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(Expansión, 03-07-2025) | Fiscal

Hacienda gana 2.800 millones más de lo previsto en la Campaña de IRPF

La última Campaña de la Renta, que comenzó en abril y finalizó este lunes, ha resultado especialmente positiva para Hacienda, superando con creces sus previsiones de recaudación. La liquidación del IRPF correspondiente al ejercicio fiscal de 2024 no solo ha batido récords en cuanto al número de declaraciones presentadas, sino que ha dejado un saldo neto a favor del Estado que excede en aproximadamente 2.800 millones de euros las estimaciones iniciales. Según los datos difundidos ayer por la Agencia Tributaria, al cierre de la campaña se habían registrado 24,57 millones de declaraciones del IRPF, una cifra histórica que, aunque es algo inferior (en unos 300.000 contribuyentes) a lo que se había anticipado, representa un aumento del 2,3% respecto al año anterior. Del total de declaraciones, 15,93 millones resultaron con saldo a favor del contribuyente -es decir, con derecho a devolución-, lo que supone un descenso del 1,81% en comparación con el año previo. En total, Hacienda debe reembolsar 13.670 millones de euros, un 0,71% más que el ejercicio anterior. Sin embargo, estas cifras son inferiores a las proyecciones iniciales del organismo: se preveían 17,07 millones de devoluciones por un importe total de 14.908 millones, por lo que finalmente se han registrado 1,14 millones menos de devoluciones y 1.238 millones menos de lo esperado en cuantía. Por otro lado, el número de declaraciones con resultado a pagar ha aumentado notablemente, alcanzando los 6,93 millones (un 12% más que el año pasado), con una recaudación de 20.620,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 22,9%. Estas cifras superan ampliamente las previsiones iniciales de la Agencia Tributaria, que esperaba 6,07 millones de declaraciones positivas por un importe de 19.093 millones. Como resultado global, la Campaña de la Renta de 2024 cierra con un balance favorable para Hacienda de 6.950 millones de euros, lo que representa 2.765 millones más que los 4.185 millones de ingresos netos estimados en abril. Entre los principales factores que explican este resultado, fuentes oficiales destacan el buen comportamiento de los rendimientos del capital mobiliario y las plusvalías, además de un rendimiento superior al previsto en operaciones inmobiliarias y actividades económicas. Hasta el cierre de la campaña, la Agencia Tributaria ya había procesado la mayor parte de las devoluciones, habiendo reembolsado 9.100 millones de euros a 12,58 millones de contribuyentes. Esto supone un aumento del 5,8% en el importe devuelto y del 0,7% en el número de beneficiarios respecto al cierre del IRPF del año anterior. Aun así, estos datos indican que Hacienda ha completado el 78,9% de las devoluciones solicitadas y el 66,5% del importe total a devolver, por lo que aún queda pendiente el abono de cerca del 21% de los casos y un tercio del dinero. En cuanto a los canales de presentación, 2,9 millones de personas utilizaron las vías rápidas habilitadas por la Agencia Tributaria. La nueva opción de Renta Directa, un modelo simplificado y visual, fue utilizada por 1,02 millones de los 4 millones de contribuyentes a los que se les ofreció. Además, 1,18 millones presentaron su declaración mediante atención telefónica y 696.000 lo hicieron a través de la aplicación móvil, de las cuales 518.000 se tramitaron con un solo clic. Paralelamente, también se desarrolló la campaña del Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo estatal gestionado por las comunidades autónomas, que ahora cobra mayor relevancia tras la creación del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas. Esta medida ha motivado que varias regiones que antes bonificaban el Patrimonio hayan decidido recuperarlo para no ceder esa recaudación al Estado. En esta ocasión, se han presentado 266.000 declaraciones por este impuesto, generando unos ingresos de 2.133 millones de euros, superando en 69 millones las previsiones iniciales.

