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(El País, 10-07-2026) | Laboral

La rotación extrema de personal en la hostelería: una baja por cada nuevo contrato

El turismo continúa consolidándose como uno de los grandes impulsores del empleo en España. Durante 2025 el sector alcanzó los 2,7 millones de afiliados a la Seguridad Social, lo que representó el 12,7% del empleo nacional. Además, en los cinco primeros meses de 2026, coincidiendo con el inicio de la temporada alta, la cifra superó por primera vez los tres millones de trabajadores afiliados, hasta situarse en el 13,7% del total del mercado laboral. Sin embargo, detrás de estos datos de crecimiento se esconde una elevada inestabilidad laboral. Un informe elaborado por CCOO pone de manifiesto que prácticamente cada nueva contratación en actividades de alojamiento y restauración va acompañada de una baja en la Seguridad Social. Durante 2025, la hostelería registró 4,14 millones de altas y 4,11 millones de bajas, lo que se tradujo en un incremento neto de apenas 26.884 afiliados. El sindicato atribuye esta elevada rotación a unas condiciones laborales poco atractivas, marcadas por salarios reducidos, temporalidad, largas jornadas de trabajo, una elevada carga laboral y escasas oportunidades de promoción profesional. Según Paco Galván, responsable de Hostelería y Turismo de la Federación de Servicios de CCOO, el problema no es la falta de trabajadores, sino la ausencia de condiciones laborales suficientemente competitivas para atraer y retener talento. Durante los cinco primeros meses de 2026 la situación ha mejorado ligeramente gracias al incremento de contrataciones propio del verano. En ese periodo se contabilizaron 1,69 millones de altas y 1,42 millones de bajas, lo que permitió sumar 268.679 nuevos afiliados. Aun así, el volumen de salidas continúa siendo muy elevado, con una proporción de 84 bajas por cada 100 nuevas incorporaciones, reflejando una constante renovación de las plantillas. El informe destaca que la hostelería mantiene una gran capacidad para generar empleo, aunque sustentada sobre una dinámica de elevada rotación. Esta situación obliga a las empresas a cubrir de forma continua las vacantes que dejan los trabajadores, dificultando la estabilidad de las plantillas y la consolidación de empleo de calidad. A estas dificultades se suma el encarecimiento del acceso a la vivienda en muchos destinos turísticos, especialmente en aquellos más afectados por la elevada demanda y la proliferación de viviendas de uso turístico. En numerosas zonas, el coste del alquiler absorbe una parte muy importante del salario, lo que desincentiva el desplazamiento de trabajadores procedentes de otras comunidades autónomas. Para hacer frente a esta situación, algunas de las principales cadenas hoteleras, como Meliá, Riu o Iberostar, llevan varios años ofreciendo alojamiento gratuito a parte de sus empleados, especialmente en destinos como Canarias y Baleares, con el objetivo de facilitar la contratación durante la temporada alta. Canarias se ha convertido en uno de los territorios donde resulta más complicado cubrir las necesidades de personal, tanto en hoteles como en establecimientos de restauración. La combinación de la insularidad, el elevado coste de la vivienda y el fuerte crecimiento del turismo en los últimos años dificulta la llegada de nuevos trabajadores. La cadena hotelera Riu, que dispone de 16 establecimientos y cerca de 7.000 habitaciones en el archipiélago, prevé necesitar alrededor de 1.400 empleados adicionales entre junio y agosto para afrontar el incremento de la demanda turística. Con estas incorporaciones, su plantilla en España alcanzará aproximadamente los 8.200 trabajadores durante el periodo de mayor actividad, en un verano para el que el Gobierno prevé la llegada de 43 millones de turistas internacionales.

