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(El País, 19-06-2026) | Laboral

La inmigración impulsa tres cuartas partes del crecimiento económico de España desde 2018

España se ha afianzado en los últimos años como una de las economías más dinámicas de la eurozona, manteniendo un ritmo de crecimiento superior al de sus socios europeos pese a un contexto internacional marcado por la incertidumbre. Mientras buena parte de la región ha lidiado con el estancamiento y la debilidad de la demanda externa, la economía española avanzó un 2,8% en 2025, duplicando el promedio de la eurozona, situado en el 1,4%. Además, en los dos últimos años ha registrado un crecimiento trimestral medio del 0,8%, claramente por encima del 0,3% observado en los países vecinos. Este comportamiento diferencial se explica en gran medida por los flujos migratorios, convertidos en un elemento clave para sostener el crecimiento, el empleo y el consumo. Entre 2018 y 2025, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 12,3% en términos reales, y cerca de tres cuartas partes de ese avance -9,1 puntos porcentuales- se atribuyen a la contribución de la población extranjera, frente a los 3,2 puntos aportados por la población nacida en España. Esta es una de las principales conclusiones del informe El aumento demográfico en España como factor explicativo del actual ciclo económico, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, organismo ligado a la CEOE. Los analistas destacan que, en un país marcado por el envejecimiento demográfico, la inmigración se ha convertido en un soporte esencial de la actividad económica. Entre 2018 y 2025, la población nacida en España cayó un 1,9%, mientras que la población nacida en el extranjero creció un 52,5%, hasta alcanzar los 9,5 millones de personas. Sin esta aportación migratoria, que ha compensado por completo la pérdida vegetativa de la población autóctona, España habría experimentado retrocesos demográficos y una capacidad de crecimiento mucho menor. De hecho, el factor demográfico explica por sí solo el 43% del crecimiento acumulado en el actual ciclo económico. El mercado laboral refleja de forma especialmente clara esta dependencia. De los dos millones de personas que se incorporaron a la población activa entre 2018 y 2025, el 97% corresponde a personas extranjeras o con doble nacionalidad. En contraste, la población activa nacida en España se mantuvo prácticamente estancada en torno a los 19,3 millones. Este saldo neto tiene en cuenta tanto las nuevas incorporaciones como las salidas del mercado laboral, estas últimas motivadas en gran medida por jubilaciones de trabajadores españoles. El impacto positivo de la migración también responde a su estructura demográfica. Ocho de cada diez migrantes se encuentran en edad de trabajar, entre 16 y 64 años, frente a seis de cada diez entre la población nacional. Como consecuencia, la población migrante ha cubierto cerca de dos tercios del empleo creado desde 2018, elevando su peso dentro del total de ocupados hasta el 21,3%. La aportación migratoria también resulta decisiva para el consumo y la demanda interna. Según el informe del IEE, mientras el gasto de los hogares españoles apenas creció un 1% entre 2018 y 2025, el consumo de los hogares de origen extranjero se disparó un 66%. De nuevo, esta evolución explica gran parte del crecimiento del consumo final de las familias, aportando dinamismo en un contexto de menor fortaleza de la demanda externa. De cara a 2026, el papel de la población extranjera volverá a ser determinante en un escenario marcado por la desaceleración global y las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Próximo. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha incrementado la presión sobre los precios energéticos y reducido el impulso del sector exterior, lo que ha llevado a revisar a la baja las previsiones de crecimiento para España: un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027. En paralelo, la inflación rondaría el 3,2% este año y se moderaría hasta el 2,7% el próximo. Aunque desde el IEE reconocen que aún es difícil calcular con precisión el impacto de la población extranjera en 2026 -debido a que solo se dispone de datos laborales del primer trimestre y a que continúa el proceso de regularización extraordinaria-, sus estimaciones parten de que la contribución de este colectivo será similar a la registrada entre 2018 y 2025. Esto implicaría que, una vez más, aproximadamente tres cuartas partes del crecimiento económico estarían ligadas al impulso demográfico y laboral de la inmigración. No obstante, los expertos advierten de que el futuro económico de España no puede depender únicamente del crecimiento poblacional. El país continúa mostrando debilidades en productividad: la productividad por ocupado cayó un 0,1% en el primer trimestre de 2026, encadenando cuatro descensos consecutivos. Por ello, consideran necesario reforzar la inversión y la innovación para elevar la productividad y favorecer la creación de empleo con mayor valor añadido. A este desafío se suma la presión sobre el mercado inmobiliario. El fuerte aumento de la población ha impulsado la creación neta de hogares hasta las 230.000 unidades en 2025, mientras que la construcción de vivienda nueva permanece estancada en torno a las 80.000 unidades anuales. Esta brecha, equivalente a casi tres nuevos hogares por cada vivienda terminada, ha intensificado las tensiones en el mercado residencial y ha elevado tanto los precios del alquiler como los de compraventa. Aunque la demanda nacional de vivienda ha crecido un 30% desde 2018, la población extranjera ya representa el 17% de las operaciones inmobiliarias. Esta presión adicional sobre un mercado con una oferta claramente insuficiente agrava un problema estructural que amenaza con convertirse en uno de los principales límites al crecimiento económico del país.

