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(Expansión, 03-11-2025) | Fiscal

Consejos antes de que termine el año para pagar menos IRPF en 2026

Los asesores fiscales recuerdan que adelantar determinados gastos deducibles antes del 31 de diciembre puede suponer un importante ahorro en la próxima declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025. Con apenas dos meses para cerrar el año fiscal, los contribuyentes aún están a tiempo de optimizar su tributación y aprovechar las deducciones disponibles antes de que algunas desaparezcan o vean modificados sus límites a partir del 1 de enero. Aunque este ejercicio no introduce grandes novedades en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los expertos señalan que todavía existen oportunidades para reducir la factura con Hacienda. Desde el Consejo General de Economistas (CGE) recomiendan revisar las retenciones aplicadas en la nómina si han variado los ingresos, con el fin de evitar ajustes indeseados en la próxima campaña. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) advierte que los mínimos personales y familiares no se han actualizado en años, lo que, sumado a la inflación y al aumento de los salarios, ha incrementado la carga fiscal para muchos ciudadanos. Según los fiscalistas, las cuantías exentas en conceptos como manutención o alojamiento han quedado desfasadas, por lo que reclaman una revisión al alza. Entre las principales recomendaciones figura la de revisar los planes de pensiones. Quienes se jubilen en 2025 o lo hayan hecho recientemente deben comprobar los plazos para aplicar la reducción del 40% a las aportaciones anteriores a 2007, siempre que el rescate se realice en forma de capital dentro del plazo legal. También se aconseja realizar aportaciones adicionales antes de fin de año, tanto a planes individuales como de empleo, para aprovechar los límites de deducción que pueden alcanzar los 10.000 euros. Negociar parte del salario en especie, como seguros médicos, vales de comida o cheques guardería, puede resultar fiscalmente ventajoso si se hace antes del cierre del ejercicio. Asimismo, quienes hayan aumentado sus ingresos pueden solicitar una revisión de las retenciones para evitar devoluciones elevadas o pagos inesperados. Los propietarios de viviendas en alquiler deben reunir todas las facturas y justificantes de los gastos deducibles -como comunidad, IBI o amortización- antes de que acabe el año. Si el inmueble se encuentra en una zona tensionada, podrían aplicar reducciones adicionales de hasta el 90% de los rendimientos si lo arriendan a jóvenes. En el ámbito de las inversiones, los expertos recomiendan compensar ganancias y pérdidas patrimoniales antes del 31 de diciembre para reducir la base imponible. En el caso de vender la vivienda habitual, se mantiene la exención si la ganancia se reinvierte en otra vivienda en el plazo de dos años. Los mayores de 65 años pueden reinvertir el importe de la venta de un bien en una renta vitalicia y quedar exentos de tributar por la ganancia obtenida. Quienes planeen adquirir un coche eléctrico o instalar puntos de recarga deberían hacerlo antes de fin de año para beneficiarse de las deducciones vigentes, salvo que el Gobierno las prorrogue. También se aconseja diferir al próximo ejercicio los ingresos extraordinarios, como bonus o indemnizaciones, para retrasar su tributación. Los donativos realizados antes del 31 de diciembre permiten deducir hasta el 80% de los primeros 250 euros y el 45% del resto. Además, los contribuyentes con cónyuges o familiares con discapacidad pueden aprovechar reducciones adicionales mediante aportaciones a planes de pensiones o patrimonios protegidos. Los autónomos en módulos deben revisar sus cifras de ingresos y gastos, ya que si no se prorrogan los límites actuales, en 2026 volverán a aplicarse los ordinarios, lo que obligaría a muchos a tributar por estimación directa. En el caso de los agricultores, la compensación agrícola no se tendrá en cuenta para calcular dichos límites. Las inversiones en empresas de nueva creación permiten deducir el 50% de la inversión sobre una base máxima de 100.000 euros. Los propietarios de viviendas con hipoteca firmada antes de 2013 pueden deducir las cuotas hasta un máximo de 9.040 euros anuales, por lo que los asesores recomiendan realizar aportaciones extraordinarias antes del cierre del ejercicio. Cada comunidad autónoma mantiene sus propias deducciones, que pueden incluir gastos escolares, de vivienda, cuidado de hijos o mayores, o incluso veterinarios. Los asesores recomiendan revisar los beneficios regionales aplicables y adelantar los gastos necesarios antes del 31 de diciembre. Los trabajadores desplazados al extranjero pueden aplicar la exención fiscal del modelo 7P si cumplen los requisitos, y los autónomos que trabajen desde casa pueden deducir una parte proporcional de los suministros, siempre que justifiquen el espacio destinado a la actividad. En el caso de las criptomonedas, se aconseja posponer las ventas con ganancia a enero para retrasar la tributación, especialmente ante el endurecimiento del control fiscal previsto para 2026. También deben declararse los bienes o derechos en el extranjero mediante el modelo 720 para evitar sanciones. Respecto a los vehículos, los asalariados deben tener en cuenta que el coche de empresa tributa como retribución en especie, mientras que los autónomos deben revisar si su actividad permite deducir parcial o totalmente el vehículo utilizado. Finalmente, los contribuyentes afectados por la dana en Valencia y otras zonas no deberán incluir en su declaración las ayudas recibidas, y Hacienda les ha permitido aplazar el segundo pago del IRPF sin sanción. Los asesores fiscales insisten en que planificar las finanzas antes de que finalice el año es clave para aprovechar las deducciones vigentes y evitar pagar más de lo necesario en la próxima campaña de la Renta.

