(El Economista, 05-12-2025) | Fiscal
El Senado aprobó este miércoles de manera definitiva la Ley de servicios de atención a la clientela, que incorpora una disposición para reducir el IVA de diversos alimentos -como carnes, pescados, conservas o huevos-, una medida que el Gobierno intentó bloquear amparándose en la facultad constitucional que le permite hacerlo.
El PP aprovechó su mayoría absoluta en la Cámara Alta para añadir un amplio conjunto de modificaciones a esta ley. Estas enmiendas se remiten ahora al Congreso, encargado de decidir si finalmente formarán parte del texto definitivo. Entre las propuestas incorporadas figura una bajada general del IVA para varios alimentos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. Concretamente, se plantea aplicar un tipo del 4% a carnes, pescados y conservas, y suprimir el impuesto para la leche, los quesos, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas y las legumbres.
El PP justifica esta propuesta -según recoge Europa Press- alertando del encarecimiento de ciertos productos básicos, que ha llevado a muchos consumidores a sustituir alimentos saludables por otros menos recomendables, con el consecuente riesgo para su salud. Los populares llevan tiempo reclamando esta rebaja fiscal y, de hecho, defenderán la próxima semana en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para que la Cámara Baja inste al Gobierno a reducir los impuestos sobre esos alimentos.
El Ejecutivo presentó en el Senado un escrito de rechazo a esta enmienda, invocando la prerrogativa constitucional que le permite frenar iniciativas legislativas que supongan "un aumento del gasto o una merma de los ingresos públicos". Según este documento, la medida implicaría para la Administración General del Estado una pérdida de ingresos estimada en 3.780 millones de euros. No obstante, la Mesa del Senado, controlada por el PP, no aceptó el veto y permitió que la enmienda siguiera su curso en la tramitación parlamentaria.
Ahora será el Congreso quien decida si admite a trámite la enmienda o la bloquea, como ya ocurrió anteriormente con la Ley de desperdicio alimentario o con la Ley de navegación aérea, casos en los que se generó un conflicto competencial que debe resolver el Tribunal Constitucional.