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(Expansión, 10-06-2025) | Laboral

Ofensiva de la Seguridad Social para mitigar el coste de las bajas laborales

El Gobierno ha propuesto un nuevo plan orientado a facilitar el regreso progresivo al trabajo de personas que hayan estado de baja médica durante más de 180 días. La medida contempla que estos trabajadores puedan reincorporarse inicialmente con una jornada reducida al 50%, percibiendo durante un mes tanto la mitad de su salario como el 50% de la prestación por incapacidad, con el objetivo de facilitar una transición gradual. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones busca frenar el notable incremento en el gasto público derivado del aumento de las bajas laborales, que ha supuesto una importante carga económica para el sistema. Solo en 2023, el gasto en prestaciones por incapacidad temporal ascendió a 16.487 millones de euros, lo que representa un incremento del 73% respecto a 2019, año anterior a la pandemia. Esta cifra obligó a destinar cerca de 5.000 millones de euros adicionales respecto al presupuesto inicial previsto. En este contexto, el Ejecutivo ha abierto una mesa de diálogo social con sindicatos y patronal, en la que se están discutiendo fórmulas para contener el aumento del gasto asociado tanto a las incapacidades temporales como permanentes. Una de las primeras propuestas trasladadas a los agentes sociales, y a la que ha accedido el diario Expansión, se centra en agilizar el retorno al empleo en casos de bajas prolongadas, y contempla dar un papel más relevante a las mutuas colaboradoras. La propuesta se articula en torno a tres líneas de actuación: reducir la duración de las bajas, mejorar su gestión y facilitar el retorno progresivo al puesto de trabajo. En relación con los procesos por contingencias comunes de menos de un año de duración, se propone que las mutuas puedan plantear al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) una propuesta de alta por incapacidad permanente, que este evaluará para decidir si procede abrir un expediente. En los casos que superen los 365 días, si se trata de contingencias comunes, tanto las mutuas como los servicios públicos de salud podrán plantear el alta médica por mejoría o curación. En el caso de contingencias profesionales, las mutuas también podrán emitir altas médicas directamente, así como sugerir el inicio de un expediente de incapacidad permanente, tal como hacen durante el primer año de baja. Respecto a la reincorporación tras bajas de larga duración (más de 180 días), se plantea una fórmula progresiva que se aplicaría durante un máximo de 30 días. Afectaría tanto a trabajadores a jornada completa como a aquellos con jornada parcial superior al 80%, permitiendo que trabajen solo media jornada y perciban, además de su salario proporcional, el 50% de la prestación por la parte no trabajada. Asimismo, el plan contempla la posibilidad de que trabajadores con varias ocupaciones, ya sea por pluriempleo o pluriactividad, puedan continuar desarrollando aquella tarea para la que no estén impedidos médicamente. Esto será posible cuando, en el momento de la baja, se haya emitido un parte médico solo para una de las actividades, o cuando posteriormente se emita un alta para una de ellas, aunque la baja inicial afectara a todas. En cuanto a la mejora en la gestión, se propone establecer un formato unificado de informe médico tanto para los servicios públicos como para las mutuas, con el objetivo de fundamentar adecuadamente las solicitudes de incapacidad permanente. Esta medida pretende agilizar los trámites sin limitar el derecho de los ciudadanos a solicitar dicha prestación, y facilitar una identificación más rápida y precisa de la patología que motiva el proceso. Finalmente, se sugiere fijar un plazo máximo para solicitar la determinación de contingencia a partir del hecho causante, con una retroactividad máxima de tres meses para el abono del subsidio en caso de modificación. Esta medida, que implicaría una reforma del Real Decreto 1430/2009, busca aumentar la seguridad jurídica y evitar que se presenten solicitudes demasiado tarde, cuando ya han cambiado las circunstancias clave para su correcta valoración, como el empleador o el médico tratante. Además, se persigue una resolución más ágil de los posibles conflictos sobre la naturaleza del proceso.

