(El País, 02-05-2025) | Fiscal

La OCDE constata los efectos de la inflación en el IRPF: los trabajadores soportan una mayor carga fiscal sobre su sueldo

La OCDE ha cuantificado una realidad que muchos trabajadores ya venían percibiendo en sus nóminas: el aumento de la carga impositiva sobre los salarios, debido a que en muchos países desarrollados, entre ellos España, el IRPF no se ha ajustado al ritmo de la inflación. En su informe Taxing Wages 2025, publicado este miércoles, la organización señala que en 2024 la "cuña fiscal" en España -la diferencia entre el coste laboral total para el empleador y el salario neto que recibe el trabajador- se elevó hasta el 40,6%. Esto representa un incremento de 0,41 puntos porcentuales respecto al año anterior. La mayor parte de ese aumento proviene del impuesto sobre la renta, que ha subido 0,35 puntos, mientras que las cotizaciones sociales de los trabajadores apenas variaron y las del empleador se mantuvieron prácticamente sin cambios. Esta evolución refleja lo que la OCDE califica como "progresividad en frío": cuando los salarios suben por efecto de la inflación, pero los tramos del IRPF no se actualizan en consecuencia, el resultado es una mayor carga impositiva sin que el poder adquisitivo real mejore. Desde 2021, la presión fiscal sobre el trabajo en España ha aumentado en torno a un punto porcentual, pasando del 39,5% al 40,6%. Frente a esta situación, la herramienta técnica más eficaz sería la deflactación del IRPF, es decir, la actualización de los tramos impositivos conforme al índice de precios al consumo (IPC). Sin embargo, el Gobierno español ha rechazado esa opción, alegando que beneficiaría en mayor medida a las rentas más altas. En su lugar, ha optado por medidas específicas dirigidas a los salarios bajos, como la ampliación de la reducción por rendimientos del trabajo. Según datos del Ejecutivo, un trabajador con un sueldo bruto de 20.000 euros paga hoy un 24% menos de IRPF que en 2018 gracias a estas medidas. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) coincide en que las rentas más bajas han experimentado ciertas mejoras fiscales, pero advierte de que la mayoría de las contribuyentes soportan un tipo medio de IRPF más elevado debido a la inflación. España no es una excepción. En 2024, la cuña fiscal aumentó en 20 de los 38 países de la OCDE, se mantuvo estable en tres y bajó en 15. El promedio para un trabajador soltero y sin hijos con un salario medio fue del 34,9%, cinco décimas menos que el dato español. No obstante, otros países presentan niveles mucho más altos, como Bélgica (52,6%), Alemania (47,9%) o Francia (47,2%). En la mayoría de los países donde se observó un aumento, como España, el principal motivo fue el crecimiento de los salarios nominales por encima de los umbrales fiscales, en un contexto donde la estructura del impuesto no varió. En otros casos, el incremento se debió a reformas concretas. Por ejemplo, en Italia el alza de 1,61 puntos -la más alta entre los países analizados- se explica porque el salario medio superó el límite que permite reducciones en las cotizaciones sociales. En Eslovenia, el incremento fue de 1,44 puntos debido a la introducción de una contribución sanitaria obligatoria. En el lado opuesto, países como Portugal, Reino Unido y Finlandia lograron recortar significativamente su cuña fiscal, con descensos superiores a 1,5 puntos porcentuales. El impacto también ha afectado a otros perfiles familiares. En 2024, una pareja con hijos y ambos miembros asalariados experimentó una subida de la cuña fiscal hasta el 37,9%, con el IRPF como principal causa (0,75 de los 0,78 puntos totales). También aumentó para hogares con un solo asalariado. La única excepción fue la de familias monoparentales con dos hijos y un ingreso del 67% del salario medio, cuya cuña fiscal se redujo 0,38 puntos hasta el 15,8%.

