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(Expansión, 18-11-2025) | Fiscal

Hacienda se abre a ceder más del 50% de recaudación del IRPF y el IVA a las CCAA

El Ministerio de Hacienda presentará a comienzos del próximo año una propuesta para renovar por completo el sistema de financiación autonómica -un cambio pendiente desde 2014- con la que promete incrementar los recursos destinados a todas las comunidades, reconocer las particularidades de cada territorio y abrir la posibilidad de transferir a las autonomías una mayor parte de los impuestos estatales, además de garantizar que esos fondos se entreguen de manera inmediata. Así lo comunicó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los consejeros autonómicos durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Adelantó también que su intención es convocar un nuevo Consejo monográfico para presentarles la reforma "entre enero y febrero" de 2026. Montero recordó que ya intentó abordar esta reforma a finales de 2021, cuando envió a las comunidades una propuesta de revisión de la población ajustada considerando factores como la despoblación, la dispersión geográfica o la insularidad, como base para actualizar el reparto de fondos. Sin embargo, explicó que "las comunidades no renunciaron a sus posiciones de máximos, lo que impidió alcanzar un acuerdo", incluso entre territorios gobernados por el mismo partido. Por ello, esta vez Hacienda optará por "presentar el modelo completo de una sola vez", mostrando el impacto final que tendría para cada autonomía. La vicepresidenta precisó que el planteamiento inicial garantiza que "ninguna comunidad autónoma saldrá perdiendo: el sistema dispondrá de más recursos para sanidad, educación, servicios sociales o dependencia". Subrayó que será aplicable a todas las regiones de régimen común, aunque incorporará las particularidades territoriales que correspondan. De este modo, aclaró, permitirá integrar el acuerdo de financiación específica alcanzado para Cataluña entre PSC y ERC. Montero añadió que el nuevo sistema "reflejará de manera explícita la solidaridad entre territorios, con criterios claros y transparentes" y que "otorgará más capacidad normativa a las comunidades dentro de un marco de responsabilidad fiscal y respeto a su autonomía". Esto implica aumentar el porcentaje de impuestos cedidos a las regiones -que actualmente reciben el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales- aunque evitó adelantar cifras. Al mismo tiempo, Hacienda prevé poner fin al sistema de entregas a cuenta, reemplazándolo por transferencias inmediatas de la parte de los tributos que corresponda a cada comunidad. Además, señaló que el nuevo modelo reducirá las desigualdades actuales en financiación por habitante ajustado. La diferencia entre la comunidad con menor dotación y la mejor financiada asciende hoy a 1.005 euros por persona, algo que, afirmó, "no se justifica bajo ningún criterio". En paralelo, Montero explicó que el plan contempla la "implantación de un modelo de gestión en red" entre las administraciones tributarias autonómicas y la Agencia Tributaria estatal, con el que las comunidades irán asumiendo más competencias en esta materia, lo que daría cobertura también al denominado cupo catalán. Finalmente, la ministra se declaró partidaria de establecer medidas que desincentiven el dumping fiscal, es decir, la reducción de impuestos para competir con otras autonomías, lo que podría incluir penalizaciones en la financiación de los territorios que apliquen bajadas de tributos. Las reacciones desde los gobiernos autonómicos del PP no se hicieron esperar. "Es indignante que hablen de bilateralidad y singularidades", criticó la consejera de Hacienda andaluza, Carolina España. Por su parte, la consejera madrileña, Rocío Albert, tachó la propuesta de "maremágnum" y acusó a Montero de "no tener nada preparado" y de intentar "contentar a todos para postularse como candidata a la Junta de Andalucía y cumplir con Cataluña".

