News

(Expansión, 19-12-2025) | Fiscal

Hacienda promete a la UE un alza fiscal de 1.650 millones antes de verano

La adenda al Plan de Recuperación contempla un compromiso para reducir los beneficios fiscales en un importe equivalente a 0,1 puntos del PIB, con el fin de reforzar los ingresos públicos durante el primer semestre de 2026. En este marco, el Ministerio de Hacienda ha acordado con la Comisión Europea promover una subida de la carga fiscal cercana a los 1.650 millones de euros en ese periodo. Así lo recoge el documento aprobado el miércoles por Bruselas, que redefine los hitos que España debe cumplir para acceder a los fondos aún pendientes del programa Next Generation. De forma concreta, la adenda fija que en el segundo trimestre de 2026 entrará en vigor una reforma legal destinada a suprimir o modificar determinados incentivos fiscales, con el objetivo de "incrementar de manera permanente la recaudación en 0,1 puntos porcentuales del PIB", es decir, los citados 1.650 millones. La base de esta iniciativa son los informes de evaluación de beneficios fiscales elaborados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). En ellos se analizan alrededor de quince posibles cambios en exenciones y tipos reducidos para mejorar la eficiencia del sistema tributario. Los denominados spending reviews de la Airef plantean, entre otras opciones, recortar deducciones por I+D+i o por donaciones en el Impuesto de Sociedades; limitar reducciones en el IRPF vinculadas a la tributación conjunta, los rendimientos del trabajo, el alquiler de vivienda o las aportaciones a planes de previsión social; eliminar la exención del IVA en sectores como los servicios financieros, la sanidad o la educación; o revisar los tipos reducidos del 4% y el 10%. En total, la Airef ha estudiado el 60% de los beneficios fiscales vigentes, que suponen 34.248 millones de euros. Entre las alternativas figura también la equiparación fiscal del diésel con la gasolina, un compromiso adicional que España mantiene con la UE. Esta medida, que el Gobierno no ha logrado sacar adelante por falta de apoyos parlamentarios, no ha podido eliminarse del Plan de Recuperación mediante la última adenda. De hecho, la Comisión Europea ya ha retenido 460 millones de euros a España por su incumplimiento, y el país dispone solo hasta finales de enero para evitar perder definitivamente esos fondos, tras una prórroga de seis meses concedida por Bruselas. La equiparación supondría un encarecimiento de unos 10 céntimos por litro del gasóleo, con la excepción del transporte profesional. La reducción de los beneficios fiscales para aumentar la recaudación no es una exigencia nueva: forma parte de los compromisos reiterados de España con la Comisión Europea y ya estaba incluida en el Plan Fiscal Estructural a medio plazo diseñado para sanear las finanzas públicas y ajustarse a las reglas fiscales comunitarias. Sin embargo, al igual que ocurre con la subida del impuesto al diésel, el Ejecutivo afronta serias dificultades para cumplir esta promesa. La fragilidad parlamentaria del Gobierno de coalición se ha intensificado en las últimas semanas tras el anuncio de Junts de romper con Pedro Sánchez mientras no se cumplan todos los acuerdos alcanzados, lo que hace poco probable que el independentismo catalán facilite una subida de impuestos. Desde Hacienda se limitan a señalar que se intentará cumplir el compromiso en la primera mitad de 2026. Pese a la firmeza de la Comisión Europea en exigir el cumplimiento de los compromisos fiscales, la aprobación de la adenda al Plan de Recuperación supone un alivio significativo para desbloquear los fondos pendientes: 27.000 millones en subvenciones y 6.700 millones en préstamos en condiciones favorables. En la práctica, la Comisión exime al Gobierno español de aprobar 17 reformas con rango de ley que habrían tenido difícil encaje parlamentario, entre ellas la Ley de Industria, la del Suelo, la del Cine, la de modernización de la pesca, la de universalidad del sistema sanitario o la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Este nuevo marco permitirá a España solicitar en enero un sexto desembolso de 7.300 millones de euros y recibir el resto a finales de año, con el objetivo de percibir casi la totalidad de los cerca de 80.000 millones en ayudas directas y 22.800 millones en créditos blandos, tras haber renunciado a otros 60.000 millones.