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(El País, 02-05-2025) | Fiscal

Una docena de países de la UE piden suspender las reglas fiscales para invertir en defensa mientras España se lo piensa

Alemania, anteriormente adalid de la disciplina fiscal en la Unión Europea, ha sido el primer país en solicitar la activación de la cláusula de escape que permite aumentar el gasto en defensa, incluso si eso implica incrementar la deuda pública. La decisión del Gobierno alemán de abandonar su tradicional objetivo de déficit cero con el fin de reforzar su capacidad militar refleja el profundo cambio de rumbo en Europa ante la guerra de Ucrania, la amenaza que representa Rusia y el distanciamiento de Estados Unidos, hasta ahora principal garante de la seguridad europea. Junto a Alemania, otros quince países han manifestado su intención de acogerse a esta herramienta clave dentro del nuevo plan europeo de rearme, y doce de ellos ya han presentado su solicitud formal antes del plazo flexible fijado para el 30 de abril. España, por su parte, aún está deliberando. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló este miércoles que la fecha establecida por la Comisión Europea es orientativa, y que Bruselas ya ha confirmado que los países interesados podrán acogerse a la cláusula más adelante. "Todavía no hemos tomado una decisión, la iremos valorando en los próximos meses", explicó tras el Consejo de Ministros. Cuerpo consideró positiva la posibilidad de que los Estados miembros puedan utilizar este margen de maniobra dentro del marco fiscal. Ante la amenaza de una posible agresión rusa en los próximos años, advertida por servicios de inteligencia europeos, la UE ha entrado en una nueva fase de inversión militar. La Comisión Europea ha planteado un ambicioso plan de 800.000 millones de euros hasta 2030 para reforzar la autonomía defensiva del continente. De esa cifra, unos 650.000 millones provendrán directamente de los presupuestos nacionales, razón por la cual Bruselas ha flexibilizado las reglas fiscales, permitiendo a los países aumentar su gasto en defensa hasta en un 1,5% del PIB anual -más allá del límite de déficit del 3%- durante cuatro años sin sanciones. Este impulso presupuestario se acompaña del programa SAFE (Acción de Seguridad para Europa), que contempla hasta 150.000 millones en préstamos con condiciones favorables para adquisiciones militares conjuntas, incluyendo procedimientos más rápidos, simplificados y exenciones fiscales. Esta iniciativa, junto con la flexibilidad fiscal, forma parte del programa europeo bautizado como ReArm. En respuesta a las reticencias de países como Italia y España, donde parte de la sociedad rechaza el aumento del gasto militar, la Comisión ha optado por presentar el proyecto bajo el paraguas más amplio de "seguridad". El incremento del gasto en defensa también responde a la presión de Estados Unidos, que reclama a sus aliados europeos no solo que cumplan el objetivo de destinar el 2% del PIB a defensa -acordado en el marco de la OTAN-, sino que incluso superen ese umbral y lleguen al 3%. España está rezagada en este aspecto. No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 22 de abril una inversión adicional de 10.471 millones de euros en defensa para 2025, alcanzando un total de 33.123 millones y cumpliendo así el objetivo del 2% con cuatro años de antelación respecto a lo previsto inicialmente para 2029. En 2024, el gasto militar fue del 1,40% del PIB, por encima del 1,28% proyectado. Desde Sumar, socio de coalición del PSOE, han rechazado la medida por considerarla desproporcionada y contradictoria con los principios del Ejecutivo. Los países que ya han solicitado formalmente la cláusula de escape son aquellos que perciben una mayor amenaza por parte de Rusia: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Polonia y Portugal. Además, Bulgaria, Chequia, Croacia y Lituania han expresado su intención de hacer lo mismo, aunque aún no han presentado la documentación necesaria. Italia, en cambio, ha decidido no utilizar esta herramienta. Esta cláusula permite a los países desviarse de las trayectorias fiscales pactadas o del camino fijado para corregir déficits excesivos, siempre que existan circunstancias excepcionales con un fuerte impacto en las finanzas públicas. Además de Alemania, que ha modificado su Constitución para permitir el aumento del gasto militar, otros países tradicionalmente prudentes con la deuda también han elevado significativamente su inversión en defensa. Polonia, que limita con Kaliningrado, Bielorrusia y Ucrania, es uno de los más destacados: lidera la OTAN en proporción de gasto militar respecto al PIB, con un 4,2% en 2024 y con planes de elevarlo al 4,7% en 2025. En 2022, al inicio de la invasión rusa a gran escala, el gasto representaba el 2,7% del PIB. Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Economía, celebró la activación de esta cláusula por parte de varios países, subrayando que "la UE da un paso decisivo para fortalecer su preparación y gasto en defensa". Añadió que la Comisión seguirá abierta a nuevas solicitudes y que garantizará una coordinación adecuada para que esta flexibilidad fiscal sirva a los objetivos defensivos sin comprometer la solidez de las finanzas públicas. Ahora, la Comisión evaluará cada solicitud y enviará sus recomendaciones al Consejo como parte del paquete del Semestre Europeo previsto para la primavera de 2025. El Consejo tendrá entonces un mes para emitir su decisión. En un comunicado oficial, el Consejo valoró positivamente esta herramienta, destacando que contribuirá de forma significativa a reforzar la seguridad de la Unión y a proteger a su ciudadanía. Asimismo, confió en que esta medida ayude a reducir las dependencias estratégicas de Europa, paliar sus carencias en capacidades militares y consolidar su base industrial y tecnológica en materia de defensa.

