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(El Periódico, 22-05-2025) | Laboral

El 17% de las familias con hijos viven en situación de pobreza laboral

El 17 % de las familias con hijos en España se encuentra en situación de pobreza laboral: aunque tienen ingresos provenientes del trabajo, estos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Esta problemática afecta especialmente a los hogares monoparentales y a las familias numerosas. Así lo revela el informe Cuentas que no salen. Radiografía de la pobreza laboral en los hogares de España, publicado este miércoles por Save the Children, que analiza la conexión entre empleo y pobreza a partir de datos oficiales. Según el estudio, casi un 32 % de los hogares encabezados por una sola persona adulta con hijos se encuentra en esta situación, así como el 35,5 % de las familias numerosas. Las principales causas de esta precariedad son la imposibilidad de acceder a jornadas completas, los contratos a tiempo parcial y la intermitencia laboral. Es decir, aunque estos hogares reciben ingresos, estos no bastan para vivir dignamente. En términos generales, el 11,7 % de las personas ocupadas en España vive en pobreza laboral, porcentaje que sube hasta el 17,1 % cuando se trata de hogares con hijos. Este fenómeno pone de manifiesto una de las grandes contradicciones del mercado laboral actual: tener empleo ya no garantiza, por sí mismo, unas condiciones de vida adecuadas. El informe detalla que, en los hogares con dos adultos donde solo uno trabaja, la tasa de pobreza alcanza el 21 %, y se agrava notablemente cuando hay hijos: un 33 % si hay uno, un 38 % si hay dos y hasta un 63 % cuando hay tres o más. En cambio, cuando ambos adultos tienen empleo, el riesgo disminuye considerablemente: 6,3 % en hogares con un hijo, 8,9 % con dos y 14,7 % con tres o más hijos. Save the Children atribuye esta realidad a salarios bajos, insuficientes horas de trabajo y a la inestabilidad laboral. La investigación también revela que una de cada cuatro personas que ha trabajado en algún momento del año no ha percibido lo suficiente como para superar el umbral de la pobreza. Aun así, casi el 65 % de quienes trabajaron entre 180 y 300 días al año sí lo consiguieron. La organización destaca que las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional han ayudado a mejorar, al menos en teoría, la situación de quienes tienen empleo a jornada completa durante la mayor parte del año. Los jóvenes de entre 16 y 29 años figuran entre los grupos más vulnerables: solo un 12,5 % de los que trabajaron el año pasado logró salir de la pobreza. La falta de empleos estables y las jornadas parciales complican su autonomía económica y el acceso a una vivienda. Las mujeres también enfrentan mayores obstáculos: más de 2,25 millones de ellas tienen trabajos a tiempo parcial, frente a 806.400 hombres. De ellas, casi 400.000 están en esta situación por encargarse del cuidado de hijos u otras personas dependientes, frente a apenas 30.000 hombres. El 74 % de los contratos a jornada parcial están ocupados por mujeres. Además, la nacionalidad influye de forma clara en la pobreza laboral: una de cada cinco personas en esta situación es extranjera, mientras que solo uno de cada diez trabajadores extranjeros consigue superar el umbral de la pobreza. El estudio se ha elaborado a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) y entrevistas a familias participantes en los programas sociales de Save the Children en España.

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(Expansión, 21-05-2025) | Laboral

