(Cinco Días, 17-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El crudo pierde los 80 dólares por barril, pero le costará caer por debajo de los 70

El petróleo ha experimentado una fuerte corrección a la baja durante la última semana tras el acercamiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo y garantizar nuevamente la libre circulación por el estrecho de Ormuz. Después de alcanzar niveles cercanos a los 95 dólares por barril, la cotización llegó a situarse por debajo de los 80 dólares, reflejando el alivio de los mercados ante la perspectiva de una desescalada. No obstante, tanto las compañías del sector como numerosos analistas consideran prematuro hablar de una vuelta a la normalidad. Aunque el acuerdo ha reducido la tensión inmediata, persisten importantes factores de incertidumbre que dificultan un regreso rápido a los precios previos al estallido de la guerra, cuando el barril cotizaba por debajo de los 70 dólares. Uno de los principales obstáculos es la desconfianza de las navieras respecto a la seguridad de la ruta marítima. Jotaro Tamura, consejero delegado de Mitsui OSK Lines, explicó al Financial Times que muchas compañías evitarán utilizar el estrecho de Ormuz hasta disponer de garantías sólidas sobre la estabilidad del acuerdo. Esta cautela podría prolongarse incluso después de la firma prevista del memorando entre Washington y Teherán, ya que continúan abiertas cuestiones especialmente delicadas. Entre ellas destaca el futuro del programa nuclear iraní. Estados Unidos exige limitaciones significativas, mientras que las autoridades iraníes defienden su continuidad. Se trata de un asunto clave para la Administración estadounidense, que necesita presentar avances tangibles ante su electorado. Esta circunstancia podría endurecer las negociaciones en las próximas semanas. Otro punto de fricción es la posibilidad de que Irán cobre tasas a los buques que atraviesen Ormuz como contraprestación por garantizar la seguridad de la navegación. Washington, por el contrario, considera que la reapertura del corredor marítimo debe producirse sin restricciones ni costes adicionales para los operadores internacionales. Tampoco puede descartarse la influencia de Israel en el proceso. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha mostrado su malestar por los términos del entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán, lo que introduce un nuevo elemento de incertidumbre en unas negociaciones que todavía están lejos de concluir. A estas dificultades diplomáticas se suma el impacto que la guerra ha tenido sobre la producción petrolera de la región. Según datos de la OPEP, la extracción de crudo en Oriente Próximo se ha reducido en más de diez millones de barriles diarios debido tanto a problemas logísticos como a los daños sufridos por diversas infraestructuras energéticas. Mientras que las interrupciones derivadas de la falta de transporte podrían resolverse relativamente rápido, la reconstrucción de instalaciones dañadas requerirá mucho más tiempo. En algunos casos, las reparaciones podrían prolongarse durante varios años antes de que la capacidad productiva vuelva a los niveles anteriores al conflicto. Parte del petróleo que ha llegado recientemente al mercado procedía de reservas almacenadas en puertos y terminales del Golfo Pérsico, así como de cargamentos retenidos en buques que permanecían a la espera de poder cruzar Ormuz. Sin embargo, una vez liberadas estas existencias acumuladas, el ritmo de suministro dependerá nuevamente de la capacidad real de producción y transporte, que continúa siendo limitada. Por este motivo, grandes entidades financieras y firmas especializadas como JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC o Commodity Context consideran que el petróleo podría mantenerse durante varios meses en una franja de entre 80 y 90 dólares por barril antes de acercarse de nuevo a los niveles previos a la guerra. En la misma línea, Standard & Poor's señala que la recuperación del tráfico marítimo y de los flujos energéticos a través de Ormuz será gradual incluso después de un acuerdo preliminar. La agencia advierte además de que seguirán existiendo dificultades operativas y un elevado grado de incertidumbre hasta que se alcance un pacto definitivo entre las partes. Según los analistas, el debate ya no gira tanto en torno a si el estrecho volverá a abrirse, sino a las condiciones en las que se producirá esa reapertura. Aunque los riesgos geopolíticos han disminuido de forma notable en los últimos días, el mercado seguirá incorporando una prima de incertidumbre que mantendrá cierta presión sobre los precios energéticos durante los próximos meses.

