El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha firmado hoy una orden ministerial que establece un incremento del 8% en los baremos utilizados para remunerar a los abogados y procuradores del turno de oficio. La escasa compensación económica por la asistencia jurídica gratuita ha sido una de las principales reclamaciones de los profesionales que desempeñan esta labor fundamental.
Esta medida, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025 en las regiones bajo la competencia del ministerio (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), se formalizó en un acto en el que también participó el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González.
"El propósito es actualizar la remuneración de los profesionales del turno de oficio y, al mismo tiempo, reforzar el compromiso del ministerio con la mejora del servicio público de justicia para quienes tienen menos recursos", señala el departamento dirigido por Bolaños en un comunicado. Paralelamente, el ministerio continúa avanzando en la reforma de la Ley 1/1996, que regula la asistencia jurídica gratuita, y cuyo proceso de consulta pública concluyó el pasado julio.
El ministerio reafirma su compromiso de adoptar todas las medidas posibles para optimizar este servicio, en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española. Entre las modificaciones previstas, se actualizará la definición de insuficiencia de recursos que otorga el derecho a asistencia jurídica gratuita. Asimismo, se reconocerá este derecho a colectivos vulnerables, como las víctimas de violencia de género y violencia sexual, sin importar su situación económica. También se establecerán los requisitos para que determinadas personas jurídicas puedan acceder a este beneficio.
En el ámbito de la gestión, se introducirán mejoras como el acceso electrónico a las Administraciones Públicas y a la Administración de Justicia, en línea con el proceso de digitalización de este servicio público.
Los 1,3 millones de trabajadores nacidos fuera del país se concentran principalmente en sectores tradicionales y de menor valor añadido. Su presencia es más notable en Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. El buen desempeño del mercado laboral español sigue siendo un pilar clave para la estabilidad económica. En particular, la recuperación de la actividad tras la crisis provocada por la pandemia ha impulsado la contratación, un efecto positivo que las empresas aún están aprovechando para sostener el ritmo de empleo.
Sin embargo, un análisis detallado revela que la expansión del empleo en los últimos cinco años presenta características específicas. Una de las más relevantes, por su relación con la calidad del trabajo generado, es que el 71% del aumento de la ocupación ha sido cubierto por personas nacidas fuera de España. De los cerca de 1,9 millones de empleos creados en este período, 848.700 han sido ocupados por extranjeros y 502.300 por individuos con doble nacionalidad, sumando en total más de 1,3 millones de nuevos trabajadores desde 2019.
Esta tendencia responde en gran medida a un cambio demográfico, ya que la proporción de personas nacidas fuera de España ha aumentado significativamente dentro de la población total. En los últimos cinco años, este grupo ha pasado de 4,8 a 6,8 millones de personas, representando ahora casi el 14% de la población total (49,07 millones), cuatro puntos porcentuales más que en 2019.
Como resultado, la población extranjera se ha convertido en un factor clave del mercado laboral, según indican los datos del INE analizados por Miguel Ángel García Díaz, investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la URJC, y Fernando Pinto Hernández, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la URJC. Según su informe sobre la evolución del empleo y la población activa en España entre 2019 y 2024, la proporción de trabajadores nacidos fuera del país ha crecido 4,8 puntos en el último quinquenio, pasando del 15,9% al 20,7%.
"El mercado laboral demuestra una gran capacidad de absorción, pero surgen dudas sobre la calidad del empleo generado, el aumento de necesidades y la sostenibilidad del sistema de bienestar", advierten los expertos. También destacan que estos trabajadores se concentran en regiones como la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y Andalucía.
De acuerdo con el economista Miguel Ángel García, este incremento en la ocupación de trabajadores nacidos fuera de España se ha dirigido mayoritariamente a sectores tradicionales. Esto sugiere que los nuevos empleos no han generado un mayor valor añadido, ya que se concentran en áreas como la hostelería, servicios personales, seguridad y comercio (donde se emplean 323.407 personas, el 23,9% del total). Le siguen los trabajos elementales y no cualificados, que representan el 18,3% del total, con 247.207 empleados más. En conjunto, más del 40% de estos trabajadores están en sectores de menor valor añadido, aunque esenciales, y que no suelen atraer el interés de la población nacida en España.
