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(Expansión, 10-06-2025) | Laboral

El Gobierno estudia una prestación de 2.400 euros anuales por cada hijo menor de 18 años

El Gobierno estudia incorporar una nueva ayuda económica conocida como Prestación Universal por Crianza (PUC), que consistiría en un pago mensual de 200 euros por cada hijo menor de 18 años. Esta medida, sin embargo, aún no ha sido aprobada ni cuenta con el respaldo definitivo del Ejecutivo, y forma parte de las propuestas que Sumar ha puesto sobre la mesa para negociar con el PSOE unos posibles Presupuestos Generales del Estado para 2025. La PUC, que equivaldría a 2.400 euros anuales por hijo, es una iniciativa planteada por el espacio político de Sumar, pero no se trata de una ayuda vigente ni gestionable en este momento, pese a algunas informaciones difundidas en medios y redes sociales. Actualmente, las únicas prestaciones similares que están en vigor son los 100 euros mensuales para madres trabajadoras con hijos de hasta 3 años y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), vinculado al Ingreso Mínimo Vital, aunque puede concederse de forma independiente. La PUC, por el momento, no está implementada. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, fue quien dio a conocer esta propuesta en junio de 2024, subrayando que la prestación no tendría requisitos de renta, ya que su objetivo es que sea reconocida como un derecho ciudadano, no como una ayuda condicionada. Además, Bustinduy aseguró que esta nueva prestación sería compatible con otras ya existentes, como las destinadas a hijos con discapacidad. Bustinduy ha reiterado recientemente, a través de la red social BlueSky, que medidas como la PUC y una intervención en el mercado de la vivienda son urgentes para combatir la pobreza, recordando que los avances económicos no están llegando de manera equitativa a la mayoría social. Las ministras Sira Rego y Mónica García también han insistido en la importancia de aprobar esta prestación dentro de los futuros presupuestos. "La Prestación Universal por Crianza es la forma más directa y eficaz de abordar la pobreza infantil, cuyo impacto económico representa alrededor del 5% del PIB -más de 60.000 millones de euros-, mientras que implementar esta ayuda supondría tan solo un tercio de esa cantidad", señalaba recientemente Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, añadía que, además de representar un avance en términos de justicia social, también se trata de una medida de salud pública, ya que permitiría a muchas familias garantizar una alimentación adecuada y aliviar el estrés económico. Esta propuesta está incluida en el documento Cuentas para transformar, presentado por Sumar al PSOE como base para negociar los Presupuestos Generales de 2025, y forma parte de un paquete más amplio de medidas sociales. Entre ellas, Sumar propone la educación universal para niños de 0 a 3 años, la implementación inmediata de un permiso parental retribuido para cuidados, la ampliación de la cobertura pública en salud bucodental, ayudas directas para la compra de gafas y lentillas, así como una reforma fiscal que aumente la carga impositiva a grandes empresas y grandes herencias. También se plantea mantener y reforzar el impuesto a energéticas y bancos, aplicar el IVA a seguros sanitarios privados y educación privada, reducirlo en productos básicos, y suprimir privilegios fiscales de la Iglesia, incluido el pago del IBI.

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(Expansión, 10-06-2025) | Laboral

