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(El País, 28-05-2025) | Laboral

Trabajo señala que agricultura, hostelería y comercio tienen más margen que otros sectores para asumir el coste de reducir la jornada

El Ministerio de Trabajo ha reiterado en varias ocasiones que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales es una medida económicamente viable para las empresas. Ahora, además, ha respaldado esta afirmación con datos concretos. De acuerdo con la memoria económica que acompaña al proyecto de ley sobre esta medida, a la que ha accedido EL PAÍS, el departamento liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reconoce que la reducción de jornada podría suponer un incremento del coste salarial de hasta el 6,67% en los casos en los que actualmente se trabaje 40 horas semanales. No obstante, Trabajo considera que este tipo de jornadas no son mayoritarias y estima que, para la jornada media de los casi 14,5 millones de asalariados del sector privado, el incremento será de apenas un 2,21%. Además, se estima que 1,8 millones de trabajadores no verán ningún aumento en el coste salarial por hora. A pesar de reconocer ese posible aumento en los costes, el Ministerio sostiene que las empresas están en condiciones de asumirlo. De hecho, pone el foco en tres sectores que, aunque son los más expuestos al impacto por contar con jornadas más largas, también se encuentran entre los mejor posicionados para absorberlo: agricultura y ganadería, hostelería y comercio. Según las estimaciones de Trabajo, estos sectores cuentan con márgenes de beneficio sobre ventas y resultados brutos de explotación superiores al promedio, lo cual les otorgaría capacidad para asumir los costes derivados de una reducción de jornada. En concreto, los últimos datos del Observatorio de Márgenes -incluidos en el análisis económico del Ministerio- indican que los márgenes sobre ventas reflejados en el Impuesto de Sociedades se encuentran en su punto más alto desde 2009, habiendo aumentado un 7% respecto a los niveles anteriores a la pandemia. Asimismo, el beneficio empresarial medido por el resultado bruto de explotación ha alcanzado cifras récord, con un incremento del 56% desde 2009 y del 36% desde 2019. A modo de ejemplo, en el sector agrícola, los márgenes de beneficio sobre ventas se han incrementado un 116% desde 2009, y el resultado bruto de explotación ha crecido un 440%, es decir, más que quintuplicado. Desde 2019, estas cifras han subido un 36% y un 96%, respectivamente. El análisis del Ministerio concluye que, en conjunto, el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ha generado 2.702 millones de euros más que antes de la crisis sanitaria. Por su parte, en el ámbito de la hostelería, los márgenes han aumentado un 105% y los beneficios un 392% desde 2009. Comparado con 2019, han crecido un 35% y un 93%, respectivamente. El sector ha registrado 4.842 millones de euros adicionales en comparación con el periodo previo a la pandemia. En el caso del comercio, los márgenes empresariales han subido un 34% desde 2009 y los beneficios, un 140%. Desde 2019, los márgenes crecieron un 24% y los beneficios, un 67%. El informe calcula que este sector ha obtenido 15.535 millones de euros más que antes del estallido de la covid. El Ministerio también rebate el argumento de que las microempresas serían las más perjudicadas por un aumento de los costes. Apoyándose nuevamente en los datos sobre márgenes sobre ventas, señala que, entre 2019 y 2023, estos márgenes han crecido un 23,2% en las compañías con menos de diez empleados, colocándose incluso dos puntos porcentuales por encima de las grandes empresas, según recoge la memoria presentada ante el Congreso. Por otro lado, el informe también apunta que la reducción del tiempo de trabajo podría tener un efecto positivo en el consumo, especialmente en sectores como la hostelería y el pequeño comercio. Esto se debe a que el incremento del tiempo libre de los trabajadores podría incentivar el gasto en estos ámbitos, precisamente los mismos donde el impacto de la medida será más notable, dada su jornada laboral actual y el menor tamaño medio de sus empresas.

(El Periódico, 28-05-2025) | Laboral

El Gobierno da luz verde para ampliar la jubilación anticipada a profesiones peligrosas

