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(Expansión, 03-06-2026) | Fiscal

Bruselas cede a las presiones de España e Italia y flexibiliza las reglas fiscales por la crisis energética

La Comisión Europea ha decidido dar un paso atrás y flexibilizar las reglas fiscales comunitarias para permitir que los Estados miembros destinen hasta un 0,3% anual de su PIB a medidas dirigidas a amortiguar la crisis energética sin que ese gasto compute en el cálculo del déficit público, según adelantó Bloomberg y confirmó EXPANSIÓN. Con esta decisión, España e Italia logran que Bruselas modifique la postura que había mantenido desde el inicio de la crisis energética, cuando rechazaba introducir excepciones fiscales extraordinarias. La Comisión defendía entonces que alterar unas reglas todavía recientes podía dañar su credibilidad y, además, aumentar el riesgo de tensiones fiscales en el intento de contener el impacto económico de la crisis energética. La nueva flexibilidad tendrá límites concretos tanto en duración como en alcance. Por un lado, estará vigente únicamente hasta 2028, lo que obliga a concentrar el incremento del gasto en los próximos años. Por otro, solo podrán acogerse a esta excepción las ayudas destinadas a hogares y empresas vinculadas a la transición ecológica, como inversiones en energías renovables o electrificación. Quedarán fuera, por tanto, las iniciativas relacionadas con combustibles fósiles. En este punto, Bruselas se aproxima más a las tesis defendidas por España, que apostaba por impulsar nuevas inversiones destinadas a acelerar la electrificación europea. Italia, en cambio, había insistido más en la necesidad de reducir el impacto de la factura energética sobre familias y empresas sin diferenciar la tecnología utilizada. El margen adicional del 0,3% del PIB para gasto energético no supone una nueva cláusula de escape fiscal independiente, sino que se integrará dentro del aumento del 1,5% del PIB en gasto de defensa autorizado hasta 2028 para los países que activen esta flexibilidad nacional. Por ello, el límite máximo de desviación permitido no variará. España ya comunicó de forma retroactiva la activación de esa cláusula tras registrar en 2025 un gasto en defensa superior al previsto. La Comisión también impondrá restricciones al volumen total de gasto acumulado que podrá utilizarse mediante esta vía. Aunque el margen anual se sitúa en el 0,3% del PIB, el gasto total autorizado no podrá superar el 0,6% del PIB durante los tres años de vigencia de esta flexibilidad fiscal. De este modo, algunos países podrán optar por concentrar el gasto en los ejercicios de 2026 y 2027 aprovechando el máximo anual permitido, mientras que otros podrían distribuirlo de forma más gradual hasta 2028, utilizando alrededor de un 0,2% del PIB en cada ejercicio.

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(Expansión, 03-06-2026) | Fiscal

Hacienda ha incorporado a sus recursos de investigación Pathfinder, un sofisticado software de análisis forense digital

