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(El Economista, 15-12-2025) | Fiscal

Los autónomos reclaman bajar 5 puntos el IRPF autonómico para ahorrar 650 euros

La carga impositiva es una de las principales inquietudes de los trabajadores autónomos, y las organizaciones empresariales del sector están elaborando propuestas para rebajar los impuestos y aliviar su situación económica. En este contexto, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) ha remitido a los parlamentos autonómicos una iniciativa en la que reclama a las comunidades autónomas una reducción de cinco puntos en el IRPF para las rentas de hasta 35.200 euros. Esta medida supondría un ahorro anual de hasta 650 euros por autónomo y liberaría recursos que podrían destinarse a inversión y crecimiento de la actividad. La propuesta se apoya en la Ley 22/2009 de financiación autonómica, que otorga a las comunidades competencias para fijar su propia escala del IRPF, introducir deducciones y regular tipos y tramos. Además, la patronal de autónomos trasladó esta iniciativa el pasado miércoles a la mesa del foro tributario que mantienen las organizaciones de autónomos y los agentes sociales con la Agencia Tributaria. El objetivo es que Hacienda valore una rebaja tanto a nivel autonómico como estatal, de forma que el ahorro total para los trabajadores por cuenta propia alcance entre 1.300 y 1.400 euros anuales. En este sentido, el presidente de Upta, Eduardo Abad, ha señalado que Esquerra Republicana (ERC) ha sido el primer grupo parlamentario en llevar el debate al Congreso, aunque limitando la medida a rentas de hasta 25.000 euros. No obstante, el informe económico elaborado por Upta advierte de que una rebaja conjunta del IRPF a nivel autonómico y estatal supondría una merma recaudatoria de entre 1.000 y 1.500 millones de euros. Para compensar esta pérdida, la organización propone elevar entre cinco y siete puntos el Impuesto sobre Sociedades a las empresas que facturen más de cuatro millones de euros anuales, un grupo que engloba a unas 50.000 sociedades, menos del 5% del total. En la actualidad, el tipo efectivo que soportan estas empresas se sitúa en torno al 20%. La propuesta plantea incrementarlo hasta el 25% o el 27%, lo que permitiría recuperar la recaudación perdida por la rebaja del IRPF. Según las estimaciones de Upta, esta medida generaría ingresos adicionales de entre 1.200 y 1.800 millones de euros. Con este planteamiento, la organización defiende una mayor "progresividad fiscal", argumentando que no es razonable que autónomos con ingresos inferiores a 35.000 euros soporten una carga impositiva más elevada que grandes empresas con estructuras económicas mucho más potentes. Más allá de la rebaja del IRPF, Upta plantea ampliar el abanico de deducciones para equiparar la fiscalidad de los autónomos a la de las pequeñas y medianas empresas. Esta línea de actuación cuenta con el respaldo de ATA, según fuentes consultadas por elEconomista.es, aunque esta organización no apoya la reducción de cinco puntos en el IRPF. Entre las medidas propuestas destaca el aumento de las deducciones por gastos de suministros como agua, electricidad, internet, teléfono y alquiler, que actualmente se sitúan en el 30% y que Upta plantea elevar hasta el 50%, dado que muchos autónomos desarrollan su actividad desde el domicilio. Otra de las iniciativas es permitir la deducción de hasta el 100% del coste de adquisición de un vehículo y de los gastos asociados a su uso profesional cuando su vinculación a la actividad económica supere el 70%. Asimismo, se propone crear deducciones específicas para inversiones en herramientas digitales, software, marketing online, así como en energías renovables, vehículos eléctricos y mejoras en eficiencia energética. El objetivo es facilitar que los autónomos puedan incorporarse a la transición digital y energética, un proceso más asumible para las grandes empresas que para los pequeños negocios. Por último, con el fin de impulsar la contratación y la colaboración profesional, Upta plantea una deducción del 100% de los gastos derivados de la contratación de personal o de la colaboración con otros profesionales, además de bonificaciones específicas por la incorporación del primer empleado o por la formalización de contratos indefinidos.