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(Expansión, 17-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC arremete contra el poder de veto del Comité de Inversiones Estratégicas

Desde su creación, el denominado Comité de Inversiones Estratégicas ya apuntaba a convertirse en un foco de controversia. Sin embargo, pocos anticipaban que una de las críticas más contundentes llegaría desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo, presidido por Cani Fernández, cuyo mandato concluyó precisamente ayer y que ahora permanece en funciones, ha emitido un informe especialmente crítico con varios aspectos fundamentales de este nuevo órgano. El comité interministerial tendrá la capacidad de determinar qué grandes proyectos empresariales reciben el respaldo del Ejecutivo, una circunstancia que puede resultar decisiva para acceder a ayudas públicas, subvenciones o autorizaciones administrativas. En su análisis, la CNMC pone en duda tanto los criterios como el procedimiento previstos para evaluar y declarar estos proyectos estratégicos, tanto en las fases iniciales como en la resolución definitiva. El regulador considera necesario definir parámetros objetivos y medibles, especialmente en conceptos ambiguos como la "relevancia" o la "significación" de los proyectos, con el objetivo de limitar la discrecionalidad y garantizar que las decisiones se adopten con criterios transparentes y verificables. El informe ha sido elaborado a petición del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños. Su contenido supone un revés para una de las iniciativas más destacadas impulsadas por la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, encabezada por Manuel de la Rocha. Aunque el Comité de Inversiones Estratégicas fue anunciado a finales del año pasado, su desarrollo tomó forma durante la pasada primavera, coincidiendo con la aprobación del decreto de medidas anticrisis motivado por el conflicto en el golfo Pérsico. Fue entonces cuando se concretaron su estructura y competencias mediante una nueva regulación. Entre los aspectos más llamativos de la normativa figura que el órgano estará copresidido por la persona responsable de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno -cargo que ocupa Manuel de la Rocha- junto con el Ministerio de Economía. No obstante, el texto no especifica si la representación de este departamento corresponderá directamente al ministro Carlos Cuerpo o a una persona designada por él. La CNMC insiste además en que los criterios aplicables durante la fase preliminar de análisis de las inversiones deben estar sustentados en indicadores objetivos y cuantificables. También propone aclarar la importancia relativa de cada uno de los criterios de evaluación e incorporar una valoración inicial sobre la capacidad técnica de los promotores de los proyectos, complementando así el análisis de su solvencia económica y financiera. Por último, el organismo regulador reclama que las evaluaciones se basen en criterios homogéneos, verificables y transparentes, y considera imprescindible que los baremos utilizados para valorar los proyectos sean aprobados y publicados con carácter previo a su aplicación.

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(El País, 17-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Competencia abre expediente a los seis grandes bancos españoles por la guerra hipotecaria

