News

(Cinco Días, 29-10-2026) | Fiscal

Las navieras se hacen de oro con el alza de los fletes y disparan un 75% el beneficio medio por barco

La guerra en Irán ha alterado profundamente el transporte marítimo internacional, con el estrecho de Ormuz como principal foco de la crisis. Su bloqueo ha obligado a las navieras a utilizar rutas más largas, reduciendo la disponibilidad de buques, mientras el riesgo de ataques iraníes ha disparado los costes del transporte, especialmente en el sector energético. Los ingresos medios de la actividad marítima han aumentado un 75% este año respecto al anterior y se sitúan un 92% por encima de la media de la última década. Esta situación está favoreciendo a un reducido grupo de grandes compañías navieras, algunas de las cuales han duplicado ampliamente su valor bursátil. Los ingresos medios diarios de los buques de carga superan actualmente los 74.000 dólares, según el Clarksea Index, elaborado por la consultora Clarksons Research. Este indicador, utilizado habitualmente por armadores, navieras y aseguradoras, calcula la rentabilidad media de una flota representativa de petroleros, graneleros, portacontenedores y gaseros. Sus registros se encuentran cerca de máximos históricos, lo que refleja el fuerte crecimiento de los ingresos del sector pese al encarecimiento del combustible y al aumento de los riesgos para la navegación. Desde la pandemia, el transporte marítimo ha tenido que adaptarse a un entorno más inestable, marcado por los conflictos internacionales, las interrupciones de las cadenas de suministro y la congestión portuaria. Sin embargo, esta mayor volatilidad también ha abierto oportunidades para elevar los precios. Vincent Clerc, consejero delegado de la naviera danesa Maersk, señaló en septiembre que la forma de fijar las tarifas había cambiado sustancialmente desde la crisis sanitaria y que el sector podía alcanzar niveles de rentabilidad superiores a los habituales antes de la pandemia. Maersk, que dispone de la segunda mayor flota mundial de portacontenedores y controla el 13,6% de la capacidad del mercado, registró en el segundo trimestre un beneficio neto atribuido de 1.263 millones de dólares, un 116% más que en el mismo periodo del año anterior. La compañía revisó al alza por segunda vez sus previsiones para 2026 y los analistas de Citi esperan que pueda mejorarlas de nuevo con la publicación de sus resultados del tercer trimestre, prevista para el 5 de noviembre. En lo que va de año, sus acciones acumulan una revalorización del 60%. El mercado está dominado por un pequeño número de grandes operadores. Mediterranean Shipping Company (MSC), con sede en Suiza, lidera el sector con el 21,5% de la capacidad mundial de transporte de contenedores, aunque no publica sus resultados financieros. Maersk ocupa la segunda posición, seguida de la francesa CMA CGM, con una cuota del 12,9%, y la china Cosco Shipping, con el 10,6%. Por detrás se sitúan compañías como la alemana Hapag-Lloyd, la japonesa Ocean Network Express y la taiwanesa Evergreen. El encarecimiento de los fletes se ha extendido a prácticamente todas las modalidades de transporte marítimo. La inseguridad en torno al estrecho de Ormuz obliga a modificar itinerarios, aumenta las distancias recorridas y eleva los gastos de combustible y aseguramiento. Estos costes adicionales terminan trasladándose a las tarifas que pagan las empresas por transportar mercancías, desde productos industriales hasta materias primas y recursos energéticos. El índice compuesto de fletes de contenedores de Shanghái ha multiplicado por más de tres sus niveles anteriores al conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, el impacto más acusado se observa en el transporte de petróleo, donde el coste de los fletes se ha multiplicado por diez en lo que va de año. El incremento está impulsando los resultados de las navieras especializadas en el transporte de crudo. A mediados de octubre, el coste diario estimado de transportar dos millones de barriles de petróleo en un petrolero de gran capacidad, conocido como VLCC, desde África occidental hasta China llegó a superar los 770.000 dólares. En la ruta entre el golfo de México y China, las tarifas alcanzaron los 600.000 dólares diarios. Estas cantidades se calculan a partir de los ingresos previstos por el viaje, descontando gastos como el combustible, las tasas portuarias y los peajes por el tránsito a través de canales como los de Suez o Panamá. Según John Ollett, responsable de precios de fletes de crudo de la consultora Argus, los armadores deben seguir afrontando costes de tripulación, mantenimiento y abastecimiento de los buques, que se estiman en unos 10.000 dólares diarios. La diferencia entre estos gastos y los ingresos obtenidos por los fletes deja unos márgenes extraordinarios que están elevando la rentabilidad de las compañías. El auge del transporte de petróleo también se refleja en los mercados financieros. El Breakwave Tanker Shipping ETF, un fondo cotizado que sigue la evolución de los precios de los contratos de futuros vinculados a los fletes de petroleros, acumula una subida cercana al 4.750% este año. Su evolución ilustra hasta qué punto la crisis en Oriente Próximo y las dificultades para transportar crudo han convertido la capacidad de navegación en un activo especialmente valioso.