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(Expansión, 03-07-2025) | Fiscal

45.000 contribuyentes rectifican su declaración ante los avisos del Fisco

La estrategia de avisos sobre posibles errores u omisiones en la declaración del IRPF que la Agencia Tributaria lleva a cabo durante la Campaña de la Renta está dando sus frutos. Un total de 44.900 contribuyentes han rectificado este año sus declaraciones tras recibir una advertencia de Hacienda sobre posibles incongruencias entre los datos presentados y los que constan en poder del Fisco, evitando la posibilidad de acabar sufriendo inspecciones, sanciones, o el pago de intereses. La iniciativa ya fue llevada a cabo por la Agencia Tributaria durante la Campaña anterior, cuando sus avisos llevaron a corregir la declaración a 23.000 contribuyentes. En esta ocasión, Hacienda ha duplicado sus esfuerzos enviando un total de 94.000 cartas. Cerca de la mitad de los destinatarios han atendido el aviso del Fisco y presentado una declaración complementaria para rectificar la información preliminar. Los avisos han sido remitidos sobre todo a quienes han modificado la información aportada por la Agencia Tributaria como parte de la estrategia de asistencia preventiva del organismo que dirige Soledad Fernández. En paralelo, Hacienda ha enviado 4,5 millones de avisos a contribuyentes conminándoles a declarar ingresos de plataformas online, criptomonedas, alquiler de inmuebles o rentas en el extranjero.

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(El Periódico, 03-07-2025) | Fiscal

El 85% de las pymes españolas pide incentivos fiscales para liderar la transición verde

Con motivo del Día Mundial de las Pymes, el tejido empresarial español ha dejado claro que está listo para liderar la transición hacia una economía más sostenible, aunque necesita apoyo para lograrlo. Así lo revela el reciente Libro Blanco "Fostering Sustainability in SMEs", elaborado por el Grupo Generali en colaboración con la Universidad SDA Bocconi. El informe destaca un dato revelador: el 85% de las pequeñas y medianas empresas en España considera esenciales los incentivos fiscales para avanzar más rápidamente en su transformación ecológica. Esta cifra no es solo un indicador numérico, sino una auténtica llamada a la acción. Las pymes, que representan el 99,9% del total de empresas en el país y generan más del 62% del empleo privado, son un actor fundamental en la innovación social, la sostenibilidad territorial y la estabilidad económica. El estudio resalta la actitud especialmente activa de las pymes españolas frente a la sostenibilidad, incluso por encima del promedio europeo. En concreto, el 76% de ellas reclama acceso directo a fondos europeos, el 77% demanda un entorno regulatorio más claro y sencillo, y el 70% solicita mejores condiciones de financiación vinculadas a objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Además, un 73% valora positivamente el acompañamiento financiero y técnico para alcanzar la neutralidad climática (Net Zero), mientras que un 67% apuesta por formación especializada y la creación de alianzas con entidades financieras para acelerar su transición verde. A pesar de este impulso, el informe también advierte de un desafío importante: la percepción de los riesgos del cambio climático sigue siendo baja. Solo el 42% de las pymes españolas se consideran muy o bastante conscientes de estos riesgos, frente a una media europea del 50%, lo que las sitúa en los últimos lugares del continente. Esta brecha evidencia la necesidad urgente de reforzar la formación, la concienciación y el acompañamiento para que estas empresas comprendan la magnitud del reto climático. Beatriz de Cominges, directora de Estrategia, Transformación y Sostenibilidad de Generali España, resume esta situación señalando: "Las pymes españolas están comprometidas con la sostenibilidad, pero requieren un entorno estructurado y políticas públicas decididas que les permitan avanzar con mayor agilidad y efectividad. Es crucial que tanto las instituciones como el sector financiero faciliten el acceso a recursos, simplifiquen los trámites y generen incentivos tangibles que aceleren esta transformación". En esta línea, Generali reafirma su apoyo al ecosistema empresarial a través de iniciativas como los premios SME EnterPRIZE, que en su quinta edición vuelven a distinguir a pequeñas y medianas empresas de menos de 200 empleados que lideran proyectos sostenibles. Los galardones reconocen dos categorías: Sostenibilidad Medioambiental e Impacto Social. Cada empresa ganadora recibirá 30.000 euros para seguir impulsando sus iniciativas responsables, y las candidaturas pueden presentarse hasta el 20 de julio de 2025 a través de la web oficial.

