Un total de 23 de las principales organizaciones empresariales, financieras y profesionales de la Unión Europea han reclamado conjuntamente a los gobiernos comunitarios que eliminen la complejidad fiscal innecesaria. Las entidades firmantes, entre las que se encuentran BusinessEurope, AmCham EU, AFME, Eurochambres y SMEunited, consideran que el exceso de trámites y la fragmentación de las normas tributarias están restando competitividad a la economía europea y absorbiendo recursos que podrían destinarse a inversiones productivas, creación de empleo e innovación.
Según las estimaciones recogidas en la declaración, los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones fiscales alcanzan los 8.600 millones de euros anuales. Las organizaciones advierten de que esta carga administrativa supone un obstáculo para las empresas europeas en un momento en el que Estados Unidos y China avanzan en ámbitos como la tecnología, la productividad y la innovación. A su juicio, el tejido empresarial del continente sigue condicionado por un marco normativo excesivamente complejo y fragmentado.
Las críticas se dirigen especialmente al Paquete de Simplificación Fiscal presentado por la Comisión Europea, que consideran una oportunidad decisiva para reducir las cargas que soportan las compañías. Bruselas se ha marcado como objetivo disminuir los costes administrativos un 25% para las grandes empresas y un 35% para las pequeñas y medianas. Sin embargo, las asociaciones empresariales temen que estas metas no se alcancen si los Estados miembros rebajan la ambición de la reforma durante su negociación.
Entre los problemas que señalan figura el sistema de retenciones fiscales en origen dentro del mercado único, que obliga a las empresas a pagar determinados impuestos para después solicitar su devolución, un procedimiento que puede prolongarse durante meses o incluso años y que genera importantes costes administrativos. También cuestionan que las compañías tengan que aportar repetidamente información y certificados que ya obran en poder de las propias administraciones tributarias.
Las organizaciones firmantes han advertido a los ministros de Economía y Finanzas de la UE de que el proceso de negociación no debe desvirtuar las medidas propuestas por la Comisión. Consideran que las exigencias de recaudación y los mecanismos de control del fraude no pueden convertirse en argumentos para mantener o recuperar obstáculos burocráticos. Por ello, reclaman que cualquier acuerdo final permita avanzar hacia un sistema más sencillo que el actual y conserve los objetivos iniciales del paquete legislativo.
La iniciativa cuenta con el respaldo de representantes de distintos ámbitos, desde el sector bancario y los inversores de capital privado hasta las asociaciones de pequeñas empresas, los profesionales de la contabilidad y los asesores fiscales. Todos coinciden en que simplificar las obligaciones tributarias no significa reducir la lucha contra el fraude, sino mejorar el funcionamiento del mercado único y facilitar la actividad empresarial. Esta reivindicación tiene especial relevancia para España, donde las pymes representan más del 99% del tejido empresarial y soportan, además de las exigencias comunitarias, una importante carga burocrática derivada de la normativa estatal y autonómica.
La llegada de tres millones de turistas al año puede representar una importante fuente de ingresos para las arcas municipales, pero también supone un considerable aumento de los gastos que deben afrontar los ayuntamientos para mantener los servicios públicos. Es el caso de Salou (Tarragona), que cuenta con apenas 33.000 habitantes empadronados y debe atender a una población flotante muy superior. Su alcalde, Pere Granados (PSC), reconoce que los vecinos soportan una parte importante del coste de unos servicios dimensionados para atender a muchas más personas que las que residen habitualmente en el municipio. Una situación similar atraviesa Benidorm (Alicante), que debe hacer frente a una indemnización de 360 millones de euros, una obligación que dificulta el proceso de reducción de su deuda. Ambas localidades reclaman una modificación del sistema de financiación de las entidades locales que permita aumentar los recursos disponibles para atender las necesidades derivadas de la actividad turística.
Las cuentas municipales de Salou reflejan el incremento de estos costes. El presupuesto ha pasado de 46,7 millones de euros en 2021 a los 76,2 millones previstos para 2026, lo que supone un crecimiento del 66%. Una parte importante de este aumento corresponde al gasto corriente en bienes y servicios, que engloba tanto las prestaciones vinculadas al turismo como las destinadas a la población residente. Esta partida ha pasado de 19,9 a 33,1 millones de euros y representa ya el 42,8% del presupuesto municipal, frente al 37,8% de hace cinco años. Solo en 2026 ha aumentado un 13,6%, convirtiéndose en el capítulo que más crece. Entre los motivos figuran la actualización y ampliación de contratos municipales relacionados con la jardinería, el socorrismo en las playas, el saneamiento, el mantenimiento de edificios, el alumbrado y las fuentes, además de la segunda fase del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria.
El alcalde de Salou explica que buena parte de estos gastos se cubren mediante el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y las tasas municipales, que pagan tanto los residentes como los propietarios de segundas viviendas y los titulares de actividades económicas. Sin embargo, considera que el actual modelo de financiación local no tiene suficientemente en cuenta el impacto que el turismo genera sobre los servicios públicos. Por ello, defiende una revisión del sistema que permita distribuir los recursos de una forma más equitativa y ajustada a las características de los municipios turísticos. Entre sus propuestas figura que estas localidades puedan recibir directamente una parte del IVA recaudado por la actividad económica desarrollada en su territorio.