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(El País, 10-06-2025) | Laboral

La justicia anula el despido de un directivo que se negó a trabajar durante una baja médica

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha ratificado la nulidad del despido de un alto directivo que se negó a trabajar mientras se encontraba de baja médica. Además, el cese se produjo en un entorno de acoso laboral, lo que supuso una vulneración de su derecho fundamental a la integridad física y a la salud. En consecuencia, la sentencia, dictada el 2 de abril, obliga a la empresa a reincorporar al trabajador, abonar los salarios dejados de percibir -equivalentes a 545 euros diarios- y a indemnizarlo con 50.000 euros por los daños morales sufridos. Según los hechos considerados probados por el tribunal, el afectado desempeñaba desde 2018 el puesto de CEO de la empresa, con una remuneración fija de 144.000 euros anuales, más una parte variable ligada a objetivos. Entre mayo y junio de 2023, el directivo estuvo de baja médica por enfermedad común. A pesar de ello, la compañía no respetó su situación y le exigió continuar con sus funciones desde casa. Ante la negativa del empleado, la empresa le comunicó el despido en julio. La compañía alegó motivos disciplinarios para justificar el despido, pero el tribunal concluyó que no aportó pruebas suficientes que respaldaran dicha causa. Durante el proceso judicial, la empresa intentó introducir nuevas acusaciones, como la supuesta apropiación de información confidencial. Sin embargo, los magistrados descartaron estas alegaciones por considerarlas "tardías e irrelevantes", ya que no figuraban en la carta de despido. Asimismo, la empresa puso en duda la legitimidad de la baja médica del directivo, insinuando que se trataba de una excusa para no trabajar o trabajar desde casa. Prueba de ello son los mensajes que recibió por parte de sus superiores, en los que se le presionaba para que continuara con sus funciones. Frases como "La baja es tu problema... Eso que tienes tú le ha pasado a mucha gente" o "¿Por tener una baja te desentiendes de todo?" evidencian, según los jueces, la presión ejercida sobre el empleado, comprometiendo su bienestar. El tribunal también constató que el directivo trabajaba en un ambiente laboral tóxico. Sus superiores se dirigían a él en tono despectivo y autoritario, a través de diferentes canales como correos electrónicos, reuniones o mensajes de WhatsApp. Comentarios como "Los amos pueden hablar más alto, pueden tener más orgullo que los empleados", "Cuando me inflan los cojones, pego un golpe en la mesa", o "Tú tienes que hablar menos ya, eh... Vete a tomar por culo, haz lo que te dé la gana", fueron considerados insultantes e inapropiados. Además de estas expresiones, el tribunal acreditó un patrón de desprecio hacia el trabajador, a quien se le fueron retirando responsabilidades, recibiendo instrucciones contradictorias de varias personas y siendo relegado a tareas administrativas que no formaban parte de su función habitual. Esta situación derivó en un deterioro de su salud mental, lo que motivó el inicio de un tratamiento psicológico desde julio de 2022. En su fallo, el tribunal concluye que la actuación de la empresa tuvo como objetivo generar un entorno laboral degradante, con continuas faltas de respeto, trato ofensivo, lenguaje inapropiado y humillaciones reiteradas. Todo ello configura, según los magistrados, un entorno que "ningún trabajador está obligado a soportar".

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(El Economista, 10-06-2025) | Laboral

El INE estima que 125.600 desempleados renuncian buscar trabajo porque no creen que puedan encontrarlo