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(El País, 18-11-2025) | Fiscal

El Gobierno ofrece a las comunidades un déficit del 0,1% entre 2026 y 2028

El Ministerio de Hacienda planteó este lunes a las comunidades autónomas un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para cada uno de los ejercicios entre 2026 y 2028. Así lo indican fuentes conocedoras de la reunión técnica del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro donde el Ministerio y los responsables regionales de Hacienda analizan cuestiones relacionadas con las cuentas autonómicas. Este objetivo amplía en unos 5.500 millones la capacidad de gasto de los gobiernos regionales, pero sigue sin satisfacer a las autonomías gobernadas por el PP -mayoritarias-, que reclaman que antes se aborde una reforma profunda del sistema de financiación. Hacienda ha reunido a las comunidades para comunicarles los objetivos de déficit y deuda, así como el límite de crecimiento del gasto para el periodo 2026-2028; elementos esenciales para poder elaborar tanto los Presupuestos Generales del Estado como los presupuestos autonómicos. Sin embargo, el orden del día no incluye avanzar de forma sustancial en la reforma del modelo de financiación, pendiente desde hace más de diez años y reivindicada continuamente por los gobiernos regionales. Aunque Hacienda ha incorporado un punto para debatir sobre el sistema de financiación, fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero adelantan que no se presentará un nuevo modelo completo, sino que se retomará el diálogo. Ya en 2021, el Gobierno esbozó una propuesta centrada en revisar la población ajustada -una variable clave para repartir los fondos entre autonomías-, pero aquella iniciativa no prosperó. El Ejecutivo tampoco ha conseguido que el Congreso apruebe la senda de déficit en los últimos años, lo que ha obligado a prorrogar los Presupuestos desde 2023. El último rechazo, con los mismos objetivos que ahora se ponen sobre la mesa, vino de Junts, que tras distanciarse del acuerdo de investidura amenaza con bloquear de nuevo las metas fiscales cuando lleguen al Parlamento. "Estamos ante una situación de bloqueo", expresó la consejera de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Ruth Merino (PP), antes de entrar en la reunión. Su homólogo asturiano, Guillermo Peláez (PSOE), señaló por su parte que confían en que el encuentro se desarrolle "con lealtad y respeto institucional", destacando que la fijación de la regla de gasto es clave para elaborar los presupuestos. La consejera andaluza, Carolina España (PP), mostró su escepticismo por el retraso en comunicar los objetivos de estabilidad, que deberían haberse conocido antes del 30 de junio. Afirmó además que Andalucía ya tiene aprobado el presupuesto de 2026, pero ha tenido que hacerlo sin conocer los límites fiscales. "Es un auténtico desgobierno que llega tarde y mal", criticó. Andalucía también ha insistido en la reforma urgente del sistema de financiación y en evitar acuerdos bilaterales que generen privilegios, en referencia a Cataluña. España recordó que, si se aborda una reforma, habría que partir de los "4.000 millones que le faltan a Andalucía", una cifra que la propia Montero defendía cuando era consejera. Asimismo, calificó la senda del déficit como "incoherente", al considerar que no tiene sentido permitir más endeudamiento autonómico mientras se plantea condonar 83.000 millones de deuda y se alcanza un acuerdo con ERC que definió como "chantaje". El consejero murciano, Luis Alberto Marín (PP), calificó la reunión de "día de la marmota", asegurando que acuden esperando una reforma del sistema pero convencidos de que será "un monólogo de la ministra para contentar a sus socios". Recordó además que el PP gobierna en 14 territorios y que esto les da "legitimidad moral" para que se atiendan sus demandas. "Seremos combativos con la reforma del sistema", concluyó. La consejera de Madrid, Rocío Albert, también insistió en el retraso en fijar los objetivos de déficit y criticó que el orden del día sea "un mero trámite" para que Hacienda pueda sacar adelante su propuesta ahora que el Gobierno aspira a presentar los Presupuestos. En el CPFF, Hacienda tiene asegurado el respaldo necesario para aprobar la senda, ya que solo necesita el voto de una comunidad, apoyo que garantizan Cataluña y otras dos autonomías socialistas. El reto real será su paso por el Congreso. Aunque el Gobierno ya no depende del Senado -donde la oposición mantiene la mayoría-, la aprobación sigue siendo compleja tras la ruptura de Junts con el Ejecutivo. Hacienda también ha revisado al alza las entregas a cuenta para 2026, los anticipos que reciben las comunidades en función de las previsiones económicas y de recaudación. En julio se comunicó que ascenderían a 156.990 millones, pero ahora se elevan a 157.731 millones, la cifra más alta de la historia y un 7% más que este año. Según fuentes ministeriales, esta actualización se debe al buen comportamiento de la economía. De hecho, el Gobierno elevará mañana su previsión de crecimiento del 2,7% al 2,9%. Sumando las entregas a cuenta y la liquidación prevista de 2024, la financiación total para las comunidades en 2026 alcanzará los 170.300 millones, un 7,7% más que en 2025.

