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(Expansión, 31-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE mantiene los tipos en el 2% y se enfrían las posibilidades de nuevos recortes

El banco central ha decidido mantener su pausa monetaria, que ya supera los cuatro meses, al considerar que el nivel actual de los tipos de interés es adecuado para afrontar las posibles incertidumbres del entorno económico. Ni siquiera el encanto de Florencia ha alterado la decisión del Banco Central Europeo (BCE), que acudía a la reunión con la firme intención de no modificar los tipos. La institución ha confirmado que el precio del dinero continúa en el 2%, el mismo nivel en el que se mantiene desde junio. Bajo la presidencia de Christine Lagarde, el BCE ha vuelto a optar por la estabilidad, sin dejar espacio a sorpresas. En esta ocasión, los mercados ya daban por segura la decisión, puesto que ninguno de los miembros del Consejo de Gobierno -ni siquiera los más prudentes- había manifestado públicamente su apoyo a una bajada de tipos, cada vez menos probable. "La inflación se mantiene cerca del objetivo del 2% a medio plazo, y la valoración de las perspectivas apenas ha variado", señaló el BCE en su comunicado. El organismo destacó además que la fortaleza del mercado laboral, la buena salud financiera del sector privado y las reducciones previas de tipos siguen siendo factores clave que sostienen la resiliencia económica. Los responsables de política monetaria consideran que el BCE se encuentra en una posición sólida para hacer frente a posibles turbulencias, ajustando los tipos ligeramente al alza o a la baja si fuera necesario. Sin embargo, al mantenerlos sin cambios en esta reunión, la cita de diciembre en Fráncfort se perfila como la última oportunidad del año para un eventual recorte de tipos, algo que parece cada vez menos probable. Lagarde defendió el buen momento de la economía europea, que creció por encima de las previsiones en el segundo trimestre. Ese dinamismo, impulsado por una mejora del consumo gracias a la recuperación del poder adquisitivo de los hogares, ha reducido parte de las incertidumbres que pesaban sobre la región. Según la presidenta, algunos de los principales riesgos económicos "se han moderado", y aunque persisten amenazas geopolíticas, el BCE muestra mayor confianza. "Aunque el contexto global sigue siendo un desafío, la situación interna de Europa es más favorable, con más empleo y mayor capacidad de gasto entre los ciudadanos", explicó el BCE. Esta combinación de crecimiento estable e inflación controlada reduce la necesidad de aplicar recortes preventivos en los tipos de interés. Pese a que la Reserva Federal estadounidense ha continuado su ciclo de bajadas con una reducción de 25 puntos básicos esta semana, el BCE no siente presión para seguir su ejemplo. La diferencia entre ambos tipos de interés sigue siendo amplia -superior a los 175 puntos básicos-, pero sin generar tensiones. De hecho, el euro se ha estabilizado tras la fuerte apreciación que lo llevó a rozar los 1,18 dólares. Aun así, el BCE mantiene una postura cautelosa. La institución insiste en que tomará sus decisiones de forma gradual, reunión a reunión, en función de los datos económicos. Esta actitud flexible deja abierta la posibilidad de futuros recortes, aunque de manera muy moderada. La prudencia se ha convertido en la principal herramienta del banco central para afrontar un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica y económica, manteniendo su credibilidad y margen de maniobra. En cualquier caso, cuanto más se prolonga esta pausa, más evidente resulta que el ciclo de relajación monetaria se acerca a su fin, y que las opciones para nuevas bajadas de tipos son cada vez más limitadas.

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(El País, 31-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación repunta una décima en octubre hasta el 3,1%, el nivel más alto del año