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(El País, 19-06-2026) | Laboral

El Supremo estrecha el margen de las plataformas digitales y de los operadores logísticos de subcontratar repartidores

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo aborda de forma directa uno de los debates más complejos de la economía digital: en el caso de empleados contratados por subcontratas que trabajan mediante tecnología de plataformas digitales, ¿quién es realmente su empleador? La interpretación del alto tribunal refuerza la postura defendida por los sindicatos y supone un revés para numerosas empresas del transporte y la logística, especialmente aquellas cuya actividad depende de terceros que operan con su infraestructura tecnológica. El fallo analiza si el modelo de subcontratación de DHL en el reparto de paquetería constituye una contrata legal o una cesión ilegal de trabajadores, concluyendo que se trata de esta última. La Sala de lo Social señala que los repartidores de las empresas subcontratadas prestan sus servicios de forma continuada para DHL, dentro de sus instalaciones, utilizando sus herramientas y siguiendo instrucciones directas bajo supervisión constante. Además, comparten formación, protocolos operativos e incluso la imagen corporativa con los empleados de plantilla. Según la sentencia, a través del escáner con el que trabajan -conectado a los sistemas informáticos de la empresa y capaz de transmitir información en tiempo real-, DHL no solo trasladaba instrucciones precisas para el desarrollo diario del trabajo, sino que también realizaba un control inmediato y permanente del cumplimiento de las tareas. El fallo también destaca que, aunque las subcontratas aportan los vehículos y gestionan aspectos como vacaciones o normas internas, su función principal se limita esencialmente a suministrar mano de obra. El tribunal considera que no se trata de un simple control técnico o de calidad del servicio, sino de una supervisión directa, detallada y constante de la actividad laboral. En consecuencia, entiende que los trabajadores de las subcontratas están plenamente integrados en la estructura productiva de la empresa principal. La resolución subraya que la naturaleza jurídica de la relación laboral no depende del contrato mercantil firmado entre empresas ni de la normativa del transporte, sino de la realidad efectiva de cómo se presta el trabajo. Este razonamiento guarda similitudes con el criterio aplicado por el Supremo al determinar que los riders de plataformas de reparto de comida deben ser considerados asalariados. De este modo, el tribunal ratifica la existencia de cesión ilegal de trabajadores, aunque modifica parcialmente la sanción administrativa impuesta a DHL. Frente al criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había apreciado diez infracciones diferenciadas -una por cada contrata-, el Supremo entiende que existe una única infracción continuada, lo que reduce el importe de la multa. Consultada tras conocerse la sentencia, la compañía señaló que está estudiando en detalle la resolución y revisando su operativa en consecuencia, aunque mantiene su actividad con normalidad. Además, aseguró que su compromiso sigue siendo el cumplimiento estricto de la normativa vigente, tal y como afirma haber hecho en su actividad internacional. La resolución fue publicada el 27 de marzo, aunque pasó inicialmente casi desapercibida en los medios. Días después, Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, analizó el fallo en su blog. Todolí considera especialmente relevante que el Tribunal Supremo deje claro que el hecho de que las contratistas aporten vehículos, dispongan de autorizaciones administrativas o gestionen vacaciones, horarios y contrataciones no basta para descartar la cesión ilegal de trabajadores. Este experto en plataformas digitales destaca además que el Supremo parece asumir las tesis doctrinales que sostienen que el control algorítmico en tiempo real constituye una forma de supervisión diferente a la tradicional, lo que debería tener un peso específico al valorar posibles cesiones ilegales de trabajadores. Una interpretación similar ha realizado el despacho Uría Menéndez, que señala que el control ejercido por la empresa de paquetería iba claramente más allá de la mera supervisión técnica orientada a garantizar la calidad del servicio. A su juicio, la trascendencia de la sentencia supera el caso concreto, ya que numerosos modelos de distribución urbana y de última milla funcionan actualmente mediante redes de colaboración entre grandes operadores logísticos, trabajadores autónomos y pequeñas empresas transportistas. Se trata de estructuras ampliamente extendidas en España que, hasta ahora, no habían sido cuestionadas judicialmente con esta intensidad. Este último aspecto resulta clave para medir el alcance del fallo. Más allá de compañías de paquetería como DHL, este sistema también es habitual en el reparto de comida a domicilio. Empresas como Glovo y Just Eat operan con modelos mixtos que combinan contratación directa y subcontratación. Por su parte, Uber Eats ha apostado por un modelo basado exclusivamente en subcontratas. A comienzos de año, la empresa anunció el abandono de su sistema de autónomos después de que la Inspección de Trabajo advirtiera de posibles acciones penales contra sus directivos si no avanzaba hacia un modelo laboral regulado. La compañía explicó entonces que toda su actividad pasaría a canalizarse mediante subcontratas, precisamente el esquema cuya legalidad queda ahora bajo mayor escrutinio tras la sentencia del Supremo.

