Una reciente sentencia del Tribunal Supremo obliga a la Agencia Tributaria a especificar el motivo de sus comunicaciones desde el mismo acuse de recibo. En los últimos meses, varios tribunales han corregido la forma en que Hacienda venía gestionando las notificaciones tributarias, reforzando así la protección de los derechos de los contribuyentes, que en muchos casos no habían sido plenamente respetados.
El nuevo criterio del Supremo se centra en la obligación de informar claramente sobre la razón por la que se emite una notificación en el propio acuse de recibo. En una resolución dictada el pasado 1 de octubre, el Alto Tribunal considera insuficiente la información que la Agencia Tributaria incluía hasta ahora en sus avisos, ya que esta no permitía al ciudadano conocer de antemano el contenido de la comunicación, actuar con la debida diligencia al recogerla o, en su caso, responder adecuadamente.
Por ello, el Tribunal modifica el criterio aplicado hasta el momento -que podría hacerse extensivo a cualquier otro tipo de notificación administrativa- y determina que "es necesario que la documentación acreditativa del intento de notificación contenga, además de la identificación del expediente, la fecha, la identidad y el contenido del acto que se pretende notificar, mediante una referencia específica a su contenido esencial".
Expertos en derecho tributario señalan que, si Hacienda incumple esta exigencia y procede a publicar la notificación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el procedimiento podría considerarse defectuoso, lo que abriría la posibilidad de recurso por parte del contribuyente.
Además, este nuevo criterio se suma a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo a comienzos de año, según la cual la Agencia Tributaria debe agotar todos los medios de comunicación disponibles antes de dar por válida una notificación electrónica que el contribuyente no haya abierto en un plazo de diez días, principio que ya están aplicando otros tribunales.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para el lunes, el Gobierno planteará a las comunidades autónomas una propuesta que les permitirá recibir de forma inmediata el 50% de la recaudación del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales. El objetivo es facilitar la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014.
El Ministerio de Hacienda prepara una propuesta difícil de rechazar: sustituir las entregas a cuenta tradicionales por un sistema de pago directo y en tiempo real de los grandes impuestos, lo que supondría transferir más de 125.000 millones de euros anuales a las comunidades. Con ello, el Ejecutivo busca avanzar en un nuevo modelo de financiación regional que, además, permita integrar el futuro "cupo catalán" en un marco común, al tiempo que se retrasa su puesta en marcha definitiva.
Aunque el punto principal del Consejo será la distribución del déficit que servirá de base para los Presupuestos Generales de 2026, el debate sobre la financiación autonómica -aplazado en varias ocasiones- se ha convertido en una prioridad. El Gobierno pretende presentar un esquema que acomode el pacto singular ofrecido a ERC para garantizar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, sin generar agravios con el resto de territorios, la mayoría gobernados por el Partido Popular.
Ante la posibilidad de que las comunidades forzaran el debate, Hacienda decidió incluir este asunto en el orden del día del encuentro. Concretamente, el sexto punto abordará el "estado actual de la reforma del sistema de financiación autonómica".
La propuesta del Ministerio busca poner fin al sistema de entregas a cuenta -un mecanismo provisional de reparto anual de fondos que se liquida dos años después- y reemplazarlo por un modelo de distribución simultánea entre el Estado y las autonomías a medida que se recauden los impuestos. "Estamos estudiando que la recaudación se reparta al mismo tiempo para todas las administraciones, de manera que el dinero del IRPF, del IVA y de los impuestos compartidos llegue en tiempo real", explicó recientemente el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.
En la práctica, esto supondría que las comunidades recibieran de forma inmediata su parte de los principales tributos: el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales. Aplicado a los datos de 2024, implicaría transferencias automáticas de 64.700 millones por IRPF, 45.270 millones por IVA y 12.800 millones por Impuestos Especiales, en total unos 123.000 millones de euros. Para 2025, la cifra sería aún mayor, dado que la recaudación ha crecido un 10%, con 20.000 millones adicionales hasta septiembre.
