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(El Economista, 14-05-2025) | Laboral

Los trabajos de la Comisión de Evaluación de la Reforma Laboral reabren el debate sobre las indemnizaciones

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado que no ha abandonado su intención de reformar el despido para hacerlo más costoso. Aunque este compromiso figura en el acuerdo de legislatura con Pedro Sánchez, los intentos realizados hasta ahora para avanzar en esa dirección no han dado frutos. Díaz se ha marcado como horizonte el año 2026, coincidiendo con la culminación del proceso parlamentario para reducir la jornada laboral. Sin embargo, esto no significa que vaya a posponer el debate hasta entonces. De hecho, la Comisión de Evaluación de la Reforma Laboral, recientemente constituida, se presenta como el primer escenario donde se librará esta batalla clave del tramo final de la legislatura en materia laboral. La comisión analizará los datos de empleo temporal e indefinido de enero de 2025. Si se concluye que no se está logrando una reducción significativa de la temporalidad, Díaz ha advertido que se adoptarán nuevas medidas para reforzar ese objetivo. Ahora bien, queda por determinar a qué tipo de temporalidad se referirá el análisis: si al peso de los contratos temporales sobre el total o a la rotación laboral, incluyendo despidos durante el periodo de prueba y la inestabilidad de los contratos fijos discontinuos. Aunque la reforma laboral actual ha conseguido disminuir notablemente la proporción de contratos temporales, España sigue padeciendo altas tasas de desempleo y rotación laboral, muy superiores a las del resto de la Unión Europea. Esto ocurre a pesar de que el empleo indefinido ha ganado terreno, pero el problema de fondo -un modelo productivo dependiente de actividades estacionales y eventuales- persiste. A día de hoy, seis de cada diez contratos siguen siendo temporales, y la mayoría de las bajas en la afiliación se deben a la finalización de estos contratos. Además, los despidos entre empleados con contrato indefinido han crecido de forma notable, con un aumento superior al 100%. La mayoría se tramita como despido disciplinario, lo que desencadena una impugnación judicial que suele terminar con una sentencia de improcedencia y la correspondiente indemnización de 33 días por año trabajado. Muchas empresas recurren a esta vía como alternativa a la contratación temporal, ya que el coste de indemnización es bajo debido a la escasa antigüedad de los trabajadores. Esta situación es la que Díaz pretende cambiar endureciendo las condiciones del despido. Cabe recordar que la reforma laboral de 2021 no modificó el abaratamiento de los despidos impuesto en 2012 por el Gobierno del PP. Los sindicatos y la propia ministra aceptaron en su momento no tocar ese aspecto para lograr un consenso más amplio, y también por evitar conflictos con Bruselas. Sin embargo, pocos meses después, CCOO y UGT llevaron el asunto ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), alegando que el límite general a la indemnización por despido improcedente vulnera la Carta Social Europea y los convenios de la OIT, que exigen una compensación proporcional al perjuicio sufrido, es decir, que sea reparadora y disuasoria. Esta postura defiende que, si la empresa no puede prever con exactitud el coste de un despido improcedente, se lo pensará mejor antes de recurrir a él. Aunque esta tesis fue respaldada por Díaz y no implicaba derogar la reforma de 2012, no contó con el apoyo ni de la patronal ni del PSOE. No obstante, tras las elecciones de 2023 y la entrada de Sumar en el Ejecutivo, Pedro Sánchez aceptó incluir en el pacto de gobierno una cláusula ambigua sobre "garantizar la protección frente al despido", cumpliendo así con la Carta Social Europea y reforzando la justificación necesaria para extinguir un contrato. Esto se interpreta como una puerta abierta a endurecer las condiciones del despido sin concretar cómo se hará. A medida que avanza la legislatura, el CEDS ha respaldado las reclamaciones sindicales, algo previsible por precedentes similares en Francia, Italia y Finlandia. Sin embargo, estos países no han modificado su legislación, ya que las decisiones del CEDS no tienen carácter vinculante. En España, además, el Tribunal Supremo ha limitado recientemente a los jueces que venían concediendo indemnizaciones superiores a los 33 días al amparo de la Carta Social Europea, dejando claro que no pueden superar el marco legal vigente. Este pronunciamiento judicial es una señal para Díaz: si se quiere cambiar el marco del despido, debe modificarse la ley. No será sencillo. No cuenta con el respaldo de la patronal y, además, el Gobierno ya está embarcado en otra compleja negociación: la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Aun así, el reloj corre. Sumar no quiere cerrar la legislatura sin haber cumplido una de sus promesas estrella, y los sindicatos tampoco están dispuestos a que su ofensiva en defensa de un despido más justo quede en el olvido. La Comisión de Evaluación será clave en este proceso.