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(El Confidencial, 19-06-2026) | Laboral

El absentismo laboral no toca techo: cerró 2025 en el 7,68% y marca máximos históricos

El absentismo laboral en España se ha consolidado como uno de los grandes retos estructurales del mercado de trabajo. Cada jornada, entre 1,6 y 1,7 millones de personas no acuden a su puesto laboral, y de ellas alrededor de 1,27 millones se encuentran de baja médica por incapacidad temporal (IT). Esta situación ha llevado al absentismo a marcar máximos históricos al cierre de 2025. Así lo refleja el XV Informe Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo, elaborado por The Adecco Group. Según el estudio, la tasa anual de absentismo en España se sitúa en el 7,68%, lo que supone un incremento interanual de 0,42 puntos porcentuales y más de dos puntos por encima de los niveles previos a la pandemia. Además, en el cuarto trimestre del año la tasa alcanzó el 7,88%, el valor más alto registrado en toda la serie histórica. Desde Adecco explican que este aumento responde, en gran medida, al crecimiento de las bajas por incapacidad temporal, cuya tasa ya se sitúa en el 5,97%, tras subir 0,29 puntos respecto al año anterior. Entre los factores que explican esta tendencia destacan el envejecimiento de la población activa, el incremento de los problemas de salud mental y la prolongación de los procesos médicos. Las consecuencias también son significativas en términos de productividad. De media, cada trabajador pierde 10,9 horas de trabajo al mes debido al absentismo. Este volumen de horas no trabajadas genera dificultades adicionales para la organización empresarial, especialmente en la planificación de turnos, la cobertura de vacantes y el aumento de costes operativos. Por ello, el informe subraya que la salud laboral debe abordarse como un elemento estratégico de gestión y no únicamente como una cuestión administrativa, ya que su evolución condiciona directamente la organización de las plantillas y la capacidad de anticipar necesidades de cobertura. El repunte del absentismo también está teniendo un impacto directo sobre el mercado laboral. Según el estudio, la creciente necesidad de sustituir trabajadores ausentes está impulsando la demanda de empleo temporal y elevando la presión sobre los costes laborales. En este contexto, Carlos Arcas, director del instituto, señala que el absentismo está transformando la gestión de recursos humanos, obligando a las empresas a buscar mayor flexibilidad, reforzar sus políticas de salud laboral y replantear sus estrategias organizativas. A esta situación se suma el aumento de las enfermedades profesionales con baja, que crecieron un 6,16% en 2025. Este incremento se debe principalmente a patologías relacionadas con movimientos repetitivos, sobrecarga física y posturas forzadas. Según los datos de Adecco, más del 80% de estas enfermedades profesionales están vinculadas a agentes físicos, con una incidencia especialmente elevada en la industria manufacturera. Esto confirma que una parte relevante del absentismo guarda relación directa con las condiciones físicas de determinados puestos y con la exposición prolongada a tareas de elevada exigencia corporal. Aunque el absentismo afecta a todos los sectores económicos, su impacto no es uniforme. La industria presenta la tasa más elevada, con un 8,34%, mientras que el sector servicios registra el mayor incremento interanual, con una subida de 0,47 puntos porcentuales. Por su parte, la construcción alcanza una tasa del 6,54%, aunque muestra una tendencia de acercamiento progresivo al resto de sectores. Existen además actividades especialmente afectadas. En el caso de las actividades postales y de correos, la tasa de absentismo asciende al 13,28%, muy por encima de la media nacional. Este dato refleja importantes tensiones operativas en sectores caracterizados por una alta exigencia física, fuerte presencialidad y escaso margen para aplicar modelos organizativos flexibles. Según Arcas, el absentismo tiende a concentrarse en sectores con mayor desgaste físico y menor capacidad de adaptación organizativa, lo que agrava los problemas para cubrir vacantes y aumenta la rotación de personal. En este escenario, las ausencias laborales se consolidan como uno de los principales desafíos estructurales del mercado laboral español, con efectos directos sobre la productividad empresarial, la organización interna de los equipos y la sostenibilidad del empleo.