READ MORE

(Expansión, 19-12-2025) | Fiscal

Cómo tributar por un piso en alquiler

Con la llegada del tramo final del año es el momento de revisar la situación fiscal y aplicar estrategias que permitan reducir la factura tributaria en la próxima declaración del IRPF. En este contexto, Expansión y el Consejo General de Economistas, a través del REAF, han publicado una relación de 60 recomendaciones orientadas a rebajar la carga impositiva. Planes de pensiones, trabajadores autónomos, vivienda, criptomonedas o inversiones bursátiles forman parte de este compendio pensado para que el contribuyente obtenga un mejor resultado en su declaración de la Renta. Un año más, EXPANSIÓN y el Consejo General de Economistas-Asesores Fiscales (REAF) presentan la Guía Fiscal del IRPF, que reúne 60 pautas para preparar la campaña de la Renta 2025-2026, cuya liquidación tendrá lugar la próxima primavera. A lo largo de varios días se están desgranando estas recomendaciones, y el apartado de hoy se centra en la tributación de las viviendas alquiladas. Quienes dispongan de inmuebles en arrendamiento deberán declarar como rendimiento íntegro del capital inmobiliario todas las cantidades que deba abonar el inquilino por cualquier concepto, excluido el IVA, tanto en inmuebles rústicos como urbanos. También se consideran rendimientos del capital inmobiliario las indemnizaciones percibidas por desperfectos en la vivienda, salvo que compensen la pérdida total o parcial del bien, supuesto en el que se trataría de una ganancia o pérdida patrimonial. De los ingresos obtenidos pueden restarse los gastos necesarios para generarlos, como los intereses de préstamos destinados a la compra o mejora del inmueble, impuestos y recargos no estatales, gastos de administración o vigilancia, costes de formalización del contrato, saldos incobrables -cuando hayan pasado al menos seis meses desde el primer intento de cobro-, primas de seguros, suministros o amortización del inmueble. La suma de los gastos financieros y los de reparación y conservación no puede superar los ingresos obtenidos en el ejercicio. En cuanto a la amortización, el gasto deducible es el 3% del mayor valor entre el coste de adquisición o el valor catastral de la construcción. Si el inmueble se ha adquirido gratuitamente, se toma como coste de adquisición el valor declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, es decir, el valor de referencia o el que figure en la escritura si es superior. Los gastos de reparación y conservación serán deducibles siempre que estén destinados exclusivamente a obtener ingresos futuros por el alquiler y no al uso personal del inmueble, incluso aunque en ese periodo no se hayan generado rendimientos o estos sean inferiores al importe de los gastos. No obstante, dado que junto con los gastos financieros no pueden exceder los ingresos del ejercicio, el exceso podrá compensarse en los cuatro años siguientes. Otros gastos -como los de comunidad, IBI, seguros, suministros o amortizaciones- solo podrán deducirse en los periodos en los que el inmueble genere rendimientos, aunque no están sujetos a límite cuantitativo y pueden provocar un resultado negativo. Los rendimientos con un periodo de generación superior a dos años o considerados irregulares pueden beneficiarse de una reducción del 30%, con un máximo de 300.000 euros. En los casos de desmembración del dominio, los ingresos derivados del alquiler corresponden al usufructuario, ya que es quien tiene derecho a los frutos del bien, y no al nudo propietario. Desde el punto de vista fiscal, resulta más ventajoso alquilar una vivienda a una persona física como residencia habitual que destinarla a despacho profesional, alquilarla a una empresa -salvo que se especifique que es para un empleado concreto- o dedicarla a uso turístico. Esto se debe a que, en esos casos, se perdería la reducción del 50% del rendimiento neto. Tampoco se aplica dicha reducción en alquileres temporales, ni cuando se prestan servicios propios de hostelería o limpieza, ni si se permite el subarriendo. Los propietarios que alquilen viviendas situadas en zonas tensionadas pueden acceder a mayores reducciones: del 90% si rebajan el alquiler al menos un 5%, o del 70% si el arrendatario es un joven de entre 18 y 35 años. Por ello, puede resultar interesante ajustar el precio o priorizar este perfil de inquilinos. El alquiler parcial de una vivienda, como el de una habitación, también genera rendimientos del capital inmobiliario. En estos casos, si el propietario se aplica la deducción por adquisición de vivienda, deberá hacerlo de forma proporcional, excluyendo la parte alquilada. Además, podrá beneficiarse de la reducción del 50%, siempre que no se trate de un alquiler por temporadas o periodos concretos como el curso académico o el verano. Si durante 2025 la vivienda ha permanecido vacía algunos meses, deberán calcularse los gastos correspondientes a ese periodo -que no serán deducibles, salvo los necesarios para volver a alquilarla- y, además, imputar rentas inmobiliarias por ese tiempo. Por último, si es necesario realizar obras o mejoras en un inmueble arrendado, como pintar o acometer reformas, conviene hacerlo antes del 31 de diciembre. De este modo se reducirá el rendimiento neto del alquiler y, con ello, la tributación asociada.

READ MORE

(Expansión, 19-12-2025) | Fiscal

La Agencia Tributaria se embolsará este año hasta 180,2 millones de euros en el sorteo de la Lotería de Navidad del lunes

