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(El Economista, 09-04-2026) | Laboral

Los sindicatos demandan que los contratos sean por defecto fijos y a jornada completa

Tras el fracaso de la propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas y con la reforma del registro horario aún sin concretar, CCOO y UGT se han fijado como nuevo objetivo promover un cambio en la legislación laboral que establezca el contrato a jornada completa como la opción general, dejando el trabajo a tiempo parcial limitado a situaciones específicas, siguiendo una lógica similar a la aplicada en 2022 con los contratos temporales. Ambos sindicatos pretenden que las empresas tengan que justificar las razones por las que optan por contratar a alguien con una jornada inferior a la completa establecida en su sector o compañía. Con ello buscan frenar lo que consideran un uso abusivo de las horas complementarias, es decir, aquellas que los empleados realizan fuera de su horario habitual en función de las necesidades empresariales. Según explicó el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, se está consolidando un modelo que permite a las empresas disponer de una flexibilidad excesiva mediante este tipo de contratos, utilizando el trabajo a tiempo parcial como una fórmula para ajustar la disponibilidad de los trabajadores de manera unilateral. Desde el punto de vista sindical, obligar a justificar el uso del contrato parcial ayudaría a que solo quienes realmente desean trabajar menos horas se encuentren en esta situación. De hecho, datos de la Encuesta de Población Activa indican que el 44% de quienes trabajan a tiempo parcial lo hacen porque no han encontrado un empleo a jornada completa, lo que supone alrededor de 1,3 millones de personas, de las cuales cerca del 73% son mujeres. Actualmente, tras la última reforma laboral, los contratos se presumen indefinidos por defecto. Si prospera esta propuesta, también pasarían a ser mayoritariamente a jornada completa, salvo en casos justificados. Esto supondría una reducción significativa de la flexibilidad para las empresas. El Estatuto de los Trabajadores permite en la actualidad formalizar contratos a tiempo parcial siempre que se pacte una jornada inferior a la de un trabajador a tiempo completo en la misma empresa, incluyendo la posibilidad de acordar horas complementarias, que pueden llegar hasta el 75% de la jornada contratada según el convenio colectivo. Dado que estos trabajadores no pueden realizar horas extraordinarias, las horas complementarias se convierten en la principal herramienta para ajustar la carga de trabajo. Sin embargo, los sindicatos consideran que este sistema genera precariedad, ya que estas horas no siempre se remuneran mejor que las ordinarias y no existe garantía de que se vayan a realizar. Por ello, proponen que las empresas estén obligadas a convertir en contratos a jornada completa aquellos casos en los que el trabajador haya alcanzado más del 80% de la jornada completa sumando horas complementarias durante el año anterior. Además, plantean que estos empleados tengan prioridad para ocupar vacantes a tiempo completo dentro de la empresa tras seis meses de antigüedad, en línea con lo previsto para los fijos discontinuos en la última reforma. Así, las organizaciones sindicales sugieren fijar en el 80% de la jornada máxima el límite entre trabajo parcial y completo. Para quienes trabajen menos horas, plantean que puedan incorporar a su jornada habitual el promedio de horas complementarias realizadas el año anterior. También proponen ampliar de tres a siete días el plazo de preaviso que debe dar la empresa para cancelar horas complementarias previamente asignadas, así como permitir que el trabajador pueda desvincularse de este pacto tras un año. Actualmente, esta posibilidad está restringida a situaciones concretas como el cuidado de familiares, la formación o la compatibilidad con otro empleo. En conjunto, esta propuesta de reforma laboral va más allá del acuerdo alcanzado en 2022 con el Gobierno y la patronal, y busca, entre otros objetivos, reducir la brecha salarial de género, muy vinculada al uso del trabajo a tiempo parcial. Asimismo, reabre debates que quedaron fuera en la anterior reforma, como el de la indemnización por despido. Desde UGT, su vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, defendió que es necesario eliminar el contrato a tiempo parcial como foco de precariedad, al considerar que se ha convertido en una herramienta que permite abusar de los trabajadores mediante el uso de horas complementarias, ajustando su jornada en función de las necesidades empresariales.