READ MORE

(La Vanguardia, 29-10-2026) | Fiscal

Frente Amplio plantea frenar la acumulación de vivienda gravando con un 10% a grandes propietarios

Ada Colau ha presentado una propuesta fiscal para intervenir en el mercado del alquiler mediante un impuesto anual del 10% sobre el valor de los inmuebles de los grandes propietarios que no se arrienden a precios asequibles. En una entrevista en la cadena SER, la candidata de Frente Amplio ha defendido que la vivienda debe destinarse a residencia habitual y no a la especulación. A su juicio, la fiscalidad puede contribuir tanto a frenar las subidas de los alquileres como a reducir unas rentas que considera excesivas. Colau ha relacionado la iniciativa con la defensa del derecho a la vivienda y con el origen de la actual convocatoria electoral. También ha recordado a Mari Carmen y ha señalado que su lucha debe traducirse en medidas concretas para evitar situaciones que considera intolerables. La candidata ha insistido en que es necesario actuar sobre las causas del encarecimiento de la vivienda y no limitarse a medidas parciales. El impuesto distinguiría entre pequeños propietarios y grandes tenedores. Se aplicaría a las empresas desde su primera vivienda y a las personas físicas a partir de la cuarta, siempre que el valor conjunto de sus inmuebles superase los 800.000 euros. Los propietarios que alquilasen por encima de la media establecida en el índice estatal de referencia tendrían que pagar anualmente un gravamen equivalente al 10% del valor de los inmuebles, mientras que los arrendamientos a precios asequibles quedarían exentos. La finalidad de la medida, según Colau, no sería aumentar los ingresos públicos, sino desincentivar los alquileres elevados y conseguir que los propietarios redujesen las rentas para evitar el pago. La candidata ha señalado que, en ciudades como Madrid y Barcelona, los precios considerados asequibles deberían situarse algo más de un 30% por debajo de los niveles actuales. La propuesta pone el foco especialmente en los fondos de inversión y los grandes propietarios. Colau ha asegurado que trece fondos concentran unas 100.000 viviendas en España y ha defendido la necesidad de actuar sobre este tipo de tenedores. Según su planteamiento, las estadísticas muestran una relación entre el tamaño de los propietarios y el nivel de los alquileres que fijan. Las estimaciones de Frente Amplio apuntan a que el gravamen podría afectar a 737 empresas privadas con al menos 50 viviendas alquiladas. Además, la formación calcula que contribuiría a movilizar 213.840 inmuebles en manos de multipropietarios que actualmente no están arrendados ni se utilizan como residencia habitual. A esta cifra se sumarían otros 272.160 pisos que ya están en alquiler y cuyos propietarios podrían optar por reducir las rentas para quedar exentos del impuesto. Frente a quienes consideran que la solución pasa principalmente por construir más viviendas, Colau ha sostenido que el problema no se limita a la falta de oferta, sino que también depende del uso que se hace de los inmuebles disponibles. En este sentido, ha señalado los pisos vacíos, el alquiler de temporada y los alojamientos turísticos como factores que restringen la oferta destinada a residencia habitual. La candidata ha reconocido que es necesario ampliar el parque público de vivienda, aunque ha advertido de que la construcción requiere varios años y no permite responder de inmediato a la emergencia habitacional. Por ello, Frente Amplio propone elevar de forma permanente la inversión en vivienda asequible y protegida hasta el 1% del PIB. Los recursos se destinarían a construir, adquirir y rehabilitar inmuebles, y parte de la financiación procedería de la recaudación del nuevo impuesto. La iniciativa pretende combinar así el aumento de la oferta pública con incentivos fiscales para movilizar las viviendas existentes y contener los precios del alquiler.

READ MORE

(Expansión, 28-10-2026) | Fiscal

Una maraña de tributos y tasas municipales encarece de forma artificial la obra nueva

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales de España. Aunque el debate suele centrarse en la falta de suelo disponible, el aumento del coste de los materiales y la inflación, existe otro elemento que contribuye al encarecimiento de los inmuebles: la acumulación de impuestos y tasas que deben afrontarse durante todo el proceso de promoción y construcción. Cada vivienda de nueva construcción incorpora, además de los costes de materiales, diseño y mano de obra, una serie de tributos municipales que se aplican en distintas fases del proyecto. Juan Carpizo, socio de Fiscal y responsable de la práctica ibérica de Fiscalidad Local y Medioambiental de Andersen, señala que la carga fiscal vinculada a la promoción inmobiliaria representa un sobrecoste estructural que repercute directamente en el precio final. Según el experto, esta tributación incrementa el esfuerzo económico que deben realizar los compradores y dificulta todavía más el acceso a la vivienda. Los costes fiscales comienzan antes de iniciar las obras. Cuando el promotor adquiere un terreno, debe asumir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante el periodo de propiedad y desarrollo del proyecto. A este desembolso se añaden el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuyo tipo puede alcanzar el 4% del coste real de la construcción, y la tasa por licencia urbanística, que se calcula sobre el presupuesto de ejecución material. Durante el desarrollo de la promoción también se generan otros gastos, como los derivados de ocupar la vía pública con grúas, contenedores o andamios, además de las tasas relacionadas con inspecciones y autorizaciones técnicas. Carpizo subraya que estos pagos son costes efectivos que no pueden recuperarse y que se incorporan al coste de producción del inmueble, trasladándose finalmente al comprador a través del precio de venta. Uno de los aspectos más controvertidos de esta fiscalidad es el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. Tras la modificación normativa de finales de 2021, el sector promotor considera que el sistema puede generar una tributación que no se corresponde con la capacidad económica real. Según Carpizo, el impuesto llega a gravar incrementos de valor que, en determinados supuestos, están vinculados a costes necesarios para desarrollar el activo inmobiliario, lo que provoca una diferencia entre la base imponible y la ganancia económica efectiva. El problema adquiere especial relevancia en las promociones inmobiliarias, cuyos periodos de tenencia del suelo suelen ser reducidos y, en muchos casos, inferiores a dos años entre su adquisición y la venta de las viviendas. El fiscalista advierte de que algunos municipios han incrementado hasta un 600% los coeficientes aplicables a los periodos de propiedad más cortos, elevando considerablemente las cuotas tributarias sin que ese aumento tenga necesariamente una relación directa con la evolución real del valor del terreno. La acumulación de estos impuestos y tasas influye en la composición del precio final de la vivienda, que no depende únicamente de su ubicación, sus características constructivas o su eficiencia energética. Carpizo considera que España ha desarrollado un entramado de tributación municipal específico para la promoción urbanística, con figuras impositivas y tasas que afectan a distintas etapas del proceso. A su juicio, este modelo no encuentra un equivalente funcional en otros países europeos, lo que convierte la fiscalidad local vinculada a la vivienda en una singularidad del sistema español. Este sobrecoste fiscal añade presión a un mercado que ya se enfrenta a importantes dificultades de acceso y a una oferta insuficiente en determinadas zonas. Por ello, la revisión de los tributos municipales asociados a la construcción se plantea como una cuestión relevante dentro del debate sobre cómo agilizar la promoción de nuevas viviendas, reducir los costes de desarrollo y facilitar el acceso a este bien esencial. En la adquisición de vivienda de obra nueva, el comprador debe desembolsar de entrada un 10% en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). A esta partida se añade el gravamen de Actos Jurídicos Documentados (AJD), un tributo autonómico que añade entre un 0,5% y un 1,5% adicional según la comunidad. Esta estructura produce un efecto en el que el ciudadano termina pagando el IVA sobre una base que ya ha sido engordada por las tasas y tributos municipales previos. En conjunto, sumando los gravámenes invisibles de la fase constructiva y los exigidos en el acto de compraventa, la carga fiscal total llega a suponer entre el 20% y el 25%.