El nuevo modelo -de adhesión voluntaria y que se estrenaría con el IRPF- también pretende dar cabida al sistema fiscal especial para Cataluña. Este prevé el traspaso progresivo de la gestión, recaudación e inspección de todos los impuestos a la Generalitat, empezando por la renta. Así, Cataluña recibiría directamente la recaudación del IRPF, mientras que el resto de comunidades también podrían beneficiarse de la liquidación en tiempo real mediante el nuevo sistema.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero -también candidata socialista a la presidencia de Andalucía-, defiende que el acuerdo con Cataluña no supondrá privilegios frente a otras regiones. Además, al incluir el cupo catalán dentro de la reforma global del sistema de financiación, su aplicación efectiva se retrasará al menos hasta después de las elecciones andaluzas del próximo verano, una demora que parece contar con el visto bueno de ERC, que esta semana ha aplazado la tramitación de su propuesta sobre el cupo.
El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha por fin el proceso para la elaboración de los nuevos Presupuestos. El Gobierno convocó ayer a las comunidades autónomas a un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el próximo lunes, donde presentará su propuesta de senda de déficit. Además, prevé aprobar el techo de gasto para 2026 en el Consejo de Ministros del martes. Ambos elementos serán las bases fundamentales sobre las que se construirá el nuevo proyecto presupuestario.
En circunstancias normales, estos pasos deberían haberse dado en julio, para cumplir con el mandato constitucional de remitir el proyecto de Presupuestos Generales al Congreso antes de finalizar septiembre. Sin embargo, el Ejecutivo acumula un retraso de cuatro meses y enfrenta nuevos obstáculos políticos. La ruptura con Junts, que ha advertido a Pedro Sánchez de que no respaldará ninguna votación parlamentaria, amenaza con bloquear el proyecto incluso antes de su presentación. Aun así, el presidente ha prometido llevarlo adelante, tras dos años consecutivos sin presentar presupuestos.
Durante el Consejo del lunes, Hacienda expondrá su propuesta de distribución del déficit entre las distintas administraciones para el periodo 2026-2028. El Gobierno podría aprobarla con el apoyo de una sola comunidad -Cataluña, cuyo respaldo está garantizado-, aunque necesitará posteriormente el aval del Parlamento. Precisamente en ese punto se truncó la tramitación presupuestaria el año pasado, cuando Junts se unió al PP y a Vox para rechazar la senda fiscal propuesta.
En aquella ocasión, el Ejecutivo planteó un déficit del 1,8% para el Estado en 2026, reservando 0,2 puntos para la Seguridad Social y 0,1 para las autonomías, mientras que exigía equilibrio presupuestario a los ayuntamientos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha advertido de que será "difícil" que el Gobierno disponga de margen para ofrecer "más recursos a las comunidades" este año, lo que complica el intento de recuperar el apoyo de Junts.
Pese a ello, Hacienda trabaja en un techo de gasto expansivo, diseñado para permitir nuevas concesiones financieras o, al menos, para atribuir la responsabilidad del bloqueo a los partidos que se opongan al proyecto.
La Declaración de la Renta del próximo año se empieza a definir en los últimos meses de este ejercicio, por lo que conviene tener presentes las últimas modificaciones introducidas en el IRPF y a quién afectan.
Desde 2025 se aplica una nueva deducción de 340 euros dirigida a los trabajadores con ingresos iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional, fijado en 16.576 euros anuales. Esta ayuda busca evitar que la subida del SMI afecte negativamente a quienes lo perciben. La deducción se reduce progresivamente a medida que los ingresos superan ese umbral, hasta desaparecer cuando se alcanzan los 18.276 euros al año. Por ejemplo, quien gane 16.800 euros podrá deducirse 295,2 euros; con 17.000 euros, 255,2; y con 18.000 euros, 55,2. Quienes tengan ingresos cercanos al SMI y una retención muy baja deberían presentar la declaración aunque no estén obligados, ya que probablemente les saldrá a devolver.
Otra novedad es la subida del tipo máximo del IRPF sobre el ahorro, que desde el 1 de enero de 2025 pasa del 28% al 30% para las rentas de capital que superen los 300.000 euros. Los tramos inferiores no cambian, por lo que la medida solo afecta a los contribuyentes con grandes patrimonios. Para evitar saltar de tramo, puede ser recomendable planificar las ventas de activos o compensar las ganancias con pérdidas pendientes.
También hay cambios relevantes en los planes de pensiones. Desde 2025 será posible rescatar el dinero aportado con más de diez años de antigüedad sin necesidad de justificar motivos especiales, como desempleo o incapacidad. Además, las aportaciones anteriores a 2006 podrán beneficiarse de una reducción del 40% si se rescatan en forma de capital, aunque esta ventaja solo se mantendrá hasta 2026. Por ello, puede resultar conveniente combinar un rescate parcial en forma de capital antes de esa fecha y continuar cobrando el resto como renta a partir de 2027.
