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(El País, 09-06-2026) | Laboral

El Ministerio de Seguridad Social da un paso clave en el proceso para anticipar la jubilación de los empleados del transporte de mercancías

La UGT ha informado en una nota de prensa de que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) ha concluido ya el informe de morbilidad y mortalidad del sector, un documento clave dentro del procedimiento para permitir el anticipo de la jubilación en actividades con alta siniestralidad. Este informe llega más tarde de lo previsto en la normativa que regula este mecanismo, lo que había generado malestar en el sindicato, hasta el punto de que había convocado una huelga como medida de presión. Tras confirmarse su finalización y recibir el compromiso de que el proceso continuará, UGT ha decidido desconvocar el paro. Según explica la organización sindical, el Ministerio de Seguridad Social ha remitido una comunicación oficial en la que certifica que la DGOSS ya ha terminado el informe relativo al transporte de mercancías por carretera. Además, prevé que el documento correspondiente al transporte de viajeros quede listo en los próximos días. Este avance no implica todavía la concesión de coeficientes reductores -el mecanismo que permite que cada año trabajado compute como más tiempo a efectos de jubilación-, pero sí supone un paso importante dentro del procedimiento administrativo. La medida forma parte del acuerdo alcanzado en 2024 entre Gobierno, sindicatos y patronal para habilitar la jubilación anticipada en sectores con elevada siniestralidad, a cambio de un aumento de cotizaciones. Aunque el decreto que regula este sistema se aprobó en mayo de 2025, el desarrollo del procedimiento ha acumulado retrasos, tanto en la constitución de la comisión encargada de evaluarlo como en la elaboración de los informes técnicos necesarios. Las organizaciones del transporte, tanto patronales como sindicales, presentaron sus solicitudes hace más de siete meses, pese a que el plazo previsto era de seis. El Ministerio ha trasladado que los expedientes seguirán su tramitación aunque se hayan superado los tiempos inicialmente fijados y que se espera que todo el proceso pueda cerrarse en otoño. El procedimiento contempla, tras el informe de la DGOSS, la elaboración de nuevos dictámenes por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros organismos, aunque estos informes no son vinculantes. A partir de ahí, la comisión de evaluación dispone de un mes para emitir una recomendación, que posteriormente será elevada al Ministerio de Seguridad Social, responsable de la decisión final. Desde el departamento ministerial se insiste en que se trata de un procedimiento nuevo, fruto del diálogo social, y que el expediente del transporte de mercancías es el más avanzado de todos los abiertos. Según los datos disponibles, en 2025 fallecieron 93 trabajadores en el sector del transporte, lo que lo sitúa como el segundo con mayor siniestralidad laboral en España, solo por detrás de la construcción, que registró 164 fallecimientos. Ambos sectores han reclamado la aplicación de este sistema de jubilación anticipada, aunque en el caso de la construcción la patronal no respalda la petición. La Seguridad Social sostiene que la complejidad del primer informe ha contribuido a los retrasos, pero asegura que los plazos se agilizarán en futuras tramitaciones. Mientras tanto, el proceso continúa su curso a la espera de los siguientes informes técnicos y de la decisión final del ministerio.

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(El Economista, 09-06-2026) | Laboral

El Supremo revisará si los interinos contratados antes de 2021 tienen derecho a una indemnización por cese

