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(El Economista, 03-06-2026) | Laboral

Trabajo prepara un nuevo plan de choque para reducir el desempleo juvenil y el de mayores de 52 años

El Ministerio de Trabajo está diseñando un nuevo plan de choque para reducir el desempleo juvenil y el paro de larga duración, con especial atención a las personas mayores de 52 años que perciben subsidios. Esta iniciativa forma parte de los compromisos asumidos con las comunidades autónomas en la reciente conferencia sectorial, en la que se acordó la distribución de 2.571 millones de euros destinados a financiar políticas activas de empleo, según explicó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que tiene previsto reunir a los agentes sociales antes del 15 de julio para abordar la propuesta. El responsable del departamento, número dos de Yolanda Díaz, señaló en una jornada organizada por la asociación de directores de relaciones laborales Adirelab en el CES, celebrada poco después de conocerse los datos de desempleo de mayo, que el Gobierno no se conforma con la mejora registrada en estos colectivos y pretende consensuar nuevas medidas con sindicatos y organizaciones empresariales, como CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Este nuevo plan dará continuidad a otros ya aplicados en ejercicios anteriores, centrados también en estos grupos. Pérez Rey subrayó que la convocatoria a los agentes sociales se realizará en las próximas semanas, antes del 15 de julio, para acordar un plan específico tanto para el empleo juvenil como para el de larga duración. Destacó además el amplio respaldo alcanzado en la conferencia sectorial, aprobada por todas las comunidades autónomas salvo Valencia, que votó en contra por motivos ajenos al contenido del acuerdo, lo que calificó como una "anomalía política". El Gobierno insiste en que, aunque el paro juvenil ha mejorado en los últimos años y se encuentra en mínimos históricos desde la reforma laboral, España continúa registrando una de las tasas más elevadas de Europa, solo por detrás de Rumanía, con un 24,3% según Eurostat. Esta cifra más que duplica la media general del mercado laboral. En cuanto a los desempleados mayores de 52 años, el Ejecutivo destaca que, aunque su número ha descendido en más de 40.000 personas en lo que va de año, aún se sitúa en torno a las 900.000, lo que representa aproximadamente un tercio del total de parados. Según Pérez Rey, este colectivo seguirá siendo una prioridad en las políticas de empleo. Tanto el Gobierno como los agentes sociales coinciden en la necesidad de mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo, ante las dificultades del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de los servicios autonómicos para facilitar la inserción laboral de los demandantes de trabajo. En este sentido, la patronal CEOE ha advertido de las limitaciones actuales del sistema, señalando que no logra cubrir vacantes existentes pese a los altos niveles de desempleo, lo que considera un problema estructural del mercado laboral y una señal de que los recursos invertidos no se están aprovechando de forma óptima.

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(El Economista, 03-06-2026) | Laboral

El decreto que acabará con el secreto salarial sigue sin fecha

El 7 de junio expira el plazo para que España incorpore a su normativa laboral la directiva europea de transparencia salarial, una medida destinada a reducir la discriminación y acabar con el secreto retributivo. Sin embargo, la única certeza a estas alturas es que el Gobierno no cumplirá ese calendario. El Ministerio de Trabajo reconoce que trabaja con un horizonte de varias semanas para tener listo un borrador de real decreto que pueda ser debatido con patronal y sindicatos, pese a insistir en que se trata de una norma "urgente" y "prioritaria". El departamento que dirige Yolanda Díaz no activó a finales de abril el trámite de consulta pública previa, el paso habitual para recabar aportaciones de agentes sociales y otros actores antes de iniciar la redacción normativa. La idea es aprobar un real decreto -de rango inferior al decreto ley y que evita su paso por el Congreso- para trasladar al ordenamiento español la directiva europea aprobada hace tres años por el Parlamento y el Consejo de la UE. Sin embargo, por ahora no existe aún un texto concreto que llevar a la mesa del diálogo social. El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha admitido que, aunque no se llegue a tiempo, España dispone de un "plazo razonable" para adaptarse y ha recordado que la norma no contó con un apoyo unánime entre los 27 Estados miembros. Aun así, ha reiterado que la transparencia salarial es una prioridad del departamento y ha subrayado el papel activo que jugó España en la aprobación de la directiva en Bruselas. Según el Ministerio, ya se han impulsado otros instrumentos en la misma línea para reducir la brecha salarial de género, como los planes de igualdad o medidas de transparencia retributiva, lo que, a su juicio, deja al país en una posición avanzada para aplicar la nueva regulación. No obstante, el proyecto sigue sin llegar al Consejo de Ministros. Trabajo prevé disponer en "días" o "semanas" de un texto inicial que será sometido a consulta de los interlocutores sociales. A partir de ahí, comenzará el proceso de negociación, sin un calendario cerrado para su aprobación definitiva, en una norma que ha generado gran expectación en los departamentos de recursos humanos de las empresas. La directiva 2023/970 obligará a las compañías a analizar sus estructuras salariales y detectar posibles brechas de género superiores al 5%, frente al umbral actual del 25%. Además, las empresas deberán facilitar a los trabajadores información sobre la comparación de sus salarios con los de sus compañeros y justificar cualquier diferencia con criterios objetivos. También se exigirá incluir rangos salariales en las ofertas de empleo, algo que hoy solo ocurre en una minoría de vacantes en España. La normativa prohíbe además las cláusulas de confidencialidad salarial en los contratos y veta preguntar a los candidatos por su historial retributivo. El objetivo de Bruselas es reforzar la posición de los trabajadores en las negociaciones salariales y combatir prácticas que, según la Comisión Europea, afectan especialmente a las mujeres. Queda por ver cómo se trasladarán estas exigencias al derecho español. El Ejecutivo ha optado por la vía del real decreto para evitar un posible bloqueo parlamentario, aunque esta fórmula limita el alcance de los cambios sobre la legislación vigente, lo que podría reducir el impacto real de la reforma respecto a lo previsto inicialmente.

