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(La Razón, 10-04-2026) | Fiscal

La OCDE critica el abuso del Gobierno con la subida de cotizaciones y reclama eliminar "gradualmente" prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo"

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez varias recomendaciones centradas en reducir la carga fiscal sobre el trabajo, apostar por impuestos menos distorsionadores, simplificar de forma notable la burocracia y revisar progresivamente determinadas prestaciones para reforzar los incentivos al empleo. En concreto, el organismo sugiere rebajar los gravámenes laborales, al considerar que frenan la creación y búsqueda de empleo, y compensarlo con un mayor peso de figuras como el IVA -eliminando algunas exenciones- y una reorganización de los impuestos medioambientales. Estas propuestas se recogen en el informe "Fundamentos para el Crecimiento y la Competitividad", donde se analiza la situación de España y se plantean reformas para impulsar la productividad. El documento señala que, aunque la diferencia del PIB per cápita respecto a la media de la OCDE se ha reducido tras la pandemia hasta situarse en torno al 30% en 2024, sigue siendo elevada. Para acortarla, considera necesario mejorar la productividad, abordar el envejecimiento demográfico y avanzar hacia un mercado laboral más flexible, un tejido empresarial más dinámico y una mayor inversión en investigación y desarrollo. También propone reforzar la formación, especialmente para jóvenes que abandonan los estudios y adultos que necesitan mejorar sus competencias. El informe es especialmente crítico con el sistema fiscal español. Subraya que la carga impositiva sobre el trabajo es elevada, en parte por el aumento de las cotizaciones, y advierte de que algunas prestaciones sociales pueden reducir los incentivos para trabajar o buscar empleo, especialmente entre personas con bajos ingresos. Asimismo, cuestiona las exenciones y tipos reducidos del IVA, al considerar que disminuyen la base imponible y afectan a la eficiencia del sistema. Según la OCDE, el modelo tributario presenta carencias que perjudican tanto a la productividad como a la recaudación, ya que grava en exceso el trabajo y mantiene tipos efectivos elevados debido a la combinación de impuestos y retirada rápida de ayudas. Esto, a su juicio, desincentiva la actividad laboral, sobre todo en colectivos con menores ingresos o en hogares con más de un perceptor. También advierte de que el sistema favorece la financiación mediante deuda frente al capital, lo que puede frenar la inversión y la innovación. En el ámbito educativo, el organismo también muestra preocupación por las altas tasas de repetición y abandono escolar temprano, así como por el escaso peso de la Formación Profesional. Recomienda mejorar la detección temprana de estudiantes en riesgo, ofrecer itinerarios formativos más flexibles, facilitar segundas oportunidades y reforzar la formación continua de adultos. Además, señala desajustes entre las cualificaciones y las necesidades del mercado laboral, así como debilidades en los servicios de empleo, que deberían modernizarse mediante más digitalización, recursos humanos y colaboración con el sector privado. Respecto a la regulación, la OCDE considera que existe un exceso de cargas administrativas para empresas y ciudadanos, y propone simplificar los trámites mediante una ventanilla única digital. También sugiere mejorar el acceso de las pymes a financiación, fomentar su conexión con los mercados de capitales y potenciar su digitalización, incluyendo el uso de inteligencia artificial, servicios en la nube y análisis de datos. Por último, el informe alerta sobre el aumento de los costes económicos asociados a los desastres climáticos. Aunque reconoce que la estrategia de adaptación de España está bien orientada, advierte de una aplicación desigual según el territorio y de una inversión insuficiente en prevención. Por ello, recomienda reforzar las infraestructuras, mejorar la coordinación entre administraciones, agilizar los permisos y aumentar la inversión en redes energéticas, incluidas las interconexiones, para hacer frente a los retos del suministro y la transición energética.

