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(El País, 30-04-2025) | Laboral

El Gobierno aplaza por el apagón el envío al Parlamento de la reducción de jornada a 37,5 horas

El Ministerio de Trabajo inició el proceso institucional para reducir la jornada laboral el 25 de enero de 2024, hace ya 15 meses. En esa fecha, convocó por primera vez a sindicatos y representantes empresariales con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permitiera cumplir una de las promesas clave del Gobierno de coalición: reducir la jornada laboral máxima semanal de 40 a 37,5 horas. Este martes estaba previsto que el Consejo de Ministros avanzara con el proceso, concluyendo la fase correspondiente al Ejecutivo y dando paso a la tramitación parlamentaria. Sin embargo, Trabajo ha confirmado que la reunión del gabinete de ayer se centró exclusivamente en medidas relacionadas con el reciente apagón, aplazando el debate sobre la jornada laboral para la próxima semana. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había anunciado este paso durante el cierre del Congreso de CC OO Industria la semana pasada. Se espera que el proyecto de ley regrese al Consejo de Ministros en segunda vuelta la próxima semana, incorporando los informes preceptivos y consultivos, para su posterior aprobación y envío al Congreso de los Diputados, donde comenzará su tramitación legislativa. El texto que se someterá a debate parlamentario es fruto del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, aunque sin el respaldo de las organizaciones empresariales. Tras una larga negociación, primero por separado y luego junto al Gobierno, Díaz cerró el pacto con CC OO y UGT, que fue presentado públicamente el 20 de diciembre. Tras debates internos entre los ministerios de Economía y Trabajo, el anteproyecto fue aprobado en primera ronda por el Consejo de Ministros el 4 de febrero. Casi dos meses después, volverá a ese mismo órgano antes de pasar al Congreso. Aunque se da por seguro el respaldo de las fuerzas de izquierda y del PNV, el apoyo de Junts es incierto. En una reciente comisión parlamentaria, el grupo catalán declaró a Díaz: "Nosotros tampoco avalamos este proyecto de ley en este momento", en una postura similar a la de la patronal. El anuncio se produce pocos días antes del Primero de Mayo, justo cuando los sindicatos han intensificado la presión sobre el Gobierno. Unai Sordo, secretario general de CC OO, afirmó: "Queremos decirle al Gobierno que esto debe tramitarse ya. Que haya menos atención mediática no significa que bajemos la exigencia. Hay que acelerar". Pepe Álvarez, líder de UGT, añadió: "No se puede seguir retrasando este proceso legislativo". Por su parte, la patronal CEOE expresó su rechazo frontal a la medida, calificándola de "oportunismo político evidente" por su coincidencia con el Día Internacional del Trabajo. En un comunicado, advirtió del "grave impacto" que la medida puede tener sobre la economía y el empleo, en especial en pymes y ciertos sectores. La propuesta también incluye una reforma del sistema de control horario, que deberá ser digital, accesible, fiable e interoperable, eliminando el uso del papel. Este sistema deberá estar disponible permanentemente para la Inspección de Trabajo. Asimismo, el proyecto reconoce el derecho a la desconexión digital. Otra novedad importante es el endurecimiento de las sanciones por incumplimientos relacionados con el registro de jornada. A partir de ahora, cada trabajador afectado implicará una infracción individual, en lugar de una sanción única por empresa, como ocurre actualmente. Esto implicará un aumento considerable en las multas. Una vez aprobado el texto en el Parlamento y si no se modifica el calendario previsto, las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos a la nueva normativa. El anteproyecto ya pasó su primera revisión en el Consejo de Ministros el 4 de febrero y ha superado trámites como el del Consejo Económico y Social (CES), que si bien valoró positivamente el objetivo social, cuestionó la solidez del análisis económico presentado, considerándolo "incompleto y con fundamentos insuficientes".