El sistema supone uno de los desarrollos más avanzados en inteligencia de datos aplicada a la lucha contra el fraude. La Agencia Tributaria española ya dispone de licencias para utilizar cuatro aplicaciones integradas en esta plataforma tecnológica. Las herramientas diseñadas inicialmente para ámbitos militares y de inteligencia han encontrado ahora un nuevo uso dentro de la administración tributaria española. El Ministerio de Hacienda ha incorporado a sus métodos de investigación Pathfinder, un sofisticado software de análisis forense digital desarrollado por la empresa israelí Cellebrite. Más que un programa convencional, se trata de una tecnología de última generación orientada al análisis masivo de información y a la detección de conexiones ocultas que podrían pasar inadvertidas mediante métodos tradicionales. Cellebrite, la compañía responsable del desarrollo de este sistema, cuenta entre sus especialistas con antiguos integrantes de la Unidad 8200, el conocido servicio de inteligencia militar israelí centrado en espionaje de señales. Esta unidad ganó notoriedad tras una operación de ciberinteligencia vinculada al ataque a la red de semáforos de Teherán, utilizado para localizar a dirigentes iraníes antes de una ofensiva aérea que acabó con la vida de decenas de responsables del régimen. En sus orígenes, Pathfinder no estaba orientado a la persecución del fraude económico, sino a entornos de seguridad y operaciones especiales. Sus primeros usuarios fueron organismos como Lahav 433 -la unidad policial israelí especializada en crimen organizado y delitos tecnológicos-, el servicio de inteligencia interior Shin Bet y fuerzas especiales israelíes. En esos escenarios, el programa destacó por su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos obtenidos previamente mediante UFED, otra herramienta de Cellebrite diseñada para extraer información de teléfonos móviles y cuyo uso llegó a generar polémica en Israel por posibles vulneraciones de la privacidad. El analista especializado en inteligencia Eric Frattini explica que Pathfinder funciona principalmente como una potente plataforma de análisis más que como un sistema de intrusión directa. Según señala, su función principal no consiste en acceder remotamente a dispositivos, sino en examinar y cruzar la enorme cantidad de datos ya obtenidos mediante técnicas forenses. Una vez recopilada la información, los algoritmos de inteligencia artificial del sistema analizan mensajes, ubicaciones, contactos, fotografías y eventos almacenados en los dispositivos. A partir de esos datos, el software identifica patrones de comportamiento, detecta anomalías y reconstruye relaciones personales y desplazamientos geográficos en cuestión de segundos. La Agencia Tributaria española ha adquirido licencias para utilizar las cuatro principales aplicaciones de esta plataforma. Entre ellas figuran herramientas de análisis de vínculos para detectar relaciones societarias o personales, sistemas de identificación temática capaces de localizar expresiones o códigos específicos y programas de clasificación automática de archivos multimedia mediante inteligencia artificial. La función considerada más avanzada es el rastreo cruzado de investigaciones, que permite comparar datos entre expedientes distintos para localizar conexiones ocultas, como números de teléfono coincidentes o patrones repetidos de geolocalización. El potencial de esta tecnología resulta especialmente relevante en el análisis de redes sociales. Pathfinder puede examinar de forma masiva publicaciones en plataformas como Instagram, TikTok o Facebook. Fotografías en yates, restaurantes exclusivos o compras de lujo pueden ser procesadas junto con sus metadatos para contrastar ese nivel de vida con los ingresos oficialmente declarados por el contribuyente investigado. La utilización de esta tecnología por parte de Hacienda ha abierto también un debate jurídico. El abogado Ignacio Fuster-Fabra advierte de que este tipo de herramientas pueden desdibujar la línea entre una comprobación administrativa y una investigación de carácter casi penal. A su juicio, la posibilidad de analizar enormes volúmenes de información privada para reconstruir hábitos y relaciones personales plantea interrogantes sobre el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y el principio de proporcionalidad. Pese a estas preocupaciones, los especialistas subrayan que la Agencia Tributaria no puede acceder indiscriminadamente a los mensajes de los ciudadanos, ya que la herramienta solo se emplea en investigaciones ya abiertas y bajo supervisión de unidades especializadas. Aun así, Pathfinder dota al Fisco de una capacidad de análisis sin precedentes y acelera la transformación de la inspección tributaria hacia modelos de auditoría plenamente digitales.

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(El Economista, 03-06-2026) | Fiscal

Los tribunales blindan a los herederos de los empresarios de las deudas de la compañía con Hacienda

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha dictado una resolución que protege a los herederos de administradores y consejeros de empresas frente a la obligación de asumir las deudas tributarias de las compañías. El órgano considera que la Agencia Tributaria no puede trasladar automáticamente a los sucesores la responsabilidad subsidiaria derivada de esas deudas. Aunque el criterio fijado por el TEAC tiene relevancia jurídica, todavía no constituye doctrina vinculante para la Administración, ya que aún no ha sido reiterado en resoluciones posteriores. No obstante, supone un importante precedente que podría limitar en el futuro la reclamación de deudas empresariales a familiares de directivos fallecidos. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha intensificado las derivaciones de responsabilidad subsidiaria contra administradores de empresas, atribuyéndoles las deudas fiscales de las sociedades por considerar que no ejercieron un control suficiente para evitar las infracciones tributarias. Estas actuaciones han aumentado de forma sostenida: Hacienda emitió 31.313 derivaciones en 2022, 35.890 en 2023 y 40.580 en 2024. Paralelamente, el Tribunal Supremo ha ido delimitando el alcance de esta práctica, exigiendo a Hacienda acreditar de forma clara la responsabilidad real de los administradores en las deudas de las compañías. Ahora, el TEAC amplía ese límite al considerar que tampoco puede reclamarse ese importe a los herederos de los directivos. La resolución, fechada el 30 de abril, analiza el caso de un administrador al que la Agencia Tributaria reclamó una deuda de 103.000 euros correspondiente a la empresa, además de una sanción de 105.000 euros. Tras el fallecimiento del directivo, Hacienda trasladó al heredero únicamente la deuda tributaria, mientras que la sanción quedó extinguida, tal y como establece la Ley General Tributaria. El TEAC recuerda que el artículo 39 de dicha ley dispone que las sanciones tributarias no pueden transmitirse a los herederos. La norma añade, sin embargo, que las deudas sí pueden heredarse si el acuerdo de derivación de responsabilidad fue notificado antes del fallecimiento del obligado tributario. No obstante, el órgano destaca que el Tribunal Supremo, en una sentencia del 20 de mayo de 2025, consideró que la responsabilidad subsidiaria aplicada a administradores de empresas tiene carácter sancionador. Ese criterio fue posteriormente reafirmado por el alto tribunal en otra resolución dictada el 1 de julio de 2025. A partir de esta interpretación, el TEAC concluye que la deuda derivada a un administrador también debe considerarse de naturaleza sancionadora y, por tanto, no puede transmitirse a los sucesores. El tribunal reconoce que, conforme al artículo 39 de la Ley General Tributaria, la deuda podría haberse trasladado al heredero si la notificación se produjo antes del fallecimiento. Sin embargo, entiende que la calificación sancionadora fijada por el Supremo impide finalmente esa transmisión. La resolución concluye que ni las sanciones impuestas directamente al responsable ni las liquidaciones incluidas dentro de un acuerdo de responsabilidad tributaria pueden exigirse a herederos o legatarios de una persona física, independientemente de si la notificación se realizó antes o después del fallecimiento del responsable.

