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(Expansión, 11-10-2024) | Fiscal

El Gobierno ultima el plan de ajuste para la UE sin tener atada la senda de déficit

El Gobierno está dispuesto a apurar el último plazo disponible y esperar hasta el martes 15 de octubre para enviar a Bruselas el Plan Fiscal Estructural. Este documento detalla la senda plurianual de ajustes presupuestarios que las nuevas normas fiscales exigen a los países que no cumplen, explicando cómo reducirán su déficit y deuda excesivos. Aunque ha ganado casi un mes desde la fecha original del 20 de septiembre, el Ejecutivo se enfrenta a la elaboración final de este plan sin haber aprobado previamente la senda de déficit, ya que tuvo que retirar su propuesta para renegociarla debido a la amenaza de bloqueo por parte de Junts. El Plan Fiscal Estructural es clave en la aplicación de las nuevas normas fiscales, que permiten a los países con un déficit superior al 3% del PIB o una deuda pública superior al 60% corregir su situación mediante un programa plurianual de ajustes. Este plan debe garantizar que la deuda entra en una clara senda descendente en un plazo de 10 años desde su implementación. Tras la reforma de las normas presupuestarias europeas, el enfoque se ha trasladado de la reducción del déficit a la limitación del gasto primario neto, para el cual Bruselas ha proporcionado una referencia a cada país, aunque España no la ha hecho pública aún. A partir de ahí, los países pueden optar por reducir el gasto, aumentar los ingresos o ambas vías, a lo largo de cuatro o siete años, dependiendo de si incluyen reformas estructurales. Este plan es obligatorio para España, que cerró 2023 con un déficit público del 3,6% y una deuda pública del 105%. El país evitó la apertura de un procedimiento de déficit excesivo gracias a que la Comisión Europea, que considera este año de transición tras cuatro años de suspensión de las reglas fiscales, proyectó que España cerraría 2024 con un déficit del 3%. Sin embargo, la indulgencia de Bruselas ha sido cuestionada por la Junta Fiscal Europea. En abril, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estimó que España debería incluir en su plan un ajuste de 9.200 millones de euros anuales durante cuatro años (equivalente al 0,63% del PIB), o de 6.300 millones durante siete años (0,36% del PIB) si se comprometen reformas estructurales. Esto representaría un ajuste total de entre 36.800 y 44.100 millones de euros. Sin embargo, tras la revisión al alza del PIB por parte del INE, que aumentó el tamaño de la economía en 36.400 millones, el ajuste será algo menor. Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, señaló que la revisión del PIB tiene un doble efecto: reduce el peso relativo del déficit y la deuda, pero el déficit estructural podría ser mayor. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en el Congreso que el Plan Fiscal Estructural incluirá "compromisos de responsabilidad en el gasto, pero también nuevas inversiones", y garantizó que "no habrá recortes". A su vez, destacó que la presión fiscal en España es unos cuatro puntos del PIB inferior a la media europea, un comentario reforzado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien añadió que "Europa exige una reforma fiscal". Con el PIB revisado, se necesitarían incrementos de impuestos por valor de unos 60.000 millones de euros. Aunque no se espera una subida inmediata, Hacienda ha confirmado su intención de cerrar esa brecha fiscal, lo que podría implicar nuevos compromisos de ingresos en el plan del martes. El documento, sin embargo, no contará con una nueva senda fiscal aprobada que fije los objetivos anuales de déficit. Hacienda busca reducir el déficit al 3% del PIB en 2024, al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027, pero ha tenido dificultades para aprobar esta senda en el Parlamento. Desde septiembre, el Gobierno negocia con Junts y otros socios parlamentarios, buscando un acuerdo para repartir los esfuerzos entre administraciones, dando más margen de gasto a las comunidades autónomas a costa de la Administración Central. Aún si se logra un acuerdo, su aprobación en el Parlamento se retrasaría varias semanas. Si no se aprueba, se mantendría la senda actual, menos exigente, que prevé un déficit del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. La incertidumbre es tal que el Gobierno también ha retrasado la entrega del Plan Presupuestario anual, que Bruselas exige para el 15 de octubre, hasta tener definidas las cuentas de 2025.