La inflación volvió a acelerarse en octubre y subió una décima, situándose en el 3,1%, según el dato adelantado publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si este porcentaje se confirma, sería el más alto del año -no se veía una cifra similar desde junio de 2024-, lo que refuerza la idea de que el proceso de contención de los precios atraviesa una fase de estancamiento. La inflación subyacente, que excluye los productos más volátiles como la energía y los alimentos frescos, también aumentó una décima, hasta el 2,5%, su nivel más elevado en lo que va de 2025, aunque sigue siendo inferior al índice general. Tanto el Ministerio de Economía como el INE atribuyen el repunte, principalmente, al encarecimiento de la electricidad -más acusado que en el mismo mes del año anterior- y al aumento de los precios del transporte aéreo y ferroviario. Aun así, estos incrementos se vieron parcialmente compensados por la bajada del precio de los carburantes, consecuencia del abaratamiento del petróleo. Con esta nueva subida, los precios acumulan ya cinco meses consecutivos de aceleración -si se exceptúa agosto, cuando el incremento fue del 2,7%, igual que en julio-. Las previsiones, sin embargo, apuntan a una moderación gradual tanto este año como el próximo. Será un proceso lento: como en una carrera de fondo, los últimos tramos resultan los más difíciles. "El pronóstico es que la inflación cierre 2025 con una media del 2,5%", señala Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España. "Los indicadores que anticipan la evolución futura de los precios y la tendencia de la inflación subyacente sugieren que la desaceleración continuará de forma paulatina en 2026, hasta alcanzar aproximadamente el 2,3%", añade. Los datos se conocen un día después de que el INE publicara el crecimiento del PIB entre julio y septiembre: un 0,6%, cifra ligeramente inferior a la de trimestres previos, pero suficiente para mantener a España como uno de los países con mayor expansión económica de Europa. Todo apunta a que, por segundo año consecutivo, será la gran economía desarrollada que más crezca, algo destacable teniendo en cuenta el contexto internacional marcado por tensiones comerciales y una eurozona con un crecimiento débil. Hace apenas unas semanas, el Financial Times definía a España como "la principal economía de mayor crecimiento en Europa y una de las más sólidas del mundo desarrollado". Este dinamismo económico, sin embargo, también tiene su contrapartida en los precios. El crecimiento se apoya en la demanda interna -especialmente en el consumo de los hogares y la inversión-, que ha sustituido al sector exterior como principal motor de la economía. Mientras que las exportaciones fueron clave en la recuperación pospandemia, ahora restan impulso al PIB. En ese contexto, el aumento de la inflación "refleja la fortaleza de la demanda interna, confirmada por los datos de PIB, junto con una menor competencia en el sector servicios", explica Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas. En otras palabras, el mayor gasto de los hogares -favorecido por el empleo, las subidas salariales y el crecimiento de la población- está dificultando una caída más rápida de los precios. "Los servicios están presionando más de lo esperado. A esto se suma el repunte de la electricidad, que evoluciona peor que el año pasado, y el encarecimiento relativo de los alimentos", añade el economista, quien prevé que la inflación española tardará en converger con la media europea. El índice de precios en España sigue por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE) y de la media de la eurozona, que fue del 2,2% en septiembre (el dato de octubre se conocerá el viernes). Precisamente este jueves, el BCE celebra una reunión en Florencia para decidir sus próximos pasos, aunque se espera que mantenga los tipos de interés sin cambios, como en las dos reuniones anteriores, ante una inflación más controlada y una ligera mejora económica en el bloque. En España, la inflación llegó a situarse por debajo del 2% tras los máximos registrados entre 2021 y 2022. Aquel repunte fue consecuencia de los desequilibrios entre oferta y demanda tras la pandemia, agravados por la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Los precios alcanzaron entonces niveles de dos dígitos, algo que no ocurría desde hacía casi 40 años. La moderación comenzó en la segunda mitad de 2022 y, aunque con altibajos, los precios se fueron acercando a niveles más normales. Desde mayo pasado, sin embargo, la presión inflacionaria ha vuelto a aumentar, debilitando el proceso de desinflación. Aunque el ritmo de subida es mucho menor que el de hace unos años, el encarecimiento de los bienes y servicios continúa afectando al poder adquisitivo de las familias y sigue siendo una de las variables macroeconómicas más difíciles de estabilizar. "Para los hogares con rentas más bajas, el aumento de los gastos básicos -como vivienda, energía y transporte- supone una carga financiera considerable, profundizando las desigualdades existentes", advierte José Antonio Vega, profesor de Economía en Comillas ICADE, quien teme que la presión sobre los precios se traslade a los salarios. Además, el encarecimiento de los alimentos impacta con más fuerza en las familias vulnerables. Desde 2019, los precios de los alimentos han subido un 30% en la eurozona, según el BCE, y en España, la cesta de la compra se ha incrementado más de un 30% desde mediados de 2021, frente al 19% del índice general. Habrá que esperar dos semanas para saber si el INE confirma o revisa el dato adelantado de octubre. En septiembre, el organismo corrigió al alza la cifra inicial, del 2,9% al 3%, que hasta ahora era la más alta del año, igualando el registro de febrero.

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(El País, 31-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El turismo se traslada masivamente a los apartamentos por los altos precios de los hoteles

