News

(Expansión, 20-05-2026) | Fiscal

Hacienda estrecha el control sobre el Bizum tras llegar a los comercios físicos

La puesta en marcha esta semana de Bizum Pay para realizar pagos en comercios físicos coincide con un endurecimiento de los controles fiscales sobre las operaciones electrónicas, después de que Hacienda eliminara el límite mínimo que obligaba a los bancos a informar sobre determinados movimientos empresariales. Desde comienzos de esta semana, Bizum ha empezado a activar su sistema de pagos presenciales mediante móvil, permitiendo a los usuarios pagar en establecimientos acercando el teléfono al terminal de cobro, de forma similar a los pagos contactless con tarjeta bancaria. Con esta novedad, Bizum se convierte en la primera plataforma europea de este tipo que ofrece este servicio a sus más de 31 millones de usuarios. Sin embargo, la expansión de esta herramienta podría incrementar la exposición de autónomos y empresas comerciales a posibles inspecciones tributarias, ya que desde el pasado 1 de enero la Agencia Tributaria tiene acceso a un mayor volumen de información sobre los cobros recibidos por estos contribuyentes. Dentro del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2026, Hacienda ha reforzado especialmente el seguimiento de las operaciones bancarias. Entre sus objetivos figura obtener información mensual sobre la titularidad de cuentas y sobre los ingresos obtenidos por empresarios y profesionales a través de terminales de pago y sistemas vinculados a números de teléfono móvil, después de haberse eliminado el umbral de 3.000 euros que obligaba a las entidades financieras a comunicar esos movimientos. Los expertos fiscales consultados consideran que estas nuevas obligaciones informativas, introducidas en el marco de la directiva europea DAC 8, proporcionarán más herramientas a la Inspección de Hacienda para detectar posibles fraudes tributarios. A su juicio, el acceso a un mayor volumen de datos permitirá aumentar las comprobaciones sobre empresas, autónomos y particulares. Además, prevén que este control pueda intensificarse en los próximos meses a medida que los pagos con Bizum en tiendas físicas se extiendan entre las distintas entidades bancarias. Según explica César García Novoa, coordinador del grupo de expertos en Derechos y Garantías del Contribuyente y Práctica Tributaria de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), la Administración tributaria centrará cada vez más su atención en los movimientos bancarios asociados a pagos electrónicos. Ante este escenario, y teniendo en cuenta el crecimiento constante de las operaciones realizadas mediante Bizum -que el pasado año alcanzaron los 58 millones de transacciones por un importe de 3.107 millones de euros-, los asesores fiscales recomiendan a profesionales y empresarios separar claramente las cuentas personales de las destinadas a la actividad económica. El objetivo es diferenciar con claridad qué transferencias corresponden a operaciones comerciales y cuáles pertenecen al ámbito privado. La creciente capacidad de control también ha reabierto el debate sobre la privacidad y la protección de datos de los contribuyentes. Algunos expertos advierten de que el acceso generalizado a la información sobre pagos puede afectar de forma significativa a la intimidad financiera de los ciudadanos, al permitir a la Administración conocer con detalle parte de sus hábitos y movimientos económicos.

READ MORE

(Expansión, 20-05-2026) | Fiscal

Los empresarios con clientes extranjeros también deberán usar Verifactu

La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado que la obligación de utilizar el sistema Verifactu depende del lugar de residencia fiscal de quien emite la factura y no del país en el que se encuentre el cliente. A medida que se acerca la entrada en vigor definitiva del sistema de verificación de facturas impulsado por la Agencia Tributaria, Hacienda continúa resolviendo dudas planteadas por empresarios y profesionales sobre la aplicación de la normativa. En una reciente consulta vinculante, la DGT ha precisado que los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas y utilicen sistemas informáticos de facturación estarán obligados a cumplir con el reglamento Verifactu aunque sus clientes estén ubicados fuera de España. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda sostiene que la normativa afecta a todas las facturas emitidas mediante un sistema informático de facturación, con independencia del país del destinatario. De este modo, únicamente quedarían al margen de esta obligación quienes continúen realizando facturas manuales o manuscritas. En cambio, aquellos que empleen un software de facturación deberán aplicar Verifactu a la totalidad de sus documentos emitidos. La implantación definitiva del sistema se aproxima después de que el Gobierno aprobara el pasado diciembre una prórroga extraordinaria de un año para adaptar los programas de facturación a las exigencias de la Ley Antifraude. Según el nuevo calendario, las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán disponer de un software actualizado antes del 1 de enero de 2027. En el caso de los autónomos persona física, el plazo finalizará el 1 de julio de ese mismo año. Con esta ampliación de fechas, Hacienda ha buscado coordinar la entrada en vigor de las obligaciones derivadas de la Ley Antifraude con el despliegue progresivo de la factura electrónica obligatoria contemplada en la Ley Crea y Crece. Esta última está prevista para octubre de 2027 en las empresas con una facturación superior a ocho millones de euros anuales, mientras que para el resto podría retrasarse hasta octubre de 2028.

