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(El Economista, 21-10-2026) | Fiscal

El Supremo declara compatible en el IRPF el mínimo por descendientes con la pensión de alimentos

El Tribunal Supremo ha establecido, en tres sentencias dictadas el 1 y el 6 de octubre de 2026, que en los casos de guarda y custodia compartida el progenitor obligado judicialmente a pagar una pensión de alimentos puede aplicar en el mismo ejercicio fiscal tanto el mínimo por descendientes como el régimen especial previsto para las anualidades por alimentos satisfechas a los hijos. El criterio del alto tribunal permite coordinar ambos beneficios fiscales en función de los periodos de convivencia y de no convivencia con los hijos. De este modo, las cantidades destinadas al pago de alimentos pueden beneficiarse del tratamiento fiscal correspondiente sin que se produzca una duplicidad de ventajas tributarias. La interpretación también evita que se pierda el incremento de 1.980 euros en el cálculo del mínimo personal y familiar, de acuerdo con la sentencia de 1 de octubre de 2026. La Sala considera que para resolver estos casos es necesario interpretar conjuntamente los artículos 58, 61.1, 64 y 75 de la Ley 35/2006 del IRPF, en la redacción dada por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre. Su razonamiento tiene en cuenta los principios constitucionales de igualdad, capacidad económica y protección de la familia, recogidos en los artículos 14, 31.1, 39.1 y 39.3 de la Constitución, así como el deber de los progenitores de prestar asistencia económica a sus hijos. La resolución también se apoya en el artículo 92 del Código Civil, relativo a la guarda y custodia compartida, y en los criterios de interpretación de las normas establecidos en la Ley General Tributaria y el Código Civil. Los magistrados ponentes, Córdoba Castroverde y Gandarillas Martos, remiten asimismo a la sentencia del propio Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2026. En su argumentación, la Sala invoca la doctrina del Tribunal Constitucional recogida en la sentencia 19/2012, de 15 de febrero, según la cual la protección de la familia no exige que exista convivencia física permanente cuando se mantiene una obligación legal de asistencia económica. También toma en consideración la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que considera la custodia compartida una fórmula adecuada para fomentar la corresponsabilidad parental, en línea con los criterios de distintos tribunales superiores de justicia. El origen del litigio se encuentra en las liquidaciones del IRPF de los ejercicios 2020 y 2021 practicadas por la Agencia Tributaria. Los contribuyentes afectados tenían reconocida judicialmente la guarda y custodia compartida de sus hijos, organizada por semanas alternas, y estaban obligados a abonar una pensión de alimentos. En sus declaraciones, los progenitores aplicaron simultáneamente el 50% del mínimo por descendientes y el régimen especial correspondiente a las anualidades por alimentos satisfechas. La Administración tributaria rechazó esta aplicación conjunta, criterio que confirmó el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana en los procedimientos correspondientes. Los contribuyentes recurrieron estas decisiones y la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana estimó sus demandas y anuló las liquidaciones y sanciones. El tribunal autonómico entendió que la Ley del IRPF no establecía expresamente la incompatibilidad entre ambos beneficios fiscales en los supuestos de custodia compartida. La Abogacía del Estado, en representación de la Administración General del Estado, recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, alegando la infracción de los artículos 64 y 75 de la Ley del IRPF. El alto tribunal ha desestimado el recurso y confirmado la posibilidad de aplicar ambos beneficios fiscales de manera coordinada. No obstante, las sentencias incluyen un voto particular de los magistrados Fernández-Lomana García y Toledano Cantero, que defienden la incompatibilidad entre los dos regímenes fiscales. A su juicio, la reforma introducida por la Ley 26/2014 y el rechazo parlamentario de las enmiendas que planteaban un derecho de opción reflejan la voluntad del legislador de impedir que ambos beneficios se apliquen conjuntamente.