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(El País, 02-06-2026) | Laboral

El compromiso de los jefes con sus empresas cae en picado: “Se espera que sean superhéroes y se están quemando”

La pérdida de compromiso de los mandos intermedios se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para empresarios y altos directivos. Así lo sostiene Miguel Pardo, representante de Vistage, considerada la mayor asociación de ejecutivos del mundo, quien advierte de que estos perfiles se sienten cada vez más agotados y desvinculados de las organizaciones en las que trabajan. El fenómeno queda reflejado en el informe State of the Global Workplace 2026, elaborado por Gallup, que revela una caída significativa en el nivel de implicación de directores de área y managers. Entre 2024 y 2025, su grado de compromiso descendió del 27% al 22%, el retroceso más pronunciado desde que la firma estadounidense comenzó a medir este indicador. La caída supera incluso la registrada entre el conjunto de los trabajadores a nivel global, cuyo compromiso pasó del 23% al 20% por segundo año consecutivo. Según Gallup, esta falta de implicación tuvo un impacto económico de alrededor de 10 billones de dólares en pérdida de productividad, equivalente al 9% del PIB mundial. Los expertos consideran que el desenganche de los mandos explica buena parte del deterioro general del clima laboral. Miguel Pardo resume el problema de forma clara: cuando los responsables intermedios pierden motivación, ese desánimo termina trasladándose al resto de la organización. Las consecuencias son especialmente delicadas en un momento marcado por la implantación acelerada de la inteligencia artificial y los procesos de transformación empresarial. Precisamente la llegada de la IA es uno de los factores que está alimentando esta desconexión, aunque no el único. Los especialistas apuntan también al exceso de presión que soportan estos perfiles, atrapados entre las exigencias de la dirección y las demandas de los equipos. A ello se suman la incertidumbre económica, las tensiones geopolíticas, la inflación, una gestión deficiente del teletrabajo, el exceso de reuniones, las plantillas mal dimensionadas y la sensación de pérdida de sentido en organizaciones que no siempre comunican con claridad hacia dónde se dirigen. Según algunos expertos, muchas compañías presentan la transformación tecnológica como una amenaza y no como una oportunidad. Beatriz Calvo, responsable de búsqueda de directivos en Hays, considera que el problema de fondo está en la desconexión entre el discurso empresarial y la realidad. Muchas organizaciones aseguran situar a las personas en el centro, pero luego sus decisiones no reflejan ese mensaje. Los mandos intermedios afrontan además una creciente sobrecarga de responsabilidades. A su papel habitual de gestión operativa se añade ahora la obligación de liderar procesos continuos de transformación, trasladar esos cambios a los equipos y gestionar situaciones complejas, en ocasiones sin contar con información suficiente ni capacidad real de decisión. Según Miriam Aguado, socia de Peoplematters, este doble rol está incrementando notablemente la tensión y el desgaste de estos profesionales. La situación tiene efectos directos sobre el funcionamiento de las compañías. Los managers actúan como referencia emocional de los equipos y son quienes transmiten estabilidad, confianza y motivación. Cuando ellos pierden implicación, se reduce la iniciativa, cae la energía dentro de las plantillas y aumenta la fuga de talento. Marta Romo, directora general de la consultora BeUp, sostiene que los mandos cada vez tienen más responsabilidades, pero menos margen para tomar decisiones. A ello se suma la sensación de sentirse apartados de los grandes cambios estratégicos. Los expertos coinciden en que muchas empresas no han contado con ellos en la implantación de la inteligencia artificial ni en los procesos de transformación, pese a exigirles posteriormente que los ejecuten y los expliquen a sus equipos. Al mismo tiempo, afrontan mayores cargas de trabajo, equipos más amplios y menos recursos, especialmente en un contexto de ajustes de plantilla ligados a la automatización. Otro de los factores que contribuye al desgaste es el exceso de burocracia. Según los especialistas, muchos responsables intermedios terminan dedicando buena parte de su tiempo a tareas administrativas y procesos internos que fragmentan su trabajo y dificultan percibir el valor real de su aportación. Marta Romo considera que muchas organizaciones siguen gestionándose con modelos heredados del siglo pasado y que necesitan evolucionar hacia sistemas centrados en el rendimiento, el aprendizaje y la autonomía, en lugar de seguir priorizando el control de presencia. Ante esta situación, los expertos plantean varias líneas de actuación. La primera pasa por dejar de considerar a los mandos intermedios como simples transmisores de órdenes y reconocerlos como figuras estratégicas dentro de las organizaciones. También reclaman reforzar su formación en liderazgo, especialmente en ámbitos como la gestión de conflictos, las conversaciones difíciles o el manejo de equipos con bajo rendimiento. Otra de las prioridades es reducir la burocracia y simplificar estructuras para aliviar la sobrecarga de trabajo. Los especialistas consideran necesario redefinir el papel de estos profesionales, revisar las estructuras organizativas y otorgarles una mayor capacidad de decisión. En su opinión, muchas empresas han reducido jerarquías en apariencia, pero siguen manteniendo una cultura de control que limita la autonomía real de los managers. En definitiva, los expertos alertan de que si el liderazgo intermedio pierde rumbo y motivación, toda la organización termina resintiéndose.

