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(El Economista, 14-05-2024) | Fiscal

El déficit público estructural roza el 4% y se aleja del tope del 1,5% de Bruselas

El déficit público estructural ha aumentado seis décimas en los últimos cuatro años y cerró el año 2023 en torno al 3,7% del PIB, según datos del Banco de España. Esto lo aleja aún más del límite del 1,5% que exigirán las normas europeas en los próximos años. A pesar del impulso económico, España continúa enfrentando un desequilibrio fiscal estructural (independiente del ciclo económico) que requerirá medidas de ajuste extraordinarias en los presupuestos para 2025, los cuales el Gobierno ya está elaborando. Las advertencias no han sido pocas. La OCDE emitió recientemente una serie de recomendaciones para mejorar la estabilidad de las cuentas públicas, sugiriendo aumentar los ingresos a través de incrementos en el IVA y los impuestos ambientales, así como mejorar la eficiencia del gasto. Antes de septiembre, el Gobierno debe presentar ante la Comisión Europea un plan creíble que asegure el control del gasto, en línea con las exigencias europeas. La normativa fiscal de la Unión Europea requiere que los países realicen ajustes presupuestarios suficientes para reducir el déficit estructural al 1,5% del PIB. Según el Ministerio de Economía, el esfuerzo fiscal acumulado desde 2022 permitirá que en 2025 el saldo estructural primario sea superavitario. Se espera un fuerte recorte en el saldo estructural para este año, estimando que caerá al 2,8% en 2024, ocho décimas menos que en 2023. Sin embargo, el escenario inicial no es favorable. La pandemia y la crisis de la inflación han reducido el margen para recortar el déficit estructural. El aumento significativo del gasto a partir de 2020 ha mantenido este déficit en torno al 3,5%, lejos de la tendencia descendente observada en 2018, cuando cerró cerca del 2%. A pesar de ello, el calendario europeo exige planes a medio y largo plazo. El Banco de España señala que el nuevo marco fiscal europeo requiere una reducción anual promedio del déficit estructural de alrededor de 0,5 puntos porcentuales del PIB potencial durante un período de siete años, comenzando en 2025. Para ese año, se prevé que el déficit estructural se sitúe en el 2,5%. Si se aplica esta estrategia de ajuste, se espera que la ratio de deuda pública comience a disminuir en los próximos años, situándose en torno al 80% del PIB en 2040. La estrategia fiscal que el Gobierno presente a Bruselas en septiembre será crucial. El Banco de España sugiere que este plan de consolidación fiscal se base en un marco macroeconómico prudente y detalle medidas de ingresos y gastos para sanear gradualmente las cuentas públicas. Además, el Banco de España y otras entidades han instado al Gobierno a involucrar a todas las administraciones en el proceso de consolidación fiscal y a buscar consensos económicos, políticos y sociales. Aunque el Ministerio de Economía no contempla un ajuste de gasto en su plan, no descarta abordar el desequilibrio desde el lado de los ingresos, incluyendo posibles subidas de impuestos en los presupuestos para 2025.

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(El Economista, 14-05-2024) | Laboral

El Gobierno estudia cómo reducir el coste para los antiguos becarios de recuperar años cotizados