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(Expansión, 20-10-2026) | Fiscal

Amor (ATA): "Termina una legislatura nefasta, hay autónomos que ganan a final de mes menos que su propio trabajador"

La organización denuncia que el 63% de los autónomos obtiene ingresos inferiores al salario mínimo, mientras las cotizaciones han aumentado un 36% y disminuye el número de profesionales que contratan trabajadores. A pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha presentado un balance crítico de la legislatura en materia de trabajo por cuenta propia. Su presidente, Lorenzo Amor, cuestionó este lunes la política económica y laboral del Gobierno dirigida al colectivo durante la entrega de los XXV Premios Autónomo del Año. Según denunció, aunque ha aumentado el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la situación económica de muchos profesionales se ha deteriorado. «¿Hay más autónomos? Sí, pero más pobres», afirmó. Amor señaló que los trabajadores por cuenta propia soportan una carga creciente de obligaciones administrativas, trámites y exigencias normativas que dificulta el desarrollo de sus negocios. Según las estimaciones de ATA, los autónomos dedican unas 200 horas al año a tareas burocráticas ajenas a su actividad productiva, lo que representa un coste medio de 3.000 euros por negocio y un impacto total de 10.300 millones de euros para el conjunto del tejido empresarial. El presidente de la asociación también advirtió de que la incertidumbre fiscal está llevando a muchos profesionales a renunciar a deducir determinados gastos por temor a posibles inspecciones. «Los autónomos ya no deducen los gastos porque estamos en el ojo del que te pueda revisar», lamentó. A estas dificultades se añade el incremento de los costes laborales, que, según ATA, reduce los márgenes de los negocios y limita su capacidad para contratar personal y ampliar sus plantillas. Amor destacó que las cotizaciones han aumentado un 36% entre 2018 y 2025, en parte por la evolución de las bases y cuotas y la aplicación del mecanismo de equidad intergeneracional. A su juicio, este encarecimiento no se corresponde con el crecimiento de la actividad de muchos trabajadores por cuenta propia. «¿A qué autónomo le ha subido entre 2018 y 2025 un 36% su actividad?», planteó. Los datos de la Seguridad Social citados por ATA reflejan, según la organización, las dificultades económicas del colectivo: el 63% de los autónomos declara rendimientos netos inferiores al salario mínimo interprofesional. Esta situación provoca que algunos profesionales obtengan al final de mes menos ingresos que los trabajadores que tienen contratados. La asociación relaciona esta pérdida de rentabilidad con la reducción del número de autónomos empleadores y del empleo generado por sus negocios. La organización también cuestiona la protección social disponible para los trabajadores por cuenta propia. Amor denunció que siete de cada diez solicitudes de prestación por cese de actividad son rechazadas y criticó que los autónomos no puedan acceder al subsidio asistencial para mayores de 52 años en las mismas condiciones que otros colectivos. Frente a lo que considera una falta de avances por parte del Ejecutivo central, el presidente de ATA destacó las iniciativas impulsadas por varias comunidades autónomas. Como ejemplos, mencionó las ayudas a la consolidación de negocios y la cuota cero en Castilla-La Mancha, así como las bonificaciones durante los periodos de incapacidad temporal en Murcia. También señaló el caso de Canarias, donde los profesionales con una facturación inferior a 85.000 euros están exentos del IGIC, el impuesto indirecto autonómico. En este ámbito, Amor reclamó que España aplique la directiva europea que permite establecer un régimen de franquicia del IVA para pequeños negocios. Según denunció, la falta de adaptación de esta medida obliga a los autónomos españoles que no están acogidos a un régimen equivalente a presentar declaraciones trimestrales, mientras que en otros países europeos los procedimientos pueden ser más sencillos. «Es insoportable que en este país los autónomos que facturan menos de 85.000 euros no puedan tener el IVA franquiciado como en el resto de Europa», afirmó. A su juicio, la aplicación de esta medida reduciría las cargas administrativas y facilitaría la gestión fiscal de los pequeños negocios.

