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(Expansión, 03-07-2026) | Laboral

Los gigantes empresariales recortan 430.000 empleos en lo que va de año

Empresas como Volkswagen, UPS, Oracle, Nissan, Amazon, Nestlé, Estée Lauder, BAT o Meta están llevando a cabo importantes reducciones de plantilla como respuesta a un entorno marcado por la incertidumbre económica, el debilitamiento del consumo y la aceleración de los cambios tecnológicos. Entre los casos más destacados figura Volkswagen, que prepara un ajuste sin precedentes de 100.000 empleos, equivalente al 15% de su fuerza laboral, duplicando la previsión inicial de 50.000 despidos en Alemania. La caída de las ventas en Europa y la creciente presión de los fabricantes chinos explican esta decisión. Desde comienzos de año, cerca de un centenar de multinacionales han comunicado planes para eliminar al menos 430.000 puestos de trabajo. A la volatilidad económica global se suman las tensiones geopolíticas derivadas de conflictos como los de Oriente Próximo y Ucrania, así como el encarecimiento de materias primas, la inflación y las fricciones comerciales, factores que están debilitando el consumo. En este contexto, la inteligencia artificial ha emergido como un elemento adicional de transformación. La automatización de procesos, especialmente en áreas como el análisis de datos, la programación o la atención al cliente, está impulsando profundas reestructuraciones, sobre todo en el sector tecnológico. Esta industria concentra 164.000 de los 430.000 despidos anunciados a escala mundial. Oracle anunció en marzo la salida de 30.000 trabajadores dentro de una reorganización orientada a reforzar su posición en el desarrollo de IA. Por su parte, Amazon comunicó en enero la supresión de otros 16.000 empleos, que se añaden a los 14.000 recortes de 2025, con el objetivo de reducir burocracia y concentrar recursos en áreas estratégicas. Dell ya ha eliminado 11.000 puestos, alrededor del 10% de su plantilla, en el marco de un plan de ajuste centrado en contener costes y reforzar su negocio de servidores vinculados a la IA. A su vez, Meta inició en mayo una reducción global de 8.000 empleos, además de reubicar a otros 7.000 trabajadores para simplificar su estructura y reforzar su inversión en inteligencia artificial. También Alphabet (Google) prepara una nueva ronda de despidos en áreas como ciberseguridad, inteligencia de amenazas y servicios en la nube. Aunque no ha detallado cifras, analistas estiman que podrían verse afectados entre 1.500 y 3.000 empleados. Desde 2023, la compañía ya ha reducido unos 15.000 puestos. Según la plataforma TrueUp, las tecnológicas acumulan 163.930 despidos en 2026, lo que supone una media de 901 empleos eliminados al día, frente a los 674 diarios registrados en 2025. El deterioro del entorno macroeconómico y geopolítico está presionando los resultados empresariales y obligando a las compañías a aplicar planes de reducción de costes para recuperar rentabilidad. Aunque los ajustes afectan a numerosos sectores, destacan especialmente automoción, consumo, logística y finanzas. La industria automovilística suma cerca de 128.000 empleos destruidos en el primer semestre. Además de Volkswagen, otros fabricantes también están recortando plantilla. Renault prevé 2.400 despidos y estudia reducir entre un 15% y un 20% su plantilla de ingenieros en dos años. General Motors ha anunciado unos 1.900 recortes, mientras que Nissan planea prescindir de 20.000 empleados hasta 2027. Stellantis afronta una reestructuración relevante para adaptar su estrategia de electrificación al descenso de ventas. En abril anunció la reducción del 40% de la plantilla de ingeniería de Opel en Alemania, unos 650 puestos, para orientar parte de su actividad hacia la IA y el desarrollo de baterías. Incluso Aston Martin confirmó un recorte del 20% de su personal tras el fuerte incremento de sus pérdidas. La crisis también afecta a los fabricantes de componentes, que han destruido 104.000 empleos en Europa en los dos últimos años, en medio de una transición tecnológica más compleja de lo esperado. En mayo, Michelin lanzó un plan de bajas voluntarias que podría afectar a 1.500 trabajadores en Francia. En el sector del consumo, los despidos superan los 40.000 desde enero. Nestlé suprimirá alrededor de 16.000 puestos, cerca del 6% de su plantilla, por la caída de ventas y su apuesta por automatización e IA. Estée Lauder endureció su ajuste y elevará los despidos a entre 9.000 y 10.000 empleados. Otras compañías afectadas por la debilidad del consumo incluyen a Heineken, Zalando, Nike, Target, Claire's y Asda. Por su parte, BAT prevé eliminar 9.000 empleos dentro de su estrategia de reducción de costes y transición hacia productos sin humo. Disney también contempla 1.000 despidos, mientras que la cadena hotelera y de restauración Whitbread prevé recortar 3.800 empleos. El transporte y la logística también atraviesan un proceso de ajuste. UPS reducirá hasta 30.000 puestos y cerrará 24 instalaciones, tras renegociar su relación con Amazon. Asimismo, DB Cargo eliminará 5.000 empleos, mientras que Kuehne+Nagel recortará 2.000 y Maersk, unos 1.000. El sector financiero tampoco escapa a esta tendencia y acumula cerca de 20.000 salidas. Entre los ajustes más relevantes figuran los 8.000 puestos de Standard Chartered, además de los recortes anunciados por Commerzbank, Morgan Stanley y Citi. También las aseguradoras Helvetia, Ageas y ERGO han puesto en marcha planes de reducción de plantilla.