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(El Economista, 02-05-2025) | Fiscal

La Agencia Tributaria devolvió solo 42 millones a los mutualistas hasta marzo

La Agencia Tributaria ha reembolsado únicamente 42 millones de euros a los pensionistas que realizaron aportaciones a las antiguas mutualidades laborales durante los tres primeros meses de 2025, según indica el último Informe de Recaudación correspondiente a marzo. Esta cifra representa una pequeña parte del total que el Estado les adeuda -unos 4.000 millones de euros en concepto del IRPF de los años 2019, 2020, 2021 y 2022-. La razón principal de esta baja devolución radica en que la reciente ley del impuesto mínimo del 15% para multinacionales, aprobada a finales de diciembre, modificó el sistema de devoluciones, dejando sin efecto las solicitudes presentadas por los mutualistas correspondientes a esos ejercicios fiscales. Por tanto, los 42 millones devueltos hasta ahora corresponden a reclamaciones que han sido resueltas favorablemente para los contribuyentes por vía administrativa o tras procesos judiciales. Se espera que el ritmo de devoluciones aumente a partir de abril, coincidiendo con el inicio de la campaña de la Renta. Por un lado, se deberá reembolsar el IRPF correspondiente al ejercicio 2024; por otro, el Ministerio de Hacienda rectificó su decisión inicial de posponer hasta 2028 las devoluciones pendientes de los ejercicios 2019 a 2022, y se comprometió a abonarlas este mismo año en un único pago. Sin embargo, para que esta devolución conjunta sea posible, aún se requiere una modificación legislativa que, a pesar de haber comenzado ya la campaña de la Renta, no se ha materializado.

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(Expansión, 30-04-2025) | Fiscal

Los empresarios calculan que el apagón eléctrico tendrá un coste de 1.600 millones de euros para la economía española