Los artistas, técnicos audiovisuales y creadores que cedan los derechos de sus obras literarias, científicas o artísticas disponen de una nueva reducción del 30% sobre los rendimientos generados en ejercicios excepcionales. Podrán aplicarla cuando esos ingresos superen en más de un 30% la media de los tres años anteriores, con un límite máximo de 150.000 euros. Así, si alguien ha facturado 60.000 euros anuales de media y en 2025 obtiene 110.000 euros, podrá aplicar la reducción sobre el exceso de 78.000 euros.
Por último, quienes adquieran un coche eléctrico en 2025 podrán deducirse el 15% del importe de la compra, siempre que el vehículo no supere los 45.000 euros. Esta misma deducción se aplica a la instalación de un punto de recarga en el hogar, tanto en vivienda habitual como en una alquilada, siempre que se cuente con la documentación técnica y las facturas correspondientes. Para beneficiarse, la compra o instalación debe realizarse y pagarse dentro del ejercicio 2025.
La mayoría de las empresas y profesionales deberán adaptarse durante el próximo año a las nuevas exigencias establecidas por la Ley Antifraude. Algunos podrán quedar fuera de su aplicación, aunque asumirán un mayor riesgo de ser objeto de inspecciones por parte de Hacienda. La cuenta atrás para la entrada en vigor de estas obligaciones ya ha comenzado: a partir del 1 de enero de 2026, las compañías obligadas a presentar el Impuesto sobre Sociedades deberán cumplir con los nuevos requisitos de facturación, mientras que los autónomos tendrán que hacerlo desde el 1 de julio del mismo año.
Aunque la mayoría de estos colectivos deberán ajustarse a las nuevas normas -como el registro cerrado de facturas, la incorporación de un código QR en los recibos o la prohibición de programas que permitan una doble contabilidad-, existen ciertos grupos que quedarán exentos.
En concreto, hay cuatro colectivos que podrían quedar fuera del cumplimiento de estas obligaciones: Las empresas acogidas al Suministro Inmediato de Información (SII), ya que transmiten sus datos directamente a la Agencia Tributaria. Los que tributan bajo el régimen especial de actividades agrícolas y ganaderas. Aquellos sin obligación de emitir facturas ni justificantes de venta. Y quienes empleen el sistema TicketBAI en el País Vasco y Navarra, equivalente al sistema Verifactu en el resto del territorio foral.
El resto de empresarios y profesionales que utilicen un Sistema Informático de Facturación (SIF) deberán ajustarse a las nuevas normas, incluso si trabajan con herramientas simples como hojas de cálculo en Excel o documentos en Word. Así lo confirmó la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) del Ministerio de Hacienda durante las jornadas del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). El reglamento define de manera amplia lo que se considera un programa de facturación, lo que implica que el uso de estas herramientas también puede obligar a cumplir con la ley, salvo en determinados casos.
La propia Agencia Tributaria aclara que el reglamento no afectará a quienes usen procesadores de texto o hojas de cálculo únicamente para registrar, emitir, imprimir o conservar facturas. Sin embargo, sí se considerará un sistema informático de facturación si el programa se utiliza para procesar la información y generar directamente los libros registro de IVA o IRPF, la contabilidad u otros documentos relacionados con obligaciones tributarias.
Por ejemplo, si un usuario emplea Excel solo para listar facturas y realizar sumas básicas, no estará afectado. Pero si lo programa para crear una base de datos que genere el libro registro de facturas expedidas, entonces sí deberá cumplir con los nuevos requisitos.
Este punto resulta clave, ya que, aunque el uso de Verifactu no sea obligatorio para todos, la ONIF advierte que no utilizar este sistema de envío en tiempo real de facturas a Hacienda podría incrementar el riesgo de inspecciones por parte del Fisco.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que, para calcular los aranceles de los productos almacenados, debe tomarse como referencia el valor correspondiente a la primera venta que introduce las mercancías en el territorio comunitario. Esta resolución aporta seguridad jurídica a las empresas importadoras, aunque también insiste en la necesidad de cumplir estrictamente con los requisitos de validez de los certificados de origen.
