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(El Periódico, 22-10-2025) | Laboral

El Consejo de Ministros aprueba una partida de 500 millones de euros para reforzar el sistema de dependencia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un conjunto de nuevas medidas dirigidas a reforzar el sistema de atención a la dependencia, destinando una inversión de 500 millones de euros. El objetivo es garantizar una atención especializada, intensiva y continua -las 24 horas del día, los siete días de la semana- para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En los casos más avanzados, se contempla una ayuda económica que podría alcanzar hasta los 10.000 euros mensuales gracias a la creación de un nuevo nivel de dependencia denominado "Grado III+", orientado a situaciones de extrema complejidad. Esta atención se prestará a través de servicios de asistencia personal y ayuda a domicilio, con un enfoque centrado en las necesidades individuales de cada paciente. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha detallado cómo funcionará este nuevo grado de dependencia extrema, que forma parte del despliegue de la Ley ELA. Según ha explicado, busca facilitar el acceso a las ayudas, agilizar los trámites y mejorar la atención de pacientes con enfermedades neurológicas de carácter irreversible y gran complejidad. "Es un avance muy significativo", ha afirmado. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bustinduy ha subrayado que el objetivo de esta reforma es adaptar el sistema a las necesidades reales de los pacientes en estados muy avanzados de dependencia, y no al contrario. El ministro también ha destacado la importancia estructural de este cambio, asegurando que la creación del nuevo grado supone un paso decisivo hacia una red de protección social más específica y adaptada. "Este avance es fruto de un año de trabajo conjunto entre varios ministerios, comunidades autónomas y organizaciones de la sociedad civil", ha indicado, en referencia al desarrollo normativo de la Ley ELA, aprobada hace casi un año. Actualmente, en España, unas 4.200 personas conviven con esta enfermedad neurodegenerativa. Antes de la comparecencia del ministro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había anunciado la medida a través de un mensaje en X (antes Twitter), en el que destacó que "frente a los recortes del PP, que dejaron fuera del sistema a más de 175.000 personas, el Gobierno progresista refuerza tanto la financiación como la calidad del sistema de dependencia". Según ha indicado Bustinduy, la prestación de hasta 10.000 euros mensuales para pacientes en fases avanzadas será financiada a partes iguales entre el Estado y las comunidades autónomas. La aprobación de este nuevo decreto supone completar el marco legal de la Ley ELA dentro de los plazos establecidos. Asimismo, la inversión estatal en el sistema de dependencia alcanza ahora una cifra récord de 3.729 millones de euros. El ministro ha destacado que con estas medidas se responde a una demanda histórica de atención integral y permanente para los pacientes. El nuevo Grado III+ reconoce el derecho a cuidados intensivos para personas que padecen enfermedades sin cura, con esperanza de vida reducida, rápida evolución hacia la discapacidad y que requieren atención sanitaria y social compleja. Se establece un nuevo derecho subjetivo que garantiza soporte respiratorio, asistencia en la deglución y otros cuidados esenciales. Además, este modelo prevé una ratio de cinco profesionales por paciente beneficiario, reforzando el carácter intensivo de la atención. Bustinduy también ha valorado el refuerzo económico de la Ley de Dependencia, asegurando que este modelo responde a los cambios demográficos y en la estructura familiar, que harán que este tipo de necesidades aumenten en el futuro. Ha criticado además los recortes aplicados durante gobiernos anteriores del Partido Popular, que, según ha cifrado, supusieron un estancamiento de más de 5.000 millones de euros. Desde las asociaciones de pacientes, la medida ha sido recibida con satisfacción. Los afectados por ELA han valorado positivamente el compromiso del Gobierno con el desarrollo de la Ley, afirmando que se comienza a "apostar por proyectos de vida, no de muerte". Fernando Martín, presidente de la organización ConELA -que agrupa a 23 de las 25 asociaciones de pacientes existentes en España-, ha anunciado que este miércoles se reunirán con el ministro Bustinduy para revisar los detalles del decreto. Aunque ha confirmado que el nuevo grado de dependencia y los cuidados 24 horas "están bien recogidos", ha recordado que esta ayuda llega tarde para los 1.150 pacientes que han fallecido este año sin haber podido beneficiarse de ella. Aun así, ha señalado que la medida sí podrá beneficiar a las personas que actualmente están siendo diagnosticadas, y ha asegurado que seguirán atentos para que su aplicación sea efectiva.