El impacto regional de esta tendencia es variado. Algunas comunidades han registrado un crecimiento del empleo foráneo por encima de la media, incluso reemplazando a trabajadores nacionales, lo que ha llevado a incrementos superiores al 100%. Es el caso del País Vasco (+120%), Castilla y León (113%) y Madrid (101%). Otras regiones con aumentos significativos son Cataluña (94%), Melilla (92%), Cantabria (89%), Islas Baleares (84%), Comunidad Valenciana (83%), La Rioja (74%) y Galicia (72%).
En el otro extremo, Canarias (-6%) es la única comunidad donde la ocupación de extranjeros ha disminuido desde 2019. Otras regiones con avances más modestos incluyen Extremadura (10%), Ceuta (21%), Andalucía (37%), Castilla-La Mancha (41%) y Asturias (48%).
Una de las principales conclusiones derivadas del crecimiento del empleo en los últimos años es la persistencia de las dinámicas tradicionales del mercado laboral español, que aún está lejos de haber experimentado la transformación estructural que proclama el Gobierno. El aumento del empleo impulsado por trabajadores extranjeros también pone de manifiesto que el sector servicios, el comercio y la hostelería siguen siendo los principales motores laborales del país. A pesar de la reforma laboral aprobada en 2021 bajo la dirección de Yolanda Díaz, estos sectores continúan sin generar un mayor valor añadido.
"Ha habido una ligera mejora, pero no se ha producido un cambio estructural en el tejido productivo", señala a EXPANSIÓN Miguel Ángel García, investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la URJC. Independientemente del origen de los trabajadores, de los casi 1,9 millones de empleos creados en este periodo, un 31% corresponde a las administraciones públicas, la educación y las actividades sanitarias. De hecho, estos sectores, vinculados al ámbito público, concentran el mayor número de empleados dentro del total de 21,9 millones de ocupados registrados al cierre del último ejercicio, representando el 23,2%.
En cuanto a su peso en el mercado laboral, el comercio y la hostelería ocupan la segunda posición, con un 22,9% del total de trabajadores, a pesar de los cinco años transcurridos y más de dos años de reforma laboral. Así, la persistencia de empleos de menor calidad y con mayores niveles de precariedad pone en duda el impacto real de las medidas adoptadas. Esto se ve acentuado por el hecho de que muchos de los empleos de mayor calidad están ligados al despliegue temporal de los fondos europeos.
Las empresas ubicadas en el levante español, es decir, en la Comunidad Valenciana y Murcia, serán las principales impulsoras de la creación de empleo durante el segundo trimestre de 2025. Según el Estudio de Proyección de Empleo de ManpowerGroup, las compañías del este de España prevén un incremento del 21% en la generación de puestos de trabajo entre abril y junio. Esta cifra representa un aumento del 12% respecto al trimestre anterior y supera en 6 puntos la media nacional.
Tras el levante, las siguientes regiones con mejores previsiones de empleo son la zona centro (Madrid y Castilla-La Mancha), el noreste (Cataluña) y el noroeste (Galicia, Asturias y Castilla y León), todas con una estimación de crecimiento del 18%. Sin embargo, en el caso de Cataluña y el noroeste, aunque las expectativas siguen siendo positivas, han experimentado una caída de 9 puntos en comparación con el trimestre anterior. Por otro lado, las zonas con menor optimismo respecto a la generación de empleo son el norte (País Vasco, Cantabria, Navarra y Aragón) y el sur (Andalucía y Extremadura), ambas con una previsión del 13%.
A nivel nacional, la tendencia en las contrataciones se mantiene en un tono positivo, con un incremento de 3 puntos en comparación con el año anterior, cuando se situaba en el 12%. Este optimismo se debe a que el 33% de las empresas prevé ampliar su plantilla, el 49% espera mantenerla estable y solo un 16% considera que reducirá su equipo. Como resultado, la previsión de contratación para el trimestre alcanza el 15%.
Si se analizan las previsiones de creación de empleo en los segundos trimestres de cada año desde 2015, el dato de 2025 es el segundo más alto, solo superado por el de 2022. En ese año, las compañías mostraron un gran optimismo tras la recuperación de la actividad económica luego de la pandemia de la Covid-19. Pese a este buen dato a nivel nacional, España aún se encuentra 15 puntos por debajo de la media global, que se sitúa en el 25%.