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(El Economista, 18-11-2025) | Fiscal

Las empresas se juegan la devolución de miles de millones en intereses por parte del fisco

Las empresas españolas se juegan esta semana la posibilidad de recuperar miles de millones de euros en intereses por parte de la Agencia Tributaria. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) dictará sentencia en los próximos días para determinar si la obligación impuesta a las compañías de adelantar trimestralmente un pago mínimo del 23% del Impuesto sobre Sociedades vulnera el principio de capacidad económica. Desde 2016, las empresas con una facturación superior a los 10 millones de euros están obligadas a anticipar ese tipo mínimo sobre su resultado positivo, sin poder aplicar exenciones ni deducciones habituales, como la compensación de bases negativas. Estos pagos fraccionados deben realizarse en abril, octubre y diciembre, y se calculan sobre los beneficios obtenidos en los primeros tres, nueve y once meses del año. Posteriormente, al igual que ocurre con la declaración de la renta en el caso de los particulares, las compañías presentan en julio del año siguiente la liquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio completo. En ese momento, Hacienda regulariza el importe: si la empresa ha pagado de más, le devuelve el exceso, aunque sin abonar intereses. El Gobierno de Mariano Rajoy incorporó esta obligación en un Real Decreto-ley de 2016 que introducía diversas modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, ante la posibilidad de que el Constitucional anulara la norma -como finalmente ocurrió en julio de 2020-, el Ejecutivo decidió incluirla posteriormente en la Ley de Presupuestos de 2018. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana planteó dos cuestiones de inconstitucionalidad sobre esta obligación en la primavera de 2024. El Tribunal Constitucional las admitió a trámite en febrero y resolverá sobre ellas esta semana. En este caso, las compañías no discuten la devolución del impuesto -que ya reciben si han pagado en exceso-, sino el derecho a percibir intereses por esos anticipos que Hacienda retiene temporalmente. La obligación de adelantar este tipo mínimo puede generar tensiones de liquidez, ya que las empresas se ven obligadas a entregar al fisco un dinero que podrían destinar a cubrir sus necesidades, funcionando en la práctica como un préstamo sin intereses a la Administración. En caso de que el Constitucional falle a favor de las empresas, solo podrán beneficiarse aquellas que hayan recurrido en su momento el pago fraccionado con tipo mínimo, ya que el tribunal suele limitar el alcance de sus decisiones. Así lo hizo en 2021, cuando anuló el sistema de cálculo de la plusvalía municipal, y de nuevo en enero de 2024, al invalidar parte de un Real Decreto-ley de 2016 que también afectaba al Impuesto sobre Sociedades: únicamente obtuvieron devoluciones quienes tenían recursos aún abiertos, sin resolución administrativa firme ni sentencia definitiva.