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(El País, 21-10-2025) | Laboral

El Gobierno rectifica y propone subir las cuotas de autónomos entre 2,5 y 14,75 euros a quienes ganen más de 1.167

El Gobierno presentó este lunes a los agentes sociales y a las asociaciones de autónomos una nueva propuesta para modificar las cotizaciones del colectivo a partir de 2026. Tras el amplio rechazo que generó su planteamiento inicial la semana pasada, el Ministerio de Seguridad Social ha dado marcha atrás y propone ahora mantener sin cambios las cuotas de los tres primeros tramos -los que agrupan a los trabajadores con rendimientos netos de hasta 1.166 euros mensuales-, mientras que para el resto plantea subidas moderadas, de entre 2,5 y 14,75 euros al mes, dependiendo del nivel de ingresos. Así lo confirmó el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, quien detalló que estos ajustes equivalen a un incremento de las bases de cotización de entre el 1% y el 2,5% para el próximo ejercicio. Con este nuevo planteamiento, el Ejecutivo corrige su propuesta anterior, que preveía aumentos de entre 11 y 206 euros mensuales, e incluso un alza de unos 17 euros para los autónomos con menores ingresos (aquellos con rendimientos de hasta 670 euros mensuales). Otra diferencia clave es que la nueva propuesta solo contempla subidas para 2026, mientras que la anterior establecía incrementos progresivos hasta 2031, tal como figuraba en el acuerdo firmado con las principales asociaciones de autónomos y aprobado por el Congreso de los Diputados con 260 votos a favor, incluidos los del Partido Popular. Las reacciones del colectivo no se han hecho esperar. Desde UPTA, consideran que el Gobierno ha "perdido una oportunidad para mejorar las pensiones de los autónomos". En la misma línea, CC OO y UGT han manifestado su descontento con la propuesta del Ministerio de Seguridad Social. Aunque los representantes sindicales Carlos Bravo (CC OO) y Cristina Estévez (UGT) reconocieron que la congelación de las cuotas para los tramos más bajos es positiva, rechazaron los limitados aumentos para el resto. Bravo calificó el cambio como un "pendulazo", mientras que Estévez denunció que la iniciativa "desvirtúa el acuerdo" alcanzado en 2022 entre el Gobierno, los agentes sociales y el Parlamento. Ambos sindicalistas atribuyen esta rectificación a motivos políticos, en respuesta al malestar generado por la propuesta inicial, que fue duramente criticada no solo por el Partido Popular, sino también por los ministros de Sumar, encabezados por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

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(El Economista, 21-10-2025) | Laboral

La Audiencia Nacional rechaza que las empresas deban remunerar el permiso parental de ocho semanas

