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(El Economista, 13-01-2026) | Fiscal

Montero encarecerá 520 millones al año las herencias si quita las bonificaciones del impuesto de Sucesiones

El Gobierno central ha intensificado su ofensiva contra las bonificaciones fiscales que aplican las comunidades autónomas en el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, especialmente en aquellas gobernadas por el Partido Popular. En este contexto, vuelve a ganar peso la posibilidad de implantar un nuevo impuesto estatal que, en la práctica, dejaría sin efecto estas rebajas fiscales y elevaría la carga tributaria sobre herencias y donaciones. De materializarse esta medida, los contribuyentes pasarían a pagar hasta 520 millones de euros adicionales cada año por los bienes y derechos que reciben de sus familiares más cercanos. Esta cantidad supondría un aumento del 16% en la recaudación conjunta de las comunidades autónomas por este tributo, que alcanzaría los 3.650 millones de euros anuales, frente a los 3.130 millones ingresados en 2024, último ejercicio con datos completos disponibles. En los últimos años, ocho comunidades han reducido prácticamente a cero el impuesto de Sucesiones y Donaciones al aplicar bonificaciones del 99% en las transmisiones entre familiares directos, como padres, hijos y cónyuges. Madrid, además, ha ampliado estas ventajas fiscales a otros grados de parentesco, como hermanos, tíos y sobrinos. Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana cuentan actualmente con exenciones del 99% en las herencias, lo que equivale, en la práctica, a suprimir el impuesto. A ello se suma que otras once comunidades han exonerado en los últimos ejercicios las donaciones de dinero de padres a hijos destinadas a la compra de la primera vivienda, ante las dificultades de acceso al ahorro necesarias para adquirir un inmueble. Como consecuencia de estas políticas fiscales, la recaudación por Sucesiones y Donaciones en las ocho comunidades que aplican las mayores bonificaciones se ha reducido en conjunto en unos 520 millones de euros desde su implantación hasta finales de 2024. En el caso de Andalucía, la bonificación del 99% entre familiares directos entró en vigor en abril de 2019 y ha provocado una caída de la recaudación del 22,7%, al pasar de 299 millones de euros en 2018 a 231 millones en 2024. Madrid, que ya tenía eliminado el impuesto para padres, hijos y cónyuges, introdujo en enero de 2023 una bonificación del 25% para herencias y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, porcentaje que se elevó al 50% en 2025. Esta medida redujo los ingresos por el impuesto de 662 millones en 2022 a 546 millones en 2024, un descenso del 17,5%. Castilla y León aprobó a mediados de 2021 una bonificación del 99%, aunque en su caso la recaudación pasó de 200 millones de euros en 2020 a 210 millones en 2024. Murcia inició las rebajas en este impuesto en 2015 y las amplió en 2018, lo que ha llevado a que sus ingresos por este concepto se redujeran de 96 millones a 37 millones entre entonces y 2024, una caída del 61,4%. La Comunidad Valenciana eliminó el tributo en mayo de 2023, lo que supuso un cambio drástico en sus cuentas: de recaudar 370 millones en 2022 pasó a ingresar 127 millones en 2024. Baleares, Canarias y Extremadura también suprimieron el impuesto en 2023, y un año después recaudaban en conjunto 43 millones menos. Desde el Ministerio de Hacienda, la vicepresidenta primera y ministra María Jesús Montero explicó la pasada semana, durante la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica, que el objetivo del Ejecutivo es frenar el denominado dumping fiscal entre comunidades, siguiendo el precedente del impuesto a las grandes fortunas. La estrategia pasaría por neutralizar las bonificaciones autonómicas en tributos cedidos al 100%, como Sucesiones y Donaciones o el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, mediante la creación de un gravamen estatal que obligue a tributar a tipos más elevados por herencias, donaciones entre familiares directos o la compra de viviendas. El impuesto a las grandes fortunas se aprobó en diciembre de 2022 con la finalidad de contrarrestar las exenciones autonómicas en el impuesto sobre el Patrimonio. Durante el primer año, los contribuyentes pagaron el gravamen autonómico a tipos reducidos y abonaron al Estado central, a través de la nueva figura impositiva, lo que dejaban de pagar por las bonificaciones. La Hacienda estatal recaudó 623 millones de euros en ese primer ejercicio. Como reacción, comunidades como Andalucía, Madrid o Galicia reactivaron el impuesto sobre el Patrimonio en 2023 para evitar que esos ingresos se desviaran al Estado. Montero señaló que en la reforma del sistema de financiación autonómica no se ha incluido una figura similar para Sucesiones y Donaciones, aunque reiteró que la intención del Gobierno es evitar que estos impuestos queden vacíos de contenido y reforzar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades. La idea de armonizar el impuesto de Sucesiones mediante un tributo estatal lleva sobre la mesa desde 2019, aunque fue a partir de 2023 cuando el Ejecutivo volvió a impulsarla con mayor intensidad. Este debate provocó un aumento significativo de las donaciones en 2024, que rozaron las 200.000 operaciones, un máximo histórico y un 15% más que el año anterior. Según los expertos del Registro de Economistas Asesores Fiscales, este repunte respondió al temor de los contribuyentes a un endurecimiento fiscal de las herencias. En este contexto, Cataluña destaca como la comunidad con mayor presión fiscal sobre herencias y donaciones. Junto con Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha, es una de las regiones que menos bonificaciones aplica en este impuesto. Esta política se ha traducido en un fuerte aumento de la recaudación: en 2024, la Hacienda catalana ingresó 1.111 millones de euros por Sucesiones y Donaciones, un máximo histórico, un 16% más que el año anterior y casi cuatro veces más que hace una década. Cataluña concentra así el 35% de la recaudación total por este tributo en España.