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(El Economista, 02-06-2026) | Laboral

Trabajo detecta a 270.000 jubilados y pensionistas buscando empleo

El Gobierno ha introducido cambios en la normativa apenas un año después de aprobar una reforma destinada a mejorar la compatibilidad entre la jubilación y el empleo, con el objetivo de facilitar la jubilación flexible a quienes ya se han retirado pero desean reincorporarse parcialmente al mercado laboral. La medida responde a una reivindicación del colectivo de pensionistas, que denuncia la rigidez del sistema y las dificultades añadidas para volver a trabajar. Un indicador del Ministerio de Trabajo refleja la dimensión del fenómeno: en 2025, los servicios públicos registraron una media mensual de 267.692 personas clasificadas como "jubilados y pensionistas" inscritas como demandantes de empleo, un 7,3% más que un año antes. Estas personas no se contabilizan como parados registrados, pero si se incluyeran, el número medio de desempleados del Servicio Público de Empleo Estatal (2,47 millones en el último ejercicio) aumentaría un 10,8%, el porcentaje más elevado de toda la serie histórica. El anuario estadístico del ministerio dirigido por Yolanda Díaz ofrece cifras muy superiores a las de la Encuesta de Población Activa, que solo recoge 31.900 parados mayores de 65 años. Esta diferencia se explica por los criterios estadísticos utilizados por las distintas fuentes. En el caso del Ministerio de Trabajo, la categoría de "jubilados y pensionistas" incluye no solo a personas ya retiradas que buscan volver a trabajar, sino también a mayores de 65 años y a beneficiarios de pensiones de incapacidad con grado elevado, que se inscriben como demandantes de empleo para poder acceder a contratos bonificados o a recursos de centros especiales de empleo, aunque ello implique la suspensión de su pensión. El volumen de estos contratos se ha mantenido relativamente estable en torno a los 35.000, pese a los cambios normativos recientes, lo que dificulta atribuir directamente a este colectivo el aumento del número de inscritos en los registros de empleo. Además, no todos los beneficiarios son pensionistas de jubilación, lo que añade complejidad a la interpretación de los datos. La diferencia entre las cifras de la EPA y las del Ministerio también responde a criterios metodológicos: la EPA clasifica a muchos pensionistas mayores como población inactiva, aunque estén disponibles para trabajar, mientras que los servicios públicos de empleo excluyen a determinados demandantes que no alcanzan la edad legal de jubilación ordinaria. Otra parte del fenómeno se explica por la evolución de la jubilación anticipada y la necesidad de algunos pensionistas de complementar sus ingresos, especialmente tras el endurecimiento de los coeficientes reductores. En este contexto, la jubilación flexible permite a quienes ya han abandonado el mercado laboral reincorporarse de forma parcial, una figura distinta de la jubilación activa o parcial, en la que se compatibiliza el empleo con una pensión sin haber cesado previamente la actividad. La reforma reciente busca precisamente incentivar este modelo, eliminando restricciones como el periodo mínimo de espera de un año para volver a trabajar y facilitando la compatibilidad con el trabajo por cuenta propia. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo la dificultad de acceso al empleo. El análisis de la serie histórica del Ministerio de Trabajo muestra tres etapas en la evolución de este colectivo. Antes de la crisis de 2008, su presencia era marginal; a partir de entonces aumenta de forma significativa debido a la destrucción de empleo, con muchos trabajadores jubilados de forma anticipada que vuelven a buscar oportunidades laborales. Aunque el número absoluto creció, su peso sobre el desempleo se mantuvo en torno al 3%. Este indicador mide qué parte adicional supondrían estos demandantes si se incluyeran en las cifras oficiales de paro, pese a que la normativa de 1985 los excluye de esa categoría. Desde 2015, con la reducción general del paro, este colectivo no disminuye al mismo ritmo, lo que incrementa su peso relativo. A partir de 2018 la tendencia se intensifica, con un aumento tanto en términos absolutos como en su impacto relativo sobre el desempleo. Durante la pandemia, en 2020 y 2021, se alcanzaron picos de entre 234.000 y 289.000 demandantes mensuales, un fenómeno asociado tanto a dificultades laborales de pensionistas como de personas con discapacidad. En ese periodo, el impacto sobre el paro llegó al 8,1%. Tras un ajuste en 2022, la cifra volvió a crecer, situándose en 2025 en niveles muy elevados: el segundo registro más alto de la serie en términos absolutos y el máximo en peso relativo. De aplicarse su inclusión, el número de desempleados aumentaría en torno a un 11%, según los cálculos derivados de estos datos.

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(El Periódico, 02-06-2026) | Laboral

El paro baja en 36.323 personas en mayo

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de mayo, se ha reducido en 36.323 (-1,54%) personas en relación con el mes anterior. El total de paro registrado se ha situado en 2.320.721 personas. Respecto al mes de mayo de 2025, el paro ha descendido en 134.162 personas (-5,47%). El paro desciende en todos los sectores económicos con respecto al mes de abril. En Servicios en 29.829 personas (-1,74%), en Industria en 2.665 personas (-1,46%), en Construcción en 2.304 personas (-1,42%) y en Agricultura en 1.628 (-2,26%). El colectivo Sin Empleo Anterior no registra un movimiento significativo con apenas 98 personas registradas más (0,04%). El desempleo femenino disminuye en 20.316 personas (-1,43%) en relación al mes de abril y se sitúa en un total de 1.404.110 mujeres. El desempleo masculino desciende en 16.007 personas (-1,72%) y el total se sitúa en 916.611 hombres en paro. Si lo comparamos con mayo de 2025, el paro masculino baja en 51.851 (-5,35%) y el femenino cae más, en 82.311 mujeres (-5,54%). El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de mayo en 4.738 personas (-2,79%) respecto al mes anterior. El total se sitúa en 164.955 personas. Es la primera vez que baja de la cota de 165.000 en un mes de mayo. El paro registrado en mayo de 2026 baja en las 17 comunidades autónomas. En términos absolutos, las mayores caídas se producen en Andalucía (-9.125 personas), Catalunya (-6.900 personas) y Comunidad de Madrid (-3.834 personas). El número total de contratos registrados durante el mes de mayo ha sido de 1.323.719. De este total, 572.061 contratos de trabajo tienen carácter indefinido y representan el 43,22% de todos los contratos. El total de personas beneficiarias existentes al final del mes de abril fueron 1.779.989. La inversión media mensual por persona beneficiaria, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de abril de 2026 ha sido de 1.168,30 lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 22,6 euros (2,0%). La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de abril ha sido del 80,90%