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(El Confidencial, 10-04-2026) | Fiscal

Hacienda advierte que suprimir la tasa de basuras veta el acceso a fondos europeos

Las dificultades surgidas en la aplicación de la tasa de basuras, evidenciadas tras recientes sentencias judiciales, han reactivado el debate sobre su posible eliminación. El municipio de Alcorcón, con más de 175.000 habitantes y gobernado por una coalición liderada por el PSOE junto a Más Madrid y Ganar Alcorcón, ha sido uno de los primeros en plantear abiertamente esta opción, estudiando incluso suspender o suprimir el impuesto, aunque el contexto legal lo complica. Desde el Ministerio de Hacienda recuerdan que su implantación es obligatoria y advierten de que incumplirla podría acarrear sanciones y la pérdida de acceso a fondos europeos. Tras un año en vigor, el impuesto ha generado numerosos problemas para las administraciones, con miles de reclamaciones -solo en Madrid se han registrado 130.000- y varias resoluciones judiciales en contra, como en León o en la capital, donde se declaró nulo por completo. No obstante, estos fallos se basan en aspectos formales y no cuestionan directamente el fondo del tributo, por lo que no justifican su retirada en otros municipios. Hacienda se remite al marco normativo elaborado antes de la entrada en vigor de la tasa, en el que se advierte de que su eliminación podría derivar en sanciones de la Unión Europea por incumplir los objetivos en materia de gestión de residuos. En ese caso, las multas recaerían sobre las administraciones responsables, incluidas las entidades locales que no apliquen correctamente el sistema. Además, el incumplimiento de esta obligación podría impedir a los ayuntamientos acceder a fondos europeos, como los del programa Next Generation, al tratarse de un requisito vinculado a la financiación comunitaria. En Madrid y León, los tribunales han anulado el impuesto por defectos en su aplicación. En el caso de la capital, se consideró que los ciudadanos no tuvieron acceso suficiente a la información necesaria para entender y recurrir la tasa, especialmente en lo relativo a su cálculo, que combina una parte fija basada en el valor catastral y otra variable ligada a la generación de residuos. En León, la anulación se debió a la falta de justificación y proporcionalidad en los criterios utilizados para determinar la cuota. Ambos ayuntamientos han anunciado que estudian recurrir estas decisiones. Estas resoluciones han influido en la postura de Alcorcón. Su alcaldesa, Candelaria Testa, anunció a finales de marzo que había pedido a su equipo analizar la viabilidad de suspender el impuesto, con el objetivo de reducir la presión fiscal sobre vecinos y comercios, además de aportar mayor seguridad jurídica. El rechazo a esta tasa no es nuevo ni aislado. El año anterior, varios municipios mostraron su oposición, calificando el impuesto de injusto y excesivo, e incluso amenazaron con no aplicarlo. Algunos gobiernos locales responsabilizaron al Ejecutivo central y señalaron que la normativa europea no obligaba expresamente a implantar este tipo de tributo. Leganés, gobernado por el Partido Popular, encabezó este movimiento, mientras que Vox también lo utilizó como eje de su discurso político a nivel nacional, llegando a afirmar que había conseguido retrasar su aplicación. Sin embargo, desde los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, impulsores de la medida a través de la ley de 2022, se reiteró que no existe margen para aplazar ni suspender su entrada en vigor.

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(El Economista, 10-04-2026) | Fiscal

Hacienda valida las salidas del sistema de facturación de grandes firmas de los empresarios que huyeron de Verifactu