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(Expansión, 03-07-2026) | Laboral

Más de 1,17 millones de extranjeros se acogen a la regularización, el doble de lo previsto por el Gobierno

El proceso extraordinario de regularización de extranjeros en España ha superado ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno. Según el primer balance oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre el 16 de abril y el 30 de junio se registraron 1.174.978 solicitudes, una cifra que más que duplica la estimación inicial de unas 500.000 personas potencialmente beneficiarias. De todas las solicitudes recibidas, el 52% ya ha sido admitido a trámite, lo que supone que alrededor de 608.000 personas cuentan ya con una autorización provisional de residencia y trabajo en España. Este permiso preliminar les permite incorporarse al mercado laboral mientras continúa la tramitación administrativa de sus expedientes. Por comunidades autónomas, Cataluña lidera el número de solicitudes con más de 253.000 expedientes, seguida de Comunidad de Madrid con 202.000, Comunidad Valenciana con 167.000 y Andalucía con 161.000. En cuanto al origen de los solicitantes, el 67% procede de América Central y América del Sur. Colombia concentra el mayor volumen, con el 26% del total de solicitudes. Le siguen Marruecos con un 13,4%, Venezuela con un 11,7% y Perú con un 8,8%. También destacan Honduras, Paraguay y Argelia entre las nacionalidades con mayor representación. La ministra Elma Saiz ha valorado positivamente estos primeros resultados, calificando el proceso como un éxito y como un hito relevante dentro de la política migratoria española. Para acogerse a esta regularización, los solicitantes debían acreditar tres requisitos principales: haber entrado y permanecido de forma continuada en España antes del 1 de enero de 2026, carecer de antecedentes penales tanto en España como en su país de origen y, en el caso de quienes hubieran solicitado asilo, renunciar al procedimiento de protección internacional una vez concedida la autorización de residencia. El impacto del proceso ya se refleja en el mercado laboral. Actualmente, 159.097 personas con autorización provisional figuran dadas de alta en la Seguridad Social. El sector con mayor absorción de trabajadores regularizados es la hostelería, con 38.776 afiliados, equivalente al 24,4% del total. Le siguen el comercio, las actividades administrativas y auxiliares, y la construcción. Otros sectores con una presencia significativa de estos trabajadores son la agricultura, el transporte y la industria manufacturera. También aparecen, aunque con menor peso, los servicios sanitarios, los servicios sociales y el empleo doméstico, lo que muestra una integración laboral especialmente intensa en actividades con alta demanda de mano de obra. Sin embargo, el cierre del proceso ha coincidido con un frente judicial abierto en el Tribunal Supremo, que ha planteado dudas sobre la compatibilidad de esta regularización con el derecho de la Unión Europea. El Gobierno deberá presentar alegaciones tras los recursos interpuestos por los gobiernos autonómicos de Aragón y Comunidad Valenciana. Uno de los principales puntos de controversia afecta a la concesión de residencia temporal por arraigo a personas que solicitaron asilo antes del 1 de enero de 2026, incluso cuando su petición fue denegada o existían procedimientos de devolución en marcha. El Supremo cuestiona si esta medida entra en conflicto con la normativa europea de protección internacional, que diferencia entre el derecho de permanencia provisional durante la tramitación del asilo y la concesión formal de un permiso de residencia. La segunda objeción se centra en la regularización de inmigrantes en situación irregular presentes en España antes de la fecha límite, lo que conlleva el archivo automático de expedientes de expulsión. El Alto Tribunal analiza si esta disposición puede chocar con la Directiva de Retorno de la Unión Europea de 2008, al considerar que podría suponer una suspensión generalizada de órdenes de retorno sin la evaluación individual que exige la legislación comunitaria. En consecuencia, aunque el proceso de regularización ha tenido una acogida masiva y ya está generando efectos visibles en el empleo y la afiliación, su consolidación definitiva dependerá también del examen jurídico que realicen los tribunales y de su encaje dentro del marco normativo europeo.