El grado de optimismo sobre la contratación varía en función del tamaño de las empresas. Las pequeñas y medianas empresas (de hasta 249 empleados) son las menos propensas a aumentar su plantilla, mientras que aquellas con entre 250 y 999 trabajadores lideran las previsiones con un 27%, superando incluso a las grandes corporaciones con más de 5.000 empleados.
En cuanto a los sectores, el de transporte, logística y automoción encabeza las previsiones de generación de empleo en España con un 27%. Le siguen de cerca el sector financiero e inmobiliario, con un 26%, y los sectores de bienes y servicios de consumo, salud y farmacia, ambos con un 25%. En el extremo opuesto, el sector de publicidad y comunicación es el único con una previsión negativa, ya que se espera una reducción del empleo del 18%.
Las pensiones afrontan una semana clave bajo la atenta supervisión de la Comisión Europea. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) está ultimando su informe sobre las medidas de ingresos del sistema, cuya publicación está prevista para el 31 de marzo. Esta evaluación fue exigida por Bruselas debido a su desconfianza en la reforma aprobada en su momento por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Por ello, se estableció que cada tres años se revisaran las previsiones de gastos e ingresos y que, en caso de desviaciones, se adoptaran medidas correctoras.
En lo que respecta a los gastos, se toma como referencia el informe de envejecimiento de la Comisión Europea. Para los ingresos, la AIReF se encarga de evaluar el impacto de las medidas implementadas. Mientras que el informe sobre los gastos ya ha sido publicado, la AIReF realizó un análisis preliminar sobre los ingresos. Al combinar ambos resultados, se estima un desfase de aproximadamente 12.000 millones de euros, equivalente al 0,8% del PIB, considerando la primera de las dos revisiones al alza del PIB realizadas por el INE. Sin embargo, el Gobierno recurrió a una estrategia inesperada para la Comisión: como adelantó El País, incluyó como ingresos las transferencias estatales a la Seguridad Social. Esta decisión se plasmó en un real decreto que establece cómo debe llevarse a cabo la evaluación de la AIReF. De este modo, al incorporar cerca de 20.000 millones en transferencias, el análisis no reflejaría la necesidad de ajustes.
Este movimiento permitiría al Ejecutivo evitar que el sistema de pensiones proyecte una imagen de insuficiencia, evitando así una subida adicional de cotizaciones que podría afectar al empleo. La normativa establece que, si se detecta un desfase presupuestario, se deberán tomar medidas. En caso de que no se logre un acuerdo parlamentario para su implementación, se activaría un aumento automático de las cotizaciones en un plazo de cinco años, distribuyendo el ajuste en un quinto del déficit cada año. Dada la coyuntura política actual, es probable que esta subida de cuotas termine aplicándose.
No obstante, la Comisión Europea ha mostrado su escepticismo respecto a este enfoque. Según fuentes conocedoras del proceso, recientemente un equipo de la Comisión visitó Madrid para discutir diversos temas, entre ellos la evaluación de las pensiones. Durante estas conversaciones, Bruselas recordó al Ejecutivo español que la inclusión de las transferencias no formaba parte de los acuerdos cuando se pactó la reforma, que estaba vinculada a los compromisos adquiridos para recibir los fondos europeos. Mientras el Gobierno defendió que el artículo 109 de la Ley de Seguridad Social permite considerar las transferencias como ingresos, los técnicos europeos argumentaron que, en términos de sostenibilidad, los ingresos deben ser únicamente cotizaciones o impuestos, no traspasos dentro del propio Estado. A su juicio, este enfoque no soluciona el problema financiero, sino que simplemente lo traslada dentro del ámbito de las Administraciones Públicas.
Este análisis de las pensiones también está ligado al plan fiscal que España presentó ante Bruselas. La Comisión esperaba que la evaluación reflejara el ajuste del 0,8% del PIB, lo que facilitó la aprobación del plan presupuestario a medio plazo presentado en octubre. En el pasado, Bruselas ya había impuesto medidas adicionales por valor de 4.500 millones de euros, entre ellas la subida del impuesto al diésel, como parte de los compromisos adquiridos para desbloquear el quinto pago de los fondos europeos.