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(El Periódico, 18-11-2025) | Fiscal

Díaz reclama al PSOE una “tasa Trump” para que las tecnológicas de EE UU tributen en España

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que Sumar exigirá al PSOE en la negociación presupuestaria la instauración de lo que ha denominado "tasa Trump", para que las grandes tecnológicas estadounidenses paguen impuestos en España. "No puede ser que las cinco mayores tecnológicas estadounidenses [Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) y Microsoft] no paguen impuestos en nuestro país, no los paguen en Europa y no los paguen en el mundo. Es decir, lo que les vamos a pedir es que bajen de la nube y pasen por la Hacienda Pública española", ha dicho Díaz durante su intervención en la jornada Metafuturo organizada por Atresmedia. La responsable de Trabajo ha rechazado especificar el tipo de esta tasa u otras características de la misma, pero ha dicho que lo detallarán en breve. La vicepresidenta segunda ha indicado que los autónomos en España tributan entre el 15% y el 18%, y las grandes empresas una media del 7% por sus beneficios. "Pero las grandes tecnológicas es una burla lo que hacen con los españoles, las españolas y los europeos. Por tanto, esa tasa Trump la vamos a exigir en la negociación con el Partido Socialista, porque tienen que pagar impuestos", ha comentado Díaz. El Ministerio de Hacienda está bajo el mando de la socialista María Jesús Montero, además vicepresidenta primera. Díaz ha dicho que harán público el detalle de esta tasa junto al resto del propuestas de Sumar para los Presupuestos Generales del Estado. "Es clave. ¿O es que las empresas no pagan impuestos como todo el mundo? ¿Es que un grupo elegido de big tech puede no pagar impuestos porque sí? ¿Por qué?", ha insistido. La responsable de Trabajo viene volcando sus discursos contra las grandes tecnológicas estadounidenses en las últimas semanas. Tras el anuncio de Amazon de un ERE en España que afectará a en torno a 1.200 empleados corporativos, Díaz aprovechó una intervención en el Congreso de los Diputados para anunciar una campaña específica de Inspección contra el uso inadecuado de algoritmos por parte de las tecnológicas. "Se llame Uber, Cabify o Amazon, vamos a vigilar el uso del control algorítmico que estas empresas tienen sobre los trabajadores. Son empresas que parecen muy modernas, pero con condiciones de Dickens, del siglo XIX", dijo Díaz.

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(Expansión, 17-11-2025) | Fiscal

El Supremo tumba la discriminación fiscal por Patrimonio a residentes en el exterior