(El Confidencial, 15-12-2025) | Fiscal

Hacienda asume pérdidas millonarias por sanciones por un error con los plazos

La Agencia Tributaria está viéndose obligada a asumir pérdidas de gran magnitud tras declarar nulas numerosas sanciones impuestas por la Inspección que fueron tramitadas fuera del plazo legal. El origen del problema se encuentra en una interpretación errónea del cambio normativo introducido en 2021, que amplió de tres a seis meses el margen para iniciar un procedimiento sancionador después de una inspección o comprobación. La Ley 11/2021, de 9 de julio, modificó este plazo, pasando de tres a seis meses el tiempo disponible para que Hacienda pudiera abrir un expediente sancionador una vez concluidas las actuaciones de comprobación, verificación o inspección. Según coinciden distintos fiscalistas, este nuevo plazo se ha aplicado en algunos expedientes durante los últimos ejercicios, aunque no siempre resultaba jurídicamente procedente. Normalmente, explican los expertos, las propuestas de sanción se formulan casi de inmediato al finalizar una inspección. Sin embargo, también existen expedientes donde la Administración ha agotado el plazo disponible. En estos casos, y especialmente en los que afectan a ejercicios anteriores a 2021, Hacienda está anulando sus propias sanciones. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha aclarado recientemente que, cuando la infracción es anterior a 2021, el plazo aplicable es el vigente en el momento en que se cometió la infracción, con independencia de que el expediente sancionador se iniciara después de ese año. Es decir, el plazo correcto seguía siendo de tres meses. Dado que las infracciones tributarias prescriben a los cuatro años -plazo que se interrumpe al iniciarse un procedimiento-, muchas sanciones actuales provienen de actuaciones sobre ejercicios todavía no prescritos anteriores a 2021. En ellos, el límite temporal era de tres meses, pero la Agencia Tributaria utilizó en algunos casos el plazo de seis meses, lo que, a la luz del criterio del TEAC, invalida el procedimiento sancionador y obliga a anular la sanción, con el consiguiente impacto económico. Además, al tratarse de un pronunciamiento del propio TEAC, Hacienda no puede recurrirlo. Las anulaciones son automáticas en cuanto se acredita que el procedimiento se inició fuera de plazo y el contribuyente recurrió. Las resoluciones que están recibiendo los afectados contienen fórmulas como: "Se declara la caducidad del procedimiento sancionador y se ordena el archivo del expediente [...] quedando sin efecto". Según explica Luis Miguel Larriba, socio fundador de LRB Tax & Legal, esta resolución "impide a la Administración sancionar en cientos de expedientes en los que se superó el plazo de tres meses para comenzar el procedimiento sancionador, una situación frecuente en algunas delegaciones". Añade que tanto la Agencia Tributaria como los tribunales económico-administrativos y los juzgados deberán apreciar de oficio la extemporaneidad y anular las sanciones sin posibilidad de reiniciar el proceso, lo que supone para Hacienda dejar de ingresar sanciones en miles de expedientes. Aunque lo habitual es que Hacienda no agote los plazos y proponga la sanción casi inmediatamente después de finalizar la comprobación, también hay muchos expedientes en los que la decisión se demora por análisis internos, consultas o porque se asumía que el plazo de seis meses era aplicable. Por ahora no puede calcularse el impacto total, pero se trata de pérdidas millonarias derivadas de sanciones que ya no podrán exigirse.