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(El Periódico, 14-05-2025) | Laboral

Trabajo repartirá 2.571 millones de euros entre las autonomías para políticas de empleo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el presupuesto destinado a las políticas activas de empleo (PAE) para el ejercicio 2025, que se mantiene en 2.571 millones de euros, la misma cantidad que en 2024. El reparto de estos fondos, gestionados por el Ministerio de Trabajo, se realizará entre las comunidades autónomas, aunque aún no se ha determinado cuánto recibirá cada una. La distribución concreta se fijará próximamente en la Conferencia Sectorial de Empleo, ya que son los gobiernos autonómicos quienes deben diseñar y aplicar los programas de empleo y formación correspondientes. Este presupuesto, afectado por la prórroga de las cuentas públicas en vigor, tiene como metas principales reducir la elevada tasa de paro -actualmente del 11,4%, la más alta de la Unión Europea- y mejorar la cualificación de los trabajadores en activo para hacerlos más productivos y empleables. Una de las novedades destacadas este año es que parte de los fondos se destinarán a subvencionar la formación en áreas estratégicas. Según ha explicado el Ministerio de Trabajo en un comunicado, se dará prioridad a aquellas empresas que apuesten por capacitar a sus empleados en competencias relacionadas con el uso de algoritmos, la inteligencia artificial o la gestión de emergencias climáticas, retos que el departamento de Yolanda Díaz considera cada vez más relevantes para el mercado laboral. El presupuesto se divide en varias partidas ya definidas por el Ministerio: 1.424,3 millones de euros se dedicarán a servicios de empleo y formación. 440,5 millones se asignarán a iniciativas de formación profesional. 633,6 millones se destinarán a programas de formación en alternancia con el empleo. 73,5 millones se invertirán en la modernización de los servicios públicos de empleo. Con esta distribución, el Ejecutivo busca impulsar una adaptación del mercado laboral a los desafíos del presente y del futuro, manteniendo el compromiso con la mejora de la empleabilidad y la reducción del desempleo estructural.

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(Expansión, 13-05-2025) | Laboral

1,25 millones de personas faltan cada día a su puesto de trabajo

La tasa de absentismo laboral en España alcanzó el 7,4% en el cuarto trimestre de 2024, lo que supone un aumento de dos décimas respecto al mismo periodo de 2023, y se mantiene en niveles históricamente elevados, incluso superiores a los registrados durante la pandemia del Covid-19. Aunque han pasado más de cinco años desde que estalló la crisis sanitaria, sus consecuencias siguen latentes, especialmente en el mercado laboral. El fuerte aumento del absentismo experimentado durante la pandemia no ha sido algo puntual, sino que se ha consolidado como una tendencia persistente. Antes del Covid, en 2018, la tasa de absentismo -que mide las horas no trabajadas sobre el total pactado- rondaba el 5%. Desde entonces, el indicador ha subido hasta estabilizarse por encima del 7%. En el último trimestre de 2024, alcanzó el 7,4%, apenas por debajo del 7,5% del trimestre anterior, pero por encima del 7,2% del mismo periodo del año anterior, según recoge el informe de The Adecco Group Institute sobre absentismo y siniestralidad laboral. Esta cifra supera el 7,06% alcanzado en pleno auge del Covid en 2020, y queda muy lejos del 4,1% registrado en 2013, cuando la economía aún sentía los efectos de la gran recesión financiera. En términos concretos, con una jornada media pactada de 454 horas por trabajador en el cuarto trimestre, y con 31 horas de media no trabajadas por persona, el volumen de absentismo equivale a que 1,25 millones de empleados no se presentaran ni un solo día a su puesto de trabajo. Esto representa un 6% más que en el trimestre anterior y un 7,1% más que un año antes. Este fenómeno creciente del absentismo se explica, según los expertos, por una combinación de factores como el envejecimiento poblacional, el aumento de problemas de salud mental y la ineficiencia de la Seguridad Social en la tramitación de las bajas médicas. Todo ello representa un serio obstáculo para la productividad, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menos recursos para afrontar la ausencia de trabajadores. Un informe reciente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) estima que el absentismo laboral costó a las empresas españolas 13.961 millones de euros en 2024, un 14% más que el año anterior y casi tres veces más que en 2015, cuando el coste era de unos 4.800 millones. A este impacto en el ámbito empresarial hay que sumar el gasto público asociado, que superó los 15.000 millones de euros el año pasado. La mayoría del absentismo corresponde a bajas por incapacidad temporal, ya sea por enfermedades comunes o accidentes fuera del entorno laboral, que representaron un 5,8% del total, dos décimas más que en el mismo trimestre de 2023. En cambio, la siniestralidad laboral se mantuvo estable, con 214 accidentes por cada 100.000 trabajadores, incluso bajando un 2% respecto al trimestre anterior. Aunque el absentismo es un problema generalizado, su intensidad varía significativamente entre comunidades autónomas. Asturias lidera con una tasa del 9,5%, seguida por el País Vasco y Aragón, ambas con un 8,4%. En el extremo contrario, Madrid y Andalucía presentan las tasas más bajas, con un 6,9%, seguidas por Castilla-La Mancha, con un 7%. Cataluña, la segunda economía regional del país, se sitúa por encima de la media con un 7,6%. También hay grandes diferencias por sectores. La industria registra la mayor tasa de absentismo, con un 8,1%, seguida por los servicios (7,3%) y la construcción (6,3%). Las actividades con mayor nivel de ausencias fueron las sanitarias y las relacionadas con juegos de azar y apuestas, ambas con un 11,5%, superando ampliamente la media nacional. Por el contrario, las actividades jurídicas y de contabilidad mostraron los niveles más bajos, con apenas un 3,5%.