Por el momento, la Comisión mantiene una posición oficial de espera hasta la publicación del informe de la AIReF, que será determinante en la evaluación del desembolso de los fondos europeos. La valoración del quinto pago, inicialmente prevista para antes, se ha pospuesto hasta el 11 de abril. No obstante, España ya recibió casi 10.000 millones de euros en el cuarto tramo de fondos europeos gracias a la reforma de pensiones. Sin embargo, dependiendo de las conclusiones del informe de la AIReF, Bruselas deberá evaluar si el hito de sostenibilidad financiera previamente validado sigue cumpliéndose. De no ser así, se podría considerar un incumplimiento, lo que incluso podría derivar en la retención de fondos ya entregados. El Tribunal de Cuentas Europeo ha insistido en que todas las reformas e inversiones deben estar plenamente justificadas, y la inclusión de las transferencias como ingresos podría suponer un obstáculo en este sentido.
Un documento fundamental en este debate es el informe de sostenibilidad de las pensiones que elaboró Escrivá durante su mandato. Este informe fue un requisito para la obtención de los fondos europeos y tenía como objetivo demostrar que la reforma de pensiones garantizaba la sostenibilidad financiera del sistema. En su análisis, no se contemplaban las transferencias estatales como ingresos y, de hecho, se explicaba el motivo: se señalaba que, incluso con la reforma impulsada por el Partido Popular, existía un déficit estructural cercano al 1,5% del PIB. El informe argumentaba que, ante esta situación, era necesario un mayor apoyo estatal para corregir el desequilibrio, al menos en el corto plazo. Además, el hito 406 de los fondos europeos reconocía que estas transferencias tenían la función de reducir el déficit de la Seguridad Social, trasladándolo a la Administración central. En línea con este objetivo, los Presupuestos Generales del Estado de 2021 ya incluyeron una partida de casi 14.000 millones de euros en esta dirección.
Es decir, las transferencias ya habían sido utilizadas anteriormente para minimizar el déficit, situándolo en el 0,6% del PIB en 2022, año que sirve como referencia para la evaluación de las pensiones, cuyo análisis abarca el período 2022-2050. Según Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Fedea, con las recientes actualizaciones del PIB, el gasto en pensiones aumentará en promedio 2,2 puntos del PIB en ese periodo y alcanzará los 3,8 puntos en 2050. Si se supone que los ingresos crecerán según lo previsto en la evaluación, en 1,7 puntos en promedio y 2,4 puntos en 2050, el sistema aún reflejaría un déficit del 2% del PIB en 2050. Sin embargo, si las transferencias estatales se computan como nuevos ingresos-lo que equivaldría a un 1,3% del PIB que ya había sido incluido en las cuentas de 2022-el déficit ascendería por encima del 3% del PIB. Por ello, los expertos advierten sobre una "doble contabilización", dado que estos fondos ya habían sido tenidos en cuenta cuando se establecieron los parámetros de la evaluación. Esta es una de las razones por las que Bruselas sigue mostrando reticencias, destacando en sus informes los desafíos de equidad intergeneracional que enfrenta España.
En este contexto, la AIReF se encuentra en una posición delicada. Por un lado, la normativa gubernamental le obliga a considerar las transferencias como ingresos adicionales. Por otro, su credibilidad como organismo independiente está en juego. Deberá analizar qué transferencias tienen carácter estructural y cuáles son coyunturales. Además, junto con su informe sobre los ingresos del sistema de pensiones, emitirá una valoración sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas ante el envejecimiento de la población. En este análisis, explicará que el objetivo fijado por la evaluación de Bruselas-limitar el gasto en pensiones al 13,3% del PIB tras descontar las medidas de ingresos-no implica necesariamente que el sistema sea sostenible y ofrecerá su visión, sin considerar las transferencias, sobre el verdadero desafío que afronta España en este ámbito.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece una serie de condiciones que los desempleados deben cumplir para recibir los subsidios que ofrece. Recientemente, ha advertido que el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos podría suponer la suspensión del ingreso mensual. En particular, ha recordado a los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años la necesidad de cumplir con una condición fundamental para seguir percibiendo esta ayuda.
El subsidio para mayores de 52 años es una prestación económica dirigida a personas desempleadas que han alcanzado esta edad y han agotado otras ayudas por desempleo. Su finalidad es proporcionar un ingreso mensual y mantener las cotizaciones a la Seguridad Social para la pensión de jubilación, hasta que el beneficiario alcance la edad establecida para retirarse o consiga un empleo.
