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(Expansión, 17-06-2026) | Fiscal

Bruselas busca una fiscalidad para la electricidad que sean sustancialmente inferior a la del gas natural

La Unión Europea prepara una profunda transformación de su política energética y fiscal con el objetivo de abaratar la factura de la luz y acelerar la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes. La Comisión Europea trabaja en una propuesta legislativa que modificará tanto la fiscalidad energética como los costes asociados al uso de las redes eléctricas, buscando reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar la competitividad de la electricidad frente al gas natural. La iniciativa llega en un contexto marcado por la inestabilidad de los mercados energéticos internacionales. Las tensiones derivadas de la guerra en Irán han vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de Europa ante las oscilaciones de los precios del petróleo y del gas, dos materias primas de las que el bloque comunitario sigue siendo altamente dependiente. Bruselas considera que esta situación refuerza la necesidad de acelerar la electrificación de actividades como el transporte, la calefacción o determinados procesos industriales. Según un borrador de la propuesta al que ha tenido acceso Reuters, la Comisión pretende que los Estados miembros apliquen una fiscalidad claramente más favorable a la electricidad que al gas natural. El objetivo es doble: reducir los costes energéticos de hogares y empresas y, al mismo tiempo, impulsar la adopción de tecnologías como los vehículos eléctricos o las bombas de calor, cuya expansión se ha visto limitada en parte por el elevado coste de la electricidad. La futura normativa permitirá que cada país mantenga cierto margen para fijar sus propios impuestos energéticos, aunque todos deberán respetar el principio general de otorgar un tratamiento fiscal preferente a la electricidad. De esta forma, Bruselas pretende crear señales económicas que favorezcan la sustitución progresiva de los combustibles fósiles. La reforma también contempla medidas dirigidas a modificar los patrones de consumo energético. En concreto, se impulsarán incentivos para que los consumidores trasladen parte de su demanda eléctrica a los momentos en los que la energía sea más abundante y económica, normalmente coincidiendo con los periodos de mayor producción renovable. Esta estrategia busca aprovechar mejor la generación procedente de fuentes solares y eólicas, reduciendo la presión sobre el sistema eléctrico y mejorando su eficiencia. Para facilitar este cambio, la Comisión plantea que al menos la mitad de los consumidores europeos dispongan de contadores inteligentes antes de 2030. Estos dispositivos permiten monitorizar el consumo en tiempo real y acceder a tarifas adaptadas a las distintas franjas horarias, ofreciendo mayores posibilidades de ahorro. La medida cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que los costes de red representan aproximadamente una cuarta parte del importe de una factura eléctrica media en la Unión Europea. Sin embargo, la tramitación política de esta reforma no estará exenta de dificultades. El texto todavía se encuentra en fase de borrador y podría experimentar modificaciones antes de su presentación definitiva. Además, para convertirse en legislación comunitaria necesitará el respaldo tanto del Parlamento Europeo como de los Estados miembros. Precisamente en el ámbito nacional comienzan a surgir las primeras resistencias. Algunos gobiernos consideran que cualquier modificación relacionada con la fiscalidad debería aprobarse por unanimidad y no mediante mayorías cualificadas. Estos países advierten de que una reforma de este tipo podría abrir la puerta a futuras injerencias en competencias que consideran exclusivas de los Estados. El núcleo de esta transformación se encuentra en la revisión de la Directiva de Fiscalidad de la Energía, una normativa que Bruselas considera desfasada respecto a los actuales objetivos climáticos. La principal novedad consistirá en abandonar el sistema que grava los combustibles en función de su volumen para sustituirlo por otro basado en su contenido energético y en el impacto ambiental que generan. Este nuevo modelo aplicará de forma más estricta el principio de que quien más contamina debe asumir una mayor carga fiscal. Como consecuencia, los combustibles fósiles soportarán impuestos más elevados, mientras que la electricidad procedente de fuentes limpias disfrutará de una tributación más reducida. Con ello, la Comisión Europea aspira a orientar las decisiones de inversión y consumo hacia alternativas más sostenibles y acelerar la descarbonización de la economía comunitaria.

