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(Expansión, 05-05-2026) | Laboral

Las constantes subidas del salario mínimo sí estarían teniendo un impacto negativo en las actividades más sensibles a los incrementos

Entre 2019 y 2025, el salario mínimo interprofesional aumentó más de un 60% gracias a las subidas anuales aprobadas por el Gobierno. A pesar de ello, el empleo continuó creciendo con fuerza: las afiliaciones a la Seguridad Social se incrementaron en más de 2,3 millones de personas en ese periodo (un 12% más), hasta alcanzar los 21,6 millones de cotizantes al cierre del año pasado. Esta cifra incluso ha sido superada recientemente, situándose en 21,8 millones de afiliados al finalizar el mes de marzo. No obstante, la evolución del mercado laboral no ha sido uniforme. Según el investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la URJC, Miguel Ángel García Díaz, en su análisis sobre la evolución de la afiliación entre 2019 y 2025, las sucesivas subidas del salario mínimo sí habrían perjudicado a ciertos sectores más vulnerables a estos incrementos. Se trata de actividades con mayor concentración de trabajadores en los niveles salariales más bajos, donde las empresas deben ajustarse cada vez que se eleva el salario mínimo. En estos ámbitos, el estudio detecta una caída del empleo que contrasta con el crecimiento general. En concreto, durante esos seis años, tanto el sector agrario (con 107.967 afiliados menos) como el de empleados del hogar (con una reducción de 57.290) han sufrido una notable destrucción de empleo, sumando en conjunto una pérdida de 165.257 cotizantes. A estos descensos se añaden pequeñas caídas en otros regímenes, como el del mar (-1.120) y el del carbón (-565), aunque en estos casos influyen factores distintos. Según el informe, el fuerte incremento del salario mínimo podría explicar, al menos en parte, la evolución negativa del empleo en el sector agrario y en el doméstico, ambos con caídas cercanas al 14%. Conviene recordar que un estudio de la Fundación ISEAK sobre la subida del salario mínimo en 2019 concluyó que su impacto negativo fue limitado, pero estimó una destrucción o menor creación de entre 27.000 y 30.000 empleos a tiempo completo. Además, señaló que los efectos fueron graduales y afectaron en mayor medida a mujeres, jóvenes e inmigrantes. El informe, encargado por el Ministerio de Trabajo, recomendaba evaluar con mayor profundidad futuras subidas del salario mínimo, considerando factores como el sector, el tamaño de las empresas o las diferencias territoriales. Por su parte, el Banco de España también analizó la subida del 22% aplicada en 2019, que situó el salario mínimo en 900 euros mensuales en catorce pagas. Sus conclusiones apuntaban a una pérdida de entre 98.000 y 180.000 empleos, especialmente en sectores con salarios más bajos, donde se observó una reducción en la contratación. Asimismo, advertía de que elevar el salario mínimo puede dificultar el acceso al empleo para determinados colectivos, como los parados de larga duración, y aumentar el riesgo de pérdida de empleo entre trabajadores con sueldos más reducidos. En línea con estos análisis, el informe reciente de Fedea insiste en el impacto significativo del aumento de los costes laborales en los sectores más expuestos a las subidas del salario mínimo. Precisamente, tener en cuenta la situación de sectores como el agrario o el empleo doméstico ha sido una de las principales demandas de las organizaciones empresariales en las negociaciones impulsadas por el Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Estas organizaciones han solicitado medidas de apoyo, como bonificaciones, para compensar el aumento de costes en sectores que llevan años perdiendo afiliados. En este contexto, un estudio de Cepyme publicado a finales de 2022 estimó que las subidas del salario mínimo desde 2018 habrían provocado la pérdida de unos 217.000 empleos en España: alrededor de 71.600 puestos destruidos y otros 145.900 que no llegaron a crearse. El aumento del salario mínimo también ha tenido un efecto directo en los costes laborales, al elevar las bases mínimas de cotización que deben asumir las empresas. Según datos del INE, en los últimos siete años el coste de las cotizaciones sociales ha aumentado cerca de un 30% (un 29,2% en concreto), pasando de una media de 650,4 euros mensuales por trabajador en el cuarto trimestre de 2018 a 840,9 euros en el mismo periodo de 2025.