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(Expansión, 12-01-2026) | Fiscal

Montero plantea aumentar la cesión del IRPF y el IVA a las comunidades para mejorar la financiación autonómica

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio a conocer este viernes la propuesta para renovar el sistema de financiación autonómica, una reforma pendiente desde 2014. "Se trata de un compromiso adquirido al inicio de la legislatura y en el que llevamos tiempo trabajando", afirmó la dirigente socialista al comenzar su intervención. La propuesta supondría que las comunidades autónomas cuenten con cerca de 21.000 millones de euros más con el nuevo modelo vigente, reduciendo de 1.500 a 477 euros la diferencia de financiación por habitante ajustado a costa de aumentar la cesión de impuestos a las regiones. La financiación autonómica, por tanto, pasaría en 2027 a ascender a 224.507 millones frente a los 152.484 del ejercicio 2023, el último completamente liquidado. "Para esto sirve el récord de recaudación", ha reivindicado Hacienda. En concreto, el modelo supone, concretamente, elevar la cesión de la recaudación del IRPF del 50% al 55%; aumentar la del IVA del 50% al 56,5%; manteniendo el 58% la entrega de los Impuestos Especiales; así como el 100% de los impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Medios de Transporte, los del juego, así como las tasas y el impuesto sobre la electricidad. En conjunto, el plan elevaría en 16.000 millones de euros los recursos de las comunidades autónomas de estar en vigor en el año 2027. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Hacienda, el nuevo sistema permitirá que las comunidades reciban 21.000 millones de euros adicionales en 2027. Para el próximo ejercicio, el volumen total de recursos del sistema alcanzaría los 224.507 millones de euros. La presentación del modelo se produjo un día después de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien avanzó que su formación y el Ejecutivo habían alcanzado un "buen acuerdo" que aseguraría una mayor financiación para todos los territorios. El proceso continuará con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo miércoles, en el que Montero se reunirá con los responsables de Hacienda de todas las comunidades autónomas, muchos de los cuales ya han expresado su descontento por la negociación bilateral con Cataluña. Posteriormente, se abrirán encuentros bilaterales con cada comunidad y, una vez culminada esta fase, la propuesta se elevará al Consejo de Ministros para iniciar su tramitación como ley orgánica en el Congreso. "Confiamos en que los plazos permitan que el nuevo modelo esté operativo el próximo año", indicó la vicepresidenta. El punto de partida es el cálculo de la población ajustada, teniendo en cuenta el sobrecoste que algunos territorios encaran para costear los servicios a sus ciudadanos, teniendo en cuenta factores como la dispersión geográfica, la insularidad o el sobrecoste de atención a una población de mayor edad. Montero ha recordado que en su momento ya trató de consensuar este cálculo con las comunidades autónomas, que reaccionaron situándose en bloques enfrentados atendiendo a sus intereses contrapuestos. En esta ocasión, Hacienda ha diseñado un nuevo modelo de cálculo en base a la población empadronada (con un peso del 30%), la población protegida equivalente (38% del peso relativo) se fijan en función de los tramos de edad, lo que determina el gasto sanitario necesario; la educación primaria, secundaria y de alumnos desplazados (20,5% en total); y los servicios sociales para mayores de 65 años y parados sin prestación 8,5%). Finalmente, el modelo da un peso del 1,6% a la superficie de la población, del 0,5% a la dispersión de la población; un 0,5% a la insularidad y un 0,4% a los costes fijos. Aunque la base del cálculo es el coste en sanidad, educación y servicios sociales, Montero ha aseverado que el sistema beneficia especialmente a las regiones que encarar el reto de la despoblación. A partir de ahí, el sistema pasa por nivelar el 75% entre la distancia de la financiación por habitante ajustado respecto a la media de recursos por habitante ajustado. De esta forma, ha explicado Montero, "las que están por debajo de la media reciben recursos y las que están por encima aportan". El objetivo es recudir las diferencias entre territorios. Actualmente las diferencias de financiación por habitante ajustado ascienden a 1.500 euros, lo que Montero ha calificado de inaceptable. Aplicada esta nivelación horizontal entre territorios, llega un ajuste vertical con aportaciones del Estado, por 19.000 millones de euros (incluyendo los 16.000 millones vía impuestos), para limar diferencias, teniendo en cuenta que la región con más recursos es la de Madrid. A partir de ahí, el sistema pasa por nivelar el 75% entre la distancia de la financiación por habitante ajustado respecto a la media de recursos por habitante ajustado. De esta forma, ha explicado Montero, "las que están por debajo de la media reciben recursos y las que están por encima aportan". El objetivo es recudir las diferencias entre territorios. Actualmente las diferencias de financiación por habitante ajustado ascienden a 1.500 euros, lo que Montero ha calificado de inaceptable. Aplicada esta nivelación horizontal entre territorios, llega un ajuste vertical con aportaciones del Estado, por 19.000 millones de euros, para limar diferencias, teniendo en cuenta que la región con más recursos es la de Madrid.

