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(Cinco Días, 05-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo acelera las subidas y las Bolsas se giran a la baja

Las expectativas de los inversores sobre una posible relajación de las tensiones vuelven a desvanecerse. Aunque los mercados han aprendido a reaccionar con prudencia ante los anuncios del presidente estadounidense, Donald Trump, la aparición constante de informaciones contradictorias sigue aumentando la incertidumbre y la volatilidad. En este contexto, la guerra informativa también juega un papel clave: poco después de que Trump anunciara un plan para escoltar barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, medios iraníes aseguraron que misiles habían alcanzado a un buque de guerra de EE. UU., algo que fue desmentido rápidamente por fuentes oficiales estadounidenses. Este intercambio de versiones ha sido suficiente para alterar el comportamiento de los mercados. El precio del petróleo Brent llegó a subir un 5,7%, alcanzando los 114 dólares por barril, aunque posteriormente moderó su avance hasta situarse en torno a los 112 dólares, con una subida cercana al 3,5%. Aunque en semanas recientes las bolsas parecían menos sensibles a la evolución del crudo, en momentos de alta tensión vuelve el patrón habitual: el encarecimiento del petróleo arrastra a la baja a la renta variable. Así, mientras los futuros de Wall Street apuntan a caídas, el Ibex 35 ha intensificado sus pérdidas hasta cerca del 1,5%. La incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz también pesa sobre otros mercados europeos. El índice alemán Dax, que había resistido durante buena parte de la sesión, se mueve finalmente sin cambios tras haber caído previamente, mientras que el Euro Stoxx 50 registra descensos superiores al 1%. Todo indica que, pese al impulso reciente de los resultados empresariales, la evolución de los mercados seguirá condicionada por la situación geopolítica. Cuanto más se prolongue la interrupción en esta ruta clave, mayores serán los riesgos para el suministro energético global. A las tensiones bélicas se suman las amenazas comerciales de Washington. El sector automovilístico europeo es uno de los más afectados tras el anuncio de Trump de elevar los aranceles a vehículos procedentes de la Unión Europea hasta el 25%. Fabricantes alemanes como BMW y Mercedes registran caídas superiores al 2%, mientras que Porsche y Volkswagen también retroceden. El índice sectorial pierde alrededor de un 1,6%. En paralelo, la OPEP y sus aliados han decidido aumentar la producción ante los problemas de suministro. Trump aseguró que Estados Unidos comenzará a guiar a los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz, aunque ofreció pocos detalles y mencionó conversaciones "positivas" con Irán. Sin embargo, informaciones posteriores apuntan a que la Armada estadounidense podría no escoltar directamente a los buques. El tráfico marítimo en la zona sigue prácticamente paralizado desde que Irán bloqueó el paso a finales de febrero. Este punto estratégico es clave, ya que por él circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Teherán ha advertido que mantendrá cerrado el estrecho hasta que EE. UU. retire su bloqueo, mientras que Washington exige primero la reapertura y avances en un acuerdo nuclear, lo que mantiene el conflicto en punto muerto. En el ámbito económico, los buenos resultados empresariales impulsaron recientemente a Wall Street a máximos históricos, y esta semana numerosas compañías del S&P 500 publicarán sus cuentas. Al mismo tiempo, los inversores estarán atentos al dato de empleo de abril en Estados Unidos, cuya evolución podría influir en las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Aunque el banco central mantuvo recientemente las tasas sin cambios, crecen las preocupaciones sobre el impacto inflacionario del encarecimiento de la energía derivado del conflicto con Irán. Se prevé, en general, que los tipos se mantengan estables durante el resto del año.