La Audiencia Nacional (AN) se ha desmarcado de la interpretación que venían aplicando otros tribunales sobre el permiso parental de ocho semanas y ha dictaminado que ni las empresas ni la Seguridad Social están obligadas a pagar ese tiempo destinado al cuidado de hijos menores de ocho años. En una sentencia del 30 de septiembre, la Sala de lo Social del Juzgado Central sostiene que la Directiva europea sobre conciliación familiar "no exige que el permiso parental sea necesariamente retribuido en todos los casos". En palabras del tribunal, "no cuenta con cobertura económica, ni mediante salario ni mediante prestación". El permiso parental fue incorporado en España en junio de 2023 y permite a los progenitores disfrutar de ocho semanas para cuidar a sus hijos hasta que estos cumplan ocho años. El legislador lo estableció como un permiso no remunerado. Sin embargo, numerosos juzgados habían interpretado que, conforme a la normativa europea, las empresas debían abonar esas ocho semanas al considerar que la Directiva imponía su retribución. La Audiencia Nacional, tras un análisis detallado de la Directiva, concluye que España la ha incorporado correctamente, cumpliendo con la obligación de garantizar la remuneración de ocho semanas para el cuidado de los hijos, aunque no a través del permiso parental, sino mediante otros permisos ya existentes: la baja por maternidad o paternidad y el permiso de lactancia. El tribunal recuerda que, actualmente, los progenitores disponen de 19 semanas de baja por nacimiento o adopción (tras su ampliación este verano). La normativa europea solo exige un mínimo de 14 semanas. Por tanto, España ofrece cinco semanas adicionales, financiadas por la Seguridad Social. A esto se suman tres semanas de permiso de lactancia remuneradas, costeadas por las empresas. En conjunto, explica la sentencia, se cumplen así las ocho semanas retribuidas que exige Bruselas. La Directiva europea de 2019 -que inspiró la creación del permiso parental español- dispone que los Estados deben garantizar una compensación económica durante el permiso, pero también aclara, en su artículo 20.6, que puede tenerse en cuenta cualquier otro periodo de ausencia por motivos familiares ya remunerado o cubierto económicamente. Por ello, la Audiencia considera que en España existen dos tipos de permisos: el parental de ocho semanas, sin compensación económica, durante el cual las empresas deben suspender el contrato de trabajo sin pagar salario, y el de nacimiento, con 19 semanas retribuidas -cinco más de lo exigido por la UE-, además del permiso de lactancia. "En definitiva -señala el fallo-, existen ocho semanas de permiso parental no retribuidas y ocho semanas adicionales cubiertas económicamente, lo que demuestra que la Directiva está correctamente transpuesta". El tribunal también aclara que la normativa europea no obliga a permitir el disfrute del permiso hasta los ocho años del menor. La Directiva fija esa edad como límite máximo, dejando a cada Estado la libertad de establecer su propio tope. Actualmente, las 19 semanas de permiso por maternidad o paternidad se distribuyen así: seis deben tomarse inmediatamente después del nacimiento o la adopción; once pueden disfrutarse de forma flexible hasta que el hijo cumpla un año; y las dos restantes, hasta los ocho años. El permiso de lactancia puede utilizarse hasta que el menor tenga doce meses. En el caso de las familias monoparentales, el permiso total asciende a 32 semanas: seis tras el nacimiento o adopción, 22 hasta que el niño cumpla un año y cuatro adicionales hasta los ocho años.

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(El Economista, 21-10-2025) | Laboral

El extraño caso de los despidos en España: ¿por qué el récord de ceses no eleva el paro?

