(Cinco Días, 21-05-2024) | Fiscal

La tributación de las propinas digitales

Hacienda ha empezado a prestar mayor atención a estos ingresos adicionales, y es crucial que los creadores de contenido comprendan sus obligaciones fiscales para evitar problemas legales. A continuación, explicaremos cómo deben tributar las propinas digitales y otros ingresos adicionales obtenidos a través de plataformas digitales, basándonos en la información proporcionada por Declarando, un software de asesoramiento fiscal para autónomos. Declarando, a través de su Observatorio Jurídico, ha aclarado cómo deben tributar fiscalmente los ingresos adicionales, comúnmente conocidos como propinas, que reciben los autónomos que trabajan en plataformas digitales y redes sociales. Marta Zaragozá, representante de Declarando, señala que "la propina digital se refiere a la práctica de dar una gratificación o suma de dinero adicional a través de métodos electrónicos o digitales". Esto implica que, en lugar de entregar efectivo, los clientes pueden dejar propinas utilizando servicios en línea, aplicaciones móviles u otros medios electrónicos. Las propinas pueden ser gestionadas mediante plataformas específicas de propinas, pagos móviles o incluso códigos QR, lo que facilita la transferencia de fondos de manera rápida y conveniente. Todas las propinas recibidas por los creadores de contenido están bajo la supervisión de Hacienda y deben cumplir con ciertas obligaciones fiscales. La forma de tributar estas propinas dependerá de cómo se hayan obtenido y del tipo de plataforma digital de la que provengan. En el caso de plataformas de transmisión en directo como Twitch, Hacienda considera que las "donaciones" ofrecidas por particulares son ingresos de la actividad económica. Por lo tanto, los creadores de contenido que reciban ingresos de estas plataformas deben estar dados de alta adecuadamente en la Seguridad Social y en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Esto les permitirá declarar correctamente estos ingresos adicionales. Otra forma común de obtener ingresos adicionales es a través de reseñas en páginas web. Estas compensaciones se consideran ganancias patrimoniales y deben tributar en la declaración de la renta sin necesidad de incluir IVA ni emitir una factura. Además, cuando los creadores de contenido reciben productos como parte de acciones promocionales, estos deben ser valorados según la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), utilizando el valor de mercado. Este valor se añade a la declaración de la renta como rendimiento de actividad económica, también sin necesidad de emitir una factura ni de aplicar IVA. La tributación de los ingresos digitales puede ser compleja debido a la variedad de formas en las que los creadores de contenido pueden recibir pagos. Cada tipo de ingreso puede estar sujeto a diferentes reglas fiscales, lo que puede resultar confuso para quienes no están familiarizados con la normativa. Es esencial que los creadores de contenido busquen asesoramiento fiscal adecuado para asegurarse de que cumplen con todas sus obligaciones fiscales. No hacerlo puede resultar en sanciones y problemas legales que podrían haberse evitado con una correcta planificación y gestión fiscal. La tributación de los ingresos obtenidos a través de plataformas digitales y redes sociales es un tema complejo y en constante evolución. Para los creadores de contenido, es fundamental comprender cómo deben tributar sus ingresos adicionales, incluyendo las propinas digitales, para cumplir con sus obligaciones fiscales y evitar problemas legales.

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(Expansión, 21-05-2024) | Fiscal

Gravamen anual del 2% de la riqueza de las aproximadamente 3.000 grandes fortunas del mundo

