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(La Vanguardia, 18-07-2025) | Laboral

El 73% de los economistas cree que la reducción de jornada perjudicará a las pymes

El Gobierno ha decidido aplazar hasta septiembre la tramitación parlamentaria de la ley que propone reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin disminución salarial, aplicable de forma generalizada a todos los sectores. La razón principal de este retraso es la falta de apoyos suficientes en el Congreso. Sin embargo, el diseño actual de esta medida ha generado inquietud entre los economistas. Según el Barómetro económico del primer semestre, elaborado por el Consejo General de Economistas y presentado este jueves, un 62% de los profesionales consultados considera que la reducción de jornada afectará negativamente a la productividad. En concreto, un 35% cree que tendrá un impacto "muy negativo" y un 26,7% opina que será "negativo". El argumento principal es que trabajar menos horas se traducirá en una menor capacidad de producción, lo que reducirá la productividad. Esta visión contrasta con la defendida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como por los sindicatos UGT y CCOO, quienes sostienen que jornadas más cortas incrementarán el bienestar de los trabajadores, lo que a su vez elevaría su rendimiento. Sin embargo, la mayoría de expertos cree que la mejora de la productividad debería ser el punto de partida antes de plantear una reducción del horario laboral. Además, consideran que estos ajustes deben negociarse por sectores dentro del marco de la negociación colectiva, como ha sido habitual históricamente. La preocupación es especialmente notable en el ámbito industrial: ocho de cada diez economistas del sector estiman que la productividad se verá afectada negativamente. Respecto al impacto que esta medida podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas, las previsiones tampoco son alentadoras. Un 72,6% de los economistas prevé consecuencias negativas para este tipo de negocios, que suelen tener menos margen para adaptarse a cambios normativos. Solo un 15% cree que no habrá alteraciones significativas y apenas un 12,6% vislumbra beneficios potenciales. Estas cifras reflejan un temor generalizado a dificultades operativas a corto plazo derivadas de la aplicación de la reforma. El retraso en la tramitación de la ley -inicialmente prevista para debatirse el 22 de julio- ha generado malestar entre los sindicatos, que han calificado esta decisión de "injustificada". Además, advierten de que la incertidumbre actual está afectando a las mesas de negociación colectiva, bloqueando avances debido a la falta de una normativa clara. De hecho, hace un año, ya se alertaba de este riesgo. UGT y CCOO han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian que muchas patronales están utilizando esta ambigüedad legislativa como excusa para frenar progresos en las negociaciones. También advierten que esta situación podría desembocar en un otoño conflictivo en el ámbito laboral. Por ello, exigen al Gobierno que reactive de inmediato el trámite parlamentario de la ley y que se retiren las enmiendas a la totalidad presentadas por algunos grupos, ya que, en su opinión, están impidiendo un debate democrático sobre una norma de gran trascendencia social.

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(Cinco Días, 17-07-2025) | Laboral

El Supremo vuelve a rechazar las indemnizaciones adicionales por despido improcedente

El Tribunal Supremo ha dejado claro que no es posible conceder indemnizaciones por despido improcedente superiores a las previstas en el Estatuto de los Trabajadores, incluso si se tiene en cuenta la Carta Social Europea, ratificada por España en 2021. En una reciente sentencia dictada por el pleno de la Sala de lo Social, el Alto Tribunal reitera su postura contraria a aumentar, vía judicial, las compensaciones por despido más allá de los 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, aun cuando existan circunstancias personales particulares. Este nuevo fallo surge tras una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en 2024 rechazó otorgar una indemnización adicional a un empleado, revocando así una sentencia previa favorable del Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona. El trabajador recurrió presentando como base una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que sí concedía una indemnización extra. El caso terminó en el Supremo, que ha cerrado filas con la doctrina restrictiva. El tribunal explica que tanto el artículo 24 de la Carta Social Europea como el artículo 10 del Convenio 158 de la OIT, que hablan del derecho a una "indemnización adecuada", son formulaciones generales y no constituyen normas de aplicación directa. Por ello, considera que cualquier cambio en los criterios de indemnización debe pasar necesariamente por una reforma legislativa, y no puede ser interpretado por los tribunales como una obligación directa y concreta. El Supremo también argumenta que la jurisprudencia constitucional ya ha considerado que el sistema actual de indemnización tasada cumple con los estándares de adecuación exigidos y ofrece una protección uniforme y previsible para los trabajadores. Además, el Tribunal rechaza la vinculación legal de las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, que había criticado el sistema español por no permitir reparaciones proporcionales en todos los casos. Señala que este comité no es un tribunal y que sus pronunciamientos no son vinculantes para los Estados ni para sus órganos jurisdiccionales, en línea con lo establecido por otros tribunales europeos como el Supremo francés o el Constitucional italiano. De momento, el texto íntegro de la sentencia aún no ha sido publicado, aunque el Tribunal Supremo ha anunciado que lo difundirá en los próximos días.