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(La Vanguardia, 05-05-2026) | Laboral

El Gobierno llevará al Consejo de Ministros la oferta de empleo público de 2026

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha anunciado que el Gobierno presentará este martes en el Consejo de Ministros la oferta de empleo público (OEP) correspondiente a 2026. En una entrevista en TVE, explicó que esta convocatoria pretende ser un ejemplo de modernización, orientada a impulsar la digitalización de la Administración y a incorporar perfiles especializados, como expertos en inteligencia artificial, sin que ello suponga pérdida de empleo, sino más bien su creación. López también destacó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha logrado revertir los recortes aplicados durante años anteriores en el ámbito de la función pública. No obstante, matizó que el crecimiento no puede mantenerse de forma indefinida, por lo que el objetivo ahora es consolidar el nivel alcanzado, combinando la creación neta de puestos con el proceso de digitalización. La propuesta llegará al Consejo de Ministros tras varias reuniones con los sindicatos en la Mesa General de la Administración del Estado, sin que se hayan producido avances significativos en la negociación. Las organizaciones sindicales han criticado la falta de información por parte del Ministerio, ya que aseguran no conocer los detalles ni las cifras concretas de la oferta, motivo por el que aún no han dado su respaldo. En 2025, el Gobierno aprobó un total de 36.588 plazas, incluyendo las destinadas a fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, lo que supuso una reducción cercana al 9% respecto al año anterior, cuando se alcanzó un máximo histórico de más de 40.000 plazas. De ese total, 26.889 correspondieron a la Administración General del Estado, con un 70% para nuevo ingreso y un 30% para promoción interna. Aunque desde el Gobierno se ha trasladado que la nueva oferta será similar a la del año pasado, las declaraciones del ministro apuntan a que no se prevé un incremento significativo del número de plazas. Desde el sindicato CSIF ya han expresado su preocupación, recordando que la oferta anterior fue insuficiente para cubrir necesidades estructurales en organismos clave como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias. Por su parte, CC.OO. considera que el Ejecutivo debería garantizar un volumen de plazas acorde al número de bajas, que en 2025 superaron las 12.000, con el fin de asegurar una verdadera creación de empleo neto y mantener la calidad de los servicios públicos, cuya demanda sigue aumentando.

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(El Economista, 05-05-2026) | Laboral

Solo cinco autonomías ceden la gestión de bajas a las mutuas pese al pacto firmado en 2024