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(El Economista, 17-06-2026) | Fiscal

Hacienda embargará automáticamente el dinero de cualquier cuenta "online" y en otras divisas

La Agencia Tributaria ha dado un paso más en la adaptación de sus mecanismos de recaudación a la expansión de los neobancos, las entidades de dinero electrónico y las fintech, que permiten abrir y gestionar cuentas de forma totalmente digital. A partir de ahora, Hacienda podrá embargar de manera automática los saldos que los contribuyentes deudores mantengan en este tipo de plataformas. La Dirección General de la Agencia Tributaria ha aprobado una resolución que amplía el sistema de embargo telemático, que hasta ahora se aplicaba a la banca tradicional, a cualquier proveedor de servicios de pago o entidad digital, tanto nacional como extranjera. Esto incluye cuentas en distintas divisas, en las que los usuarios pueden operar sin necesidad de convertir sus fondos a euros. Con esta medida, el fisco extiende el procedimiento automatizado a todo el ecosistema financiero digital, de forma que estas entidades recibirán diariamente las órdenes de embargo y deberán bloquear las cantidades indicadas de manera inmediata. En caso de insuficiencia de saldo, se ejecutará la retención parcial disponible. La resolución establece, no obstante, algunas limitaciones. No se practicará embargo alguno cuando el saldo sea igual o inferior a tres euros. Además, en las cuentas en las que se ingresen salarios o pensiones se respetarán los límites legales de inembargabilidad, de forma que únicamente podrá retenerse la cantidad que exceda del Salario Mínimo Interprofesional. En función del nivel de ingresos, se aplicarán también los porcentajes de protección establecidos por la normativa. La nueva regulación, publicada en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor en noviembre de 2026. Afectará a cuentas corrientes, de ahorro, libretas y cuentas de pago no bancarias, mientras que quedan excluidas las cuentas de crédito y aquellos supuestos en los que existan embargos adoptados como medida cautelar. Las entidades incluidas en este sistema deberán adherirse de forma voluntaria a la resolución, con independencia de su condición de colaboradoras habituales en la recaudación tributaria. A partir de su incorporación, recibirán de forma diaria las diligencias de embargo antes de las 20:00 horas y estarán obligadas a ejecutarlas antes de las 8:00 del día siguiente. Asimismo, deberán informar a la Administración sobre el resultado de cada actuación, indicando si el embargo ha podido realizarse en su totalidad o si no ha sido posible por falta de fondos. El importe recaudado deberá ingresarse en el Tesoro Público en un plazo máximo de 20 días. La normativa también contempla la posibilidad de que las entidades puedan extender la ejecución del embargo a otras cuentas del mismo cliente, hasta un máximo de diez, en caso de que no exista saldo suficiente en la inicialmente señalada por la Agencia Tributaria. Finalmente, el texto advierte de que el incumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse una infracción en materia de colaboración con la Administración tributaria, lo que podría derivar en la apertura de expedientes sancionadores.

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(El Economista, 17-06-2026) | Fiscal

El Supremo aclarará si Hacienda necesita autorización judicial para acceder a los ordenadores en los registros

El Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre si la Agencia Tributaria necesita autorización judicial para acceder a la información almacenada en ordenadores y dispositivos digitales durante los registros que se realizan en locales o espacios que no están protegidos constitucionalmente. El alto tribunal ya ha establecido en resoluciones anteriores que el acceso a domicilios protegidos, como viviendas particulares o sedes sociales de empresas, requiere siempre una orden judicial previa. Sin embargo, ahora estudiará un nuevo supuesto relativo al tratamiento de la información digital cuando el registro se produce en espacios que no gozan de esa protección constitucional, como oficinas, almacenes u otros recintos similares. Según el auto de admisión fechado el pasado 29 de mayo, el Supremo analizará si, incluso en esos casos, la inspección tributaria necesita autorización judicial para acceder a ordenadores, bases de datos o sistemas de almacenamiento masivo de información. En caso afirmativo, también deberá determinar el alcance de dicha autorización y si el juez debe justificar de forma específica la relación entre el acceso a los dispositivos y la investigación tributaria concreta, así como los criterios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad y carácter excepcional de la medida. El tribunal ya había señalado en 2024 que, cuando se trata de domicilios constitucionalmente protegidos, es imprescindible contar con autorización judicial para entrar en los sistemas informáticos. Ahora, el debate se centra en si esa misma exigencia debe aplicarse en entornos no protegidos cuando la actuación administrativa implica el acceso a grandes volúmenes de información digital. Para resolver esta cuestión, el Supremo tomará en consideración el artículo 18 de la Constitución, que garantiza la inviolabilidad del domicilio y protege el secreto de las comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Finalmente, el alto tribunal deberá aclarar si, en caso de que la autorización judicial fuera necesaria y no se hubiera obtenido, puede considerarse válido el consentimiento del titular de la empresa o su representante legal cuando la Administración no le haya informado expresamente de que puede negarse a la entrada, exigir dicha autorización o revocar su consentimiento en cualquier momento.