(El País, 15-12-2025) | Laboral

Las pensiones subirán al menos un 2,7% en 2026

Más de 11 millones de pensionistas verán aumentar sus prestaciones, en general, un 2,7% a partir de enero, tal como se adelantó el pasado 28 de noviembre tras conocerse el dato preliminar del IPC. Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que la inflación interanual de noviembre fue del 3%, una cifra imprescindible para calcular la subida definitiva de las pensiones del próximo año. De este modo, según la normativa vigente desde 2022, que obliga a revalorizar las pensiones al menos en función del IPC, las prestaciones contributivas de unos 10,4 millones de beneficiarios de la Seguridad Social, junto con las de otros 700.000 jubilados de clases pasivas, aumentarán en 2025 lo mismo que el promedio de la inflación entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025: un 2,7%. Queda por concretarse cuánto crecerán las pensiones mínimas contributivas y las no contributivas, una decisión que previsiblemente se anunciará en el último Consejo de Ministros de diciembre. El incremento adicional para estos colectivos responde al compromiso adquirido por el Gobierno en la segunda fase de la reforma de pensiones, aprobada en marzo de 2024, que estableció una subida superior al IPC para acercarlas progresivamente al umbral de pobreza hasta 2027. Aunque todavía faltan los cálculos finales de la Seguridad Social, se estima que esta revalorización tendrá un impacto cercano a los 5.400 millones de euros, que pasarán a consolidarse de forma permanente en la factura total de pensiones, que ya rebasa los 200.000 millones anuales. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el aumento del 2,7% supondrá aproximadamente 572 euros más al año para la pensión media de jubilación, que actualmente ronda los 1.511,5 euros mensuales. Con la subida, esta prestación -que recibe más de dos tercios de los pensionistas, unos 6,5 millones de personas- superará ligeramente los 1.550 euros mensuales, lo que equivale a unos 41 euros adicionales al mes en 14 pagas. En cuanto a la pensión media del conjunto del sistema (que incluye jubilación, incapacidad, viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares), actualmente situada en 1.316,7 euros, la subida se traducirá en unos 500 euros más al año, es decir, unos 36 euros mensuales. Las pensiones máximas, fijadas ahora en 3.267,60 euros brutos al mes (45.746,40 euros anuales), pasarán a alrededor de 3.356 euros mensuales, casi 47.000 euros al año. Además, las nuevas altas de pensión máxima incorporarán un incremento adicional de 0,115 puntos para compensar la mayor cotización de las bases máximas, situando estas nuevas prestaciones en torno a 3.360 euros al mes. A esta subida habrá que añadir, para quienes corresponda, el complemento de brecha de género. La cuantía para 2026 aún no se ha revelado. En 2025, este complemento fue de 35,90 euros mensuales por hijo hasta un máximo de cuatro. La revalorización se aplicará a todas las pensiones del sistema, incluidas las de quienes perciben más de una prestación, algo que afecta a algo más de un millón de personas. Se actualizarán tanto las 12 pagas ordinarias como las dos extras. Las nuevas cuantías comenzarán a cobrarse en las nóminas de enero, abonadas habitualmente entre el 1 y el 4 de febrero, aunque muchos bancos suelen adelantar el pago a los últimos días de enero, por lo que gran parte de los pensionistas notarán el incremento ya a finales de ese mes.

(El Economista, 15-12-2025) | Laboral

El coste de las bajas médicas aumenta un 11% en 2025 y rebasa los 17.000 millones

Mientras la falta de apoyos en el Parlamento dificulta la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, las principales partidas de gasto de la Seguridad Social continúan creciendo. Desde 2023, los ministerios trabajan cada ejercicio con el mismo presupuesto inicial y, para atender el aumento del gasto en determinadas áreas, se ven obligados a recurrir a modificaciones presupuestarias. Entre las prestaciones cuyo desembolso no deja de aumentar destaca la incapacidad temporal, asociada a las bajas médicas, que en 2025 ya registra un incremento interanual del 11% y supera los 17.000 millones de euros. La incapacidad temporal ha requerido una financiación adicional de 5.328 millones de euros y concentra, en términos de volumen, el 81% de todas las modificaciones realizadas en el ámbito contributivo de la Seguridad Social. Si se incluyen también las prestaciones no contributivas, el peso de la IT en el total de ajustes presupuestarios alcanza el 48%. Como consecuencia, el presupuesto destinado a cubrir las bajas laborales se eleva hasta los 17.093 millones de euros, por encima de los 16.463 millones gastados en todo 2024. Hasta octubre, último dato disponible, el gasto acumulado es un 11,2% superior al del año anterior, según el Resumen de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Seguridad Social. El gasto en incapacidad temporal se reparte entre bajas por contingencias comunes y por contingencias profesionales. Las primeras incluyen enfermedades comunes o accidentes no relacionados con el trabajo, mientras que las segundas derivan de accidentes laborales o enfermedades profesionales. La mayor parte del desembolso hasta octubre corresponde a las contingencias comunes, cuyo presupuesto asciende a 15.735 millones de euros y ha necesitado un refuerzo adicional de 5.209 millones. Este incremento del gasto se produce en paralelo a un fuerte aumento del número de bajas. De acuerdo con las últimas estadísticas de la Seguridad Social, las horas no trabajadas por incapacidad temporal han crecido un 73% desde 2019, primer año de la serie, un avance muy superior al de las horas cotizadas, que solo han aumentado un 17% en el mismo periodo. Una evolución similar se observa en los días cotizados: mientras el total crece un 16%, los días de baja se disparan un 70% al comparar los segundos trimestres de 2019 y 2025. Más allá de la incapacidad temporal, el 91,5% de las prestaciones gestionadas por la Seguridad Social ya han requerido aportaciones adicionales respecto al presupuesto inicial. Además, a cierre de octubre, el 80% de ellas ya ha superado el gasto total registrado en todo 2024. En conjunto, el Ministerio ha tenido que ajustar sus cuentas en unos 11.000 millones de euros, de los que 6.569 millones se han destinado a cubrir el desfase en prestaciones contributivas -aquellas ligadas a las cotizaciones- y 4.430 millones al nivel no contributivo. Dentro del ámbito contributivo, la segunda partida que más recursos adicionales ha precisado es la prestación por nacimiento, cuidado del menor, embarazo y lactancia, con un incremento de 936 millones de euros, en parte relacionado con la reciente ampliación de permisos aprobada en agosto. A continuación se sitúan las pensiones contributivas, cuyo presupuesto ha aumentado en 190 millones hasta octubre, impulsado principalmente por el gasto en jubilación, que ha requerido 125 millones más. Las únicas prestaciones que, por el momento, no han necesitado modificaciones presupuestarias son las pensiones de orfandad, los subsidios económicos para personas con discapacidad, las ayudas a entidades sin ánimo de lucro y la prestación por colaboración de las empresas. Por otro lado, entre el 20% de prestaciones que aún no han superado el gasto total de 2024 se encuentran la pensión contributiva de jubilación -pese a ser el primer año de jubilación de la generación del 'baby boom'-, los recargos por falta de medidas de higiene, las prestaciones vinculadas a la DANA, la ayuda por riesgo durante el embarazo y la del síndrome tóxico. Aunque las pensiones todavía no han rebasado el gasto anual de 2024, siguen siendo la partida más voluminosa de la Seguridad Social. Hasta octubre, el desembolso en pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente y orfandad alcanza los 159.716 millones de euros, cifra que no incluye los pagos de noviembre y diciembre ni la paga extra de Navidad, y representa el 78,8% del gasto total del Ministerio. En el ámbito no contributivo, destacan dos partidas que han superado con creces el presupuesto inicial: el complemento a mínimos de las pensiones contributivas, que ha requerido 1.300 millones adicionales, y el ingreso mínimo vital, que ha necesitado 2.200 millones más. Desde una perspectiva global, la última información disponible sobre el gasto de las Administraciones Públicas, recogida en la Clasificación Funcional del Gasto, muestra que el gasto en protección social ya equivale al 18,7% del PIB, dos décimas más que anteriormente. "Se mantiene la tendencia de los últimos años, con un peso creciente del gasto en pensiones", explica Miguel Ángel García, experto de Fedea. El gasto en pensiones aumenta una décima en relación con el PIB, hasta el 12,9%, y ya supone el 30,4% del gasto público total. En las últimas tres décadas, el gasto público total ha crecido 1,3 puntos sobre el PIB, mientras que el destinado a pensiones se ha incrementado en 3,3 puntos.