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que, si el número de premios aumenta en 765.200 hasta alcanzar los 30.301.920, y el importe total de los mismos crece en 70 millones de euros, hasta situarse en 2.772 millones, la recaudación para las arcas públicas también se incrementará, pese a que se mantiene el umbral exento de tributación fijado en 40.000 euros desde 2020. En conjunto, Gestha calcula que Hacienda ingresará alrededor de 180 millones de euros procedentes de la Lotería de Navidad. Según explican, al aplicarse un gravamen del 20% sobre la parte del premio que supera los 40.000 euros, quienes obtengan el Gordo -dotado con 400.000 euros por décimo- percibirán 328.000 euros netos, mientras que 72.000 euros irán a parar al fisco. En el caso del segundo premio, de 125.000 euros por décimo, la retención será de 17.000 euros, y para el tercer premio, de 50.000 euros, el descuento alcanzará los 2.000 euros, detalla Gestha en un comunicado. El sindicato recomienda cautela a la hora de contratar seguros que cubran la devolución de los impuestos de la lotería y recuerda que la indemnización percibida por ese concepto debe declararse en el IRPF como una ganancia patrimonial en la base general, correspondiente al ejercicio en el que se cobre. Los técnicos advierten además de que en 2024 se registró un notable aumento de premios de gran cuantía obtenidos por sociedades, fundaciones y asociaciones, con un crecimiento superior a 43 veces respecto a otros ejercicios, en contraste con las fuertes caídas observadas en 2021 y 2023. Asimismo, los premios mayores cobrados por no residentes se han multiplicado por más de 14, aunque en estos casos no es necesario declararlos al estar ya sujetos a retención. Gestha lleva años reclamando cambios legales para evitar posibles fraudes. Parte de estas demandas se atendieron con la ley antifraude de 2021, que incorporó una disposición en la Ley del Juego permitiendo a la Agencia Tributaria firmar convenios con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y con la ONCE. Gracias a estos acuerdos, desde 2023 y 2024, respectivamente, ambas entidades informan mensualmente a la AEAT de los premios abonados -con o sin retención-, identificando al perceptor y a su representante legal, así como la fecha del sorteo, la forma de pago y la retención practicada. Aun así, los técnicos de Hacienda reclaman autorización para iniciar investigaciones tributarias y por blanqueo de capitales sobre los 243,7 millones de euros abonados a personas jurídicas en premios superiores a 40.000 euros entre 2021 y 2024 que aún no han prescrito, así como para analizar los 246,7 millones correspondientes a grandes premios de 2024 cobrados por no residentes. Mientras no se abra la negociación de una reforma fiscal, Gestha insta al Gobierno a restablecer el mínimo exento de los premios de las Loterías del Estado, autonómicas, la ONCE y Cruz Roja en los primeros 2.500 euros, como medida para desincentivar el juego. Los técnicos consideran que no existe una justificación fiscal ni económica para que una ganancia aleatoria de 40.000 euros quede exenta, cuando sí tributan ingresos como una prestación por desempleo o una ayuda pública de 1.000 euros. Añaden que los grandes premios no afectan al IRPF de los ganadores en lo relativo al acceso a becas, prestaciones asistenciales u otras ayudas vinculadas a los ingresos, ya que estas cantidades no se integran en la base del impuesto. No obstante, sí deben tenerse en cuenta a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio si el conjunto del patrimonio neto supera el mínimo exigido para declarar. Por último, Gestha subraya que la lucha contra el fraude fiscal no pasa por ampliar las exenciones, sino por reforzar el control y la recaudación mediante mayores competencias y responsabilidades para los técnicos del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de mejorar la supervisión tributaria y del gasto público.

READ MORE

(Expansión, 19-12-2025) | Laboral

Los funcionarios empiezan a cobrar los atrasos de 2025 y el Gobierno abordará la jornada de 35 horas y el teletrabajo en enero

La Administración Pública comenzará este jueves a abonar en las nóminas de funcionarios y empleados públicos los atrasos derivados de la subida salarial de 2025. Además, a partir de enero abrirá con los sindicatos una mesa de negociación para tratar la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y la regulación del teletrabajo. En determinadas comunidades autónomas -como Madrid, Cantabria o Galicia- y en algunos ayuntamientos, el pago de estos atrasos se retrasará hasta enero. La Administración General del Estado ha iniciado este jueves el pago del incremento salarial del 2,5% correspondiente a 2025, con efectos retroactivos desde el mes de enero, incluyendo las cantidades pendientes. Los primeros en recibirlo han sido los empleados de la Agencia Tributaria y, según ha confirmado el sindicato CSIF -firmante del acuerdo marco junto a CCOO y UGT-, el resto de departamentos de la Administración central comenzará a percibirlo en los próximos días. La mayoría de las comunidades autónomas también lo abonarán ahora, aunque en el caso de muchos ayuntamientos el ingreso se pospondrá previsiblemente a enero. Estas cantidades se reflejarán en la nómina de diciembre o mediante una paga extraordinaria. Desde CSIF señalan que ya se ha iniciado el proceso de pagos conforme a lo comprometido por Función Pública y aseguran que harán un seguimiento hasta que se complete en todos los ámbitos administrativos, agradeciendo el trabajo del personal encargado de cerrar las nóminas. Por su parte, CCOO destacó que, entre diciembre y enero, prácticamente todas las administraciones públicas habrán abonado la subida salarial de 2025 con carácter retroactivo. Una vez percibidos estos atrasos, en la nómina de enero se incorporará además el incremento previsto del 1,5% correspondiente a 2026, que podría aumentar en medio punto adicional en función de la evolución del indicador de referencia, siempre que alcance o supere ese umbral durante el próximo año. El Ministerio que encabeza Óscar López confía en que la mayoría de las comunidades autónomas abonen los atrasos este mismo mes, aunque algunas ya han anunciado que lo harán en enero. En el ámbito local, la situación es similar. Según explica CSIF, muchas corporaciones locales ya tenían cerradas las nóminas de diciembre y carecen de medios técnicos para emitir una nómina adicional, por lo que el abono se realizará en enero. Para agilizar el proceso, Función Pública se ha reunido con representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Este miércoles, el Ministerio de Función Pública y los sindicatos firmantes del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público constituyeron la Comisión de Seguimiento del acuerdo, lo que permitirá que los grupos de trabajo sobre Igualdad, Inteligencia Artificial, Salud Laboral y Empleo Público comiencen su actividad el próximo 29 de enero. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos no solo recoge las subidas salariales para el periodo 2025-2028, que arrancan con el pago retroactivo de 2025, sino que también incluye otras medidas laborales. Entre ellas figuran la negociación de la jornada semanal de 35 horas y la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado, previstas para comienzos de 2026. Además, CSIF ha planteado la creación de tres nuevos grupos de trabajo centrados en la promoción interna y la clasificación profesional, el mutualismo administrativo y las clases pasivas, así como en la ampliación de los derechos laborales.

