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(Expansión, 18-03-2026) | Laboral

El empleo resiste en Semana Santa al golpe de la guerra: se crearán 90.000 puestos de trabajo

Los especialistas prevén que el impulso del turismo siga sosteniendo la creación de empleo, especialmente en sectores como la hostelería y los servicios. Se espera además un aumento de visitantes internacionales, ya que España se percibe como un destino seguro en un entorno global marcado por la incertidumbre. En la actualidad, el número de afiliados vinculados a actividades turísticas se sitúa en torno a los 2,75 millones. Pese al impacto inicial del conflicto en Irán y su repercusión en el encarecimiento de los carburantes -con posible efecto arrastre sobre otros precios-, el mercado laboral español mantiene una evolución positiva de cara a la campaña de Semana Santa. La patronal de empresas de trabajo temporal, Asempleo, estima que se generarán unos 90.000 contratos durante la primera semana de abril, lo que supone un incremento del 3% respecto al año anterior. Estas previsiones se apoyan, en gran medida, en el buen comportamiento del turismo. Lejos de registrar una caída en reservas o desplazamientos, tanto nacionales como internacionales, la situación geopolítica actual refuerza el atractivo de España como destino frente a otros países. Esta dinámica contribuye a mantener la actividad laboral, aunque también pone de manifiesto el carácter estacional del empleo, con picos concentrados en campañas como Semana Santa y el verano. Desde Asempleo se destaca que estas cifras reflejan tanto la solidez de esta campaña como la capacidad del mercado laboral para adaptarse a momentos de alta demanda, apoyándose en la flexibilidad. Además, el comportamiento observado en 2025, cuando se superaron las previsiones iniciales de contratación, refuerza las expectativas para este año. El presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, subraya que la Semana Santa sigue siendo uno de los momentos clave del calendario laboral, especialmente en un contexto de fuerte actividad turística. España continúa posicionándose como uno de los destinos internacionales más relevantes y, en el actual escenario geopolítico, se consolida como una opción preferente para quienes buscan estabilidad y una oferta turística consolidada. Esto se traduce en un aumento de la demanda y en mayores necesidades de contratación temporal en distintos territorios. La patronal recuerda también que la temporalidad forma parte estructural del modelo productivo español, muy vinculado al turismo, las campañas comerciales, la logística y los servicios. Más que una anomalía, se trata de una característica que requiere una gestión adecuada. En este sentido, las empresas de trabajo temporal juegan un papel clave, al permitir a las compañías ajustar sus plantillas con rapidez y ofrecer oportunidades laborales reguladas. En cuanto a los perfiles más demandados, la hostelería concentrará la mayor parte de las contrataciones, con puestos como camareros, cocineros, ayudantes de cocina, personal de limpieza de habitaciones, recepcionistas o guías turísticos. A estos se suman otros sectores como el comercio, el ocio, el transporte y la logística, donde se requerirán dependientes, promotores, monitores, operarios de almacén, carretilleros, preparadores de pedidos y personal administrativo. Por último, los datos de Turespaña reflejan que el empleo turístico continúa creciendo. En febrero se registraron cerca de 66.000 afiliados más en estas actividades respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando una cifra total superior a los 2,75 millones de trabajadores, lo que representa aproximadamente el 12,7% del total de afiliación.

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(El País, 18-03-2026) | Laboral

Los costes en cotizaciones sociales crecieron en 2025 un 4,5%, un punto más que los salarios