(El Economista, 15-12-2025) | Laboral

Los trabajadores españoles sienten cada vez más estrés laboral

La Navidad suele identificarse con el descanso, el reencuentro con familiares y amigos y un paréntesis necesario para desconectar, recuperar energías y arrancar el nuevo año con fuerzas renovadas. Sin embargo, en muchas organizaciones el cierre del ejercicio llega con equipos exhaustos y una acumulación de tareas que dificulta disfrutar de esa pausa. De acuerdo con el informe Cigna Healthcare International Health Study, el 12% de los trabajadores en España afirma no lograr desconectar al terminar su jornada laboral, dos puntos más que en 2024, cuando este porcentaje era del 10%. Esta situación se acentúa especialmente en estas fechas, marcadas por cierres de proyectos, entregas pendientes y múltiples compromisos. La llamada cultura de la disponibilidad permanente, la presión por cumplir objetivos y las dificultades para separar la vida personal de la profesional -sobre todo en contextos de teletrabajo- favorecen que muchos empleados sigan conectados fuera de su horario. El estudio refleja esta realidad al señalar que el 28% de los trabajadores españoles reconoce experimentar estrés de forma habitual, una cifra ligeramente superior a la media global, lo que pone de manifiesto que la tensión se ha normalizado en el día a día laboral. El informe también indica que el 24% de los empleados percibe la acumulación de tareas y responsabilidades como una fuente constante de presión. Este escenario tiene un impacto directo en la salud mental y física de las plantillas, un efecto que puede intensificarse durante la época navideña. "El estrés laboral puede aumentar en Navidad porque coincide con un momento en el que muchos equipos arrastran meses de esfuerzo y una carga mental difícil de gestionar. Esta combinación hace que desconectar resulte más complicado. En este contexto, las empresas tienen un papel clave para prevenir estas situaciones", explica Amira Bueno, directora de Recursos Humanos de Cigna Healthcare España. Entre las recomendaciones, se sugiere que antes de reuniones importantes o entregas clave se fomente un entorno de confianza, reservando unos minutos para que cada miembro del equipo exprese cómo se encuentra. Este gesto favorece la cohesión, mejora la comunicación y refuerza la capacidad colectiva para afrontar retos. También se propone implantar turnos de "correo consciente", de manera que cada empleado determine las franjas horarias en las que recibe emails, lo que puede contribuir a mejorar la productividad. A ello se suman iniciativas como retos de desconexión digital, orientados a promover hábitos más saludables en el trabajo. Por último, los expertos de Cigna Healthcare España aconsejan que los responsables de equipo incorporen pausas conscientes en la rutina diaria, como breves ejercicios de estiramiento que ayuden a liberar la tensión acumulada tras jornadas intensas. "Pequeños cambios en la organización del trabajo pueden aliviar la sensación de saturación y facilitar que los equipos terminen el año con mayor equilibrio", concluye Bueno.