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(El Economista, 03-11-2025) | Fiscal

Hacienda podrá usar datos obtenidos en una inspección para regular ejercicios distintos

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha autorizado a la Agencia Tributaria a emplear la información obtenida durante una inspección para revisar otros ejercicios fiscales que no hubieran sido objeto de comprobación inicial. En una resolución reciente, fechada el 20 de octubre, el órgano establece que, siempre que las pruebas se hayan conseguido de manera lícita, no existen restricciones para su utilización, ya sea en la investigación de otros ejercicios del mismo contribuyente o de terceros relacionados. Con esta decisión, el TEAC resuelve un conflicto planteado por un contribuyente que denunció una inspección "prospectiva" -es decir, dirigida a ejercicios futuros-. El ciudadano alegaba que la Agencia Tributaria había usado datos obtenidos durante una revisión de su IRPF de 2020 para regularizar también los ejercicios 2018 y 2019, basándose en la información descubierta en el primer procedimiento. La Agencia defendió que, al haberse obtenido las pruebas de forma legítima, podía utilizarlas para otros expedientes. El tribunal da la razón a la Administración y recuerda que el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria permite que una inspección abarque una o varias obligaciones fiscales y distintos periodos, e incluso que se amplíe su alcance durante el proceso. Además, aunque dicha extensión deba notificarse al contribuyente, el TEAC aclara que puede modificarse más adelante. La resolución precisa que, en el caso concreto, la ampliación del ámbito de la inspección se produjo dentro del plazo máximo legal de 18 meses, por lo que el procedimiento seguía siendo el mismo. En este sentido, el tribunal sostiene que no resulta "jurídicamente razonable" limitar el uso de pruebas por parte del mismo órgano inspector solo porque se hubieran obtenido antes de modificar el alcance de la revisión. El TEAC añade que prohibir el uso de dichas pruebas obligaría a la Agencia Tributaria a iniciar nuevos procedimientos, lo que aumentaría los costes y trámites para los contribuyentes. Argumenta que los principios de proporcionalidad, eficiencia y reducción de cargas administrativas respaldan esta postura, así como el derecho de los ciudadanos a no presentar documentación que ya obra en poder de la Administración. Si Hacienda solicitara nuevamente esos mismos documentos, el contribuyente podría legítimamente no responder, sin riesgo de sanción, ya que la información ya había sido entregada. Asimismo, el tribunal recuerda que está ampliamente aceptado que la Administración puede emplear en un procedimiento la información obtenida en otro previo relativo al mismo contribuyente, así como los datos recabados durante una inspección de una operación para regularizar a la contraparte o incluso a terceros, si la información se obtuvo de manera fortuita. Por todo ello, el TEAC concluye que no tiene sentido imponer límites al uso de pruebas obtenidas lícitamente, dado que su utilización ya está permitida en otros procedimientos posteriores, incluso cuando afectan a personas distintas del contribuyente inspeccionado originalmente.

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(Expansión, 03-11-2025) | Laboral