Ofensiva de la Seguridad Social para mitigar el coste de las bajas laborales

El Gobierno ha propuesto un nuevo plan orientado a facilitar el regreso progresivo al trabajo de personas que hayan estado de baja médica durante más de 180 días. La medida contempla que estos trabajadores puedan reincorporarse inicialmente con una jornada reducida al 50%, percibiendo durante un mes tanto la mitad de su salario como el 50% de la prestación por incapacidad, con el objetivo de facilitar una transición gradual. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones busca frenar el notable incremento en el gasto público derivado del aumento de las bajas laborales, que ha supuesto una importante carga económica para el sistema. Solo en 2023, el gasto en prestaciones por incapacidad temporal ascendió a 16.487 millones de euros, lo que representa un incremento del 73% respecto a 2019, año anterior a la pandemia. Esta cifra obligó a destinar cerca de 5.000 millones de euros adicionales respecto al presupuesto inicial previsto. En este contexto, el Ejecutivo ha abierto una mesa de diálogo social con sindicatos y patronal, en la que se están discutiendo fórmulas para contener el aumento del gasto asociado tanto a las incapacidades temporales como permanentes. Una de las primeras propuestas trasladadas a los agentes sociales, y a la que ha accedido el diario Expansión, se centra en agilizar el retorno al empleo en casos de bajas prolongadas, y contempla dar un papel más relevante a las mutuas colaboradoras. La propuesta se articula en torno a tres líneas de actuación: reducir la duración de las bajas, mejorar su gestión y facilitar el retorno progresivo al puesto de trabajo. En relación con los procesos por contingencias comunes de menos de un año de duración, se propone que las mutuas puedan plantear al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) una propuesta de alta por incapacidad permanente, que este evaluará para decidir si procede abrir un expediente. En los casos que superen los 365 días, si se trata de contingencias comunes, tanto las mutuas como los servicios públicos de salud podrán plantear el alta médica por mejoría o curación. En el caso de contingencias profesionales, las mutuas también podrán emitir altas médicas directamente, así como sugerir el inicio de un expediente de incapacidad permanente, tal como hacen durante el primer año de baja. Respecto a la reincorporación tras bajas de larga duración (más de 180 días), se plantea una fórmula progresiva que se aplicaría durante un máximo de 30 días. Afectaría tanto a trabajadores a jornada completa como a aquellos con jornada parcial superior al 80%, permitiendo que trabajen solo media jornada y perciban, además de su salario proporcional, el 50% de la prestación por la parte no trabajada. Asimismo, el plan contempla la posibilidad de que trabajadores con varias ocupaciones, ya sea por pluriempleo o pluriactividad, puedan continuar desarrollando aquella tarea para la que no estén impedidos médicamente. Esto será posible cuando, en el momento de la baja, se haya emitido un parte médico solo para una de las actividades, o cuando posteriormente se emita un alta para una de ellas, aunque la baja inicial afectara a todas. En cuanto a la mejora en la gestión, se propone establecer un formato unificado de informe médico tanto para los servicios públicos como para las mutuas, con el objetivo de fundamentar adecuadamente las solicitudes de incapacidad permanente. Esta medida pretende agilizar los trámites sin limitar el derecho de los ciudadanos a solicitar dicha prestación, y facilitar una identificación más rápida y precisa de la patología que motiva el proceso. Finalmente, se sugiere fijar un plazo máximo para solicitar la determinación de contingencia a partir del hecho causante, con una retroactividad máxima de tres meses para el abono del subsidio en caso de modificación. Esta medida, que implicaría una reforma del Real Decreto 1430/2009, busca aumentar la seguridad jurídica y evitar que se presenten solicitudes demasiado tarde, cuando ya han cambiado las circunstancias clave para su correcta valoración, como el empleador o el médico tratante. Además, se persigue una resolución más ágil de los posibles conflictos sobre la naturaleza del proceso.

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(El País, 10-06-2025) | Laboral

La justicia anula el despido de un directivo que se negó a trabajar durante una baja médica