El Tribunal Supremo ha vuelto a cuestionar la normativa fiscal española con una sentencia que unifica criterio y pone fin a una discriminación histórica. En esta resolución, el Alto Tribunal determina que los contribuyentes no residentes en España también pueden acogerse al límite conjunto aplicado al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto sobre el Patrimonio, un beneficio que hasta ahora solo se concedía a los residentes fiscales. La sentencia afirma que excluir a los no residentes de este límite vulnera la libre circulación de capitales, uno de los principios esenciales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Según el Supremo, no existe "ningún motivo de interés general" que justifique un trato desigual basado únicamente en la residencia del contribuyente. Hasta este fallo, la legislación española diferenciaba entre dos tipos de contribuyentes del Impuesto sobre el Patrimonio: los residentes, sometidos a tributación por obligación personal sobre todos sus bienes en el mundo, podían aplicar el límite conjunto; los no residentes, sujetos solo por obligación real -es decir, por bienes situados en España- quedaban excluidos de este mecanismo. Ese límite establece que la suma de las cuotas del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio no puede superar el 60% de la base imponible del IRPF. Si se sobrepasaba, se ajustaba la cuota de Patrimonio hasta no exceder ese tope, con un máximo de reducción del 80%. La imposibilidad de aplicar este límite llevaba a que un no residente con el mismo patrimonio en España que un residente pudiera abonar una carga fiscal muy superior. El caso concreto que ha dado pie a este pronunciamiento se originó en la reclamación de un contribuyente residente en el extranjero frente a una liquidación de la Hacienda balear. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya había fallado a su favor por considerar que la normativa española imponía un trato "desproporcionado e injustificado" a los no residentes. Aunque la Abogacía del Estado recurrió en casación, el Supremo ha rechazado sus argumentos y ha establecido un criterio que deberán aplicar tanto la Administración Tributaria como los tribunales inferiores. La lógica jurídica empleada por el Supremo no es nueva; se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Uno de los antecedentes más relevantes es la sentencia de 2014 relativa al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en la que se declaró ilegal que España negara a los no residentes las ventajas fiscales autonómicas, obligando después a modificar la legislación. Ahora, el Supremo traslada ese razonamiento al Impuesto sobre el Patrimonio. Considera que mantener una normativa que desincentiva la inversión extranjera al imponer a los no residentes una tributación potencialmente confiscatoria y más elevada que la de los residentes-sin una justificación objetiva-equivale a restringir de forma encubierta la libre circulación de capitales. Las consecuencias de esta sentencia son relevantes. A partir de ahora, cualquier no residente podrá aplicar el límite del 60% en sus declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio. Además, abre la posibilidad de que quienes hayan tributado en los últimos cuatro años soliciten la rectificación de sus autoliquidaciones y la devolución de lo pagado en exceso, junto con los intereses de demora. Para Esaú Alarcón, socio de Gibernau, el fallo del Supremo refleja una interpretación "audaz". Señala que el tribunal, ante la opción de ceñirse estrictamente al texto legal o adoptar una interpretación más flexible, ha optado por esta última, lo que en la práctica implica dejar sin efecto la norma nacional en favor de la primacía del Derecho europeo. Para Alarcón, se trata de "una excelente noticia" que evidencia la voluntad de los jueces -recordando que el TSJ de Baleares ya había aplicado este enfoque- de garantizar las libertades comunitarias. Por su parte, Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence, considera que esta decisión se suma a una corriente más amplia de protección al inversor extranjero. Añade que el Supremo tendrá pronto que pronunciarse sobre otra cuestión relevante: la discriminación que afrontan los no residentes extracomunitarios con inmuebles alquilados en España en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, ya que la Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional del 28 de julio que permitió a estos arrendadores deducir gastos.

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(Expansión, 17-11-2025) | Fiscal

Los inspectores locales de Hacienda piden poder hacer embargos en todo el país

La asociación de inspectores municipales exige acabar con los "paraísos fiscales" utilizados por las empresas de renting de vehículos y prohibir que las inspecciones tributarias se privaticen. "La Hacienda local lleva décadas sufriendo la dejadez del legislador estatal, lo que ha generado una inseguridad jurídica perjudicial tanto para los contribuyentes como para las Administraciones", denuncia la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (Anihpl). Durante su congreso por el XXV aniversario -celebrado en Alicante el jueves y viernes-, la organización presentó un Libro Blanco para la reforma de la fiscalidad local, en el que recoge "100 propuestas orientadas a reforzar la seguridad jurídica y la justicia tributaria". El documento, de 265 páginas, detalla la redacción concreta de los cambios normativos necesarios para armonizar los tributos municipales, aumentar su seguridad jurídica y fortalecer las competencias de los inspectores locales. Entre esas medidas, la asociación plantea modificar la Ley de Haciendas Locales para permitir que los inspectores de los ayuntamientos puedan realizar actuaciones de recaudación ejecutiva en todo el territorio nacional, incluso fuera de su municipio. Esto incluiría, por ejemplo, ordenar embargos de cuentas bancarias en oficinas situadas en otras localidades. "La prohibición actual no tiene sentido, ya que el dinero no está vinculado físicamente a una oficina concreta", sostienen. Asimismo, y apoyándose en la jurisprudencia revelada por EXPANSIÓN, el colectivo reclama prohibir que las inspecciones fiscales se externalicen a empresas privadas, una práctica que algunos ayuntamientos han aplicado en los últimos años. Insisten en que "la gestión, recaudación, inspección, sanción y revisión de los tributos locales" debe ser exclusiva de funcionarios públicos por tratarse del ejercicio de autoridad, admitiéndose únicamente apoyo técnico puntual, tal como han subrayado tribunales como el TSJ de Cataluña. En cuanto al diseño de los tributos locales, los inspectores plantean varias reformas. En primer lugar, proponen eliminar los "paraísos fiscales" creados en torno al renting de vehículos, impidiendo que una empresa decida libremente en qué municipio matricula su flota para reducir el pago del Impuesto de Circulación. Denuncian que existen municipios con apenas 100 habitantes que figuran con 30.000 vehículos censados debido a estos incentivos fiscales. Defienden también que este impuesto deje de calcularse según los "caballos fiscales" y pase a basarse en el valor real del vehículo. Además, abogan por unificar los valores catastrales utilizados para calcular el IBI y reforzar su inspección municipal; ampliar la exención del Impuesto de Actividades Económicas a todos los contribuyentes con menos de un millón de euros de facturación; y simplificar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