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(El País, 30-04-2025) | Laboral

Bajo el lema ‘Proteger lo conquistado, ganar futuro’, los sindicatos buscan un primero de mayo con “vocación global”

Este jueves 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, conocido como Primero de Mayo. Es una jornada festiva en toda España -al igual que en numerosos países del mundo- y, como es habitual, los principales sindicatos, UGT y CCOO, liderarán manifestaciones en diversas ciudades para celebrar la fecha. El lema elegido este año es Proteger lo conquistado, ganar futuro, un mensaje con dimensión internacional, según explicaron los secretarios generales Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO), haciendo alusión al avance de la extrema derecha a nivel global y al peligro que esto representa para los derechos laborales. Como cada año, la manifestación central se desarrollará en Madrid, encabezada por las principales figuras sindicales. Según han anunciado las delegaciones madrileñas de UGT y CCOO, la marcha comenzará a las 12 del mediodía y se extenderá hasta las 14 horas. El recorrido arrancará en la Gran Vía (esquina con la calle de Alcalá) y finalizará en la Plaza de España, cubriendo aproximadamente un kilómetro y medio. Además de la capital, los sindicatos han convocado alrededor de 50 manifestaciones más en otras ciudades del país. Encabezarán la marcha nacional Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto a Paloma López (secretaria general de CCOO Madrid) y Susana Huertas (secretaria general de UGT Madrid). Al término del recorrido, los cuatro dirigentes sindicales subirán al escenario instalado en Plaza de España, donde pronunciarán discursos para cerrar el acto. Como es habitual, se espera la presencia de representantes del Gobierno y de distintos partidos políticos. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya ha confirmado su asistencia, acompañada por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Aunque las lluvias marcaron la Semana Santa, las previsiones de la AEMET para este jueves indican que el tiempo será favorable, con cielos parcialmente despejados y temperaturas que podrían alcanzar los 28 grados en Madrid. La participación suele depender del día de la semana en que cae la festividad. En 2023, al celebrarse en lunes y coincidir con el festivo autonómico del 2 de mayo, se preveía una alta asistencia, aunque la percepción fue de una participación menor que la estimada. En cambio, en 2022, cuando fue miércoles, la Delegación del Gobierno cifró la asistencia en unas 10.000 personas. Aunque la organización recae en los sindicatos, la manifestación está abierta a toda la ciudadanía. Durante los días previos, UGT y CCOO distribuyeron folletos informativos para animar a la participación. Además del lema principal, ambos sindicatos han suscrito un manifiesto en el que exponen sus principales reivindicaciones, siendo la más destacada la demanda de una reducción legal de la jornada laboral. En él, solicitan el respaldo político para aprobar la normativa acordada entre el Gobierno y los sindicatos que establece una jornada máxima legal de 37,5 horas semanales.

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(El Economista, 30-04-2025) | Laboral

Empresas y sindicatos podrán negociar los términos y mejoras para disfrutar del permiso de lactancia

La Audiencia Nacional ha establecido que las empresas pueden pactar, ya sea a través de convenios colectivos o acuerdos con los sindicatos, las condiciones específicas o mejoras del permiso de lactancia. Esto es así incluso después de la reforma del Estatuto de los Trabajadores, que amplió las opciones de disfrute del permiso sin necesidad de negociación previa. Con la aprobación del Real Decreto-ley de mayo de 2024, el permiso de lactancia pasó a considerarse un derecho que puede ejercerse de tres formas: ausentándose una hora del trabajo, reduciendo la jornada media hora, o acumulando el tiempo en días. Antes, las dos últimas opciones dependían de lo que se negociara colectivamente o se acordara con la empresa, pero la reforma eliminó esa restricción y las convirtió en derechos automáticos. No obstante, en una sentencia emitida el 4 de abril, la Audiencia Nacional aclara que la nueva normativa no impide que se puedan seguir negociando las condiciones del disfrute del permiso o sus posibles mejoras en el marco de la negociación colectiva. El tribunal resolvió una disputa entre sindicatos y una organización empresarial, en la que los representantes sindicales sostenían que las mejoras recogidas en el convenio colectivo -como ampliar la reducción de jornada de media hora a una hora y extender el disfrute del permiso hasta los doce meses del menor- debían aplicarse automáticamente con base en la nueva legislación. La Audiencia, sin embargo, considera que dichas mejoras requieren un acuerdo entre empresa y trabajador sobre cómo se van a aplicar, ya que superan lo establecido por la ley. Según el tribunal, la reforma legal no elimina la posibilidad de pactar condiciones específicas con el empleador respecto a cómo se disfruta el permiso, siempre que se respeten los derechos mínimos establecidos por la norma. Por tanto, mejoras como acumular el permiso entre los 9 y los 12 meses del bebé no son automáticas, y deben ceñirse a los términos acordados en el convenio. En resumen, la Audiencia concluye que, aunque el derecho al permiso de lactancia se ha ampliado legalmente, las empresas y los trabajadores pueden seguir negociando condiciones más beneficiosas, pero estas no se aplican automáticamente y dependen del acuerdo con la empresa.