(Cinco Días, 15-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex se encamina a cerrar su mejor año desde 1993 con un alza superior al 46%

En la Bolsa existen ejercicios malos, otros positivos y algunos verdaderamente excepcionales. Y todo apunta a que 2025 se situará en este último grupo, al menos en lo que respecta al mercado español. El Ibex 35 no solo ha superado este viernes los 17.000 puntos, una barrera inédita hasta ahora, sino que además acumula desde enero una subida superior al 46%, lo que lo encamina a cerrar su mejor año en más de tres décadas. Únicamente la revalorización del 54% registrada en 1993 quedaría por encima. Si no ocurre un desplome inesperado en las dos semanas que quedan, 2025 será el segundo mejor año del Ibex 35 desde que nació en 1992. El ejercicio será histórico no solo por la magnitud del avance, sino porque la Bolsa española ha duplicado la rentabilidad obtenida por la mayoría de índices europeos y estadounidenses. El Mib italiano es el que más se aproxima, con un alza del 28%. A continuación aparecen el Dax alemán (22%), el FTSE británico (13%) y el Cac francés (10%). El Euro Stoxx 50 sube un 18%. En Estados Unidos, el S&P 500 apenas avanza un 3,5% y el Nasdaq ronda el 8%. En un índice con un peso tan significativo del sector financiero, las fuertes revalorizaciones de los bancos -algunos han duplicado con creces su valor- han sido determinantes. 2025 ha estado marcado por el intento fallido de opa del BBVA sobre Sabadell, por unos resultados históricos en el sector bancario y por un reparto masivo de dividendos y recompras de acciones. Desde enero, Santander avanza más del 120%, Unicaja un 115%, BBVA un 106%, CaixaBank un 95%, Bankinter un 81% y Sabadell un 78%. La mayor escalada anual, no obstante, corresponde a la industria de defensa. Indra sube un 189% en el año en que cerró la adquisición de Hispasat a Redeia. En otros sectores, Solaria repunta un 113% y ACS un 78%. Inditex, tras marcar máximos históricos, avanza un 14%. Solo siete valores del Ibex están en negativo en 2025: Cellnex encabeza las caídas con un -16%, seguida de Puig (-14%), Redeia (-10%) y Amadeus (-8%). El índice español encadenará así tres años consecutivos al alza: avanzó un 14% en 2024 y un 22,76% en 2023. En conjunto, el Ibex ha duplicado su valor en este periodo, con una subida acumulada del 106%, lo que le permitió superar a finales de octubre su máximo histórico, vigente durante 18 años. Si se añaden los dividendos, el selectivo encadena récord tras récord y en lo que va de 2025 se ha revalorizado más del 52%. Los años 1996 y 1997 también registraron fuertes avances (41% y 42%, respectivamente). En el extremo opuesto, 2008 continúa siendo el annus horribilis por excelencia, con un desplome del 39,4% tras la quiebra de Lehman Brothers, episodio que precipitó la Gran Crisis y que en España coincidió con el estallido de la burbuja inmobiliaria y, posteriormente, con la crisis del euro.

