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(El Economista, 16-09-2025) | Fiscal

El Supremo fija que las rentas de origen desconocido tributan a la mitad en los matrimonios en gananciales

El Tribunal Supremo (TS) ha determinado que las ganancias sin justificar, no declaradas o de procedencia desconocida atribuidas a uno de los cónyuges deben tributar en el IRPF por mitades cuando el matrimonio está sujeto al régimen de gananciales. Con esta sentencia, dictada el pasado 15 de julio, la Sala rechaza el criterio de la Agencia Tributaria, que sostenía que dichos bienes debían imputarse únicamente al contribuyente en cuyo poder fueran hallados. El Supremo recuerda que la Ley del IRPF dispone que, en caso de rendimientos patrimoniales de origen incierto, debe acudirse a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio para determinar la titularidad. Esta última norma remite a las disposiciones que regulan el régimen económico matrimonial, lo que implica que, en el caso de los gananciales, los bienes se presumen comunes. El litigio surgió tras el hallazgo por parte de la policía de más de 93.000 euros en metálico ocultos en el coche de un contribuyente. Hacienda le giró una liquidación íntegra a su nombre, al considerar esa suma como ganancia no justificada. El afectado, sin embargo, alegó que el importe debía dividirse en dos, ya que su matrimonio se encontraba bajo el régimen de gananciales. En su resolución, el Supremo afirma que la mera lectura de la normativa confirma que, para determinar la titularidad de estos bienes, deben aplicarse las reglas del régimen económico matrimonial vigente. Añade además que esta presunción solo puede desvirtuarse si se presenta una prueba clara y concluyente de que el bien es privativo, responsabilidad que recae en quien sostenga dicha condición, en este caso la Agencia Tributaria. En consecuencia, y ante la falta de pruebas que acrediten el carácter privativo del dinero incautado, el tribunal concluye que debe considerarse ganancial, de modo que corresponde atribuir el 50 % a cada cónyuge.

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(El Periódico, 16-09-2025) | Fiscal

Casi la mitad de los trabajadores españoles no entiende su nómina

La nómina, ese documento que llega cada mes a los trabajadores, continúa siendo un enigma para muchos. Un estudio realizado en julio de 2025 por PayFit e Ipsos Digital, con la participación de 650 empleados en España, refleja una situación preocupante: el 41% de los trabajadores no entiende del todo su nómina. Este desconocimiento no es un detalle menor, pues -como recuerda Pedro Becerro en su libro Mejora tus finanzas personales- gran parte de los asalariados desconoce los costes adicionales que asume la empresa al contratarlos, lo que repercute en su salario neto. La falta de claridad en torno a esta información provoca un problema de opacidad que limita la capacidad de los empleados para tomar decisiones financieras conscientes. Y las causas de esta incomprensión van más allá de la mera falta de conocimientos básicos. Según el estudio, el desglose de los impuestos es uno de los principales puntos de fricción: un 41% de los encuestados reconoce dificultades para relacionar los tributos con su sueldo, y un 29% afirma que le gustaría saber con precisión cuánto se le descuenta por el IRPF. A esto se suma el uso de un lenguaje excesivamente técnico y plagado de siglas, lo que contribuye a que muchos trabajadores solo reparen en una línea de la nómina: el líquido a percibir, es decir, el importe final que reciben en su cuenta. Esa falta de comprensión genera una desconexión entre el salario bruto que figura en el contrato y el coste real que supone para la empresa mantener a un empleado en plantilla. En ese margen se encuentran las aportaciones a la Seguridad Social, que no solo se descuentan al trabajador, sino que también son abonadas por el empleador. En la mayoría de los casos, los empleados desconocen estas cargas adicionales. Se trata de cotizaciones imprescindibles para financiar el sistema de bienestar -pensiones, desempleo, formación profesional y protección ante contingencias-, pero que no se reflejan de forma directa en la nómina. De acuerdo con datos del Banco de España y de la Seguridad Social, las aportaciones empresariales incluyen un 23,60% en contingencias comunes, un 5,50% en desempleo, un 0,60% en formación profesional y un 0,20% al FOGASA. La invisibilidad de estas cifras alimenta la falta de transparencia. Comprender estos conceptos resulta clave para que los trabajadores valoren no solo el salario que perciben, sino también la aportación total que generan para la economía. Conscientes de este reto, tanto empresas como entidades financieras están impulsando iniciativas para mejorar la educación financiera de los empleados. PayFit, por ejemplo, ha desarrollado una nómina interactiva que, mediante Inteligencia Artificial, permite pinchar en cada apartado para obtener explicaciones sencillas y detalladas. Con ello se busca desmitificar tecnicismos y dotar a los trabajadores de una visión más clara de su salario. La incomprensión de la nómina no es un problema menor, sino estructural. Tal y como destaca Firmin Zocchetto, cofundador y CEO de PayFit, se trata de "un documento clave en la vida de los empleados" que, sin embargo, continúa resultando ininteligible para la mayoría. Dotar de mayor transparencia al proceso no solo empodera al trabajador, también fortalece la confianza en la relación laboral, un aspecto esencial para fidelizar talento y mejorar la salud económica de las organizaciones.