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha ratificado la nulidad del despido de un alto directivo que se negó a trabajar mientras se encontraba de baja médica. Además, el cese se produjo en un entorno de acoso laboral, lo que supuso una vulneración de su derecho fundamental a la integridad física y a la salud. En consecuencia, la sentencia, dictada el 2 de abril, obliga a la empresa a reincorporar al trabajador, abonar los salarios dejados de percibir -equivalentes a 545 euros diarios- y a indemnizarlo con 50.000 euros por los daños morales sufridos. Según los hechos considerados probados por el tribunal, el afectado desempeñaba desde 2018 el puesto de CEO de la empresa, con una remuneración fija de 144.000 euros anuales, más una parte variable ligada a objetivos. Entre mayo y junio de 2023, el directivo estuvo de baja médica por enfermedad común. A pesar de ello, la compañía no respetó su situación y le exigió continuar con sus funciones desde casa. Ante la negativa del empleado, la empresa le comunicó el despido en julio. La compañía alegó motivos disciplinarios para justificar el despido, pero el tribunal concluyó que no aportó pruebas suficientes que respaldaran dicha causa. Durante el proceso judicial, la empresa intentó introducir nuevas acusaciones, como la supuesta apropiación de información confidencial. Sin embargo, los magistrados descartaron estas alegaciones por considerarlas "tardías e irrelevantes", ya que no figuraban en la carta de despido. Asimismo, la empresa puso en duda la legitimidad de la baja médica del directivo, insinuando que se trataba de una excusa para no trabajar o trabajar desde casa. Prueba de ello son los mensajes que recibió por parte de sus superiores, en los que se le presionaba para que continuara con sus funciones. Frases como "La baja es tu problema... Eso que tienes tú le ha pasado a mucha gente" o "¿Por tener una baja te desentiendes de todo?" evidencian, según los jueces, la presión ejercida sobre el empleado, comprometiendo su bienestar. El tribunal también constató que el directivo trabajaba en un ambiente laboral tóxico. Sus superiores se dirigían a él en tono despectivo y autoritario, a través de diferentes canales como correos electrónicos, reuniones o mensajes de WhatsApp. Comentarios como "Los amos pueden hablar más alto, pueden tener más orgullo que los empleados", "Cuando me inflan los cojones, pego un golpe en la mesa", o "Tú tienes que hablar menos ya, eh... Vete a tomar por culo, haz lo que te dé la gana", fueron considerados insultantes e inapropiados. Además de estas expresiones, el tribunal acreditó un patrón de desprecio hacia el trabajador, a quien se le fueron retirando responsabilidades, recibiendo instrucciones contradictorias de varias personas y siendo relegado a tareas administrativas que no formaban parte de su función habitual. Esta situación derivó en un deterioro de su salud mental, lo que motivó el inicio de un tratamiento psicológico desde julio de 2022. En su fallo, el tribunal concluye que la actuación de la empresa tuvo como objetivo generar un entorno laboral degradante, con continuas faltas de respeto, trato ofensivo, lenguaje inapropiado y humillaciones reiteradas. Todo ello configura, según los magistrados, un entorno que "ningún trabajador está obligado a soportar".

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(El Economista, 10-06-2025) | Laboral

El INE estima que 125.600 desempleados renuncian buscar trabajo porque no creen que puedan encontrarlo

¿Cuántas personas en España han dejado de buscar empleo porque piensan que no lograrán encontrarlo y, por tanto, quedan fuera de las estadísticas oficiales de desempleo? Esta pregunta es clave, ya que esta cifra puede influir en los datos de paro y ocupación debido al llamado "efecto desánimo". No obstante, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran que este fenómeno tiene escasa incidencia en el mercado laboral español: solo 125.600 personas -el 0,72% de los 17,4 millones de inactivos- se encuentran en esta situación, una cifra que representa un mínimo en los últimos 20 años. Sin embargo, no son los únicos excluidos de la definición convencional de desempleo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre del año se contabilizaron 336.200 "activos potenciales", lo que equivale al 1,9% del total de inactivos. Este grupo lo conforman personas que, aun estando sin empleo y disponibles para trabajar, no están buscando activamente un puesto. En términos absolutos y relativos, es también el registro más bajo para un primer trimestre en toda la serie histórica. Solo una parte de este colectivo puede considerarse desanimada, es decir, que ha dejado de buscar trabajo por falta de confianza en encontrarlo, independientemente de si lo han intentado antes o no. Entre los motivos que llevan a estas personas a no buscar empleo se encuentran no solo el desánimo, sino también otros factores como la falta de ofertas laborales en su entorno, la percepción de que los empleos no se ajustan a su perfil, estar afectados por un expediente de regulación de empleo sin opción de reincorporación, o simplemente no saber dónde buscar. También se incluyen quienes esperan una temporada de mayor contratación, están pendientes de respuestas a procesos de selección anteriores, o quienes planean volver a trabajar por cuenta propia. Así, los desanimados representan el 37,4% del total de activos potenciales, un grupo que no abarca a quienes no buscan empleo por causas como enfermedad, discapacidad, razones personales o familiares, estar cursando estudios, estar jubilados o simplemente no necesitar un trabajo, aunque no rechazarían una oferta adecuada. El INE clasifica a los inactivos según su probabilidad de pasar a ser activos, es decir, de integrarse al mercado laboral ya sea como ocupados o desempleados en búsqueda activa. En este marco, los desanimados son especialmente sensibles a los cambios en el ciclo económico, ya que su falta de búsqueda está directamente relacionada con la percepción negativa sobre el mercado laboral. Aunque actualmente los desanimados representan un 37,4% de los activos potenciales, en el período comprendido entre 2009 y la pandemia llegaron a superar el 50%. Durante la crisis sanitaria esta proporción se redujo, desplazada por otros factores como los ERTE prolongados o la paralización de la actividad por los confinamientos, que limitaron drásticamente las oportunidades laborales. La tendencia a la baja de este grupo ha continuado en los años posteriores, lo que sugiere que, a medida que se recupera el empleo, el abandono de la búsqueda se debe más a razones como la falta de adecuación entre oferta y demanda, cuestiones de cualificación, localización geográfica o estacionalidad, más que al simple desánimo. Este fenómeno contribuye al desajuste persistente entre vacantes laborales y personas desempleadas, pese a que en España sigue habiendo 2,6 millones de parados oficialmente registrados. En definitiva, la caída de los activos potenciales desde 2009 se ha concentrado sobre todo en los desanimados, cuyo número ha descendido un 108%, frente a una reducción del 1,9% en el resto del grupo. Mientras tanto, los inactivos que ni buscan ni están disponibles para trabajar han aumentado un 7,14% desde 2019, alcanzando los 17,03 millones de personas.