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(Cinco Días, 17-07-2025) | Laboral

Trabajo abrirá una mesa de diálogo social para reformar la normativa, algo que Economía y las patronales rechazan

Esta resolución se produce en un momento especialmente sensible en torno al debate sobre el despido en España. El Ministerio de Trabajo aún tiene pendiente poner en marcha la mesa de diálogo social que prometió, con el objetivo de reformar la legislación vigente sobre despidos. Sin embargo, esta iniciativa cuenta con la oposición tanto del Ministerio de Economía como de las organizaciones empresariales. La presión aumentó después de que el Consejo de Europa respaldara las reclamaciones presentadas primero por UGT y posteriormente por CC OO, considerando que la normativa española actual no se ajusta a lo establecido en la Carta Social Europea. Durante la campaña electoral, PSOE y Sumar incluyeron en su programa el compromiso de "garantizar una mayor protección frente al despido para los trabajadores, cumpliendo con la Carta Social Europea y reforzando la justificación necesaria para la extinción de los contratos". El Comité Europeo de Derechos Sociales -órgano encargado de interpretar dicha Carta- ya se ha pronunciado en este sentido. Tal y como recordó recientemente el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una entrevista: "No es una cuestión opinable que el despido en España no cumpla con la Carta Social Europea. Es una realidad constatada. El asunto no gira en torno a posturas políticas, sino a cumplir con compromisos internacionales". El Ministerio de Trabajo ha mantenido esta postura de manera constante, motivo por el que anunció en junio de 2023 la apertura de la citada mesa de diálogo con los agentes sociales. En cambio, el Ministerio de Economía interpreta que el marco legal vigente ya satisface los requisitos de la Carta, postura que también es compartida por algunos socios parlamentarios del PSOE, como el PNV y Junts, que previsiblemente se oponen a una reforma. Las patronales, por su parte, se muestran contrarias a reabrir el debate sobre el despido, un aspecto que quedó fuera de la reciente reforma laboral. En una entrevista concedida en julio de 2024, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, minimizó el alcance de los dictámenes del Comité Europeo de Derechos Sociales: "El Comité es consultivo y muchas de sus recomendaciones no se aplican". Además, señaló que hay otros países señalados por el CEDS que tampoco han modificado sus sistemas de indemnización. No obstante, los sindicatos consideran fundamental avanzar en este terreno. Ante la falta de avances, advierten de que intensificarán la presión. "Si los empresarios no aceptan esa negociación, que creemos que debe liderar el Gobierno, desde CC OO emprenderemos una ofensiva judicial, una guerra de guerrillas en los tribunales para forzar un cambio en el régimen de despido", afirmó Unai Sordo, secretario general de CC OO, tras conocer la decisión del Consejo de Europa. En la misma línea se ha manifestado también el líder de UGT, Pepe Álvarez.

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(Expansión, 17-07-2025) | Laboral

CEOE advierte de un frenazo en los convenios colectivos por la reducción de jornada