La reforma global del impuesto de sociedades que entró en vigor este año fue un logro sorprendente. Hace menos de una década, pocos habrían considerado posible que la mayoría de los países del mundo se pusieran de acuerdo para eliminar las lagunas legales en el impuesto de sociedades. Esta reforma busca establecer un tipo mínimo global y decidir cómo repartir los más de 200.000 millones de dólares anuales en nueva recaudación fiscal. Sin embargo, aquí estamos. Aunque aún quedan partes de la reforma por aprobar, el tipo mínimo ya se está aplicando de manera generalizada. Si un milagro es posible, ¿por qué no dos? Así deberíamos considerar los indicios recientes de una iniciativa similar: una propuesta multilateral para revisar el defectuoso sistema de impuestos de los individuos superricos. En febrero, el economista Gabriel Zucman presentó a los ministros de Finanzas del G20 una propuesta de impuesto global para multimillonarios, a petición de Brasil. Brasil, que preside actualmente el grupo, está dispuesto a avanzar en la agenda fiscal mundial, cerrando las lagunas que permiten a los más ricos pagar pocos impuestos. Zucman explicó que es la primera vez que se plantea este tema en una reunión del G20, pero "la mayoría de los ministros que hablaron en São Paulo elogiaron a Brasil por plantearlo". Señaló que la riqueza de los más ricos ha crecido entre un 7% y un 8% anual en las últimas décadas, además de la inflación, frente al 2-3% de crecimiento de la riqueza media. Zucman propone un gravamen anual del 2% sobre la riqueza de unas 3.000 grandes fortunas mundiales. No es un impuesto sobre el patrimonio, sino un híbrido entre el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre la renta, basado en la idea de que los ultrarricos pueden definir fácilmente sus ingresos fuera de cualquier categoría imponible (por ejemplo, manteniendo las ganancias en sociedades de cartera). El objetivo es eliminar estructuras jurídicas que permiten a los superricos minimizar los ingresos imponibles según los códigos nacionales, proponiendo que estos ingresos no resulten en un impuesto sobre la renta inferior al 2% de su patrimonio neto. Se deducirían los impuestos sobre la renta y el patrimonio pagados. Puede parecer una idea compleja y políticamente difícil de lograr, pero lo mismo se decía de la reforma global del impuesto de sociedades, cuyos retos técnicos y políticos se superaron. Recordemos que la colaboración política se realizó entre Francia y unos Estados Unidos con Donald Trump, uno de los presidentes menos inclinados al multilateralismo. Ya hay muestras de apoyo político. El ministro de Finanzas de Francia respalda la idea, tanto para el G20 como a nivel europeo. Ministros de Brasil, Sudáfrica, España y Alemania también están a favor. ¿Y Estados Unidos? Zucman señala que el último presupuesto de Joe Biden incluye un impuesto a los multimillonarios "muy similar" a su propuesta. Mis conversaciones me llevan a pensar que una segunda administración Biden buscaría reforzar sus logros en infraestructura y política industrial, y esta es una forma atractiva de financiarlo. En Europa, este punto cobra aún más sentido. El principal desafío político-económico de la UE es cómo conciliar la necesidad de más inversión en defensa, infraestructura e industria ecológica con las estrictas normas fiscales nacionales y la resistencia a un mayor endeudamiento común del bloque. Un impuesto sobre el patrimonio coordinado sería más fácil de implementar en un bloque donde el derecho a la libre circulación está garantizado por tratado. Zucman y sus colaboradores calculan que su propuesta recaudaría unos 40.000 millones de euros anuales en toda Europa. No toda esta cantidad corresponde a la UE, pero cubriría casi una cuarta parte del gasto presupuestado por el bloque para 2024. Y esto solo de los ultrarricos. Una vez implementado, es difícil entender por qué los políticos con problemas fiscales dejarían fuera a los que tienen cientos o incluso decenas de millones. En retrospectiva, el "traslado de beneficios" que permitió la infraimposición de las multinacionales estaba condenado por dos factores: la extrema presión sobre los presupuestos públicos tras la crisis financiera mundial y la repulsa popular contra las corporaciones que no pagaban su parte justa. Ambas condiciones están presentes hoy en día con respecto a las grandes fortunas. Un impuesto global sobre la riqueza podría llegar antes de lo que pensamos.