El Gobierno planea modificar la orden ministerial que posibilita la recuperación de la cotización para aquellos estudiantes que realizaron prácticas formativas, académicas externas o estudios oficiales de doctorado en programas de formación de índole investigadora en el pasado. Esta decisión fue anunciada por los sindicatos después de la reunión de la mesa de pensiones celebrada esta tarde. El principal motivo de esta revisión radica en los costos derivados de la normativa actual, la cual parece no contemplar a los investigadores o profesionales en prácticas remuneradas anteriores a 2006. El nuevo esquema de cotización propuesto por el Gobierno presenta un gran desacuerdo con los sindicatos, especialmente en lo que respecta al costo para aquellos que buscan recuperar los años cotizados. Según la normativa actual, quienes deseen convalidar un periodo de trabajo no cotizado deberán abonar la base mínima de cotización de 2024 con un coeficiente reductor del 0,77, sin importar cuándo llevaron a cabo esas prácticas y cuál era la base de referencia en ese momento. En otras palabras, estarían pagando el equivalente al 0,23% de una base mínima de 1.323 euros. Cada mes que el trabajador que realizó prácticas desee recuperar tendría un costo de alrededor de 300 euros, independientemente del año en que realizó esas prácticas y cuál era la base mínima de referencia en ese momento. "La base de cotización mínima actual es superior a la base máxima de muchos grupos de cotización en los años objeto de reclamación", comentó Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social. Fernando Luján, vicesecretario General de Política Sindical de UGT, destacó la problemática específica de los investigadores o las prácticas no laborales realizadas antes de 2006, las cuales quedarían limitadas con la propuesta actual del Gobierno. Los sindicatos afirmaron después de la reunión que el Gobierno ha accedido a revisar las condiciones de la normativa, sin especificar los detalles concretos que aún deben negociar. La Seguridad Social tiene programadas varias reuniones con grupos implicados en la normativa, como los científicos, y evaluará las diversas propuestas presentadas para incorporarlas al desarrollo reglamentario de la cotización de los becarios, según indicó el secretario de Estado, Borja Suárez. Asimismo, se planteará en la mesa de pensiones la posibilidad de que los mutualistas de los colegios profesionales, como los abogados o los procuradores, tengan una 'pasarela' para poder ingresar al sistema público de pensiones, presumiblemente bajo el régimen de autónomos. Es evidente, según los representantes sindicales, que estos dos aspectos han cobrado mayor urgencia que el resto de medidas pendientes sobre la mesa. Las discusiones se han centrado en los becarios y los mutualistas, sin abordar la jubilación parcial con contrato de relevo, los coeficientes reductores para anticipar la jubilación por motivos de peligrosidad o grupos profesionales, ni el papel de las mutuas colaboradoras en la gestión de los procesos traumatológicos de las bajas por incapacidad temporal.

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(El Economista, 14-05-2024) | Laboral

Para crear un empleo neto las ETT deben contratar a 3,6 trabajadores

Las empresas de trabajo temporal son ampliamente reconocidas como símbolo de precariedad laboral en España, principalmente debido a su modelo de negocio, el cual implica contratar trabajadores para cederlos a otras empresas con el fin de cubrir necesidades eventuales de mano de obra. Según datos del Ministerio de Trabajo, el año pasado un total de 702.623 personas se encontraron en esta situación. Sin embargo, el número de "contratos de puesta a disposición" de terceros ascendió a 3,6 millones, lo que equivale a una media de 5,1 contratos por cada trabajador contratado por una ETT. Esta alta volatilidad impacta negativamente en su capacidad para generar empleo neto, ya que se necesitan contratar 3,6 trabajadores para sumar a un solo afiliado a la Seguridad Social. ¿Cómo ha evolucionado esta rotación tras la reforma laboral, que ha restringido la contratación temporal pero ha permitido a las ETT hacer contratos fijos discontinuos? Los datos sobre el empleo generado y gestionado por estas empresas son especialmente complejos. Es importante considerar tres variables: los trabajadores contratados por las ETT, las cesiones a otras empresas y el número de "contratos de puesta a disposición" o CPD. Esta métrica se refiere a "cada uno de los llamamientos para realizar un trabajo durante un período determinado entre la empresa usuaria y el trabajador cedido por la ETT". Es decir, las veces consecutivas o no en las que un trabajador es 'renovado' en un mismo puesto. En 2023 se produjeron 2.152.684 cesiones de trabajadores, lo que implica 3,1 por cada uno de los trabajadores contratados inicialmente por una ETT. Sin embargo, estas cesiones se tradujeron a su vez en 3.611.672 millones de CPDs, lo que arroja una ratio media de 1,7. Esto significa que la mayoría de los empleados cedidos fueron 'renovados' o volvieron a ser llamados por la misma empresa cliente de la ETT al menos una vez. En otras palabras, cada trabajador en nómina de una ETT es cedido al menos tres veces, pero encadena cinco contratos con la misma u otras empresas. Antes de la reforma, esta ratio era de 5,3. Una de las sorpresas al analizar la serie histórica es que, en 2022, el primer año de vigencia de la nueva ley, se alcanzó el máximo de trabajadores contratados por ETT, con 807.704 personas, según los registros de Trabajo. Esto puede explicarse por varios factores, como el repunte de la actividad económica tras la pandemia, los cambios en la contratación temporal que llevaron a muchas empresas a externalizar sus empleos eventuales y el aumento de la contratación de fijos discontinuos para puesta a disposición. En 2023, la cifra se redujo un 13%, hasta los 702.623, lo que indica un claro ajuste, aunque aún está muy lejos de los mínimos de la serie histórica. Por su parte, las cesiones de trabajadores y los contratos de puesta a disposición (especialmente los segundos) han experimentado una caída más gradual después de la reforma, aunque siguen estando muy por debajo de sus mínimos históricos. Esta evolución sugiere que la reforma laboral ha detenido la tendencia de las ETT desde la crisis financiera hasta la pandemia, pero no está claro si la ha revertido por completo. Los datos de los dos primeros meses de 2024 muestran un repunte significativo: los trabajadores contratados por ETT crecieron un 5,5% y los CPD un 15,5% en comparación con el mismo período de 2023. Sin embargo, este periodo temporal es demasiado corto para extrapolarlo al resto del año. Lo que sí está claro es que la capacidad de las ETT para generar empleo 'real' sigue siendo muy limitada. Los datos del Trabajo revelan que el promedio anual de afiliados contratados por las ETT para su puesta a disposición fue de 192.340, una cifra muy inferior a los 702.623 contratos registrados por el SEPE. La discrepancia entre ambas métricas puede interpretarse como un indicador de la volatilidad del empleo. En este caso, indica que las ETT contrataron a 3,6 trabajadores para generar un empleo neto. Esta ratio es menor que el 3,85 registrado en 2019, pero sigue siendo más alta que en 2016 y 2017. Aquí es donde surgen las incógnitas. Aunque las ratios de trabajadores cedidos y contratos de puesta a disposición sobre trabajadores contratados también muestran una mejora después de la reforma laboral, parece insuficiente. ¿La razón? Que la normativa permite por primera vez a las empresas de trabajo temporal hacer contratos indefinidos, aunque sean fijos discontinuos. Como se sabe, estos trabajadores se dan de baja en la Seguridad Social cuando no son requeridos y vuelven a darse de alta cuando la empresa los necesita nuevamente. Esto hace que sean indefinidos pero mucho más volátiles que los contratos ordinarios. Aunque las ETT afirman que sus trabajadores fijos discontinuos tienen más periodos de actividad que otros sectores, en 2023 supusieron el 40% de los contratos de puesta a disposición, no se observa una mayor creación de empleo neto ni una mejora sustancial en las ratios de trabajadores contratados y cedidos. Aunque la falta de datos impide profundizar en este aspecto, lo mínimo que se puede decir es que el permiso para hacer contratos fijos discontinuos en las ETT no ha servido para reducir significativamente la rotación de sus empleos.