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(La Vanguardia, 10-07-2026) | Laboral

El envejecimiento ha convertido las bajas laborales en un problema estructural

El incremento de las bajas por incapacidad temporal ha dejado de ser un fenómeno puntual para convertirse en un problema de carácter estructural en el mercado laboral español. Esa es la principal conclusión del estudio presentado por el Consejo General de Graduados Sociales, que advierte de que la tasa de trabajadores de baja ya alcanza el 5,5% del total de afiliados a la Seguridad Social, con un impacto cada vez mayor sobre la organización de las empresas, la sostenibilidad del sistema de protección social y la competitividad de la economía. El informe identifica como principal factor el progresivo envejecimiento de la población activa. A este fenómeno contribuyen tanto el aumento de la esperanza de vida como el retraso en la edad efectiva de jubilación y el alargamiento de las carreras profesionales. Aunque no es la única causa del aumento de las bajas, el organismo considera que se trata de uno de los elementos con mayor peso en esta evolución. Los datos reflejan un cambio significativo en la composición de la fuerza laboral. Mientras que en 2019 había alrededor de 4,2 millones de trabajadores de 50 o más años afiliados a la Seguridad Social, en 2025 esa cifra se elevó hasta los 5,7 millones. Este incremento tiene una incidencia directa sobre las incapacidades temporales, ya que influye tanto en la frecuencia de las bajas como en su duración y en el tipo de patologías que las originan. La intensidad del fenómeno también queda patente en la evolución de los principales indicadores. Entre 2023 y 2025 aumentó el número de procesos iniciados, el volumen de bajas activas y la incidencia mensual, es decir, el número de nuevos procesos por cada mil trabajadores protegidos. Este indicador pasó de 37,37 procesos mensuales por cada mil afiliados en 2023 a 40,89 en 2025, una situación que obliga especialmente a las pequeñas y medianas empresas a reorganizar constantemente sus plantillas para mantener la actividad. Asimismo, el estudio pone de relieve el fuerte crecimiento de la prevalencia de las bajas, que mide el número de trabajadores que permanecen simultáneamente en situación de incapacidad temporal. Este indicador ha experimentado un aumento cercano al 70% en los últimos años, al pasar de 34,09 trabajadores por cada mil afiliados en 2019 a 57,53 por mil en 2025. En otras palabras, cada vez coinciden más empleados de baja al mismo tiempo, lo que incrementa las dificultades organizativas y los costes tanto para las empresas como para el sistema de protección social.

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(Expansión, 08-07-2026) | Laboral

Caída de los salarios reales en España por la demora en la firma de convenios colectivos

El incremento de la inflación registrado en los últimos años, especialmente tras la pandemia, unido a una evolución más moderada de los salarios, ha provocado una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores españoles. Según el informe Perspectivas de Empleo 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los salarios reales en España descendieron cerca de un 2% entre el primer trimestre de 2021 y el de 2026, una vez descontado el efecto del aumento de los precios. El estudio sitúa a España entre las economías avanzadas donde más se ha deteriorado la capacidad adquisitiva de los trabajadores durante ese periodo. Entre los grandes países de la OCDE, únicamente Italia y Australia registran una caída superior, mientras que otras economías, como Francia y Alemania, presentan descensos similares. En el caso de Estados Unidos y Reino Unido, la pérdida de salarios reales ha sido más moderada. El informe explica que esta evolución no responde únicamente al fuerte repunte de la inflación. Aunque las sucesivas subidas del salario mínimo impulsadas por el Gobierno han contribuido a proteger las rentas más bajas, el resto de las escalas salariales no ha experimentado incrementos equivalentes, lo que ha limitado la recuperación del poder adquisitivo de una parte importante de los trabajadores. La OCDE también destaca que el sistema español de negociación colectiva influye en este comportamiento. Muchos convenios colectivos se negocian con una vigencia de varios años, por lo que, cuando la inflación aumentó con rapidez durante 2021 y 2022, gran parte de los salarios seguían sujetos a incrementos pactados antes de ese repunte de los precios. Esta circunstancia generó un desfase entre el encarecimiento del coste de la vida y la actualización efectiva de las retribuciones. A ello se suma la escasa presencia de mecanismos de actualización automática vinculados a la inflación, lo que retrasó la reacción de los salarios nominales frente al incremento de los costes de la energía y los alimentos, trasladando gran parte del impacto económico directamente a los trabajadores. Por último, la organización señala que el débil crecimiento de la productividad constituye otro factor que dificulta la mejora de los salarios reales. La ralentización de la productividad limita la capacidad de las empresas para asumir incrementos salariales por encima de la inflación sin afectar a su competitividad o a sus márgenes de beneficio. Este argumento ha sido defendido en reiteradas ocasiones por las organizaciones empresariales, que consideran que la evolución de los salarios debería tener en cuenta, además del IPC, variables como la productividad y el crecimiento económico.