El sector turístico empieza a mostrar señales de un posible cambio de ciclo, impulsado por la reacción de la demanda ante los altos precios hoteleros, que siguen marcando récords y alcanzan una media de 170 euros por noche entre enero y septiembre, según el último barómetro elaborado por Cushman & Wakefield y STR. Esta tendencia se refleja claramente al comparar los datos de pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros con los de hoteles. Según las cifras publicadas por el INE, durante los nueve primeros meses de 2025 se registraron 61 millones de pernoctaciones en alojamientos como apartamentos turísticos, lo que supone un aumento del 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior. En cambio, los hoteles apenas crecieron un 0,8%, alcanzando 293,5 millones de estancias hasta septiembre. La diferencia de precios es el principal factor que explica esta evolución. Una habitación de hotel -con capacidad máxima para dos personas- cuesta prácticamente lo mismo que un apartamento turístico, donde pueden alojarse al menos cuatro. El INE sitúa el precio medio de un apartamento en 180 euros por noche, lo que ayuda a entender la menor ocupación hotelera registrada durante el verano. Este desplazamiento de la demanda desde los hoteles hacia los apartamentos no solo afecta al turismo nacional, más sensible a las subidas de precios, sino también al turismo internacional. Entre enero y septiembre de 2025, las pernoctaciones hoteleras de turistas españoles se redujeron un 0,2%, mientras que las estancias en apartamentos aumentaron un 3%. Aun así, los hoteles siguen dominando en volumen, con 97,5 millones de noches, frente a los 18 millones en apartamentos. La misma tendencia se observa entre los viajeros extranjeros, que suponen dos tercios de las reservas totales. En su caso, las pernoctaciones hoteleras crecieron solo un 1,3%, mientras que las de apartamentos lo hicieron un 6,3%. En el mes de septiembre, las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 5,8%, con un 1,9% más de residentes y un 7,6% más de no residentes, en línea con la evolución del año. En los hoteles, el crecimiento fue mucho menor: apenas un 1,2% (1,3% en residentes y 1,1% en extranjeros). El Reino Unido se mantuvo como el principal mercado emisor, concentrando el 34,3% del total de pernoctaciones. En cuanto a destinos, Canarias fue la región preferida para alojarse en apartamentos, con más de 2,2 millones de noches y un incremento del 11,7% respecto a septiembre de 2024. Baleares, por su parte, registró la mayor ocupación, con el 81,3% de los apartamentos disponibles. Por zonas turísticas, la Costa Blanca destacó como el destino más popular, con más de 900.000 pernoctaciones, mientras que Lanzarote alcanzó la ocupación más alta, del 87,8%. Los municipios con mayor número de estancias fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

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(Cinco Días, 30-10-2025) | Fiscal

La AIReF eleva hasta el 3% su previsión de crecimiento del PIB este año y al 2,1% el próximo año

La economía española mantiene un buen momento de crecimiento, pese al complejo contexto internacional. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha mejorado sus previsiones tanto de PIB como de déficit público para los próximos años. Este cambio representa un giro importante respecto a su anterior estimación, publicada en julio, cuando preveía una posible guerra comercial global que finalmente no se ha producido. Además, los últimos datos del INE, junto con las revisiones recientes de las series estadísticas, muestran un desempeño más sólido de lo esperado. "El panorama es positivo, especialmente a corto plazo", afirmó la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en una rueda de prensa. La institución eleva su previsión de crecimiento del PIB hasta el 3% en 2025, siete décimas más que en su estimación anterior, y mejora también la de 2026, del 1,7% al 2,1%. Esto sugiere que la AIReF espera una desaceleración más gradual, apoyada principalmente en la fortaleza de la demanda interna, impulsada por el consumo privado y la inversión. Estas proyecciones aún no reflejan el dato del tercer trimestre, publicado esta semana, que mostró un deterioro notable de la demanda externa durante el verano. En cuanto a las finanzas públicas, el organismo prevé una reducción del déficit mayor de la prevista anteriormente. Según sus cálculos, el saldo negativo bajará al 2,5% del PIB en 2025 y al 2% en 2026. De cumplirse, España lograría su primer superávit primario -es decir, antes de pagar los intereses de la deuda- desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria. Teniendo en cuenta que el déficit cerró 2024 en el 3,2%, en solo dos ejercicios se habrían recortado 1,2 puntos del PIB. Sin embargo, la AIReF advierte de que este escenario favorable tiene fecha de caducidad. A partir de 2027, el organismo prevé un empeoramiento progresivo de las cuentas públicas y del crecimiento. Ese será el año en que finalice la ejecución de los fondos europeos Next Generation, y en el que el gasto público empezará a aumentar con fuerza. Entre las causas, destaca el inicio masivo de las jubilaciones del 'baby boom', que generará una fuerte presión sobre el sistema de pensiones; el aumento de los intereses de la deuda, que alcanzarán el 2,7% del PIB; y el incremento del gasto en defensa, derivado de los compromisos adquiridos en años previos. Por el lado del crecimiento económico, también se espera una pérdida de impulso en los principales motores actuales, como el turismo y la inmigración, que han sostenido el crecimiento reciente. "La evolución positiva se interrumpe a partir de 2027", advirtió Herrero. En este contexto, la AIReF calcula que, si no se introducen nuevos ajustes, el déficit público dejará de disminuir en 2027 y comenzará a repuntar, situándose nuevamente en torno al 2,5% del PIB al final de la década. Es decir, se agotará el efecto favorable del ciclo económico, y será necesario adoptar medidas estructurales para controlar el gasto o aumentar los ingresos. Además, 2027 marcará el límite del margen fiscal permitido por las nuevas reglas europeas. Según el plan pactado con la Comisión Europea, España registrará una desviación del gasto neto del 0,4% del PIB anual y del 0,8% acumulado desde 2024, cifras que superan los límites establecidos y que podrían situar al país en riesgo de volver a un Procedimiento de Déficit Excesivo. Hasta entonces, España podrá cumplir con Bruselas gracias al fuerte ciclo económico, impulsado por el turismo y la inmigración. Estos dos factores han sido responsables de casi el 80% del crecimiento español entre 2022 y 2024: la inmigración aportó algo más de un tercio, y el turismo, el 45%. Este dinamismo, junto con la prórroga presupuestaria, ha permitido reducir rápidamente el déficit público. No obstante, la AIReF advierte que ambos motores se irán debilitando en los próximos años. Como resultado, el ritmo de crecimiento del PIB descenderá progresivamente en la segunda mitad de la década, hasta situarse en torno al 1,5% en 2029, la mitad del actual. A esto se sumarán las nuevas presiones de gasto, especialmente por pensiones y deuda pública, lo que transformará el escenario fiscal y hará más difíciles los futuros ajustes económicos.

