(El Confidencial, 08-04-2026) | Laboral
UGT y CCOO, los dos principales sindicatos a nivel estatal, han presentado este martes un documento conjunto estructurado en cuatro grandes bloques de propuestas. Entre ellas destaca, por su carácter novedoso, la iniciativa de impulsar una ley que regule el diálogo social y la negociación colectiva.
Aunque la Constitución Española reconoce en su artículo 7 la función de los agentes sociales -sindicatos y organizaciones empresariales-, actualmente no existe una norma que desarrolle de forma específica su actividad ni garantice su financiación, lo que deja a estas organizaciones en una situación de dependencia respecto a las decisiones de cada gobierno. El debate sobre la institucionalización del diálogo social lleva años presente en el ámbito sindical, pero pocas veces se había concretado de manera tan definida.
En el documento, UGT y CCOO detallan los elementos básicos que debería incluir esta futura ley, como la participación de los agentes sociales en la elaboración de políticas públicas y el establecimiento de un sistema de financiación estable. En este sentido, proponen sustituir las actuales subvenciones por una compensación económica anual, concebida como indemnización por su participación en el diálogo social y la negociación colectiva, que se integraría en los presupuestos generales y se abonaría de forma trimestral. Cada organización representativa propondría la cuantía correspondiente al ministerio competente.
Según explicaron en rueda de prensa, el objetivo es evitar depender de decisiones políticas coyunturales. Como ejemplo, mencionaron la reforma laboral de 2012, aprobada sin acuerdo con los sindicatos, así como la modificación de la ley de participación institucional en la Región de Murcia en 2025 por un gobierno de coalición de PP y Vox. Aunque esta última ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional tras un recurso del Ministerio de Trabajo, contemplaba la eliminación de la financiación directa a sindicatos y patronales.
Este tipo de medidas, advierten, pone en riesgo el modelo actual de diálogo social, en el que las ayudas públicas suelen dirigirse a las organizaciones más representativas, como UGT, CCOO, CEOE y Cepyme. Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT, defendió que la financiación pública está justificada porque los acuerdos alcanzados en el diálogo social tienen efectos sobre el conjunto de los trabajadores, no solo sobre los afiliados, por lo que considera injusto que el coste recaiga exclusivamente en estos últimos.
Por último, ambos sindicatos expresan su intención de negociar esta futura ley con las organizaciones empresariales y de lograr un amplio respaldo en el Parlamento.