El Gobierno ha aprobado este martes el inicio del proceso para ampliar el acceso a la jubilación anticipada a más profesiones consideradas de especial riesgo o desgaste físico. Hasta el momento, colectivos como los toreros, mineros o trapecistas ya cuentan con esta posibilidad sin que se vean perjudicados en sus pensiones, y ahora el Ejecutivo pretende extender ese derecho a otros perfiles profesionales. Entre los sectores que han protagonizado movilizaciones recientemente para reclamar esta medida se encuentran los conductores de autobuses y camiones de transporte, así como los trabajadores de la construcción. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado en rueda de prensa la puesta en marcha del nuevo modelo de coeficientes reductores. Este permitirá que las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de cada sector puedan solicitar al Gobierno que se habilite el acceso anticipado a la jubilación en actividades que impliquen un elevado desgaste físico o condiciones laborales especialmente duras. Hasta ahora, el sistema vigente era muy limitado y la decisión final dependía en gran medida del criterio del Ejecutivo. Este nuevo sistema forma parte de un acuerdo alcanzado el año pasado entre la Seguridad Social, los sindicatos y la patronal, dentro del marco de reforma de la jubilación parcial y activa. En él se estableció que se ampliaría el número de sectores con derecho a jubilación anticipada. Actualmente, esta posibilidad permite retirarse hasta a los 52 años -aunque el umbral puede variar según el oficio-, a cambio de que las empresas afectadas abonen cotizaciones adicionales durante toda la vida laboral del trabajador para compensar su menor permanencia en el mercado laboral. Hoy en día, solo diez profesiones tienen acceso a este tipo de jubilación, entre ellas el personal ferroviario, los Mossos d'Esquadra o la tripulación aérea. Los sindicatos han venido denunciando que la normativa vigente otorgaba un exceso de poder discrecional al Gobierno, lo que ha hecho que desde hace aproximadamente diez años no se sumen nuevas profesiones al listado. La reforma aprobada este martes por el Consejo de Ministros establece un nuevo sistema basado en criterios más objetivos para determinar qué actividades reúnen las condiciones necesarias para ser incluidas. Entre los indicadores clave figuran el número de bajas por incapacidad temporal registradas anualmente, la duración media de esas bajas y el número de fallecimientos por accidentes laborales en cada sector. También se valorarán otros factores como la exposición continuada a condiciones extremas -temperaturas muy altas o bajas, ruido, vibraciones-, el esfuerzo físico constante, y el contacto con agentes químicos, biológicos o físicos perjudiciales, o con ambientes laborales que representen un riesgo para la salud, según ha detallado el Ministerio en un comunicado. Para que una profesión pueda ser incorporada al catálogo de jubilación anticipada, será imprescindible que exista un acuerdo entre las principales organizaciones sindicales y empresariales del sector. Este punto puede representar una dificultad, como ha ocurrido recientemente en el caso de los conductores de autobús, donde las patronales se oponen a esta medida alegando escasez de personal cualificado, y temen que una jubilación temprana agrave la falta de conductores disponibles. La inclusión de un sector en este régimen también implica un coste económico adicional para las empresas, lo que en ciertos ámbitos ha generado reticencias por parte de los empleadores a participar en las negociaciones necesarias para su implementación.

(El País, 27-05-2025) | Laboral

Una de cada tres empresas españolas alerta de la falta de mano de obra cualificada