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(Expansión, 17-11-2025) | Fiscal

La recaudación del Impuesto de Plusvalía se dispara un 41% pero sigue por debajo de niveles prerreforma

Los ayuntamientos de España ingresaron más de 30.000 millones de euros en 2023 a través de impuestos y tasas municipales, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda. Esta cifra supone un aumento del 4,5% respecto al año anterior, un crecimiento en el que destaca especialmente el fuerte repunte del Impuesto de Plusvalía, cuya recaudación se disparó un 41%. Es importante recordar que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como Plusvalía, quedó prácticamente desmantelado después de varias sentencias del Tribunal Constitucional que culminaron en 2021 con la anulación de su sistema de cálculo. Esto obligó a Hacienda a rediseñar el tributo para preservar la que era la segunda principal fuente de financiación municipal, solo por detrás del IBI. Sin embargo, la reforma provocó una caída abrupta de su recaudación, que pasó de 2.449 millones en 2021 a 1.206 millones en 2022, un descenso del 40%. En 2023, los ingresos por Plusvalía se recuperaron hasta alcanzar los 1.702 millones, aunque aún no se sitúan en los niveles previos al cambio normativo. La mejora del mercado inmobiliario y la consolidación del nuevo método de cálculo parecen ser factores que explican esta evolución. De cara al futuro, los inspectores de Hacienda local prevén que la nueva tasa de basuras se convierta en la segunda mayor fuente de ingresos municipales, con una recaudación estimada de 3.500 millones anuales. No obstante, advierten de que su diseño presenta importantes problemas. Mientras tanto, en 2023 los ayuntamientos ingresaron 14.821 millones de euros por IBI (1,1% más); 6.358 millones por tasas municipales (3,3%); 2.402 millones por el Impuesto de Circulación (-1,5%); 1.684 millones por el Impuesto de Actividades Económicas (0,4% más); y 1.525 millones por el Impuesto sobre Construcciones y Obras, que creció un 10%.

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(El País, 17-11-2025) | Fiscal