La sentencia, de gran relevancia para el comercio internacional, resuelve un litigio entre la empresa española Compañía de Distribución Integral Logista y la Administración General del Estado, estableciendo un criterio que afectará a numerosos operadores logísticos y comerciales en la Unión Europea.
El caso se refería a la importación de cigarros puros procedentes de países como Cuba. Los productos eran vendidos por el fabricante a una primera empresa, Altadis, y transportados a un depósito aduanero en La Rioja, gestionado por Logista. Antes de que los cigarros fueran distribuidos a los estancos, Altadis realizó una segunda venta a Logista, lo que generó el conflicto sobre qué valor debía utilizarse para calcular los derechos de aduana.
Logista consideraba que debía aplicarse el precio de la primera venta, la que motivó la importación. En cambio, la Agencia Tributaria española defendía que el valor correcto era el de la segunda transacción, de mayor importe y, por tanto, con un efecto recaudatorio superior.
Ante esta controversia, el Tribunal Supremo español elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dio la razón al importador. El TJUE concluyó que, cuando las mercancías se introducen en un depósito aduanero antes de ser despachadas, el valor en aduana debe fijarse en el momento de su entrada en dicho depósito. En consecuencia, el precio relevante es el de la primera venta que origina la importación al territorio aduanero comunitario.
Esta interpretación, basada en el Código Aduanero Comunitario, otorga a las empresas una base sólida para planificar sus operaciones y calcular con precisión los costes arancelarios, ya que las ventas internas dentro del depósito no alteran la base imponible.
No obstante, la sentencia también aborda la cuestión de los certificados de origen, necesarios para acceder a reducciones arancelarias en virtud de acuerdos comerciales. En el caso analizado, algunos certificados habían caducado durante el tiempo que los cigarros permanecieron almacenados. Logista argumentaba que debían seguir siendo válidos porque ya se habían aceptado para despachos anteriores de la misma mercancía, pero el Tribunal desestimó esta postura.
El TJUE determinó que las autoridades aduaneras no están obligadas a admitir certificados de origen vencidos, aunque hayan sido válidos para operaciones previas del mismo lote. Una vez expirado el documento, pierde toda eficacia para nuevas declaraciones de importación.
Esta conclusión pone de relieve la importancia de una gestión administrativa precisa. Las empresas deben planificar cuidadosamente la salida de sus productos del depósito aduanero y asegurarse de que los certificados necesarios para aplicar beneficios arancelarios se encuentren vigentes en el momento de despacho.
En términos prácticos, el fallo refuerza el papel del depósito aduanero como herramienta logística eficiente y previsible, pero al mismo tiempo exige una coordinación estricta entre los departamentos de logística y fiscalidad. Un error en la gestión de la documentación puede suponer la pérdida de ventajas económicas significativas, por lo que la planificación de las operaciones debe incluir un control riguroso de la vigencia de los certificados y de los plazos de despacho.
La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local ha alertado este martes de que la obligatoriedad de aplicar la nueva tasa de residuos en España ha generado un agujero financiero que superaría los 2.000 millones de euros en los presupuestos municipales de 2025. Las cifras recopiladas por distintas entidades privadas, difundidas por la asociación antes de su congreso anual, señalan que el coste total de la gestión de basuras asciende a 5.325 millones, mientras que los ingresos previstos por el nuevo tributo apenas llegan a 3.488 millones. Esta diferencia supone una cobertura del 65,5%, muy por debajo de la exigencia legal de que la tasa cubra la totalidad del servicio.
La obligación de la ley estatal 7/2022 ha alterado un sistema que durante años combinaba tasas e impuestos para financiar el servicio y que ahora impone que los ciudadanos asuman la totalidad del gasto. Según explica Juan Ignacio Gomar, integrante del comité de expertos de la asociación, si se cumpliera estrictamente la norma, muchos ayuntamientos tendrían que aumentar aún más las tasas para cubrir ese déficit de unos 2.000 millones.
Gomar, autor del Libro Blanco que la asociación difundirá esta semana, sostiene que la norma estatal introdujo "de manera discreta" la exigencia de imponer la tasa y que ello ha generado "incertidumbre y grandes desigualdades entre contribuyentes". Destaca que lo que se paga por este concepto varía enormemente entre municipios y advierte de que algunas tasas podrían ser anuladas en los tribunales, lo que crearía importantes desajustes presupuestarios. Si los ayuntamientos recaudan durante varios años una tasa que después se declare inválida, las consecuencias económicas podrían ser muy graves: "En pocos años podríamos ver consistorios obligados a devolver cantidades millonarias".