READ MORE

(Expansión, 20-05-2026) | Fiscal

La fiscalidad de la vivienda representa hasta una cuarta parte del coste total de un inmueble

En un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las mayores inquietudes de los ciudadanos, el foco del debate suele ponerse en la escasez de suelo o en el encarecimiento de los precios. Sin embargo, existe otro factor con un peso determinante que a menudo pasa desapercibido: la carga fiscal. Según el informe La fiscalidad de la vivienda en España: una propuesta de mejora, elaborado por el IEE, los impuestos pueden llegar a representar hasta una cuarta parte del coste total de un inmueble y sitúan a España entre los países con mayor presión tributaria sobre la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler. El estudio señala que el tipo marginal efectivo aplicado a la vivienda en propiedad alcanza el 30,3% en España, muy por encima de la media de la OCDE, situada en el 9,7%, y de la Unión Europea, donde apenas llega al 6,5%. Esto implica que los propietarios e inversores españoles destinan proporcionalmente muchos más recursos al pago de impuestos que la mayoría de sus vecinos europeos. La situación es aún más exigente en el mercado del alquiler. El informe cifra en un 44% el tipo marginal efectivo sobre la vivienda arrendada, frente al 32% de promedio en la OCDE. El IEE considera que esta elevada fiscalidad, unida a la regulación introducida por la Ley de Vivienda de 2023 y a los controles de precios en las zonas tensionadas, está desincentivando la oferta de alquiler. Según el organismo, muchos propietarios optan por retirar sus inmuebles del mercado ante el aumento de costes y la inseguridad jurídica. Para quienes adquieren una vivienda protegida, el peso de los impuestos se refleja claramente en el precio final. Datos de ASPRIMA indican que aproximadamente el 25% del importe total de una vivienda corresponde a tributos como el IVA, el Impuesto de Sociedades, el ITP o el AJD. En otras palabras, de cada 100.000 euros invertidos, unos 25.000 terminan en las arcas públicas. El informe también destaca el caso del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), donde España figura entre los países con mayores gravámenes de la OCDE, solo por detrás de Bélgica y Reino Unido. A ello se suma que España sigue siendo uno de los pocos países europeos que mantiene el Impuesto sobre el Patrimonio y presenta además uno de los tipos máximos más elevados en el Impuesto sobre Sucesiones, con una tasa que puede alcanzar el 87,6%. El análisis territorial refleja además profundas diferencias entre comunidades autónomas. El nuevo Índice de Competitividad Fiscal Inmobiliaria del IEE sitúa a la Comunidad de Madrid a la cabeza, con una puntuación de 9,5, seguida por La Rioja, con 9,2. Ambas regiones han apostado por una política de menor presión fiscal para estimular la actividad inmobiliaria. Madrid, por ejemplo, mantiene el tipo mínimo estatal del 6% en el ITP, frente al 10% u 11% aplicado en autonomías como Cataluña, Comunidad Valenciana o Extremadura. Las diferencias también son notables en la recaudación media por operación de ITP. Mientras la media nacional ronda los 14.548 euros, en Baleares la cifra supera los 44.000 euros por vivienda debido al elevado precio de los inmuebles y a tipos impositivos que llegan al 13%. En el extremo contrario se encuentran Murcia y La Rioja, con costes medios notablemente inferiores. El estudio presta igualmente atención al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Castilla-La Mancha encabeza la clasificación de presión fiscal tomando como referencia la media nacional, seguida por Extremadura. Por el contrario, País Vasco y Baleares figuran entre las regiones con menor carga relativa en este tributo. También existen grandes diferencias en la plusvalía municipal. Ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia aplican el tipo máximo permitido del 30%, mientras que en algunas comunidades, como Castilla y León, el promedio apenas supera el 2%, lo que evidencia el amplio margen de actuación de los ayuntamientos en materia fiscal. Ante este escenario, el IEE propone fijar límites estatales a los tipos máximos del ITP y del AJD para evitar grandes diferencias entre territorios. El informe sostiene además que una menor fiscalidad no tiene por qué traducirse en menos ingresos públicos. Como ejemplo, señala que Madrid, pese a aplicar un tipo reducido del 6% en el ITP, logra una recaudación por habitante similar a la de Cataluña, donde el gravamen alcanza el 11%, gracias a un mayor volumen de operaciones inmobiliarias.