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(Expansión, 09-04-2026) | Laboral

El Gobierno sube las cuotas de los autónomos societarios en 1.620 euros para 2026

La reciente orden de cotización para 2026 introduce un fuerte aumento en la base mínima de cotización de más de un millón de autónomos, incluyendo societarios y colaboradores, con una subida del 42%. Esto implica que deberán abonar unos 135 euros más al mes, es decir, 1.620 euros adicionales al año. Desde la organización ATA califican esta medida como un nuevo "golpe" del Gobierno a aproximadamente un tercio del colectivo. En concreto, la base mínima pasa de los 1.000 euros fijados en 2025 a 1.424 euros en 2026. Este incremento afecta a más de 400.000 familiares colaboradores y a más de 800.000 autónomos societarios con ingresos cercanos a los 1.000 euros mensuales, y además se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, critica duramente la decisión, acusando al Ejecutivo de no haber cumplido su promesa de mantener congeladas las cuotas. Según denuncia, una parte importante de los autónomos verá incrementada su cotización mínima en 135 euros mensuales, lo que considera una nueva carga económica para el colectivo. Cabe recordar que el Ministerio de Seguridad Social optó por prorrogar las cuotas vigentes tras no lograr un acuerdo con las asociaciones de autónomos sobre las bases de cotización para el periodo 2026-2028. Incluso algunos partidos del bloque de investidura rechazaron la propuesta inicial, que contemplaba subidas de entre el 4% y el 35%. Finalmente, el Ejecutivo decidió mantener la tabla de cotización basada en los rendimientos de 2025. Esta prórroga quedó formalizada cuando el Congreso aprobó el decreto de revalorización de las pensiones a comienzos de febrero. No obstante, faltaba por publicarse la orden ministerial que concreta los aspectos técnicos del sistema, y es en ese marco donde se ha introducido la subida de la base mínima para estos colectivos específicos. Desde la Seguridad Social se defiende que esta medida forma parte del desarrollo de la reforma del sistema de cotización por ingresos reales iniciada en 2023, que establece que, a partir de 2026, la base de cotización de autónomos societarios, colaboradores y quienes no declaren rendimientos no podrá situarse por debajo de la base mínima del Régimen General. Sin embargo, las asociaciones de autónomos rechazan esta interpretación. Argumentan que la normativa también contemplaba revisar las bases del resto de autónomos, pero este proceso se paralizó ante la falta de consenso. Además, recuerdan que el sistema debía implantarse de forma progresiva hasta 2032. Según ATA, la disposición transitoria de la reforma preveía una aplicación gradual, fijando en 2023 una base mínima de 1.000 euros, mientras que para los años siguientes debía determinarse en los Presupuestos Generales, que finalmente no se aprobaron. Por ello, consideran injusto que los autónomos tengan que asumir las consecuencias de esta situación, denunciando que se rompe el principio de equidad dentro del sistema. Asimismo, critican que la prórroga de las cuotas no se haya aplicado de forma uniforme, ya que deja fuera a los autónomos societarios y colaboradores, generando diferencias según el tipo de trabajador por cuenta propia. Por su parte, fuentes de la Seguridad Social indican que existe cierto margen de adaptación, ya que la regularización de las cuotas no se llevará a cabo hasta 2028. Mientras tanto, los autónomos afectados podrán mantener sus pagos actuales, aunque deberán abonar la diferencia acumulada en el momento de dicha regularización.

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(La Vanguardia, 08-04-2026) | Laboral

Los sindicatos reclaman restringir el uso del contrato a tiempo parcial

Los sindicatos han planteado una crítica global al actual sistema de despido, configurado en gran medida tras la reforma laboral de 2012 durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras meses de espera, CCOO y UGT han presentado su propuesta para modificar la normativa vigente, que en esencia supone recuperar el marco anterior a dicha reforma, al considerar que fue aprobada sin el necesario diálogo social. Ambas organizaciones han dado a conocer un documento conjunto, denominado Plataforma Sindical Unitaria, en el que recogen cuatro grandes líneas de actuación. Además de la reforma del despido, incluyen cambios en la regulación del contrato a tiempo parcial, el blindaje legal de su financiación por la negociación colectiva y un conjunto de medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda. En materia de despido, los sindicatos proponen aumentar las indemnizaciones, recuperar la posibilidad de readmisión en caso de despido improcedente y establecer límites más estrictos a la finalización de contratos durante el periodo de prueba, exigiendo causas justificadas para su uso. Asimismo, plantean fijar indemnizaciones mínimas y permitir compensaciones superiores a las establecidas por ley cuando estas no reparen adecuadamente el perjuicio al trabajador. Estas propuestas se presentan a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la posibilidad de que los jueces puedan fijar indemnizaciones ajustadas a cada caso. Aunque el Tribunal Supremo rechazó esta opción, los sindicatos consideran que la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales respalda la posibilidad de conceder compensaciones más elevadas que las tasadas. En cuanto a la contratación, CCOO y UGT apuestan por endurecer las condiciones del trabajo a tiempo parcial, al entender que genera desigualdad, especialmente de género, y que se utiliza de forma abusiva. Entre sus propuestas figura limitar este tipo de contratos a un máximo del 80% de la jornada ordinaria -por ejemplo, 32 horas semanales en una jornada de 40- y exigir que la empresa justifique por qué no se formaliza un contrato a tiempo completo. También plantean restringir la fragmentación de la jornada diaria, salvo en supuestos concretos, y reforzar la regulación de las horas complementarias. Si estas se realizan de forma habitual, proponen que pasen a integrarse en la jornada ordinaria. Además, reclaman que las empresas avisen con al menos siete días de antelación sobre su realización y que los trabajadores puedan renunciar a este tipo de pactos con un preaviso de 15 días, una vez transcurrido un año. Igualmente, defienden que estas horas se remuneren como si fueran extraordinarias.