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(El Economista, 30-04-2025) | Laboral

La precariedad sigue siendo el motor de la destrucción del empleo en España

Más de la mitad de los 2,53 millones de personas desempleadas con experiencia laboral, concretamente un 53%, perdieron su último empleo debido a la finalización de un contrato temporal, mientras que un 13,5% lo hizo a causa de un despido. Aunque estos porcentajes son inferiores a los registrados durante la pandemia y en los años 2018 y 2019, siguen siendo notablemente altos en comparación con periodos anteriores, lo que refleja cómo la fragilidad del empleo continúa dificultando una reducción efectiva de la tasa de paro. Si se toman como referencia los 2,79 millones de desempleados totales, estas cifras se reducen al 48% para los que perdieron el empleo por contrato temporal y al 11,6% por despido. Cabe señalar que dentro de este grupo total se incluye a un número significativo de personas que llevan más de tres años en situación de desempleo. Este colectivo representa un 20% de los desempleados con experiencia y un 18% del total, y no se especifica el motivo de su salida del mercado laboral. Dentro de este segmento pueden encontrarse trabajadores mayores despedidos o personas en situación de prejubilación, ya que el 71,9% de ellos supera los 45 años y el 41,5% tiene más de 55. Si se excluye a estos desempleados de larga duración cuyo motivo de salida del empleo no se detalla, el porcentaje de personas que quedaron en paro por fin de contrato asciende al 66%, y los despidos representan el 17%. Estas cifras son muy similares a las registradas en el primer trimestre de 2022, justo después de la aprobación de la reforma laboral pero antes de la entrada en vigor de los cambios en materia de contratación temporal, en especial la eliminación de los contratos por obra y servicio. Es importante recordar que, a diferencia del SEPE, la Encuesta de Población Activa (EPA) sí considera como desempleados a los trabajadores con contratos fijos discontinuos que están inactivos y buscan un nuevo empleo mientras esperan ser llamados. Aunque no se especifica cómo se contabilizan estos casos, es posible que se reflejen en las categorías de "otras causas" o "no especificadas", que agrupan a unas 170.000 personas, un 6,8% del total de parados, una cifra similar a la existente antes de la reforma laboral. En cualquier caso, lo que muestran los datos es que el final de los contratos temporales sigue siendo la principal causa de desempleo en España. A pesar de que la reforma laboral ha incrementado la estabilidad contractual, el elevado número de empleos precarios continúa limitando la capacidad del mercado laboral para reducir el paro de forma significativa. Esta realidad ha quedado patente en el inicio de este año. Según los últimos datos de la EPA, en el trimestre más reciente el desempleo aumentó en 193.700 personas, de las cuales 182.400 habían tenido previamente un empleo. Entre ellas, 96.600 perdieron su trabajo por la finalización de un contrato temporal y 52.900 fueron despedidas, lo que representa la mayor parte del incremento del paro. Muy por detrás se sitúan los desempleados de muy larga duración, que aumentaron en 27.400 personas; los que dejaron su empleo por responsabilidades familiares (26.400) y quienes cursaban estudios o formación (10.300). En contraste, los parados por motivos de salud disminuyeron, aunque este descenso se equilibró con la incorporación de 11.300 personas que buscan trabajo por primera vez. En total, actualmente hay 1,34 millones de desempleados cuyo último empleo terminó por finalización de contrato, 343.300 por despido y 515.200 en paro de muy larga duración. A esto se suman unas 325.000 personas desempleadas por otras causas, incluidas las que no especificaron el motivo.