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(La Vanguardia, 03-06-2026) | Fiscal

El Gobierno aprueba unas entregas a cuenta récord de 157.000 millones para las autonomías

El Gobierno ha respondido a las reclamaciones planteadas por varias comunidades autónomas y ha aprobado este martes, en el Consejo de Ministros, un real decreto ley que incorpora las entregas a cuenta correspondientes a 2026, con el objetivo de garantizar la financiación de los servicios públicos en los distintos territorios. Las comunidades autónomas y las entidades locales recibirán un total de 157.731 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al año anterior. El ministro de Hacienda, Arcadi España, subrayó que se trata de la mayor cantidad transferida hasta ahora y pidió el respaldo de las autonomías a la medida. Esta es, en realidad, el tercer intento del Ejecutivo por actualizar los pagos del sistema de financiación tras dos episodios fallidos, dado el rechazo de la mayoría del Parlamento a los reales decretos-ley ómnibus en los que se incluyeron inicialmente, en diciembre y febrero. El ministro explicó además que, sumando la liquidación correspondiente a 2024, los recursos que las comunidades recibirán este año a través del sistema de financiación alcanzarán los 170.300 millones de euros, un 7,7% más que en el ejercicio previo. El decreto introduce también una medida excepcional dirigida a los ayuntamientos. Aquellos municipios que quieran destinar su superávit presupuestario a políticas de vivienda podrán emplear esos remanentes no solo durante 2025, sino también en los cuatro años posteriores, hasta 2029. Los ayuntamientos y entes locales de España recibirán este año entregas a cuenta por valor de 29.247 millones de euros, un monto que supone un incremento del 8,8% respecto a los fondos repartidos entre los municipios el año pasado. En paralelo, el Gobierno autoriza a los ayuntamientos con superávit en 2025 a reinvertir sus remanentes en determinadas inversiones consideradas sostenibles. La iniciativa supone el desbloqueo de 3.168 millones en recursos adicionales que los municipios van a poder movilizar. La iniciativa llega después de que el Ejecutivo aprobara en junio de 2025 una asignación récord para las autonomías, cifrada en 147.412 millones de euros, un 9,5% superior a la de 2024. En las últimas semanas, varios consejeros autonómicos remitieron una carta al Ministerio de Hacienda manifestando su preocupación por la falta de actualización de estos fondos, una situación que, según advertían, estaba generando dificultades financieras en sus territorios. Estas entregas constituyen además un anticipo del futuro modelo de financiación autonómica en el que trabaja el Ministerio de Hacienda, que prevé abrir una nueva ronda de reuniones bilaterales con las comunidades del régimen común para abordar la reforma del sistema. Precisamente este lunes, el departamento dirigido por Arcadi España comunicó el envío de cartas a las autonomías con el objetivo de fijar encuentros y avanzar en esas negociaciones.