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(Expansión, 02-07-2025) | Fiscal

El número de grandes rentas en España cae por primera vez tras la pandemia

El grupo de contribuyentes con mayores ingresos en España -aquellos que ganan más de 601.000 euros al año- ha disminuido por primera vez desde la pandemia. Excluyendo el año excepcional marcado por la irrupción del Covid, este segmento de las rentas más altas sujetas al IRPF rompe con una tendencia de crecimiento de una década y se reduce por primera vez desde 2013. Esta caída se debe, principalmente, a una menor rentabilidad en las ganancias patrimoniales y a las pérdidas derivadas de las inversiones en criptomonedas. Así lo muestran los datos oficiales correspondientes al ejercicio fiscal de 2023 publicados ayer por la Agencia Tributaria. Según estas cifras, el número de contribuyentes con ingresos superiores a 601.000 euros se redujo en un 3% durante ese año, pasando de 15.186 a 14.738 personas. En este perfil de contribuyentes, el peso de las rentas del trabajo es menor que el de las ganancias patrimoniales, que son las que más inciden en su nivel de ingresos. En 2023, el total neto de ganancias patrimoniales en todo el país cayó un 12,7%, bajando de 17.627 millones a 15.384 millones de euros. Cabe destacar que en 2022 este grupo de altos ingresos había crecido un 25% impulsado por el fuerte aumento de esas ganancias, por lo que el retroceso en 2023 ha devuelto a muchos contribuyentes al tramo inferior, que abarca ingresos entre 150.000 y 601.000 euros anuales. De hecho, en 2023 el número de contribuyentes en el tramo más alto cayó en 448 personas. En contraste, el número de contribuyentes del tramo inmediatamente inferior se incrementó en 16.297 durante ese mismo año. Este grupo de rentas superiores a 601.000 euros ya había sufrido una importante contracción tras la crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria, pasando de 10.580 contribuyentes en 2007 a 6.829 en 2009, y reduciéndose aún más durante la crisis de deuda soberana hasta llegar a 4.553 en 2013. Desde entonces, había venido creciendo a tasas de dos dígitos anuales hasta alcanzar su máximo histórico en 2022. En lo que respecta a las ganancias y pérdidas patrimoniales de 2023, sobresale el comportamiento negativo de las criptomonedas. Mientras que en 2022 estas operaciones generaron un saldo positivo de 36 millones de euros sujeto a tributación, en 2023 se registraron pérdidas netas de 31,7 millones. En concreto, la Agencia Tributaria contabilizó 151.711 operaciones con criptomonedas que supusieron pérdidas patrimoniales por un total de 198.511 millones de euros (una media de 1.308 euros por operación), frente a 122.914 transacciones con beneficios que sumaron 166.856 millones (unos 1.358 euros de media por operación). El resto de activos también generaron ganancias, aunque generalmente menores que en 2022. Las operaciones inmobiliarias, por ejemplo, aportaron 7.748 millones de euros, lo que supone un 16,4% menos. En cambio, las transacciones con acciones sumaron 1.052 millones, casi el triple que el año anterior, y los fondos de inversión generaron 976 millones en ganancias netas, un 21% más. A pesar del volumen de ingresos que representa, el tramo de rentas superiores a 601.000 euros apenas agrupa al 0,06% de los contribuyentes en España. La mayoría se encuentra en los tramos intermedios: el más numeroso es el de ingresos entre 30.000 y 60.000 euros, con casi 5,3 millones de personas. Junto con los 4,3 millones que declaran entre 21.000 y 30.000 euros, conforman el 40% del total de contribuyentes y generan cerca de la mitad de la recaudación fiscal.

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(Expansión, 02-07-2025) | Fiscal