En los últimos años, las bajas laborales por motivos médicos se han convertido en una de las principales inquietudes para las empresas. A pesar de que se han planteado distintas medidas en el marco de la negociación colectiva para reducir su impacto, el problema del absentismo sigue sin resolverse y las ausencias continúan aumentando. Uno de los acuerdos más relevantes para mejorar la gestión de la incapacidad temporal se alcanzó en 2024. Su propósito era permitir que las comunidades autónomas, junto con las mutuas y bajo el impulso del Gobierno central, firmaran convenios para que estas entidades asumieran parte de los diagnósticos y tratamientos, especialmente en el ámbito de la traumatología. Sin embargo, la iniciativa avanza con lentitud: hasta ahora solo cinco comunidades -Cataluña, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria- se han adherido, además de Ceuta y Melilla, que comparten protocolo. Los primeros acuerdos se firmaron en el verano de 2025: Baleares en junio, Cataluña en julio y Asturias en agosto. Después, no hubo avances hasta marzo de este año, cuando se sumaron Castilla-La Mancha y Cantabria. Galicia, por su parte, está estudiando la posibilidad de incorporarse, lo que elevaría el número de regiones participantes. Aun así, la firma de los acuerdos no implica una aplicación inmediata. Antes de que las mutuas puedan gestionar estos procesos, es necesario que los sistemas sanitarios autonómicos y las propias entidades desarrollen plataformas informáticas compatibles que permitan compartir la información clínica de los pacientes. Por ahora, ninguna comunidad ha puesto en marcha este modelo, aunque desde la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) confían en que Cataluña y Baleares puedan ser las primeras en hacerlo a lo largo de este año, dado que llevan más tiempo trabajando en la adaptación de sus sistemas. La urgencia de estas medidas responde al aumento sostenido de las bajas médicas, una preocupación creciente para la patronal. Cataluña, por ejemplo, encabeza las listas de espera en traumatología tras un incremento del 8,4% en un año, alcanzando más de 47.000 pacientes en junio de 2025. Andalucía, aunque ha reducido sus listas en un 12,5%, aún mantiene más de 42.700 personas esperando consulta. Entre las regiones con acuerdos firmados, solo Ceuta, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria han logrado reducir las listas, mientras que en Cataluña, Baleares y Melilla han aumentado de forma significativa. La colaboración entre el sistema público y las mutuas se materializará, previsiblemente, más de tres años después de que se planteara por primera vez. Este enfoque ya se recogía en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en mayo de 2023 por patronal y sindicatos, donde se proponía aprovechar los recursos de las mutuas para mejorar la atención sanitaria y reducir los tiempos de espera en procesos traumatológicos, siempre con el consentimiento del trabajador. Posteriormente, en septiembre de 2024, el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales formalizaron un acuerdo para mejorar la gestión de las bajas laborales, apostando por reforzar el papel asistencial de las mutuas para agilizar diagnósticos y tratamientos. Más recientemente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha retomado el diálogo social sobre esta materia. El Ejecutivo planea introducir cambios legales relacionados con la incapacidad temporal, como facilitar la reincorporación progresiva al trabajo en casos de enfermedades oncológicas o permitir que trabajadores con varios empleos puedan estar de baja solo en uno de ellos. También se está estudiando la posibilidad de que las mutuas propongan altas médicas en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, aunque la decisión final seguiría correspondiendo al Instituto Nacional de la Seguridad Social. En cuanto a la evolución de las bajas, los datos muestran un aumento especialmente significativo entre los trabajadores más jóvenes (de 16 a 24 años), donde los procesos de más de 15 días han crecido un 59,4% entre 2018 y 2024. En los trabajadores de mayor edad (55 a 64 años), destacan las recaídas, que han aumentado un 31,9%. Por duración, los procesos de más de 15 días han crecido un 24,8%, impulsados sobre todo por los casos de entre 16 y 90 días (+11,6%). También han aumentado los procesos más largos: un 8,9% los de entre 91 y 365 días y un 5,4% los que superan el año.

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(El Periódico, 05-05-2026) | Laboral

El paro baja en 62.668 personas en abril y el total se sitúa por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de abril, ha bajado en 62.668 personas (-2,59%) en relación con el mes anterior. El paro registrado se ha situado en 2.357.044 personas, bajando de la cota de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008, en un contexto en el que se baten los récords históricos de ocupación. El paro interanual ha descendido en 155.674 personas (-6,2%). También hay una reducción en términos desestacionalizados en 11.256 personas. El paro registrado disminuye en todos los sectores económicos con respecto a marzo: en Servicios en 46.156 personas (-2,62%), en Industria en 3.680 personas (-1,98%), en Construcción en 3.603 personas (-2,17%) y en Agricultura 2.272 (-3,05%).  También se reduce entre el Colectivo Sin Empleo Anterior disminuye en 6.957 (-3,04%). El desempleo femenino se sitúa en 1.424.426 mujeres, la cifra más baja desde septiembre de 2008, al disminuir en 34.146 mujeres (-2,34%) en relación al mes de marzo. El desempleo masculino se sitúa en 932.618 al descender en 28.522 personas (-2,97%). Si lo comparamos con abril de 2025, el paro masculino baja en 64.631 (-6,48%) y el femenino cae en 91.206 (-6,01%). En cuanto al comportamiento por edad, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de abril en 19.284 personas (-10,20%) respecto al mes anterior. Marca su mínimo histórico, por primera vez por debajo de la barrera de las 170.000 personas jóvenes con un total de 169.693 parados menores de 25 años. En términos absolutos, el paro baja en todas las comunidades autónomas con Andalucía (-22.393 personas), Cataluña (-8.949 personas) y Comunidad de Madrid (-6.249 personas) en cabeza. El número total de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.258.296. De este total, 543.543 contratos de trabajo tienen carácter indefinido y suponen el 43,2%. Los beneficiarios y beneficiarias existentes a final del mes de marzo fueron 1.777.568. La tasa de cobertura del sistema se situó en el 78,77%. Es la más alta en un mes de marzo desde 2010. El gasto medio mensual por persona beneficiaria, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de marzo de 2026 ha sido de 1.608 euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 293 euros (22,3%). La inversión total en prestaciones en marzo ascendió a 2.141,6 millones de euros.