Las horas extra no pagadas se desploman

Los trabajadores españoles realizaron un total de 1.805.800 horas extraordinarias no pagadas ni compensadas durante el tercer trimestre del año, lo que equivale a la pérdida de 45.145 empleos a tiempo completo de 40 horas semanales. A pesar de ello, este tipo de práctica irregular se sitúa en el nivel más bajo desde que existen registros, según la serie histórica iniciada en 2011. La caída coincide con el refuerzo del control del registro horario que impulsa el Ministerio de Trabajo y Economía Social. De acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), recogidos por Servimedia, las más de 1,8 millones de horas extra no remuneradas realizadas cada semana suponen un descenso del 35,99% respecto al trimestre anterior -cuando se contabilizaron 2.821.300- y del 28,2% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 2.515.200. Este trimestre marca así un mínimo histórico, mientras que el máximo se alcanzó en el segundo trimestre de 2015, cuando las horas extraordinarias no pagadas llegaron a 3.904.100. Por género, el problema sigue afectando en mayor medida a los hombres, que realizaron 1.060.800 horas no remuneradas frente a las 745.000 de las mujeres. En ambos casos se trata de los niveles más bajos registrados. En cuanto a los sectores, la industria manufacturera encabeza la lista con 200.000 horas extra semanales, seguida de las actividades profesionales, científicas y técnicas (199.400), la información y comunicaciones (191.700) y el comercio (167.800). El Ministerio de Trabajo incluyó en su proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales el derecho a la desconexión digital y un endurecimiento del control horario para combatir este tipo de irregularidades. Sin embargo, la norma -respaldada por CCOO y UGT, y rechazada por CEOE y Cepyme- fue tumbada en el Congreso el pasado septiembre con los votos en contra de Junts, PP y Vox. Esta iniciativa era una de las principales apuestas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien, tras el rechazo parlamentario, puso en marcha la reforma del registro horario por la vía reglamentaria, lo que permite aprobarla sin necesidad de pasar por el Parlamento. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que durante el tercer trimestre se realizaron 4.151.500 horas extraordinarias remuneradas o compensadas, una cifra similar a la del trimestre anterior (4.188.600, un 0,89% menos). En comparación interanual, el dato refleja un aumento del 2,32%, ya que entre julio y septiembre de 2024 se contabilizaron 4.057.300 horas pagadas. Esta cifra se mantiene próxima al máximo histórico, alcanzado en el cuarto trimestre del pasado año con 4.244.300 horas. En conjunto, las horas extraordinarias, tanto pagadas como no pagadas, sumaron 5.957.300 entre julio y septiembre, lo que supone un descenso del 15,01% respecto a las 7.009.800 del trimestre anterior y un 9,36% menos que en el mismo periodo del año pasado (6.572.400). Desglosado por sexos, los hombres realizaron 3.522.600 horas extra en total y las mujeres 2.434.700, según los datos del INE. Por sectores, las actividades sanitarias y los servicios sociales concentraron la mayor cantidad de horas extraordinarias, con 939.500, seguidas de la industria manufacturera (683.700), la hostelería (669.300) y el comercio (660.200).

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(El Economista, 03-11-2025) | Laboral

Los mayores de 60 años son el grupo de edad más numeroso que vive de prestaciones por desempleo y recibe las más reducidas

En los últimos meses han vuelto a cobrar fuerza los discursos sobre la brecha generacional, que presentan a los jóvenes como víctimas de la precariedad y los bajos salarios, frente a los mayores, supuestamente beneficiados con rentas más altas y pensiones "generosas". Sin embargo, esta visión pasa por alto otra realidad que se ha intensificado en los últimos años: los trabajadores de mayor edad son, en muchos casos, los más afectados por los cambios del mercado laboral desde la crisis financiera. Actualmente, las personas mayores de 60 años constituyen el grupo más numeroso que depende de prestaciones por desempleo y, además, son quienes perciben las cuantías más bajas. De hecho, 2025 está registrando un récord histórico de personas del "baby boom" que cobran subsidios de paro que rara vez superan los 480 euros mensuales. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Trabajo, el pasado mes había 769.130 personas recibiendo ayudas asistenciales, y un 34,5% de ellas tenía más de 60 años. Es decir, pertenecen a la generación nacida en los años 60, que en muchos países se asocia con una situación económica más favorable frente a los millennials (nacidos a partir de 1981) o la generación Z (desde 1995). En un contexto marcado por la dificultad de acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones, los mayores suelen ser señalados por poseer viviendas propias, tener hipotecas ya pagadas y percibir pensiones superiores a muchos salarios actuales. Esta percepción, sin embargo, olvida que muchos de ellos también fueron duramente golpeados por la crisis de 2008, cuando el desempleo se disparó y miles de personas mayores de 40 años quedaron fuera del mercado laboral, arrastrando precariedad durante décadas. Hoy, esos mismos trabajadores son considerados "privilegiados", aunque representan el grupo más numeroso de desempleados: en septiembre alcanzaban el 18% del total, es decir, casi dos de cada diez parados. Aunque puede argumentarse que los jóvenes recurren menos a los servicios públicos de empleo -porque suelen tener menos cotizaciones acumuladas-, los datos de la Encuesta de Población Activa confirman la tendencia: los mayores de 50 años son el único grupo que mantiene tasas de paro superiores a las registradas en 2008, y en el caso de los mayores de 60, el incremento llega al 276%. No se trata de "prejubilados" que esperan pasivamente alcanzar la edad de retiro. Las personas entre 60 y 66 años y ocho meses (edad legal de jubilación en 2025) siguen activas en la búsqueda de empleo, lo que refleja su situación económica. Este esfuerzo es comprensible si se considera el tipo de protección por desempleo que reciben. Solo unos 90.000 "boomers" perciben una prestación contributiva de paro, lo que representa el 11% del total, una proporción similar a la de otros grupos mayores de 30 años, pero muy inferior a su peso en el total de desempleados. En cambio, concentran el 34,5% de los subsidios, con más de 265.000 beneficiarios. Esta diferencia se explica porque la mayoría son parados de larga duración: al agotar las prestaciones ligadas a la cotización -que duran un máximo de dos años-, pasan a percibir subsidios asistenciales. De hecho, los mayores son el único grupo en el que los perceptores de subsidios superan a los de prestaciones contributivas. La mayoría cobra el subsidio especial para mayores de 52 años, de 480 euros mensuales, el único que puede mantenerse hasta la jubilación y que incluye una cotización del 125% sobre la base mínima. Que los menores de 50 años tengan menos presencia en los subsidios indica que su situación laboral es más dinámica y que tienen más posibilidades de reincorporarse al empleo. Los datos del SEPE y de la EPA lo confirman: el paro de larga duración afecta sobre todo a los trabajadores veteranos. Aunque algunos análisis atribuyen esto a una supuesta preferencia de los mayores por vivir de las ayudas -las llamadas "paguitas"-, las cifras demuestran lo contrario. Desde 2009, año en que comienza la serie estadística del SEPE, los mayores de 60 años han pasado de ser el grupo con menos beneficiarios de prestaciones (sumando contributivas y asistenciales) a ocupar el primer puesto, debido al fuerte aumento de los perceptores de subsidios. En aquel 2009, los mayores de 60 representaban el 11,8% de los beneficiarios, el segundo grupo más numeroso después de los desempleados de entre 50 y 54 años. Con la evolución de la crisis, el paro de larga duración creció en todos los grupos, especialmente entre los de 30 a 39 años, aunque estos niveles se redujeron con la recuperación económica. En cambio, en el caso de los mayores de 60, la tendencia ha sido constante: no experimentaron la caída posterior, sino que su número de perceptores ha seguido aumentando de forma continua hasta la actualidad, lo que apunta a causas más estructurales que coyunturales.