El Tribunal Supremo ha decidido reabrir el debate sobre los derechos de los empleados públicos interinos afectados por situaciones de temporalidad abusiva. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estudiará si aquellos trabajadores contratados antes de la entrada en vigor de la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobada en 2021, pueden acceder a una indemnización equivalente a 20 días de salario por año trabajado, con un límite máximo de doce mensualidades. La decisión llega después de que el alto tribunal haya admitido a trámite un nuevo recurso relacionado con esta cuestión, que se suma a otro ya aceptado en septiembre del año pasado. Hasta ahora, la doctrina del Supremo había sido clara: los interinos que sufrieron una utilización abusiva de contratos temporales y cuya relación laboral se inició antes del 30 de diciembre de 2021 no tenían derecho a percibir una indemnización al finalizar su vínculo laboral, incluso cuando el cese se hubiera producido con posterioridad a la entrada en vigor de la norma. La legislación aprobada en 2021 introdujo una compensación económica para determinados empleados temporales del sector público cuando sus plazas sean ocupadas por funcionarios que hayan superado los correspondientes procesos selectivos. Sin embargo, la aplicación práctica de este derecho y su alcance continúan generando controversia jurídica. La cuestión adquiere especial relevancia porque afecta a miles de trabajadores que han permanecido durante años en situación de interinidad mediante sucesivos nombramientos temporales. Además, el debate se ha intensificado tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 14 de abril, en el que consideró insuficiente el sistema español de compensaciones para estos empleados. Según el tribunal europeo, las medidas previstas actualmente no garantizan una reparación efectiva, ya que no alcanzan a todos los afectados ni contemplan adecuadamente los daños ocasionados por el abuso de la temporalidad. Por otro lado, la Sala de lo Social del propio Tribunal Supremo ya abordó una cuestión similar en una sentencia dictada el 12 de mayo, aunque referida a empleados públicos sujetos al Estatuto de los Trabajadores. En esa resolución estableció que únicamente podrán adquirir la condición de indefinidos aquellos trabajadores que hubieran superado un proceso selectivo sin obtener plaza, mientras que el resto tendrá derecho a ser compensado económicamente por los perjuicios sufridos y, en su caso, también por el despido. No obstante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, competente para resolver los asuntos relativos a los funcionarios e interinos regulados por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), todavía no ha fijado un criterio definitivo sobre las indemnizaciones que corresponden en los supuestos de abuso de la contratación temporal. La futura resolución será especialmente relevante para determinar si la normativa española se ajusta plenamente a las exigencias del derecho europeo y para aclarar el alcance de las compensaciones económicas que podrían reclamar miles de interinos afectados por años de temporalidad continuada en las administraciones públicas.

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(Expansión, 08-06-2026) | Laboral

El Papa León XIV aboga por el "diálogo social" ante patronal y sindicatos

El papa León XIV ha reclamado que las empresas sitúen a las personas en el centro de su actividad y no consideren a los trabajadores como un elemento más dentro de sus objetivos económicos. Además, ha defendido que el empleo siga siendo una fuente de oportunidades y esperanza para la sociedad. Sus palabras coincidieron con una intervención conjunta de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO, que apostaron por impulsar un nuevo contrato social capaz de responder a los desafíos planteados por la inteligencia artificial. En una imagen que evocó algunos de los principios recogidos en su primera encíclica, Magnifica Humanitas, el Pontífice participó este domingo en un encuentro con representantes de los ámbitos social, económico, cultural y deportivo de España. Durante el acto, celebrado en el Movistar Arena de Madrid bajo el título "Tejer Redes", insistió en la importancia de que la Iglesia mantenga un diálogo abierto con la sociedad contemporánea. Ante representantes empresariales y sindicales, León XIV destacó el valor del diálogo social en el contexto actual, marcado por la rápida expansión de la inteligencia artificial. Según señaló, este diálogo debe basarse en el encuentro, la escucha mutua, el respeto y la cooperación entre las distintas partes implicadas. El Papa sostuvo que las compañías deben reconocer la dignidad de cada persona y evitar que los empleados sean percibidos únicamente como recursos al servicio de intereses económicos. También subrayó que el trabajo debe conservar su papel como herramienta de progreso y esperanza. Dirigiéndose al ámbito académico, defendió una universidad conectada con la realidad laboral y comprometida con la búsqueda de la verdad. Asimismo, reivindicó una cultura accesible para toda la sociedad, un deporte que vaya más allá del espectáculo y del negocio, y un desarrollo tecnológico que tenga presentes las necesidades de los países más desfavorecidos. Estas reflexiones respondían a las intervenciones previas de los principales representantes de los agentes sociales. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el líder de CCOO, Unai Sordo, compartieron escenario para lanzar un mensaje común sobre la necesidad de construir un nuevo marco de convivencia social adaptado al siglo XXI y a la revolución tecnológica. Garamendi defendió la importancia de preservar el diálogo social y la negociación colectiva como instrumentos de estabilidad, consenso y cooperación. A su juicio, las sociedades más sólidas son aquellas que logran alcanzar acuerdos duraderos. Por su parte, Unai Sordo planteó la necesidad de renovar el contrato social para construir sociedades más equitativas y con mayores niveles de bienestar y dignidad. Pepe Álvarez destacó que la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral a una velocidad inédita y advirtió de que la cuestión fundamental es decidir si esa transformación se produce al margen de los trabajadores o contando con su participación. Ángela de Miguel, en representación de las pequeñas y medianas empresas, señaló que el avance tecnológico hace aún más necesaria la dimensión humana en las relaciones económicas y laborales. El encuentro reunió también a representantes de otros sectores de la sociedad. El actor Antonio Banderas intervino en nombre del mundo de la cultura; el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello, representó al ámbito académico; mientras que las deportistas Carolina Marín y Teresa Perales participaron como referentes del deporte. Además, la bailaora Sara Baras y la cantante Rozalén aportaron la representación del sector musical. Miles de personas asistieron al evento, entre ellas empresarios, personalidades de distintos ámbitos y responsables políticos como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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(Cinco Días, 08-06-2026) | Laboral