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(El Economista, 05-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Comisión Europea exige a España un plan para eliminar la tarifa regulada de la luz

La Comisión Europea ha pedido a los países de la UE que aún mantienen tarifas eléctricas reguladas -entre ellos España- que diseñen planes claros, con plazos concretos, para avanzar hacia un sistema en el que los precios al consumidor se determinen por el mercado. Desde Bruselas se reconoce que la intervención pública en los precios puede tener sentido en determinados casos, como la protección de consumidores vulnerables o durante etapas de transición hacia un mercado más competitivo. Sin embargo, advierte de que estas medidas no deberían prolongarse indefinidamente ni convertirse en algo estructural. En su informe sobre precios minoristas de la electricidad, competencia y mecanismos de flexibilidad, la Comisión sitúa a España dentro de un grupo de seis países -junto a Bulgaria, Francia, Hungría, Lituania y Eslovaquia- que han aplicado medidas de control de precios para hogares o pequeñas empresas en ese proceso de transición. Según el documento, el 29% de los hogares españoles sigue acogido a tarifas reguladas, una proporción inferior a la de otros países como Francia (57%) o Polonia (63%), pero superior a la de Portugal (18%). Bruselas recuerda que la normativa europea establece como regla general que las empresas comercializadoras deben poder fijar libremente los precios de la electricidad. Aunque admite que las tarifas reguladas pueden aportar estabilidad a las facturas, también alerta de que pueden distorsionar las señales del mercado, reducir los incentivos al ahorro energético y perjudicar la competencia a largo plazo. Por ello, la Comisión insiste en que los países con precios intervenidos deben trazar una estrategia de salida ordenada. Estos planes deberían incluir objetivos concretos, indicadores para evaluar el avance hacia un mercado competitivo, medidas para evitar distorsiones, mayor transparencia y garantías de igualdad de condiciones entre operadores. Este mensaje afecta directamente a España, donde instrumentos como el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y el bono social siguen teniendo un peso importante. La Comisión menciona el bono social como un mecanismo válido para proteger a los consumidores más vulnerables, siempre que forme parte de una política más amplia contra la pobreza energética. Aunque por ahora no plantea cambios legislativos, Bruselas avisa de que seguirá vigilando la aplicación de las normas y solicitará a cada país información sobre sus planes para avanzar en esta dirección. Por otro lado, la Comisión ha dado un paso adicional en la reforma del mercado eléctrico al publicar una recomendación para reforzar el control financiero de las comercializadoras y evitar situaciones de inestabilidad como las vividas durante la crisis energética de 2021 y 2022. El foco se sitúa en la gestión del riesgo por parte de estas empresas, que deberían contar con estrategias adecuadas para protegerse frente a la volatilidad de los precios mayoristas. Durante la crisis provocada por la guerra en Ucrania, el fuerte encarecimiento de la electricidad evidenció las debilidades de muchos operadores, provocando quiebras y trasladando costes a los consumidores. La Comisión señala que uno de los principales problemas fue la escasa utilización de mecanismos de cobertura (hedging) en un contexto de contratos a precio fijo. Cuando los precios se dispararon, muchas compañías no tenían asegurados sus costes, lo que las llevó a situaciones de tensión financiera. Ante este escenario, Bruselas recomienda reforzar el papel de los reguladores nacionales, otorgándoles más capacidad para supervisar las estrategias de riesgo de las comercializadoras y asegurar que estas sean adecuadas a su tamaño, recursos y exposición al mercado. En España, esta función corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La propuesta no pasa por intervenir directamente en las decisiones empresariales, sino por establecer marcos de control que permitan anticipar problemas. Entre las medidas sugeridas se incluyen pruebas de resistencia (stress tests) y la obligación de informar periódicamente sobre la situación financiera y las coberturas. Además, la Comisión destaca la importancia de reforzar la coordinación entre reguladores energéticos, supervisores financieros y bancos centrales, dado el creciente vínculo entre los mercados eléctricos y los instrumentos financieros, especialmente los derivados. Por último, se introduce el principio de proporcionalidad, reconociendo que no todas las empresas pueden asumir las mismas exigencias. Así, se plantea que algunas comercializadoras puedan optar por coberturas parciales si cuentan con otras garantías de solidez, como acceso a generación propia o suficiente liquidez.