Un tercio de los empleos en Europa está expuesto a la IA generativa

Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), titulado Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure (IA generativa y empleo: índice actualizado de la exposición ocupacional), revela que un 32% de los empleos en Europa y Asia Central -lo que equivale a unos 136 millones de puestos- presentan algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa. No obstante, esto no implica necesariamente que esos trabajos desaparecerán, sino que existe un riesgo potencial de automatización a medio o largo plazo. El estudio no se limita a estimar cuántos trabajos están expuestos, sino que también analiza cuántos podrían ser realmente automatizados. En el caso de Europa y Asia Central, el porcentaje de empleos potencialmente automatizables asciende al 5,7%. Esta investigación actualiza una evaluación previa publicada en 2023, y muestra un incremento superior al 50% en los empleos considerados susceptibles de automatización -pasando de 75 a 115 millones-, aunque, en paralelo, ha disminuido en un 20% el número total de empleos expuestos a la IA, que en el informe anterior se estimaban en unos 1.055 millones. A nivel mundial, aproximadamente 838 millones de trabajos (el 24% del total) se consideran expuestos en algún grado a los avances de la IA generativa. De esos, cerca del 3,3% (115 millones) presentan un riesgo claro de automatización. Europa y Asia Central son las regiones más afectadas, seguidas por América, donde el 29% de los empleos (141 millones) están expuestos y el 4,7% corren riesgo de automatización. Los datos del informe indican que cuanto más desarrollado económicamente es un país, mayor es la probabilidad de que sus empleos estén expuestos a la inteligencia artificial. Por ejemplo, en África, donde predominan las economías con menores ingresos, la exposición estimada baja al 19% (105 millones de trabajos). A pesar del riesgo de sustitución, la OIT adopta una postura moderadamente optimista. Considera que en la mayoría de los casos la IA no reemplazará por completo a los trabajadores, sino que transformará los empleos existentes. De hecho, subraya que actualmente sólo una pequeña parte de las ocupaciones puede realizarse sin intervención humana. En este sentido, se prevé que la tecnología complemente el trabajo humano en lugar de eliminarlo. El informe también destaca que los nuevos cálculos se basan en mejoras metodológicas que permiten una estimación más precisa. Además, la OIT reconoce que desde 2023 se han producido importantes avances tecnológicos y una mejor comprensión de las limitaciones actuales de la IA para adaptarse plenamente a todos los entornos laborales. El ritmo de desarrollo y adopción de la IA generativa se ha acelerado notablemente. Mientras que en 2023 estos sistemas eran percibidos principalmente como herramientas de generación de texto, ahora han adquirido capacidades significativas en áreas audiovisuales, interacción con software e incluso en la toma de decisiones. Sin embargo, algunos trabajos que anteriormente se consideraban altamente automatizables han bajado de nivel en esta clasificación. Ejemplos de ello son los escritores, programadores, recepcionistas o personal de secretaría, que, aunque siguen expuestos, presentan menor riesgo de ser totalmente reemplazados. La OIT distingue claramente entre la automatización de tareas concretas y la automatización de puestos completos. En muchos casos, señala, la IA puede encargarse de tareas repetitivas, lo que permitiría a los trabajadores centrarse en actividades más enriquecedoras o especializadas, lo que podría traducirse en una mejora de la calidad del empleo. Sin embargo, también advierte que esta calidad puede deteriorarse si la IA se usa para estandarizar procesos o reducir la autonomía del trabajador. Por ello, el organismo insiste en la importancia del diálogo social y de consultar a los trabajadores en la incorporación progresiva de estas tecnologías. Esto, según la OIT, es esencial para garantizar que la IA generativa contribuya tanto a la productividad como al bienestar laboral. Finalmente, el informe señala que la adopción de la IA no será homogénea en todos los países, ya que factores como los altos costes, la falta de infraestructura o la escasa formación laboral pueden ralentizar su implantación, especialmente en las economías con menores recursos. Como nota curiosa, la OIT reconoce que ha utilizado el modelo de IA GPT-4 para ayudar en el análisis de la automatización de las ocupaciones, aunque los resultados fueron revisados por expertos y comparados con encuestas realizadas a trabajadores reales.

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(El País, 21-05-2025) | Laboral

