Quienes entreguen dinero en efectivo a un familiar -ya sea a un hijo o a un progenitor- no deberán pagar IRPF por esa operación. Así lo ha precisado la Dirección General de Tributos (DGT), dependiente del Ministerio de Hacienda, en una consulta vinculante fechada el 23 de diciembre, donde señala que la donación de dinero no genera ni ganancia ni pérdida patrimonial para quien la realiza.
La aclaración responde al caso de una persona que quería transferir una cantidad a su madre y toma como referencia una consulta anterior de un padre que deseaba donar dinero a su hijo.
El organismo explica que la situación cambia cuando lo que se transmite no es efectivo, sino otros bienes, como una vivienda o participaciones empresariales. En esos supuestos, el donante debe tributar en el IRPF por la posible ganancia patrimonial obtenida. Por ejemplo, si un inmueble se adquirió por 100.000 euros y en el momento de la donación está valorado en 150.000, el propietario deberá declarar en el IRPF la plusvalía de 50.000 euros. En cambio, si el bien se ha depreciado, esa pérdida no puede deducirse.
En el caso del dinero en metálico, en cambio, no existe alteración patrimonial a efectos del IRPF. Eso sí, la DGT recuerda que quien recibe la cantidad donada sí está obligado a liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por el importe percibido.
La Comisión Europea planea simplificar cinco directivas fiscales relacionadas con el Impuesto sobre Sociedades con el fin de rebajar la carga administrativa de las empresas en un 25% y la de las pymes en un 35% antes de que termine 2029.
Bruselas trabaja ya en una nueva Directiva Ómnibus en materia tributaria, cuya presentación está prevista para mediados de 2026. El propósito es unificar criterios fiscales en todos los Estados miembros, eliminar obstáculos para acceder a deducciones o exenciones según el país, evitar la doble imposición y la duplicidad en las obligaciones informativas, y hacer más claras y fáciles de aplicar las normas.
La revisión afectará a la Directiva de fusiones, la Directiva contra la elusión fiscal, la de matrices y filiales, la de intereses y cánones y la relativa a los mecanismos de resolución de conflictos tributarios. La Comisión ha abierto una consulta pública hasta el 26 de marzo para empezar a elaborar el texto.
En el caso de la normativa contra la elusión fiscal -que grava mediante el régimen de Sociedades Extranjeras Controladas a filiales ubicadas en territorios de baja tributación-, se introducirán cambios para evitar posibles situaciones de doble imposición derivadas de la implantación del impuesto mínimo global del 15%, conocido como Pilar II. Esta tasa mínima también obliga a los países de la UE a aplicar un gravamen complementario a filiales extranjeras que tributen por debajo de ese umbral.
Asimismo, se revisará la regla que limita la deducibilidad de los intereses de los préstamos empresariales, con el objetivo de proteger especialmente a las pymes y a las compañías con mayor nivel de endeudamiento. En relación con la Directiva de matrices y filiales -que impide la doble tributación de dividendos entre empresas del mismo grupo en distintos países- y la de intereses y cánones, Bruselas pretende armonizar su aplicación, ya que actualmente cada Estado miembro la interpreta de forma diferente. La idea es que las empresas operen bajo condiciones homogéneas en toda la Unión, lo que aportaría mayor seguridad jurídica y reduciría costes administrativos.
También se reformará la Directiva de fusiones, que permite realizar procesos de integración empresarial sin impacto fiscal inmediato, dado que su aplicación desigual entre países dificulta adquisiciones y reestructuraciones transfronterizas. Por último, se prevén cambios en la Directiva sobre resolución de litigios fiscales para aclarar los requisitos de admisión, asegurar una aplicación uniforme en todos los Estados miembros y facilitar su utilización tanto por las empresas como por las administraciones tributarias.
Según la Comisión Europea, esta iniciativa busca simplificar la normativa vigente y mejorar el entorno empresarial, reduciendo de forma significativa los costes de cumplimiento mediante procedimientos más estandarizados y reglas más armonizadas, lo que reforzará la seguridad jurídica.
Este proyecto se enmarca en la estrategia de simplificación normativa que Bruselas quiere culminar en 2029. De hecho, la UE aprobó en febrero la llamada Directiva Ómnibus I, centrada en disminuir las obligaciones de información empresarial en materia de sostenibilidad, dentro del mismo objetivo de reducir cargas y unificar criterios en el mercado europeo.