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido abrir un expediente sancionador contra las seis principales entidades financieras del país -Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja- por posibles prácticas contrarias a la competencia relacionadas con el mercado hipotecario. El regulador considera que determinadas manifestaciones públicas realizadas por responsables de estas entidades acerca de la evolución de los precios de las hipotecas a tipo fijo podrían haber facilitado a sus competidores información relevante sobre sus futuras estrategias comerciales. Según la CNMC, este intercambio indirecto de señales podría vulnerar tanto la legislación española de defensa de la competencia como la normativa comunitaria. La investigación se produce en un contexto marcado por la intensa competencia en el mercado hipotecario español. Durante los últimos meses, varias entidades financieras han protagonizado una auténtica batalla comercial para captar clientes, ofreciendo préstamos hipotecarios a tipos de interés cada vez más reducidos. Esta situación ha generado preocupación entre algunos directivos del sector, que han advertido públicamente sobre el riesgo de conceder financiación con márgenes demasiado estrechos. En su opinión, determinadas operaciones podrían resultar poco rentables a largo plazo y afectar a la sostenibilidad del negocio bancario. Sin embargo, no todas las entidades han mantenido la misma posición. Mientras algunas han optado por moderar su actividad hipotecaria, otras han continuado apostando por crecer en este segmento del mercado, aprovechando el aumento de la demanda de financiación para la compra de vivienda. La CNMC considera que las declaraciones realizadas por diversos responsables bancarios durante este periodo podrían haber permitido a otras entidades anticipar decisiones comerciales futuras, alterando potencialmente las condiciones de competencia efectiva en el mercado. El organismo ha precisado que la apertura del expediente no implica que exista una infracción acreditada ni anticipa el resultado final de la investigación. A partir de ahora se abre una fase de análisis durante la cual se recopilará información y se evaluarán los hechos. La CNMC dispone de un plazo máximo de 24 meses para resolver el procedimiento. La actuación del supervisor se produce en un momento en el que el sector financiero español sigue bajo el foco de las autoridades de competencia y de los supervisores bancarios. En los últimos años, el organismo ha investigado diversas prácticas relacionadas con depósitos, financiación empresarial y otros productos financieros. Paralelamente, las autoridades europeas también han intensificado la vigilancia sobre el mercado hipotecario. El Banco Central Europeo está revisando los criterios de concesión de préstamos para evaluar posibles riesgos asociados al incremento de la financiación inmobiliaria, mientras que el Banco de España analiza medidas destinadas a limitar la concesión de hipotecas consideradas de mayor riesgo. El expediente se inicia además en un momento relevante para la propia CNMC, ya que coincide con el final del mandato de su presidenta, Cani Fernández, quien concluye su periodo al frente del organismo tras seis años de gestión. Hasta que se produzca el nombramiento de un sucesor por parte del Gobierno y su posterior ratificación parlamentaria, continuará ejerciendo sus funciones de forma provisional. La decisión de Competencia añade un nuevo elemento de incertidumbre a un mercado hipotecario que vive una etapa de elevada actividad comercial y que sigue siendo uno de los principales focos de atención tanto para las entidades financieras como para los organismos supervisores.

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(La Vanguardia, 17-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aporta 719 millones de euros a la gigafactoría europea de IA en Tarragona y Madrid

El Gobierno ha dado un paso decisivo en su apuesta por convertir a España en uno de los centros estratégicos europeos para el desarrollo de la inteligencia artificial. El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 719 millones de euros procedentes de fondos europeos y la creación de la sociedad mercantil que se encargará de impulsar y gestionar la futura gigafactoría de IA que el país aspira a albergar en Móra la Nova, en la provincia de Tarragona. La iniciativa forma parte de la estrategia de fortalecimiento de la soberanía tecnológica y de reindustrialización impulsada por el Ejecutivo. Paralelamente, la Generalitat de Cataluña ha autorizado la puesta a disposición de los terrenos necesarios para el proyecto, ubicado en la comarca de la Ribera d'Ebre, una zona especialmente afectada por la despoblación y preocupada por el impacto económico que podría tener el futuro cierre de la central nuclear de Ascó. La estructura accionarial de la nueva sociedad combinará capital público y privado. El bloque empresarial estará liderado por Banco Santander, ACS y Telefónica, que contarán con una participación individual del 15,67%, sumando conjuntamente el 47% del capital. A ellos se incorporará Multiverse Computing con un 4%, lo que permitirá al sector privado controlar el 51% de la sociedad. Por parte del sector público, el Estado participará con un 47,99% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, conocida como la "SEPI Digital", mientras que la Generalitat dispondrá inicialmente de un 1% mediante el Institut Català del Sòl. La dirección ejecutiva del proyecto recaerá en Francesc Fajula, quien hasta hace unos meses ocupaba el cargo de consejero delegado de la Mobile World Capital Barcelona, entidad vinculada al ecosistema de innovación tecnológica desarrollado alrededor del congreso mundial de telefonía móvil celebrado en Barcelona. La creación de esta sociedad constituye un requisito imprescindible para que España pueda presentar formalmente su candidatura a la próxima convocatoria de gigafactorías europeas de inteligencia artificial que lanzará la Comisión Europea. El proyecto español prevé movilizar cerca de 4.000 millones de euros mediante la combinación de recursos públicos y privados. Además de Móra la Nova, la candidatura incorpora también a San Fernando de Henares, municipio madrileño que participará en el desarrollo de la infraestructura. La propuesta competirá con otros proyectos europeos para albergar una de las al menos cuatro gigafactorías de IA que la Unión Europea pretende desplegar en distintos Estados miembros. Según el calendario previsto por Bruselas, las instalaciones seleccionadas deberán entrar en funcionamiento entre 2027 y 2028 y podrán beneficiarse de financiación comunitaria destinada a reforzar la capacidad tecnológica europea en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, la computación avanzada y el procesamiento masivo de datos. La iniciativa supone una de las mayores inversiones tecnológicas impulsadas en España en los últimos años y aspira a situar al país en una posición relevante dentro del desarrollo de la infraestructura digital que sustentará la próxima generación de sistemas de inteligencia artificial en Europa.