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(Expansión, 02-06-2026) | Fiscal

La factura fiscal de luz y gas aumenta este mes en 300 millones al concluir las ayudas por la guerra

La carga fiscal sobre la electricidad y el gas natural aumentó de forma repentina ayer en torno a 300 millones de euros. Esa es la estimación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre los ingresos extra que obtendrá Hacienda este mes tras la desaparición de parte de las rebajas fiscales aplicadas a la energía, medidas que el Gobierno había puesto en marcha para amortiguar las consecuencias de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. A pesar de las peticiones de sindicatos, oposición e incluso del socio minoritario del Ejecutivo, el Gobierno no ha frenado por ahora la retirada automática de parte de estas ayudas, que estaban condicionadas a la evolución de la inflación. Las rebajas vinculadas a los carburantes, no obstante, seguirán vigentes hasta finales de junio. El Real Decreto-ley aprobado el pasado 20 de marzo para responder al impacto económico del conflicto en Oriente Próximo movilizaba cerca de 5.000 millones de euros y fue ratificado por el Parlamento una semana más tarde. El plan contemplaba unos 3.000 millones en ayudas directas para los sectores más afectados y más de 2.000 millones en rebajas fiscales para los consumidores, inicialmente previstas hasta el 30 de junio. Solo durante los últimos diez días de marzo, la Agencia Tributaria calculó que estas medidas redujeron la recaudación en 115 millones de euros. Sin embargo, el decreto incluía una cláusula que supeditaba la continuidad de las rebajas fiscales a la evolución de los precios. Si en abril la inflación interanual de la electricidad, el gas o los carburantes se situaba por debajo del 15%, las ayudas fiscales desaparecerían automáticamente. El efecto del propio paquete de medidas y la menor dependencia energética de España respecto a Oriente Próximo contribuyeron a abaratar el gas un 9,6% y la electricidad un 4,3% en ese periodo. Como consecuencia, desde ayer 1 de junio se han revertido de forma automática las rebajas fiscales sobre la energía. El IVA aplicado a la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña pasa del 10% reducido al tipo general del 21%. También vuelve a su nivel habitual el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que deja atrás el tipo reducido del 0,5% para regresar al 5,11%. Desde Endesa advierten de que muchos hogares empezarán a notar el incremento en sus próximas facturas, especialmente aquellos que utilizan tanto electricidad como gas. Según sus cálculos, el aumento podría situarse entre 10 y 20 euros mensuales para una vivienda media, dependiendo del consumo y de la tarifa contratada. En un hogar con un gasto reducido de unos 40 euros al mes en electricidad antes de impuestos, el encarecimiento rondará los 7 euros mensuales; en uno con consumo medio y una factura de 70 euros, el aumento será de unos 12 euros; y en hogares o negocios con facturas de alrededor de 120 euros, el sobrecoste se acercará a los 20 euros al mes. La compañía considera que los consumidores con un mayor uso energético percibirán más claramente el impacto a partir del verano. Mientras tanto, las medidas destinadas a contener el precio de los carburantes seguirán activas durante junio, ya que los precios continúan elevados. Entre ellas figura la reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos hasta los mínimos permitidos por la Unión Europea -4,9 céntimos por litro en el gasóleo y 14,5 céntimos en la gasolina sin plomo-, con un coste estimado de 660 millones de euros, según Airef. También continúa vigente la rebaja del IVA de los combustibles del 21% al 10%, una medida cuestionada por la Comisión Europea y valorada en unos 750 millones. Además, se mantiene la devolución parcial de 20 céntimos por litro para el gasóleo profesional, cuyo coste supera los 1.000 millones de euros. Desde el Ministerio de Economía señalaron ayer que el Gobierno sigue evaluando el impacto económico y social de la guerra en Irán y analiza junto a agentes sociales y sectores afectados la eficacia de las medidas adoptadas, con el objetivo de decidir si continúan o se modifican más allá del 30 de junio, fecha en la que expira el resto del paquete actualmente en vigor. El departamento encabezado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, defiende que estas medidas están sirviendo para preservar el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas. La pasada semana, el ministro presidió una primera reunión con patronal y sindicatos para analizar posibles actuaciones de cara a afrontar un verano marcado por la incertidumbre energética. Según Economía, en las próximas semanas se celebrarán nuevos encuentros con los distintos sectores para estudiar la evolución de la situación y determinar qué nuevas ayudas podrían ser necesarias cuando finalicen las actuales.