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(El Economista, 10-06-2025) | Laboral

Los jóvenes aún ganan un 44,2% por debajo de la media

La base de cotización media de los trabajadores asalariados en España -que refleja la remuneración total mensual que perciben- ha aumentado un 26,9% entre enero de 2018 y diciembre de 2024, pasando de 1.772,53 euros a 2.249,93 euros. El incremento más significativo lo ha registrado el colectivo de menores de 25 años, con una subida del 41,1%, al pasar de 888,3 euros a 1.254,60. No obstante, esta mejora no ha servido para cerrar significativamente la brecha con respecto al promedio: si en 2018 cobraban un 49,9% menos que la media, en 2024 siguen ingresando un 44,2% por debajo. Además, la idea de que estas diferencias se compensan con el tiempo gracias al llamado "ascensor salarial" se está debilitando, ya que la expectativa de mejora salarial a lo largo de la carrera profesional ya no supera el 50%. Es habitual que los empleados más jóvenes tengan sueldos inferiores, dado que acceden a puestos de entrada tras completar estudios universitarios o de formación profesional. Tradicionalmente, se consideraba que esta desventaja inicial se equilibraba con el paso de los años, a medida que se progresaba laboralmente y se accedía a puestos mejor remunerados. Sin embargo, los datos actuales de la Seguridad Social indican que este retorno económico a la experiencia laboral también está disminuyendo. A cierre de 2024, un joven menor de 25 años necesitaría más de diez años -es decir, superar los 35- para alcanzar e incluso superar ligeramente (en un 1,5%) la base de cotización media. Este plazo no ha variado respecto a 2018, aunque hay señales de una leve mejora: los trabajadores de entre 25 y 34 años se están aproximando más al promedio que hace seis años. Por ejemplo, la diferencia de los que tienen entre 25 y 29 años ha disminuido del 23,1% al 16,1%, mientras que la de los de entre 30 y 34 años se ha reducido del 7,7% al 1,6%. Esto refleja que la desventaja salarial durante los primeros cinco o seis años de carrera profesional apenas se ha reducido, mientras que la brecha en la siguiente década sí ha mejorado notablemente. Aunque los tres grupos de edad han experimentado aumentos porcentuales similares en sus sueldos -40,9% para los de 25 a 29 años (hasta 1.921,15 euros) y 35,31% para los de 30 a 34 años (hasta 2.213,32 euros)- las subidas en términos absolutos han sido desiguales: 366,3 euros para los menores de 25 años frente a los 557,58 y 577,66 euros de los otros dos grupos. A partir de los 35 años, los salarios superan la media, lo que cambia la tendencia. Sin embargo, aquí surge una sorpresa: salvo en el caso de los mayores de 65 años, las expectativas de mejora salarial han empeorado respecto a 2018. Por ejemplo, un trabajador de entre 35 y 40 años gana ahora un 1,5% más que la media, cuando en 2018 esa ventaja era del 1,8%. Su base de cotización ha crecido un 26,5% en este periodo, hasta alcanzar los 2.282,7 euros (un aumento de 478,27 euros). Para los de entre 40 y 44 años, el margen sobre la media es del 5,3%, menor que el 8,1% registrado en 2018, a pesar de que su salario ha subido un 23,6% (452,39 euros), situándose en 2.369,25 euros. En los tramos de edad siguientes, especialmente entre los 45 y 54 años, también se observa una disminución en la ventaja salarial respecto a la media. El descenso más marcado se da entre los 55 y 59 años, franja que en 2018 tenía la base de cotización más alta: 2.075,18 euros, un 17,1% por encima del promedio. En 2024, este grupo cobra 2.476,58 euros, una cifra inferior a la del grupo de 50 a 54 años, y su ventaja frente a la media se ha reducido al 10,1%. Esto implica que el punto más alto de remuneración profesional se ha adelantado cinco años. A partir de ahí, la diferencia con la media disminuye, aunque los mayores de 65 años muestran una ligera recuperación en comparación con 2018, algo que podría deberse al retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años. Estos datos dibujan una conclusión clara: el ascenso salarial a lo largo de la carrera laboral ha perdido intensidad en solo siete años. En 2018, un trabajador de 35 años ya ganaba más de un 50% que uno menor de 25, y uno de 55 años percibía un 57,19% más. En 2024, ningún grupo de edad alcanza ya una diferencia superior al 50% respecto al salario de entrada.