READ MORE

(El Economista, 19-12-2025) | Laboral

El Gobierno paraliza la reforma del registro de jornada

El Ministerio de Trabajo presentó la reforma del registro horario como la alternativa a la frustrada ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Apenas un día después de que esa iniciativa no prosperara, el departamento impulsó un real decreto y lo sometió a consulta pública, y veinte días más tarde el Consejo de Ministros autorizó su tramitación por la vía de urgencia. Sin embargo, según fuentes del Gobierno consultadas por elEconomista.es, casi tres meses después el texto sigue bloqueado y carece todavía de los informes internos que deben emitir los ministerios controlados por el PSOE. El acuerdo alcanzado a finales de septiembre pretendía evitar que la exigencia de informes ralentizara la entrada en vigor de los nuevos requisitos sobre control horario más allá de enero o febrero. La tramitación urgente permite, en teoría, avanzar sin esperar a todos los dictámenes ministeriales o al del Consejo de Estado. No obstante, en este periodo no se ha registrado ningún progreso, algo que también reconocen los interlocutores del diálogo social. De acuerdo con la memoria del borrador del reglamento, el Ministerio de Trabajo debía recabar los informes de Economía y de Transformación Digital -ambos dirigidos por ministros socialistas-, así como el de la Agencia Española de Protección de Datos. Este último era el que se preveía más complejo, aunque Yolanda Díaz confiaba en que sirviera para despejar las dudas de la CEOE en materia de protección de datos, inquietudes que la patronal había trasladado a otros departamentos. Pese a ello, fuentes conocedoras del proceso indican que el organismo independiente aún no está analizando el texto. El real decreto se encuentra, por tanto, atascado en esta fase inicial y sin un calendario definido para su aprobación en el Consejo de Ministros. La inclusión de asuntos en el orden del día del Gobierno depende en gran medida de las prioridades políticas del momento, como suelen admitir los propios ministerios. En el contexto actual de tensiones con el PSOE, las iniciativas del socio minoritario podrían quedar relegadas. Además, las normas de carácter económico deben recibir el aval de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), presidida por Carlos Cuerpo, un órgano que ya generó fricciones con la propuesta de reducción de jornada. El titular de Economía llegó incluso a expresar, un día antes del acuerdo del Consejo de Ministros, sus dudas sobre que la tramitación urgente del registro horario fuera a incluirse en la agenda, evidenciando de nuevo las diferencias de su departamento con medidas que suscitan un mayor rechazo empresarial. No es extraño que la CEOE destaque la buena sintonía con Economía frente a la tensión que asegura mantener con el Ministerio de Trabajo. Mientras las empresas esperan conocer cuándo deberán adaptar sus sistemas de control horario a las nuevas exigencias, el calendario depende exclusivamente del Ejecutivo. El decreto elimina el plazo de seis meses que contemplaba el proyecto de ley de reducción de jornada y entraría en vigor apenas 20 días después de su publicación en el BOE. Incluso los sindicatos, que presionaron para que estos cambios se impulsaran mediante real decreto, admiten no disponer de más información sobre los plazos de tramitación. El último borrador, difundido en octubre, introducía cambios relevantes respecto a la propuesta vinculada a la reducción de la jornada. El eje central de la reforma es la obligación de que todas las empresas implanten un registro digital de la jornada, con acceso remoto para la Inspección de Trabajo y con un alto nivel de detalle en la anotación de las horas trabajadas, diferenciando entre jornada ordinaria y horas extraordinarias. El texto establece que los empleados deberán registrar los horarios de entrada y salida, así como las pausas realizadas durante la jornada, tanto si el trabajo se realiza de forma presencial como a distancia, incluso en supuestos de teletrabajo parcial. También deberán indicar la duración de su jornada según el tipo de contrato y, en caso de realizar horas extra, si estas se compensan con descanso o con retribución. Aunque la obligación de disponer de un sistema de registro conforme a la normativa recae sobre la empresa, el borrador asigna al trabajador la responsabilidad de realizar las anotaciones, incluyendo el detalle de los minutos en los que permanece a disposición de la compañía, en espera de tareas o cuando interrumpe su derecho a la desconexión digital.