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(Expansión, 16-06-2026) | Fiscal

Por cada 100.000 euros de precio de vivienda nueva, los compradores asumen más de 26.000 por los impuestos directos e indirectos

El encarecimiento de la vivienda en España no sólo responde al desequilibrio entre oferta y demanda. A la escasez de inmuebles disponibles y al aumento de la población se suma un importante componente fiscal que, según un informe elaborado por EY para Asprima, eleva significativamente el coste que deben asumir quienes adquieren una vivienda. El estudio calcula que la carga tributaria total asociada a la compra de una vivienda alcanza el 26,1% de su valor. Este porcentaje incluye tanto los impuestos soportados por promotores y constructores durante el proceso de desarrollo como los tributos que abonan directamente los compradores al formalizar la adquisición. Uno de los elementos que más ha contribuido a este incremento es la evolución del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. Tras la reforma aplicada en 2021, los coeficientes utilizados para calcular este tributo aumentaron de forma considerable en las operaciones de corta duración, habituales en la promoción inmobiliaria. Según el informe, esta situación ha generado un encarecimiento relevante de los proyectos residenciales, afectando a su rentabilidad y trasladando parte de ese coste al precio final de las viviendas. Como consecuencia, el acceso a la propiedad resulta cada vez más complicado para determinados colectivos, especialmente los jóvenes y las familias con menor capacidad de ahorro. De hecho, la proporción de propietarios menores de 35 años habría descendido desde el 70% registrado en 2005 hasta cerca del 30% en la actualidad. La cuestión adquiere mayor relevancia tras la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que contempla una inversión de 2.800 millones de euros hasta 2030 destinada a reforzar las ayudas para el acceso a la vivienda. Sin embargo, el sector considera que estas ayudas podrían verse parcialmente neutralizadas por el peso creciente de la fiscalidad sobre la compraventa. El informe destaca que el aumento de la plusvalía municipal ha sido especialmente intenso en algunas grandes ciudades. Madrid encabeza la clasificación con un incremento del 650% desde 2020 en los coeficientes aplicables a determinadas operaciones. Le siguen Sevilla, con una subida del 500%; Málaga y Zaragoza, con aumentos del 305%; y Barcelona, donde el crecimiento alcanza el 275%. Como ejemplo, para un terreno con un valor catastral de 100.000 euros transmitido en el mismo año de su adquisición, la base imponible en Madrid habría pasado de 2.000 a 15.000 euros en apenas seis años. A consecuencia de esta evolución, los promotores soportan una carga fiscal media de 15.372 euros por cada 100.000 euros de precio final de venta. A ello se suman los aproximadamente 10.750 euros que el comprador debe pagar en concepto de IVA y Actos Jurídicos Documentados (AJD). En conjunto, la factura fiscal supera los 26.000 euros por cada 100.000 euros de valor de la vivienda. Así, una vivienda de 300.000 euros puede llevar asociada una carga tributaria superior a los 75.000 euros. El estudio sitúa a España entre los países con una mayor presión fiscal sobre la compraventa de viviendas. Mientras la carga tributaria media ronda el 9,7% en los países de la OCDE y el 6,5% en la Unión Europea, el nivel registrado en España se encuentra muy por encima de esos porcentajes. Para corregir esta situación, EY y Asprima plantean varias medidas. La primera consiste en permitir que los gastos de urbanización y promoción se integren en el valor de adquisición del suelo a efectos del cálculo de la plusvalía municipal, reduciendo así la base imponible del impuesto. Asimismo, se propone establecer bonificaciones específicas para las transmisiones de vivienda nueva, similares a las que ya existen en determinados supuestos para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Por último, el informe plantea reconocer la promoción de vivienda como una actividad de especial interés o utilidad municipal, lo que abriría la puerta a aplicar incentivos fiscales adicionales para favorecer el desarrollo de nuevas promociones residenciales y contribuir a incrementar la oferta disponible en el mercado.