READ MORE

(El País, 28-10-2026) | Fiscal

El nuevo impuesto a los ricos frena la mudanza de fortunas entre comunidades, pero dispara la ingeniería fiscal

La fiscalidad de las grandes fortunas en España ha experimentado un cambio significativo en los últimos años. Durante más de una década, las diferencias entre comunidades autónomas en el impuesto sobre el patrimonio favorecieron la concentración de contribuyentes con elevados recursos en Madrid, donde existía una bonificación del 100%. Sin embargo, la creación a finales de 2022 del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, impulsado por el Gobierno central, estableció un mínimo de tributación estatal para frenar la competencia fiscal entre territorios. Un estudio del World Inequality Lab concluye que la medida ha reducido los incentivos para trasladar la residencia fiscal entre comunidades, aunque también ha impulsado nuevas estrategias para aprovechar las exenciones previstas en la normativa. El informe, titulado Tributación de la riqueza: ¿centralizada o descentralizada? Evidencia a partir del impuesto español sobre las grandes fortunas, ha sido elaborado por los investigadores Francisco García-Rodríguez, Dmitry Petrov y Alice Sodano a partir de datos de la Agencia Tributaria correspondientes al periodo comprendido entre 2016 y 2023. Sus conclusiones muestran un cambio en los movimientos territoriales de los grandes patrimonios. Madrid, que hasta entonces registraba de manera continuada un saldo migratorio positivo de contribuyentes con grandes fortunas, anotó en 2023, primer año completo de aplicación del nuevo impuesto, un saldo negativo entre quienes declaraban un patrimonio neto superior a 3,7 millones de euros, umbral a partir del cual se aplica el gravamen. El impuesto de solidaridad tiene una estructura similar a la del impuesto sobre el patrimonio, pero la recaudación corresponde a la Administración central en lugar de a las comunidades autónomas. Ante esta situación, algunas regiones, entre ellas Madrid, optaron por reducir o eliminar las bonificaciones del tributo autonómico para que los ingresos permanecieran en sus propias arcas, en lugar de transferirse al Estado. En la práctica, el nuevo gravamen redujo la ventaja económica de trasladar la residencia fiscal a una comunidad con menor tributación para evitar el pago. La implantación del impuesto permitió incorporar a cientos de contribuyentes de elevado patrimonio que anteriormente no abonaban este tipo de gravamen. En 2023, la recaudación alcanzó cerca de 2.000 millones de euros en el conjunto de España, de los cuales casi 600 millones correspondieron a Madrid. En 2024, los ingresos superaron los 2.100 millones. Dmitry Petrov, coautor del estudio e investigador y profesor de Economía en la Universidad de Alcalá, advierte de que todavía es pronto para atribuir exclusivamente al nuevo impuesto el cambio en los movimientos de las grandes fortunas. Para confirmar esa relación será necesario comprobar si la tendencia se mantiene durante los próximos años. No obstante, considera que existen indicios de una conexión directa y prevé que los desplazamientos de contribuyentes con grandes patrimonios entre comunidades se vayan estabilizando progresivamente. La competencia fiscal autonómica, sin embargo, no ha desaparecido por completo. El informe señala que continúa afectando a los patrimonios de nivel intermedio, ya que el impuesto estatal se aplica a partir de los 3,7 millones de euros de riqueza neta. Por debajo de ese umbral, muchos contribuyentes con patrimonios de entre 700.000 euros y 3,7 millones siguen beneficiándose de las bonificaciones autonómicas. En comunidades como Madrid y Andalucía, donde se aplican bonificaciones del 100% en ese tramo, estos contribuyentes pueden quedar exentos de pagar el impuesto sobre el patrimonio. De este modo, los gobiernos regionales mantienen margen para utilizar la fiscalidad como instrumento de atracción de riqueza. El estudio también advierte de que la reducción de los incentivos para cambiar de residencia no ha eliminado las estrategias de planificación fiscal de las grandes fortunas. En lugar de trasladarse a otras comunidades, algunos contribuyentes han reorganizado sus activos para reducir la base imponible. Según los investigadores, los grandes patrimonios de Madrid disminuyeron en 2023 cerca de un 6% el patrimonio neto sujeto a tributación declarado a Hacienda respecto a contribuyentes comparables de otras regiones. Petrov explica que este ajuste no parece responder necesariamente a una reducción real de la riqueza, sino a una reorganización de los activos para aprovechar las exenciones legales, especialmente las relacionadas con la empresa familiar. Entre las fórmulas utilizadas figuran la aportación de bienes personales al capital de sociedades no cotizadas y la adaptación de las retribuciones de los directivos para cumplir los requisitos establecidos por la normativa. Según las estimaciones del estudio, estas prácticas redujeron la recaudación pública en Madrid en unos 73 millones de euros durante 2022 y 2023. Los resultados ponen de relieve la importancia de las exenciones fiscales en los tramos más altos de la distribución de la riqueza, donde las participaciones empresariales representan una parte sustancial del patrimonio. Las simulaciones incluidas en el informe calculan que, si se eliminara la exención de los activos empresariales de la base imponible, la recaudación conjunta del impuesto en España podría más que duplicarse y acercarse a los 5.000 millones de euros anuales. Los autores concluyen que la centralización parcial de la tributación ha reducido los incentivos para trasladar grandes patrimonios entre comunidades autónomas, pero no ha eliminado las diferencias fiscales para las fortunas de menor tamaño ni las posibilidades de planificación tributaria. El potencial recaudatorio del impuesto sigue condicionado, por tanto, por el alcance de las exenciones y por la capacidad de los contribuyentes para reorganizar legalmente sus activos.