READ MORE

(El Periódico, 19-12-2025) | Laboral

Lorenzo Amor, presidente de ATA: "La burocracia está ahogando a los autónomos"

La carga administrativa se ha transformado en una especie de "segundo empleo" para los autónomos. Así lo denuncia la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que calcula que los más de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en España dedican de media unas 200 horas al año a trámites, gestiones y obligaciones ante las distintas administraciones. En la práctica, esto equivale a perder casi un mes completo de trabajo únicamente en papeleo, al margen de su actividad profesional habitual. El impacto no es solo en tiempo, sino también en dinero. Según las estimaciones de ATA, esas 200 horas, valoradas en unos 15 euros la hora, representan un coste anual de alrededor de 3.000 euros por autónomo. En conjunto, el esfuerzo administrativo supone cerca de 10.000 millones de euros y más de 650 millones de horas empleadas en cumplimentar modelos, atender notificaciones y presentar declaraciones. El problema, subraya la organización, no reside únicamente en la cantidad de trámites, sino en la percepción de que las exigencias aumentan año tras año. "La burocracia está asfixiando al colectivo. Desde hace tiempo se habla de simplificar y reducir cargas administrativas, pero esa promesa nunca termina de materializarse", afirma Lorenzo Amor, presidente de ATA. De acuerdo con el último barómetro elaborado por la federación, el 90% de los autónomos considera que las trabas administrativas se han incrementado en el último año. En un colectivo que ya soporta jornadas muy extensas -con una media de 47 horas semanales, según ATA-, el tiempo dedicado al papeleo repercute directamente en el descanso y en la conciliación personal y familiar. La situación se agrava aún más para quienes tienen trabajadores a su cargo. Cerca de un millón de autónomos, según la asociación, deben afrontar no solo sus propias obligaciones, sino también las derivadas de ser empleadores: contratos, cotizaciones, prevención de riesgos, comunicaciones a la administración y un mayor número de controles. A esta presión se suma la inseguridad normativa. Un ejemplo reciente es la adaptación de los programas de facturación al sistema Verifactu. La Agencia Tributaria ha vuelto a modificar los plazos y fija ahora la obligación en 2027: el 1 de enero para quienes tributan por el Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio para el resto. Mientras tanto, la implantación de la factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales continúa pendiente de desarrollo reglamentario, aunque Hacienda mantiene la idea de aplicarla de forma progresiva una vez se apruebe. Por otro lado, la Seguridad Social ha afianzado el sistema de cotización por ingresos reales, con revisiones automáticas y comunicaciones telemáticas. Un modelo más digital, sí, pero que también implica más plataformas, más avisos y más fechas que controlar. Ante este panorama, ATA reclama un "cambio radical" para que la Administración deje de ser una carga y se convierta en un apoyo real para el autónomo. El mensaje es claro: menos tiempo dedicado a trámites y más tiempo para generar ingresos.