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha lanzado una advertencia sobre los efectos negativos que la inestabilidad institucional, agravada por los recientes casos de corrupción, puede tener en las inversiones. Además, ha manifestado su preocupación por la propuesta de reducción de la jornada laboral, que considera una fuente de inseguridad jurídica y un fuerte golpe para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, con un coste estimado de unos 23.000 millones de euros. Durante la Asamblea General de la CEOE celebrada este miércoles, Garamendi criticó el tono triunfalista del Gobierno en materia económica y recordó que los buenos datos no se deben exclusivamente a la acción del Ejecutivo, sino también al esfuerzo de las empresas. En su intervención, el líder empresarial desgranó las principales inquietudes del tejido productivo, destacando especialmente la propuesta de reducir la jornada a 37,5 horas semanales, impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Según Garamendi, esta medida genera incertidumbre entre las compañías, lo que se refleja en el descenso del número de convenios colectivos firmados, un 7% menos que hace un año, y en la caída del número de trabajadores amparados por dichos convenios, que se ha reducido un 9%. La posibilidad de que se deban renegociar acuerdos ya firmados si se aprueba la reducción de la jornada está detrás de este parón en la negociación colectiva. El presidente de la patronal también alertó de que esta inseguridad puede alejar a los inversores extranjeros, al considerar que se trata de una medida con fines partidistas. Asimismo, recordó que este año expira el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), y advirtió de que será difícil llegar a un nuevo pacto con los sindicatos en un contexto de tanta incertidumbre, especialmente en lo relativo a los salarios. Garamendi subrayó que las pequeñas empresas y los autónomos serán los más afectados por este posible cambio, ya que no disponen de los recursos de las grandes compañías para asumir el impacto económico que conllevaría una reducción de jornada. A todo ello se suma, según el presidente de la CEOE, el deterioro de la imagen de España en el exterior por los escándalos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno y al propio PSOE. En este sentido, volvió a defender la reputación del empresariado y señaló que "los corruptores son quienes detentan el poder", rechazando así que se culpe al sector empresarial por estas tramas. Otro de los temas abordados por Garamendi fue el absentismo laboral, al que definió como uno de los principales frenos para la mejora de la productividad en España. Indicó que diariamente se ausentan del trabajo alrededor de 1,5 millones de personas y que el coste total estimado para este año supera los 32.000 millones de euros, de los cuales 16.000 recaerán sobre las empresas. Criticó que el Gobierno dé prioridad a la reducción de jornada en lugar de abordar el problema del absentismo, que también afecta a la salud de los trabajadores. Entre las soluciones propuestas, sugirió reforzar las plantillas médicas y potenciar el papel de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. También afirmó que una parte del absentismo es "fraude" y pidió que se hable de ello con transparencia: "Hay que sentarse a dialogar. No se puede ignorar esta realidad", subrayó. Por último, Garamendi cuestionó que el Ejecutivo impulse la reducción de jornada sin haber presentado aún un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, y reclamó que se aprueben unas nuevas cuentas públicas, ya que considera "increíble" que sigan en vigor las de 2022.

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(El Economista, 17-07-2025) | Laboral

Díaz aprieta a las comunidades para recortar la tasa de paro del 11,3% al 8,7% antes de que acabe la Legislatura