El Tribunal Constitucional ha invalidado la exigencia de tener "domicilio social" en Galicia para poder beneficiarse de reducciones en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, estableciendo un precedente relevante contra las restricciones territoriales. La sentencia considera que este tipo de requisitos resulta discriminatorio y contrario a la unidad de mercado.
El Pleno del Tribunal Constitucional se ha pronunciado de forma unánime contra lo que interpreta como proteccionismo fiscal autonómico. Según los magistrados, supeditar ventajas tributarias a que una empresa tenga su sede en una comunidad concreta fragmenta el mercado nacional y vulnera el principio de igualdad ante los impuestos.
La resolución, elaborada por el magistrado Juan Carlos Campo, responde a una cuestión de inconstitucionalidad planteada por una Sociedad de Garantía Recíproca de fuera de la región, representada por KPMG Abogados, frente a la normativa aprobada por la Xunta de Galicia. El tribunal entiende que favorecer a empresas radicadas en la propia comunidad carece de justificación objetiva y rompe la igualdad competitiva entre operadores.
El conflicto se originó en el artículo 15.6 del Decreto Legislativo 1/2011 gallego, que fijaba un tipo superreducido del 0,1% en AJD para determinadas escrituras de contragarantía -como hipotecas- formalizadas a favor de SGR. No obstante, la norma condicionaba ese beneficio a que la entidad tuviera su sede en Galicia. Las sociedades de otras regiones, aun prestando los mismos avales a pymes gallegas, debían aplicar el tipo general del 1,5%.
Pedro Ruiz Correas, socio fiscal de KPMG Abogados y responsable de la defensa, explicó que su cliente -una SGR no establecida en Galicia- recurrió esta diferencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia al considerarla una discriminación basada en el domicilio social y una extralimitación de las competencias autonómicas.
El tribunal gallego elevó dos cuestiones de inconstitucionalidad que ahora han sido resueltas. El Constitucional reconoce que objetivos como apoyar al tejido empresarial regional o incentivar la localización de empresas pueden ser legítimos, pero no cuando se aplican mediante medidas que penalizan a compañías de otras comunidades.
La sentencia anula específicamente la referencia a que la entidad beneficiaria deba tener domicilio social en Galicia. Según el tribunal, la ubicación de la sede es irrelevante para la empresa que recibe el aval y no guarda relación con la capacidad económica gravada por el impuesto.
Desde la defensa se subraya que el domicilio social no está vinculado ni al hecho imponible ni a la finalidad del tributo, por lo que introduce una diferenciación arbitraria contraria a los principios constitucionales de igualdad y capacidad económica, además de constituir una barrera territorial incompatible con la unidad de mercado.
El fallo tendrá consecuencias directas. Por un lado, el tipo reducido del 0,1% podrá aplicarse a todas las SGR que operen en Galicia, con independencia de dónde esté su sede. Por otro, abre la posibilidad de solicitar la devolución de ingresos indebidos correspondientes a liquidaciones anteriores que aún no hayan prescrito.
Asimismo, la resolución actúa como advertencia para otras comunidades autónomas que mantienen incentivos basados en criterios estrictamente territoriales, obligándolas a diseñar beneficios fiscales sustentados en criterios objetivos y no discriminatorios.
Con esta decisión, el Constitucional refuerza una línea doctrinal que ya había aplicado en casos relativos a Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Canarias, limitando el uso de la fiscalidad como mecanismo de protección económica interna entre territorios.
El rechazo del Parlamento al decreto del escudo social deja sin efecto la ampliación del sistema de estimación objetiva para los trabajadores autónomos. El revés sufrido ayer por el Gobierno implica, de forma indirecta, un importante perjuicio fiscal para cientos de miles de autónomos en España.
El destino del Real Decreto-ley destinado a reactivar el escudo social -que fue rechazado- condicionaba la continuidad del régimen de tributación por módulos, que finalmente queda suprimido. El sistema de estimación objetiva, conocido como módulos, es el más extendido entre los pequeños autónomos. Consiste en abonar una cantidad fija en las liquidaciones trimestrales de IRPF e IVA, lo que evita calcular los impuestos en función de los beneficios reales obtenidos.