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(Expansión, 30-10-2025) | Fiscal

Hacienda podrá usar pruebas antiguas para abrir nuevos expedientes

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha determinado que la Agencia Tributaria puede utilizar la documentación solicitada durante una inspección para ampliar una investigación ya iniciada o incluso abrir un nuevo procedimiento, siempre que las actuaciones no hayan prescrito. Según la resolución, fechada el 20 de octubre, la Inspección de Hacienda tiene derecho a emplear las pruebas y documentos obtenidos en un proceso fiscal para examinar otros impuestos o ejercicios distintos, lo que otorga al Fisco una mayor capacidad de actuación. Esta decisión es relevante tanto para los inspectores como para los contribuyentes sometidos a comprobaciones, ya que, en la práctica, permitirá a la Administración reutilizar la información aportada en una inspección en otros procedimientos posteriores. El caso analizado por el TEAC se refiere a un contribuyente al que se le pidió documentación en una inspección sobre sus declaraciones del IVA de 2018, 2019 y 2020, y sobre el IRPF de 2020. Tras revisar las pruebas, la Inspección amplió el alcance del procedimiento e incluyó también las declaraciones de la renta de 2018 y 2019, sin la aprobación previa del inspector jefe, usando los mismos documentos entregados inicialmente. Con base en esa información, el contribuyente fue sancionado por irregularidades en los tres ejercicios. Este recurrió alegando un uso indebido de las pruebas, y el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Andalucía le dio la razón, anulando las sanciones de 2018 y 2019. Sin embargo, el TEAC ha revocado esa decisión, validando que Hacienda pueda utilizar documentación previa para ampliar o iniciar nuevas comprobaciones. El TEAC argumenta que no tendría sentido exigir a la Administración repetir solicitudes de información ya obtenida, pues ello vulneraría los principios de eficiencia, proporcionalidad y reducción de costes para el contribuyente, recogidos en la Ley General Tributaria. Además, los contribuyentes no están obligados a presentar de nuevo documentos que ya obran en poder de la Administración. El abogado fiscalista José María Salcedo, socio del despacho Salcedo Tax Litigation, destaca la importancia del "principio del hallazgo casual" que se aplica en esta resolución. Este principio implica que, si Hacienda encuentra información relevante para otras comprobaciones -del mismo contribuyente o de otro- durante una inspección, puede utilizarla, siempre que no se haya obtenido de manera ilegal. El TEAC refuerza esta interpretación señalando que no sería coherente limitar el uso de información obtenida legalmente dentro de un procedimiento contra un mismo contribuyente, cuando ya está permitido emplearla en otros procesos incluso relacionados con terceros. En resumen, el tribunal entiende que, si es válido usar esas pruebas contra otro contribuyente, también debe serlo para ampliar la inspección al mismo. Los expertos fiscales consideran que esta resolución tiene un gran impacto práctico: advierte que cualquier documento entregado durante una inspección puede ser reutilizado más adelante. Esto fortalece a la Administración, pero también marca ciertos límites, como la obligación de que las pruebas se obtengan de forma lícita y dentro de los plazos legales. La decisión se suma a otras resoluciones que han generado debate sobre los métodos de obtención de pruebas por parte del Fisco, especialmente en lo relativo a los registros domiciliarios, donde los tribunales han restringido la actuación de la Agencia Tributaria por vulnerar derechos fundamentales. Dadas las posibles implicaciones de esta resolución -que podría afectar a miles de contribuyentes investigados por IRPF, IVA o Sociedades-, los fiscalistas recomiendan revisar cuidadosamente las fechas y el alcance formal de las inspecciones, verificar la legalidad del origen de las pruebas utilizadas y conservar toda la documentación aportada de forma ordenada y separada. Según los expertos, la resolución supone una advertencia para los contribuyentes, pero también busca mejorar la eficiencia administrativa y evitar duplicidades, siempre dentro del respeto a las garantías legales.