El importe mensual de esta ayuda equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que en 2024 se traduce en 480 euros al mes. Esta prestación se mantiene en vigor hasta que el beneficiario cumpla la edad de jubilación legal, siempre que continúe cumpliendo con las condiciones exigidas. Además, este subsidio es uno de los más flexibles, ya que puede combinarse con un empleo a tiempo parcial, aunque en ese caso el monto recibido se ajustará proporcionalmente a la jornada laboral.
Para acceder a esta ayuda es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
Tener 52 años o más en el momento de la solicitud.
Estar en situación de desempleo total o trabajando a tiempo parcial.
Inscribirse como demandante de empleo y mantener la inscripción activa mientras se perciba el subsidio.
Haber cotizado por desempleo al menos seis años a lo largo de la vida laboral.
Reunir todos los requisitos exigidos para acceder a una pensión contributiva de jubilación, excepto la edad.
No disponer de rentas personales que superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El SEPE ha recalcado que los beneficiarios de este subsidio deben acudir a las entrevistas de trabajo a las que sean convocados mientras perciban la ayuda. Asimismo, si reciben una oferta de empleo, están obligados a considerarla y presentarse a la selección correspondiente para no arriesgarse a perder la prestación.
Para que una oferta de trabajo o una entrevista sean consideradas adecuadas, deben estar relacionadas con la última ocupación o formación del candidato. Además, el salario ofrecido no podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente.
El Tribunal Supremo ha determinado que un jubilado podrá conservar los 12.000 euros de pensión que recibió por error, al considerar que no era consciente de que no cumplía con los requisitos para percibirla. En una sentencia del 5 de marzo, la Sala de lo Social rechazó el recurso de casación presentado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y confirmó el fallo emitido en marzo de 2022 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El caso se remonta a 2015, cuando se le concedió al hombre un subsidio por desempleo para mayores de 55 años, con la previsión de que lo recibiría hasta que alcanzara la edad de jubilación. Hasta el momento del litigio, había percibido un total de 12.030,84 euros. Sin embargo, en 2019, la Seguridad Social determinó que no cumplía con los requisitos para una pensión contributiva, ya que solo había cotizado 228 días hasta marzo de 2015, por lo que le reclamó la devolución de las cantidades cobradas.
El TSJM falló a favor del jubilado y ahora el Supremo ha aclarado si, en casos como este, en los que el SEPE concedió un subsidio erróneamente tras recibir información incorrecta del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el beneficiario está obligado a devolver el dinero recibido.
A diferencia de otras situaciones ya analizadas por los tribunales, en este caso no hay evidencia de que el afectado supiera en ningún momento que no reunía los requisitos para recibir el subsidio ni que, a pesar de ello, siguiera cobrando el dinero sin intentar regularizar su situación.
El Supremo subraya que existe una diferencia entre saber que se están recibiendo pagos indebidos -como ocurrió en el caso Cakarevic, abordado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)- y desconocer por completo que no se tiene derecho a ellos.
El caso Cakarevic se refiere a una ciudadana croata que sí era consciente de que no cumplía los requisitos para acceder a una pensión de jubilación, pero no hizo nada para corregir la situación. En cambio, en este caso, el Tribunal Supremo concluye que el jubilado actuó de buena fe y, por tanto, no debe devolver el dinero.
Durante 2024, los salarios en los países de la Unión Europea experimentaron una ligera aceleración en su crecimiento, aunque con diferencias significativas entre los Estados miembros. En promedio, las retribuciones por hora trabajada en términos nominales (sin ajustar por la inflación) aumentaron un 4,1% en la zona euro, frente al 3,8% registrado en 2023. Para el conjunto de la UE, el incremento fue del 4,7%, superando el 4,4% del año anterior, según los datos de costes laborales del cuarto trimestre de 2024 publicados por Eurostat.
En el caso de España, los salarios por hora trabajada crecieron un 3,2% interanual en el último trimestre del año, situándose entre los menores aumentos dentro de la Unión Europea. Solo Luxemburgo (0,9%), Francia (1,7%) y Bélgica (2,2%) registraron incrementos inferiores. En contraste, Polonia y Croacia lideraron el crecimiento del coste salarial con subidas cercanas al 14% en 2024.