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(El País, 18-06-2026) | Laboral

El Consejo de Europa vuelve a pedir a España que reforme la indemnización por despido improcedente

La presión sobre España para reformar el sistema de indemnizaciones por despido improcedente vuelve a aumentar. El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha aprobado una nueva recomendación en la que insta al Gobierno español a modificar su legislación laboral para adaptarla a las exigencias de la Carta Social Europea, al considerar que el actual modelo no garantiza una compensación adecuada a todos los trabajadores despedidos sin causa justificada. La decisión se produce tras las resoluciones emitidas por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que ya concluyó en dos ocasiones -a raíz de reclamaciones presentadas por CC OO y UGT- que el sistema español vulnera los compromisos asumidos por España al ratificar la Carta Social Europea en 2021. En su recomendación, el Consejo de Europa solicita expresamente la revisión de la normativa vigente para asegurar que las indemnizaciones por despido ilícito reflejen el perjuicio real sufrido por cada trabajador y tengan en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. Asimismo, considera necesario que las compensaciones tengan un efecto disuasorio suficiente para evitar despidos injustificados por parte de las empresas. La institución europea también reclama que los tribunales españoles puedan valorar, junto con las partes implicadas, la posibilidad de la readmisión del trabajador como alternativa a la compensación económica cuando las circunstancias lo aconsejen. El origen de esta controversia se encuentra en la interpretación que realiza el CEDS del artículo 24 de la Carta Social Europea, que reconoce el derecho de los trabajadores despedidos sin una causa válida a recibir una indemnización adecuada o cualquier otra reparación efectiva. Según este organismo, el sistema español, basado en una indemnización tasada de 33 días de salario por año trabajado -o 45 días para los periodos anteriores a la reforma laboral de 2012-, no siempre compensa de forma suficiente los daños ocasionados por un despido improcedente, especialmente en relaciones laborales de corta duración. La ratificación de la Carta Social Europea abrió inicialmente la puerta a que algunos juzgados españoles reconocieran indemnizaciones superiores a las previstas legalmente. Uno de los casos más conocidos fue el resuelto por un juzgado de Barcelona en 2023, que concedió una compensación adicional a una trabajadora despedida poco antes del estallido de la pandemia, al considerar que la indemnización legal resultaba insuficiente para reparar el perjuicio sufrido. Sin embargo, esta línea jurisprudencial quedó frenada por el Tribunal Supremo. En diciembre de 2024 y posteriormente en julio de 2025, el alto tribunal concluyó que la legislación española ya cumple con las exigencias internacionales y descartó la posibilidad de reconocer indemnizaciones adicionales al margen de las previstas por la normativa laboral. Esta interpretación contó con el respaldo mayoritario de la Sala, aunque varios magistrados expresaron su discrepancia mediante votos particulares. La posición del Supremo ha sido duramente criticada por las organizaciones sindicales, que consideran que ignora las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales. De hecho, los sindicatos han recurrido ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de revertir dicha doctrina. El debate también ha llegado a la mesa de diálogo social. El Ministerio de Trabajo mantiene abierta una negociación con sindicatos y organizaciones empresariales para estudiar posibles cambios en el régimen de despido. No obstante, las posibilidades de alcanzar un acuerdo son reducidas debido a la profunda división existente entre las partes. Trabajo y las centrales sindicales defienden la necesidad de reformar el sistema para adaptarlo a las recomendaciones europeas. Por el contrario, las organizaciones empresariales rechazan cualquier modificación y sostienen que la legislación actual ya ofrece suficiente seguridad jurídica. Su principal argumento es precisamente la doctrina fijada por el Tribunal Supremo, que considera ajustado el modelo español tanto a la Carta Social Europea como a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. La falta de consenso no se limita a los agentes sociales. Dentro del propio Ejecutivo también existen diferencias de criterio. Mientras que el Ministerio de Trabajo apuesta por impulsar la reforma, el Ministerio de Economía mantiene una posición mucho más cautelosa debido al posible impacto que tendría sobre los costes empresariales y el mercado laboral. Los sindicatos han presentado una propuesta conjunta para reformular las indemnizaciones por despido. Su planteamiento contempla tres componentes: una indemnización mínima garantizada para todos los trabajadores despedidos, una compensación tasada similar a la actual pero con cuantías superiores, y una tercera partida adicional que los jueces podrían fijar en función de los daños concretos sufridos por cada afectado. Desde el ámbito empresarial, la respuesta ha sido contundente. La CEOE considera que reabrir este debate generaría inseguridad jurídica y recuerda que las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales tienen carácter interpretativo y no son directamente vinculantes para los tribunales españoles. Por ello, mantiene su rechazo a cualquier modificación de la regulación vigente. Con este nuevo pronunciamiento del Consejo de Europa, el debate sobre la reforma del despido vuelve a situarse en el centro de la agenda laboral española. Sin embargo, las diferencias entre sindicatos, empresarios, partidos políticos e incluso dentro del propio Gobierno anticipan una negociación compleja y con escasas garantías de culminar en una reforma legislativa a corto plazo.