(Expansión, 15-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda supera ya en siete capitales los precios máximos de la burbuja

El sector inmobiliario en España se encamina a cerrar un nuevo ejercicio excepcional. Si se mantiene la tendencia observada en los tres primeros trimestres del año, en 2025 podrían superarse las 700.000 operaciones de compraventa de viviendas, lo que supondría el mejor resultado desde 2007, cuando se alcanzaron las 775.000 transacciones. Este fuerte impulso, reforzado por el abaratamiento de las hipotecas a medida que las bajadas de los tipos de interés se han trasladado al mercado, ha seguido empujando los precios al alza. De este modo, el precio medio del metro cuadrado en España se situó en 2.018 euros durante el tercer trimestre, un 11,7% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de Tinsa by Accumin. No obstante, pese al incremento acumulado en los últimos cinco años, el valor medio nacional aún no ha recuperado los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria. Un análisis más detallado revela, sin embargo, que en determinadas zonas del país los precios ya han superado los récords de aquel periodo. Durante los meses de verano, hasta siete capitales de provincia rebasaron los niveles máximos de la burbuja, frente a las cuatro que lo habían hecho en el trimestre anterior. A Palma de Mallorca, Madrid, Málaga y Santa Cruz de Tenerife se sumaron Valencia, Pontevedra y Melilla. El caso más destacado es el de Palma de Mallorca, donde el precio de la vivienda supera en un 25,9% el registrado en 2007, reflejo de la fuerte presión que soporta el mercado local. Le siguen Madrid, con un 15,5% por encima de máximos; Málaga (12,7%); Santa Cruz de Tenerife (8,6%); Valencia (4,2%); Pontevedra (2,4%) y Melilla (0,1%). Otras capitales que se encuentran muy cerca de esos niveles y podrían superarlos en el corto plazo son A Coruña, Alicante, San Sebastián y Barcelona. En el extremo opuesto, todavía hay ciudades donde los precios se mantienen muy alejados de los picos de la burbuja, como Ciudad Real (-39,2%), Lleida (-35,5%), Cuenca (-34%), Castellón (-33,2%) o Jaén (-32,2%). En este escenario, Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, señala que "la elevada demanda, cercana a los máximos posteriores a la burbuja, junto con las tensiones de precios derivadas del desequilibrio entre oferta y demanda, está incrementando la rotación de la vivienda de segunda mano y favoreciendo ciertas dinámicas especulativas, aunque todavía no son predominantes". El informe también aclara que, una vez descontado el efecto de la inflación, ninguna de estas capitales alcanza realmente los máximos históricos. En términos reales, Palma de Mallorca es la ciudad que más se aproxima a su nivel más alto, aunque aún se sitúa un 9% por debajo. Pese al encarecimiento de la vivienda hasta cifras récord en algunas zonas, Gonzalo Bernardos, profesor de Economía y director del máster inmobiliario de la Universidad de Barcelona, descarta de forma tajante la existencia de una nueva burbuja inmobiliaria en el último informe de Trioteca. A su juicio, la situación actual es "muy distinta" a la de 2007, ya que el aumento de precios responde únicamente a la escasez de oferta frente a una demanda creciente, sin el exceso de crédito que caracterizó aquella etapa. "Lo que vivimos hoy es un boom inmobiliario que se prolongará durante varios años", afirma Bernardos, quien apunta a un previsible traslado masivo de jóvenes menores de 40 años desde el alquiler hacia la compra de vivienda. "Cualquiera que piense a medio y largo plazo, tenga acceso a financiación hipotecaria y actúe con sensatez, difícilmente optará por el alquiler si la renta mensual resulta más elevada que la cuota de la hipoteca", concluye.

(Expansión, 15-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Huevos, café, carne de vacuno y chocolate disparan sus precios en lo que va de año