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(El Periódico, 10-06-2025) | Laboral

Díaz sale a la calle a recoger firmas para la reducción de jornada sin tener atada su mayoría en el Congreso

Mientras aumentan las incertidumbres sobre la aprobación en el Congreso de la propuesta para reducir la jornada laboral a 27,5 horas semanales, Yolanda Díaz saldrá a buscar respaldo ciudadano para su principal iniciativa. Su formación política, Movimiento Sumar, ha puesto en marcha una campaña que se desarrollará en 70 puntos del territorio nacional durante el fin de semana del 14 y 15 de junio. La vicepresidenta segunda del Gobierno, que actualmente mantiene conversaciones con Junts para intentar sumar su apoyo, participará en una de las actividades organizadas en Madrid. El rechazo por parte del partido de Carles Puigdemont y la falta de apoyos suficientes en el Parlamento han paralizado los plazos iniciales para que la reforma avance. Aunque desde el entorno de Díaz aseguran que las "negociaciones progresan", lo cierto es que este viernes se cumple un mes desde que el Consejo de Ministros aprobara la medida y la remitiera al Congreso, sin que haya habido avances significativos en la postura de Junts, que sigue oponiéndose. Frente a este bloqueo legislativo, Sumar ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en todo el país, en la que participarán varios de sus principales dirigentes. La propia Yolanda Díaz estará el sábado por la mañana en uno de los puntos informativos instalados en Madrid. Allí, se habilitarán espacios para firmar en apoyo a la medida, se distribuirán folletos explicativos y se colocarán mesas con información detallada sobre la propuesta de reducción de jornada. Además, el partido ya había lanzado una iniciativa digital de recogida de firmas en semanas anteriores, que ha logrado el respaldo de unas 70.000 personas. Desde Sumar explican que el objetivo es generar una presión social creciente que dificulte a otros partidos justificar su rechazo en el Congreso. Entre los participantes ya confirmados figuran la portavoz parlamentaria Verónica Martínez Barbero y los coordinadores del partido, Lara Hernández y Carlos Martín Urriza, quienes estarán presentes en diversos puntos del país, acompañados de miembros de la dirección de Sumar. También se espera la implicación de diputados como Manuel Lago, Txema Guijarro, Esther Gil de Reboleño y Aina Vidal. Por ahora, no está prevista la participación de figuras más visibles como el portavoz Ernest Urtasun o los ministros del Ejecutivo, aunque no se descarta que puedan sumarse más adelante.

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(El Periódico, 10-06-2025) | Laboral

Las mutuas gastaron 3,6 millones de euros en 2024 en contratar detectives privados para vigilar a trabajadores de baja

