La Comisión de Trabajo aprobó este martes la Ley Integral de Impulso a la Economía Social, un proyecto que llevaba más de un año pendiente en el Congreso y que ha salido adelante gracias al apoyo de Junts, que ha condicionado su voto a garantizar las competencias de Cataluña en esta materia. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, agrupa en un único texto las leyes vigentes de Economía Social, Empresas de Inserción y Cooperativas, y eleva hasta el 15% la cuota de contratación pública reservada a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas.
Junts ya había avanzado que permitiría la aprobación de esta ley, puesto que fue negociada con anterioridad a su ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez, igual que otras cuatro normas (entre ellas, la de Empleo, Movilidad Sostenible, Atención al Cliente y la del sector Cinematográfico). La formación presentó 28 enmiendas al proyecto, que tras superar este trámite será remitido al Senado. PP y Vox votaron en contra, criticando que se deje fuera al sector privado de los Centros Especiales de Empleo.
El departamento que dirige Yolanda Díaz celebró la luz verde del Congreso, destacando que la ley modernizará el funcionamiento interno de las cooperativas mediante la incorporación de nuevas tecnologías, permitirá desarrollar planes de igualdad adaptados a estas entidades, impulsará un cooperativismo más dinámico, reforzará la vivienda en cesión de uso, el comercio justo y las comunidades energéticas, incrementará del 10% al 15% la contratación pública reservada y asegurará la existencia de estadísticas actualizadas sobre la Economía Social.
Además, el texto -que podría ser vetado por el PP en el Senado y volver al Congreso para una segunda votación- amplía la definición de colectivos vulnerables que pueden acceder a contratos de inserción. El Gobierno ha incorporado de forma expresa a la población gitana y a quienes provengan de procesos de regularización. También concreta con mayor precisión qué entidades integran el tercer sector y la Economía Social.
El sector servicios sigue liderando la creación de empleo en España, seguido por ámbitos tradicionales como el comercio y la construcción. También la industria alimentaria muestra un notable dinamismo en el último año. Aunque en el tercer trimestre de 2025 se generaron 118.400 nuevos empleos -el incremento más moderado para este periodo desde antes de la pandemia, solo superado por los 69.400 puestos creados entre julio y septiembre de 2019-, el mercado laboral continúa siendo el principal motor del crecimiento económico. En los últimos doce meses se han sumado 564.100 ocupados y el número total de personas trabajando alcanzó los 22,38 millones en septiembre, el nivel más alto registrado según la Encuesta de Población Activa del INE.
Este buen comportamiento del empleo ha contribuido decisivamente a las revisiones al alza de las previsiones económicas realizadas en los últimos meses por organismos internacionales como el FMI, la OCDE y la Comisión Europea (todas con un 2,9%), así como por instituciones nacionales como el Banco de España (2,6%), la Airef (3%) y el Gobierno (2,9%). El crecimiento interanual del empleo, del 2,6%, explica buena parte de estas mejoras.
De las 99 ramas de actividad que recoge la CNAE, 58 presentaron un balance positivo en el tercer trimestre. La distribución sectorial del empleo muestra, no obstante, una notable variedad. A la cabeza se sitúan los servicios sociales sin alojamiento, que han aumentado su ocupación un 17,2% en un año, lo que supone 53.400 empleos adicionales. Este crecimiento está ligado al envejecimiento de la población y a la mayor demanda de cuidados, tanto domiciliarios como en centros, para personas mayores o con discapacidad. Incluye actividades como atención en el hogar, asesoramiento y servicios de bienestar.
En segundo lugar aparece la venta y reparación de vehículos y motocicletas, con 47.800 empleos más (+14,8%). El tercer puesto es para el comercio minorista, uno de los sectores más relevantes para el mercado laboral, impulsado en este periodo por la temporada turística. Suma 46.800 nuevos ocupados (+2,3%) y supera los 2,07 millones de trabajadores. En general, los servicios siguen concentrando buena parte de la fortaleza del empleo. Entre los ocho sectores que más crecen se encuentran también los servicios a edificios y jardines (+46.300) y otros servicios personales (+37.800).