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(El Economista, 30-10-2025) | Fiscal

El Supremo rebaja la tributación de una herencia a los nuevos beneficiarios tras una renuncia

El Tribunal Supremo (TS) ha aclarado cómo deben tributar los beneficiarios de una herencia cuando el heredero principal renuncia a los bienes. En una sentencia del 15 de octubre, el alto tribunal establece los criterios para aplicar el Impuesto de Sucesiones en función de si el heredero sustituto figura expresamente o no en el testamento. La resolución determina que, si el testamento menciona a una persona como sustituta del heredero principal -es decir, designada para recibir el legado en caso de renuncia del primero-, esa persona podrá beneficiarse de una tributación más favorable, aplicando el tipo impositivo correspondiente a su grado de parentesco con el fallecido. Por el contrario, si el testamento no hace referencia a ningún sustituto, el beneficiario que finalmente reciba la herencia deberá tributar según el coeficiente fiscal del heredero original que rechazó la herencia, siempre que este sea más alto que el que le correspondería por su parentesco. El Supremo, en una sentencia que sienta jurisprudencia, realiza un análisis detallado para armonizar los distintos preceptos de la Ley del Impuesto de Sucesiones y su Reglamento relativos a la renuncia y sustitución de herederos. Según el fallo, el objetivo es ofrecer una interpretación coherente que evite contradicciones y contribuya a perfeccionar el sistema jurídico. En primer lugar, el tribunal aclara que, cuando un heredero renuncia al legado, no llega a producirse la adquisición de la herencia, por lo que no debe pagar el impuesto correspondiente. A partir de ahí, recuerda que el artículo 774 del Código Civil contempla la figura de la sustitución hereditaria, que permite al testador designar un segundo heredero para el caso de que el primero no pueda o no quiera aceptar la herencia. Esta figura ofrece al testador un mecanismo para garantizar que la sucesión recaiga en la persona de su elección. Así, la sentencia concluye que, cuando en el testamento se haya nombrado expresamente un sustituto y el primer heredero renuncie, el beneficiario sustituto deberá tributar en función de su propio patrimonio y del grado de parentesco que mantenga con el fallecido. En cambio, si no existe mención expresa de sustituto y el heredero inicial renuncia de forma pura y simple, el nuevo beneficiario tributará igualmente conforme a su parentesco, salvo que el renunciante tuviera un coeficiente fiscal más alto, en cuyo caso se aplicará ese coeficiente superior. El caso que dio origen a esta sentencia enfrentaba a un padre -en representación de su hijo menor de edad- con la Agencia Tributaria. El padre había heredado de su madre, pero renunció a la herencia en favor de su hijo, quien sí figuraba en el testamento como heredero sustituto. Gracias a ello, el menor pudo tributar dentro del Grupo I, correspondiente a descendientes directos menores de 21 años, con derecho a una reducción de 15.956 euros, más 3.990 euros por cada año que le faltara para cumplir 21, con un máximo de 47.858 euros. Si el niño no hubiera estado mencionado como sustituto en el testamento, habría tenido que tributar aplicando el coeficiente fiscal de su padre, situado en el Grupo II, que corresponde también a descendientes directos pero mayores de 21 años, con una reducción fija de 15.956 euros.

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(El Economista, 30-10-2025) | Fiscal

Hacienda ya está enviando las cartas del miedo a cientos de miles de contribuyentes: se enfrentan a recargos de hasta el 20%

Casi cuatro meses después de que finalizara la Campaña de la Renta, miles de contribuyentes españoles están recibiendo las llamadas "cartas del miedo" de Hacienda, con las que el organismo busca regularizar su situación fiscal o aclarar posibles discrepancias en sus datos. Según el portal especializado TaxDown, el año pasado la Agencia Tributaria envió alrededor de dos millones de notificaciones, la mayoría concentradas en los últimos meses del año, por lo que se espera un repunte de envíos antes de que finalice 2025. De acuerdo con las estimaciones del área fiscal de la plataforma, aproximadamente el 60% de estas comunicaciones se emiten entre octubre y diciembre, lo que equivale a cientos de miles de contribuyentes afectados. El impacto de estas notificaciones se refleja en los resultados: desde su implantación en 2016, Hacienda ha recaudado unos 1.600 millones de euros adicionales, lo que demuestra la efectividad de estas advertencias. Las "cartas del miedo" son notificaciones que la Agencia Tributaria envía cuando detecta alguna irregularidad o incidencia en la declaración de la Renta. En muchos casos, se solicitan documentos adicionales para contrastar la información presentada. No obstante, también pueden enviarse simplemente para verificar ciertos datos antes de finalizar la liquidación del IRPF. Estas comunicaciones suelen recibirse por correo postal, aunque algunos contribuyentes pueden recibirlas mediante SMS si la Agencia dispone de su número de teléfono. Existen distintos tipos de cartas, que pueden ir desde simples avisos informativos hasta notificaciones más serias. Algunas solo informan de una situación sin requerir respuesta, mientras que otras exigen documentación adicional o incluyen una propuesta de liquidación con los cambios que Hacienda considera necesarios. En ciertos casos, las cartas comunican la resolución de un procedimiento, detallan un calendario de pagos, informan de un embargo o notifican el inicio de una inspección o un expediente sancionador. Una de las causas más frecuentes por las que un contribuyente puede recibir una de estas notificaciones es no haber pagado una deuda con Hacienda derivada de un resultado "a ingresar" en su declaración. Si el pago se realiza de forma voluntaria, el recargo es del 5% sobre la deuda. En cambio, si el aviso llega mediante requerimiento de la Agencia Tributaria, el recargo puede elevarse entre el 10% y el 20%, dependiendo del momento en que se efectúe el pago.