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha adoptado una postura firme respecto a la gestión de las políticas activas de empleo, competencia que recae en las comunidades autónomas. Su meta es ambiciosa: reducir la tasa de paro del 11,34 % registrada en 2024 al 8,7 % en 2027 -fecha prevista para el fin de la legislatura, salvo adelanto electoral- y al 8,5 % en 2028. Para lograrlo, busca mejorar significativamente el rendimiento de los servicios públicos de empleo, aspirando a alcanzar estándares similares a los de los cinco países europeos con mejores resultados en esta materia: Francia, Estonia, Austria, Países Bajos y Alemania. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Díaz recalcó que la nueva Estrategia de políticas activas hará especial énfasis en la evaluación del desempeño de las administraciones autonómicas. De hecho, parte de los fondos anuales -un 20 %- se distribuirán en función de la eficacia demostrada, mediante un mecanismo que denomina "reserva de eficacia". Para ello, se pondrá en marcha un sistema de seguimiento más riguroso, que incluirá un "cuadro de mando" detallado por comunidad autónoma. Estas medidas están alineadas con la Ley de Empleo de 2023, aunque el Ministerio aún tiene pendiente una de sus principales reformas: convertir el actual Servicio Público de Empleo Estatal en la nueva Agencia Española de Empleo, que debería coordinar y evaluar las políticas activas en todo el país. Esta transformación sigue en espera, dos décadas después del traspaso de competencias a las autonomías. El real decreto que recoge la nueva Estrategia, publicado en el Boletín Oficial del Estado, apenas menciona esta futura agencia, y se centra más bien en establecer una serie de compromisos para las comunidades autónomas como condición para acceder a más fondos. Entre esos compromisos, se establecen objetivos específicos de reducción de la tasa de paro por grupos de edad, junto con metas concretas de intermediación. Por ejemplo, se pretende disminuir el paro juvenil (menores de 30 años) del 20,6 % al 14,8 % para 2027, lo cual requeriría elevar la intermediación del 28 % actual al 40 %. Para el grupo de entre 30 y 45 años, la tasa de paro debería bajar del 9,7 % al 7,6 %, con una subida de la intermediación hasta el 34,6 %. En cuanto a los mayores de 45 años -que representan el 58 % del total de personas desempleadas-, se busca reducir el paro del 9,6 % al 7,4 %, incrementando la intermediación del 15,4 % al 21,9 %. La previsión es que para 2028, año final del plan, el ritmo de descenso del desempleo sea más lento, llegando solo a una tasa general del 8,5 %. En el caso del paro juvenil, apenas se espera una bajada de dos décimas, hasta el 14,6 %, y las cifras del resto de colectivos se mantendrían estables. Esto implica que el mayor esfuerzo deberá concentrarse entre 2024 y 2026, justo antes del próximo ciclo electoral, para el que Díaz, por ahora, no contempla adelantos. No obstante, el concepto de "intermediación" no se define de forma clara en el documento oficial, ni se detallan los criterios con los que se han fijado los objetivos. Sí se aclara que, a la hora de evaluar los resultados, se tendrá en cuenta el porcentaje de parados registrados en los servicios públicos que consiguen empleo, así como el tipo de contrato que obtienen. Cabe destacar que los jóvenes, al inscribirse con menor frecuencia como demandantes de empleo en los servicios públicos, presentan una tasa de intermediación más elevada que otros grupos más presentes en las listas del paro. Además, la Estrategia incorpora incentivos a la contratación, siguiendo la línea de planes anteriores que se centraron especialmente en combatir el desempleo juvenil. Ahora, Díaz quiere enfocar las políticas activas en el desempleo de larga duración, considerado uno de los principales obstáculos para mejorar la eficacia de estas medidas. Por eso, se analizará también la probabilidad de que una persona pase del desempleo al empleo y viceversa, tanto por comunidades autónomas como a nivel estatal.

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(El Economista, 17-07-2025) | Laboral