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(Expansión, 02-06-2026) | Fiscal

Hacienda recauda un 24% más por la Renta en los dos primeros meses de campaña

Hasta el 1 de junio, más de 3,2 millones de contribuyentes con declaraciones de la Renta a pagar habían ingresado ya más de 5.700 millones de euros en las arcas públicas durante los dos primeros meses de la campaña de 2025, iniciada el pasado 8 de abril. La recaudación obtenida hasta ahora supera en un 23,8% la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior. Aun así, el incremento todavía queda por debajo de las previsiones de la Agencia Tributaria, que espera elevar en esta campaña los ingresos netos por IRPF en torno a un 60%, lo que supondría unos 11.000 millones adicionales. La mayor parte de ese crecimiento previsiblemente llegará a lo largo de junio, ya que muchos contribuyentes con resultado a ingresar suelen esperar hasta las últimas semanas para presentar su declaración. En total, 16,8 millones de personas ya habían formalizado su declaración correspondiente a los ingresos obtenidos el año pasado, lo que representa un aumento del 5,4% respecto al cierre de mayo de 2025. De ellas, 3,2 millones presentaron declaraciones con resultado a pagar, un 7,83% más que el año anterior, mientras que 10,9 millones solicitaron devoluciones, con un crecimiento del 3,8%. La Agencia Tributaria ya ha efectuado 8,2 millones de devoluciones, lo que equivale al 75,5% de las solicitudes presentadas y al 61% del importe total reclamado por los contribuyentes. En paralelo, Hacienda ha comenzado a remitir avisos a ciudadanos en cuyas declaraciones detecta posibles errores o discrepancias para que puedan corregirlos antes de que finalice el periodo voluntario de presentación. Según fuentes de la Agencia Tributaria, ya se han enviado unas 50.000 notificaciones de un total previsto de 130.000 antes del cierre de campaña, fijado para el 30 de junio. El objetivo, según explica el organismo, es fomentar el cumplimiento voluntario y evitar fallos u omisiones que posteriormente puedan derivar en comprobaciones o regularizaciones fiscales. La recepción de estas comunicaciones no obliga a modificar la declaración presentada, ya que tienen carácter meramente informativo. Sin embargo, en los últimos años algunos sectores han criticado esta práctica al considerar que transmite a los contribuyentes la posibilidad de futuras inspecciones si no rectifican los datos inicialmente declarados. En la campaña pasada, unas 45.000 declaraciones fueron corregidas durante el periodo voluntario tras el envío de estas advertencias, lo que representó más de un tercio de las cartas remitidas entre mayo y junio. Entre los colectivos sometidos a una vigilancia especial este año figuran los trabajadores autónomos. Los profesionales por cuenta propia deberán reflejar por primera vez en la declaración de la Renta el resultado de la regularización de cuotas correspondiente a 2023, tras la implantación del nuevo sistema de cotización basado en ingresos reales. De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, alrededor de 1,2 millones de autónomos tendrán que ajustar la deducción aplicada por sus cotizaciones. Aproximadamente 460.000 deberán incorporar devoluciones de cuotas, aumentando así su base imponible, mientras que cerca de 800.000 podrán incrementar la deducción por las cantidades abonadas, reduciendo su base imponible y, en algunos casos, accediendo a un tramo inferior de tributación efectiva en el IRPF.

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(El País, 02-06-2026) | Fiscal