READ MORE

(El Periódico, 19-12-2025) | Laboral

Si tu día de descanso cae en festivo, deberán darte otro día libre adicional

La gestión de los horarios laborales en el comercio y en el sector servicios ha cambiado de forma notable en los últimos años. La presión del mercado y la evolución de los hábitos de consumo han llevado a muchas empresas a abrir de manera ininterrumpida, de lunes a domingo. Este modelo ha dado lugar a turnos fijos o rotatorios en los que el descanso semanal de los trabajadores no siempre coincide con el fin de semana, sino que se fija en días laborables, como martes o miércoles. De ahí surge una cuestión que ha generado numerosos conflictos judiciales: ¿qué sucede cuando ese día de descanso habitual coincide con un festivo nacional o autonómico? Hasta hace poco, algunas compañías entendían que, si el festivo caía en el día de libranza, el trabajador no tenía derecho a nada adicional, ya que, a su juicio, el descanso se producía igualmente. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha zanjado esta controversia con una sentencia que marca doctrina y refuerza los derechos de la plantilla. El alto tribunal ha determinado que, cuando el descanso semanal coincide con un festivo, la empresa está obligada a conceder un día libre compensatorio. El pronunciamiento judicial trae causa de una demanda colectiva presentada por los sindicatos contra una conocida empresa del sector textil. En esta compañía, los empleados trabajaban de lunes a domingo y tenían asignado un día fijo de descanso entre semana. La normativa interna establecía que, si ese día coincidía con un festivo, se consideraba ya disfrutado, sin generar compensación alguna. El asunto había sido resuelto previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dio la razón a la empresa. Los magistrados entendieron que el hecho de conceder cuatro días adicionales de descanso al año era suficiente para compensar estos solapamientos. No obstante, el Tribunal Supremo ha corregido esta interpretación y ha dejado claro que las vacaciones extra o las mejoras voluntarias no pueden sustituir ni absorber el derecho legal a disfrutar de los 14 festivos anuales previstos en el calendario laboral. La resolución del Supremo se apoya en una clara distinción jurídica entre dos derechos diferentes: el descanso semanal y el festivo laboral. El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores define las fiestas laborales como días de descanso retribuidos y no recuperables, lo que evidencia que su naturaleza no es la misma que la del descanso semanal derivado de la jornada de trabajo. Tanto el Estatuto como el Real Decreto 2001/1983 garantizan el disfrute efectivo de estos días. La normativa establece que, cuando por razones organizativas no sea posible disfrutar de un festivo o del descanso semanal, la empresa debe compensar al trabajador, bien mediante el pago correspondiente o concediendo un descanso alternativo. Permitir que el festivo quede absorbido por el día libre semanal supondría, por tanto, vulnerar el derecho a disfrutar de ambos descansos de forma diferenciada. El Supremo subraya que cada uno de estos derechos debe respetarse de manera completa e independiente. Además, la sentencia persigue evitar situaciones de desigualdad dentro de las empresas. Los trabajadores que descansan en fin de semana suelen beneficiarse de la mayoría de los festivos, que normalmente caen de lunes a viernes. En cambio, quienes libran entre semana podrían acabar disfrutando de menos días festivos a lo largo del año si no se aplicara esta compensación. Con esta doctrina, el Tribunal Supremo busca igualar las condiciones reales de descanso y trabajo. Cualquier coincidencia entre festivo y libranza debe resolverse garantizando el disfrute efectivo del tiempo libre. En la práctica, los trabajadores afectados podrán exigir un día de descanso alternativo, y las empresas deberán reorganizar sus turnos para asegurar que el descanso semanal y los festivos se respeten como derechos distintos. Queda así claro que la flexibilidad horaria empresarial no puede imponerse a los mínimos legales de descanso reconocidos por la normativa laboral.

READ MORE

(El Confidencial, 19-12-2025) | Laboral

El Gobierno acelerará la recaudación por cotizaciones en 2026 hasta el 10,8% del PIB

Los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales volverán a alcanzar un máximo histórico en 2026, impulsados tanto por el aumento del empleo y de los salarios como por las medidas adoptadas para sostener el creciente gasto en pensiones. De acuerdo con las previsiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones incluidas en la orden que fija las bases de cotización, la recaudación por este concepto ascenderá el próximo año a 189.800 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al ejercicio anterior y un nuevo récord. En términos absolutos, serían 12.486 millones de euros más que lo estimado para 2025. Si se cumplen estas previsiones, las cotizaciones sociales crecerán muy por encima tanto del avance del empleo como del aumento del PIB nominal, que el cuadro macroeconómico del Ministerio de Economía sitúa en el 2,2% y el 4,3%, respectivamente. Como consecuencia, el peso de las cotizaciones sobre el PIB alcanzaría el 10,8%, también un máximo histórico. Además, el aumento previsto del 7% incluso aceleraría ligeramente el ritmo observado en 2025 -cuando el crecimiento fue del 6,8% en los diez primeros meses- pese a que se espera una menor expansión económica. Del incremento total de 12.486 millones de euros, alrededor del 8,5% (1.062 millones) procederá del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que aportaría 5.298 millones, y de la cuota de solidaridad, con unos ingresos adicionales de 567 millones. Ambos conceptos se actualizan cada año para reforzar los recursos destinados al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y al sistema de pensiones. A ello se suma el impacto del destope gradual de las bases máximas de cotización, que en 2026 se situarán en 5.101,20 euros mensuales, lo que añadirá aproximadamente otros 1.000 millones de euros. En conjunto, estas medidas explican en torno al 11,5% del aumento anual de la recaudación. El resto del crecimiento se atribuye a la creación de empleo y a las subidas salariales, aunque estas también están condicionadas por decisiones del propio Gobierno. Parte del aumento de las bases de cotización que impulsa la recaudación deriva de la actualización anual del salario mínimo interprofesional -aún pendiente de concretar- y del incremento de los sueldos de los empleados públicos, del 2,5% en 2025 y, al menos, del 1,5% en 2026. En conjunto, las reformas y medidas adoptadas en el mercado laboral influyen de forma directa e indirecta en los ingresos por cotizaciones sociales. Sin embargo, ni siquiera con estas cifras récord y con unas transferencias iniciales previstas de la Administración Central de 22.881 millones de euros para 2026 se logrará equilibrar las cuentas de la Seguridad Social. El Ministerio de Hacienda prevé un déficit del 0,2% del PIB para el sistema tanto en 2026 como en 2027, el mismo nivel estimado para 2025. Las cotizaciones evolucionan en línea con lo previsto en la reforma de 2023 impulsada por José Luis Escrivá, pero siguen siendo insuficientes para cubrir el gasto en pensiones. Según las estimaciones del IVIE, el desembolso en pensiones crecerá en 2026 un 5,8%, hasta alcanzar los 229.491 millones de euros, teniendo en cuenta la revalorización de las prestaciones contributivas y no contributivas, el aumento del número de pensionistas y el efecto sustitución. Este desfase ya se produjo en 2025 y no bastó para corregir el desequilibrio financiero de la Seguridad Social. Parte del alivio se diluye por el fuerte incremento del gasto en prestaciones por incapacidad temporal. Además, los ingresos adicionales procedentes del MEI se destinan al Fondo de Reserva, en lugar de emplearse para sufragar el pago mensual de las pensiones. La persistencia del déficit en los próximos ejercicios obligará a aumentar las transferencias desde la Administración Central para atender los pagos ordinarios y a recurrir a préstamos puntuales para cubrir las pagas extraordinarias, lo que seguirá incrementando la deuda del sistema de la Seguridad Social. Históricamente, España se ha caracterizado por un peso elevado de las cotizaciones sociales a cargo de las empresas en comparación con otros países europeos y economías avanzadas. Según el último informe de la OCDE, en 2024 las cotizaciones empresariales representaron el 25,9% del total de la recaudación fiscal, el tercer porcentaje más alto del conjunto analizado, solo por detrás de la República Checa y Estonia. En contraste, la aportación de los trabajadores fue relativamente reducida, con un 5,3% del total, situando a España entre los países con menor peso de las cotizaciones a cargo del empleado. En términos agregados, las cotizaciones sociales recaudadas en España no son especialmente elevadas, pero su evolución difiere de la media de la Unión Europea y de la de muchos países del entorno. Según Eurostat, las "cotizaciones sociales netas" -que incluyen también las aportaciones a fondos privados y otros sistemas- alcanzaron en 2024 el 13,2% del PIB en España, frente al 14% de la media comunitaria. Esta diferencia se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. En 1995, primer año con datos disponibles, las cotizaciones sociales representaban el 12,2% del PIB en España, frente al 15,8% en la UE. Desde entonces, el aumento de la ratio española ha recaído fundamentalmente sobre las aportaciones empresariales.