El impacto económico derivado de solo un día de apagón eléctrico revela la magnitud de las consecuencias que podría acarrear una situación similar en el futuro o una interrupción prolongada del suministro. Fábricas que tuvieron que detener su producción de inmediato, maquinaria que quedó inutilizada, miles de comercios y grandes superficies cerradas, fallos en las comunicaciones digitales y parálisis en el transporte... una cadena de problemas que, según estimaciones empresariales, costará alrededor de 1.600 millones de euros a la economía española. Este daño económico ha reactivado una cuestión de fondo: desde la patronal se solicita al Gobierno que reconsidere su plan de cierre progresivo de las centrales nucleares. Se trata únicamente del daño económico inmediato y directo provocado por el apagón generalizado del pasado lunes, que detuvo la actividad a pesar de que el restablecimiento parcial de la electricidad comenzó a las pocas horas. Esta pérdida equivale a una décima parte del PIB diario del país. El entorno empresarial teme que este daño inicial se traduzca en una caída de la inversión a medio plazo, justo en un momento en el que España se presenta como un polo atractivo para las inversiones energéticas, especialmente en el ámbito de las renovables. De hecho, ese mismo día se celebraba una jornada con la participación de 75 multinacionales, cuyo desarrollo se vio alterado por el incidente. Las distintas organizaciones empresariales manejan cifras que oscilan entre los 1.300 millones de euros -según ATA, para los trabajadores autónomos-, los 1.600 millones de la CEOE o los 900 millones estimados por Pimec solo en Cataluña, incluyendo pérdidas de actividad y costes colaterales. Frente a esta situación, Pimec, encabezada por Antoni Cañete, publicó una serie de medidas para mitigar la vulnerabilidad empresarial ante estos eventos, como implementar protocolos internos de respuesta, comprobar los sistemas auxiliares de energía e impulsar el autoconsumo y el uso de baterías. Según datos de esta organización, el turismo fue uno de los sectores más perjudicados: en la hostelería se perdió producto fresco, se cancelaron reservas y se suspendieron actividades. Una preocupación adicional para los comercios y negocios hosteleros es la posible respuesta de las aseguradoras ante este tipo de situaciones, según informó Eric Galian desde Barcelona. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, advirtió sobre los efectos a medio plazo del apagón en industrias con alta dependencia eléctrica, como aquellas con hornos eléctricos, que pueden quedar inutilizados al apagarse, o las refinerías, cuya reactivación podría tardar cerca de una semana. Otro sector bajo observación durante la jornada de recuperación fue el de la distribución. Aunque el martes las tiendas reabrieron con normalidad, el lunes algunos supermercados que permanecieron operativos sufrieron una afluencia masiva de clientes, lo que derivó en problemas de abastecimiento puntual, según informó Anged, la asociación que agrupa a las grandes superficies. En cuanto al sector agrario, el impacto fue desigual. Mientras que los cultivos no sufrieron daños significativos -excepto en algunas zonas como Valencia, donde se reportaron fallos en sistemas de riego, ventilación de viveros y refrigeración de frutas y hortalizas en una época clave-, la situación fue más grave en las explotaciones ganaderas. En ellas, la dependencia de la electricidad para actividades como el ordeño, la ventilación, el suministro de agua, la alimentación automatizada y la refrigeración de leche hizo que el apagón causara consecuencias más severas. En este contexto, desde la CEOE insisten en que debe esperarse a que el Gobierno ofrezca una explicación clara y detallada sobre las causas del apagón antes de iniciar reclamaciones a las aseguradoras. "El Ejecutivo debe dar explicaciones sobre qué ocurrió exactamente, cómo y por qué se produjo este fallo", afirmó Garamendi.

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(El Economista, 29-04-2025) | Fiscal

La justicia aclara que la donación hecha antes de un fallecimiento es un adelanto de la herencia

El Tribunal Supremo (TC) aclara que la donación que hace una persona antes de fallecer a uno o varios de sus herederos cuenta como parte de la herencia. De este modo, si tras la muerte del donante, hay más herederos se debe contabilizar el valor de estos bienes traspasados en vida para poder realizar un reparto equitativo del resto del legado. El alto tribunal, en una sentencia del 24 de marzo de la que fue ponente el magistrado José Luis Seoane, recuerda que el testador (persona que realiza el testamento) no puede disponer a su antojo del reparto de la herencia ya que la ley guarda una parte a los herederos forzosos (que son los hijos y, en ausencia de estos, los nietos). El fallo resuelve el recurso interpuesto por uno de los nietos de la heredera en contra del cómputo de la herencia. La abuela, seis años antes de fallecer, había donado varias fincas a los tres hijos que le quedaban vivos y a tres de sus nietos (excepto al recurrente). Este heredero pidió que se incluyeran en el inventario de la herencia el valor de las fincas donadas para poder hacer un recuento equitativo. La Audiencia Provincial de Albacete rechazó la petición bajo el argumento de que la abuela donó lo que consideró oportuno y no constaba acreditado de que lo hiciera con la intención de vaciar su patrimonio para perjudicar en la herencia al único nieto al que no traspasó nada. El Supremo, sin embargo, anula la sentencia de la Audiencia Provincial al considerarla errónea. El alto tribunal expone que el Código Civil no delimita de forma clara la diferencia entre "computación" y "colación de donaciones entre herederos forzosos", una definición que ha tenido que resolver el Supremo a lo largo de su jurisprudencia. De este modo, señala que, en varias de sus sentencias, la más reciente del 7 de enero de 2025, ya ha determinado que la computación es una operación para calcular la herencia que consiste en sumar el valor de los bienes donados o liberalidades realizadas en vida por el fallecido. Este cálculo, añade, se realiza "con la finalidad de defensa de los derechos de los distintos legitimarios y con el fin de comprobar si han recibido o van a poder recibir lo que les corresponda o si es necesario realizar ajustes". La colación, en cambio, es una operación por la que el heredero, a la hora de recibir el legado, tendrá que restar el valor de lo haya recibido antes mediante una donación. "Hay que interpretar que la donación hecha al legitimario es un pago a cuenta. Subyace la presuposición por el legislador de que el causante (fallecido), si no dice lo contrario, querría que lo donado a un legitimario sea un adelanto de lo que le pueda corresponder en su herencia cuando muera", explica la sentencia. Por tanto, en el caso del litigio, concluye los bienes donados deben integrarse en el cómputo de la herencia para, "de esta manera, determinar la parte proporcional que le corresponde como heredero forzoso de su abuela para ejercitar, en su caso, las acciones correspondientes de protección de su derecho". En el caso de que se le dé una parte inferior de la herencia a la que le corresponde, el heredero tendrá derecho a pedir un complemento con independencia de la cuantía de la lesión.