La Agencia Tributaria ha explicado en una nota informativa que las renuncias extraordinarias de empresas al sistema de facturación de grandes compañías son completamente válidas. En diciembre, Hacienda abrió un plazo excepcional para que estos empresarios pudieran abandonar el Suministro Inmediato de Información (SII) hasta el 31 de enero, medida incluida en un Real Decreto-ley aprobado el 23 de diciembre que posteriormente fue rechazado por el Congreso. Más adelante, se estableció un nuevo plazo, hasta el 16 de febrero, a través de otro Real Decreto-ley del 3 de febrero, que también fue tumbado por la Cámara Baja. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE) había señalado que, al no prosperar estas normas, las salidas del SII realizadas hasta el 16 de febrero carecían de validez, lo que implicaría que las empresas seguían obligadas a permanecer en este sistema de gestión del IVA. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha aclarado ahora que dichas renuncias sí tienen validez. El SII es obligatorio para empresas con una facturación superior a seis millones de euros y exige llevar los libros de registro del IVA de forma electrónica a través de la sede de Hacienda, aunque también puede ser utilizado de manera voluntaria por otras compañías. En los últimos meses de 2025, muchas empresas optaron por incorporarse al SII para evitar tener que adquirir el nuevo software exigido por el sistema Verifactu, que obliga a generar y conservar registros de facturación. No obstante, la decisión del Gobierno de aplazar la entrada en vigor de Verifactu hasta 2027 dejó a estas compañías dentro del SII, ya que el periodo ordinario para abandonarlo finaliza en noviembre. Para facilitar su salida, el Ejecutivo incluyó en el decreto de diciembre -que también contemplaba la revalorización de las pensiones- un plazo extraordinario de renuncia hasta el 31 de enero. Esta norma fue rechazada en el Congreso debido, entre otros motivos, a la inclusión de la prórroga de medidas antidesahucios. Posteriormente, se aprobó un segundo decreto que confirmaba la validez de las renuncias realizadas hasta enero y ampliaba el plazo hasta el 16 de febrero, pero también fue rechazado por la Cámara Baja por motivos similares. Expertos fiscales advierten de que validar disposiciones que no han sido aprobadas por el Congreso puede generar problemas jurídicos y democráticos. No obstante, matizan que, en este caso, se trata de una cuestión reglamentaria -relativa al reglamento del IVA y no a la ley del impuesto-, por lo que las medidas pudieron tener efectos mientras estuvieron vigentes. Este escenario contrasta con el de los límites de facturación para tributar por módulos, ya que en ese caso sí se modificaba la ley del IRPF. Aun así, la Agencia Tributaria defendió en una nota anterior que esos cambios eran válidos al estar en vigor en el momento en que se devenga el impuesto. En definitiva, aunque no es la vía más adecuada, los expertos consideran que mantener la validez de las salidas del SII no vulnera el principio de legalidad tributaria.

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(El Economista, 10-04-2026) | Fiscal

Los ciudadanos pagarán más de 1.000 euros de diferencia en el IRPF según su comunidad autónoma

