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(Expansión, 15-05-2024) | Fiscal

Hacienda vigila estrechamente las operaciones fiscales de las fusiones y adquisiciones

La fiscalidad en torno a las reestructuraciones, fusiones y adquisiciones (M&A) ha cobrado gran relevancia con la operación de compra de BBVA sobre Sabadell. Sin embargo, no es el único ámbito donde se observa este interés. El régimen especial para estas operaciones está siendo objeto de una mayor vigilancia que nunca, y es fundamental considerar varias particularidades tributarias al abordar estas operaciones cruciales para el desarrollo económico de las empresas. Según Carlos Marín, socio responsable de Tax M&A y Tributación Internacional de KPMG Abogados, "el ámbito fiscal se ha vuelto cada vez más complejo y, de cierta manera, más intervencionista, lo que supone un verdadero dolor de cabeza para los asesores". Marín destaca que en la actualidad existen entre ocho y diez propuestas de Directiva europea que impactarán significativamente en la operativa diaria de las empresas españolas en los próximos dos años. "No recuerdo un momento en el que haya habido tantas propuestas legislativas como ahora. Muchas de estas normativas tienen efectos significativos, por lo que es crucial tenerlas en cuenta desde el principio", afirma. En el caso de grandes operaciones, Marín subraya la importancia de examinar la estructura jurídica específica que se dará a la operación y si implicará o no una fusión legal. "La integración de dos grandes grupos empresariales, especialmente en sectores regulados, siempre plantea grandes complejidades, incluidas las de índole fiscal", señala. "Es necesario alinear políticas fiscales generales, precios de transferencia, modelizar el efecto de la aplicación de activos y pasivos fiscales, y tener en cuenta las implicaciones en futuros impuestos complementarios, entre otros aspectos", añade. El especialista destaca que el régimen especial del Impuesto sobre Sociedades busca asegurar que la imposición derivada de una operación de fusión o reorganización no obstaculice su realización cuando los motivos no sean fundamentalmente fiscales. "Este aspecto es crucial", subraya. "El problema radica en una posible interpretación restrictiva de este concepto, que podría centrarse más en eliminar cualquier ventaja fiscal colateral a la operación, en lugar de facilitar el dinamismo empresarial", indica. "Es importante destacar que algunas reorganizaciones empresariales tienen como objetivo lograr una estructura corporativa más eficiente desde el punto de vista fiscal, lo cual es un motivo de negocio válido", señala Marín. "La Administración debe comprender que evitar una ineficiencia fiscal es un motivo económico legítimo", agrega. En resumen, Marín define las principales implicaciones fiscales que deben considerarse en una operación de fusión, adquisición o reestructuración. "Lo fundamental es cumplir estrictamente con la amplia normativa fiscal que las regula, a veces en contra de la lógica económica", destaca. "A menudo, se realizan ajustes en las condiciones económicas de préstamos entre partes no vinculadas para cumplir con la normativa, incluso si resultan más gravosos financieramente. Esto carece de sentido", afirma. Además, Marín enfatiza que es en lo no regulado expresamente donde se necesita empatía y apoyo por parte de las autoridades. La complejidad de estas operaciones hace que la Inspección de Hacienda vigile de cerca estos procesos, como se refleja en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero. "La inspección está y ha estado muy activa, especialmente en grandes operaciones", destaca Marín. "Es importante que la inspección comprenda los verdaderos motivos detrás de estas operaciones, que van más allá de lo fiscal", concluye.

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(Expansión, 15-05-2024) | Fiscal

España requiere una legislación más estable y una visión de largo plazo para impulsar la inversión y la riqueza

