(El País, 30-10-2025) | Laboral
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una ayuda económica de último recurso que actualmente beneficia a millones de personas, de las cuales un 40% son menores. Esta prestación, que cumple cinco años desde su creación en 2020 -en plena pandemia-, ha sido una de las medidas sociales más modificadas en los últimos tiempos. El motivo es que el Gobierno ha intentado ajustar su diseño para adaptarlo mejor a las necesidades de los colectivos más vulnerables, a menudo los más difíciles de alcanzar. Así, los criterios que deben cumplir los más de 500.000 hogares que hoy perciben el IMV -relacionados con los ingresos, la composición familiar o la compatibilidad con un empleo- han cambiado en varias ocasiones.
Un nuevo dato conocido este miércoles plantea la necesidad de nuevas reformas: más de 200.000 familias cumplen los requisitos económicos para recibir la ayuda, pero quedan excluidas por tener un patrimonio (aparte de su vivienda habitual) que, aunque no les proporciona ingresos reales, supera el límite legal. Así lo ha señalado Luis Ayala, catedrático de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED, durante unas jornadas organizadas por el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El profesor explicó que estos casos incluyen, por ejemplo, personas que poseen una segunda vivienda heredada en el pueblo y que no pueden convertir fácilmente en dinero para cubrir sus necesidades básicas.
Ayala también reveló otro obstáculo importante: alrededor del 20% de las solicitudes se rechazan automáticamente porque la composición familiar declarada no coincide con la registrada en el padrón municipal, algo habitual entre los hogares más precarios debido a su constante movilidad y la dificultad para mantener una residencia estable. Esta situación se agrava por la crisis de acceso a la vivienda, que impide a muchas familias permanecer largo tiempo en un mismo domicilio.
Tanto este problema como el del patrimonio son solo algunos ejemplos de las rigideces que, según los expertos, deberían revisarse para que el IMV llegue a un número mayor de beneficiarios. Los últimos datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), publicados en julio, indican que la ayuda solo alcanza al 45% de quienes tienen derecho a ella.
Según las cifras más recientes (septiembre), los hogares que perciben exclusivamente el IMV son unos 450.000. Si se incluyen los beneficiarios del complemento de ayuda a la infancia -que pueden recibir familias con ingresos ligeramente superiores a los del IMV-, la cifra total supera las 700.000. Sin embargo, la AIReF separa ambas prestaciones al calcular el denominado non take up, es decir, el porcentaje de potenciales beneficiarios que no solicitan la ayuda. Según su análisis, cerca del 55% de las familias que podrían percibir el IMV no lo han solicitado, y el porcentaje se eleva al 72% en el caso del complemento infantil (CAPI).
El bajo nivel de cobertura es, para los expertos, el principal punto débil del sistema. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, recordó que el año pasado se destinaron más de 6.000 millones de euros a estas ayudas. Según sus cálculos, ampliar la cobertura al 100% de los hogares elegibles y erradicar la pobreza costaría unos 6.000 millones adicionales, una cantidad que equivaldría aproximadamente al 0,75% del PIB, lo que considera "una inversión razonable y asumible".
Tanto De la Fuente como Ayala coinciden en que el IMV ha sido una herramienta eficaz contra la pobreza, pero subrayan que todavía puede mejorar. Proponen simplificar los procedimientos y acortar los plazos administrativos para que la concesión de la ayuda sea casi automática. Además, creen que su gestión debería transferirse a las comunidades autónomas, ya que sus servicios sociales están más próximos a la realidad de las familias vulnerables y porque también gestionan los programas de inserción laboral, que son esenciales para la inclusión de los beneficiarios.
En este punto, el ex secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, matizó que más que transferir la competencia a las comunidades, sería más eficaz delegarla en los servicios sociales municipales, por ser los que tienen un contacto directo con los ciudadanos. Los expertos también recomiendan reformar los incentivos para compatibilizar el IMV con un salario, simplificando los requisitos y estableciendo una retirada gradual de la prestación para que trabajar siempre resulte ventajoso.
Finalmente, Ayala insistió en la necesidad de resolver el "grave problema" que supone la exigencia de devolución de entre 4.000 y 8.000 euros a familias que, por un cambio en sus circunstancias, han cobrado de más. Considera que se trata de un fallo de gestión que "condena a muchas personas al endeudamiento". Además, argumentó que la transferencia de competencias a las comunidades autónomas ayudaría a garantizar una mayor equidad territorial, ya que hoy cada región aplica criterios distintos: mientras en el País Vasco o Navarra el IMV se complementa con ayudas autonómicas, en Madrid o Aragón muchas de esas rentas previas se han suprimido casi por completo, generando un "auténtico mosaico desigual de prestaciones".