(El Economista, 26-06-2025) | Laboral
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), órgano perteneciente al Consejo de Europa y ajeno a la Unión Europea, publicará este viernes su resolución sobre si España debe aumentar el coste del despido improcedente para garantizar una indemnización justa a los trabajadores afectados. Esta decisión responde a la reclamación que CCOO presentó el 18 de noviembre de 2022, en la que denunciaba que España vulnera el artículo 24 de la Carta Social Europea, que exige ofrecer una compensación adecuada a los empleados despedidos.
En su denuncia, el sindicato argumentó que los jueces españoles no tienen la potestad de ordenar la reincorporación de trabajadores despedidos de manera improcedente o fraudulenta, ni se contempla una indemnización adicional por daños y perjuicios que resulte disuasoria para las empresas.
Además, criticaron el tratamiento en el sector público, donde los trabajadores temporales despedidos por haber sido cubierta su plaza solo reciben 20 días por año trabajado, con un límite de doce mensualidades, lo que consideran claramente insuficiente.
Cabe recordar que el CEDS ya dictaminó el 22 de julio de 2024, tras una reclamación presentada por UGT, que España incumplía la Carta Social Europea al establecer un máximo de 33 días por año trabajado y 24 mensualidades para la indemnización por despido. Aunque las resoluciones del Comité no son jurídicamente vinculantes al no tratarse de un tribunal, algunos jueces en España han considerado que deben cumplirse, ya que el país ratificó la Carta Social Europea en 2021.
Por su parte, el Tribunal Supremo, en una sentencia del 20 de diciembre de 2024, concluyó que los jueces no pueden incrementar la indemnización por despido más allá de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, y afirmó que la legislación española sí cumple con el Convenio de la OIT, al considerar que las compensaciones previstas son "adecuadas" para cubrir los perjuicios al trabajador. No obstante, el Supremo aún no se ha pronunciado específicamente sobre el grado de cumplimiento de España respecto a la Carta Social Europea en materia de despido.