(El Economista, 31-07-2025) | Laboral
La reforma del subsidio por desempleo fue uno de los principales cambios laborales aprobados en la anterior legislatura. Esta modificación estaba vinculada a los compromisos adquiridos por España para acceder al cuarto tramo de los fondos europeos Next Generation. La medida necesitó dos votaciones en el Congreso de los Diputados para ser aprobada, debido a las diferencias entre el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, y el de Economía, encabezado por Nadia Calviño, principalmente en torno a cuestiones técnicas. Uno de los puntos de mayor debate fue la implementación del incentivo a la inserción laboral, que se materializó en el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE), actualmente recibido por 46.206 personas.
Según datos del Ministerio de Trabajo correspondientes al mes de mayo, este número representa el 5,5% del total de beneficiarios del subsidio por desempleo, una prestación de carácter asistencial destinada a quienes ya han agotado el paro contributivo o no han cotizado al menos 360 días. De ese total, 19.000 personas compatibilizan el subsidio con un empleo a tiempo parcial, mientras que 27.204 lo hacen con un trabajo a jornada completa, opción que se habilitó tras la reforma para quienes accedieran al subsidio a partir del 1 de noviembre de 2024.
Este fue precisamente uno de los aspectos que generó más fricción en el seno del Gobierno. Economía proponía fórmulas para fomentar la inserción laboral entre los beneficiarios del subsidio, mientras que Trabajo quería evitar que estas medidas supusieran un recorte en las cuantías. Finalmente, se acordó mantener la ayuda máxima en el 80% del IPREM, equivalente actualmente a 480 euros mensuales, durante un máximo de 180 días, descontados del total de tiempo en que se puede recibir el subsidio.
Cabe destacar que esas 46.000 personas no reciben necesariamente el importe máximo, ya que el valor del CAE varía en función de las horas de contrato laboral y del tiempo transcurrido desde que se empezó a cobrar el subsidio. Así, si alguien encuentra un empleo a jornada completa durante los tres primeros meses en que recibe la ayuda, podrá acceder al máximo de 480 euros. En cambio, si consigue ese mismo trabajo tras más de un año con el subsidio, el complemento baja a 120 euros. Por otro lado, quienes aceptan un empleo a media jornada en los primeros meses reciben 360 euros, y si lo hacen en el tramo final, apenas 30.
Es importante señalar que este complemento no se solicita de forma voluntaria, sino que lo otorga automáticamente el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuando detecta que un beneficiario del subsidio comienza a trabajar, ya sea a tiempo parcial o completo. En el caso de contratos a jornada completa, el SEPE suspende la demanda de empleo, mientras que si el trabajo es parcial, la persona debe renovar su inscripción como demandante cada tres meses.
Además, la misma reforma también introdujo la posibilidad de compatibilizar el paro contributivo con el complemento al empleo. Sin embargo, esta medida solo empezó a aplicarse a partir del 1 de abril, por lo que su impacto aún es limitado. En este caso, los desempleados que ya tenían reconocida la prestación antes de esa fecha pueden percibir el CAE si acceden a un empleo a tiempo parcial.
Para quienes accedieron al paro a partir de abril, se exige haber generado más de 14 meses de prestación y haber cobrado al menos nueve, tanto si se accede a un empleo a jornada completa como parcial. A diferencia del subsidio, la aplicación del complemento mientras se cobra el paro contributivo no es automática, por lo que el trabajador puede solicitar que se suspenda.
Al igual que con el subsidio, el tiempo durante el cual puede recibirse el CAE mientras se está trabajando depende de los meses previos en los que se haya cobrado la prestación por desempleo. Por ejemplo, si se ha cobrado durante diez meses, el incentivo dura 30 días; con once meses, 60 días; con doce, 90 días; y si se ha superado ese tiempo, puede llegar hasta 180 días.
Dentro de los beneficiarios del subsidio, destaca el colectivo de mayores de 52 años, que representa el grupo más numeroso. Según el Ministerio de Trabajo, 460.840 personas de los 838.054 beneficiarios pertenecen a este segmento, reflejando la dificultad de reincorporación al mercado laboral para quienes están cerca de la edad de jubilación.
Les siguen quienes han agotado el paro contributivo, en su mayoría desempleados de larga duración, que suman más de 151.000 personas. Finalmente, alrededor de 100.000 personas perciben el subsidio por no haber cotizado lo suficiente para generar derecho a la prestación contributiva, ya sea por haber sido despedidos, haber finalizado un contrato temporal o no superar un periodo de prueba en un nuevo empleo.