A partir de estas posiciones, se amplía la diversidad sectorial. En quinto lugar figura el almacenamiento, con 37.800 empleos más, seguido muy de cerca por la industria alimentaria, que ha creado 35.100 puestos. La construcción vuelve a cobrar protagonismo. La construcción especializada ocupa el octavo lugar, con 33.700 nuevos empleos, mientras que la edificación aparece en el puesto once, con un incremento de 27.600 trabajadores. La elevada demanda de vivienda y su escasez apuntan a que este sector seguirá siendo clave en los próximos años.
También superan los 30.000 empleos creados las actividades sanitarias (+32.300) y las profesionales, científicas y técnicas (+31.900). Aunque los motores del empleo son muy diversos, los diez principales sectores concentran el 43% del empleo generado por las 58 actividades con saldo positivo.
En una tercera franja destacan actividades que han creado entre 20.000 y 30.000 empleos en el último año, como la fabricación de productos metálicos (+27.200), las actividades deportivas y recreativas (+26.600), la agricultura, ganadería y caza (+24.500), las actividades inmobiliarias (+23.200), la fabricación de vehículos (+20.700), la administración de oficinas (+20.300) y la consultoría de gestión empresarial (+20.000).
Otro dato relevante del informe del INE es el papel de la inmigración en la creación de empleo: de los 564.100 nuevos ocupados, 225.500 son extranjeros, es decir, el 40% del total. En cuanto a la calidad del empleo, se observa una mayor estabilidad: todo el aumento de asalariados -442.800 más en un año- se concentra en puestos indefinidos. Los contratos temporales, por el contrario, disminuyeron en 87.800, situando la tasa de temporalidad en el 15,5% entre julio y septiembre.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha lamentado la falta de una "cultura del esfuerzo" en determinados sectores que requieren "miles" de empleados, como la hostelería, la construcción o el transporte. Según ha afirmado, se trata principalmente de una cuestión de "actitud", ya que, si se contaran "realmente", en España habría tres millones de personas en paro. También ha criticado las elevadas tasas de absentismo laboral y ha señalado que muchas bajas se concentran los lunes y los viernes.
Durante la inauguración de la cumbre empresarial Liderando en incertidumbre, celebrada en Vitoria, Garamendi ha analizado el contexto económico y ha admitido que tanto la economía española como la vasca atraviesan un buen momento, aunque persisten -a su juicio- problemas estructurales que no se están afrontando adecuadamente.
En esta línea, ha reiterado su idea de que en la sociedad falta "cultura del esfuerzo", un mensaje que repite desde hace tiempo. En septiembre ya generó polémica al comparar el esfuerzo laboral con el de deportistas como Carlos Alcaraz: "¿Crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana? No. Eso es la cultura del esfuerzo, de sacrificarse, de saber lo que se pierde y lo que se gana". Este viernes, insistió en que, pese a que en España habría tres millones de parados si se contaran todos -incluidos los fijos discontinuos durante sus periodos de inactividad-, siguen faltando trabajadores en sectores clave, lo que, según él, obedece a un problema de actitud.
Los fijos discontinuos, aunque no figuran como desempleados porque mantienen una relación contractual, pueden encontrarse sin actividad durante meses y cobrar prestaciones, especialmente en ámbitos como la hostelería. Mientras tanto, aunque patronales y sindicatos coinciden en que faltan profesionales en algunas áreas, los datos de Eurostat sitúan a España entre los países europeos con menor número de vacantes laborales.
Garamendi ha puntualizado que habla de empleos regulados por convenios colectivos en los que no se logra cubrir puestos, y ha criticado que parte de la población rechace la posibilidad de permitir la llegada de trabajadores extranjeros "que sí quieren venir a trabajar", una solución que defiende la patronal.
El dirigente empresarial también ha cargado contra el absentismo, señalando que, según sus datos, cada día un millón y medio de personas no acuden a su puesto, con un gran número de bajas concentradas en lunes y viernes. En fechas recientes, el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, incluso acuñó el término "bajaciones". Sin embargo, las estadísticas oficiales no detallan qué días de la semana registran más ausencias.