READ MORE

(La Vanguardia, 28-10-2026) | Fiscal

Madrid se distancia de Cataluña en PIB per cápita por el empleo no residente

La economía catalana ha perdido terreno frente a la madrileña en términos de PIB per cápita durante el último cuarto de siglo. En el año 2000, el indicador de Cataluña equivalía al 94% del de Madrid, mientras que en la actualidad se sitúa en el 83%. Según un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona, esta brecha no responde a factores estructurales como la productividad o el desempleo, sino al efecto estadístico que provoca la presencia de trabajadores que generan riqueza en una comunidad autónoma, pero residen en otra. El director del servicio de estudios de la Cambra, Joan Ramon Rovira, ha explicado que estos empleados contribuyen a la actividad económica del territorio en el que trabajan, aunque no se contabilizan como parte de su población al calcular el PIB por habitante. El informe destaca que, en los últimos 25 años, la proporción de personas ocupadas respecto al conjunto de la población ha aumentado en casi ocho puntos porcentuales. A juicio de Rovira, ni la tasa de paro ni la relación entre población activa y población total permiten explicar la divergencia entre ambas comunidades. Según los datos de la Cambra, en 2021, último ejercicio disponible para este cálculo, Madrid registraba un saldo neto de 221.386 trabajadores que desempeñaban su actividad en la comunidad, pero vivían en otra autonomía. En Cataluña, la cifra era de 42.348 personas. Además, un cálculo de La Vanguardia a partir de datos de 2024 apunta a que la diferencia entre ambas regiones en PIB per cápita se había ampliado todavía más. En comparación con el conjunto de España, Cataluña también ha reducido su ventaja en este indicador. Su PIB per cápita ha pasado de representar el 121% de la media nacional en el año 2000 al 114% en la actualidad. La Cambra atribuye esta evolución a la convergencia entre la población activa y la población total en el resto del país. La entidad también ha actualizado sus previsiones económicas. Para 2026, calcula que la economía catalana crecerá un 2,8%, tres décimas más de lo estimado anteriormente. Para 2027, sitúa el avance en el 2%, dos décimas por encima de su previsión inicial. El presidente de la Cambra, Josep Santacreu, ha señalado que la actividad atraviesa una fase de enfriamiento, aunque mantiene una capacidad de resistencia favorable. En cuanto a los precios, la Cambra ha elevado cuatro décimas su previsión de inflación para 2026, hasta el 3,7%, y espera una moderación durante el año siguiente. Santacreu ha advertido de que la duración del conflicto en el estrecho de Ormuz será determinante para la evolución de los precios energéticos, pese a las medidas compensatorias adoptadas por los gobiernos.