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(El País, 14-05-2024) | Laboral

CC OO destaca que el avance de la productividad entre 2018 y 2023 triplica la subida salarial

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha utilizado este lunes datos del Observatorio de Márgenes Empresariales, elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos con información de la Agencia Tributaria y el Banco de España, para señalar que entre 2018 y 2023 la productividad real por trabajador asalariado aumentó un 12,5% (un 36% en términos reales, antes de ajustarla con el índice de precios de este observatorio). Esta alza contrasta con un crecimiento mucho menor de los salarios reales en este periodo, del 3,8%, lo que lleva al sindicato a afirmar que hay margen suficiente para exigir incrementos salariales y una reducción de la jornada laboral, permitiendo así que los trabajadores compartan los beneficios de esta mejora en la productividad. El Gabinete Técnico de CC OO destaca que durante estos cinco años, analizados por los economistas del sindicato, "la productividad de los sectores económicos incluidos en este Observatorio ha aumentado de manera notable, siendo compatible, por primera vez en décadas, el incremento de la productividad con el crecimiento de la actividad y el empleo". Además, señalan que en este periodo se ha observado un fuerte incremento del valor añadido bruto (46% nominal, 21% real), que ha crecido a un ritmo mucho mayor que el empleo (8%). Esto contrasta con lo ocurrido en el ciclo económico anterior (2009-2012), cuando el aumento de la productividad se produjo durante la crisis con una significativa caída del empleo, especialmente de trabajos precarios; y posteriormente, en la fase de recuperación, primero se estancó y luego registró una leve disminución. Según los datos del Observatorio, mientras que los salarios reales se mantienen ahora en niveles similares a los de hace 15 años, la productividad real ha experimentado importantes incrementos, tanto en periodos de crisis (2009-2012) como en ciclos de crecimiento y aumento del empleo (2019-2023), lo que ha ampliado la brecha existente desde hace décadas entre la evolución de la productividad y las remuneraciones reales. Los autores de este análisis se quejan de que las ganancias de productividad generadas en la economía por avances tecnológicos, nuevas formas de organización del trabajo o cambios en las estructuras sectoriales han sido mayoritariamente captadas por el capital y no por los trabajadores. Por otro lado, los economistas de CC OO explican que los incrementos en la productividad experimentados en los últimos cinco años "se deben al efecto combinado de una mejora de la productividad dentro de las propias empresas y a la mejora de la composición del tejido productivo hacia actividades de mayor valor añadido". Han observado que el aumento del valor añadido bruto (resultado de restar a las ventas las compras realizadas por la empresa) ha estado respaldado por un avance en la productividad (medida por el valor añadido bruto generado por cada trabajador asalariado) en el 75% de las ramas de actividad. En este sentido, tanto las actividades con alta productividad (como las energéticas e inmobiliarias) como las actividades con productividad media y baja (como la construcción o el transporte) han experimentado aumentos en el valor añadido acompañados de mejoras en la productividad en términos reales. Por el contrario, la industria (incluido el refino de petróleo) muestra una ligera disminución, aunque se podría considerar como un comportamiento de resistencia en un contexto europeo complicado para la actividad industrial.