Salou pertenece a la Alianza de Municipios de Sol y Playa, integrada por ocho localidades: Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos. En conjunto, estos municipios reciben alrededor del 9% de los turistas extranjeros que visitan España y concentran el 19% de las pernoctaciones. Su principal dificultad es atender a una población temporal que puede multiplicar considerablemente el número de residentes, con el consiguiente aumento de las necesidades de limpieza, seguridad, mantenimiento e infraestructuras. Además, la reducción de la estacionalidad turística prolonga la presión sobre los servicios municipales durante buena parte del año, lo que complica la elaboración de unos presupuestos capaces de absorber el incremento del gasto.
Benidorm, con unos 77.000 habitantes censados y cerca de tres millones de visitantes anuales, afronta una situación financiera especialmente complicada por una sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a indemnizar con unos 350 millones de euros a los antiguos propietarios de unos terrenos situados en Sierra Gelada. Los suelos perdieron sus posibilidades de desarrollo urbanístico tras quedar integrados en el parque natural del mismo nombre. El acuerdo alcanzado posteriormente entre el consistorio y los propietarios contempla un primer desembolso de 60 millones de euros antes de finalizar el año y un periodo de carencia de cinco años. A partir de 2031, el Ayuntamiento deberá reservar el 8% de su presupuesto para atender los pagos pendientes, con el objetivo de liquidar la indemnización en un plazo máximo de 30 años.
Esta obligación ha complicado la evolución de las cuentas municipales, pese a que el Ayuntamiento había conseguido reducir de forma significativa su endeudamiento. En el último ejercicio, la deuda neta descendió de 58,2 a 32,8 millones de euros, prácticamente la mitad. Su alcalde, Toni Pérez (PP), sostiene que el desembolso inicial de 60 millones no ha obligado a reducir los servicios públicos ni a incrementar los impuestos y asegura que esa seguirá siendo la prioridad del consistorio. No obstante, también reconoce las dificultades para equilibrar los gastos municipales y reclama una reforma de la Ley de Haciendas Locales. Al igual que su homólogo de Salou, defiende que todos los municipios, independientemente de su condición turística, puedan participar en la recaudación del IVA generado por el consumo en su territorio. Por el contrario, rechaza la implantación de una tasa turística, al considerar que supondría gravar actividades que ya están sujetas al IVA y que su aplicación tendría un alcance limitado y discriminatorio.
Los otros seis integrantes de la Alianza de Municipios de Sol y Playa comparten la reclamación de una reforma urgente del modelo de financiación local que reconozca el esfuerzo económico adicional que deben realizar estas localidades. El sistema actual, que lleva 22 años sin modificaciones, establece unos requisitos muy restrictivos para que un municipio pueda ser considerado turístico a efectos de financiación. Entre ellos figuran no ser capital de provincia o de comunidad autónoma, contar con una población censada de entre 20.000 y 75.000 habitantes y disponer de más viviendas de segunda residencia que de residencia habitual. De los ocho municipios que forman parte de la alianza, únicamente Salou reúne estas condiciones y recibe por este concepto 286.854 euros anuales, una cantidad que representa el 11,6% del total distribuido.
La Comunidad de Madrid pondrá en marcha una nueva línea de avales públicos para facilitar la compra de viviendas de obra nueva, tanto libres como protegidas. La iniciativa permitirá a los compradores evitar el desembolso anticipado de hasta el 10% del precio del inmueble mientras duren las obras. El Consejo de Gobierno aprobará este miércoles las condiciones del programa, que contará con un límite de 50 millones de euros.
Cuando se adquiere una vivienda sobre plano, es habitual que el comprador tenga que entregar al promotor o a la cooperativa determinadas cantidades a cuenta antes de que finalice la construcción. Con el nuevo sistema, las sociedades de garantía recíproca (SGR) podrán conceder avales a estas entidades para cubrir dichos anticipos, evitando que los futuros propietarios tengan que disponer de ese dinero durante el periodo de edificación.
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso asumirá sin coste hasta el 70% del importe de cada garantía, mientras que las sociedades que concedan los avales deberán cubrir al menos el 30% restante. Podrán participar las SGR domiciliadas en la Comunidad de Madrid que cumplan los requisitos económicos exigidos y suscriban un acuerdo con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. La medida entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y estará disponible para los compradores a medida que las entidades se incorporen al programa.
Una vez terminada la vivienda, quienes asuman la hipoteca del promotor podrán solicitar su adhesión al plan autonómico Mi Primera Vivienda, que facilita el acceso a préstamos hipotecarios de al menos el 90% del valor de tasación. Para ello, deberán cumplir las condiciones establecidas y contratar la financiación con alguna de las doce entidades bancarias adheridas: Bankinter, Cajamar, Unión de Créditos Inmobiliarios, CaixaBank, Banco Santander, Ibercaja, ING, Unicaja, Kutxabank, ABANCA, Banco Sabadell y Eurocaja Rural.
El porcentaje de financiación dependerá de la edad del solicitante. Podrá alcanzar el 100% del precio de la vivienda para los menores de 40 años, el 95% para quienes tengan entre 40 y 45 años y el 90% en el tramo de 45 a 50 años. El programa dispone de un presupuesto de 25 millones de euros para 2026 y establece los 50 años como límite general de edad, aunque quedan exentas de esta restricción las familias con hijos menores a cargo, las numerosas y las monoparentales. El precio máximo del inmueble no podrá superar los 425.000 euros.