Los expertos en fiscalidad son claros en sus recomendaciones para impulsar el crecimiento económico: estabilidad normativa, mejora en la calidad de las leyes y una visión más a largo plazo en las reformas legislativas. La política fiscal desempeña un papel crucial en la competitividad empresarial, el crecimiento económico y la atracción de inversiones. Por eso, tanto desde la Administración como desde despachos y asesorías fiscales de grandes empresas, se demanda un entorno que brinde mayor seguridad jurídica en un contexto lleno de incertidumbres. Joaquín Latorre, socio responsable de PwC Tax & Legal, resume estas tres recetas fiscales. Él advierte sobre la importancia de aumentar la seguridad jurídica para los contribuyentes, más allá del debate sobre la carga fiscal. La estabilidad normativa es clave para lograrlo. Los constantes cambios legislativos y su interpretación dejan a los contribuyentes en una situación complicada y afectan a su competitividad. Es necesario tener criterios claros y una mayor estabilidad en las normas, según Latorre. En este sentido, la técnica legislativa juega un papel fundamental. Se ha abusado de figuras como los Reales Decretos para modificar la normativa tributaria sin los procesos ordinarios en el Parlamento. Antonio Morales, inspector de Hacienda y secretario general de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), coincide en que se deben seguir los trámites ordinarios en los procedimientos de reforma. Además, destaca la importancia de contar con la opinión de profesionales y funcionarios en la elaboración de normas. Los cambios normativos repentinos han generado problemas en los últimos años, como los impuestos sobre grandes fortunas y los beneficios extraordinarios en sectores como la banca y la energía. Por ello, se recomienda tener en cuenta la opinión de los agentes sociales y técnicos al legislar, evitando decretos que después se anulan o no se convalidan. Otro aspecto crucial para mejorar la competitividad y el crecimiento es adoptar una visión más a largo plazo en la legislación fiscal. La volatilidad de la normativa española y su constante cambio dificultan la atracción de inversión y talento. Es necesario legislar con horizontes normativos más amplios y alejados del corto plazo para aumentar la efectividad en la recaudación. Además, la disrupción tecnológica también requiere adaptaciones en la normativa fiscal. Los contribuyentes son más tecnológicos y globales, y las leyes fiscales deben reflejar estas nuevas realidades. Aunque los desafíos fiscales son muchos, España tiene margen para mejorar su competitividad, siempre y cuando se considere el consenso de los expertos.

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(El Economista, 15-05-2024) | Fiscal

Cataluña es la CCAA que mayor presión fiscal ejerce sobre las rentas más bajas

Los ciudadanos con ingresos inferiores a 30.000 euros que viven en Cataluña son los que más IRPF pagan en toda España, con un promedio de 5.111 euros al año, según un informe de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). Esta diferencia representa hasta 445 euros más en comparación con los contribuyentes de la Comunidad de Madrid. El estudio compara el impuesto sobre la renta que pagan los ciudadanos en función de su comunidad autónoma de residencia, revelando que Cataluña aplica el tipo más alto de IRPF para los sueldos más bajos. Esta disparidad se refleja en el tipo autonómico del 9,28% en Cataluña, mientras que Madrid presenta el tipo más bajo para este tramo de renta, con un 7,68%. Considerando el tipo estatal del IRPF del 8,97% para todas las comunidades, los residentes en Cataluña enfrentan un tipo total del 18,25%, lo que se traduce en 5.111 euros anuales por IRPF. Por otro lado, los madrileños pagan un total del 16,65%, lo que equivale a 4.665 euros por este impuesto, una diferencia de hasta 446 euros menos que en Cataluña. Sin embargo, a medida que los ingresos del contribuyente aumentan, Cataluña no lidera en el tipo autonómico del IRPF más alto. En este sentido, Extremadura ocupa el primer lugar para los ciudadanos con salarios de 60.000 euros, con un tipo total del 28,05%, pagando 16.287 euros. Cataluña, por su parte, se posiciona detrás de Extremadura, con un tipo total del 27,55%, lo que representa una cuota de 15.983 euros para los contribuyentes. Por último, en el ejemplo de 120.000 euros, la Comunidad Valenciana presenta el tipo autonómico más alto, con un 16,39%, lo que sumado al estatal da como resultado un IRPF total del 38,2%, con una cuota de 45.079 euros. En este caso, Cataluña se sitúa en el octavo puesto, con un tipo autonómico del 18,33%, pagando 2.000 euros más en IRPF que los residentes en Madrid.

