(El País, 26-06-2025) | Laboral
El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida están elevando significativamente el gasto en pensiones, lo que supone una creciente presión sobre las finanzas públicas y reduce el margen para invertir en otras áreas clave del Estado del bienestar o en políticas que fortalezcan la competitividad económica. Aunque se trata de un desafío generalizado en Europa, España se encuentra entre los países más vulnerables, debido a su alto nivel de déficit y deuda. Entre 2022 y 2050, deberá destinar una media del 41% de sus ingresos tributarios y de cotizaciones al pago de pensiones, el porcentaje más elevado de toda la Unión Europea. Le siguen de cerca Portugal (39,1%), Italia (38,8%) y Rumanía (38,3%).
Según el último informe anual sobre recaudación de la Comisión Europea, este escenario debería empujar a países como España, Portugal y Rumanía a adelantar reformas fiscales que garanticen la sostenibilidad de sus cuentas públicas a largo plazo. El documento dedica un capítulo específico al impacto que tendrá el declive demográfico en los ingresos fiscales, basándose en las proyecciones del Informe sobre el Envejecimiento de 2024, que analiza el gasto en pensiones hasta 2070.
A nivel europeo, el gasto en pensiones alcanzará su punto máximo en 2036, representando un 12,2% del PIB, para luego estabilizarse en torno al 12%. Sin embargo, esta evolución varía considerablemente entre países. En el caso de España, el mayor esfuerzo financiero llegará entre 2046 y 2051, cuando se retirará la generación del baby boom, más numerosa y con derechos más generosos, y que en España se jubilará más tarde que en otras naciones por razones económicas y demográficas.
El sistema de pensiones español ya muestra signos de agotamiento, incluso después de las reformas recientes. Las cotizaciones sociales no bastan para cubrir el coste de las pensiones, y el Estado ha comenzado a compensar ese déficit mediante transferencias desde Hacienda: actualmente, uno de cada cuatro euros de pensiones se paga con impuestos o deuda.
Entre 2044 y 2066, España será el país de la UE con mayor gasto anual en pensiones, superando a Italia (que lidera hasta 2043) y a Luxemburgo (que lo hará a partir de 2067). El punto más alto se producirá en 2051, cuando se destinará un 17,3% del PIB a cubrir estas prestaciones. En el conjunto del periodo 2022-2070, España (16%), Italia (15,5%) y Bélgica (14,6%) serán los que más porcentaje del PIB destinen, de media, a este fin.
Este incremento limitará la capacidad de invertir en otras áreas esenciales, tanto relacionadas con el envejecimiento -como salud, cuidados a largo plazo o educación- como en sectores no directamente vinculados -como I+D, vivienda o defensa-. La Comisión advierte que esta situación será especialmente preocupante en los países con déficits estructurales elevados, entre los que se encuentra España, pese a que ha logrado reducir el déficit desde los picos de la pandemia.
En 2023, el déficit público español se situó en un 2,8% del PIB (sin contar los gastos extraordinarios derivados de la DANA), por debajo del umbral del 3% fijado por las normas comunitarias. El Ejecutivo espera reducirlo al 2,5% en 2024, un objetivo basado principalmente en el crecimiento económico, más que en medidas específicas de ajuste.
El informe de la Comisión también analiza el peso del gasto en pensiones respecto a los ingresos fiscales (impuestos y cotizaciones), donde España también se encuentra en una posición delicada, ya que su presión fiscal -entendida como el porcentaje de ingresos fiscales sobre el PIB- es inferior a la media europea. En 2024, esta ratio fue de algo menos del 37%, frente al 39,6% del promedio de la UE. Esta diferencia existe al menos desde 1995, según recuerda Bruselas, y a pesar de las recientes subidas de impuestos, España aún no ha acometido una reforma fiscal profunda, con numerosos vacíos que afectan a la recaudación.
El envejecimiento también afectará la recaudación ligada al empleo, que representa alrededor del 50% de los ingresos en la mayoría de los Estados miembros. La escasez de mano de obra cualificada dificulta además la inversión en sectores estratégicos que pueden mejorar la productividad. Para contrarrestarlo, la Comisión recomienda varias medidas: fomentar la participación laboral femenina, ampliar la vida laboral, atraer inmigración cualificada y ajustar la fiscalidad para incentivar el empleo.
España ya ha adoptado varias reformas en esta línea, como retrasar la edad de jubilación, aumentar las cotizaciones y establecer incentivos fiscales para alargar la vida laboral. De hecho, según el informe, es el país con mayor previsión de aumento de ingresos del sistema a largo plazo, con un incremento proyectado del 2% del PIB para 2050, por delante de Chipre (1,8%). Sin embargo, los retos persisten y Bruselas es clara en su mensaje: es necesario aumentar la recaudación para sostener el sistema de pensiones, y el tiempo apremia.