La justicia avala la legalidad de las indemnizaciones por edad en ERE

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la legalidad del expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado por Telefónica de España en enero de 2024. El tribunal considera que el sistema de compensaciones por tramos de edad no vulnera el principio de igualdad ni constituye una forma de discriminación, según la sentencia fechada el 5 de marzo y difundida por EL PAÍS/Cinco Días. La resolución desestima el recurso presentado por un ex trabajador de 57 años, que reclamaba una indemnización por daños morales tras considerar que había sufrido un trato desigual. El fallo ratifica una sentencia anterior del Juzgado de lo Social número 20 de Madrid, que ya había dado la razón a la empresa. El caso se enmarca en el despido colectivo acordado entre Telefónica y la representación sindical en enero de 2024. El demandante, con una antigüedad en la compañía desde 1989 y un salario de referencia cercano a los 93.400 euros anuales, se acogió voluntariamente al plan y causó baja en febrero de ese año. El diseño del ERE establecía distintas condiciones económicas en función del año de nacimiento de los empleados. Se definieron tres tramos de edad con diferentes porcentajes del salario regulador para las rentas de prejubilación. El grupo más joven percibía un 68% hasta los 63 años y un 38% hasta los 65; el tramo intermedio, donde se encontraba el demandante, recibía un 62% y un 34%; y el grupo de mayor edad, un 52% y un 34%. Además, el acuerdo incluía una prima de adhesión de 10.000 euros. El trabajador alegaba que la diferencia respecto al tramo superior suponía una reducción económica equivalente a unos 467 euros mensuales en el primer periodo de prejubilación, lo que a su juicio constituía una discriminación por razón de edad contraria a la Constitución y a la legislación vigente. También sostenía que podía tratarse de una represalia por no haberse adherido a anteriores planes de bajas incentivadas. El TSJM rechaza estos argumentos al considerar que las condiciones del ERE derivan de un acuerdo colectivo negociado con la representación sindical, y no de una decisión unilateral de la empresa. El tribunal entiende que la diferenciación por edad responde a criterios objetivos vinculados a la proximidad de la jubilación y al acceso al sistema público de pensiones. La sentencia se apoya además en la doctrina del Tribunal Supremo, que en una resolución de enero de 2023 avaló que las diferencias indemnizatorias en despidos colectivos pueden ser legítimas si están justificadas dentro de la negociación colectiva. Según este criterio, la posición de los trabajadores varía en función de su edad y del tiempo que les resta hasta la jubilación, lo que permite establecer mecanismos diferenciados de compensación. En el caso concreto, los magistrados concluyen que no existe un perjuicio desproporcionado para el demandante, ya que las rentas pactadas garantizan un nivel de ingresos acorde con su trayectoria profesional. Asimismo, descartan que existiera represalia empresarial, al constatar que el trabajador no se acogió voluntariamente a planes anteriores y mantuvo su salario hasta el ERE de 2024. La resolución refuerza la validez jurídica de los esquemas de prejubilación por tramos de edad en procesos de reestructuración empresarial, al considerar que pueden ajustarse a derecho cuando se negocian colectivamente. El ERE de 2024 afectó finalmente a 3.393 empleados, dentro de un plan inicial ligeramente superior. Las condiciones incluyeron rentas mensuales y una prima de salida voluntaria. Posteriormente, en 2025, la compañía acordó un nuevo proceso de ajuste que afecta a más de 4.500 trabajadores, con un esquema similar de salidas incentivadas por edad.