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(El Economista, 14-05-2024) | Fiscal

El déficit público estructural roza el 4% y se aleja del tope del 1,5% de Bruselas

El déficit público estructural ha aumentado seis décimas en los últimos cuatro años y cerró el año 2023 en torno al 3,7% del PIB, según datos del Banco de España. Esto lo aleja aún más del límite del 1,5% que exigirán las normas europeas en los próximos años. A pesar del impulso económico, España continúa enfrentando un desequilibrio fiscal estructural (independiente del ciclo económico) que requerirá medidas de ajuste extraordinarias en los presupuestos para 2025, los cuales el Gobierno ya está elaborando. Las advertencias no han sido pocas. La OCDE emitió recientemente una serie de recomendaciones para mejorar la estabilidad de las cuentas públicas, sugiriendo aumentar los ingresos a través de incrementos en el IVA y los impuestos ambientales, así como mejorar la eficiencia del gasto. Antes de septiembre, el Gobierno debe presentar ante la Comisión Europea un plan creíble que asegure el control del gasto, en línea con las exigencias europeas. La normativa fiscal de la Unión Europea requiere que los países realicen ajustes presupuestarios suficientes para reducir el déficit estructural al 1,5% del PIB. Según el Ministerio de Economía, el esfuerzo fiscal acumulado desde 2022 permitirá que en 2025 el saldo estructural primario sea superavitario. Se espera un fuerte recorte en el saldo estructural para este año, estimando que caerá al 2,8% en 2024, ocho décimas menos que en 2023. Sin embargo, el escenario inicial no es favorable. La pandemia y la crisis de la inflación han reducido el margen para recortar el déficit estructural. El aumento significativo del gasto a partir de 2020 ha mantenido este déficit en torno al 3,5%, lejos de la tendencia descendente observada en 2018, cuando cerró cerca del 2%. A pesar de ello, el calendario europeo exige planes a medio y largo plazo. El Banco de España señala que el nuevo marco fiscal europeo requiere una reducción anual promedio del déficit estructural de alrededor de 0,5 puntos porcentuales del PIB potencial durante un período de siete años, comenzando en 2025. Para ese año, se prevé que el déficit estructural se sitúe en el 2,5%. Si se aplica esta estrategia de ajuste, se espera que la ratio de deuda pública comience a disminuir en los próximos años, situándose en torno al 80% del PIB en 2040. La estrategia fiscal que el Gobierno presente a Bruselas en septiembre será crucial. El Banco de España sugiere que este plan de consolidación fiscal se base en un marco macroeconómico prudente y detalle medidas de ingresos y gastos para sanear gradualmente las cuentas públicas. Además, el Banco de España y otras entidades han instado al Gobierno a involucrar a todas las administraciones en el proceso de consolidación fiscal y a buscar consensos económicos, políticos y sociales. Aunque el Ministerio de Economía no contempla un ajuste de gasto en su plan, no descarta abordar el desequilibrio desde el lado de los ingresos, incluyendo posibles subidas de impuestos en los presupuestos para 2025.

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(Cinco Días, 13-05-2024) | Fiscal

Nuevas responsabilidades legales para los ‘influencers’

La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 444/2024, que establece los requisitos para ser considerado usuario de especial relevancia en los servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas, en cumplimiento del artículo 94 de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Dentro de este conjunto de usuarios, destaca una categoría específica conocida como "influencers", "vloggers" o "creadores de contenido", que tienen un gran impacto en el mercado audiovisual en términos de consumo e inversión publicitaria, especialmente entre el público joven. Los usuarios de especial relevancia siempre han estado sujetos a normativas publicitarias, tanto generales como sectoriales. Sin embargo, esta nueva norma establece responsabilidades legales adicionales para ciertos usuarios que cumplan con criterios cuantitativos específicos. En primer lugar, se considera el criterio económico, que requiere que estos usuarios hayan obtenido ingresos brutos de al menos 300.000 euros en el año natural anterior, exclusivamente de su actividad en los servicios de intercambio de vídeos a través de la plataforma que utilicen. En segundo lugar, se evalúa el criterio de audiencia significativa, que exige que el usuario haya alcanzado, en algún momento del año natural anterior, un número mínimo de seguidores en una plataforma única (1.000.000) o en total (2.000.000), además de haber publicado al menos 24 vídeos durante el año anterior, independientemente de su duración. Los influencers que cumplan ambos criterios deben inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto. Esta regulación busca brindar una mayor protección a los consumidores de estas plataformas y una mayor seguridad jurídica a los influencers, que han adquirido una importancia significativa y un volumen económico relevante en las plataformas de intercambio de vídeos. Una vez inscritos, estos usuarios deberán cumplir con la normativa vigente en materia de protección de menores y publicidad en el ámbito audiovisual, como la identificación de espacios publicitarios y la restricción de publicidad de tabaco, medicamentos o alcohol, equiparando así sus obligaciones con las de otros profesionales audiovisuales. Este paso hacia la equiparación entre influencers y otros prestadores de servicios de comunicación audiovisual tiene como objetivo garantizar el respeto a los principios básicos de la comunicación audiovisual y proteger al público en general, especialmente a los menores, de contenidos y comunicaciones comerciales perjudiciales.