Hacienda arranca la negociación con las CCAA sobre la reforma de financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda ha dado este lunes un nuevo paso en la reforma del sistema de financiación autonómica con la intención de que el proyecto llegue al Congreso después del verano y pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero. El departamento que dirige Arcadi Espada ha enviado una carta a todas las comunidades autónomas de régimen común y a las ciudades autónomas para proponer reuniones inmediatas que permitan cerrar los últimos aspectos pendientes de la negociación. La iniciativa llega después de que el Gobierno presentara en enero una propuesta global que supondría aportar 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades, además de aumentar su participación en los grandes impuestos estatales hasta el 55% del IRPF y el 56% del IVA. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que el secretario de Estado, Jesús Gascón, será el encargado de mantener encuentros bilaterales con las distintas autonomías. Las reuniones podrán celebrarse tanto de manera presencial como telemática, dependiendo de las preferencias de cada administración regional. El Gobierno mantiene además la intención de convocar próximamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un paso considerado imprescindible antes de que el Consejo de Ministros pueda aprobar formalmente la reforma del modelo. La propuesta del Ejecutivo parte de un nuevo cálculo de la llamada población ajustada, el criterio utilizado para distribuir los recursos entre territorios teniendo en cuenta el coste real de prestar servicios públicos. El sistema incorpora variables como la dispersión geográfica, la insularidad o el envejecimiento de la población, factores que elevan el gasto de algunas comunidades. La ministra María Jesús Montero ya defendió en enero que intentó consensuar este modelo con las autonomías, aunque las posiciones quedaron divididas en función de los intereses de cada territorio. El nuevo esquema diseñado por Hacienda concede un peso del 30% a la población empadronada. La denominada población protegida equivalente, vinculada principalmente al gasto sanitario y calculada según los distintos tramos de edad, representa el 38% del modelo. La financiación de la educación primaria, secundaria y de los alumnos desplazados suma un 20,5%, mientras que los servicios sociales destinados a mayores de 65 años y desempleados sin prestación concentran un 8,5%. A estos criterios se añaden otros vinculados a las características territoriales: la superficie tiene un peso del 1,6%; la dispersión de la población, un 0,5%; la insularidad, otro 0,5%; y los costes fijos, un 0,4%. Aunque el núcleo del sistema sigue girando alrededor de los costes sanitarios, educativos y sociales, Hacienda sostiene que el modelo favorece especialmente a las regiones afectadas por la despoblación. Pese a ello, la propuesta ha generado dudas desde su nacimiento, especialmente entre las comunidades gobernadas por el PP y diversos expertos económicos. Uno de los más críticos ha sido Ángel de la Fuente, quien recientemente reconoció que el planteamiento del Gobierno incluye elementos positivos, aunque considera necesario seguir negociando para despejar las incógnitas sobre un posible modelo singular para Cataluña, uno de los puntos de mayor conflicto entre las distintas autonomías.

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(El Economista, 02-06-2026) | Fiscal

La deducción del 20% por elevar fondos propios, principal beneficio para las pymes en el impuesto de Sociedades

El Ministerio de Hacienda ha aprobado el nuevo modelo de declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a 2025, cuya campaña comenzará el próximo 1 de julio. Entre las principales novedades destaca el aumento del incentivo fiscal para las pymes por el refuerzo de fondos propios, que pasa del 15% al 20%. Las empresas que durante el ejercicio anterior hayan destinado beneficios a incrementar sus recursos propios podrán aplicar una deducción del 20% sobre las cantidades reservadas, siempre que la reducción no supere el 20% de la base imponible. En el caso de las micropymes -aquellas con una facturación inferior al millón de euros- el límite se eleva al 25%. Para acceder a este beneficio, será necesario mantener esas reservas durante un periodo mínimo de tres años. Además, la deducción podrá incrementarse si la empresa aumenta su plantilla y mantiene ese crecimiento durante el mismo plazo. En función del incremento del empleo, la deducción puede elevarse al 23% si el aumento de trabajadores se sitúa entre el 2% y el 5%; al 26,5% si está entre el 5% y el 10%; y hasta el 30% si supera ese último umbral. Según explica el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales-Consejo General de Economistas (REAF-CGE), Rubén Gimeno, el objetivo de esta medida es fomentar la autofinanciación empresarial, incentivando que las compañías no distribuyan beneficios y refuercen su capitalización. En su opinión, se trata del principal incentivo fiscal disponible actualmente para las pymes. En paralelo, se introduce una reducción progresiva de los tipos impositivos. Las micropymes tributarán los primeros 50.000 euros al 21% y el exceso al 22%. En 2026, estos tipos bajarán al 19% y al 21%, respectivamente, y en 2027 al 17% y al 20%. Las pymes, por su parte, verán reducido su tipo general por primera vez al 24%, frente al 25% actual. Esta rebaja continuará de forma gradual hasta situarse en el 23% en 2026, el 22% en 2027, el 21% en 2028 y el 20% en 2029. En cuanto a la compensación de bases negativas, los grupos fiscales aplicarán por última vez en 2025 el límite del 50% para deducir pérdidas de sus filiales, salvo que el Gobierno prorrogue la medida. De forma estructural, las grandes empresas seguirán sujetas a restricciones: aquellas con ingresos entre 20 y 60 millones podrán compensar solo el 50% de sus pérdidas, y las que superen los 60 millones, el 25%. Otra novedad es la prórroga de la libertad de amortización para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructuras de recarga, siempre que las inversiones se realicen entre 2024 y 2026. Las grandes compañías y grupos multinacionales con ingresos superiores a 750 millones deberán declarar por primera vez el impuesto mínimo global, que establece un tipo efectivo mínimo del 15% tanto para matrices como para filiales en el extranjero. Hacienda estima una recaudación de unos 1.700 millones de euros anuales por esta figura. También se actualiza la clasificación de actividades económicas, incorporando nuevas categorías vinculadas a la digitalización y la transición tecnológica, como servicios en la nube, comercio electrónico especializado, plataformas digitales, gestión de datos o energías renovables. Asimismo, se refuerza el control sobre las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), que deberán informar obligatoriamente de sus socios, un requisito que hasta ahora era voluntario. El objetivo es mejorar la supervisión de las deducciones aplicadas, especialmente en proyectos de I+D+i, donde Hacienda ha detectado posibles abusos en la declaración de gastos. Por último, se mantienen las deducciones para empresas de nueva creación, que podrán aplicar un tipo reducido del 15% durante el primer año con beneficios y el siguiente. Las startups con menos de cinco años de antigüedad -o siete en sectores como energía, industria o biotecnología- también podrán beneficiarse de este tipo reducido en el primer ejercicio rentable y los tres siguientes. Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro seguirán permitiendo deducciones de hasta el 40% del importe aportado, con un límite del 15% de la base imponible, que se eleva al 45% en caso de aportaciones recurrentes.