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(El País, 11-10-2024) | Fiscal

El Gobierno de Portugal refuerza las rebajas fiscales para menores de 35 años para combatir su emigración masiva

El Gobierno de Portugal presenta hoy su propuesta de Presupuestos del Estado para 2025 en la Asamblea de la República, aunque su aprobación es incierta debido a la delicada situación parlamentaria. La principal novedad del proyecto incluye importantes beneficios fiscales para los menores de 35 años, quienes tendrán una tributación más reducida en el IRPF (IRS en Portugal) en comparación con los mayores de esa edad. En su primer año en el mercado laboral, los jóvenes estarán exentos del impuesto si sus ingresos no superan los 28.000 euros. Durante los siguientes cuatro años, solo tributarán por el 25% de sus ingresos; del sexto al noveno año, lo harán por el 50%; y en el último año con bonificación, por el 75%, siempre con el límite de 28.000 euros. Aunque el IRS Joven no fue creado por el actual Gobierno de centro-derecha, el gabinete de Luís Montenegro ha ampliado considerablemente su alcance. Anteriormente, los jóvenes de entre 18 y 26 años que se incorporaban al mercado laboral después de estudiar contaban con ventajas fiscales durante cinco años. Con la reforma actual, estas ventajas se extienden hasta los 35 años, eliminando el requisito de haber completado la educación obligatoria y prolongando los beneficios durante una década. La primera propuesta del Gobierno generó críticas al plantear, de facto, un sistema fiscal diferenciado para los jóvenes, lo que fue considerado injusto por la oposición, ya que personas con los mismos ingresos tributarían de manera distinta solo por su edad. La negociación entre el Gobierno y el Partido Socialista, con el objetivo de obtener su apoyo para aprobar los presupuestos, modificó la filosofía inicial del IRS Joven, añadiendo una mayor progresividad a las bonificaciones fiscales. El primer ministro, Luís Montenegro, reconoció en una entrevista en la cadena SIC que las modificaciones sugeridas por el PS mejoraron la propuesta original. Estas medidas implicarán una reducción en los ingresos fiscales de Portugal de unos 645 millones de euros. El Fondo Monetario Internacional también cuestionó la propuesta de impuestos reducidos para los jóvenes del Gobierno portugués. En su informe anual sobre la economía del país, publicado a principios de octubre, el FMI señaló que los impuestos reducidos por edad tienen un alto coste y plantean problemas de equidad, además de dudar de su efectividad para frenar la emigración. El ejecutivo introdujo esta reforma para combatir la salida de jóvenes formados al extranjero, un problema que se intensificó entre 2008 y 2015, cuando un millón de personas abandonaron el país. Una encuesta de la Fundación Francisco Manuel dos Santos reveló que el 30% de los jóvenes de entre 15 y 30 años consideraba emigrar. El informe del FMI también advirtió que los ingresos del IRS "no deberían reducirse más", dadas las necesidades de inversión y la necesidad de seguir reduciendo la deuda pública, que en 2023 cayó por primera vez por debajo del 100% del PIB. El Gobierno, sin embargo, ha respondido que la fuga de talentos es una emergencia que requiere medidas urgentes. "Es un drama que necesita una solución prioritaria", afirmó António Leitão Amaro, ministro de la Presidencia, en respuesta al FMI. Otra reforma fiscal destacada en los presupuestos es la reducción del Impuesto de Sociedades (IRC) del 21% al 20%, medida que también ha sido criticada por el FMI. El organismo internacional sugiere en su lugar una reducción progresiva de las tasas adicionales. En la entrevista con SIC, el primer ministro defendió la bajada de impuestos a las empresas como una estrategia para atraer inversiones, señalando la competencia de España en este ámbito. Originalmente, Montenegro propuso reducir el IRC en dos puntos, del 21% al 19%, pero suavizó el recorte tras las negociaciones con el Partido Socialista, cuyo líder, Pedro Nuno Santos, había señalado dos líneas rojas para aprobar los presupuestos: no reducir más el IRC y reformar el IRS Joven. Los socialistas estiman que la disminución de la recaudación fiscal será de 1.500 millones de euros a medio plazo. El gobernador del Banco de Portugal, Mário Centeno, también advirtió sobre los riesgos de reducir impuestos y aumentar el gasto simultáneamente. En la presentación del boletín económico de octubre, destacó que el gasto público actual está creciendo a su mayor ritmo desde 1992, lo que puede causar problemas financieros similares a los enfrentados en el pasado.