El sector privado de la zona euro experimentó un mayor incremento salarial (4,2%) en comparación con la administración pública y los servicios estatales (3,9%). Sin embargo, en la UE en su conjunto, la tendencia se invirtió, ya que los salarios en el sector público subieron un 4,8%, mientras que en el sector privado lo hicieron un 4,7%.
El mayor peso del empleo público fue determinante en los países con mayores incrementos salariales. En Croacia y Polonia, los salarios en el sector público crecieron un 18,2% y 22,6%, respectivamente, lo que impulsó el coste salarial total en estos países, situándolos a la cabeza del ranking de aumento de sueldos.
En España, la diferenciación entre sectores dejó un incremento del 2,7% en el sector público, mientras que en las empresas privadas los salarios crecieron un 3,4%. No obstante, los aumentos salariales en el sector privado cumplieron con lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), suscrito por CEOE, Cepyme, UGT y CCOO para el período 2023-2025, que establece subidas del 4% en 2023, 3% en 2024 y 3% en 2025. Además, los datos del Ministerio de Trabajo confirmaron que los convenios con efectos económicos en 2024 reflejaron un aumento salarial del 3,07%, en línea con los datos de Eurostat.
Es importante destacar que los datos de Eurostat son nominales y podrían ser revisados con nueva información. Para evaluar si los aumentos salariales han supuesto una mejora en el poder adquisitivo, es necesario compararlos con la evolución de la inflación.
Dado que los precios aumentaron un 2,4% interanual en diciembre en la zona euro, los salarios por hora trabajada habrían registrado una ganancia de poder adquisitivo de 1,4 puntos porcentuales (diferencia entre el incremento salarial y la inflación). En el caso de toda la UE, el poder de compra de los salarios por hora subió en dos puntos porcentuales, ya que la inflación en los 27 fue del 2,7% al cierre de 2024.
El análisis por sectores muestra que algunas industrias registraron aumentos salariales más pronunciados en la zona euro. La minería lideró el crecimiento con un incremento cercano al 7%, seguida de cuatro sectores con subidas del 5,3%: Industria manufacturera; Información y comunicaciones; Sanidad y servicios sociales y Administración pública y defensa. Por el contrario, sectores con menor valor añadido registraron incrementos más moderados. La hostelería y la restauración tuvieron un crecimiento del 3,3%, mientras que en las actividades inmobiliarias el aumento fue del 2,9%.
El coste laboral total por hora trabajada, que incluye no solo los salarios sino también otros gastos como cotizaciones sociales, indemnizaciones, formación o transporte, mostró una desaceleración en su crecimiento en 2024. En la zona euro, el incremento del coste laboral total pasó del 4,5% en 2023 al 3,7% en 2024. En el conjunto de la UE, el crecimiento también se moderó, pasando del 5% en 2023 al 4,3% en 2024.
Este menor crecimiento se debe, en parte, a la ralentización del aumento de otros costes laborales, que en la zona euro crecieron un 2,6% interanual, casi la mitad del 4,4% registrado en 2023. En la UE, estos costes aumentaron un 3%, 1,3 puntos menos que el año anterior.
En conclusión, aunque los salarios aumentaron en 2024 en la UE y la zona euro, el crecimiento fue desigual entre países y sectores. Además, el impacto de la inflación sigue siendo clave para determinar si los trabajadores realmente han visto una mejora en su poder adquisitivo.
El incremento de las pensiones en función del IPC, la incorporación de la generación del baby boom al sistema y el aumento de los ingresos provenientes de propiedades inmobiliarias han impulsado el crecimiento de la riqueza media de los jubilados, superando en proporción a la del resto de la población. En 2024, la renta neta de las personas mayores de 65 años se situó un 16,2% por encima de la media nacional, mientras que la diferencia con los jóvenes se mantiene. A diferencia del avance en los ingresos de los retirados, los trabajadores de entre 16 y 29 años apenas registraron un aumento del 1,67%, quedando un 9% por debajo de la renta media.
Esta es una de las principales conclusiones del informe elaborado por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, titulado La economía real: qué está pasando con la renta familiar, basado en los datos más recientes de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE en febrero. Según este análisis, la renta neta media por persona se sitúa en 14.807 euros, con un crecimiento anual promedio del 2,03% desde 2008, impulsado principalmente por el aumento sostenido de los ingresos de los mayores de 65 años, que han subido un 2,9% en promedio cada año. Este ritmo de crecimiento ha llevado a que los jubilados pasen de tener una renta similar a la media de la población a superarla en un 16%.