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(Expansión, 12-01-2026) | Fiscal

Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, las CCAA que más recursos extra recibirían con el plan de Hacienda

La propuesta del Ejecutivo para reformar el sistema de financiación autonómica preserva el principio de ordinalidad en el caso de Cataluña -que ocuparía el tercer puesto tanto en aportación como en recursos recibidos-, pero no en el de Madrid, que sería la comunidad que más contribuye y la segunda en volumen de fondos obtenidos. Según el nuevo esquema planteado, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana serían, en ese orden, las autonomías que experimentarían un mayor incremento de recursos con la implantación del modelo presentado este viernes por el Gobierno. La iniciativa, dada a conocer por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llega después de que el presidente del Gobierno cerrara un acuerdo previo con el líder de ERC, Oriol Junqueras. El objetivo declarado es mejorar la financiación de todas las comunidades autónomas mediante un aumento generalizado de los recursos asignados. En cifras concretas, el plan incorpora 21.000 millones de euros adicionales respecto al sistema vigente -en vigor desde 2014- con la finalidad de reducir la brecha de financiación por habitante ajustado, que pasaría de los actuales 1.500 euros a 477 euros. Para alcanzar este ajuste, se propone ampliar la participación autonómica en varios tributos: el porcentaje del IRPF cedido a las comunidades aumentaría del 50 % al 55 %; el del IVA, del 50 % al 56,5 %; y se mantendría en el 58 % la cesión de los Impuestos Especiales. Además, se integraría en la cesta de financiación el 100 % de los ingresos procedentes de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Medios de Transporte, los tributos sobre el juego, así como tasas e impuesto sobre la electricidad. Si el modelo llegara a aprobarse, el volumen total de recursos a repartir entre las comunidades pasaría de los 152.484 millones correspondientes a 2023 -último ejercicio completamente liquidado- a 224.507 millones en 2027. No obstante, el impacto del cambio sería desigual según el territorio. Andalucía sería la principal beneficiaria, con 4.846 millones de euros adicionales, seguida muy de cerca por Cataluña, con 4.686 millones, y por la Comunidad Valenciana, con un incremento de 3.669 millones. A continuación se situarían Madrid, con 2.555 millones más; Castilla-La Mancha, con 1.248 millones; y Murcia, con 1.188 millones. En un segundo nivel, Galicia recibiría 587 millones adicionales; Asturias, 248 millones; Cantabria, 46 millones; La Rioja, 25 millones; Aragón, 629 millones; Canarias, 611 millones; Extremadura, 216 millones; Baleares, 412 millones; y Castilla y León, 271 millones. Según explicó la ministra de Hacienda, el diseño del sistema "tiende a respetar la ordinalidad", es decir, que cada comunidad reciba fondos en una posición coherente con su nivel de aportación. Este criterio se cumpliría en el caso de Cataluña, pero no en el de Madrid, que, pese a ser la mayor contribuyente, quedaría en segundo lugar en la recepción de recursos. La razón, según Montero, es el ajuste destinado a preservar el statu quo de Cantabria, que continuaría recibiendo el mismo volumen de financiación del que ya dispone al ser actualmente la comunidad mejor financiada.