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(El País, 03-07-2026) | Laboral

España gana 128.500 empleos en junio y eleva el récord de afiliación hasta los 22,47 millones

España ha alcanzado un nuevo máximo histórico de empleo al registrar 22,47 millones de afiliados a la Seguridad Social durante el mes de junio. Se trata del nivel más elevado de toda la serie estadística, impulsado por una creación de empleo especialmente intensa: entre mayo y junio se sumaron 128.500 nuevos puestos de trabajo, una cifra muy superior a la del mismo periodo del año pasado. Excluyendo el impacto excepcional de la pandemia, es el mayor aumento registrado en un mes de junio en las últimas dos décadas. Junio suele ser tradicionalmente el mejor mes para el mercado laboral español, ya que el sector turístico refuerza plantillas de cara a la campaña de verano y buena parte de las actividades económicas mantienen elevados niveles de contratación. En esta ocasión, el máximo diario de afiliación se alcanzó el 18 de junio, cuando se superaron los 22,57 millones de cotizantes, mientras que la media mensual quedó en 22,47 millones. El crecimiento del empleo ha sido notablemente superior al observado en ejercicios recientes. La creación de 128.500 puestos supera ampliamente la de 2025, 2024 y 2023, consolidando una aceleración del mercado laboral que ya se venía observando en meses anteriores. En términos interanuales, el empleo aumentó en 605.200 afiliados respecto a junio del año pasado, también por encima del ritmo de crecimiento registrado en ejercicios previos. Uno de los factores más destacados del mes ha sido el peso del empleo extranjero. Los trabajadores de otras nacionalidades aportaron 86.600 nuevos empleos, lo que representa alrededor del 67% de toda la creación neta de empleo en junio. Esta contribución multiplica por más de tres la registrada hace un año y eleva el número total de afiliados extranjeros hasta los 3,44 millones, equivalentes al 15,3% del total de trabajadores afiliados. El empleo extranjero mantiene además un fuerte crecimiento interanual, con un avance del 11,3%, lo que supone 350.200 afiliaciones más en comparación con el año anterior. Este protagonismo se ha intensificado en paralelo al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno. Por primera vez, la Seguridad Social ha cuantificado el impacto de dicha regularización en el empleo: a 30 de junio, 159.100 trabajadores extranjeros regularizados ya se habían incorporado al mercado laboral. Los sectores que más mano de obra regularizada han absorbido son la hostelería, el comercio, las actividades administrativas y la construcción. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, considera aún prematuro extraer conclusiones definitivas sobre el efecto del proceso en el desempleo, aunque sostiene que su impacto en el paro registrado es muy reducido y que la mayoría de las personas regularizadas están incorporándose directamente al empleo. Por sectores, los mayores incrementos de afiliación en junio se produjeron en comercio y hostelería, impulsados por el inicio de la temporada estival. En sentido contrario, la educación volvió a sufrir el efecto estacional del cierre del curso escolar y perdió 59.500 empleos. También descendió el empleo agrario, con una caída de 26.800 afiliados en el sistema especial agrario. En el análisis territorial, la evolución mensual muestra fuertes contrastes. Huelva registró el mayor retroceso, afectada por el final de campañas agrícolas, mientras que Illes Balears lideró el crecimiento gracias al fuerte impulso turístico. Si se amplía la perspectiva a los últimos doce meses, los sectores con mejor comportamiento han sido sanidad y construcción. El aumento del empleo sanitario refleja el envejecimiento de la población y la creciente demanda asistencial, mientras que el auge en construcción está vinculado a las tensiones existentes en el mercado de la vivienda. La Seguridad Social también destaca nuevos máximos históricos de empleo tanto femenino como masculino. El número de mujeres afiliadas alcanzó los 10,62 millones, mientras que los hombres afiliados sumaron 11,84 millones. Asimismo, los trabajadores autónomos continúan en niveles récord, acercándose a los 3,5 millones. El contrapunto lo ofrece el paro registrado. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el desempleo cayó en junio en 28.700 personas, una reducción sensiblemente inferior a la de los últimos años. Sin contar el efecto distorsionador de 2020, hay que remontarse a 2008 para encontrar un dato de junio menos favorable. En términos interanuales, el paro registrado se redujo en 114.000 personas, por debajo de las caídas observadas en ejercicios anteriores. Aun así, el total de desempleados baja hasta los 2,29 millones, el nivel más bajo desde febrero de 2008. Pese a la mejora acumulada en el empleo, España continúa presentando una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión Europea. La tasa de paro se sitúa en el 10,3%, solo superada por Finlandia, y claramente por encima de la media comunitaria, situada en torno al 6%. Entre los datos positivos del paro, destaca la evolución del desempleo femenino, que bajó en más de 15.800 personas y se situó en 1,39 millones, por debajo de la barrera de 1,4 millones por primera vez desde 2008. También el paro juvenil continúa mejorando: entre los menores de 25 años descendió en más de 5.000 personas, situándose en 159.800 jóvenes, el nivel más bajo de toda la serie histórica.