Este discurso ha sido duramente contestado por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. En verano, CC OO lanzó una campaña titulada No ejerzas tus derechos, en la que criticaba que las patronales utilicen el concepto de absentismo de forma "malintencionada y perversa". El sindicato, en línea con UGT, sostiene que se mezclan bajas médicas, permisos justificados y ausencias fraudulentas, sin tener en cuenta factores como el envejecimiento de la población trabajadora o los retrasos en la atención sanitaria, que explican el aumento de las incapacidades temporales.
Por último, Garamendi ha vuelto a reprochar a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que les acuse de cargar costes laborales relacionados con bajas por motivos de salud mental, afirmando que les está aplicando "la motosierra".
Las tensiones entre CEOE y el Ministerio de Trabajo se han intensificado en las últimas mesas de diálogo social: la patronal ha anunciado que no participará en las negociaciones sobre la reforma de la indemnización por despido, mientras que el ministerio ha dado por concluida su presencia en las conversaciones sobre prevención de riesgos laborales y la ampliación de permisos por fallecimiento, debido a las discrepancias con las propuestas empresariales.
La edad legal para acceder a la jubilación ordinaria aumentará dos meses en 2026, situándose en 66 años y diez meses. Este será el último ajuste dentro del periodo transitorio iniciado en 2013 para alcanzar los 67 años, y coincidirá además con la puesta en marcha del nuevo sistema de cálculo de la pensión. Durante todo 2026, esa será la edad necesaria para retirarse con el 100% de la pensión, aunque seguirá siendo posible jubilarse a los 65 años sin recortes si se acreditan 38 años y 3 meses de cotización.
Desde 2013 y hasta 2027, la edad ordinaria de jubilación ha ido aumentando gradualmente desde los 65 hasta los 67 años, conforme a la reforma pactada en 2011 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con los empresarios y los sindicatos. Además, 2026 será el primer año en el que comenzará a aplicarse el "régimen dual" para el cálculo de la pensión, introducido en la reforma impulsada por José Luis Escrivá, actualmente gobernador del Banco de España.
Este nuevo sistema permitirá que, a partir de 2037, cada persona pueda escoger entre dos fórmulas de cálculo: tomar los últimos 29 años de cotización, excluyendo los 24 meses con peores cotizaciones, o mantener el criterio actual de los últimos 25 años. La transición hacia este modelo se hará de manera progresiva durante 12 años y arranca en 2026, cuando el cálculo podrá hacerse con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), pudiendo descartar dos meses, o seguir usando los 25 años vigentes.
El año 2026 también traerá un nuevo incremento en la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pasará del 0,8% al 0,9%. De este porcentaje, el 0,75% lo asumirá la empresa y el 0,15% el trabajador. Este recargo tiene como finalidad reforzar los ingresos del sistema ante el aumento del gasto derivado de la jubilación de la generación del "baby boom". La intención es que alcance el 1,2% en 2029 y permanezca en ese nivel hasta 2050.
Respecto a la denominada "cuota de solidaridad", un recargo aplicado a los salarios más altos que comenzó a aplicarse en 2025, supondrá una aportación adicional de entre el 1,15% y el 1,46%, y también irá aumentando gradualmente hasta 2045. Además, la base máxima de cotización subirá en 2026 un 3,9 % (la inflación más 1,2 puntos), situándose alrededor de los 4.922 euros mensuales.
Las pensiones mínimas y las no contributivas volverán a incrementarse por encima de la inflación media, ya que la Seguridad Social debe aplicar subidas adicionales para seguir acercando estas prestaciones al umbral de la pobreza. Según establece la última reforma, estas pensiones -percibidas por unos 2,5 millones de personas- deberán aumentar más que el resto en 2026, superando el 2,7% correspondiente a la inflación media.
El objetivo para las pensiones mínimas es que en 2027 alcancen un nivel equivalente al 60% de la renta mediana de un hogar formado por dos adultos, mientras que las no contributivas deberán llegar al 75% del umbral de pobreza estimado para una persona sola. Además, la reforma fijó que desde 2025 la cuantía máxima de la pensión contributiva inicial se actualizará cada año según la inflación, sumando un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales anuales hasta 2050. Si en 2025 la pensión máxima era de 3.267 euros mensuales, ese aumento extra hará que en 2026 se sitúe aproximadamente en 3.361 euros.