¿Cuántas personas en España han dejado de buscar empleo porque piensan que no lograrán encontrarlo y, por tanto, quedan fuera de las estadísticas oficiales de desempleo? Esta pregunta es clave, ya que esta cifra puede influir en los datos de paro y ocupación debido al llamado "efecto desánimo". No obstante, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran que este fenómeno tiene escasa incidencia en el mercado laboral español: solo 125.600 personas -el 0,72% de los 17,4 millones de inactivos- se encuentran en esta situación, una cifra que representa un mínimo en los últimos 20 años. Sin embargo, no son los únicos excluidos de la definición convencional de desempleo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre del año se contabilizaron 336.200 "activos potenciales", lo que equivale al 1,9% del total de inactivos. Este grupo lo conforman personas que, aun estando sin empleo y disponibles para trabajar, no están buscando activamente un puesto. En términos absolutos y relativos, es también el registro más bajo para un primer trimestre en toda la serie histórica. Solo una parte de este colectivo puede considerarse desanimada, es decir, que ha dejado de buscar trabajo por falta de confianza en encontrarlo, independientemente de si lo han intentado antes o no. Entre los motivos que llevan a estas personas a no buscar empleo se encuentran no solo el desánimo, sino también otros factores como la falta de ofertas laborales en su entorno, la percepción de que los empleos no se ajustan a su perfil, estar afectados por un expediente de regulación de empleo sin opción de reincorporación, o simplemente no saber dónde buscar. También se incluyen quienes esperan una temporada de mayor contratación, están pendientes de respuestas a procesos de selección anteriores, o quienes planean volver a trabajar por cuenta propia. Así, los desanimados representan el 37,4% del total de activos potenciales, un grupo que no abarca a quienes no buscan empleo por causas como enfermedad, discapacidad, razones personales o familiares, estar cursando estudios, estar jubilados o simplemente no necesitar un trabajo, aunque no rechazarían una oferta adecuada. El INE clasifica a los inactivos según su probabilidad de pasar a ser activos, es decir, de integrarse al mercado laboral ya sea como ocupados o desempleados en búsqueda activa. En este marco, los desanimados son especialmente sensibles a los cambios en el ciclo económico, ya que su falta de búsqueda está directamente relacionada con la percepción negativa sobre el mercado laboral. Aunque actualmente los desanimados representan un 37,4% de los activos potenciales, en el período comprendido entre 2009 y la pandemia llegaron a superar el 50%. Durante la crisis sanitaria esta proporción se redujo, desplazada por otros factores como los ERTE prolongados o la paralización de la actividad por los confinamientos, que limitaron drásticamente las oportunidades laborales. La tendencia a la baja de este grupo ha continuado en los años posteriores, lo que sugiere que, a medida que se recupera el empleo, el abandono de la búsqueda se debe más a razones como la falta de adecuación entre oferta y demanda, cuestiones de cualificación, localización geográfica o estacionalidad, más que al simple desánimo. Este fenómeno contribuye al desajuste persistente entre vacantes laborales y personas desempleadas, pese a que en España sigue habiendo 2,6 millones de parados oficialmente registrados. En definitiva, la caída de los activos potenciales desde 2009 se ha concentrado sobre todo en los desanimados, cuyo número ha descendido un 108%, frente a una reducción del 1,9% en el resto del grupo. Mientras tanto, los inactivos que ni buscan ni están disponibles para trabajar han aumentado un 7,14% desde 2019, alcanzando los 17,03 millones de personas.

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(El Economista, 10-06-2025) | Laboral

Los jóvenes aún ganan un 44,2% por debajo de la media

La base de cotización media de los trabajadores asalariados en España -que refleja la remuneración total mensual que perciben- ha aumentado un 26,9% entre enero de 2018 y diciembre de 2024, pasando de 1.772,53 euros a 2.249,93 euros. El incremento más significativo lo ha registrado el colectivo de menores de 25 años, con una subida del 41,1%, al pasar de 888,3 euros a 1.254,60. No obstante, esta mejora no ha servido para cerrar significativamente la brecha con respecto al promedio: si en 2018 cobraban un 49,9% menos que la media, en 2024 siguen ingresando un 44,2% por debajo. Además, la idea de que estas diferencias se compensan con el tiempo gracias al llamado "ascensor salarial" se está debilitando, ya que la expectativa de mejora salarial a lo largo de la carrera profesional ya no supera el 50%. Es habitual que los empleados más jóvenes tengan sueldos inferiores, dado que acceden a puestos de entrada tras completar estudios universitarios o de formación profesional. Tradicionalmente, se consideraba que esta desventaja inicial se equilibraba con el paso de los años, a medida que se progresaba laboralmente y se accedía a puestos mejor remunerados. Sin embargo, los datos actuales de la Seguridad Social indican que este retorno económico a la experiencia laboral también está disminuyendo. A cierre de 2024, un joven menor de 25 años necesitaría más de diez años -es decir, superar los 35- para alcanzar e incluso superar ligeramente (en un 1,5%) la base de cotización media. Este plazo no ha variado respecto a 2018, aunque hay señales de una leve mejora: los trabajadores de entre 25 y 34 años se están aproximando más al promedio que hace seis años. Por ejemplo, la diferencia de los que tienen entre 25 y 29 años ha disminuido del 23,1% al 16,1%, mientras que la de los de entre 30 y 34 años se ha reducido del 7,7% al 1,6%. Esto refleja que la desventaja salarial durante los primeros cinco o seis años de carrera profesional apenas se ha reducido, mientras que la brecha en la siguiente década sí ha mejorado notablemente. Aunque los tres grupos de edad han experimentado aumentos porcentuales similares en sus sueldos -40,9% para los de 25 a 29 años (hasta 1.921,15 euros) y 35,31% para los de 30 a 34 años (hasta 2.213,32 euros)- las subidas en términos absolutos han sido desiguales: 366,3 euros para los menores de 25 años frente a los 557,58 y 577,66 euros de los otros dos grupos. A partir de los 35 años, los salarios superan la media, lo que cambia la tendencia. Sin embargo, aquí surge una sorpresa: salvo en el caso de los mayores de 65 años, las expectativas de mejora salarial han empeorado respecto a 2018. Por ejemplo, un trabajador de entre 35 y 40 años gana ahora un 1,5% más que la media, cuando en 2018 esa ventaja era del 1,8%. Su base de cotización ha crecido un 26,5% en este periodo, hasta alcanzar los 2.282,7 euros (un aumento de 478,27 euros). Para los de entre 40 y 44 años, el margen sobre la media es del 5,3%, menor que el 8,1% registrado en 2018, a pesar de que su salario ha subido un 23,6% (452,39 euros), situándose en 2.369,25 euros. En los tramos de edad siguientes, especialmente entre los 45 y 54 años, también se observa una disminución en la ventaja salarial respecto a la media. El descenso más marcado se da entre los 55 y 59 años, franja que en 2018 tenía la base de cotización más alta: 2.075,18 euros, un 17,1% por encima del promedio. En 2024, este grupo cobra 2.476,58 euros, una cifra inferior a la del grupo de 50 a 54 años, y su ventaja frente a la media se ha reducido al 10,1%. Esto implica que el punto más alto de remuneración profesional se ha adelantado cinco años. A partir de ahí, la diferencia con la media disminuye, aunque los mayores de 65 años muestran una ligera recuperación en comparación con 2018, algo que podría deberse al retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años. Estos datos dibujan una conclusión clara: el ascenso salarial a lo largo de la carrera laboral ha perdido intensidad en solo siete años. En 2018, un trabajador de 35 años ya ganaba más de un 50% que uno menor de 25, y uno de 55 años percibía un 57,19% más. En 2024, ningún grupo de edad alcanza ya una diferencia superior al 50% respecto al salario de entrada.