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(Expansión, 10-05-2024) | Fiscal

Las empresas catalanas, en vísperas de las elecciones, reclaman estabilidad política y rebajas fiscales

También se demanda una mayor colaboración entre el sector público y privado, simplificar la legislación, reducir la burocracia, establecer un nuevo modelo de financiación y desbloquear proyectos como la ampliación de El Prat y Hard Rock. La campaña electoral en Cataluña está llegando a su fin este viernes, y las organizaciones empresariales tienen muy clara su agenda de prioridades para la próxima legislatura. Exigen un cambio en la dirección económica, política y tributaria, con el objetivo de lograr estabilidad y recuperar el liderazgo como la comunidad autónoma que más contribuye al PIB. Además, reclaman desbloquear inversiones en infraestructuras que llevan años, e incluso décadas, en espera, reducir la burocracia y poner en marcha un nuevo modelo de financiación. La reducción de impuestos también es una demanda compartida. Según Foment del Treball, Cataluña enfrenta un "infierno fiscal", según su presidente, Josep Sánchez Llibre. Sin embargo, la Generalitat contradice completamente este diagnóstico. La patronal de pymes Pimec también considera que la fiscalidad es "excesiva", por lo que pide un cambio en este aspecto. Cataluña cuenta con la mayor cantidad de tributos propios entre todas las comunidades autónomas, con un total de once en vigor actualmente. Según Foment del Treball, estos impuestos son una "barrera" para atraer inversiones y nuevas empresas. Además, plantea la necesidad de revisar los tipos impositivos en Sucesiones, ya que dificultan el acceso a la vivienda, y eliminar el impuesto de Patrimonio, que consideran "confiscatorio". El tema de la vivienda está en el centro del debate, especialmente después de la entrada en vigor de límites al alquiler en 141 municipios considerados "tensionados". Durante la campaña, el Govern de ERC anunció su extensión a otros 130 municipios. Sin embargo, la Asociación de Promotores de Cataluña critica los constantes cambios normativos y la inseguridad jurídica que generan, lo que, en su opinión, aumenta la tensión en el mercado y no logra el objetivo de reducir los precios. Otro punto en común entre los agentes económicos es la mejora en la financiación de la Generalitat. En una declaración firmada por una veintena de organizaciones empresariales a principios de marzo, se pedía un "pacto fiscal" basado en el concierto y el cupo, o un "modelo federal" en el que todos los impuestos sean gestionados por un consorcio compuesto por Hacienda y la Generalitat. Cuando el Parlament rechazó las cuentas consensuadas entre ERC y el PSC, los comunes argumentaron que no se estaba vetando el proyecto de Hard Rock, el complejo de ocio y juego proyectado en Tarragona desde hace más de 10 años. Sobre este tema, la presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona, Laura Roigé, enfatizó la necesidad de inversión para diversificar el turismo y lamentó la desinformación sobre el proyecto. También destacó la importancia de apoyar la industria petroquímica en la provincia. Existen numerosas inversiones bloqueadas, algunas de las cuales serían financiadas por el Estado, pero han sido objeto de fuerte oposición por parte del Govern de ERC, como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el tramo central del Cuarto Cinturón o B-40, una autovía orbital en la región metropolitana. El retraso en el desarrollo de energía renovable, un área en la que Cataluña había sido pionera, también preocupa, al igual que la sequía, que según el último barómetro del Colegio de Economistas, es la principal preocupación entre los empresarios. A pesar de los anuncios del Govern sobre inversiones, muchos proyectos diseñados hace años se paralizaron debido a los recortes impulsados por el expresidente Artur Mas en 2011. Además, existe una preocupación persistente por el exceso de burocracia. Pimec exige una simplificación normativa y una moratoria en la aprobación de nuevas leyes por parte del Parlament. El presidente de la Cámara de Comercio, Josep Santacreu, considera que la administración es "asfixiante", y la patronal Cecot propone la creación de una consejería dedicada específicamente a la reforma del sector público. Otro objetivo común es recuperar el liderazgo autonómico, ya que desde 2017, Madrid ha superado a Cataluña como la autonomía que más contribuye al PIB nacional. El empresariado insta a poner el foco en el sector secundario y aprovechar al máximo los fondos Next Generation.

