Un fallo clave para la banca y para miles de hipotecados está a punto de conocerse. El próximo 30 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidirá si la comisión de apertura en los préstamos hipotecarios puede considerarse abusiva. Esta decisión pretende resolver la confusión generada por el Tribunal Supremo, que en su sentencia del 29 de mayo de 2023 señaló que debía analizarse cada caso concreto, considerando abusiva la cláusula si el coste era desproporcionado para el cliente o si los servicios cobrados ya aparecían reflejados en otra parte del contrato.
El Juzgado de Primera Instancia número 8 de San Sebastián y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta han elevado consultas al TJUE para aclarar si el criterio adoptado por el Supremo se ajusta al Derecho comunitario.
Ambos juzgados recuerdan que el tribunal europeo ya se pronunció el 16 de julio de 2020, estableciendo que la comisión de apertura puede ser considerada abusiva si se impone de manera unilateral al consumidor y no se detallan los servicios específicos que la justifican.
Por ello, consideran que la postura del Supremo podría entrar en conflicto con la doctrina europea. Además, al no fijar jurisprudencia en su sentencia sobre esta cuestión, el Supremo ha generado incertidumbre y distintas interpretaciones entre los juzgados españoles.
Desde el pasado miércoles 23 de abril, las empresas y profesionales autónomos que emitan facturas a otras compañías ya pueden utilizar los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) actualizados conforme a las nuevas exigencias en materia de facturación electrónica. Estas obligaciones entrarán en vigor, según el tipo de contribuyente, el 1 de enero o el 1 de julio de 2026.
De esta manera, Hacienda se anticipa al plazo límite fijado para que tanto los desarrolladores de software de facturación como las empresas y profesionales adapten sus sistemas. Entre los principales requisitos destacan la transmisión inmediata de los registros a la Agencia Tributaria y la inclusión de un código QR en las facturas que permita comprobar su veracidad.
Desde ahora, ya es posible enviar dichos registros a través de la sede electrónica de la AEAT. Además, tanto los empresarios como sus representantes podrán consultar los registros enviados y recibidos, siempre que sus proveedores también estén dados de alta en Verifactu, el sistema habilitado por Hacienda para asegurar la autenticidad e integridad de las facturas electrónicas.
Fuentes de la Inspección de Hacienda recuerdan que, aunque la implementación obligatoria del nuevo modelo no será exigible hasta el próximo año, la Ley Antifraude ya está plenamente vigente. Lo único que se ha pospuesto es la obligación de adaptar los sistemas informáticos por parte de los contribuyentes.
La activación anticipada del sistema por parte de la AEAT puede traducirse en beneficios para quienes adopten el nuevo modelo de forma temprana. Según estas fuentes, esto facilitará una transición gradual, permitiendo detectar y corregir posibles fallos antes de que generen sanciones. Además, los nuevos sistemas ya cumplen con las obligaciones actuales de facturación y pueden utilizarse para llevar los registros contables pertinentes.
El sistema Verifactu, que no debe confundirse con la facturación electrónica obligatoria incluida en la Ley Crea y Crece (cuya entrada en vigor podría posponerse hasta 2027), forma parte de la Ley Antifraude aprobada en 2021 con el objetivo de reforzar el control fiscal.
Uno de los fines principales de este sistema es eliminar los programas de doble uso, es decir, aquellos que permiten llevar una contabilidad paralela oculta a Hacienda. A partir del próximo año, las empresas que sigan utilizando este tipo de software podrán enfrentarse a sanciones de hasta 50.000 euros. Con la nueva normativa, las facturas electrónicas deberán incorporar un código QR verificable tanto por el cliente como por la Agencia Tributaria, así como un certificado oficial emitido por la AEAT.
El Consejo de Ministros, a comienzos de abril, aprobó una nueva prórroga para facilitar la adaptación al nuevo sistema, estableciendo plazos diferenciados: las sociedades registradas en el Registro Mercantil deberán cumplir con las nuevas exigencias desde el 1 de enero de 2026, mientras que los trabajadores por cuenta propia tendrán hasta el 1 de julio del mismo año. Por su parte, los fabricantes de software de facturación deberán ofrecer soluciones adaptadas desde el mes de septiembre, es decir, nueve meses después de que se publique la orden correspondiente.