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(Cinco Días, 19-10-2026) | Fiscal

La Airef urge a superar las prórrogas presupuestarias para garantizar el control fiscal y afrontar los nuevos gastos

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha urgido a superar la dinámica de prorrogas presupuestarias en España y recuperar la aprobación en plazo de las cuentas públicas como instrumento clave para garantizar la transparencia, la supervisión financiera y la sostenibilidad de las cuentas del Estado. Durante una jornada económica organizada por CincoDías y Prisa Media, la presidenta de la institución, Inés Olóndriz, señaló que tras cuatro ejercicios de presupuestos prorrogados resulta imprescindible disponer de unas cuentas actualizadas que permitan responder a la rendición de cuentas y atender las nuevas necesidades de gasto público. El organismo independiente remarcó que la elaboración de presupuestos anuales constituye un requisito indispensable para la aplicación efectiva del marco fiscal europeo, el cual exige una planificación estratégica a medio plazo. Desde la entrada en vigor de las nuevas normas comunitarias, el esquema de gestión presupuestaria demanda articular los objetivos del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo con decisiones concretas en cada ejercicio, actualizando el cuadro macroeconómico y verificando el cumplimiento de la trayectoria de deuda fijada con Bruselas. La institución fiscal advirtió de que la falta de actualización presupuestaria resta capacidad de respuesta ante presiones estructurales de gasto de carácter permanente. Entre estos retos, la entidad destacó el envejecimiento poblacional, que limita la aportación de la fuerza laboral al crecimiento potencial del producto interior bruto y eleva de forma continuada el coste en pensiones y sanidad. A ello se suma la carga financiera derivada de una deuda pública próxima al cien por ciento del PIB en un entorno de tipos de interés elevados, lo que restringe el margen fiscal disponible. Respecto al compromiso en materia de seguridad y defensa, la presidencia de la autoridad supervisora recordó que España se ha acogido a la cláusula nacional de escape autorizada por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea. Esta herramienta permite flexibilidad contable entre 2025 y 2028 para asumir hasta un 1,5% del PIB en gasto militar sin incurrir en infracciones del marco europeo. No obstante, el organismo avisó de que estos mecanismos otorgan únicamente un alivio temporal sin resolver el problema de fondo, por lo que requirió articular vías de financiación permanentes para hacer frente a estos desembolsos recurrentes.

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(El País, 19-10-2026) | Fiscal

El FMI advierte de que el “mediocre crecimiento” de la zona euro se prolongará a medio plazo

Frente a los pronósticos más pesimistas, la economía de la zona euro ha mostrado una capacidad de resistencia notable frente a las tensiones geopolíticas internacionales. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional proyectan que el producto interior bruto de la región crecerá un 1,1% en 2026, lo que representa una mejora de dos décimas respecto a sus anteriores previsiones, tras registrar expansiones del 0,9% en 2024 y del 1,5% en 2025. Sin embargo, este desempeño moderado evidencia las limitaciones estructurales del bloque para alcanzar ritmos de actividad más elevados a medio plazo. El informe de Perspectivas Económicas Regionales para Europa elaborado por la institución señala que el continente se encamina hacia un periodo prolongado de crecimiento tenue, atribuible principalmente a debilidades internas previas más que a los factores adversos externos. En este contexto de estancamiento generalizado, España destaca como la excepción entre las grandes economías comunitarias, con una previsión de crecimiento del 2,5% para 2026, cifra que duplica la media de la zona euro y contrasta con la debilidad de Alemania, Italia o Francia. El análisis del organismo subraya que la lentitud en la mejora de la productividad, la falta de integración del mercado único y la parálisis en las reformas estructurales impiden a las empresas europeas ganar dimensión y acceder a financiación suficiente. Estas trabas condicionan el potencial de crecimiento a largo plazo de la zona euro, situándolo en torno al 1,1%, lo que significa que la economía mantendría dificultades de aceleración incluso si se disiparan los conflictos geopolíticos y los tensionamientos energéticos. Las vulnerabilidades de la región acentúan el impacto de perturbaciones como el conflicto en Oriente Próximo y episodios climáticos extremos, que han afectado a las cosechas y a la generación eléctrica. Estos factores han impulsado la inflación general rozando el 4% en septiembre, lo que ha llevado al Fondo Monetario Internacional a elevar sus previsiones de IPC medio al 3,1% para 2026 y al 2,8% para 2027, retrasando el retorno al objetivo del Banco Central Europeo hasta 2028. Por el contrario, la variable subyacente mantiene un comportamiento más estable en torno al 2,2%, sugiriendo por ahora una traslación limitada del shock energético al resto de la cesta de la compra. En el plano estructural, el centro de estudios atribuye el rezago europeo al ensanchamiento de la brecha de productividad frente a potencias como Estados Unidos, motivado por la menor capacidad de adopción de tecnologías digitales e inteligencia artificial. Adicionalmente, los altos costes de la energía, la fragmentación de los mercados de capitales, el envejecimiento demográfico y la creciente presión sobre las cuentas públicas por el gasto en pensiones, defensa y transición ecológica restan margen para la inversión estratégica y limitan la competitividad global del tejido empresarial.