READ MORE

(Cinco Días, 19-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE congela los tipos en el 2% y mejora las previsiones de crecimiento de la zona euro

El Banco Central Europeo sigue instalado en la inacción. La institución con sede en Fráncfort decidió este jueves mantener los tipos de interés sin cambios, en el 2%, por cuarta reunión consecutiva, una señal de que se siente cómoda con el actual nivel de inflación, situado en el 2,1% en la eurozona. El contexto de crecimiento también resulta algo más favorable: las nuevas previsiones del BCE anticipan un mayor avance del PIB en los próximos años. No se perciben riesgos inmediatos de crisis ni desviaciones relevantes en los precios, aunque con Alemania y Francia aún mostrando debilidad, la economía de la zona euro -que pasará de 20 a 21 países cuando Bulgaria adopte la moneda única en enero- tampoco puede calificarse de especialmente dinámica. Al igual que en septiembre, los técnicos del BCE han revisado al alza sus estimaciones de crecimiento. Ahora prevén que el PIB de la eurozona aumente un 1,4% en 2025, frente al 1,2% calculado anteriormente, y un 1,2% en 2026, dos décimas más que en la previsión previa. Para 2027 elevan la estimación al 1,4%, desde el 1,3%, y añaden por primera vez una proyección para 2028, también del 1,4%. Las previsiones de inflación también se ajustan ligeramente. Para este año se mantiene en el 2,1%, sin cambios, mientras que para 2026 se revisa al alza hasta el 1,9%, desde el 1,7% anterior. En 2027 se conserva la estimación del 1,9% y para 2028 se anticipa un repunte hasta el 2%, justo el objetivo del banco central. Este escenario sugiere que el BCE espera varios ejercicios de estabilidad en los precios, lo que refuerza la idea de un periodo prolongado sin cambios en los tipos de interés. Con esta nueva pausa, el BCE concluye 2025 con cuatro recortes de tipos, el mismo número que en 2024. Si el año pasado el precio del dinero bajó del 4% al 3%, en este ejercicio ha pasado del 3% al 2%. Salvo un shock inesperado que empuje a la economía europea a la recesión, no parece probable que en 2026 se repita una secuencia similar. La mayoría de analistas considera que el ciclo de bajadas ha llegado a su fin, o que, como mucho, podría producirse un último ajuste adicional. Ese eventual recorte solo se contemplaría si se intensifica la caída de los precios energéticos -con el petróleo y el gas natural en niveles bajos- y si el euro continúa apreciándose frente al dólar, dos factores que podrían dar algo más de margen al BCE. No obstante, el consenso para seguir reduciendo tipos parece distante dentro del Consejo de Gobierno. Algunas voces más restrictivas, como la de la alemana Isabel Schnabel, han insinuado incluso que el próximo movimiento podría ser al alza. Entre los argumentos que esgrimen figuran una mayor fragmentación del comercio internacional, el incremento del gasto público en países como Alemania, que ha anunciado un ambicioso plan de inversión en infraestructuras y defensa, y el envejecimiento de la población, que reduce la fuerza laboral y presiona al alza salarios y precios. El debate está abierto, pero de momento prevalece la cautela. En cualquier caso, las previsiones económicas suelen quedar pronto superadas por los acontecimientos. Hace apenas tres meses, el gobernador del Banco de Lituania, Gediminas Simkus, bromeaba con la posibilidad de recortes inminentes al decir que no le sorprendería que Papá Noel llegara con tijeras. Finalmente, parece que en su saco solo habrá una tienda de campaña: la pausa monetaria podría alargarse.