Los salarios suben mucho más en Portugal que en España

Al analizar la evolución de la economía española desde la crisis provocada por la pandemia hasta el presente, se suelen destacar los buenos resultados de los grandes indicadores: España lidera el crecimiento del PIB entre las principales economías europeas y encabeza la creación de empleo en la región. Sin embargo, un análisis más profundo revela que este crecimiento es mayormente de tipo "extensivo". Es decir, la economía ha crecido porque se utilizan más recursos (trabajo, capital, tierra), pero no porque se estén utilizando de manera más eficiente. Como consecuencia, aunque las cifras macroeconómicas mejoran, esa expansión no se traduce en una mejora real en el nivel de vida de la población. El PIB per cápita apenas ha aumentado y los salarios, descontando la inflación, siguen siendo más bajos que hace cuatro años. En contraste, Portugal -tradicionalmente considerada una economía menos desarrollada que la española- ya ha superado sus niveles salariales reales de 2021 y muestra una evolución más favorable tanto en renta per cápita como en poder adquisitivo. Recientemente, la OCDE publicó su informe Perspectivas de Empleo 2025, el cual recoge datos que invitan a la reflexión. Según este informe, España enfrenta importantes desafíos estructurales a largo plazo, como un fuerte envejecimiento poblacional y un crecimiento extremadamente bajo del PIB per cápita (apenas un 0,13 % anual). De mantenerse esta tendencia, en los próximos años habrá en España un trabajador por cada persona dependiente (niños, jubilados, pensionistas...). Una de las observaciones que más llamó la atención del informe es la que hace referencia a la situación actual: aunque el desempleo ha descendido significativamente en los últimos años, los salarios no han logrado seguir el ritmo de la inflación. A pesar de los aumentos nominales en 2023 y 2024, los salarios reales en el primer trimestre de 2025 eran todavía un 4,1 % más bajos que en el mismo periodo de 2021. Esto sitúa a España a la cola de las grandes economías de la OCDE en cuanto a evolución salarial real, solo por delante de Australia e Italia. En el lado opuesto, Portugal destaca como uno de los pocos países donde los salarios reales ya han superado los niveles previos a la crisis inflacionaria. Según el mismo informe, el salario real medio portugués ha aumentado un 1,8 % entre el primer trimestre de 2021 y el de 2025. Aunque este crecimiento está por debajo del promedio de la OCDE (2,4 %), supone una recuperación significativa y suficiente para situar a Portugal fuera del grupo de 18 países donde los salarios reales aún están por debajo del nivel prepandemia. En definitiva, aunque tanto España como Portugal han tenido buenos resultados a nivel macroeconómico, los trabajadores portugueses han visto una mejora más tangible en sus ingresos. El notable contraste entre ambos países resulta aún más interesante si se tiene en cuenta la cercanía geográfica y las similitudes culturales y económicas. Sin embargo, los indicadores del mercado laboral permiten identificar algunas claves de esta divergencia. Por un lado, la tasa de paro en Portugal se sitúa en el 6,3 %, frente al 11,3 % en España. Esta diferencia sugiere que el mercado laboral portugués está más ajustado, lo que implica que las empresas tienen que competir más intensamente para atraer y retener talento, lo que a su vez puede explicar la mayor subida de salarios. Otra explicación relevante es la productividad. Según la teoría económica, cuando la productividad aumenta -es decir, cuando los trabajadores producen más en el mismo tiempo-, las empresas generan mayores ingresos y pueden ofrecer mejores salarios sin que esto implique un aumento de costes que derive en inflación. En mercados competitivos, este incremento de productividad suele traducirse en mejoras salariales. En otras palabras, cuando un trabajador aporta más valor, también tiene mayor capacidad de negociación para recibir una compensación acorde. Aunque la práctica no siempre sigue la teoría, los datos de la OCDE confirman que Portugal ha mejorado mucho más en este aspecto. Entre 2019 y 2023, la productividad por hora trabajada en Portugal creció a un ritmo del 2,22 % anual, frente a tan solo el 0,37 % en España. En nuestro país, el crecimiento del PIB y de la renta per cápita se ha apoyado principalmente en la creación de empleo, es decir, en aumentar el número de personas trabajando, pero sin que eso implique necesariamente una mejora en la eficiencia del trabajo. Portugal, en cambio, ha experimentado una menor creación de empleo, pero ha logrado producir más y mejor con los trabajadores que ya tenía. En resumen, mientras España muestra buenos datos agregados, el crecimiento no está mejorando la calidad de vida de forma significativa. Portugal, con un crecimiento más eficiente y una mejora real de los salarios, ha logrado avances más palpables para su población.

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(Expansión, 16-07-2025) | Laboral

La ministra de Trabajo aplaza el debate sobre la reducción de jornada en el Congreso