El comportamiento de los despidos en España es extraño. En los ocho primeros meses del año se produjeron 1,35 millones de bajas de afiliación al Régimen General de la Seguridad Social por cese (de los que 678.965 fueron despidos propiamente dichos y otras 677.136 extinciones de contrato por no superar el periodo de prueba). Suponen un 99,9% más que entre enero y agosto de 2021. Sin embargo, este récord no ha tenido traslación a las cifras del paro, todo lo contrario: en estos casi cuatro años el número de personas que perdido su empleo tras sufrir un cese ha caído un 43%. En el segundo trimestre de 2025, las personas que habían pasado al paro o la inactividad por esta causa sumaban un total de 583.100, frente a los 1,03 millones del mismo periodo de 2021, según los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa. Una evolución que parece contradecirse con la que revelan los registros de asalariados. Un auge de los despidos no tiene por qué traducirse en incremento del paro. En el caso de España, la contradicción se puede explicar por el buen momento del ciclo económico, que eleva las oportunidades laborales o el hecho de que el descenso de los empleos temporales haya reducido la temporalidad, con lo que la mayor estabilidad (y menor rotación) de los empleos compensa el impacto del aumento de los ceses. Sin embargo, sí debería afectar a la composición del desempleo. Es decir, más despidos se traducirían en un mayor número de parados que ha perdido su empleo por esta causa. Además esta suele ser más inesperada para el afectado que la caducidad de puesto de trabajo al cumplir la fecha prevista, lo que se traduce en que tardan más en encontrar otro empleo. Sin embargo, el cotejo entre los datos de afiliación y los de la Encuesta de Población Activa revela que esto tampoco afecta a las cifras de desempleo. De esta forma, la evolución de las personas en paro y la de los ceses registran una notable brecha desde la pandemia. En el siguiente gráfico se aprecia con claridad cómo a finales de 2021, según la pandemia va quedando atrás, el número de parados por causa de un despido se estabiliza pese a que las bajas de afiliación por un cese (incluyendo por no superar el periodo de prueba) repuntan con mayor intensidad. Este comportamiento es muy difícil explicar sin pensar en el efecto de la reforma laboral en la calidad efectiva de los nuevos empleos indefinidos. Si hay más despidos pero no se destruye más empleo (y de hecho la ocupación crece) implica que hay una mayor volatilidad entre los fijos que antes. Así, lo que es buena noticia para la economía y el mercado laboral, puede no serlo tanto para los trabajadores. ¿Cómo se obtienen estos datos? Nuestro país tiene varias estadísticas que analizan las causas (y las consecuencias) de la extinción de empleo. La más antigua (y la única que se actualiza mensualmente) la implementó en 2012 la Tesorería General de Seguridad Social, a partir de los códigos que usan las empresas para clasificar las bajas de afiliación. Entre ellas se recogen cinco tipologías consideradas explícitamente como despido (disciplinario individual, colectivo, declarado improcedente y objetivo por causas atribuible a la empresa o al trabajador). Sobre las bajas por no superar el periodo de prueba, solo se consideran como tales aquellas a iniciativa de la empresa, ya que cuando el que decide es el trabajador entran en otra categoría, las de las dimisiones. La idea tras estos cambios era medir mejor el impacto de la reforma laboral de 2012 en las extinciones de empleos, aunque los datos han pasado desapercibidos prácticamente hasta casi una década después. La segunda métrica la pone en marcha el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2020, coincidiendo con la pandemia. El objetivo era entender los motivos de destrucción de empleo en un momento de intenso 'shock' sobre el mercado laboral, clasificando los motivos por las que las personas perdían su empleo y pasaban al paro o a la inactividad. En este caso, los despidos sí incluyen las bajas no voluntarias por no superar el periodo de prueba, lo que eleva la cifra de afectados por cese a una media trimestral de 316.200 parados y 266.900 inactivos. Aunque las cifras absolutas de bajas por despido o periodo de prueba no implican una correspondencia con el 'stock' de desempleo (ya que muchos afectados pueden encontrar rápidamente un empleo y no quedan recogidos por la EPA como desempleados), al compararlas se aprecia es un fenómeno extraño: antes de la reforma, con muchos menos despidos registrados, el número de parados era mayor que el de los ceses. Aunque hay que tener en cuenta que 2021 es un momento aún marcado por la pandemia.

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(El Periódico, 21-10-2025) | Laboral