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(Expansión, 29-04-2025) | Laboral

El paro aumenta en el primer trimestre con 193.700 nuevos desempleados y se pierden 92.500 ocupados

El número de desempleados aumentó en 193.700 personas en el primer trimestre del año, hasta los 2,79 millones, y el empleo se redujo en 92.500 ocupados, hasta los 21,76 millones, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El paro subió en 193.700 personas entre enero y marzo, lo que supone un 7,4% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se reduce en 92.500 personas (-0,4%), según la primera EPA del año hecha pública hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Al finalizar el trimestre había un total de 2.789.200 parados, la cifra más alta desde el primer trimestre de 2024. La cifra de ocupados alcanza los 21.765.400 trabajadores, bajando así de las cifras récord 21,8 millones de ocupados logradas registradas en dos trimestres precedentes. El aumento del desempleo en el primer trimestre del año, un periodo estadísticamente negativo en términos de creación de empleo, también ha sido superior al registrado en el periodo anterior y la tasa de paro aumenta 75 centésimas hasta el 11,36% de la población activa. El aumento del paro fue superior a la caída del empleo por la incorporación a la franja poblacional de actividad laboral de 101.200 personas, que deja la población activa en 24,55 millones. La pérdida de empleo EPA se concentra en el sector público, donde se destruyeron 92.200 puestos de trabajo. El incremento del paro en los tres primeros meses de este año es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2013, cuando aumentó en 257.200 personas. Por su parte, el descenso de la ocupación mejora el registro del primer trimestre de 2024, cuando se destruyeron 139.700 personas, pero no el de 2023, en el que se perdieron 11.100 puestos de trabajo. El número de asalariados se redujo en el primer trimestre en 90.000 personas (-0,5%), concentrándose la mayor parte del ajuste en el empleo temporal (-80.200), frente a un descenso de los asalariados con contrato indefinido de 9.800 (+0,69%), hasta los 15,7 millones de personas. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destaca la evolución del mercado laboral en términos desestabilizados (sin la influencia de las diferencias del calendario sobre la estadística) y hace hincapié en que el ritmo de ocupación sigue mantiendo impulso. Sin efecto calendario, Economía subraya que en la primera EPA del año se superaron por primera vez los 22 millones de ocupados, tras crecer el empleo en este primer trimestre en 159.700 personas (+0,73%). "Estos datos ponen de manifiesto el dinamismo del mercado laboral, manteniéndose el ritmo en la creación de empleo y con empleo más estable y en sectores de mayor valor añadido", subraya el Departamento que dirige Carlos Cuerpo. Economía recuerda que el primer trimestre del año se caracteriza por una "desfavorable estacionalidad" y ha resaltado que, en comparación con los primeros trimestres de otros ejercicios, la tasa de paro de este trimestre es la menor desde 2009. Por su parte, la tasa de actividad aumentó levemente, hasta el 58,57%, tras incrementarse el número de activos en 101.200 personas entre enero y marzo (+0,4%), hasta alcanzar los 24,6 millones de personas, lo que, según Economía, "refleja la confianza de los trabajadores en el dinamismo del mercado laboral". En el último año el paro se ha reducido en 188.700 personas (-6,3%) y se han creado 515.400 empleos (+2,4%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 326.700 personas (+1,3%). En términos desestacionalizados, destaca Economía, se han creado casi 520.000 empleos en los últimos doce meses.

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(El País, 29-04-2025) | Laboral

El Gobierno recuerda que quienes no puedan desplazarse tienen derecho a un permiso retribuido