Este método se aplicaba a autónomos con ingresos anuales de hasta 250.000 euros, salvo en determinadas actividades agrarias. Cuando la facturación se realiza a empresas o profesionales, el límite se reduce a 125.000 euros. En el caso de actividades agrícolas, ganaderas o forestales, el sistema se mantenía para ingresos de hasta 250.000 euros al año, con un volumen de compras -sin incluir inversiones en inmovilizado- también limitado a 250.000 euros anuales.
Según estimó ayer la organización UPTA, la decisión parlamentaria deja fuera de este régimen a unos 400.000 trabajadores por cuenta propia.
El rechazo del Congreso a validar el último Real Decreto-ley ómnibus impide ampliar los beneficios fiscales ligados a la compra de vehículos eléctricos y a las obras de rehabilitación de viviendas. Como consecuencia de la negativa de la Cámara Baja al decreto -que incorporaba el escudo social del Gobierno-, quienes adquieran un coche eléctrico o realicen reformas en sus viviendas pierden importantes ventajas tributarias.
El texto contemplaba mantener durante 2026 la deducción en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos enchufables o de hidrógeno, equivalente al 15% del precio con un límite de 20.000 euros, así como una deducción del 15% -hasta 4.000 euros- por la instalación de puntos de recarga en domicilios particulares.
Según los asesores fiscales de TaxDown, quienes hayan adquirido o planeen adquirir un vehículo eléctrico en 2026, o instalar un cargador, ya no podrán beneficiarse de estas deducciones en su declaración de la renta.
Asimismo, desaparecen los incentivos fiscales destinados a mejorar la eficiencia energética de las viviendas. Entre ellos figuraban deducciones del 20% por actuaciones que redujeran la demanda de calefacción y refrigeración; del 40% por disminuir el consumo de energía primaria no renovable; y del 50% en el caso de intervenciones realizadas en edificios de uso mayoritariamente residencial.
La Audiencia Nacional estudia actualmente cinco recursos que solicitan declarar ilegal y anular el llamado valor de referencia de los inmuebles. Este sistema, implantado por el Gobierno en enero de 2022 para fijar la base imponible en impuestos como Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, se puso en marcha sin que se aprobara el reglamento necesario para que la Dirección General del Catastro estableciera formalmente cómo calcular dichos valores.
El pasado 12 de febrero, el Tribunal Constitucional confirmó que utilizar este valor como base tributaria es conforme a la Constitución, aunque advirtió de que carece del desarrollo reglamentario previsto por la ley. Juan Manuel Herrero Egaña, socio director de Herrero Egaña Abogados y responsable de Estudios e Investigación de la Asociación Española de Asesores Fiscales, sostiene que esa advertencia refuerza la tesis de que el sistema es ilegal. Según explica, la asociación lleva recurriendo desde 2022 ante la Audiencia Nacional las resoluciones anuales mediante las cuales la Dirección General del Catastro fija los valores de referencia de los inmuebles.
A su juicio, el Catastro está calculando estos valores sin contar con una norma reglamentaria que establezca el procedimiento. La ley que creó el sistema obligaba al Ejecutivo a aprobar un reglamento con los métodos de valoración, pero ante su ausencia el organismo utiliza, en el caso de los inmuebles urbanos, criterios similares a los del valor catastral -aunque con variables adicionales- y, en las propiedades rústicas, ha diseñado su propio método.
El experto advierte de que el Catastro estaría adoptando decisiones que corresponderían al legislador o a una norma reglamentaria, lo que ha motivado los recursos presentados. En su opinión, el organismo estaría, en la práctica, creando reglas nuevas sin respaldo normativo.
Si la Audiencia Nacional fallara a favor de los demandantes, el valor de referencia quedaría anulado. Esto beneficiaría a quienes lo hayan impugnado, ya sea por discrepar del importe asignado o por considerar que el sistema carece de base legal. En ese caso, verían reforzada su reclamación al entenderse que dicho valor nunca se aprobó válidamente.
Herrero Egaña también cuestiona que el Tribunal Constitucional considere que la falta de reglamento no afecta a la constitucionalidad del sistema. A su entender, el principio de legalidad exige que la ley regule los elementos esenciales del tributo, pudiendo desarrollarse por reglamento, pero no dejarse a la decisión directa de un órgano administrativo como el Catastro.
Asimismo, critica que el cálculo del valor de referencia no tenga en cuenta numerosos factores relevantes del inmueble, como la altura de la vivienda, su distribución o la orientación. Tampoco contempla circunstancias que pueden reducir su valor real o limitar su uso, por ejemplo si el inmueble está protegido como bien histórico, tiene un arrendatario con contrato de larga duración o sufre molestias por actividades cercanas como locales de ocio nocturno.