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(El Confidencial, 30-10-2025) | Fiscal

Los impuestos sobre la renta y la riqueza de los hogares han subido un 50% en 25 años

La carga fiscal sobre los hogares españoles que pagan IRPF ha aumentado notablemente en los últimos 25 años, concentrándose especialmente sobre los salarios para financiar el incremento del gasto público. Aunque el PIB y el empleo alcanzan niveles récord, muchas familias continúan percibiendo un malestar económico, algo que reflejan de forma reiterada en las encuestas. Una de las principales razones de este descontento es la mayor presión fiscal, impulsada por la llamada progresividad en frío del IRPF: al ser un impuesto progresivo, el aumento de los salarios nominales eleva también el tipo efectivo que pagan los contribuyentes, incluso si su poder adquisitivo real no mejora. Según los últimos datos de Eurostat, España es el segundo país de la UE donde más han aumentado los impuestos sobre la renta y el patrimonio de los hogares en lo que va de siglo. En apenas 25 años, el tipo efectivo medio ha pasado del 9,5% al 14,3%, lo que supone un incremento del 50%. En términos absolutos, los hogares pagaron en el último año unos 162.500 millones de euros en impuestos directos, es decir, el 14,3% de su renta antes de impuestos y transferencias. Para ilustrarlo con un ejemplo: un hogar con 30.000 euros de renta bruta pagaba en el año 2000 unos 2.900 euros de impuestos, mientras que ahora paga cerca de 4.300 euros. En conjunto, esto equivale a 55.000 millones de euros adicionales de carga fiscal acumulada en los últimos 25 años. Sin embargo, no todas las rentas tributan igual. Los ingresos del trabajo soportan tipos impositivos más altos que los del capital, y el IRPF establece tramos progresivos con mínimos exentos. Por ejemplo, un salario destinado a crear un nuevo empleo paga menos impuestos que un aumento de sueldo, porque el nuevo trabajador tiene parte de su renta libre de tributación. Este diseño fiscal ha tenido consecuencias importantes. Dado que el crecimiento económico reciente de España se ha apoyado en la creación de empleo, en muchos casos de bajo valor añadido, se ha limitado parcialmente el aumento del tipo medio. Aun así, los trabajadores ya empleados han asumido la mayor parte del incremento impositivo, especialmente las clases medias, que soportan el grueso de la financiación del Estado del bienestar. El tipo de retención del IRPF sobre los salarios es un buen ejemplo: ha pasado del 13,75% en 2000 al 17% en 2024, un aumento del 25%, y aún mayor en el sector público (un 34%), debido a la fuerte subida de las retribuciones en las administraciones. No obstante, los tramos más bajos se han beneficiado de la actualización del mínimo exento, ligada a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que ha reducido la carga en esas rentas. En conjunto, los datos muestran que los salarios han financiado la mayor parte del aumento del gasto público en las dos últimas décadas, especialmente destinado al pago de pensiones. Por eso, muchos trabajadores perciben que, aunque sus sueldos hayan subido, su poder adquisitivo neto ha caído: el mismo salario real paga hoy muchos más impuestos que hace 25 años. A nivel europeo, solo Países Bajos ha aumentado más la fiscalidad sobre los hogares, con un incremento de 6 puntos del PIB en impuestos sobre renta y patrimonio, frente a los 4,7 puntos de España. En cambio, la media de la Unión Europea apenas subió 0,7 puntos. Esto ha llevado a que España, que partía de una fiscalidad por debajo de la media comunitaria, haya convergido rápidamente, situándose ahora en niveles similares (14,3% frente al 14,5% europeo). El aumento no ha sido uniforme: la carga fiscal se ha incrementado en oleadas, coincidiendo con las necesidades de gasto público o con periodos de alta inflación. Durante la primera década del siglo, los impuestos se mantuvieron relativamente estables en torno al 10% de la renta bruta, salvo repuntes puntuales durante el auge de la burbuja. Entre 2008 y 2014, en plena crisis, se produjeron fuertes subidas para reducir el déficit, impulsadas por los gobiernos de Zapatero y Rajoy. Posteriormente, entre 2014 y 2018, los impuestos se estabilizaron, pero desde entonces, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, se ha producido un nuevo aumento significativo. En apenas cinco años, la carga fiscal directa sobre los hogares ha pasado de menos del 12,5% a más del 14% de su renta, el nivel más alto registrado. A esto se suma el incremento de las cotizaciones sociales, destinadas a cubrir el déficit del sistema de pensiones. Aunque el aumento ha sido más moderado, el tipo efectivo ha pasado del 19,2% en 2000 al 20,5% en 2025, un alza de 1,3 puntos. En total, sumando impuestos directos y cotizaciones sociales, los hogares españoles pagan hoy 6 puntos más que a comienzos de siglo, lo que equivale a un incremento del 21% y a una carga adicional de unos 67.600 millones de euros anuales. Este esfuerzo explica por qué, a pesar de la mejora salarial y la estabilidad del empleo, muchas familias sienten que su nivel de vida no ha mejorado y que su salario real rinde menos que antes.