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(Expansión, 08-06-2026) | Laboral

El pluriempleo se dispara un 35% tras la reforma laboral y afecta a 611.000 trabajadores

El número de trabajadores que necesitan compaginar dos empleos para alcanzar unos ingresos suficientes continúa aumentando en España. Aunque el Gobierno destaca la transformación del mercado laboral tras la reforma laboral de 2021, diversos expertos y estadísticas oficiales reflejan que persisten algunas situaciones asociadas a la precariedad, entre ellas el crecimiento del pluriempleo. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre de 2026, 611.600 personas tenían una segunda ocupación. Aunque esta cifra es ligeramente inferior a la registrada en el último trimestre de 2025, cuando se alcanzaron los 632.600 trabajadores, sigue situándose en niveles históricamente elevados. De hecho, supone un aumento del 35% respecto al periodo previo a la reforma laboral, ya que en el primer trimestre de 2021 había 452.400 personas en situación de pluriempleo. La comparación con hace una década también refleja una tendencia ascendente. Frente a los 423.000 trabajadores que desempeñaban dos empleos entonces, actualmente hay cerca de 189.000 más, lo que representa un incremento del 44,6%. La mayor parte de quienes tienen más de un trabajo desarrollan su actividad principal como asalariados. En concreto, de los 611.600 pluriempleados contabilizados en el primer trimestre de 2026, casi el 77% trabajan por cuenta ajena como ocupación principal, mientras que algo más de 114.000 son autónomos. No obstante, la evolución más significativa se observa en la naturaleza del segundo empleo. Aunque la mayoría continúa desempeñando esa actividad adicional como asalariado, cada vez son más quienes recurren al trabajo autónomo para complementar sus ingresos. Actualmente, más de 208.000 personas tienen una segunda ocupación como trabajadores por cuenta propia, lo que supone un incremento cercano al 50% respecto al periodo anterior a la reforma laboral. Dentro de este grupo, dos de cada tres proceden de un empleo principal como asalariados, mientras que el resto ya desarrollaban una actividad autónoma como ocupación principal. El fenómeno presenta además una clara concentración sectorial. Cerca del 87% de los trabajadores con más de un empleo pertenecen al sector servicios, que reúne a más de 530.000 personas en esta situación. A considerable distancia se sitúan la industria, la construcción y la agricultura. El aumento del pluriempleo refleja las dificultades de numerosos trabajadores para cubrir sus necesidades únicamente con su salario principal. Factores como el encarecimiento de la vivienda, la inflación y el incremento general del coste de la vida han elevado la presión sobre los hogares. Un estudio reciente de InfoJobs señala que, durante 2025, el alquiler absorbió de media el 50% del salario bruto de los trabajadores en España. Este porcentaje se elevó hasta el 71% en la Comunidad de Madrid y el 70% en Cataluña. La plataforma advierte de que, pese a la mejora de la estabilidad laboral derivada de una mayor contratación indefinida, siguen existiendo elementos de temporalidad y estacionalidad que afectan a la seguridad económica de muchos trabajadores. Además, la evolución de los salarios continúa siendo insuficiente para recuperar plenamente el poder adquisitivo perdido por el efecto de la inflación. Otro de los aspectos que genera debate sobre la calidad del empleo tras la reforma laboral es el fuerte crecimiento de los contratos fijos discontinuos. Esta modalidad, impulsada como alternativa a la contratación temporal, ha experimentado una expansión muy significativa en los últimos cinco años. En mayo de 2026 había más de 1,1 millones de afiliados a la Seguridad Social con contratos fijos discontinuos, frente a los 376.000 registrados en mayo de 2021. Esto supone un aumento de casi el 193%, es decir, prácticamente una triplicación de esta fórmula contractual. Diversos especialistas reclaman una mayor transparencia sobre la situación real de estos trabajadores. Cuando no están llamados a prestar servicios, mantienen su contrato en vigor, pero desaparecen de las estadísticas de afiliación activa y tampoco figuran como desempleados registrados. Sin embargo, sí pueden solicitar prestaciones por desempleo durante esos periodos de inactividad. Esta circunstancia ha llevado a distintos centros de análisis a elaborar indicadores alternativos al paro registrado. Uno de ellos es el denominado "paro efectivo", que suma a los desempleados oficiales los trabajadores fijos discontinuos inactivos que pueden percibir prestaciones. Según los cálculos más recientes de Randstad Research, esta cifra alcanzó los 3,07 millones de personas en mayo, alrededor de 718.000 más que los 2,32 millones contabilizados en el paro registrado oficial.