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(Expansión, 28-04-2025) | Fiscal

Trump sugiere recortes de impuestos para ingresos inferiores a 200.000 dólares anuales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que, con la entrada en vigor de los nuevos aranceles, podría aplicarse una reducción o incluso la eliminación de los impuestos sobre la renta para quienes ganen menos de 200.000 dólares anuales. A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario republicano explicó que, tras la implementación de las tarifas, muchas personas verían una disminución significativa en sus impuestos, con un enfoque especial en los ciudadanos con ingresos inferiores a 200.000 dólares al año. Además, Trump destacó que el país está registrando una fuerte creación de empleo gracias a la construcción de nuevas plantas y fábricas. "¡Será una auténtica bonanza para Estados Unidos! ¡El Servicio de Impuestos Externos está en plena actividad!", celebró el presidente en su publicación. Mientras tanto, una coalición de doce estados, liderada por los fiscales generales de Oregón y Arizona, ha presentado una demanda para intentar frenar la entrada en vigor de los aranceles impulsados por Trump, alegando que estas tarifas son "ilegales". La acción judicial pretende bloquear la imposición de un arancel del 145% a la mayoría de los productos procedentes de China, así como el arancel del 25% sobre importaciones de Canadá y México, dos de los principales socios comerciales de los estados demandantes. Asimismo, la demanda cuestiona el arancel del 10% sobre la mayoría de las importaciones del resto del mundo y el plan de la Administración Trump para incrementar los aranceles a las importaciones provenientes de otros 46 países a partir del próximo 9 de julio.

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(El Economista, 28-04-2025) | Fiscal

El impuesto de Sociedades se atasca y aún ingresa un 12% menos que antes de la crisis

El Impuesto sobre Sociedades sigue sin alcanzar los niveles de recaudación anteriores a la gran crisis económica de 2008, siendo el único gran tributo que todavía no se ha recuperado. Según el Informe Anual de Recaudación de la Agencia Tributaria, en 2024 este impuesto, que grava los beneficios empresariales de forma similar a como el IRPF grava las rentas personales, generó unos ingresos de 39.096 millones de euros. Esta cifra aún se sitúa 5.700 millones por debajo de los 44.823 millones recaudados en 2007. A pesar de que el número de empresas casi ha regresado a los niveles del boom inmobiliario -cerca de 3,3 millones-, el tipo nominal del impuesto se mantiene en el 25% tanto en 2007 como en 2024, y las grandes compañías españolas han obtenido unos beneficios de 64.349 millones de euros, un 60% superiores a los de la etapa previa a la crisis. Sin embargo, la menor recaudación se explica por el descenso de la base imponible, tras la aplicación de numerosas deducciones e incentivos fiscales. Así lo refleja el Observatorio Fiscal de la Unión Europea en su informe La reducción de los tipos efectivos en las multinacionales: el papel oculto de las reformas en la base imponible, publicado este mes de abril. El estudio señala que, aunque el tipo nominal se haya mantenido elevado, el tipo efectivo -el porcentaje real que pagan las empresas- ha caído debido a reformas que han ido reduciendo la base sobre la que se calcula el impuesto. Entre estas medidas se encuentran las deducciones por inversiones, actividades de I+D+i, rentas derivadas de propiedad intelectual o compensación de pérdidas, entre otras. España también permite aplicar deducciones por dividendos extranjeros, promoción de empleo, actividad en zonas especiales como Baleares o Canarias, y beneficios para pymes o empresas de reciente creación. En concreto, entre 2014 y 2022, los países de la UE realizaron unas 250 reformas que redujeron las bases imponibles, lo que ha supuesto una pérdida de más de 16.000 millones de euros en recaudación. El tipo efectivo medio ha pasado del 20,8% en 2014 al 18,1% en 2022. En 2007, la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades alcanzó su máximo histórico, en un contexto donde existían 3,33 millones de empresas, una cifra muy parecida a las 3,25 millones registradas al cierre de 2023. Sin embargo, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, los ingresos por este impuesto se desplomaron: en 2008 solo se recaudaron 27.300 millones de euros, lo que supone una caída del 47%. Esta tendencia a la baja continuó hasta 2015, año en el que se retomó el crecimiento, salvo en 2020 debido al impacto de la pandemia. Por el contrario, la recaudación del IRPF lleva siete años consecutivos batiendo récords. En 2024, Hacienda ingresó 129.408 millones de euros por este concepto -su principal fuente de ingresos-, un 7,5% más que el año anterior, impulsado por el aumento de sueldos, pensiones y mayores rendimientos de depósitos, dividendos y fondos de inversión. En cuanto al IVA, la recaudación ascendió a 90.541 millones de euros, un 8% más que en 2023, alcanzando también un máximo histórico.