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(Expansión, 01-06-2026) | Laboral

El Gobierno explora todas las vías para mejorar la gestión de los procesos de incapacidad temporal, y poner coto a las bajas laborales

El Ministerio de Seguridad Social ha impulsado recientemente una campaña dirigida a las empresas para recabar información más precisa sobre las tareas y funciones que desempeñan los trabajadores que se encuentran de baja laboral. La finalidad es que los servicios médicos dispongan de más datos a la hora de evaluar una posible reincorporación al puesto de trabajo. Con ello, se busca que los facultativos puedan emitir altas médicas más ajustadas a la realidad de cada empleo, evitando retrasos innecesarios y adecuando mejor los tratamientos. En marzo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) envió cartas informativas a distintas patronales para que trasladaran a las compañías de sus sectores la necesidad de detallar más los partes de incapacidad temporal. Según una de esas comunicaciones, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, médicos de atención primaria, facultativos de mutuas e inspectores médicos tanto de los servicios públicos de salud como del propio INSS carecen en muchos casos de información suficiente y fiable sobre las funciones concretas que realiza el trabajador. Esta falta de datos puede dificultar la gestión de las bajas y retrasar el regreso al empleo. Fuentes empresariales recuerdan que no es la primera iniciativa de este tipo puesta en marcha por el INSS. Desde enero de 2024, las compañías están obligadas a comunicar al organismo tanto el puesto de trabajo como la descripción de funciones de los empleados en situación de incapacidad temporal. Esta información debe enviarse mediante el fichero FDI o a través del servicio Incapacidad Temporal Online del sistema RED. El propósito es facilitar evaluaciones médicas más exactas y que las decisiones sobre mantener la baja o conceder el alta se adapten mejor a las características reales del puesto. Desde el ámbito empresarial consideran positiva esta insistencia de la Administración en reforzar estas prácticas, ya que entienden que un mayor conocimiento de las exigencias de cada empleo puede acelerar determinados procedimientos. Esto, añaden, también ayuda a reducir el impacto económico y organizativo que generan las ausencias prolongadas. El INSS advierte, sin embargo, de que la información aportada por muchas empresas sigue siendo insuficiente. Según el organismo, solo el 70% de los procesos de incapacidad temporal registrados el año pasado incluían cumplimentados los apartados relativos al "puesto de trabajo" y a la "descripción de funciones". Además, en numerosos casos los datos facilitados eran demasiado genéricos o carecían del detalle necesario. En las cartas remitidas, el Instituto subraya que esta información resulta clave para mejorar el control de la incapacidad temporal y facilitar un diagnóstico más preciso sobre las limitaciones reales de cada trabajador para desarrollar su actividad profesional concreta, más allá de las referencias generales de la clasificación nacional de ocupaciones o de lo que pueda indicar el propio empleado. Según el INSS, disponer de estos datos también favorece una reincorporación más adecuada y segura para la salud del trabajador. El organismo dependiente de Seguridad Social apunta asimismo que todavía hay muchas empresas que dejan esos apartados sin completar o utilizan descripciones excesivamente vagas, limitándose a expresiones como "las tareas propias de su puesto". La falta de precisión puede traducirse en bajas más largas de lo necesario. De acuerdo con datos de las mutuas de accidentes de trabajo, la duración media de los procesos de incapacidad temporal alcanzó en 2025 los 42,55 días, ligeramente por debajo del año anterior, aunque todavía por encima de los niveles de hace diez años. Esto refleja las dificultades para acortar los periodos de recuperación. A ello se suma el aumento del número de procesos. Según AMAT, en 2025 se registraron 9,16 millones de bajas laborales, un 7% más que el ejercicio anterior y un 133% más que hace una década, lo que supone más del doble.

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(Expansión, 01-06-2026) | Laboral