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(Expansión, 16-10-2026) | Fiscal

El barco de la economía española mantiene un ritmo de crecimiento muy superior al de sus homólogos europeos

La economía española perderá impulso durante los próximos trimestres, aunque las previsiones apuntan a una desaceleración gradual y sin grandes sobresaltos. Así lo anticipan los principales organismos económicos nacionales e internacionales, entre ellos la OCDE, el FMI y el Banco de España, así como los servicios de estudios de las grandes entidades financieras. BBVA Research revisó la semana pasada al alza, en dos décimas, su estimación de crecimiento del PIB español para 2026, hasta el 2,6%, mientras que mantuvo en el 2,1% la previsión para 2027. La entidad publicó ayer sus estimaciones de crecimiento desglosadas por comunidades autónomas, que apuntan a un cambio progresivo en las regiones que liderarán la actividad económica a medida que se modere la expansión. Este escenario estará condicionado por el repunte de la inflación, ya que el aumento de los costes energéticos y el endurecimiento de las condiciones financieras supondrán obstáculos para la economía y frenarán su ritmo de avance, según advierte BBVA Research en su último Observatorio Regional. En 2026, las comunidades con mayor presencia del turismo y los servicios continuarán encabezando el crecimiento económico. La Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Murcia se situarán entre las regiones más dinámicas. La economía valenciana registrará el mayor avance, con un incremento del PIB del 2,9%, impulsado todavía por el efecto de las ayudas destinadas a paliar las consecuencias de la dana, que estarían favoreciendo una mayor actividad inversora. Sin embargo, este impulso perderá fuerza progresivamente y el crecimiento regional se reducirá al 1,8% en 2027, a medida que se agoten los efectos de las medidas de apoyo. El consumo de los hogares, el turismo y las exportaciones de servicios serán algunos de los principales motores del crecimiento. Madrid y Andalucía, que ocupan el primer y el tercer puesto, respectivamente, por tamaño económico, avanzarán un 2,8% este año. Su evolución estará respaldada por el desvío de turistas hacia España desde otros destinos competidores, el dinamismo del consumo privado y el aumento de las exportaciones de servicios no turísticos. En Murcia, que también crecerá un 2,8%, estos factores se combinarán con el buen comportamiento de las exportaciones de bienes. Junto con Castilla-La Mancha, que registrará un avance del 2,7%, estas serán las únicas comunidades que superarán el crecimiento medio nacional, situado en el 2,6%. Cataluña y Aragón evolucionarán en línea con el conjunto de España. La economía catalana, segunda del país por volumen de PIB, continuará beneficiándose de la llegada de visitantes que optan por España frente a otros mercados afectados por la inestabilidad en Oriente Próximo. También contribuirán al crecimiento el consumo de los hogares y las exportaciones de servicios no turísticos, aunque Cataluña irá perdiendo terreno progresivamente frente a Madrid. El efecto refugio de España como destino turístico también favorecerá a varias comunidades del norte, entre ellas Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y Aragón. Según el informe de BBVA Research, estas regiones registran algunos de los mayores incrementos de las pernoctaciones de turistas extranjeros. No obstante, el turismo perderá parte de su dinamismo en los destinos más saturados, debido al encarecimiento de los precios y a las dificultades para seguir ampliando su capacidad. Los elevados niveles de ocupación, los límites para desestacionalizar la demanda, la desaceleración de la inmigración y la escasez de vivienda asequible podrían reducir el gasto de los visitantes extranjeros y frenar la actividad en los archipiélagos. De hecho, Baleares crecerá un 2,4% en 2026 y Canarias un 2,1%, ambas por debajo de la media nacional. Las perspectivas son menos favorables a corto plazo para las comunidades con mayor peso industrial. El deterioro del contexto internacional y el encarecimiento de la energía están perjudicando tanto a las exportaciones de bienes como a la producción manufacturera. En este escenario, Navarra crecerá un 2% y el País Vasco un 2,2%, mientras que Asturias y La Rioja registrarán avances más moderados, del 1,9% en ambos casos. Las previsiones para 2027 apuntan, sin embargo, a un cambio en el reparto del crecimiento territorial. Las comunidades del norte y las economías más industrializadas podrían ganar protagonismo gracias a la recuperación gradual de las exportaciones de bienes, la reactivación de la producción y la finalización de los ajustes en determinados sectores. Si se cumplen las estimaciones de BBVA Research, el País Vasco y Navarra encabezarán el crecimiento el próximo año, con un avance del 2,4% cada una. A continuación figurarán Cataluña y Galicia, con un 2,3%, seguidas de Aragón, Cantabria y La Rioja, con un 2,2%. Madrid, Andalucía y Asturias crecerán al mismo ritmo que el conjunto de España, un 2,1%. El consumo privado continuará siendo uno de los principales apoyos de la economía española tanto en 2026 como en 2027, gracias al comportamiento favorable del empleo y su repercusión sobre la renta disponible de los hogares. Sin embargo, el mercado laboral también mostrará una evolución menos dinámica. BBVA Research prevé que el empleo aumente un 2,4% este año, dos décimas menos que en 2025, y que su crecimiento se modere hasta el 2% en 2027. Por comunidades autónomas, Murcia liderará el incremento del empleo en 2026, con un crecimiento del 4,1%. Le seguirán la Comunidad Valenciana, con un 3,4%; Castilla-La Mancha, con un 3,2%, y Andalucía y Baleares, ambas con un 3%. En Madrid y Cataluña, las dos mayores economías regionales, la ocupación crecerá un 2,1% en cada caso. No obstante, el aumento del empleo se ha apoyado en buena medida en la incorporación de trabajadores inmigrantes, mientras que las mejoras de productividad han sido muy limitadas. Así lo refleja la evolución registrada desde 2019: aunque se han creado 2,5 millones de puestos de trabajo durante este periodo, la productividad por hora trabajada apenas ha aumentado un 1,7%.