En un contexto donde las bajas laborales por motivos de salud están aumentando y el coste conjunto para la Seguridad Social y las empresas ya ronda los 30.000 millones de euros anuales, tanto compañías como mutuas están destinando cada vez más recursos a investigar posibles fraudes por parte de empleados que se encuentran de baja médica. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi un millón de trabajadores -aproximadamente el 4,1% del total- se ausentan semanalmente del trabajo por enfermedad. Aunque no existen cifras precisas sobre cuántos de estos casos podrían ser fraudulentos, sí se sabe que las mutuas y las empresas están intensificando el uso de detectives privados, una figura aún poco conocida que opera en el delicado equilibrio entre los intereses empresariales y el respeto a la privacidad de los trabajadores. Durante el año 2024, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social destinaron 3,6 millones de euros a contratar servicios de investigación privada para seguir a empleados de baja por todo el país. Así lo reflejan los contratos públicos recogidos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, revisados uno a uno para esta información. Los casos concretos citados al inicio de este reportaje son reales y se encuentran documentados en resoluciones judiciales. En algunos de ellos, las pruebas reunidas por los investigadores resultaron clave para suspender la prestación o justificar un despido. En otros, las pruebas fueron insuficientes o incluso desestimadas por los jueces si se consideró que los detectives habían sobrepasado sus funciones. Además, algunas empresas recurren a estos servicios para comprobar si los empleados hacen un uso correcto de las adaptaciones de jornada por cuidados familiares o si quienes teletrabajan incumplen su jornada, por ejemplo, realizando gestiones personales. "Nosotros no juzgamos, solo observamos", explican desde Adchase, la agencia que lideró la contratación pública de mutuas en 2024, con un volumen de más de 606.000 euros. Según detallan, cada mes vigilan a entre 100 y 150 empleados. Las mutuas o las empresas proporcionan a los detectives un nombre, dirección y pautas específicas a observar, pero nunca el diagnóstico médico exacto por motivos de protección de datos. "Nos piden que observemos si levantan peso, si conducen, si hacen ejercicio, si acuden a eventos o si llevan la muleta que se supone deben usar... o incluso si continúan trabajando mientras están oficialmente de baja", detallan desde la agencia. "No es raro encontrarnos con personas realmente enfermas, pero también hay muchos casos de picaresca", afirma Juan Carlos Delgado, gerente de Detectib, la segunda firma que más contratos recibió en 2024 a través de Intelligentia Pro Justitia S.L., con más de medio millón de euros. "Este año hemos incrementado más de un 35% nuestra facturación sumando clientes privados y mutuas", señala. Las técnicas que utilizan estas agencias de detectives se dividen principalmente en dos métodos: la vigilancia directa y el seguimiento del trabajador en su vida diaria. Delgado explica que normalmente se realiza un seguimiento de dos o tres días para obtener una visión global de la rutina del empleado. Cada día de vigilancia cuesta alrededor de 600 euros a la empresa. Además, algunas mutuas ofrecen un incentivo mayor si se descubre fraude en comparación con cuando se confirma que la baja es legítima. "Eso va en contra del principio de objetividad", critican desde Adchase. "Las mutuas se guían mucho por el interés económico", añade Delgado. A pesar de que ambas agencias reconocen que esta práctica no es legal, este medio ha accedido a contratos públicos donde se estipula que una "inspección positiva", es decir, cuando se detecta un fraude, se paga hasta tres veces más que una negativa. Cuando se detecta un caso de fraude, los perfiles son variados. "Tenemos al trabajador que simplemente no quiere trabajar, finge una dolencia y pasa el día en casa, saliendo solo a pasear al perro o a hacer compras. Este tipo es difícil de probar", señalan desde Detectib. "Luego están los que aprovechan la baja para trabajar en negro. Suelen tener empleos poco cualificados, como camareros, y reciben un salario no declarado además del subsidio. Estos casos son más fáciles de documentar". También mencionan a quienes simulan estar enfermos para estudiar oposiciones, buscar otro empleo o vengarse del jefe si consideran que han sido maltratados laboralmente. Cuando la vigilancia exterior no proporciona pruebas suficientes, algunos detectives optan por infiltrarse. Desde Adchase explican que, por ejemplo, se hicieron pasar por clientas interesadas en contratar a un entrenador personal que, estando de baja, seguía ofreciendo servicios sin declararlos. También cuentan cómo se disfrazan de repartidoras de paquetería para verificar domicilios o aplicar otras estrategias similares para obtener pruebas sin vulnerar los derechos legales del trabajador.