Huevos, café, carne de vacuno, chocolate y cacao encabezan la lista de los alimentos que más han encarecido su precio en España entre enero y noviembre de este año, con incrementos que en todos los casos superan el 10%. Según los últimos datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) de noviembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press, los huevos han subido un 30% en los once primeros meses del año. El café registra un aumento del 17%, el chocolate acumula un alza del 13,3%, la carne de vacuno es un 15,6% más cara y el cacao y el chocolate en polvo han incrementado su precio un 12,4%. Otros alimentos que también han experimentado subidas relevantes, aunque ya por debajo de los dos dígitos, son las frutas frescas o refrigeradas (+9,1%), los frutos secos (+6,8%), el pescado congelado (+7%), los despojos comestibles (+7%), la mantequilla (+5,1%) y la leche entera (+5,1%). En el lado contrario, los mayores descensos de precios en lo que va de año se han producido en el aceite de oliva, que se ha abaratado un 32,3%, seguido del azúcar (-5,3%), las patatas (-2,6%) y los alimentos infantiles (-1,8%). Si se observa la evolución interanual, de noviembre de 2024 a noviembre de 2025, los huevos vuelven a liderar las subidas, con un incremento del 30,2%. A continuación se sitúan la carne de vacuno (+18%), el café (+17,3%), otros aceites comestibles (+17%), el chocolate (+14,5%) y el cacao (+12,4%). En el caso del café, el aumento de precios está vinculado a condiciones meteorológicas adversas, como sequías y heladas en los principales países productores, que han reducido las cosechas. A ello se suman los problemas logísticos derivados de los conflictos geopolíticos, que han encarecido el transporte y la distribución, así como el incremento de la demanda, especialmente en mercados emergentes como China. El precio del chocolate, aunque sigue siendo notablemente más alto que hace un año (+14,5%), ha moderado su ritmo de crecimiento, después de haber registrado durante este ejercicio aumentos interanuales cercanos al 25%. En su último informe, la Organización Internacional del Cacao señala que la evolución de los precios ha estado condicionada por la menor llegada de producto a los puertos de Costa de Marfil y por una demanda débil. La entidad destaca que en el tercer trimestre de 2025 las moliendas cayeron con más intensidad en Asia, mientras que en Europa y América del Norte el comportamiento fue desigual. No obstante, la organización advierte de que, a medida que avanza la campaña, factores como la normativa europea que prohíbe la comercialización en la UE de productos asociados a la deforestación -entre ellos café, cacao, soja y aceite de palma-, junto con las condiciones climáticas y los efectos estacionales, podrían alterar el equilibrio entre oferta y demanda y repercutir en los precios. La ICCO prevé para la temporada 2025/26 un superávit mundial de cacao, impulsado por una mayor producción y una demanda que todavía tarda en recuperarse tras las fuertes subidas de precios. En cuanto a los huevos, su encarecimiento en España se viene produciendo desde comienzos de año y, a partir de marzo, las subidas han pasado a ser de dos dígitos. Hasta noviembre, este producto acumula nueve meses consecutivos con incrementos interanuales superiores al 10%. Solo en noviembre, el precio de los huevos aumentó un 6,8% respecto al mes anterior. Según el INE, en el último año los alimentos que más han reducido su precio han sido el aceite de oliva (-38,1%), el azúcar (-7,5%), las patatas (-3%) y la pizza (-1,7%). En el caso del aceite de oliva, en términos mensuales (noviembre frente a octubre) se encareció un 2,6%, encadenando su segundo aumento mensual consecutivo. Desde enero de 2021, el precio de este producto acumula un incremento del 57,7%. En conjunto, los precios han aumentado en España un 2,6% en los once primeros meses del año. Casi siete décimas de este avance se explican por el encarecimiento de hoteles, cafés y restaurantes, mientras que la vivienda -sin contar la compra de vivienda- aporta alrededor de seis décimas y los alimentos, algo más de medio punto.

(El Periódico, 15-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Primera caída de la inflación en seis meses por el abaratamiento de la electricidad

Los más optimistas pueden interpretar la situación como un punto de inflexión: el inicio de un proceso, lento pero constante, hacia una completa normalización de los precios. Los más escépticos, en cambio, apuntarán a la distancia respecto a la eurozona, a la acumulación de años de encarecimientos que pesan sobre las familias y a los modestos avances logrados en 2025 para contener un aumento del coste de la vida que sigue reduciendo el poder adquisitivo de quienes no ven crecer sus salarios al mismo ritmo. Ambas lecturas pueden ser válidas, pero más allá de interpretaciones, el dato objetivo indica que la inflación se situó en noviembre en el 3% interanual, una décima menos que en octubre, según ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística, que mantiene su estimación preliminar. La mejora en los precios de la electricidad ha sido determinante para este ligero respiro, mientras que han tirado al alza los alimentos y bebidas no alcohólicas, los carburantes y los paquetes turísticos. La inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos- ofrece un panorama menos favorable: sube hasta el 2,6%, una décima más que en octubre. La cifra publicada este viernes fija definitivamente la revalorización de las pensiones contributivas para 2026 en un 2,7%, y mantiene a España un punto por encima de la inflación armonizada de la eurozona. Esta diferencia podría restar competitividad al tejido empresarial si no se reduce. A corto plazo, no obstante, el efecto base juega a favor, ya que los precios subieron en diciembre del año pasado y en los primeros meses de 2025, lo que facilitará tasas más bajas al comparar. Aun así, los precios llevan 13 meses sin caer por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, aunque están lejos ya del máximo de la crisis inflacionaria reciente, cuando superaron el 10%. "Si este diferencial se mantiene durante demasiado tiempo, puede afectar a la competitividad frente a nuestros socios del euro y también influir en las cuentas públicas, dado que algunas partidas -como ciertos salarios y las pensiones- están vinculadas a la inflación", señala Judith Arnal, investigadora del Real Instituto Elcano y CEPS. Para Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners, la diferencia actual con Europa tenderá a desaparecer. "Creo que esa brecha se reducirá y no supondrá un freno estructural a nuestra competitividad. Si miramos la inflación subyacente, la distancia es de solo dos décimas. En la inflación general hay elementos puntuales, como el precio de la electricidad influido por la política tras el apagón, que desaparecerán el próximo año", explica. Entre los datos del INE destacan algunos productos particulares: los huevos siguen disparados, con un incremento superior al 30% respecto a noviembre de 2024; la carne de vacuno sube un 18% y el café un 17,3%. En sentido contrario, el aceite de oliva se abarata un 38,1%, aunque este descenso no basta para compensar el encarecimiento global de la cesta de la compra, cuya inflación repuntó cuatro décimas hasta el 2,8%. Por territorios, Madrid encabeza la lista con la inflación más alta (3,7%), seguida de Ceuta (3,5%) y la Comunidad Valenciana (3,4%). Las regiones menos afectadas son Canarias (2,3%), La Rioja (2,4%) y Murcia (2,5%). El economista Javier Santacruz cree que todavía no hay razones para alarmarse, aunque reconoce que en este final de año la inflación está evolucionando peor de lo esperado. "Es lo que en inglés llaman una inflación 'sticky', pegajosa. Las presiones inflacionistas están ahí, aunque por ahora no son preocupantes. España suele anticipar estas tendencias. Ya ocurrió cuando los precios empezaron a subir y también fue de las primeras economías en contenerlos cuando la situación comenzó a mejorar", apunta.