READ MORE

(El Economista, 20-05-2026) | Fiscal

La Audiencia ve pacto en los despidos de mayores de 50 años si la indemnización se ajusta hasta la jubilación

La Audiencia Nacional ha respaldado la postura de Hacienda en su disputa sobre los despidos de trabajadores mayores de 50 años, al considerar que estas salidas deben entenderse como acuerdos cuando los empleados aceptan indemnizaciones inferiores a las que les corresponderían legalmente, calculadas en función del tiempo restante hasta la jubilación. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha intensificado el control sobre este tipo de desvinculaciones laborales para determinar si se trata realmente de despidos decididos de forma unilateral por la empresa -en cuyo caso la indemnización estaría exenta de IRPF hasta un máximo de 180.000 euros- o si, por el contrario, son pactos entre ambas partes. En este segundo escenario, las compensaciones percibidas se consideran rendimientos sujetos a tributación en el Impuesto sobre la Renta. La sentencia, fechada el 4 de marzo, analiza las pruebas aportadas por Hacienda y concluye que existe una conexión clara entre los hechos acreditados y la hipótesis planteada por la inspección, lo que permite inferir que empresa y trabajadores alcanzaron un acuerdo para extinguir la relación laboral en términos favorables para ambos. El caso se remonta a una inspección abierta por la Agencia Tributaria relativa al IRPF de los ejercicios 2012 y 2013, en los que la empresa cesó a seis empleados, todos ellos mayores de 61 años. La compañía defendió que los despidos respondían a causas objetivas, derivadas de su situación económica negativa y pérdidas empresariales. Sin embargo, durante el proceso de conciliación se reconoció que se trataba de despidos improcedentes. Los trabajadores no solicitaron su reincorporación y aceptaron las indemnizaciones ofrecidas por la empresa, de cuantía inferior a la prevista para el despido improcedente, sin presentar reclamaciones posteriores. La resolución también subraya, según los argumentos de Hacienda, que las indemnizaciones no guardan relación con la antigüedad ni con el salario de los empleados. De hecho, señala que cuanto mayor era la edad del trabajador, menor resultaba el porcentaje de compensación recibido, lo que permite inferir que las cantidades estaban vinculadas al tiempo que les quedaba hasta la jubilación. El análisis de los datos sugiere, además, que la suma de indemnización, subsidio de desempleo y pensión futura habría buscado aproximarse a lo que habrían percibido si hubieran permanecido en la empresa hasta la edad de retiro. En este sentido, el fallo considera que la compensación estaría más asociada a un incentivo por la salida voluntaria que a una indemnización por despido forzoso. Tras valorar todos los indicios, la Audiencia Nacional coincide con la interpretación de la Inspección y concluye que las extinciones fueron pactadas, por lo que la empresa debe ingresar a Hacienda las retenciones correspondientes a dichas indemnizaciones. No obstante, el Tribunal Central Económico-Administrativo ya advirtió en una sentencia del 8 de octubre que no todos los ceses de trabajadores mayores de 50 años pueden presumirse como acuerdos, insistiendo en que la Administración debe aportar pruebas suficientes para acreditarlo en cada caso.

READ MORE

(El Economista, 20-05-2026) | Fiscal

El BCE avala un informe que apuesta por armonizar la fiscalidad energética para que la industria europea compita con China y EEUU

El Banco Central Europeo ha puesto sobre la mesa el debate acerca de uno de los aspectos más delicados de la política energética comunitaria: la necesidad de armonizar la fiscalidad y los cargos regulados de las redes eléctricas en toda la Unión Europea con el objetivo de reducir las diferencias de precios entre países y aliviar la carga sobre la industria. En un análisis publicado en su serie de documentos ocasionales, elaborado por Charlotte Grynberg, Francesca Vinci y Alessandro de Sanctis, se advierte de que las grandes disparidades existentes entre Estados miembros en materia de impuestos, peajes y otros costes regulados están fragmentando el mercado energético europeo y reduciendo la competitividad de las empresas frente a economías como Estados Unidos o China. El BCE, que aclara que no necesariamente comparte las conclusiones del estudio, señala que estas diferencias nacionales en la forma de calcular la fiscalidad y los cargos de red provocan importantes distorsiones en los precios finales de la electricidad y el gas para la industria. El informe recuerda que en algunos países estas cargas superan el 35% del coste de la electricidad industrial, mientras que en otros incluso existen mecanismos de compensación o esquemas que reducen el precio efectivo. El análisis sostiene que esta situación está debilitando la integración del mercado energético europeo y generando desequilibrios de competitividad dentro de la propia Unión Europea. El documento apunta que determinadas medidas podrían favorecer una fiscalidad más eficiente y homogénea, y plantea también la conveniencia de unificar los criterios de cálculo de las tarifas de acceso a las redes eléctricas. Esta propuesta tiene especial relevancia porque afecta a competencias tradicionalmente reservadas a los Estados miembros, que han mostrado históricamente una fuerte resistencia a ceder soberanía fiscal a las instituciones europeas. El informe también relaciona esta posible armonización con los objetivos de descarbonización de la economía europea. Según el BCE, el actual diseño fiscal no está plenamente alineado con la transición energética, ya que no incentiva de forma óptima la sustitución de combustibles fósiles por electricidad. En este sentido, el estudio destaca que en numerosos países europeos la electricidad y el gas soportan niveles impositivos similares, a pesar de que la estrategia comunitaria busca impulsar la electrificación como eje de la transición climática. La institución advierte además de que los costes de red aumentarán de forma significativa en los próximos años. Las inversiones necesarias para integrar energías renovables, sistemas de almacenamiento, digitalización y electrificación podrían elevar los costes para los consumidores entre un 60% y un 100%, según recoge el documento. En este contexto, el regulador europeo ACER ha planteado recientemente nuevas fórmulas para financiar este incremento. El BCE enmarca estas recomendaciones dentro del objetivo de avanzar hacia una auténtica Unión Energética Europea, con mayor coordinación en inversiones, infraestructuras, financiación y política industrial. La institución considera que la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio evidencian la vulnerabilidad del sistema energético europeo. En paralelo, el Banco Central Europeo defiende por primera vez una planificación energética más centralizada a nivel comunitario, que permita concentrar el desarrollo de energías renovables en los países con mejores recursos naturales, aunque la electricidad se consuma en otros Estados miembros. El informe señala que la fragmentación de las políticas nacionales está impidiendo aprovechar plenamente el potencial renovable de Europa y que una mayor coordinación permitiría optimizar las inversiones. Según las estimaciones recogidas, un modelo coordinado podría aumentar la producción media hasta un 42% en energía solar y hasta un 110% en energía eólica en comparación con un escenario en el que cada país actúe de forma independiente. Este enfoque supondría avanzar hacia una especialización energética dentro de la Unión Europea, en la que algunos países se consolidarían como grandes productores de energía renovable. En este contexto, España aparece como uno de los territorios con mayor potencial para beneficiarse de este modelo.