La patronal reclama más controles a los reincidentes

Aunque la iniciativa tiene un carácter meramente informativo, las organizaciones empresariales valoran positivamente que el Gobierno esté reforzando las actuaciones destinadas a frenar el aumento de las bajas laborales y el elevado coste económico que generan tanto para las empresas como para las cuentas públicas. En el marco de la mesa de diálogo social abierta en el Ministerio de Seguridad Social, la CEOE ha planteado distintas propuestas para atajar especialmente los casos considerados más problemáticos, los correspondientes a trabajadores con reiteradas situaciones de incapacidad temporal. En este contexto, el reciente informe de la AIReF sobre el sistema de incapacidad temporal en España puso de manifiesto que las bajas laborales se concentran cada vez más en un grupo reducido de personas. El estudio señala que el 25% de los beneficiarios acumula más de la mitad de los procesos de baja: representaban el 51% en 2017 y alcanzan ya el 55% en 2024. Asimismo, el 50% de los trabajadores concentra el 77% de los episodios registrados en 2024, cuatro puntos más que siete años antes. Estos datos evidencian que un núcleo relativamente pequeño de beneficiarios absorbe una parte creciente del total de procesos. Ante esta situación, la patronal reclama al departamento que dirige la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, que active actuaciones de la Inspección antes de que se alcance el límite de 365 días de baja, momento en el que los inspectores médicos pasan a asumir la competencia exclusiva sobre el proceso. El objetivo es reforzar los controles y aumentar la supervisión complementaria a la que ya realizan los servicios públicos de salud y las mutuas. El aumento del absentismo sigue teniendo además un fuerte impacto económico. El año pasado, el coste conjunto para empresas y Seguridad Social derivado de las prestaciones por incapacidad temporal rondó los 33.000 millones de euros. De esa cantidad, las arcas públicas asumieron más de 18.500 millones. La tendencia continúa al alza en 2026. Durante el primer trimestre del año ya se aprecia un nuevo incremento que anticipa un gasto récord al cierre del ejercicio. Según datos de AMAT, entre enero y marzo el coste directo soportado por las empresas creció un 7%, acercándose a los 2.500 millones de euros. Paralelamente, la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social refleja un aumento del 14,4% en el gasto destinado a prestaciones por incapacidad temporal, superando los 4.600 millones de euros.

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(El País, 01-06-2026) | Laboral

La patronal vuelve a la negociación para reformar la indemnización por despido e insiste en su rechazo a elevarla

El Ministerio de Trabajo mantiene como parte habitual del diálogo social que cada participante en las mesas de negociación tenga delante un portanombres identificativo. Aunque todos los asistentes se conocen, forma parte del protocolo institucional. Sin embargo, este viernes, en la segunda reunión para debatir la reforma de la indemnización por despido, solo había carteles para los representantes del ministerio y de los sindicatos, no para los de las patronales. La razón es que hasta esta misma mañana CEOE y Cepyme no habían confirmado su presencia, según indican fuentes asistentes al encuentro. De hecho, no se esperaba su participación después de que ambas organizaciones anunciaran en octubre que abandonarían estas negociaciones. Finalmente acudieron, aunque mantienen intacto su rechazo a la propuesta sindical y de Trabajo, que pretende endurecer las condiciones del despido improcedente. "No vamos a sentarnos en una mesa cuya premisa de partida es errónea", afirmó el pasado 22 de octubre el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, al