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(El Economista, 05-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las trabas de las Administraciones para compensar a los caseros a los que se les prohibió desahuciar llegan al Supremo

Las dificultades que están poniendo algunas comunidades autónomas para indemnizar a los propietarios que no pudieron desalojar a inquilinos morosos en situación de vulnerabilidad han llegado al Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo analizará por primera vez cómo deben interpretarse los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley aprobado en diciembre de 2020, que contemplaba compensaciones para estos caseros cuando los arrendatarios se acogían a la moratoria de desahucios impulsada durante la pandemia. La norma delega en las administraciones públicas la gestión de estas ayudas, pero su redacción ha generado situaciones complejas para los propietarios. La medida de suspensión de desahucios, aprobada en marzo de 2020 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, establece que antes de paralizar un lanzamiento, los Letrados de la Administración de Justicia deben solicitar un informe a los servicios sociales que evalúe la vulnerabilidad del inquilino y determine qué actuaciones debe adoptar la Administración. Posteriormente, el decreto de diciembre vinculó el derecho a compensación a que, transcurridos tres meses desde ese informe, la Administración no hubiera aplicado las medidas previstas. El problema surge cuando esos informes no incluyen ninguna actuación concreta. En estos casos, algunas comunidades autónomas sostienen que, al no haberse fijado medidas a ejecutar, no puede considerarse que hayan incumplido nada, y por tanto rechazan abonar compensaciones a los propietarios. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ya advirtió que la Administración no puede justificar su falta de actuación en esa ausencia de medidas en los informes. Es decir, no puede beneficiarse de su propia inacción para evitar pagar a los afectados. Ahora, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por una empresa contra la decisión de la Comunidad Foral de Navarra de denegarle la compensación por no haber podido ejecutar el desahucio. El alto tribunal deberá aclarar si el acceso a estas ayudas depende de que los servicios sociales hayan identificado medidas concretas para garantizar una alternativa habitacional a los inquilinos vulnerables, o si basta con que el juez haya reconocido dicha situación de vulnerabilidad al suspender el desahucio. El Supremo justifica la admisión del caso por la gran cantidad de situaciones similares existentes, teniendo en cuenta que la suspensión de desahucios ha estado vigente hasta finales de 2025 y que aún no existe una doctrina clara al respecto. Cabe recordar que esta normativa ha supuesto la paralización de alrededor de 60.000 desalojos desde su entrada en vigor.

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(El País, 04-05-2026) | Fiscal

Los españoles ingresan por primera vez más de 100.000 millones con las inversiones, el alquiler y la venta de casas

Los ingresos de los hogares en España suelen proceder de fuentes habituales como los sueldos, las pensiones o el trabajo por cuenta propia. Sin embargo, hay otra vía menos visible que ha ganado un peso notable en el último año: las rentas del capital. Este tipo de ingresos, que incluye intereses, dividendos, beneficios y plusvalías derivadas de activos, ha alcanzado niveles récord. Según los datos provisionales de la Agencia Tributaria correspondientes a 2025, los contribuyentes obtuvieron más de 100.000 millones de euros por esta vía, tras crecer un 14% en un año. El buen comportamiento de la Bolsa y el auge del mercado inmobiliario, tanto en compraventa como en alquiler, explican gran parte de este incremento. Hacienda clasifica estas rentas en tres grandes categorías. La primera es el capital mobiliario, que engloba intereses bancarios, depósitos, seguros o rendimientos de bonos. Este apartado generó 31.500 millones de euros, con un leve aumento del 2%, suficiente para marcar un nuevo máximo. La segunda categoría corresponde a las rentas inmobiliarias, principalmente procedentes del alquiler, que alcanzaron casi 35.000 millones tras crecer un 8%, impulsadas por la tensión en el mercado de la vivienda. La tercera, y la que más creció, es la de las ganancias patrimoniales. Estas últimas se producen cuando se venden o transfieren bienes -como inmuebles o acciones- por un valor superior al de adquisición. En 2025, estas plusvalías sumaron 41.600 millones de euros, un 32% más que el año anterior, acercándose a cifras similares a las de 2006, en plena etapa de bonanza económica. Este fuerte incremento no se debe a un único factor. Según el economista Jorge Onrubia, el principal motor ha sido la realización de beneficios acumulados durante años más que un aumento de ingresos recurrentes. El buen momento de los mercados financieros entre 2023 y 2025, junto con la revalorización de la vivienda, ha favorecido este fenómeno. A ello se suma un componente psicológico que el experto denomina "efecto embalse": tras años de incertidumbre por la pandemia, la inflación o los cambios en los tipos de interés, muchos inversores pospusieron decisiones. Cuando la situación se estabiliza, se concentran operaciones de venta que liberan ganancias acumuladas, generando picos en un solo ejercicio. En la misma línea, el profesor Dmitry Petrov señala que el contexto económico ha sido especialmente favorable. Con el Ibex 35 superando niveles previos a la crisis de 2008 y los precios de la vivienda en máximos, muchos propietarios han encontrado el momento idóneo para rentabilizar sus activos. Petrov destaca que, aunque el crecimiento del capital mobiliario en 2025 no ha sido tan elevado respecto al año anterior, sí supone un gran salto en comparación con ejercicios previos, impulsado tanto por los dividendos como por la mayor rentabilidad de depósitos y deuda pública. También subraya el cambio en las rentas inmobiliarias, especialmente por el aumento de la presión en el mercado del alquiler, muy diferente al de principios de los años 2000. Por último, recalca el fuerte aumento de las ganancias patrimoniales, favorecido por la subida de los precios tanto en activos financieros como en inmuebles. Este récord de ingresos también plantea implicaciones sociales. Petrov advierte de una economía desigual, donde una parte de la población obtiene elevados beneficios de su patrimonio, mientras que la mayoría depende de salarios que crecen más lentamente que la inflación. Además, señala que muchos indicadores de desigualdad no incluyen estas rentas del capital, lo que podría ocultar una brecha mayor de la que reflejan las estadísticas oficiales, ya que estos ingresos se concentran principalmente en los niveles más altos de renta.