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(Expansión, 16-06-2026) | Fiscal

Por cada 100.000 euros de precio de vivienda nueva, los compradores asumen más de 26.000 por los impuestos directos e indirectos

El encarecimiento de la vivienda en España no sólo responde al desequilibrio entre oferta y demanda. A la escasez de inmuebles disponibles y al aumento de la población se suma un importante componente fiscal que, según un informe elaborado por EY para Asprima, eleva significativamente el coste que deben asumir quienes adquieren una vivienda. El estudio calcula que la carga tributaria total asociada a la compra de una vivienda alcanza el 26,1% de su valor. Este porcentaje incluye tanto los impuestos soportados por promotores y constructores durante el proceso de desarrollo como los tributos que abonan directamente los compradores al formalizar la adquisición. Uno de los elementos que más ha contribuido a este incremento es la evolución del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. Tras la reforma aplicada en 2021, los coeficientes utilizados para calcular este tributo aumentaron de forma considerable en las operaciones de corta duración, habituales en la promoción inmobiliaria. Según el informe, esta situación ha generado un encarecimiento relevante de los proyectos residenciales, afectando a su rentabilidad y trasladando parte de ese coste al precio final de las viviendas. Como consecuencia, el acceso a la propiedad resulta cada vez más complicado para determinados colectivos, especialmente los jóvenes y las familias con menor capacidad de ahorro. De hecho, la proporción de propietarios menores de 35 años habría descendido desde el 70% registrado en 2005 hasta cerca del 30% en la actualidad. La cuestión adquiere mayor relevancia tras la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que contempla una inversión de 2.800 millones de euros hasta 2030 destinada a reforzar las ayudas para el acceso a la vivienda. Sin embargo, el sector considera que estas ayudas podrían verse parcialmente neutralizadas por el peso creciente de la fiscalidad sobre la compraventa. El informe destaca que el aumento de la plusvalía municipal ha sido especialmente intenso en algunas grandes ciudades. Madrid encabeza la clasificación con un incremento del 650% desde 2020 en los coeficientes aplicables a determinadas operaciones. Le siguen Sevilla, con una subida del 500%; Málaga y Zaragoza, con aumentos del 305%; y Barcelona, donde el crecimiento alcanza el 275%. Como ejemplo, para un terreno con un valor catastral de 100.000 euros transmitido en el mismo año de su adquisición, la base imponible en Madrid habría pasado de 2.000 a 15.000 euros en apenas seis años. A consecuencia de esta evolución, los promotores soportan una carga fiscal media de 15.372 euros por cada 100.000 euros de precio final de venta. A ello se suman los aproximadamente 10.750 euros que el comprador debe pagar en concepto de IVA y Actos Jurídicos Documentados (AJD). En conjunto, la factura fiscal supera los 26.000 euros por cada 100.000 euros de valor de la vivienda. Así, una vivienda de 300.000 euros puede llevar asociada una carga tributaria superior a los 75.000 euros. El estudio sitúa a España entre los países con una mayor presión fiscal sobre la compraventa de viviendas. Mientras la carga tributaria media ronda el 9,7% en los países de la OCDE y el 6,5% en la Unión Europea, el nivel registrado en España se encuentra muy por encima de esos porcentajes. Para corregir esta situación, EY y Asprima plantean varias medidas. La primera consiste en permitir que los gastos de urbanización y promoción se integren en el valor de adquisición del suelo a efectos del cálculo de la plusvalía municipal, reduciendo así la base imponible del impuesto. Asimismo, se propone establecer bonificaciones específicas para las transmisiones de vivienda nueva, similares a las que ya existen en determinados supuestos para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Por último, el informe plantea reconocer la promoción de vivienda como una actividad de especial interés o utilidad municipal, lo que abriría la puerta a aplicar incentivos fiscales adicionales para favorecer el desarrollo de nuevas promociones residenciales y contribuir a incrementar la oferta disponible en el mercado.