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(Expansión, 13-05-2025) | Laboral

Cómo ganar hasta cinco años más de cotización para la jubilación sin haber trabajado

Desde el año pasado y hasta 2028, las personas que fueron becarias en el pasado pueden recuperar hasta cinco años de cotización a la Seguridad Social, gracias a un convenio especial que les permite contabilizar los periodos de prácticas como tiempo cotizado a efectos de acceder a una pensión pública. Para ello, deben abonar unas cuotas establecidas. Desde el 1 de enero de 2024, los estudiantes que realicen prácticas formativas, ya sean remuneradas o no, están dados de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, muchos desconocen que, desde el 2 de agosto de 2023, está en vigor una normativa que también beneficia a quienes realizaron prácticas en años anteriores, permitiéndoles computar ese tiempo como cotizado mediante un acuerdo con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Esta medida se aplica a quienes participaron en prácticas formativas, prácticas académicas externas, o programas de doctorado de carácter investigador, tanto en España como en el extranjero, siempre que dichas prácticas se hayan realizado antes del 4 de febrero de 2006, fecha de entrada en vigor del Estatuto del Personal Investigador en Formación. A través de este convenio especial, estos antiguos becarios pueden sumar hasta un máximo de cinco años de cotización. A efectos de la Seguridad Social, se les considerará como trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General, lo que les da derecho a prestaciones por jubilación, incapacidad permanente y fallecimiento, en los casos de contingencias comunes. La base de cotización para este convenio se corresponde con la base mínima vigente en 2024 para el grupo 7 del Régimen General, sobre la cual se aplica un coeficiente del 0,77. En términos prácticos, esto implica un coste mensual que varía entre 40 y 140 euros por cada mes que se quiera computar, para prácticas realizadas entre los años 1980 y 2006. Una vez que la TGSS calcula la cantidad total a pagar, el interesado puede optar por abonar la suma completa de una vez o fraccionarla en tantas mensualidades como meses se vayan a cotizar, según informa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Para acogerse a esta opción, las prácticas no remuneradas deben haberse realizado antes del 1 de enero de 2024, y las remuneradas antes del 1 de noviembre de 2011. En ambos casos, es obligatorio presentar una certificación expedida por la universidad o centro educativo. Si se trata de prácticas remuneradas, dicha certificación también puede ser emitida por la empresa en la que se realizaron. En los casos en que se hubieran efectuado prácticas remuneradas antes del 1 de noviembre de 2011 y ya se hubiera firmado un convenio especial conforme a la normativa de 2011 (Real Decreto 1493/2011), el nuevo convenio solo permitirá computar los días restantes hasta completar el máximo de 1.825 días (equivalentes a cinco años). Por tanto, en la solicitud del nuevo convenio debe indicarse si ya se firmó uno anterior, según explica el sindicato UGT.