Con el inicio de la campaña de la Renta, las diferencias en la carga fiscal entre ciudadanos se hacen más evidentes según la comunidad autónoma en la que residan. Para contribuyentes con ingresos bajos y medios, entre 20.000 y 45.000 euros anuales, la variación en el IRPF puede superar los 1.000 euros, situándose Cataluña como la región más cara y el País Vasco como la más favorable para estos niveles de renta. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas publicó recientemente un informe sobre la fiscalidad autonómica en 2026, en el que se ejemplifica esta desigualdad tomando como referencia a un contribuyente tipo: soltero, menor de 65 años, sin hijos y con ingresos únicamente procedentes del trabajo. Según el estudio, una persona que percibe 20.000 euros anuales -aunque no esté obligada a presentar la declaración- paga de media 1.772 euros en IRPF mediante retenciones, salvo en Navarra, donde abona unos 1.200 euros, y en el País Vasco, donde no paga este impuesto en ese nivel de renta. Si los ingresos ascienden a 30.000 euros, la diferencia entre territorios es de unos 463 euros: en Cataluña se pagarían 4.958 euros, frente a los 4.495 euros del País Vasco. Para quienes ganan 45.000 euros, la brecha aumenta hasta superar los 1.000 euros, con 9.689 euros en Cataluña frente a 8.626 en el País Vasco. En niveles de renta más altos, como 70.000 euros anuales, Extremadura es la comunidad con mayor carga fiscal (19.365 euros), mientras que el País Vasco vuelve a ser la más baja (17.446 euros), con una diferencia cercana a los 2.000 euros. En el caso de los salarios más elevados, entre 110.000 y 600.000 euros, Madrid se posiciona como la región con menor presión fiscal, mientras que la Comunidad Valenciana es la más gravosa. Por ejemplo, un contribuyente con ingresos de 600.000 euros pagaría unos 251.049 euros en Madrid, frente a 297.152 euros en la Comunidad Valenciana, lo que supone una diferencia de más de 46.000 euros. Estas diferencias se explican porque las comunidades autónomas gestionan el 50% del IRPF y pueden modificar aspectos como los tipos impositivos o los mínimos personales y familiares, es decir, la parte del salario que queda exenta por cubrir necesidades básicas. El tipo mínimo estatal es del 9,5%, aunque algunas comunidades lo reducen. Mientras cinco regiones lo mantienen, otras lo sitúan entre el 9% y el 8%, lo que reduce la carga fiscal total en las rentas más bajas. En este sentido, La Rioja y Extremadura presentan algunos de los tipos más reducidos, aunque Navarra destaca con un tipo mínimo conjunto del 13%. En el extremo contrario, el País Vasco aplica el tipo mínimo más alto para rentas bajas, con un 23%, seguido de varias comunidades que alcanzan el 19%. En cuanto al tipo máximo, que afecta a las rentas más altas, parte del 24,5% estatal y, sumado al autonómico, puede llegar hasta el 54% en la Comunidad Valenciana, frente al 45% en Madrid. Como novedad, Asturias y Cataluña han reducido recientemente sus tipos mínimos. Además, varias comunidades han incrementado los mínimos personales y familiares -la parte exenta del impuesto- por encima de los niveles estatales, entre ellas Andalucía, Galicia, Madrid o la Comunidad Valenciana, lo que también influye en el resultado final del impuesto.

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(Cinco Días, 10-04-2026) | Fiscal

La directora de la Agencia Tributaria advierte sobre hacer la declaración de la renta con ChatGPT

Los contribuyentes que tengan que cumplir con sus obligaciones fiscales ya pueden presentar la declaración de la renta. El plazo se abrió el 8 de abril y permanecerá activo hasta el 30 de junio. Durante la presentación de la campaña, la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, aclaró las dudas sobre el uso de inteligencia artificial para realizar la declaración. Fue tajante al respecto, señalando que, dado el nivel de herramientas de ayuda y asistencia que ofrece la propia Agencia, no considera recomendable recurrir a soluciones como ChatGPT. Hacer un copia-pega del borrador de la Renta en ChatGPT para la IA compruebe que se ha cumplimentado correctamente tiene riesgos: si bien hay contribuyentes que recurren a esta u otras herramientas de IA supuesta garantía de que la declaración de la renta está correctamente hecha, los expertos y la la propia Agencia Tributaria desaconsejan usarlo por distintos motivos. Fernández defendió que los recursos disponibles en la web oficial son suficientemente completos y fiables, por lo que no ve necesario acudir a otras herramientas externas. No obstante, sí reconoció que los contribuyentes pueden optar por asesoramiento profesional si lo prefieren, como gestores o asesores fiscales de confianza. En esta misma línea, el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesús Santiago Ollero, alertó sobre el creciente uso combinado del borrador de Hacienda con herramientas de inteligencia artificial como garantía de corrección. Según explicó, este enfoque es problemático, ya que una declaración no se limita a cálculos automáticos, sino que requiere interpretar la situación personal de cada contribuyente, algo que ni el borrador ni la IA pueden hacer plenamente. Por su parte, la Agencia Tributaria centrará este año sus esfuerzos en prevenir errores y mejorar la información proporcionada. Para ello, enviará más de 3,5 millones de avisos preventivos relacionados con aspectos como criptomonedas, rentas en el extranjero, ventas en plataformas digitales o alquileres. También notificará a algunos contribuyentes sobre posibles deducciones autonómicas que no hayan aplicado, con el fin de que no pierdan ventajas fiscales. Entre las novedades de esta campaña destaca la incorporación automática de la deducción para quienes perciben el salario mínimo interprofesional, introducida en 2025. En general, la Agencia calculará esta deducción y la incluirá directamente en la declaración.