El impacto es especialmente elevado en municipios que nunca habían tenido una tasa de basuras, donde la aparición repentina del cobro ha provocado tensiones. En localidades que sí la tenían, en algunos casos se han producido subidas bruscas que pueden superar los 200 euros por vivienda. Gomar califica el aumento de la carga fiscal como "muy significativo", sobre todo porque los ciudadanos no perciben mejoras en el servicio. "Si antes los ayuntamientos podían financiar la recogida y tratamiento de residuos, ahora esta tasa irrita a los vecinos porque no entienden el motivo del cambio", resume.
El experto recuerda que la directiva europea obliga a trasladar a los usuarios los costes del tratamiento de residuos, pero no exige una tasa concreta ni impone que no genere déficit. Cada país puede establecer su propio mecanismo, y según él, solo España ha optado por la vía más estricta.
La incertidumbre jurídica se extiende a cada ayuntamiento, especialmente por la aplicación del principio de pago por generación, que implica que pague más quien más residuos produzca. Este criterio induce numerosos conflictos: "¿Cómo se determina cuánto genera cada vivienda o cada vecino?", cuestiona Gomar. En grandes ciudades, donde el volumen y diversidad de residuos es mucho mayor, el cálculo individual resulta especialmente complicado. Las ordenanzas locales están adoptando soluciones muy dispares, lo que abre la puerta a una avalancha de reclamaciones judiciales. Las resoluciones de los tribunales superiores autonómicos pueden ser contradictorias entre sí y el Tribunal Supremo aún no ha fijado una doctrina clara, lo que hace prever un escenario similar al de la plusvalía municipal tras la sentencia del Constitucional de 2021.
Arturo Delgado, presidente de la asociación, sostiene que esta situación es consecuencia de "muchos años de abandono en la normativa de Hacienda local". Critica que la tasa se aprobara con una regulación mínima que ha generado múltiples problemas y que la obligación de que no presente déficit ha provocado un impacto súbito en las cuentas de los ayuntamientos.
Delgado recuerda que España actuó siguiendo la recomendación de la Comisión Europea de avanzar hacia instrumentos que facilitaran los objetivos ambientales, pero considera que la imposición obligatoria de una tasa para todos los municipios se introdujo de manera precipitada, "en apenas un párrafo", sin un desarrollo normativo suficiente y dejando los aspectos técnicos en manos de cada consistorio. Según los inspectores, esto ha supuesto trasladar una carga económica significativa tanto a las administraciones locales como a los ciudadanos, generando miles de horas de trabajo técnico y previsiblemente un fuerte aumento de los litigios.
La asociación también señala otro problema que afecta a la capacidad de los ayuntamientos para aplicar correctamente esta tasa: la externalización de funciones inspectoras. Esta práctica, frecuente en muchos municipios, está empezando a ser anulada por los tribunales, algo que la asociación celebra. Delgado considera que la inspección local se ve "amenazada" cuando se sustituyen funciones que corresponden a empleados públicos por empresas privadas. Los inspectores denuncian que la colaboración con entidades privadas se ha usado para ceder tareas esenciales de la potestad tributaria, lo que puede vulnerar derechos de los contribuyentes. Aseguran que estas empresas han llegado a emitir requerimientos, iniciar procedimientos sancionadores e incluso gestionar planes reservados de inspección.
La llamada financiación singular catalana -destinada a reconocer las particularidades de Cataluña y a reforzar su autonomía fiscal y de autogobierno- ha quedado, por el momento, en suspenso. Todo apunta a que no llegará a materializarse durante esta legislatura, como demuestran los últimos acontecimientos: la retirada por parte de ERC de su proposición de ley sobre la cesión del IRPF y las recientes declaraciones del Gobierno de Pedro Sánchez. El tiempo se agota, y se confirma así la previsión que fuentes políticas catalanas expresaron a este medio en junio: "No creemos que esta financiación vaya a salir adelante".
El hecho más significativo ha sido la decisión del grupo parlamentario de ERC de retirar la proposición de ley que permitiría a la Generalitat recaudar, gestionar e inspeccionar el IRPF. El pasado 31 de octubre, la iniciativa fue sustituida por otra centrada en medidas fiscales contra la especulación inmobiliaria. Aunque no se han ofrecido explicaciones públicas, la causa es evidente: transferir a una comunidad autónoma la gestión del principal impuesto del sistema fiscal español -que representa cerca del 45% de la recaudación total- requeriría modificar la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA), algo que solo puede hacerse con mayoría absoluta, actualmente inalcanzable para cualquier grupo político.