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(El Economista, 03-11-2025) | Laboral

El gasto en IMV y ayudas no contributivas crecerá tres veces más el año que viene

La segunda fase de la reforma de las pensiones incluye, entre otros aspectos, la reducción de la brecha entre las pensiones mínimas y el umbral de pobreza. Esta medida comenzó a aplicarse en 2024 y se irá desplegando progresivamente hasta 2027, lo que está generando una presión adicional sobre el gasto en pensiones. Según el Informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las administraciones públicas de 2026, publicado la semana pasada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el coste derivado de esta medida se triplicará el próximo año. En concreto, el informe -que la AIReF está obligada a elaborar por ley- estima que el gasto adicional será de 584 millones de euros en 2025, 1.458 millones en 2026 y 2.275 millones anuales entre 2027 y 2029, lo que equivale aproximadamente a una décima del PIB. Estas cifras engloban el Ingreso Mínimo Vital (IMV), las pensiones no contributivas y el complemento a mínimos. El organismo aclara además que "el resto de medidas del lado del gasto del sistema de pensiones aprobadas entre 2021 y 2023 tendrán efectos más a largo plazo, debido a los periodos transitorios establecidos en su regulación". El informe recuerda que el Real Decreto-ley 2/2023 fija un aumento gradual de las pensiones no contributivas -y, por tanto, del IMV- y de las pensiones mínimas entre 2024 y 2027, con el objetivo de que superen determinados umbrales de pobreza. El impacto estimado de estas subidas mínimas será de 2.275 millones de euros (una décima del PIB) en 2030. Hasta septiembre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destinado 8.783 millones de euros al pago de pensiones no contributivas y complementos a mínimos, lo que representa el 81% del presupuesto anual y un 10% más que en el mismo periodo de 2024. Esta cifra incluye las prestaciones por invalidez, jubilación, orfandad, las ayudas excepcionales por la DANA y los complementos a mínimos de las pensiones contributivas. Por su parte, el gasto en IMV ascendió hasta 4.655 millones de euros en agosto, un 13% más que el año anterior. Aunque todavía no se conoce el incremento previsto para las pensiones no contributivas en 2026, el año pasado subieron un 9% y en 2024 un 6,9%. Según la normativa, en los próximos dos años deberán crecer por encima del IPC hasta alcanzar el 75% del umbral de pobreza de un hogar unipersonal. La AIReF también evalúa el efecto de otras medidas, como la reforma del subsidio por desempleo y la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor. Sumando estas dos medidas al aumento de las prestaciones no contributivas, el impacto total sobre el PIB sería de dos décimas en 2030. Para este año, la AIReF estima un gasto adicional de 929 millones por la reforma del subsidio y 261 millones por la ampliación del permiso. En 2026, estas cifras ascenderían a 849 millones y 661 millones, respectivamente. No obstante, el Ministerio de Trabajo calculó en su momento que la extensión del permiso costaría 1.500 millones, una estimación mucho más alta que la del organismo fiscal. En cuanto a los ingresos, la AIReF prevé un aumento derivado de la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cotización de solidaridad y el incremento de las bases máximas de cotización. El impacto presupuestario acumulado de estas medidas se estima también en dos décimas del PIB entre 2025 y 2030, lo que supondrá ingresos adicionales de 1.280 millones en 2025 y 2.450 millones en 2026. Conviene destacar que los fondos recaudados a través del MEI se destinan exclusivamente a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social -la conocida "hucha de las pensiones"-, cuyos recursos no podrán utilizarse hasta 2033. En cambio, el aumento de las demás cotizaciones se destina a financiar las pensiones contributivas, en línea con la recomendación primera del Pacto de Toledo, que considera las prestaciones no contributivas como "gastos impropios del sistema". Finalmente, la AIReF prevé también un incremento de las transferencias del Estado para compensar el desequilibrio entre ingresos y gastos del sistema, en cumplimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo de 2020. Según sus estimaciones, estas transferencias se mantendrán en torno al 2,9% del PIB entre 2026 y 2030, mientras que en 2025 cerrarán el año en el 2,8% del PIB. Hasta septiembre, la Seguridad Social ha recibido 38.926 millones de euros por este concepto, un 20% más que el año anterior, una cifra que duplica el gasto destinado a las prestaciones no contributivas.