Entre los factores que han favorecido este incremento destaca la revalorización automática de las pensiones en función del IPC, restablecida en 2021 para compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida tras su suspensión en 2013 bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Además de este ajuste, el informe señala que los nuevos jubilados acceden al retiro con ingresos más altos, tras haber cotizado a bases más elevadas durante su vida laboral. De acuerdo con los datos más recientes de la Seguridad Social publicados en febrero, la pensión media de las nuevas altas ha alcanzado su nivel más alto hasta la fecha, situándose en 1.879 euros mensuales.
Como resultado de estas circunstancias, la pensión media ha ido en aumento mes a mes, superando por primera vez la barrera de los 1.500 euros en febrero. Este incremento, junto con el crecimiento en el número de pensionistas, ha llevado a la Seguridad Social a registrar nuevos máximos de gasto en cada nómina.
El aumento de las pensiones y la entrada de los primeros baby boomers al sistema han elevado la renta media de los jubilados, pero también han generado mayor presión sobre el modelo de financiación de la Seguridad Social. Para afrontar este desafío, se han implementado medidas como el incremento de las cotizaciones, la elevación progresiva de la edad de jubilación y la introducción de incentivos para retrasar la retirada del mercado laboral.
Sin embargo, el envejecimiento de la población y el consecuente aumento en el número de pensionistas no son los únicos factores que tensionan el sistema. También influye el escaso crecimiento de los ingresos de los trabajadores de entre 30 y 50 años. Según Javier Santacruz, economista responsable del informe, este grupo de edad es clave para sostener el sistema, pero sus rentas han experimentado un avance muy limitado. De acuerdo con el estudio, esta evolución debería ser más favorable para garantizar una mayor estabilidad en las cuentas de la Seguridad Social.
En particular, la renta neta de las personas de entre 30 y 44 años ha crecido un 1,9% de media anual, un punto menos que la de los mayores de 65. Por su parte, quienes tienen entre 45 y 64 años han experimentado un aumento medio del 1,55% anual, situando su renta un 7,2% por encima de la media, aunque todavía lejos de los jubilados.
El informe también subraya que el crecimiento de las rentas de capital contribuye a la brecha generacional. La revalorización de los activos inmobiliarios en los últimos años ha sido un factor clave en este fenómeno. Según las Cuentas Financieras de la Economía Española, solo en 2024 el valor de los bienes inmuebles ha aumentado un 42%.
Si bien no se dispone de datos desglosados por edad, el documento destaca que la subida en el precio de la vivienda, sumada al buen desempeño de los mercados bursátiles, ha impulsado la revalorización del patrimonio neto de las familias en un 73,38% interanual, el mayor incremento registrado desde 2008.
Los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales (ECTCL) correspondientes al cierre de 2024 reflejan un aumento del 6,2% en el número de vacantes de empleo en España, alcanzando las 148.018, la cifra más alta registrada en un cuarto trimestre desde que se inició la serie histórica en 2013. No obstante, estos datos contrastan con la interpretación de Eurostat, que señala que las vacantes representan solo el 0,9% del total de puestos de trabajo, el porcentaje más bajo de la zona euro, donde la media es del 2,5%. Además, considerando que España lidera el ranking de desempleo en la UE, estos resultados la sitúan entre los países con menos oportunidades laborales según los datos de Bruselas.
El déficit de mano de obra se ha convertido en un tema central en el debate económico, y el incremento de vacantes recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) refuerza la postura de quienes piden medidas para atajar el problema. Sin embargo, esta realidad choca con el hecho de que el país cuenta con 2,59 millones de desempleados, lo que equivale al 10,85% de la población activa. En términos medios, existen al menos 57 aspirantes potenciales por cada vacante disponible, sin considerar a aquellos que ya están empleados.
Los datos de la ECTCL muestran una mayor presencia del sector público en la oferta de vacantes, representando un 35% del total, un porcentaje muy superior al 19% que tenía en 2013, en plena crisis económica. Desde entonces, la cifra de puestos sin cubrir ha crecido un 174,5%, sumando 94.109 nuevas vacantes. De este aumento, el 45% corresponde a la administración pública, que ha incrementado su demanda en 42.387 plazas, lo que supone un alza del 408%.