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(El Periódico, 10-06-2025) | Laboral

Díaz sale a la calle a recoger firmas para la reducción de jornada sin tener atada su mayoría en el Congreso

Mientras aumentan las incertidumbres sobre la aprobación en el Congreso de la propuesta para reducir la jornada laboral a 27,5 horas semanales, Yolanda Díaz saldrá a buscar respaldo ciudadano para su principal iniciativa. Su formación política, Movimiento Sumar, ha puesto en marcha una campaña que se desarrollará en 70 puntos del territorio nacional durante el fin de semana del 14 y 15 de junio. La vicepresidenta segunda del Gobierno, que actualmente mantiene conversaciones con Junts para intentar sumar su apoyo, participará en una de las actividades organizadas en Madrid. El rechazo por parte del partido de Carles Puigdemont y la falta de apoyos suficientes en el Parlamento han paralizado los plazos iniciales para que la reforma avance. Aunque desde el entorno de Díaz aseguran que las "negociaciones progresan", lo cierto es que este viernes se cumple un mes desde que el Consejo de Ministros aprobara la medida y la remitiera al Congreso, sin que haya habido avances significativos en la postura de Junts, que sigue oponiéndose. Frente a este bloqueo legislativo, Sumar ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en todo el país, en la que participarán varios de sus principales dirigentes. La propia Yolanda Díaz estará el sábado por la mañana en uno de los puntos informativos instalados en Madrid. Allí, se habilitarán espacios para firmar en apoyo a la medida, se distribuirán folletos explicativos y se colocarán mesas con información detallada sobre la propuesta de reducción de jornada. Además, el partido ya había lanzado una iniciativa digital de recogida de firmas en semanas anteriores, que ha logrado el respaldo de unas 70.000 personas. Desde Sumar explican que el objetivo es generar una presión social creciente que dificulte a otros partidos justificar su rechazo en el Congreso. Entre los participantes ya confirmados figuran la portavoz parlamentaria Verónica Martínez Barbero y los coordinadores del partido, Lara Hernández y Carlos Martín Urriza, quienes estarán presentes en diversos puntos del país, acompañados de miembros de la dirección de Sumar. También se espera la implicación de diputados como Manuel Lago, Txema Guijarro, Esther Gil de Reboleño y Aina Vidal. Por ahora, no está prevista la participación de figuras más visibles como el portavoz Ernest Urtasun o los ministros del Ejecutivo, aunque no se descarta que puedan sumarse más adelante.