A esto se suma una población extranjera que continúa creciendo y que asegura el relevo generacional, además de sostener la actividad de numerosos sectores productivos donde también trabajan ciudadanos nacionales. No obstante, estos datos tienen matices importantes. Así lo ha señalado Carlos de la Torre, socio laboral de Andersen y vicepresidente de ADiReLab, durante la conferencia inaugural de la jornada RRHH: La hoja de ruta del empleo de calidad, organizada por elEconomista.es.
"Hay cifras que merece la pena analizar con detalle. Estamos observando una rotación y una inestabilidad muy elevadas en los contratos, así como un aumento significativo de los fijos discontinuos, que según algunas estimaciones podrían alcanzar el millón, y que además no se contabilizan como desempleo registrado", ha explicado De la Torre.
En este contexto, el especialista ha expuesto los diez desafíos que, a su juicio, enfrenta actualmente el mercado laboral: el nuevo reglamento de extranjería, la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de recursos humanos, el registro digital de jornada, la normativa sobre despido, el impacto laboral de la ley de industria, el edadismo, la salud laboral y el absentismo, la conciliación, la negociación colectiva y la eficiencia procesal.
Para el socio laboral de Andersen, uno de los retos fundamentales depende de las decisiones que adopten el Gobierno y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. "Parece existir una intención implícita de abandonar la negociación colectiva y recurrir a decretos para legislar. Creo que eso sería un paso atrás y nos conduciría a un mercado laboral peor", ha advertido.
Según De la Torre, imponer normas sin acordarlas con los agentes sociales generará desconfianza en las empresas, los inversores y los accionistas, debilitando la credibilidad del sistema. Otro aspecto delicado es el registro horario, que puede acarrear sanciones de hasta 7.500 euros para las compañías que no cumplan. "El Congreso rechazó la reducción de jornada, pero ha aprobado el reglamento del registro horario. Esto supone una intromisión en la libertad empresarial y añade rigidez innecesaria", ha criticado.
También ha destacado el papel creciente de la inteligencia artificial, que está transformando los modelos de negocio y los planes estratégicos, así como los propios puestos de trabajo. "Será necesario formar a los trabajadores para que aprovechen la IA y mejoren su productividad. Además, la IA ofrece grandes oportunidades en los procesos de Recursos Humanos", ha apuntado.
Sin embargo, ha recordado que su uso en este ámbito está sometido a una estricta regulación europea, dado que se considera de alto riesgo. Está prohibido, por ejemplo, en sistemas biométricos. "Es imprescindible cumplir con el reglamento europeo de protección de datos y con la normativa comunitaria sobre inteligencia artificial. Esa 'caja negra' que hay detrás de la IA debe comunicarse tanto a la representación legal de los trabajadores como a los empleados afectados si se utiliza en selección, contratación o remuneración", ha aclarado.
Otro reto importante tiene que ver con el envejecimiento de la fuerza laboral. El edadismo sigue siendo un problema estructural: este grupo afronta un paro de larga duración, escasez de incentivos para su contratación, dificultades para compaginar empleo y pensión y numerosos procesos de desvinculación anticipada.
"Es un asunto muy complicado. Las empresas están prescindiendo de trabajadores mediante despidos colectivos; ahora mismo, hay compañías del Ibex con media docena de ERE abiertos. Esto es legal, pero existen dos palancas que permiten evitar la discriminación por edad: la voluntad de las empresas y la negociación durante los periodos de consultas. Desde Andersen participamos en programas de prejubilaciones, pero, pese a nuestras recomendaciones y a las herramientas legales, las salidas siguen concentrándose en empleados de 50 años o más", ha advertido.
El impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral no solo está transformando los puestos de trabajo, sino también la manera en que los empleados afrontan su propio futuro profesional. Un informe reciente de LinkedIn revela que el 56% de los trabajadores de pequeñas empresas admite que "el auge de la IA" les ha llevado a replantearse caminos profesionales que antes no contemplaban, incluido el emprendimiento. En este sentido, la automatización de tareas se percibe más como una oportunidad que como una amenaza, convirtiendo a la IA en un "gran igualador" tanto entre compañías como entre profesionales.