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(Expansión, 16-09-2025) | Laboral

El Congreso prepara la jubilación voluntaria de los funcionarios hasta los 72 años

La Comisión de Hacienda y Función Pública debatirá hoy la incorporación de enmiendas que plantean ampliar la edad de jubilación forzosa de los empleados públicos y permitir la jubilación parcial en condiciones similares a las del sector privado. Las modificaciones a la ley de Función Pública se encuentran en una fase decisiva: la ponencia encargada de ordenar e integrar las propuestas de los distintos grupos políticos elaborará un texto conjunto que, posteriormente, deberá ser aprobado por la Comisión, donde tienen representación todas las formaciones. Entre las enmiendas que se incorporarán al articulado, destacan dos presentadas por el PSOE. La primera propone aumentar la edad de retiro obligatorio de los funcionarios, pasando de los 70 a los 72 años. La segunda abre la puerta a que los empleados públicos puedan acceder a la jubilación parcial, combinando una reducción de jornada con el cobro de una parte de la pensión, una opción ya regulada y mejorada en el ámbito privado tras la última reforma de la Seguridad Social, pero aún no disponible para el personal de las Administraciones Públicas. En concreto, la propuesta socialista establece que los funcionarios que tengan una edad hasta tres años inferior a la de jubilación ordinaria y reduzcan su jornada entre un 25% y un 75% puedan acogerse a esta modalidad, siempre que exista sustitución por otro trabajador. Si la jubilación parcial se adelanta más de dos años respecto a la edad de retiro obligatorio, durante el primer año la jornada deberá reducirse entre un 20% y un 33%. Respecto a la jubilación forzosa, la enmienda plantea que los funcionarios puedan solicitar entre tres y cuatro meses antes de cumplir la edad de retiro obligatorio la prórroga de su permanencia en activo. Estas extensiones se concederán por periodos de un año, prorrogables hasta un máximo de 72 años. En caso de no existir resolución expresa, la prórroga se entenderá aprobada. Para que estas medidas prosperen, el PSOE necesitará recabar apoyos suficientes entre sus socios parlamentarios. Superada la fase de ponencia, el texto será analizado en la Comisión de Hacienda y Función Pública y, posteriormente, elevado al Pleno del Congreso antes de pasar al Senado para continuar su tramitación. Paralelamente, el Congreso debatirá una iniciativa de Esquerra Republicana (ERC) en la Comisión de Trabajo. La formación solicita que se permita la jubilación anticipada a los empleados de la industria química y del refino, al considerar que las condiciones de estos sectores conllevan graves riesgos para la salud y aceleran el desgaste físico, mental y social de sus trabajadores. ERC argumenta que existen estudios nacionales e internacionales que justifican aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación a este colectivo, tal como ya ocurre en otras profesiones calificadas como especialmente penosas, tóxicas o peligrosas. Aunque la legislación española ya contempla este mecanismo para determinados sectores, el partido denuncia que la industria química y del refino, pese a cumplir con los criterios, todavía no ha sido incluida entre los beneficiarios.