El 35% de las empresas en España señala la escasez de personal cualificado como el principal obstáculo para su crecimiento, según los últimos datos recogidos por las encuestas empresariales del Banco Mundial. Este informe, basado en 1.431 entrevistas a empresas repartidas por todo el país y presentado en la Cámara de Comercio de Madrid, forma parte del programa Enterprise Surveys, que evalúa de forma periódica el entorno empresarial en distintos países mediante consultas a empresarios y ejecutivos. La preocupación por la falta de trabajadores con la formación adecuada supera ampliamente a otros factores como la legislación laboral (18%) y la presión fiscal (16%). Aunque estos desafíos son comunes en muchas economías analizadas, Jorge Rodríguez Meza, jefe de la Unidad de Análisis Empresarial del Banco Mundial, señaló que en el caso español afectan de manera transversal a empresas de todos los tamaños. El problema se acentúa especialmente en las grandes empresas, donde un 41% identifica la falta de personal cualificado como el principal impedimento para su desarrollo. Este porcentaje se reduce al 36% en las medianas empresas y al 33% en las pequeñas. Además, los empresarios destacan otros obstáculos como el acceso a financiación, la incertidumbre política o la complejidad de los trámites y permisos necesarios para operar. Por su parte, las barreras arancelarias -un tema candente en el contexto de la guerra comercial impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump- no se incluyen entre los principales problemas para 2024, aunque podrían adquirir relevancia si el conflicto se intensifica. De ser así, las empresas españolas podrían ver comprometida su competitividad. Actualmente, las compañías españolas demuestran una notable eficiencia en sus operaciones exteriores: tardan de media 4,4 días en procesar exportaciones directas en aduanas, por debajo de los 5,8 días de promedio en países de altos ingresos. Asimismo, casi el 22% de las empresas exportan directamente al menos el 10% de su producción, superando el 17,7% de media en otras economías avanzadas. Pese a los desafíos señalados por los encuestados, el tejido empresarial en España se mantiene dinámico. El crecimiento anual real de las ventas alcanza el 3,9%, y el empleo crece a un ritmo del 5,6%, cifras que superan el promedio registrado en Europa y Asia Central. Estos resultados reflejan que, a pesar de los obstáculos estructurales, el entorno empresarial continúa generando actividad económica y empleo. Uno de los puntos más positivos del estudio es el alto grado de formalidad y baja incidencia de corrupción en el ámbito empresarial. El 94,6% de las empresas estaban registradas legalmente desde su creación y solo un 0,4% indicó haber sido víctima de sobornos o presiones indebidas. Este dato sitúa a España por encima de la media regional en términos de transparencia institucional y buen gobierno, según destaca el Banco Mundial. En cuanto a la financiación, la situación presenta luces y sombras. Aunque casi todas las empresas (98%) disponen de cuenta corriente, únicamente el 40% accede a préstamos bancarios para financiar sus inversiones. La mayoría continúa dependiendo de recursos propios (67%), lo que indica que, aunque existe un sistema financiero desarrollado, no todos los segmentos empresariales tienen acceso igualitario al crédito. Además, apenas un 27% utiliza crédito comercial de proveedores para financiar su capital circulante, lo que limita las alternativas de liquidez. En el ámbito de la infraestructura, el informe señala que los cortes de electricidad son muy poco frecuentes -con una media mensual de solo 0,3 interrupciones-, pero existen notables retrasos en la obtención de servicios básicos. Por ejemplo, conectar una empresa a la red eléctrica puede tardar hasta 58 días, mientras que los trámites para obtener permisos de construcción se prolongan una media de 84 días, muy por encima de lo habitual en países con niveles de ingresos similares. Estas demoras implican costes adicionales y reducen el atractivo para nuevas inversiones. Por último, la economía informal sigue siendo un problema relevante: un 26,3% de las empresas encuestadas afirma competir con negocios no registrados, lo que introduce una competencia desleal y presiona los márgenes de las empresas legalmente establecidas.

(El País, 27-05-2025) | Laboral

CSIF exigirá una ley para revalorizar automáticamente el sueldo de los empleados públicos con el IPC

El sindicato de funcionarios CSIF ha solicitado a los Grupos Parlamentarios que impulsen una proposición de ley que garantice una subida automática anual del salario de los más de tres millones de empleados públicos en España, en función del incremento del IPC, siguiendo el modelo ya aplicado en la actualización de las pensiones. Así lo ha comunicado este lunes Carlos Martínez Navarro, responsable del área de Administración General del Estado en CSIF, quien ha manifestado que están a la espera de que los partidos políticos respondan a esta petición para iniciar las negociaciones. No obstante, ha aclarado que esta iniciativa no sustituye la reivindicación principal del sindicato: recuperar el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos desde los recortes de 2010. Según CSIF, esa pérdida asciende al 22%, por lo que defienden que los salarios crezcan por encima del IPC. Además de esta propuesta, CSIF exige que en el marco de la reforma de la Administración -que está siendo debatida con el Ministerio de Función Pública- se establezca la equiparación salarial entre las distintas administraciones. Según denuncia el sindicato, los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) perciben un sueldo medio un 33% inferior al de sus homólogos en comunidades autónomas y ayuntamientos. Por otro lado, el sindicato sigue esperando que el Gobierno haga efectivo el pago pendiente del 0,5% del salario correspondiente a 2024. También han pedido iniciar cuanto antes las negociaciones con el Ejecutivo y el resto de sindicatos para pactar un nuevo acuerdo salarial de carácter plurianual, que defina las futuras subidas desde 2025, año para el cual aún no se ha producido ningún incremento salarial para los empleados públicos. Otra reivindicación destacada por CSIF es la necesidad urgente de crear nuevos puestos de trabajo en la administración estatal. Según ha indicado Martínez Navarro, el propio Gobierno les ha reconocido un déficit superior a los 20.000 empleos, necesarios para garantizar una prestación adecuada de los servicios públicos. Este déficit, acumulado en la última década, afecta especialmente a organismos como la Seguridad Social, el SEPE o la Agencia Tributaria. En palabras de representantes del sindicato en la Seguridad Social y el SEPE, "estas instituciones no resultan atractivas para el empleo", debido al alto nivel de exigencia profesional y a las retribuciones más bajas que en otras administraciones, lo que dificulta cubrir las vacantes. En el caso del SEPE, CSIF estima que el 45% de las oficinas carece del personal necesario, situación que se agrava por serias deficiencias tecnológicas que podrían poner en riesgo la gestión de las prestaciones por desempleo. Ante esta realidad, el sindicato ya ha comenzado a negociar con Función Pública la planificación de necesidades de personal para la próxima Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025, que previsiblemente se aprobará en julio. Aún no se han determinado las cifras concretas, pero CSIF asegura que la intención del Ejecutivo es mantener el volumen de contrataciones de los últimos dos años, en torno a las 40.000 plazas, incluyendo los cuerpos de seguridad del Estado. Finalmente, el sindicato ha destacado que, según datos provisionales proporcionados por Función Pública, el año 2024 ha sido el ejercicio con mayor creación neta de empleo público desde 2014, con alrededor de 9.000 nuevos puestos, lo que representa una mejora respecto a los años anteriores en cuanto a generación de empleo en el sector estatal.