En un momento en el que la economía española mantiene un fuerte crecimiento y los márgenes empresariales se sitúan en niveles muy elevados, las empresas afrontan un aumento del coste de remunerar a sus trabajadores. Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste laboral por empleado alcanzó en el último trimestre de 2025 los 3.382 euros mensuales, lo que supone un incremento del 3,8% respecto al mismo periodo del año anterior. De esa cantidad, 2.531 euros corresponden al salario del trabajador (un 3,6% más que un año antes), 790 euros a cotizaciones sociales (un 4,5% más) y 62 euros a otros conceptos (un 2,7% más). Estas cifras confirman una tendencia que se viene observando desde hace varios trimestres. En medio de una crisis demográfica y de las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar los ingresos del sistema de pensiones -al tiempo que se garantiza el poder adquisitivo de las prestaciones mediante su actualización al menos con el IPC-, el coste de las cotizaciones sociales está creciendo con mayor intensidad que el de los salarios. Algo similar ya ocurrió en periodos anteriores. En el mismo trimestre de 2024, el coste salarial aumentó un 3,5%, mientras que las cotizaciones lo hicieron un 4%. Un año antes, el incremento fue del 4% en los salarios y del 7% en las cotizaciones. Desde 2023, cuando entró en vigor la última gran reforma del sistema de pensiones, el coste salarial ha aumentado un 7,3%, frente al 8,7% registrado por las cotizaciones. Si se amplía la perspectiva hasta 2019, antes de la pandemia, el coste de los salarios ha crecido un 22%, mientras que el de las cotizaciones se ha incrementado un 26,2%. La estadística del INE también permite analizar con mayor detalle estos componentes. Dentro de las cotizaciones sociales, el mayor gasto corresponde a las contingencias comunes, con 557 euros por trabajador (un 3,9% más que el año anterior). Le siguen las cotizaciones por desempleo, con 151 euros (+3,8%), y otras aportaciones obligatorias, que alcanzan 82 euros y registran el mayor incremento, con un 10,3% más. En cuanto al coste salarial, se divide en salario ordinario (2.081 euros, +3,5%), pagas extraordinarias (388 euros, +1,9%) y atrasos (62 euros, con un fuerte aumento del 20%). A estas partidas se suman otros costes que forman parte del gasto laboral total. Entre ellos destaca el asociado a la incapacidad temporal, que se sitúa en 24 euros por trabajador, un 6,6% más que un año antes. Los datos del INE también muestran que el número de horas dedicadas de media a bajas laborales ha aumentado en los últimos años: actualmente alcanza 8,4 horas mensuales por trabajador, cerca del máximo registrado en 2022 durante uno de los repuntes del coronavirus. Antes de la pandemia, esta cifra era de 5,7 horas. Por sectores, los mayores incrementos interanuales del coste laboral se registran en educación (+7,8%), transporte (+6,2%) y actividades científicas y técnicas (+6,1%). En cambio, disminuye en actividades artísticas (-5,9%) y en las industrias extractivas (-0,4%). En términos absolutos, el sector con el coste laboral más alto es el del suministro de energía, con 6.512 euros mensuales por trabajador, mientras que el más bajo corresponde a la hostelería, con 2.016 euros. Conviene señalar que esta estadística no incluye datos del sector agrario ni del empleo doméstico, ámbitos que en promedio presentan salarios aún más bajos que los del sector hostelero. Su exclusión eleva el promedio general del coste laboral, ya que quedan fuera actividades que, de media, pagan menos que el resto. Si se analizan las cifras por comunidades autónomas, el mayor coste laboral se registra en las regiones con economías más desarrolladas y menor peso de sectores precarios. Es el caso de la Comunidad de Madrid (4.059 euros por trabajador), Euskadi (3.849) y Navarra (3.748). En el extremo contrario se sitúan la Región de Murcia (2.969), Canarias (2.805) y Extremadura (2.756). El mayor aumento del coste laboral se observa en La Rioja, con un 7,4%, mientras que Asturias registra un ligero descenso del 1%. Este descenso no implica necesariamente una reducción de los salarios -algo que no se aprecia al analizar los datos de convenios colectivos-, sino que podría deberse a un efecto composición, es decir, a cambios en la estructura sectorial o en la distribución por edades del mercado laboral.

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(El Periódico, 18-03-2026) | Laboral

La Justicia da la razón a un trabajador en su sentencia contra el SEPE y podrá recibir el paro en un pago único