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(Expansión, 13-05-2025) | Laboral

Los cotizantes deberían pagar 1.500 euros más al año para eliminar el déficit de las pensiones

El déficit contributivo de la Seguridad Social, una vez descontadas las transferencias del Estado, cerró el año 2024 en casi 31.500 millones de euros, lo que supone un aumento de 3.000 millones respecto al ejercicio anterior. Este incremento representa el primer deterioro en el saldo contributivo en los últimos tres años. Expertos advierten que la situación podría empeorar si una posible guerra comercial frena la creación de empleo. Este déficit refleja el desequilibrio entre las cotizaciones sociales recaudadas y el pago de pensiones contributivas. A finales de 2024, el desfase alcanzó los 31.433 millones de euros, lo que equivale al 1,97% del PIB. En comparación con los 28.519 millones del año anterior, se trata de un repunte del 10%. Todo ello pese a que las aportaciones de empresas y trabajadores siguen aumentando. Según cálculos del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social del Instituto Santalucía, cubrir este déficit requeriría reducir en 3.441 euros anuales cada pensión contributiva o, alternativamente, que cada cotizante aportase 1.486 euros más al año. Este retroceso rompe con la mejora registrada en los dos años anteriores, tras haber alcanzado un pico del 2,73% del PIB en marzo de 2021, todavía marcado por las consecuencias de la pandemia. Los analistas avisan de que si el contexto internacional se complica y afecta negativamente al empleo, este desequilibrio podría ampliarse, ya que los gastos seguirán aumentando, impulsados por la revalorización automática de las pensiones ligada al IPC. El desfase de casi 31.500 millones se explica por los ingresos por cotizaciones (alrededor de 167.000 millones de euros) frente a unos pagos por prestaciones contributivas que superaron los 198.000 millones. Sin las transferencias estatales -que en 2024 ascendieron a más de 48.000 millones- el déficit real triplica el declarado oficialmente por el Gobierno, que lo sitúa en 9.833 millones en su ejecución presupuestaria. Según los expertos, estas aportaciones desde el Presupuesto General del Estado "ocultan" el verdadero déficit del sistema, dificultando comparaciones con los datos previos a 2018, cuando no existían este tipo de ayudas. A pesar del esfuerzo recaudatorio, los ingresos por cotizaciones aumentaron en 11.174 millones de euros respecto al año anterior, con un crecimiento del 7%. De este avance, un tercio se debe al incremento del número de afiliados, y los dos tercios restantes al aumento de la cotización media por trabajador. De hecho, el peso de las cotizaciones sobre el PIB subió ligeramente, del 10,28% en 2023 al 10,38% en 2024. Este crecimiento superior al del PIB se explica en parte porque la cotización media por afiliado subió un 4,59%, más que la productividad, que creció un 3,62%. Cabe destacar también el fuerte aumento del gasto en prestaciones por incapacidad temporal, que ascendieron a 16.487 millones de euros en 2024, un 17% más que el año anterior. Desde 2019, esta partida se ha disparado un 73%, partiendo de los 9.527 millones.

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(El Economista, 13-05-2025) | Laboral