(El Economista, 27-05-2025) | Laboral

El pluriempleo se desploma, cayendo un 12% entre los asalariados

En el primer trimestre de 2025, el número de personas ocupadas que cuentan con un segundo empleo se situó en 537.700. Aunque esta cifra continúa siendo elevada en comparación con los niveles previos a la pandemia, representa el valor más bajo desde 2022 tras una caída interanual del 9,1%. En el caso de los asalariados, que representan el 80% de los pluriempleados, el descenso ha sido aún más pronunciado, alcanzando un 12,4%, el mayor registrado en un primer trimestre desde que existen datos. Este comportamiento rompe con una de las tendencias tradicionales del mercado laboral español, influido por factores como la reforma laboral y los recientes incrementos salariales. El pluriempleo suele interpretarse como una señal de precariedad, pero también actúa como un indicador del momento económico. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que se remontan a 2002, muestran cómo esta modalidad laboral tiende a incrementarse en fases de expansión del PIB y generación de empleo, y a reducirse en periodos de crisis. Durante los años de auge previos a la Gran Recesión -la llamada burbuja inmobiliaria, financiera e hipotecaria-, el número de trabajadores con más de un empleo creció con fuerza, pasando de 287.400 en 2002 a 571.800 en 2008. La tasa de pluriempleo respecto al total de ocupados subió del 1,7% al 2,8%, lo que indica que este fenómeno creció a mayor ritmo que el empleo general. Esto reflejaba tanto la necesidad de complementar ingresos como la facilidad para encontrar empleos adicionales. Sin embargo, tras el estallido de la crisis, la situación cambió drásticamente. En 2012, los pluriempleados descendieron hasta los 330.500, apenas el 1,9% del total. Esta caída está en línea con la destrucción masiva de empleo, que redujo la ocupación total en un 14%. Curiosamente, el pluriempleo empezó a recuperarse antes que el empleo general, cuyo punto más bajo no llegó hasta 2014. Esto se debe a que la mayoría de los empleos secundarios se concentran en el sector servicios, que fue el primero en mostrar signos de recuperación gracias al turismo. Pese a la salida de la crisis, los niveles anteriores de pluriempleo no se recuperaron plenamente, reflejo de un crecimiento económico menos dinámico. Fue tras la pandemia cuando se alcanzó un nuevo récord: 602.600 personas con empleo secundario en el cuarto trimestre de 2023, con una tasa del 2,8% del total de ocupados. Este dato subraya que el incremento no fue solo fruto del aumento general del empleo, sino que el peso del pluriempleo dentro del mercado laboral también creció. Sin embargo, ese fue su pico máximo. Ya en el primer trimestre de 2024, el número descendió a 591.300, algo que podría explicarse por la estacionalidad habitual de esta modalidad. Desde entonces, la cifra ha seguido bajando, y en 2025 se ha registrado el primer descenso interanual en un primer trimestre desde 2021 (marcado por la pandemia) y el más fuerte desde 2012. Así, la tasa ha caído al 2,5%. Lo más destacable es que esta bajada se concentra en los asalariados. Mientras que los trabajadores por cuenta propia -el 20% de los pluriempleados- han aumentado un 6,5%, los asalariados con un segundo empleo han disminuido un 12,4% en un año. Actualmente, hay 427.200 asalariados pluriempleados, el nivel más bajo desde 2022. Estos representan ahora el 2,3% del total de asalariados, frente al 2,7% de hace un año. Este dato es significativo porque confirma que el peso del pluriempleo entre los asalariados ha caído a su nivel más bajo desde 2021, cuando la economía comenzaba a salir del impacto de la pandemia. En definitiva, su evolución se ha desacoplado de la tendencia general del empleo.