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(Expansión, 08-06-2026) | Laboral

Seguridad Social recaudará 1.550 millones al año por la subida de cuotas a autónomos societarios y familiares

El Gobierno ha elevado en 2026 la base mínima de cotización de los autónomos societarios, los familiares colaboradores y aquellos trabajadores por cuenta propia que no declaran rendimientos, situándola en 1.424 euros mensuales frente a los 1.000 euros anteriores. Este incremento del 42% supone que los afectados deberán abonar una cuota mínima de 485 euros al mes, unos 135 euros más que en 2025, lo que representa un sobrecoste anual de aproximadamente 1.620 euros. La medida fue aprobada a finales de marzo mediante la orden de cotización correspondiente a 2026 y afecta especialmente a algo más de medio millón de autónomos cuyos ingresos se encuentran en torno a los 1.000 euros mensuales o por debajo de esa cifra. Dentro de este colectivo se incluyen tanto autónomos societarios como familiares colaboradores. Además de su impacto sobre los trabajadores afectados, la decisión tendrá una repercusión significativa en la recaudación pública. Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el aumento de las cotizaciones aportará alrededor de 1.550 millones de euros adicionales al año, una cantidad equivalente a una décima del PIB. La Airef considera que esta mejora de ingresos tendrá un efecto permanente sobre las cuentas de la Seguridad Social. Sus cálculos se basan en los datos de afiliación y en las bases medias de cotización de los distintos tipos de autónomos facilitados por la propia Seguridad Social. El origen de esta subida se encuentra en la reforma del sistema de cotización por ingresos reales aprobada en 2022 y puesta en marcha en 2023. Aquella normativa estableció un calendario para que todos los autónomos, independientemente de su forma jurídica, ajustaran progresivamente sus cotizaciones a sus rendimientos reales antes de 2032. En ese marco se fijó que, a partir de 2026, la base mínima de los autónomos societarios y colaboradores no podría ser inferior a la base mínima del Régimen General. Sin embargo, la ley contemplaba una adaptación gradual mediante incrementos sucesivos vinculados a los Presupuestos Generales del Estado. La ausencia de nuevas cuentas públicas desde 2023 provocó que la base mínima permaneciera congelada en 1.000 euros durante los últimos años. Como consecuencia, el ajuste se ha concentrado ahora en un único ejercicio, generando un incremento mucho más acusado. La medida ha suscitado críticas entre las organizaciones de autónomos y diversos grupos políticos, que han intentado frenar su aplicación. Las objeciones se centran en que la subida afecta exclusivamente a un segmento concreto del colectivo, mientras que el resto de autónomos mantiene congeladas sus cuotas debido a la falta de acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales sobre las nuevas tablas de cotización para el periodo 2026-2028. Pese a ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido la medida argumentando que responde al cumplimiento de los compromisos recogidos en la reforma pactada en 2022 con asociaciones de autónomos, sindicatos y organizaciones empresariales. La recaudación adicional derivada de esta subida forma parte de las medidas destinadas a reforzar la financiación del sistema público de pensiones. El objetivo es compensar el incremento del gasto generado por las reformas recientes, entre ellas la revalorización automática de las pensiones conforme a la evolución del IPC. En su último informe sobre sostenibilidad del sistema, la Airef concluye que la denominada regla de gasto en pensiones se cumple formalmente. Según sus estimaciones, el gasto neto en pensiones se situará de media en el 13% del PIB entre 2022 y 2050, por debajo del límite del 13,3% fijado en la normativa vigente. El organismo atribuye esta mejora respecto a evaluaciones anteriores principalmente al mayor impacto esperado de las medidas de ingresos. Mientras que el gasto bruto en pensiones se mantiene estable en torno al 14,6% del PIB para el periodo analizado, la aportación de los nuevos ingresos se eleva hasta el 1,6% del PIB de media, reforzando así la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo.