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(Expansión, 16-09-2025) | Laboral

Trabajo busca un recorte real de la jornada laboral al endurecer el registro horario

El Ministerio de Trabajo descarta aumentar las sanciones, pero confirma que el nuevo reglamento obligará a implantar sistemas digitales de control horario con acceso garantizado para la Inspección de Trabajo, que podrá actuar de oficio. Además, el Ejecutivo no cierra la puerta a habilitar ayudas para que los pequeños negocios puedan digitalizarse. Tras el rechazo en el Congreso a la ley estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz -con los votos en contra de PP, Vox y Junts-, Trabajo ha pasado a la ofensiva para impulsar por otras vías la reducción del tiempo de trabajo. Apenas un día después del revés parlamentario, el ministerio puso en audiencia pública el proyecto de real decreto que desarrolla el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores en materia de registro de jornada. Aunque el documento publicado es solo una memoria justificativa, fuentes del departamento aseguran a Expansión que el articulado definitivo incluirá dos novedades clave: la obligación de que el registro horario sea digital y la creación de una interfaz que permita a la Inspección acceder directamente a los datos. Con estas medidas se busca dar cumplimiento a las exigencias del Tribunal de Justicia de la UE y reforzar lo establecido en el real decreto de 2019 que impuso el registro obligatorio. El Gobierno espera que este refuerzo tenga un efecto real en la reducción de las jornadas laborales, especialmente en el control de las horas extra. "Un sistema inalterable y verificable hará que se reduzca el tiempo efectivo de trabajo", explican desde el ministerio. En Trabajo consideran que el incumplimiento en materia de jornada es "muy elevado" en las empresas españolas y atribuyen el problema, en parte, a la falta de un reglamento detallado sobre cómo debe contabilizarse el tiempo trabajado. No obstante, el uso del real decreto tiene limitaciones: permite al Ejecutivo avanzar sin pasar por el Parlamento, pero también le impide endurecer las sanciones. La ley de reducción de jornada que fracasó preveía multas de hasta 10.000 euros por trabajador afectado en caso de incumplimiento, algo que no podrá recogerse en el nuevo reglamento. El ministerio tampoco convocará a patronal y sindicatos para negociar este aspecto, ya que forma parte de los elementos que ya se debatieron en el marco de la negociación sobre la reducción de jornada. La Inspección de Trabajo será la pieza clave del nuevo sistema. El reglamento prevé que los registros digitales incluyan una interfaz interoperable a la que los inspectores puedan acceder directamente. El Gobierno sostiene que no será necesario ampliar plantilla, pese al aumento de carga de trabajo, ya que recientemente se ha reforzado el organismo con un incremento presupuestario superior al 50% y con la previsión de incorporar 500 nuevos empleados a través de la última oferta pública de empleo. En cuanto al impacto sobre las empresas, aunque el decreto no prevé ayudas económicas específicas, el Ejecutivo no descarta aprobar medidas complementarias para facilitar la digitalización de pymes y pequeños negocios. Sin embargo, en Trabajo dan por hecho que la CEOE recurrirá el reglamento en los tribunales, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Pese a que la tramitación no dependerá del Parlamento, la implantación del nuevo registro no será inmediata. El proceso de aprobación del decreto llevará al menos entre cuatro y cinco meses. A diferencia de la ley de reducción de jornada, en este caso no se prevé que surjan discrepancias con el Ministerio de Economía dentro del propio Gobierno.