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(El Confidencial, 02-06-2026) | Fiscal

Eurostat mejora la métrica del peso del IRPF en el salario y España supera la media de la UE

Desde 2021, los salarios en España han perdido capacidad adquisitiva por una doble razón. Por un lado, las subidas salariales nominales aprobadas en un contexto de fuerte inflación acumulada -cercana al 25%- no han sido suficientes para generar mejoras reales en los ingresos. Por otro, la falta de actualización de los tramos del IRPF conforme al aumento de los precios ha provocado un incremento de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo. Como consecuencia, los trabajadores han visto reducido su poder de compra en términos netos y descontando el efecto de la inflación. Este análisis ha sido respaldado por organismos como la AIReF, la OCDE, el Banco de España y el Banco Central Europeo. Aunque la situación también se ha producido en otros países europeos, en muchos casos el impacto ha sido menor gracias a mayores aumentos salariales reales o a mecanismos de ajuste fiscal que evitan parcialmente el fenómeno conocido como "progresividad en frío", por el cual las subidas salariales destinadas a compensar la inflación terminan desplazando a los trabajadores hacia tramos impositivos superiores. En este contexto, España ha escalado posiciones en los rankings internacionales sobre presión fiscal sobre los salarios. Tanto la OCDE como Eurostat reflejan un incremento de la carga impositiva sobre las rentas del trabajo, aunque utilizando metodologías diferentes. Mientras la OCDE sitúa ya a España prácticamente al nivel de los países de su entorno, Eurostat concluye que la presión fiscal española supera incluso la media comunitaria en más de un punto. La diferencia entre ambas estadísticas se debe principalmente a un cambio metodológico introducido por Eurostat en 2024. Hasta entonces, los cálculos comunitarios utilizaban como referencia los datos de la OCDE, basados en salarios ajustados a equivalencia de jornada completa. El nuevo sistema europeo, apoyado en los datos de Euromod -un modelo desarrollado por el centro de investigación de la Comisión Europea-, utiliza salarios medios reales sin ese ajuste, incorporando el peso efectivo del empleo a tiempo parcial y completo existente en cada país. Según la metodología tradicional de la OCDE, un trabajador soltero y sin hijos que percibió el salario medio en España durante 2025 soportó una carga de IRPF del 17,1%, 1,1 puntos más que el año anterior y prácticamente igual a la media europea de los países analizados por la organización, situada en el 17,2%. Con este nivel, España se equipara prácticamente a Alemania y supera a Francia. En gran medida, esta convergencia responde a decisiones fiscales adoptadas por distintos gobiernos. Mientras países como Alemania han aprobado medidas para corregir parcialmente la progresividad en frío, España mantiene sin actualizar la tarifa estatal del IRPF desde 2015. Además, al menos una docena de países de la Unión Europea cuentan con mecanismos automáticos o parciales de adaptación de los tramos impositivos a la inflación, con el objetivo de evitar que las subidas salariales destinadas a compensar la pérdida de poder adquisitivo terminen generando una mayor carga tributaria. Entre los países que aplican sistemas automáticos de actualización figuran Países Bajos, Francia, Dinamarca, Bélgica, Suecia, Finlandia, Noruega y Lituania, mientras que Austria y Alemania disponen de fórmulas discrecionales para corregir este efecto. El nuevo método de Eurostat introduce diferencias relevantes especialmente en economías con un elevado peso del empleo parcial, como Alemania o Países Bajos, donde los salarios medios sujetos a tributación son menores. En el caso español, el impacto metodológico es más reducido. Aun así, los datos sitúan a España por encima de la media comunitaria tanto en 2024 como en 2025. De acuerdo con Eurostat, un trabajador medio del sector privado, soltero y sin hijos, que percibió el salario medio en 2025 soportó un tipo efectivo de IRPF del 15,8%, frente al 14,6% de media en la Unión Europea. Este dato coincide además con las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda, precisamente porque ambos utilizan salarios medios reales y no corregidos por equivalencias de jornada completa.