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(Cinco Días, 16-05-2024) | Fiscal

Bruselas eleva al 2,1% el crecimiento de España en 2024 y confía en un déficit al 3%

Los ecos de los positivos indicadores económicos de España en el primer trimestre resonaron hasta Bruselas. La Comisión Europea aumentó este miércoles su previsión de crecimiento del PIB español para 2024 hasta el 2,1%, cuatro décimas más que en febrero, la última vez que publicaron previsiones macroeconómicas. Esperan que el cierre del año pasado muestre una expansión del PIB del 2,5%. También confían en que España, con un déficit del 3,6% en 2023, lo reduzca al 3% y lo baje al 2,8% en 2025, cumpliendo así con los requisitos de la gobernanza económica de la Unión Europea y en consonancia con las previsiones del Gobierno español para este año. El Ministerio de Economía tiene como objetivo evitar un procedimiento de déficit excesivo (EDP) con estos datos en mano. La Comisión Europea debe tomar una decisión el 19 de junio, y en Bruselas se ha hablado de flexibilidad en la aplicación de estos procedimientos, diseñados para países con un déficit superior al 3%. Aunque según las normas, el EDP es inevitable debido al déficit registrado en 2023, el Gobierno espera cierta flexibilidad debido a la suspensión de las reglas fiscales hasta enero de 2024. El objetivo ahora es volver a la senda fiscal lo antes posible, algo en lo que el Ministerio de Economía está trabajando activamente. El Ministro Carlos Cuerpo expresó el lunes pasado en el Eurogrupo la confianza del Gobierno en reducir el déficit al 3% en un corto período de tiempo, más allá del déficit de 2023. Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, también señaló la posibilidad de una aplicación flexible de los procedimientos de déficit excesivo, aunque se realizará un análisis en los próximos meses. Cuerpo confía en que España evite el procedimiento de déficit excesivo el 19 de junio, gracias al ritmo más rápido de reducción del déficit de lo previsto por la Comisión Europea. Esta última ajustó su previsión de déficit para 2023 al 3,6% (anteriormente estimado en un 4,1%) y redujo su previsión para 2024 en dos décimas. Según Bruselas, el aumento del 11% en los impuestos sobre la renta y el patrimonio, reflejo del fuerte crecimiento de los beneficios empresariales y la solidez del mercado laboral, contribuyó a la reducción del déficit por el lado de los ingresos. El Gobierno espera también beneficiarse de los malos datos de otros países socios. Por ejemplo, Francia y Bélgica mantienen déficits elevados, mientras que Italia tiene un caso grave de déficit. La Comisión Europea destaca que el crecimiento español estará impulsado por la demanda interna y respaldado por la resistencia continua del mercado laboral, aunque advierte sobre los riesgos de la situación económica en los principales socios comerciales. En cuanto a la deuda, la Comisión Europea prevé una reducción moderada del ratio de deuda respecto al PIB en los próximos años, debido a un diferencial menos favorable entre intereses y crecimiento. Dombrovskis subraya la necesidad de reformas e inversiones para impulsar un crecimiento sostenible y reducir los elevados ratios de deuda, mientras que Gentiloni confía en una aceleración gradual del crecimiento respaldada por factores como la disminución de la inflación y el crecimiento del empleo.

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(El Economista, 16-05-2024) | Fiscal

Nueva obligación para multinacionales: tendrán que publicar un informe del Impuesto de Sociedades que pagan