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(El País, 30-10-2025) | Laboral

El ingreso mínimo vital deja fuera a 200.000 familias de rentas bajas que tienen patrimonio pero no liquidez

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una ayuda económica de último recurso que actualmente beneficia a millones de personas, de las cuales un 40% son menores. Esta prestación, que cumple cinco años desde su creación en 2020 -en plena pandemia-, ha sido una de las medidas sociales más modificadas en los últimos tiempos. El motivo es que el Gobierno ha intentado ajustar su diseño para adaptarlo mejor a las necesidades de los colectivos más vulnerables, a menudo los más difíciles de alcanzar. Así, los criterios que deben cumplir los más de 500.000 hogares que hoy perciben el IMV -relacionados con los ingresos, la composición familiar o la compatibilidad con un empleo- han cambiado en varias ocasiones. Un nuevo dato conocido este miércoles plantea la necesidad de nuevas reformas: más de 200.000 familias cumplen los requisitos económicos para recibir la ayuda, pero quedan excluidas por tener un patrimonio (aparte de su vivienda habitual) que, aunque no les proporciona ingresos reales, supera el límite legal. Así lo ha señalado Luis Ayala, catedrático de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED, durante unas jornadas organizadas por el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El profesor explicó que estos casos incluyen, por ejemplo, personas que poseen una segunda vivienda heredada en el pueblo y que no pueden convertir fácilmente en dinero para cubrir sus necesidades básicas. Ayala también reveló otro obstáculo importante: alrededor del 20% de las solicitudes se rechazan automáticamente porque la composición familiar declarada no coincide con la registrada en el padrón municipal, algo habitual entre los hogares más precarios debido a su constante movilidad y la dificultad para mantener una residencia estable. Esta situación se agrava por la crisis de acceso a la vivienda, que impide a muchas familias permanecer largo tiempo en un mismo domicilio. Tanto este problema como el del patrimonio son solo algunos ejemplos de las rigideces que, según los expertos, deberían revisarse para que el IMV llegue a un número mayor de beneficiarios. Los últimos datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), publicados en julio, indican que la ayuda solo alcanza al 45% de quienes tienen derecho a ella. Según las cifras más recientes (septiembre), los hogares que perciben exclusivamente el IMV son unos 450.000. Si se incluyen los beneficiarios del complemento de ayuda a la infancia -que pueden recibir familias con ingresos ligeramente superiores a los del IMV-, la cifra total supera las 700.000. Sin embargo, la AIReF separa ambas prestaciones al calcular el denominado non take up, es decir, el porcentaje de potenciales beneficiarios que no solicitan la ayuda. Según su análisis, cerca del 55% de las familias que podrían percibir el IMV no lo han solicitado, y el porcentaje se eleva al 72% en el caso del complemento infantil (CAPI). El bajo nivel de cobertura es, para los expertos, el principal punto débil del sistema. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, recordó que el año pasado se destinaron más de 6.000 millones de euros a estas ayudas. Según sus cálculos, ampliar la cobertura al 100% de los hogares elegibles y erradicar la pobreza costaría unos 6.000 millones adicionales, una cantidad que equivaldría aproximadamente al 0,75% del PIB, lo que considera "una inversión razonable y asumible". Tanto De la Fuente como Ayala coinciden en que el IMV ha sido una herramienta eficaz contra la pobreza, pero subrayan que todavía puede mejorar. Proponen simplificar los procedimientos y acortar los plazos administrativos para que la concesión de la ayuda sea casi automática. Además, creen que su gestión debería transferirse a las comunidades autónomas, ya que sus servicios sociales están más próximos a la realidad de las familias vulnerables y porque también gestionan los programas de inserción laboral, que son esenciales para la inclusión de los beneficiarios. En este punto, el ex secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, matizó que más que transferir la competencia a las comunidades, sería más eficaz delegarla en los servicios sociales municipales, por ser los que tienen un contacto directo con los ciudadanos. Los expertos también recomiendan reformar los incentivos para compatibilizar el IMV con un salario, simplificando los requisitos y estableciendo una retirada gradual de la prestación para que trabajar siempre resulte ventajoso. Finalmente, Ayala insistió en la necesidad de resolver el "grave problema" que supone la exigencia de devolución de entre 4.000 y 8.000 euros a familias que, por un cambio en sus circunstancias, han cobrado de más. Considera que se trata de un fallo de gestión que "condena a muchas personas al endeudamiento". Además, argumentó que la transferencia de competencias a las comunidades autónomas ayudaría a garantizar una mayor equidad territorial, ya que hoy cada región aplica criterios distintos: mientras en el País Vasco o Navarra el IMV se complementa con ayudas autonómicas, en Madrid o Aragón muchas de esas rentas previas se han suprimido casi por completo, generando un "auténtico mosaico desigual de prestaciones".