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(El Confidencial, 03-07-2026) | Laboral

Trabajo espera aprobar el nuevo registro horario en algún Consejo de Ministros previo a las vacaciones

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado que el Ministerio continúa ultimando los aspectos técnicos de la reforma del registro horario y confía en que pueda ser aprobada en alguno de los Consejos de Ministros previos al parón estival. Durante la rueda de prensa de valoración de los datos de paro de junio, explicó que el texto se está ajustando tras las observaciones recibidas para garantizar su solidez jurídica. Pérez Rey subrayó que, después del informe emitido por el Consejo de Estado, el departamento trabaja en perfeccionar la norma con el objetivo de dotarla de la máxima seguridad legal posible. Aun así, insistió en que el compromiso del Gobierno con esta reforma sigue siendo firme. La reforma del registro horario busca reforzar el control de la jornada laboral, dificultar manipulaciones en el cómputo de horas trabajadas y permitir a la Inspección de Trabajo realizar verificaciones remotas. Inicialmente, esta medida formaba parte del paquete normativo vinculado a la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales impulsada por el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz. Sin embargo, el proyecto encontró obstáculos tras el dictamen desfavorable del Consejo de Estado emitido a finales de marzo. Aunque sus informes no suelen ser vinculantes, este órgano consultivo expresó importantes objeciones a la propuesta. Entre las principales críticas, el Consejo de Estado cuestionó la falta de adaptación sectorial del nuevo sistema de control horario y advirtió del incremento de cargas administrativas que podría generar, especialmente para pequeñas y medianas empresas. También mostró reservas sobre la decisión de tramitar la reforma mediante real decreto en lugar de hacerlo a través de una norma con rango de ley. Además, el dictamen recogió reparos planteados por el Ministerio de Economía y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que habían mostrado discrepancias respecto a algunos elementos del proyecto. En paralelo, Pérez Rey fue preguntado por otra reforma impulsada por Trabajo: la modificación de las reglas de absorción y compensación del salario mínimo interprofesional. Sobre este asunto, indicó que el proceso normativo sigue su curso. El secretario de Estado recordó que la tramitación legislativa dentro del Gobierno suele ser compleja y prolongada, ya que requiere informes de distintos ministerios y organismos consultivos, entre ellos el Consejo Económico y Social y el propio Consejo de Estado. Pese a estos plazos, reafirmó que el Ministerio mantiene su compromiso tanto con la reforma del registro horario como con la actualización de las reglas vinculadas al Salario Mínimo Interprofesional, asegurando que ambos cambios continúan avanzando dentro de los cauces administrativos necesarios para su aprobación lo antes posible.

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(El Economista, 03-07-2026) | Laboral

Alivio para las empresas en transparencia salarial: los candidatos seguirán yendo "a ciegas" a la entrevista

La futura normativa española sobre transparencia salarial, diseñada para adaptar la Directiva europea 2023/970, no introducirá por ahora cambios relevantes en los procesos de selección laboral. El borrador presentado por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales no contempla la obligación de informar sobre la retribución de un puesto antes de la entrevista, ni exige que el salario figure en las ofertas de empleo. Esto implica que los candidatos continuarán participando en muchos procesos de selección sin conocer de antemano el rango salarial ofrecido. En un mercado laboral donde solo una pequeña parte de las vacantes publicadas incluye referencias al sueldo, esta ausencia mantiene un importante desequilibrio informativo en favor de las empresas durante la negociación contractual. Además, el texto tampoco prohíbe que los reclutadores pregunten a los aspirantes cuánto cobraban en su empleo anterior, una práctica que puede condicionar la negociación salarial futura y perpetuar diferencias retributivas previas. La decisión contrasta con el espíritu de la directiva europea, aprobada en 2023 con el objetivo de reforzar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y reducir la brecha salarial de género. Dentro del marco comunitario, facilitar información salarial desde fases tempranas del proceso de contratación se consideraba una herramienta clave para reducir desigualdades estructurales. Sin embargo, en España el foco parece haberse desplazado hacia el refuerzo de derechos de los trabajadores ya incorporados en plantilla más que hacia la transparencia previa a la contratación. En este sentido, la nueva regulación consolida y amplía obligaciones que en buena parte ya existían desde 2020. Entre ellas figura el derecho de los empleados a acceder a información comparativa sobre salarios dentro de la empresa, así como la obligación empresarial de aplicar criterios objetivos, neutros y transparentes tanto en la fijación de retribuciones como en promociones y ascensos. Uno de los cambios más significativos afecta al denominado secreto salarial. El borrador anula las cláusulas contractuales que impidan a un trabajador comunicar o comentar su salario con otros compañeros. Esta medida refuerza la capacidad de detectar posibles discriminaciones internas, aunque no altera sustancialmente el desequilibrio de poder en la negociación previa a la contratación. Al mismo tiempo, la protección de datos salariales de terceros se endurece. Los trabajadores podrán conocer salarios medios o referencias retributivas dentro de la organización, pero esa información deberá facilitarse de manera que no permita identificar individualmente a otros empleados. El propio Gobierno reconoce que el texto actual constituye solo una transposición parcial de la directiva europea. Parte de los elementos más ambiciosos requerirán reformas legales adicionales que, previsiblemente, deberán negociarse en una norma posterior. La incertidumbre política, no obstante, plantea dudas sobre si esas reformas llegarán a materializarse en el corto plazo. Entre las ausencias más destacadas figura el régimen sancionador previsto por la directiva comunitaria para los casos en los que exista una brecha salarial injustificada superior al 5%. El borrador español ni siquiera menciona este umbral, ni incorpora mecanismos automáticos de auditoría salarial obligatoria cuando se supere ese límite. Esta omisión resulta especialmente relevante porque la normativa española vigente contempla márgenes mucho más amplios antes de activar obligaciones correctoras. De haberse incorporado el estándar europeo del 5%, numerosas empresas habrían tenido que revisar de forma profunda sus políticas retributivas, incluyendo complementos salariales, pluses y sistemas de incentivos. Tampoco se abordan otros aspectos jurídicos de calado, como la reducción de los plazos de prescripción para reclamaciones por discriminación salarial o la exención de costas judiciales para trabajadores que litiguen con fundamentos razonables aunque finalmente pierdan el procedimiento. En conjunto, la propuesta del Gobierno mejora ciertos mecanismos de transparencia interna, pero deja sin abordar algunos de los instrumentos más transformadores previstos por la normativa europea. Como consecuencia, la capacidad real de la nueva regulación para alterar el equilibrio negociador entre empresas y trabajadores, especialmente durante la contratación, parece por ahora limitada.