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(El Confidencial, 08-04-2026) | Laboral

Los sindicatos piden blindar sus ayudas públicas

UGT y CCOO, los dos principales sindicatos a nivel estatal, han presentado este martes un documento conjunto estructurado en cuatro grandes bloques de propuestas. Entre ellas destaca, por su carácter novedoso, la iniciativa de impulsar una ley que regule el diálogo social y la negociación colectiva. Aunque la Constitución Española reconoce en su artículo 7 la función de los agentes sociales -sindicatos y organizaciones empresariales-, actualmente no existe una norma que desarrolle de forma específica su actividad ni garantice su financiación, lo que deja a estas organizaciones en una situación de dependencia respecto a las decisiones de cada gobierno. El debate sobre la institucionalización del diálogo social lleva años presente en el ámbito sindical, pero pocas veces se había concretado de manera tan definida. En el documento, UGT y CCOO detallan los elementos básicos que debería incluir esta futura ley, como la participación de los agentes sociales en la elaboración de políticas públicas y el establecimiento de un sistema de financiación estable. En este sentido, proponen sustituir las actuales subvenciones por una compensación económica anual, concebida como indemnización por su participación en el diálogo social y la negociación colectiva, que se integraría en los presupuestos generales y se abonaría de forma trimestral. Cada organización representativa propondría la cuantía correspondiente al ministerio competente. Según explicaron en rueda de prensa, el objetivo es evitar depender de decisiones políticas coyunturales. Como ejemplo, mencionaron la reforma laboral de 2012, aprobada sin acuerdo con los sindicatos, así como la modificación de la ley de participación institucional en la Región de Murcia en 2025 por un gobierno de coalición de PP y Vox. Aunque esta última ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional tras un recurso del Ministerio de Trabajo, contemplaba la eliminación de la financiación directa a sindicatos y patronales. Este tipo de medidas, advierten, pone en riesgo el modelo actual de diálogo social, en el que las ayudas públicas suelen dirigirse a las organizaciones más representativas, como UGT, CCOO, CEOE y Cepyme. Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT, defendió que la financiación pública está justificada porque los acuerdos alcanzados en el diálogo social tienen efectos sobre el conjunto de los trabajadores, no solo sobre los afiliados, por lo que considera injusto que el coste recaiga exclusivamente en estos últimos. Por último, ambos sindicatos expresan su intención de negociar esta futura ley con las organizaciones empresariales y de lograr un amplio respaldo en el Parlamento.

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(Expansión, 02-04-2026) | Laboral

El Estado inyecta 63.000 millones de los impuestos a la Seguridad Social para pagar pensiones