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(El Economista, 10-05-2024) | Fiscal

El coche eléctrico choca ante la paradoja fiscal de los impuestos de la transición verde

La transición hacia los coches eléctricos enfrenta desafíos inesperados. Aunque la demanda aumenta, no al ritmo esperado por la industria automotriz, lo que ha desencadenado una guerra de precios entre las empresas para atraer a nuevos consumidores, quienes priorizan más el costo al adquirir un vehículo eléctrico. Una adopción deficiente podría comprometer la transición energética, por lo que varios gobiernos han implementado ayudas para impulsar la compra de estos vehículos. Sin embargo, a medida que los coches eléctricos ganan terreno, los ingresos por impuestos sobre combustibles disminuyen, lo que podría generar un déficit en las finanzas de muchos países, especialmente en Europa. En 2023, a nivel mundial, los coches eléctricos impidieron la recaudación de 11.140 millones de euros en impuestos sobre gasolina y diésel. Por otro lado, los ingresos por impuestos sobre vehículos eléctricos ascendieron a 1.860 millones de euros, lo que resultó en una pérdida de 9.280 millones de euros. Aunque estas cifras pueden parecer modestas a nivel global, con el crecimiento actual del mercado de coches eléctricos, estas pérdidas podrían alcanzar los 102.090 millones de euros en 2035 a nivel mundial. Según el informe Global EV Outlook 2024 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Europa representa el 60% de estas pérdidas. Esto es notable, considerando que Europa tuvo una cuota de ventas de vehículos eléctricos significativamente menor que China el año pasado. China dominó el 60% de las ventas, mientras que Europa y Estados Unidos representaron el 25% y el 10%, respectivamente, del total mundial. Esta alta concentración es una debilidad del mercado de coches eléctricos. La diferencia radica en que los impuestos a los combustibles en Europa son más altos que en China y Estados Unidos. Por ejemplo, el impuesto sobre la gasolina en Francia, Alemania e Italia es seis veces mayor que en China. Se prevé que las pérdidas en Europa alcancen los 64.960 millones de euros en 2035, en comparación con los 15.780 millones de euros en China y los 278 millones de euros en Estados Unidos. Las pérdidas menores en Estados Unidos se deben a que el país tiene una de las tasas impositivas más bajas sobre combustibles, solo superada por Rusia, Brasil e Indonesia, según el Departamento de Energía de EE. UU. El aumento en el uso de coches eléctricos resulta en una disminución de los ingresos por combustibles, lo que obliga a los Estados a realizar una transición impositiva de los vehículos de combustión a los eléctricos. Esto podría contrarrestar los incentivos para adquirir estos modelos, poniendo en riesgo la transición verde. Noruega, líder europeo en coches eléctricos, ha cambiado su estrategia debido a esta situación. Aunque anteriormente introdujo medidas para fomentar las ventas de coches eléctricos, como la eliminación del IVA en la compra, el país ha comenzado a revertir estas políticas. El gobierno noruego eliminó los beneficios fiscales para las empresas con vehículos eléctricos en su flota, con el objetivo de evitar la reducción de los ingresos fiscales. En España, el uso de coches eléctricos aún no ha alcanzado un punto crítico. Aunque las ventas aumentaron un 73,4% en 2023, representan solo el 5,6% de las ventas totales. Por lo tanto, los esfuerzos se centran en impulsar su uso, como el Plan MOVES III, que proporciona ayudas para la compra de vehículos eléctricos.