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(Expansión, 10-04-2026) | Fiscal

La Campaña de Renta arranca con varias deducciones autonómicas inoperativas

De manera excepcional, Hacienda no ha dispuesto de tiempo suficiente para incorporar al sistema las últimas rebajas fiscales aprobadas por la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que afectan a conceptos como alquileres, actividades deportivas, musicales, gastos médicos o veterinarios. Nada más iniciarse la Campaña de la Renta a medianoche del pasado miércoles, la Agencia Tributaria ya estaba tramitando alrededor de 2.000 declaraciones por minuto. En solo 19 horas hábiles, se habían gestionado cerca de 1,3 millones de declaraciones del IRPF de 2025, y ese mismo día comenzaron a abonarse las primeras devoluciones. Sin embargo, pese a este ritmo, millones de contribuyentes de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha deberán esperar antes de presentar su declaración si desean aplicar las deducciones aprobadas recientemente por sus comunidades autónomas, ya que Hacienda no ha podido incluirlas a tiempo antes del inicio de la campaña. El problema se limita a algunas deducciones fiscales relacionadas con alquiler de vivienda, ahorro para la compra de vivienda, gastos deportivos, musicales, sanitarios o veterinarios. Aunque corresponden al ejercicio fiscal 2025, estas medidas fueron aprobadas o validadas por los gobiernos autonómicos hace muy poco, e incluso en algunos casos se publicaron en los boletines oficiales el mismo día en que comenzó la campaña. Desde la Agencia Tributaria reconocen que no hay precedentes de una situación similar, causada por la tardanza en la aprobación de estas deducciones autonómicas. Cabe recordar que la orden ministerial que regula el modelo de declaración de la Renta 2025 se aprobó el 26 de marzo, mientras que algunas de estas novedades fiscales no se confirmaron hasta finales de ese mismo mes y se publicaron el 8 de abril. Aun así, Hacienda asegura que ya está trabajando para incorporar estos cambios al sistema y que, una vez comprobados, estarán disponibles para los contribuyentes en los próximos días. Por ahora, quienes quieran aplicar estas deducciones se encuentran con el aviso de que la casilla correspondiente está temporalmente desactivada debido a modificaciones normativas autonómicas, junto con la recomendación de esperar antes de presentar la declaración. En los casos en que se han modificado deducciones ya existentes, las casillas aparecen bloqueadas temporalmente. Sin embargo, en las nuevas deducciones ni siquiera figuran todavía en el borrador, lo que podría llevar a algunos contribuyentes a presentar su declaración sin tener en cuenta estos beneficios. Ante esta situación, los expertos recomiendan esperar a que se actualicen las casillas o, si ya se ha presentado la declaración, realizar posteriormente una rectificación para incluir las deducciones. Entre las medidas afectadas destaca, en la Comunidad Valenciana, la deducción por gastos deportivos y actividades saludables, que permite desgravar el 30% de estos gastos hasta un máximo de 150 euros, y que este año amplía el límite de renta de 32.000 a 60.000 euros. También se incrementa el umbral de ingresos para beneficiarse de la deducción por gastos sanitarios, que cubre un 30% de costes como dentista, psicólogo u óptica, hasta 150 euros. Además, se introduce una nueva deducción relacionada con la formación musical, que permite deducir el 30% de gastos en conservatorios, escuelas, cuotas o instrumentos, con un límite de 150 euros. En Castilla-La Mancha, una de las deducciones aún no disponibles es la del alquiler de vivienda habitual, cuyo máximo aumenta a 500 euros y amplía los colectivos beneficiarios. También están pendientes otras medidas, como una deducción por aportaciones a cuentas de ahorro para vivienda de hasta 3.000 euros anuales, o la que permite deducir el 30% de los gastos veterinarios de perros de asistencia, con un límite de 100 euros.