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(Expansión, 08-07-2026) | Laboral

Feijóo cuestiona que un empleado de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido ante un grupo de empresarios vascos la necesidad de adoptar medidas para reducir el absentismo laboral, incluso aunque no exista un acuerdo entre la patronal y los sindicatos. A su juicio, el elevado número de bajas y ausencias al trabajo supone un problema que España no puede seguir asumiendo por su elevado coste económico. Durante un encuentro organizado por el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao, Feijóo aseguró que el absentismo laboral representa un coste superior a los 30.000 millones de euros anuales y recordó que el déficit de la Seguridad Social ronda los 70.000 millones. En este contexto, sostuvo que es imprescindible abordar esta situación mediante un diálogo entre el Gobierno, las comunidades autónomas, las organizaciones empresariales y los representantes de los trabajadores. El líder del PP señaló que el número de personas que no acuden diariamente a su puesto de trabajo ha aumentado de forma significativa en los últimos años, al pasar, según sus datos, de unas 450.000 en 2018 a cerca de 1,16 millones en 2025. Además, indicó que el absentismo continuó creciendo durante el primer trimestre de 2026 y destacó que el País Vasco figura entre las comunidades con mayores niveles de este fenómeno. Feijóo cuestionó que, en algunos casos, los convenios colectivos contemplen que un trabajador perciba la misma retribución cuando está de baja que cuando desempeña su actividad laboral, y también criticó que puedan producirse bajas laborales que, a su juicio, carezcan de una justificación suficiente sin que ello implique cambios en las prestaciones percibidas. Asimismo, recordó experiencias de su etapa de gestión en el antiguo Insalud y en Correos, donde afirmó haber impulsado medidas para reducir el índice de absentismo. Según explicó, en esta última entidad el porcentaje de ausencias se redujo del 8% al 4%, un nivel que considera razonable, al tiempo que sostuvo que cuando las tasas superan el 4% o el 5% existe un elevado riesgo de fraude. Por ello, insistió en la necesidad de impulsar una estrategia conjunta entre las administraciones públicas, los agentes sociales y las empresas para contener el absentismo laboral. Aunque expresó su preferencia por alcanzar un consenso, afirmó que, si no fuera posible, deberían adoptarse igualmente las decisiones que permitan reducir un coste que considera inasumible para la economía española.

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(El País, 08-07-2026) | Laboral

Garamendi carga contra los sindicatos por las bajas laborales: “No están siendo responsables”