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(El Periódico, 10-06-2025) | Laboral

Las mutuas gastaron 3,6 millones de euros en 2024 en contratar detectives privados para vigilar a trabajadores de baja

En un contexto donde las bajas laborales por motivos de salud están aumentando y el coste conjunto para la Seguridad Social y las empresas ya ronda los 30.000 millones de euros anuales, tanto compañías como mutuas están destinando cada vez más recursos a investigar posibles fraudes por parte de empleados que se encuentran de baja médica. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi un millón de trabajadores -aproximadamente el 4,1% del total- se ausentan semanalmente del trabajo por enfermedad. Aunque no existen cifras precisas sobre cuántos de estos casos podrían ser fraudulentos, sí se sabe que las mutuas y las empresas están intensificando el uso de detectives privados, una figura aún poco conocida que opera en el delicado equilibrio entre los intereses empresariales y el respeto a la privacidad de los trabajadores. Durante el año 2024, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social destinaron 3,6 millones de euros a contratar servicios de investigación privada para seguir a empleados de baja por todo el país. Así lo reflejan los contratos públicos recogidos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, revisados uno a uno para esta información. Los casos concretos citados al inicio de este reportaje son reales y se encuentran documentados en resoluciones judiciales. En algunos de ellos, las pruebas reunidas por los investigadores resultaron clave para suspender la prestación o justificar un despido. En otros, las pruebas fueron insuficientes o incluso desestimadas por los jueces si se consideró que los detectives habían sobrepasado sus funciones. Además, algunas empresas recurren a estos servicios para comprobar si los empleados hacen un uso correcto de las adaptaciones de jornada por cuidados familiares o si quienes teletrabajan incumplen su jornada, por ejemplo, realizando gestiones personales. "Nosotros no juzgamos, solo observamos", explican desde Adchase, la agencia que lideró la contratación pública de mutuas en 2024, con un volumen de más de 606.000 euros. Según detallan, cada mes vigilan a entre 100 y 150 empleados. Las mutuas o las empresas proporcionan a los detectives un nombre, dirección y pautas específicas a observar, pero nunca el diagnóstico médico exacto por motivos de protección de datos. "Nos piden que observemos si levantan peso, si conducen, si hacen ejercicio, si acuden a eventos o si llevan la muleta que se supone deben usar... o incluso si continúan trabajando mientras están oficialmente de baja", detallan desde la agencia. "No es raro encontrarnos con personas realmente enfermas, pero también hay muchos casos de picaresca", afirma Juan Carlos Delgado, gerente de Detectib, la segunda firma que más contratos recibió en 2024 a través de Intelligentia Pro Justitia S.L., con más de medio millón de euros. "Este año hemos incrementado más de un 35% nuestra facturación sumando clientes privados y mutuas", señala. Las técnicas que utilizan estas agencias de detectives se dividen principalmente en dos métodos: la vigilancia directa y el seguimiento del trabajador en su vida diaria. Delgado explica que normalmente se realiza un seguimiento de dos o tres días para obtener una visión global de la rutina del empleado. Cada día de vigilancia cuesta alrededor de 600 euros a la empresa. Además, algunas mutuas ofrecen un incentivo mayor si se descubre fraude en comparación con cuando se confirma que la baja es legítima. "Eso va en contra del principio de objetividad", critican desde Adchase. "Las mutuas se guían mucho por el interés económico", añade Delgado. A pesar de que ambas agencias reconocen que esta práctica no es legal, este medio ha accedido a contratos públicos donde se estipula que una "inspección positiva", es decir, cuando se detecta un fraude, se paga hasta tres veces más que una negativa. Cuando se detecta un caso de fraude, los perfiles son variados. "Tenemos al trabajador que simplemente no quiere trabajar, finge una dolencia y pasa el día en casa, saliendo solo a pasear al perro o a hacer compras. Este tipo es difícil de probar", señalan desde Detectib. "Luego están los que aprovechan la baja para trabajar en negro. Suelen tener empleos poco cualificados, como camareros, y reciben un salario no declarado además del subsidio. Estos casos son más fáciles de documentar". También mencionan a quienes simulan estar enfermos para estudiar oposiciones, buscar otro empleo o vengarse del jefe si consideran que han sido maltratados laboralmente. Cuando la vigilancia exterior no proporciona pruebas suficientes, algunos detectives optan por infiltrarse. Desde Adchase explican que, por ejemplo, se hicieron pasar por clientas interesadas en contratar a un entrenador personal que, estando de baja, seguía ofreciendo servicios sin declararlos. También cuentan cómo se disfrazan de repartidoras de paquetería para verificar domicilios o aplicar otras estrategias similares para obtener pruebas sin vulnerar los derechos legales del trabajador.