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(Expansión, 16-06-2026) | Fiscal

España encara casi un punto más de inflación pese al desbloqueo de Ormuz

Los analistas consideran que el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán refuerza la capacidad de Teherán para influir sobre el tráfico en el Estrecho de Ormuz. Además, advierten de que la recuperación de la normalidad en esta vía marítima será gradual y que las operaciones seguirán condicionadas por unos costes de aseguramiento más elevados. Para España, los efectos del acuerdo de paz serán previsiblemente positivos, aunque limitados y centrados principalmente en los sectores de la energía, el transporte, el turismo y la confianza económica. Así lo apunta Raúl Viñas, analista de Afi, quien destaca que incluso una reapertura parcial de Ormuz contribuiría a reducir el precio de los combustibles, aliviaría los costes de la electricidad y del transporte, y favorecería la rentabilidad de las actividades con un elevado consumo energético o una fuerte dependencia logística. No obstante, desde Funcas anticipan que las consecuencias económicas se dejarán sentir de forma gradual a medida que desaparezcan las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la guerra. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, explica que la vuelta a la tributación ordinaria del IVA y de los impuestos especiales sobre los hidrocarburos, cuya vigencia concluye el 1 de julio salvo nueva prórroga, provocará previsiblemente un aumento del IPC de ocho décimas en ese mes. Torres añade que muchas empresas han soportado durante el conflicto costes adicionales que todavía no han trasladado completamente a los precios finales, por lo que la inflación seguirá registrando cierta presión en los próximos meses a pesar de la paz alcanzada. Esta situación podría traducirse también en una pérdida temporal de poder adquisitivo para los consumidores. El alcance definitivo de las repercusiones sobre la economía dependerá en gran medida del comportamiento del consumo. En estos momentos, Funcas calcula que el conflicto podría restar entre dos y tres décimas al crecimiento económico previsto para España este año. Mientras tanto, el vicepresidente económico del Gobierno, Carlos Cuerpo, mantiene abierta la ronda de contactos con los agentes sociales para estudiar la continuidad de algunas medidas de apoyo durante el verano. Después de reunirse con representantes del sector gasista y petrolero, entre ellos responsables de Enagás, Exolum y las asociaciones AICE y Sedigas, el Ejecutivo prevé convocar próximamente a representantes de la industria y del sector agroalimentario.

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(La Vanguardia, 16-06-2026) | Fiscal

El Gobierno ampliará hasta final de año el control semanal de los precios de los carburantes

El Gobierno prolongará hasta final de año la obligación impuesta a los operadores mayoristas de productos petrolíferos con capacidad de refino en España de remitir semanalmente información detallada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre sus costes de adquisición y los precios de venta de carburantes a las estaciones de servicio. La decisión fue comunicada este lunes por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante una reunión mantenida con representantes del sector petrolero, en la que también participó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. La medida forma parte del paquete aprobado para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra con Irán. Inicialmente, la obligación de informar a la CNMC tenía una vigencia de tres meses, aunque el decreto que la regulaba contemplaba la posibilidad de prorrogarla. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes su extensión hasta el próximo 31 de diciembre. La participación del Ministerio de Economía en el encuentro responde a una ronda de contactos impulsada por el Ejecutivo para evaluar el impacto que el conflicto está teniendo sobre distintos sectores de la economía española. En los próximos días también se celebrarán reuniones con representantes del sector agroalimentario, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y con el tejido industrial, en colaboración con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. El objetivo de estos encuentros es analizar la evolución de la situación internacional y determinar si resulta necesario mantener, modificar o ampliar el Plan de Respuesta aprobado por el Gobierno el pasado 20 de marzo para mitigar los efectos económicos de la crisis. La valoración preliminar del Ejecutivo es positiva. Según las estimaciones manejadas por el Gobierno, las medidas adoptadas han contribuido a amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía sobre la economía española, especialmente en los precios de los carburantes. El efecto de este paquete de actuaciones se traduciría en una moderación cercana a un punto porcentual de la tasa general de inflación. No obstante, el Ejecutivo sigue atento a la evolución de los acontecimientos en Oriente Próximo. En particular, la posible reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo, será determinante para evaluar el alcance definitivo de las medidas de apoyo. La vigencia inicial del plan concluye el próximo 30 de junio, pero el Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su continuidad. La evolución de los mercados energéticos y el impacto económico de una eventual normalización del tráfico marítimo en Ormuz serán factores clave para decidir si las ayudas se extinguen en la fecha prevista o si, por el contrario, se prolongan bajo nuevas condiciones.