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(El Economista, 08-06-2026) | Laboral

Las empresas públicas suben la plantilla hasta su máximo en más de veinte años

El aumento del empleo público en España, que supera proporcionalmente al crecimiento del sector privado desde el final de la pandemia, se ha convertido en una tendencia recurrente trimestre tras trimestre. Dentro de este fenómeno, sin embargo, destaca de forma menos visible el fuerte crecimiento de las plantillas en el ámbito de las empresas públicas y entidades vinculadas a las distintas administraciones. Según advierten distintos expertos, estas entidades presentan un nivel de opacidad superior al de otros organismos públicos, lo que dificulta su seguimiento y control. En conjunto, suman cerca de 200.000 trabajadores, la cifra más elevada en más de dos décadas según la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos actualizados al primer trimestre de 2026. Aunque este volumen es reducido en comparación con los más de tres millones de empleados públicos existentes en España, su evolución es especialmente significativa. Este segmento es el que registra el mayor dinamismo dentro del conjunto del sector público. Entre 2024 y 2026, su plantilla ha crecido por encima del 20%, mientras que en el último año el incremento ha sido cercano al 11%. En contraste, el personal de la Administración General del Estado ha aumentado menos de un 7%, el de las comunidades autónomas un 3,8% y el de las entidades locales menos del 1%. La estructura de estas empresas públicas es compleja y extensa. Según los datos del Ministerio de Hacienda, existen más de 4.000 entidades vinculadas al sector público en sus diferentes niveles administrativos. De ellas, alrededor de 500 dependen de la Administración central, casi 1.300 de las comunidades autónomas y unas 2.560 de las entidades locales, donde este tipo de organismos tiene una presencia especialmente amplia. Esta proliferación no es el único aspecto que genera preocupación. Diversos análisis apuntan a las dificultades de control y fiscalización de estas entidades, algunas de las cuales no están sujetas a mecanismos de supervisión previos sobre su gasto. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha identificado más de 280 entidades sin control previo completo, a pesar de que en ellas se detectan riesgos relevantes en la gestión financiera, posibles incumplimientos normativos o errores contables que podrían afectar a la fiabilidad de sus cuentas. A ello se suma la cuestión de la eficiencia. Según el Banco de España, la deuda conjunta de las empresas públicas ha superado recientemente los 41.000 millones de euros, situándose en niveles similares a los registrados hace una década, cuando alcanzó algo más de 42.000 millones. Esta evolución reabre el debate sobre la sostenibilidad y la eficacia del conjunto del entramado empresarial público. En este contexto, los especialistas señalan que el crecimiento de estas entidades no siempre va acompañado de mejoras equivalentes en transparencia o eficiencia, lo que refuerza las dudas sobre su dimensión y su papel dentro del conjunto del sector público.

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(El Confidencial, 08-06-2026) | Laboral

La realidad de los jóvenes en España: uno de cada tres es pobre después de pagar el alquiler