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(El País, 11-10-2024) | Fiscal

La Moraleja, en Madrid, se consagra como el barrio más rico de España; el más pobre es Torreblanca, en Sevilla

La Moraleja sigue siendo imbatible como el barrio más rico de España, con una renta media disponible de 136.703 euros (después de impuestos), superando ampliamente a cualquier otra zona del país. Los ingresos de sus residentes son hasta 14 veces mayores que los de Torreblanca, en Sevilla, la zona más pobre, donde los vecinos declaran una renta de 9.693 euros. Así lo refleja la más reciente estadística del IRPF por código postal de la Agencia Tributaria, correspondiente a 2022, que analiza solo los municipios con más de 100.000 habitantes, excluyendo datos del País Vasco y Navarra. A pesar de una mejora general en las rentas con respecto al año anterior, la brecha entre las zonas más ricas y las más pobres se mantiene, sin compensar la alta inflación registrada en ese periodo (8,4%), frente a un crecimiento de rentas del 4,7% a nivel nacional. De hecho, en el 92% de los códigos postales, el aumento de la renta fue inferior a la inflación. Situada al norte del área metropolitana de Madrid y famosa por sus lujosas residencias y vehículos de alta gama, La Moraleja (Alcobendas) lleva años encabezando la lista, con una ventaja que parece insuperable. No solo sus vecinos ganan mucho más que los habitantes de Torreblanca, sino que la brecha entre el barrio más rico y el más pobre ha aumentado un 2,6% respecto a la estadística anterior. También hay una enorme distancia con la renta media nacional (27.648 euros) y con el segundo barrio más adinerado, Vallvidrera Tibidabo i Les Planes en Barcelona, que ha escalado cuatro posiciones hasta alcanzar los 77.477 euros, arrebatándole el puesto a Ciutat Jardí (Lleida), que había sorprendido en la anterior edición al alcanzar el segundo lugar tras un aumento del 84% en los ingresos medios. En tercer lugar se mantiene la zona de Goya, en el barrio de Salamanca (Madrid), con 73.446 euros, seguida por Aravaca (73.357 euros), Somosaguas-Humera (71.608 euros) y La Castellana (71.078 euros), todos en Madrid. El top 10 lo completan barrios de Barcelona, Valencia y Madrid, confirmando la tendencia de que las rentas más altas se concentran en las capitales y grandes ciudades, que atraen a grandes empresas y profesionales mejor pagados. Por otro lado, las zonas con menores ingresos se encuentran principalmente en el sur de España y la Comunidad Valenciana, donde las tasas de desempleo son más altas y las actividades económicas menos productivas. A Torreblanca le sigue Nou Alacant (Alicante) con 13.962 euros, y Carrús (Elche) con 14.812 euros. Ninguno de los 10 barrios más pobres supera los 17.000 euros de renta media. A pesar de las grandes diferencias entre barrios ricos y pobres, no ha habido cambios significativos respecto al año anterior. La Moraleja, por ejemplo, ha registrado solo un aumento del 2% en los ingresos de sus habitantes, mientras que en Travalón (Elche) se ha visto el mayor incremento, con un 47%. Sin embargo, su renta sigue siendo mucho más baja en comparación, alcanzando los 34.722 euros. Otro caso notable es Massarrojos, en Valencia, donde los ingresos pasaron de menos de 36.000 euros en 2021 a 51.176 en 2022, el segundo mayor aumento registrado. Por el contrario, Ciutat Jardí (Lleida), que había ascendido al segundo lugar el año anterior, sufrió una caída del 43%, hasta los 43.153 euros. Este tipo de fluctuaciones suelen deberse a eventos puntuales, como la mudanza de un ciudadano de altos ingresos o la obtención de un gran premio. En términos generales, la renta media disponible en los municipios con más de 100.000 habitantes subió de 26.397 a 27.648 euros entre 2021 y 2022. Aunque en la mayoría de los códigos postales las rentas han aumentado, en casi todos lo han hecho a un ritmo inferior a la inflación. Comparando con los niveles prepandemia, solo un 6% de los barrios han mejorado su poder adquisitivo. Finalmente, destacan los códigos postales que han visto mayores aumentos desde 2019, como Travalón (Elche), Alcobendas y Massarrojos, mientras que otras zonas, como el paseo de Isabel La Católica (Valladolid) y Castellón de la Plana, han experimentado las mayores caídas. La Moraleja y la zona de Goya también han visto reducciones significativas en comparación con sus niveles precovid, con caídas del 20% y 26% respectivamente.