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(Cinco Días, 30-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Reserva Federal recorta los tipos de interés 0,25 puntos ante el miedo a la ralentización económica

Ante el temor de una desaceleración económica y el riesgo de que los precios se descontrolen, la Reserva Federal (Fed) ha optado por priorizar el crecimiento. Este miércoles, el Banco Central de Estados Unidos anunció una reducción de los tipos de interés de 0,25 puntos porcentuales, situándolos en un rango entre el 3,75% y el 4%. Es la segunda bajada consecutiva, tras la realizada en septiembre, con el objetivo de reactivar la actividad económica. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dejó abierta la posibilidad de que el organismo haga una pausa en su próxima reunión de diciembre antes de decidir si continúa modificando los tipos. También destacó la falta de consenso dentro del Comité: algunos miembros defienden recortes más profundos, mientras que otros prefieren mantener la cautela. "Seguimos enfrentando riesgos en ambas direcciones", afirmó Powell durante la rueda de prensa posterior a la reunión. "Hubo posturas muy diversas sobre cómo proceder en diciembre. Una nueva reducción no es un hecho inevitable", recalcó el economista estadounidense, subrayando las discrepancias internas. En la sesión, Stephen Miran votó a favor de un recorte de medio punto, mientras que Jeffrey R. Schmid se inclinó por mantener las tasas sin cambios. "Todavía no hemos tomado una decisión para diciembre. Nunca las anticipamos, y en este caso, menos aún", insistió Powell. Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata en los mercados: el índice S&P 500, que hasta entonces registraba ganancias, terminó la jornada con una caída cercana al medio punto. A pesar del cierre parcial del Gobierno estadounidense -provocado por la falta de acuerdo presupuestario entre republicanos y demócratas-, los indicadores apuntan a una pérdida de impulso económico. Los últimos datos revelan una moderación en el empleo y una caída de la confianza del consumidor por tercer mes consecutivo, influida por la incertidumbre, el encarecimiento de la vida y los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Powell reconoció que el panorama ha cambiado: "Durante mucho tiempo, el principal riesgo fue la inflación, pero ahora observamos señales de debilidad en el empleo y un entorno más incierto. Por eso, la política monetaria, que había sido algo restrictiva, debería moverse hacia una posición más neutral". De esta manera, dejó entrever que podría mantener los tipos estables en la próxima reunión. Este jueves se publicará el dato de crecimiento del PIB del tercer trimestre, que servirá para medir la magnitud de la desaceleración. La economía estadounidense enfrenta el riesgo de caer en estanflación -bajo crecimiento con alta inflación-, un escenario especialmente perjudicial para hogares y empresas. Los precios siguen subiendo: en septiembre, la inflación general y la subyacente aumentaron hasta el 3%, superando el objetivo de la Fed. El efecto de los aranceles también fue un tema central. "Esperamos un incremento temporal de la inflación mientras los aranceles se trasladan a la cadena de producción", explicó Powell. "Una vez que todos están en vigor, dejan de generar presión adicional, pero el impacto sobre los precios ya genera descontento entre los consumidores", añadió. Muchas empresas lograron amortiguar el golpe reduciendo márgenes o adelantando compras, aunque esa estrategia parece estar llegando a su fin. En este contexto, la Fed continúa intentando equilibrar sus dos objetivos fundamentales: estabilidad de precios y pleno empleo. Las últimas revisiones muestran un deterioro mayor al esperado en la creación de puestos de trabajo, aunque la tasa de paro sigue baja, en el 4,3%. Los economistas atribuyen esta aparente contradicción al endurecimiento de las políticas migratorias de Trump, que ha reducido la oferta laboral: hay menos contrataciones, pero también menos personas dispuestas a trabajar. Las señales de enfriamiento se extienden al mercado inmobiliario. Según el índice S&P CoreLogic Case-Shiller, los precios de la vivienda en agosto crecieron al ritmo más lento en dos años. El sector podría sufrir un mayor freno debido a los despidos de empleados públicos por los recortes del Gobierno y las consecuencias del shutdown, que ha dejado a miles de funcionarios sin cobrar.

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