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(El Economista, 03-07-2026) | Laboral

Eliminar el déficit de pensiones obliga a incorporar 685.800 trabajadores más al año

Pese a que España atraviesa un periodo récord en términos de empleo y afiliación a la Seguridad Social, el sistema público de pensiones continúa mostrando un desequilibrio estructural entre ingresos y gastos. El aumento del número de cotizantes no ha sido suficiente para compensar el fuerte crecimiento del gasto en prestaciones contributivas, especialmente en un contexto de envejecimiento demográfico y jubilación progresiva de la generación del baby boom. Según un informe elaborado por Foment del Treball, la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales y Opina 360, el sistema necesitaría incorporar 685.786 trabajadores adicionales para equilibrar sus cuentas. Esta cifra refleja la magnitud del desafío al que se enfrenta el modelo de pensiones español. En 2025, la Seguridad Social recaudó 176.918 millones de euros en cotizaciones sociales procedentes de trabajadores y empresas. Sin embargo, el gasto destinado al pago de pensiones contributivas alcanzó los 182.526 millones, lo que generó un déficit de 5.608 millones de euros. La mayor parte de este gasto corresponde a las pensiones de jubilación, que absorben más del 75% del presupuesto total. En concreto, estas prestaciones supusieron un desembolso de 138.817 millones de euros durante 2025. A continuación se sitúan las pensiones de viudedad, con 26.110 millones, y las prestaciones por incapacidad permanente, que representaron 15.206 millones. Para cerrar el déficit únicamente mediante nuevas cotizaciones, cada uno de esos casi 686.000 nuevos trabajadores tendría que aportar de media unos 8.177 euros anuales al sistema. Esta cifra contrasta con el gasto medio por pensionista, que ronda los 19.483 euros al año, más del doble de la aportación media individual de un cotizante. El desequilibrio no es un fenómeno reciente. Hasta comienzos de la pasada década, la Seguridad Social todavía registraba superávits, como los 9.789 millones de 2010 o los 5.778 millones de 2011. Sin embargo, la situación cambió en 2012, cuando la crisis económica provocó una caída del empleo y, con ella, de los ingresos por cotizaciones. Ese año se registró por primera vez un déficit de 2.445 millones. Desde entonces, el sistema acumula catorce ejercicios consecutivos en números rojos. El punto más crítico llegó en 2020, durante la pandemia de la COVID-19 pandemic, cuando el déficit alcanzó los 11.970 millones de euros, el mayor de la última década. En los últimos años, tanto los ingresos como el gasto han crecido con intensidad. Entre 2020 y 2025, la recaudación por cotizaciones aumentó un 47,5%, mientras que el gasto en pensiones lo hizo un 38,35%. Aunque los ingresos han crecido a mayor ritmo porcentual, el incremento del gasto continúa presionando las cuentas debido a la revalorización anual de las pensiones y a la entrada de nuevos jubilados con bases reguladoras más elevadas. El empleo, por su parte, ha mantenido una evolución muy positiva. España superó los 20,3 millones de afiliados en 2022, alcanzó 20,8 millones en 2023, rebasó los 21,3 millones en 2024 y cerró 2025 con 21,8 millones de cotizantes. Durante el primer semestre de 2026, el país añadió más de 621.000 nuevos afiliados, superando por primera vez los 22,4 millones. Aun así, los expertos advierten de que este crecimiento sigue sin bastar. Para cubrir completamente el déficit actual, el número de afiliados debería haber aumentado alrededor de un 3,45% en un solo año, una tasa superior a la observada recientemente. Este desequilibrio fue precisamente uno de los motivos que impulsaron las reformas del sistema de pensiones aprobadas en 2021 y 2023 bajo el mandato de José Luis Escrivá. Estas reformas buscaron reforzar los ingresos mediante medidas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y el aumento progresivo de las bases máximas de cotización. Sin embargo, estas reformas también han incrementado las obligaciones de gasto, al vincular la actualización anual de las pensiones al IPC y reforzar determinadas prestaciones sociales. Como consecuencia, el Estado sigue necesitando transferir cada año miles de millones de euros desde los Presupuestos Generales para sostener financieramente el sistema. Además de estas transferencias, el Gobierno continúa concediendo préstamos a la Seguridad Social para cubrir parte de sus obligaciones, una práctica que recientemente ha sido cuestionada por el Tribunal de Cuentas, al considerar que puede distorsionar la imagen real de sostenibilidad financiera del sistema. En conjunto, el reto de las pensiones sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales de la economía española a medio y largo plazo.