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(Expansión, 10-10-2024) | Fiscal

El Gobierno abre la puerta a un alza de impuestos de 60.000 millones

El Gobierno allanó ayer el camino para implementar subidas de impuestos que podrían alcanzar los 60.000 millones de euros. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mencionaron en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados que España mantiene una "brecha fiscal" de cuatro puntos del PIB respecto a la media de la Unión Europea, una diferencia que, según Montero, la Comisión Europea exige cerrar mediante una reforma fiscal. Esto representa un claro aviso, justo una semana antes de que el Ejecutivo deba enviar a Bruselas, el próximo martes, el Plan Fiscal Estructural que exige la normativa fiscal europea, en el que se detallarán las medidas para corregir los excesos de déficit y deuda pública acumulados por el Estado. Ayer, Sánchez compareció ante el Pleno del Congreso, a petición del Partido Popular, con el objetivo de explicar tanto la política migratoria del Gobierno como los ajustes necesarios para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea y someter a votación el Plan de Equilibrio Fiscal. Sin embargo, en su discurso inicial, que duró casi una hora, no mencionó dicho plan, lo que provocó críticas por parte de la oposición. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, reprochó a Sánchez que "se está ocultando información" sobre el documento, calificándolo como "el más importante que España firmará para los próximos siete años", y recordó que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha estimado que el ajuste necesario para cumplir las normas fiscales podría rondar los 39.000 millones de euros. En respuesta, Sánchez confirmó que el Gobierno presentará un "Plan Fiscal Estructural" para adaptarse a las nuevas restricciones presupuestarias de la UE, destacando que el documento incluirá "compromisos de responsabilidad en el gasto, pero también nuevas inversiones para el futuro", asegurando además que "no habrá recortes". Añadió que "España está cumpliendo con los objetivos de déficit público y, por primera vez en más de una década, ha salido del procedimiento de déficit excesivo gracias a la política económica y social de este Gobierno". Además, subrayó que España tiene cuatro puntos menos de presión fiscal que la media europea. Montero, por su parte, fue más explícita en su intervención, respondiendo a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, quien acusó al Gobierno de "asfixiar a los ciudadanos, familias y empresas con impuestos". Montero replicó que "en relación con la brecha fiscal, estamos cuatro puntos por debajo de la presión fiscal europea, y Europa exige al Gobierno una reforma fiscal que permita reducir esta diferencia". Es importante señalar que la quinta entrega de los fondos europeos Next Generation está condicionada a una reforma fiscal que corrija esa brecha, aunque hasta ahora Hacienda consideraba que el ajuste estaba prácticamente completado tras reducir la diferencia entre la presión fiscal española y la europea de siete a tres puntos entre 2019 y 2023. Sin embargo, la reciente revisión al alza del PIB por parte del INE ha disminuido el peso relativo de la recaudación, lo que aumenta el reto pendiente. En cuanto a las medidas concretas, Montero adelantó que el Gobierno llevará próximamente al Parlamento la propuesta de hacer permanentes los impuestos temporales a la banca y las empresas energéticas.

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(Expansión, 10-10-2024) | Fiscal