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(El Economista, 03-11-2025) | Laboral

Trabajo creará un sello para destacar qué empresas son socialmente responsables

El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha este verano el proceso para reactivar el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), un órgano que no se reunía desde hace una década. Esta semana, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha abierto a consulta pública el borrador del decreto que permitirá su recuperación. El texto adelanta que el consejo impulsará la creación de un sello distintivo destinado a reconocer a las empresas y entidades que destaquen por su compromiso con la mejora social, económica y ambiental. Fuentes del ministerio explican que el objetivo es supervisar el comportamiento ético y sostenible de las compañías españolas, tanto en sus actividades dentro del país como en el extranjero. El nuevo sello -aún sin detalles concretos- servirá para ofrecer mayores garantías a los consumidores, que podrán identificar fácilmente las empresas que cumplen con prácticas responsables. Por ahora, el borrador solo menciona en una disposición final que, una vez aprobado el real decreto, se elaborará un reglamento específico que establecerá las condiciones para conceder el Sello de Empresa Socialmente Responsable, conforme a los criterios que determine el propio CERSE, en el que estarán representados sindicatos, organizaciones empresariales y entidades especializadas en responsabilidad social. Desde el Ministerio de Trabajo destacan este distintivo como una de las principales novedades de la reactivación del CERSE, concebido como un foro de diálogo social. Por primera vez, podrán participar en él organizaciones empresariales con representación autonómica, como Pimec, lo que podría marcar un precedente. El sello será de adhesión voluntaria y su finalidad será reconocer a las empresas que cumplan estándares éticos, aunque también servirá para detectar prácticas como el trabajo infantil o la vulneración de derechos humanos en el extranjero. Según el borrador consultado por elEconomista.es, será el propio consejo el encargado de definir los criterios y requisitos que deberán cumplir las compañías para obtener el sello. El texto aún se encuentra en fase de consulta, por lo que deberá recabar los informes de varios ministerios y organismos antes de llegar al Consejo de Ministros. Al tratarse de un real decreto, no requerirá votación en el Congreso, sino únicamente el visto bueno del Gobierno. El Ejecutivo ha decidido además ampliar las funciones del CERSE, que pasará a asesorar a los ministerios sobre políticas de fomento de la responsabilidad social en las pymes y entidades de economía social, así como a establecer estándares comunes para los informes y memorias de sostenibilidad que elaboran las empresas. También se encargará de analizar la evolución de la responsabilidad social en España, la Unión Europea y terceros países, y elaborará un informe anual al Senado en el que evaluará la calidad, fiabilidad y transparencia de la información no financiera publicada por las compañías. El Ministerio de Trabajo ya sometió a consulta, el pasado junio, la orden que determinará qué organizaciones tendrán representación en el consejo. El periodo para presentar alegaciones concluyó a finales de ese mes, aunque la norma aún no ha sido aprobada. Todo apunta a que volverá a generar tensiones con la patronal CEOE-Cepyme, que rechaza que Pimec sea reconocida como organización empresarial más representativa, alegando que ello contradice el Estatuto de los Trabajadores. Dicha norma establece que solo las organizaciones que agrupen al menos al 15% de las empresas de un territorio y que no estén integradas en otra de ámbito nacional pueden ser consideradas representativas. Sin embargo, Pimec, pese a formar parte de Conpymes, ya ha sido reconocida con voz en el Consejo Económico y Social Europeo (CESE) -en sustitución de CEOE-, además de tener presencia en el Consejo Económico y Social español (pendiente de renovación desde hace casi un año) y en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), donde ingresó el pasado junio.