La Agencia Tributaria estuvo cerca de alcanzar por primera vez los 300.000 millones de euros en ingresos. En concreto, Hacienda cerró el ejercicio de 2024 con una recaudación total de 294.734 millones, lo que representa un incremento del 8,4% respecto al año anterior y un aumento acumulado del 52% desde el inicio de la pandemia. Esta cifra supone un récord histórico de recaudación, impulsado principalmente por los tres grandes tributos: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en ese orden.
Según detalla el Informe Anual de Recaudación de 2024 publicado ayer, parte del crecimiento del IRPF se debe al aumento de salarios y pensiones. Este impuesto aportó 129.408 millones de euros, un 7,6% más que en 2023 y un 47% por encima del nivel prepandemia. Los sueldos en el sector privado crecieron un 7,4% de media, mientras que en el sector público subieron un 5,8%. Las pensiones también se incrementaron un 7% y las prestaciones por desempleo un 4,5%. Este mayor poder adquisitivo provocó un aumento del tipo efectivo del IRPF, que se situó en el 15,5%, un 2,4% más que el año anterior.
Además, los ingresos por rendimientos del capital mobiliario (como intereses, dividendos o fondos de inversión) experimentaron un fuerte repunte del 22,6% gracias a los tipos de interés elevados y al buen comportamiento de los mercados financieros, lo que generó ganancias de 30.767 millones de euros para los contribuyentes, una parte de las cuales fue a parar a Hacienda.
Otro factor que alivió ligeramente la presión sobre los hogares fue la moderación de la inflación. El Índice de Precios al Consumo (IPC) cerró 2024 en el 2,8%. Actualmente, el IRPF representa el 43% del total de la recaudación estatal.
En cuanto al Impuesto de Sociedades, que grava los beneficios empresariales, la recaudación alcanzó los 39.096 millones de euros, un 11,5% más que el año anterior, gracias a que las empresas aumentaron sus ganancias un 13% respecto a 2023. Las compañías del Ibex-35, por ejemplo, obtuvieron unos beneficios conjuntos de 64.349 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 24%. El tipo medio efectivo que pagaron las empresas fue del 20,2%, similar al del año anterior.
Por su parte, la recaudación por IVA llegó a los 90.541 millones de euros, también un máximo histórico y un 7,9% más que en 2023. Este aumento se explica por el incremento en las ventas empresariales y por la recuperación del tipo general del 21% en el IVA de la energía, que anteriormente se había reducido para aliviar el impacto del alza en las facturas. También se reintrodujo el IVA en algunos alimentos, aunque esta medida tuvo un efecto más limitado al aplicarse solo en el último trimestre del año. Solo con el restablecimiento del IVA energético, la Hacienda ingresó 1.159 millones de euros adicionales.
En el caso de los Impuestos Especiales -como los que gravan el tabaco, los carburantes o el alcohol-, la recaudación subió un 6,6% hasta alcanzar los 22.128 millones de euros. Este aumento vino impulsado por la recuperación del Impuesto sobre la Electricidad y la entrada en vigor del nuevo tributo sobre los plásticos, que aportó 1.000 millones de euros adicionales.
A pesar de estos buenos datos, la Agencia Tributaria también informó de que algunos cambios normativos y sentencias judiciales redujeron la recaudación en 4.800 millones de euros. Por ejemplo, en el ámbito del IRPF, Hacienda dejó de ingresar cerca de 3.200 millones tras la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2023, que obligó a no aplicar retenciones sobre parte de las pensiones de quienes habían contribuido a antiguas mutualidades laborales. Esto supuso no solo dejar de recaudar 1.445 millones, sino devolver otros 1.435 millones a los afectados. Asimismo, las medidas fiscales para paliar los efectos de la DANA restaron otros 302 millones de euros.
En cuanto al Impuesto de Sociedades, la anulación por parte del Tribunal Constitucional en enero de 2024 del Real Decreto-ley de 2016, que endurecía este impuesto, provocó una pérdida de ingresos de 1.089 millones y la devolución de otros 1.695 millones a las empresas. Además, la rebaja del tipo impositivo para las pymes provocó una reducción de la recaudación en 291 millones de euros.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado al alza sus proyecciones sobre el déficit fiscal mundial, situándolo ahora en el 5,1% del Producto Interior Bruto (PIB), una décima más que en su estimación anterior. Asimismo, prevé que la deuda pública global alcance el 92,3% del PIB en 2025, un punto porcentual por encima de su cálculo previo. Estas cifras se recogen en su último informe Monitor Fiscal, presentado este miércoles, donde el organismo achaca este aumento a la elevada incertidumbre económica mundial provocada por el incremento de las tensiones comerciales y la falta de claridad en las políticas de numerosos gobiernos.