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(Expansión, 09-05-2024) | Fiscal

La presidenta madrileña anuncia una nueva batería de incentivos fiscales para el acceso a la vivienda

Isabel Díaz Ayuso está finalizando la implementación de nuevos incentivos para la compra y el alquiler de viviendas que supondrán un ahorro de 118 millones de euros para los contribuyentes. Se otorgará una deducción de 1.000 euros a los propietarios que pongan sus inmuebles en alquiler. Durante su participación en el V FORO INTERNACIONAL EXPANSIÓN, la presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció una serie de medidas fiscales destinadas a mejorar el acceso a la vivienda en la región. Entre estas medidas, Díaz Ayuso mencionó una deducción de 1.000 euros en el IRPF para los propietarios que pongan sus inmuebles en alquiler. "Si se transmite la idea de que alquilar tu casa es sinónimo de problemas, la oferta disminuirá", advirtió la presidenta. Asimismo, se establecerá una deducción en el IRPF de 1.000 euros para aquellos que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de viviendas que hayan estado vacías durante al menos un año y se incorporen al mercado del alquiler con contratos de más de 3 años de duración. Esta deducción se aplicará a propietarios o usufructuarios que no posean más de cinco propiedades inmobiliarias y se espera que alcance a unos 20.000 ciudadanos, generando un ahorro de 20 millones de euros. Además, se creará una bonificación del 25% en los préstamos hipotecarios para vivienda habitual sobre la diferencia entre los intereses pagados y los que se habrían pagado con el euríbor de diciembre de 2022, con un límite de 300 euros al año. Esta medida beneficiará a unos 450.000 contribuyentes y generará un alivio fiscal de alrededor de 90 millones de euros. Díaz Ayuso también mencionó un nuevo paquete de reducciones fiscales para combatir la despoblación en los municipios rurales. Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a los jóvenes menores de 35 años a establecer su residencia habitual en municipios con menos de 2.500 habitantes, ya sea mediante compra o alquiler. Se estima que beneficiará a más de 1.200 contribuyentes y generará un ahorro de más de 8 millones de euros en el primer año. Por último, se establecerá una deducción por traslado de residencia a estos municipios de 1.000 euros en el año en que se produzca el cambio, siempre y cuando el contribuyente mantenga la residencia durante los tres años siguientes. Además, los jóvenes que adquieran una vivienda habitual en estos pueblos podrán deducirse el 10% del precio de adquisición, con un límite anual de 1.546 euros durante diez años fiscales. Se aplicará una bonificación del 100% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en caso de adquisición de vivienda de segunda mano, y de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en caso de vivienda nueva. Díaz Ayuso también destacó la situación económica de España, señalando que "no pinta bien", aunque destacó que Madrid vive un buen momento. Criticó las políticas del Gobierno central y aseguró que Madrid siempre estará del lado de quienes generan riqueza y empleo.

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(El País, 09-05-2024) | Fiscal

El Consejo Económico y Social sugiere aumentar los recursos propios de la UE emitiendo deuda pública conjunta