Además, el Gobierno central no parecía dispuesto a respaldar la propuesta, pese a que su aprobación era una de las condiciones de ERC para apoyar los Presupuestos Generales de 2026. Aunque el Ejecutivo insiste en presentar las cuentas, ya asume que difícilmente serán aprobadas, por lo que la iniciativa de Esquerra ha dejado de ser una prioridad. En paralelo, el Gobierno ha anunciado su intención de iniciar los trabajos para un nuevo modelo general de financiación autonómica.
"Han cambiado el enfoque: de la financiación singular a una negociación multilateral, en parte para reforzar la posición de María Jesús Montero en Andalucía", explica el inspector de Hacienda Francisco de la Torre a elEconomista.es. "Es una maniobra importante -añade-. El Estado ha prometido aumentar en 23.000 millones de euros los recursos para todas las comunidades, incluida Cataluña, mediante más impuestos cedidos y fondos adicionales. Pero eso disparará el déficit".
Por ahora, el anuncio del nuevo sistema de financiación autonómica no ha pasado del papel. Fuentes de la Junta de Andalucía confirman que el Gobierno "no se ha puesto en contacto con nosotros para tratar este tema", lo que indica que tampoco lo ha hecho con las demás regiones.
Según los expertos, esta iniciativa generalizada podría servir para "diluir" la propuesta específica para Cataluña, mientras permite a la ministra de Hacienda encarar su posible candidatura en Andalucía con una imagen de equilibrio territorial, defendiendo un modelo que beneficie a todas las autonomías por igual. Incluso el portavoz de ERC en el Congreso, Isaac Albert, declaró recientemente que Montero "actúa más como candidata del PSOE en Andalucía que como ministra de Hacienda".
Aunque en el acuerdo firmado entre el Gobierno y la Generalitat en julio se incluía la futura financiación singular dentro de la reforma del sistema de financiación autonómica, con la posibilidad de que otras comunidades se sumaran, esa condición ha ralentizado el proceso y complica los plazos. A ello se suma la actual debilidad parlamentaria del Ejecutivo tras la ruptura con Junts.
En Cataluña, la situación tampoco avanza. La comisión de expertos creada por la Generalitat en el verano de 2024 para elaborar propuestas sobre el nuevo modelo debía presentar sus conclusiones el pasado 30 de junio. Más de cuatro meses después, el Govern de Salvador Illa aún no ha recibido dicho informe, lo que retrasa aún más cualquier posibilidad de acuerdo sobre la financiación singular.
El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la proposición de ley presentada por Esquerra Republicana (ERC) para crear un impuesto progresivo sobre la acumulación de viviendas a partir de la tercera propiedad, cuyo tipo aumentaría en función del número de inmuebles. La iniciativa planteaba gravar los bienes inmobiliarios de uso residencial desde la tercera vivienda, con tipos que irían del 4% al 8% y al 12% entre la tercera y la quinta, añadiendo un 5% adicional por cada vivienda a partir de la sexta.
El Partido Popular, Vox, PNV y Junts votaron en contra de la toma en consideración de la propuesta, mientras que el PSOE destacó los avances del Gobierno en materia de vivienda y subrayó que algunas de las ideas de ERC coinciden con las políticas impulsadas por el Ejecutivo.
Durante su intervención en la Cámara, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, defendió que el acceso a la vivienda es actualmente el principal problema en España. Señaló que hoy en día se necesitarían hasta 59 años de salario para adquirir un piso de 60 metros cuadrados y denunció que el 45% de los inquilinos vive en situación de pobreza, mientras el mercado inmobiliario se ha convertido en un "refugio de inversión" para grandes fortunas internacionales. En este contexto, Rufián abogó por intervenir los precios y aplicar impuestos a los especuladores, a los que calificó como la "criptonita" de los inversores en vivienda. "Quien quiera enriquecerse con casas, que pague", afirmó.
En el debate, los grupos de la oposición conservadora mostraron su rechazo a la propuesta. El diputado popular Raúl Cuevas Larrosa criticó que se trata de una medida "ideológica" que supondría una "subida masiva de impuestos" y un "castigo al ahorro y la inversión". Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Carlos Hernández Quero, calificó la iniciativa como un "despropósito" que no soluciona las verdaderas causas que dificultan el acceso a la vivienda.