justificar la negativa inicial de la patronal a participar en esta negociación. A juicio de la organización empresarial, el Tribunal Supremo ya resolvió el debate el verano pasado, por lo que consideraban innecesario abrir una discusión con el Gobierno y los sindicatos. Cepyme compartió entonces la misma postura. No obstante, siete meses después, los representantes de ambas patronales sí han acudido a la convocatoria de este viernes organizada por Trabajo. Desde la CEOE explican que su asistencia responde al "respeto hacia el resto de interlocutores", en referencia a los sindicatos. Añaden que también han querido dejar clara su oposición a cualquier modificación normativa sobre el despido, apoyándose en la interpretación realizada por el Tribunal Supremo. Ese es precisamente el principal argumento de la patronal: consideran que la sentencia del alto tribunal cerró la puerta a que los jueces españoles puedan conceder indemnizaciones adicionales basándose en la Carta Social Europea, como había ocurrido en algunos casos. Sin embargo, el Consejo de Europa ha concluido en dos ocasiones que España incumple dicho tratado en materia de despido y ha instado al país a reformar su legislación. Este posicionamiento europeo constituye el principal respaldo de la postura defendida por los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. De hecho, las organizaciones sindicales discrepan tanto de la doctrina del Supremo que han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. La reunión celebrada este viernes es la segunda sobre esta cuestión. La primera tuvo lugar en octubre y en ella los sindicatos ya anunciaron que prepararían una propuesta conjunta. Tras aquella cita, en la que sí participaron CEOE y Cepyme, las patronales aseguraron que no volverían a asistir. También adelantaron que rechazarían participar en otra mesa impulsada por Trabajo para debatir la entrada de representantes sindicales en los consejos de administración de las empresas. Durante el encuentro de este viernes, los sindicatos han presentado formalmente su propuesta tanto al Gobierno como a las organizaciones empresariales. Según declaraciones difundidas por CC OO, su negociador, Javier Pacheco, defendió la necesidad de reforzar las causas que justifican un despido y establecer plazos de preaviso más amplios que garanticen una mayor protección para los trabajadores. Asimismo, reclamó indemnizaciones "suficientes y reparadoras" que sirvan para compensar y desincentivar los despidos improcedentes, además de recuperar garantías como los salarios de tramitación y el derecho de readmisión cuando no exista una causa objetiva para el cese. El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a redactar un texto articulado que sirva de base para un futuro proyecto de ley. No obstante, la falta de apoyo de la patronal reduce considerablemente las posibilidades de que la reforma prospere. La mayoría conservadora del Congreso ya tumbó recientemente la reducción de jornada laboral, una medida que contaba con más opciones de reunir apoyos parlamentarios. Distintas fuentes conocedoras de la negociación apuntan que el rechazo a esta reforma no solo vendría de PP, Vox y Junts, sino también del PNV, como ya ocurrió con el estatuto del becario. Además, tampoco existe unanimidad dentro del propio Ejecutivo, ya que el Ministerio de Economía se opone a modificar la regulación actual. Pese a ello, PSOE y Sumar incluyeron en su acuerdo de gobierno el compromiso de adaptar la normativa española a la Carta Social Europea. Por su parte, la CEOE ha aprovechado la reunión para trasladar al Ministerio de Trabajo su "malestar" por impulsar iniciativas, a su juicio, sin el debido diálogo social, alterando acuerdos previos e interfiriendo en la negociación colectiva.