Además, el FMI ha advertido del impacto que puede tener el aumento del gasto en defensa, especialmente en Europa, sobre las cuentas públicas, al considerar que este gasto influirá en la economía mundial tanto de forma directa como indirecta.
En cuanto a España, el organismo prevé que el país cierre 2025 con un déficit del 2,7% del PIB y una deuda pública equivalente al 100,6% del PIB. Estas cifras resultan ligeramente más positivas que las ofrecidas por el Ejecutivo español, que estima un déficit del 2,8% para ese año, una reducción que atribuye al fin de las ayudas fiscales y directas aprobadas en los últimos ejercicios. En cualquier caso, ambas proyecciones coinciden en el nivel de deuda pública previsto para ese ejercicio.
Según las estimaciones del FMI, la deuda pública española podría descender por debajo del 100% del PIB en 2026, hasta alcanzar un 93% en 2030, mientras que el déficit se reduciría al 2% en ese mismo año. Era Dabla-Norris, subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, ha señalado que "dada la posición relativamente favorable de España tanto en el ámbito económico como fiscal, hay margen para adelantar parte del ajuste previsto, ya que los niveles de deuda pública aún son elevados".
De cumplirse estas previsiones, España se situaría como la economía avanzada más sólida en términos fiscales. El organismo pronostica un déficit del 3,7% para la zona euro en 2030, del 6,1% para Francia, del 4,4% para Alemania, del 5,6% para Estados Unidos y del 8,1% en el caso de China.
Desde Washington, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha subrayado que España "es la única economía avanzada cuya previsión de crecimiento ha mejorado", y ha recordado que, por segundo año consecutivo, el FMI anticipa que España será el país desarrollado con mayor crecimiento económico. Asimismo, en relación con los riesgos derivados de una posible guerra comercial entre Estados Unidos y China, el ministro ha anunciado que se reunirá este jueves con el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, con el objetivo de fortalecer la cooperación económica bilateral.
El informe del FMI también subraya el impacto de factores heredados de la pandemia, como los altos niveles de subsidios, las prestaciones sociales y otros gastos corrientes, además del incremento en los pagos por intereses de deuda. Por otro lado, se advierte que el proceso de desinflación ha perdido fuerza en muchos países, y que las tensiones financieras siguen generando importantes riesgos bajistas, lo que ha llevado al organismo a recortar sus previsiones de crecimiento a nivel global, con la única excepción de España, que ve mejoradas sus expectativas en dos décimas para este año.
A medio plazo, el FMI alerta de que una inflación persistente, sumada al aumento de la deuda pública, podría ejercer una presión creciente sobre los tipos de interés a largo plazo y encarecer el coste de la financiación estatal. En Estados Unidos, por ejemplo, los rendimientos de los bonos a 10 años han alcanzado el 4,75% a comienzos de 2025, su nivel más alto desde noviembre de 2023. Un análisis del FMI estima que un aumento del 10% del PIB en la deuda pública estadounidense entre 2024 y 2029 podría implicar una subida de 60 puntos básicos en los tipos de interés a medio y largo plazo.
La decisión de vincular las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC), establecida por ley en la reforma llevada a cabo entre 2021 y 2023, provocará un crecimiento sostenido en el valor de las prestaciones que abona la Seguridad Social en los próximos años. Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), estas medidas, junto con la derogación de la reforma de 2013 impulsada por el Partido Popular, harán que la pensión media aumente entre un 20,5% y un 24,3% de aquí a 2050.
Tomando como referencia la pensión más común del sistema -la de jubilación en el régimen general de asalariados, que perciben casi la mitad de los pensionistas, unos 4,8 millones de personas- y que actualmente se sitúa en 1.662 euros mensuales, se prevé un incremento de aproximadamente 403 euros al mes, alcanzando los 2.065 euros en el año 2050.
La Airef desglosa cómo cada una de las medidas adoptadas impacta en este crecimiento. El factor principal que impulsa este aumento es la sustitución del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), introducido en 2013 y que limitaba la subida de las pensiones a un 0,25% en caso de desequilibrio financiero, por la actualización conforme al IPC. Esta modificación explica por sí sola un aumento de 20 puntos porcentuales en las próximas dos décadas y media. A esto se suma la eliminación del llamado factor de sostenibilidad -que no llegó a aplicarse pero preveía reducir la pensión inicial en función del aumento de la esperanza de vida-, lo cual supone un incremento adicional del 7% en la pensión media.