El acuerdo prevé la eliminación de la verja que separa el territorio británico, lo que permitirá un acceso más fluido al espacio Schengen y al mercado único europeo. Este tratado, pendiente desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, aborda por fin la situación de Gibraltar, que quedó fuera de los acuerdos iniciales del Brexit. El documento desarrolla el entendimiento político alcanzado por las partes en junio de 2025, considerado entonces de carácter histórico.
El pacto entre la Unión Europea y el Reino Unido completa el marco jurídico de las relaciones bilaterales tras el Brexit en lo referente a Gibraltar, ya que el Peñón no estaba contemplado en el acuerdo general firmado entre Londres y Bruselas. La desaparición de la verja que durante más de cien años ha separado Gibraltar de La Línea de la Concepción facilitará el paso diario de unas 15.000 personas y tendrá impacto sobre una población aproximada de 300.000 habitantes de la zona.
En el aeropuerto, los pasajeros estarán sometidos a un sistema de control fronterizo doble: las autoridades gibraltareñas se encargarán de la gestión migratoria y de seguridad, mientras que funcionarios españoles velarán por el cumplimiento de las normas del espacio Schengen. Este modelo se asemeja al que aplican las autoridades francesas en la estación londinense de St. Pancras para los trenes que cruzan el canal de la Mancha. El acuerdo también contempla la posibilidad de establecer vuelos directos entre Gibraltar y ciudades de la Unión Europea.
Respecto al comercio de mercancías, se suprimirán los controles fronterizos y se reforzará la colaboración entre las autoridades aduaneras de ambas partes. En el ámbito fiscal, el texto establece una aproximación gradual a los estándares europeos. Gibraltar implantará un impuesto indirecto similar al IVA, que comenzará con un tipo del 15% desde la entrada en vigor del tratado y se equiparará plenamente en un plazo de tres años. Asimismo, se introducen normas específicas sobre el tabaco alineadas con la legislación comunitaria.
El Ministerio británico de Asuntos Exteriores ha subrayado que el acuerdo preserva la soberanía del Reino Unido sobre Gibraltar, su autonomía militar y la estabilidad económica del territorio, reiterando su compromiso firme con la colonia. Por su parte, el responsable gibraltareño Fabian Picardo ha defendido que se trata de un pacto sólido que garantiza la posición sobre la soberanía, protege la economía local y aporta seguridad jurídica a ciudadanos y empresas.
Desde España, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha valorado positivamente la publicación del tratado, al considerar que impulsará el desarrollo económico, reforzará las garantías sociales y favorecerá la cooperación. También destaca la eliminación de la verja, a la que califica como el último muro de la Europa continental, y sostiene que el acuerdo abre nuevas oportunidades para los habitantes del Campo de Gibraltar. El Gobierno español insiste, no obstante, en que mantiene intacta su postura respecto a la soberanía.
El documento deberá ahora ser tramitado por el Consejo de la Unión Europea para su firma y aprobación definitiva. También necesitará el visto bueno del Parlamento Europeo y del Parlamento británico. No será sometido al Congreso de los Diputados español, ya que los firmantes son la UE y el Reino Unido, aunque España participó en la negociación del acuerdo político que sirve de base al tratado.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido que Gibraltar adapte su sistema fiscal a los estándares europeos para evitar desequilibrios económicos con la comarca vecina y favorecer la convergencia en niveles de renta. Considera positivo el acuerdo si contribuye a mejorar la calidad de vida en la zona y a reducir las diferencias económicas.
Por su parte, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, reclama apoyo estatal para afrontar los nuevos retos que puede generar la apertura fronteriza. Aunque reconoce que el acuerdo puede crear oportunidades económicas, advierte de posibles problemas inmediatos en vivienda, transporte e infraestructuras si no se acompaña de inversiones.
Uno de los aspectos que más inquieta al consistorio es el mercado inmobiliario, ya que la mayor integración podría aumentar la demanda de vivienda por parte de trabajadores vinculados a Gibraltar y provocar una subida significativa de precios. El alcalde alerta incluso de un posible encarecimiento acelerado si no se adoptan medidas urbanísticas o regulatorias.