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(La Vanguardia, 09-04-2026) | Fiscal

La Agencia Tributaria devolverá 13.271 millones desde el viernes

La campaña de la Renta 2025 arranca este miércoles con la previsión de que se presenten alrededor de 25,25 millones de declaraciones. La Agencia Tributaria estima que las devoluciones comenzarán a efectuarse a partir del viernes y alcanzarán los 13.271 millones de euros, correspondientes a unos 15,7 millones de contribuyentes. Estas cifras suponen un ligero descenso respecto al año anterior, tanto en número de declaraciones a devolver como en el importe total. En la mañana del primer día, antes de las 11:00, ya se habían registrado unas 640.000 declaraciones, cuyos contribuyentes serán de los primeros en recibir las devoluciones. Por otro lado, las declaraciones con resultado a ingresar aumentarán de forma notable: se prevé que crezcan un 10,3%, hasta los 7,7 millones. Esto impulsará la recaudación un 18,4%, hasta los 24.628 millones de euros, lo que dará lugar a un saldo positivo para Hacienda de 11.357 millones. Según la directora general de la Agencia Tributaria, este incremento se explica en gran medida por las ganancias patrimoniales y el aumento de ingresos procedentes del mercado inmobiliario y de la Bolsa. Este año, el sistema Renta Directa permitirá presentar declaraciones de forma casi inmediata a unos nueve millones de contribuyentes, el doble que en la campaña anterior. Entre quienes podrán utilizar este servicio se encuentran personas con hipoteca que tienen derecho a deducción estatal, nuevos declarantes y, en algunos casos, contribuyentes con deducciones autonómicas. Entre los cambios normativos más relevantes destaca la introducción de una deducción de hasta 340 euros para trabajadores con ingresos inferiores a 18.276 euros anuales, siempre que no obtengan otras rentas superiores a 6.500 euros. También se modifica la tributación del ahorro, aumentando del 14% al 15% el tipo aplicable a las rentas que superen los 300.000 euros, tanto en el tramo estatal como en el autonómico. Además, se amplían hasta 2025 las deducciones por la compra de vehículos eléctricos, la instalación de puntos de recarga y las obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas. En cuanto a exenciones, no tributarán en el IRPF las ayudas concedidas por daños personales derivados de incendios forestales y emergencias de protección civil ocurridas entre junio y agosto de 2025, así como las ayudas relacionadas con la Dana en la Comunidad Valenciana. Aunque la campaña comienza el 8 de abril, desde el 18 de marzo ya estaban disponibles la aplicación móvil, los datos fiscales y la información inicial, lo que ha permitido que más de dos millones de contribuyentes consultaran sus datos con antelación. El plazo para presentar la declaración finalizará el 30 de junio, tanto para resultados a ingresar como a devolver. En el caso de pagos con domiciliación bancaria, la fecha límite será el 25 de junio. La atención telefónica, a través del plan "Le Llamamos", así como la asistencia en pequeños municipios, permitirá solicitar cita a partir del 29 de abril, iniciándose las atenciones el 6 de mayo. Por su parte, la cita previa para la atención presencial en oficinas podrá pedirse desde el 29 de mayo, comenzando el servicio el 1 de junio. Este sistema de atención personalizada seguirá contando con la colaboración de comunidades autónomas y ayuntamientos.

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(El País, 09-04-2026) | Fiscal

Hacienda lanzará 3,5 millones de avisos preventivos en la campaña de la renta e informará sobre deducciones autonómicas

