(El Confidencial, 23-06-2025) | Laboral
El Ministerio de Función Pública mantuvo este jueves el primer encuentro con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF para comenzar las negociaciones sobre la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025 en la Administración General del Estado (AGE). En los últimos años, cada nueva convocatoria ha superado en tamaño a la anterior, lo que ha impulsado un crecimiento importante del personal en la administración central, especialmente en ministerios y organismos autónomos.
Aunque todavía no se ha revelado el número exacto de plazas que se ofertarán -que normalmente se dividen entre promoción interna y nuevas incorporaciones-, los sindicatos adelantan que las cifras estarán en línea con la convocatoria de 2024, que incluyó 40.146 plazas distribuidas entre la AGE, Justicia y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Desde UGT apuntan que los datos serán "muy similares" a los del año anterior y confían en que en la reunión del lunes Función Pública confirme la cifra. Todo indica que se mantendrá un volumen elevado de plazas, muy por encima de las 20.280 ofertadas en la OEP de 2017, durante el último año del gobierno de Mariano Rajoy.
Durante los años posteriores a la crisis financiera de 2008, las convocatorias de empleo público estuvieron prácticamente paralizadas, lo que provocó una reducción de efectivos al no cubrirse las vacantes por jubilación. Un ejemplo extremo fue la OEP de 2012, que apenas ofreció 480 plazas entre nuevas incorporaciones y promociones internas. No fue hasta 2021 cuando, según datos facilitados por Función Pública a CSIF, las nuevas incorporaciones comenzaron a superar las salidas, abriendo una etapa de crecimiento neto del empleo público que ya dura cuatro años.
En el ejercicio 2024, las altas (18.747) casi duplicaron a las bajas (9.802), pero aún persiste un déficit acumulado de 20.646 plazas respecto a la última década, agravado por el inicio de las jubilaciones masivas de la generación del baby boom, muy representada en el sector público. Aunque solo UGT firmó la OEP de 2024, el mantenimiento del volumen de plazas y los datos de creación de empleo podrían propiciar el respaldo de más sindicatos este año.
Pese a todo, las restricciones a la contratación siguen vigentes mediante la aplicación de la tasa de reposición, tanto en la AGE como en otras administraciones. Al haberse prorrogado por segundo año seguido los presupuestos generales de 2023, también se mantiene el mismo límite para este año. El anterior ministro del área, José Luis Escrivá -actual gobernador del Banco de España-, había prometido una distribución de plazas más flexible para 2025, aunque finalmente no se ha cumplido ese compromiso.
El propio Escrivá ya admitió, cuando se aprobó la OEP de 2024 en el Consejo de Ministros, que las previsiones están demasiado centradas en el corto plazo, lo que dificulta abordar con eficacia el envejecimiento de las plantillas y la necesaria modernización de los servicios públicos. Según CSIF, actualmente hay unos 51.000 trabajadores públicos en la AGE -un 21% del total- que superan los 60 años y están cerca de la jubilación, por lo que reclaman más personal en áreas especialmente tensionadas como el SEPE, la Seguridad Social y las oficinas de extranjería.
Este primer encuentro de la mesa negociadora se centrará exclusivamente en definir la OEP para la AGE, dejando pendientes otros asuntos importantes, como la subida salarial adicional del 0,5% para todos los empleados públicos acordada para 2024, que depende de que la inflación acumulada en 2022, 2023 y 2024 supere el incremento salarial fijo pactado para esos años.
Este sistema de incrementos variables fue aprobado para el trienio, y Función Pública ya autorizó en febrero de 2024 el correspondiente al año 2023. Sin embargo, a mediados de junio de 2025, aún no se ha aplicado el aumento pendiente de 2024. Por ello, CCOO ha anunciado movilizaciones frente al ministerio para el próximo miércoles. Tampoco se han iniciado las conversaciones para acordar un nuevo marco que determine las subidas salariales a partir de 2025.
Si se comparan las trayectorias salariales del sector público y del privado desde 2008 hasta 2023, los empleados públicos han perdido más poder adquisitivo: un 5,2% frente al 1,1% de los asalariados del sector privado. Según cálculos de CSIF, el coste del aumento adicional rondaría los 600 millones de euros, lo que supondría unos 200 euros más por trabajador.