El sistema requiere 52.990 millones de euros en transferencias, lo que supone un aumento del 10% respecto al año anterior, además de un préstamo de 10.003 millones destinado a cubrir los pagos de pensiones y otras prestaciones contributivas. Actualmente, una cuarta parte del gasto en pensiones no se financia con cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, sino con aportaciones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de los impuestos. En concreto, estas transferencias representan el 24% de los ingresos de la Seguridad Social destinados a afrontar pensiones y prestaciones contributivas. En 2025, el sistema de pensiones recibió transferencias por un total de 52.990 millones de euros, lo que implica un incremento de 4.870 millones respecto al año anterior. A esta cantidad se añade un préstamo de 10.003 millones -establecido inicialmente en los Presupuestos de 2023 y prorrogado posteriormente- que se utilizó íntegramente para financiar pensiones y prestaciones, cuyo coste total alcanzó los 240.169 millones de euros. Así, además de los ingresos habituales por cotizaciones, que ascendieron a 176.918 millones (un 6,8% más, con un aumento de 11.41 millones), la aportación procedente de impuestos llegó a 62.993 millones de euros. Conviene señalar que tanto la reforma de las pensiones como las recomendaciones del Pacto de Toledo han consolidado estas transferencias como un elemento clave para equilibrar las cuentas del sistema. De hecho, sin estas aportaciones externas, el déficit de la Seguridad Social superaría los 60.000 millones de euros, una cifra muy superior a los 7.387 millones comunicados oficialmente, que incluyen todas las fuentes de financiación. Ese desfase se conoce como déficit contributivo. Aunque el recurso a esta financiación adicional no es nuevo, en épocas de mayor equilibrio del sistema apenas alcanzaba los 8.000 millones (7.827 millones en 2005). Sin embargo, estas aportaciones han crecido de forma notable desde 2019, cuando el actual Gobierno retomó la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Entre 2005 y 2018, las transferencias aumentaron en 10.254 millones (un 131%), mientras que entre 2018 y 2025 el incremento ha sido de 34.909 millones (un 193%). Como consecuencia del aumento de estos compromisos financieros, la deuda de la Seguridad Social -derivada en gran parte de los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General- alcanzó los 135.000 millones de euros el pasado año, lo que supone un 7,9% más que en 2024, según el Banco de España. Desde el Gobierno se defiende que la financiación mediante ingresos tributarios es una práctica común en otros países europeos, ante la insuficiencia de las cotizaciones para cubrir el gasto en prestaciones contributivas. No obstante, algunos expertos advierten de que el gasto en pensiones podría aumentar al menos 3,5 puntos del PIB (desde el 13% actual), lo que obligaría a que la aportación estatal supere los 7 puntos del PIB anual, con el consiguiente impacto en la renta disponible de las futuras generaciones.

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(El Economista, 02-04-2026) | Laboral

Las horas "extra" no pagadas caen a su nivel mínimo en quince años a la espera del registro de jornada

Mientras dentro del Gobierno continúa el debate sobre la implantación de un nuevo sistema de control horario, el mercado laboral muestra una realidad distinta. La reforma pretende reducir las horas extra no pagadas, pero estas ya están en mínimos históricos desde 2011, y además las remuneradas representan alrededor del 60% del total, un nivel récord. En 2025 se realizaron menos horas extraordinarias que el año anterior, destacando una caída más acusada en las no pagadas, que alcanzan su nivel más bajo en años. La tendencia general refleja un aumento de las horas extra retribuidas y un descenso de las no remuneradas, ampliando la diferencia entre ambas. Desde 2011 se observan tres etapas: primero, una caída de las horas pagadas; después, entre 2012 y 2016, un predominio de las no pagadas; y, desde 2017, un cambio de tendencia con aumento de las retribuidas y reducción de las no pagadas. Este cambio coincide con la mejora económica, lo que sugiere que una mayor fortaleza empresarial reduce los abusos. No está claro si esta evolución responde solo al ciclo económico o también a la implantación del registro horario en 2019. Antes incluso de esa medida, ya se observaba un aumento de las horas pagadas y una reducción de las no pagadas. Sin embargo, la situación varía según el sector. En algunos ámbitos como inmobiliario, energía, tecnología, finanzas, consultoría y educación predominan las horas no remuneradas, mientras que en sectores como sanidad, industria, hostelería o construcción ocurre lo contrario. Resulta llamativo que los sectores de mayor cualificación concentren más horas extra sin pagar. Este contexto genera dudas sobre el nuevo sistema que plantea el Gobierno, especialmente por su posible impacto en las pymes. Además, los datos sugieren que incluso con sistemas más avanzados de control, algunos sectores podrían seguir concentrando un mayor volumen de horas extraordinarias no retribuidas.