Según el estudio, el 67% de los empleados de pymes cree que esta tecnología mejorará su día a día laboral. Un 40% ya la utiliza para actividades rutinarias -como redactar correos, sintetizar notas o buscar información- y un 27% la emplea en funciones más avanzadas, desde el diseño de estrategias hasta el análisis de datos o el manejo de agentes de IA. Además, seis de cada diez afirman estar formándose en su uso a través de programas ofrecidos por sus propios empleadores.
Estos datos muestran con claridad cómo la inteligencia artificial está influyendo en los trabajadores de un ecosistema empresarial compuesto en un 98% por pymes. LinkedIn apunta, de hecho, que la IA está impulsando aún más la inclinación de los españoles hacia el emprendimiento: casi un 30% manifiesta querer trabajar por cuenta propia "en un futuro cercano", y los perfiles que incluyen el cargo de "fundador" se han duplicado desde 2022.
El informe subraya que la inteligencia artificial actúa como un "gran nivelador", lo que explica su rápida implantación en pequeñas empresas. La IA permite automatizar tareas de atención al cliente, generar contenidos de marketing, agilizar procesos de selección y apoyar decisiones estratégicas mediante datos que antes solo estaban al alcance de grandes corporaciones. Por eso, un 73% de las pymes cree que esta tecnología permitirá a los negocios pequeños competir por encima de su tamaño real.
Las competencias en alfabetización en IA -es decir, la capacidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial con fines empresariales- están en pleno crecimiento. En España, las compañías de entre 11 y 50 empleados han incrementado estas habilidades un 69% respecto al año anterior, mientras que en las empresas de 51 a 200 empleados el aumento es del 56%.
No obstante, tanto pymes como emprendedores son conscientes de que la visibilidad empresarial no puede depender exclusivamente de la automatización y necesita del componente humano. Según LinkedIn, el 72% de los profesionales de ventas considera que las personas contrastan la información con fuentes en las que confían: un 65% lo hace con clientes y socios, un 56% con expertos del sector y un 52% con creadores de contenido e influencers.
Otro factor clave es la creación de redes de contactos sólidas, un ámbito en el que España aún avanza más lentamente que otros países. Los profesionales de empresas de hasta 50 empleados aumentan sus conexiones en LinkedIn a un ritmo del 14%, frente al 16% registrado por los trabajadores de grandes compañías. Por ello, la recomendación de LinkedIn es contundente: "Cuanto más fuertes son las redes, mayor es el crecimiento".
Los sindicatos incluidos en la negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han llamado a los profesionales del Sistema Nacional de Salud a participar en una huelga indefinida a partir del 27 de enero, que se repetirá cada martes "el tiempo que haga falta". Así lo ha anunciado Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, durante una rueda de prensa en la que las organizaciones han denunciado que la ministra de Sanidad, Mónica García, no muestra voluntad de alcanzar un acuerdo "equitativo, útil y favorable para todos los trabajadores sin distinciones ni privilegios entre categorías profesionales".
Estos sindicatos critican que el Ministerio haya mantenido "negociaciones paralelas" con las organizaciones médicas, y reprochan a Sanidad que sea el único departamento capaz de unir a todo el ámbito sindical en un frente común que se ve obligado a convocar una huelga. "La inacción del Ministerio y la falta de respuesta están llevando a la sanidad pública a una situación límite", ha lamentado Ballell. Esta protesta se suma a los cuatro días de huelga convocados por los sindicatos médicos CESM y SMA -a los que se han añadido otros-, que reclaman un convenio específico para médicos y facultativos al margen del estatuto marco.
Las organizaciones del ámbito -en el que los médicos solo están representados a través de FSES- afirman que la ministra actúa con "deslealtad" al negociar por su cuenta con CESM y SMA. Según Ballell, lejos de avanzar, el Ministerio "ha entorpecido y retrasado" el proceso, alimentando una negociación paralela con entidades ajenas al ámbito oficial e ignorando a quienes representan "al 100% del personal estatutario del SNS". A su juicio, Sanidad ha renunciado a liderar la reforma legal, mostrando "falta de firmeza dentro del Gobierno de coalición, que cuando quiere, impulsa y aprueba cualquier norma".
