(El Economista, 03-11-2025) | Laboral
El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha este verano el proceso para reactivar el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), un órgano que no se reunía desde hace una década. Esta semana, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha abierto a consulta pública el borrador del decreto que permitirá su recuperación. El texto adelanta que el consejo impulsará la creación de un sello distintivo destinado a reconocer a las empresas y entidades que destaquen por su compromiso con la mejora social, económica y ambiental.
Fuentes del ministerio explican que el objetivo es supervisar el comportamiento ético y sostenible de las compañías españolas, tanto en sus actividades dentro del país como en el extranjero. El nuevo sello -aún sin detalles concretos- servirá para ofrecer mayores garantías a los consumidores, que podrán identificar fácilmente las empresas que cumplen con prácticas responsables.
Por ahora, el borrador solo menciona en una disposición final que, una vez aprobado el real decreto, se elaborará un reglamento específico que establecerá las condiciones para conceder el Sello de Empresa Socialmente Responsable, conforme a los criterios que determine el propio CERSE, en el que estarán representados sindicatos, organizaciones empresariales y entidades especializadas en responsabilidad social.
Desde el Ministerio de Trabajo destacan este distintivo como una de las principales novedades de la reactivación del CERSE, concebido como un foro de diálogo social. Por primera vez, podrán participar en él organizaciones empresariales con representación autonómica, como Pimec, lo que podría marcar un precedente. El sello será de adhesión voluntaria y su finalidad será reconocer a las empresas que cumplan estándares éticos, aunque también servirá para detectar prácticas como el trabajo infantil o la vulneración de derechos humanos en el extranjero.
Según el borrador consultado por elEconomista.es, será el propio consejo el encargado de definir los criterios y requisitos que deberán cumplir las compañías para obtener el sello. El texto aún se encuentra en fase de consulta, por lo que deberá recabar los informes de varios ministerios y organismos antes de llegar al Consejo de Ministros. Al tratarse de un real decreto, no requerirá votación en el Congreso, sino únicamente el visto bueno del Gobierno.
El Ejecutivo ha decidido además ampliar las funciones del CERSE, que pasará a asesorar a los ministerios sobre políticas de fomento de la responsabilidad social en las pymes y entidades de economía social, así como a establecer estándares comunes para los informes y memorias de sostenibilidad que elaboran las empresas. También se encargará de analizar la evolución de la responsabilidad social en España, la Unión Europea y terceros países, y elaborará un informe anual al Senado en el que evaluará la calidad, fiabilidad y transparencia de la información no financiera publicada por las compañías.
El Ministerio de Trabajo ya sometió a consulta, el pasado junio, la orden que determinará qué organizaciones tendrán representación en el consejo. El periodo para presentar alegaciones concluyó a finales de ese mes, aunque la norma aún no ha sido aprobada. Todo apunta a que volverá a generar tensiones con la patronal CEOE-Cepyme, que rechaza que Pimec sea reconocida como organización empresarial más representativa, alegando que ello contradice el Estatuto de los Trabajadores.
Dicha norma establece que solo las organizaciones que agrupen al menos al 15% de las empresas de un territorio y que no estén integradas en otra de ámbito nacional pueden ser consideradas representativas. Sin embargo, Pimec, pese a formar parte de Conpymes, ya ha sido reconocida con voz en el Consejo Económico y Social Europeo (CESE) -en sustitución de CEOE-, además de tener presencia en el Consejo Económico y Social español (pendiente de renovación desde hace casi un año) y en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), donde ingresó el pasado junio.