(El País, 05-01-2022) | Sector

El Constitucional va a tratar de acelerar sus tareas celebrando plenos cada 15 días

A partir del que tendrá lugar la última semana de este mes. Los planes del tribunal de garantías para este primer trimestre del año pretenden cerrar la fase de aterrizaje de los nuevos magistrados —tras la polémica renovación de noviembre último—, con el fin de entrar ya en materia sin prisa, pero sin pausa. Después del pleno de enero, por tanto, habrá dos más en febrero y otros dos en marzo. En total, cinco durante todo el trimestre, un promedio de actividad superior al de los dos últimos años de pandemia. El objetivo es abordar los recursos pendientes con el propósito de resolverlos por mayorías lo más amplias posibles, evitando la guerra de trincheras en que se convirtieron los plenos durante el último tramo del mandato anterior. No hay todavía un orden del día preestablecido para dichas reuniones plenarias, en parte debido a que el plan acordado va a suponer a este respecto una novedad importante, consistente en el reforzamiento de las atribuciones del presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, del sector conservador. Trevijano se ha reservado la facultad de incluir o no en la agenda de cada pleno los proyectos de sentencia que se vayan elaborando. Sin el nihil obstat del presidente ningún borrador de sentencia accederá a las sesiones plenarias, ni se votará en ellas sin dicha luz verde. Hasta ahora, en cambio, lo más habitual era que el ponente proponía el momento en que un asunto debía darse como suficientemente deliberado y, por tanto, podía someterse a votación en el pleno. Ello había dado lugar en ocasiones a la aparición de cierto factor sorpresa. No será posible, por ejemplo, que un proyecto de fallo relevante, como el de la ley Celáa, que figuró entre los propuestos en el último pleno del anterior Constitucional —y no se aprobó por falta de tiempo—, se someta a deliberación formal sin una discusión anticipada sobre su contenido. Lo que se pretende es alejar la perspectiva de fallos aprobados por seis votos a cinco, con exhibición de las divisiones y luchas intestinas entre los magistrados. No se trata de que un resultado de este tipo —como el que se produjo en la sentencia sobre el primer estado de alarma, de la que fue ponente el propio Trevijano— sea irrepetible. Pero tanto el presidente del tribunal como su vicepresidente, Juan Antonio Xiol, quieren evitar la reedición de las tensiones que estallaron entonces. En este contexto, fuentes del tribunal explican que algunos fallos importantes —como el relativo a la ley del aborto— podrían quedar pendientes hasta la próxima renovación del tribunal, prevista para junio de este año. Tal hipótesis se produciría si en los contactos previos entre los componentes del tribunal se pone de manifiesto que no hay consenso o una amplia mayoría para aprobar el texto que ha empezado a elaborar el nuevo ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, quien tiempo atrás se mostró crítico con la legislación vigente.

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(Expansión, 31-12-2021) | Sector

Justicia convocará en enero 214 plazas para el cuerpo de Letrados de la Administración

El Ministerio de Justicia convocará el próximo 10 de enero el proceso selectivo por turno libre para cubrir 214 plazas de Letrados de la Administración, según ha anunciado este jueves el departamento dirigido por Pilar Llop. La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 20 días a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que está previsto para el 10 de enero. De las 214 plazas para acceso libre, se reservarán 16 para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%, siempre que acrediten la compatibilidad funcional con el desempeño de las tareas propias que corresponden al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y superen las pruebas selectivas. Según ha precisado el Ministerio, todos los ejercicios del proceso selectivo de la convocatoria pública de empleo se realizarán en Madrid. El temario que está actualmente en vigor se recogerá en el texto que publique el BOE. En el marco del anuncio, la ministra Llop se ha pronunciado en su cuenta de Twitter. "Avanzamos desde el Ministerio Justicia en el cumplimiento de nuestros compromisos", ha dicho.