Por otro lado, el nuevo método para calcular la pensión en función de los años cotizados reduciría ligeramente la cuantía media (en torno a un punto porcentual para 2050), mientras que el desfase entre el aumento de la base máxima de cotización y el tope de la pensión máxima también restaría 5 puntos porcentuales al crecimiento. En cambio, las mejoras en las pensiones mínimas y no contributivas añadirían otro punto porcentual al aumento global.
Aún se mantiene una incertidumbre respecto al efecto que puedan tener las decisiones de los nuevos jubilados en relación con adelantar o retrasar su retiro. La Airef contempla que la jubilación anticipada podría influir entre -1 y +1 puntos porcentuales en la pensión media, mientras que el retraso voluntario podría tener un impacto de entre -0,5 y +1,3 puntos, dependiendo del grado de acogida de los incentivos previstos por la reforma.
Si se consideran otros regímenes de pensión, también se prevén subidas importantes: por ejemplo, la pensión media de jubilación de los autónomos pasaría de 1.007 a 1.251 euros mensuales; la de los trabajadores del mar, de 1.660 a 2.063 euros; la de los mineros del carbón, de 2.896 a 3.600 euros; las jubilaciones por accidente de trabajo, de 1.566 a 1.946 euros; y las pensiones derivadas de accidente laboral, de 1.962 a 2.438 euros al mes.
En todo caso, los documentos técnicos de la Airef, que sirvieron como base para que la reforma superara recientemente su primer examen parlamentario por un estrecho margen, alertan de la creciente presión que estas medidas ejercerán sobre las finanzas de la Seguridad Social. En su primer informe sobre la regla de gasto en pensiones, presentado este lunes, la Airef señala que las previsiones actualizadas de la Comisión Europea -basadas en los datos de 2022 y 2023- sitúan el gasto en pensiones en un 14,6% del PIB entre 2022 y 2050. Asimismo, calcula que las medidas para aumentar los ingresos representarían un 1,4% del PIB en ese mismo periodo, por lo que se cumpliría la regla de gasto acordada con la UE, al situar el gasto neto en pensiones en un promedio del 13,2%, ligeramente por debajo del límite pactado del 13,3%.
Sin embargo, la Airef prevé un aumento total del gasto en pensiones de 3,4 puntos del PIB para 2050, lo que representa un incremento de cuatro décimas respecto a su previsión anterior. Así, el gasto pasaría del 12,7% del PIB en 2022 al 16,1% en 2050, lo que evidencia una mayor presión financiera sobre el sistema a largo plazo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene previsto activar la próxima semana la fase decisiva de la reforma que propone la reducción de la jornada laboral. Lo hará mediante la aprobación del proyecto en segunda vuelta durante el Consejo de Ministros. Después del visto bueno inicial al anteproyecto de ley el pasado 4 de febrero, se espera que el martes el Ejecutivo convierta oficialmente el texto en proyecto de ley, tras haber superado los trámites requeridos, entre ellos el dictamen del Consejo Económico y Social (CES). De esta forma, la iniciativa podrá ser enviada al Congreso para su tramitación por la vía de urgencia con vistas a su aprobación definitiva.
No obstante, este movimiento se produce en un contexto de incertidumbre política, ya que el Gobierno todavía no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso para garantizar la aprobación de la ley. La clave vuelve a estar en manos de Junts, formación que inicialmente se ha mostrado contraria al texto, aunque ha dejado la puerta abierta a posibles negociaciones para modular los términos de la jornada de 37,5 horas semanales. Por su parte, el PNV, aunque escéptico, ha adoptado una actitud más flexible, dado que muchos convenios en el País Vasco ya contemplan jornadas cercanas a ese umbral. En cambio, el Partido Popular mantiene su rechazo, argumentando que la reforma se ha impulsado sin acuerdo con las organizaciones empresariales, como la CEOE y Cepyme, que participan en el diálogo social.
