(El País, 03-11-2025) | Laboral
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes en primera lectura el anteproyecto de ley del Estatuto del Becario, según ha confirmado EL PAÍS a partir de fuentes conocedoras de la decisión. El Ministerio de Trabajo presentó este acuerdo en junio de 2023, con el objetivo de reducir a la mitad las prácticas extracurriculares y compensar los gastos de los estudiantes, buscando combatir la precariedad que afecta a los becarios. A pesar de contar con el respaldo de UGT y CC OO, el texto fue rechazado por las patronales y los rectores universitarios, y la parte socialista del Gobierno consideró que el documento aún estaba "verde" y requería más trabajo técnico.
Ahora, casi dos años y medio después, el Ejecutivo da luz verde en una primera ronda al proyecto, que -según recalcan desde Trabajo- mantiene en esencia el mismo contenido que el que el PSOE frenó en 2023. Esta ley, impulsada durante años por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, afrontará un trámite parlamentario complicado, ya que al rechazo previo de varios socios de Gobierno se ha sumado el voto en contra anunciado por Junts.
El texto establece que las prácticas extracurriculares no podrán superar las 480 horas por alumno, la mitad del límite actual. Esta medida busca reducir el fraude en este tipo de prácticas, que no están directamente vinculadas con la formación académica. Además, incluye un régimen sancionador que contempla multas de hasta 225.000 euros para las infracciones más graves y obliga a las empresas a cubrir los gastos del estudiante, como el transporte al centro donde realice sus prácticas. Esta compensación no se aplicará a los becarios con remuneración, ya que se entiende que esos gastos están cubiertos con su salario. No obstante, la norma no establece la obligación de pagar un sueldo al becario, una de las principales demandas de los sindicatos y la izquierda que finalmente no se incorporó al acuerdo.
Precisamente, esta cuestión -la compensación de los gastos- es una de las que genera más oposición entre los críticos. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) expresó en enero su preocupación en una carta enviada a Yolanda Díaz, advirtiendo de que muchas empresas o instituciones podrían negarse a asumir esos costes. En el mismo documento, la CRUE pedía un compromiso explícito del sector empresarial para sufragarlos y alertaba de que, de no ser así, podrían recaer sobre las universidades, como ya ocurre con las cotizaciones sociales de los becarios no remunerados desde enero de 2024.
Aunque CC OO y UGT respaldan el planteamiento del Ministerio de Trabajo, los sindicatos aspiraban inicialmente a un modelo más ambicioso, que incluyera la eliminación total de las prácticas extracurriculares y mayores garantías. Sin embargo, rebajaron sus exigencias con la esperanza de alcanzar un acuerdo con las patronales, lo cual finalmente no se produjo. El pacto fue presentado a mediados de junio de 2023, apenas un mes antes de las elecciones generales.
Ese día se produjo un hecho insólito en el diálogo social: mientras Yolanda Díaz presentaba el acuerdo con los representantes de los trabajadores, el ala socialista del Gobierno manifestaba públicamente su desacuerdo. La Moncloa calificó la norma de "muy verde", y el Ministerio de Economía sostuvo que necesitaba más desarrollo técnico. Como consecuencia, el texto -entonces previsto como decreto ley- quedó paralizado hasta que el nuevo pacto de coalición entre PSOE y Sumar lo recuperó, incluyendo el compromiso explícito de "aprobar el Estatuto del Becario".
A pesar de ello, el anteproyecto permaneció estancado durante meses, incluso después de la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. Este bloqueo provocó el malestar de los sindicatos, que en mayo de 2024 publicaron un comunicado conjunto denunciando la situación. En él, alertaban de que "decenas de miles de jóvenes siguen atrapados en un modelo de prácticas abusivo, sin garantías y con un alto grado de precariedad", y reclamaban una mayor implicación de todo el Gobierno para hacer realidad el Estatuto, dejando entrever las divisiones entre PSOE y Sumar en torno a esta iniciativa.