Armonizar el Impuesto de Sucesiones elevaría la recaudación a 10.200 millones

Desde la creación del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas por parte del Gobierno, con el objetivo de contrarrestar las bonificaciones de hasta el 100% aplicadas por algunas comunidades autónomas sobre el Impuesto de Patrimonio, han surgido especulaciones sobre el posible siguiente paso de la coalición entre PSOE y Sumar: una armonización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que elimine las marcadas diferencias existentes entre regiones. Ayer, el Banco de España publicó un análisis sobre el posible impacto de esta medida. Ante el persistente desequilibrio en las finanzas públicas del país, el organismo que ahora dirige el exministro José Luis Escrivá presentó argumentos a favor de esta reforma fiscal, recogidos en un informe titulado El posible impacto recaudatorio de algunas reformas hipotéticas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Según este documento, una armonización a nivel nacional podría multiplicar por más de tres la recaudación actual, elevándola de 3.200 millones a 10.200 millones de euros anuales. El informe señala que, en 2023, la recaudación por este impuesto representó el 0,23% del PIB, lo que lo posiciona como el segundo tributo más relevante entre los gestionados por las comunidades autónomas, solo por detrás del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (0,73% del PIB) y por delante del Impuesto sobre el Patrimonio (0,11%). En el contexto europeo, la recaudación española por este concepto supera la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 0,15% del PIB. Es un porcentaje similar al que recaudan Alemania y Dinamarca, y algo menor que el de Francia y Bélgica, donde este tributo tiene mayor peso. En contraste, países como Portugal, Austria o Suecia no aplican este impuesto. Dentro del territorio nacional, las diferencias regionales son notables. En comunidades como Baleares, Asturias, Cataluña o La Rioja, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones supera el 0,3% del PIB regional, mientras que en Extremadura, Andalucía y Murcia no alcanza el 0,15%. Para abordar estas desigualdades, el Banco de España plantea varias opciones de armonización progresiva. Entre ellas, eliminar las bonificaciones actuales (lo que elevaría la recaudación a 5.900 millones), aplicar de forma general la tarifa estatal (subiendo a 6.400 millones), limitar los beneficios por grado de parentesco (hasta 9.200 millones) o, en el escenario más ambicioso, establecer una homogeneización total del impuesto, lo que permitiría alcanzar los mencionados 10.200 millones anuales.

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(Expansión, 02-07-2025) | Fiscal

La compra de un inmueble en promoción lleva a la pérdida de la deducción de la empresa familiar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

La Dirección General de Tributos (DGT) ha publicado una consulta vinculante de gran relevancia. Según este criterio, adquirir una vivienda "sobre plano" -mediante pagos anticipados durante su fase de promoción- no cumple con las condiciones necesarias para mantener las reducciones fiscales del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) aplicables a la herencia de una empresa familiar. El organismo insiste en la necesidad de una "reinversión y materialización inmediata" del valor heredado, requisito esencial para conservar el beneficio fiscal. El caso planteado se refiere a una persona que, tras heredar participaciones de una empresa y aplicar la reducción establecida en el artículo 20.2.c) de la Ley del ISD, vendió dichas participaciones y reinvirtió el dinero en fondos de inversión, operación que en su momento fue aceptada por la propia DGT. Ahora, la consultante desea destinar parte de esos fondos a la compra de una vivienda en fase de construcción, realizando pagos a cuenta hasta su escrituración definitiva. La DGT recuerda que el requisito de mantenimiento no exige conservar los bienes originales heredados, sino mantener el valor recibido. Esto permite cambiar de activo, siempre que ese valor se reinvierta y se materialice de forma inmediata en otros bienes que permanezcan en el patrimonio durante los diez años posteriores al fallecimiento del causante. La clave está en que esa reinversión pueda ser identificada y comprobada en todo momento. En este contexto, la DGT concluye que los pagos anticipados para la compra de una vivienda en promoción no cumplen con dicho requisito. La razón es que, al destinarse a una futura adquisición, no se puede acreditar ni identificar claramente que el valor ya forma parte del patrimonio en un activo tangible y concreto. Si no se cumple esta exigencia, se pierde el derecho a la reducción fiscal aplicada inicialmente, lo que implica tener que abonar el impuesto correspondiente junto con los intereses de demora. En cambio, si la compraventa de la vivienda se realizara de forma inmediata -es decir, con la entrega efectiva del inmueble y su incorporación al patrimonio- sí se cumpliría la condición. En ese caso, el valor de adquisición de la vivienda se consideraría como base para el mantenimiento, permitiéndose además destinar fondos adicionales a mejoras que aumenten su valor de adquisición. Por último, la DGT aclara que la venta de otros bienes del patrimonio personal de la consultante, no procedentes de la herencia, no afecta al cumplimiento del requisito respecto al patrimonio heredado. Este criterio pone de relieve la importancia de una trazabilidad clara y de la materialización efectiva e inmediata del valor heredado para mantener los beneficios fiscales del ISD.