Bruselas ve con buenos ojos un impuesto global a fortunas del G20

El respaldo de la Comisión Europea a la propuesta del G20 de establecer un impuesto global del 2% para las grandes fortunas con activos superiores a 1.000 millones de dólares ha provocado un intenso debate en el Parlamento Europeo. Este miércoles, el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, elogió la iniciativa durante su intervención en la cámara. Schinas expresó que Bruselas "acoge con satisfacción" la propuesta y animó a la OCDE, que lidera actualmente las negociaciones sobre el impuesto mínimo a las multinacionales, a considerar este nuevo tema. "Todos los contribuyentes, especialmente los más adinerados, deben aportar lo que les corresponde", declaró el vicepresidente de la Comisión. Schinas destacó que "aunque varios países ya han implementado medidas para gravar a los ultrarricos, debemos reconocer que el capital puede trasladarse fácilmente de un lugar a otro". Estas declaraciones generaron opiniones encontradas entre los eurodiputados. Los grupos socialdemócrata (S&D), liberal (Renew), Verdes e Izquierda mostraron su apoyo a la medida. La eurodiputada liberal Stéphanie Yon-Courtin abogó por "modificar las reglas del juego" para las grandes fortunas, tal como se ha hecho con las multinacionales. Por otro lado, Fernando Navarrete, eurodiputado del Partido Popular, calificó como una "falacia" la idea de que gravar el patrimonio de los ricos contribuirá a disminuir la pobreza. Afirmó que "estas políticas suelen perjudicar a las clases medias, en lugar de beneficiar a quienes más lo necesitan". La propuesta se basa en un informe encargado por Brasil durante su presidencia del G20, que plantea un impuesto global del 2% para las fortunas que superen los 1.000 millones de dólares. Según el documento, del que informó EXPANSIÓN en julio, los multimillonarios pagan actualmente el equivalente al 0,3% de su riqueza en impuestos. El informe estima que un impuesto del 2% generaría entre 200.000 y 250.000 millones de dólares anuales. Este nuevo impuesto seguiría una estructura similar a la del impuesto mínimo global sobre Sociedades. Se aplicaría a los multimillonarios que no pagan ya un mínimo equivalente al 2% de su riqueza en impuestos sobre la renta. Aunque el informe está en una fase inicial, varios países como Bélgica, Colombia, Francia, España, y el nuevo miembro del G20, la Unión Africana, han expresado interés en la propuesta, según el autor del documento encargado por Brasil. Ahora, la Comisión Europea se une a este respaldo a través de Schinas. Para el gobierno brasileño, este tema es una prioridad durante su presidencia del G20. Felipe Antunes de Oliveira, coordinador general de Asuntos Internacionales del Ministerio de Finanzas de Brasil, afirmó que "un impuesto mínimo global a los multimillonarios es una forma de obtener recursos para avanzar en la lucha contra el hambre, promover el desarrollo sostenible y reformar la gobernanza global". No obstante, admitió que la implementación será complicada. "Podemos esperar negociaciones prolongadas", añadió. Esta no es la primera vez que la idea de un impuesto global a las grandes fortunas aparece en debates internacionales sobre política fiscal. Cada vez más voces lo plantean. El Observatorio Fiscal de la UE, un grupo de expertos independiente de la Escuela de Economía de París, ya había propuesto un impuesto similar en octubre del año pasado, coincidiendo con el economista que elaboró el informe actual encargado por Brasil.

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(El País, 10-10-2024) | Fiscal

España suavizará su ajuste fiscal al no actualizar el IRPF con la inflación

El Gobierno deberá enviar próximamente a Bruselas su plan fiscal para reducir la deuda pública a medio y largo plazo. Los países están obligados a presentar una hoja de ruta presupuestaria en la que los gastos crezcan anualmente de manera limitada, permitiendo así una disminución progresiva de la deuda en relación con el PIB. El objetivo es que los gastos aumenten, pero a un ritmo menor que los ingresos, lo que generaría un ahorro gradual que ayudaría a reducir la deuda. Sin embargo, el Gobierno también debe proponer medidas que garanticen el control del gasto, aunque la Comisión Europea permite que se detallen anualmente junto con el presupuesto aprobado. Además, el Ejecutivo puede incluir medidas que aumenten los ingresos, lo que proporcionaría más flexibilidad para evitar recortes excesivos en el gasto, especialmente en áreas como las pensiones o la sanidad, que dejan poco margen de ajuste. Según el Banco de España y la Autoridad Fiscal, se necesitaría un ajuste anual de aproximadamente un 0,5% del PIB, equivalente a unos 7.500 millones de euros por año durante siete años. Bastaría con que el gasto creciera un punto menos que el PIB nominal y la recaudación para reducir la deuda gradualmente. A pesar de esto, fuentes cercanas a las negociaciones indican que la Comisión Europea ha aceptado que los ingresos generados por no actualizar el IRPF según la inflación se consideren a posteriori para verificar si el Gobierno sigue la senda comprometida en su plan fiscal. Aunque el Gobierno no incluirá esta medida en su estrategia, Bruselas la tomará en cuenta al revisar el cumplimiento del plan. ¿Qué significa no deflactar el IRPF? El Impuesto sobre la Renta funciona por tramos, donde los ingresos hasta 12.440 euros tributan al 19%, y a partir de ahí los tipos aumentan según los tramos hasta llegar al 47% para ingresos superiores a 300.000 euros. Lo que realmente se paga, después de aplicar exenciones y deducciones, es el tipo medio efectivo, que actualmente se sitúa cerca del 15%. Estos tramos podrían actualizarse con el IPC para reflejar la pérdida de poder adquisitivo, pero esto no suele hacerse. Como resultado, cuando los salarios suben para ajustarse a la inflación, más personas entran en tramos con tipos más altos, lo que aumenta lo que tributan, aunque su poder adquisitivo no haya mejorado. Esto provoca que el tipo medio efectivo del IRPF suba sin que cambien los tipos oficiales. Es lo que se conoce como "progresividad en frío". Según el Banco de España, entre 2019 y 2025, el tipo efectivo del IRPF habrá subido del 12,8% al 15,3%, y el 70% de este aumento se debe a la progresividad en frío. Este fenómeno ha generado ingresos adicionales de unos 11.000 millones de euros entre 2019 y 2023. Según Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, las subidas salariales por la inflación generan más ingresos para el Estado si no se deflacta el IRPF por tres razones: se paga más porque los ingresos nominales aumentan, aunque la capacidad económica no; más renta queda sujeta a tipos impositivos más altos; y no se actualizan con la inflación las exenciones mínimas y deducciones. "El contribuyente termina pagando más IRPF, aunque su capacidad económica no haya mejorado, lo que equivale a una subida de impuestos encubierta", explica De la Torre. Esta falta de deflactación ya se aplica de facto y aumenta los ingresos, sobre todo en periodos de alta inflación. En lugar de deflactar el IRPF para todos los contribuyentes, el Gobierno optó por aliviar fiscalmente solo a quienes ganan menos de 21.000 euros. La última deflactación de las tarifas del IRPF fue en 2008, durante la gestión de Pedro Solbes. Según el Banco de España, la falta de actualización puede generar cerca de 0,2 puntos del PIB en ingresos anuales, lo que equivaldría a unos 2.700 millones de euros, reduciendo así el esfuerzo fiscal que Bruselas exige. Sin embargo, su impacto dependerá de la inflación cada año, con un efecto notable previsto para 2025 debido al aumento salarial. El Gobierno presentó esta falta de deflactación como parte de su compromiso de reforma fiscal vinculado a los fondos europeos, aunque la Comisión no aceptó incluirla como una reforma en sí misma. Aun así, Bruselas permitirá que la no actualización alivie la carga de los planes fiscales de España, Francia e Italia, cuyas cuentas públicas también están en dificultades. El Ejecutivo español también busca moderar la consolidación fiscal ajustando las proyecciones de población. La Comisión Europea prevé un fuerte impacto del envejecimiento poblacional en las finanzas públicas, pero el Gobierno intenta minimizarlo resaltando el buen comportamiento de la inmigración en los últimos años. Además, el Gobierno defiende que el crecimiento potencial del país ha aumentado al 2%, gracias al buen desempeño de la economía y otros factores, lo que le permitiría más margen para gastar sin incumplir los objetivos fiscales. El plan fiscal del Gobierno será enviado a Bruselas el 15 de octubre, pero este no incluirá el plan presupuestario anual. El compromiso de limitar el gasto estará presente, pero las medidas específicas para 2025 se detallarán más adelante, cuando se presente el plan presupuestario. Hacienda podrá ajustar su estrategia cada año para cumplir con el camino pactado.