El Consejo Económico y Social (CES) ha emitido un informe en el que critica las nuevas reglas fiscales europeas aprobadas a principios de año, señalando que no resuelven completamente los problemas del sistema anterior debido a su complejidad, prociclicidad y falta de protección para la inversión. Para abordar estas deficiencias, el informe propone varias recomendaciones, entre las cuales destaca la importancia de lograr la Unión Bancaria, profundizar en la integración financiera mediante la Unión del Mercado de Capitales, definir una política industrial específica por sectores y emitir eurobonos para reforzar los recursos propios de la UE y financiar inversiones tecnológicas y ambientales. Aunque las nuevas reglas fiscales se centran en el medio plazo y permiten una mayor implicación de los Estados, el CES considera que el sistema sigue siendo complejo y utiliza variables poco claras. Además, algunas previsiones son poco realistas según el informe elaborado por el organismo, que destaca la necesidad de reformar los mecanismos europeos comunes y reforzar la inversión a nivel europeo para hacer frente a las particularidades macroeconómicas del momento. El CES también subraya la importancia de equilibrar el nuevo marco fiscal con la política monetaria, prestando atención a la coexistencia de una posición fiscal más estricta con los efectos retardados de la restricción monetaria. Además, insta a completar la Unión Bancaria para evitar situaciones de inestabilidad financiera y contribuir a la resiliencia económica de la Unión Europea. En cuanto a la integración financiera, el CES aboga por avanzar en la Unión del Mercado de Capitales para crear mercados financieros más competitivos y movilizar el capital privado necesario para impulsar la innovación y respaldar las inversiones. Esto podría lograrse mediante la emisión de deuda pública conjunta y la creación de nuevos impuestos europeos. Otra recomendación importante del informe es la definición de una política industrial común que permita a la UE competir a nivel internacional y promover la cohesión económica y territorial. Finalmente, el CES destaca la importancia de valorar las inversiones en capital humano y considerar la perspectiva de género y la infancia en las políticas económicas y sociales de la Unión Europea.

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(El Confidencial, 09-05-2024) | Fiscal

El Gobierno sortea la prórroga presupuestaria con ampliaciones de crédito de 10.000 millones de euros

A mediados de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó suspender las negociaciones de los presupuestos generales del Estado. La razón principal fue el adelanto de las elecciones en Cataluña, que comprometía la posibilidad de obtener el respaldo de Esquerra y Junts a las cuentas públicas. Esta decisión generó preocupación, especialmente expresada por Sumar, cuya vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lamentó la determinación del presidente. Aunque es inusual que el presidente desista sin intentarlo, en este caso la causa no era tan crucial. Los presupuestos, desde una perspectiva práctica, son relevantes solo estéticamente, ya que un gobierno puede llevar a cabo su política fiscal sin dificultad mediante ampliaciones de créditos en los presupuestos vigentes. Este año, el Gobierno ha aprobado ampliaciones por un total de 10.000 millones de euros en los primeros tres meses, según datos publicados por la Intervención General de Estado hasta marzo. Esto ha aumentado el margen de gasto del Estado a 391.000 millones para este año, sin considerar las actualizaciones necesarias de las transferencias a otras administraciones públicas ni el aumento salarial de los empleados públicos. Estas ampliaciones de crédito no requieren aprobación parlamentaria, lo que significa que la fragilidad de los apoyos del Gobierno no obstaculiza la ejecución del presupuesto deseado. Estas ampliaciones de crédito han permitido al Gobierno incrementar el gasto del Estado sin necesidad de unos nuevos presupuestos generales. En el primer trimestre del año, el gasto del Estado aumentó un 3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este aumento se refleja en el incremento de los gastos de personal en un 6,6%, así como en los pagos realizados por el Ministerio de Defensa, que aumentaron un 45%, y en los 240 millones destinados a los partidos políticos para financiar campañas electorales. La Autoridad Fiscal ha advertido sobre esta tendencia, que está cada vez más presente, de gobernar sin presupuestos. Esto se debe a que esta forma de ejercer el poder ejecutivo es menos transparente, ya que el Gobierno no está obligado a detallar el destino de las ampliaciones de crédito ni necesita la aprobación del Parlamento. Por lo tanto, el principal valor de los presupuestos no radica tanto en facilitar la ejecución de la política fiscal como en permitir la supervisión del Gobierno. En resumen, los presupuestos son fundamentales para la disciplina y la rendición de cuentas del Gobierno. Por lo tanto, hay pocos incentivos para que un gobierno se arriesgue a presentar unos presupuestos si existe el riesgo mínimo de ser rechazados en la votación parlamentaria. La mitad de los 10.000 millones destinados a las ampliaciones de crédito presupuestario se utilizará para transferencias de capital, es decir, para inversiones. Esto incluye un aumento significativo en la inversión en investigación, desarrollo, innovación y digitalización, así como en infraestructuras y ecosistemas resilientes. Además, se han asignado fondos adicionales para subvenciones al transporte y políticas de protección social, lo que sugiere que las modificaciones presupuestarias continuarán durante el resto del año para ejecutar la política fiscal del Gobierno.

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