Junts pretende que las pensiones en Cataluña suban más que en el resto de España

Junts presentó el pasado martes en el Senado una moción con la intención de modificar el enfoque actual de la reforma del sistema de pensiones. Su objetivo principal es que las pensiones en Cataluña aumenten más que en el resto de España. La propuesta no llegó como una proposición de ley, sino como una iniciativa parlamentaria que instaba al Gobierno a considerar subidas diferenciadas por comunidades autónomas. Junts defiende que las pensiones se actualicen según el coste de vida real de cada territorio, en lugar de seguir el índice general del IPC, como ocurre actualmente. Es decir, apuestan por establecer un mecanismo de actualización periódica que tenga en cuenta las variaciones del coste de vida específicas de cada región. Sin embargo, tanto el PP como el PSOE ya han rechazado esta idea. Para avanzar en este planteamiento, el partido catalán propone la elaboración de un informe técnico que defina una metodología objetiva para calcular el coste real de vida en cada comunidad autónoma, de forma que sirva como base para revalorizar las pensiones de forma territorializada. Desde Junts admiten que más allá de lo técnico, el debate gira en torno a avanzar hacia una gestión económica de la Seguridad Social más cercana, es decir, controlada desde Cataluña. De hecho, el trasfondo político de la propuesta se relaciona con una aspiración similar a la que mantiene el País Vasco en sus negociaciones con el Ejecutivo central. Fuentes del partido han señalado a elEconomista.es que este cambio debería ir acompañado del traspaso de competencias en materia de Seguridad Social, y justifican la propuesta en el contexto de una buena relación entre sindicatos y patronales catalanas. No obstante, desde el propio ámbito del diálogo social en Cataluña reconocen que esta cuestión no se encuentra actualmente entre sus prioridades. Por su parte, varios representantes de los agentes sociales a nivel nacional han mostrado su rechazo a esta propuesta, argumentando que supondría una fragmentación del sistema y que la gestión de las pensiones debe seguir siendo una competencia estatal. Esta misma postura fue defendida por la portavoz del PSOE durante el debate en la Cámara Alta. Junts justifica su planteamiento alegando que el coste de vida en Cataluña es un 7,6% más alto que la media española. En su documento, publicado en la web del Senado, citan también los casos del País Vasco (donde aseguran que el coste es un 7,1% mayor) y de la Comunidad de Madrid (un 15,7% por encima). De aprobarse esta diferenciación, en el caso catalán la revalorización de las pensiones prácticamente duplicaría la subida de este año, fijada en un 2,8%, y superaría las previsiones de inflación para 2025, que según el panel de Funcas se sitúan en torno al 2,5%. A modo comparativo, el Instituto de Estadística de Cataluña cifra la inflación actual en un 2,2%. Además, Junts propone que este nuevo indicador territorializado del coste de la vida también sirva para fijar las subidas anuales del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Aunque la propuesta parte del contexto catalán, la formación no pretende limitarla solo a su comunidad, sino que abre la puerta a que se aplique en todas las regiones -o "naciones", como indican-, permitiendo así que los incrementos sean diferentes según el territorio. Una idea que el País Vasco también ha defendido en el pasado, pero que ha sido rechazada por el Gobierno central y por los principales agentes sociales a nivel nacional.

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(El Periódico, 13-05-2025) | Laboral

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) exige una Declaración Anual de Rentas para cobrar el subsidio a los mayores de 52 años

En julio de 2012, en pleno proceso de recortes exigidos por la Unión Europea y tras la reforma laboral impulsada en febrero de ese mismo año, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una modificación que pasó casi inadvertida, pero que tuvo consecuencias muy perjudiciales para miles de personas: la elevación de la edad mínima para acceder al subsidio para desempleados mayores de edad, que subió de los 52 a los 55 años. Esta modificación, que se aplicó sin previo aviso, dejó sin acceso a esta ayuda mensual de 430 euros a unos 52.000 trabajadores que, tras agotar su prestación por desempleo, veían en este subsidio su única fuente de ingresos hasta la jubilación. El impacto fue especialmente duro para personas como el caso ficticio de Juan, empleado utilizado como ejemplo en un estudio elaborado por los economistas Gerard Domènech Arumí y Silvia Vannutelli. El análisis, publicado en el blog económico Nada es Gratis, se basa en datos de la Seguridad Social y utiliza una metodología de "diferencias en diferencias", que permite comparar a quienes se vieron afectados por el cambio con otros trabajadores similares que ya habían cumplido los 55 años antes de la reforma y mantuvieron el subsidio. Los resultados son claros: quienes perdieron el acceso al subsidio volvieron al mercado laboral, en promedio, 150 días antes que los que sí pudieron conservarlo. Sin embargo, este regreso se produjo mayoritariamente en condiciones laborales más precarias y con salarios más bajos. En un contexto de profunda crisis económica y con una tasa de desempleo cercana al 26%, muchas de estas personas se vieron obligadas a aceptar trabajos inestables o directamente abandonaron el mercado laboral para solicitar otras ayudas como la Renta Activa de Inserción o pensiones por invalidez. Este fenómeno, conocido como "sustitución programática", también ha sido observado en países como Austria y Finlandia, y en el caso español afectó especialmente a quienes tenían entre 53 y 55 años. El Ejecutivo justificó el cambio argumentando que supondría un ahorro de 600 millones de euros, lo que representaba un 12% del recorte exigido en aquel momento por Bruselas. Sin embargo, el estudio señala que el ahorro real apenas llegó a los 140 millones. Esta diferencia se explica en parte por la supresión de las cotizaciones a la Seguridad Social que se efectuaban junto con el subsidio, lo que debilitó aún más la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Además, los autores del estudio subrayan que esta reforma se llevó a cabo sin implementar medidas de apoyo a la inserción laboral, ni programas formativos específicos para personas mayores de 50 años. La ausencia de políticas de reciclaje profesional o de inserción contribuyó a que muchas personas quedaran atrapadas en un ciclo de empleos inestables o ayudas temporales. ¿Qué deben tener presente los beneficiarios en 2025? El subsidio para mayores de 52 años sigue activo y representa un recurso fundamental para quienes han cotizado al menos 15 años (de los cuales seis deben ser por desempleo) y cuyos ingresos no superen los 888 euros mensuales, es decir, el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Para conservar esta ayuda, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) exige presentar anualmente la Declaración de Rentas (DAR), que analiza tanto los ingresos percibidos como el rendimiento estimado de propiedades no alquiladas, aplicando un tipo de interés del 3,25% anual. No presentar esta declaración puede conllevar la suspensión del subsidio y de las cotizaciones a la jubilación, con un efecto muy negativo para quienes están cerca de retirarse. Aunque el Real Decreto-ley 2/2024 ha eliminado temporalmente la obligación de declarar el IRPF, la DAR continúa siendo un requisito indispensable. Por ello, es fundamental que los beneficiarios estén atentos y cumplan con los plazos establecidos. La reforma de 2012 deja una enseñanza contundente: los cambios en políticas sociales, aunque puedan parecer menores, pueden transformar radicalmente la vida de miles de personas. Como muestra este caso, los recortes que se aplican sin una visión estructural pueden tener consecuencias sociales graves y, en muchos casos, contraproducentes para la economía a largo plazo.