La empresa familiar clama contra el absentismo laboral

Los cien grandes grupos empresariales que integran el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) -entre ellos Mercadona, Inditex, Puig, Acciona, Gestamp o Barceló-, cuya facturación conjunta equivale al 16% del PIB español, han alzado la voz este lunes contra el absentismo laboral y la parálisis legislativa, a los que consideran las principales amenazas para la competitividad de sus negocios. Este fue el mensaje central que surgió de la encuesta interactiva realizada entre los 500 empresarios presentes en la inauguración del XXVIII Congreso del Instituto de la Empresa Familiar, celebrado en Burgos. En un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza y la tensión comercial global heredada de la era Trump, los empresarios centraron su atención en tres problemas internos que, a su juicio, frenan el progreso económico de España. El absentismo laboral fue identificado como el mayor riesgo por el 55% de los participantes, seguido muy de cerca por la dificultad para encontrar trabajadores cualificados (52%). El presidente del IEF, Ignacio Rivera, advirtió que el absentismo "ya alcanza al 7,4% de los trabajadores, el doble que la media europea", y subrayó la necesidad de "analizar y actuar" para reducirlo, ya que "es clave para mantener la competitividad frente a otros países". El tercer factor de preocupación, señalado por el 51% de los encuestados, fue la excesiva regulación. Según explicó uno de los empresarios consultados, los problemas regulatorios derivan tanto de la sobrerregulación europea -especialmente en materia de transición verde- como del bloqueo político interno que ha dificultado en los últimos años la aprobación de Presupuestos Generales del Estado y de nuevas leyes por la falta de consensos parlamentarios. Estas inquietudes surgen en un momento de cambio de ciclo económico, tras tres años de fuerte crecimiento del PIB, período en el que España se ha consolidado como una de las economías más dinámicas entre las desarrolladas, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). No obstante, las expectativas empresariales son más prudentes. El 48% de los encuestados prevé para el próximo año un crecimiento moderado con escasa creación de empleo, mientras que el 47% anticipa una ligera expansión sin aumento neto del empleo. Solo un 5% confía en un crecimiento sólido tanto en actividad como en ocupación. Este clima de cautela contrasta con el optimismo del Gobierno, que basa su previsión en la buena evolución del empleo -con más de 22 millones de cotizantes registrados-. En la encuesta, los empresarios valoraron la situación económica actual de España con una puntuación media de 5,66 sobre 9, una ligera mejora respecto al 5,55 del año pasado y el nivel más alto desde 2018. Pese a la incertidumbre macroeconómica, las empresas familiares mantienen perspectivas positivas para sus propios negocios: el 61% espera aumentar sus ventas en 2026, el 32% prevé mantenerlas estables y solo un 7% anticipa una caída. En cuanto al empleo, el 39% planea ampliar su plantilla, el 52% mantenerla igual y únicamente un 9% contempla reducciones de personal.

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(El Periódico, 21-10-2025) | Laboral

El permiso por fallecimiento de diez días se podrá repartir a lo largo de cuatro semanas desde el día de la muerte del familiar

El Ministerio de Trabajo ha presentado a los agentes sociales su propuesta para modificar el Estatuto de los Trabajadores con el fin de ampliar el permiso por fallecimiento, una medida que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya había adelantado hace dos semanas. En concreto, el plan del Gobierno es extender este permiso a diez días, en lugar de los dos actuales -que pueden ser cuatro si se requiere desplazamiento- cuando fallece el cónyuge, pareja de hecho o un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Según el borrador del decreto, adelantado por la SER y confirmado por EL PAÍS, los trabajadores podrán repartir esos diez días a lo largo de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento del familiar. Además, el texto introduce nuevos permisos laborales, como un día para acompañar a una persona que reciba la eutanasia, 15 días para cuidar a un allegado en cuidados paliativos y la posibilidad de reducir la jornada laboral en ese mismo contexto. La propuesta implica modificar el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, que regula los descansos y permisos. El nuevo apartado establece "diez días hábiles por duelo" en caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta segundo grado de consanguinidad -padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos-. Para los familiares por afinidad (suegros, cuñados o yernos), se mantienen los dos días actuales, ampliables en caso de desplazamiento. En cuanto a la forma de disfrutar el permiso, el texto precisa que el trabajador podrá distribuir los diez días de forma continua o discontinua, dentro de un plazo de cuatro semanas desde la fecha del fallecimiento o desde la entrega de los restos mortales. Por otro lado, el decreto propone conceder hasta 15 días hábiles para el cuidado del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado que requieran cuidados paliativos. Este permiso podrá dividirse en dos periodos dentro de un plazo de tres meses, y solo podrá solicitarse una vez por cada persona atendida. Además, será compatible con otros permisos, como los concedidos por hospitalización o intervención quirúrgica. El Ministerio también plantea un nuevo permiso laboral de un día para acompañar a una persona que haya solicitado la eutanasia, si el trabajador ha sido designado expresamente para estar presente en ese momento. Asimismo, se amplían los supuestos de reducción de jornada por cuidados. Actualmente, esta posibilidad se limita a quienes atienden a menores de 12 años, familiares hasta segundo grado o personas con discapacidad. Con la reforma, también podrían acogerse quienes cuiden a su cónyuge, pareja o familiar en situación de cuidados paliativos, ya sea en hospital o en el domicilio. La propuesta se presenta como un documento inicial sujeto a negociación, aunque ya ha despertado reticencias por parte de la CEOE y del Ministerio de Economía, que piden valorar el impacto en las empresas. Cualquier cambio de este tipo requerirá modificar la ley, lo que supone su votación en el Congreso de los Diputados. Cabe recordar que la Cámara rechazó recientemente la reducción de jornada laboral, una de las iniciativas estrella de Díaz, aunque sí aprobó la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de hijos a 19 semanas. Otros proyectos impulsados por Trabajo -como la reforma de la indemnización por despido o el estatuto del becario- también necesitan el visto bueno del Parlamento, mientras que otras medidas, como la reforma del registro horario o la prohibición de que el salario mínimo absorba complementos salariales, podrían aprobarse por decreto.