El gasto por las bajas laborales se dispara un 78,5% desde 2019

El gasto asociado al pago de prestaciones por incapacidad temporal (IT) debido a enfermedades comunes ha experimentado un notable incremento en España desde 2019, aumentando un 78,5% y alcanzando una cifra superior a los 15.000 millones de euros, lo que equivale a cerca del 1% del PIB, según recoge el informe anual del Banco de España publicado este martes. Si se incluyen también las prestaciones por contingencias profesionales, el desembolso total asciende a 16.480 millones de euros. La institución liderada por José Luis Escrivá advierte de que se están empezando a detectar "señales crecientes de presión" en el mercado laboral, entre ellas el aumento del número de empresas que reportan dificultades por escasez de personal, así como el incremento de trabajadores en situación de baja. El documento señala que el gasto de España en IT está entre los más altos de la Unión Europea, comparable con el de Países Bajos, Alemania o Suecia, aunque en estos países el gasto alcanzaba entre el 1,5% y el 2% del PIB en 2022. España figura entre los países que más han incrementado este gasto desde 2019. Según datos hasta 2022, el aumento en nuestro país ha sido de unas tres décimas del PIB, al igual que en Países Bajos, Suecia y Eslovenia, mientras que en Francia o Italia el nivel de gasto se ha mantenido prácticamente estable en ese mismo período. El informe también resalta que las bajas por IT suponen un doble coste para las empresas: uno directo, vinculado al pago de la prestación económica, y otro indirecto, derivado de las posibles reorganizaciones de plantilla necesarias para seguir operando. De hecho, el gasto directo asumido por las empresas ha crecido un 62% entre 2019 y 2024, pasando de 2.840 millones a 4.613 millones de euros. Esta estimación se ha realizado a partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) y la Encuesta de Población Activa (EPA), aunque se aclara que no incluye a trabajadores de los sectores de agricultura, pesca y silvicultura, por lo que podría tratarse de una cifra inferior a la real. El coste directo que enfrentan las empresas por las bajas incluye una prestación equivalente al 60% de la base reguladora entre los días 4 y 15 de la ausencia, las cotizaciones a la Seguridad Social, y posibles complementos recogidos en los convenios colectivos o asumidos voluntariamente por la empresa desde el primer día de baja. En su informe de 2024, el Banco de España realiza un análisis preliminar sobre el incremento de las bajas por IT y señala varias posibles causas: un deterioro en la salud de los trabajadores tras la pandemia, el envejecimiento de la población activa, la saturación de los servicios sanitarios y un cambio en las preferencias laborales, como un mayor peso del tiempo libre o exigencias sobre condiciones de trabajo. Además, el contexto económico también podría estar influyendo, ya que históricamente se observa un mayor número de bajas por enfermedad durante las fases de expansión económica. En cualquier caso, los datos reflejan un incremento generalizado de la IT en todos los sectores, edades, regiones y perfiles laborales. De acuerdo con la EPA, la proporción de trabajadores de baja ha pasado del 2,7% en 2019 al 4,4% en 2024. Esta cifra ya en 2023 superaba a la de otros países europeos como Francia (3,6%), Alemania (3,1%) e Italia (1,3%). Antes del COVID-19, la incidencia era más elevada entre las mujeres (3,3% frente al 2,2% de los hombres), los trabajadores nacionales (2,9% frente al 1,7% de los extranjeros) y entre los mayores de edad laboral (5%, más del doble que en los más jóvenes). Desde entonces, las ausencias por IT han aumentado en todos los grupos: cerca de 1,5 puntos en hombres y 2 puntos en mujeres. Por edades, el mayor incremento se da en los mayores de 55 años (+2,5 puntos), seguidos por los de entre 30 y 54 años (+1,6 puntos), y los menores de 30 (+1,1 puntos). El aumento también ha sido más acusado entre los ocupados de nacionalidad española (+1,8 puntos) que entre los extranjeros (+1,4 puntos).

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(El Economista, 21-05-2025) | Laboral

Ángela De Miguel, la candidata de Garamendi, gana las elecciones de Cepyme con el 53% de votos