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(Expansión, 12-05-2025) | Laboral

Las mujeres representan el 25% de la alta dirección de las cotizadas

La ley española sobre representación paritaria y equilibrio de género, vigente desde agosto de 2024, obliga a las empresas cotizadas a garantizar, antes del 30 de junio de 2027, que al menos el 40% de los miembros de sus consejos de administración pertenezcan al sexo menos representado, lo que en la mayoría de los casos se traduce en una mayor presencia femenina. Esta exigencia también se aplica a los equipos de alta dirección. A dos años de la fecha límite, el porcentaje de mujeres en puestos de alta dirección en las compañías cotizadas españolas alcanzaba el 25% a finales de 2024, según los informes de gobierno corporativo enviados a la CNMV. Este dato representa una mejora de dos puntos respecto al año anterior (23,07%) y más de tres puntos con respecto a 2022 (21,73%), sin contar a las consejeras que también ocupan cargos ejecutivos. Desde 2017, cuando la presencia femenina en estos niveles era del 14,8%, se ha registrado un avance de diez puntos. Actualmente, hay unas 230 mujeres en la alta dirección de empresas cotizadas, por lo que serían necesarias aproximadamente 140 más para alcanzar el 40% estipulado por la ley. Esta norma, que adapta la directiva europea de 2022 sobre paridad de género, exige que las grandes empresas del Ibex cumplan el objetivo un año antes, en junio de 2026. Dentro del Ibex, el porcentaje de mujeres en alta dirección asciende al 26,9%, con 105 directivas, nueve más que en 2023. En el resto de empresas cotizadas, la representación femenina subió al 23,15%, desde el 21,86% del año anterior. Siete de las 35 empresas del Ibex ya cumplen con el umbral del 40% de mujeres en sus equipos directivos. Aena lidera con un 66,6% (seis de nueve directivos son mujeres). Enagás ha alcanzado la paridad (50%), al igual que Colonial e Iberdrola. Otras como Rovi, Redeia y Acciona Energía también superan el 40%. Además, siete compañías del índice bursátil tienen entre el 30% y el 39% de mujeres en alta dirección, y cuatro más superan el 25%. En cuanto al resto de la Bolsa, 21 empresas ya cuentan con una representación femenina superior al 40% en alta dirección. Adolfo Domínguez destaca con un 60%, y otras como Atrys Health, Prisa, PharmaMar o Prosegur alcanzan la paridad. También superan el 40% compañías como Grenergy, Catalana Occidente, Ebro Foods o Metrovacesa. En otros casos, como Audax, Dia o Ence, las mujeres representan más del 30%. No obstante, aún hay margen de mejora. Once cotizadas que reportan tener varios altos cargos no cuentan con ninguna mujer en sus equipos directivos. Entre ellas se encuentran Ecoener, Azkoyen, Amrest, OHLA, FCC y Ercros, cuyos equipos de alta dirección están integrados exclusivamente por hombres.