(El Economista, 27-05-2025) | Laboral

Solo el 10% de los ocupados en España cuenta con un plan de pensiones de empleo

En los últimos años, la Seguridad Social ha introducido diversas reformas con el objetivo de fomentar el ahorro privado como complemento a las pensiones públicas. La modificación más reciente en este ámbito se produjo en 2022, cuando se actualizó el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones para desarrollar con mayor claridad la previsión social complementaria y dar impulso a los planes de pensiones de empleo. Hasta la fecha, el único plan que realmente ha tomado impulso tras esta reforma ha sido el del sector de la construcción, acordado en enero de 2024. No obstante, los datos más recientes revelan que la implantación de estos mecanismos en España sigue siendo limitada. Según el informe Situación de las pensiones en España de la consultora KPMG, el ahorro acumulado en planes de empleo representa menos del 1% de la masa salarial y apenas cubre al 10% de los trabajadores. En el resto de Europa, la cobertura de estos complementos de pensión varía significativamente, situándose entre el 25% y el 90% de los empleados, dependiendo de si los sistemas son obligatorios por ley o fruto de la negociación colectiva. Entre los principales obstáculos para el desarrollo de los planes de pensiones de empleo en España, el investigador de Fedea, Miguel Ángel García, señala tres factores: la alta tasa de reposición de las pensiones públicas, los sueldos medios relativamente bajos y los escasos incentivos fiscales. La tasa de reposición -esto es, el porcentaje del último salario que representa la pensión de jubilación- se sitúa en España en un 81%, según Eurostat, solo por detrás de Grecia. En comparación, el promedio europeo es del 61% y, en el caso de la OCDE, se reduce al 42% para un trabajador con ingresos medios, considerando solo las pensiones públicas. Para reforzar lo que se denomina el segundo pilar de la jubilación -los sistemas promovidos por las empresas-, el abogado de Mercer y miembro de OCOPEN, Antonio Méndez Baiges, subraya que no basta con aumentar el número de planes o los empleados que participan en ellos. También es esencial que las aportaciones a estos esquemas sean adecuadas. Según sus palabras: "Se necesita más planes, más partícipes y mayores aportaciones". En paralelo, las aportaciones a los planes individuales han ido disminuyendo progresivamente. Este retroceso se aceleró tras la decisión de reducir el límite de aportación anual a 1.500 euros, con la intención de fomentar el desarrollo de sistemas colectivos. Como resultado, entre 2021 y 2022 estas aportaciones se redujeron un 34%, y en 2023 la caída fue del 9%. A finales de 2024, los niveles se mantuvieron prácticamente estables. Por el contrario, en 2024 los sistemas de empleo crecieron un 24% respecto a los individuales, impulsados por la puesta en marcha del plan sectorial de la construcción y el aumento de planes simplificados dirigidos a autónomos. Otro aspecto destacado por el informe es cómo el tamaño de los planes influye en su rentabilidad y eficiencia en costes. Para resolver esta situación, KPMG recomienda que el Gobierno fomente los Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (FPEPP). Sin embargo, este objetivo parece aún lejano: los cinco supervisores designados por el Ejecutivo para controlar estos fondos dimitieron en bloque, al no haberse adherido ningún plan más de un año después de su creación. En conjunto, el patrimonio destinado al ahorro previsional en España sigue estando muy por debajo del promedio de la OCDE. A finales de 2022, el ahorro privado representaba el 11,8% del PIB. Además, de acuerdo con los datos de Inverco, los activos gestionados por los planes de pensiones al cierre de 2024 ascendieron a 131.833 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,7% interanual. Esta cifra equivale aproximadamente al gasto anual de la Seguridad Social en pensiones de jubilación.

(El Periódico, 27-05-2025) | Laboral

Empresarios y directivos señalan la formación de la mano de obra, normativa laboral y exceso de impuestos como las 3 grandes trabas para su actividad