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(El País, 16-09-2025) | Laboral

El Gobierno acerca posturas con los autónomos para pactar sus cuotas de 2026 a 2028

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones abrió este lunes la negociación con sindicatos, patronal y asociaciones de autónomos para definir las cuotas que abonará el colectivo entre 2026 y 2028. En la reunión, a la que los representantes de los trabajadores por cuenta propia llegaron con posiciones encontradas, el Gobierno se comprometió a corregir los fallos detectados en el primer proceso de regularización de cuotas y a facilitar el acceso a la prestación por cese de actividad, con el objetivo de allanar el camino hacia un acuerdo sobre los futuros tramos de cotización. Según trasladaron fuentes presentes en el encuentro, la Seguridad Social pidió a las organizaciones implicadas que presenten por escrito sus propuestas, con la intención de celebrar una nueva reunión dentro de dos semanas. El proceso no se prevé sencillo. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), mayoritaria en el sector, había advertido que no participaría en la segunda fase de despliegue del sistema de cotización por ingresos reales -que fijará las cuotas mensuales de 2026 a 2028- si antes no se solucionaban los problemas surgidos en la primera regularización aplicada este año. Finalmente, tras el compromiso del Ejecutivo de corregir estas disfunciones y mejorar la protección por cese de actividad, ATA decidió acudir a la cita, aunque su presidente, Lorenzo Amor, reiteró que no negociarán los nuevos tramos hasta que sus demandas se atiendan. Amor reclamó además que, dado que la primera negociación (2023-2025) tardó más de un año en cerrarse, el Gobierno prorrogue las cuotas vigentes en 2025 mientras se avanza en la nueva fase "sin presiones". Otras organizaciones, en cambio, señalaron que el Ejecutivo confía en alcanzar un pacto antes de que finalice el año. Desde el departamento de Elma Saiz se destacó el clima "cordial y constructivo" de la reunión y se confirmó la intención de avanzar en los próximos tramos, además de la disposición a simplificar y reforzar la prestación por cese de actividad. Aunque el Ministerio defendió el "éxito" de la primera regularización, se mostró dispuesto a trabajar en mejoras de cara al proceso que se abrirá en 2026. ATA, sin embargo, mantiene que la corrección de errores es condición previa para negociar las nuevas cuotas. Por su parte, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, se mostró más optimista y consideró viable cerrar un acuerdo en un plazo de tres meses, sin necesidad de prorrogar las tarifas actuales. Además, insistió en que los cambios en la prestación por cese de actividad deben ir dirigidos a flexibilizar los requisitos, recordando que en la actualidad seis de cada diez solicitudes de esta ayuda son rechazadas.

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(El Economista, 16-09-2025) | Laboral

Los jueces ya anulan los despidos de trabajadores con adaptación de jornada y obligan a indemnizar

Los tribunales ya están declarando nulos los despidos de empleados con jornada adaptada para el cuidado de hijos menores de 12 años, obligando además a las empresas a indemnizar por daños morales. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en una sentencia del 17 de junio, anuló el despido de una trabajadora que desde 2020 disfrutaba de una jornada adaptada para conciliar su vida familiar y laboral. La resolución obliga a la empresa a readmitirla y a abonarle una compensación de 20.000 euros por los perjuicios sufridos. La protección frente al despido de quienes soliciten o disfruten de esta medida se estableció por primera vez en el Real Decreto-ley de junio de 2023. A diferencia de la reducción de jornada, la adaptación no implica trabajar menos horas, sino reorganizarlas de forma flexible o mediante teletrabajo para facilitar la conciliación. Desde entonces, cesar a un trabajador en esta situación se considera automáticamente nulo. El caso resuelto por el TSJPV afecta a una empleada despedida el 28 de noviembre de 2023, que además se encontraba de baja médica por ansiedad desde cinco días antes. La empresa alegó ausencia injustificada entre el 23 y el 28 de noviembre como causa disciplinaria, pero el Juzgado de lo Social declaró inicialmente el despido improcedente, ya que la trabajadora había comunicado correctamente su situación de incapacidad temporal. La afectada recurrió y el tribunal vasco le dio la razón, al concluir que el despido era nulo porque se produjo mientras disfrutaba de una jornada adaptada y durante una baja médica conocida por la empresa, lo que vulnera el artículo 55.5 b) del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, el fallo lo considera una discriminación por razón de salud, lo que supone una lesión del derecho a la igualdad y la no discriminación. Respecto a la indemnización, la sentencia recuerda que la Ley de la Jurisdicción Social faculta a los jueces para fijar compensaciones por daños morales derivados de la vulneración de derechos fundamentales, estableciéndola en 20.000 euros en este caso. Cabe destacar que, aunque el blindaje frente a estos despidos se introdujo en junio de 2023, un error legislativo en la Ley de Paridad de agosto de 2024 eliminó accidentalmente esta protección, permitiendo que los ceses no fueran automáticamente nulos. No obstante, la Ley de Eficiencia de la Justicia, aprobada en enero de 2025 y en vigor desde abril, volvió a restituir la garantía legal para estos trabajadores.