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(El Confidencial, 10-10-2024) | Fiscal

Hacienda admite por primera vez que una entidad no bancaria gestione impuestos

Por primera vez, Hacienda ha autorizado a una entidad financiera sin licencia bancaria a gestionar impuestos y colaborar en su recaudación. Hasta ahora, este servicio estaba reservado únicamente a los bancos, lo que restringía la competencia de las entidades de pago y de dinero electrónico. La Agencia Tributaria ha dado luz verde a que Qonto, una entidad de pago, sea colaboradora. Con esto, la empresa logra un hito al ser la primera entidad financiera no bancaria, en este caso una entidad de pago, en ser aprobada para colaborar en la recaudación de impuestos. El Real Decreto 117/2024, que entró en vigor el 1 de febrero de 2024, ha permitido que las entidades de pago y las de dinero electrónico, surgidas bajo la directiva europea PSD2, puedan gestionar los pagos de impuestos de los contribuyentes. Aún queda pendiente un cambio normativo que permita lo mismo con la Seguridad Social. Correos, por su parte, ha manifestado su intención de crear un banco en formato de entidad de dinero electrónico (EDE) para atender al público afectado por la brecha digital y a los habitantes de la España rural, donde hay pocas sucursales bancarias. Sin embargo, necesita una modificación legislativa para gestionar pagos como pensiones o el ingreso mínimo vital (IMV). Hacienda ha completado la auditoría técnica de Qonto para verificar que podía conectarse correctamente a los sistemas de la Agencia Tributaria. Así, Qonto, especializada en pymes y autónomos con IBAN español, se convierte en la primera entidad no bancaria en lograrlo. Con 500.000 clientes en Francia, Alemania, Italia y España, Qonto se posiciona como el principal neobanco o empresa tecnológica de soluciones financieras en la eurozona, ofreciendo servicios como financiación, tarjetas de débito y herramientas de gestión de gastos y contabilidad para pymes y autónomos.