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(El Economista, 04-05-2026) | Fiscal

Heredar cuesta hasta 100.000 euros más caro según la CCAA en la que se resida

Recibir una herencia en España puede implicar pagar hasta 100.000 euros más en impuestos dependiendo de la comunidad autónoma en la que se tribute. Esto se debe a que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones está completamente cedido a las regiones, que lo gestionan y recaudan, aplicando cada una sus propios tipos y bonificaciones, lo que genera importantes diferencias entre territorios. En muchas comunidades, las herencias entre familiares directos -como padres, hijos o cónyuges- están casi exentas si no superan ciertos límites, generalmente a partir de unos 300.000 euros. Sin embargo, cuando el patrimonio heredado es elevado, las diferencias fiscales se vuelven mucho más evidentes. Un ejemplo del Registro de Economistas Asesores Fiscales muestra que un hijo de 30 años que hereda 800.000 euros (incluyendo una vivienda valorada en 200.000) pagaría en Asturias más de 103.000 euros, mientras que en Andalucía, Baleares, Cantabria o Galicia no abonaría nada. Tras Asturias, Aragón sería la comunidad con mayor carga fiscal en este caso, con más de 55.000 euros a pagar, seguida de Cataluña (unos 44.500 euros), Castilla-La Mancha (cerca de 32.000) y Navarra (17.000 euros). En un nivel intermedio se sitúan regiones donde el impuesto es mucho más reducido: en el País Vasco se pagarían algo más de 3.000 euros, en Murcia unos 1.600, y en La Rioja, Madrid o la Comunidad Valenciana alrededor de 1.600 euros. Las cantidades más bajas corresponden a Castilla y León (unos 800 euros), Canarias (268 euros) y Andalucía, donde el pago sería prácticamente simbólico, en torno a 134 euros. La elevada tributación en Asturias se explica porque solo aplica bonificaciones hasta los primeros 300.000 euros y, además, cuenta con tipos impositivos más altos que otras regiones, que suelen ajustarse más a los márgenes estatales. En cambio, Asturias aplica porcentajes que pueden superar el 36%. En Aragón, la exención alcanza hasta 500.000 euros, lo que explica su posición en el ranking, mientras que en Cataluña las bonificaciones disminuyen conforme aumenta el valor de la herencia. Por el contrario, comunidades como Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana han reducido al mínimo la carga fiscal para herencias entre familiares directos. En los últimos años también se observa una tendencia a rebajar los impuestos en herencias entre familiares menos cercanos, como hermanos, tíos o sobrinos. Madrid elevó en 2025 su bonificación al 50%, Baleares incrementó sus reducciones hasta el 60% en algunos casos, y la Comunidad Valenciana aplicará una bonificación del 25% a partir de junio de 2026, que aumentará al 50% en 2027. Otras regiones, como Canarias, ya aplican bonificaciones de hasta el 99% para estos familiares, mientras que Cantabria ofrece un 50% y Galicia deja libres de tributación los primeros 25.000 euros.