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(El Confidencial, 10-06-2025) | Laboral

España firmó el segundo mayor aumento del empleo en la UE en el primer trimestre de 2025

El empleo en España creció un 0,8% durante el primer trimestre de 2025 en comparación con el último trimestre de 2024, lo que la convierte en el segundo país con mayor incremento laboral dentro de la Unión Europea (UE), según informó este viernes Eurostat, la oficina de estadística comunitaria. Solo Croacia superó este dato, con un aumento del 1%. En el extremo opuesto, los mayores descensos de empleo se registraron en Rumanía (con una caída del 2,1%), seguida de Estonia (0,8% menos), y Lituania y Polonia (ambos con una disminución del 0,6%). A nivel general, el empleo en la UE se mantuvo estable entre los dos últimos trimestres analizados, mientras que en los países de la eurozona se registró un ligero avance del 0,2%. Si se compara con el mismo periodo del año anterior, el empleo aumentó un 0,7% en la zona euro y un 0,4% en el conjunto de los Veintisiete. Eurostat calcula que durante el primer trimestre de 2025 había 219,8 millones de personas trabajando en la UE, de las cuales 171,6 millones se encontraban en los países que utilizan el euro. Además, la oficina estadística publicó datos sobre la actividad laboral de quienes siguen trabajando tras haber recibido su primera pensión. En 2023, el 56,4% de los trabajadores autónomos en la UE continuaban en activo tras jubilarse por primera vez. Los países con mayor proporción de estos trabajadores fueron Suecia (98,4%), Finlandia (88%) e Irlanda (87,7%). Por el contrario, los porcentajes más bajos se registraron en España (18,2%) y Grecia (20,3%), seguidos por Eslovenia (40,4%).

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(El País, 06-06-2025) | Laboral

Medio millón de empleados no cobran sus horas extra

La frágil mayoría parlamentaria del Gobierno pone en riesgo la aplicación de la reducción de jornada laboral, una de las principales promesas del pacto entre PSOE y Sumar firmado en 2023. La falta de apoyo de Junts al proyecto que el Ministerio de Trabajo acordó con los sindicatos dificulta que la jornada laboral estándar se reduzca de 40 a 37,5 horas semanales. No obstante, existen otras modificaciones relacionadas con el tiempo de trabajo que podrían salir adelante sin necesidad de pasar por el Congreso. Entre ellas, el refuerzo del control del registro horario, una medida que el ministerio de Yolanda Díaz pretende aplicar mediante un real decreto, lo que permite su aprobación sin intervención legislativa. Esta iniciativa afecta directamente a los 459.900 asalariados que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), realizaron horas extra no remuneradas en el primer trimestre del año. Esta cifra representa un aumento respecto al mismo periodo del año anterior (431.300) y también en comparación con 2023 (443.000). Aunque el número total de empleados ha crecido en los últimos años, lo que influye en las cifras absolutas, el porcentaje de trabajadores afectados también ha aumentado ligeramente: en el primer trimestre de 2025, el 2,5% de los asalariados realizaron horas extra sin cobrar, una décima más que el año anterior. Curiosamente, esta proporción supera incluso la de 2019, año en que el Gobierno del PSOE reformó el registro horario para hacerlo más riguroso. Según la normativa vigente, las empresas están obligadas a llevar un control diario de la jornada de cada trabajador, especificando las horas exactas de entrada y salida, y a conservar estos registros durante cuatro años. Además, deben estar accesibles tanto para los empleados como para la Inspección de Trabajo. Sin embargo, los inspectores aseguran que la aplicación de esta norma es deficiente. Según María José Díaz, presidenta de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, la normativa permite a las empresas utilizar cualquier método para registrar la jornada, incluso aquellos fácilmente manipulables, como hojas en papel. Aunque existen sentencias judiciales que cuestionan estos sistemas poco fiables, su uso sigue siendo habitual debido a la falta de exigencias concretas en la ley. Otro dato preocupante es que la proporción de asalariados que no perciben compensación por sus horas extra ha empeorado. En el primer trimestre de 2025, el 50,5% de quienes realizaron horas extra no recibieron remuneración por todas ellas, lo que supone un incremento respecto al 48,7% del mismo periodo de 2024 y al 47,1% de 2019. El INE diferencia entre dos grupos dentro de ese 50,5%: un 42,6% de asalariados que no cobran ninguna de sus horas extra y un 7,9% que solo recibe pago por parte de ellas. En contraste, 450.200 asalariados, es decir, el 49,5% de quienes hacen horas extra, sí las cobran en su totalidad. En cuanto al volumen total de horas extraordinarias, en el primer trimestre de 2025 se realizaron semanalmente 3.316.000 horas extra pagadas y 2.566.000 impagadas. Esto significa que el 43,6% del total de horas extraordinarias no fueron remuneradas, una proporción mayor que en 2024 (41,2%) pero inferior a la registrada en 2019 (46,4%).