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(El País, 03-11-2025) | Laboral

El Consejo de Ministros aprueba este martes el estatuto del becario

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes en primera lectura el anteproyecto de ley del Estatuto del Becario, según ha confirmado EL PAÍS a partir de fuentes conocedoras de la decisión. El Ministerio de Trabajo presentó este acuerdo en junio de 2023, con el objetivo de reducir a la mitad las prácticas extracurriculares y compensar los gastos de los estudiantes, buscando combatir la precariedad que afecta a los becarios. A pesar de contar con el respaldo de UGT y CC OO, el texto fue rechazado por las patronales y los rectores universitarios, y la parte socialista del Gobierno consideró que el documento aún estaba "verde" y requería más trabajo técnico. Ahora, casi dos años y medio después, el Ejecutivo da luz verde en una primera ronda al proyecto, que -según recalcan desde Trabajo- mantiene en esencia el mismo contenido que el que el PSOE frenó en 2023. Esta ley, impulsada durante años por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, afrontará un trámite parlamentario complicado, ya que al rechazo previo de varios socios de Gobierno se ha sumado el voto en contra anunciado por Junts. El texto establece que las prácticas extracurriculares no podrán superar las 480 horas por alumno, la mitad del límite actual. Esta medida busca reducir el fraude en este tipo de prácticas, que no están directamente vinculadas con la formación académica. Además, incluye un régimen sancionador que contempla multas de hasta 225.000 euros para las infracciones más graves y obliga a las empresas a cubrir los gastos del estudiante, como el transporte al centro donde realice sus prácticas. Esta compensación no se aplicará a los becarios con remuneración, ya que se entiende que esos gastos están cubiertos con su salario. No obstante, la norma no establece la obligación de pagar un sueldo al becario, una de las principales demandas de los sindicatos y la izquierda que finalmente no se incorporó al acuerdo. Precisamente, esta cuestión -la compensación de los gastos- es una de las que genera más oposición entre los críticos. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) expresó en enero su preocupación en una carta enviada a Yolanda Díaz, advirtiendo de que muchas empresas o instituciones podrían negarse a asumir esos costes. En el mismo documento, la CRUE pedía un compromiso explícito del sector empresarial para sufragarlos y alertaba de que, de no ser así, podrían recaer sobre las universidades, como ya ocurre con las cotizaciones sociales de los becarios no remunerados desde enero de 2024. Aunque CC OO y UGT respaldan el planteamiento del Ministerio de Trabajo, los sindicatos aspiraban inicialmente a un modelo más ambicioso, que incluyera la eliminación total de las prácticas extracurriculares y mayores garantías. Sin embargo, rebajaron sus exigencias con la esperanza de alcanzar un acuerdo con las patronales, lo cual finalmente no se produjo. El pacto fue presentado a mediados de junio de 2023, apenas un mes antes de las elecciones generales. Ese día se produjo un hecho insólito en el diálogo social: mientras Yolanda Díaz presentaba el acuerdo con los representantes de los trabajadores, el ala socialista del Gobierno manifestaba públicamente su desacuerdo. La Moncloa calificó la norma de "muy verde", y el Ministerio de Economía sostuvo que necesitaba más desarrollo técnico. Como consecuencia, el texto -entonces previsto como decreto ley- quedó paralizado hasta que el nuevo pacto de coalición entre PSOE y Sumar lo recuperó, incluyendo el compromiso explícito de "aprobar el Estatuto del Becario". A pesar de ello, el anteproyecto permaneció estancado durante meses, incluso después de la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. Este bloqueo provocó el malestar de los sindicatos, que en mayo de 2024 publicaron un comunicado conjunto denunciando la situación. En él, alertaban de que "decenas de miles de jóvenes siguen atrapados en un modelo de prácticas abusivo, sin garantías y con un alto grado de precariedad", y reclamaban una mayor implicación de todo el Gobierno para hacer realidad el Estatuto, dejando entrever las divisiones entre PSOE y Sumar en torno a esta iniciativa.

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(El Periódico, 03-11-2025) | Laboral

El 80% de empresas españolas cuenta con planes de diversidad pero solo el 59% evalúa los resultados