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, ha reclamado de nuevo medidas para frenar el aumento de las bajas por incapacidad temporal y ha acusado a los sindicatos de no actuar con la responsabilidad necesaria para afrontar este problema, que, a su juicio, afecta de forma creciente a la competitividad de las empresas españolas. Durante su intervención, Garamendi afirmó que la incidencia de las bajas laborales se ha duplicado en la última década y aseguró que el fenómeno genera un importante coste económico para las empresas. En este contexto, criticó que no se hayan producido avances suficientes en el diálogo social para reducir el absentismo y señaló que las organizaciones sindicales deberían implicarse más en la búsqueda de soluciones. El dirigente empresarial también sostuvo que un elevado número de bajas laborales se concentra al inicio o al final de la semana, especialmente entre los trabajadores menores de 35 años. No obstante, esta interpretación ha sido cuestionada por algunos estudios sindicales, que consideran que la distribución de las bajas no responde a un patrón intencionado. Garamendi vinculó esta cuestión a la negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), cuya renovación continúa pendiente. Aunque manifestó la voluntad de la patronal de alcanzar un nuevo pacto con los sindicatos sobre criterios salariales y negociación colectiva, advirtió de que el absentismo deberá ocupar un lugar destacado en las conversaciones. En este sentido, recordó que el anterior AENC ya recogía el compromiso de reforzar el papel de las mutuas colaboradoras en la gestión de determinadas bajas laborales, especialmente las derivadas de patologías musculoesqueléticas. Sin embargo, señaló que la aplicación práctica de estas medidas avanza con lentitud, ya que depende de acuerdos con los servicios de salud de las comunidades autónomas. El presidente de la CEOE cifró en alrededor de 1,4 millones las personas que cada día permanecen de baja laboral en España y calificó esta situación como un importante coste para el tejido empresarial. Entre las propuestas planteadas por la organización figura que las empresas dejen de asumir el coste económico de determinadas prestaciones durante los primeros días de incapacidad temporal y en aquellos procesos que se prolongan durante largos periodos sin resolución. Al mismo tiempo, Garamendi coincidió con los sindicatos al señalar que el deterioro de la sanidad pública constituye uno de los factores que contribuyen al aumento de la duración de las bajas. Por ello, reclamó más recursos para el sistema sanitario, un incremento del número de profesionales médicos y una mayor dotación para el Instituto Nacional de la Seguridad Social con el fin de agilizar las valoraciones y reducir los tiempos de espera. Asimismo, volvió a defender un mayor protagonismo de las mutuas colaboradoras en la realización de pruebas diagnósticas y en el seguimiento de determinados procesos de incapacidad temporal, una cuestión que continúa negociándose en la mesa de diálogo abierta entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos. Estas declaraciones se produjeron durante la Asamblea General de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, pocos días después de que su presidenta, Ángela de Miguel, expresara el respaldo de la organización a la candidatura de Garamendi para las próximas elecciones de la CEOE y reclamara una regulación más adaptada a la realidad de las pequeñas y medianas empresas.

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(El Economista, 08-07-2026) | Laboral

Los mutualistas jubilados, en riesgo de ser excluidos de la pasarela al RETA

El Partido Popular ha presentado nuevas enmiendas en el Senado a la proposición de ley que regula la denominada pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los mutualistas alternativos, modificando algunos de los cambios que había impulsado durante la tramitación del texto en el Congreso. La principal rectificación afecta a los mutualistas ya jubilados. Mientras que la enmienda aprobada previamente permitía acceder a la pasarela tanto a los profesionales en activo como a los pensionistas de las mutualidades alternativas, la nueva propuesta limita este derecho únicamente a quienes continúen ejerciendo su actividad. De este modo, quedarían excluidos los mutualistas pasivos, salvo quienes perciban una pensión de viudedad. Con este cambio, el PP se aproxima nuevamente al planteamiento inicial del Gobierno, que ya contemplaba dejar fuera del sistema a los jubilados. Según las estimaciones del Ejecutivo, incluir a este colectivo habría supuesto un importante incremento del coste para la Seguridad Social, cifrado en torno a 5.200 millones de euros. Otra de las modificaciones afecta al sistema de reconocimiento de las cotizaciones realizadas en las mutualidades alternativas. En el Congreso, el PP había defendido que cada año cotizado en la mutualidad equivaliera a un año completo en la Seguridad Social, con independencia de las aportaciones efectuadas. Ahora, esa equivalencia se limita al cálculo del porcentaje de la pensión, mientras que la determinación de las bases de cotización se realizará aplicando un coeficiente corrector situado entre el 0,67 y el 0,87, en lugar de equipararlas automáticamente. La propuesta mantiene, no obstante, un tratamiento más favorable para determinados colectivos. Así, los mutualistas alternativos que hayan cumplido 52 años o más a 31 de diciembre de 2026 podrán computar cada mes completo cotizado en la mutualidad como un mes de alta en el RETA. Del mismo modo, quienes iniciaron su actividad profesional antes del 10 de noviembre de 1995 podrán ver reconocido como tiempo de alta en el régimen de autónomos todo el periodo en el que estuvieron obligatoriamente integrados en una mutualidad de previsión social sustitutiva. La tramitación parlamentaria en el Senado será decisiva para determinar la configuración definitiva de esta pasarela, una medida destinada a facilitar la integración de los mutualistas alternativos en el sistema público de Seguridad Social y que sigue siendo objeto de negociación entre los distintos grupos políticos.