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(Expansión, 04-05-2026) | Laboral

La presencia de mujeres en la alta dirección se estanca

La proporción de mujeres en puestos de alta dirección dentro de las empresas cotizadas en la Bolsa española alcanzó el 26,4% el año pasado, según los informes de gobierno corporativo de 2025 enviados a la CNMV. Esta cifra -que no incluye a las directivas que forman parte de los consejos de administración- supone un aumento respecto al 24,83% de 2024 y al 23,07% de 2023. Sin embargo, en los últimos cinco años el avance ha sido limitado, con un incremento total de apenas seis puntos. La normativa española sobre igualdad en la representación de hombres y mujeres, vigente desde agosto de 2024, fija como plazo hasta el 30 de junio de 2027 para que las empresas cotizadas cuenten con al menos un 40% del sexo menos representado en sus consejos de administración, generalmente mujeres. Esta exigencia también afecta a los equipos de alta dirección. Actualmente, estas compañías suman 985 altos cargos directivos, de los cuales 254 están ocupados por mujeres, por lo que aún serían necesarias unas 140 más para alcanzar el objetivo del 40% que marca la ley. El mayor peso femenino se encuentra en las empresas del Ibex, donde a finales de 2025 había 113 mujeres en puestos directivos, lo que representa un 29% del total, casi tres puntos más que el año anterior. Dado que las grandes cotizadas deben cumplir antes con esta exigencia -en junio de este mismo año-, todavía necesitarían incorporar alrededor de medio centenar de mujeres para alcanzar ese umbral. Dentro del Ibex, ocho de sus 35 compañías ya cuentan con un 40% o más de mujeres en la alta dirección. Aena lidera esta clasificación, con seis directivas de un total de nueve, lo que equivale a un 66,6%. También destacan los laboratorios Rovi, donde las mujeres representan el 57,14% tras aumentar su equipo directivo de once a catorce miembros en un año, incorporando tres nuevas directivas. El mismo porcentaje se registra en Colonial, con cuatro mujeres de siete cargos. Según los datos más recientes, Enagás cuenta con un 54,54% de mujeres en su alta dirección, mejorando respecto a años anteriores. Iberdrola alcanza el 50%, mientras que Redeia llega al 42,85% y Acciona Energía al 41,66%. A este grupo se ha sumado Logista, que ha elevado su presencia femenina al 44,4%. Por otro lado, otras siete compañías superan el 30% de mujeres en puestos directivos, entre ellas Acciona, ACS, Banco Sabadell, Bankinter, IAG y Puig. Además, seis empresas más -Amadeus, BBVA, Inditex, Naturgy, Repsol y Sacyr- rebasan el 25% de representación femenina en sus equipos de alta dirección.