Cepyme, la organización que representa a las pequeñas y medianas empresas dentro de CEOE, ha puesto fin a un periodo de tensiones internas tras la elección de Ángela de Miguel como nueva presidenta para los próximos cuatro años. La empresaria vallisoletana se impuso con el 52,7% de los votos (246 apoyos de un total de 466), frente a los 216 obtenidos por el actual presidente, Gerardo Cuerva (46,3%). También se registró un voto en blanco y tres nulos. La escasa diferencia de 30 votos confirma el ajustado resultado en unos comicios que muchos interpretaban como una prueba de apoyo al líder de CEOE, Antonio Garamendi, quien respaldó abiertamente a De Miguel. Tras conocerse el veredicto, De Miguel agradeció al presidente saliente su labor: "Gracias, Gerardo. Formas parte de la historia de Cepyme y del legado que hemos construido entre todos hasta hoy. Comienza una nueva etapa que debemos afrontar desde la unidad. Queremos una Cepyme más fuerte, más útil y cohesionada". La jornada estuvo marcada por la expectación y la alta participación, que alcanzó un récord del 92%, y por los rostros serios de la cúpula de CEOE, que anticipaban el desenlace. En total, 505 vocales tenían derecho a voto: 230 papeletas correspondían a 56 organizaciones territoriales y 275 a 92 patronales sectoriales. Al iniciar el recuento, pasadas las 12:20 horas, se contabilizaban 426 votos, 173 de ellos delegados. La organización estableció una ventana de votación hasta las 14:00 para facilitar la participación de quienes venían de otras provincias, lo que hizo que el quórum del 84% inicial fuese variando. Aunque las candidaturas de Cuerva y De Miguel se formalizaron oficialmente apenas diez días antes de las elecciones, la batalla interna llevaba meses en marcha. Ya en enero, Antonio Garamendi comunicó a Cuerva su pérdida de confianza y le propuso una salida con una vicepresidencia internacional, que fue rechazada. Desde entonces, Garamendi se negó a buscar un acuerdo, según fuentes del entorno empresarial. Durante el proceso, la organización vivió un fuerte cisma tras el intento de Cuerva de modificar el sistema de votación para eliminar la delegación ilimitada, alegando presiones desde CEOE a favor de la candidatura rival. Aunque el Comité Ejecutivo rechazó los cambios, la Junta Directiva los aprobó, generando una controversia legal con informes de despachos como EY, Moreno Catena & Venturi y de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. Algunos miembros de Cepyme amenazaron con acudir a los tribunales, lo que llevó a Cuerva a posponer la implementación del nuevo sistema hasta que sea refrendado por la Asamblea General. La candidatura de De Miguel se hizo oficial en marzo, coincidiendo con los premios anuales de Cepyme, a los que asistieron por primera vez en cinco años tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A partir de ahí, recibió el apoyo de organizaciones como CEAJE, CEG, Foment del Treball y la CEV, que pasaron a formar parte del nuevo Comité Ejecutivo de la patronal. En representación de las organizaciones territoriales, estarán presentes CEIM (Laly Escudero), Foment del Treball (Xavier Panés), CEV (Vicente Lafuente), FOE Huelva (José Luis García Palacios), CEG (César Blanco), CEOE Zaragoza (Benito Tesier), Cepyme Aragón (María Jesús Lorente), FER La Rioja (Carlos del Rey), CROEM Murcia (Carlos Recio), FADE Asturias (Alberto González), CEN Navarra (Laura Sandúa), SEA Álava (Juan Antonio Sánchez), CAEB Baleares (Carmen Planas), CCE Canarias (José Cristóbal García), CEOE Tenerife (Eduardo Bezares) y CECE-CEME Ceuta y Melilla (Arantxa Campos y Enrique Alcoba). Por el lado de las organizaciones sectoriales, formarán parte del órgano de dirección representantes de Confemetal (José Miguel Guerrero), CNC (Francisco Ruano), Confebus (Rafael Barbadillo), Faconauto (Marta Blázquez), Hostelería de España (José Antonio Aparicio), CEAJE (Fermín Albaladejo), CEC (Rafael Torres), ASPE (Carlos Rus), Stanpa (Val Díez), FECE, FIAB y ACADE. Gerardo Cuerva asumió la presidencia de Cepyme en 2019, sucediendo a Antonio Garamendi. Tras conocerse el resultado electoral, Cuerva no hizo declaraciones, aunque fuentes cercanas señalaron que este era un momento para "reflexionar" sobre su futuro, sin descartar una posible candidatura a la presidencia de CEOE en 2026, apoyado por el respaldo del 46% de los votantes.

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(El Economista, 20-05-2025) | Laboral