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(El Economista, 08-07-2026) | Laboral

Justicia permitirá a sus funcionarios trabajar 32,5 horas a la semana durante la jornada de verano

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes prepara una nueva orden ministerial para adaptar la jornada y los horarios del personal de la Administración de Justicia y de Presidencia tras la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales. La propuesta establece que, con carácter general, los funcionarios realizarán una jornada de 35 horas semanales, mientras que el personal con régimen de dedicación especial trabajará 37,5 horas. Durante el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre se aplicará la jornada intensiva de verano, reduciendo el horario a 32,5 horas semanales para la mayoría de los empleados y a 35 horas para quienes tengan dedicación especial. El texto también prevé que el calendario laboral se apruebe cada año mediante la coordinación entre el Ministerio, las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia y las organizaciones sindicales. Además, dicho calendario deberá estar disponible antes del 1 de enero de cada ejercicio, adelantando así su publicación respecto al sistema actual. La futura regulación contempla igualmente la posibilidad de acogerse a una jornada reducida de cinco horas continuadas al día, entre las 9:00 y las 14:00 horas, con una retribución equivalente al 80% del salario. Esta modalidad no estará disponible para los funcionarios sujetos al régimen de dedicación especial. En cuanto a las horas extraordinarias, la propuesta establece un sistema de compensación para los excesos de jornada motivados por necesidades urgentes o inaplazables. Las horas trabajadas entre las 19:00 y las 22:00 darán derecho a dos horas de descanso compensatorio por cada hora adicional realizada, mientras que las efectuadas entre las 22:00 y las 7:30 del día siguiente se compensarán con dos horas y media. El proyecto de orden ministerial ha permanecido en trámite de audiencia pública entre el 30 de junio y el 8 de julio, periodo durante el cual los interesados han podido presentar alegaciones antes de su aprobación definitiva.

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(Expansión, 07-07-2026) | Laboral

Más de 1,2 millones de personas faltan cada día al trabajo por baja médica, 43.000 más que hace un año