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(El Economista, 16-06-2026) | Fiscal

Barcelona endurecerá significativamente la fiscalidad aplicada a los cruceros de escala corta

El acuerdo alcanzado entre el PSC, ERC y En Comú prevé elevar hasta los 30 euros la tasa turística que deberán abonar los pasajeros de aquellos barcos que permanezcan menos de 12 horas en la ciudad, frente a los 11 euros que pagan actualmente. La medida forma parte de la estrategia impulsada por el Ayuntamiento para reducir el impacto del turismo de paso y favorecer un modelo basado en los denominados puertos base, es decir, aquellos en los que los cruceros inician o finalizan su recorrido. Precisamente, estos viajeros no se verán afectados por el incremento previsto. El aumento se producirá a través del recargo municipal que se aplica sobre la tasa turística. Este suplemento, que desde abril asciende a ocho euros por pasajero, aumentará progresivamente hasta alcanzar los 24 euros en 2027. Sumado al gravamen autonómico ya existente, la cuantía total llegará a los 30 euros para los cruceristas que permanezcan en la ciudad menos de medio día. La propuesta será sometida a aprobación inicial en la comisión municipal de Economía y posteriormente deberá recibir el visto bueno definitivo del pleno municipal. Una vez completado este trámite, será remitida al Parlament de Cataluña para su incorporación a la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos. Junto a la subida fiscal, el acuerdo incorpora un nuevo límite anual de actividad. ERC ha impulsado la creación de un techo de 3,5 millones de cruceristas al año, con el objetivo de contener el crecimiento del tráfico marítimo turístico y minimizar su impacto sobre la ciudad. Los socios del gobierno municipal defienden que el incremento de la recaudación debe revertir en servicios públicos. Los republicanos han planteado que parte de los ingresos adicionales se destinen a financiar el 50% del coste de los comedores escolares de Barcelona. Por su parte, En Comú considera que las medidas para controlar la presión turística llegan con retraso y ha reclamado una actuación más decidida por parte del ejecutivo municipal para limitar los efectos de la masificación. En paralelo al debate político, el sector de los cruceros trata de desvincular su actividad de los problemas derivados del exceso de visitantes. Un informe elaborado por la Universitat de Girona y la asociación internacional de navieras CLIA sostiene que los pasajeros de cruceros representaron únicamente el 2,5% del total de visitantes que recibió Barcelona en 2024. Según el mismo estudio, la presencia de cruceristas superó el 5% del conjunto de turistas únicamente durante 32 jornadas a lo largo del año, una conclusión obtenida a partir del análisis de datos de movilidad procedentes de dispositivos móviles. Barcelona sigue siendo el principal destino de cruceros del Mediterráneo occidental, aunque en los últimos años ha comenzado a adoptar medidas para reducir la presión de esta actividad. Entre ellas destaca el acuerdo alcanzado con el Puerto de Barcelona para disminuir el número de terminales de cruceros, que pasarán de siete a cinco, así como la reducción de la capacidad operativa de las instalaciones. Con estas iniciativas, las administraciones buscan compatibilizar la importancia económica del turismo de cruceros con una gestión más sostenible de los flujos de visitantes y de su impacto sobre la vida cotidiana de la ciudad.