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(Expansión, 12-01-2026) | Fiscal

Hacienda planea limitar por ley el "dumping" fiscal en Sucesiones

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anticipa que el futuro proyecto de ley de financiación autonómica podría incorporar la fijación de umbrales mínimos de tributación en los impuestos autonómicos sobre herencias y donaciones, siguiendo el precedente ya establecido en el Impuesto sobre el Patrimonio. El Ejecutivo pretende aprovechar la revisión del sistema de financiación territorial para introducir, por vía legal, límites a lo que denomina "dumping fiscal", es decir, a la competencia impositiva entre comunidades autónomas, especialmente en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Así lo explicó Montero este viernes durante la comparecencia en la que presentó la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica. Según señaló, la finalidad es evitar que determinados tributos queden prácticamente vacíos de contenido y reforzar la corresponsabilidad fiscal de todas las comunidades. La ministra recordó que el Gobierno ya intervino en el pasado para frenar la práctica de algunas regiones, como Madrid o Andalucía, que habían neutralizado en la práctica el Impuesto sobre el Patrimonio mediante bonificaciones del 100 %. Esa actuación se materializó en la creación del Impuesto sobre las Grandes Fortunas, que garantiza una recaudación mínima allí donde no se exigía el tributo. A juicio de Montero, ese mismo enfoque podría trasladarse ahora a otras figuras impositivas, como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, lo que también abriría la puerta a aplicar medidas similares en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. La titular de Hacienda admitió que existen comunidades con mayor capacidad fiscal que rechazan la imposición de límites a esta competencia tributaria, en una alusión directa a Madrid, una de las regiones que más se vería afectada. Sin embargo, subrayó que resulta difícil justificar que territorios con menor capacidad recaudatoria opten por reducir o eliminar impuestos a las rentas más altas y, al mismo tiempo, reclamen mayores recursos al Estado. Según Montero, estas comunidades acaban viéndose empujadas por las decisiones fiscales de la región más rica para no perder atractivo, una dinámica que, en su opinión, "es necesario frenar". En este sentido, explicó que la intención es abordar la cuestión de manera similar a lo ya hecho con el Impuesto sobre el Patrimonio. El planteamiento deberá debatirse con las comunidades autónomas y, en principio, integrarse en el proyecto de ley orgánica de financiación. Entre las alternativas sobre la mesa figura que el Estado fije un nivel mínimo de tributación en estos impuestos o que se establezcan límites legales a las rebajas fiscales que pueden aprobar los territorios. En cualquier caso, concluyó, el objetivo es introducir topes y mecanismos que eviten el vaciamiento de las figuras tributarias autonómicas.

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(El Economista, 12-01-2026) | Fiscal

El TEAC blinda el derecho de las pymes a aplicar la reserva de nivelación

El Tribunal Económico-Administrativo Central, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, ha reforzado la protección del derecho de las pequeñas y medianas empresas a aplicar la reserva de nivelación. Este incentivo fiscal permite a las compañías con una facturación anual inferior a 10 millones de euros reducir el importe a pagar en el Impuesto sobre Sociedades cuando obtienen beneficios, anticipándose a posibles pérdidas en ejercicios futuros. En concreto, este mecanismo autoriza a minorar la base imponible hasta un 10%, de forma que la empresa tributa por una cuantía inferior de beneficios. Ese importe reducido puede compensarse en los cinco ejercicios siguientes si la sociedad registra pérdidas. Si transcurrido ese plazo no se producen resultados negativos, la cantidad minorada debe reincorporarse a la base imponible y tributar entonces por ella. Se trata de un instrumento comparable a la compensación de bases imponibles negativas, pero aplicado de manera inversa: en lugar de descontar pérdidas pasadas cuando hay beneficios, se permite adelantar fiscalmente posibles pérdidas futuras para pagar menos impuestos en el presente. A cambio, las empresas que se acojan a esta medida deben dotar una reserva contable con cargo a los beneficios por el mismo importe reducido. En una resolución fechada el 18 de diciembre, el TEAC aclara que la reserva de nivelación constituye un derecho del contribuyente y no una mera opción, como sostenía la Agencia Tributaria. Esto implica que las pymes pueden aplicarla no solo cuando presentan la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades dentro de plazo, sino también de forma extemporánea o incluso solicitar la devolución de lo ingresado de más si inicialmente no hicieron uso de este beneficio. El pronunciamiento tiene su origen en un caso en el que la Agencia Tributaria denegó a una empresa la aplicación de la reserva de nivelación por haber presentado la liquidación del impuesto fuera de plazo. La Administración defendía que, al tratarse de una opción tributaria, solo podía ejercerse dentro del plazo legal de presentación. Frente a este criterio, el TEAC se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo para diferenciar entre una opción fiscal y un derecho tributario. Según esta doctrina, para que exista una opción deben concurrir dos circunstancias: que la norma ofrezca dos regímenes alternativos y excluyentes entre sí, de modo que elegir uno impida aplicar el otro, y que el contribuyente tenga la facultad de escoger entre ellos. El tribunal subraya que, aunque en la reserva de nivelación existe la posibilidad de decidir si se aplica o no, no implica la elección entre dos sistemas tributarios distintos ni incompatibles. A su juicio, el hecho de que el contribuyente pueda renunciar a un beneficio previsto por la norma no convierte automáticamente ese beneficio en una opción tributaria. De aceptarse lo contrario, cualquier elemento no obligatorio del sistema fiscal podría calificarse como opción, lo que carecería de lógica. Por todo ello, el TEAC concluye que la reserva de nivelación es un derecho propio del contribuyente reconocido por la normativa vigente y que no puede ser limitado por razones formales. En consecuencia, incluso cuando la autoliquidación del impuesto se presenta fuera de plazo, debe entenderse que la empresa está ejerciendo válidamente ese derecho.