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(El Economista, 02-04-2026) | Laboral

Las empresas pagan un 33% más en la cuota para llenar la "hucha de pensiones"

En 2025, la Seguridad Social alcanzó un máximo histórico en ingresos por cotizaciones, con un aumento del 6,85% hasta los 176.918 millones de euros. Este crecimiento se explica tanto por el aumento del empleo como por la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada a reforzar el fondo de reserva de las pensiones. En concreto, la recaudación por este mecanismo creció casi un 33% respecto al año anterior, superando los 4.900 millones. El MEI se diseñó para fortalecer el sistema público y garantizar las pensiones futuras, permitiendo recurrir a ese fondo cuando aumente la presión sobre el sistema, algo que se prevé para la próxima década, con un fuerte incremento del número de jubilados. No obstante, hasta 2033 no se podrá utilizar este fondo, y será entonces cuando los Presupuestos determinen cuánto se puede retirar cada año. Desde su puesta en marcha en 2023, los ingresos generados por el MEI han crecido con fuerza, pasando de unos 2.700 millones iniciales a casi 5.000 millones en 2025. Para 2026 se espera superar los 5.200 millones, una cifra que podría ser aún mayor tras la subida del salario mínimo, que incrementa las bases de cotización. Este mecanismo forma parte de la reforma de pensiones acordada entre el Gobierno y los sindicatos, aunque no contó con el respaldo de la patronal. Además, su tipo de cotización aumenta progresivamente cada año, desde el 0,6% inicial hasta el 1,2% previsto en 2029, nivel que se mantendrá hasta 2050. La normativa también contempla ajustes si el gasto en pensiones se desvía de lo previsto, lo que podría implicar nuevas subidas de cotizaciones. En cuanto al fondo de reserva, se estima que cerró 2025 en torno a los 14.000 millones de euros, su nivel más alto en años, aunque todavía insuficiente para cubrir más de un mes de gasto en pensiones.

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(La Razón, 02-04-2026) | Laboral

El mercado laboral arranca el mes de abril con un notable volumen de oportunidades para quienes buscan empleo

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) continúa ofreciendo miles de oportunidades laborales a través de su portal "Empléate", que reúne ofertas tanto de administraciones públicas como de empresas privadas. Existe una gran variedad de puestos, aunque sobresalen aquellos con mejores salarios, especialmente en los sectores sanitario y tecnológico. Entre los empleos mejor pagados se encuentran los de médicos especialistas, con sueldos que pueden alcanzar los 4.000 euros al mes, y los de profesionales informáticos, que rondan los 3.900 euros. Aun así, también hay numerosas vacantes con remuneraciones cercanas al salario mínimo, ya que el sueldo depende del nivel de cualificación y del tipo de puesto. Los perfiles mejor retribuidos incluyen médicos de atención primaria, ingenieros y especialistas en informática, con unas 5.000 ofertas disponibles. En su mayoría, se trata de empleos a jornada completa con contratos temporales que pueden renovarse, algo habitual en sectores donde falta personal. Andalucía destaca como la comunidad con más oportunidades, sobre todo en el ámbito sanitario. El área tecnológica también tiene un peso importante, con cerca de 4.000 ofertas en abril relacionadas con programación, desarrollo de software o análisis de datos. Los salarios en este sector varían bastante, desde unos 2.000 euros mensuales en puestos iniciales hasta unos 56.000 euros anuales en posiciones más avanzadas. Madrid, Málaga y Barcelona concentran gran parte de estas vacantes, impulsadas por empresas que buscan perfiles con experiencia y disponibilidad para trabajar de forma presencial o híbrida. Aunque hay empleos cualificados y bien pagados, el portal también incluye muchas ofertas con sueldos próximos al mínimo en sectores como comercio, servicios, logística o atención al cliente. Esto permite que personas con distintos niveles de formación puedan encontrar opciones acordes a su perfil. Para optar a estas ofertas, es necesario acceder al portal "Empléate" y utilizar sus filtros de búsqueda, que permiten seleccionar por ubicación, sector, tipo de contrato, jornada o formación requerida. Cada anuncio detalla las condiciones del puesto, los requisitos y la experiencia necesaria, facilitando así la elección de las oportunidades más adecuadas para cada candidato.

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(La Razón, 02-04-2026) | Laboral