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(El Confidencial, 10-06-2025) | Laboral

España firmó el segundo mayor aumento del empleo en la UE en el primer trimestre de 2025

El empleo en España creció un 0,8% durante el primer trimestre de 2025 en comparación con el último trimestre de 2024, lo que la convierte en el segundo país con mayor incremento laboral dentro de la Unión Europea (UE), según informó este viernes Eurostat, la oficina de estadística comunitaria. Solo Croacia superó este dato, con un aumento del 1%. En el extremo opuesto, los mayores descensos de empleo se registraron en Rumanía (con una caída del 2,1%), seguida de Estonia (0,8% menos), y Lituania y Polonia (ambos con una disminución del 0,6%). A nivel general, el empleo en la UE se mantuvo estable entre los dos últimos trimestres analizados, mientras que en los países de la eurozona se registró un ligero avance del 0,2%. Si se compara con el mismo periodo del año anterior, el empleo aumentó un 0,7% en la zona euro y un 0,4% en el conjunto de los Veintisiete. Eurostat calcula que durante el primer trimestre de 2025 había 219,8 millones de personas trabajando en la UE, de las cuales 171,6 millones se encontraban en los países que utilizan el euro. Además, la oficina estadística publicó datos sobre la actividad laboral de quienes siguen trabajando tras haber recibido su primera pensión. En 2023, el 56,4% de los trabajadores autónomos en la UE continuaban en activo tras jubilarse por primera vez. Los países con mayor proporción de estos trabajadores fueron Suecia (98,4%), Finlandia (88%) e Irlanda (87,7%). Por el contrario, los porcentajes más bajos se registraron en España (18,2%) y Grecia (20,3%), seguidos por Eslovenia (40,4%).

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(El País, 10-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de la vivienda se dispara un 12,2% en el primer trimestre, su mayor alza en 18 años

El mercado inmobiliario en España ha arrancado 2025 con un impulso igual o incluso mayor que el que mostraba al cierre del año anterior. El precio de la vivienda libre ha experimentado un crecimiento interanual del 12,2% durante el primer trimestre, el mayor incremento desde comienzos de 2007, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria. Así lo recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los datos publicados este viernes, confirmando que no se trata de un repunte puntual, sino de una tendencia sostenida que se arrastra desde 2021. De hecho, se acumulan ya 44 trimestres consecutivos de aumentos anuales, lo que equivale a 11 años seguidos de subidas desde que en 2014 el sector comenzara a recuperarse tras la crisis. El índice de precios de vivienda se situó en 171,296 puntos en el primer trimestre de 2025. Esta referencia toma como base 100 el precio medio de una vivienda en 2015, lo que implica que ahora es un 71% más cara que hace una década. El incremento es todavía más pronunciado en las viviendas de obra nueva, cuyo precio se ha duplicado desde entonces. En el caso de las de segunda mano, el aumento alcanza el 66%, con perspectivas de que continúe creciendo. El repunte registrado entre enero y marzo representa el segundo mayor de toda la serie histórica del INE, que comenzó en 2007. La tendencia al alza, que ya se había acentuado tras la pandemia, se mantiene firme incluso frente a escenarios adversos como la inflación o la subida de tipos de interés. En lugar de desacelerarse, el mercado se ha fortalecido, con una subida constante de precios desde entonces. "El ritmo de encarecimiento es muy estable. Nosotros venimos registrando subidas de dos dígitos desde hace años. La subida de tipos fue el punto de inflexión que aceleró aún más este proceso, y no parece que vaya a revertirse", señala María Matos, directora de estudios de Fotocasa. Matos subraya que los datos del INE, aunque suelen ir con cierto retraso respecto a los portales inmobiliarios, reflejan claramente una tendencia de fondo. Uno de los factores que impulsa el alza de precios es la mejora reciente en las condiciones hipotecarias. "Desde principios de año, con las primeras reducciones de tipos, cerca de un 21% de los compradores que habían estado esperando un entorno más favorable han vuelto con fuerza al mercado", indica. Este repunte de la demanda proviene tanto de compradores habituales como de inversores, compradores internacionales y personas que cambian de vivienda sin necesidad de recurrir a un préstamo. Aunque algunos jóvenes han empezado a acceder al mercado gracias a ayudas públicas, su peso sigue siendo minoritario y no altera las barreras estructurales de acceso a la vivienda. El principal freno sigue siendo la escasa oferta. La construcción de vivienda nueva sigue estancada en torno a las 100.000 unidades anuales, una cifra muy alejada de la necesaria para equilibrar la demanda. Esta descompensación estructural genera un mercado presionado al alza, donde cualquier elemento favorable, por leve que sea, acelera el encarecimiento de los precios. La falta de oferta y el fuerte tirón de la demanda explican los incrementos históricos tanto en la vivienda nueva como en la usada. En el primer trimestre, el precio de la obra nueva creció un 12,2% respecto al mismo periodo de 2024, y el de segunda mano un 12,3%, su mayor alza en 18 años. Por regiones, todas las comunidades experimentaron subidas de dos dígitos, destacando Andalucía y Melilla (14%), seguidas por Murcia (13,3%) y Aragón y La Rioja (13,2%). También a nivel trimestral la tendencia es clara: el precio de la vivienda libre creció un 3,5% entre enero y marzo, superando en 1,7 puntos el trimestre anterior. Esta es la subida más pronunciada desde mediados de 2024. La obra nueva destacó especialmente con un aumento del 5,5%, igualando el dato del primer trimestre de 2024, mientras que la vivienda usada se encareció un 3,2%, el mayor incremento trimestral en un año. Este panorama obliga a revisar los discursos habituales sobre el acceso a la vivienda. Aunque las condiciones hipotecarias han mejorado respecto a los años anteriores, esto no ha supuesto un alivio real para los compradores, dado que el aumento del precio de la vivienda compensa con creces cualquier ahorro por intereses. "Las hipotecas han bajado algo, sí, pero la vivienda ha subido un 12%. En la práctica, el esfuerzo para comprar sigue igual o incluso es mayor", advierte Matos. Además, el temor a que los precios sigan subiendo alimenta una sensación de urgencia entre los compradores, que temen quedar fuera del mercado en el futuro si no actúan ahora.