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(El País, 02-07-2025) | Fiscal

Los Ayuntamientos reducen su deuda por primera vez desde la pandemia

La deuda de los municipios ha logrado revertir la tendencia negativa provocada por la pandemia y ha retomado una senda descendente. Al cierre de 2024, el conjunto de las corporaciones locales -incluyendo ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares- acumulaba un endeudamiento de 22.847 millones de euros, lo que supone una disminución del 2% respecto al año anterior y representa el primer retroceso desde 2021. Sin embargo, el panorama no es uniforme: aunque la mayoría de las entidades ha mantenido estables sus niveles de deuda y alrededor de un tercio los ha reducido, cerca de mil administraciones locales han incrementado su pasivo, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda. Es posible consultar la evolución de la deuda de cada municipio en 2024 a través del buscador oficial. Si se analiza únicamente a los ayuntamientos con más de 100.000 habitantes, las mayores subidas porcentuales en deuda per cápita se han producido en Roquetas de Mar (Almería) y San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), aunque sus niveles de deuda siguen siendo moderados. A finales de 2024, sus ciudadanos adeudaban 22 y 155 euros por persona, respectivamente. En el lado contrario, Las Palmas de Gran Canaria logró reducir a cero su deuda por habitante, al igual que los municipios madrileños de Leganés, Móstoles y Alcobendas. En términos absolutos, Soto en Cameros (La Rioja) y El Guijo (Córdoba) lideran el incremento de deuda per cápita, con aumentos de 2.429 y 1.667 euros por vecino, respectivamente. A pesar de que los municipios del sur suelen registrar mayores niveles de endeudamiento por habitante, la evolución de la deuda municipal no responde a una lógica puramente geográfica. En muchos casos, las decisiones políticas y las circunstancias locales específicas son las que marcan la diferencia. Existen localidades pequeñas, repartidas por toda la geografía española, que presentan una carga financiera muy elevada en relación con su tamaño poblacional. Un ejemplo paradigmático es Vallada, en la provincia de Valencia. Con apenas 3.000 habitantes, se sitúa como el municipio con mayor deuda per cápita del país: 8.818 euros por residente al cierre de 2024. Este elevado endeudamiento se arrastra desde hace años, debido a un ambicioso proyecto de desarrollo náutico que nunca se materializó, a pesar de estar ubicado a 70 kilómetros del mar. Aun así, Vallada ha logrado reducir su pasivo en 220 euros por vecino en el último ejercicio. La localidad gaditana de Los Barrios ocupa el segundo lugar con una deuda por habitante de 7.988 euros. Como Vallada, también ha rebajado su carga financiera, concretamente en 659 euros por persona. Moraleja de Enmedio (Madrid), con 7.425 euros de deuda per cápita, figura en tercera posición, aunque también ha registrado una disminución de 277 euros respecto al año anterior. El listado de municipios con mayores deudas per cápita lo completan localidades como Plasenzuela (Cáceres), con 6.286 euros por vecino; Navajas (Castellón), con 5.745; Huévar del Aljarafe (Sevilla), con 5.697; Santa Marta de Magasca (Cáceres), con 5.471; Os Blancos (Ourense), con 5.385; Jaén, con 5.092; y Jerez de la Frontera (Cádiz), con 4.525 euros. Todos ellos, salvo Jaén, han conseguido reducir su endeudamiento en el último año. Jaén, de hecho, es la ciudad de más de 100.000 habitantes con mayor deuda por persona. Le siguen Jerez de la Frontera (4.524 euros), Parla (Madrid) con 3.825 y Algeciras (Cádiz), con algo más de 2.050 euros por residente. Estas cifras reflejan la complicada situación financiera que arrastran estas ciudades desde hace años. Muchas de ellas, como Los Barrios, Puerto Real o Gandía, acumulan déficits estructurales derivados de proyectos urbanísticos fallidos iniciados durante el boom inmobiliario de principios de siglo. Si se observa la deuda en términos absolutos, son las grandes ciudades las que encabezan el ranking, debido a sus elevados presupuestos. Madrid lidera con 1.943 millones de euros (569 por habitante), seguida de Barcelona con 1.389 millones (816 por habitante). Mientras la capital ha reducido su deuda en 17 millones, Barcelona la ha aumentado en 56. Valencia, por su parte, ha rebajado su pasivo de 186 a 141 millones, mientras que Sevilla lo ha incrementado en 28 millones, alcanzando los 266.