Las compañías españolas aún dedican un 10,5% de su tiempo a cumplir con trámites y obligaciones burocráticas impuestas por las normativas gubernamentales. Aunque esta cifra ha mejorado respecto a 2021, cuando era del 13%, sigue siendo superior al promedio del 8% que registran economías con niveles de ingresos similares. Es decir, el llamado "impuesto de tiempo" en España continúa siendo más elevado que en otros países comparables. Este dato forma parte de los resultados de las Encuestas Empresariales del Banco Mundial, cuyos hallazgos se han presentado este lunes en la sede de la Cámara de Comercio de España en Madrid. La propia Cámara se encargó de coordinar el trabajo de campo, que consistió en entrevistar a 1.431 propietarios y altos cargos de empresas españolas entre enero de 2024 y marzo de 2025. En cuanto a los principales factores que obstaculizan la actividad empresarial, los directivos encuestados identifican como principal barrera la carencia de una formación adecuada entre los trabajadores (mencionada por el 35% de las empresas). Le siguen las regulaciones laborales (18%) y la carga impositiva (15,9%). Otros elementos como el acceso a financiación (5,5%), la incertidumbre política (5,1%), los problemas de transporte (4,4%) o la obtención de permisos (3,5%) quedan en un segundo plano. Solo el 2,9% de los encuestados consideran que el suministro eléctrico representa un problema para sus negocios. Durante la presentación del informe, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, señaló que "la excesiva carga administrativa y regulatoria representa un coste añadido para las empresas, dificulta su operativa diaria y afecta negativamente a su competitividad". Añadió que este impacto es especialmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas, a las que limita sus posibilidades de crecimiento. Estas trabas regulatorias, según se explicó, afectan al rendimiento empresarial y son un elemento clave del programa insignia del Banco Mundial denominado Business Ready (antes Doing Business). Esta edición del informe incluye datos recogidos en 103 países mediante más de 250.000 entrevistas. En el caso de España, se encuestó a empresas de los sectores industrial y de servicios con más de cinco trabajadores, manteniendo una metodología homogénea para todos los países. Las encuestas cubren una amplia gama de temas: desde infraestructuras, comercio, fiscalidad, acceso a financiación y regulación, hasta innovación, prácticas de gestión, economía sumergida, corrupción y percepciones sobre el entorno empresarial. Norman Loayza, director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial, fue el encargado de presentar los aspectos más destacados del informe. Subrayó puntos positivos, como que "las empresas más productivas en España tienden a expandirse, lo que genera más empleo y mejores salarios". A su juicio, esto muestra la necesidad de facilitar el crecimiento de este tipo de empresas, aunque para lograrlo "es necesario permitir que las menos eficientes abandonen el mercado", haciendo referencia al concepto de "destrucción creativa" formulado por el economista Joseph Schumpeter. En cuanto a los elementos negativos, Loayza apuntó directamente a los problemas en el ámbito laboral. Indicó que "el marco normativo que regula las contrataciones y despidos es especialmente complejo", y citó como ejemplo que "hay más conflictos laborales en España y los procesos judiciales se prolongan más tiempo que en otros países". Según los datos del informe, las empresas españolas pagan un promedio de siete semanas de salario en caso de despido, frente a las cinco semanas que se abonan en países con niveles de ingreso similares. Además, el 15% de las empresas españolas ha estado implicada en un litigio laboral en los últimos tres años, frente al 6% en la media internacional comparable. También el tiempo medio de resolución de estos conflictos es mayor: siete meses en España, frente a cinco en otros países del entorno.

(Cinco Días, 26-05-2025) | Laboral

Las mujeres cobran de media 3.500 euros menos al año que los hombres pese a la reducción de la brecha de género