Por primera vez, las grandes empresas deberán elaborar y divulgar un informe exhaustivo sobre su Impuesto de Sociedades y otros tributos similares, incluyendo el nuevo impuesto mínimo del 15% que está siendo preparado por el Gobierno, a partir del 22 de junio próximo. Aquellas empresas cuyos ingresos superen los 750 millones de euros durante dos años consecutivos tendrán la obligación de elaborar este informe de forma electrónica y gratuita, manteniéndolo disponible en su página web durante cinco años para que cualquier ciudadano o stakeholder interesado pueda acceder a él y conocer su situación fiscal. Esta nueva disposición se deriva de la Ley de Startup, aprobada en diciembre de 2022, que modificó la Ley de Auditoría para incorporar esta nueva obligación a los grandes conglomerados. Además de las empresas matrices españolas, también estarán obligadas a elaborar y publicar este informe todas las filiales o sucursales situadas en España, si su matriz se encuentra fuera de la Unión Europea. El informe deberá contener, además del nombre de la empresa principal, una lista de todas las filiales, indicando su país de ubicación, incluyendo territorios considerados paraísos fiscales, una descripción de sus actividades, el número de empleados y un desglose de los ingresos según su origen, ya sea por actividades comerciales, dividendos, inversiones, créditos u otras fuentes. En cuanto al Impuesto de Sociedades y al impuesto mínimo del 15%, se deberá informar detalladamente sobre los impuestos pagados por cada empresa del grupo en cada país donde operan. Sin embargo, si la empresa está ubicada en un paraíso fiscal, esta información deberá presentarse por separado. Daniel Aroca, socio de Auren Legal y experto en fiscalidad, indica que esta nueva obligación tiene como objetivo mejorar la transparencia empresarial y la divulgación pública de información relacionada con el Impuesto de Sociedades, demostrando a los stakeholders, socios y terceros que se actúa de manera fiscalmente sostenible. Sin embargo, señala que los grandes grupos ya proporcionan esta información a la Agencia Tributaria a través del modelo 231 desde enero de 2016, por lo que la ley busca hacer esta información accesible para todos los demás interesados. Esta nueva obligación se aplicará a todos los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 22 de junio de 2024. Después del cierre del año fiscal, las empresas tendrán un máximo de seis meses para publicar el informe, por lo que la mayoría de los informes se conocerán en 2026. Daniel Aroca explica que la norma permite a las grandes empresas omitir cierta información si pueden justificar de manera motivada que podría perjudicar su posición comercial, pero esta información debe publicarse como máximo en los cinco años siguientes. Sin embargo, las matrices no podrán omitir ningún tipo de información si la filial está ubicada en un paraíso fiscal. Finalmente, la norma hace directamente responsables a los miembros del consejo de administración de garantizar que el informe cumpla con los requisitos legales. Esta nueva obligación afectará a unos 830 grupos con presencia en España, de los cuales 120 son de origen español.

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(Expansión, 15-05-2024) | Fiscal

Hacienda vigila estrechamente las operaciones fiscales de las fusiones y adquisiciones