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(Expansión, 04-05-2026) | Laboral

La presencia de mujeres en la alta dirección se estanca

La proporción de mujeres en puestos de alta dirección dentro de las empresas cotizadas en la Bolsa española alcanzó el 26,4% el año pasado, según los informes de gobierno corporativo de 2025 enviados a la CNMV. Esta cifra -que no incluye a las directivas que forman parte de los consejos de administración- supone un aumento respecto al 24,83% de 2024 y al 23,07% de 2023. Sin embargo, en los últimos cinco años el avance ha sido limitado, con un incremento total de apenas seis puntos. La normativa española sobre igualdad en la representación de hombres y mujeres, vigente desde agosto de 2024, fija como plazo hasta el 30 de junio de 2027 para que las empresas cotizadas cuenten con al menos un 40% del sexo menos representado en sus consejos de administración, generalmente mujeres. Esta exigencia también afecta a los equipos de alta dirección. Actualmente, estas compañías suman 985 altos cargos directivos, de los cuales 254 están ocupados por mujeres, por lo que aún serían necesarias unas 140 más para alcanzar el objetivo del 40% que marca la ley. El mayor peso femenino se encuentra en las empresas del Ibex, donde a finales de 2025 había 113 mujeres en puestos directivos, lo que representa un 29% del total, casi tres puntos más que el año anterior. Dado que las grandes cotizadas deben cumplir antes con esta exigencia -en junio de este mismo año-, todavía necesitarían incorporar alrededor de medio centenar de mujeres para alcanzar ese umbral. Dentro del Ibex, ocho de sus 35 compañías ya cuentan con un 40% o más de mujeres en la alta dirección. Aena lidera esta clasificación, con seis directivas de un total de nueve, lo que equivale a un 66,6%. También destacan los laboratorios Rovi, donde las mujeres representan el 57,14% tras aumentar su equipo directivo de once a catorce miembros en un año, incorporando tres nuevas directivas. El mismo porcentaje se registra en Colonial, con cuatro mujeres de siete cargos. Según los datos más recientes, Enagás cuenta con un 54,54% de mujeres en su alta dirección, mejorando respecto a años anteriores. Iberdrola alcanza el 50%, mientras que Redeia llega al 42,85% y Acciona Energía al 41,66%. A este grupo se ha sumado Logista, que ha elevado su presencia femenina al 44,4%. Por otro lado, otras siete compañías superan el 30% de mujeres en puestos directivos, entre ellas Acciona, ACS, Banco Sabadell, Bankinter, IAG y Puig. Además, seis empresas más -Amadeus, BBVA, Inditex, Naturgy, Repsol y Sacyr- rebasan el 25% de representación femenina en sus equipos de alta dirección.

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(El País, 04-05-2026) | Laboral

El Supremo fija que el permiso de cuatro días por urgencias familiares debe retribuirse

