(El País, 02-07-2025) | Laboral
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un incremento salarial del 0,5% para los empleados públicos, correspondiente al tramo pendiente del acuerdo firmado con los sindicatos para el último trienio, según informó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Aunque la medida se aprueba ahora, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, lo que significa que los más de tres millones de empleados públicos recibirán en su nómina de agosto un pago adicional con la cantidad acumulada, además de ver reflejado el nuevo salario actualizado.
Esta subida se había anunciado hace más de un mes y medio por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante un congreso de UGT. Sin embargo, llevaba más de un año y medio aplazada desde que expiró el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado por el Gobierno con UGT y CC OO (sin el respaldo de CSIF), y que preveía un aumento salarial del 9,8% entre 2022 y 2024. Este incremento del 0,5%, vinculado a la evolución del IPC, era la parte que aún estaba pendiente de aplicar.
El 20 de mayo, López señaló que "la subida del 0,5% llegará en breve", aunque sin concretar fechas. Tampoco aportó más detalles en anteriores intervenciones públicas, donde vinculaba la medida a la necesidad de contar con nuevos Presupuestos Generales del Estado. A pesar de ello, el Ejecutivo ha aprobado la subida sin haber presentado aún un nuevo proyecto presupuestario. Según cálculos de CSIF, esta mejora salarial supondrá un desembolso total de 508 millones de euros y una subida media de unos 168 euros por funcionario.
La demora en la aplicación del acuerdo generó malestar entre los sindicatos, especialmente CSIF, cuyos representantes se manifestaron en marzo frente al Ministerio de Hacienda, al que corresponde dar luz verde definitiva a la medida. También criticaron que no se hubiera convocado una mesa de negociación formal, a pesar de haberla solicitado en varias ocasiones.
Con esta subida ya desbloqueada, los sindicatos centrarán ahora sus esfuerzos en negociar un nuevo acuerdo que incluya mejoras para los años 2025, 2026 y 2027. Entre los temas a tratar están la implantación de la jornada laboral de 35 horas, la regulación de la jubilación parcial, la revisión de la clasificación profesional y la aprobación de la oferta de empleo público de este año. Aunque ya se han celebrado varias reuniones con el Gobierno, la falta de una propuesta concreta por parte de Función Pública ha provocado retrasos y rechazo por parte de los sindicatos. El último encuentro, celebrado el pasado miércoles, terminó sin avances debido a que el Ejecutivo no presentó ninguna cifra sobre el número total de plazas a ofertar.
Por ello, se ha convocado una nueva reunión esta semana con la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo, que evaluará las últimas propuestas sindicales. Sin embargo, cualquier acuerdo definitivo deberá aprobarse en la mesa general de negociación.