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(Expansión, 21-12-2021) | Sector

La lucha por el talento, el mayor reto de los bufetes en 2022

Los bufetes esperan recobrar en 2022 la senda de crecimiento de ejercicios anteriores para lo que necesitan contar con los profesionales más destacados. Para lograrlo, estudian introducir más incentivos en sus planes de carrera. "Habrá que ser flexibles para retribuir debidamente a los mejores o serán fichados por la competencia". Así de claro se expresaba hace unos meses Alejandro Kress, socio director de la firma de cazatalentos especializada en el sector legal SSQ, que añadía que "hay firmas que quieren crecer y están dispuestas a invertir en mejoras retributivas para el talento de fuera de la casa". Es probable que este punto de vista se refuerce en 2022 con los despachos de abogados ya claramente asentados en una senda de crecimiento, lo que obliga a reforzar equipos no sólo con promociones internas, sino también con fichajes provenientes de sus competidores más directos. Por eso, la atracción y retención de los letrados más brillantes es la mayor preocupación para los bufetes que operan en nuestro país, según el centenar de firmas que han participado en la tercera edición del Informe Expansión Jurídico sobre el sector legal en España. La batalla por el talento será, por tanto, máxima el próximo año. Por eso, los bufetes no sólo planean mejoras retributivas, sino atractivos planes de carrera en los que ya se incluyen otras ideas menos tangibles, pero igual de importantes, sobre todo para las nuevas generaciones de abogados: sostenibilidad, conciliación o flexibilidad. Estas novedades ayudarán, por otro lado, a reforzar otro de los grandes retos para el sector legal: la transformación digital. Aunque algunas firmas ya llevan años totalmente inmersas en ella, la pandemia, sin duda, aceleró este proceso y, en 2022, muchas entrarán en la tercera etapa: la de consolidar la digitalización con un claro objetivo en la mente, que no es otro que ser más eficientes y eficaces. Esto hará que la inversión en herramientas tecnológicas se multiplique en muchos bufetes, ya sea para diseñar y producir aplicaciones propias o para adquirir otras que están creando otros actores especializados. Esta situación hace que cada vez sean menos los responsables de despachos que ven la digitalización como un mero gasto. No en vano, la presión constante y, en ocasiones, creciente por parte de sus clientes para conseguir unos honorarios más ajustados les está obligando a una apuesta decidida por una tecnología que les permite dar más por menos. Así, el tercer gran reto del sector legal español para 2022, según los socios directores encuestados para este informe, es precisamente la presión en los honorarios, no sólo en la cantidad, sino también en la forma de aplicarlos. Y es que la facturación por horas cada vez está más cuestionada, sobre todo con la irrupción de start up cuyos métodos de trabajo y cobro se alejan de las formas tradicionales. Lo define bien Basha Rubin, cofundadora de Priori Legal, con sede en Nueva York, en un artículo de Financial Times: "La hora facturable está sufriendo una muerte lenta, ya que cada vez hay más interés por las alternativas que se alejan de ese patrón".

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(Cinco Días, 11-12-2021) | Sector

La Justicia de la Unión Europea abre la puerta a reclamar la plusvalía municipal

El abogado general de la UE, Maciej Szpunar, ha emitido un informe en el que cuestiona el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado español, derivado de la ley de 2015 sobre el régimen jurídico del sector público, lo que abre la puerta a reclamaciones millonarias de las liquidaciones de la plusvalía municipal, declarada nula por el Tribunal Constitucional, pero en cuya sentencia cierra la puerta a reclamar las liquidaciones ya emitidas y que no estén recurridas. Ahora con este dictamen del abogado general de la UE, que deberá ser ratificado por el Tribunal Europeo de Justicia, se abre la posibilidad de que los contribuyentes afectados por estas liquidaciones de la plusvalía municipal, declaradas nulas, puedan reclamar al Estado español una indemnización. En concreto, Szpunar considera que España restringe el derecho de sus ciudadanos a pedir indemnizaciones al Estado tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló dicho impuesto, e insta a los jueces europeos a declarar ilegal el régimen español de responsabilidad del Estado por violar el principio de efectividad, que establece que no pueden articularse requisitos legislativos de manera que "imposibiliten o dificulten excesivamente" en la práctica obtener una indemnización. Así, defiende que los recursos que pueden presentar los ciudadanos no tienen por objeto indemnizar los daños causados por el Estado legislador por una infracción del Derecho de la Unión, sino únicamente permitir que se indemnicen los daños causados como consecuencia de actos adoptados por la Administración sobre la base de una ley incompatible con el Derecho de la Unión. Asimismo, asegura que el requisito exigido por la norma española, en virtud del cual antes de poder interponer el recurso, el particular debe haber obtenido ante cualquier instancia una sentencia firme denegatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, es "absoluto" y, en consecuencia, "contrario al principio de efectividad", en la medida en que no prevé ninguna excepción para aquellos casos en los que el ejercicio de una vía de recurso previa puede plantear dificultades excesivas, "en particular cuando el daño es ocasionado directamente por la ley".