El absentismo por incapacidad temporal se dispara

Según las estimaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el aumento del empleo ha tenido un efecto directo en la intensidad de la actividad laboral, medida por los días realmente trabajados. En 2024, el promedio de días trabajados por cada cotizante ha subido un 2,9%, y desde 2019, este incremento alcanza un 12,6%. Estos datos buscan aportar más contexto al debate sobre el absentismo laboral en España, aunque también evidencian un notable incremento de las bajas por incapacidad temporal (IT): los días cotizados pero no trabajados por esta causa se han incrementado un 11,9% en el último año y un 61,3% desde 2019. En concreto, el promedio anual de días en IT por cada trimestre cotizado en 2024 se situó en 76,4, con un pico en el cuarto trimestre, que alcanzó los 78,5 días. Por esta razón, el ministerio liderado por Elma Saiz prefiere usar la media anual de los cuatro trimestres como referencia. Estos datos proceden de los registros administrativos de la Tesorería General de la Seguridad Social, tanto en afiliación como en bases de cotización, y complementan las estadísticas de horas trabajadas ya publicadas anteriormente. En cuanto a la incapacidad temporal, estas horas afectadas ascienden a 423.025 millones, aunque no se distingue entre empleos a jornada completa o parcial, por lo que el dato en días ofrece mayor precisión. En los tres últimos meses de 2024 se contabilizaron 1.436,5 millones de días cotizados, mientras que el promedio anual se situó en 1.419,4 millones, lo que supone un aumento del 2,19% respecto a 2023 y un 14,7% más en comparación con 2019. Esto equivale a una media de 85,3 días cotizados por trimestre y por cotizante, 2,1 días más que hace cinco años. De este total, 76,4 millones de días no se trabajaron por IT, a los que se suman 10,9 millones correspondientes a otras prestaciones como permisos de paternidad, y 1,16 millones relacionados con expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). En conjunto, los llamados "días en periodos suspensivos" alcanzan una media de 88,5 millones por trimestre, lo que representa un aumento del 9,7% respecto al año anterior y del 57,9% respecto a 2019. Estas cifras indican que un 6,23% de los días cotizados no se trabajaron y que, de media, cada afiliado faltó 5,3 días por trimestre a su puesto. Descontando estas ausencias, el número de días realmente trabajados se sitúa en 1.330,9 millones, lo que supone un 12,6% más que en 2019 y un 2,9% más que el año pasado. En términos individuales, cada cotizante trabajó de media 80 días por trimestre en 2024, una cifra similar a los 79,3 días de 2023, pero notablemente superior a los 72 registrados en 2020. El hecho de que la media de días trabajados no haya crecido más, pese al aumento del número de empleados, no se percibe necesariamente como negativo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que con la reforma laboral, la contratación indefinida ha ganado peso, lo que alarga los periodos de cotización. En este contexto, el incremento de los días no trabajados refleja también un posible obstáculo en forma de absentismo. Desde el punto de vista de la Seguridad Social, el absentismo se relaciona directamente con la incapacidad temporal, que ya era la principal causa de ausencias antes de la pandemia. En la actualidad, esta representa el 5,38% del total de días cotizados, un máximo histórico que equivale a una media de 4,6 días de ausencia por trimestre y por afiliado. Aunque los 76,3 millones de días afectados por IT no suponen una parte excesiva del total, su aumento relativo es muy superior al de los días realmente trabajados: un 61% más desde 2019 y un 11,3% más en solo un año. Este fuerte repunte genera inquietud en el tejido empresarial por el impacto económico que conlleva. Aunque los datos oficiales no son tan alarmantes como los presentados por consultoras privadas, sí confirman que el problema persiste y no ha retrocedido desde la pandemia. Durante los años 2020 y 2021, los ERTE fueron los principales responsables de las suspensiones laborales. Solo en el segundo trimestre de 2020 se superaron los 258 millones de días afectados por ERTE, y la media de ese año fue de 118,4 millones, más del doble que los días perdidos por IT. En los años posteriores, estas cifras han descendido notablemente hasta rondar el millón de días, aunque siguen por encima de los niveles prepandemia. En términos acumulados, los días en suspensión laboral han crecido un 42% respecto a 2019 y un 12,7% solo en 2024. Pese a que la media anual es más estable, los datos trimestrales muestran una mayor variabilidad: en el último trimestre de 2024 se dispararon hasta 1,8 millones, un 85% más que en el mismo periodo de 2023. Aunque estas cifras siguen siendo pequeñas en comparación con las registradas durante la pandemia, el repunte reciente resulta llamativo en el contexto actual del mercado laboral.

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(El Periódico, 20-05-2025) | Laboral

¿Sabías que puedes cobrar de golpe hasta 37.800 euros del paro si decides emprender tu propio negocio?

Pues sí, esta posibilidad existe y se conoce como la capitalización del paro o pago único del desempleo. Se trata de una medida que permite a las personas desempleadas que cumplan determinados requisitos recibir en un solo pago la prestación por desempleo que les corresponde, con el objetivo de invertirla en una actividad por cuenta propia. Este mecanismo está pensado para fomentar el autoempleo y la creación de nuevas empresas, y aunque no todo el mundo puede acceder a él, si cumples las condiciones, puede convertirse en una oportunidad para lanzar tu propio proyecto. A continuación, te explicamos quién puede acceder, cómo funciona y qué necesitas presentar al SEPE para cobrar el paro de golpe. ¿Se puede cobrar de golpe 37.800 euros del paro? Sí, es posible, pero no todo el mundo tendrá acceso a esa cifra. Para llegar a esa cantidad, primero tienes que haber cotizado lo suficiente como para generar una prestación por desempleo con un importe elevado. Actualmente, el paro máximo ronda los 1.575 euros mensuales si no tienes hijos, y más si tienes cargas familiares. Si tienes derecho a 24 meses de paro, podrías acumular hasta 37.800 euros brutos. Pero para poder recibir este importe de golpe, debes cumplir con unos requisitos específicos y destinar ese dinero exclusivamente a iniciar una actividad por cuenta propia. Es decir, no puedes solicitar el pago único del paro si simplemente quieres cobrarlo antes de tiempo sin emprender ningún proyecto. El SEPE establece unas condiciones claras para poder capitalizar el paro. Los principales requisitos son: Estar en situación legal de desempleo, es decir, haber sido despedido o terminado un contrato. No puedes acceder a esta ayuda si has dejado el trabajo voluntariamente o estás en excedencia. Tener al menos tres meses de prestación por desempleo pendientes de cobrar en el momento de la solicitud. No haber solicitado el pago único en los cuatro años anteriores. Iniciar una actividad como autónomo, socio de una cooperativa o sociedad laboral en un plazo máximo de un mes desde que se apruebe la solicitud. Presentar un proyecto viable, con una memoria explicativa detallando en qué consistirá el negocio y cómo se utilizará el dinero del paro para ponerlo en marcha. El trámite para solicitar el pago único del desempleo se realiza ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Lo puedes hacer de forma presencial con cita previa, o a través de la sede electrónica si tienes certificado digital o Cl@ve. Para ello, tendrás que presentar: El formulario oficial de solicitud. Una memoria explicativa del proyecto, que detalle en qué va a consistir el negocio, cómo vas a gestionarlo, qué necesitas para ponerlo en marcha, y una estimación de los gastos. Documentación personal como DNI/NIE y número de cuenta bancaria. Cualquier documento adicional que acredite tu incorporación a una cooperativa o sociedad laboral, si ese fuera el caso. Una vez aprobada la solicitud, deberás darte de alta como autónomo en un plazo máximo de un mes. Si no lo haces, podrías perder el derecho al cobro del pago único. ¿Se puede combinar con otras ayudas? Sí, es posible compatibilizar la capitalización del paro con otras ayudas para autónomos, como las subvenciones al autoempleo de las comunidades autónomas o la tarifa plana de 80 euros en la cuota de autónomos. Eso sí, debes informarte bien para no caer en incompatibilidades, ya que cada ayuda tiene sus propias condiciones. Además, puedes reservar una parte de tu paro para compensar futuras cuotas a la Seguridad Social. Esta opción es útil si no necesitas todo el capital inicial de golpe y prefieres contar con un respaldo para los primeros meses como autónomo.