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(Expansión, 02-07-2026) | Laboral

La Seguridad Social ha confirmado que es posible jubilarse antes de los 52 años bajo ciertos requisitos

Para poder acceder a la jubilación a los 52 años, la Seguridad Social establece una serie de requisitos muy concretos, aunque en determinados supuestos excepcionales la retirada laboral puede producirse incluso antes. El primer requisito es acreditar una discapacidad igual o superior al 65%. Además, es necesario haber cotizado al menos 15 años a lo largo de la vida laboral, de los cuales un mínimo de 5 años debe haberse realizado con la discapacidad ya reconocida oficialmente. A ello se suma una tercera condición: haber trabajado al menos 2 años dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación. Por ejemplo, una persona cuya discapacidad fue reconocida a los 20 años y que cotizó entre los 20 y los 35 años cumpliría tanto el requisito de cotización total como el periodo mínimo cotizado con discapacidad. Sin embargo, si después deja de trabajar y no acredita al menos 2 años cotizados entre los 37 y los 52 años, no podría acceder a la jubilación a esa edad. Este sistema se basa en la aplicación de coeficientes reductores, que permiten rebajar la edad ordinaria de jubilación en función del grado de discapacidad. En el caso de trabajadores con una discapacidad del 65%, se aplica un coeficiente reductor de 0,25, lo que equivale a reducir tres meses de la edad de jubilación por cada año trabajado. Si, además, la persona necesita la asistencia de una tercera persona para realizar actividades esenciales de la vida diaria, el coeficiente aumenta hasta 0,50. En ese supuesto, cada año trabajado reduce la edad de jubilación en seis meses. Cuando se cumplen estas condiciones, el trabajador puede acceder a la pensión con el 100% de la base reguladora, sin penalizaciones económicas por adelantar la jubilación. Respecto a la posibilidad de jubilarse a los 51 años o incluso antes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aclara que los coeficientes reductores aplicables a la discapacidad no permiten, con carácter general, rebajar la edad por debajo de los 52 años. No obstante, existen excepciones para determinados trabajadores incluidos en regímenes especiales, especialmente aquellos que desempeñan profesiones consideradas de especial peligrosidad, toxicidad o penosidad. Entre ellos se encuentran los trabajadores de la minería del carbón y del sector marítimo. Aun así, poder jubilarse antes de los 52 años en estos casos depende de un requisito adicional: haber consolidado ese derecho antes del 1 de enero de 2008. Esa fecha marca la entrada en vigor de una reforma legal que impidió que quienes comenzaran a trabajar en esos regímenes especiales con posterioridad pudieran acceder a jubilaciones por debajo de ese umbral de edad. Por tanto, los trabajadores de estos sectores que ya estaban incluidos en el sistema antes de esa fecha mantienen las condiciones anteriores, mientras que quienes se incorporaron después quedaron sujetos a las nuevas limitaciones legales.

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(Expansión, 02-07-2026) | Laboral

El Gobierno asegura que la mitad de solicitudes para la regularización de inmigrantes ya están en trámite