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(Expansión, 16-10-2026) | Fiscal

Las haciendas vascas aprueban deflactar un 3% el IRPF ante el repunte de la inflación

Las previsiones del Consejo Vasco de Finanzas apuntan a que la recaudación tributaria de este año superará en un 1,1% la cantidad presupuestada, hasta situarse en 21.365 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,1% respecto al cierre del ejercicio anterior. Las diputaciones forales han anunciado este jueves, durante la reunión del Consejo Vasco de Finanzas, que aplicarán una deflactación del 3% en el IRPF el próximo año. Con esta medida, las tres haciendas pretenden aliviar el impacto de la inflación, cuya tasa media anual prevista para Euskadi este año rondaba el 3,6% o el 3,7%. Sin embargo, en septiembre la inflación interanual alcanzó el 5%, una décima por encima de la media nacional, tras encadenar cinco meses de incrementos generalizados. La deflactación consiste en ajustar los tramos del impuesto sobre la renta a la evolución de los precios para evitar que los incrementos salariales destinados a compensar la pérdida de poder adquisitivo se traduzcan en una mayor carga fiscal por el salto a un tramo superior. Por otro lado, las previsiones confirman la evolución favorable de los ingresos tributarios durante este año. La recaudación por IRPF crecerá un 6,4% en comparación con 2025, mientras que los ingresos procedentes del impuesto sobre sociedades aumentarán un 15%, impulsados por la mejora de los beneficios empresariales. Para 2027, el Consejo Vasco de Finanzas calcula que la recaudación alcanzará los 22.681,7 millones de euros, un 6,2% más que este año, lo que representa un incremento de 1.316 millones. De esa cantidad, 11.711 millones corresponderán a Bizkaia, 7.481 millones a Gipuzkoa y 3.489 millones a Álava. El consejero Noël d'Anjou ha señalado que, pese al aumento de los ingresos previstos, los presupuestos mantendrán una línea continuista. En cuanto a las aportaciones de las diputaciones forales al Gobierno vasco, se ha fijado un importe conjunto de 15.125 millones de euros. Bizkaia asumirá el 50,37% del total, Gipuzkoa contribuirá con el 33,52% y Álava aportará el 16,11%.