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(Cinco Días, 09-10-2024) | Fiscal

El Supremo tumba un centenar de reclamaciones millonarias de empresas por la plusvalía municipal

El Tribunal Supremo ha reafirmado su posición sobre la no procedencia de solicitar la devolución del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como plusvalía municipal), a raíz de la declaración de inconstitucionalidad en octubre de 2021 sobre el método de cálculo. En febrero, el tribunal ya estableció que, para reclamar la devolución de lo pagado por este impuesto, el contribuyente debe demostrar que no obtuvo beneficios con la venta del inmueble, ya que, de lo contrario, no procede la reclamación, debido a las limitaciones impuestas por el Tribunal Constitucional en su sentencia. Este criterio ha sido mantenido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que también ha descartado la responsabilidad patrimonial del Estado, rechazando hasta la fecha cerca de cien reclamaciones de empresas. Esto supone un alivio para el erario público, evitando el pago de indemnizaciones, algunas de ellas millonarias. Hasta septiembre de 2024, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha dictado 103 sentencias relacionadas con este tema, donde las empresas reclamaban la devolución de alrededor de 30 millones de euros. No obstante, el tribunal solo ha fallado a favor de tres empresas, con un total de 94.700 euros, al haber demostrado que pagaron el impuesto pese a vender sus propiedades por un precio inferior al de adquisición. La mayoría de las reclamaciones provienen de empresas del sector inmobiliario, como Inbisa, Aedas Homes, Espamad, Núñez i Navarro o Torimbia Socimi. También se han presentado reclamaciones de empresas de otros sectores como Ikea, ACS, Barceló, Nestlé o Bay Hotels. Blackstone, a través de sus sociedades, es una de las compañías que más ha reclamado la devolución del impuesto, al igual que otras empresas como Acciona Inmobiliaria, IOSA Inmuebles o la Sociedad Azucarera Larios, entre otras. Aunque la recaudación de este impuesto es competencia de los ayuntamientos, muchas empresas y particulares decidieron recurrir al Consejo de Ministros para exigir una indemnización tras la declaración de inconstitucionalidad de la norma en 2021. Sin embargo, el Gobierno rechazó las reclamaciones, argumentando que el Tribunal Constitucional fue claro en limitar los efectos de su sentencia para frenar una avalancha de solicitudes de revisión. El Tribunal Constitucional estableció que las liquidaciones firmes de plusvalía municipal no podían ser revisadas, a excepción de aquellas que ya estaban en curso en el momento de la sentencia. Aunque no se mencionó explícitamente la responsabilidad patrimonial del Estado, el Supremo ha determinado que los efectos de la sentencia no cubren este ámbito, eximiendo al Estado de compensaciones millonarias, salvo en casos excepcionales donde se acredite que no hubo incremento patrimonial. El Supremo ha examinado cada caso concreto, concluyendo que no hay motivos para considerar el pago del impuesto como un acto "antijurídico", ni que las cantidades abonadas representen un "daño efectivo" desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial. Además, el tribunal ha aclarado que no existe un "automatismo" en el derecho a indemnización por la declaración de inconstitucionalidad de parte del sistema de cálculo del impuesto, ya que el propio impuesto no fue cuestionado, solo la exclusividad del método de cálculo. El Gobierno, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, implementó de urgencia una reforma para corregir el vacío legal y el nuevo sistema fue aprobado en marzo de 2023. Desde entonces, los contribuyentes pueden elegir entre calcular el impuesto sobre el incremento real del valor del inmueble o utilizar un sistema objetivo basado en el valor catastral de la propiedad ajustado a los coeficientes anuales del mercado inmobiliario.

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(Expansión, 09-10-2024) | Fiscal

El Supremo abre el melón para acabar con el castigo a no residentes en el Impuesto sobre Patrimonio

El Tribunal Supremo ha puesto sobre la mesa la cuestión de la discriminación que sufren los no residentes en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) al no poder aplicar el límite conjunto del 60% de sus ingresos, en combinación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este límite permite que el total a pagar por ambos impuestos no supere el 60% de las rentas anuales. El Supremo ha aceptado revisar un recurso de casación para analizar este tema, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Baleares dictaminara que los no residentes también deberían beneficiarse de este límite conjunto, lo que reduciría su carga fiscal. El Tribunal Supremo se pregunta si "el hecho de residir habitualmente en España o fuera de ella justifica el trato diferente y, por lo tanto, que los no residentes no puedan acogerse al límite de gravamen del artículo 31.1 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio". Los jueces están evaluando si, dado que la finalidad de este límite es evitar un efecto confiscatorio cuando se aplican ambos impuestos a los residentes, es razonable que ese mismo principio no sea aplicable a los no residentes. Los magistrados subrayan la importancia de determinar si esta diferencia de trato es justificada o si, por el contrario, representa una discriminación hacia los no residentes. El TSJ de Baleares consideró que esta distinción era discriminatoria. En su fallo, señaló que "el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio solo diferencia en función de la residencia habitual del contribuyente, sin considerar otros aspectos como su capacidad económica, su situación personal o familiar". De esta manera, rechazó la diferencia en el tratamiento tributario entre residentes y no residentes.