Además, cualquier modificación en el sistema fronterizo afecta directamente al territorio municipal, lo que obliga a rediseñar accesos, carreteras y flujos de tráfico. De hecho, el Ayuntamiento ya ha cedido terrenos para infraestructuras relacionadas con el nuevo modelo de conexión y con el acceso al aeropuerto gibraltareño.
La Hacienda portuguesa ha reforzado la posición de los contribuyentes españoles que en los últimos años se trasladaron a Portugal y se acogieron al régimen especial para residentes no habituales con el fin de cobrar sus planes de pensiones con una tributación del 0% -o del 10% desde 2019-, frente a las reclamaciones millonarias de la Agencia Tributaria.
La Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal -equivalente a la Dirección General de Tributos española- ha señalado, en una consulta vinculante, que quienes disfrutan de este régimen especial deben considerarse residentes fiscales en Portugal y, por tanto, no puede descartarse la aplicación del convenio para evitar la doble imposición entre ambos países.
Este pronunciamiento resulta clave en los litigios que mantienen numerosos jubilados españoles afincados en Portugal -entre ellos antiguos altos cargos de empresas del Ibex y multinacionales- con la Hacienda española. La Administración tributaria ha llevado a cabo numerosas inspecciones reclamando que dichas pensiones tributen en España, negando la aplicación del artículo 4 del convenio bilateral. Algunos casos ya han llegado a la Audiencia Nacional tras pasar por el Tribunal Económico Administrativo Central, que respaldó la postura de la inspección.
Según la consulta portuguesa, fechada el 16 de enero de 2026, el artículo 18 del convenio atribuye a Portugal el derecho exclusivo a gravar las pensiones privadas percibidas por residentes en ese país. Además, se subraya que los beneficiarios del régimen de residentes no habituales tributan por su renta mundial, incluidas las pensiones procedentes del extranjero. Aunque dichas rentas estén exentas o sujetas a un tipo reducido, se consideran igualmente sometidas a imposición en Portugal, ya que la exención no equivale a que no estén sujetas a impuestos.
Expertos fiscales destacan la relevancia de esta interpretación, al confirmar que las pensiones generadas en España ya estaban sometidas a tributación en Portugal -aunque con exención o tipo reducido- y que, por tanto, debe aplicarse el convenio bilateral.
En los últimos años, la Agencia Tributaria española ha intensificado las inspecciones a pensionistas que se trasladaron a Portugal aprovechando ese beneficio fiscal. Gracias al cruce de datos con bancos, aseguradoras y gestoras españolas -que abonaban las pensiones sin retención-, ha podido iniciar procedimientos de comprobación.
Cuando no ha logrado demostrar que el contribuyente seguía residiendo en España, la Administración ha llegado a cuestionar la validez del certificado de residencia portuguesa y ha rechazado aplicar el convenio. En algunos expedientes reclama hasta el 40% de las cantidades percibidas a través de planes de pensiones, además de intereses, lo que supone cifras muy elevadas para antiguos ejecutivos cuyo ahorro previsional constituye una parte importante de sus ingresos.
Los asesores fiscales preparan su defensa basándose en jurisprudencia que impide a la Administración ignorar certificados de residencia emitidos por otro país con el objetivo de eludir un convenio internacional. El Tribunal Supremo ya sostuvo, en un caso relacionado con un residente en Estados Unidos, que la Agencia Tributaria no puede rechazar sin más un certificado expedido por otra autoridad fiscal.
Sin embargo, la Hacienda española argumenta que ese pronunciamiento no se refiere específicamente al régimen de residentes no habituales en Portugal. Por su parte, el TEAC considera que el convenio no sería aplicable si se entiende que estas personas no tributan allí por su renta mundial, interpretación que continúa siendo objeto de disputa.
El nuevo modelo del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a 2025, que comenzará a aplicarse el próximo 1 de julio, incorpora cambios relevantes. Entre ellos destacan la reducción de los tipos impositivos para pymes y microempresas, nuevos incentivos para fortalecer los fondos propios y aumentar el empleo, y la obligación -por primera vez- de identificar a todos los socios que forman parte de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE). Sobre estas entidades, la Inspección ha intensificado el control para evitar la generación de deducciones fiscales indebidas o infladas. El Ministerio de Hacienda ha sometido el modelo a información pública hasta el 17 de marzo.