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(Expansión, 09-01-2026) | Fiscal

Subidas fiscales de hasta un 40% en la plusvalía municipal de 2026

El Ejecutivo ha revisado los coeficientes del impuesto con el objetivo de alinearlos con la situación actual del mercado, una decisión que penaliza las transmisiones de viviendas compradas hace alrededor de diez años y beneficia a quienes han mantenido la propiedad durante más de 17. El ejercicio arranca en el sector inmobiliario con especial atención a la fiscalidad municipal. El Gobierno ha vuelto a poner el foco en la actualización de los coeficientes utilizados para calcular el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, una modificación recogida en el reciente Real Decreto-ley 16/2025. Esta normativa, aplicable al impuesto desde el 1 de enero de 2026, configura un panorama claramente desigual, con contribuyentes favorecidos y otros claramente perjudicados. Mientras las operaciones realizadas en plazos intermedios afrontarán un notable aumento de la carga fiscal, los propietarios de largo recorrido disfrutarán de una reducción del impuesto. La explicación oficial de esta reforma es garantizar que la base imponible del tributo "se adecúe en todo momento a la realidad del mercado inmobiliario", teniendo en cuenta la evolución efectiva de los precios de compraventa. No obstante, en la práctica, el ajuste supone un incremento generalizado de los coeficientes para la mayoría de los periodos de generación inferiores a los 15 años. De acuerdo con la nueva tabla publicada, el mayor impacto negativo recaerá sobre quienes vendan inmuebles adquiridos hace unos diez años. El ejemplo más destacado es el de las transmisiones con un periodo de generación de nueve años, cuyo coeficiente aumenta de 0,15 a 0,21, lo que implica una subida del 40%. Este endurecimiento fiscal no se limita a un único supuesto. Las ventas de viviendas con diez años de antigüedad verán incrementada su tributación en un 33,33%, mientras que las de once años soportarán un alza del 30%. Incluso los plazos más cortos, como los siete años, registrarán un aumento del 10%. Estas subidas reproducen el intento del Gobierno de elevar los coeficientes en 2024 a través del RDL 9/2024, una iniciativa que finalmente no prosperó al no obtener el respaldo del Parlamento. En el lado opuesto se sitúan los propietarios de largo plazo. La nueva regulación favorece la tenencia prolongada, introduciendo reducciones en los coeficientes a partir de los 17 años de propiedad. El mayor alivio fiscal se da en los inmuebles con un periodo de generación igual o superior a 20 años, cuyo coeficiente se reduce un 12,5%, pasando de 0,40 a 0,35. La aplicación de estas modificaciones no está exenta de incertidumbre. Al tratarse de un Real Decreto-ley, su vigencia definitiva queda supeditada a la convalidación parlamentaria, lo que reabre un escenario de inseguridad jurídica similar al experimentado el año anterior. Por ello, los especialistas recomiendan actuar con cautela y planificar cuidadosamente las operaciones. Cabe recordar que la plusvalía municipal ha sufrido importantes cambios tanto a nivel judicial como normativo en los últimos años. El momento clave se produjo a finales de 2021, cuando el Tribunal Constitucional anuló el antiguo método de cálculo objetivo, que partía de la premisa de que el suelo urbano siempre aumentaba de valor con el paso del tiempo, al margen de la coyuntura económica. Esta sentencia obligó al Gobierno a reformar de urgencia el impuesto para evitar un vacío legal en la financiación municipal, dando lugar al sistema actualmente vigente y ahora objeto de revisión.