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido a un trabajador el derecho a cobrar la prestación por desempleo en un pago único, lo que se conoce como capitalización del paro, con el fin de iniciar una actividad como autónomo dedicada a la comercialización y reparto de marisco. Inicialmente, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) había rechazado la solicitud al considerar que existían posibles vínculos familiares con su anterior empresa y ciertas irregularidades en su salario. La Administración argumentó que existían posibles indicios de fraude que justificaban la denegación de la capitalización. Según recoge la sentencia, el trabajador había desempeñado funciones de encargado en su empresa y fue despedido disciplinariamente en octubre de 2023 tras no reincorporarse al trabajo una vez finalizadas sus vacaciones. Posteriormente solicitó la prestación por desempleo, que le fue reconocida. Un mes más tarde, en noviembre, pidió recibirla de forma anticipada en un único pago para iniciar un negocio propio como autónomo dedicado a la venta de mariscos frescos y congelados. El SEPE rechazó esta solicitud alegando varios indicios que, a su juicio, apuntaban a un posible fraude: el hecho de haber trabajado en una empresa familiar, haber percibido supuestamente un salario elevado y no haber impugnado su despido tras más de 25 años de trabajo en ese puesto. Con estos argumentos, el organismo entendió que el objetivo real del trabajador era ampliar el negocio familiar y no crear una nueva actividad económica. Ante la negativa de la Administración, el trabajador recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que finalmente le dio la razón. El tribunal recordó que la existencia de fraude debe acreditarse mediante pruebas objetivas, ya sean directas o basadas en indicios sólidos respaldados por hechos demostrables. La sentencia destaca que varios de los argumentos del SEPE no estaban suficientemente sustentados. Por ejemplo, se mencionaba una antigüedad de 25 años en la empresa, cuando solo constaba actividad laboral documentada entre 2019 y 2022. Además, se dio por hecho que se trataba de una empresa familiar únicamente por la coincidencia de apellidos, sin pruebas que lo confirmaran. Tampoco quedó demostrado que el trabajador hubiera percibido un salario desproporcionado. Otro elemento relevante es que el propio SEPE no cuestionó ni revocó el derecho del trabajador a percibir la prestación por desempleo, que ya había sido concedida previamente. Por tanto, el único punto en discusión era la posibilidad de cobrarla mediante pago único. Los magistrados concluyen que no existe ninguna evidencia de que el trabajador pretendiera utilizar ese dinero para ampliar un negocio ya existente. Por el contrario, había presentado toda la documentación necesaria para poner en marcha una nueva actividad empresarial dedicada a la distribución de marisco. Asimismo, el hecho de haber trabajado previamente en una empresa del mismo sector no constituye por sí solo una prueba de fraude. En consecuencia, el tribunal ha determinado que el SEPE debe abonar al trabajador la prestación por desempleo en un pago único. No obstante, la resolución aún no es definitiva, ya que puede ser recurrida mediante un recurso de casación.

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(El Economista, 18-03-2026) | Laboral

La pensión media actual supera en un 40% el salario más frecuente en España

La distancia entre los salarios y las pensiones continúa ampliándose. En la actualidad, la pensión media supera en más de un 40% al salario más habitual en España. En febrero de 2026, la pensión media se situó en 1.566,81 euros mensuales, lo que equivale a unos 21.935,34 euros anuales en 14 pagas. En contraste, el sueldo más frecuente, según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE correspondiente a 2023, alcanza los 15.574,85 euros al año, es decir, unos 1.112,48 euros al mes. Este incremento de la brecha no es casual. Responde, en buena medida, a los cambios introducidos en el sistema de pensiones en los últimos años, especialmente tras la eliminación de los mecanismos que limitaban su revalorización. Desde finales de la etapa de Mariano Rajoy, las pensiones volvieron a vincularse al IPC, y con la reforma de 2021 esta actualización quedó consolidada sin elementos correctores. En 2026, las pensiones han aumentado un 2,7%. Además, se han fijado importes de referencia como una pensión mínima de 12.441,80 euros anuales y una máxima de 47.000 euros. En ejercicios anteriores, las subidas fueron incluso más elevadas: un 2,8% en 2025, un 3,8% en 2024 y un 8,5% en 2023, en un contexto marcado por la inflación derivada de la guerra en Ucrania. A este efecto se suma otro factor relevante: el incremento de la pensión media de los nuevos jubilados. En el último año ha crecido alrededor de un 6%, y un 15% respecto a 2023. Esto se explica por la entrada en jubilación de la generación del baby boom, cuyos integrantes cuentan con trayectorias laborales más largas y mejores niveles salariales. De hecho, cerca del 80% de quienes acceden ahora a la jubilación proceden del trabajo por cuenta ajena y lo hacen con pensiones medias cercanas a los 1.674,81 euros mensuales. En paralelo, el salario más común muestra una evolución distinta. Según el INE, ha descendido desde el máximo que superaba los 18.500 euros brutos anuales registrado tras 2021. En 2023, este salario modal se sitúa prácticamente al nivel del Salario Mínimo Interprofesional de ese año, fijado en 15.120 euros anuales tras una subida del 8%. Conviene recordar que el SMI experimentó en 2019 el mayor incremento de la serie, con una subida del 22,3%, pasando de 735 euros mensuales en 2018 a 900 euros en el año previo a la pandemia. Desde entonces, los incrementos han sido continuados hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales en 14 pagas en 2026, lo que supone un aumento acumulado superior al 66% desde 2018. De hecho, desde 2022 el salario mínimo se ha convertido en la referencia más habitual para muchos trabajadores. Ese mismo año se produjo una fuerte caída del salario modal, que pasó de 18.503 euros en 2021 a 14.586 euros en 2022, lo que acentuó la diferencia con la pensión media, que ya entonces superaba en casi un 20% al salario más frecuente.