La diversidad en las empresas españolas continúa avanzando, aunque todavía queda camino por recorrer para convertir los compromisos en resultados concretos y medibles. Actualmente, el 80% de las compañías cuenta con planes o políticas en materia de diversidad, pero solo el 59% revisa de forma periódica su cumplimiento y apenas un 9% vincula los progresos en inclusión con la evaluación o los incentivos de sus equipos. Estas son algunas de las conclusiones del informe "Termómetro de la Diversidad en España. Del compromiso a la acción: ¿Cómo cumplen las organizaciones la Carta de la Diversidad?", presentado esta semana por la Fundación Diversidad en la Oficina de Representación de la Comisión Europea en Madrid. El estudio examina el grado de aplicación de los diez principios que conforman la Carta de la Diversidad, a partir de la información de cerca de mil organizaciones que emplean a más de 1,4 millones de personas. La radiografía evidencia un compromiso institucional sólido, aunque con avances desiguales en la gestión y evaluación de las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DE&I). De acuerdo con el informe, el 82% de las organizaciones ya incorpora la DE&I en sus valores corporativos y códigos éticos, y nueve de cada diez directivos la consideran una prioridad estratégica. Entre los datos más destacados, las plantillas están compuestas por un 46% de mujeres, aunque solo tres de cada diez ocupan puestos directivos; las personas con discapacidad representan un 2,5%, por encima del mínimo legal del 2%; el 10% de los empleados tiene nacionalidad extranjera (por debajo del 14,2% del promedio nacional); el 15,5% son menores de 30 años y el 13,1% mayores de 55, siete puntos por debajo de la media española. Además, el 62% de las empresas aplican medidas específicas dirigidas al colectivo LGTBI+. El informe también constata diferencias notables entre las grandes corporaciones y las pymes. Las primeras suelen contar con estrategias estructuradas y equipos especializados, mientras que las segundas todavía operan, en muchos casos, de manera intuitiva. En concreto, el 70% de las grandes empresas fija objetivos concretos de representación, frente al 40% de las pequeñas y medianas, y la presencia de grupos internos de empleados o ERG ("Employee Resource Groups") es mucho más habitual en las grandes (74%) que en las pymes (32%). "El compromiso con la diversidad ha dejado de ser una simple declaración: hoy forma parte de la estrategia empresarial. El siguiente paso, y el más relevante, es medir su impacto y consolidar la DE&I como un pilar de sostenibilidad e innovación", subrayó Sonia Río, directora general de la Fundación Diversidad. Por su parte, la presidenta de la entidad, Teresa Viejo, recalcó que "el verdadero desafío no está en proclamar la apuesta por la inclusión, sino en demostrarla con acciones y resultados verificables". "Debemos pasar del discurso a la práctica. Solo así lograremos un cambio cultural duradero", añadió. Con más de 1.600 organizaciones adheridas, la Carta de la Diversidad -impulsada en España por la Fundación Diversidad con el apoyo de la Comisión Europea- sitúa al país como tercero en Europa en compromiso con la igualdad de oportunidades y el respeto a la diferencia en el ámbito laboral, solo por detrás de Francia y Alemania, que cuentan con más de 6.000 firmantes cada uno.

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(Cinco Días, 03-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor vuelve a subir y encarece las hipotecas con revisión semestral por primera vez en casi dos años

Casi dos años después, el euríbor vuelve a dar un respiro menor -pero en sentido contrario- a los titulares de hipotecas variables. Aunque el impacto en la cuota mensual será muy leve, de apenas cuatro euros al mes para un préstamo medio, supone el primer encarecimiento desde noviembre de 2023. Esta subida afectará únicamente a quienes tengan revisión semestral, que son una minoría, pero marca el fin del ciclo de rebajas continuadas que habían disfrutado millones de hipotecados. En concreto, el euríbor cerró octubre en el 2,187%, ligeramente por encima del 2,172% de septiembre y del 2,143% de abril, referencia clave para las revisiones a seis meses. El índice encadena tres meses consecutivos de aumentos. Aunque moderados, estos repuntes han enfriado el entusiasmo generado por su caída desde el máximo del 4,16% en octubre de 2023. Aquella bajada vino impulsada por las expectativas -y posterior materialización- de recortes en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), lo que redujo las cuotas hipotecarias y alivió los bolsillos de las familias. Ahora, con la inflación controlada, el BCE ha pausado su política de bajadas. Christine Lagarde y su equipo han mantenido los tipos sin cambios durante tres reuniones seguidas, y no se esperan reducciones a corto plazo. Como resultado, el euríbor se ha estabilizado entre el 2% y el 2,2% desde abril. Aun así, quienes revisen su hipoteca anualmente seguirán beneficiándose de cuotas algo más bajas durante unos meses más. En octubre de 2024, el euríbor estaba en el 2,691%, por lo que una hipoteca media en España -unos 145.673 euros a 25 años, según el INE- aún verá una rebaja aproximada de 49 euros al mes, equivalente a 588 euros anuales. Pero el euríbor no solo influye en quienes ya tienen hipoteca. También afecta a quienes planean contratar una. Según los últimos datos del INE (agosto), el tipo de interés medio de las nuevas hipotecas continúa descendiendo: se situó en el 2,89%, frente al 3,28% de un año antes, y ligeramente por debajo del 2,94% de julio, alcanzando su nivel más bajo desde febrero de 2023. Ese abaratamiento ha impulsado la firma de nuevas hipotecas, que en agosto ascendieron a 33.271, un 7,5% más que en el mismo mes de 2024. El acceso a un crédito más barato permite a más familias pasar del alquiler a la compra, al reducir la cuota mensual y facilitar que los solicitantes cumplan con los criterios bancarios, que limitan el préstamo a un máximo del 35% de los ingresos. Sin embargo, este aumento de la demanda presiona los precios de la vivienda, compensando el beneficio del euríbor más bajo: lo que se ahorra en intereses se acaba pagando en el precio de compra. Respecto al futuro, los analistas prevén estabilidad. Con los tipos del BCE en pausa y sin señales de inflación inesperada, el euríbor probablemente oscilará sin grandes cambios. El servicio de estudios de Bankinter, por ejemplo, prevé que el índice se mantenga entre el 2,15% y el 2,20% en 2025, y entre el 2,20% y el 2,25% en 2026 y 2027. La parte positiva es que este escenario ofrece certidumbre a los compradores, que podrán planificar sus pagos sin sobresaltos durante el proceso de compra. La negativa, que el margen de ahorro generado por la bajada del euríbor en los últimos meses irá reduciéndose gradualmente.

