicio, que no registraban su duración inicial prevista y ocultaban ante las estadísticas de Trabajo muchos empleos firmados por muy poco tiempo. El comportamiento tanto de los temporales como de los indefinidos se ajusta a lo previsto tras la reforma laboral: más empleo estable y menor volatilidad se traducen en mejores salarios, incluso para los asalariados con empleos más precarios. Esto es especialmente notable entre los contratos a tiempo completo, los más numerosos. Sin embargo, en este análisis hay una excepción importante: los fijos discontinuos.

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(El Economista, 17-05-2024) | Laboral

Un millón y medio de españoles no va nunca al trabajo

Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, ha advertido hoy sobre el grave problema que representa el absentismo en España. Este problema genera un coste total de 135.000 millones de euros anuales, considerando tanto los gastos directos como indirectos para la Seguridad Social y las empresas, además de las pérdidas de producción, afectando especialmente a las empresas con pocos empleados. El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, señala que, paralelamente, existe "un problema para cubrir vacantes", con 390.000 puestos que no se logran llenar. Según Cuerva, esto ocurre en un contexto de aumento de los costes muy por encima de las ventas; alta morosidad, con un periodo medio de pago de más de 82 días; y problemas de financiación y restricción del crédito. En una jornada organizada por Cepyme, Ángel Nicolás, vicepresidente de la organización, señaló que "no se está haciendo nada para reducir el coste", destacando que en el último año un millón y medio de trabajadores no acudieron ni un solo día a trabajar, sobre un total de 19 millones de asalariados, en contraste con los 1,1 millones antes de la pandemia. Nicolás explicó que "hemos pasado de una tasa de absentismo del 5% antes de la pandemia al 7% ahora, con un mayor porcentaje entre los 16 y los 45 años". Nicolás atribuyó parte del problema al colapso de los servicios de salud en la gestión de las bajas por incapacidad temporal. "En Alemania un constipado dura cuatro días y en España son veinte", afirmó. También indicó que los costes directos son de 12.500 millones de euros, mientras que los costes indirectos para cubrir vacantes ascienden a 49.750 millones de euros. Valentín Bote Álvarez-Carrasco, director de Randstad Research, explicó que "en una década el número de horas perdidas por bajas médicas se ha duplicado", insistiendo en que "no se trata de que ahora nos enfermemos más que antes". Luis Miguel García, vicepresidente de Amat, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, destacó que "no todas las enfermedades tienen por qué ser inhabilitantes" y denunció "un uso abusivo de las bajas". Estos datos se conocen mientras el Ministerio de Trabajo intenta cerrar un acuerdo con la patronal y los sindicatos para la reducción de la jornada laboral a 38,5 horas semanales este año y a 37,5 horas semanales en 2025. Los agentes sociales señalan que la reducción prevista para este año no tendrá mucho impacto en el día a día de las empresas españolas, aunque en 2025 afectaría al 94% de los trabajadores con convenio en el país. "El absentismo tiene una clara incidencia en la jornada laboral y el Ministerio de Trabajo ni siquiera lo ha tenido en cuenta", dijo Cuerva. "Es puro intervencionismo que no está avalado por estudio alguno".

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