A estas iniciativas se sumarán dos nuevas rebajas fiscales que el Gobierno regional incorporará a los Presupuestos de 2027 y que entrarán en vigor el 1 de enero de ese año. La primera contempla reducir del 6% al 4% el tipo del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (TPO) para la adquisición de vivienda habitual de segunda mano por menores de 40 años, siempre que el inmueble no supere los 450.000 euros. La medida podría beneficiar a unos 40.000 jóvenes y supondría un ahorro conjunto de 114 millones de euros anuales, con una reducción media cercana a los 3.000 euros por comprador.
La segunda rebaja afecta al impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), que grava la adquisición de vivienda nueva, cuyo tipo pasará del 0,75% al 0,4%. El Gobierno madrileño calcula que esta reducción permitirá ahorrar unos 2,1 millones de euros al año y beneficiará a alrededor de 4.200 jóvenes. En conjunto, las dos medidas fiscales supondrán un ahorro estimado de 116 millones de euros anuales.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que establece un paquete de ayudas e indemnizaciones para las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que se saldó con 69 fallecidos y más de 200 heridos. La norma contempla un procedimiento específico para adelantar el pago de las compensaciones, con el propósito de que los afectados y sus familiares puedan recibirlas sin tener que esperar a que concluyan todos los trámites.
Según explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, las indemnizaciones duplicarán las previstas en el seguro obligatorio de viajeros. De esta forma, las cantidades podrían situarse en torno a los 216.000 euros para los familiares de las personas fallecidas y en unos 84.000 euros para los heridos. A estas cuantías se añadirán ayudas complementarias de 72.000 euros por cada fallecimiento, lo que elevaría la compensación total hasta aproximadamente 288.000 euros. La ministra portavoz, Elma Saiz, señaló que el dolor provocado por la tragedia afecta al conjunto de la sociedad y que se ofrecerá más información conforme avance la investigación judicial.
El decreto incorpora también un mecanismo extraordinario para anticipar las indemnizaciones, similar al aplicado tras el accidente ferroviario de Adamuz el pasado enero. Para ello, se habilitará una partida de 30 millones de euros. Asimismo, se establece un procedimiento especial de incapacidad temporal que permitirá mejorar la protección de las personas afectadas durante su recuperación. El paquete se completa con la apertura de oficinas de atención integral en todas las comunidades autónomas en las que residan víctimas del accidente.
Otra de las medidas aprobadas busca evitar incrementos desproporcionados en las tarifas de otros medios de transporte como consecuencia de las interrupciones del servicio ferroviario. El Gobierno pretende establecer mecanismos que permitan contener los precios y prevenir subidas abusivas, como las que se registraron tras el accidente de Adamuz, cuando algunas tarifas llegaron a multiplicarse por ocho o nueve.
Por último, el Ejecutivo ha aprobado un plan específico para reforzar la seguridad de la red ferroviaria, basado en la innovación tecnológica, la revisión de los protocolos y la mejora de los recursos humanos. Entre las actuaciones previstas figuran nuevas herramientas para facilitar la comunicación entre maquinistas y controladores, así como la finalización del despliegue del sistema de seguridad destinado a sustituir al LZB, señalado como causante del accidente de Urda.
En cuanto a los procedimientos operativos, las decisiones adoptadas desde los centros de control deberán contar a partir de ahora con la validación de, al menos, un segundo controlador. También se estudiará la incorporación de nuevas medidas de seguridad pasiva inspiradas en las utilizadas en el transporte aéreo. El plan incluye, además, mejoras en las condiciones laborales del personal ferroviario y la introducción de nuevos protocolos de descanso.
El grupo de expertos constituido por el Ministerio de Trabajo ya ha elaborado su propuesta para la próxima actualización del salario mínimo interprofesional (SMI), una recomendación que el Gobierno esperaba para iniciar el proceso de aprobación de la subida antes de que termine la legislatura. Los especialistas plantean un incremento del 4,9% para 2027, lo que elevaría el salario mínimo desde los actuales 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas hasta los 1.281 euros. Esto supondría 60 euros más al mes y permitiría compensar la evolución de los precios, cuya tasa interanual se situó en el 4,9% en octubre, según los cálculos recogidos en el informe elaborado por académicos, representantes sindicales y miembros del Ejecutivo. Como viene sucediendo en los últimos años, el documento servirá de referencia para la posterior negociación entre el Ministerio, los sindicatos y las organizaciones empresariales, de la que saldrá la cuantía definitiva. Mientras CC OO y UGT reclaman un aumento del 7%, la patronal ha cuestionado la premura con la que se está desarrollando el proceso. Por su parte, el Gobierno pretende aprobar la subida antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre.
El encargo realizado por Trabajo a la comisión de expertos consistía en determinar dos posibles incrementos: uno que permitiera situar el SMI en el 60% del salario medio neto y otro que garantizara que no perdiera poder adquisitivo. Ambos objetivos ofrecen resultados diferentes, ya que el primero depende de cómo evolucionen las retribuciones del conjunto de los trabajadores, mientras que el segundo está condicionado por el comportamiento de la inflación. La referencia al 60% responde al criterio defendido por el Comité Europeo de Derechos Sociales en su interpretación de la Carta Social Europea, que considera esta proporción un nivel adecuado para garantizar un salario mínimo suficiente. Aunque no constituye una obligación directa para los Estados, es un objetivo respaldado por distintos especialistas y asumido por PSOE y Sumar en su programa de Gobierno. Ambas formaciones se comprometieron a modificar el Estatuto de los Trabajadores para vincular automáticamente la evolución del SMI al 60% del salario medio, una iniciativa que no ha prosperado debido a la falta de apoyos parlamentarios.