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(El Economista, 16-10-2026) | Fiscal

El Ayuntamiento de Madrid bajará el IBI al mínimo legal en 2027

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha comunicado este jueves la sexta y última reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles desde 2019, fijando el tipo impositivo en el 0,4%, que representa el suelo fijado por la legislación. Esta disminución progresiva del tributo, cuyos primeros cinco tramos ya están vigentes, terminará de aplicarse en 2027 tras la aprobación del proyecto de ordenanzas fiscales en la Junta de Gobierno. Con esta medida se da cumplimiento a una de las principales promesas del equipo de gobierno local para la presente legislatura, coincidiendo su aplicación con el año de los comicios municipales. El regidor explicó que no es posible continuar reduciendo este impuesto debido a los límites fijados por la Ley reguladora de Haciendas Locales. Sumando todas las rebajas desde 2019, cuando la tasa se situaba en el 0,51%, el ahorro estimado para los contribuyentes alcanzará los 245 millones de euros, de los cuales algo más de 31 millones corresponden al ajuste actual desde el 0,414% previo. Gracias a esta decisión, Madrid alineará su gravamen con los mínimos de Zaragoza y Santander, colocándose muy por debajo del promedio estatal, que gira en torno al 0,66%, e inferior al de otras grandes urbes. La rebaja beneficiará a 2,2 millones de recibos en la capital, concentrándose la mayor parte en inmuebles de uso residencial, además de miles de establecimientos comerciales, oficinas, espacios industriales, recintos de ocio y hostelería. Por otra parte, la fiscalidad municipal incorporará modificaciones en la tasa de basuras obligada por la normativa estatal e inspirada en directivas comunitarias. A pesar de las dificultades operativas y judiciales sufridas durante su implantación, el consistorio mantendrá este cobro en 2027 ajustando su diseño normativo. El nuevo esquema integrará el coeficiente de calidad en la recogida selectiva junto al valor catastral, el volumen de residuos generados y los empadronados por vivienda, manteniendo una cuota media calculada en torno a los 143 euros.

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(El Economista, 16-10-2026) | Fiscal

Funcas reclama medidas para hacer frente a las subidas de la inflación y del coste de la deuda

La Fundación de las Cajas de Ahorros ha reclamado la adopción urgente de medidas para contener el diferencial de inflación de España frente a la zona euro y mitigar el encarecimiento de la deuda pública derivado del alza de los tipos de interés. En su informe de previsiones de otoño, la entidad anticipa que el IPC se situará en el 3,7% este año y en el 3,1% el próximo, una evolución que mermará la capacidad de compra de las familias y ralentizará el ritmo de avance de la actividad económica. De acuerdo con las estimaciones presentadas por el director general del organismo, Carlos Ocaña, la economía española experimentará un suave desaceleramiento, pasando de un avance del 2,5% este año al 1,8% en 2027 y al 1,7% en 2028. Los responsables del análisis expresan especial preocupación por el componente diferencial de los precios españoles, precisando que cerca del noventa por ciento de la brecha respecto a Europa proviene del indicador subyacente y no únicamente de la energía. Para corregir este desequilibrio, la institución sugiere incentivar la inversión productiva como un ajuste de carácter positivo. En el ámbito monetario, las previsiones contemplan dos incrementos adicionales de las tasas de interés hasta alcanzar el 3%, nivel en el que también se mantendría el euríbor, mientras que el rendimiento del bono público se situaría en torno al 4%. Esta coyuntura elevará el coste anual de financiación de la deuda pública desde los 43.000 millones de euros actuales hasta aproximadamente 64.000 millones en 2031. El director de Coyuntura, Raymond Torres, ha advertido de que este incremento de 20.000 millones anuales equivale al ochenta y tres por ciento del rendimiento de Impuesto sobre Sociedades o al sesenta y nueve por ciento del presupuesto educativo. La ralentización económica responderá a un menor empuje de la demanda interna, cuya contribución al producto interior bruto pasará de tres puntos este año a dos puntos en 2028, unida a una aportación negativa del sector exterior y a la pérdida de dinamismo en el ámbito turístico. En sus proyecciones, la entidad asume como hipótesis la estabilización del conflicto en Oriente Próximo, la contención del gasto tras la prorroga presupuestaria y el ajuste de la recaudación mediante los estabilizadores automáticos del sistema. En este punto, se sugiere ajustar las tarifas del impuesto sobre la renta a la inflación para preservar la progresividad del tributo. Respecto al mercado de trabajo, el escenario trazado prevé la creación de 770.000 empleos netos hasta finales de 2028, lo que permitiría reducir la tasa de desempleo hasta el 9%, si bien se señala el estancamiento de la población activa como un elemento condicionante. Para hacer frente a este panorama, el centro de estudios plantea tres actuaciones prioritarias: reconstruir un margen de reserva presupuestaria, prolongar la fase de crecimiento mediante inversiones como la edificación residencial y potenciar la productividad y los salarios a medio plazo.