READ MORE

(El Periódico, 20-05-2026) | Fiscal

Illa y Junqueras se emplazan a lograr la recaudación del IRPF tras pactar los Presupuestos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Oriol Junqueras han rubricado este martes por la mañana el acuerdo para sacar adelante los Presupuestos de Cataluña, los primeros del actual Ejecutivo catalán. La firma se ha escenificado en el Saló Gòtic de la Generalitat, uno de los espacios más emblemáticos del Palau, tras semanas de negociación entre PSC y ERC y también con Comuns, el otro socio de investidura, que aún reclama revisar parte de los compromisos antes de dar su apoyo definitivo. Tanto Illa como Junqueras han insistido además en la necesidad de avanzar en el nuevo modelo de financiación autonómica pactado, cuya tramitación sigue pendiente en el Congreso. El acuerdo incorpora tres grandes reivindicaciones impulsadas por ERC. La primera contempla el compromiso de desarrollar una nueva línea ferroviaria orbital que conecte diversas ciudades del área metropolitana de Barcelona sin pasar por la capital catalana. Según lo pactado, esta infraestructura debería estar operativa en 2040. El segundo punto prevé destinar 500 millones de euros en cuatro años al crecimiento de la Agencia Tributaria de Cataluña, con el objetivo de reforzar su estructura y preparar el terreno para que en el futuro pueda asumir parcialmente la gestión del IRPF, una de las principales demandas republicanas durante la legislatura. Además, ERC ha conseguido que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona obtengan la mayoría en el Consorcio de la Zona Franca. La denominada línea orbital ha desplazado del centro de la negociación la cuestión de la recaudación del IRPF, que había sido hasta ahora uno de los pilares del acuerdo de investidura de Illa. Aquel pacto establecía que la Generalitat comenzaría a recaudar este impuesto en 2026, aunque posteriormente el Govern retrasó el calendario hasta 2028. Este martes, la consellera de Economía, Alícia Romero, aclaró que nunca se habló de asumir una gestión completa del tributo en esa fecha y que el plan aprobado contempla únicamente una aplicación parcial a partir de entonces. Romero justificó la dificultad del proceso recordando que la Agencia Tributaria catalana carece actualmente de recursos comparables a los de la Agencia Tributaria estatal, que dispone de unos 1.500 informáticos. ERC asume ya que este objetivo probablemente se extenderá más allá de la actual legislatura. Pese a los retrasos, los republicanos han rebajado el tono respecto a meses anteriores. En febrero llegaron incluso a forzar la retirada del primer proyecto presupuestario ante la falta de avances en materia fiscal, mientras que ahora el acuerdo se centra en tres ejes: impulsar el nuevo modelo de financiación para 2027, trabajar junto a ERC para que el Congreso apruebe la delegación de competencias sobre el IRPF y avanzar en la condonación parcial de la deuda catalana vinculada al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con efectos previstos para el próximo ejercicio. Romero aseguró que la hoja de ruta del Govern pasa por lograr esa delegación competencial cuando se tramiten en las Cortes las reformas legales necesarias para modificar el sistema de financiación. No obstante, admitió que antes será imprescindible transformar la Agencia Tributaria catalana para que pueda asumir esa función. "Si mañana nos transfirieran esas competencias, no estaríamos preparados para gestionarlas", señaló la consellera, quien destacó además la buena relación con el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. Según explicó, el Ejecutivo catalán trabaja con un horizonte de cuatro años para adaptar la estructura administrativa necesaria. La responsable de Economía agradeció a ERC su "sentido de país" y defendió que el apoyo republicano permitirá dar estabilidad al Govern y facilitar la adopción de medidas orientadas al crecimiento económico y al progreso social. También expresó su confianza en cerrar un acuerdo definitivo con Comuns. Más complicada sigue siendo la negociación con los sindicatos educativos, con los que la Generalitat volverá a reunirse este miércoles para intentar desactivar las huelgas y movilizaciones previstas. Romero recordó que los acuerdos ya alcanzados con CC OO y UGT han supuesto un coste de 700 millones de euros y reconoció que algunas reivindicaciones son "inasumibles", aunque dejó abierta la puerta a introducir nuevas mejoras. En ese sentido, recordó que el presupuesto es flexible y puede modificarse durante el ejercicio mediante fondos de contingencia o reajustes entre departamentos. El documento firmado entre Govern y ERC también incluye medidas para impulsar el uso del catalán, la creación de un fondo extraordinario de 250 millones de euros destinado a reducir el gasto sanitario desplazado, un plan de inversiones educativas dotado con 400 millones en cuatro años, programas de rehabilitación de barrios degradados y apoyo a pequeños municipios, así como la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Cataluña que permita a la Generalitat participar en la gobernanza de los aeropuertos catalanes mediante un órgano bilateral con el Estado. Para Illa, la aprobación de estos presupuestos representa uno de los hitos más importantes de la legislatura. Después de casi dos años al frente del Govern, todavía no había logrado sacar adelante unas nuevas cuentas y la Generalitat seguía funcionando con los presupuestos aprobados en 2023 durante el mandato de Pere Aragonès. El Ejecutivo catalán espera ahora que las nuevas cuentas, previstas para entrar en vigor en julio, no solo permitan afrontar el actual ejercicio, sino también garantizar estabilidad hasta el final de la legislatura en 2028.