(Expansión, 12-12-2025) | Fiscal

Los autónomos podrán seguir tributando en módulos en 2026

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la orden del Ministerio de Hacienda que amplía, por al menos un año más, la aplicación del sistema de estimación objetiva -conocido como módulos- y del régimen simplificado del IVA para autónomos de distintos sectores, especialmente hostelería, comercio, transporte y agricultura. La norma, que estuvo recientemente en consulta pública, también mantiene la reducción del 5% sobre el rendimiento neto que actualmente beneficia a unos 1,1 millones de trabajadores por cuenta propia en España: 352.000 de actividades no agrícolas y 772.000 del ámbito agrario, según datos de la Agencia Tributaria. El sistema de módulos consiste en pagar una cuota fija en las declaraciones trimestrales de IRPF e IVA, en lugar de tributar según el beneficio real obtenido (ingresos menos gastos). Para muchos autónomos supone un alivio fiscal, ya que suelen abonar menos impuestos durante el año, aunque Hacienda ajusta después las cifras en la declaración anual de la Renta o en la última liquidación trimestral del IVA, presentada en enero. Si un autónomo considera que este régimen ya no le resulta ventajoso, puede renunciar a él antes del 31 de diciembre y pasar al sistema de estimación directa, tributando así según los beneficios reales de cada trimestre. Sin embargo, la orden ministerial publicada en el BOE no aclara si se prolongarán los límites de facturación que permiten acogerse a los módulos -125.000 o 250.000 euros, según se facture a empresas o a particulares-. Desde ATA recuerdan que esta decisión debe aprobarse en el Congreso mediante un real decreto antes de que concluya el primer trimestre. El año pasado, esta ampliación salió adelante en el último momento, tras un rechazo inicial al decreto ómnibus de enero. De no renovarse, los límites regresarían a los establecidos en 2015: 75.000 euros para actividades con obligación de emitir factura y 150.000 euros para el resto, salvo en agricultura, ganadería y forestal, donde se mantendrían los 250.000 euros. Fuentes del Ministerio de Hacienda, consultadas por EXPANSIÓN, no garantizan la continuidad de estos topes, aunque admiten que la intención del departamento dirigido por María Jesús Montero es prorrogarlos vía real decreto. Con esta nueva prórroga de los módulos, el Gobierno aplaza también la implantación de un régimen de IVA franquiciado para autónomos, pese a que es una exigencia de la normativa europea y que España es el único país de la UE que aún no ha incorporado. Los expertos consideran que esta situación coloca en desventaja a los autónomos españoles frente a sus homólogos europeos.

Los autónomos reclaman bajar 5 puntos el IRPF autonómico para ahorrar 650 euros

Hacienda asume pérdidas millonarias por sanciones por un error con los plazos

Las pensiones subirán al menos un 2,7% en 2026

El coste de las bajas médicas aumenta un 11% en 2025 y rebasa los 17.000 millones

Los trabajadores españoles sienten cada vez más estrés laboral

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