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(Expansión, 25-04-2025) | Fiscal

La Agencia Tributaria habilita Verifactu, el sistema público de verificación de facturas

Desde el pasado miércoles 23 de abril, las empresas y profesionales autónomos que emitan facturas a otras compañías ya pueden utilizar los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) actualizados conforme a las nuevas exigencias en materia de facturación electrónica. Estas obligaciones entrarán en vigor, según el tipo de contribuyente, el 1 de enero o el 1 de julio de 2026. De esta manera, Hacienda se anticipa al plazo límite fijado para que tanto los desarrolladores de software de facturación como las empresas y profesionales adapten sus sistemas. Entre los principales requisitos destacan la transmisión inmediata de los registros a la Agencia Tributaria y la inclusión de un código QR en las facturas que permita comprobar su veracidad. Desde ahora, ya es posible enviar dichos registros a través de la sede electrónica de la AEAT. Además, tanto los empresarios como sus representantes podrán consultar los registros enviados y recibidos, siempre que sus proveedores también estén dados de alta en Verifactu, el sistema habilitado por Hacienda para asegurar la autenticidad e integridad de las facturas electrónicas. Fuentes de la Inspección de Hacienda recuerdan que, aunque la implementación obligatoria del nuevo modelo no será exigible hasta el próximo año, la Ley Antifraude ya está plenamente vigente. Lo único que se ha pospuesto es la obligación de adaptar los sistemas informáticos por parte de los contribuyentes. La activación anticipada del sistema por parte de la AEAT puede traducirse en beneficios para quienes adopten el nuevo modelo de forma temprana. Según estas fuentes, esto facilitará una transición gradual, permitiendo detectar y corregir posibles fallos antes de que generen sanciones. Además, los nuevos sistemas ya cumplen con las obligaciones actuales de facturación y pueden utilizarse para llevar los registros contables pertinentes. El sistema Verifactu, que no debe confundirse con la facturación electrónica obligatoria incluida en la Ley Crea y Crece (cuya entrada en vigor podría posponerse hasta 2027), forma parte de la Ley Antifraude aprobada en 2021 con el objetivo de reforzar el control fiscal. Uno de los fines principales de este sistema es eliminar los programas de doble uso, es decir, aquellos que permiten llevar una contabilidad paralela oculta a Hacienda. A partir del próximo año, las empresas que sigan utilizando este tipo de software podrán enfrentarse a sanciones de hasta 50.000 euros. Con la nueva normativa, las facturas electrónicas deberán incorporar un código QR verificable tanto por el cliente como por la Agencia Tributaria, así como un certificado oficial emitido por la AEAT. El Consejo de Ministros, a comienzos de abril, aprobó una nueva prórroga para facilitar la adaptación al nuevo sistema, estableciendo plazos diferenciados: las sociedades registradas en el Registro Mercantil deberán cumplir con las nuevas exigencias desde el 1 de enero de 2026, mientras que los trabajadores por cuenta propia tendrán hasta el 1 de julio del mismo año. Por su parte, los fabricantes de software de facturación deberán ofrecer soluciones adaptadas desde el mes de septiembre, es decir, nueve meses después de que se publique la orden correspondiente.