Hacienda cita a las comunidades para fijar la senda de estabilidad

El Ministerio de Hacienda inicia este lunes el proceso de elaboración de los Presupuestos de 2026 con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que presentará a las comunidades autónomas su propuesta de senda de estabilidad para el periodo 2026-2028. La cita, prevista para las 12:00 horas, incluirá también debates sobre el sistema de financiación autonómica, una cuestión prioritaria para la mayoría de los gobiernos regionales -especialmente los del PP-, que consideran la senda de estabilidad un asunto secundario debido a sus escasas posibilidades de superar el trámite parlamentario. La exposición de la senda de estabilidad ante las comunidades y su futura aprobación en Consejo de Ministros marca el inicio formal de unos presupuestos que ya acumulan un considerable retraso. En la reunión, Hacienda planteará los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para 2026-2028, tanto para el conjunto de las Administraciones Públicas como para cada subsector, en línea con los compromisos asumidos con la Unión Europea. Su aprobación está garantizada, ya que el Gobierno controla la mitad de los votos en el CPFF. Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, estos objetivos se enviarán al Congreso junto con el techo de gasto -que no está sujeto a votación-. Las Cortes podrán avalarlos o rechazarlos: si el Congreso los aprueba pero el Senado los veta, la Cámara Baja puede levantar ese veto. Si finalmente son rechazados -probable, dado el precedente de Junts, que ya bloqueó la senda de 2025-2027-, el Gobierno deberá volver a aprobar una senda alternativa o repetir la misma en el plazo de un mes y reiniciar todo el procedimiento. Si la segunda propuesta también fracasa, se aplicarán automáticamente los objetivos enviados a Bruselas, aunque Hacienda no ha especificado si serán los del programa de estabilidad de 2023 (déficit del 2,5% del PIB en 2026) o los del plan fiscal (2,1% del PIB). En cualquier caso, tanto el Estado como las comunidades dispondrán de una senda válida sobre la que elaborar sus cuentas del próximo año, independientemente de que las Cortes la hayan respaldado o no. Una vez aprobado el proyecto presupuestario en el Consejo de Ministros, se remitirá al Congreso, donde comenzará una tramitación que suele prolongarse unos tres meses. El primer obstáculo será el debate de totalidad, ya que un veto aprobado obligaría a devolver el proyecto al Ejecutivo. Las cuentas para 2026 serían las primeras de esta legislatura -con el desafío añadido de incorporar el aumento del gasto en defensa- y sustituirían a los Presupuestos de 2023, aún en vigor tras dos prórrogas consecutivas. Dado el calendario, es imposible que los nuevos presupuestos entren en vigor el 1 de enero, por lo que será necesaria una tercera prórroga de las cuentas de 2023, al menos hasta que se aprueben las de 2026. Más allá de la senda de estabilidad, las comunidades llegan al CPFF centradas en la reforma de la financiación autonómica. Las regiones gobernadas por el PP -11 de 17- reclaman desde más recursos, como Andalucía, hasta una revisión completa del modelo, como plantean Comunidad Valenciana y Canarias (donde gobiernan PP y CC), mientras que Baleares critica la falta de transparencia de las negociaciones bilaterales. En la misma línea, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defiende un sistema común sin "privilegios", y Asturias espera aclarar "incertidumbres" relacionadas con el déficit. Aunque no se sabe si Hacienda pondrá sobre la mesa una propuesta concreta, el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, sugirió hace unas semanas que las comunidades podrían dejar de depender del sistema de anticipos y liquidaciones para pasar a recibir en tiempo real los ingresos que les corresponden por IRPF e IVA.

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(El Economista, 17-11-2025) | Fiscal

La nueva tasa de basuras incrementa la desigualdad entre los ciudadanos españoles