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(El País, 14-05-2024) | Laboral

Los accidentes laborales bajan un 1,7% en el primer trimestre tras los malos datos del arranque del año

Aunque la siniestralidad laboral en 2024 muestra una leve disminución en términos porcentuales, los accidentes "in itinere" han aumentado un 3,3 % y ya sumamos 169 fallecidos. Durante el período de enero a marzo de 2024, el número de accidentes laborales con baja fue de 145.644, mientras que los accidentes laborales sin baja ascendieron a 128.874. Estos datos representan una disminución del 1,7 % y del 2,9 %, respectivamente, en comparación con el mismo período del año anterior. De los accidentes con baja total, 125.573 ocurrieron durante la jornada laboral y 20.071 fueron "in itinere". La variación con respecto al mismo período del año anterior fue del -2,5% para los accidentes en jornada. Por otro lado, los accidentes "in itinere" aumentaron un 3,3 %. En cuanto a los accidentes graves y mortales hasta marzo, de los 125.573 accidentes con baja durante la jornada, 911 fueron graves y 141 mortales. En el caso de los ocurridos en el trayecto hacia o desde el trabajo, 246 fueron graves y 28 personas trabajadoras fallecieron. En total, durante el primer trimestre de 2024, la siniestralidad laboral ha cobrado la vida de 169 personas. A pesar de los modestos descensos porcentuales observados en comparación con el mismo período de 2023 (excepto los fallecidos en accidentes "in itinere"), debemos ser realistas y reconocer que, según indican las cifras, existe un grave problema de siniestralidad en España. Por sectores, los accidentes con baja durante la jornada laboral se concentran principalmente en la industria manufacturera (23.152), la construcción (19.218) y el comercio y reparación de vehículos (16.999). Los sectores con más fallecimientos por accidente laboral son la construcción (37), el transporte y almacenamiento (31) y la industria manufacturera (17). En cuanto a la distribución geográfica, las comunidades autónomas con más accidentes durante la jornada laboral son Andalucía (20.894), Cataluña (19.582) y la Comunidad de Madrid (17.594). En términos de fallecimientos, destacan Andalucía (25), Cataluña (16) y, en tercer lugar, la Comunidad Valenciana y Galicia, con 13 fallecidos cada una. Mes tras mes, vemos cómo los mismos sectores de actividad y las mismas regiones lideran la siniestralidad. Desde USO, exigimos un plan de acción específico centrado en los sectores con más siniestralidad y un mayor análisis y control por parte de las autoridades regionales para identificar fallos y ofrecer soluciones efectivas a los problemas de seguridad y salud laboral que afectan a estas regiones. La siniestralidad no solo es un problema laboral, sino también social. Cuando ocurre un accidente de trabajo, sus repercusiones se extienden a la familia del trabajador y a las Administraciones públicas, encargadas de brindar tratamiento, asistencia y prestaciones económicas en caso de fallecimiento. Es responsabilidad de la sociedad en su conjunto exigir medidas para controlar la siniestralidad. USO aboga por que trabajadores, empresas, Administraciones públicas y otros actores trabajen juntos para crear entornos laborales seguros y saludables.