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(Expansión, 09-01-2026) | Fiscal

Hacienda ofrecerá hoy más fondos a todas las CCAA tras pactar la propuesta de financiación autonómica con ERC

El Ejecutivo ha optado por cerrar previamente un pacto con ERC antes de hacer pública este jueves su propuesta global para reformar el sistema de financiación autonómica. El nuevo esquema recibió el visto bueno este miércoles en una reunión en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, quien destacó tras el encuentro que el modelo permitirá que Cataluña disponga de 4.700 millones de euros adicionales, lo que supone un incremento del 12%, y que un aumento similar se trasladará al resto de comunidades, por lo que, a su juicio, "beneficiará a todos". El eje central de la reforma consiste en garantizar más recursos a todas las autonomías mediante una mayor cesión de ingresos tributarios desde el Estado. "Existe un acuerdo entre ERC y el Gobierno sobre el modelo de financiación", afirmó Junqueras ante los medios a la salida de La Moncloa, tras su primer encuentro con Sánchez en la residencia oficial desde que se ha visto beneficiado por la Ley de Amnistía vinculada al procés. Con este gesto, el presidente busca afianzar un respaldo parlamentario clave en la fase final de una legislatura especialmente tensa. No obstante, Junqueras puntualizó que ERC no se sentará a negociar los Presupuestos Generales hasta que se materialice el traspaso del IRPF a Cataluña. En cualquier caso, el dirigente republicano subrayó la relevancia del acuerdo alcanzado para rediseñar el reparto de los recursos autonómicos. Defendió que se trata de "un buen sistema de financiación, en el que nadie sale perjudicado y todos resultan beneficiados", especialmente los servicios públicos, como la sanidad y la educación, así como el tejido productivo, los trabajadores, las empresas y las familias. Asimismo, avanzó que la propuesta completa sería presentada hoy por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Junqueras advirtió de que, si el acuerdo no prospera o no obtiene el respaldo del Congreso, las consecuencias negativas recaerán sobre empresas, trabajadores y familias de todo el país. Estas declaraciones llegan en un contexto de críticas por parte de Junts, que reprocha el enfoque de "café para todos", y del PP, que acusa al Gobierno de diseñar un sistema a medida de los partidos independentistas. El líder de ERC puso especial énfasis en el principio de ordinalidad, uno de los pilares del pacto. Según explicó, este criterio garantiza que si Cataluña ocupa una determinada posición en aportación de recursos, mantendrá ese mismo lugar en la recepción de fondos. A partir de este principio, detalló que el nuevo modelo supondría una aportación adicional anual de 4.700 millones de euros a la Generalitat, lo que elevaría su capacidad presupuestaria en un 12%, con incrementos similares para el conjunto de las comunidades autónomas. Junqueras defendió que se trata de un acuerdo relevante para corregir la histórica infrafinanciación del arco mediterráneo, cuyas consecuencias, afirmó, se reflejan en la calidad de los servicios públicos, la atención sanitaria, el sistema educativo y el transporte. El dirigente republicano recordó que la puesta en marcha del nuevo sistema requerirá una votación en el Congreso, en la que será imprescindible el apoyo de diversas fuerzas políticas. Por ello, insistió en que el acuerdo debe resultar beneficioso tanto para los distintos grupos como para la ciudadanía de sus respectivos territorios. Desde el Ministerio de Hacienda se parte de la premisa de que todas las comunidades deben mejorar su financiación respecto a la situación actual. En lugar de redistribuir los mismos recursos, la intención del departamento que dirige Montero es ampliar el volumen total disponible para que todas las regiones reciban más fondos. Para lograrlo, la fórmula planteada pasa por aumentar el porcentaje de cesión a las comunidades de los principales impuestos: más del 50% del IRPF, del 50% del IVA y del 58% de los Impuestos Especiales, a costa de reducir la parte que retiene la Administración central. Dado que actualmente el volumen de recursos transferidos ronda los 150.000 millones de euros, una subida generalizada en torno al 12% implicaría movilizar cerca de 18.000 millones de euros adicionales.

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(El Economista, 09-01-2026) | Fiscal

UGT reclama una reforma del IRPF y critica que se haga otro "parche" para evitar que el SMI tribute