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(El Economista, 18-06-2026) | Laboral

Garamendi aleja un acuerdo con CCOO y UGT para subir salarios por la "inseguridad jurídica" generada por Díaz

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha intervenido este miércoles en la Asamblea General de la organización con un mensaje muy crítico hacia el contexto político en España, marcado por los escándalos judiciales. Ha reclamado "levantar las alfombras" ante unos casos de corrupción que ha calificado de "increíbles" y ha defendido con firmeza la separación de poderes, así como el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la justicia, denunciando lo que considera ataques a los jueces. Durante su intervención, Garamendi ha advertido de que la actual inestabilidad institucional supone un obstáculo para el crecimiento económico y el empleo. En su opinión, este clima dificulta la toma de decisiones y la confianza empresarial, especialmente en un contexto en el que, según ha señalado, se encadenan escándalos políticos, se debilita el papel del Parlamento y se sustituyen debates por decisiones impuestas por vía legislativa. Ha añadido que la ciudadanía observa con preocupación la situación actual. Preguntado por la posibilidad de un adelanto electoral, previsto en principio para 2027, el líder de la CEOE no ha querido pronunciarse de forma directa, aunque ha dejado entrever que el marco para resolver la situación política se encuentra en el Parlamento, aludiendo implícitamente a mecanismos como una posible moción de censura. Garamendi ha centrado también buena parte de sus críticas en el Ministerio de Trabajo y en la vicepresidenta Yolanda Díaz, a quien ha acusado de interferir en la negociación con los agentes sociales. Según el presidente de la patronal, esta actitud estaría dificultando el acuerdo sobre el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), al generar inseguridad jurídica y alterar los espacios de diálogo con los sindicatos. El dirigente empresarial ha asegurado que es complicado alcanzar acuerdos cuando no está claro si el Ministerio adoptará determinadas medidas por la vía reglamentaria, como las relativas a la compensación y absorción de complementos salariales o a la reforma del despido. En este último punto, ha defendido que la normativa española ya se ajusta a la doctrina del Tribunal Supremo y a la regulación europea, por lo que considera innecesario reabrir el debate. En su intervención, Garamendi ha criticado lo que considera una intervención creciente del Gobierno en el ámbito de la negociación laboral, acusándolo de imponer decisiones sin suficiente diálogo social y de recurrir de forma reiterada a decretos ley y cambios normativos de urgencia. Según ha afirmado, desde finales de 2022 se han producido decenas de modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, lo que, a su juicio, ha generado un entorno de elevada presión regulatoria para las empresas.

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(El Economista, 18-06-2026) | Laboral

El empleo arranca motores para el verano y anota el récord de 22,5 millones de afiliados en la serie diaria

La evolución de la afiliación a la Seguridad Social en junio apunta a un mes positivo para el empleo en Spain. Durante la primera quincena, el número de cotizantes medios ha superado por primera vez en la serie diaria los 22,5 millones, un máximo histórico que llega justo antes del inicio del verano, aunque habrá que esperar al cierre del mes para confirmar si este nivel se consolida. Según los datos avanzados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en lo que va de junio se han sumado 165.075 nuevos afiliados. Sin embargo, este nuevo récord diario solo se ha registrado desde el 15 de junio, por lo que la foto definitiva dependerá de cómo evolucione el mercado laboral en las próximas semanas. La ministra del ramo, Elma Saiz, ha valorado estos datos como un hito histórico, destacando que reflejan la transformación del mercado de trabajo tras la reforma laboral y la creación de empleo de mayor calidad. Este comportamiento también ilustra el efecto de la estacionalidad en el empleo. Si se observa la serie desestacionalizada, que elimina el impacto de factores como el verano o la Navidad, el incremento en las dos últimas quincenas es de 80.561 afiliados, situando el total en torno a los 22,1 millones. En cambio, la serie original recoge el impacto del calendario económico, especialmente en meses como junio, cuando sectores como la hostelería y los servicios comienzan a reforzar plantillas de cara a la campaña estival. La tendencia reciente confirma la fortaleza del empleo en los últimos meses. En abril se superaron por primera vez los 22 millones de cotizantes, mientras que en mayo la afiliación media alcanzó los 22,3 millones tras sumar 231.975 nuevos ocupados, impulsados en gran medida por la hostelería. De hecho, en la serie diaria de mayo ya se llegó a rebasar puntualmente la cifra de 22,4 millones en los últimos días del mes.