El Tribunal Supremo ha aclarado definitivamente que el permiso por causas familiares urgentes debe ser remunerado por las empresas. La Sala de lo Social ha determinado que las ausencias de hasta cuatro días al año por este tipo de situaciones deben pagarse obligatoriamente, aunque no esté contemplado de forma explícita en convenios colectivos o acuerdos internos. Este permiso fue aprobado por el Gobierno en junio de 2023 al adaptar la normativa española a una directiva europea sobre conciliación laboral y personal. La medida incorporó al Estatuto de los Trabajadores el derecho a ausentarse hasta cuatro días al año para atender emergencias graves o imprevistas que afecten a familiares o convivientes, diferenciándose de otros permisos como el de cinco días por hospitalización o intervención quirúrgica. El caso llegó al Supremo tras el recurso de una empresa del sector de atención al cliente contra una sentencia previa de la Audiencia Nacional, que en febrero de 2024 le obligaba a abonar estos días. El conflicto surgió a raíz de demandas sindicales frente a la decisión de la compañía de no pagar estas ausencias, al considerar que no era obligatorio si no figuraba en el convenio. En su fallo del 17 de abril, el alto tribunal respalda por completo la decisión de la Audiencia Nacional y fija doctrina. Los magistrados sostienen que el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores es claro al reconocer el derecho a percibir remuneración durante estas ausencias justificadas, sin margen para interpretaciones distintas. Según el Supremo, el texto legal es contundente y no deja lugar a dudas: el permiso debe ser retribuido dentro del límite de cuatro días, ya que su redacción no admite otra interpretación posible. Asimismo, el tribunal señala que, aunque la norma menciona la posibilidad de que los convenios colectivos desarrollen este derecho, eso no implica que su aplicación dependa de la negociación o de la voluntad empresarial, sino que constituye un mínimo legal garantizado. Además, destaca que el legislador español ha ido más allá de lo exigido por la normativa europea al establecer claramente la obligatoriedad de retribuir estas ausencias. Por último, el Supremo recuerda que esta medida busca facilitar la conciliación entre vida laboral y personal, promoviendo una mayor corresponsabilidad en el ámbito familiar y favoreciendo la igualdad efectiva, especialmente al incentivar una mayor implicación de los hombres en tareas de cuidado que tradicionalmente han recaído en las mujeres.

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(El Economista, 04-05-2026) | Laboral

Los jueces ya hacen fijos a los interinos y dan indemnizaciones adicionales por daños

  Los tribunales españoles están empezando a reconocer como indefinidos a empleados públicos temporales que han acumulado contratos durante largos periodos, además de fijar compensaciones económicas superiores a las previstas en la normativa vigente. En las últimas semanas, tres juzgados han dictado resoluciones que aplican la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de abril, en la que se señalaba que la Administración debe ser sancionada por mantener durante años a estos trabajadores en una situación de abuso y falta de estabilidad. El tribunal europeo también indicó que actualmente no existen mecanismos eficaces para reparar el perjuicio causado ni para evitar que estas prácticas continúen. Uno de los casos más destacados es el resuelto el 27 de abril por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid, que declaró como trabajadora indefinida -aunque no funcionaria de carrera- a una interina que había trabajado durante 20 años en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. El juez anuló su cese y concluyó que la Administración había abusado de su situación de temporalidad durante dos décadas. El fallo se apoya en el criterio europeo, que considera insuficiente la figura del "indefinido no fijo" utilizada hasta ahora por los tribunales españoles, ya que mantiene cierta precariedad. También cuestiona que la indemnización por despido improcedente vigente -33 días por año trabajado- sea suficiente para compensar el daño sufrido. En esta línea, el Juzgado de lo Social número 3 de Vigo concedió el 20 de abril una indemnización de más de 52.000 euros a una trabajadora que encadenó contratos temporales durante 18 años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aunque posteriormente logró una plaza fija. El juez tuvo en cuenta no solo su trayectoria laboral, sino también la incertidumbre, la inestabilidad y el impacto personal derivados de esa situación prolongada. Para calcular la compensación, se valoraron factores como el tipo de funciones desempeñadas, la duración y número de contratos, las posibles ganancias perdidas y el perjuicio causado por la falta de estabilidad. Otro caso similar se resolvió en Badajoz, donde un juzgado reconoció una indemnización de 16.000 euros a una trabajadora cesada cuando su puesto fue ocupado por un funcionario, a pesar de que ella misma consiguió posteriormente una plaza tras superar un proceso selectivo. El juez consideró que su despido debía tratarse como el de una trabajadora indefinida no fija, superando así lo establecido por la ley de 2021, que limita las compensaciones en estos casos. Todas estas decisiones pueden ser recurridas, y será el Tribunal Supremo quien establezca un criterio definitivo tras pronunciarse sobre la interpretación del fallo europeo. Actualmente, cerca de un tercio de los empleados públicos en España -alrededor de un millón- tiene contratos temporales. De ellos, unos 125.000 se encuentran en situación de abuso por haber encadenado contratos durante años, según el sindicato CSIF. Se estima que entre 30.000 y 40.000 casos ya están siendo tramitados en los tribunales.