Los sindicatos se están preparando para pactar con el Gobierno un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 3,1%, que situaría su cuantía en 1.221 euros al mes y lo mantendría exento de IRPF. Sin embargo, muestran su desacuerdo con la intención del Ministerio de Hacienda de volver a crear una deducción que permita a los trabajadores recuperar, al hacer la Renta, las retenciones practicadas a lo largo del año, como ya ocurrió en 2025. "No hay ninguna razón objetiva para no firmar si está libre de tributación, pero no vamos a dejar de señalar que esto es un parche", declaró este jueves el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en rueda de prensa. El sindicato insiste en que el salario neto es el que recibe el trabajador cada mes, no el que resulta tras aplicar deducciones o desgravaciones según su situación personal. "La Carta Social Europea habla del 60% del salario medio neto, pero han interpretado que es después de deducciones; no, el salario neto es el salario", añadió. Ese 60% del salario medio es la referencia que utiliza el Ministerio de Trabajo para calcular las subidas anuales del SMI. Esta cifra es la que se emplea para que el comité asesor proponga ajustes, dando lugar a dos recomendaciones en función de si se grava o no. El Gobierno ha optado por la primera opción, un incremento del 3,1% que no generará mayor retención de IRPF, aunque los sindicatos critican que se haga mediante un "parche" en lugar de reformar los tramos del impuesto, que aplican tipos marginales elevados a los salarios más bajos. En los últimos años, UGT ha cuestionado los métodos del Ministerio de Trabajo para calcular el SMI, especialmente la valoración de que alcanzar el 60% del salario medio ya supone un salario "justo". Desde la central sindical reclaman usar datos de fuentes como Eurostat o la Agencia Tributaria, en lugar de crear cifras nuevas. "Vamos a seguir peleando, porque hemos ido ganando esta batalla que inicialmente emprendimos solos y vamos a continuar con ella", afirmó Álvarez. El comité asesor utiliza la Encuesta de Estructura Salarial (EES) para estimar el umbral del SMI. Como estos datos se publican con retraso, se recurre a la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) para actualizarlos, algo a lo que hacía referencia el líder sindical. Según esta metodología, UGT considera que el SMI debería situarse en 1.444 euros, más de 220 euros por encima de la cifra planteada por el Gobierno. La metodología también ha sido criticada por CEOE, que defiende usar la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE para calcular el salario medio. Los empresarios consideran que la alternativa utilizada "inflaría" la media, mientras que los expertos del comité argumentan que los microdatos de la EPA no ofrecen el mismo detalle que la EES. Álvarez también se refirió a la reforma del registro horario, que sigue bloqueada antes de su aprobación en Consejo de Ministros. En sus declaraciones, pidió al presidente Pedro Sánchez que impulse la parte del proyecto relacionada con la reducción de la jornada a 37,5 horas y advirtió que podrían dejar de firmar acuerdos con el Ejecutivo si no se aprueban los últimos textos negociados. UGT distingue esta cuestión del SMI, pero ha señalado que "no se puede dejar que pasen los días eternamente", y critica que el Gobierno deje medidas importantes "en el cajón" para no incomodar a ciertos sectores. En los últimos meses, el sindicato ha suscrito con Trabajo acuerdos para ampliar los permisos por fallecimiento a 10 días, crear uno para acompañar a personas que se someten a eutanasia y otro para cuidados paliativos, así como para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No obstante, la mayoría del Congreso se opone a estas iniciativas, lo que obliga al Gobierno a actuar con cautela al presentarlas, algo que UGT considera una estrategia insostenible.

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(El País, 09-01-2025) | Fiscal

Hacienda blinda el derecho de las pequeñas empresas a ajustar sus impuestos a las pérdidas

En España, las pequeñas empresas cuentan con un beneficio fiscal conocido como reserva de nivelación, diseñado para suavizar la tributación en los ejercicios con beneficios. Este mecanismo permite reducir anticipadamente la base imponible mediante ciertos ajustes, que pueden compensarse con pérdidas futuras, de manera que no elimina el impuesto, sino que lo pospone en el tiempo. Recientemente, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha reconocido esta figura como un derecho del contribuyente, consolidando su aplicación y blindando su uso. Durante años, muchas pymes -aquellas con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 10 millones de euros- han visto condicionada la utilización de esta reserva por motivos formales: debía aplicarse dentro del plazo de presentación del impuesto de sociedades. La Agencia Tributaria solía considerar que se trataba de una opción tributaria, lo que implicaba que solo podía ejercerse en tiempo y forma; de lo contrario, la empresa perdía el derecho a beneficiarse de ella. El conflicto surgía por la calificación jurídica de la reserva. Hacienda defendía que era una opción tributaria, lo que obligaba a elegir dentro del plazo y no permitía rectificaciones posteriores. Bajo ese criterio, presentar la declaración fuera de plazo o no aplicar la reserva inicialmente suponía la pérdida automática del beneficio. Sin embargo, algunos tribunales económico-administrativos regionales comenzaron a cuestionar esta interpretación, señalando que la reserva de nivelación no encajaba exactamente en la definición legal de opción tributaria. El TEAC ha recogido esta visión en una resolución reciente que fija doctrina, de gran relevancia para todas las empresas. El TEAC distingue entre una verdadera opción tributaria y el ejercicio de un derecho reconocido por la ley. Una opción tributaria implica elegir entre regímenes fiscales excluyentes: optar por uno impide aplicar el otro, y la elección debe realizarse dentro del plazo legal. Por el contrario, la reserva de nivelación no obliga a escoger entre regímenes incompatibles ni altera la estructura del impuesto. Se trata de un beneficio fiscal previsto en la ley para contribuyentes que cumplen determinados requisitos objetivos; si se cumplen, el derecho a la reducción es automático, sin que sea una elección entre alternativas. El tribunal confirma así que la reserva de nivelación no es una opción tributaria, sino un derecho del contribuyente, que no puede perderse por cuestiones meramente formales. La Administración puede verificar que se cumplen los requisitos legales, pero no puede denegar el beneficio solo por el momento en que se solicita. Además, el TEAC subraya que la propia naturaleza de la reserva es temporal y reversible. La reducción aplicada se ajusta en los cinco ejercicios siguientes: si la empresa registra pérdidas, se compensa; si no se producen pérdidas, la ley obliga a reincorporarla a la base imponible en el quinto ejercicio. Es decir, el propio sistema prevé cómo corregir y equilibrar la reducción con el tiempo. Las implicaciones prácticas de esta doctrina son importantes para las pequeñas empresas. La Inspección de Hacienda, siguiendo este criterio, no podrá rechazar automáticamente la aplicación de la reserva de nivelación por presentar la declaración fuera de plazo, ni podrá negarla en una declaración rectificativa siempre que se cumplan los requisitos legales. Esto otorga mayor seguridad jurídica y estabilidad a las pymes en la planificación fiscal de sus beneficios.