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(El País, 01-06-2026) | Laboral

En España se teletrabaja poco en comparación con otros países europeos

Según los datos más recientes de Eurostat, el 15,7% de los trabajadores ocupados en España desarrolla su actividad total o parcialmente desde casa, una cifra todavía alejada de la media de la Unión Europea, situada en el 23%, y muy por debajo de los países con mayor implantación del teletrabajo, como Países Bajos (52%), Suecia (45%) o Luxemburgo (43%). En el extremo opuesto se encuentran Grecia (6,7%), Bulgaria (4%) y Rumanía (3,6%). La diferencia refleja, en buena medida, el distinto nivel de desarrollo y especialización de las economías europeas. Esa misma brecha también se reproduce dentro de España, donde comunidades como Madrid y Cataluña concentran más teletrabajadores, mientras que Canarias se sitúa entre las regiones con menor implantación de esta modalidad. Precisamente estas tres comunidades serán escenario de la visita de León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio, un acontecimiento que tendrá importantes repercusiones sobre la movilidad y que ha llevado tanto a administraciones públicas como a organizaciones empresariales a recomendar el teletrabajo para reducir desplazamientos. Madrid, la comunidad con mayor porcentaje de teletrabajadores del país, encabeza estas recomendaciones. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el 24,7% de los ocupados madrileños trabajaba en remoto en 2025. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, anunció el pasado 21 de mayo que los empleados municipales teletrabajarían entre el 3 y el 9 de junio y pidió además a las empresas que faciliten esta opción siempre que sea posible. Días después, la patronal madrileña CEIM respaldó la propuesta mediante un comunicado en el que defendía el teletrabajo como una herramienta eficaz para reducir los desplazamientos en jornadas de elevada presión sobre la movilidad. Sin embargo, los sindicatos madrileños han cuestionado el planteamiento del Ayuntamiento al considerar insuficientes las medidas previstas para reforzar el transporte público ante los cortes de tráfico y las previsibles aglomeraciones. Desde UGT Madrid reclaman más flexibilidad horaria, permisos específicos y garantías para que los trabajadores no sean sancionados en caso de retrasos derivados de la situación, recordando además que gran parte de los empleados no tiene posibilidad de teletrabajar. La situación es distinta en Barcelona, segunda parada del Pontífice en su viaje por España. Ni el Ayuntamiento, ni la Delegación del Gobierno, ni la Generalitat, ni tampoco la patronal Foment del Treball han emitido recomendaciones generales para fomentar el trabajo remoto. Las autoridades municipales defienden que se ha diseñado un dispositivo especial para reforzar el metro, reorganizar las líneas de autobús afectadas y ofrecer información suficiente para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía. Cataluña es actualmente la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de teletrabajo, con un 19,5% de ocupados trabajando a distancia en 2025. Muy diferente es el caso de Canarias, una de las regiones donde menos extendido está el teletrabajo, con apenas un 10,5% de trabajadores en esta modalidad. Aun así, tanto la Delegación del Gobierno como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sí han recomendado el trabajo remoto para los empleados que puedan acogerse a él, con el objetivo de aliviar los problemas de movilidad previstos durante la visita papal. Desde Comisiones Obreras en Canarias respaldan esta fórmula, aunque insisten en que debe aplicarse siempre bajo criterios de voluntariedad, negociación y garantía de derechos laborales. Los especialistas atribuyen las diferencias regionales en la implantación del teletrabajo al tipo de tejido productivo predominante en cada territorio. El presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido, señala que Madrid registra niveles superiores a la media nacional debido al peso de las actividades de oficina, las grandes empresas tecnológicas, las sedes corporativas de multinacionales y la concentración de organismos de la Administración pública, ámbitos todos ellos que facilitan el desarrollo del trabajo a distancia.