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(Expansión, 20-10-2025) | Laboral

Trabajo lanza la negociación con patronal y sindicatos para endurecer los despidos

El Ministerio de Trabajo analiza una posible reforma de los despidos improcedentes, partiendo de la idea de que el actual sistema de indemnizaciones fijas no cumple con un efecto disuasorio para las empresas ni compensa adecuadamente el daño sufrido por los trabajadores afectados. Pese a la evidente debilidad del Gobierno de coalición, que le ha dificultado la aprobación de sus principales reformas y proyectos normativos, la intención de agotar la legislatura le impulsa a mantener abiertas negociaciones que le permitan avanzar en su agenda política. Ese impulso, liderado especialmente por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz -muy activa en la promoción de reformas laborales-, se traduce ahora en la apertura de una nueva mesa de diálogo con los agentes sociales para debatir un posible endurecimiento de los despidos improcedentes en España. Esta iniciativa supone una segunda prueba para la ministra de Trabajo tras el revés sufrido con la reducción de la jornada laboral -que intentó compensar mediante la aprobación del nuevo y más estricto reglamento de control horario-. No obstante, tanto la complejidad del tema como el contexto parlamentario actual dificultan la posibilidad de materializar una reforma legislativa de calado. En dicha mesa de diálogo, que reunirá a las patronales CEOE y Cepyme junto con los sindicatos UGT y CCOO, se pretende definir medidas que adapten la actual normativa de indemnización -33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades- a lo establecido en la Carta Social Europea. Concretamente, al artículo 24, que reconoce el derecho de los trabajadores despedidos sin causa justificada a recibir una compensación adecuada o una reparación apropiada. Las denuncias que UGT y CCOO presentaron en 2022 ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) se apoyan en la presunta vulneración de dicho artículo. Ambas fueron resueltas en 2024 y 2025, con pronunciamientos contrarios a la legislación española. El Comité consideró que el actual sistema de indemnización no repara debidamente los perjuicios sufridos por los trabajadores ni disuade a las empresas de realizar despidos injustificados, instando al Gobierno a emprender reformas legales. Atendiendo a esta recomendación, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha recogido el guante para impulsar una reforma que incremente la protección de los trabajadores y eleve el coste de los despidos improcedentes, con el objetivo de que resulten más compensatorios y disuasorios. Sin embargo, tanto los expertos como los agentes sociales advierten de la dificultad de concretar estos principios en la legislación vigente. Además, una reciente sentencia del Tribunal Supremo -que rechaza la posibilidad de elevar las indemnizaciones por vía judicial- complica aún más la negociación. Cabe recordar que, en los últimos años, varios tribunales habían dictado indemnizaciones superiores basándose en la Carta Social y en las circunstancias particulares de cada caso. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha celebrado públicamente la decisión del Supremo, destacando la seguridad jurídica que proporciona el actual sistema tanto para las empresas como para los trabajadores. En la misma línea, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha advertido de que endurecer las condiciones de despido podría aumentar la rigidez del mercado laboral en un contexto de incertidumbre global, dificultando posibles ajustes de plantilla y poniendo en riesgo la estabilidad de las empresas.