A día de hoy, el Ministerio de Trabajo aún no tiene garantizada la mayoría necesaria para sacar adelante la propuesta legislativa, lo que genera dudas sobre su aprobación, especialmente en los plazos que maneja Yolanda Díaz. Desde su departamento se esperaba que la aprobación en segunda vuelta dejara un margen suficiente para que la norma pudiera ver la luz en mayo. Esto era clave para cumplir con la disposición transitoria que obliga a las empresas con jornadas superiores a 37,5 horas a renegociar sus convenios antes del 31 de diciembre. Dado el calendario actual, el Ejecutivo se verá obligado a revisar estos plazos, ya que en el mejor de los casos las compañías contarían con apenas cinco meses para adaptarse.
Actualmente, la única opción viable para lograr la aprobación pasa por convencer a Junts. Sin embargo, hay múltiples barreras en ese camino. Por ejemplo, el desacuerdo con las patronales ha dejado la medida sin compensaciones económicas para las empresas, y la CEOE estima que el coste de reducir la jornada de 40 a 37,5 horas podría ascender a unos 23.000 millones de euros. Este impacto recaería principalmente sobre pequeñas y medianas empresas y autónomos con empleados, ya que muchas grandes empresas ya operan con jornadas similares a las propuestas. En este contexto, sectores como el de servicios en Cataluña -donde Foment y Pimec han mostrado su preocupación- dificultan que Junts modifique su postura.
Fuentes empresariales han señalado a EXPANSIÓN que existe un canal de comunicación con Carles Puigdemont para consolidar el rechazo a la propuesta, lo que complicaría aún más las posibilidades del Gobierno. Desde el Ministerio de Trabajo también confirman contactos con el líder de Junts, aunque reconocen que la formación independentista no ha cambiado su posición desde la aprobación del anteproyecto en febrero.
Pese a todo, la presión sindical ha sido decisiva para que Yolanda Díaz impulse esta etapa del proceso legislativo. Tanto UGT como CCOO han expresado su respaldo a avanzar con la medida, aunque reconocen las dificultades que implica negociar con los distintos grupos parlamentarios. Los sindicatos, sin embargo, no creen que la norma pueda aprobarse sin modificaciones. Entre los posibles ajustes que se barajan está la recuperación de ayudas económicas para las pymes, algo que podría resultar esencial para conseguir apoyos adicionales.
Aspectos como los incentivos económicos, la implementación gradual de la medida y el respeto a los convenios existentes generaron también tensiones dentro del propio Gobierno. De hecho, estas diferencias provocaron roces entre Yolanda Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien se ha mostrado más favorable a flexibilizar los términos de la reforma.
Cabe recordar que esta reducción de jornada -que irá al Consejo de Ministros el próximo martes, tal como anunció Díaz durante la clausura del Congreso de CCOO Industria- contempla la bajada de las 40 horas semanales actuales a 37,5. Junto a esta medida, se introducirá una reforma del sistema de control horario, que deberá ser objetivo, fiable, accesible e interoperable, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada.
El Ministerio de Trabajo estima que actualmente se realizan en España más de 6 millones de horas extra no remuneradas por semana, cifra que se ha reducido a 2,5 millones pero que aún requiere avances. El proyecto de ley también incluye el derecho a la desconexión digital, para proteger el descanso y la intimidad de los trabajadores.
Además, en caso de incumplimiento del registro horario, se contemplan sanciones por cada trabajador afectado si no se lleva un control o si los datos son manipulados. Las infracciones que supongan riesgos graves para la salud y seguridad de los empleados por una mala organización del tiempo de trabajo serán consideradas muy graves, y podrán acarrear multas que van desde 1.000 hasta 10.000 euros.
Desde comienzos de la década de 1980, España ha experimentado una disminución gradual en las horas de trabajo estipuladas en los convenios colectivos. Mientras que en 1983 la jornada media superaba las 40 horas semanales, en 2022 se redujo a 38,2 horas. Esta evolución ha sido posible gracias a la negociación colectiva, un mecanismo fundamental que ha permitido adaptar la duración de la jornada a las necesidades específicas de cada sector sin poner en riesgo la viabilidad empresarial.
No obstante, la jornada media actual todavía excede el objetivo de reducción propuesto de 37,5 horas semanales, lo que implicaría una disminución adicional del 2,8%. Este cambio afectaría a aproximadamente el 76,1% de los asalariados que están bajo el paraguas de un convenio colectivo, es decir, unos 9,8 millones de personas.