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(El País, 08-01-2026) | Fiscal

Quienes cobren el salario mínimo seguirán sin tributar

El Ejecutivo quería evitar a toda costa que el debate entre el Ministerio de Trabajo, en manos de Sumar, y el de Hacienda, controlado por el PSOE, volviera a trasladarse a la esfera pública en torno a la tributación del salario mínimo interprofesional en el IRPF. Aunque ambos departamentos estuvieron cerca de reabrir el enfrentamiento, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, dio el asunto por cerrado este lunes al asegurar que el Gobierno en su conjunto se ha comprometido con los agentes sociales a que quienes perciban el SMI no tendrán que pagar impuestos. De este modo, se impuso de nuevo la posición defendida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A falta de que Hacienda concrete formalmente el mecanismo fiscal que permitirá mantener la exención un año más, fuentes del ministerio han señalado su disposición a recurrir de nuevo a la vía de la deducción, tal y como se hizo en la última campaña de la renta. Subrayan además que la subida planteada es la más moderada de las recomendadas por el comité de expertos precisamente para evitar que el salario mínimo quede sujeto a tributación. En este contexto, Hacienda estudia actualizar la deducción de manera que ningún beneficiario del SMI tenga que pagar IRPF, incluso en aquellos casos en los que, por su situación personal o familiar, se supere el mínimo exento. En la práctica, estos trabajadores soportan retenciones durante el año y posteriormente, al presentar la declaración de la renta, recuperan lo ingresado, con un límite que el pasado ejercicio alcanzó los 340 euros anuales. La intención ahora es elevar esa cuantía hasta alrededor de 600 euros, de forma que todas las situaciones de los perceptores del salario mínimo sigan quedando libres de impuestos en la próxima campaña. Esta modificación requiere una norma con rango de ley, ya que no puede aprobarse únicamente mediante un real decreto como el que dará cobertura a la subida del SMI. Aprovechando esta necesidad, la patronal reclama que se incluya también en esa futura ley una flexibilización de las normas de desindexación que impiden a las empresas trasladar a los contratos públicos el aumento de los costes salariales derivados del salario mínimo. Sin embargo, en este punto no existe el mismo consenso dentro del Gobierno. Trabajo comparte desde hace años la tesis de permitir total o parcialmente esa indexación, pero tanto Hacienda como el Ministerio de Economía se han opuesto de forma reiterada, defendiendo la aplicación estricta de la Ley de Desindexación aprobada en 2015. Esa norma tenía como objetivo romper la vinculación automática de precios, salarios, contratos públicos, tasas y pensiones con el IPC para evitar dinámicas inflacionistas persistentes. Aunque posteriormente se ha corregido en algunos ámbitos, como el de las pensiones, cuya revalorización volvió a ligarse por ley a la evolución media del IPC, la contratación pública ha permanecido al margen de estos cambios. La propia Yolanda Díaz reconoció este lunes, en una entrevista en TVE, que mantiene una discrepancia con el PSOE en relación con esta demanda empresarial, que cuenta con el respaldo tanto de Trabajo como de los sindicatos. La falta de acuerdo dentro del Ejecutivo complica que la patronal apoye la subida del salario mínimo del 3,1% prevista para 2026, ya que, junto con la exención fiscal, la flexibilización de la desindexación es una de las condiciones que considera imprescindibles para dar su respaldo. Así lo trasladó Joaquín Pérez Rey tras la reunión con los agentes sociales, en la que aseguró que Trabajo estudiará con Hacienda y Economía la posibilidad de introducir cambios en esta materia, aunque todo indica que, por ahora, esa opción resulta poco viable.

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