Los contribuyentes en España ya pueden presentar su declaración ante la Agencia Tributaria. La campaña de la renta 2025-2026 comenzó este miércoles con la apertura del plazo para realizar el trámite por internet, iniciando así un calendario que se extenderá hasta el 30 de junio y que, como es habitual, irá incorporando de forma progresiva la atención telefónica y presencial. En esta campaña, el organismo dirigido por Soledad Fernández Doctor pone el foco en reducir errores y mejorar la información ofrecida a los ciudadanos. Está previsto el envío de más de 3,5 millones de avisos preventivos relacionados con criptomonedas, rentas en el extranjero, ventas en plataformas digitales y alquileres. Como novedad, también se informará a algunos contribuyentes sobre posibles deducciones autonómicas que no hayan aplicado, con el fin de que no pierdan beneficios fiscales. El sistema de ayuda se estructura en tres etapas. La primera consiste en avisos incluidos en los datos fiscales, elaborados a partir de información de terceros y del intercambio internacional entre administraciones. No obstante, estos datos pueden ser incompletos. En concreto, se emitirán alrededor de 437.000 avisos a vendedores en plataformas digitales, unos 1,2 millones a propietarios de criptomonedas y cerca de 867.000 a arrendadores de inmuebles. La segunda fase se desarrolla antes de presentar la declaración, cuando se refuerzan los avisos para detectar posibles errores u omisiones. Aquí se introduce la principal novedad: las alertas sobre deducciones autonómicas que podrían aplicarse. La tercera etapa tiene lugar después de presentar la declaración, invitando a quienes hayan modificado información a revisar si deben corregirla para evitar futuras comprobaciones o sanciones. Otra novedad es la incorporación automática de la deducción dirigida a quienes perciben el salario mínimo interprofesional, creada en 2025. En general, la Agencia Tributaria calculará esta deducción e incluirá el importe directamente en la declaración. Está pensada para compensar las retenciones aplicadas a trabajadores con ingresos anuales inferiores a 18.276 euros, siempre que no superen ciertos límites adicionales, con un máximo de 340 euros. Además, por primera vez se ofrecerá información personalizada sobre subvenciones, para facilitar que los contribuyentes incluyan correctamente estos ingresos. El sistema permitirá consultar directamente las ayudas recibidas, evitar duplicidades cuando aparezcan en distintas fuentes y aclarar si están exentas de tributación, indicando también en qué apartado deben declararse. La Agencia Tributaria prevé un notable aumento en la recaudación de esta campaña, con un incremento del 18,4% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 24.628 millones de euros en declaraciones con resultado a ingresar. Este crecimiento se debe principalmente al encarecimiento de la vivienda y al buen comportamiento de los mercados financieros. Se espera que el número total de declaraciones supere los 25,2 millones, un 2,1% más que el año pasado. De ellas, unos 15,7 millones saldrán a devolver, por un importe conjunto de 13.271 millones de euros, ligeramente inferior al ejercicio anterior. Por otro lado, aumentan con fuerza las declaraciones a pagar: más de 7,7 millones de contribuyentes tendrán que abonar cantidades a Hacienda, un 10,3% más. Esto explica el incremento previsto en la recaudación total, que dejará un saldo positivo de 11.357 millones de euros. El aumento de ingresos se explica en gran parte por la subida de los precios de la vivienda, especialmente en el mercado de segunda mano. Las operaciones de compraventa realizadas en 2025 han generado importantes ganancias para los vendedores, que ahora deben tributar por ellas en el IRPF. A esto se suma la evolución positiva de la Bolsa y de las rentas del capital, que crecieron cerca de un 40% el año pasado. Muchas de estas ganancias no estuvieron suficientemente sujetas a retención en su momento, lo que ahora se traduce en mayores cantidades a pagar. También influye, aunque en menor medida, el incremento de dos puntos en la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros, introducido en la reforma fiscal aprobada a finales de 2024.