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(El Economista, 25-04-2025) | Fiscal

Hacienda roza los 300.000 millones de recaudación y bate récord histórico

La Agencia Tributaria estuvo cerca de alcanzar por primera vez los 300.000 millones de euros en ingresos. En concreto, Hacienda cerró el ejercicio de 2024 con una recaudación total de 294.734 millones, lo que representa un incremento del 8,4% respecto al año anterior y un aumento acumulado del 52% desde el inicio de la pandemia. Esta cifra supone un récord histórico de recaudación, impulsado principalmente por los tres grandes tributos: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en ese orden. Según detalla el Informe Anual de Recaudación de 2024 publicado ayer, parte del crecimiento del IRPF se debe al aumento de salarios y pensiones. Este impuesto aportó 129.408 millones de euros, un 7,6% más que en 2023 y un 47% por encima del nivel prepandemia. Los sueldos en el sector privado crecieron un 7,4% de media, mientras que en el sector público subieron un 5,8%. Las pensiones también se incrementaron un 7% y las prestaciones por desempleo un 4,5%. Este mayor poder adquisitivo provocó un aumento del tipo efectivo del IRPF, que se situó en el 15,5%, un 2,4% más que el año anterior. Además, los ingresos por rendimientos del capital mobiliario (como intereses, dividendos o fondos de inversión) experimentaron un fuerte repunte del 22,6% gracias a los tipos de interés elevados y al buen comportamiento de los mercados financieros, lo que generó ganancias de 30.767 millones de euros para los contribuyentes, una parte de las cuales fue a parar a Hacienda. Otro factor que alivió ligeramente la presión sobre los hogares fue la moderación de la inflación. El Índice de Precios al Consumo (IPC) cerró 2024 en el 2,8%. Actualmente, el IRPF representa el 43% del total de la recaudación estatal. En cuanto al Impuesto de Sociedades, que grava los beneficios empresariales, la recaudación alcanzó los 39.096 millones de euros, un 11,5% más que el año anterior, gracias a que las empresas aumentaron sus ganancias un 13% respecto a 2023. Las compañías del Ibex-35, por ejemplo, obtuvieron unos beneficios conjuntos de 64.349 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 24%. El tipo medio efectivo que pagaron las empresas fue del 20,2%, similar al del año anterior. Por su parte, la recaudación por IVA llegó a los 90.541 millones de euros, también un máximo histórico y un 7,9% más que en 2023. Este aumento se explica por el incremento en las ventas empresariales y por la recuperación del tipo general del 21% en el IVA de la energía, que anteriormente se había reducido para aliviar el impacto del alza en las facturas. También se reintrodujo el IVA en algunos alimentos, aunque esta medida tuvo un efecto más limitado al aplicarse solo en el último trimestre del año. Solo con el restablecimiento del IVA energético, la Hacienda ingresó 1.159 millones de euros adicionales. En el caso de los Impuestos Especiales -como los que gravan el tabaco, los carburantes o el alcohol-, la recaudación subió un 6,6% hasta alcanzar los 22.128 millones de euros. Este aumento vino impulsado por la recuperación del Impuesto sobre la Electricidad y la entrada en vigor del nuevo tributo sobre los plásticos, que aportó 1.000 millones de euros adicionales. A pesar de estos buenos datos, la Agencia Tributaria también informó de que algunos cambios normativos y sentencias judiciales redujeron la recaudación en 4.800 millones de euros. Por ejemplo, en el ámbito del IRPF, Hacienda dejó de ingresar cerca de 3.200 millones tras la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2023, que obligó a no aplicar retenciones sobre parte de las pensiones de quienes habían contribuido a antiguas mutualidades laborales. Esto supuso no solo dejar de recaudar 1.445 millones, sino devolver otros 1.435 millones a los afectados. Asimismo, las medidas fiscales para paliar los efectos de la DANA restaron otros 302 millones de euros. En cuanto al Impuesto de Sociedades, la anulación por parte del Tribunal Constitucional en enero de 2024 del Real Decreto-ley de 2016, que endurecía este impuesto, provocó una pérdida de ingresos de 1.089 millones y la devolución de otros 1.695 millones a las empresas. Además, la rebaja del tipo impositivo para las pymes provocó una reducción de la recaudación en 291 millones de euros.