Un apagón masivo mantiene amplias zonas de España sin electricidad, lo que impide a muchos empleados llegar a sus puestos de trabajo. Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo ha emitido un comunicado para subrayar que el artículo 37.3.g del Estatuto de los Trabajadores establece un permiso retribuido de hasta cuatro días por imposibilidad de desplazarse o de desarrollar la actividad laboral con normalidad. El texto, que rige las condiciones mínimas para cualquier trabajador, asegura que "la persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración" bajo determinadas circunstancias y por un determinado periodo de texto. Y precisa que los empleados tienen derecho a un permiso de "hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso". Debido al apagón, hay todo tipo de motivos por los que un empleado podría no desplazarse, desde la imposibilidad de no salir con su coche del aparcamiento al parón de las redes ferroviarias. Además, la Dirección General de Tráfico ha reclamado limitar los desplazamientos: "Debido al apagón, les pedimos que eviten circular en la medida de lo posible. La falta de suministro eléctrico no permite el funcionamiento de semáforos o paneles de señalización. Eviten desplazarse en la medida de lo posible y mucha precaución en la carretera", ha señalado la DGT. Un mensaje en el que ha incidido también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en torno a las seis de la tarde de este lunes. "Transcurridos los cuatro días", continúa el Estatuto, "el permiso se prolongará hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron, sin perjuicio de la posibilidad de la empresa de aplicar una suspensión del contrato de trabajo o una reducción de jornada derivada de fuerza mayor". La previsión, según ha comunicado Red Eléctrica, es que en cualquier caso el problema se solucione antes de esos cuatro días. Asimismo, el ministerio que dirige Yolanda Díaz ha agregado: "Ante esta situación excepcional queremos llamar a la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades. Es clave que se sigan únicamente las fuentes de información oficial y evitar la proliferación de noticias falsas". Por el momento se desconocen las causas del corte eléctrico, cuyos efectos se siguen notando. La empresa Red Eléctrica está investigando los motivos del incidente, que ha afectado también a Portugal. Eduardo Prieto, director de servicios para la operación de Red Eléctrica, ha asegurado a las 14.47 que el apagón es "excepcional y totalmente extraordinario" y calculaba que la reparación llevaría entre seis y diez. Eso hace probable que la situación no se normalice hasta la noche de este lunes, aunque la luz está volviendo poco a poco por zonas. Según la información de Red Eléctrica, algunas partes de Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía han sido las primeras en recuperar el suministro.

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(El País, 28-04-2025) | Laboral

Trabajo propone que la ley fije un salario mínimo “igual o superior” al 60% del sueldo medio neto

El Ministerio de Trabajo presentó este viernes a empresarios y sindicatos su propuesta sobre cómo debería regularse en la ley la actualización futura del salario mínimo interprofesional (SMI). El borrador, al que ha tenido acceso EL PAÍS, plantea que el SMI sea, como mínimo, igual al 60% del salario medio neto en España. Esta propuesta se enmarca en la nueva mesa de diálogo social abierta el pasado 31 de marzo, destinada a incorporar a la legislación española la Directiva Europea sobre salarios mínimos, un proceso que ya acumula retraso, ya que el plazo para su transposición venció el 15 de noviembre. El documento, que modificará el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, deberá ser aprobado en el Parlamento, en un contexto político complejo. Además del porcentaje del 60%, el borrador establece que el Gobierno no solo deberá consultar a sindicatos y patronal antes de actualizar el SMI -como ya sucede-, sino también contar con un informe previo de la Comisión Asesora para el análisis del salario mínimo. Esta comisión ya existe, pero se propone reforzar su papel y regular su composición y funciones en el propio Estatuto de los Trabajadores. Trabajo también plantea ajustar y ampliar los criterios que actualmente se consideran para la actualización anual del SMI, como el IPC, la productividad nacional, la participación del trabajo en la renta nacional y la situación económica general. Se añadirían ahora elementos como el poder adquisitivo del salario mínimo, la evolución de la productividad a largo plazo, la necesidad de garantizar una vida digna, combatir la pobreza laboral, y atender especialmente a los salarios más bajos y a la brecha de género. En la primera reunión de marzo, los empresarios mostraron su descontento, ya que interpretaron que el Ministerio pretendía avanzar hacia una reforma laboral por partes. Aunque la nueva propuesta elimina algunos aspectos que provocaron ese rechazo inicial, las patronales siguen sin mostrar apoyo, según diversas fuentes. En especial, rechazan la idea de fijar por ley un porcentaje mínimo del 60% respecto al salario medio neto, alegando que condicionaría demasiado la negociación colectiva. El porcentaje propuesto podría suponer un salario mínimo más elevado que el sugerido por la propia directiva europea y por las recomendaciones de la Carta Social Europea. La directiva sugiere tomar como referencia ratios como el 60% de la mediana salarial bruta o el 50% del salario medio bruto, mientras que el Comité Europeo de Derechos Sociales interpreta que los salarios mínimos deben ser de al menos el 60% del salario medio neto. Fuentes sindicales calificaron la reunión de este viernes como "larga e infructuosa" y lamentaron que aún no se haya fijado la fecha del próximo encuentro. Temen que la negociación se prolongue debido a la apertura de nuevos frentes legislativos, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, y a las tensiones internas en Cepyme, inmersa en su proceso electoral. Otra novedad que puede generar rechazo entre los empresarios es la obligación de proporcionar información económica detallada en las negociaciones de convenios de empresa. Según el borrador, la parte empresarial debería facilitar documentos como balances, cuentas de resultados, memorias y modelos de contratos, equiparándolos a los informes que presentan a sus accionistas. Asimismo, en las negociaciones de convenios sectoriales, tanto empresas como representantes de los trabajadores podrían solicitar informes sobre cifras agregadas del sector, como el volumen de negocio o los márgenes económicos, atendiendo así a una demanda histórica de los sindicatos. Actualmente, el SMI en España está fijado en 1.184 euros al mes en 14 pagas. Desde 2018, ha aumentado más de un 60%, con el apoyo constante de los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT), pero sin contar en los últimos años con el respaldo de la patronal.