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(El Economista, 16-09-2025) | Laboral

Seguridad Social pide asesoramiento a la OCDE para frenar el auge del absentismo

Desde que se superaron los momentos más críticos de la pandemia de Covid, las horas perdidas por Incapacidad Temporal (IT) no han dejado de aumentar de manera casi ininterrumpida. Según los datos del Ministerio de Seguridad Social, entre el primer trimestre de 2019 y la actualidad, las ausencias laborales por este motivo han crecido un 78 %. Ante esta situación, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, abrió en enero una mesa de diálogo con patronal y sindicatos para plantear medidas que frenasen esta tendencia. Sin embargo, las propuestas iniciales no lograron el respaldo de los agentes sociales. Ahora, el Ministerio ha decidido elevar la cuestión a la OCDE, solicitándole un informe específico sobre el problema, según ha adelantado elEconomista.es. La petición se enmarca en una semana marcada por varios encuentros de la Seguridad Social con sindicatos, patronales, mutuas y representantes de la OCDE. Este organismo internacional analizará la evolución de las prestaciones por IT, estudiará el impacto de una reincorporación gradual al trabajo tras bajas de larga duración -una de las medidas que baraja el Gobierno- y evaluará cómo influyen los complementos salariales voluntarios incluidos en convenios colectivos en el incremento de estas ausencias. Una vez concluido el análisis, la OCDE propondrá posibles soluciones para contener el alza de las bajas médicas comunes, es decir, aquellas no vinculadas a accidentes laborales ni a desplazamientos al trabajo. En los últimos meses, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa varias iniciativas: permitir reincorporaciones progresivas durante 30 días cobrando el 50 % del salario en ciertas patologías prolongadas; devolver a las mutuas la capacidad de emitir el alta tras más de un año de baja; y exigir que los partes médicos de trabajadores con pluriempleo especifiquen las tareas que no pueden desempeñar. La única medida aplicada hasta ahora ha sido la cesión parcial de algunos tratamientos traumatológicos a las mutuas, implantada solo en Cataluña, Baleares y Asturias. Desde la CEOE, en cambio, se plantea actuar sobre los complementos económicos que las empresas pagan durante la baja, al considerar que estos incentivos contribuyen a mantener elevadas las cifras de IT. Su representante, Rosa Santos, defendió en la Comisión del Pacto de Toledo que es necesario replantear estos extras, aunque cualquier modificación requeriría negociación colectiva con los sindicatos. Por su parte, el Gobierno ha justificado parte del aumento en la IT en el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social, el envejecimiento de la población y el repunte de los problemas de salud mental tras la pandemia, factores que presionan a los servicios sanitarios y ralentizan los procesos de recuperación. Los sindicatos comparten esta visión, señalando también el colapso del sistema público de salud como causa del incremento. Este informe de la OCDE no será el primero sobre la cuestión. En los últimos años, el repunte de las horas no trabajadas por contingencias comunes ha motivado diversos estudios de consultoras, mutuas y universidades, además de los análisis del Banco de España, que ya ha advertido del impacto de las bajas médicas en el mercado laboral. A ellos se sumará también la evaluación de la Airef dentro de la segunda fase de su Spending Review 2022-2026.