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(Expansión, 01-06-2026) | Fiscal

Hoy decaen las rebajas fiscales temporales a la luz y el gas por la guerra de Irán

Las rebajas fiscales aplicadas por el Gobierno a la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña para contener el impacto de la guerra de Irán sobre los precios dejan de estar vigentes desde hoy, coincidiendo con el inicio de junio y pocos días después de conocerse la moderación de la inflación en abril. El Ejecutivo considera que esta evolución demuestra la eficacia de las medidas adoptadas, ya que calcula que, sin el plan de respuesta puesto en marcha, la inflación habría alcanzado el 4,2% en abril, un punto más de lo registrado finalmente. Desde el Gobierno destacan que el paquete de ayudas ha servido para amortiguar las consecuencias del encarecimiento energético y proteger el poder adquisitivo de las familias en un contexto marcado por fuertes subidas de precios, especialmente en la energía y en materias primas esenciales para la producción alimentaria que atraviesan el estrecho de Ormuz, todavía afectado por las tensiones derivadas del conflicto bélico iniciado a finales de febrero. Con la finalización de estas medidas, el Impuesto Especial sobre la Electricidad vuelve desde hoy al 5,11%, después de haberse reducido temporalmente al 0,5%. Asimismo, el IVA aplicado a la luz, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña regresa al tipo general del 21%, tras haberse rebajado al 10% desde el pasado 20 de marzo. La retirada de estas rebajas estaba contemplada en la cláusula de desactivación incluida en el plan gubernamental. Dicha cláusula establecía que las medidas dejarían de aplicarse si en abril la inflación de los carburantes, la electricidad y el gas descendía por debajo del 15%. Esta condición se ha cumplido en el caso de la electricidad, cuyos precios bajaron un 4,3% en abril, y del gas natural, que registró una caída del 9,6%. Según el Ministerio de Economía, dirigido por el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, estos datos evidencian la capacidad del sistema energético español para resistir perturbaciones externas gracias al peso de las energías renovables, consideradas por el Ejecutivo como un "escudo" frente a los efectos económicos de la guerra. Pese a la retirada gradual de parte del paquete de ayudas, el Gobierno no descarta recuperar estas rebajas fiscales o aprobar nuevas medidas si la situación lo requiere. En este contexto, los sindicatos reclamaron la pasada semana revisar el salario mínimo interprofesional cada seis meses para adaptarlo con mayor rapidez a la evolución de los precios, además de impulsar nuevas ayudas, como un pago extraordinario de 300 euros para personas con rentas bajas. Todo ello ocurre en un escenario en el que algunas previsiones, entre ellas las de Funcas, alertan de que la inflación podría volver a acercarse al 4% durante el verano una vez desaparezcan por completo las medidas de apoyo. En cuanto a los carburantes, el Ejecutivo mantiene de momento las ayudas fiscales vigentes. Estas continuarán al menos hasta el 30 de junio, después de que en abril los precios de los combustibles siguieran situándose más de 15 puntos por encima del IPC. El pasado viernes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio a conocer un informe sobre el efecto de estas rebajas fiscales en los carburantes. El organismo concluye que las ayudas se han trasladado de manera generalizada a los precios finales. Según sus cálculos, el margen bruto se redujo en 0,83 céntimos por litro en la gasolina 95 y en 4,4 céntimos por litro en el diésel. La CNMC añade que únicamente se han detectado comportamientos potencialmente irregulares en alrededor de medio centenar de estaciones de servicio de las más de 10.500 analizadas, al haberse incrementado sus márgenes tras la entrada en vigor de las rebajas fiscales.

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