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(Expansión, 15-05-2025) | Laboral

Fedea advierte de la ausencia de medidas de flexibilidad para la aplicación y adaptación a las 37,5 horas y de los costes laborales

El Gobierno ha remitido oficialmente al Congreso de los Diputados el proyecto de ley que plantea una reducción de la jornada laboral. A pesar de que algunas formaciones políticas han mostrado su escepticismo inicial y podrían frenar la iniciativa incluso antes de su debate si se presenta y prospera una enmienda a la totalidad, diversos expertos ya advierten que el texto acordado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos podría tener un impacto muy negativo sobre el tejido empresarial -especialmente en las pequeñas y medianas empresas- y dificultar considerablemente la generación de empleo, dado que las pymes representan el 99% del total de empresas en España y generan el 75% del empleo. Partiendo de que la propuesta legislativa perjudicaría el rendimiento laboral, los analistas de Fedea han señalado varios puntos que, de implementarse, introducirían rigidez en las relaciones laborales y generarían incertidumbre en las empresas a la hora de adaptarse al nuevo límite legal de 37,5 horas semanales. Entre sus principales críticas destacan la ausencia de un periodo transitorio adecuado para su implementación, la falta de mecanismos de flexibilidad que ayuden a amortiguar el aumento de costes laborales, y un endurecimiento considerable en las exigencias del registro horario y las sanciones asociadas. Este último punto supone una carga especialmente pesada para las pequeñas empresas, que deberán afrontar costes adicionales vinculados a la digitalización de los sistemas de control horario. Los investigadores de Fedea, Jesús Lahera Forteza y José Ignacio Conde-Ruiz, califican la medida como una reducción de jornada "imperativa", "intervencionista" y "sin transición", lo que, según ellos, invalida su viabilidad. A su juicio, la norma no contempla las particularidades de cada sector ni los distintos niveles de productividad, lo que puede traducirse en un aumento de los costes, pérdida de competitividad y riesgos para el empleo, sobre todo en actividades donde el trabajo intensivo y la escasa capacidad de reorganización son la norma. Una de las principales rigideces señaladas es el reducido -y a estas alturas del año, prácticamente inexistente- plazo de adaptación a la nueva jornada, ya que el proyecto obliga a todas las empresas, estén o no cubiertas por convenio colectivo, a ajustarse a las 37,5 horas antes del 31 de diciembre de 2025. Según Fedea, este calendario acelerado impide que las empresas puedan adaptarse con flexibilidad, ya que elimina la posibilidad de modificar condiciones laborales más favorables conforme al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y prohíbe compensar con otros beneficios del convenio. Así, se cierran todas las vías de ajuste interno ante una medida de tanto calado. Además del incremento de costes que supone reducir la jornada sin bajar los salarios -cuyo impacto económico se sitúa entre los 14.000 y los 23.000 millones de euros, según diversas fuentes como Cepyme, los Gestores Administrativos y la CEOE-, se destaca como especialmente problemática la aplicación automática de la nueva jornada a todos los contratos a tiempo parcial y reducidos, sin permitir adaptaciones. Esta rigidez anula la capacidad de pacto entre empleador y trabajador. En este sentido, los expertos proponen que se permita un plazo de cuatro meses, a contar desde la publicación de la ley en el BOE, para que ambas partes puedan negociar una adaptación proporcional de las horas pactadas, conforme a la legislación vigente. Asimismo, los expertos alertan de la ausencia total de medidas de flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo. La ley no contempla ampliar el actual 10% de jornada irregular anual -Fedea propone elevarlo al menos al 12,5%- ni aumentar el límite de 80 horas extraordinarias anuales. Tampoco se facilita, mediante la negociación colectiva, una mejor adaptación a la nueva jornada máxima. Como resultado, se eliminan en la práctica las bolsas de horas flexibles que se negociaban en los convenios colectivos sobre la base de las 40 horas semanales de referencia. No hay, en definitiva, un equilibrio entre la reducción impuesta por ley y los instrumentos para que las empresas puedan adaptarse mediante flexibilidad horaria, jornadas extras o mecanismos similares. Además, el corto plazo para renegociar los convenios impide una transición mínimamente ordenada. Por último, otro punto controvertido es el endurecimiento del sistema de control horario. Aunque el objetivo de vigilar el cumplimiento de la jornada es legítimo, la implementación de los nuevos sistemas impone costes adicionales a las empresas. Las sanciones previstas son más severas y podrían ser desproporcionadas en sectores donde, por la propia naturaleza del trabajo, el cumplimiento del horario requiere mayor flexibilidad. A diferencia del modelo actual recogido en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores -que permite una aplicación adaptada a la negociación colectiva y a las características sectoriales-, la nueva regulación impone un sistema uniforme, digital y detallado, con escaso margen para que las empresas y los convenios se ajusten a sus realidades específicas.