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(Expansión, 06-06-2025) | Fiscal

CCAA y municipios claman al Gobierno por 25.000 millones de financiación

Hoy se celebra en Barcelona la Conferencia de Presidentes, en la que Pedro Sánchez se reúne con los líderes de las comunidades autónomas y los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El Gobierno central espera centrar el encuentro en su nuevo plan para triplicar la inversión en vivienda pública, aunque las exigencias de las regiones y los ayuntamientos han ampliado considerablemente la agenda, destacando especialmente el tema de la financiación. Las comunidades autónomas y las entidades locales reclaman con urgencia al Ejecutivo la transferencia de 25.000 millones de euros correspondientes a la actualización de los recursos para los ejercicios 2024 y 2025, aún pendiente por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado. Entre los ocho puntos del orden del día, el primero -y uno de los más relevantes- es la "actualización inmediata de las entregas a cuenta", un asunto impulsado por las autonomías gobernadas por el PP, que actualmente son mayoría. Además, se debatirá sobre la financiación autonómica y la posible condonación de parte de la deuda regional. La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, enfatizó la necesidad de que se incluya también la financiación local, advirtiendo que ayuntamientos, diputaciones y otros entes locales enfrentan una situación de "emergencia". La principal petición que tanto comunidades como ayuntamientos trasladarán hoy a Sánchez es la resolución del pago pendiente de 11.000 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta de 2024, cuya ejecución quedó en suspenso debido a la prórroga presupuestaria de las cuentas de 2023. Aunque el Gobierno se comprometió a abonar esta cantidad, el intento de hacerlo a través del Real Decreto-ley ómnibus fracasó en el Parlamento, al ser rechazado por PP, Vox y Junts. Desde entonces, aunque algunas de las medidas contenidas en ese decreto han sido recuperadas, la actualización de las entregas a cuenta no ha sido reactivada. Según datos del Ministerio de Hacienda, las comunidades han dejado de percibir 9.665,2 millones de euros, de los cuales 1.910 millones corresponden a Cataluña, 1.828 a Andalucía, 1.286 a Madrid y 814 a la Comunidad Valenciana. Solo las regiones gobernadas por el PP acumulan una falta de ingresos de unos 7.000 millones. Los ayuntamientos, por su parte, reclaman otros 1.165 millones. Aunque PSOE y ERC llegaron recientemente a un acuerdo para desbloquear esta situación en el ámbito municipal, aún no se ha fijado un calendario concreto. Se espera que la Conferencia de Presidentes sirva para aumentar la presión política y acelerar el desbloqueo del pago correspondiente a 2024. Sin embargo, al añadir la actualización de 2025, la deuda total con comunidades y entidades locales se aproxima ya a los 25.000 millones. A pesar de que el Gobierno aseguró que la prórroga presupuestaria para este año sería temporal y que presentaría unas nuevas cuentas para 2025, los plazos se agotan, ya que debe preparar ya el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, que deberá estar listo antes de que finalice septiembre. Así, queda también pendiente decidir cómo se abordará la actualización de las entregas a cuenta de 2025, que podría resolverse mediante otro Real Decreto-ley. Aunque Hacienda aún no ha revelado el importe estimado, se espera que supere ampliamente los 11.000 millones de 2024, debido al crecimiento económico. El Gobierno deberá decidir si afronta ambos pagos de forma conjunta, si los separa, o si continúa aplazando la actualización de los fondos pendientes.