Desde la última reunión celebrada el 6 de noviembre, tras casi tres años desde que se reabrió el proceso, los sindicatos aseguran no haber recibido información más allá de lo publicado en la prensa. "Una ley no puede tardar tanto en negociarse; la actitud del Ministerio es poco leal con el ámbito negociador", ha señalado la presidenta de Satse, Laura Villaseñor. La mesa busca mejorar las condiciones laborales de todo el personal del SNS, sanitario y no sanitario, "sin excepciones ni privilegios", pero Sanidad sigue sin aclarar aspectos clave como la jubilación anticipada, la reclasificación profesional o la jornada de 35 horas.
Villaseñor reconoce que una huelga "nunca es deseable", pero afirma que "las circunstancias y la deriva de la negociación" han obligado a dar este paso. Para Lucía García, de CCOO, el estatuto marco es "un traje que se ha quedado pequeño para nuestra sanidad". "Las excusas se han agotado y la paciencia de los profesionales también. No podemos seguir posponiendo la negociación; necesitamos compromisos claros y un plan definido para aplicar medidas que son de sentido común y de justicia", ha añadido.
Desde CSIF, Fernando Hontagas ha lamentado que la ciudadanía siempre acabe siendo la principal perjudicada. "Estos días vemos cómo faltan refuerzos frente a la epidemia de gripe, lo que provoca urgencias saturadas y cirugías aplazadas". Manuel Moreira, de CIG-Saúde, insiste en que "la sanidad pública está en crisis" y que aprobar un estatuto que dignifique las condiciones laborales del personal es esencial para ofrecer a la población la atención que merece.
El mercado laboral español suele mostrar debilidad en noviembre, cuando ya ha terminado la temporada turística y aún no arranca la campaña navideña. Este año ha seguido el mismo patrón, con la pérdida de más de 14.000 empleos. Sin embargo, hay un aspecto positivo: es un descenso menor que el del año anterior, cuando se destruyó el doble de puestos. Así, el número total de afiliados a la Seguridad Social alcanza los 21,82 millones, el nivel más alto registrado en un mes de noviembre. Paralelamente, el paro registrado baja en casi 19.000 personas -algo mejor que en el mismo mes del año pasado- y se sitúa en 2,42 millones, la cifra más reducida para un noviembre desde 2007. Combinando ambas tendencias, en los últimos doce meses se han creado 523.000 empleos y el número de personas desempleadas ha descendido en 161.000.
En noviembre se contabilizaron 14.359 afiliados menos que en octubre, lo que deja la media mensual en 21.825.233 trabajadores. Esto representa una caída mensual del 0,07%, más moderada que la de hace un año, cuando la afiliación retrocedió un 0,14% y se destruyeron unos 30.000 empleos. En 2023 se dio un descenso parecido al de este año: 11.600 afiliaciones menos (-0,06%). Antes de los años atípicos marcados por la pandemia -en los que noviembre incluso registró aumentos de empleo- las caídas eran más pronunciadas: en 2019 se perdieron 53.000 afiliaciones (-0,27%).
Aun con un peor dato en noviembre de 2024, aquel año cerró con un comportamiento muy positivo del empleo (+496.000 puestos). Y 2025 apunta mejor todavía: los 523.000 nuevos empleos suponen un crecimiento del 2,45%, un ritmo ligeramente superior al del año previo (+2,39%). Por sectores, el comportamiento sigue siendo el habitual de noviembre: la hostelería se desploma (-119.000 afiliados, -6,2%), mientras que la educación recupera efectivos tras el parón estival (+30.700, +2,2%). La caída en bares y restaurantes es similar a la de años anteriores, coincidiendo con el descenso de actividad propio del frío. Otro sector con descensos significativos es el de los marineros, que pierde 1.700 empleos (-2,73%).
El peso de la hostelería también se observa por territorios. Baleares, muy dependiente del turismo, sufre la mayor caída, con una reducción del 15% de sus afiliados en solo un mes. También retroceden Castilla y León (-0,63%) y Cantabria (-0,49%). En cambio, la afiliación avanza en Murcia (+0,88%), Madrid (+0,92%) y la Comunidad Valenciana (+1%).