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(El País, 12-05-2025) | Laboral

Los sindicatos urgen al Gobierno a desbloquear el estatuto del becario

El 15 de junio de 2023 -a tan solo un mes y una semana de las elecciones generales-, el Ministerio de Trabajo dio a conocer ante la opinión pública el estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, conocido popularmente como el estatuto del becario. Se trató de un proyecto consensuado con UGT y CC OO, pero que no contó con el apoyo de las patronales ni de los rectores universitarios. Ahora, casi dos años después, el acuerdo alcanzado con los sindicatos aún no se ha convertido en normativa vigente, ya que el Gobierno no lo ha aprobado, algo sin precedentes en los acuerdos del diálogo social de los últimos años. Este jueves, a 693 días de aquel anuncio en el ministerio, los sindicatos hacen un llamado urgente al Ejecutivo y al Parlamento para que desbloqueen una norma que otorgaría mayores derechos a los becarios. En un comunicado conjunto, las ramas juveniles de UGT y CC OO reivindican el Día Internacional del Becario para reiterar la exigencia de la aprobación inmediata del Estatuto del Becariado. Aseguran que han transcurrido casi dos años desde la firma del acuerdo entre CC OO, UGT y el Ministerio de Trabajo el 15 de junio de 2023, y continúan esperando su ratificación en el Consejo de Ministros. Ambos sindicatos denuncian que, desde esa fecha, "decenas de miles de jóvenes siguen siendo víctimas de un sistema de prácticas lleno de abusos, que oculta relaciones laborales, carece de garantías mínimas y perpetúa la precariedad en los inicios de la vida profesional". La iniciativa busca corregir estas situaciones mediante varias medidas: limitar a 480 horas el máximo de prácticas extracurriculares -ámbito en el que se concentra el fraude por no estar directamente vinculadas con la formación-, establecer un régimen sancionador para penalizar las infracciones graves con multas de hasta 225.018 euros y obligar a las empresas a asumir los gastos del becario, como el transporte hacia el centro donde se realicen las prácticas. Es importante resaltar que la normativa no obliga a remunerar al becario. Este último aspecto es uno de los más polémicos, ya que algunos críticos temen que tanto empresas como entidades del tercer sector e instituciones públicas se rehúsen a cubrir esos costes, situación denunciada recientemente por los rectores en una carta dirigida a la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz. En la misiva, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas solicitaba, además, un compromiso explícito del sector empresarial en este sentido, ante el riesgo de que dichos gastos terminen recayendo sobre las universidades. Por su parte, el Ministerio de Trabajo interpretó la misiva como un respaldo a la compensación de estos gastos y no hizo énfasis en las preocupaciones de los rectores sobre quién debería asumirlos. Los sindicatos subrayan que la norma es un avance imprescindible para mejorar las condiciones de los becarios, garantizar sus derechos y reducir el fraude existente en las prácticas no laborales, y recalcan que "no pueden seguir existiendo excusas; el estatuto no debe seguir archivado". Además, insisten en la necesidad de que exista un consenso en el Gobierno para materializar el estatuto, haciendo alusión a las diferencias de opinión entre el PSOE y Sumar. El mismo día de su presentación, la parte socialista del Ejecutivo manifestó que el texto pactado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos aún estaba "verde" y requería "trabajo técnico". En ningún momento antes el Gobierno había criticado un acuerdo del departamento de Trabajo y de los sindicatos en la misma jornada en la que se daba a conocer públicamente. En octubre de 2024, el ministerio sometió a audiencia pública el anteproyecto, a pesar de no haber alcanzado un consenso interno. El Ministerio ha enfatizado que, después de abordar la reducción de jornada, el tema más prioritario es el estatuto del becario. "Hemos realizado pasos importantes, como la audiencia y consulta pública. Una vez finalizado el anteproyecto de reducción de jornada, retomaremos el estatuto, un compromiso heredado de la legislatura anterior y reafirmado en el acuerdo de coalición, del que también se ha responsabilizado el presidente del Gobierno", comentó en febrero Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, añadiendo que los trabajos estaban "avanzadísimos" y que se hablaría de ello a la mayor brevedad posible. En su comunicado, tanto UGT como CC OO instan a los partidos políticos a comprometerse en la regulación de una medida tan necesaria para la inserción laboral de los jóvenes y para adaptar la formación a las necesidades de las empresas, concluyendo que "la juventud no puede esperar más".