La desigualdad de género en el ámbito laboral, es decir, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres que realizan trabajos comparables, continúa siendo un problema en España que afecta negativamente a las mujeres. No obstante, esta brecha salarial se ha reducido en 5,9 puntos porcentuales en los últimos 20 años, situándose actualmente en un 15,9%. Uno de los factores que ha influido en esta reducción es la tendencia de muchas mujeres a orientarse hacia determinados sectores profesionales, que aún están alejados del ámbito tecnológico. Así lo revela el Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo, presentado por Fedea, que incluye un análisis específico sobre la evolución de las desigualdades laborales entre hombres y mujeres desde 2002 hasta 2025. "A pesar de que se ha producido una mejora, las mujeres continúan percibiendo salarios inferiores a los de los hombres, incluso si se tienen en cuenta variables como la edad, el nivel educativo, el tipo de contrato o jornada, el sector de actividad o el tamaño de la empresa", explica el estudio elaborado por José-Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea. Cuando se comparan perfiles laborales equivalentes, los datos muestran una brecha salarial ajustada que ha bajado del 18,7% al 12%, una reducción de 6,7 puntos. Claudia Hupkau, profesora asociada del CUNEF, expuso durante el acto de presentación que "una mujer con la misma formación, en el mismo sector y desempeñando un puesto similar en la misma empresa, gana de media unos 3.500 euros anuales menos que su homólogo masculino". Además, apuntó que, si no se consideran los factores de ajuste, la diferencia salarial es el doble. El estudio también señala que esta desigualdad se reduce ligeramente en función de la edad. Entre los jóvenes, el desfase salarial ajustado se sitúa en torno al 4%, mientras que entre las personas mayores de 59 años supera el 15%. En cuanto a la formación, tampoco parece ser un factor determinante para eliminar la desigualdad: en 2022, la brecha superaba el 11% en todos los niveles educativos. En relación con la antigüedad en el puesto de trabajo, también se observa un aumento de la brecha con los años: en 2022, las personas con más de siete años en la empresa sufrían una diferencia salarial del 14%, frente al 7,8% entre quienes llevaban menos de un año. Una de las áreas donde se aprecia con claridad esta desigualdad es en el empleo a tiempo parcial no deseado, en el que predominan las mujeres. "Casi el 70% de los empleados a tiempo parcial son mujeres, y la diferencia salarial en este grupo alcanza el 9,6%", detalla el documento. Según Hupkau, esta persistente desigualdad responde, en parte, a patrones de comportamiento distintos entre hombres y mujeres. Muchas mujeres continúan eligiendo profesiones vinculadas a sectores como el sanitario, mientras que su presencia es mucho menor en campos tradicionalmente masculinos, como los relacionados con las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). "La realidad es que las mujeres tienden a ocupar empleos menos remunerados que los hombres. Incluso en áreas donde ellas son mayoría y los salarios son elevados, como la medicina, ellas siguen ganando menos", explicó la experta. El informe subraya que las mujeres están sobrerrepresentadas en sectores como la sanidad, la educación o los servicios domésticos, y tienen escasa presencia en ámbitos como la construcción, el transporte o la industria extractiva. Esta preferencia por ciertos sectores, que aún refleja patrones culturales y sociales arraigados, da lugar a una marcada "segregación ocupacional". Según el estudio, para alcanzar una distribución equilibrada entre géneros, más del 25% de las mujeres tendría que cambiar de ocupación. Esto indica que se requieren transformaciones profundas en el acceso y la orientación laboral para corregir esta desigualdad estructural.

(Expansión, 26-05-2025) | Laboral

Díaz cree que el Gobierno logrará reducir la jornada pese a las dificultades y la presenta como "un motor de esperanza en el conjunto del país y del mundo”

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó este domingo en Sevilla que el Ejecutivo acabará logrando la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. "Nos tomará el tiempo que haga falta, pero vamos a conseguirlo", aseguró durante un acto organizado por el Movimiento Sumar y respaldado por Izquierda Unida, en defensa de esta medida, que ya ha sido incluida en un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de mayo. El acto coincide con la llegada del texto al Congreso, donde aún no cuenta con los apoyos necesarios para ser aprobado. Díaz subrayó que esta reducción de jornada "no es solo una cuestión económica", sino "una fuente de esperanza para todo el país y también para el mundo". En su intervención, se preguntó por qué existe tanta oposición a una medida como esta cuando, según datos actuales, la media de horas trabajadas en España ya se sitúa en 38,2. "¿Por qué tanta resistencia si miles de convenios colectivos en Andalucía ya contemplan semanas laborales por debajo de las 40 horas? ¿Por qué tanta oposición si el personal del sector público ya disfruta de jornadas de 37,5 horas?", preguntó Díaz. A su juicio, esta resistencia se debe a que la medida representa "un mensaje de esperanza para la mayoría social". La ministra también recordó que en el pasado se defendieron modelos laborales centrados en la precariedad, la devaluación salarial y los despidos como fórmula de salida de las crisis. Citó a la exministra del PP, Fátima Báñez, quien planteó que la única alternativa al paro era aceptar contratos precarios. Frente a ello, Díaz afirmó: "Les dijimos que no era cierto". A pesar de que aún queda camino por recorrer, destacó que actualmente España está por debajo de la media europea en temporalidad. Para Díaz, la próxima gran transformación laboral es la jornada laboral, una reivindicación histórica del movimiento obrero desde el siglo XIX y que estuvo en el origen de las primeras manifestaciones del 1 de mayo. También destacó que, pese a los debates internos, el Gobierno ha cumplido su compromiso y ahora corresponde al Congreso sacar adelante esta reforma. En este sentido, hizo un llamamiento a los sindicatos y trabajadores andaluces para que presionen al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y le exijan claridad sobre su postura ante esta medida. Asimismo, Díaz defendió que se trata de una propuesta con un fuerte componente feminista, al dirigirse especialmente a las más de 300.000 mujeres con empleos a tiempo parcial en Andalucía y a los 2,5 millones en el conjunto del país. Aseguró que esta medida les garantiza nuevos derechos, mejora sus salarios y favorece la conversión de muchos contratos a tiempo parcial en empleos indefinidos. También anunció una profunda transformación en el control de horarios laborales: "Vamos a acabar con la práctica de fichar sin reflejar las horas reales de trabajo". Explicó que, mediante sistemas digitales interoperables, la Inspección de Trabajo podrá verificar en tiempo real la jornada efectiva de cualquier trabajador en el país. Por último, Díaz recordó que cuando llegó al Ministerio, en España se realizaban seis millones de horas extra no remuneradas a la semana. Gracias al trabajo de la Inspección, esa cifra ha bajado a dos millones y medio. Criticó que la derecha no mencione el impacto fiscal de estas horas irregulares y denunció que en Andalucía se hacen 293.000 horas extra sin pagar cada semana. Por ello, pidió al presidente andaluz que actúe para erradicar estas prácticas y garantizar condiciones laborales justas.