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(El País, 06-06-2025) | Laboral

Trabajo endurecerá por decreto el registro horario en las empresas aunque no se aprueben las 37,5 horas

La aprobación de la ley para reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales se ha complicado notablemente, en gran parte debido a la presión ejercida por las organizaciones empresariales. A pesar de ello, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y su equipo siguen negociando con Junts, el principal escollo para sacar adelante esta medida. Desde el Ministerio de Trabajo no dan la batalla por perdida y, si finalmente la norma no logra salir adelante, ya tienen preparada una alternativa: implementar de forma unilateral, mediante un real decreto y sin necesidad de aprobación parlamentaria, una de las piezas clave del proyecto legislativo, la reforma del registro horario en las empresas. Este cambio, que puede hacerse mediante un reglamento aprobado en Consejo de Ministros, permitiría reforzar el control de las horas extra no pagadas, que son una práctica extendida en muchas empresas. Además, serviría como herramienta de presión en las negociaciones: las patronales, que se oponen frontalmente tanto a la reducción de jornada como al endurecimiento del registro horario, podrían verse forzadas a aceptar algún tipo de acuerdo si quieren influir en el diseño final de la ley. Si insisten en bloquear la norma a través de su influencia sobre Junts y otros grupos, el Gobierno dejará claro que al menos el registro horario saldrá adelante con o sin su apoyo. Desde el inicio de la legislatura, Sumar ha defendido que el recorte de la jornada debe ir acompañado de una revisión profunda del sistema de registro horario, instaurado de forma obligatoria desde mayo de 2019. Aunque esta reforma formaba parte del mismo paquete legislativo que la reducción de jornada y el derecho a la desconexión digital, no todas esas medidas necesitan pasar por el Parlamento: el registro puede actualizarse reglamentariamente. De hecho, en octubre del año pasado, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ya admitía que compartía con UGT la idea de reformar el sistema de registro mediante un reglamento, incluso si la reducción de jornada no era aprobada. Esta vía ha ganado fuerza ante la creciente oposición empresarial, especialmente desde las patronales catalanas, que están presionando para frenar la ley y tienen una fuerte influencia sobre Junts. Aunque en el PSOE hay dudas sobre el éxito de las negociaciones, Yolanda Díaz mantiene la confianza y continúa los contactos con representantes de Junts, incluido Carles Puigdemont. Desde el Ministerio de Trabajo consideran que la estrategia de las patronales pasa por desacreditar públicamente la reducción de jornada, alertando sobre sus supuestas consecuencias económicas negativas, cuando en realidad su mayor preocupación es que un registro horario más estricto les impida seguir alargando jornadas sin pagar las horas extra. Por eso, el mensaje del Gobierno es firme: el refuerzo del control horario se aplicará sí o sí, con independencia de lo que ocurra en el Congreso con la jornada de 37,5 horas. En paralelo a las negociaciones parlamentarias, el Ejecutivo ya está elaborando el nuevo reglamento que detallará cómo debe llevarse a cabo este control horario. Entre los principales cambios, se exigirá que cada trabajador registre personalmente sus horas de entrada y salida, sin que pueda hacerlo un responsable o compañero. Además, el sistema deberá ser digital y contar con verificación de identidad. Los empleados también tendrán que indicar si las horas han sido efectivamente trabajadas o si han estado simplemente disponibles, así como si se trata de tiempo ordinario o extraordinario. Se establecerán nuevas obligaciones para garantizar el control: las representaciones legales de los trabajadores deberán tener acceso a los registros de forma periódica o participar en cualquier modificación de los mismos, lo que implicará un acceso electrónico seguro, con mecanismos como sellos de tiempo para garantizar su autenticidad. Asimismo, las empresas deberán asegurar el acceso inmediato y remoto a estos registros tanto para los trabajadores como para sus representantes sindicales y la Inspección de Trabajo. Esta reforma se apoyará en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que habilita al Gobierno para regular el registro horario mediante reglamentos, así como en sentencias tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Supremo español que han perfilado los requisitos legales de este tipo de controles.

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