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(Cinco Días, 17-06-2026) | Laboral

España alcanza un nuevo récord de vacantes de empleo pero sigue entre los países europeos con menos puestos sin cubrir

Las vacantes de empleo en España alcanzaron un nuevo máximo histórico durante el primer trimestre de 2026. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las empresas dejaron sin cubrir 159.785 puestos de trabajo, la cifra más elevada desde que comenzó esta serie estadística en 2012. El nuevo registro supera ligeramente el anterior récord, alcanzado en el tercer trimestre de 2023, cuando se contabilizaron 155.797 vacantes. Aunque el crecimiento se había moderado en los últimos años tras el fuerte impulso posterior a la pandemia, el dato del inicio de 2026 refleja una nueva aceleración. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el número de puestos sin cubrir aumentó un 4,5%, por encima de los incrementos registrados en 2025 y 2024. La evolución de las vacantes ha estado estrechamente vinculada al dinamismo del mercado laboral español, caracterizado por una intensa creación de empleo y una reducción progresiva del desempleo. Sin embargo, la interpretación de estos datos continúa generando discrepancias entre organizaciones empresariales y sindicatos. Las patronales consideran que el aumento de vacantes evidencia las crecientes dificultades de las empresas para encontrar trabajadores adecuados en determinados sectores y ocupaciones. Además, subrayan la aparente contradicción que supone que uno de los países con mayores tasas de desempleo de Europa registre al mismo tiempo un volumen creciente de puestos sin cubrir. Por el contrario, los sindicatos sostienen que estas dificultades no son generalizadas y se concentran en actividades específicas. A su juicio, buena parte de las vacantes persistentes están relacionadas con condiciones laborales poco atractivas, salarios insuficientes o empleos especialmente exigentes, más que con una falta estructural de trabajadores disponibles. La comparación internacional aporta una perspectiva diferente. Los datos difundidos por Eurostat muestran que la tasa de vacantes en España se situó en el 0,9% durante el primer trimestre de 2026. Este indicador mide el peso de los puestos sin cubrir sobre el total del empleo existente y sitúa a España entre los países con menor proporción de vacantes de toda la Unión Europea. De hecho, únicamente Polonia, con una tasa del 0,8%, y Rumanía, con un 0,6%, presentan porcentajes inferiores. La media comunitaria alcanza el 2,1%, más del doble que la española. En el extremo opuesto aparecen economías donde las empresas encuentran mayores dificultades para cubrir sus necesidades de personal. Entre ellas destacan Chipre, Austria, Malta, Bélgica y especialmente los Países Bajos, que registran la tasa más elevada de la Unión Europea, con un 4%. Esta diferencia pone de manifiesto que, aunque el número absoluto de vacantes en España ha alcanzado niveles récord, su peso relativo dentro del conjunto del mercado laboral sigue siendo reducido en comparación con la mayoría de los países europeos. Por ello, el debate continúa abierto sobre si el fenómeno responde principalmente a una escasez de mano de obra o a problemas relacionados con las condiciones ofrecidas en determinadas actividades económicas.

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(Expansión, 17-06-2026) | Laboral

CEOE reclama que la Seguridad Social asuma el coste de los primeros 15 días de baja