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(El Economista, 02-07-2025) | Fiscal

Hacienda tendrá que otorgar a los contribuyentes un trámite de audiencia antes de liquidarles los intereses

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y encargado de resolver disputas entre contribuyentes y la administración tributaria antes de que estas lleguen a los tribunales, ha dictado una resolución en la que establece que la Agencia Tributaria está obligada a conceder un trámite de audiencia previa cuando pretenda liquidar intereses de demora, al igual que ocurre con cualquier otro impuesto. Esta resolución, fechada el 18 de junio, unifica el criterio administrativo y pone fin a una práctica habitual de Hacienda, que consistía en aplicar estos intereses sin dar opción a que los afectados -ya sean personas físicas o empresas- pudieran presentar alegaciones. Hasta ahora, la administración se amparaba en que la ley no contempla expresamente un procedimiento específico que imponga el deber de audiencia previa en el caso de los intereses de demora. Los intereses de demora se aplican cuando vence el plazo voluntario para el pago de un tributo y se inicia la fase ejecutiva de cobro, sumando un recargo proporcional al tiempo de retraso hasta que se abona la deuda. En su resolución, el TEAC rebate los argumentos esgrimidos por Hacienda y aclara que, si bien la Ley General Tributaria no regula expresamente la exigencia de intereses de demora en fase ejecutiva, sí lo hace el Reglamento General de Recaudación. Este reglamento, señala el tribunal, establece que dichos intereses deben liquidarse conforme al procedimiento general previsto para las actuaciones administrativas, lo cual incluye el trámite de audiencia previa. El TEAC recuerda que dicho procedimiento, regulado por la Ley General Tributaria, contempla la obligación de permitir al contribuyente presentar alegaciones antes de que se dicte una propuesta de liquidación, salvo en dos casos concretos: cuando se firman actas de conformidad o cuando la normativa específica del procedimiento contempla un trámite de alegaciones posterior. En consecuencia, el tribunal concluye que, al exigirse los intereses de demora mediante el procedimiento general de liquidación, Hacienda debe notificar al interesado y ofrecerle un trámite de audiencia antes de formalizar la propuesta, de forma que pueda ejercer su derecho a defenderse, ya que no se prevé ninguna otra oportunidad posterior para alegar. La resolución es clara al afirmar que omitir este paso constituye una irregularidad y que permitir alegaciones una vez emitida la liquidación no suple la falta del trámite previo obligatorio. Sin embargo, el TEAC matiza que esta irregularidad no conllevaría automáticamente la anulación del procedimiento si se hubiese ofrecido la posibilidad de alegar en una fase anterior, ya que no se habría generado indefensión al contribuyente.

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(El Economista, 02-07-2025) | Fiscal

España propone crear un impuesto para los "superricos" e investigar dónde se concentra el patrimonio

España y Brasil han presentado conjuntamente una propuesta durante la Conferencia de la ONU celebrada en Sevilla para impulsar un impuesto destinado a las grandes fortunas, según ha comunicado este martes el Ministerio de Hacienda. La iniciativa tiene como objetivo principal fomentar una mayor redistribución de la riqueza con el fin de reducir la desigualdad. Hacienda señala que actualmente el 1% de la población concentra el 95% del patrimonio global. La propuesta está liderada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; y el ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad. Todos ellos defienden la necesidad de implantar un sistema fiscal progresivo y equitativo, en el que contribuyan más quienes más poseen. Además, subrayan que las personas con patrimonios elevados suelen beneficiarse de tipos impositivos más reducidos que los que recaen sobre la mayoría de trabajadores y ciudadanos. Para llevar a cabo esta medida, los responsables económicos proponen recopilar información sobre quiénes concentran la riqueza en cada país, qué impuestos pagan y promover estudios comparables entre diferentes naciones. Esta propuesta busca dar continuidad al compromiso alcanzado por los países del G20 durante su encuentro en Brasil en 2024, en el que se acordó cooperar en la creación de una política fiscal global orientada a los grandes patrimonios.