READ MORE

(Expansión, 19-05-2026) | Fiscal

Shakira se une al selecto elenco de personalidades que derrotaron a Hacienda

La Audiencia Nacional ha reprendido a Hacienda por sancionar a la artista sin haber acreditado que residiera en España más de los 163 días constatados en 2011, cuando la normativa exige superar los 183 días para determinar la residencia fiscal. Pese al revés judicial, la Agencia Tributaria prevé llevar el caso ante el Tribunal Supremo. "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", canta Shakira en uno de sus temas más conocidos, donde también lamentaba haberse quedado "con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda". Después de ocho años de batalla judicial, la cantante colombiana ha conseguido una victoria que anula la reclamación tributaria pendiente y puede marcar un precedente relevante para otros rostros conocidos enfrentados al Fisco. La sentencia fija con claridad el umbral de los 183 días de permanencia en España dentro de un año natural para exigir la tributación como residente fiscal, lo que podría reforzar la posición de otras celebridades inmersas en disputas similares con la Agencia Tributaria. El fallo se suma a otros éxitos judiciales logrados por figuras como Ana Duato o Xabi Alonso, que combatieron las acusaciones fiscales, a diferencia de Leo Messi o Cristiano Ronaldo, que optaron por pactar. La defensa de Shakira ha estado liderada por José Luis Prada, especialista en derecho tributario y socio director de Prada Tax Advisors. El abogado, antiguo responsable de EY Abogados en Barcelona, creó recientemente su propio despacho centrado en fiscalidad patrimonial, empresarial y procesal. Entre sus clientes figuran compañías del Ibex, filiales de multinacionales, empresas familiares y grandes patrimonios. Con esta representación, la artista logró que la Audiencia Nacional anulase una reclamación de 55 millones de euros vinculada a supuestos incumplimientos fiscales de 2011, en un fallo que puede limitar la estrategia de Hacienda contra presuntos falsos residentes fiscales. Los magistrados concluyen que el Fisco no logró demostrar que Shakira viviera en España más de 163 días ese año, lejos del mínimo de 183 exigido legalmente. La resolución deja sin efecto las liquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a 2011, así como las sanciones asociadas, después de que Hacienda y el Tribunal Económico-Administrativo Central consideraran que la cantante debía tributar en España por todas sus rentas mundiales. La decisión judicial elimina además la multa por infracción muy grave, los intereses y obliga a la Administración a asumir las costas. Aunque la cuantía total en disputa rondaba los 60 millones de euros, los técnicos de Gestha estiman que la devolución efectiva sería aproximadamente la mitad, dado que Shakira no abonó la sanción mientras recurría. Los jueces sostienen que las liquidaciones y sanciones "son contrarias a Derecho" porque parten de la premisa de que la cantante tenía su domicilio fiscal en España en 2011 sin que ello haya quedado probado. La Audiencia recuerda que corresponde a Hacienda acreditar que el contribuyente permaneció más de 183 días en territorio español, tal y como establece la Ley del IRPF. Para ello, la Agencia Tributaria suele realizar investigaciones exhaustivas analizando consumos domésticos, visitas médicas, escolarización de hijos, movimientos bancarios, actividad telefónica o publicaciones en redes sociales. En el caso de Shakira, sin embargo, los inspectores no consiguieron acreditar 20 días adicionales de permanencia en España y centraron buena parte de su estrategia en cuestionar su residencia en Bahamas y la validez del certificado fiscal aportado. La Audiencia considera irrelevante que Bahamas fuera o no considerado paraíso fiscal en 2011, ya que, según el fallo, la cantante acreditó haber pasado al menos 183 días fuera de España. Tampoco quedó probado que tuviera en España el núcleo principal de sus intereses económicos. Tras conocerse la sentencia, Shakira aseguró en un comunicado que, después de más de ocho años de "señalamiento público", campañas para destruir su reputación y problemas personales derivados del proceso, la Audiencia Nacional "ha puesto las cosas en su sitio". La artista defendió que "nunca hubo fraude" y que la Administración no pudo demostrar lo contrario. No obstante, la cantante evitó mencionar que previamente aceptó una condena de tres años de prisión -que no implicó ingreso en la cárcel- y una multa de 7,3 millones de euros por fraude fiscal entre 2012 y 2014, tras reconocer que debía haber tributado en España durante esos ejercicios. Precisamente ese antecedente fue destacado ayer por la Agencia Tributaria, que ya ha pedido a la Abogacía del Estado recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, donde continuará el enfrentamiento judicial con la artista.