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(Expansión, 16-06-2026) | Fiscal

España encara casi un punto más de inflación pese al desbloqueo de Ormuz

Los analistas consideran que el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán refuerza la capacidad de Teherán para influir sobre el tráfico en el Estrecho de Ormuz. Además, advierten de que la recuperación de la normalidad en esta vía marítima será gradual y que las operaciones seguirán condicionadas por unos costes de aseguramiento más elevados. Para España, los efectos del acuerdo de paz serán previsiblemente positivos, aunque limitados y centrados principalmente en los sectores de la energía, el transporte, el turismo y la confianza económica. Así lo apunta Raúl Viñas, analista de Afi, quien destaca que incluso una reapertura parcial de Ormuz contribuiría a reducir el precio de los combustibles, aliviaría los costes de la electricidad y del transporte, y favorecería la rentabilidad de las actividades con un elevado consumo energético o una fuerte dependencia logística. No obstante, desde Funcas anticipan que las consecuencias económicas se dejarán sentir de forma gradual a medida que desaparezcan las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la guerra. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, explica que la vuelta a la tributación ordinaria del IVA y de los impuestos especiales sobre los hidrocarburos, cuya vigencia concluye el 1 de julio salvo nueva prórroga, provocará previsiblemente un aumento del IPC de ocho décimas en ese mes. Torres añade que muchas empresas han soportado durante el conflicto costes adicionales que todavía no han trasladado completamente a los precios finales, por lo que la inflación seguirá registrando cierta presión en los próximos meses a pesar de la paz alcanzada. Esta situación podría traducirse también en una pérdida temporal de poder adquisitivo para los consumidores. El alcance definitivo de las repercusiones sobre la economía dependerá en gran medida del comportamiento del consumo. En estos momentos, Funcas calcula que el conflicto podría restar entre dos y tres décimas al crecimiento económico previsto para España este año. Mientras tanto, el vicepresidente económico del Gobierno, Carlos Cuerpo, mantiene abierta la ronda de contactos con los agentes sociales para estudiar la continuidad de algunas medidas de apoyo durante el verano. Después de reunirse con representantes del sector gasista y petrolero, entre ellos responsables de Enagás, Exolum y las asociaciones AICE y Sedigas, el Ejecutivo prevé convocar próximamente a representantes de la industria y del sector agroalimentario.

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(La Vanguardia, 16-06-2026) | Fiscal

El Gobierno ampliará hasta final de año el control semanal de los precios de los carburantes

El Gobierno prolongará hasta final de año la obligación impuesta a los operadores mayoristas de productos petrolíferos con capacidad de refino en España de remitir semanalmente información detallada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre sus costes de adquisición y los precios de venta de carburantes a las estaciones de servicio. La decisión fue comunicada este lunes por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante una reunión mantenida con representantes del sector petrolero, en la que también participó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. La medida forma parte del paquete aprobado para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra con Irán. Inicialmente, la obligación de informar a la CNMC tenía una vigencia de tres meses, aunque el decreto que la regulaba contemplaba la posibilidad de prorrogarla. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes su extensión hasta el próximo 31 de diciembre. La participación del Ministerio de Economía en el encuentro responde a una ronda de contactos impulsada por el Ejecutivo para evaluar el impacto que el conflicto está teniendo sobre distintos sectores de la economía española. En los próximos días también se celebrarán reuniones con representantes del sector agroalimentario, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y con el tejido industrial, en colaboración con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. El objetivo de estos encuentros es analizar la evolución de la situación internacional y determinar si resulta necesario mantener, modificar o ampliar el Plan de Respuesta aprobado por el Gobierno el pasado 20 de marzo para mitigar los efectos económicos de la crisis. La valoración preliminar del Ejecutivo es positiva. Según las estimaciones manejadas por el Gobierno, las medidas adoptadas han contribuido a amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía sobre la economía española, especialmente en los precios de los carburantes. El efecto de este paquete de actuaciones se traduciría en una moderación cercana a un punto porcentual de la tasa general de inflación. No obstante, el Ejecutivo sigue atento a la evolución de los acontecimientos en Oriente Próximo. En particular, la posible reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo, será determinante para evaluar el alcance definitivo de las medidas de apoyo. La vigencia inicial del plan concluye el próximo 30 de junio, pero el Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su continuidad. La evolución de los mercados energéticos y el impacto económico de una eventual normalización del tráfico marítimo en Ormuz serán factores clave para decidir si las ayudas se extinguen en la fecha prevista o si, por el contrario, se prolongan bajo nuevas condiciones.