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(Expansión, 15-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las "Big Four" impulsan sus ingresos casi un 12% el pasado año y alcanzan los 3.220 millones de euros de facturación

Las principales firmas de servicios profesionales, conocidas como las Big Four, han vuelto a mejorar sus resultados con una facturación conjunta que supera los 3.200 millones de euros. En el último ejercicio fiscal, Deloitte, PwC, EY y KPMG registraron ingresos combinados de 3.220 millones de euros, lo que representa un aumento del 11,9% respecto al año anterior y el mayor crecimiento experimentado desde 2008, según el ranking elaborado por EXPANSIÓN basado en los datos proporcionados por más de cuarenta compañías del sector. En comparación con las cifras previas a la pandemia, estas empresas facturan casi 800 millones de euros más que en 2019. Deloitte lidera la clasificación al superar por primera vez la marca de los mil millones de euros de facturación, alcanzando los 1.067,8 millones de euros, con un crecimiento del 9,5% en el último ejercicio fiscal, que finalizó el 31 de mayo de 2023. La firma, que ha reorganizado sus áreas a nivel global, obtuvo una facturación de 477,4 millones de euros en el negocio de tecnología y transformación, un 12,4% más en términos comparables. Le sigue la división de estrategia, riesgo y transacciones, con ingresos de 205,6 millones de euros (+8,2%). Ambas divisiones, que proporcionan asesoramiento a clientes, generaron conjuntamente 683 millones de euros el año pasado. En auditoría, Deloitte ingresó 184,7 millones de euros, un 5,9% más, y en fiscal y legal facturó 200,1 millones de euros, un 7,5% más. PwC se posiciona en segundo lugar con ingresos de 794,5 millones de euros (+10,4%). La principal línea de negocio de la compañía es la auditoría, con 337,6 millones de euros (+10,2%), donde han ganado cuentas como Merlin, Abanca, Eroski y Applus. El área de consultoría creció hasta los 256,3 millones de euros (+8,9%), mientras que la división de asesoramiento legal y tributario generó 200,6 millones de euros de facturación (+12,9%). La firma continúa siendo líder en número de operaciones asesoradas, según los rankings de London Stock Exchange Group (anteriormente Refinitiv), Mergermarket, Dealogic, Bloomberg y TTR. El ejercicio fiscal de PwC va desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. EY experimenta el crecimiento más sólido de las Big Four, con ingresos de 755,5 millones de euros (+18,7%), con aumentos de dos dígitos en todas sus áreas. Su ejercicio fiscal abarca desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. La división de consultoría es la más importante para la firma, con 241,9 millones de euros (+31,4%) y el mayor crecimiento. Le sigue la línea de auditoría, con 227,8 millones de euros (+14,2%), el negocio de asesoramiento legal y tributario, con 196,4 millones de euros (+14,5%), y el de transacciones, que alcanza los 89,5 millones de euros (+10,49%). KPMG también registra un crecimiento de dos dígitos, alcanzando los 601,7 millones de euros (+10,3%) en su último ejercicio fiscal, que abarca del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023. La división de auditoría de KPMG, que ha sumado cuentas como Unicaja y el Banco de España, se mantiene como la más fuerte del grupo con 323,2 millones de euros (+10,5%), seguida de la línea de consultoría, que creció hasta los 155,18 millones de euros (+10,68%), y la de asesoramiento legal y tributario, que ascendió a 123,26 millones de euros (+9,37%).

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(Expansión, 15-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las auditoras medianas rompen la barrera de los 1.000 millones