La fiscalidad en torno a las reestructuraciones, fusiones y adquisiciones (M&A) ha cobrado gran relevancia con la operación de compra de BBVA sobre Sabadell. Sin embargo, no es el único ámbito donde se observa este interés. El régimen especial para estas operaciones está siendo objeto de una mayor vigilancia que nunca, y es fundamental considerar varias particularidades tributarias al abordar estas operaciones cruciales para el desarrollo económico de las empresas. Según Carlos Marín, socio responsable de Tax M&A y Tributación Internacional de KPMG Abogados, "el ámbito fiscal se ha vuelto cada vez más complejo y, de cierta manera, más intervencionista, lo que supone un verdadero dolor de cabeza para los asesores". Marín destaca que en la actualidad existen entre ocho y diez propuestas de Directiva europea que impactarán significativamente en la operativa diaria de las empresas españolas en los próximos dos años. "No recuerdo un momento en el que haya habido tantas propuestas legislativas como ahora. Muchas de estas normativas tienen efectos significativos, por lo que es crucial tenerlas en cuenta desde el principio", afirma. En el caso de grandes operaciones, Marín subraya la importancia de examinar la estructura jurídica específica que se dará a la operación y si implicará o no una fusión legal. "La integración de dos grandes grupos empresariales, especialmente en sectores regulados, siempre plantea grandes complejidades, incluidas las de índole fiscal", señala. "Es necesario alinear políticas fiscales generales, precios de transferencia, modelizar el efecto de la aplicación de activos y pasivos fiscales, y tener en cuenta las implicaciones en futuros impuestos complementarios, entre otros aspectos", añade. El especialista destaca que el régimen especial del Impuesto sobre Sociedades busca asegurar que la imposición derivada de una operación de fusión o reorganización no obstaculice su realización cuando los motivos no sean fundamentalmente fiscales. "Este aspecto es crucial", subraya. "El problema radica en una posible interpretación restrictiva de este concepto, que podría centrarse más en eliminar cualquier ventaja fiscal colateral a la operación, en lugar de facilitar el dinamismo empresarial", indica. "Es importante destacar que algunas reorganizaciones empresariales tienen como objetivo lograr una estructura corporativa más eficiente desde el punto de vista fiscal, lo cual es un motivo de negocio válido", señala Marín. "La Administración debe comprender que evitar una ineficiencia fiscal es un motivo económico legítimo", agrega. En resumen, Marín define las principales implicaciones fiscales que deben considerarse en una operación de fusión, adquisición o reestructuración. "Lo fundamental es cumplir estrictamente con la amplia normativa fiscal que las regula, a veces en contra de la lógica económica", destaca. "A menudo, se realizan ajustes en las condiciones económicas de préstamos entre partes no vinculadas para cumplir con la normativa, incluso si resultan más gravosos financieramente. Esto carece de sentido", afirma. Además, Marín enfatiza que es en lo no regulado expresamente donde se necesita empatía y apoyo por parte de las autoridades. La complejidad de estas operaciones hace que la Inspección de Hacienda vigile de cerca estos procesos, como se refleja en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero. "La inspección está y ha estado muy activa, especialmente en grandes operaciones", destaca Marín. "Es importante que la inspección comprenda los verdaderos motivos detrás de estas operaciones, que van más allá de lo fiscal", concluye.

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(Expansión, 15-05-2024) | Fiscal

España requiere una legislación más estable y una visión de largo plazo para impulsar la inversión y la riqueza

Los expertos en fiscalidad son claros en sus recomendaciones para impulsar el crecimiento económico: estabilidad normativa, mejora en la calidad de las leyes y una visión más a largo plazo en las reformas legislativas. La política fiscal desempeña un papel crucial en la competitividad empresarial, el crecimiento económico y la atracción de inversiones. Por eso, tanto desde la Administración como desde despachos y asesorías fiscales de grandes empresas, se demanda un entorno que brinde mayor seguridad jurídica en un contexto lleno de incertidumbres. Joaquín Latorre, socio responsable de PwC Tax & Legal, resume estas tres recetas fiscales. Él advierte sobre la importancia de aumentar la seguridad jurídica para los contribuyentes, más allá del debate sobre la carga fiscal. La estabilidad normativa es clave para lograrlo. Los constantes cambios legislativos y su interpretación dejan a los contribuyentes en una situación complicada y afectan a su competitividad. Es necesario tener criterios claros y una mayor estabilidad en las normas, según Latorre. En este sentido, la técnica legislativa juega un papel fundamental. Se ha abusado de figuras como los Reales Decretos para modificar la normativa tributaria sin los procesos ordinarios en el Parlamento. Antonio Morales, inspector de Hacienda y secretario general de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), coincide en que se deben seguir los trámites ordinarios en los procedimientos de reforma. Además, destaca la importancia de contar con la opinión de profesionales y funcionarios en la elaboración de normas. Los cambios normativos repentinos han generado problemas en los últimos años, como los impuestos sobre grandes fortunas y los beneficios extraordinarios en sectores como la banca y la energía. Por ello, se recomienda tener en cuenta la opinión de los agentes sociales y técnicos al legislar, evitando decretos que después se anulan o no se convalidan. Otro aspecto crucial para mejorar la competitividad y el crecimiento es adoptar una visión más a largo plazo en la legislación fiscal. La volatilidad de la normativa española y su constante cambio dificultan la atracción de inversión y talento. Es necesario legislar con horizontes normativos más amplios y alejados del corto plazo para aumentar la efectividad en la recaudación. Además, la disrupción tecnológica también requiere adaptaciones en la normativa fiscal. Los contribuyentes son más tecnológicos y globales, y las leyes fiscales deben reflejar estas nuevas realidades. Aunque los desafíos fiscales son muchos, España tiene margen para mejorar su competitividad, siempre y cuando se considere el consenso de los expertos.