El absentismo laboral continúa aumentando en España y alcanza niveles sin precedentes. Según un análisis de Randstad Research elaborado a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el primer trimestre de 2026 una media de 1.602.889 trabajadores se ausentó cada día de su puesto de trabajo por distintos motivos, lo que supone 79.311 personas más que en el mismo periodo del año anterior, un incremento del 7%. Como consecuencia, la tasa de absentismo se situó en el 7,2% de las horas de trabajo pactadas, el porcentaje más elevado registrado en los últimos cinco años. Las bajas por incapacidad temporal continúan siendo el principal motivo de estas ausencias y concentran la mayor preocupación entre las empresas por su creciente impacto económico. En los tres primeros meses del año, una media diaria de 1.240.138 trabajadores permaneció de baja médica, lo que representa 43.041 personas más que un año antes, un aumento del 8%. Estas bajas equivalen a la pérdida del 5,6% de las horas laborales pactadas. Paralelamente, unas 362.751 personas faltaron diariamente al trabajo por causas distintas a una enfermedad o accidente, lo que representa el 22,6% del total de las ausencias. Desde Randstad Research destacan que el absentismo mantiene una tendencia ascendente desde 2019, especialmente en lo relativo a las bajas médicas, cuya incidencia ha crecido de forma notable durante la última década. A juicio de la entidad, esta evolución obliga a analizar con detalle sus efectos sobre la actividad empresarial, la productividad y la competitividad de la economía española. El aumento de las incapacidades temporales también está elevando el gasto público. Tras superar los 18.000 millones de euros en prestaciones durante 2025, el desembolso de la Seguridad Social ascendía ya a 7.848 millones de euros entre enero y mayo de 2026, un 9,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Si esta tendencia se mantiene, el coste anual podría aproximarse a los 20.000 millones de euros. A esta cifra se añade el impacto para las empresas, estimado en unos 16.000 millones de euros el pasado ejercicio, lo que sitúa el coste conjunto de las bajas médicas en torno a los 34.000 millones de euros. Ante esta situación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones negocia con sindicatos y organizaciones empresariales diversas medidas para mejorar la gestión de las incapacidades temporales. Entre las propuestas figura la implantación de las denominadas altas progresivas, que permitirían a los trabajadores con procesos de baja superiores a 180 días reincorporarse de forma parcial durante un mes, compatibilizando media jornada de trabajo con el cobro de parte de la prestación. La iniciativa ha generado rechazo tanto entre las organizaciones empresariales, que consideran que traslada parte del coste a las compañías, como entre los sindicatos, que sostienen que el regreso al trabajo solo debe producirse cuando el trabajador esté plenamente recuperado. Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado que la Seguridad Social asuma desde el primer día el coste íntegro de las prestaciones por incapacidad temporal. En la actualidad, las empresas soportan el pago de la prestación entre el cuarto y el decimoquinto día de la baja. El análisis por sectores muestra diferencias significativas. La industria presenta la mayor tasa de absentismo, con un 7,4% del total de horas pactadas y un 5,7% correspondiente a bajas médicas. Le siguen los servicios, con una tasa del 7,2%, mientras que la construcción continúa registrando los niveles más bajos, con un 6% de absentismo general y un 4,8% por incapacidad temporal. Por actividades, los mayores niveles de absentismo corresponden a los servicios postales y de correos, con una tasa del 13,4%, seguidos por las actividades relacionadas con el juego y las apuestas, con un 12%. En el extremo opuesto se sitúan las actividades relacionadas con el empleo, con un 3%, y el sector editorial, con un 3,5%. Desde el punto de vista territorial, el fenómeno presenta una mayor incidencia en el norte de España y en los archipiélagos. El País Vasco encabeza la clasificación con una tasa de absentismo del 9,4%, seguido de Asturias, con un 9,1%, y Canarias, con un 8,9%. En cambio, Baleares, la Comunidad de Madrid y La Rioja registran los porcentajes más reducidos, con tasas del 5,9%, 6,2% y 6,4%, respectivamente.

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(El Economista, 07-07-2026) | Laboral

Casi la mitad de las personas que cobran una prestación por desempleo no son parados

Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejan una aparente discrepancia entre el perfil de los perceptores de prestaciones por desempleo y la situación laboral que declaran. Según la encuesta, durante el primer trimestre del año solo el 53,1% de quienes afirmaron recibir una prestación o subsidio por desempleo se encontraban realmente en situación de paro, mientras que el 46,9% restante correspondía a personas inactivas o incluso ocupadas. No obstante, esta diferencia no implica necesariamente un uso indebido de las prestaciones. La EPA es una encuesta basada en las respuestas de los hogares y recoge la percepción que tienen los entrevistados sobre las ayudas que reciben. En algunos casos, los encuestados pueden identificar como prestación por desempleo otras ayudas públicas de naturaleza distinta, lo que puede explicar parte de la divergencia respecto a los registros administrativos. A pesar de utilizar metodologías diferentes, la EPA y los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suelen ofrecer resultados muy similares en variables como el número de personas inscritas en las oficinas de empleo o el volumen total de beneficiarios de prestaciones. Durante el primer trimestre, la EPA estimó que 4,33 millones de personas estaban registradas como demandantes de empleo, una cifra muy próxima a los 4,27 millones contabilizados por el SEPE. Del mismo modo, la encuesta identificó a 1,75 millones de perceptores de prestaciones, frente a los 1,8 millones registrados por el organismo público. La principal diferencia surge al analizar la situación laboral de quienes reciben estas ayudas. Según la EPA, de los 1,75 millones de beneficiarios, 931.300 eran personas desempleadas, mientras que 716.600 figuraban como inactivas y otras 104.600 declaraban estar ocupadas. En consecuencia, cerca de la mitad de quienes afirmaban percibir una prestación no se encontraban técnicamente en situación de desempleo según los criterios de la encuesta. La EPA también pone de relieve que una parte importante de los desempleados no recibe ninguna prestación. De acuerdo con sus estimaciones, los 931.300 parados que perciben una ayuda representan únicamente el 45,9% de los desempleados inscritos en las oficinas de empleo. Si se tiene en cuenta el conjunto de personas desempleadas, incluidas aquellas que no están registradas como demandantes de empleo, la cobertura desciende hasta el 34,4%, lo que equivale aproximadamente a uno de cada tres parados. Estas cifras contrastan con los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo a partir de los registros del SEPE, que sitúan la tasa media de cobertura de las prestaciones por desempleo en el 80,1% durante los cinco primeros meses de 2026. La diferencia responde, en gran medida, a que ambos organismos emplean metodologías distintas para calcular este indicador. Mientras la EPA se basa en las respuestas obtenidas mediante una encuesta representativa de los hogares, el SEPE utiliza registros administrativos y aplica una fórmula específica que relaciona el número de beneficiarios con el de parados registrados con experiencia laboral, además de incluir a los perceptores del subsidio agrario. Este sistema trata de evitar que determinados colectivos que reciben prestaciones sin figurar como desempleados alteren el indicador, aunque algunos analistas señalan que existen colectivos, como los trabajadores fijos discontinuos en periodos de inactividad, cuyo tratamiento estadístico continúa siendo objeto de debate.