READ MORE

(El Economista, 19-05-2026) | Fiscal

El Supremo resolverá si la valoración que utiliza Hacienda de una vivienda para pagar impuestos puede corregirse con un informe pericial

El valor de referencia que utiliza Hacienda para calcular los impuestos en la compra o herencia de inmuebles llega al Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo deberá determinar si ese valor fijado por el Catastro, que sirve como base para liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Sucesiones y Donaciones, puede ser sustituido por el que establezca una tasación pericial individualizada de la vivienda. El alto tribunal, en un auto fechado el pasado 29 de abril, ha admitido a trámite el recurso presentado por la Hacienda canaria contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que dio la razón a un contribuyente que recurrió el valor de referencia asignado por el Catastro tras comprar un inmueble. El informe pericial aportado por el propietario, elaborado después de inspeccionar la vivienda y analizar elementos como su superficie, estado de conservación, distribución o número de habitaciones y baños, fijó el valor del inmueble en 255.000 euros. Sin embargo, la Administración sostiene que debe tributar por el valor de referencia establecido por el Catastro, situado en 302.000 euros. El Supremo considera necesario pronunciarse debido a la ausencia de doctrina sobre esta cuestión y al elevado número de contribuyentes afectados. La sentencia deberá aclarar si el valor de referencia de la Dirección General del Catastro debe prevalecer obligatoriamente como base imponible del impuesto o si puede ser cuestionado ante los tribunales mediante otras pruebas, como informes periciales independientes. La futura resolución del alto tribunal será clave para miles de personas que compran o heredan una vivienda y mantienen litigios con Hacienda por el valor fiscal asignado al inmueble. Desde el 1 de enero de 2022, las haciendas autonómicas utilizan este valor de referencia calculado por el Catastro, que se basa en los precios medios de compraventa de cada zona y en parámetros tipo de los inmuebles. Los contribuyentes pueden impugnarlo una vez abonado el impuesto correspondiente. En esos casos, Hacienda solicita al Catastro un informe vinculante que confirme o rectifique el valor inicialmente fijado y que acaba siendo el aplicado en la liquidación. Lo que ahora deberá aclarar el Supremo es si ese segundo pronunciamiento del Catastro también puede ser combatido judicialmente mediante otras pruebas. El tribunal recuerda además que el Tribunal Constitucional avaló el pasado 12 de febrero la legalidad del valor de referencia, aunque dejó claro que puede ser rebatido utilizando cualquier medio probatorio. Según recoge el Supremo, el Constitucional entiende que este sistema funciona como una presunción "iuris tantum", es decir, válida salvo que se demuestre lo contrario, permitiendo a los contribuyentes acreditar un valor diferente incluso mediante informes periciales. Ante la negativa habitual de Hacienda a aceptar valoraciones distintas a las del Catastro, el Supremo deberá definir ahora el alcance real del derecho de los ciudadanos a impugnar este indicador y si las tasaciones realizadas por expertos pueden utilizarse para desvirtuarlo ante los tribunales. Si la respuesta es afirmativa, se abriría la puerta a recurrir numerosas liquidaciones tributarias apoyándose en informes periciales individualizados.

READ MORE

(El País, 18-05-2026) | Fiscal

El Gobierno estudia nuevas medidas de apoyo por la crisis energética tras acabar con las rebajas fiscales en luz y gas