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(El Economista, 15-05-2024) | Fiscal

Cataluña es la CCAA que mayor presión fiscal ejerce sobre las rentas más bajas

Los ciudadanos con ingresos inferiores a 30.000 euros que viven en Cataluña son los que más IRPF pagan en toda España, con un promedio de 5.111 euros al año, según un informe de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). Esta diferencia representa hasta 445 euros más en comparación con los contribuyentes de la Comunidad de Madrid. El estudio compara el impuesto sobre la renta que pagan los ciudadanos en función de su comunidad autónoma de residencia, revelando que Cataluña aplica el tipo más alto de IRPF para los sueldos más bajos. Esta disparidad se refleja en el tipo autonómico del 9,28% en Cataluña, mientras que Madrid presenta el tipo más bajo para este tramo de renta, con un 7,68%. Considerando el tipo estatal del IRPF del 8,97% para todas las comunidades, los residentes en Cataluña enfrentan un tipo total del 18,25%, lo que se traduce en 5.111 euros anuales por IRPF. Por otro lado, los madrileños pagan un total del 16,65%, lo que equivale a 4.665 euros por este impuesto, una diferencia de hasta 446 euros menos que en Cataluña. Sin embargo, a medida que los ingresos del contribuyente aumentan, Cataluña no lidera en el tipo autonómico del IRPF más alto. En este sentido, Extremadura ocupa el primer lugar para los ciudadanos con salarios de 60.000 euros, con un tipo total del 28,05%, pagando 16.287 euros. Cataluña, por su parte, se posiciona detrás de Extremadura, con un tipo total del 27,55%, lo que representa una cuota de 15.983 euros para los contribuyentes. Por último, en el ejemplo de 120.000 euros, la Comunidad Valenciana presenta el tipo autonómico más alto, con un 16,39%, lo que sumado al estatal da como resultado un IRPF total del 38,2%, con una cuota de 45.079 euros. En este caso, Cataluña se sitúa en el octavo puesto, con un tipo autonómico del 18,33%, pagando 2.000 euros más en IRPF que los residentes en Madrid.

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(El Economista, 14-05-2024) | Fiscal

El déficit público estructural roza el 4% y se aleja del tope del 1,5% de Bruselas