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(Expansión, 09-10-2024) | Fiscal

España se ha conseguido posicionar como uno de los destinos favoritos fiscalmente para nómadas digitales

España se ha consolidado como uno de los destinos más populares para profesionales que buscan el régimen de impatriados, conocido también como el régimen Beckham. La demanda de este sistema ha crecido notablemente, especialmente entre trabajadores cualificados en empleos altamente digitalizados, quienes adoptan cada vez más la tendencia de trabajar desde cualquier lugar. Desde 2020, varios países de la OCDE han lanzado programas de visas para nómadas digitales. Aunque las condiciones de estos programas pueden variar en cuanto a nombre, requisitos y derechos, todos tienen un objetivo común: atraer a trabajadores remotos con ingresos extranjeros, ya sean empleados o autónomos. Sin embargo, a pesar de que el beneficio que estos nómadas digitales aportan al país receptor aún no cuenta con un sólido respaldo legal, cada vez más gobiernos buscan captar este talento. El desafío radica en equilibrar los beneficios que traen con las implicaciones fiscales y los esfuerzos necesarios para controlar estos programas. España se ha convertido en un destino preferido por los nómadas digitales, no solo por sus ventajas fiscales, sino también por su alta calidad de vida. Marc Cantavella, cofundador de Relocate & Save y especialista en regímenes fiscales preferenciales y en la fiscalidad de Andorra, comenta que sus clientes preguntan cada vez más por España. "Hemos notado un incremento considerable tras la eliminación del régimen NHR en Portugal, lo que ha aumentado el interés en el régimen Beckham", afirma Cantavella. A pesar de la complejidad del proceso, sigue siendo muy atractivo para empleados extranjeros con altos salarios, especialmente al compararlo con la gran diferencia de sueldos entre España y Estados Unidos, añade. Cantavella advierte que un error común entre los nómadas digitales es considerarse "nómadas fiscales" y asumir que por viajar frecuentemente no están obligados a pagar impuestos, un concepto erróneo que circula en redes sociales. La realidad es diferente. Errores como no darse de baja en la autoridad fiscal de su país de origen, no obtener un certificado de residencia fiscal o mantener una vivienda disponible, pueden llevar a que el nómada digital acabe pagando impuestos en países con altas cargas tributarias, incluso si factura a través de una sociedad limitada o utiliza alternativas como la residencia electrónica en Estonia. Cantavella recomienda que aquellos que deseen evitar pagar impuestos elevados deben considerar varias opciones. Entre ellas, obtener una visa de nómada digital o cualquier tipo de visa que les permita ser residentes fiscales en un país, conseguir un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades de dicho país, o establecer una residencia en un país fiscalmente atractivo para poder tener un lugar donde residir durante los meses en que no están viajando. Los expertos de Relocate & Save han identificado varios países que combinan una baja presión fiscal con una residencia fiscal válida a ojos de las autoridades extranjeras. Entre ellos, destacan Chipre, con un impuesto corporativo del 12,5% y un certificado de residencia fiscal con solo 60 días de estancia; Dubái, con un 0% en el impuesto sobre la renta y hasta un 9% en el impuesto corporativo, y un certificado de residencia con 90 o 120 días de estadía. España también se menciona con un impuesto de alrededor del 24% sobre ingresos y un 0% sobre dividendos extranjeros gracias a la ley Beckham. Asimismo, destacan Estonia, con aproximadamente un 20% sobre las ganancias según el tipo de negocio, y Andorra, con una tasa del 10% para nómadas digitales y una estancia mínima de 90 días para obtener el certificado de residencia. Además, mencionan a Malta, que ofrece regímenes fiscales al 15% y un certificado de residencia con una estancia prolongada en el país. Otros destinos atractivos incluyen Tailandia, Indonesia y México, que ya cuentan con reconocimiento internacional, según los expertos.

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