READ MORE

(Expansión, 27-10-2026) | Fiscal

Los ingresos de los paraísos fiscales aumentan gracias al impuesto mínimo global

Guernsey, Jersey y otros territorios considerados paraísos fiscales prevén obtener ingresos tributarios adicionales tras elevar sus tipos del impuesto de sociedades para adaptarse a las normas de la OCDE. En contra de las previsiones iniciales, las grandes multinacionales no han abandonado estos centros financieros, pese a la introducción de un tipo mínimo efectivo global destinado a reducir los incentivos para trasladar beneficios a jurisdicciones con baja tributación. Estas jurisdicciones temían que la nueva regulación provocara una salida de empresas y capitales. El acuerdo, impulsado por la OCDE y respaldado por más de un centenar de países en 2021, estableció un tipo mínimo efectivo del 15% para los grupos multinacionales con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros. La iniciativa, conocida como Pilar Dos, constituyó una de las reformas más importantes de la fiscalidad empresarial internacional en más de un siglo, aunque su alcance se ha reducido parcialmente desde su aprobación. Charles Parkinson, responsable del Tesoro de Guernsey, explicó al Financial Times que menos del 10% de las multinacionales han trasladado sus operaciones fuera de esta dependencia de la Corona británica como consecuencia del incremento fiscal. La isla ha duplicado recientemente su previsión de ingresos vinculados a estas normas hasta los 88 millones de libras, unos 105 millones de euros, para 2025, primer año de aplicación. El ejercicio anterior, la recaudación por el impuesto de sociedades había ascendido a 48 millones de libras, cuando la mayoría de las multinacionales tributaban a tipos del 0% o del 10%, según su actividad. Jersey, que contaba con un sistema tributario similar, también espera obtener decenas de millones de libras adicionales gracias al Pilar Dos. Bermudas ha revisado igualmente al alza sus previsiones y calcula que los ingresos derivados de estas normas alcanzarán los 291 millones de dólares, alrededor de 260 millones de euros, durante el primer año. Esta cantidad representa aproximadamente una quinta parte de la recaudación fiscal total prevista para el ejercicio 2025-2026. Hasta 2025, Bermudas no aplicaba un impuesto general de sociedades, pero introdujo un tipo del 15% para ajustarse al nuevo marco internacional. Inicialmente, esperaba recaudar 188 millones de dólares, aunque elevó sus estimaciones tras constatar los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías reaseguradoras. Irlanda figura también entre los países que están aprovechando el nuevo sistema. Los ingresos procedentes de empresas que mantienen en el país sus derechos de propiedad intelectual, entre ellas Apple, han contribuido a generar superávits presupuestarios durante varios ejercicios. El Ministerio de Economía irlandés prevé que, a partir del próximo año, la recaudación del impuesto de sociedades aumente en 3.500 millones de euros anuales como consecuencia del Pilar Dos. Giorgia Maffini, directora de política fiscal de PwC, considera que, si se mantiene esta tendencia, las empresas podrían seguir conservando sus beneficios y sus inversiones en estas jurisdicciones por motivos distintos de la fiscalidad. No obstante, advierte de que las primeras cifras todavía son provisionales y deben interpretarse con cautela. El mecanismo del Pilar Dos permite que, cuando una multinacional soporta en un país un tipo impositivo efectivo inferior al 15%, se apliquen impuestos complementarios para alcanzar el mínimo establecido, de acuerdo con las reglas correspondientes. Este sistema incentiva a las jurisdicciones con baja tributación a implantar sus propios mecanismos de imposición mínima, evitando que otros Estados recauden los importes adicionales. Sin embargo, el pasado enero, la Administración de Donald Trump consiguió una exención para las empresas estadounidenses respecto de estos gravámenes complementarios previstos por el acuerdo internacional. Los expertos apuntan a que las ventajas de estos territorios van más allá de los impuestos. Las multinacionales pueden mantener allí sus sedes por la flexibilidad de sus marcos regulatorios, la disponibilidad de infraestructuras adecuadas y el acceso a trabajadores cualificados. A estos factores se suma el coste administrativo que supone cumplir con las obligaciones de información del Pilar Dos. Daniel Bunn, consejero delegado de la estadounidense Tax Foundation, señala que las empresas incluidas en el régimen deben presentar información detallada sobre sus operaciones, incluso cuando no tengan que abonar impuestos adicionales. La complejidad de estos procedimientos puede desincentivar el traslado de sus estructuras a otros países, ya que implicaría asumir nuevos costes de cumplimiento y adaptar sus sistemas internos. En este contexto, mantener las estructuras actuales puede resultar más sencillo desde el punto de vista operativo. John Vella, director del Centro de Fiscalidad Empresarial de la Universidad de Oxford, considera que todavía es pronto para evaluar todas las consecuencias de la reforma. A su juicio, las compañías podrían esperar antes de modificar su ubicación, hasta comprobar cómo se consolidan las normas y cuál es su aplicación efectiva a largo plazo. Desde Guernsey, Parkinson advierte de que el incremento de la recaudación debe entenderse como una ganancia inesperada a corto plazo, puesto que las empresas podrían cambiar sus estrategias para reducir su carga fiscal. En una línea similar, el primer ministro de Bermudas, David Burt, ha señalado que 2025 podría marcar el máximo de ingresos por el impuesto de sociedades. Entre los factores que podrían reducir la recaudación futura figura la concesión de créditos fiscales a las empresas. Jersey también ha reconocido que existe una incertidumbre considerable sobre el volumen total de ingresos adicionales que generará la reforma y durante cuánto tiempo podrán mantenerse. Desde la OCDE recuerdan, además, que las decisiones empresariales sobre dónde establecerse no dependen exclusivamente de la fiscalidad, sino también de la calidad de las infraestructuras, la estabilidad normativa y la disponibilidad de mano de obra. En julio, la organización estimó que el impuesto mínimo global podría incrementar la recaudación tributaria mundial entre un 3,2% y un 5,4%, lo que supondría entre 91.000 y 155.000 millones de dólares anuales. Estas previsiones son inferiores a las calculadas inicialmente, lo que refleja las dificultades para determinar el impacto definitivo de una reforma cuya aplicación sigue evolucionando.

READ MORE

(El País, 27-10-2026) | Fiscal

Elma Saiz asegura que el Gobierno aprobará otra deducción para que el salario mínimo no tribute en el IRPF