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(Cinco Días, 16-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El PIB del G-20 remonta en el segundo trimestre y avanza un 0,9%

La economía del G-20 recuperó cierto dinamismo en el segundo trimestre del año, pese a las tensiones derivadas de la ofensiva comercial de Washington. El bloque en su conjunto creció un 0,9%, lo que supone dos décimas más que en el trimestre previo y se alinea con los niveles alcanzados en la segunda mitad de 2024, según los datos preliminares publicados este lunes por la OCDE. Sin embargo, el comportamiento fue dispar: mientras Estados Unidos impulsó con fuerza el crecimiento, potencias como Alemania y Canadá sufrieron retrocesos, al ser de las más golpeadas por la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump. La economía estadounidense protagonizó una de las mayores mejoras, tras dejar atrás la contracción del inicio de año (-0,1%) y avanzar un 0,8% entre abril y junio. Corea del Sur vivió una evolución parecida: después de caer un 0,2% en el primer trimestre, creció un 0,7% en el segundo. También destacaron los incrementos de Turquía (del 0,7% al 1,6%), Sudáfrica (del 0,1% al 0,8%) y Arabia Saudí (del 1,1% al 1,7%). Japón mejoró del 0,1% al 0,5%, mientras que Australia y México pasaron ambos del 0,3% al 0,6%. Francia subió del 0,1% al 0,3% e Indonesia del 1,2% al 1,3%. En el lado opuesto figuran las economías que se contrajeron o se ralentizaron. Canadá, por ejemplo, pasó de crecer un 0,5% a retroceder un 0,4%. Alemania también registró una caída más intensa de lo esperado: su PIB descendió un 0,3% en el trimestre, el triple de lo proyectado inicialmente, reflejando las dificultades estructurales de su modelo productivo. Italia retrocedió un 0,1%. Otros países no llegaron a la recesión, pero sí experimentaron una marcada desaceleración. Es el caso de Brasil, que pasó de un 1,3% a un 0,4%, o del Reino Unido, cuyo crecimiento se redujo del 0,7% al 0,3%. India también moderó su avance, del 2,0% al 1,7%, y China del 1,2% al 1,1%. España no aparece en el informe de la OCDE al no formar parte del G-20. No obstante, según el INE, su economía creció un 0,7% en el segundo trimestre, una décima más que en el anterior, situándose de nuevo entre las potencias avanzadas con mayor expansión. Tras liderar el crecimiento en 2024, las previsiones nacionales e internacionales coinciden en que el PIB superará el 2,5% al cierre del ejercicio, en línea con la estimación oficial del Gobierno (2,6%), que anunció este lunes que revisará al alza sus previsiones.

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(Cinco Días, 16-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El 80% de la ciudadanía ahorra una parte de sus ingresos y un 19,4% afirma no hacerlo nunca o casi nunca