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(Expansión, 10-12-2021) | Sector

El CGPJ destaca la "normalización de la actividad judicial" tras las dificultades por el Covid-19

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha destacado la "progresiva normalización de la actividad judicial tras las especiales circunstancias causadas por la pandemia" de Covid-19 en el año 2020, a pesar del descenso de asuntos en un 2% en este tercer trimestre con respecto al ejercicio anterior. Así se desprende del informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2021, que revela que los juzgados y tribunales de toda España registraron un total de 1.412.676 nuevos asuntos, resolviendo un total de 1.326.719, lo que supone un 0,9 % menos que en el mismo periodo del pasado año. El estudio hace especial hincapié en que la crisis sanitaria provocó "fuertes reducciones en el ingreso de asuntos en el primer y, especialmente, segundo trimestre" del año anterior, llevando a "un importante crecimiento en el tercero". En este tercer trimestre de 2021 también se observa que la pendencia descendió un 1,4 % al quedar en trámite al final del periodo analizado 3.126.661 asuntos. En la jurisdicción Civil ingresaron 533.846 asuntos, una cifra similar a la del tercer trimestre de 2020, periodo durante el que se registraron un total de 533.412. Del total se resolvieron 506.217 asuntos, un 3,3 % menos, y quedaron en trámite 1.719.854, un 0,3 % más que al final del mismo trimestre de 2020. De los asuntos en trámite en esta jurisdicción, el 13,1 % se corresponden con los que han quedado pendientes de resolución en los Juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción relativos a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, como las cláusulas abusivas. En lo relativo a la jurisdicción Penal, se registraron 735.043 asuntos, con un incremento interanual del 0,1 por ciento, resolviéndose un total de 697.259 asuntos, un 0,4 % más que el año anterior. Además, quedaron en trámite 817.928, un 3,9 % menos. Por otro lado, la jurisdicción Contencioso-Administrativa registró 46.007 nuevos asuntos, con una disminución interanual del 17,7 %. Se resolvieron 41.255, un 7,6 % menos que el año anterior, y quedaron en trámite 220.664, un 1,1 % más. Por último, la jurisdicción Social ingresó 97.741 asuntos, un 16,7 % menos que en el mismo trimestre de 2020. El CGPJ ha informado de que se han resuelto 81.953 asuntos, un 7,9 % más, quedando pendientes de resolución 368.103, un 5,1 % menos. Del informe también se desprende que la tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 29,84 asuntos por cada 1.000 habitantes, continuando las Islas Canarias como la comunidad autónoma con la cifra más alta, situándose en 37,3 asuntos. El territorio insular está seguido por Andalucía (32,6), las Islas Baleares (31,9), Madrid (30,7), Murcia (30,4) y la Comunidad Valenciana (29,9). Por el contrario, los territorios con tasa de litigiosidad más baja de España fueron País Vasco (21,3), La Rioja (21,8) y Extremadura (23,2). En base a las series histórica trimestrales, el CGPJ ha realizado una previsión en la que deduce que, en el cómputo total del año 2021, habrá ingresado un total de 6.240.000 asuntos, resolviendo un total de 6.027.800. Según esos cálculos, quedarían en trámite 2.823.500 asuntos y se habrán dictado hasta 1.560.700 sentencias.

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(Expansión, 04-12-2021) | Sector