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(Cinco Días, 15-10-2026) | Fiscal

El ministro de Hacienda reivindica la fiscalidad y la protección pública frente a los discursos anti impuestos

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido este miércoles la importancia de los impuestos y de los servicios públicos frente a las posiciones que cuestionan la fiscalidad y proponen reducir la carga tributaria. Durante su participación en el Foro CREO, organizado por Cinco Días y Prisa Media, ha subrayado que el Estado debe funcionar como una red de protección para ciudadanos y empresas ante un escenario internacional cada vez más incierto. En este sentido, ha afirmado que, cuando se producen situaciones adversas, tanto la población como el tejido empresarial esperan que las administraciones públicas asuman su responsabilidad y no permanezcan al margen. El titular de Hacienda ha combinado la defensa del Estado del bienestar con una advertencia sobre las consecuencias de aprobar rebajas fiscales sin explicar cómo se compensará la pérdida de ingresos. Sus críticas se han dirigido especialmente a Vox, cuya propuesta de reforma del IRPF supondría, según las estimaciones del Ministerio, una reducción de la recaudación de unos 85.000 millones de euros. También ha aludido a los planteamientos del Partido Popular favorables a reducir impuestos y ha reclamado que se detallen sus efectos sobre las cuentas públicas. El IRPF ocupa un lugar central en esta discusión, ya que proporciona alrededor de 140.000 millones de euros anuales y constituye uno de los principales instrumentos de progresividad del sistema tributario. La propuesta de Vox contempla establecer un mínimo exento de 22.000 euros al año, aplicar un tipo del 15% a los ingresos de hasta 70.000 euros y fijar un gravamen del 25% para las rentas superiores. Según los cálculos del Ejecutivo, estos cambios reducirían en más de la mitad los ingresos actuales procedentes del impuesto. España ya había cuestionado el martes esta iniciativa y había pedido a sus promotores que explicasen qué partidas del presupuesto recortarían para compensar la merma de recaudación. Los 85.000 millones de euros que Hacienda estima que dejaría de ingresar el Estado superarían el gasto público anual en educación y representarían cerca del 80% de los recursos destinados a sanidad. El ministro ha insistido en que la discusión fiscal debe ir más allá de cuánto pagan los contribuyentes y abordar también qué servicios pueden financiarse con los ingresos públicos. A su juicio, es necesario explicar mejor el destino de los impuestos y su repercusión en la vida cotidiana, así como el papel que desempeñan en el mantenimiento de las prestaciones y servicios esenciales. Como ejemplo, ha recordado el coste de la atención sanitaria durante la pandemia, cuando una noche en una unidad de cuidados intensivos podía alcanzar los 3.000 euros, sin que el paciente tuviera que abonar directamente esa cantidad. También ha mencionado las intervenciones quirúrgicas, los partos, las becas universitarias y el transporte público para ilustrar cómo la financiación colectiva permite acceder a determinados servicios sin que su coste recaiga íntegramente sobre cada hogar. En este contexto, ha defendido que una enfermedad grave no debería llevar a una familia a la ruina económica. España también ha reivindicado la evolución de la economía española en los últimos años y ha señalado que el crecimiento es imprescindible para sostener las políticas sociales. Según ha resumido, la expansión económica permite disponer de recursos para proteger a la población, mientras que unas cuentas públicas saneadas resultan necesarias para afrontar futuras crisis. Por último, el ministro ha ampliado su análisis a la situación internacional y al papel de la Unión Europea. Ha advertido de que el debilitamiento del orden multilateral y de las reglas que rigen las relaciones internacionales puede perjudicar especialmente a los países y colectivos más vulnerables. Ante este escenario, ha defendido una Unión Europea con mayor capacidad de respuesta y un presupuesto comunitario adecuado a los desafíos actuales, frente a las propuestas que buscan limitar su alcance. En su opinión, un mundo sin reglas genera consecuencias desiguales, por lo que ha reclamado proteger el proyecto europeo frente a quienes pretenden debilitarlo o acabar con él.