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(Expansión, 20-10-2025) | Laboral

Sánchez defiende ante los socialistas europeos un salario mínimo común para toda la UE

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, defendió este sábado, durante el Congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), la creación de un salario mínimo común para todos los países de la Unión Europea (UE). En la clausura del encuentro, Sánchez instó a las formaciones socialistas europeas a movilizarse frente al avance de la ultraderecha mediante políticas que den respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. En este contexto, el jefe del Ejecutivo español propuso establecer un salario mínimo europeo que garantice unas condiciones de vida dignas para todos los trabajadores del continente. "Depende de nosotros asegurar que la Unión Europea ofrezca una vida mejor a sus ciudadanos, incluido un salario mínimo común en todos los Estados miembros", afirmó ante los centenares de delegados socialistas reunidos en el cónclave. Sánchez subrayó la importancia de reforzar el pilar social europeo, advirtiendo de que los derechos laborales y de las clases medias, conquistados a lo largo de décadas, "se encuentran hoy en peligro". Por ello, insistió en la necesidad de promover empleos dignos y situó su propuesta de un salario mínimo europeo dentro de ese compromiso. Además, el presidente abogó por proteger la sanidad y la educación públicas, facilitar el acceso a la vivienda, garantizar un aire más limpio mediante la transición energética y reducir las desigualdades sociales que persisten en la Unión Europea.

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(El País, 20-10-2025) | Laboral

El Gobierno propone congelar las cuotas de los autónomos que tienen menos ingresos

La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha respondido en una entrevista en 'El País' a las críticas recibidas por el incremento de cuotas diciendo que es sólo una propuesta. Una propuesta que rectifica con la congelación de las cuotas, pero sólo para los tres tramos más bajos, porque para el resto, mantiene la subida anunciada hace una semana. No había despertado el anuncio mucho consenso, de entrada, porque se ganó el rechazo de las principales asociaciones de autónomos como ATA. Tampoco contaba con muchos aliados entre sus socios de investidura como ERC, Junts y el BNG, que ya han dicho que, si esa es la propuesta, votarán en contra. "Estamos hablando de una propuesta. Hoy en día un autónomo que haya trabajado toda la vida, cuando llega a la jubilación va a cobrar 650 euros menos que un asalariado. Eso es inconcebible. Y la única manera de paliar esa brecha es a través de las cotizaciones. Yo misma me puse detrás de la pancarta, cuando era autónoma, en los gobiernos de [José María] Aznar, reivindicando esa cotización por ingresos reales, que no es más que cotizar por lo que uno gana. Eso se solucionó en 2022 con una ley votada en el Congreso con 260 votos a favor, incluidos los votos del PP. Aquella ley fue también respaldada por todas las asociaciones más representativas de los autónomos (ATA, UPTA y Uatae).", explicó la ministra. También desde Sumar, con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz a la cabeza cuestionan la medida, mientras que hoy el Ministerio de Seguridad Social trasladará esta nueva propuesta a los agentes sociales, es decir; a la patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos. La ministra ha asegurado en la entrevista que el Gobierno prorrogará las tarifas actuales si no logra respaldo parlamentario y que aún no han hecho un cálculo de impacto recaudatorio. Al ser preguntada sobre si puede garantizar que se va a mantener el modelo de cotización por ingresos reales pactado en la reforma de 2022, la ministra ha asegurado que la única manera de paliar la brecha entre lo que un autónomo cobrará de jubilación con lo que cobra un asalariado son las cotizaciones reales. Ha resaltado que la ley de 2022 fue respaldada por todas las asociaciones. En cuanto a la subida de la cuota de autónomos a un 40% de autónomos con ingresos muy bajos, ha explicado que es "absolutamente sensible con la parte más baja de las tabla, con los trabajadores más vulnerables, de menores ingresos" y que por eso están trabajando en otra propuesta, que consiste en la congelación de los tres primeros tramos de la tabla, la denominada reducida.

