(Expansión, 19-11-2025) | Fiscal
A partir del próximo año desaparecerán los límites que obligaban a los bancos a informar mensualmente al Fisco sobre las operaciones efectuadas mediante Bizum y tarjetas de crédito o débito. Con poco más de un mes para que termine el año, comienza la cuenta atrás para la aplicación de varias medidas fiscales que reforzarán el control tributario a partir de 2026.
Tras la aprobación reciente en el Congreso de la transposición de la Directiva europea DAC 8 -que permitirá a Hacienda embargar distintos tipos de criptoactivos a sus deudores-, el organismo tributario también tendrá, desde el 1 de enero, acceso ampliado a los datos sobre pagos realizados con tarjeta o a través de Bizum, una de las plataformas de pago inmediato más extendidas.
En esencia, las novedades previstas para 2025 eliminan los umbrales mínimos que hasta ahora limitaban la obligación de los bancos de comunicar los movimientos de sus clientes, entre los que se incluyen tanto particulares como empresas y profesionales autónomos.
Los expertos fiscales consultados por EXPANSIÓN coinciden en que estas nuevas exigencias de información ofrecerán a Hacienda más herramientas para combatir el fraude, aunque también advierten de que podrían aumentar las comprobaciones a los contribuyentes, dado que la Administración tendrá más datos sobre las transacciones realizadas por personas físicas, compañías y autónomos, según apunta César García Novoa, coordinador del grupo de expertos en Derechos y Garantías del Contribuyente de la Aedaf.
Desde enero, las entidades financieras deberán comunicar mensualmente todas las operaciones realizadas a través de Bizum, sin importar su cuantía. La supresión de los límites también afectará a las operaciones con tarjeta efectuadas o recibidas por empresas y profesionales, lo que ampliará notablemente la capacidad de control del Fisco sobre los pagos digitales y proporcionará mucha más información en caso de inspección. Para García Novoa, la consecuencia más inmediata será un incremento de las actuaciones inspectoras centradas en el movimiento de cuentas y pagos.
En este escenario, los autónomos podrían ser uno de los colectivos más afectados, ya que Hacienda ha detectado un uso creciente de Bizum y pequeños cobros con tarjeta entre sus clientes. Solo el año pasado, Bizum registró 58 millones de transacciones comerciales por un total de 3.107 millones de euros. Por este motivo, los asesores fiscales recomiendan encarecidamente separar las cuentas personales de las profesionales para distinguir si una operación realizada por Bizum está vinculada a la actividad económica o no.
La supresión de los límites genera también diversas dudas legales y procedimentales. Algunos fiscalistas consideran que estas medidas pueden resultar poco prácticas, ya que los umbrales anteriores permitían "racionalizar el trabajo de la Administración y evitar la atención a importes mínimos o de escasa relevancia". Ahora, Hacienda recibirá datos de operaciones que en muchos casos no tendrán importancia económica, lo que podría vulnerar el principio de proporcionalidad. Para García Novoa, "no parece lógico desplegar un control tan intensivo sobre contribuyentes que realizan pequeñas transacciones, como ventas puntuales en plataformas como Wallapop".
Además, la ampliación del acceso a información suscita inquietudes en torno a la privacidad y protección de datos. Los asesores recuerdan que conocer sin límites los pagos de una persona supone acceder a parte de su vida privada.
Hasta ahora, para que Hacienda pudiera obtener tanta información era necesario iniciar procedimientos más restrictivos, como una comprobación o una inspección formal. Desde el próximo año ya no será imprescindible, pues los bancos estarán obligados a enviar informes mensuales automáticamente. Por ello, García Novoa prevé que será necesario modificar la normativa para respaldar este aumento del control.
Junto con la desaparición de los límites de información sobre Bizum y tarjetas, Hacienda también exigirá desde enero que las entidades informen de los contribuyentes que superen los 25.000 euros anuales en pagos con tarjeta. Según los asesores consultados, esta medida profundiza en uno de los objetivos del último Plan de Control Tributario: contrastar el nivel de vida del contribuyente -incluido su patrimonio- con los ingresos declarados. Sin embargo, también advierten de que podría incentivar un mayor uso del pago en efectivo.