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(Expansión, 15-10-2026) | Fiscal

El PP plantea un "plan de choque" con rebajas en IVA e IRPF para contener el alza de precios

El Partido Popular considera que el Gobierno no ha aprovechado el incremento de los ingresos tributarios ni los recursos procedentes de los fondos europeos para impulsar la productividad de la economía española. Ante el encarecimiento del coste de la vida, la formación plantea distintas medidas fiscales, entre ellas adaptar los tramos del IRPF a la inflación para reducir la presión tributaria sobre las familias. Tras conocerse los datos de inflación de septiembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha criticado la gestión económica del Ejecutivo y ha responsabilizado al Gobierno de la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Según ha señalado Bravo, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, los precios han aumentado más de un 28%, mientras que la carga fiscal también se ha incrementado. El dirigente popular sostiene que cada ciudadano paga actualmente 3.600 euros más en impuestos que en 2018 y que la recaudación del Estado superará este año en 200.000 millones de euros la registrada entonces. Ante esta situación, el partido presidido por Alberto Núñez Feijóo propone poner en marcha un conjunto de medidas de aplicación automática para limitar los efectos de la subida de precios, especialmente los relacionados con la energía y los combustibles. La formación considera necesario evitar que estos incrementos, vinculados en los últimos meses al conflicto en Oriente Próximo, terminen repercutiendo en el precio de los alimentos y otros productos de primera necesidad. Entre las principales propuestas figura la supresión total del IVA para los alimentos básicos, incluyendo productos como la carne, el pescado y las verduras. Asimismo, el PP defiende reducir al 10% el IVA aplicado a la energía. A estas iniciativas se suma su propuesta de deflactar las tarifas del IRPF, una medida que la formación viene reclamando desde hace tiempo y que permitiría ajustar los tramos del impuesto a la evolución de los precios. Con ello, pretende evitar que las subidas salariales destinadas a compensar la inflación provoquen un aumento de la tributación sin que exista una mejora real de la capacidad adquisitiva. Por su parte, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha advertido de que el incremento del precio de los alimentos afecta especialmente a los hogares con hijos y a las familias con menores ingresos, debido al mayor peso que representa la cesta de la compra en sus presupuestos. Nadal también ha cuestionado los resultados de la política económica del Ejecutivo. A su juicio, el aumento de la presión fiscal, el crecimiento de la deuda pública y la llegada de importantes recursos europeos no se han traducido en un avance suficiente de la inversión y la productividad. El responsable económico del PP considera que la mejora del nivel de vida y de los salarios debe apoyarse en una economía más productiva, para lo que defiende impulsar las inversiones públicas y privadas que permitan fortalecer la actividad económica y favorecer un crecimiento sostenible. Según los datos definitivos del INE, la inflación interanual se situó en septiembre en el 4,9%, seis décimas por encima de agosto, mientras que la inflación subyacente alcanzó el 3,1%. Estas cifras constituyen el contexto de las propuestas fiscales planteadas por el Partido Popular.

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