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(El Economista, 18-03-2026) | Laboral

El Gobierno permitirá la contratación de interinos para desbloquear la jubilación parcial en el sector público

El Gobierno tiene previsto activar en las próximas semanas la jubilación parcial para el personal laboral del sector público. La medida se articulará, previsiblemente, mediante un Real Decreto-ley que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y posteriormente convalidado en el Congreso en un plazo de 30 días. El borrador de la norma contempla que el contrato de relevo -el que sustituye al trabajador que accede a la jubilación parcial- pueda formalizarse como contrato temporal a jornada completa, manteniéndose además durante al menos dos años tras la finalización del proceso de jubilación parcial. Esta iniciativa pretende resolver una situación que se arrastra desde abril de 2025, cuando una reforma estableció la obligación de que el relevista tuviera un contrato indefinido a tiempo completo. Mientras que en el sector privado esta exigencia resulta relativamente sencilla de cumplir, en el ámbito público ha supuesto un obstáculo importante, ya que la cobertura de plazas requiere la convocatoria de una Oferta de Empleo Público y el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El texto, que ha sido trabajado conjuntamente por los ministerios de Hacienda, Economía, Trabajo y Seguridad Social, prevé que las Administraciones Públicas dispongan de instrumentos de planificación de recursos humanos que incluyan la cobertura de las jubilaciones parciales previstas. Asimismo, se mantiene la posibilidad de acceder a la jubilación parcial para el personal laboral fijo a jornada completa, siempre que esta se vincule a la contratación de un relevista fijo a tiempo completo, incorporado a través de los procesos selectivos correspondientes. No obstante, la principal novedad radica en flexibilizar este requisito. Cuando no sea posible contar de inmediato con un relevista indefinido, se permitirá contratar de forma temporal a un trabajador para cubrir ese puesto mientras se resuelve el proceso de selección. Este contrato finalizará en el momento en que se incorpore el trabajador fijo vinculado a la jubilación parcial. Con el objetivo de reducir la elevada temporalidad en el sector público -que a finales de 2025 alcanzaba el 26,8%, muy por encima de los niveles recomendados por la Unión Europea-, la norma también establece que las plazas asociadas a estas jubilaciones deberán incluirse en la oferta de empleo público del mismo año. Si no fuera posible, deberán incorporarse en la siguiente convocatoria. Por último, se contempla que, si el relevista indefinido cesa antes de que hayan transcurrido dos años desde que el trabajador haya pasado a jubilación completa, se podrá recurrir nuevamente a la contratación temporal hasta que se cubra definitivamente la plaza con personal fijo.

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(Cinco Días, 18-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno anuncia la liberación de 11,5 millones de barriles de petróleo de las reservas españolas