El Ministerio de Trabajo ha decidido posponer hasta el próximo periodo de sesiones el debate en el Congreso sobre el proyecto de ley que propone reducir la jornada laboral, con el objetivo de ganar tiempo para negociar con Junts. La votación, prevista inicialmente para este martes, ha sido suspendida en el último momento al comprobarse que no había apoyos suficientes para superar la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, PP y Vox, lo que habría supuesto el bloqueo de la iniciativa. Fuentes del Ministerio, citadas por EXPANSIÓN, reconocen que el calendario legislativo se ha visto alterado por los recientes escándalos de corrupción que afectan al PSOE, generando una atmósfera política tensa y cargada de incertidumbre sobre la continuidad de la legislatura. "El debate sobre la jornada laboral debe centrarse en el contenido de la medida, no en otros factores que desvíen la atención", explican, asegurando que "el actual contexto político no es el más propicio". La intención inicial era someter el texto a votación este martes, pero el rechazo de los grupos opositores ya estaba claro. Por ello, el Ministerio ha decidido retrasar la votación de totalidad hasta después del verano, cuando se reanuden las sesiones parlamentarias. Hasta entonces, el Ejecutivo trabajará intensamente en buscar el apoyo de Junts, considerado clave para sacar adelante la reforma que reduciría la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La formación de Carles Puigdemont, según adelantó EXPANSIÓN, argumenta su oposición en dos aspectos principales: la falta de un acuerdo con las patronales -ya que la propuesta fue elaborada únicamente con los sindicatos- y el impacto económico que supondría para las pequeñas y medianas empresas catalanas. Según la CEOE, la medida implicaría un coste adicional de 23.000 millones de euros para el conjunto empresarial. Los sectores más vulnerables, como el comercio, la hostelería y la agricultura, que operan actualmente bajo convenios cercanos a las 40 horas semanales, se verían especialmente afectados, lo que sitúa a Cataluña en una posición crítica debido al peso del turismo y los servicios en su economía. El Ministerio de Trabajo confirmó a través de un comunicado que el 15 de julio se celebró una reunión entre su equipo negociador y el de Junts per Catalunya. El encuentro forma parte del proceso de contactos con los distintos grupos parlamentarios para impulsar la tramitación del proyecto de ley, que también contempla medidas sobre el registro de jornada y el derecho a la desconexión digital. Durante la reunión, Junts reiteró su preocupación por el impacto de la ley en las pymes, los autónomos y los trabajadores catalanes, subrayando que cualquier avance debe venir acompañado de un consenso amplio y ser percibido como una oportunidad para el tejido empresarial. "Esto requiere tiempo y seguir negociando", indicaron desde el Ejecutivo. Por este motivo, y dada la importancia estratégica que tiene esta reforma para el Gobierno, el Ministerio ha optado por aplazar la votación para tratar de alcanzar un acuerdo que permita sortear la fase de enmiendas a la totalidad cuando se retomen los trabajos parlamentarios. De este modo, el Ejecutivo intenta limitar el daño político y agotar todas las posibilidades de acuerdo con Junts, con la esperanza de que modifiquen su posición y se alineen con los demás socios parlamentarios para desbloquear el proyecto. Superada esta fase, se abriría un nuevo periodo en el que se podrían negociar enmiendas parciales. La vicepresidenta Yolanda Díaz aspira a llegar a ese punto para reformular el texto acordado con los sindicatos e incluir mecanismos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Estas ayudas, que inicialmente fueron eliminadas tras el rechazo frontal de CEOE y Cepyme, habían sido criticadas por su insuficiencia -apenas 300 millones de euros- y por estar sujetas a condiciones restrictivas en materia de subvenciones y contrataciones.

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(El País, 16-07-2025) | Laboral

El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público de 36.600 plazas, un 9% inferior a la del año pasado