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(El País, 04-05-2026) | Laboral

El Supremo fija que el permiso de cuatro días por urgencias familiares debe retribuirse

El Tribunal Supremo ha aclarado definitivamente que el permiso por causas familiares urgentes debe ser remunerado por las empresas. La Sala de lo Social ha determinado que las ausencias de hasta cuatro días al año por este tipo de situaciones deben pagarse obligatoriamente, aunque no esté contemplado de forma explícita en convenios colectivos o acuerdos internos. Este permiso fue aprobado por el Gobierno en junio de 2023 al adaptar la normativa española a una directiva europea sobre conciliación laboral y personal. La medida incorporó al Estatuto de los Trabajadores el derecho a ausentarse hasta cuatro días al año para atender emergencias graves o imprevistas que afecten a familiares o convivientes, diferenciándose de otros permisos como el de cinco días por hospitalización o intervención quirúrgica. El caso llegó al Supremo tras el recurso de una empresa del sector de atención al cliente contra una sentencia previa de la Audiencia Nacional, que en febrero de 2024 le obligaba a abonar estos días. El conflicto surgió a raíz de demandas sindicales frente a la decisión de la compañía de no pagar estas ausencias, al considerar que no era obligatorio si no figuraba en el convenio. En su fallo del 17 de abril, el alto tribunal respalda por completo la decisión de la Audiencia Nacional y fija doctrina. Los magistrados sostienen que el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores es claro al reconocer el derecho a percibir remuneración durante estas ausencias justificadas, sin margen para interpretaciones distintas. Según el Supremo, el texto legal es contundente y no deja lugar a dudas: el permiso debe ser retribuido dentro del límite de cuatro días, ya que su redacción no admite otra interpretación posible. Asimismo, el tribunal señala que, aunque la norma menciona la posibilidad de que los convenios colectivos desarrollen este derecho, eso no implica que su aplicación dependa de la negociación o de la voluntad empresarial, sino que constituye un mínimo legal garantizado. Además, destaca que el legislador español ha ido más allá de lo exigido por la normativa europea al establecer claramente la obligatoriedad de retribuir estas ausencias. Por último, el Supremo recuerda que esta medida busca facilitar la conciliación entre vida laboral y personal, promoviendo una mayor corresponsabilidad en el ámbito familiar y favoreciendo la igualdad efectiva, especialmente al incentivar una mayor implicación de los hombres en tareas de cuidado que tradicionalmente han recaído en las mujeres.

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(El Economista, 04-05-2026) | Laboral

Los jueces ya hacen fijos a los interinos y dan indemnizaciones adicionales por daños

  Los tribunales españoles están empezando a reconocer como indefinidos a empleados públicos temporales que han acumulado contratos durante largos periodos, además de fijar compensaciones económicas superiores a las previstas en la normativa vigente. En las últimas semanas, tres juzgados han dictado resoluciones que aplican la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de abril, en la que se señalaba que la Administración debe ser sancionada por mantener durante años a estos trabajadores en una situación de abuso y falta de estabilidad. El tribunal europeo también indicó que actualmente no existen mecanismos eficaces para reparar el perjuicio causado ni para evitar que estas prácticas continúen. Uno de los casos más destacados es el resuelto el 27 de abril por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid, que declaró como trabajadora indefinida -aunque no funcionaria de carrera- a una interina que había trabajado durante 20 años en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. El juez anuló su cese y concluyó que la Administración había abusado de su situación de temporalidad durante dos décadas. El fallo se apoya en el criterio europeo, que considera insuficiente la figura del "indefinido no fijo" utilizada hasta ahora por los tribunales españoles, ya que mantiene cierta precariedad. También cuestiona que la indemnización por despido improcedente vigente -33 días por año trabajado- sea suficiente para compensar el daño sufrido. En esta línea, el Juzgado de lo Social número 3 de Vigo concedió el 20 de abril una indemnización de más de 52.000 euros a una trabajadora que encadenó contratos temporales durante 18 años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aunque posteriormente logró una plaza fija. El juez tuvo en cuenta no solo su trayectoria laboral, sino también la incertidumbre, la inestabilidad y el impacto personal derivados de esa situación prolongada. Para calcular la compensación, se valoraron factores como el tipo de funciones desempeñadas, la duración y número de contratos, las posibles ganancias perdidas y el perjuicio causado por la falta de estabilidad. Otro caso similar se resolvió en Badajoz, donde un juzgado reconoció una indemnización de 16.000 euros a una trabajadora cesada cuando su puesto fue ocupado por un funcionario, a pesar de que ella misma consiguió posteriormente una plaza tras superar un proceso selectivo. El juez consideró que su despido debía tratarse como el de una trabajadora indefinida no fija, superando así lo establecido por la ley de 2021, que limita las compensaciones en estos casos. Todas estas decisiones pueden ser recurridas, y será el Tribunal Supremo quien establezca un criterio definitivo tras pronunciarse sobre la interpretación del fallo europeo. Actualmente, cerca de un tercio de los empleados públicos en España -alrededor de un millón- tiene contratos temporales. De ellos, unos 125.000 se encuentran en situación de abuso por haber encadenado contratos durante años, según el sindicato CSIF. Se estima que entre 30.000 y 40.000 casos ya están siendo tramitados en los tribunales.