(El País, 26-05-2025) | Laboral

Dinamarca se convierte en el país con la edad de jubilación más alta de la UE

El Parlamento de Dinamarca ha aprobado este jueves 22 de mayo una medida sin precedentes en Europa: elevar la edad legal de jubilación hasta los 70 años a partir de 2040. Actualmente, los daneses pueden jubilarse a los 67 años, pero esta edad aumentará progresivamente a 68 en 2030 y a 69 en 2035, siguiendo un sistema establecido en 2006 que ajusta la edad de retiro cada cinco años en función del incremento de la esperanza de vida. Ahora, este mecanismo se amplía hasta los 70 años, una decisión que ha suscitado controversia. La reforma afectará a quienes nacieron a partir del 1 de enero de 1971. Aunque la medida fue aprobada con una mayoría parlamentaria de 81 votos a favor frente a 21 en contra, ha generado descontento social y ha motivado protestas lideradas por sindicatos en las calles de Copenhague. La primera ministra, Mette Frederiksen, ha señalado que está abierta a revisar este sistema automático cuando se llegue al umbral de los 70 años, según informó la BBC. En Europa, el aumento de la edad de jubilación se ha convertido en una tendencia generalizada durante la última década. En España, por ejemplo, el Gobierno socialista de 2011 aprobó una reforma que eleva progresivamente la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, un cambio que se aplicará de forma general a partir de 2027. Según esta escala gradual, en 2025 los trabajadores podrán jubilarse a los 66 años y ocho meses, salvo que hayan cotizado más de 38 años y tres meses, en cuyo caso podrán retirarse a los 65. La edad de jubilación de 67 años es ya una referencia actual o futura en numerosos países europeos como Alemania, Bélgica, Grecia, Italia, Países Bajos, Reino Unido o Islandia, que han adoptado reformas similares. Otros países como Portugal, Finlandia, Suecia, Bulgaria, Chipre, Estonia o Eslovaquia cuentan con edades de jubilación ligeramente inferiores (entre 64 y 66 años en la mayoría de los casos), pero han establecido mecanismos de ajuste automático en función de la evolución de la esperanza de vida, con revisiones periódicas cada tres o cinco años. En general, las reformas para aumentar la edad de retiro suelen encontrar resistencia social. Un ejemplo reciente fue el caso de Francia, donde la reforma impulsada por Emmanuel Macron en abril de 2023 elevó la edad de jubilación de 62 a 64 años e incrementó los años de cotización necesarios para cobrar una pensión completa de 42 a 43. A pesar de las intensas protestas, la medida entró en vigor el 1 de septiembre de 2023. En España, también se llegó a plantear vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida. Esta propuesta fue impulsada en 2018 por el entonces diputado del PDeCAT, Carles Campuzano, en el marco del Pacto de Toledo durante el primer mandato de Pedro Sánchez. En ese contexto, se derogó la reforma del PP, que contemplaba dos elementos clave para contener el gasto en pensiones: el índice de revalorización, que limitaba las subidas al 0,25% mientras hubiera déficit, y el factor de sostenibilidad, que ajustaba la pensión inicial de los nuevos jubilados en función de su esperanza de vida. Ambos elementos fueron eliminados. El primero fue sustituido por un sistema de actualización automática de las pensiones según el IPC. El segundo, por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que en lugar de reducir las pensiones futuras, aumenta los ingresos del sistema mediante un alza en las cotizaciones, con el objetivo de hacer frente al aumento de gasto derivado del envejecimiento de la población. Este mecanismo contempla una revisión trianual por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que puede proponer ajustes si se detectan desviaciones del equilibrio financiero. España ha superado recientemente su primera evaluación europea en este marco, aunque no sin críticas, ya que la AIReF advirtió sobre la necesidad de tomar medidas adicionales para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

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