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que el Ejecutivo prevé aprobar una deducción fiscal para evitar que la próxima subida del salario mínimo interprofesional (SMI) implique el pago efectivo del IRPF por parte de sus perceptores. No obstante, para que esta medida entre en vigor será necesario incorporarla a una norma con rango legal que deberá someterse a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. En una entrevista en la Cadena SER, Saiz ha señalado inicialmente que el Gobierno pretende aprobar el incremento del salario mínimo antes de las elecciones generales. Posteriormente, ha matizado que esa es la intención del Ejecutivo, aunque todavía debe concluir sus trabajos el grupo de expertos encargado de recomendar la cuantía de la subida. El Gobierno contempla un aumento cercano al 5% para 2027, mientras que los sindicatos reclaman un incremento del 7%. Actualmente, el SMI está fijado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. El Ministerio de Hacienda decidirá cómo articular la exención efectiva del salario mínimo una vez que se apruebe la nueva cuantía. Según las previsiones, el departamento que dirige Arcadi España podría mantener el mecanismo aplicado en la última actualización y recurrir a una deducción en la declaración de la renta, en lugar de modificar los umbrales de tributación o la reducción por rendimientos del trabajo. Esta última fórmula se utilizó durante años para adaptar el IRPF a los sucesivos incrementos del SMI. Hasta 2024, las subidas del salario mínimo solían acompañarse de modificaciones en los límites del impuesto para evitar que los trabajadores que percibían esta remuneración comenzaran a tributar por el aumento de sus ingresos. Ese año, cuando el SMI alcanzó los 15.876 euros brutos anuales, Hacienda elevó hasta esa cantidad el umbral de ingresos a partir del cual los contribuyentes con más de un pagador estaban obligados a presentar la declaración. Desde entonces, este límite no se ha actualizado, pese a que el salario mínimo ha aumentado hasta los actuales 17.094 euros anuales. En las últimas revisiones, el Gobierno ha optado por mantener los umbrales fiscales y establecer una deducción que compense el impuesto que correspondería pagar a los perceptores del SMI. De esta manera, pueden quedar exentos de tributación efectiva, aunque mediante un procedimiento diferente al utilizado anteriormente. Este sistema implica que los trabajadores deben presentar la declaración de la renta para recuperar las cantidades retenidas durante el ejercicio anterior, por lo que la compensación no se produce necesariamente en la nómina mensual. La cuestión fiscal también ha generado un enfrentamiento político entre el Gobierno y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Durante la entrevista, Saiz ha criticado las declaraciones del dirigente popular, que la semana pasada afirmó que el salario mínimo tributaba en el IRPF. La ministra ha defendido que el Ejecutivo ya había planteado la exención de esta renta en anteriores debates parlamentarios y ha recordado las discrepancias surgidas en 2025 sobre la fórmula que debía utilizarse para evitar su tributación efectiva. El calendario para aprobar la nueva subida del SMI es ajustado. El Gobierno quiere que el incremento entre en vigor el 1 de enero de 2027 y que la decisión se adopte antes de las elecciones generales. La previsión es que la nueva cuantía se apruebe mediante un real decreto en uno de los próximos Consejos de Ministros, con el del 24 de noviembre como última fecha prevista antes de los comicios. Antes de tomar esa decisión, el Ministerio de Trabajo deberá recibir las recomendaciones del grupo de expertos integrado por representantes del ámbito académico, sindical y del propio Ejecutivo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, concedió el pasado 8 de octubre un plazo de tres semanas para que el grupo presentara sus conclusiones. Ese periodo concluye a finales de octubre, aunque todavía no se ha anunciado oficialmente la fecha de la próxima reunión. El Estatuto de los Trabajadores establece que el Gobierno debe tener en cuenta diversos indicadores para fijar el salario mínimo, entre ellos la evolución del índice de precios de consumo, la productividad media nacional, la participación del trabajo en la renta nacional y la situación económica general. Además, los expertos valoran otros objetivos, como la recomendación de la Carta Social Europea de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio neto y la necesidad de reducir la pobreza laboral. El grado de cumplimiento de ese objetivo continúa siendo objeto de discrepancia entre los expertos, los sindicatos y distintos departamentos del Gobierno. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sostenido recientemente que el SMI ya representa el 60% del salario medio, después de acumular una subida del 66% desde 2018. Cuerpo también ha defendido que el próximo incremento se acuerde y anuncie antes de las elecciones para reducir la incertidumbre entre los trabajadores que perciben esta remuneración. El proceso deberá resolver, por tanto, dos cuestiones relacionadas pero distintas: la cuantía de la subida del salario mínimo para 2027 y el mecanismo fiscal que permitirá evitar que ese incremento se traduzca en una mayor carga efectiva del IRPF para sus beneficiarios. Ambas decisiones deberán concretarse en las próximas semanas para que las nuevas condiciones puedan aplicarse desde el comienzo del próximo año.

READ MORE

(El País, 26-10-2026) | Fiscal

El nuevo impuesto complementario a las multinacionales solo recauda 46 millones en su primer ejercicio

Los cambios introducidos en los últimos años en la fiscalidad de las grandes empresas han tenido un alcance mucho menor del que se esperaba inicialmente. El entusiasmo generado en 2021, cuando cerca de 140 países pactaron fijar un tipo mínimo del 15% para las mayores multinacionales, fue perdiendo fuerza a medida que el acuerdo político debía convertirse en legislación y surgían obstáculos para su aplicación. España es un ejemplo de estas dificultades. El impuesto complementario creado para garantizar que las grandes corporaciones tributen al menos un 15% de sus beneficios apenas había recaudado 46 millones de euros hasta agosto de 2026, pese a que las previsiones iniciales apuntaban a unos ingresos de miles de millones, calculados a partir de las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) antes de que se redujera la ambición del proyecto internacional. La iniciativa surgió para actualizar unas normas fiscales internacionales consideradas obsoletas y frenar la competencia entre países por ofrecer condiciones tributarias cada vez más favorables. El objetivo era dificultar que las grandes corporaciones trasladaran sus beneficios a territorios con una fiscalidad reducida o inexistente para disminuir los impuestos que pagan. Sin embargo, las negociaciones desarrolladas en el seno de la OCDE acabaron estancándose y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca terminó de debilitar el acuerdo. Después de varios cambios y negociaciones, el resultado ha sido un tipo mínimo del 15% para las multinacionales con una facturación superior a 750 millones de euros, dentro del denominado Pilar Dos. Su aplicación ha quedado muy por debajo de las expectativas iniciales, como reflejan los datos de 2026, primer ejercicio en el que se abona este impuesto, aunque su cálculo se basa en los resultados de 2024. Las numerosas exenciones incorporadas al sistema han reducido su alcance y, además, las multinacionales estadounidenses han quedado finalmente fuera del gravamen. El otro componente del acuerdo, conocido como Pilar Uno, pretendía redistribuir una parte de los beneficios de los mayores grupos internacionales entre los países en los que desarrollan su actividad, pero permanece paralizado. Ante la posibilidad de que las negociaciones internacionales se prolongaran, España decidió adelantarse y aprobó en 2022 un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para las empresas con una facturación superior a 20 millones de euros en territorio nacional. No obstante, el Gobierno anunció que adaptaría esta figura a las condiciones que finalmente se acordaran en el ámbito internacional. Dos años después, España incorporó a su legislación la directiva europea que establece el impuesto mínimo global impulsado por la OCDE. Este gravamen presenta diferencias respecto al impuesto mínimo nacional, ya que se calcula sobre el resultado contable, una magnitud más próxima al beneficio neto que a la base imponible fiscal, y afecta a los grupos multinacionales con una facturación global superior a 750 millones de euros. Además, se articula mediante tres modalidades complementarias. La primera es el impuesto complementario nacional, por el que las entidades de grupos nacionales o multinacionales que tributen en España a un tipo efectivo inferior al 15% deben abonar la cantidad necesaria para alcanzar ese umbral. La segunda modalidad, denominada impuesto complementario primario, obliga a la sociedad matriz de un grupo multinacional ubicada en España a pagar la diferencia cuando alguna de sus filiales extranjeras tribute por debajo del tipo mínimo establecido. La tercera, el impuesto complementario secundario, permite recaudar el impuesto pendiente correspondiente a filiales de grupos extranjeros situadas en España cuando sus beneficios no hayan soportado una tributación suficiente en el país de origen.