El CGPJ cumple tres años en funciones

El CGPJ cumple este sábado un récord de tres años en funciones con la esperanza de que el acuerdo entre Gobierno y PP para su renovación, prácticamente cerrado, cristalice antes de fin de año, para lo cual la clave será concretar cómo será en el futuro el sistema de elección de sus vocales. En público las posiciones no han variado y ambas partes culpan a la otra del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, de cuyas negociaciones se ocupan los hombres de confianza de Pedro Sánchez y Pablo Casado, es decir, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Fuentes gubernamentales reconocen a Efe "contactos discretos" con el PP para alcanzar un acuerdo y desde el PSOE confían en que la estabilidad de la legislatura con los presupuestos encarrilados, se traslade al Consejo, más aún tras demostrar que "el consenso es posible" por la reciente renovación de otros órganos constitucionales. Mientras que los populares condicionan la renovación a su exigencia de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que en próximas renovaciones los jueces elijan a doce de los veinte vocales, los de extracción judicial, como -recuerdan- pide la UE. Pero de puertas adentro el escenario es otro. Fuentes próximas a las negociaciones señalan a Efe que el acuerdo está prácticamente cerrado, falta encontrar el momento de anunciarlo y cómo hacerlo. Porque su culminación está condicionada a ofrecer al PP una salida o vía de escape para que justifique públicamente el acuerdo ante su electorado. No le vale con un compromiso del Gobierno para estudiar el modelo de renovación de los vocales a futuro, quiere una iniciativa parlamentaria conjunta o bien una comisión de trabajo. Además, las fuentes consideran que con la excepción del juez Ricardo de Prada, a quien sigue queriendo vetar el PP, "los nombres ya no son el problema" habida cuenta de los perfiles que se han elegido para la renovación del Constitucional, con especial atención al catedrático propuesto por el PP, Enrique Arnaldo. Precisamente la renovación del TC y otros cargos de órganos constitucionales abre la puerta a facilitar el acuerdo del CGPJ pues son varias las fuentes consultadas que entienden que "el momento propicio es ahora" y que difícilmente la opinión pública en general y el sector jurídico en particular podrían entender que se demore más el asunto, tras ver como en un día PP y PSOE se pusieron de acuerdo para la renovación de estas instituciones. Desde el Consejo comparten este mismo diagnóstico haciendo hincapié en que "ya no valen excusas" porque "la imagen del Poder Judicial está siendo degradada" tras un tiempo récord de interinidad, de ahí que las informaciones que manejan apuntan a "un posible acuerdo antes de fin de año". Algunos vocales consultados por Efe se aventuran en prestar atención a la semana del 13 al 20 de diciembre por las informaciones que les han hecho llegar, pero lo hacen con "todas las prudencias" y "no mucha esperanza" porque son conscientes de los intentos fallidos hasta la fecha cuando todo apuntaba a que era inminente. Independientemente de cuando cristalizará el acuerdo, los vocales afirman tener "las maletas hechas desde hace mucho tiempo" por "estar en la interinidad más absoluta", especialmente tras la última ley que les impide realizar nombramientos, muy contestada abiertamente por el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Porque esta situación tiene particularmente en vilo al Tribunal Supremo, cuya Sala de Gobierno advertía hace dos meses de que de no cubrirse las vacantes en el tribunal por el bloqueo en la renovación del CGPJ el escenario será "insostenible" e implicará que "se dictarán mil sentencias menos al año", por lo que considera "imprescindible" actuar para evitar el "colapso" del tribunal.

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(Expansión, 03-12-2021) | Sector

Los sindicatos llegan a un acuerdo con Hacienda y desconvocan la huelga en la Justicia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda sobre la subida salarial en Justicia. Según ha informado CSIF en una nota han desconvocado la huelga prevista para el próximo 15 de diciembre tras "desbloquear la situación y llegar a un acuerdo que ha sido refrendado por el 87% de los trabajadores". Este acuerdo prevé una subida del complemento específico para el personal dependiente del Ministerio de Justicia (Servicios Centrales, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla) para homologar sus retribuciones con el resto de empleados públicos de las CCAA que tienen esta competencia transferida. En total, cerca de 15.000 empleados públicos se beneficiarán del acuerdo y a partir de ahora verán complementadas sus nóminas con una cantidad de entre 80 y 195 euros, que se abonarán en tres plazos (diciembre 2021, enero 2022 y enero 2023), en función de las categorías. El 85% de las cantidades se percibirá desde enero de 2022. Además, se incrementa el porcentaje que se abona en la nómina de diciembre de este año, del 60 al 65 por ciento, con efectos retroactivos a enero del 2021.