Los buenos resultados que muestran los principales indicadores de la economía española contrastan con la situación cotidiana de buena parte de la población, especialmente de los jóvenes. Aunque existen sectores sociales que atraviesan una etapa de estabilidad y prosperidad, muchos menores de 35 años continúan enfrentándose a salarios reducidos, precariedad laboral y un fuerte encarecimiento de la vivienda, factores que están llevando a una situación muy delicada a uno de cada tres hogares jóvenes. Un informe elaborado por el IVIE y la Fundación BBVA aporta nuevos datos sobre esta realidad. Según el estudio, los hogares jóvenes destinan de media el 30% de su renta disponible al pago del alquiler y de suministros básicos como electricidad, agua o calefacción. Este elevado esfuerzo económico reduce de forma considerable su capacidad de consumo y prácticamente elimina sus posibilidades de ahorro. Las estadísticas oficiales sitúan en el 24,5% el porcentaje de hogares jóvenes en riesgo de pobreza. Sin embargo, el informe señala que, una vez descontados los gastos de vivienda y suministros, esa tasa se eleva hasta el 33%. Además, advierte de que esta cifra no refleja completamente la situación real, ya que deja fuera a quienes aún no han podido independizarse, un grupo cada vez más amplio. Según datos del Banco de España, cerca del 65% de los jóvenes sigue viviendo en casa de sus padres. El estudio subraya que las dificultades de acceso a la vivienda están retrasando la emancipación juvenil, cuya edad media ya alcanza los 30 años en España, frente a los 26 de promedio en la Unión Europea. Quienes han logrado independizarse tampoco escapan a las dificultades económicas. Uno de cada cinco hogares jóvenes dedica más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda y los suministros, un nivel considerado indicador de vulnerabilidad financiera porque deja a las familias en una situación especialmente comprometida. La situación es aún más complicada entre los jóvenes que viven de alquiler a precios de mercado. En ese colectivo, el porcentaje de hogares que supera ese umbral del 40% asciende al 32%, lo que evidencia que alquilar una vivienda se ha convertido para muchos jóvenes en sinónimo de dificultades económicas constantes. Tradicionalmente, la emancipación pasaba por la compra de una vivienda mediante una hipoteca. Sin embargo, el fuerte aumento de los precios inmobiliarios y de los costes iniciales asociados a la compra obliga hoy a disponer de una entrada difícilmente asumible para quienes apenas comienzan su vida laboral. Como consecuencia, el porcentaje de hogares jóvenes propietarios de su vivienda ha caído desde el 65% registrado en 2008 hasta menos del 41% en la actualidad. El informe atribuye parte del problema a la escasez de vivienda social en alquiler. España apenas dispone de un parque público equivalente al 3,5% del total de viviendas, una de las proporciones más bajas de Europa. Incluso duplicando esa cifra, el país seguiría por debajo de la media europea, situada en el 8%. Para igualar ese nivel sería necesario construir alrededor de 900.000 viviendas sociales, un objetivo difícil de alcanzar a corto y medio plazo debido a la lentitud administrativa y a las limitaciones del sector público. Ante esta situación, el estudio plantea varias alternativas. Una de ellas consiste en que las administraciones públicas adquieran viviendas privadas para crear de forma rápida un parque público de alquiler. Otra propuesta es fomentar el denominado alquiler concertado, mediante el cual el sector público asumiría el riesgo de impago de los inquilinos a cambio de que los propietarios ofrecieran alquileres a precios más asequibles. Según el informe, esta fórmula podría ayudar a moderar la subida de precios y ofrecer mayor seguridad a los dueños de viviendas para sacar sus inmuebles al mercado. El análisis también identifica otro factor que perjudica especialmente a los jóvenes: la creciente concentración de la actividad económica y del empleo en las grandes ciudades. Las oportunidades laborales se concentran cada vez más en las grandes áreas urbanas, mientras muchas zonas rurales y ciudades pequeñas pierden atractivo económico. Esta situación obliga cada año a miles de jóvenes a trasladarse a ciudades donde el coste de la vivienda es mucho más elevado. Como resultado, incluso personas altamente cualificadas y con empleos estables terminan viviendo bajo una fuerte presión económica. El estudio destaca precisamente que muchos de estos jóvenes no aparecen en las estadísticas oficiales de pobreza porque sus salarios superan determinados umbrales, aunque en la práctica, después de pagar el alquiler, disponen de una renta muy reducida. La conclusión es que en España cada vez más jóvenes con formación y empleo estable afrontan importantes dificultades económicas debido al elevado coste de acceso a la vivienda.

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(El Periódico, 05-06-2026) | Laboral

Los jóvenes consideran que el éxito es trabajar en lo que les gusta y poder conciliar