Desde Junts, la diputada Marta Madrenas argumentó que el impuesto "sobrecargaría" a los propietarios, lo que podría desincentivar la oferta de viviendas. En la misma línea, la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, expresó sus dudas sobre gravar de forma generalizada a partir de la tercera vivienda, advirtiendo que podría tener "efectos negativos" y provocar que más viviendas salgan del mercado.
En cambio, los grupos situados a la izquierda del PSOE, como Bildu, BNG, Podemos y Compromís, mostraron su apoyo a la iniciativa. El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, consideró que la propuesta de ERC va en la dirección adecuada y defendió la necesidad de aumentar la presión fiscal sobre los grandes propietarios. "Con la situación actual del mercado, lo que toca es subir los impuestos a los rentistas", concluyó.
La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso aprobó este martes, con el respaldo de PP, Vox y Junts, una iniciativa que insta al Gobierno a "combatir con firmeza la ocupación ilegal y derogar cualquier normativa que la favorezca". En particular, estos partidos reclaman eliminar la actual suspensión de desahucios y lanzamientos, una medida que expira a finales de año y cuya prórroga indefinida exige Podemos. Esta votación supone un nuevo revés para el Ejecutivo en el ámbito legislativo, ya que ninguna de sus propuestas sobre vivienda prosperó -salvo una del Grupo Republicano para fomentar las cooperativas en cesión de uso-, incluida la idea de establecer un impuesto sobre la compra y posterior reventa de viviendas.
La moción contra la ocupación fue defendida por el diputado del PP Daniel Pérez Osma, quien recordó que, según cifras del Ministerio del Interior, en 2024 se contabilizaron 16.426 casos de ocupación, un aumento del 7,4% respecto al año anterior, y que Cataluña concentra el 42% del total. "Hoy en España alguien puede perder en una noche lo que le ha costado toda una vida ganar, y luego tardar años en recuperarlo. Y aún hay quien dice que es un problema exagerado. Díganselo al jubilado que sigue pagando luz y comunidad de una casa que ya no puede usar. Proponemos anular la suspensión vigente de desahucios y lanzamientos, garantizando a la vez la protección de quienes están en situación vulnerable sin cargar esa responsabilidad sobre los propietarios. También queremos proteger la convivencia, ya que la ocupación ilegal deteriora los espacios comunes, degrada los barrios y genera inseguridad", expresó el diputado popular.
En paralelo, la Comisión rechazó por amplia mayoría -solo seis votos a favor y 30 en contra- la propuesta de Sumar de aplicar un impuesto del 25% a la reventa de viviendas adquiridas en los dos años previos. El diputado de Sumar Alberto Ibáñez denunció que el house flipping -comprar, reformar y vender pisos rápidamente- ofrece beneficios que oscilan entre el 10% y el 35%. "La especulación inmobiliaria permite que alguien gane durmiendo más que otra persona que no puede dormir porque, trabajando ocho horas, no consigue pagar el alquiler. Esa situación merece una respuesta fiscal que proteja el derecho constitucional a una vivienda", afirmó.
El Grupo Socialista presentó dos propuestas ante la Comisión. La primera, titulada El problema de la vivienda, un compromiso de todos, pedía al Gobierno reforzar la cooperación con todas las administraciones para impulsar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, blindar permanentemente las viviendas financiadas con fondos públicos, mejorar los sistemas de datos y aumentar la inversión en políticas públicas de vivienda. Sin embargo, PP, Vox y Junts votaron en contra. La segunda iniciativa, previsiblemente rechazada por los mismos partidos, se centraba en la regulación de los pisos turísticos en los territorios insulares.
La única propuesta que obtuvo un respaldo casi unánime -con la excepción de Vox- fue una PNL destinada a promover las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso. En este modelo, la cooperativa es propietaria del edificio y otorga a sus miembros el derecho de uso de las viviendas a cambio de una aportación y del pago de los gastos. El texto plantea reformar la legislación cooperativa y su fiscalidad, además de impulsar bonificaciones municipales, mecanismos de gestión de suelo y avales públicos, entre otras medidas. La iniciativa fue presentada por el Grupo Republicano y lleva la firma de Etna Estrems y Gabriel Rufián.
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