De acuerdo con los cálculos de la comisión, para que el salario mínimo neto alcance ese porcentaje del salario medio neto sería suficiente con fijar una retribución bruta anual de 17.554 euros, lo que representa un incremento del 2,7% respecto a 2026. En términos mensuales, el SMI pasaría de 1.221 a 1.254 euros, es decir, 33 euros más en cada una de las 14 pagas. Sin embargo, esta actualización no bastaría para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben el salario mínimo, puesto que el incremento quedaría por debajo de la inflación. Por este motivo, los expertos consideran que, si se mantiene la exención del SMI en el IRPF, debería aplicarse una subida del 4,9%, equivalente al aumento de los precios registrado en octubre. El Ejecutivo ya ha anunciado su intención de aprobar nuevamente una deducción fiscal para evitar que quienes cobran el salario mínimo tengan que tributar por este impuesto, aunque todavía no ha concretado cuándo pondrá en marcha la medida.
La cuestión de la tributación del SMI ha generado diferencias entre los ministerios de Trabajo y Hacienda. Mientras el departamento de Yolanda Díaz ha defendido que estas retribuciones queden exentas del IRPF, Hacienda había sostenido en ejercicios anteriores que también debían contribuir a los ingresos públicos. Su argumento se apoyaba en el fuerte crecimiento experimentado por el salario mínimo desde 2018, cuando pasó de 736 a 1.221 euros mensuales, un aumento acumulado del 66% que ha ampliado hasta unos 2,5 millones el número de trabajadores que perciben esta remuneración. Para Hacienda, no resultaba conveniente que un colectivo tan numeroso quedara al margen de la tributación. No obstante, esta posición se modificó el pasado año, después de que el Ministerio de Trabajo solicitara a los expertos que calcularan las subidas teniendo en cuenta tanto un escenario con tributación como otro sin ella.
La recomendación de los expertos tiene una influencia considerable en la posición que adopta Trabajo durante las negociaciones con los agentes sociales. El precedente más reciente se encuentra en la subida del año pasado, cuando la comisión planteó un incremento del 3,1%, exactamente el porcentaje que finalmente pactaron el Ministerio, CC OO y UGT. Las organizaciones empresariales quedaron fuera del acuerdo, una situación que se ha repetido en prácticamente todas las actualizaciones aprobadas desde que Yolanda Díaz está al frente de Trabajo. La única excepción fue la subida de 2020, cuando el SMI alcanzó los 950 euros y contó con el respaldo de la patronal.
La actualización prevista para 2027 será la última que impulse Díaz como ministra de Trabajo, ya que no volverá a concurrir como candidata de la izquierda. El Ejecutivo podrá aprobarla mediante real decreto, sin necesidad de obtener el respaldo del Congreso, al tratarse de una medida que no requiere una ley para modificar su cuantía. Esta fórmula ha permitido mantener los incrementos anuales del salario mínimo durante una legislatura marcada por las dificultades parlamentarias, en la que el Gobierno no consiguió sacar adelante otras iniciativas laborales, como la reducción de la jornada máxima a 37,5 horas semanales.
El fracaso de esta reforma llevó a Trabajo a plantear como alternativa un refuerzo del registro horario, una iniciativa que todavía no ha sido aprobada pese a que el departamento de Díaz y el Ministerio de Economía habían anunciado que estaría lista en septiembre. El retraso ha provocado un notable malestar entre los sindicatos, que han condicionado su participación en futuros acuerdos con el Gobierno a que se refuerce el control de la jornada laboral. Si el Ejecutivo no desbloquea esta medida y las centrales mantienen su postura, la próxima subida del SMI podría aprobarse sin el apoyo de CC OO y UGT. Díaz ha reiterado en varias ocasiones su compromiso de sacar adelante el nuevo registro horario, incluso después de que el Consejo de Estado emitiera un dictamen muy crítico con el proyecto.
A esta discrepancia se suma otra de las reivindicaciones sindicales para respaldar el incremento salarial: impedir que las empresas compensen las subidas del SMI mediante la supresión de determinados complementos salariales. Los sindicatos reclaman que se apruebe por decreto una regulación que proteja conceptos como la antigüedad y otros pluses, evitando que las empresas los absorban para neutralizar el efecto real de la mejora salarial. Esta iniciativa también ha evidenciado diferencias entre los ministerios de Economía y Trabajo y continúa pendiente de aprobación.
Si el Gobierno decide aprobar la subida del salario mínimo antes de las elecciones del 29 de noviembre, la medida llegaría con bastante más antelación que en ejercicios anteriores. Habitualmente, las actualizaciones se han aprobado alrededor del mes de febrero, con efectos retroactivos desde el inicio del año. El adelanto del calendario ha suscitado críticas de la oposición, que considera que responde a intereses electorales, mientras que el Ejecutivo defiende la conveniencia de cerrar la cuestión antes de que el Gobierno entre en funciones. La patronal también ha cuestionado los plazos establecidos por Trabajo y, por el momento, no ha presentado una propuesta concreta sobre cuánto debería aumentar el salario mínimo en 2027.