Las empresas de tamaño mediano están experimentando un aumento significativo en su crecimiento, alcanzando una cifra conjunta de 1.064 millones de euros, excluyendo los resultados de las 'Big Four'. Las empresas de servicios profesionales, especializadas en auditoría, consultoría y asesoramiento legal y en transacciones, cerraron el año pasado con ingresos totales de 4.283 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,8% respecto al año anterior, según el ranking elaborado por EXPANSIÓN con los datos proporcionados por más de cuarenta empresas del sector. Excluyendo la facturación de las cuatro principales empresas del sector (Deloitte, PwC, EY y KPMG), las demás empresas del sector alcanzaron un nuevo récord de facturación al superar los 1.000 millones de euros en ingresos, un aumento del 11,5% respecto al año anterior. En concreto, registraron ingresos combinados de 1.064 millones. De esta manera, las empresas medianas de auditoría están experimentando un crecimiento de dos dígitos, después del aumento del 7,7% que experimentaron en 2022. Una vez más, el top ten de empresas se mantiene sin cambios en un año en el que prácticamente todas registran crecimientos de dos dígitos. Después de las Big Four, ETL Global mantiene la quinta posición con una facturación de 183,5 millones (+17,4%), seguida de BDO con 136,4 millones en ingresos (+10,3%). Grant Thornton alcanza casi los tres dígitos con 95,3 millones de ingresos (+8,4%) y Auren llega a los 85,7 millones (+11%). Completan esta parte superior de la tabla PKF Attest, que creció hasta los 60,2 millones (+11,4%), y E-Consulting / Grupo Adade con 58,1 millones de ventas (+12,5%). Mazars también mantiene su posición en el ranking con una facturación de 55,1 millones (+9,1%), mientras que Baker Tilly asciende un puesto tras obtener 42,4 millones de ingresos (+18,1%), seguido muy de cerca por Crowe Spain con 41,4 millones de facturación (+1,2%). Emilio Álvarez, presidente del REA Auditores, advierte sobre el desequilibrio del mercado donde cuatro empresas concentran el 75% de la facturación. "Es necesario contar con un mayor número de empresas medianas con mayor facturación, ya que esta situación no favorece la competencia, afecta negativamente a la calidad y dificulta la libre elección de auditor", agrega. El presidente del REA explica que "la necesidad de equilibrar el sector con una mayor presencia de empresas de auditoría pequeñas y medianas también está relacionada con el tamaño de las entidades a auditar. Según las últimas cifras del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), las grandes empresas representan solo el 0,19% del total. Respecto al número de informes de auditoría emitidos en 2022 (68.571 informes), el 12,47% corresponden a empresas grandes, el 37,34% a empresas medianas y el 50,19% a empresas de pequeña dimensión. Por lo tanto, el papel de las empresas de auditoría pequeñas y medianas debe ser más destacado". "La auditoría de cuentas, al igual que la mayoría de los otros servicios prestados por las empresas multidisciplinares, continuó creciendo de manera moderada en 2023", añade Víctor Alió, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).

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(Expansión, 15-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

España tiene la mayor concentración bancaria de los grandes países del euro

El panorama bancario experimenta nuevamente una agitación. Con BBVA y Sabadell en el centro de atención, las fusiones entre entidades vuelven a ser tema de debate, generando preocupación sobre la concentración del sector bancario en España y los posibles efectos de una nueva adquisición. Según datos del Banco Central Europeo (BCE), al cierre de 2022, los cinco principales bancos españoles controlaban el 69,59% de todos los activos. Esto sitúa a España por encima del promedio de la zona euro (68,27%), según el parámetro utilizado por la autoridad monetaria para medir la concentración bancaria y que se actualiza anualmente. Pero eso no es todo. Comparado con otros países importantes de la región, el sector bancario español se destaca por su alta concentración. Utilizando el mismo criterio, la concentración en Italia sería del 50,5%, mientras que en Francia sería del 46,62% y en Alemania del 35,01%. A lo largo de los años, la brecha entre España y las demás grandes economías de la eurozona han ido aumentando, especialmente después de la crisis financiera global, con la desaparición de muchas cajas de ahorros y la consolidación de bancos a través de fusiones y adquisiciones. En 2007, por ejemplo, el porcentaje de activos controlados por los cinco principales bancos españoles era del 41%, apenas nueve puntos porcentuales más que en Italia y 20 más que en Alemania. Respecto a Francia, antes de la crisis, España tenía una ventaja de más de 10 puntos porcentuales en términos de concentración bancaria. La posible adquisición de Sabadell por parte de BBVA aumentaría nuevamente el porcentaje de concentración bancaria en España. Con la incorporación de Sabadell, Unicaja se uniría al nuevo grupo de los cinco principales bancos, agregando sus casi 100.000 millones en activos. En otros países de la eurozona, la concentración bancaria varía desde el 95% en Grecia, donde hay escasa presencia de entidades pequeñas, hasta el 31,16% en Luxemburgo, que se ha convertido en una plaza financiera importante. Aunque el BCE es la fuente principal para medir la concentración bancaria en diferentes regiones, fuentes cercanas indican que el supervisor no considera que exista un problema significativo en el sector bancario europeo en ese aspecto. La discrepancia con la postura del Gobierno, que ha expresado preocupación por este riesgo, radica principalmente en el enfoque. Mientras el BCE evalúa el panorama bancario europeo en su conjunto, destacando la sobreabundancia de bancos y personal en la era digital, el Gobierno está más centrado en los posibles efectos locales de una mayor concentración. En cualquier caso, independientemente de la perspectiva sobre la adquisición de Sabadell por parte de BBVA, el BCE se limita a evaluar aspectos prudenciales en este tipo de operaciones. El supervisor examinará cuestiones como el modelo de negocio, los niveles de capital y liquidez, y la gobernanza.