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(Expansión, 09-04-2026) | Fiscal

La nueva declaración exprés duplica beneficiarios: se aplicará a 9 millones

El año pasado, la Agencia Tributaria puso en marcha Renta Directa, un nuevo sistema de declaración rápida del IRPF pensado para ciertos colectivos, que agiliza el proceso al simplificar tanto los conceptos como el diseño y la forma de presentar el impuesto. Tras una primera prueba piloto, Hacienda volverá a aplicarlo este año, ampliando considerablemente el número de usuarios. En su estreno, esta modalidad estuvo dirigida a 4,43 millones de contribuyentes con situaciones fiscales sencillas, como pensionistas o beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Para esta campaña, se prevé que alcance a unos 9 millones de personas. Entre los nuevos perfiles incluidos se encuentran quienes tienen hipoteca con derecho a deducción estatal, quienes presentan la declaración por primera vez o quienes pueden aplicar deducciones autonómicas, siempre que sus datos fiscales puedan incorporarse automáticamente. Aunque se mantiene la posibilidad de optar por el modelo tradicional, Renta Directa presenta la misma información fiscal en un formato más claro y fácil de entender. Por ejemplo, utiliza un tamaño de letra mayor y destaca en verde los resultados favorables al contribuyente, mientras que las cantidades a pagar aparecen en color rojo.

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(Expansión, 09-04-2026) | Fiscal

Hacienda prevé cobrar un 60% más de IRPF neto en la campaña por el rally bursátil e inmobiliario

Hacienda se perfila como uno de los grandes beneficiarios tanto de la subida de los mercados bursátiles como del auge en la compraventa de viviendas registrado el año pasado. Aunque habitualmente la mayor parte de los ingresos del IRPF se recauda por adelantado mediante retenciones, la campaña de la renta iniciada ayer se presenta clave para las finanzas públicas. En concreto, la Agencia Tributaria prevé aumentar en un 60% los ingresos netos a su favor durante la liquidación del impuesto, superando los 11.000 millones de euros, impulsado por la tributación de las ganancias obtenidas por los contribuyentes en la venta de inmuebles y acciones. En total, para la campaña correspondiente al ejercicio 2025, que se prolongará hasta el 30 de junio, se estima la gestión de 25.155.822 declaraciones, un 2,1% más que el año anterior. Este récord, según explicaron la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, y la responsable del Departamento de Gestión, Rosa Prieto, se debe principalmente al crecimiento del empleo, que avanzó un 3,3%. Dentro de ese conjunto, se espera tramitar 7,7 millones de declaraciones con resultado a ingresar, lo que supone un aumento del 10,3%, por un importe total de 24.628 millones de euros (un 18,4% más). Este incremento se atribuye, sobre todo, al notable aumento de las ganancias patrimoniales, especialmente por la venta de viviendas de segunda mano (18% más) y por las operaciones con activos financieros, como acciones y otros valores cotizados (40% más). Además, se recuerda que la tributación del ahorro ha aumentado en dos puntos, hasta el 30%, para rentas superiores a 300.000 euros anuales, tras la última reforma fiscal. Cabe destacar que el Ibex vivió en 2025 su mejor año desde 1993, con una subida del 49% que le permitió superar los 17.000 puntos por primera vez, situándose ayer por encima de los 18.100. Por su parte, el mercado inmobiliario creció un 11,5% en número de operaciones, alcanzando las 714.237 compraventas, su nivel más alto desde 2007, antes de la crisis inmobiliaria. Por otro lado, Hacienda prevé gestionar 15,7 millones de declaraciones con resultado a devolver, un 1,8% menos, por un importe de 13.271 millones de euros (un 3,2% inferior). Así, el resultado neto esperado a favor de la Agencia Tributaria asciende a 11.357 millones de euros, frente a los 7.089 millones del año anterior. Esta cifra ya había superado en un 70% las previsiones iniciales, debido también al buen comportamiento de los mercados bursátiles e inmobiliarios. Fernández señaló que, en la última década, las devoluciones han ido disminuyendo mientras aumentan las declaraciones favorables a Hacienda, aunque reconoció que las previsiones se han visto alteradas por el fuerte crecimiento de las ganancias patrimoniales y de los rendimientos del capital. En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, cuya campaña se desarrolla simultáneamente, la Agencia Tributaria espera recaudar 2.473 millones de euros (un 15,4% más), procedentes de 220.797 contribuyentes (un 2,5% menos), ingresos que se destinan a las comunidades autónomas.

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