Mientras tanto, el sector educativo suma casi 31.000 nuevos afiliados, alcanzando 1,44 millones de trabajadores, un nivel superior al registrado en mayo. También repuntan el comercio (+21.700, impulsado por el Black Friday), la construcción (+11.000) y el sistema agrario especial (+10.000). Destaca además el buen comportamiento de actividades de mayor valor añadido, como las científicas y técnicas (+6.600) y las vinculadas a la información y comunicaciones (+6.300).
Aunque estas variaciones responden en buena parte a factores estacionales, la visión anual permite identificar tendencias más estructurales. Los sectores que más empleo han generado en el último año son: sanidad y servicios sociales (+73.000), reflejo del envejecimiento poblacional; transporte y almacenamiento (+66.000), impulsado por el auge del comercio electrónico y el papel logístico de España; y la construcción (+59.000), en plena crisis de acceso a la vivienda. En términos relativos, transporte (+6%) e inmobiliarias (+5,4%) son los sectores que más crecen.
Los únicos ámbitos donde el empleo disminuye son el sistema agrario especial (-18.000), el empleo doméstico (-15.000) y la minería del carbón (-46 afiliados). Según el Ministerio de Seguridad Social, "tanto la ocupación juvenil como la de mayores de 55 años han crecido un 23% desde la reforma laboral, más del doble del 10,5% que ha avanzado el conjunto del mercado laboral". La ministra Elma Saiz destaca además que "el empleo sigue creciendo a un ritmo superior al de otras economías europeas y lo hace especialmente en sectores de alto valor añadido".
Los datos de afiliación se publican junto con las cifras de paro registrado del Ministerio de Trabajo, que muestran una reducción de 18.800 desempleados en noviembre (-0,77%). Es un mejor resultado que el de 2024 (-16.000; -0,62%), aunque peor que el de 2023 (-25.000; -0,89%). Antes de la pandemia era habitual que el paro aumentara en noviembre, incluso en años de expansión.
Por sectores, el paro cae en los servicios (-13.000; -0,73%), la industria (-1.550; -0,82%), la agricultura (-1.330; -1,74%), la construcción (-880; -0,51%) y entre quienes buscan su primer empleo (-2.000; -0,88%). Con ello, el paro registrado alcanza su nivel más bajo en un noviembre desde 2007. En el último año, el descenso acumulado es de 161.000 personas, un 6,23% menos. Para encontrar una caída mayor hay que remontarse a 2022, en pleno rebote tras la pandemia.
Trabajo destaca, además, que el paro juvenil baja en 5.476 personas -por debajo ya de los 190.000- y que se trata del nivel más bajo en un noviembre de toda la serie histórica. También subraya que el desempleo femenino continúa en mínimos desde 2007, con 1.466.095 mujeres registradas sin empleo.
El Ministerio de Trabajo ha dado un paso adelante en la elaboración de una normativa que aborda este tipo de situaciones. El departamento dirigido por Yolanda Díaz sometió este martes a audiencia pública un anteproyecto de ley que busca garantizar la protección de los empleados de estas compañías, de modo que quienes denuncien prácticas corruptas queden a salvo de represalias y no puedan ser despedidos por ello. Los ceses motivados por estas denuncias pasarían a considerarse nulos.
La iniciativa de Díaz implicaría modificar varios artículos del Estatuto de los Trabajadores, la norma fundamental que regula las relaciones laborales en España. En esencia, en distintos apartados que ya contemplan escenarios de protección para el empleado, se añade que dicha cobertura debe extenderse a "las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción".
Entre los cambios propuestos figura una reforma del artículo 4, que recoge los derechos básicos de los trabajadores. Si el proyecto prospera, el Estatuto incorporaría expresamente que el empleado no podrá ser discriminado -además de por las causas ya previstas, como estado civil, edad, origen, creencias, ideas políticas o identidad sexual- tampoco por "una revelación o comunicación de información conforme a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción".
La referencia a esta ley de 2023 es constante en el texto impulsado por Trabajo. Dicha norma incorporó al ordenamiento español la directiva europea en la materia y ya obliga a las empresas, entre otras medidas, a habilitar canales de denuncia anónimos. El anteproyecto ahora presentado profundizaría en estas garantías y ampliaría su alcance, dado que afectaría a todas las empresas, sin limitarse a las que cuenten con más de 50 trabajadores como ocurre en la ley vigente.