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(El Economista, 28-04-2025) | Laboral

El Supremo impide que las empresas decidan de forma unilateral el fin del teletrabajo

El Tribunal Supremo (TS) rechaza que las empresas decidan de forma unilateral el fin del teletrabajo. El alto tribunal, en una sentencia del 2 de abril, analiza el acuerdo de teletrabajo de una compañía que fijaba en una cláusula que la sociedad podía revocar en cualquier momento la autorización del teletrabajo con un preaviso de 15 días. Asimismo, también imponía que la reversión del trabajo a distancia no daba derecho alguno a compensar o indemnizar a los empleados. El fallo, del que fue ponente el magistrado Ignacio García-Perrote, determina que debe anularse la cláusula del acuerdo de teletrabajo ya que es abusivo y contrario a derecho que la empresa tome una decisión así de forma unilateral. La sentencia indica que la Ley del Trabajo a Distancia de 2021 dispone que la decisión de teletrabajar puede ser reversible, pero para ello, debe fijarse en los acuerdos o convenios colectivos. Es decir, la norma exige que la posibilidad de dar marcha atrás sea pactada en la negociación colectiva o, en su defecto, entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Si la negociación colectiva nada dice de la reversibilidad del trabajo a distancia, el empresario no puede imponerla por su cuenta. "La reversibilidad decidida por la empresa puede en ocasiones resultar contraria a derecho", indica la sentencia. Y añade al respecto, que el hecho de que la decisión esté solo en manos de la compañía supone un desequilibrio contractual. Por otro lado, el alto tribunal también rechaza que la compañía, de nuevo de forma unilateral, decida sobre los límites del derecho a la desconexión digital de los teletrabajadores. El acuerdo recogía que los empleados tienen derecho a la desconexión digital, salvo que concurran circunstancias de urgencia justificada. La sentencia señala que tanto la Ley General de Protección de Datos como la Ley del Trabajo a Distancia establecen expresamente que la empresa elaborará la política de desconexión digital previa audiencia de la representación legal de las personas trabajadoras. "Según puede comprobarse, la legislación vigente no solo permite, sino que obliga, a la empresa a elaborar una «política interna» sobre el derecho a la desconexión digital. Lo que sucede es que esa política interna debe elaborarse «previa audiencia» de los representantes de las personas trabajadores y no consta que ello se haya hecho en el presente supuesto", expone el fallo. "Esta política se ha realizado sin que haya dado audiencia previa a la representación legal de las personas trabajadoras, vulnerándose así las claras prescripciones contenidas en aquellos dos preceptos legales", añade al respecto. Finalmente, la sentencia, en contra de los expuesto por los sindicatos, sí respalda que la empresa exija a los teletrabajadores su correo electrónico y número de teléfono personal para localizarlos en caso de urgencia. Aunque el Supremo señala que las compañías deben dotar a los teletrabajadores de los dispositivos y herramientas informáticas adecuadas para desarrollar su función, el Reglamento de Protección de Datos avala que se ceda esta información si resulta necesaria para el desenvolvimiento del contrato de trabajo. "La empresa debe limitar su utilización del correo electrónico y número de teléfono personal de la persona trabajadora al supuesto de que sea necesario contactar con ella por urgencias del servicio", concluye.