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(El País, 12-05-2025) | Laboral

El teletrabajo bate récords en España, pero sigue lejos de la media europea

En España, el teletrabajo es menos frecuente en comparación con otros países europeos, ya que solo el 15,4% de la población activa trabaja de manera remota, frente al 22,6% de media en la Unión Europea. A pesar de esta gran diferencia, en 2024 se observó una pequeña mejora, ya que el empleo a distancia creció más en España (1,2 puntos porcentuales) que en la media de la UE (0,4 puntos). Así lo reflejan las últimas estadísticas de Eurostat, que también destacan la gran distancia de España respecto a las naciones más avanzadas en teletrabajo. Por ejemplo, en los Países Bajos, el 52% de los empleados trabaja desde casa en parte de su jornada. Eurostat ofrece información sobre la evolución del teletrabajo en España desde 1992, cuando esta modalidad apenas alcanzaba entre un 1% y un 2% de la fuerza laboral. Con el avance de la tecnología, los porcentajes comenzaron a subir en el inicio del siglo XXI, alcanzando un primer pico del 7,5% en 2013. En ese momento, la media europea (11,9%) ya superaba ampliamente a la española, y la brecha se amplió aún más en los años siguientes, cuando Europa continuó creciendo mientras que en España el teletrabajo disminuyó. En 2016, solo un 6,4% de los empleados en España teletrabajaba, mientras que la media europea era del 13,1%, más del doble. Sin embargo, tras un pequeño aumento en los años posteriores, la crisis del coronavirus impulsó de manera significativa el trabajo remoto, con los confinamientos aumentando el porcentaje de teletrabajo en España hasta el 15,1% y en Europa al 20,7%. Ambos valores aumentaron aún más en 2021, con un 15,3% en España y un 24% en la UE. Tras el fin de la pandemia, en 2022 ambos porcentajes descendieron, pero en 2024 volvieron a subir, especialmente en España, alcanzando un 15,4%, tres décimas más que el récord anterior. José Varela, responsable de Digitalización de UGT, analiza estas cifras destacando que el teletrabajo ha alcanzado niveles no vistos desde la pandemia, con 3,2 millones de personas trabajando de manera remota en la actualidad. Aunque tras la pandemia muchas empresas derogaron los acuerdos de teletrabajo, la mentalidad de los trabajadores cambió de manera irreversible, lo que ha generado un repunte en los últimos tiempos. La negociación de convenios colectivos comenzó a poner el teletrabajo entre sus prioridades, lo que ha tenido efectos positivos. El 15,4% de teletrabajo en España incluye tanto a los empleados que teletrabajan "normalmente" como a los que lo hacen "a veces". El primer grupo está compuesto por aquellos que trabajan desde casa al menos la mitad de los días, y representan el 7,8% de la fuerza laboral española. Este porcentaje ha aumentado en siete décimas respecto a 2023, pero sigue estando por debajo del pico alcanzado durante la pandemia (10,9% en 2020 y 9,4% en 2021). En cuanto a los que teletrabajan "a veces", su porcentaje sube de un 7,1% en 2023 a un 7,6% en 2024, lo que indica una tendencia al alza desde la crisis sanitaria. Los países con mayores proporciones de teletrabajadores en Europa son Países Bajos (52%), Suecia (45,6%), Luxemburgo (42,8%), Noruega (42,5%) y Dinamarca (41,1%). Por el contrario, los países con menos teletrabajo son Hungría (9%), Grecia (7,8%), Serbia (7,6%), Rumanía (3,5%) y Bulgaria (3%). Los expertos apuntan que la proporción de teletrabajadores en un país depende de diversos factores, como la postura general de las empresas, el marco normativo y, especialmente, el tipo de tejido productivo. En España, las pymes (más comunes que en otros países europeos) suelen ofrecer menos posibilidades de teletrabajo que las grandes empresas. Además, las actividades de menor valor añadido, como la agricultura o la hostelería, que tienen mayor peso en España que en el norte de Europa, también dificultan la implementación del teletrabajo.

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