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(El Economista, 07-07-2026) | Laboral

Gobierno y sindicatos sellan la subida del plus de insularidad para los funcionarios del Estado

El Gobierno y las organizaciones sindicales han alcanzado un acuerdo para actualizar el complemento de residencia que perciben los empleados públicos de la Administración General del Estado destinados en Baleares. La mejora supondrá incrementos salariales de entre 105 y 697 euros mensuales, dependiendo del grupo profesional y de la isla en la que desempeñen su trabajo. El objetivo de esta medida es compensar el mayor coste de la vida que soportan estos trabajadores, así como las dificultades derivadas de la insularidad, entre ellas el acceso a la vivienda y los mayores costes de desplazamiento. El Ejecutivo se ha comprometido a tramitar la modificación normativa en un plazo máximo de seis meses, incluyendo también la actualización de los importes vinculados a la antigüedad cuando formen parte del complemento. El acuerdo beneficiará a 11.176 empleados públicos de la Administración del Estado. En Mallorca, el complemento de residencia experimentará una subida media del 100%. Los funcionarios del grupo A1 pasarán de percibir 115,01 a 214,61 euros mensuales; los del grupo A2 cobrarán 175,40 euros frente a los 92,50 actuales; los pertenecientes al grupo C1 verán incrementado el complemento de 80,51 a 144,60 euros; los del grupo C2 pasarán de 53,39 a 119,20 euros; y el personal de la agrupación profesional elevará esta percepción desde 49,48 hasta 105,31 euros al mes. En Menorca, Ibiza y Formentera, la actualización será mucho más significativa, con un incremento medio superior al 300%. En estos territorios, los empleados del grupo A1 percibirán 697,60 euros mensuales, frente a los 127,33 actuales; los del grupo A2 pasarán de 110,99 a 502,30 euros; los funcionarios del grupo C1 verán aumentar el complemento de 101,42 a 405,10 euros; los del grupo C2 lo elevarán de 68,60 a 297,90 euros; mientras que el personal de la agrupación profesional pasará de 68,03 a 263,17 euros mensuales. Los sindicatos han subrayado que esta actualización es independiente de la negociación prevista para revisar los complementos de residencia en otros territorios con especiales dificultades derivadas de su ubicación geográfica. En este sentido, reclaman que mejoras similares se extiendan a los empleados públicos destinados en Canarias, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán, una negociación que, según lo previsto en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, deberá concluir antes de finalizar 2026. Las organizaciones sindicales consideran que las particularidades geográficas de estos territorios dificultan la cobertura de numerosos puestos de trabajo en la Administración, debido al elevado coste de la vivienda y a otros factores asociados a la insularidad o al aislamiento. A su juicio, esta situación reduce el atractivo de estos destinos para los empleados públicos y favorece la salida de profesionales, lo que termina afectando a la calidad y continuidad de los servicios públicos.

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