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(Expansión, 06-06-2025) | Fiscal

La financiación singular prometida a Cataluña "es inconstitucional porque rompe la multilateralidad, que es la base del régimen común"

Un informe jurídico encargado por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) advierte que la financiación diferenciada prometida a Cataluña sería contraria a la Constitución, ya que vulneraría el principio de multilateralidad que sustenta el régimen común de financiación autonómica. La esperada reforma del sistema territorial de financiación, pendiente desde hace más de diez años, se ha convertido en el tema más espinoso del debate actual, especialmente tras el acuerdo entre el PSOE y los partidos independentistas que contempla otorgar a Cataluña una soberanía fiscal similar a la de las comunidades forales, como el País Vasco y Navarra. Esta posibilidad ha generado un fuerte rechazo entre los presidentes autonómicos -incluso más allá de los gobernantes del PP- por considerar que desmantelaría el principio de solidaridad entre territorios y atentaría contra la igualdad entre ciudadanos. El texto elaborado por César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, sostiene que la propuesta de una especie de "cupo catalán" no tiene encaje constitucional. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido clara al cerrar la puerta a que comunidades del régimen común puedan disfrutar de un régimen similar al foral. Aunque reconoce que el actual modelo de financiación necesita una reforma urgente por sus múltiples deficiencias, insiste en que cualquier modificación debe realizarse bajo el principio de multilateralidad, es decir, con la participación de todas las comunidades autónomas. El informe, al que ha tenido acceso el diario Expansión, subraya que el principio de cooperación constitucional exige que las decisiones que afecten a la financiación territorial se adopten de manera conjunta entre el Estado y las comunidades autónomas, no mediante acuerdos bilaterales como los mantenidos con Cataluña. De aplicarse un modelo singular, y según los cálculos expuestos en el documento, la Generalitat podría recibir hasta 52.000 millones de euros anuales, el doble de lo que obtiene actualmente. Esto implicaría un descenso de los ingresos estatales superiores a los 25.000 millones, lo cual, a juicio del informe, afectaría seriamente a la financiación del resto de regiones y a los recursos públicos disponibles, o bien obligaría a subir los impuestos al resto de ciudadanos. El análisis recalca que la bilateralidad en materia financiera solo es válida para los territorios forales y no puede extenderse a comunidades como Cataluña, que forma parte del régimen común. También advierte del riesgo de que la aportación de Cataluña a la solidaridad interterritorial quede subordinada a lo que decida unilateralmente la propia Generalitat. Además, el informe examina los límites a la autonomía financiera de las comunidades, garantizada por la Constitución en su artículo 156, en donde se establece que dicha autonomía debe ejercerse en coordinación con la Hacienda estatal y en base al principio de solidaridad entre todos los españoles. García Novoa critica que se haya llamado "armonización" a medidas que en realidad suponen un retroceso en la autonomía fiscal, como ocurrió con el impuesto sobre el Patrimonio, y advierte que podría repetirse con otros tributos cedidos. Aunque la reforma del sistema afecta a todas las comunidades del régimen común, Madrid es especialmente sensible al debate por ser la región que más contribuye al fondo de solidaridad interterritorial. De las tres comunidades que aportan más de lo que reciben -Madrid, Cataluña y Baleares-, la capital representa la mayor parte, con unos 6.000 millones de euros anuales, el triple que Cataluña. Aun así, ha visto disminuir su financiación efectiva por habitante ajustado. El documento sostiene que esta posición de liderazgo otorga a Madrid una legitimidad especial para oponerse a una financiación diferenciada para Cataluña y solicita al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que mantenga una postura firme en defensa del interés general y los principios constitucionales. Así lo expresó Antonio Barderas, director de la AMEF, quien pidió una reforma con visión de Estado y ajustada a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Finalmente, el informe desmonta las críticas por supuesto "dumping fiscal" al recordar que todas las comunidades tienen capacidad para bonificar impuestos cedidos, y niega que el "efecto capitalidad" justifique la mayor recaudación madrileña. Asegura que la proporción de empleo público en el PIB regional es incluso menor que en otras autonomías, y advierte que el verdadero problema de Madrid es la incapacidad del sistema vigente para generar suficientes recursos frente al crecimiento de su población.

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