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(El Economista, 28-04-2025) | Laboral

La reducción de la jornada laboral le costará 4.800 euros de media al año a cada pyme

El pasado jueves, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, anunció que mañana se aprobará en el Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta decisión ha generado fuertes críticas entre las organizaciones empresariales, que consideran que la medida margina la negociación colectiva y podría tener efectos negativos en la actividad empresarial. Según el informe Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme, elaborado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), esta nueva normativa podría suponer un coste de unos 13.900 millones de euros para las pymes. Dado que en España existen aproximadamente 2,9 millones de estas empresas, el impacto medio anual por pyme sería de unos 4.793 euros. Más allá de los costes directos, la patronal advierte que esta medida podría afectar a la contratación de nuevos trabajadores, aumentar las horas extra y provocar una caída en la producción. De hecho, Cepyme calcula que, si las empresas no logran adaptarse, la pérdida de producción podría llegar a representar un impacto económico de 33.800 millones de euros. Ante este escenario, fuentes de Cepyme aseguran a elEconomista.es que la decisión del Gobierno responde más a "anuncios populistas" que al interés general. La patronal denuncia que se trata de una normativa sin un análisis económico riguroso que perjudica especialmente a las pequeñas y medianas empresas, las cuales todavía están lejos de las 37,5 horas semanales. "¿Cómo van a soportar ahora un aumento salarial del 6%? Esta subida, arbitraria e injustificada, supone además una clara injerencia en el sistema de convenios colectivos", advierten. La reducción de jornada afectará aproximadamente al 76,1% de los trabajadores cubiertos por un convenio colectivo, es decir, unos 9,8 millones de asalariados, según datos de 2022. El impacto varía según el sector: en las actividades inmobiliarias, la hostelería, la agricultura, el comercio y las telecomunicaciones afectará a más del 90% de los trabajadores, mientras que en la Administración Pública y el sector financiero apenas afectará al 4,9% y 7,5%, respectivamente. Desde el punto de vista económico, el comercio será el sector más perjudicado, con pérdidas estimadas de 3.208 millones de euros al año, lo que supone 1.484 euros por trabajador. Le siguen la industria manufacturera, con 2.940 millones, y la hostelería, con 1.697 millones de euros en pérdidas. En cambio, las Administraciones Públicas, las Industrias Extractivas y el sector financiero sufrirán un impacto mucho menor. El grado de ajuste que deberá hacer cada sector también varía: mientras que la hostelería deberá reducir la jornada un 4,2%, el comercio lo hará en un 4%, y las actividades inmobiliarias en un 3,8%. En cambio, sectores como las Administraciones Públicas y las Finanzas apenas tendrán que realizar recortes del 0,1% y 0,2% respectivamente. Una de las críticas más destacadas hacia la medida ha sido la manera unilateral en que se ha adoptado. Inicialmente, la reducción de la jornada fue objeto de negociación entre sindicatos y patronales, pero, ante la falta de acuerdo, el Ministerio de Trabajo decidió intervenir. Tras la negativa de las patronales a aceptar las propuestas ministeriales, el Gobierno optó por aprobar la norma por su cuenta. Las patronales insisten en que la reducción de jornada debería haberse negociado dentro del marco de la negociación colectiva, subrayando que las estadísticas muestran que, históricamente, la jornada laboral pactada en los convenios ya seguía una tendencia descendente: de 40,4 horas semanales en 1983, se bajó a 38,4 en 2003, y a 38 en 2020. Esta evolución ha sido aún más pronunciada en los convenios de empresa, donde se redujo de 40 horas en 1983 a 37 horas en 2007. Aunque en los últimos cuatro años ha habido un ligero aumento, la jornada media sigue siendo inferior a las 37,5 horas establecidas en la nueva norma.

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(El Confidencial, 28-04-2025) | Laboral

Los empresarios desconfían del PP para frenar la reducción de jornada y se encomiendan a Junts

El proyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales sin recorte salarial será remitido al Congreso de los Diputados en las próximas semanas, tras su aprobación definitiva prevista para el próximo martes en el Consejo de Ministros. Esta iniciativa ha generado un amplio debate tanto dentro del propio Gobierno como en el ámbito empresarial. Según fuentes del sector, no existe una mayoría parlamentaria clara que impida su tramitación, lo que se ha convertido en el principal objetivo de las organizaciones empresariales. Tanto Foment del Treball como CEOE, junto con Pimec y Conpymes, se mantienen atentos. Desde que se aprobó el anteproyecto en febrero, han mantenido múltiples encuentros con los grupos parlamentarios para intentar detener su avance mediante una enmienda a la totalidad que devuelva el texto al Ejecutivo. Sin embargo, en el entorno empresarial se da casi por descartado que el PP promueva esta estrategia por iniciativa propia, y sus esperanzas se centran en que Junts la apoye en el último momento. "Esto no puede salir adelante", insisten desde el ámbito empresarial. "Confiamos en que, al ser una medida tan perjudicial, recapaciten". Aunque Junts aún no ha fijado una postura definitiva, en Foment creen que el impacto en el pequeño comercio catalán podría hacerles cambiar de opinión, aunque también reconocen que la decisión dependerá más de factores políticos que del contenido de la ley. Por otro lado, en Conpymes y Pimec hay empresarios más pesimistas que ya asumen que será difícil frenar el proceso legislativo. Consideran que los partidos no quieren arriesgarse a perder votos por una medida que goza de respaldo popular, y critican al PP por no adoptar una posición firme, lo que, en su opinión, disuade a Junts de presentar una enmienda a la totalidad. Esto dejaría el camino libre para que el proyecto pase a la Comisión de Trabajo. En cualquier caso, que se inicie la tramitación no garantiza que la ley obtenga los apoyos necesarios para ser aprobada. Esta falta de respaldo parlamentario provocó tensiones internas en el Gobierno de coalición sobre si debía seguir negociando con la patronal, como proponía el ministro Carlos Cuerpo, o avanzar únicamente con el apoyo sindical. Finalmente, Yolanda Díaz impuso su criterio y logró mantener una propuesta ambiciosa, sin contemplar ayudas a empresas ni excepciones sectoriales. En el ala socialista temen que la norma no logre superar las enmiendas a la totalidad, un temor que persiste ante la indefinición de Junts y la postura ambigua del PP. Empresarios aseguran que en sus reuniones con los populares no han percibido una voluntad clara de bloquear la tramitación, aunque la firme oposición de CEOE les complica la situación. Desde el entorno de Pedro Sánchez se veía con buenos ojos un pacto previo con los empresarios que facilitara el apoyo del PP. En esta línea, el responsable económico del partido, Juan Bravo, declaró en TVE que están en contra de cualquier medida que no cuente con el acuerdo de patronal y sindicatos. Sin embargo, es la estrecha relación entre Junts y Foment del Treball lo que más preocupa al sector socialista, que ha centrado sus esfuerzos en lograr el respaldo de Carles Puigdemont. Aunque Yolanda Díaz mantiene contacto con él, todavía no han tratado este asunto en concreto. En Sumar confían en que avances en otros temas creen un clima favorable que permita una negociación de última hora. Están abiertos a introducir cambios mediante enmiendas parciales, pero creen que la reducción de jornada es una medida con amplio apoyo ciudadano, incluso entre votantes del PP y Vox, lo que hace difícil su rechazo. El resultado ideal para los empresarios sería la devolución del texto al Gobierno y que las condiciones laborales se renegociaran a través de la negociación colectiva. Pero, dado que este escenario se aleja, ya se preparan para influir en el contenido de la ley mediante enmiendas al articulado que suavicen sus efectos. Aunque aún no han trascendido detalles específicos, algunas de las propuestas que podría aceptar la izquierda no convencen al empresariado. El Gobierno se muestra dispuesto a incluir incentivos como bonificaciones por nuevas contrataciones o ayudas a pequeñas empresas a cambio de aplicar la reducción de jornada. Aunque estas medidas se debatieron en su momento, no se incorporaron al texto inicial por el rechazo de CEOE y Cepyme. Sin embargo, las patronales consideran que este tipo de ayudas son solo soluciones temporales frente al incremento estructural de los costes laborales que implicaría la medida. Otro punto que podría negociarse son las excepciones para el sector agrícola en cuanto a la obligación de desconexión digital y el registro horario, tal como recomendó el Consejo Económico y Social en su informe, recogiendo las demandas de Asaja, COAG y UPA. Mientras tanto, desde la CEOE advierten que la incertidumbre sobre cuál será la jornada legal el próximo año está dificultando los acuerdos en la negociación colectiva, provocando una caída en la firma de convenios en comparación con años anteriores.

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