¿Por qué no todas las empresas han reducido su jornada laboral? Aunque la tendencia general ha sido de reducción progresiva, existen marcadas diferencias entre sectores. Actividades como la hostelería, el comercio, la agricultura y ganadería, y el sector inmobiliario siguen registrando jornadas pactadas superiores a las 39 horas semanales en más del 90% de sus plantillas.
Este desfase se debe, en gran parte, a factores organizativos y productivos. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el núcleo del tejido empresarial español, suelen tener menores niveles de productividad y una capacidad limitada para reorganizar sus recursos humanos o afrontar costes adicionales derivados de la reducción de jornada.
Según un informe de CEPYME sobre el impacto de esta medida en las pymes, imponer una reducción generalizada a 37,5 horas semanales sin haber sido previamente negociada en los convenios podría suponer un coste directo de 13.900 millones de euros anuales, debido a las horas no trabajadas pero sí remuneradas.
A este coste directo se añadiría otro impacto indirecto de unos 33.800 millones de euros, relacionado con el valor añadido bruto que se dejaría de generar por la disminución de la actividad productiva. En conjunto, el coste económico total ascendería a unos 47.700 millones de euros anuales, lo que resulta especialmente preocupante en un contexto en el que la productividad lleva más de una década estancada.
En 2024, la productividad por trabajador en España sigue siendo similar a la de 2012, lo que revela un problema estructural de fondo. Mientras que las grandes empresas superan los 90.000 euros de valor añadido bruto por empleado, las microempresas apenas alcanzan los 34.000 euros.
También la rentabilidad empresarial es un factor clave. Las pymes españolas se encuentran entre las menos rentables de Europa, con un margen del 8,8% sobre ventas, solo por encima de Francia, según datos de CEPYME. Además, el impacto de una reducción de jornada no sería igual en todos los sectores. Según el informe, cinco áreas verían afectada la jornada del 90% o más de sus trabajadores: inmobiliarias (99,5%), hostelería (99%), agroganadería (96,8%), comercio (96,7%) e información y comunicaciones (90,3%).
Estos sectores no solo concentran millones de empleos, sino que también son intensivos en mano de obra y presentan niveles de productividad más bajos que el promedio. Por tanto, una reducción brusca de la jornada sin medidas de apoyo podría poner en riesgo su sostenibilidad.
Ante esta situación, CEPYME recomienda que cualquier reducción del tiempo de trabajo se vincule al contexto productivo de las empresas. La organización subraya que estas medidas deben estar acompañadas de mejoras en eficiencia y en innovación tecnológica, especialmente en las pymes. Además, recalca la importancia de seguir apostando por la negociación colectiva como vía preferente para implementar estos cambios, garantizando así tanto la estabilidad laboral como la continuidad empresarial.
En una jornada considerada como "histórica" por organizaciones sociales y sindicatos, el Pleno del Senado dio este martes 22 de abril su visto bueno definitivo al Proyecto de Ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social. Con esta aprobación, se elimina el despido automático de las personas que obtienen una incapacidad permanente. El resultado de la votación fue contundente: 251 votos a favor, solo tres en contra (correspondientes a Vox) y ninguna abstención.
La iniciativa, promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, bajo la dirección de Yolanda Díaz, tiene como objetivo proteger el derecho de las personas con discapacidad a conservar su empleo si así lo desean. Para ello, se prioriza la posibilidad de realizar ajustes razonables en sus funciones laborales antes de optar por finalizar su contrato. De acuerdo con la nueva normativa, los trabajadores que reciban el reconocimiento de una incapacidad permanente -ya sea total, absoluta o de gran invalidez- dispondrán de un mes para decidir si quieren continuar trabajando. Si optan por seguir, la empresa contará con un plazo de hasta tres meses para adaptar su puesto o reubicarlos conforme a sus nuevas capacidades.
Uno de los puntos clave de la reforma es que el despido solo podrá ejecutarse si se demuestra que los ajustes necesarios suponen una "carga excesiva" para la empresa. Gracias a una enmienda de Podemos, se estableció que esta carga no se considerará excesiva si los gastos derivados de la adaptación no superan el coste de una indemnización por despido o el equivalente a seis meses de salario. Mientras se lleva a cabo este proceso, el trabajador continuará percibiendo el subsidio por incapacidad temporal, lo que garantiza su cobertura económica. Esta reforma también responde a una demanda del Tribunal Supremo y se ajusta a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), valoró muy positivamente el consenso político alcanzado: "Esta puede ser la reforma laboral más relevante de la legislatura para las personas con discapacidad". Además, el texto incluye una cláusula que obliga al Gobierno a legislar en el plazo de un año para facilitar la adaptación de los puestos de trabajo de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército que hayan adquirido alguna discapacidad.