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(El Economista, 16-06-2026) | Fiscal

Barcelona endurecerá significativamente la fiscalidad aplicada a los cruceros de escala corta

El acuerdo alcanzado entre el PSC, ERC y En Comú prevé elevar hasta los 30 euros la tasa turística que deberán abonar los pasajeros de aquellos barcos que permanezcan menos de 12 horas en la ciudad, frente a los 11 euros que pagan actualmente. La medida forma parte de la estrategia impulsada por el Ayuntamiento para reducir el impacto del turismo de paso y favorecer un modelo basado en los denominados puertos base, es decir, aquellos en los que los cruceros inician o finalizan su recorrido. Precisamente, estos viajeros no se verán afectados por el incremento previsto. El aumento se producirá a través del recargo municipal que se aplica sobre la tasa turística. Este suplemento, que desde abril asciende a ocho euros por pasajero, aumentará progresivamente hasta alcanzar los 24 euros en 2027. Sumado al gravamen autonómico ya existente, la cuantía total llegará a los 30 euros para los cruceristas que permanezcan en la ciudad menos de medio día. La propuesta será sometida a aprobación inicial en la comisión municipal de Economía y posteriormente deberá recibir el visto bueno definitivo del pleno municipal. Una vez completado este trámite, será remitida al Parlament de Cataluña para su incorporación a la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos. Junto a la subida fiscal, el acuerdo incorpora un nuevo límite anual de actividad. ERC ha impulsado la creación de un techo de 3,5 millones de cruceristas al año, con el objetivo de contener el crecimiento del tráfico marítimo turístico y minimizar su impacto sobre la ciudad. Los socios del gobierno municipal defienden que el incremento de la recaudación debe revertir en servicios públicos. Los republicanos han planteado que parte de los ingresos adicionales se destinen a financiar el 50% del coste de los comedores escolares de Barcelona. Por su parte, En Comú considera que las medidas para controlar la presión turística llegan con retraso y ha reclamado una actuación más decidida por parte del ejecutivo municipal para limitar los efectos de la masificación. En paralelo al debate político, el sector de los cruceros trata de desvincular su actividad de los problemas derivados del exceso de visitantes. Un informe elaborado por la Universitat de Girona y la asociación internacional de navieras CLIA sostiene que los pasajeros de cruceros representaron únicamente el 2,5% del total de visitantes que recibió Barcelona en 2024. Según el mismo estudio, la presencia de cruceristas superó el 5% del conjunto de turistas únicamente durante 32 jornadas a lo largo del año, una conclusión obtenida a partir del análisis de datos de movilidad procedentes de dispositivos móviles. Barcelona sigue siendo el principal destino de cruceros del Mediterráneo occidental, aunque en los últimos años ha comenzado a adoptar medidas para reducir la presión de esta actividad. Entre ellas destaca el acuerdo alcanzado con el Puerto de Barcelona para disminuir el número de terminales de cruceros, que pasarán de siete a cinco, así como la reducción de la capacidad operativa de las instalaciones. Con estas iniciativas, las administraciones buscan compatibilizar la importancia económica del turismo de cruceros con una gestión más sostenible de los flujos de visitantes y de su impacto sobre la vida cotidiana de la ciudad.