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(El País, 20-10-2025) | Laboral

Díaz cree que la subida de las cuotas a autónomos penaliza a las rentas bajas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reiteró este jueves su oposición a la propuesta de aumento de cuotas presentada por el Ministerio de Seguridad Social a los agentes sociales. Desde Bruselas, la ministra criticó que el planteamiento "penaliza especialmente a los autónomos con rentas más bajas", y defendió que, en una política de cotizaciones progresiva, "la progresividad debe comenzar por las rentas más altas". Díaz advirtió que Sumar no apoyará la iniciativa si se mantiene en los términos actuales: "Si esta propuesta sigue adelante, nuestro grupo político no la respaldará. No compartimos que se castigue a quienes menos ganan", afirmó. La medida, recordó, debe recibir la convalidación del Congreso para entrar en vigor. Por su parte, el Ministerio de Seguridad Social señaló que se trata solo de una propuesta inicial, que seguirá siendo debatida con los agentes sociales. El departamento explicó que seis de cada diez autónomos con menores ingresos decidieron sobrecotizar en 2023 para mejorar sus prestaciones, motivo por el cual se propuso un aumento mayor en esos tramos. Díaz ya había mostrado su rechazo el martes, un día después de que la propuesta se presentara oficialmente. Entonces insistió en que las cuotas deben "estar ligadas directamente a los ingresos reales" y que "la progresividad tiene que empezar por arriba". El plan del Ministerio establece un incremento desigual de las cuotas: los autónomos con rendimientos netos inferiores a 670 euros mensuales verían una subida del 8,5% en 2026 (de 200 a 217 euros), mientras que quienes ganan entre 1.167 y 1.300 euros pasarían de 291 a 302 euros, un aumento más moderado del 3,78%. A partir de ese nivel, los incrementos se hacen más pronunciados. En el tramo más alto -para autónomos con ingresos netos de más de 6.001 euros- la subida alcanzaría el 34,9%. Pese a ello, el Ministerio argumenta que el ajuste en los tres tramos inferiores responde al último proceso de regularización, en el que un 60% de los autónomos de menor renta optó voluntariamente por cotizar más de lo exigido. "Esa fue la base sobre la que elaboramos la propuesta", explican fuentes del departamento, que añaden que la "sensibilidad" hacia los colectivos más vulnerables "ha sido, es y será máxima". Desde Seguridad Social se pide "calma y diálogo", recordando que esta es una propuesta de partida abierta a modificaciones: "El Gobierno mantiene un contacto constante con todos los representantes y está dispuesto a seguir buscando consensos", señalaron fuentes del ministerio. Mientras tanto, la asociación de autónomos ATA, vinculada a la CEOE, ha mostrado un rechazo frontal al plan, mientras que las organizaciones vinculadas a los sindicatos reconocen que se deben introducir ajustes, aunque confían en alcanzar un acuerdo. El departamento que dirige Elma Saiz considera que la iniciativa da continuidad al acuerdo de 2022, firmado por sindicatos y patronales, cuyo objetivo era que los autónomos coticen según sus ingresos reales, adaptando el sistema a la nueva realidad del trabajo por cuenta propia. Según el ministerio, la transición será gradual y culminará en 2032, cuando las cotizaciones reflejen exactamente los ingresos de cada trabajador autónomo.

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