La dificultad para mantener un hogar con un único salario se agrava en un contexto de elevada inflación, pero la situación resulta especialmente crítica cuando no se dispone de ningún ingreso. El último informe de la Fundación Adecco pone de manifiesto la vulnerabilidad económica de las familias monoparentales en España, una realidad que afecta mayoritariamente a mujeres. De los 1.944.800 hogares de este tipo contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 81,4%, equivalente a 1.582.100, está encabezado por una mujer. Para muchas de estas madres, el desempleo supone un riesgo de exclusión social y económica. De hecho, el 49,5% de las desempleadas reconoce que estaría dispuesta a aceptar un trabajo sin contrato ni alta en la Seguridad Social con tal de conseguir ingresos.
La tasa AROPE de pobreza y exclusión social entre estos hogares se sitúa en el 50,6%, prácticamente el doble de la media nacional, que alcanza el 25,7%. Ante esta situación, el 76,2% de las madres desempleadas necesita recurrir a algún tipo de apoyo familiar, institucional o social para salir adelante. Las prestaciones y ayudas públicas son esenciales para el 51% de ellas, mientras que el 19% depende principalmente de la ayuda de familiares y el 12% de las aportaciones de entidades sociales. Otro 18% combina varias de estas fuentes de apoyo.
Sin embargo, esta red de protección no ofrece seguridad a largo plazo. El 62,9% de las mujeres que reciben estas ayudas asegura que no tiene garantías de poder seguir contando con ellas durante los próximos doce meses. Además, nueve de cada diez madres que afrontan solas la crianza llegan a final de mes con algún grado de dificultad. Los principales gastos que tienen problemas para asumir son los relacionados con la educación de sus hijos, señalados por el 54%, y la vivienda, mencionada por el 44%.
La falta de recursos también limita su capacidad para afrontar gastos imprevistos. El 73,5% de estas mujeres no podría hacer frente a un desembolso de 600 euros, ya fuera por una avería en el hogar o por una necesidad médica. Esta precariedad contribuye a explicar por qué una parte de ellas estaría dispuesta a aceptar empleos en la economía sumergida, aun renunciando a derechos y protecciones básicas como las prestaciones por enfermedad o accidente y las cotizaciones necesarias para su futura jubilación.
El acceso a un empleo estable, con una remuneración suficiente y condiciones compatibles con las responsabilidades familiares, permitiría reducir esta dependencia. El 78,1% de las encuestadas considera que dejaría de necesitar total o parcialmente las ayudas familiares, públicas o sociales si dispusiera de un trabajo de estas características. No obstante, las dificultades para incorporarse al mercado laboral siguen siendo importantes. El 56% afirma que comunicar su situación familiar durante un proceso de selección reduce sus posibilidades de contratación debido a los prejuicios sobre su disponibilidad. Asimismo, el 73,2% ha tenido que rechazar una oferta de empleo o abandonar un proceso de selección por la imposibilidad de compatibilizar la jornada laboral con el cuidado de sus hijos.
El informe apunta a la necesidad de abordar el problema mediante cambios en las políticas de empleo y contratación, más allá de las ayudas económicas destinadas a cubrir las necesidades inmediatas. La mejora de la flexibilidad laboral, la adaptación de las jornadas y una mayor implicación de las empresas y las administraciones públicas resultan fundamentales para facilitar el acceso a empleos formales y estables. Sin estas medidas, una parte importante de los hogares monoparentales corre el riesgo de permanecer atrapada en la precariedad y de transmitir las situaciones de pobreza a las siguientes generaciones.
Las elecciones legislativas de medio mandato celebradas en Estados Unidos han supuesto un importante revés para el Partido Republicano, que ha perdido terreno en algunos de sus bastiones tradicionales y ha visto cómo los demócratas recuperaban el control del Senado y de la Cámara de Representantes. El resultado convierte a la oposición en un contrapeso al presidente Donald Trump durante los dos últimos años de su mandato y pone en dificultades la continuidad de buena parte de su programa político. El encarecimiento de los carburantes, la intervención militar en Irán, las políticas de detención de inmigrantes y las barreras arancelarias figuran entre los asuntos que han marcado el descontento expresado por los votantes.
Trump ha intentado desvincularse de la derrota de su partido alegando que su nombre no figuraba en las papeletas. A través de su red social Truth Social, aseguró que, de haber concurrido personalmente, los republicanos habrían conseguido una victoria contundente. Sin embargo, durante la campaña había animado a sus seguidores a votar como si su nombre apareciera en las papeletas y protagonizó cerca de una treintena de actos electorales, convirtiendo de hecho los comicios en una evaluación de su gestión. En estas elecciones estaban llamados a votar unos 250 millones de estadounidenses para renovar la representación parlamentaria.
La victoria demócrata se ha extendido tanto a la Cámara de Representantes, cuyos 435 escaños se sometían íntegramente a elección, como al Senado, donde se renovaba aproximadamente un tercio de sus miembros. Esta última Cámara presentaba mayores dificultades para la oposición, ya que de los 35 puestos en disputa, 22 estaban ocupados por republicanos y 13 por demócratas. Hasta ahora, los republicanos contaban con 53 senadores frente a los 47 demócratas, por lo que la oposición necesitaba obtener cuatro escaños adicionales para alcanzar la mayoría, teniendo en cuenta que el vicepresidente J. D. Vance dispone de voto de desempate.