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(El País, 15-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno prorrogará la suspensión de los desahucios hipotecarios hasta 2028

c El Gobierno tiene previsto extender la suspensión de los desahucios hipotecarios hasta 2028 para los deudores en situación de vulnerabilidad, medida que afectaría a unos 30.000 hogares y que estaba programada para finalizar esta semana. Fuentes gubernamentales han confirmado que el Consejo de Ministros aprobará un real decreto ley para prorrogar la suspensión de los desahucios hipotecarios para deudores en situación de especial vulnerabilidad hasta 2028, como se acordó previamente con Podemos. El texto ha sido consensuado con Sumar, Podemos y EH Bildu, según han informado fuentes parlamentarias. Hoy mismo, durante su intervención en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, el representante de Compromís Alberto Ibáñez ha celebrado la próxima aprobación por parte del Consejo de Ministros de esta medida, destacándola como "una moratoria importante que ayudará a que 30.000 familias no sean desalojadas" al menos hasta 2028. La Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, estableció la suspensión inmediata de los desahucios de familias en situación de especial riesgo de exclusión, como respuesta a los efectos de la crisis iniciada en 2008. Dicha ley estipulaba que, hasta transcurridos once años desde su entrada en vigor, no se procedería al desalojo cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor (...) la vivienda habitual de personas en situación de especial vulnerabilidad. El objetivo era proteger a familias numerosas, unidades familiares monoparentales con al menos un hijo a cargo, así como a familias con menores, con algún miembro en situación de dependencia, enfermedad o con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, o a víctimas de violencia de género. También se aplicaba en los casos en que el deudor hipotecario estuviera desempleado o fuera mayor de 60 años. El texto original fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de mayo de 2013. La moratoria ha sido prorrogada en múltiples ocasiones (la última en 2020, debido a la pandemia) y estaba previsto que expirara el próximo miércoles 15 de mayo de 2024. Su prórroga fue una de las condiciones de Podemos para apoyar el escudo social, que inicialmente amenazó con rechazar. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) afirma que la moratoria, que debería expirar el próximo miércoles, ha evitado alrededor de 30.000 desahucios, aunque carece de datos exactos.

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(La Vanguardia, 14-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno traslada al BCE el posible “efecto lesivo” de la opa del BBVA al Sabadell

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, previamente había indicado que el Gobierno retendría el poder de decisión final sobre la oferta pública de adquisición (OPA), aunque las acciones siguientes no estén bajo su jurisdicción. El ministro de Economía, Comercio y Empresa comunicó a la presidenta del consejo de supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Claudia Buch, sus "inquietudes" con respecto a la OPA hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell durante una reunión bilateral. Cuerpo confirmó esto en declaraciones a los medios al llegar a la reunión de ministros de Economía de la eurozona que se lleva a cabo este lunes en Bruselas. "Hemos conversado sobre la situación actual y la solidez de nuestro sistema financiero, y también he compartido mis preocupaciones sobre el impacto en términos de concentración y, por ende, el posible efecto negativo en la competencia que podría tener esta operación", señaló. Al preguntarle sobre la reacción de Buch, Cuerpo mencionó que ella estaba "interesada" en conocer los argumentos del Gobierno para oponerse a la operación, los cuales él aseguró haber explicado en una conversación "muy relajada" sobre la situación de la competencia y la concentración en los mercados financieros, dada su relevancia en toda la Unión Europea. El ministro ya había advertido que el Gobierno tendría la "última palabra para autorizar" esta operación, aunque en este momento no le corresponde al Ejecutivo dar los pasos siguientes.

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