La dificultad para encontrar trabajadores, especialmente aquellos con formación y cualificación específicas, se ha convertido en una de las principales preocupaciones del tejido empresarial español. Junto al creciente absentismo laboral, este desajuste entre las necesidades de las empresas y la disponibilidad de profesionales figura entre los desafíos más relevantes para la competitividad de la economía. Las organizaciones empresariales insisten en que ambos fenómenos requieren una respuesta coordinada que implique tanto a los agentes sociales como a las administraciones públicas. Pese a que España continúa registrando más de 2,4 millones de personas desempleadas, la falta de candidatos adecuados para determinados puestos sigue aumentando. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el mercado laboral contabilizó 159.785 vacantes al cierre del primer trimestre de 2026, lo que supone 6.900 más que un año antes y el volumen más elevado desde que comenzó la serie estadística en 2013. La mayor parte de estos puestos sin cubrir se concentra en el sector servicios, que acumula 138.379 vacantes, equivalentes a casi el 87% del total. El resto se reparte entre la industria, con 12.261 puestos disponibles, y la construcción, que registra 9.145. Territorialmente, el problema tiene una especial incidencia en Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía, las tres regiones con mayor peso económico del país. Las empresas atribuyen esta situación a diversos factores que convergen simultáneamente. Entre ellos destacan el envejecimiento de la población activa, la insuficiencia del relevo generacional y la transformación de las expectativas laborales de los trabajadores más jóvenes. Además, numerosos expertos consideran que las cifras oficiales podrían estar infravalorando la verdadera dimensión del problema, ya que las estadísticas únicamente reflejan las vacantes existentes en un momento concreto. Diversas organizaciones empresariales y compañías especializadas en recursos humanos estiman que el número real de puestos sin cubrir podría situarse entre los 200.000 y los 250.000. En muchos casos, las necesidades de contratación terminan resolviéndose mediante la incorporación de profesionales que no reúnen plenamente los requisitos inicialmente demandados. Algunos sectores presentan una situación especialmente delicada. En la construcción, la escasez de mano de obra cualificada y los obstáculos administrativos están generando retrasos en numerosos proyectos. La Confederación Nacional de la Construcción calcula que serían necesarios alrededor de 700.000 trabajadores adicionales para ejecutar todas las actuaciones comprometidas actualmente. Por su parte, el sector hostelero afronta dificultades similares. Hostelería de España ha impulsado recientemente una plataforma digital de empleo con la intención de facilitar la cobertura de unas 50.000 vacantes durante la campaña de verano. A esta problemática se añade el incremento continuado del absentismo laboral. La CEOE volvió a alertar este jueves de que se trata de una cuestión que afecta de forma estructural a la economía española y que está erosionando la productividad empresarial. Según los cálculos de la patronal, el coste asociado a las ausencias laborales se ha multiplicado por tres durante la última década y alcanzó los 33.000 millones de euros en 2025. De esa cantidad, más de 17.000 millones fueron asumidos directamente por las empresas. La magnitud de este fenómeno ha llevado a la organización empresarial a solicitar cambios en el sistema de cobertura de las bajas temporales. En concreto, reclama que la Seguridad Social asuma desde el primer momento el pago de las prestaciones y cotizaciones correspondientes a los trabajadores en situación de incapacidad temporal durante los primeros quince días de ausencia, una carga que actualmente recae sobre las compañías. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advirtió de que el absentismo constituye uno de los mayores costes que soporta el sistema productivo, únicamente superado por el gasto destinado al pago de las pensiones. A su juicio, esta situación perjudica tanto la competitividad empresarial como el funcionamiento general del mercado laboral. Junto a la falta de trabajadores y al absentismo, las empresas también afrontan una presión creciente derivada del aumento de los costes laborales. Según los datos del INE, el coste medio por trabajador y mes, incluyendo salarios y cotizaciones sociales, alcanzó los 3.278 euros durante el primer trimestre del año, un 4,9% más que en el mismo periodo de 2025 y el nivel más elevado registrado para un primer trimestre desde el inicio de la serie histórica. Del total, 2.403,8 euros correspondieron a salarios y remuneraciones directas, mientras que los 874,2 euros restantes se destinaron a otros costes laborales, principalmente cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. Ambos componentes experimentaron incrementos cercanos al 5% respecto al año anterior. Además, el coste por hora efectivamente trabajada registró un crecimiento aún más intenso, con un avance interanual del 5,4%, reflejando el encarecimiento progresivo de la mano de obra para las empresas españolas.

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(El Economista, 17-06-2026) | Laboral

La patronal anima a las empresas a hacer controles médicos a trabajadores de baja para evitar fraudes

La CEOE ha intensificado la búsqueda de medidas para contener el aumento de las bajas por incapacidad temporal, que suponen un impacto económico superior a los 17.000 millones de euros para las empresas. Ante la falta de avances concretos en la mesa de negociación con la Seguridad Social, las organizaciones empresariales están explorando distintas herramientas previstas en la normativa laboral, entre ellas la posibilidad de realizar reconocimientos médicos a trabajadores en situación de baja para verificar su incapacidad para desempeñar su puesto. Durante una jornada celebrada este martes centrada en el absentismo laboral -término con el que la patronal engloba el incremento de las bajas por contingencias comunes-, varios representantes empresariales defendieron un mayor uso de los mecanismos de control ya recogidos en la legislación vigente. El presidente de la patronal de la construcción CNC, Pedro Fernández Alén, subrayó que el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores ampara a las empresas para verificar el estado de salud de sus empleados cuando alegan una incapacidad para acudir al trabajo. Este precepto permite que las compañías puedan someter a los trabajadores a reconocimientos médicos para comprobar su situación, y establece además que la negativa a someterse a dichos controles puede conllevar la suspensión de los complementos salariales asociados a la baja, habituales en muchos convenios colectivos. Según Fernández Alén, el contexto actual exige "perder complejos" y utilizar todas las herramientas disponibles para mejorar la productividad. El Tribunal Supremo ya se pronunció en 2021 sobre esta cuestión, avalando la posibilidad de que las empresas realicen estos controles, siempre que el resultado se limite a indicar si el trabajador está o no en condiciones de desempeñar su actividad, sin detallar diagnósticos ni información médica sensible, con el fin de preservar la intimidad y la dignidad del empleado. Esta vía se contempla como un posible instrumento para detectar posibles casos de fraude en las bajas laborales. En la misma línea, el presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Manuel Piquer, defendió el uso de este mecanismo como una herramienta clave para el control del absentismo, señalando que aunque no es una práctica generalizada, ya hay grandes empresas que recurren a servicios médicos externos para realizar este tipo de evaluaciones. A su juicio, en determinados supuestos incluso podría justificarse la eliminación de los complementos salariales asociados a la incapacidad temporal. Desde la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), su portavoz, Laly Escudero, insistió en la necesidad de mejorar la información disponible sobre las causas de las bajas laborales. En las negociaciones con el Gobierno se ha planteado que los partes médicos especifiquen las limitaciones funcionales del trabajador, especialmente en los casos en los que una misma persona desempeña más de un empleo, de forma que la incapacidad no se extienda automáticamente a todas sus actividades laborales. Escudero añadió que también se está abordando la reducción de los complementos por incapacidad temporal en el marco de la negociación colectiva, ya que muchos convenios, firmados hace décadas, establecen el abono del 100% del salario desde el primer día de baja hasta el decimoquinto. En esta línea, el presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero, apuntó que en distintos convenios provinciales ya se han introducido ajustes para reducir estos pagos en los primeros días de ausencia o en casos de reincidencia. En conjunto, las organizaciones empresariales coinciden en que el incremento de las bajas laborales requiere una revisión del marco actual, tanto en lo relativo al control médico como a la estructura de los complementos salariales, con el objetivo de contener el impacto económico sobre las empresas y mejorar la eficiencia del sistema.