Uno de los primeros resultados destacados llegó desde Carolina del Norte, donde el exgobernador demócrata Ray Cooper consiguió recuperar un escaño en el Senado que el partido no ocupaba desde hacía dos décadas. Cooper se impuso al republicano Michael Whately, presidente del Comité Nacional Republicano, que aspiraba a ocupar el puesto dejado vacante por Tom Tillis tras sus discrepancias con Trump. También se produjo un resultado inesperado en Carolina del Sur, donde la demócrata Annie Andrews logró imponerse a la republicana Darline Graham, consiguiendo la primera victoria de su partido en el estado en 28 años.
Otro de los resultados más significativos se registró en Texas, donde James Talarico consiguió derrotar al republicano Ken Paxton y obtener para los demócratas un escaño que no controlaban desde hacía más de 30 años. La contienda había generado una gran expectación en el segundo estado más extenso y poblado del país. Paxton, respaldado por Trump en las primarias frente al senador John Cornyn, llegaba a la campaña marcado por distintas acusaciones relacionadas con el ejercicio de su cargo y por las controversias sobre su vida personal. Talarico, antiguo profesor y seminarista, centró su discurso en combinar valores religiosos con propuestas económicas dirigidas a combatir el encarecimiento del coste de la vida y denunciar la corrupción. Durante la campaña recibió ataques directos del presidente, que utilizó apelativos despectivos para referirse a él, y del vicepresidente, que también cuestionó su orientación sexual.
Los demócratas lograron otro resultado relevante en Ohio, donde Sherrod Brown recuperó el escaño frente al republicano Jon Husted. El estado, que había respaldado a Trump en las tres últimas elecciones presidenciales, volvió a inclinarse por un candidato demócrata. La subida de los precios, el encarecimiento de la energía y el impacto de los aranceles sobre los costes empresariales parecen haber tenido un papel importante en el resultado electoral. También en Kansas se produjo un cambio histórico, con la victoria del demócrata Adam Hamilton frente al republicano Roger Marshall. Se trata del primer triunfo demócrata en el estado desde 1932. Hamilton, dirigente de una importante congregación religiosa de Kansas City, consiguió imponerse con un discurso moderado a un rival que contaba con el respaldo del presidente. Finalmente, los demócratas obtuvieron otro escaño en Iowa, donde Josh Turek, legislador y campeón paralímpico de baloncesto, derrotó a la republicana Ashley Hinson.
El nuevo equilibrio parlamentario permitirá a los demócratas recuperar capacidad de iniciativa legislativa y dificultar la aprobación de buena parte de las propuestas de Trump. No obstante, el presidente conserva importantes instrumentos para mantener su agenda política. Entre ellos figura el veto presidencial, que le permitirá bloquear las iniciativas aprobadas por las cámaras, así como las órdenes ejecutivas, una herramienta que ha utilizado ampliamente para impulsar decisiones en materias como comercio, inmigración y política exterior. Por su parte, la oposición podrá intensificar las investigaciones parlamentarias sobre la actuación del Ejecutivo y de sus principales responsables, además de plantear la posibilidad de iniciar un procedimiento de destitución (impeachment) contra el presidente.
Los resultados también marcan el inicio informal de la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2028, para las que ambos partidos tendrán que reorganizar sus estrategias y definir sus respectivos liderazgos. Los demócratas afrontan esta nueva etapa impulsados por el respaldo obtenido en las urnas, aunque las diferencias internas sobre la orientación futura de la formación siguen presentes. Las tensiones entre las corrientes moderadas y progresistas ya habían quedado de manifiesto durante la campaña, especialmente en Michigan, donde Haley Stevens, derrotada en las primarias, terminó apoyando al candidato republicano frente a Abdul el Sayed.
En el Partido Republicano, la derrota supone un aviso para los sectores que defendían la continuidad del proyecto político de Trump una vez finalice su segundo mandato. Hasta ahora, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, aparecían como posibles figuras para recoger el testigo del movimiento MAGA (Make America Great Again). Sin embargo, el retroceso electoral introduce incertidumbre sobre esa estrategia y obliga a los republicanos a revisar sus perspectivas de futuro de cara a la próxima carrera presidencial.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pretende introducir cambios importantes en el modelo de gobierno de las sociedades cotizadas para lograr un mayor equilibrio en el reparto de poder dentro de sus órganos de dirección. El objetivo es limitar la concentración de funciones ejecutivas en una misma persona y reforzar la capacidad de supervisión de los consejeros que representan los intereses de los accionistas minoritarios. Entre las principales propuestas figuran la separación de los cargos de presidente y consejero delegado en las compañías del Ibex 35 y el establecimiento de un mínimo del 50% de consejeros independientes en los consejos de administración de las sociedades cotizadas.
El organismo supervisor ha sometido a consulta pública el proyecto de revisión del código de buen gobierno, que pasará a denominarse Código de Gobierno de las Sociedades Cotizadas. La iniciativa pretende fortalecer la confianza de los inversores en el mercado español y sustituir el texto vigente desde 2020. El borrador, que podrá recibir aportaciones hasta el próximo 15 de diciembre, reduce el número de principios y recomendaciones de 64 a 52 y simplifica considerablemente su contenido, pasando de 52 a 23 páginas.