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(La Vanguardia, 30-11-2021) | Sector

El rey defiende una justicia independiente para garantizar la convivencia

Felipe VI ha defendido el papel de la Justicia en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces celebrado en el Auditori de Barcelona, al que el pasado año no asistió por decisión del Gobierno alegando que ello podría alterar la convivencia. Sin hacer ninguna mención a la controversia que generó su ausencia el pasado año, el monarca ha destacado la legitimidad "constitucional y moral" de la Justicia como "una institución esencial en la que los ciudadanos pueden confiar". "Una sociedad moderna y avanzada como la nuestra, una sociedad plenamente democrática como es la sociedad española sólo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un mecanismo independiente y neutral para la resolución de los conflictos", ha proclamado el jefe del Estado en un acto al que no ha asistido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ni ninguno de sus consellers. En la ceremonia sí han participado la ministra de Justicia, Pilar Llop; el presidente del Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lemes; el del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, entre otras autoridades judiciales. Lesmes ha expresado su agradecimiento a Felipe VI por volver a presidir la ceremonia. "Su presencia honra a quienes servimos en España a la Justicia y a quienes hoy se incorpora a esa tarea", ha manifestado el presidente del CGPJ. Lesmes avivó la controversia el pasado año cuando desveló que Felipe VI le telefoneó para transmitirle que le "hubiera gustado" estar en el acto de entrega de los diplomas. Una revelación que dio pie al entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a acusar al monarca de "vulnerar la neutralidad constitucional y democrática" al interpretar su llamada como una queja al Gobierno por no acudir a la ceremonia. También el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez, ha agradecido a don Felipe su asistencia este por representar "un sólido apoyo" a la institución, cuya sede está en Barcelona. Tras recordar que "las instituciones en toda la sociedad son esenciales para hacer realidad la idea de Estado", del que el poder judicial es parte "nuclear", Felipe VI se ha dirigido a los 188 nuevos jueces que integran la 70 promoción de la carrera judicial para pedirles que actúen desde "la independencia y la imparcialidad". "La aplicación del caso concreto, desde el más estricto rigor técnico, pero también desde la valoración en conciencia de las específicas circunstancias de cada asunto, es lo que da sentido a vuestra entrega al servicio público de la Justicia", ha sostenido el jefe del Estado, quien ha recibido una cerrada ovación completada con un "¡viva el rey!" de los presentes. En su opinión, estos elementos definen "la esencia de la función judicial en un Estado de derecho y son indispensables para la estabilidad social". Ha hecho ver a los nuevos jueces que su compromiso con la ciudadanía ha de ser "inquebrantable" y que su tarea a partir de ahora va a ser "compleja", por lo que los ha animado a actuar con "espíritu constitucional" para contribuir "al buen nombre y gran labor del poder judicial español". La nueva hornada la componen 188 jueces, de los que 134 son mujeres, el 71,2 por ciento, con una edad media de 28 años. El principal contingente, formado por 73 jueces, irá destinado a juzgados de Cataluña, mientras que 45 se estrenarán en Andalucía.

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(Cinco Días, 30-11-2021) | Sector

Más de cuatro mil letrados y letradas mayores de 70 años continúan atendiendo sus despachos