"La práctica del despido automático por incapacidad permanente era una forma de discriminación histórica", afirmó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien celebró la aprobación de esta ley como "un paso decisivo hacia la justicia social y la ampliación de los derechos laborales".
España concluyó el año 2024 con 940.000 jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan, la cifra más baja registrada en un cuarto trimestre desde que existen datos. Esto sitúa la tasa de 'ninis' en el 11,8% de los jóvenes, una reducción respecto al 12,6% del año anterior. No obstante, esta proporción aún supera la media de la zona euro y sigue lejos de los países líderes como Países Bajos, donde solo el 5% de los jóvenes se encuentra en esta situación, según los datos publicados por Eurostat. Además, el ritmo de mejora se ha desacelerado notablemente desde el impulso inicial tras la pandemia. Las principales barreras que frenan un mayor avance siguen siendo el elevado desempleo juvenil y el abandono escolar, dos ámbitos en los que España encabeza las estadísticas europeas.
Surge entonces la pregunta: ¿ha llegado España al límite de reducción de su tasa de 'ninis'? ¿Estamos ante un umbral estructural que solo podría superarse mediante reformas de gran calado, más ambiciosas que las realizadas hasta ahora? La evolución histórica muestra que el punto más crítico se alcanzó entre finales de 2012 y principios de 2013, cuando los 'ninis' superaban el 23% del total de jóvenes, es decir, 1,7 millones de personas menores de 30 años. Desde entonces, la cifra ha descendido de forma notable, aunque con un repunte en 2020 por los efectos de la pandemia. En los últimos años, sin embargo, la tendencia a la baja ha perdido fuerza.
Esta desaceleración es especialmente visible en el grupo de jóvenes entre 15 y 24 años. Al cierre de 2024, 540.000 de ellos no estudiaban ni trabajaban, lo que representa un 9,9% de esa franja de edad. Aunque esta es también una cifra mínima para un fin de año, algunos trimestres de 2023 mostraron datos aún más bajos.
Actualmente, los jóvenes de entre 15 y 24 años suponen el 56,1% del total de 'ninis', el porcentaje más alto de toda la serie histórica. Esto indica que la problemática se concentra sobre todo en quienes acaban de abandonar el sistema educativo (independientemente de si han terminado sus estudios o no) y tratan de incorporarse al mercado laboral.
España ha logrado reducir su distancia con la media de la Unión Europea y la zona euro hasta su nivel más bajo: solo siete décimas, cuando en los peores años de la crisis llegó a haber casi siete puntos de diferencia. A pesar de ello, el país apenas ha escalado posiciones en el ranking europeo: ha pasado del quinto al octavo lugar entre los países con mayor tasa de 'ninis'.
En este proceso ha mejorado respecto a países como Francia (12,7%) y mantiene ventaja frente a Italia (15,2%). Sin embargo, aún se encuentra lejos de otros vecinos como Portugal (8,6%), Alemania (8,5%) y, en especial, Países Bajos (5%).
Es importante señalar que en España, el fenómeno de los 'ninis' suele estar mal interpretado. Se tiende a asociar con jóvenes desmotivados que ni estudian ni buscan empleo, cuando en realidad la mayoría de ellos son desempleados activos, es decir, personas que quieren trabajar pero no encuentran empleo. Esto revela un desajuste entre el sistema educativo y las demandas del mercado laboral.
España sigue teniendo la tasa de desempleo juvenil más alta de la UE: un 25,3% entre los menores de 25 años, frente a una media europea del 14,7%. Además, la diferencia entre esta tasa y el paro general del país (10,8%) es abismal. Incluso supera al 9,9% de jóvenes 'ninis' de esa edad, lo que sugiere que una buena parte de los desempleados jóvenes sigue formándose.