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(El Periódico, 25-04-2025) | Fiscal

El FMI pide a España adelantar parte del ajuste fiscal previsto por su posición "sólida"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado al alza sus proyecciones sobre el déficit fiscal mundial, situándolo ahora en el 5,1% del Producto Interior Bruto (PIB), una décima más que en su estimación anterior. Asimismo, prevé que la deuda pública global alcance el 92,3% del PIB en 2025, un punto porcentual por encima de su cálculo previo. Estas cifras se recogen en su último informe Monitor Fiscal, presentado este miércoles, donde el organismo achaca este aumento a la elevada incertidumbre económica mundial provocada por el incremento de las tensiones comerciales y la falta de claridad en las políticas de numerosos gobiernos. Además, el FMI ha advertido del impacto que puede tener el aumento del gasto en defensa, especialmente en Europa, sobre las cuentas públicas, al considerar que este gasto influirá en la economía mundial tanto de forma directa como indirecta. En cuanto a España, el organismo prevé que el país cierre 2025 con un déficit del 2,7% del PIB y una deuda pública equivalente al 100,6% del PIB. Estas cifras resultan ligeramente más positivas que las ofrecidas por el Ejecutivo español, que estima un déficit del 2,8% para ese año, una reducción que atribuye al fin de las ayudas fiscales y directas aprobadas en los últimos ejercicios. En cualquier caso, ambas proyecciones coinciden en el nivel de deuda pública previsto para ese ejercicio. Según las estimaciones del FMI, la deuda pública española podría descender por debajo del 100% del PIB en 2026, hasta alcanzar un 93% en 2030, mientras que el déficit se reduciría al 2% en ese mismo año. Era Dabla-Norris, subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, ha señalado que "dada la posición relativamente favorable de España tanto en el ámbito económico como fiscal, hay margen para adelantar parte del ajuste previsto, ya que los niveles de deuda pública aún son elevados". De cumplirse estas previsiones, España se situaría como la economía avanzada más sólida en términos fiscales. El organismo pronostica un déficit del 3,7% para la zona euro en 2030, del 6,1% para Francia, del 4,4% para Alemania, del 5,6% para Estados Unidos y del 8,1% en el caso de China. Desde Washington, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha subrayado que España "es la única economía avanzada cuya previsión de crecimiento ha mejorado", y ha recordado que, por segundo año consecutivo, el FMI anticipa que España será el país desarrollado con mayor crecimiento económico. Asimismo, en relación con los riesgos derivados de una posible guerra comercial entre Estados Unidos y China, el ministro ha anunciado que se reunirá este jueves con el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, con el objetivo de fortalecer la cooperación económica bilateral. El informe del FMI también subraya el impacto de factores heredados de la pandemia, como los altos niveles de subsidios, las prestaciones sociales y otros gastos corrientes, además del incremento en los pagos por intereses de deuda. Por otro lado, se advierte que el proceso de desinflación ha perdido fuerza en muchos países, y que las tensiones financieras siguen generando importantes riesgos bajistas, lo que ha llevado al organismo a recortar sus previsiones de crecimiento a nivel global, con la única excepción de España, que ve mejoradas sus expectativas en dos décimas para este año. A medio plazo, el FMI alerta de que una inflación persistente, sumada al aumento de la deuda pública, podría ejercer una presión creciente sobre los tipos de interés a largo plazo y encarecer el coste de la financiación estatal. En Estados Unidos, por ejemplo, los rendimientos de los bonos a 10 años han alcanzado el 4,75% a comienzos de 2025, su nivel más alto desde noviembre de 2023. Un análisis del FMI estima que un aumento del 10% del PIB en la deuda pública estadounidense entre 2024 y 2029 podría implicar una subida de 60 puntos básicos en los tipos de interés a medio y largo plazo.

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