El déficit público estructural ha aumentado seis décimas en los últimos cuatro años y cerró el año 2023 en torno al 3,7% del PIB, según datos del Banco de España. Esto lo aleja aún más del límite del 1,5% que exigirán las normas europeas en los próximos años. A pesar del impulso económico, España continúa enfrentando un desequilibrio fiscal estructural (independiente del ciclo económico) que requerirá medidas de ajuste extraordinarias en los presupuestos para 2025, los cuales el Gobierno ya está elaborando. Las advertencias no han sido pocas. La OCDE emitió recientemente una serie de recomendaciones para mejorar la estabilidad de las cuentas públicas, sugiriendo aumentar los ingresos a través de incrementos en el IVA y los impuestos ambientales, así como mejorar la eficiencia del gasto. Antes de septiembre, el Gobierno debe presentar ante la Comisión Europea un plan creíble que asegure el control del gasto, en línea con las exigencias europeas. La normativa fiscal de la Unión Europea requiere que los países realicen ajustes presupuestarios suficientes para reducir el déficit estructural al 1,5% del PIB. Según el Ministerio de Economía, el esfuerzo fiscal acumulado desde 2022 permitirá que en 2025 el saldo estructural primario sea superavitario. Se espera un fuerte recorte en el saldo estructural para este año, estimando que caerá al 2,8% en 2024, ocho décimas menos que en 2023. Sin embargo, el escenario inicial no es favorable. La pandemia y la crisis de la inflación han reducido el margen para recortar el déficit estructural. El aumento significativo del gasto a partir de 2020 ha mantenido este déficit en torno al 3,5%, lejos de la tendencia descendente observada en 2018, cuando cerró cerca del 2%. A pesar de ello, el calendario europeo exige planes a medio y largo plazo. El Banco de España señala que el nuevo marco fiscal europeo requiere una reducción anual promedio del déficit estructural de alrededor de 0,5 puntos porcentuales del PIB potencial durante un período de siete años, comenzando en 2025. Para ese año, se prevé que el déficit estructural se sitúe en el 2,5%. Si se aplica esta estrategia de ajuste, se espera que la ratio de deuda pública comience a disminuir en los próximos años, situándose en torno al 80% del PIB en 2040. La estrategia fiscal que el Gobierno presente a Bruselas en septiembre será crucial. El Banco de España sugiere que este plan de consolidación fiscal se base en un marco macroeconómico prudente y detalle medidas de ingresos y gastos para sanear gradualmente las cuentas públicas. Además, el Banco de España y otras entidades han instado al Gobierno a involucrar a todas las administraciones en el proceso de consolidación fiscal y a buscar consensos económicos, políticos y sociales. Aunque el Ministerio de Economía no contempla un ajuste de gasto en su plan, no descarta abordar el desequilibrio desde el lado de los ingresos, incluyendo posibles subidas de impuestos en los presupuestos para 2025.

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(Cinco Días, 13-05-2024) | Fiscal

Nuevas responsabilidades legales para los ‘influencers’

La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 444/2024, que establece los requisitos para ser considerado usuario de especial relevancia en los servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas, en cumplimiento del artículo 94 de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Dentro de este conjunto de usuarios, destaca una categoría específica conocida como "influencers", "vloggers" o "creadores de contenido", que tienen un gran impacto en el mercado audiovisual en términos de consumo e inversión publicitaria, especialmente entre el público joven. Los usuarios de especial relevancia siempre han estado sujetos a normativas publicitarias, tanto generales como sectoriales. Sin embargo, esta nueva norma establece responsabilidades legales adicionales para ciertos usuarios que cumplan con criterios cuantitativos específicos. En primer lugar, se considera el criterio económico, que requiere que estos usuarios hayan obtenido ingresos brutos de al menos 300.000 euros en el año natural anterior, exclusivamente de su actividad en los servicios de intercambio de vídeos a través de la plataforma que utilicen. En segundo lugar, se evalúa el criterio de audiencia significativa, que exige que el usuario haya alcanzado, en algún momento del año natural anterior, un número mínimo de seguidores en una plataforma única (1.000.000) o en total (2.000.000), además de haber publicado al menos 24 vídeos durante el año anterior, independientemente de su duración. Los influencers que cumplan ambos criterios deben inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto. Esta regulación busca brindar una mayor protección a los consumidores de estas plataformas y una mayor seguridad jurídica a los influencers, que han adquirido una importancia significativa y un volumen económico relevante en las plataformas de intercambio de vídeos. Una vez inscritos, estos usuarios deberán cumplir con la normativa vigente en materia de protección de menores y publicidad en el ámbito audiovisual, como la identificación de espacios publicitarios y la restricción de publicidad de tabaco, medicamentos o alcohol, equiparando así sus obligaciones con las de otros profesionales audiovisuales. Este paso hacia la equiparación entre influencers y otros prestadores de servicios de comunicación audiovisual tiene como objetivo garantizar el respeto a los principios básicos de la comunicación audiovisual y proteger al público en general, especialmente a los menores, de contenidos y comunicaciones comerciales perjudiciales.