El Gobierno ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público para 2025 que rompe con la tendencia de los últimos años: por primera vez desde 2020, la cifra disminuye respecto a los ejercicios anteriores. En concreto, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a 36.588 plazas, lo que supone un descenso del 8,8% en comparación con las 40.121 ofertadas en 2024, año que marcó el máximo histórico desde que existen datos consolidados. A pesar del retroceso, la cifra sigue siendo superior a las registradas entre 2018 y 2021, bajo el mandato de Pedro Sánchez. De ese total, el Ejecutivo estima que se generarán 5.400 nuevos empleos netos en la Administración General del Estado (AGE). La aprobación de esta oferta se ha producido sin el aval de los sindicatos, en un contexto marcado por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Las organizaciones sindicales presentes en la mesa de negociación -CSIF, UGT, CCOO, CIG y ELA- consideran que el número de plazas sigue siendo insuficiente para atender las necesidades reales de la administración pública. Denuncian que no se está recuperando el terreno perdido tras la Gran Recesión, cuando apenas se cubrían las jubilaciones. Por eso, hace dos semanas se cerró la negociación sin acuerdo, un escenario que recuerda al del año anterior, cuando solo UGT respaldó al Gobierno. "La oferta no responde a lo que demanda la ciudadanía", afirmó la semana pasada Isabel Araque, responsable de Servicios Públicos de UGT, durante una concentración frente al Ministerio de Hacienda. Por su parte, el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, aseguró que "necesitamos una oferta que se adapte a la realidad, no una que se use como herramienta propagandística". Ambos sindicatos reunieron a unas 2.000 personas para denunciar también otros incumplimientos del Ejecutivo con respecto a los empleados públicos. El sindicato CSIF también ha rechazado la propuesta por considerarla insuficiente. Argumenta que no compensa adecuadamente las jubilaciones ni corrige la pérdida estructural de personal que se ha producido en las últimas décadas, cifrada en 42.000 puestos en los últimos 20 años dentro de la administración estatal. Desde la CIG, el análisis es similar: "No cubre el deterioro de los servicios públicos ni se ha negociado de forma real; simplemente nos presentaron una cifra cerrada". CSIF añade que más del 50% del personal se jubilará en la próxima década, por lo que urge una planificación a medio plazo, y relaciona la reducción en la oferta con la falta de nuevos presupuestos y el bloqueo de fondos europeos. En contraste, el Gobierno defiende que, por quinto año consecutivo, se establece un récord en cuanto a plazas de nuevo ingreso, que alcanzan las 27.697. Según el Ministerio de Función Pública, esto se traduce en 5.400 empleos netos en la AGE. El Ejecutivo asegura que se mantiene una tendencia positiva iniciada en 2021, con más incorporaciones que bajas, lo que ha contribuido a frenar el envejecimiento de las plantillas y a rejuvenecer la administración pública. Del total, 27.697 plazas se destinan a nuevo ingreso (20.324 en la AGE) y 8.891 a promoción interna (6.565 también en la AGE). Además, se ofertan 7.373 plazas de nuevo ingreso y 2.326 de promoción interna en cuerpos como la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. El Ministerio también destaca que, gracias a estas incorporaciones récord, la edad media del personal público ha bajado de 51 a 49 años desde 2021. Solo en 2024, las altas duplicaron las bajas, con un crecimiento neto de 9.000 trabajadores. También subraya que se han agilizado los procesos selectivos: el 93% de las convocatorias de la OEP 2024 se publicaron ese mismo año y la mayoría finalizan la fase de oposición en menos de un año. No obstante, los sindicatos siguen reclamando más agilidad en la ejecución de estos procesos. Por otro lado, el departamento dirigido por Óscar López ha puesto el foco en reforzar los subgrupos C1 y C2, los más directamente relacionados con la atención ciudadana. De hecho, el 64% de las plazas para funcionarios de la AGE se destinan a estos grupos. Según el Ministerio, esta es la primera vez que la oferta se diseña específicamente para mejorar los servicios de atención al público y la tramitación de prestaciones. En concreto, 8.851 plazas reforzarán organismos como el SEPE, la Seguridad Social, Tráfico, Extranjería y la Agencia Tributaria. La oferta también incluye una reserva de 2.610 plazas para personas con discapacidad, de las cuales 538 se destinan específicamente a personas con discapacidad intelectual.

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(El Economista, 16-07-2025) | Laboral