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(El Economista, 17-06-2026) | Laboral

El salario medio avanza un 4,9% en el primer trimestre y se sitúa en 2.403 euros

El coste laboral en España registró un incremento del 4,9% durante el primer trimestre del año, el mayor avance interanual desde finales de 2023. Este aumento sitúa el coste medio por trabajador en 3.278,01 euros mensuales, el nivel más elevado para un inicio de ejercicio desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó la serie en el año 2000. La tendencia alcista, que se prolonga ya durante cinco años consecutivos, también se refleja en el componente salarial, que incluye todas las remuneraciones en metálico y en especie. En este caso, el coste salarial creció igualmente un 4,9% hasta alcanzar los 2.403,80 euros brutos por empleado y mes, lo que supone también un máximo histórico para un primer trimestre en más de dos décadas. Tanto el coste laboral como el salarial han acelerado su ritmo de crecimiento respecto al trimestre anterior, con avances superiores en más de un punto porcentual, lo que confirma una reactivación de las presiones salariales tras la etapa de moderación posterior a la pandemia. Este comportamiento se ve influido, en parte, por la subida del salario mínimo interprofesional. En términos generales, ambos indicadores evolucionan por encima de la inflación media del primer trimestre, situada en el 2,6%, aunque las previsiones apuntan a que el conjunto del año podría cerrar con una inflación superior al 3,5%, lo que será determinante para evaluar la evolución real del poder adquisitivo. El comportamiento del coste laboral varía notablemente según los sectores de actividad. Los mayores incrementos interanuales se registran en el suministro de energía, con un alza del 15,1% hasta los 9.043,7 euros mensuales por trabajador, y en educación, donde el aumento es del 10,8% hasta los 3.130,99 euros. En el extremo opuesto, el único descenso se produce en el suministro de agua, con una caída del 0,9% hasta los 3.499,52 euros. Entre los sectores con aumentos más moderados destacan la hostelería, que registra un incremento del 1,4% hasta los 1.883 euros mensuales -el nivel más bajo del conjunto de actividades-, y las actividades artísticas, con un avance del 2,3% hasta los 2.127,8 euros. Por comunidades autónomas, los salarios experimentan incrementos en todas las regiones, aunque destacan especialmente el País Vasco, con una subida del 8,7%, Cantabria con un 8,4%, y Madrid y Castilla y León, ambas con un aumento del 5,8%. La Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE refleja también un aumento del 4,8% en los llamados otros costes laborales, hasta situarse en 874,21 euros por trabajador y mes. Dentro de este apartado, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que constituyen su principal componente, crecen un 4,5%. En este trimestre, el incremento salarial ha superado al de los costes no salariales, en contraste con lo ocurrido a finales de 2025. El coste laboral por hora efectiva trabajada sube un 5,4%, hasta los 24,88 euros, mientras que el coste por hora pagada aumenta un 4,8%, alcanzando los 21,62 euros. La estadística incorpora además el dato de vacantes de empleo, que ascienden a 159.785 entre enero y marzo, lo que supone 6.900 más que en el mismo periodo del año anterior y el registro más elevado desde 2013. Se considera vacante el puesto de trabajo creado recientemente, no cubierto o próximo a quedar libre, para el que la empresa realiza gestiones activas de contratación. Según el INE, la gran mayoría de las empresas (91,6%) declara no disponer de vacantes porque no necesita más personal, mientras que un 4,8% señala el elevado coste de contratación como el principal motivo para no ampliar plantilla.

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