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(Expansión, 03-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE logra relajar las trabas al comercio de tierras raras con China

El bloque comunitario logra sumarse a la suspensión, por un año, de las restricciones a la exportación de materiales clave, acordada por Estados Unidos, sin ceder por ahora en ningún punto. Las limitaciones impuestas en abril permanecen activas. La Unión Europea obtiene luz verde para que las tierras raras y los chips vuelvan a fluir desde China hacia su territorio. Ese fue el resultado de la larga jornada de negociaciones mantenida el viernes entre los representantes europeos de comercio, encabezados por el comisario Maros Sefcovic, y sus homólogos chinos, con el objetivo de restablecer las cadenas de suministro esenciales para la industria europea, interrumpidas recientemente por el país asiático. El acuerdo, comunicado el sábado, establece la suspensión durante un año de las restricciones a la exportación de tierras raras que China había anunciado el 9 de octubre. Además, abre la posibilidad de flexibilizar los límites al traslado de chips de la empresa Nexperia desde sus plantas en Asia. La Comisión Europea consigue así sumarse a las concesiones comerciales que Estados Unidos, representado por Donald Trump, había negociado días antes con Xi Jinping en Corea. Sin embargo, lejos de actuar como mero acompañante de Washington, Bruselas ha alcanzado un resultado favorable teniendo en cuenta que apenas ha tenido que ofrecer concesiones. Existía el riesgo de que la UE quedara excluida de la exención a las restricciones de importación de tierras raras, pero de momento ese peligro se ha evitado, ganando un año adicional para seguir dialogando. "China ha confirmado que la suspensión de los controles a las exportaciones anunciados en octubre se aplicará también a la UE. Ambas partes reafirmaron su compromiso de cooperar para mejorar la aplicación de las políticas de control", declaró Sefcovic. Por su parte, el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, destacó que "se trata de una medida prudente y responsable que contribuye a la estabilidad del comercio mundial en un sector crucial". La Unión Europea depende casi por completo de China para el suministro de tierras raras, materiales indispensables para sectores estratégicos como el automovilístico o la transición digital y ecológica. Más del 90% de los imanes de tierras raras utilizados en Europa proceden de China, por lo que las restricciones comerciales ponían en riesgo la actividad económica del continente. China había anunciado que a partir de diciembre ampliaría las limitaciones a las exportaciones de baterías, diamantes sintéticos y maquinaria para el procesamiento de tierras raras. Aunque Pekín insistía en que estas medidas no afectarían la estabilidad internacional, sus decisiones ya estaban impactando a las empresas extranjeras. El pacto alcanzado entre Estados Unidos y China, al que ahora se une la UE, no elimina por completo las restricciones sobre las tierras raras. Si bien el golpe de las medidas de octubre queda temporalmente suspendido, las restricciones impuestas en abril -que exigen licencias adicionales a las compañías que demandan estos materiales- continúan vigentes. Las empresas europeas denuncian que solo se aprueba la mitad de las solicitudes presentadas. No obstante, las conversaciones no se detendrán con este acuerdo: según Gill, "durante este periodo de suspensión se trabajará para reducir las divergencias entre ambas regiones". Las relaciones comerciales entre China y la Unión Europea atraviesan numerosos conflictos, entre ellos los aranceles europeos a los coches eléctricos chinos -acusados de dumping y de recibir subvenciones excesivas-, los aranceles chinos a la carne europea y las mencionadas limitaciones a las tierras raras. Un caso aparte es el de la empresa Nexperia, cuya filial fue expropiada por las autoridades neerlandesas tras acusaciones de desvío de patentes hacia otras firmas asiáticas. Como represalia, China había bloqueado la salida de chips fabricados por la compañía, una medida que ahora reconsiderará. Por el momento, las negociaciones han servido para enfriar una escalada de tensiones que amenazaba con agravarse. El conflicto con China fue uno de los temas tratados por los líderes en la reciente cumbre del Consejo Europeo, donde incluso se planteó la posibilidad de activar el instrumento "anticoerción", creado a finales de 2023 para proteger a la UE frente a presiones de terceros países.

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