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene por ahora la cautela ante la posibilidad de que el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes acabe siendo examinado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si se ajusta plenamente a la normativa comunitaria. A la espera de los datos definitivos que el Gobierno prevé hacer públicos en las próximas horas, más de un millón de personas migrantes habrían solicitado acogerse a este procedimiento excepcional, según indicó la ministra Elma Saiz. Además, señaló que aproximadamente la mitad de las solicitudes ya han superado la fase inicial de admisión a trámite. Por el momento, el Ejecutivo evita pronunciarse sobre una eventual intervención del TJUE. En una entrevista en Radio Nacional de España, la portavoz del Gobierno confirmó que su departamento presentará este viernes las alegaciones correspondientes en respuesta a las providencias dictadas por el Tribunal Supremo, tras los recursos interpuestos por los gobiernos de Aragón y Comunidad Valenciana. Una vez analizadas, será el Alto Tribunal quien decida si plantea una cuestión prejudicial ante la justicia europea. El Ministerio ofrecerá este jueves un primer balance del proceso de regularización, en un contexto marcado por las dudas expresadas por el Supremo. Los magistrados cuestionan si el real decreto garantiza una evaluación individual y detallada de cada expediente o si, por el contrario, establece una regularización de carácter general para ciudadanos extracomunitarios que ya se encontraban en España en situación administrativa irregular. Además, el Alto Tribunal aprecia posibles incompatibilidades con el Unión Europea Pacto de Migración y Asilo aprobado en 2024, que establece que el derecho a permanecer en un territorio mientras se resuelve una solicitud no equivale automáticamente a un permiso de residencia. También se señala una posible colisión con la Directiva de Retorno, una norma comunitaria que España debía haber incorporado en 2011 y cuya transposición sigue pendiente. En ese marco, los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se preguntan si resulta conforme al derecho europeo conceder, de forma general, autorizaciones temporales de residencia a personas en situación irregular sin que medie previamente una orden de retorno, salvo en los supuestos excepcionales contemplados por la propia normativa comunitaria. Desde el ámbito profesional, los gestores administrativos también han subrayado la complejidad técnica del procedimiento. El presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, recuerda que cada solicitud requiere acreditar circunstancias personales, laborales, familiares o de vulnerabilidad, además de presentar documentación diversa y cumplir exigentes requisitos legales para obtener autorización de residencia y trabajo. Santiago Ollero insiste en que no se trata de un trámite automático ni de una solicitud estándar, sino de un proceso que exige conocimientos especializados, experiencia y criterio técnico para evaluar correctamente cada caso. Pese a las dudas jurídicas, la ministra Saiz reiteró un mensaje de calma dirigido a los solicitantes. Recordó que el Tribunal Supremo ya rechazó hace pocas semanas la adopción de medidas cautelares contra el procedimiento y defendió que el marco normativo cuenta con suficiente solidez jurídica. Asimismo, subrayó que este mecanismo únicamente reconoce el derecho a residir y trabajar en España a quienes cumplan los requisitos establecidos.

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(El País, 02-07-2026) | Laboral

Trabajo quiere obligar a las empresas a detallar los salarios medios por sexo y categoría

El Ministerio de Trabajo ha abierto este miércoles la negociación con patronales y sindicatos para incorporar al ordenamiento español la directiva europea sobre transparencia salarial, una norma orientada a reducir la brecha retributiva entre hombres y mujeres. El departamento dirigido por Yolanda Díaz ha presentado un borrador que introduce cambios relevantes en materia de información salarial y promoción profesional. Entre las principales novedades figura la obligación para las empresas de definir de forma clara los criterios utilizados para fijar los salarios. Además, en aquellas compañías con más de 50 empleados, también deberán explicarse los criterios que justifican ascensos o progresiones salariales. Junto a ello, se refuerza el derecho de los trabajadores a conocer su situación retributiva y compararla con la media salarial de la empresa, incluyendo desgloses por sexo y categoría profesional. El Ministerio pretende aprobar estas medidas mediante real decreto, lo que evitaría la necesidad de una votación parlamentaria, aunque no descarta incorporar aspectos que sí requieran rango legal y, por tanto, el respaldo del Congreso. El texto remitido a los agentes sociales establece que las empresas deberán facilitar a su plantilla información sobre los criterios objetivos y neutrales desde el punto de vista de género que emplean para determinar salarios y niveles retributivos. En el caso de las compañías de mayor tamaño, también será obligatorio informar sobre los factores que influyen en la progresión salarial. Además, las empresas deberán recordar al menos una vez al año a sus empleados que tienen derecho a solicitar esta información, garantizando que esté disponible en formatos accesibles para personas con discapacidad. El proyecto también reconoce el derecho de cada trabajador a solicitar por escrito información sobre su salario individual y sobre las retribuciones medias de empleados que desempeñen funciones equivalentes o de igual valor, con desglose por sexo. De esta forma, se pretende facilitar la detección de posibles desigualdades salariales. Si la información entregada resulta incompleta o poco precisa, el trabajador podrá solicitar aclaraciones adicionales, que deberán ser respondidas por la empresa en un plazo máximo de dos meses. El principio que inspira la reforma es que una mayor transparencia salarial permita identificar discriminaciones directas o indirectas, especialmente aquellas derivadas de valoraciones incorrectas de los puestos de trabajo. Para ello, el proyecto refuerza la obligación empresarial de elaborar registros y auditorías salariales, una exigencia ya contemplada en la normativa de igualdad retributiva aprobada en 2020, pero que ahora se amplía para alinearla con las exigencias europeas. Estas auditorías incluirán un análisis de la distribución de hombres y mujeres por grupos o categorías profesionales, los niveles salariales medios en cada uno de ellos y las posibles causas de diferencias retributivas. También deberán recoger información sobre mejoras salariales otorgadas tras reincorporaciones derivadas de permisos por nacimiento y cuidado de menores. El incumplimiento de estas obligaciones seguirá pudiendo derivar en sanciones, en línea con el marco sancionador ya vigente. Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales señalan que están analizando el borrador antes de fijar una posición oficial. Por parte de Unión General de Trabajadores, la negociadora Patricia Ruiz ha avanzado que el sindicato propondrá medidas para garantizar que las auditorías salariales sean realmente útiles y transparentes. Además, recordó que la brecha salarial en España ronda el 15% y subrayó la necesidad de avanzar también en la reforma del registro horario para obtener un diagnóstico más preciso sobre las horas trabajadas y su remuneración. Desde Comisiones Obreras, Javier Pacheco mostró respaldo al proceso y destacó la importancia de culminar la transposición completa de la directiva europea, pese a las resistencias de algunas organizaciones empresariales en el ámbito comunitario. La próxima reunión entre el Ministerio, sindicatos y patronales ha sido fijada para el 15 de julio. España debía haber adaptado esta directiva antes del 7 de junio, plazo marcado por la Comisión Europea, pero el Gobierno no llegó a tiempo. Dentro de la Unión Europea, solo Eslovaquia, Italia y Lituania han completado la transposición dentro del plazo. Otros países han realizado adaptaciones parciales o han retrasado sus proyectos legislativos, mientras que España figura entre los Estados más rezagados al no contar aún con una norma aprobada ni con un calendario definitivo para su entrada en vigor.

