(El Economista, 03-11-2025) | Laboral
La segunda fase de la reforma de las pensiones incluye, entre otros aspectos, la reducción de la brecha entre las pensiones mínimas y el umbral de pobreza. Esta medida comenzó a aplicarse en 2024 y se irá desplegando progresivamente hasta 2027, lo que está generando una presión adicional sobre el gasto en pensiones. Según el Informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las administraciones públicas de 2026, publicado la semana pasada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el coste derivado de esta medida se triplicará el próximo año.
En concreto, el informe -que la AIReF está obligada a elaborar por ley- estima que el gasto adicional será de 584 millones de euros en 2025, 1.458 millones en 2026 y 2.275 millones anuales entre 2027 y 2029, lo que equivale aproximadamente a una décima del PIB. Estas cifras engloban el Ingreso Mínimo Vital (IMV), las pensiones no contributivas y el complemento a mínimos. El organismo aclara además que "el resto de medidas del lado del gasto del sistema de pensiones aprobadas entre 2021 y 2023 tendrán efectos más a largo plazo, debido a los periodos transitorios establecidos en su regulación".
El informe recuerda que el Real Decreto-ley 2/2023 fija un aumento gradual de las pensiones no contributivas -y, por tanto, del IMV- y de las pensiones mínimas entre 2024 y 2027, con el objetivo de que superen determinados umbrales de pobreza. El impacto estimado de estas subidas mínimas será de 2.275 millones de euros (una décima del PIB) en 2030.
Hasta septiembre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destinado 8.783 millones de euros al pago de pensiones no contributivas y complementos a mínimos, lo que representa el 81% del presupuesto anual y un 10% más que en el mismo periodo de 2024. Esta cifra incluye las prestaciones por invalidez, jubilación, orfandad, las ayudas excepcionales por la DANA y los complementos a mínimos de las pensiones contributivas. Por su parte, el gasto en IMV ascendió hasta 4.655 millones de euros en agosto, un 13% más que el año anterior.
Aunque todavía no se conoce el incremento previsto para las pensiones no contributivas en 2026, el año pasado subieron un 9% y en 2024 un 6,9%. Según la normativa, en los próximos dos años deberán crecer por encima del IPC hasta alcanzar el 75% del umbral de pobreza de un hogar unipersonal.
La AIReF también evalúa el efecto de otras medidas, como la reforma del subsidio por desempleo y la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor. Sumando estas dos medidas al aumento de las prestaciones no contributivas, el impacto total sobre el PIB sería de dos décimas en 2030. Para este año, la AIReF estima un gasto adicional de 929 millones por la reforma del subsidio y 261 millones por la ampliación del permiso. En 2026, estas cifras ascenderían a 849 millones y 661 millones, respectivamente. No obstante, el Ministerio de Trabajo calculó en su momento que la extensión del permiso costaría 1.500 millones, una estimación mucho más alta que la del organismo fiscal.
En cuanto a los ingresos, la AIReF prevé un aumento derivado de la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cotización de solidaridad y el incremento de las bases máximas de cotización. El impacto presupuestario acumulado de estas medidas se estima también en dos décimas del PIB entre 2025 y 2030, lo que supondrá ingresos adicionales de 1.280 millones en 2025 y 2.450 millones en 2026. Conviene destacar que los fondos recaudados a través del MEI se destinan exclusivamente a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social -la conocida "hucha de las pensiones"-, cuyos recursos no podrán utilizarse hasta 2033. En cambio, el aumento de las demás cotizaciones se destina a financiar las pensiones contributivas, en línea con la recomendación primera del Pacto de Toledo, que considera las prestaciones no contributivas como "gastos impropios del sistema".
Finalmente, la AIReF prevé también un incremento de las transferencias del Estado para compensar el desequilibrio entre ingresos y gastos del sistema, en cumplimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo de 2020. Según sus estimaciones, estas transferencias se mantendrán en torno al 2,9% del PIB entre 2026 y 2030, mientras que en 2025 cerrarán el año en el 2,8% del PIB. Hasta septiembre, la Seguridad Social ha recibido 38.926 millones de euros por este concepto, un 20% más que el año anterior, una cifra que duplica el gasto destinado a las prestaciones no contributivas.