El Gobierno asume que parte del paquete de ayudas energéticas aprobado en marzo para reducir el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo comenzará a retirarse a partir del 1 de junio. No obstante, el mismo día en que confirmó oficialmente el inicio del desmantelamiento parcial de esas medidas, el Ejecutivo quiso dejar claro que seguirá interviniendo mientras continúe la crisis y garantizó que mantendrá activas las herramientas de apoyo necesarias para familias y empresas durante el tiempo que haga falta. La publicación este jueves del dato definitivo de inflación de abril por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) activa parcialmente la cláusula prevista en el decreto de ayudas y acelera la eliminación de algunas rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y al gas. Aun así, el Gobierno insistió en que la estrategia no termina aquí y avanzó que en las próximas semanas analizará el comportamiento de los precios y negociará con los agentes sociales y los sectores afectados posibles medidas adicionales más allá de junio. El Ejecutivo dispone ahora de unas seis semanas para decidir cómo actuar. El plan diseñado en marzo, valorado en alrededor de 5.000 millones de euros, incluía reducciones del IVA y de impuestos especiales sobre la electricidad, el gas y los carburantes. En principio, estas ayudas debían mantenerse entre abril y junio, aunque el decreto incorporaba una cláusula ligada a la evolución de la inflación que permitía retirarlas antes. Con el IPC confirmado en el 3,2% en abril, el escenario queda dividido: las bonificaciones sobre los carburantes seguirán vigentes, mientras que las aplicadas a la electricidad y al gas natural desaparecerán desde comienzos de junio. A pesar de ello, el Ejecutivo quiere transmitir que el fin parcial de las rebajas fiscales no implica el cierre de la respuesta pública frente a la crisis energética. Fuentes del área económica del Gobierno explican que el decreto de marzo se concibió como un primer escudo temporal y que las próximas decisiones dependerán tanto de la evolución de los precios energéticos como del contexto geopolítico internacional, marcado todavía por una gran incertidumbre. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, reforzó ese mensaje este jueves durante un acto en Málaga. "Mientras siga siendo necesario, seguiremos apoyando", afirmó ante los medios. También señaló que el Gobierno aprovechará las seis semanas que quedan hasta el vencimiento del primer decreto para analizar la situación y estudiar cómo continuar protegiendo a los hogares, empresas y sectores más afectados. Con ese propósito, el Ejecutivo abrirá en los próximos días una ronda de contactos con sindicatos, patronales y representantes de los sectores económicos más expuestos al encarecimiento energético. Las reuniones comenzarán la próxima semana. El Gobierno menciona especialmente a transportistas, agricultores y ganaderos, que todavía se benefician de ayudas directas y bonificaciones aprobadas en marzo hasta finales de junio. El objetivo será evaluar el impacto real de las medidas actuales y valorar qué mecanismos podrían seguir siendo necesarios a partir de julio, cuando expire completamente el decreto. Mientras tanto, la atención se centra en medir cómo afectará a hogares y empresas la retirada de las rebajas fiscales sobre la luz y el gas. Los expertos advierten de que la desaparición de estos descuentos podría traducirse en un encarecimiento inmediato de las facturas, aunque el efecto final dependerá también de la evolución internacional de los mercados energéticos. Rafael Salas, investigador del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), explica que las medidas adoptadas en marzo, junto al peso creciente de las energías renovables, habían logrado contener parte del incremento energético en abril y mayo. Según estimaciones elaboradas con datos del INE, las ayudas redujeron los precios un 8,4% en la electricidad, un 10% en el gas natural, un 16,3% en el gasóleo y un 19% en la gasolina. La retirada de parte de estas bonificaciones podría provocar ahora el efecto contrario. Salas calcula que la eliminación de las rebajas fiscales elevaría los precios de la electricidad cerca de un 9,9% y los del gas natural alrededor de un 11,7%, precisamente los dos suministros que dejarán de beneficiarse de las ayudas desde junio. En los carburantes, donde las bonificaciones siguen vigentes de momento, el impacto potencial sería incluso superior si finalmente también se retiraran: un 9% más en el gasóleo y un 15,1% en la gasolina. El economista precisa, en cualquier caso, que se trata de cálculos orientativos sujetos a cambios constantes según evolucione el mercado y el comportamiento de la inflación. Además de la energía, los analistas alertan de que otros componentes del IPC, como los alimentos, podrían verse afectados si el conflicto se prolonga y las tensiones sobre los fertilizantes acaban trasladándose a los precios finales. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) calcula que, en el escenario actual y suponiendo que las ayudas a los carburantes se mantengan hasta julio, la inflación en España podría superar el 4% en agosto y septiembre, con una media anual del 3,4%. En un contexto más tensionado, con el petróleo en torno a los 115 dólares por barril, el IPC superaría el 4% durante buena parte de la segunda mitad del año y la inflación media alcanzaría el 3,6% en 2026 y el 3,8% en el siguiente ejercicio. Por el contrario, en un escenario más favorable, con el crudo en 65 dólares, la inflación media bajaría al 3,1% este año y al 1,8% en 2027. Precisamente esa evolución será la que el Gobierno seguirá de cerca antes de decidir si prorroga parte de las ayudas o activa nuevas medidas desde el 1 de julio. En el Ejecutivo reconocen que el inicio de la retirada del escudo energético abre una nueva etapa en la que será clave comprobar hasta qué punto el mercado absorbe el fin de las rebajas fiscales sin generar nuevas presiones sobre consumidores y empresas. Por ello, insisten en que las próximas semanas serán determinantes para evaluar la evolución de los precios y decidir si determinados sectores continúan necesitando apoyo extraordinario.