Los jóvenes españoles muestran una visión mucho menos idealizada de la meritocracia que la que tuvieron generaciones anteriores. Aunque siguen valorando el esfuerzo personal, lo hacen con más escepticismo. El 67% considera que el éxito está ligado a la perseverancia y el 63,4% cree que, incluso sin aptitudes iniciales, es posible alcanzar objetivos mediante el trabajo y la dedicación. Sin embargo, seis de cada diez jóvenes opinan que existen factores externos que pueden frenar el progreso de una persona pese a su esfuerzo. Entre las percepciones más extendidas destaca la idea de que los contactos y el apoyo económico familiar tienen más peso que el mérito individual, lo que genera desigualdades de origen: quienes cuentan con redes familiares o sociales parten con ventaja frente a quienes carecen de ellas. Estas son algunas de las conclusiones del barómetro "Retos y aprendizajes, posturas juveniles sobre los desafíos formativos y profesionales", elaborado por FAD Juventud con el respaldo de Banco Santander y Telefónica. El informe, presentado este jueves en Madrid, se basa en una encuesta realizada a 1.200 jóvenes de entre 18 y 30 años residentes en España. El estudio refleja también que el concepto de éxito ha cambiado para las nuevas generaciones. Más allá del salario o la promoción profesional, los jóvenes valoran especialmente trabajar en algo que les motive, poder compatibilizar la vida personal y laboral y alcanzar cierta estabilidad. En plena celebración de las pruebas de acceso a la universidad -que en Catalunya tendrán lugar los días 9, 10 y 11 de junio-, el informe cobra especial relevancia al evidenciar hasta qué punto la situación económica condiciona las decisiones académicas. El principal factor a la hora de elegir estudios o trayectoria profesional es la necesidad de obtener ingresos a corto plazo, una preocupación señalada por el 64,7% de los encuestados. Esto implica que muchos jóvenes se ven obligados a incorporarse pronto al mercado laboral o a optar por itinerarios que ofrezcan una salida económica más rápida, aunque no respondan a sus intereses personales. El informe señala que una parte importante de la juventud prioriza las opciones más viables frente a las que realmente desearían seguir. Muchos asumen que deben adaptarse a las demandas del mercado laboral y escoger profesiones con más oportunidades, aunque no coincidan con sus vocaciones. De este modo, se detecta una cierta resignación: asegurar estabilidad primero y dejar para más adelante aquello que realmente les gustaría hacer. La percepción sobre el riesgo también varía según la edad. Los jóvenes de 18 y 19 años son quienes muestran una mayor disposición a asumir riesgos para avanzar profesionalmente. En cambio, entre los 20 y los 24 años gana peso la búsqueda de seguridad y estabilidad, mientras aumenta la preocupación por disponer de ingresos inmediatos. Muchos de los estudiantes que afrontan actualmente la selectividad reconocen además no tener claro qué quieren estudiar. Según el informe de FAD Juventud, los jóvenes sienten que deben tomar decisiones importantes demasiado pronto y sin disponer de la información o madurez suficientes. Esta presión se intensifica cuando perciben que equivocarse puede tener consecuencias importantes o que desconocen las alternativas disponibles. En ese proceso de decisión, la familia aparece como uno de los apoyos más constantes, aunque también como una fuente de presión. Los autores del estudio destacan que los jóvenes comprenden la intención protectora de padres y madres, pero al mismo tiempo sienten la exigencia de responder a sus expectativas y de aprovechar la inversión realizada en su educación. La encuesta también confirma que la Formación Profesional goza cada vez de mejor consideración por sus posibilidades de inserción laboral. Aun así, muchos jóvenes creen que sigue existiendo el estigma de considerarla una vía destinada a quienes no acceden a la universidad. Por su parte, la universidad continúa asociándose a una fuerte presión social, aunque los encuestados consideran que obtener un título universitario ya no garantiza encontrar empleo ni trabajar en aquello que realmente desean.

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(El Economista, 05-06-2026) | Laboral

El Gobierno obliga a los trabajadores de baja a comunicarse con la Seguridad Social vía online

El Gobierno obligará a las personas que se encuentren de baja por incapacidad temporal o permanente a comunicarse de manera electrónica con la Seguridad Social. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, ha aprobado una nueva orden publicada el pasado 1 de junio en el BOE que establece que, a partir del próximo 1 de septiembre, estos ciudadanos deberán recibir notificaciones y comunicaciones a través de medios electrónicos. La norma argumenta que las personas afectadas, al formar parte del ámbito laboral o profesional donde el uso de dispositivos digitales está ampliamente extendido, disponen de los conocimientos y herramientas necesarios para relacionarse con la Administración por esta vía telemática. El texto recuerda además que en 2020 ya se impuso esta obligación a determinados beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social. En aquel momento, la medida afectó a quienes solicitaban o percibían ayudas por nacimiento y cuidado de menores, así como prestaciones por riesgo durante el embarazo o la lactancia. Entonces, la Administración justificó la decisión señalando que se trataba de un colectivo de entre 25 y 40 años habituado al uso de herramientas digitales. Pese a ello, la nueva regulación contempla algunas excepciones. La Seguridad Social podrá seguir utilizando medios no electrónicos en determinados casos, como cuando la persona acuda presencialmente a un centro de atención; cuando sea necesario realizar la comunicación mediante entrega directa de un empleado público para garantizar su eficacia; cuando la urgencia del trámite no sea compatible con los procedimientos electrónicos; o cuando la Administración no disponga de datos de contacto digitales del ciudadano. Además, los centros de atención de la Seguridad Social podrán ofrecer asistencia y orientación a quienes necesiten ayuda para utilizar los canales electrónicos.

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