Tras el sector público, los profesionales más demandados son los relacionados con actividades sanitarias y servicios sociales, que concentran el 12% de las vacantes, un porcentaje similar al de hace una década. En contraste, el comercio y el turismo han reducido su peso en la oferta laboral, pasando del 17% y el 12,6% en 2013 al 7,6% y 6,2% en 2024, respectivamente, a pesar del impacto habitual de la campaña navideña en el último trimestre del año.
Además, ambos sectores han sido superados por las "actividades administrativas y servicios auxiliares", que incluyen empleados de empresas de trabajo temporal (ETTs), limpiadores, porteros y jardineros. Este grupo ha aumentado su peso en la oferta de empleo, pasando del 4,08% en 2013 al 7,7% en la actualidad.
Las vacantes en el ámbito de la informática y digitalización también han crecido, pasando del 3,3% al 5,6% del total, situándose ligeramente por debajo de las actividades científicas y de consultoría, que alcanzan el 5,7%, apenas variando respecto al 5,8% de hace diez años. Por su parte, la industria manufacturera ha visto reducido su peso en las vacantes disponibles, pasando del 9% en 2013 al 5,7% actual.
El escaso número de vacantes en sectores con alta demanda de mano de obra, como la educación, la construcción o la logística, que apenas superan el 3% cada uno, genera dudas sobre la capacidad de la ECTCL para reflejar con precisión la realidad del mercado laboral. Sin embargo, esta metodología es la misma utilizada en los demás países de la Unión Europea y sirve de base para que la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) calcule la tasa de vacantes, que mide la proporción de puestos sin cubrir respecto al total de empleos. Mientras en la zona euro la media es del 2,5%, en España se sitúa en el 0,9%, solo por encima de Polonia, Rumanía y Bulgaria.
Una posible explicación para esta situación es la elevada presencia de empleo temporal en España, ya que muchas empresas no consideran estas plazas como vacantes. Sin embargo, Países Bajos, con un porcentaje de trabajos eventuales mayor que el español, registra una tasa de vacantes del 4,1%. Por otro lado, el alto índice de rotación laboral en España, es decir, la frecuencia con la que los trabajadores entran y salen del desempleo, también influye en estos resultados.
Para Eurostat, el diagnóstico es claro: España es el país de la UE con menores posibilidades de encontrar empleo. Esto se debe a que, aunque tiene una tasa de vacantes reducida, su nivel de desempleo es el más elevado entre sus vecinos europeos. La relación entre vacantes y desempleo se representa en la Curva de Beveridge, utilizada para evaluar la fase del ciclo económico en la que se encuentra el mercado laboral. Según esta curva, los datos actuales indicarían que la economía española atraviesa una etapa de expansión, algo que encaja con el crecimiento del PIB y la evolución del empleo.
Estudios como los de BBVA Research respaldan esta idea, aunque sus previsiones apuntaban a que las vacantes superarían las 152.000 a finales de 2024. En su informe trimestral, el equipo liderado por Rafael Doménech sugería que si el aumento de vacantes es inferior a lo esperado en relación con la caída del paro, podría deberse a una mayor eficiencia en la asignación de trabajadores a los puestos de trabajo.
Sin embargo, esta interpretación pierde fuerza cuando se compara la tasa de Beveridge de España con la del resto de la UE. En otras economías europeas, las cifras que aquí se considerarían indicios de expansión reflejarían más bien una situación de crisis. A pesar de las advertencias de algunos expertos sobre la dificultad de hacer comparaciones directas, Eurostat sí las realiza.
De hecho, el organismo ha desarrollado un sistema de "puntos Beveridge" para los países de la UE, que proporciona una instantánea del panorama laboral. En este análisis, España aparece como la nación más alejada de las condiciones óptimas, caracterizadas por una baja tasa de desempleo y un número moderado de vacantes.
Así, los datos muestran que el mercado laboral español se enfrenta a una situación particular en comparación con el resto de Europa. No solo presenta una de las tasas de vacantes más bajas, sino que, al mismo tiempo, cuenta con un gran número de personas desempleadas. En definitiva, el problema no radica en que las empresas no encuentren trabajadores, sino en que los candidatos no hallan puestos disponibles. Este desajuste en el mercado de trabajo es un desafío persistente para el país y requiere soluciones que permitan una mejor conexión entre la oferta y la demanda de empleo.
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