READ MORE

(El Economista, 26-10-2026) | Fiscal

Hacienda congela cerca de 23.000 millones de los municipios para vivienda

Los ayuntamientos acogieron favorablemente la decisión del Gobierno de permitirles destinar sus superávits y remanentes de tesorería a nuevas inversiones. Sin embargo, la puesta en práctica de esta medida está encontrando importantes obstáculos burocráticos. Según fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ministerio de Hacienda todavía no ha establecido las normas que deben regular el uso de los aproximadamente 23.000 millones de euros acumulados por las entidades locales en remanentes de tesorería para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), entre cuyos posibles destinos destaca la construcción de vivienda social. La FEMP ha solicitado en varias ocasiones al departamento ministerial que defina un marco normativo con las condiciones y los requisitos necesarios para que los ayuntamientos puedan disponer de estos recursos. Por ahora, la Federación asegura que no ha obtenido respuesta. La convocatoria anticipada de elecciones generales ha dejado en suspenso una cuestión que considera prioritaria para los gobiernos locales, especialmente por la necesidad de ampliar la oferta de vivienda asequible. Desde la organización recuerdan que los municipios podrían contribuir a aliviar este problema si se les permite utilizar los ahorros acumulados. Ante la proximidad de las elecciones, previstas para el próximo 29 de noviembre, la Federación considera que una solución podría pasar por aprobar un real decreto-ley urgente, que tendría que convalidar la Diputación Permanente del Congreso y que, a su juicio, podría contar con el respaldo del PP. Esta vía permitiría desbloquear los fondos acumulados durante casi cinco años y destinarlos a atender necesidades sociales. La postura de los representantes municipales es clara: si las administraciones locales disponen de recursos propios, deben poder invertirlos. Los ayuntamientos han acumulado superávits cuando sus ingresos han superado los gastos y remanentes de tesorería que reflejan la liquidez disponible al cierre de cada ejercicio. La FEMP calcula que estos últimos ascienden a unos 23.000 millones de euros. La Ley de Estabilidad Presupuestaria limita la capacidad de las entidades locales para endeudarse, pero sus representantes consideran que esta restricción no debería impedirles utilizar los recursos que han conseguido ahorrar. A su juicio, no tiene sentido mantener ese dinero inmovilizado cuando existen necesidades que requieren financiación. La Federación, que representa al 95% de los gobiernos locales españoles, denuncia que la falta de respuesta de Hacienda se prolonga desde el año pasado. En 2025, la organización remitió varias solicitudes al Ministerio, dirigido entonces por María Jesús Montero, sin conseguir avances. Dos de ellas estaban relacionadas con el real decreto-ley que recogía medidas urgentes frente a los aranceles comerciales y otras dos abordaban específicamente el destino del superávit de 2024 y la posibilidad de realizar inversiones financieras sostenibles. En aquel momento, el Gobierno todavía no había autorizado el uso de los excedentes para este tipo de actuaciones. El permiso llegó finalmente en diciembre de 2025 y se extendió hasta el ejercicio 2027, incluido. Ahora, la reclamación de la FEMP se centra en establecer un procedimiento legal que permita movilizar los 23.000 millones de euros de remanentes de tesorería y concretar cómo pueden invertirse. Una parte importante de estos fondos podría destinarse a promover viviendas sociales en los municipios. Las inversiones financieramente sostenibles que pueden ejecutar las entidades locales abarcan numerosas áreas. Entre ellas figuran las redes de alcantarillado, el suministro de agua, la recogida de residuos, el alumbrado público, la modernización de los sistemas productivos, las infraestructuras de transporte, los centros educativos, la asistencia social primaria, la vivienda, los recursos hidráulicos y los servicios vinculados a la sociedad de la información. Los ayuntamientos deben comunicar a Hacienda las partidas a las que pretenden destinar el dinero y, cuando las cantidades previstas son especialmente elevadas, necesitan obtener autorización ministerial. La FEMP teme que la convocatoria electoral y el tiempo necesario para constituir un nuevo Gobierno provoquen nuevos retrasos en la ejecución de los proyectos. La preocupación es especialmente significativa en el ámbito de la vivienda, ya que la construcción de nuevas promociones requiere una planificación prolongada y unos plazos de ejecución más amplios que otras inversiones. La Federación también considera insuficiente el periodo habilitado para utilizar los recursos acumulados. Las competencias municipales en materia de vivienda incluyen la clasificación del suelo, la concesión de licencias, la gestión de terrenos públicos y la promoción y administración de viviendas protegidas de titularidad municipal. Para desarrollar estas actuaciones es necesario completar procedimientos urbanísticos y administrativos que pueden prolongarse durante años, lo que dificulta aprovechar los fondos dentro de un plazo limitado. Por este motivo, la FEMP reclama a Hacienda que amplíe y concrete las condiciones para reinvertir los superávits y los remanentes. El real decreto establece que las inversiones financiadas con el superávit obtenido en 2024, que supera los 45.000 millones de euros en el conjunto de las administraciones locales, deben ejecutarse durante 2025, 2026 y 2027. Sin embargo, como la autorización se aprobó en diciembre de 2025, el periodo efectivo para realizar las actuaciones se ha reducido prácticamente a dos años. La organización municipal lleva tiempo solicitando que la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria tenga carácter indefinido. Esta norma regula el destino de los superávits y los remanentes de tesorería y permitiría canalizar los recursos hacia inversiones sin tener que depender de autorizaciones temporales vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado. Según la FEMP, tampoco ha recibido respuesta a esta petición. La mayoría de los ayuntamientos quiere aprovechar sus ahorros y los excedentes presupuestarios para impulsar la construcción de vivienda, ante las dificultades de acceso que afrontan numerosos ciudadanos. Sin embargo, la falta de un marco estable y los plazos administrativos actuales complican la puesta en marcha de nuevos proyectos. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 señala que el parque de viviendas de titularidad pública autonómica y municipal apenas suma 318.000 unidades, lo que equivale aproximadamente al 1,7% de los hogares españoles. Los expertos advierten de que el desafío no se limita a financiar la construcción de nuevas viviendas, sino que también exige disponer de los medios humanos y materiales necesarios para gestionarlas y mantenerlas a largo plazo. España se encuentra entre los países de la Unión Europea con menor proporción de vivienda pública construida. La posibilidad de utilizar los remanentes municipales podría contribuir a reducir esta carencia, siempre que las administraciones locales puedan disponer de sus recursos sin trabas adicionales. Desde la FEMP insisten en que, en lugar de prolongar los procedimientos, las autoridades deberían facilitar la inversión para que los proyectos puedan materializarse y dar respuesta a la necesidad de vivienda.