Una de las modificaciones más relevantes es la recomendación de separar las funciones de presidente ejecutivo y consejero delegado en las empresas del Ibex. La CNMV plantea que este último cargo actúe como contrapeso dentro de la estructura de dirección. La propuesta afecta directamente a Acciona, Aena, Mapfre y Naturgy, las cuatro compañías del índice en las que una misma persona desempeña actualmente ambas responsabilidades. José María Entrecanales ocupa estos puestos en Acciona; Maurici Lucena, en Aena; Antonio Huertas, en Mapfre, y Francisco Reynés, en Naturgy. Aunque la recomendación no tendrá carácter obligatorio, las sociedades afectadas deberán aprobar un plan de transición antes del 30 de junio de 2028 y dispondrán de otros dos años para llevarlo a la práctica.
El nuevo código también establece que las sociedades del Ibex cuyo presidente desempeñe funciones ejecutivas deberán justificar esta circunstancia en su informe anual de gobierno corporativo. Esta situación se produce en cerca de la mitad de las compañías del índice y del mercado continuo. Entre los casos más conocidos figuran Ana Botín, en Banco Santander; Carlos Torres, en BBVA; Ignacio Sánchez Galán, en Iberdrola; Marc Murtra, en Telefónica, y Florentino Pérez, en ACS. Además, cuando el presidente no sea independiente, se propone incorporar la figura de un consejero coordinador que asuma determinadas funciones de supervisión. Entre sus responsabilidades estarían presidir el consejo en ausencia del presidente y los vicepresidentes, canalizar las inquietudes de los consejeros no ejecutivos, mantener el contacto con inversores y accionistas y coordinar el proceso de sucesión de la presidencia.
Otra de las líneas de actuación consiste en incrementar la presencia de consejeros independientes para evitar que los ejecutivos concentren demasiado poder. La CNMV plantea que representen al menos la mitad de los integrantes del consejo de administración. En las sociedades que no formen parte del Ibex y cuenten con un accionista o grupo de accionistas coordinados que controle más del 30% del capital, el porcentaje mínimo se situaría en un tercio.
El proyecto también concreta los criterios que deben cumplir los consejeros para ser considerados independientes. Entre las circunstancias que impedirían esta calificación figuran haber trabajado en alguna empresa del grupo durante los últimos cinco años, percibir de la sociedad ingresos que superen el 35% de la renta anual total durante los tres ejercicios anteriores, haber permanecido en el consejo durante nueve años consecutivos o poseer más del 1% del capital. Tampoco podrían ser considerados independientes quienes hayan ocupado recientemente puestos de secretario del consejo, consejero ejecutivo o alto directivo en una compañía en la que hayan coincidido durante un periodo significativo con el presidente o algún otro consejero ejecutivo.
En materia de remuneraciones, el documento definitivo ha suavizado algunas de las restricciones que se habían planteado inicialmente para los consejeros independientes. La propuesta ya no establece límites cuantitativos a sus retribuciones, después de que en una primera fase se estudiara que estas no superasen el 10% de su patrimonio neto ni el 25% de sus ingresos anuales. Finalmente, el borrador se limita a recomendar que las cantidades percibidas no alcancen niveles que puedan poner en riesgo su independencia de criterio, tomando como referencia los sistemas retributivos aplicados en otras empresas comparables.
En cuanto a la retribución variable, la CNMV propone reservarla a los consejeros ejecutivos y vincular una parte de ella a la entrega de acciones. Para los consejeros no ejecutivos también se contempla la posibilidad de recibir acciones, siempre que se mantengan en cartera hasta el momento del cese. En el caso de los independientes, esta modalidad deberá respetar los límites que establezca la comisión de retribuciones para evitar que pueda condicionar su autonomía. Asimismo, el texto recomienda que los consejos de administración eviten que la junta general pueda cesar a un consejero independiente cuando esta decisión no haya sido incluida previamente en el orden del día.
La actualización del código incorpora igualmente nuevas recomendaciones relacionadas con la inteligencia artificial y la ciberseguridad. La CNMV insiste en que estas tecnologías deben servir de apoyo a la gestión empresarial, pero no pueden sustituir la toma de decisiones que corresponde al consejo de administración. También se incorporan las directrices de la Comisión Europea en materia de sostenibilidad. Por último, las recomendaciones relativas a la igualdad de género se centran ahora especialmente en los puestos de alta dirección, una vez aprobada en 2024 la Ley de Paridad, al considerar el supervisor que todavía existe margen para avanzar en la presencia de mujeres en estos niveles de responsabilidad.
Óscar Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes después de varios días de presión política por el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), el segundo siniestro de estas características registrado en la alta velocidad española en lo que va de año. La decisión la comunicó al término de una extensa comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que tuvo que dar explicaciones sobre los problemas de seguridad que rodearon la tragedia. Puente justificó su salida señalando que un responsable de Transportes no puede continuar en el cargo después de dos accidentes de esta gravedad en menos de doce meses. También renunciará a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid.
La dimisión ha resultado especialmente inesperada porque, horas antes, fuentes de Moncloa habían descartado tanto la posibilidad de que el ministro abandonara voluntariamente el Gobierno como que Pedro Sánchez decidiera cesarlo. Según explicó el propio Puente, comunicó su decisión al presidente apenas unos minutos antes de hacerla pública en el Congreso. El ya exministro aseguró que su salida responde a razones de responsabilidad política, coherencia y solidaridad con las víctimas, además de considerar que debía estar a la altura de la trayectoria de quienes le precedieron en el cargo. Sánchez, por su parte, elogió su actuación y afirmó que los políticos que asumen sus responsabilidades y dan un paso al lado contribuyen a dignificar la vida pública.