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(El Economista, 02-07-2026) | Laboral

El lío sobre el pago del permiso parental de ocho semanas divide a los jueces

Los tribunales españoles mantienen criterios dispares sobre si el permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos menores de 12 años debe ser retribuido. Mientras algunos jueces consideran que estas semanas deben abonarse al entender que España realizó una transposición incompleta de la normativa europea, otros rechazan esa interpretación, aunque reconocen la existencia de resoluciones judiciales favorables al pago. Por ahora, los empleados públicos son quienes más éxito están teniendo al reclamar judicialmente la remuneración de este permiso, aunque tampoco existe unanimidad entre los tribunales. En el ámbito privado, en cambio, la tendencia mayoritaria es negar el derecho a percibir salario durante ese periodo. El origen del debate se encuentra en la directiva europea sobre conciliación, que obligó a los Estados miembros a introducir un permiso parental de ocho semanas. El Gobierno español aprobó este permiso en junio de 2023, pero dejó sin concretar si sería remunerado o no. Posteriormente, en julio de 2025, aclaró mediante un real decreto-ley que dicho permiso no tendría carácter retribuido. Una de las resoluciones más favorables al pago fue dictada por el Tribunal de Instancia de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña, que en marzo obligó a la Consejería de Sanidad de Galicia a remunerar las semanas solicitadas por un trabajador en enero de 2025. El tribunal entendió que, al haberse solicitado el permiso antes de la aprobación del decreto de 2025, seguía vigente la regulación de 2023, que no aclaraba expresamente su naturaleza retributiva. En consecuencia, consideró aplicable de forma directa la directiva europea, cuyo artículo 8 establece la obligación de garantizar remuneración para parte del permiso parental. Sin embargo, otros tribunales han mantenido la posición contraria. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazó en marzo la remuneración solicitada por un trabajador del sector privado que había pedido una semana de permiso en 2024. La Sala de lo Social argumentó que la directiva europea no tiene eficacia directa entre particulares y que, además, no establece con suficiente precisión la obligación de pago. No obstante, esta sentencia incluyó un voto particular del magistrado Florentino Eguaras Mendiri, quien sostuvo que existe una desigualdad evidente entre empleados públicos y privados. Según su criterio, quienes solicitaron el permiso antes de julio de 2025 deberían beneficiarse directamente de la norma europea, que reconoce el derecho a un periodo parental retribuido. El magistrado defendió que la directiva obliga a garantizar dos meses de permiso con compensación económica, ya sea mediante salario o prestación pública. A su juicio, España no cumplió plenamente con esa exigencia, dejando una laguna normativa en el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores al no concretar el mecanismo de remuneración. También existen resoluciones contrarias incluso para empleados públicos. El Tribunal de Instancia de lo Contencioso-Administrativo número 5 rechazó en abril la pretensión de un trabajador de la Administración, pese a que había solicitado el permiso antes del decreto de 2025. El juzgado concluyó que la directiva no impone de forma expresa la retribución y recordó que la norma aprobada por el Gobierno excluyó efectos retroactivos. En la misma línea, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía denegó en enero la remuneración solicitada por otro trabajador, al considerar que la directiva europea carece de la claridad suficiente para aplicarse directamente. La disparidad de criterios hace prever que el conflicto termine siendo resuelto por el Tribunal Supremo. Aunque el alto tribunal aún no se ha pronunciado de forma definitiva sobre la retribución de este permiso, una resolución de enero de 2026 ya dejó entrever una posición poco favorable al reconocimiento automático del pago. El Supremo deberá aclarar, especialmente, qué sucede con los trabajadores que solicitaron el permiso entre junio de 2023 y julio de 2025, el periodo en el que la legislación española reconocía el permiso parental pero no especificaba expresamente si debía ser remunerado o no.

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