READ MORE

(Expansión, 23-10-2026) | Fiscal

La UE avala a España para endurecer el perdón de deudas con Hacienda

España puede establecer límites a la cancelación de deudas mediante la Ley de la Segunda Oportunidad cuando los solicitantes mantienen obligaciones pendientes con Hacienda. Así lo sostiene el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Richard de la Tour, quien considera que la normativa comunitaria no contiene disposiciones suficientemente precisas para impedir que los Estados miembros introduzcan excepciones nacionales al perdón de las deudas. Las conclusiones responden a una consulta planteada por la Audiencia Provincial de Valladolid a raíz del caso de una pareja española que solicitó acogerse al mecanismo de exoneración de deudas. La Agencia Tributaria se opuso a que el hombre obtuviera este beneficio porque acumulaba más de 40.000 euros de deuda tributaria, correspondiente a una empresa de la que había sido administrador y por la que había sido declarado responsable. La legislación española impide acceder a la segunda oportunidad a quienes, durante los diez años anteriores, hayan sido declarados responsables de deudas tributarias mediante una resolución firme, salvo que hayan satisfecho íntegramente las cantidades exigidas. Una restricción similar se aplica a determinadas deudas relacionadas con infracciones tributarias, la Seguridad Social y el orden social. Estas limitaciones pueden afectar tanto a personas físicas como a quienes mantienen responsabilidades vinculadas a sociedades. De la Tour considera que el Derecho de la Unión Europea no obliga a los tribunales españoles a dejar de aplicar esta restricción, incluso cuando estimen que puede resultar desproporcionada. A su juicio, el derecho a la exoneración de deudas no es absoluto ni está sujeto a condiciones incondicionales, pese a que la normativa europea prevalezca, con carácter general, sobre las disposiciones nacionales incompatibles. El abogado general sostiene que la directiva comunitaria concede a los Estados miembros un amplio margen para regular las excepciones al régimen de exoneración. La norma incluye listas no exhaustivas tanto de los motivos por los que puede denegarse o restringirse el acceso a este mecanismo como de las categorías de créditos que pueden quedar excluidas de la cancelación. En este sentido, argumenta que, cuando un Estado miembro introduce excepciones adicionales al amparo de las posibilidades previstas en la directiva, la normativa europea no es suficientemente precisa para justificar por sí sola que se deje sin efecto una disposición nacional contraria. Una interpretación distinta, advierte, permitiría a los jueces inaplicar las normas internas mediante las que cada país ha establecido excepciones al principio de exoneración contemplado en la legislación comunitaria. La controversia también gira en torno al principio de proporcionalidad. La pareja afectada considera que impedir la cancelación de todas sus deudas por mantener obligaciones tributarias pendientes constituye una medida excesiva. Hacienda, por su parte, defiende que la legislación vigente no permite establecer excepciones por ese motivo. Sobre esta cuestión, De la Tour señala que corresponde al juez nacional valorar si la restricción es proporcionada, bajo la supervisión del órgano jurisdiccional superior competente. Asimismo, apunta que la existencia de resoluciones judiciales contradictorias en España sobre esta materia pone en duda que resulte imposible interpretar la legislación nacional de una manera compatible con las exigencias europeas. El abogado general recuerda que las autoridades de los Estados miembros, incluidos sus órganos judiciales, deben procurar interpretar el Derecho nacional de conformidad con la directiva comunitaria siempre que sea posible. El objetivo de esta norma es facilitar la cancelación de las deudas que resultan impagables y permitir que las personas afectadas puedan recuperar su estabilidad económica. Las conclusiones presentadas por el abogado general no son vinculantes para el TJUE, aunque suelen servir de referencia para la sentencia definitiva. Por tanto, la Audiencia Provincial de Valladolid deberá esperar al pronunciamiento del tribunal europeo para determinar cómo resolver el caso.

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us

CONTACT GAF