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(Expansión, 01-07-2025) | Fiscal

La Agencia Tributaria ingresa 122.000 millones en los cinco primeros meses del año, un 11,5% más

En los primeros meses del año, la recaudación fiscal ha tomado impulso y se ha consolidado con un crecimiento de dos dígitos, generando hasta mayo cerca de 14.000 millones de euros más que en el mismo periodo de 2024. Este incremento se debe a diversos factores, como el crecimiento económico, los buenos resultados de las empresas, la vuelta a la normalidad en los impuestos sobre energía y alimentos, y la aplicación de retenciones sobre los salarios mínimos. En detalle, entre enero y mayo de 2025, los ingresos tributarios alcanzaron los 122.082 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,5% respecto al año anterior, es decir, 12.609 millones adicionales. Esta comparativa anual está influida por cambios puntuales en el calendario fiscal, como festivos locales, que afectaron la recaudación: en mayo de 2025 se ingresaron 100 millones más, mientras que en mayo de 2024 se dejaron de ingresar 504 millones. A pesar de ello, ajustando estas diferencias, el crecimiento interanual sigue siendo sólido, con un 10,9%, seis décimas más que en abril. La Agencia Tributaria atribuye este fuerte repunte al aumento del 13,2% en los ingresos brutos y a una moderación en las devoluciones, que solo crecieron un 5,5%. Otro factor relevante ha sido el incremento de las retenciones por rendimientos del trabajo, especialmente tras comenzar a aplicarse al salario mínimo interprofesional (SMI) por primera vez este año. Cabe recordar que la inclusión del SMI en el IRPF generó tensiones políticas entre la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La controversia giró en torno a la negativa inicial de Hacienda a aumentar el mínimo exento del IRPF en paralelo al alza del salario mínimo, que se fijó este año en 1.184 euros mensuales (16.576 euros anuales en 14 pagas). Finalmente, tras la amenaza de Sumar de aliarse con el PP, ambas partes pactaron una enmienda que permitirá a los perceptores del SMI recuperar las retenciones sufridas, pero solo al presentar su declaración de la renta en 2026. Esta medida, sin embargo, no aplicará a pensionistas ni autónomos con ingresos equivalentes al salario mínimo. Coincidiendo con el cierre de la campaña de la Renta de 2024, se ha informado que el IRPF recaudó en los primeros cinco meses de 2025 un total de 55.304 millones, un 11,1% más que en el mismo periodo del año anterior. El IVA también mostró un notable crecimiento del 10,1%, alcanzando los 45.975 millones, impulsado por el efecto de la Semana Santa en abril y la eliminación de las rebajas fiscales sobre productos básicos, lo que generó 723 millones extra. De forma similar, la vuelta a la tributación habitual sobre la electricidad (235 millones más), el gas natural (134 millones) y el Impuesto Especial sobre la Electricidad (380 millones) también contribuyó al aumento de ingresos. Además, se recuperó el ingreso íntegro del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, lo que supuso otros 380 millones adicionales. En conjunto, los Impuestos Especiales recaudaron 9.154 millones entre enero y mayo, lo que representa un incremento del 7%. Por su parte, el Impuesto de Sociedades generó 4.588 millones, con un aumento del 10,9%, y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes recaudó 2.266 millones, un 47,3% más, debido a las aportaciones de un número reducido de contribuyentes, según la Agencia Tributaria. En cuanto a las cuentas públicas, el Ministerio de Hacienda informó que el déficit de las Administraciones Públicas en el primer trimestre fue del 0,28% del PIB, un 12,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. Excluyendo el gasto extraordinario por la DANA, el déficit se reduciría al 0,23%, cifra que la Comisión Europea no incluirá en los cálculos del procedimiento de déficit excesivo. Por último, el déficit conjunto de la Administración Central, la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas (sin contar las entidades locales) ascendió a 5.523 millones de euros entre enero y abril, lo que representa el 0,33% del PIB, con un aumento del 5,7%. El déficit del Estado a mayo se situó en 10.075 millones de euros (0,60% del PIB), pero si se descuentan los intereses, se obtiene un superávit primario de 4.116 millones, equivalente al 0,25% del PIB. Esto se debe al crecimiento del 9,9% de los ingresos no financieros, frente a un aumento ligeramente menor del 9,8% en el gasto público.

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