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(Expansión, 15-06-2026) | Fiscal

Hacienda se prepara para embargar ayudas públicas a los morosos de la Administración

El Gobierno está preparando una herramienta informática que permitirá a la Agencia Tributaria retener pagos de ayudas y otros fondos públicos destinados a personas o entidades que mantengan deudas con alguna administración pública. Este sistema, denominado punto neutro de embargos, facilitará el intercambio diario de información sobre pagos, ingresos y obligaciones pendientes entre todas las administraciones, ya sean estatales, autonómicas o locales. El objetivo es impedir que quienes tengan deudas con un organismo público puedan recibir fondos procedentes de otro. Esta medida figura en el proyecto de Real Decreto que regulará el funcionamiento del punto neutro de embargos. El texto, impulsado por el Ministerio de Hacienda, se encuentra actualmente en fase de audiencia e información pública hasta el próximo 25 de junio. La iniciativa tiene su origen en las propuestas formuladas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada en 2012 para promover la modernización del sector público y mejorar su eficiencia. Ya entonces, la normativa sobre factura electrónica contemplaba la colaboración entre la Agencia Tributaria, los órganos de recaudación autonómicos y locales, la Tesorería General de la Seguridad Social y los organismos pagadores de las distintas administraciones para compartir información sobre deudores y pagos pendientes. Ahora, Hacienda pretende desarrollar plenamente ese sistema de intercambio de datos mediante una plataforma gestionada por la Agencia Tributaria. Gracias a ella, cualquier administración podrá detectar si una persona o empresa que va a recibir un pago mantiene deudas con otro organismo público y, en su caso, proceder al embargo de las cantidades correspondientes. La puesta en marcha de este mecanismo supone un paso importante en la coordinación entre administraciones para la recuperación de deudas pendientes. Cuando varias administraciones reclamen cantidades a un mismo deudor, el reparto de los fondos retenidos se realizará siguiendo el orden de prioridad establecido por la legislación vigente. No obstante, el reglamento contempla determinadas excepciones. Quedarán fuera de este sistema de embargo las nóminas del personal al servicio de las administraciones públicas, las pensiones de Clases Pasivas, las prestaciones económicas de la Seguridad Social, las devoluciones tributarias derivadas de ingresos indebidos, las transferencias destinadas a la financiación de comunidades autónomas y entidades locales, los fondos de compensación territorial y los pagos comprometidos en moneda extranjera. Por el contrario, sí podrán ser objeto de embargo otros pagos públicos, como los derivados de contratos entre administraciones y proveedores, así como subvenciones y ayudas públicas de distinta naturaleza. La plataforma realizará de forma automática las comprobaciones necesarias para determinar la existencia de deudas y la procedencia de los embargos, aunque el procedimiento incorporará garantías para proteger los derechos de los afectados. Debido al elevado número de organismos que deberán integrarse en este sistema, Hacienda considera imprescindible que todas las administraciones utilicen un modelo común de firma electrónica en las actuaciones relacionadas con los embargos. Con ello se pretende evitar problemas técnicos y facilitar la interoperabilidad entre administraciones. El proyecto establece un periodo transitorio para su implantación. Con carácter general, el reglamento entrará en vigor un año después de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado. Este plazo será aplicable a la Administración General del Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas, las diputaciones, los consejos insulares, las capitales de provincia y los municipios de más de 75.000 habitantes. Los ayuntamientos de menor tamaño dispondrán de seis meses adicionales para adaptarse al sistema, por lo que contarán con un plazo total de dieciocho meses. Además, los municipios con menos de 20.000 habitantes recibirán apoyo técnico por parte de las diputaciones correspondientes. La Agencia Tributaria también podrá poner en marcha una fase piloto de seis meses antes de la implantación definitiva. En consecuencia, el funcionamiento completo de esta plataforma podría no alcanzarse hasta comienzos de 2028.

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(El País, 12-06-2026) | Fiscal

El Consejo Fiscal Europeo ve “muy cuestionable” permitir que los países gasten más para afrontar la crisis energética