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(El Economista, 04-05-2026) | Laboral

El desempleo de larga duración se reduce casi un 20% en un año

El paro continúa apareciendo de forma recurrente entre las principales preocupaciones de los ciudadanos según el CIS. Aunque en los últimos años el número de desempleados ha descendido hasta niveles similares a los anteriores a la crisis de 2008, todavía hay más de 2,7 millones de personas sin trabajo. La última Encuesta de Población Activa reflejó un ligero aumento del desempleo, impulsado por quienes llevan menos de seis meses buscando empleo, mientras que el número de parados de muy larga duración -más de dos años- ha caído cerca de un 20% en el último año. Este grupo es el que más inquieta tanto a agentes sociales como a responsables políticos, ya que se trata de personas que pueden haber perdido motivación o habilidades tras largos periodos sin trabajar. Además, muchos superan los 52 años y tienen acceso a un subsidio que cotiza para la jubilación, lo que algunos interpretan como una salida anticipada del mercado laboral. Entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026, el número de desempleados que llevan más de dos años en paro se redujo en más de 111.000 personas. Aunque aún superan el medio millón, se trata del nivel más bajo para este periodo desde 2010 y supone casi la mitad que antes de la pandemia, cuando en 2019 había más de un millón en esta situación. Aun así, la cifra sigue lejos de los niveles de 2008, cuando rondaban los 240.000. Pese a esta mejora, la estructura por edades apenas ha cambiado: el desempleo de larga duración se concentra en las personas de mayor edad, especialmente aquellas cercanas a la jubilación. El grupo más numeroso es el de entre 55 y 59 años, seguido por los mayores de 60, los que superan los 50 y, en menor medida, los que están al final de la cuarentena. En cambio, los jóvenes representan una proporción mucho menor, en parte porque han sido los principales beneficiarios de la creación de empleo en los últimos años. Los expertos suelen señalar este tipo de desempleo como uno de los principales obstáculos para reducir la tasa de paro en España hasta niveles comparables con los europeos. En el primer trimestre del año, quienes llevaban más de dos años sin empleo representaban el 20% del total; si se amplía el concepto a más de un año, la proporción alcanza el 35%. No obstante, esta cifra ha bajado en más de diez puntos desde 2022, coincidiendo con la reforma laboral. Por otro lado, según el Ministerio de Trabajo, en marzo había 465.829 personas mayores de 52 años cobrando el subsidio por desempleo, dentro de un total de más de 790.000 beneficiarios de esta ayuda. Aunque este número ha disminuido ligeramente respecto al año anterior, la reducción ha sido menor que la experimentada por el paro de larga duración.