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(El Periódico, 15-05-2025) | Laboral

Cataluña quiere incorporar 200.000 migrantes al mercado laboral con el nuevo reglamento de extranjería

Cataluña, al igual que el resto del país, tiene por delante el reto de aplicar la reciente reforma del reglamento de extranjería impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo objetivo es facilitar la incorporación de un amplio número de personas migrantes al mercado laboral. Este miércoles, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Mònica Martínez, presentaron los aspectos clave de esta reforma, que podría permitir la incorporación de hasta 200.000 personas migrantes al mercado laboral catalán en un plazo de dos años. La modificación del reglamento de extranjería, aprobada en noviembre del año pasado y que entrará en vigor este mes de mayo, amplía las vías de acceso a un permiso de trabajo para personas migrantes. La normativa contempla casos como el de estudiantes extranjeros o quienes tienen vínculos familiares estrechos con residentes en España. También abarca tanto a quienes ya residen en el país sin autorización laboral, como a los procesos de contratación en origen por parte de empresas. Además, se establece un permiso específico para personas que en el pasado contaron con autorización para trabajar, pero que la perdieron por diversas circunstancias. Durante su intervención, Carlos Prieto destacó el papel esencial que juega la población migrante en el sostenimiento del Estado del Bienestar: "Representan solo el 1% del gasto de la Seguridad Social, pero aportan el 10% de sus ingresos", afirmó. Por ello, subrayó que la finalidad de la reforma es facilitar la transición de quienes actualmente trabajan en la economía informal hacia el empleo regulado y con derechos. Para hacer realidad esta reforma, las oficinas de extranjería serán piezas clave. En este sentido, Prieto anunció un refuerzo del personal, tanto funcionario como interino, con un aumento previsto de entre el 30% y el 40% de la plantilla antes de octubre, aunque no concretó cifras. La coordinación entre administraciones también será fundamental para implementar eficazmente los cambios. La consellera Mònica Martínez garantizó la colaboración de la Generalitat, recordando que Cataluña siempre ha sido una "tierra de acogida". "Muchos de nosotros somos el resultado de procesos migratorios", afirmó. También citó unas palabras del president Salvador Illa, quien definió como catalanes a todas las personas que vienen con la intención de contribuir al progreso de Cataluña. Martínez defendió los beneficios de regularizar a las personas migrantes y facilitar su incorporación al empleo formal. Puso como ejemplo el proceso de regularización realizado durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió la formalización de 600.000 personas y, según estudios, contribuyó a aumentar la ocupación regulada y reducir la economía sumergida sin perjudicar los salarios ni el empleo. Actualmente, hay en España 2,9 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social nacidos en el extranjero, lo que representa más del 13% del total. Con esta reforma, el Ejecutivo pretende prolongar el importante papel de la población migrante en el actual ciclo de crecimiento del empleo. Desde la recuperación económica tras la pandemia, más de un tercio de los nuevos empleos han sido ocupados por personas migrantes, una tendencia que en el último año ha aumentado hasta alcanzar el 41%.