La marcha de Puente abre ahora un nuevo escenario en el Ministerio de Transportes, que deberá contar con un responsable interino durante las semanas previas a la constitución de las nuevas Cortes, prevista para el 23 de diciembre. La salida del ministro se produce después de que algunas informaciones apuntaran a que ya había trasladado anteriormente al presidente su disposición a dejar el cargo, aunque Sánchez habría rechazado entonces esa posibilidad.
Mientras tanto, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto con medidas de apoyo económico para las personas afectadas por el accidente. Las indemnizaciones previstas duplicarán las cuantías establecidas en el seguro obligatorio de viajeros. En el caso de las 69 víctimas mortales, la compensación máxima se situará en torno a los 216.000 euros, a los que se añadirán ayudas complementarias de 72.000 euros, elevando la cantidad total hasta aproximadamente 288.000 euros por fallecimiento. La norma también establece una protección específica para los afectados que sufran incapacidad laboral, de manera que las bajas médicas derivadas del siniestro tengan la consideración de accidente de trabajo a efectos de Seguridad Social.
Junto a las compensaciones económicas, el Ejecutivo ha anunciado un nuevo paquete de actuaciones destinado a recuperar la confianza de los usuarios y reforzar la seguridad del sistema ferroviario tras los accidentes de Adamuz y Urda, que han dejado conjuntamente 115 fallecidos y varias decenas de heridos durante 2026. El plan presentado por Puente contempla actuaciones en tres ámbitos: innovación tecnológica, revisión de los procedimientos de seguridad y mejora de las condiciones laborales y las plantillas del personal ferroviario.
En materia tecnológica, el Gobierno prevé incorporar nuevas herramientas a los centros de control que permitan generar alertas automáticas y visualizar con mayor claridad la ubicación de los trenes. También se desarrollará un sistema basado en inteligencia artificial para anticipar posibles incidencias, detectar anomalías y supervisar las comunicaciones entre maquinistas y controladores. Según explicó el exministro, esta iniciativa pretende situar a España entre los primeros países en disponer de una solución de estas características.
En cuanto a los procedimientos de seguridad, el Ejecutivo plantea adaptar al transporte ferroviario algunos mecanismos de control que ya se utilizan en otros medios de transporte, especialmente en la aviación. A partir de la entrada en vigor del real decreto, las decisiones adoptadas desde los centros de control deberán contar con la validación de un segundo controlador humano. Asimismo, se estudiarán medidas adicionales de seguridad pasiva para reducir las consecuencias de posibles accidentes, entre ellas mantener cerrados los portaequipajes con el fin de evitar que los objetos almacenados puedan salir despedidos en caso de colisión.
El tercer eje del plan se centra en las condiciones laborales y los recursos humanos. La normativa contempla revisar el marco que regula la actividad de los controladores ferroviarios, adaptar sus descansos a los periodos de mayor carga de trabajo y ampliar los mecanismos de prevención de la fatiga. Estos protocolos, que ya cuentan con un mayor desarrollo para los maquinistas, se extenderán a otros colectivos considerados esenciales para la seguridad, como el personal encargado de la protección de las obras ferroviarias y los pilotos.
Por último, el Gobierno ha solicitado autorización judicial para iniciar los trabajos de reconstrucción de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, con la intención de recuperar la circulación ferroviaria en un plazo estimado de diez días. Una vez restablecido el servicio, los trenes circularán inicialmente con frecuencias reducidas mientras se completa la sustitución del sistema de seguridad LZB, una actuación que, según las previsiones trasladadas por Puente, podría prolongarse hasta comienzos de 2027. Para compensar parcialmente las limitaciones de capacidad, el Ejecutivo prevé utilizar composiciones dobles, con un mayor número de vagones por convoy.
La Comisión Europea está trabajando en una profunda reforma del sector bancario que prevé presentar durante el primer trimestre de 2027. La iniciativa pretende reforzar la competitividad de las entidades financieras en un contexto marcado por la incertidumbre. Entre las principales demandas de la industria figura una mayor supervisión de los poderes del Banco Central Europeo (BCE), una cuestión sobre la que Bruselas parece dispuesta a introducir mejoras en los mecanismos de rendición de cuentas.
La comisaria europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, Maria Luís Albuquerque, reconoció que los actuales procedimientos de control del BCE, que incluyen comparecencias ante el Consejo y el Parlamento Europeo para informar sobre su actividad, resultan insuficientes. Por ello, la Comisión estudia reforzarlos. Albuquerque considera que los organismos supervisores deben garantizar el cumplimiento de las normas, pero también actuar, en cierta medida, como aliados de las entidades financieras.
La responsable comunitaria defendió la necesidad de facilitar que los bancos puedan cumplir con sus obligaciones regulatorias sin que las exigencias terminen perjudicando su actividad empresarial. En este sentido, planteó una mayor coordinación entre los distintos supervisores para que compartan información y tengan en cuenta el efecto conjunto de sus decisiones, evitando que cada organismo actúe de manera independiente sin valorar las consecuencias acumuladas de sus actuaciones.
No obstante, Albuquerque considera que no es necesario establecer un segundo mandato para el supervisor que incluya expresamente la obligación de proteger la competitividad del sector bancario. A su juicio, este objetivo puede alcanzarse mediante un cambio cultural en la forma de entender y ejercer la supervisión.
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