La diferencia en las cuotas de la tasa de basuras puede alcanzar hasta 230 euros según el municipio de residencia. La media nacional se sitúa en 122 euros, aunque los vecinos de Valencia, Gerona, Tarragona, Palma y San Sebastián son los que pagan más, superando los 200 euros por vivienda. En concreto, los valencianos abonan de media 287 euros; en Gerona, 238 euros; Tarragona, 236 euros; Palma, 209 euros; y San Sebastián, 206 euros. Estas cinco capitales de provincia se sitúan por encima de los 200 euros, mientras que la media del resto de municipios queda por debajo de ese umbral, según datos de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL), provenientes de la Fundación ENT. Estos promedios indican que habrá vecinos que paguen más o menos según cómo cada ayuntamiento calcule la cuota, considerando criterios como los metros cuadrados del inmueble, el valor catastral o el consumo de agua, entre otros. Por ejemplo, Madrid cobrará por primera vez esta tasa desde que la exalcaldesa Ana Botella la eliminara de cara a 2015, y a partir de 2026 tendrá en cuenta el número de personas empadronadas en cada vivienda para ajustar mejor el cálculo de residuos generados. En el extremo opuesto, las ciudades con la tasa más baja son Toledo (56 euros), Palencia (57 euros), León (62 euros), Cáceres (63 euros) y La Coruña (68 euros). La nueva tasa surge de la Ley de Residuos de 2022, que transpone la directiva europea sobre economía circular y obligó a todos los ayuntamientos a aprobar antes de abril de 2025 una ordenanza reguladora del gravamen con dos condiciones principales: que cada vivienda pague según la basura que genera y que la recaudación cubra por completo el coste del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Esto ha provocado que consistorios que ya contaban con la tasa la aumentaran y que los que no la tenían la implantaran. El aumento de la tasa en los municipios donde ya existía ha sido del 30% de media, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), registrándose un alza del 30,3% en comparación con el año anterior. Se trata del incremento más alto frente a otros bienes y servicios como alimentación, vivienda, ropa, sanidad, transporte u ocio. Sin embargo, los incrementos podrían continuar en los próximos años. Los inspectores de Hacienda Local advirtieron recientemente que el coste total del servicio de basura en España para 2025 asciende a 5.325 millones de euros, mientras que las nuevas tasas solo financian 3.488 millones, el 65,5% del total. Quedan, por tanto, 1.837 millones sin cubrir, lo que significa que algunos ayuntamientos podrían tener que seguir subiendo la cuota para garantizar la financiación completa del servicio, con impacto económico para los ciudadanos y consecuencias financieras para los consistorios. Los inspectores alertan de que la tasa de basuras podría generar más litigios que el impuesto de plusvalía municipal. Miles de ciudadanos y asociaciones ya están recurriendo la tasa en todo el país. La clave legal será determinar si las ordenanzas cumplen con la Ley de 2022, que exige aplicar el principio de "quien contamina, paga", es decir, que la cuota se ajuste a la basura efectivamente generada. Aunque se estima que los casos tarden entre tres y cuatro años en llegar al Tribunal Supremo, una eventual anulación de ordenanzas obligaría a los ayuntamientos a devolver el dinero recaudado, más intereses. En Madrid, donde se espera recaudar entre 250 y 275 millones de euros, el impacto financiero sería considerable. No obstante, la práctica judicial hasta ahora ha limitado las devoluciones solo a quienes reclamen y cuyas resoluciones administrativas o judiciales aún no sean firmes, como ocurrió con las devoluciones del impuesto de plusvalía municipal.

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(Expansión, 13-11-2025) | Fiscal

Hacienda deberá incluir más información en sus notificaciones tributarias

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo obliga a la Agencia Tributaria a especificar el motivo de sus comunicaciones desde el mismo acuse de recibo. En los últimos meses, varios tribunales han corregido la forma en que Hacienda venía gestionando las notificaciones tributarias, reforzando así la protección de los derechos de los contribuyentes, que en muchos casos no habían sido plenamente respetados. El nuevo criterio del Supremo se centra en la obligación de informar claramente sobre la razón por la que se emite una notificación en el propio acuse de recibo. En una resolución dictada el pasado 1 de octubre, el Alto Tribunal considera insuficiente la información que la Agencia Tributaria incluía hasta ahora en sus avisos, ya que esta no permitía al ciudadano conocer de antemano el contenido de la comunicación, actuar con la debida diligencia al recogerla o, en su caso, responder adecuadamente. Por ello, el Tribunal modifica el criterio aplicado hasta el momento -que podría hacerse extensivo a cualquier otro tipo de notificación administrativa- y determina que "es necesario que la documentación acreditativa del intento de notificación contenga, además de la identificación del expediente, la fecha, la identidad y el contenido del acto que se pretende notificar, mediante una referencia específica a su contenido esencial". Expertos en derecho tributario señalan que, si Hacienda incumple esta exigencia y procede a publicar la notificación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el procedimiento podría considerarse defectuoso, lo que abriría la posibilidad de recurso por parte del contribuyente. Además, este nuevo criterio se suma a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo a comienzos de año, según la cual la Agencia Tributaria debe agotar todos los medios de comunicación disponibles antes de dar por válida una notificación electrónica que el contribuyente no haya abierto en un plazo de diez días, principio que ya están aplicando otros tribunales.

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