España cerró 2024 con 3,3 millones de ocupados trabajando desde casa

El aumento del teletrabajo se concentra especialmente entre los empleados por cuenta ajena, que ya suman 2,3 millones, lo que representa un crecimiento del 233% respecto a 2019. Por primera vez, los trabajadores que trabajan de forma remota de manera esporádica superan a quienes lo hacen de forma regular, lo que evidencia el auge del modelo híbrido. Esta fórmula, impulsada por los cambios legislativos introducidos a finales de 2020, ha tenido una implantación muy desigual en las empresas españolas. Un informe de Eurofound -organismo europeo dedicado al análisis de las condiciones laborales- distingue tres formas distintas de aplicar el teletrabajo en las empresas, cada una con sus propios retos, y advierte de la necesidad de prestar atención a estas diferencias para asegurar que este modelo de trabajo sea sostenible y justo a largo plazo. La entidad remarca que esta modalidad va mucho más allá de las soluciones adoptadas durante la pandemia. Aunque ya existía antes de 2020, el teletrabajo tenía entonces mayor presencia entre los trabajadores autónomos. Con la irrupción del COVID-19, muchas empresas se vieron forzadas a adaptarse rápidamente, trasladando el trabajo de oficina a los hogares. En solo un año, el número de asalariados que teletrabajaban creció un 178%, mientras que entre los autónomos cayó un 1,5%. Así, el porcentaje de teletrabajadores asalariados pasó del 42% en 2019 al 67,8% en 2020, el más alto hasta entonces. No obstante, en 2024 ese dato ha vuelto a crecer, alcanzando un 70%. Este cambio es significativo, ya que el teletrabajo entre autónomos y asalariados presenta características muy distintas. De hecho, algunos expertos cuestionan que deban agruparse en una sola categoría. Los autónomos, al no contar en muchos casos con oficinas físicas, trabajan desde casa asumiendo completamente los costes del teletrabajo. En cambio, en el caso de los asalariados, la responsabilidad de asumir esos gastos recae en sus empresas. Esta diferencia en la carga económica también explica que, a pesar de los máximos históricos alcanzados en 2024, la proporción de asalariados que teletrabajan sigue siendo del 12,6% (el triple que en 2019), mientras que en el caso de los autónomos se sitúa en el 31,3% (ligeramente por encima del 30,2% de hace cinco años). La reforma laboral de 2012 establecía que las condiciones del teletrabajo, incluidas las compensaciones por los gastos asociados (como luz, internet, equipos o mobiliario ergonómico), debían acordarse a través de convenios colectivos. Sin embargo, en la práctica, pocos convenios abordaban este tema y el contexto no favorecía nuevas negociaciones. A raíz de la pandemia, el Gobierno, junto con sindicatos y patronales, pactó una normativa más clara que establecía un marco básico para regular el teletrabajo. En dicha normativa se estipuló que las empresas no estarían obligadas a cubrir los gastos derivados del trabajo remoto si este no superaba el 30% de la jornada. Esto tuvo un impacto inmediato: aunque muchos sectores seguían afectados por restricciones, el teletrabajo continuo empezó a reducirse, mientras que el esporádico ganaba terreno. Entre 2020 y 2022, el número de asalariados que trabajaban a distancia la mayor parte de su jornada bajó un 33%, pasando de 1,6 millones a 1 millón (aunque aún más del doble que los 413.700 registrados en 2019). Por el contrario, el teletrabajo ocasional creció un 78%, pasando de 442.200 a 788.500. En conjunto, el número total de asalariados en teletrabajo descendió un 8%, lo que redujo la tasa del 12,2% al 10,4%. Esta caída llevó a pensar que el fenómeno estaba perdiendo fuerza, pero el tiempo ha demostrado lo contrario. Entre 2022 y 2024, el teletrabajo ha experimentado un nuevo repunte del 30%, hasta alcanzar los 2,3 millones de asalariados, impulsado por un aumento acumulado del 15% en los casos habituales y del 49% en los ocasionales, que por primera vez superan el millón. De hecho, los trabajadores que teletrabajan ocasionalmente ya son mayoría, con 1,19 millones frente a 1,15 millones que lo hacen de forma continua. Aunque la diferencia es pequeña, marca un cambio importante en la tendencia.

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(El Economista, 16-07-2025) | Laboral

El Supremo niega un accidente "in itinere" a un trabajador que se cayó en el portal de su casa al salir a su trabajo

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha determinado que la baja médica de un trabajador tras sufrir una caída en el portal de su vivienda, cuando se dirigía al trabajo, no puede considerarse como un accidente laboral "in itinere". En consecuencia, esta situación debe tratarse como una contingencia común, lo que implica una prestación económica reducida durante las primeras semanas de la incapacidad. Aunque la sentencia es reciente, el suceso ocurrió en 2018, cuando un jefe de obra resbaló en los escalones del portal de su casa, lo que le causó una lesión en el hombro. Dado que el accidente ocurrió sin que el trabajador hubiera salido a la vía pública, se le concedió una incapacidad temporal por contingencias comunes. El trabajador recurrió esta decisión ante el Juzgado de lo Social, que falló a favor de la Seguridad Social y la mutua colaboradora. No obstante, al presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, este tribunal falló en favor del empleado. Ante esta contradicción, tanto la mutua como la Seguridad Social elevaron el caso al Tribunal Supremo. En su resolución, el Alto Tribunal apoya la postura de la mutua y la Seguridad Social, descartando que el incidente pueda calificarse como accidente laboral "in itinere" y confirmando que debe considerarse como una contingencia común. El Supremo respalda los argumentos del Juzgado de lo Social, que subrayó que el accidente ocurrió cuando el trabajador aún no había salido de su domicilio. Señala que el jardín o el portal donde sucedió la caída forma parte integral de la vivienda, y que, en consecuencia, el afectado aún no había iniciado el trayecto hacia su puesto de trabajo, ni había accedido a su medio de transporte habitual. La sentencia también destaca que la responsabilidad del mantenimiento del lugar donde ocurrió el accidente recae sobre el propio trabajador o sus convivientes, lo que implica que ellos son quienes deben gestionar y minimizar los riesgos en ese entorno. Por todo ello, el Tribunal Supremo decide revocar la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y desestimar la demanda presentada por el trabajador.

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