Las empresas con ingresos inferiores a 10 millones de euros en 2025 podrán tributar al 24%, frente al 25% general aplicado el ejercicio anterior. Además, este tipo se reducirá progresivamente hasta 2029: será del 23% en 2026, del 22% en 2027, del 21% en 2028 y quedará fijado en el 20% a partir de 2029.
En el caso de las microempresas -aquellas con una facturación inferior al millón de euros- los primeros 50.000 euros de beneficio tributarán al 21% y el resto al 22%, frente al 23% anterior. También aquí se prevén rebajas graduales: en la declaración de 2026 (a presentar en 2027), el tipo será del 19% para los primeros 50.000 euros y del 21% para el exceso; desde 2027, se aplicará un 17% a ese primer tramo y un 20% al resto. Asimismo, se establece por primera vez un tipo mínimo del 15% para empresas con una facturación anual de hasta 20 millones de euros.
Otra novedad relevante es la mejora de los incentivos para las compañías que refuercen su capital, especialmente si además amplían plantilla. Las empresas que incrementen sus fondos propios podrán reducir su base imponible en un 20% del aumento, siempre que mantengan ese refuerzo durante tres años y doten una reserva equivalente. Esta reducción se elevará al 23% si el empleo crece entre un 2% y un 5%; al 26,5% si el aumento es de entre un 5% y un 10%; y al 30% si supera el 10%, con el compromiso de mantenerlo tres años. En cualquier caso, estas reducciones no podrán superar el 20% de la base imponible -ni el 15% en el caso de microempresas-.
Hacienda también obliga por primera vez a detallar en la declaración quiénes son los socios de las AIE, información que hasta ahora era opcional. Con ello, la Administración busca reforzar el control sobre la correcta aplicación de las deducciones fiscales por parte de los partícipes.
El nuevo modelo contempla además incentivos para amortizar libremente inversiones en instalaciones de autoconsumo eléctrico o térmico, así como la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Sin embargo, estas medidas dependen del Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno a comienzos de febrero, cuya convalidación parlamentaria está en riesgo, ya que podría ser rechazado en el Congreso por la oposición.
Pese a ello, el Ejecutivo dispone de margen hasta julio para reactivar la medida. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, señaló recientemente en una jornada organizada por PwC y la Asociación para el Progreso de la Dirección que, en caso de no convalidarse el decreto, podrían adoptarse "medidas interpretativas" para ofrecer seguridad jurídica a los contribuyentes.
Como precedente, recordó lo ocurrido en enero de 2025, cuando el Congreso rechazó un decreto que fijaba los límites de facturación para que los autónomos pudieran tributar por el sistema de estimación objetiva (módulos). En aquel caso, Hacienda mantuvo los umbrales vigentes al inicio del año, interpretando que seguían siendo aplicables durante todo el ejercicio.
La Audiencia Nacional ha introducido un controvertido giro interpretativo. El Juzgado Central dejará de admitir y, por tanto, de pronunciarse sobre los recursos presentados por contribuyentes o por la Agencia Tributaria contra resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en materia de IVA. Así lo acordó la Sala de lo Contencioso-Administrativo en un auto dictado el pasado 4 de febrero, en el que concluye que carece de competencia para abordar estos asuntos.
El tribunal explica que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 distribuyó las competencias en función del tipo de tributo. Según esa norma, la Audiencia Nacional debía resolver los recursos relacionados con impuestos estatales, mientras que los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) asumirían los litigios vinculados a tributos cedidos a las comunidades autónomas, como el IRPF, el IVA, los Impuestos Especiales, Patrimonio o Sucesiones y Donaciones.
Posteriormente, la ley de financiación autonómica de 2009 estableció la cesión parcial del IVA a las comunidades, que pasan a recibir el 50% de la recaudación, aunque no se encargan ni de su gestión ni de su cobro. La regulación del impuesto sigue correspondiendo al Estado y, además, está armonizada en el ámbito de la Unión Europea.
No obstante, la Audiencia subraya que la ley procesal de 1998 no distingue entre los distintos tipos de cesión o participación en los ingresos. Por ello, el auto sostiene que, aunque la normativa del impuesto sea estatal, el control judicial de los recursos debe recaer en los TSJ, al tratarse de un tributo parcialmente cedido.
El tribunal admite que la Ley Orgánica del Poder Judicial, también aprobada en 1998, no contempla expresamente este reparto competencial. Sin embargo, considera que una norma procesal puede complementar a una ley orgánica en determinados aspectos siempre que esta última no lo prohíba de forma expresa.
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