READ MORE

(Cinco Días, 19-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE emitirá 90.000 millones en deuda para salvar financieramente a Ucrania

La reunión europea más trascendental de los últimos años concluyó de madrugada con un acuerdo político relevante en apoyo a Ucrania y con un nuevo aplazamiento del pacto comercial con Mercosur. Tras más de 16 horas de negociaciones, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, reunidos en Bruselas, decidieron emitir eurobonos por valor de 90.000 millones de euros para cubrir las necesidades financieras de Kiev. Sin esos recursos -que Ucrania solo tendría que devolver a sus socios europeos si Rusia acaba pagando por los daños causados por su guerra- el país invadido corría el riesgo de quedarse sin fondos en marzo del próximo año. La medida se concibe como una solución inmediata para atender la urgencia del momento. A más largo plazo, los líderes europeos se comprometen a seguir analizando la posibilidad de un "préstamo de reconstrucción" respaldado por los activos rusos congelados en la UE. Sin embargo, la oposición de Bélgica -país que custodia la mayor parte de esas reservas- y las reticencias del resto de socios a concederle las garantías necesarias para mutualizar el riesgo frustraron esa opción. De esta cumbre salen claramente debilitados el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El equilibrio político en Europa está cambiando, y los gobiernos nacionalpopulistas han impuesto sus posiciones. Alemania defendía utilizar los activos rusos como instrumento para garantizar la financiación de Ucrania, frente a la oposición de la Hungría de Viktor Orbán y de la Bélgica gobernada por el nacionalista flamenco Bart de Wever. Berlín también aspiraba a cerrar el acuerdo comercial con América Latina. Finalmente, el pacto con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) se aplaza hasta enero, y será el contribuyente europeo -y no los activos rusos- quien respalde el esfuerzo bélico ucraniano. Hace años, la excanciller Angela Merkel afirmó que no habría eurobonos "mientras ella viviera". En los últimos días, Merz había insistido en que el objetivo era recurrir a los activos rusos y evitar la deuda común. No obstante, la UE recurre a los eurobonos por segunda vez en menos de cinco años, tras la experiencia de la pandemia. Ahora lo hace ante el riesgo existencial que supondría la quiebra de Ucrania y su posible derrota frente a la Rusia de Vladímir Putin. La cumbre, celebrada durante todo el jueves, estuvo marcada por la incertidumbre. Con Bruselas bloqueada por las protestas de los agricultores, Francia y Polonia se oponían al acuerdo con Mercosur, aunque fue finalmente la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien presionó para retrasarlo hasta enero. Meloni habló con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le reiteró su apoyo al pacto, pero pidió unas semanas -como máximo un mes- para contener las presiones internas. "Después de casi 26 años de negociaciones, un retraso de tres semanas es asumible", defendió Von der Leyen, responsable de la política comercial de la UE. El eje central de la reunión, sin embargo, fue Ucrania. Kiev obtendrá la financiación necesaria, aunque sin el fuerte simbolismo que se buscaba: que Rusia asumiera directamente el coste de los daños causados. La UE no logró activar los activos del Banco Central ruso congelados por las sanciones. En su lugar, los Estados miembros recurrirán a los mercados financieros para captar 90.000 millones de euros, respaldados por el margen presupuestario comunitario, con el fin de sostener a Ucrania durante los próximos dos años. Además, algunos países considerados cercanos a Moscú quedarán al margen del esquema financiero. El acuerdo establece que la República Checa, Hungría y Eslovaquia no asumirán obligaciones financieras en este plan. Ucrania evita así la bancarrota y asegura los fondos necesarios. No obstante, la última cumbre del año -tras meses especialmente duros para la UE y en un contexto internacional marcado por el regreso de Donald Trump y una relación distinta con Estados Unidos- deja un regusto amargo. El objetivo mayoritario era crear un mecanismo simbólico de apoyo utilizando las reservas rusas congeladas. Aunque se insiste en que se seguirá trabajando en esa dirección, no se ha alcanzado. "Hemos cumplido el compromiso de financiar a Ucrania durante los próximos dos años con 90.000 millones de euros y hemos acordado que solo devolverá ese dinero cuando Rusia pague por los daños de la guerra. Además, mantendremos inmovilizados los activos rusos hasta que eso ocurra", afirmó de madrugada el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, junto a Ursula von der Leyen. Ambos hablaron de deber cumplido. En la misma línea se expresó Merz: "Creo que es una solución pragmática y eficaz, con el mismo efecto que la que debatimos durante tanto tiempo -la movilización de los activos rusos-, pero que era claramente demasiado compleja", concluyó tras la maratoniana reunión.

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us

CONTACT GAF