READ MORE

(El Confidencial, 18-05-2026) | Fiscal

El Gobierno y Junts negocian bonificar a hipotecados y a caseros para salvar la prórroga de alquiler

Las conversaciones para recuperar la prórroga obligatoria de los alquileres siguen abiertas. Aunque el Congreso rechazó el pasado 28 de abril el real decreto que permitía a los inquilinos extender sus contratos de arrendamiento, el Gobierno continúa buscando fórmulas para reactivar esta medida. La clave de cualquier posible acuerdo vuelve a estar en manos de Junts, partido que ya mantuvo contactos con Sumar -principal impulsor de la iniciativa dentro del Ejecutivo- hasta el último momento antes de la votación. Sin embargo, cualquier entendimiento requiere un delicado equilibrio entre tres actores: Junts, Sumar y el PSOE, que controla el Ministerio de Vivienda encabezado por Isabel Rodríguez. Durante los últimos días, las distintas formaciones han intensificado sus mensajes públicos con el objetivo de ganar terreno en el debate sobre vivienda y reforzar sus posiciones ante la opinión pública. Aunque todavía persisten diferencias importantes, las tres partes parecen dispuestas a seguir negociando para encontrar un punto de encuentro. Cada una defiende prioridades distintas: Sumar busca recuperar la prórroga obligatoria de los contratos, una medida que permitiría a unos 2,7 millones de inquilinos mantener el mismo precio del alquiler durante tres años adicionales; Junts apuesta por introducir incentivos fiscales vinculados a las hipotecas; y el PSOE plantea premiar fiscalmente a los propietarios que congelen las rentas y penalizar en el IRPF a quienes las incrementen. Tras semanas de desencuentros, las posiciones parecen empezar a acercarse. El miércoles, en declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), la ministra Isabel Rodríguez aseguró que las propuestas fiscales defendidas por Junts pueden abrir la puerta a un acuerdo parlamentario para abaratar el acceso a la vivienda. Al día siguiente, Junts respondió mostrando disposición a negociar un nuevo decreto siempre que incluya deducciones fiscales ligadas a las hipotecas. Por su parte, Sumar también ha rebajado el tono respecto a este tipo de incentivos y, frente a su rechazo inicial a las ventajas fiscales para propietarios, ahora acepta estudiar un paquete tributario más amplio si eso permite recuperar la prórroga de alquileres. Según fuentes consultadas por El Confidencial, el Ministerio de Vivienda ya ha trasladado a Junts su disposición a explorar fórmulas de bonificación hipotecaria, aunque todavía quedan muchos detalles por concretar. A cambio, el partido catalán, de perfil tradicionalmente conservador, no tendría grandes dificultades para respaldar incentivos fiscales destinados a propietarios que renuncien a subir el alquiler. La formación liderada en el Congreso por Míriam Nogueras registró el pasado 15 de abril una proposición no de ley con medidas urgentes en materia de vivienda y beneficios fiscales ligados a la compra inmobiliaria. Ese documento es ahora la base sobre la que giran las negociaciones. Entre las medidas planteadas figura la creación de una deducción fiscal para quienes adquieran vivienda habitual, así como para los gastos derivados de hipotecas, incluyendo amortización, intereses y otros costes financieros. La propuesta también contempla viviendas destinadas posteriormente al alquiler residencial. Junts plantea una deducción del 15% sobre las cantidades abonadas durante el ejercicio fiscal, con un límite anual de 11.630 euros por contribuyente. El beneficio incluiría tanto el capital amortizado como los intereses, seguros vinculados al préstamo y otros gastos asociados a la financiación. El PSOE ya incorporó en su programa electoral de 2023 una medida similar, aunque más limitada. Los socialistas proponían una cuenta ahorro destinada a la compra de la primera vivienda, pactada con la banca, cuyas aportaciones y rendimientos quedarían exentos de tributación en el IRPF hasta ciertos límites. La idea estaba enfocada a jóvenes menores de 39 años y exclusivamente para primera vivienda, con el objetivo de evitar que este tipo de incentivos terminen alimentando una nueva subida de precios. Ahí aparece una de las principales diferencias entre ambas formaciones. Mientras el PSOE quiere restringir los beneficios fiscales para evitar efectos inflacionistas en el mercado inmobiliario, Junts defiende ampliar las deducciones a particulares con varias hipotecas o a quienes compren viviendas destinadas al alquiler. Las negociaciones deberán centrarse ahora en definir el alcance concreto de las medidas fiscales para evitar que acaben generando el efecto contrario al deseado y presionen todavía más los precios de la vivienda. Además, será necesario convencer al Ministerio de Hacienda sobre el impacto que estas rebajas tendrán en la recaudación pública. En cualquier caso, desde algunos sectores se defiende que los incentivos fiscales a propietarios pueden compensar parcialmente el aumento de ingresos que el Estado ha obtenido en los últimos años gracias al efecto de la inflación sobre la recaudación del IRPF, sin haber ajustado los tramos del impuesto al encarecimiento general de los precios.

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us

CONTACT GAF