Es llamativo que España tenga una tasa de 'ninis' inferior a la de países con tasas de desempleo más elevadas. Esto plantea la duda de si el problema reside en la falta de educación o en la escasa utilidad de la formación recibida para acceder al mercado laboral. En respuesta a esto, España ha apostado por reforzar la Formación Profesional Dual, aunque aún se encuentra lejos de modelos más consolidados como el alemán o el neerlandés. Sin embargo, el problema también afecta a jóvenes con estudios universitarios, que a pesar de prolongar su etapa formativa, tienen dificultades para encontrar empleo. Por este motivo, la Comisión Europea amplía su análisis hasta los menores de 30 años, entre los que España registra una tasa de desempleo del 19,1%, frente al 11,25% de la media comunitaria.
Cepyme ha quedado fuera del Comité Económico y Social Europeo (CESE), el órgano consultivo de la Unión Europea que agrupa a representantes de trabajadores, empresarios y otros colectivos sociales. Hasta ahora, la CEOE contaba con siete representantes en este comité, pero el Ministerio de Trabajo -encargado de proponer a los miembros- ha decidido reducir esa cifra a seis. A raíz de esta reducción, según confirman fuentes consultadas por elEconomista.es, la CEOE ha optado por dejar fuera a Cepyme, que llevaba una década participando en el CESE.
La representación de Cepyme recaía hasta ahora en su vicepresidenta, María Helena de Felipe, quien también forma parte de Foment del Treball y ostenta el cargo de vicepresidenta ejecutiva en la confederación europea de pymes, SME United. Desde la CEOE, organización presidida por Antonio Garamendi, confirman que han pasado de tener siete a seis asientos, pero rechazan que haya una intención deliberada de excluir a Cepyme. Alegan que sus representantes no hablan solo por las grandes empresas, sino por todo el colectivo empresarial, incluidas las pymes.
Esta decisión profundiza en las tensiones internas entre CEOE y Cepyme, especialmente marcadas por el conflicto entre el actual presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, y Ángela de Miguel, la candidata respaldada por Garamendi para liderar la organización de pymes. El malestar dentro de Cepyme ha aumentado, sobre todo después de que De Miguel afirmara, al presentar su candidatura para las elecciones del 20 de mayo, que "las pymes están abandonadas". Aunque es cierto que CEOE ha perdido un asiento, muchas organizaciones no comprenden por qué la única organización que representa directamente a las pymes ha sido excluida en este momento.
Según las fuentes citadas, el proceso de renovación de los vocales comenzó en marzo y se extenderá hasta septiembre. En este contexto, la CEOE podría optar por mantener a sus seis representantes actuales -procedentes de sectores como el metal, la banca, la distribución, la alimentación, además de un asesor cercano a Garamendi y la delegada de la patronal en Bruselas- o modificar la composición.
El reglamento establece que los Estados miembros son los encargados de proponer a los miembros del CESE, basándose en las candidaturas que presentan las organizaciones, mientras que el nombramiento final lo realiza el Consejo Europeo por un periodo de cinco años. A España le corresponden 21 representantes: siete por parte de los trabajadores, siete por parte de los empresarios y siete más por otros intereses sociales. Hasta ahora, en el grupo empresarial solo participaba la CEOE, mientras que el cupo sindical se reparte entre CCOO, UGT y ELA.
Este escenario ha impulsado a otras organizaciones, como Conpymes y Pimec, a mover ficha para ocupar el espacio institucional dejado por Cepyme. Ambas buscan ganar terreno en la representación de las pequeñas y medianas empresas tanto a nivel institucional como en el diálogo social y la negociación colectiva. El Gobierno, además, parece estar abierto a esta posibilidad, como muestra el desarrollo de la futura ley sobre representatividad empresarial, enfocada en dar voz a las empresas de menor tamaño.
El Ministerio de Trabajo no ha dado explicaciones públicas sobre la exclusión de Cepyme, a pesar de que hace apenas una semana inició el proceso para facilitar la entrada de Pimec en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC). En una orden emitida el pasado 10 de abril, el departamento de Yolanda Díaz concedía a las organizaciones empresariales madrileñas un plazo de diez días para acordar con Pimec la distribución de los asientos.
Pimec, por su parte, intentó iniciar un diálogo con CEOE y Cepyme a través de dos cartas solicitando una reunión. Sin embargo, no obtuvo respuesta y se enteró posteriormente de que ambas organizaciones habían decidido ampliar el recurso que presentaron en agosto contra la orden que regula el proceso de renovación. CEOE y Cepyme han pedido medidas cautelares para frenar el procedimiento hasta que se resuelva el litigio, argumentando que Pimec no puede formar parte del órgano por estar ya integrada en otra confederación estatal.
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