La propuesta estrella del Ministerio consiste en que la extinción del contrato o el despido del trabajador sea declarado nulo cuando esté relacionado con la revelación de irregularidades internas. Esto se aplicaría también a los periodos de prueba: la ruptura del contrato en ese tiempo sería "nula" si responde a la comunicación de prácticas corruptas en la empresa.
En coherencia con este enfoque, el borrador también prohíbe expresamente "las órdenes de discriminar y las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable o represalias" como respuesta a reclamaciones internas o acciones administrativas o judiciales destinadas a exigir igualdad de trato, así como a la presentación de información relevante sobre infracciones.
El preámbulo del anteproyecto subraya que es necesario "reforzar las garantías de indemnidad de la persona informante en el ámbito laboral", y sostiene que el sistema perdería eficacia si la única consecuencia ante un despido injustificado fuera la indemnización por improcedencia. Es decir, Trabajo entiende que esta reforma serviría para proteger realmente a quienes denuncien irregularidades y evitar que la reacción automática ante un aviso de corrupción sea la expulsión del denunciante con la indemnización máxima.
Díaz ya había adelantado en octubre su intención de acelerar esta reforma. "Vamos a hacer una reforma integral del despido para evitar las represalias ante denuncias de corrupción. Espero contar con el apoyo del PP, que está tan preocupado por la corrupción", afirmó en el Senado en respuesta a una pregunta del principal partido de la oposición.
Al tratarse de un anteproyecto de ley, su aprobación requiere el respaldo de la mayoría parlamentaria. El último intento de Trabajo por modificar el Estatuto -la reducción de la jornada semanal de 40 horas a 37,5- no salió adelante por el rechazo de PP, Vox y Junts. Aunque el grupo catalán apoyó la investidura de Pedro Sánchez, rompió el acuerdo hace un mes tras consultar a su militancia alegando varios "incumplimientos". Este martes, el presidente intentó acercar posiciones mediante algunas de las medidas comprometidas, pero Junts mantuvo su escepticismo.
Tal como adelantó este martes el presidente del Gobierno en varias entrevistas, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto que incorpora tres de las medidas reclamadas por Junts y que aún estaban pendientes de cumplimiento: la cesión a Cataluña de la competencia para gestionar las ofertas de empleo público, la autorización para que los ayuntamientos puedan invertir su superávit y el aplazamiento de la entrada en vigor del sistema Verifactu para pymes y autónomos.
Una cuarta medida, destinada a agilizar los procedimientos contra la okupación y a compensar a los propietarios ante posibles impagos, "se aprobará más adelante", según ha señalado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
El Ejecutivo transferirá a la Generalitat la competencia sobre las convocatorias de Oferta de Empleo Público, tal y como se pactó en la comisión bilateral del pasado febrero, un modelo que ya ha aplicado también el País Vasco. Según explicó Óscar López, este traspaso incluye los procesos de selección de los habilitados nacionales o funcionarios de la administración local, una competencia que Cataluña ya ejerció entre 2007 y 2013. En este cuerpo -integrado por secretarios, interventores y tesoreros municipales- existe actualmente un elevado número de vacantes, alrededor del 40%, y Cataluña es la comunidad con más plazas sin cubrir. De ahí que se trate de una de las principales demandas de Junts.
La segunda medida dirigida a satisfacer al partido independentista es la autorización para que comunidades autónomas y ayuntamientos empleen su superávit presupuestario en inversiones financieramente sostenibles. Estas actuaciones pueden incluir mejoras en el suministro de agua, alumbrado público, vivienda y programas de asistencia social.
La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha celebrado la decisión del presidente Pedro Sánchez de aprobar este decreto que "facilita y flexibiliza" las inversiones de las corporaciones locales, recordando que se trata de una reivindicación histórica del municipalismo.
"Pedro Sánchez acierta al rectificar tras escuchar a los ayuntamientos", ha afirmado la también alcaldesa de Jerez de la Frontera en un vídeo difundido por la FEMP en reacción al anuncio y a la aprobación del Real Decreto que flexibiliza las finanzas locales, una medida acordada con Junts.
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