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(Expansión, 10-05-2024) | Fiscal

Las empresas catalanas, en vísperas de las elecciones, reclaman estabilidad política y rebajas fiscales

También se demanda una mayor colaboración entre el sector público y privado, simplificar la legislación, reducir la burocracia, establecer un nuevo modelo de financiación y desbloquear proyectos como la ampliación de El Prat y Hard Rock. La campaña electoral en Cataluña está llegando a su fin este viernes, y las organizaciones empresariales tienen muy clara su agenda de prioridades para la próxima legislatura. Exigen un cambio en la dirección económica, política y tributaria, con el objetivo de lograr estabilidad y recuperar el liderazgo como la comunidad autónoma que más contribuye al PIB. Además, reclaman desbloquear inversiones en infraestructuras que llevan años, e incluso décadas, en espera, reducir la burocracia y poner en marcha un nuevo modelo de financiación. La reducción de impuestos también es una demanda compartida. Según Foment del Treball, Cataluña enfrenta un "infierno fiscal", según su presidente, Josep Sánchez Llibre. Sin embargo, la Generalitat contradice completamente este diagnóstico. La patronal de pymes Pimec también considera que la fiscalidad es "excesiva", por lo que pide un cambio en este aspecto. Cataluña cuenta con la mayor cantidad de tributos propios entre todas las comunidades autónomas, con un total de once en vigor actualmente. Según Foment del Treball, estos impuestos son una "barrera" para atraer inversiones y nuevas empresas. Además, plantea la necesidad de revisar los tipos impositivos en Sucesiones, ya que dificultan el acceso a la vivienda, y eliminar el impuesto de Patrimonio, que consideran "confiscatorio". El tema de la vivienda está en el centro del debate, especialmente después de la entrada en vigor de límites al alquiler en 141 municipios considerados "tensionados". Durante la campaña, el Govern de ERC anunció su extensión a otros 130 municipios. Sin embargo, la Asociación de Promotores de Cataluña critica los constantes cambios normativos y la inseguridad jurídica que generan, lo que, en su opinión, aumenta la tensión en el mercado y no logra el objetivo de reducir los precios. Otro punto en común entre los agentes económicos es la mejora en la financiación de la Generalitat. En una declaración firmada por una veintena de organizaciones empresariales a principios de marzo, se pedía un "pacto fiscal" basado en el concierto y el cupo, o un "modelo federal" en el que todos los impuestos sean gestionados por un consorcio compuesto por Hacienda y la Generalitat. Cuando el Parlament rechazó las cuentas consensuadas entre ERC y el PSC, los comunes argumentaron que no se estaba vetando el proyecto de Hard Rock, el complejo de ocio y juego proyectado en Tarragona desde hace más de 10 años. Sobre este tema, la presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona, Laura Roigé, enfatizó la necesidad de inversión para diversificar el turismo y lamentó la desinformación sobre el proyecto. También destacó la importancia de apoyar la industria petroquímica en la provincia. Existen numerosas inversiones bloqueadas, algunas de las cuales serían financiadas por el Estado, pero han sido objeto de fuerte oposición por parte del Govern de ERC, como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el tramo central del Cuarto Cinturón o B-40, una autovía orbital en la región metropolitana. El retraso en el desarrollo de energía renovable, un área en la que Cataluña había sido pionera, también preocupa, al igual que la sequía, que según el último barómetro del Colegio de Economistas, es la principal preocupación entre los empresarios. A pesar de los anuncios del Govern sobre inversiones, muchos proyectos diseñados hace años se paralizaron debido a los recortes impulsados por el expresidente Artur Mas en 2011. Además, existe una preocupación persistente por el exceso de burocracia. Pimec exige una simplificación normativa y una moratoria en la aprobación de nuevas leyes por parte del Parlament. El presidente de la Cámara de Comercio, Josep Santacreu, considera que la administración es "asfixiante", y la patronal Cecot propone la creación de una consejería dedicada específicamente a la reforma del sector público. Otro objetivo común es recuperar el liderazgo autonómico, ya que desde 2017, Madrid ha superado a Cataluña como la autonomía que más contribuye al PIB nacional. El empresariado insta a poner el foco en el sector secundario y aprovechar al máximo los fondos Next Generation.

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