La abogacía es una de las profesiones liberales con más antigüedad y, sobre todo, donde el ejercicio profesional se desarrolla hasta una edad más avanzada. Prueba de ello es José Manuel Liaño Flores, quien con 100 años recién cumplidos es el abogado en activo más veterano de España. El pasado 15 noviembre el Colegio de Abogados de A Coruña felicitó por su centenario a este letrado que también ha sido exjuez y exalcalde de su ciudad. Liaño es padre y abuelo de letrados, con los que comparte actualmente el ejercicio de la profesión en su bufete. En la actualidad, hay cerca de 4.600 abogados y abogadas mayores de 70 años que continúan atendiendo sus despachos y acudiendo a los tribunales. Son algo más del 3% del total de colegiados en toda España, 149.400 letrados que tienen una edad media de 48 años. Desde diversas instituciones, se asegura que España necesita potenciar la permanencia de la población mayor de 65 años en el mercado laboral para hacer viable el sistema de pensiones. Las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, reconociendo que "hace falta un cambio cultural en España" para trabajar cada vez más entre los 55 y los 75 años, no afectan especialmente a los abogados, que se caracterizan por tener una larga carrera profesional. En la actualidad más de 11.500 colegiados ejercientes superan los 65 años de edad, cerca del 8% del total de letrados. Si hay un acto central en los 83 Colegios de la Abogacía, generalmente coincidiendo con la celebración de su festividad, es la entrega de diplomas y reconocimientos por las bodas de plata (25 años de ejercicio), de oro (50 años) y de platino (65 años ejerciendo) donde las instituciones colegiales rinden homenaje a los letrados con la trayectoria más larga dedicada a una profesión multisecular, como destaca el recientemente aprobado Estatuto General de la Abogacía. Con las medidas sanitarias para evitar la propagación de la Covid 19, estos actos dejaron de celebrarse durante 2020 y buena parte de este año, pero en la actualidad las instituciones colegiales están volviendo a reconocer la actividad de sus letrados séniores. Incluso cuando se dejaron de realizar actos sociales multitudinarios por la pandemia, los once letrados sevillanos que cumplieron en 2020 sus bodas de oro en la profesión recibieron en su despacho la visita por sorpresa del decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Cisneros. El ejercicio de la abogacía ha cambiado mucho en pocos años pasando del letrado que ejercía en solitario, con el latín como segundo idioma y con cerca de cien tomos de jurisprudencia alicatando las paredes del despacho al abogado nativo digital, altamente especializado que trabaja en equipos multidisciplinares, dominando al menos dos idiomas, trabajando con las últimas tecnologías… Sin embargo y a pesar de esta evolución, la esencia de la profesión se sigue manteniendo: defender los derechos e intereses jurídicos de ciudadanos y empresas. Juan Antonio de Lassaletta Bolta, con 78 años, es el presidente de la Comisión de Abogados Sénior del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Estuvo ejerciendo hasta hace diez años como “letrado de confianza” y reconoce que cerró el despacho por los cambios legislativos y tecnológicos tan importantes “que obligaban a reciclarme y especializarme”. Otros abogados menos longevos sí han conseguido incorporarse a las nuevas tecnologías. Eduard Antoni Chaveli, homenajeado tras cumplir 25 años de ejercicio en el Colegio de Valencia, reconoce que “somos abogados a caballo no solo entre dos siglos sino entre dos grandes mundos: el analógico y el digital. La profesión de abogado va a sufrir más cambios en estas dos próximas décadas que en los 200 años anteriores, y no podemos desconocerlo”.

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(Expansión, 27-11-2021) | Sector

Justicia elige al consejo de sabios para renovar la AEPD

El Ministerio de Justicia ha designado el comité de selección encargado de decidir el nombre del próximo presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en sustitución de Mar España, que lleva más de un año con el cargo caducado y que fue nombrada en 2015. También seleccionará al adjunto a la presidencia. El PP y el PSOE llegaron a un acuerdo hace un mes para promover a Belén Cardona al frente del organismo y a Borja Adsuara como adjunto, pero lo cierto es que la ley obliga a convocar un concurso público. Cardona, catedrática de Derecho del Trabajo, es la actual subsecretaria de Justicia del Gobierno valenciano, y Adsuara es abogado experto en privacidad y protección de datos que ya ocupó cargos en Gobiernos del PP. También es profesor universitario y consultor. Según consta en la orden ministerial, el comité de selección va a estar presidido por Pablo Zapatero, secretario de Estado de Justicia, y las vocalías las ocuparán Alberto Herrera, subsecretario de la Presidencia; José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; Esther Mitjans, profesora de Derecho Constitucional y exdirectora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos; y Jesús Jiménez, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. La orden, firmada el pasado 22 de noviembre, se ha dictado cuatro días después de que el Gobierno publicase en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria oficial del concurso. Los interesados tienen diez días hábiles para presentar sus candidaturas. El citado comité será el encargado de hacer una propuesta definitiva de nombres para la presidencia y la adjuntía. Después, el Ministerio de Justicia elevará esa propuesta al Consejo de Ministros, que podrá rechazarla si estima que los candidatos no resultan idóneos para los cargos. Esta suerte de consejo de sabios podrá contar a su vez con asesores externos durante todo el proceso. Antes del nombramiento definitivo por parte del Ejecutivo, los dos candidatos deberán recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados. La filtración de los dos nombres antes de la convocatoria del concurso público generó un profundo malestar entre los profesionales del sector jurídico, que temen que el concurso sea un trámite para confirmar de manera oficial a los candidatos impulsados por el Gobierno y no se valore ninguna otra candidatura. Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, tachó de "burla a las instituciones" la convocatoria pública tras conocerse los nombres y animó "a los expertos a presentarse" para evitar que se consume "este mercadeo". Por ahora, el único profesional que ha hecho pública su candidatura es Leonardo Cervera-Navas, director del supervisor europeo de protección de datos (EDPS por sus siglas en inglés).

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