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(El País, 16-06-2026) | Laboral

Trabajo envía más de 100.000 avisos a empresas para que garanticen la protección de los empleados frente al calor

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social prevé enviar esta semana más de cien mil comunicaciones, en concreto 113.916, a empresas de los sectores agrario y de la construcción para recordarles su obligación de proteger a los trabajadores frente a las altas temperaturas y garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, además de informar sobre la normativa vigente. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que estas notificaciones forman parte del denominado plan del calor, que se activa cada año. Según ha señalado, no se trata de un mecanismo sancionador, sino informativo, orientado a facilitar el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas. Estas cartas se enmarcan en el plan aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 9 de junio, cuyo objetivo es intensificar la vigilancia en aquellos sectores en los que los trabajadores están más expuestos a episodios de calor extremo. La ministra ha detallado que solo en el verano de 2025 la Inspección de Trabajo realizó más de 10.000 actuaciones relacionadas con condiciones ambientales adversas, que dieron lugar a 291 infracciones y sanciones que sumaron en torno a 1,6 millones de euros. Durante su intervención en el Congreso de Prevención de Riesgos Laborales celebrado en Barcelona, Díaz ha subrayado que trabajar no debería implicar riesgos para la salud o la vida, y ha recordado que en 2025 más de 700 personas fallecieron en accidentes laborales en España. El Ejecutivo ha declarado 2026 como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, coincidiendo con el 30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En este contexto, el Gobierno ha pactado con los sindicatos la actualización de la norma, aunque su tramitación parlamentaria se prevé compleja al no contar con una mayoría garantizada en el Congreso. El plan del Gobierno pretende reforzar la prevención de riesgos laborales incorporando nuevos desafíos, como el impacto de la digitalización y de los sistemas algorítmicos en la organización del trabajo, los cambios demográficos, el efecto del cambio climático, la reducción de la siniestralidad laboral y la mejora en la protección de colectivos especialmente vulnerables, como jóvenes, trabajadores migrantes, personal sociosanitario y empleadas del hogar. También busca integrar de forma más efectiva la perspectiva de género en las políticas de salud laboral.

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(El Economista, 16-06-2026) | Laboral

El complemento por hijo en la pensión de los funcionarios llega al TJUE para que resuelva en los casos de jubilación anticipada

El complemento a la pensión por haber tenido hijos vuelve a situarse bajo el escrutinio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aunque en esta ocasión el análisis no se centra en la posible discriminación por razón de sexo, cuestión que el tribunal ya resolvió anteriormente al concluir que el diseño inicial del plus perjudicaba a los hombres. Ahora, la cuestión planteada se refiere a si este complemento puede ser discriminatorio en función de la edad, tras la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El órgano judicial español ha solicitado al TJUE que determine si la exclusión del complemento para determinados funcionarios que se jubilan de forma anticipada vulnera el derecho europeo. El caso afecta a los empleados incluidos en el régimen de Clases Pasivas, un sistema que gestiona las pensiones de determinados colectivos del sector público como personal de la Administración de Justicia, docentes, miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil o Policía Nacional. Aunque este régimen se encuentra en proceso de extinción desde 2011, todavía da cobertura a unos 700.000 trabajadores en activo y a un número similar de pensionistas. En este sistema, los funcionarios que acceden a la jubilación anticipada a los 60 años, siempre que acrediten al menos 30 años de servicio, no tienen derecho a percibir el complemento por hijos. Sin embargo, esta limitación no se aplica de la misma forma a quienes están encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social, lo que ha generado diferencias de trato entre colectivos. El complemento fue creado en 2016 como una medida de compensación dirigida inicialmente a las mujeres por el impacto de la maternidad en sus carreras profesionales. No obstante, el TJUE ya declaró en 2019 que excluir a los hombres resultaba discriminatorio, lo que llevó a su reforma en 2021 para extenderlo también a ellos, aunque con ciertos requisitos adicionales que no se exigían a las mujeres. En 2025, el tribunal europeo volvió a cuestionar algunos aspectos de su aplicación, al considerar que persistían elementos discriminatorios. A día de hoy, la normativa permite el acceso al complemento en el régimen general tanto en casos de jubilación ordinaria como anticipada, mientras que en Clases Pasivas se limita a supuestos de jubilación forzosa, lo que ha reabierto el debate sobre la coherencia del sistema. El TSJCV argumenta que, si el objetivo del complemento es reconocer la aportación demográfica, no parece justificado excluir a quienes se jubilan anticipadamente una vez cumplidos los requisitos de edad y cotización. A su juicio, esta diferencia podría vulnerar la directiva europea sobre igualdad de trato en el empleo. En este contexto, el TJUE deberá determinar si la normativa española es compatible con el derecho de la Unión Europea o si, por el contrario, introduce una discriminación indirecta basada en la edad entre distintos colectivos de pensionistas.

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