El Consejo Fiscal Europeo ha mostrado su desacuerdo con la propuesta planteada por la Comisión Europea para flexibilizar temporalmente las normas fiscales y permitir a los Estados miembros disponer de un mayor margen de gasto público con el fin de afrontar las consecuencias de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo. A juicio de este organismo independiente encargado de supervisar las finanzas públicas de la Unión Europea, la medida resulta discutible y podría generar efectos contraproducentes. En un informe presentado recientemente, el Consejo Fiscal advierte de que esta nueva flexibilidad presupuestaria podría favorecer incrementos discrecionales del gasto que no siempre estarían justificados, especialmente en un contexto en el que la inflación vuelve a mostrar una tendencia ascendente. El presidente de la institución, Pieter Hasekamp, expresó abiertamente sus reservas respecto a la iniciativa de Bruselas, al considerar que transmite un mensaje equivocado sobre la disciplina fiscal. La propuesta de la Comisión contempla que los países puedan destinar hasta un 0,3% de su producto interior bruto a inversiones y medidas orientadas a reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles. Esta posibilidad se integraría dentro del margen excepcional ya aprobado para incrementar el gasto en defensa. Desde 2025, los Estados miembros pueden superar temporalmente los límites fiscales pactados con la Unión Europea hasta un máximo equivalente al 1,5% del PIB sin exponerse a procedimientos sancionadores, siempre que esos recursos se destinen a determinadas prioridades estratégicas. La nueva propuesta permitiría utilizar una parte de ese margen para actuaciones vinculadas a la seguridad energética. Aunque el importe adicional no supone una ampliación del límite global ya autorizado, el Consejo Fiscal considera que existe una diferencia relevante entre ambas situaciones. Mientras que la flexibilización aprobada para defensa respondía a circunstancias geopolíticas excepcionales y urgentes, la institución teme que la incorporación de nuevas excepciones pueda generar la percepción de que cualquier crisis justifica modificar las reglas presupuestarias. Según el organismo, repetir este tipo de medidas extraordinarias durante años consecutivos puede erosionar la credibilidad del marco fiscal europeo y debilitar la confianza en las normas que regulan la estabilidad presupuestaria de los Estados miembros. Además, el informe advierte de que un incremento del gasto público en el actual contexto económico podría contribuir a mantener las presiones inflacionistas. Un mayor desembolso por parte de las administraciones podría estimular la demanda y dificultar el proceso de moderación de los precios que persiguen las autoridades monetarias. Las críticas del Consejo Fiscal Europeo no se dirigen únicamente a la propuesta de la Comisión. También cuestionan la forma en que muchos gobiernos europeos han respondido al encarecimiento de la energía. Según sus estimaciones, cerca de dos tercios de las medidas aprobadas para aliviar el impacto de la crisis consisten en reducciones generalizadas de impuestos sobre los combustibles, en lugar de ayudas dirigidas específicamente a los colectivos más afectados. Esta estrategia se aleja de las recomendaciones formuladas tanto por la Comisión Europea como por diversos organismos internacionales, que defendían la aplicación de medidas temporales, focalizadas y adaptadas a las necesidades de los sectores más vulnerables. Las rebajas fiscales generalizadas, aunque alivian el coste energético para todos los consumidores, no cumplen plenamente con esos criterios de selectividad. No obstante, el informe reconoce que el volumen total de ayudas desplegadas hasta ahora sigue siendo relativamente moderado y que la mayoría de ellas tienen una duración limitada en el tiempo. Por este motivo, el Consejo Fiscal considera que, en principio, estas medidas no deberían generar efectos significativos sobre las cuentas públicas europeas a partir de 2027. En el caso de España, por ejemplo, algunas de las medidas adoptadas para contener el impacto de la crisis energética tienen una fecha de finalización próxima, salvo que el Gobierno decida prorrogarlas nuevamente. Esta naturaleza temporal reduce el riesgo de que se conviertan en gastos estructurales permanentes para las administraciones públicas.

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(El País, 12-06-2026) | Fiscal