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(El Economista, 04-05-2026) | Laboral

El desempleo de larga duración se reduce casi un 20% en un año

El paro continúa apareciendo de forma recurrente entre las principales preocupaciones de los ciudadanos según el CIS. Aunque en los últimos años el número de desempleados ha descendido hasta niveles similares a los anteriores a la crisis de 2008, todavía hay más de 2,7 millones de personas sin trabajo. La última Encuesta de Población Activa reflejó un ligero aumento del desempleo, impulsado por quienes llevan menos de seis meses buscando empleo, mientras que el número de parados de muy larga duración -más de dos años- ha caído cerca de un 20% en el último año. Este grupo es el que más inquieta tanto a agentes sociales como a responsables políticos, ya que se trata de personas que pueden haber perdido motivación o habilidades tras largos periodos sin trabajar. Además, muchos superan los 52 años y tienen acceso a un subsidio que cotiza para la jubilación, lo que algunos interpretan como una salida anticipada del mercado laboral. Entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026, el número de desempleados que llevan más de dos años en paro se redujo en más de 111.000 personas. Aunque aún superan el medio millón, se trata del nivel más bajo para este periodo desde 2010 y supone casi la mitad que antes de la pandemia, cuando en 2019 había más de un millón en esta situación. Aun así, la cifra sigue lejos de los niveles de 2008, cuando rondaban los 240.000. Pese a esta mejora, la estructura por edades apenas ha cambiado: el desempleo de larga duración se concentra en las personas de mayor edad, especialmente aquellas cercanas a la jubilación. El grupo más numeroso es el de entre 55 y 59 años, seguido por los mayores de 60, los que superan los 50 y, en menor medida, los que están al final de la cuarentena. En cambio, los jóvenes representan una proporción mucho menor, en parte porque han sido los principales beneficiarios de la creación de empleo en los últimos años. Los expertos suelen señalar este tipo de desempleo como uno de los principales obstáculos para reducir la tasa de paro en España hasta niveles comparables con los europeos. En el primer trimestre del año, quienes llevaban más de dos años sin empleo representaban el 20% del total; si se amplía el concepto a más de un año, la proporción alcanza el 35%. No obstante, esta cifra ha bajado en más de diez puntos desde 2022, coincidiendo con la reforma laboral. Por otro lado, según el Ministerio de Trabajo, en marzo había 465.829 personas mayores de 52 años cobrando el subsidio por desempleo, dentro de un total de más de 790.000 beneficiarios de esta ayuda. Aunque este número ha disminuido ligeramente respecto al año anterior, la reducción ha sido menor que la experimentada por el paro de larga duración.

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(La Vanguardia, 04-05-2026) | Laboral

Yolanda Díaz afirma que el Gobierno aprobará el registro horario "antes de verano"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el Gobierno prevé aprobar "antes del verano" la reforma del control horario, y que lo hará sin introducir modificaciones relevantes respecto al texto que recibió críticas del Consejo de Estado en un informe especialmente duro. En una entrevista con La Vanguardia, Díaz indicó que llevará esta propuesta a la próxima Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. A pesar de las diferencias mantenidas con el Ministerio de Economía, aseguró que el Ejecutivo ha adoptado ahora "la postura adecuada", defendiendo el cumplimiento de la legalidad y la remuneración y cotización de las horas extraordinarias. En relación con el informe del Consejo de Estado, afirmó respetarlo pero no compartir sus conclusiones. "Que en pleno siglo XXI se hable de tornos refleja una visión de un país que ya no existe, cuando la mayoría de empresas cuentan con sistemas digitales", señaló. La ministra destacó que actualmente se realizan alrededor de dos millones y medio de horas extra irregulares que no se pagan, y subrayó que la reforma contribuirá también a un aumento efectivo de los salarios. Por otro lado, aseguró mantener una excelente relación personal con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aunque reconoció diferencias en materia económica, similares a las que ya tenía con su predecesora, Nadia Calviño. Respecto al futuro de la izquierda, y tras descartar su candidatura en próximas elecciones generales, Díaz defendió que el objetivo principal es movilizar a un país con mayoría progresista. No obstante, evitó posicionarse sobre quién debería liderar ese espacio político, señalando que nunca ha querido entrar en el debate de nombres, pese a que otros sí lo hicieron en su caso.

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