La inflación, los gastos fijos y la incertidumbre laboral y económica han convertido el ahorro en una tarea casi inalcanzable para buena parte de los españoles. Aunque un 80% logra reservar parte de sus ingresos, solo un 20% alcanza el nivel de ahorro recomendado para formar un fondo de emergencia, comprar vivienda o invertir. Según la segunda edición del estudio sobre Conductas sostenibles de la población española, elaborado por Triodos Bank, los principales frenos al ahorro son los gastos recurrentes (41,2%), la insuficiencia de ingresos (33,8%), las deudas (10,7%) y, en menor medida, la preferencia por gastar (6,4%). La conocida regla del 50/30/20, que plantea destinar el 20% del sueldo a ahorro, el 50% a necesidades básicas y el 30% a consumo personal, resulta difícil de aplicar en la práctica. Con un IPC en el 2,7% y un gasto medio por hogar que creció un 4,4% en 2024, la capacidad de guardar dinero se ha visto reducida. A ello se suman momentos de fuerte presión económica, como la "cuesta de septiembre", en la que los gastos ligados al inicio del curso escolar -que pueden llegar a 2.390 euros anuales por hijo, según la OCU- suponen un esfuerzo adicional para las familias. El estudio revela que un 19,4% de los encuestados reconoce que nunca o casi nunca ahorra, un 36,9% lo hace algunos meses y un 43,7% consigue hacerlo de manera habitual, aunque con cantidades reducidas. De los que ahorran, el 39,5% solo guarda un 10% de su salario, mientras que apenas un 20,3% logra apartar el 20% de sus ingresos mensuales. Aunque la mayoría afirma tener una mentalidad de ahorro, las limitaciones económicas y la falta de formación financiera condicionan este hábito. De hecho, un 4,4% admite no ahorrar por no saber cómo generar esa costumbre. En cuanto a la gestión del dinero, un 85% de la población se percibe como organizada: un 41,7% asegura ser "muy organizada" y un 43,3% "algo organizada". En la práctica, un 31,3% revisa ingresos y gastos a diario, sobre todo entre los 41 y 55 años; un 43,6% lo hace semanalmente, un 18,9% cada mes y un 6,2% apenas lo revisa. A la hora de guardar el dinero, la mayoría opta por mantenerlo en una cuenta corriente para disponer de él en cualquier momento (46%), seguida de las cuentas de ahorro (28,9%) y de los depósitos a plazo fijo (15,4%), pese a su baja rentabilidad, ya que según el Banco de España los rendimientos medios son apenas del 0,15% en cuentas a la vista y del 1,64% en imposiciones a plazo. Un 9,7% prefiere conservar efectivo fuera del sistema bancario, especialmente los jóvenes de entre 18 y 25 años (15,3%). Entre quienes logran ahorrar siempre o casi siempre, un 39,5% destina menos del 10% de sus ingresos, un 40,1% guarda entre el 10% y el 20% y solo un 20,3% supera ese umbral. Los perfiles que más ahorran son los de personas de entre 26 y 40 años, con estudios superiores, trabajadores y quienes viven solos. La generación más joven (18 a 25 años) también muestra buenos hábitos: un 47,3% asegura ahorrar siempre y un 35,4% lo hace ocasionalmente. En ese grupo, el 34% no consigue ahorrar más del 10% del sueldo, mientras que un 44,3% reserva entre el 10% y el 20%. Entre los obstáculos, un 41,3% señala los bajos ingresos y la inestabilidad laboral como las principales barreras.

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(Expansión, 16-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV conmina a las empresas a mejorar su transparencia

"El mercado necesita transparencia", defendió este lunes el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, quien animó a todas las empresas a adoptar esta práctica, incluso más allá de las obligaciones que ya tienen las compañías cotizadas. En su intervención en unas jornadas sobre los retos en la relación entre empresas y periodistas -organizadas por la CNMV junto con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), la CEOE y Dircom-, San Basilio insistió en la recomendación del supervisor de que las compañías celebren, al menos, una rueda de prensa anual coincidiendo con la presentación de resultados. El presidente de la CNMV destacó que la transparencia es un elemento esencial para que los inversores puedan tomar decisiones informadas, para reforzar la confianza en los mercados y para prevenir el fraude. A su juicio, además de ser una práctica responsable, puede convertirse en un factor de diferenciación competitiva. En este sentido, recalcó las ventajas de que las empresas presenten públicamente sus cuentas anuales en rueda de prensa, lo que calificó como una buena práctica que favorece tanto el conocimiento de la propia compañía como del sector en el que opera. El mensaje de San Basilio llega siete años después de que la CNMV publicara recomendaciones sobre transparencia informativa y cuatro años tras el acuerdo alcanzado entre APIE y Dircom sobre compromisos éticos en esta materia. También pidió a las compañías utilizar métricas claras y reconocibles, como el Ebitda, la deuda neta o el beneficio subyacente, y garantizar que la información relevante esté disponible con la mayor rapidez posible. Asimismo, apeló a los periodistas a mantener el rigor y la profesionalidad al informar sobre las empresas, priorizando los datos frente a las interpretaciones. Reconoció la calidad del periodismo económico en España, pero también los desafíos de la profesión, como la transformación del modelo de negocio, la alta rotación en las redacciones y la necesidad constante de actualización. Por último, el propio supervisor se comprometió a revisar sus políticas de comunicación con el objetivo de ser más proactivo, utilizar un lenguaje más claro, abrir nuevos canales de difusión, modernizar su página web y, al mismo tiempo, simplificar los trámites burocráticos que afectan a las compañías.

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