España sigue liderando el paro juvenil en Europa

España continúa encabezando el paro juvenil en Europa durante el mes de febrero, a pesar de que, desde octubre, Finlandia es el país con la tasa general de desempleo más elevada de la Unión Europea. En términos globales, el paro se mantuvo en el 5,9% en el conjunto de la UE, mientras que en la eurozona aumentó una décima, situándose en el 6,2% respecto a enero, según los datos publicados por Eurostat. El número de desempleados creció en 137.000 personas en la UE, de las cuales 93.000 corresponden a países del euro, alcanzando un total de 13,1 millones y 10,9 millones de parados, respectivamente. España se mantiene como el segundo país con mayor tasa de desempleo, con un 9,8%, tras bajar ligeramente en comparación con el mes anterior. Solo Finlandia presenta una cifra superior, con un 10,6% tras un aumento notable. A continuación se sitúan Grecia, Suecia, Francia y Dinamarca, con tasas también elevadas. Otros países como Luxemburgo, Letonia, Lituania, Bélgica, Estonia y Rumanía registran niveles por encima de la media europea. En cambio, Austria, Portugal, Eslovaquia, Italia, Irlanda, Hungría, Croacia, Chipre, Países Bajos y Alemania se sitúan por debajo. Las cifras más bajas de desempleo se observan en Eslovenia, Malta y en países como Bulgaria, Chequia y Polonia. El paro sigue afectando más a las mujeres que a los hombres, con tasas del 6,1% frente al 5,7% en la UE, y del 6,4% frente al 6% en la eurozona. En febrero, el desempleo femenino subió ligeramente, mientras que el masculino se mantuvo sin cambios. No obstante, la diferencia entre ambos se ha reducido respecto al año anterior. En el caso de los jóvenes, el desempleo continúa siendo más del doble que el de la población general. En la UE subió hasta el 15,2%, mientras que en la eurozona se mantuvo en el 14,9%. Esto supone que unos 2,9 millones de menores de 25 años están en paro, lo que representa más de una quinta parte del total de desempleados. España vuelve a situarse a la cabeza en paro juvenil, con una tasa del 23,8%, ligeramente superior a la del mes anterior. Le siguen de cerca Finlandia, Suecia y Francia. En el lado opuesto, los países con menor desempleo juvenil son Alemania, Países Bajos, República Checa, Austria y Polonia.

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(Expansión, 01-04-2026) | Laboral

La subida de las pensiones con el IPC dispara el gasto hasta los 240.000 millones al año

La Seguridad Social recaudó 176.918 millones de euros en cotizaciones sociales procedentes de empresas y trabajadores, lo que supone 11.341 millones más que el año anterior. Sin embargo, el déficit contributivo del sistema se aproxima a los 60.000 millones de euros. La actualización constante de las pensiones conforme al IPC -e incluso por encima en el caso de las mínimas y no contributivas- representa uno de los mayores retos para las finanzas públicas a medio y largo plazo. El aumento del gasto supera con creces los ingresos por cotizaciones, lo que obliga cada vez más a recurrir a transferencias financiadas con impuestos para cubrir todas las prestaciones. Así lo refleja el cierre presupuestario de la Seguridad Social en 2025. Sumando pensiones contributivas, ingreso mínimo vital y prestaciones por incapacidad temporal, el gasto alcanzó los 240.169 millones de euros, un 6,46% más que el año anterior, con un incremento de 14.582 millones. Para afrontar este nivel de gasto, los ingresos totales ascendieron a 232.782 millones de euros, un 7,77% más que en 2024, lo que equivale a 16.791 millones adicionales. De este modo, el saldo final arroja un déficit de 7.387 millones, equivalente al 0,4% del PIB, el nivel más bajo desde 2011 según el Ministerio de Seguridad Social liderado por Elma Saiz. No obstante, si se analiza únicamente el sistema contributivo, el desequilibrio es mucho mayor. De los ingresos totales, 176.918 millones corresponden a cotizaciones sociales, que representan el 76% del total y crecieron un 6,85% respecto al año anterior. La diferencia se cubre gracias a las transferencias del Estado, es decir, fondos procedentes de los Presupuestos Generales financiados vía impuestos. En 2025, estas transferencias alcanzaron un máximo histórico de 52.990 millones de euros, un 10,1% más que el año previo. Sin esta aportación, los ingresos ordinarios se quedarían en 179.792 millones, lo que implicaría un desfase cercano a los 60.377 millones, equivalente al déficit contributivo del sistema. Dentro de los ingresos también destaca el papel del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Aunque se contabiliza como ingreso corriente, su finalidad es alimentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la "hucha de las pensiones". Estas aportaciones tienen carácter finalista y no podrán utilizarse hasta 2033, cuando se prevé un mayor tensionamiento del sistema debido a la jubilación de la generación del baby boom. En 2025, este mecanismo recaudó 4.934 millones de euros, lo que supone 1.223 millones más que el año anterior, con un incremento del 32%. Además, desde el 1 de enero de 2026, la cotización asociada a este instrumento se elevó hasta el 0,9% del salario bruto.

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