(Expansión, 16-07-2025) | Laboral
El Ministerio de Trabajo ha decidido posponer hasta el próximo periodo de sesiones el debate en el Congreso sobre el proyecto de ley que propone reducir la jornada laboral, con el objetivo de ganar tiempo para negociar con Junts. La votación, prevista inicialmente para este martes, ha sido suspendida en el último momento al comprobarse que no había apoyos suficientes para superar la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, PP y Vox, lo que habría supuesto el bloqueo de la iniciativa.
Fuentes del Ministerio, citadas por EXPANSIÓN, reconocen que el calendario legislativo se ha visto alterado por los recientes escándalos de corrupción que afectan al PSOE, generando una atmósfera política tensa y cargada de incertidumbre sobre la continuidad de la legislatura. "El debate sobre la jornada laboral debe centrarse en el contenido de la medida, no en otros factores que desvíen la atención", explican, asegurando que "el actual contexto político no es el más propicio".
La intención inicial era someter el texto a votación este martes, pero el rechazo de los grupos opositores ya estaba claro. Por ello, el Ministerio ha decidido retrasar la votación de totalidad hasta después del verano, cuando se reanuden las sesiones parlamentarias. Hasta entonces, el Ejecutivo trabajará intensamente en buscar el apoyo de Junts, considerado clave para sacar adelante la reforma que reduciría la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
La formación de Carles Puigdemont, según adelantó EXPANSIÓN, argumenta su oposición en dos aspectos principales: la falta de un acuerdo con las patronales -ya que la propuesta fue elaborada únicamente con los sindicatos- y el impacto económico que supondría para las pequeñas y medianas empresas catalanas. Según la CEOE, la medida implicaría un coste adicional de 23.000 millones de euros para el conjunto empresarial. Los sectores más vulnerables, como el comercio, la hostelería y la agricultura, que operan actualmente bajo convenios cercanos a las 40 horas semanales, se verían especialmente afectados, lo que sitúa a Cataluña en una posición crítica debido al peso del turismo y los servicios en su economía.
El Ministerio de Trabajo confirmó a través de un comunicado que el 15 de julio se celebró una reunión entre su equipo negociador y el de Junts per Catalunya. El encuentro forma parte del proceso de contactos con los distintos grupos parlamentarios para impulsar la tramitación del proyecto de ley, que también contempla medidas sobre el registro de jornada y el derecho a la desconexión digital.
Durante la reunión, Junts reiteró su preocupación por el impacto de la ley en las pymes, los autónomos y los trabajadores catalanes, subrayando que cualquier avance debe venir acompañado de un consenso amplio y ser percibido como una oportunidad para el tejido empresarial. "Esto requiere tiempo y seguir negociando", indicaron desde el Ejecutivo. Por este motivo, y dada la importancia estratégica que tiene esta reforma para el Gobierno, el Ministerio ha optado por aplazar la votación para tratar de alcanzar un acuerdo que permita sortear la fase de enmiendas a la totalidad cuando se retomen los trabajos parlamentarios.
De este modo, el Ejecutivo intenta limitar el daño político y agotar todas las posibilidades de acuerdo con Junts, con la esperanza de que modifiquen su posición y se alineen con los demás socios parlamentarios para desbloquear el proyecto. Superada esta fase, se abriría un nuevo periodo en el que se podrían negociar enmiendas parciales.
La vicepresidenta Yolanda Díaz aspira a llegar a ese punto para reformular el texto acordado con los sindicatos e incluir mecanismos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Estas ayudas, que inicialmente fueron eliminadas tras el rechazo frontal de CEOE y Cepyme, habían sido criticadas por su insuficiencia -apenas 300 millones de euros- y por estar sujetas a condiciones restrictivas en materia de subvenciones y contrataciones.