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(El País, 01-06-2026) | Laboral

La Airef pide al Gobierno reformar la regla de gasto en pensiones para garantizar que sean sostenibles

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha reafirmado este viernes su valoración sobre el sistema público de pensiones: aunque las últimas reformas impulsadas por el Gobierno permiten cumplir con la regla de gasto y evitan, por ahora, nuevos cambios legislativos, eso no asegura la viabilidad futura del sistema. El organismo advierte de que siguen existiendo "riesgos para la sostenibilidad fiscal a largo plazo" y apunta además a posibles incumplimientos de las normas fiscales europeas. Por ello, la presidenta de la Airef, Inés Olóndriz, ha reclamado al Ejecutivo una modificación "explícita" de la actual regla de gasto en dos frentes. Por un lado, plantea que el coste del sistema de pensiones esté vinculado a la sostenibilidad general de las finanzas públicas, por ejemplo mediante indicadores como la deuda pública. Por otro, considera necesario adaptar esta regla al marco fiscal europeo, ya que, según ha señalado, "la regla española no encaja" con las exigencias comunitarias. El informe presentado responde a la solicitud del Gobierno de actualizar el análisis elaborado en 2025. Entonces, la Airef ya advirtió de que el sistema apenas cumplía el límite establecido. El gasto en pensiones descontando las medidas de ingresos -el criterio que utiliza Bruselas- representaba de media el 13,2% del PIB entre 2022 y 2050, muy cerca del máximo legal fijado en el 13,3%. Con los nuevos datos, la previsión mejora hasta el 13% del PIB, principalmente gracias al aumento de ingresos derivado del nuevo sistema de cotización de autónomos basado en ingresos reales. Aun así, la Airef insiste en que el cumplimiento "formal" de la regla de gasto no elimina las dudas sobre la salud futura de las cuentas públicas. El organismo detecta varios "problemas de diseño" en la norma y propone revisarla. Entre sus críticas, señala que la regla ofrece una visión incompleta de la sostenibilidad, ya que solo contempla el gasto en pensiones y deja fuera otros costes asociados al envejecimiento de la población, como la sanidad o la dependencia. También cuestiona la falta de precisión en la definición de las medidas de ingresos. En consecuencia, la institución concluye que los parámetros actuales no reflejan realmente la sostenibilidad financiera del Estado, algo que, según indica, queda patente en el hecho de que el cumplimiento de la regla es compatible con un aumento de la deuda pública en las próximas décadas. De hecho, la Airef calcula que la deuda podría alcanzar el 123% del PIB en 2050, impulsada sobre todo por el incremento del gasto vinculado al envejecimiento demográfico. El estudio incorpora además una primera estimación sobre el impacto económico de la nueva regularización de inmigrantes. A partir de una previsión de 950.000 personas regularizadas, de las cuales unas 337.000 pasarían a estar ocupadas, la Airef calcula que el efecto en el primer año superará los 1.000 millones de euros. En concreto, estima que las cotizaciones a la Seguridad Social aumentarán en unos 1.074 millones, aunque Olóndriz ha calificado este impacto de "muy moderado", equivalente al 0,067% del PIB. La presidenta de la Airef añadió que, a medida que estos trabajadores se consoliden en el mercado laboral, su aportación al sistema crecerá hasta alcanzar un máximo de 0,11 puntos del PIB alrededor de 2030, momento a partir del cual dicho efecto tenderá a estabilizarse.

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