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(El País, 14-05-2025) | Laboral

El plazo para que los funcionarios que pasaron años como interinos pidan una indemnización concluye en un mes

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha criticado en varias ocasiones la legislación española por no contar con mecanismos eficaces para frenar el uso excesivo de contratos temporales en la Administración Pública. En su sentencia del 13 de junio de 2023, el alto tribunal europeo instó a España no solo a hacer fijos a los interinos que llevaban años encadenando contratos temporales, sino también a compensar económicamente a quienes, después de años en situación de temporalidad, lograron una plaza fija. Sin embargo, el plazo para reclamar esa compensación está a punto de expirar: el próximo 13 de junio se cumple un año desde que se emitió la sentencia, y quienes no hayan iniciado el proceso legal antes de esa fecha perderán su derecho a reclamar. Desde Unive Abogados recuerdan que "la sentencia del TJUE deja claro que también tienen derecho a una indemnización quienes han logrado plaza tras un abuso prolongado de contratos temporales, pero deben actuar antes de que finalice el plazo". Aunque aún son pocos los casos, ya hay sentencias favorables en la justicia española. Un ejemplo relevante es el del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que en julio del año pasado ordenó a la Universidad de Vigo indemnizar con más de 31.500 euros a un trabajador que, tras pasar 13 años en puestos temporales, tuvo que cesar para poder acceder a una plaza fija mediante oposición. Este caso es representativo de un colectivo que podría superar las 800.000 personas, muchas de las cuales llevan décadas trabajando de forma temporal en la administración pública. El afectado encadenó contratos desde 2004 hasta que en 2010 obtuvo un contrato de interinidad. Finalmente, en 2023 accedió como funcionario de carrera, aunque antes tuvo que renunciar formalmente a su contrato interino. En su fallo, los magistrados gallegos destacaron que el trabajador estuvo en situación temporal mucho más allá del límite de tres años que establece la ley. Esta prolongación injustificada constituye, en su opinión, un abuso contractual claro, ya que la administración no justificó por qué no se convocó un proceso selectivo durante todo ese tiempo. La sentencia de junio del TJUE se suma a otra emitida en febrero de 2024, en la que el tribunal europeo volvió a señalar a España por incumplir el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada. El TJUE insistió en que la conversión en fijo de los trabajadores en situación irregular es una medida adecuada para evitar el fraude. A pesar de ello, el Tribunal Supremo español ha rechazado esta vía, argumentando que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública, fijando así una doctrina contraria al criterio europeo. Mientras tanto, el problema de la temporalidad sigue sin resolverse. Aunque los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año muestran una leve mejora -con una tasa del 28%, dos décimas menos que en el trimestre anterior-, el porcentaje de temporalidad en el sector público sigue duplicando al del sector privado (12,1%). Esta situación amenaza con poner en riesgo la recepción de fondos europeos, ya que España se comprometió con la Comisión Europea a reducir el porcentaje de interinos al 8% antes del 31 de diciembre de 2024. A pesar de aprobar en 2021 una ley para rebajar la temporalidad en el empleo público, los avances han sido insuficientes, y el tiempo para cumplir con Bruselas se agota.

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(El País, 14-05-2025) | Laboral

Macron pone de ejemplo a España para defender su reforma de las pensiones

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió este martes la polémica reforma del sistema de pensiones aprobada en 2023, utilizando como referencia el caso de España, que -según señaló- implementó "reformas muy exigentes hace 15 años" que le han permitido gozar actualmente de una "buena salud fiscal". "España funciona porque acometió reformas muy duras hace 15 años", afirmó Macron durante una entrevista en el canal TF1, en respuesta a la secretaria general del sindicato CGT, Sophie Binet, quien le instó a convocar un referéndum para revocar la reforma que elevó la edad de jubilación de 62 a 64 años. El mandatario francés argumentó que el Gobierno de Pedro Sánchez ha podido elevar de forma notable el salario mínimo interprofesional debido a la estabilidad presupuestaria lograda tras aquellas reformas, entre las que destacó el incremento progresivo de la edad mínima de jubilación. En España, esta edad alcanzará los 67 años para quienes no lleguen a cotizar 38 años y 6 meses, mientras que quienes sí lo hagan podrán seguir jubilándose a los 65. Binet insistió en que Macron debería someter la reforma a votación popular, dado el amplio rechazo social que generó su aprobación. Sin embargo, el presidente francés descartó convocar un referéndum al respecto.

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