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(La Vanguardia, 04-05-2026) | Laboral

Yolanda Díaz afirma que el Gobierno aprobará el registro horario "antes de verano"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el Gobierno prevé aprobar "antes del verano" la reforma del control horario, y que lo hará sin introducir modificaciones relevantes respecto al texto que recibió críticas del Consejo de Estado en un informe especialmente duro. En una entrevista con La Vanguardia, Díaz indicó que llevará esta propuesta a la próxima Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. A pesar de las diferencias mantenidas con el Ministerio de Economía, aseguró que el Ejecutivo ha adoptado ahora "la postura adecuada", defendiendo el cumplimiento de la legalidad y la remuneración y cotización de las horas extraordinarias. En relación con el informe del Consejo de Estado, afirmó respetarlo pero no compartir sus conclusiones. "Que en pleno siglo XXI se hable de tornos refleja una visión de un país que ya no existe, cuando la mayoría de empresas cuentan con sistemas digitales", señaló. La ministra destacó que actualmente se realizan alrededor de dos millones y medio de horas extra irregulares que no se pagan, y subrayó que la reforma contribuirá también a un aumento efectivo de los salarios. Por otro lado, aseguró mantener una excelente relación personal con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aunque reconoció diferencias en materia económica, similares a las que ya tenía con su predecesora, Nadia Calviño. Respecto al futuro de la izquierda, y tras descartar su candidatura en próximas elecciones generales, Díaz defendió que el objetivo principal es movilizar a un país con mayoría progresista. No obstante, evitó posicionarse sobre quién debería liderar ese espacio político, señalando que nunca ha querido entrar en el debate de nombres, pese a que otros sí lo hicieron en su caso.

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(Expansión, 30-04-2026) | Laboral

La guerra provoca un sobrecoste de 3.100 millones en pensiones y sueldos de funcionarios

El aumento de las pensiones contributivas previsto para 2027 se situará aproximadamente entre el 3,1% y el 3,5%, lo que supone un punto porcentual más de lo que se estimaba a comienzos de año. Además, a los empleados públicos se les aplicará el incremento adicional del 0,5% correspondiente a 2026, debido a la desviación del IPC. En conjunto, la actualización de salarios públicos y pensiones rozará los 20.000 millones de euros. El conflicto en Irán sigue afectando a la economía global, impulsando la inflación, encareciendo de forma significativa los combustibles y generando posibles efectos indirectos sobre los márgenes empresariales y el consumo. Este contexto también tiene repercusiones a nivel interno. Las revisiones del IPC realizadas por el Ministerio de Economía y centros de análisis como Funcas apuntan a un mayor gasto público en la revalorización de sueldos de funcionarios y pensiones, ya que ambos dependen de la evolución de los precios. Se calcula que estas subidas supondrán unos 3.100 millones de euros adicionales respecto a lo previsto inicialmente, debido al repunte de la inflación esperado para 2026. En concreto, el incremento de las pensiones implicará unos 2.100 millones más, mientras que la subida adicional del 0,5% para los 3,6 millones de empleados públicos -con efectos retroactivos desde enero de 2026- tendrá un coste cercano a los 1.000 millones, siempre que la inflación supere el 1,5%, tal como se acordó con los sindicatos. Las nuevas previsiones de inflación reflejan este cambio: el Ministerio de Economía ha elevado su estimación del 2,1% al 3,1%, y Funcas la ha incrementado del 2,5% al 3,5%. Esto implica que la revalorización de las pensiones en 2027, que se calcula según la inflación media anual, será superior a lo esperado inicialmente. Teniendo en cuenta que cada punto de subida de las más de 10 millones de pensiones contributivas supone alrededor de 2.100 millones de euros, el coste total de su actualización en 2027 se situará entre unos 7.700 y 8.350 millones. Por otro lado, los salarios de los funcionarios no solo incorporarán el ajuste adicional del 0,5% de 2026, sino también una subida prevista de 4,5 puntos en 2027, dentro del plan plurianual acordado, que se completará en 2028 con un incremento adicional del 2%. Esta revisión salarial supondrá un gasto cercano a los 9.000 millones. En total, más allá del sobrecoste derivado de la inflación, la revalorización conjunta de pensiones y sueldos públicos implicará un desembolso de entre 17.700 y 18.350 millones de euros. Finalmente, a falta de concretar otros gastos variables como el ingreso mínimo vital o las prestaciones por incapacidad temporal, el gasto total en prestaciones contributivas podría acercarse a los 250.000 millones de euros en 2027.

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