El FMI recorta otras dos décimas el crecimiento de la eurozona, al 0,9%

La economía de la eurozona afronta un panorama cada vez más complejo como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo y las tensiones derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para la zona euro y estima ahora que el PIB avanzará un 0,9% en 2026, dos décimas menos de lo previsto hace apenas unas semanas. Aunque el ajuste pueda parecer moderado, refleja el rápido deterioro de las perspectivas económicas provocado por la crisis energética. El organismo considera que el conflicto está generando un importante impacto negativo sobre la actividad económica, al debilitar la confianza de empresas y consumidores y endurecer las condiciones financieras. Además, prevé que las presiones inflacionistas vuelvan a intensificarse. La nueva previsión del FMI coincide con las estimaciones realizadas por la Comisión Europea y se acerca a las de la OCDE, que sitúa el crecimiento de la eurozona en el 0,8% este año. Sin embargo, el organismo internacional advierte de que los riesgos continúan aumentando y que el escenario podría empeorar si persisten las dificultades en el suministro energético procedente del golfo Pérsico. Según el Fondo, una crisis energética prolongada podría impulsar aún más la inflación y deteriorar las expectativas económicas. A ello se sumarían posibles tensiones financieras y una pérdida adicional de confianza que acabarían reduciendo el consumo y la inversión. La institución también alerta de otros factores de riesgo, como una eventual escalada de la guerra en Ucrania o un repunte del proteccionismo comercial internacional, especialmente ante la incertidumbre generada por la política económica estadounidense. Pese al empeoramiento de las perspectivas, el FMI recomienda a los gobiernos europeos actuar con prudencia y centrar sus esfuerzos en contener la inflación. En este sentido, insiste en la necesidad de preservar la disciplina fiscal y evitar un aumento excesivo del gasto público. El organismo se muestra especialmente crítico con las propuestas para flexibilizar las reglas presupuestarias europeas con el objetivo de facilitar la respuesta de los Estados a la crisis energética. A su juicio, una relajación adicional de las normas fiscales podría poner en riesgo la credibilidad de los marcos presupuestarios y contribuir a un aumento aún mayor de la deuda pública. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, trasladó este mensaje a los ministros de Finanzas de la eurozona reunidos en Luxemburgo. La responsable del organismo subrayó que la duración y el alcance de la actual crisis energética siguen siendo inciertos, por lo que considera imprudente diseñar políticas económicas basadas en la expectativa de una resolución rápida del conflicto. Por el contrario, defendió la necesidad de mantener margen fiscal suficiente para afrontar posibles escenarios más adversos. La Comisión Europea, por su parte, defiende que la flexibilidad presupuestaria planteada tiene un carácter temporal y estará limitada a inversiones relacionadas con la transición energética, lo que permitiría compatibilizar el apoyo a la economía con la sostenibilidad de las cuentas públicas. El FMI también cuestiona la eficacia de algunas de las medidas adoptadas hasta ahora por varios gobiernos europeos para mitigar el impacto del encarecimiento de la energía. Considera que muchas de ellas son demasiado generales y reducen los incentivos para ahorrar energía, además de generar efectos indirectos sobre otros países importadores de combustibles. Por ello, propone que cualquier ayuda futura se dirija de forma más precisa a los hogares más vulnerables y que se diseñe de manera que no fomente un mayor consumo de combustibles fósiles. En este sentido, el organismo apunta que algunos países ya han demostrado que es posible ofrecer apoyo selectivo con un coste limitado para las arcas públicas. Las recomendaciones del Fondo cuestionan indirectamente medidas como la reducción del IVA sobre determinados combustibles, aplicada en España hasta finales de junio. Asimismo, rechaza la implantación de impuestos extraordinarios sobre los beneficios de las compañías energéticas, argumentando que este tipo de gravámenes puede desincentivar las inversiones necesarias para garantizar el suministro y acelerar la transición energética. Más allá de la coyuntura económica inmediata, el FMI también analiza algunas de las iniciativas impulsadas por la Unión Europea para reforzar su competitividad frente a economías como Estados Unidos o China. Entre ellas, destaca los avances destinados a profundizar en el mercado único y completar la denominada Unión de Ahorros e Inversiones, un proyecto que, según sus estimaciones, podría incrementar el PIB comunitario en torno a un 3% a largo plazo. El organismo considera igualmente prioritario culminar la unión bancaria europea, una reforma pendiente desde hace más de una década y que sigue siendo clave para fortalecer la integración financiera del bloque. Otra de las iniciativas valoradas positivamente es el desarrollo del euro digital. En cambio, el FMI se muestra más cauteloso respecto a la posibilidad de flexibilizar las normas de competencia para favorecer la creación de grandes grupos empresariales europeos capaces de competir a escala global. A su juicio, esta estrategia podría incrementar la concentración de mercado y reducir los incentivos a la innovación, especialmente en sectores que todavía presentan una fuerte fragmentación nacional, como la banca o las telecomunicaciones. En conjunto, el diagnóstico del Fondo dibuja un escenario de crecimiento débil, inflación persistente e incertidumbre elevada, en el que la estabilidad fiscal y la mejora de la competitividad serán factores decisivos para afrontar los desafíos económicos que plantea el actual contexto internacional.

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