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado la aprobación de la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo durante un periodo de 90 días con el objetivo de hacer frente a la escasez de suministro provocada por el cierre parcial del Estrecho de Ormuz. Esta medida se enmarca dentro de los planes de la Agencia Internacional de la Energía, que prevé liberar hasta 400 millones de barriles a nivel internacional. La liberación se llevará a cabo de forma gradual, comenzando la primera fase dentro de 15 días. Aagesen ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad al señalar que la dependencia directa de España del petróleo y el gas de la zona es "limitada", aunque ha reconocido que ya se están percibiendo efectos y cierta volatilidad en los precios energéticos. El Gobierno ha comunicado que esta liberación de crudo se realizará por etapas y busca frenar el encarecimiento que ya están experimentando tanto los consumidores como las empresas. Además, el Ejecutivo ha adelantado que el próximo viernes aprobará un paquete de medidas dirigido especialmente a los sectores más afectados por las consecuencias económicas del conflicto en Irán. La vicepresidenta tercera ha explicado que el compromiso adquirido por España con la Agencia Internacional de la Energía contempla, al menos, dos fases. En la primera se liberarán reservas equivalentes a cuatro días de consumo, aproximadamente 3,75 millones de barriles, que se pondrán en el mercado a lo largo de 15 días. Esta cantidad procederá de las reservas gestionadas por los operadores privados, que cuentan con un excedente equivalente a unos 50 días de consumo. Tras esta primera liberación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico evaluará el ritmo al que se liberará el resto de las reservas, en función de cómo evolucione la situación internacional. Aagesen ha precisado que no se utilizarán las reservas estratégicas de 42 días que gestiona la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), por lo que España mantiene en total unas reservas equivalentes a 92 días para situaciones de emergencia. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de España de este martes, la ministra también adelantó que el próximo viernes se aprobarán dos tipos de medidas para amortiguar el impacto de la subida de precios derivada del conflicto en Oriente Medio. Por un lado, se adoptarán acciones temporales para compensar el encarecimiento de la electricidad y los carburantes; por otro, se impulsarán medidas estructurales destinadas a reforzar la descarbonización de la economía española mediante la electrificación, una estrategia que se ha reforzado desde el inicio de la Guerra de Ucrania. En este sentido, Aagesen subrayó que "el sol y el viento nunca van a ser bloqueados en el estrecho de Ormuz". El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó que el Consejo de Ministros extraordinario previsto para el viernes aprobará medidas específicas para los sectores más afectados por el aumento de costes, como el transporte y la logística, el sector agrario, la pesca y las industrias con mayor consumo energético. Según explicó, se trata de actividades en las que el incremento de costes puede trasladarse rápidamente a otros ámbitos de la economía, por lo que el objetivo es evitar que esa subida termine repercutiendo en el precio final de los alimentos. Entre las medidas que estudian los distintos ministerios económicos se encuentran bonificaciones para la compra de gasóleo agrícola (B) y fertilizantes en el caso del sector primario, así como una reducción extraordinaria en el precio del combustible para los profesionales del transporte pesado por carretera, según fuentes gubernamentales. Por el contrario, el Gobierno descarta recuperar la bonificación general de 20 céntimos por litro en los carburantes o una nueva rebaja del IVA de los alimentos, al considerar que estas medidas tuvieron un carácter regresivo y beneficiaron en mayor medida a las rentas más altas. En su lugar, el Ejecutivo prepara un paquete de ayudas más focalizado y dirigido a quienes más lo necesitan.

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(Expansión, 17-03-2026) | Fiscal

El campo cifra en 41 millones semanales el aumento de costes: riesgo de alzas en los supermercados

Las organizaciones agrarias se reunieron ayer en Madrid con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para exigir la adopción de un paquete de medidas urgentes que ayude a compensar el aumento de costes provocado por la guerra en Irán. El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, estimó que el sector está asumiendo un incremento de gastos de 41 millones de euros semanales. Este encarecimiento afecta principalmente a insumos como el gasóleo agrícola y los fertilizantes, cuyos precios han subido más de un 50% desde el inicio del conflicto, agravado por el cierre del estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el comercio de estos productos. Según los datos difundidos por el Ministerio, el precio del gasóleo agrícola aumentó un 14,6% solo en la última semana, sumándose a las subidas registradas desde finales de febrero. En algunas provincias, el combustible bonificado que utilizan los tractores y la maquinaria del campo ya supera los 1,60 euros por litro. Por ello, una de las principales peticiones trasladadas al Gobierno es garantizar el abastecimiento en todo el territorio y aprobar un plan de ayudas directas que compense el "sobrecoste inasumible" de estos insumos básicos. Además, las organizaciones agrarias reclaman la aplicación de una bonificación extraordinaria al gasóleo agrícola, reforzando la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos. También solicitan una reducción adicional del 35% en el IRPF por el gasto en gasóleo y del 15% en fertilizantes y plásticos, dentro del sistema de módulos que utiliza una gran parte de los agricultores. En relación con los fertilizantes, el presidente de Asaja advirtió al Ejecutivo de que las ayudas directas deben aprobarse con urgencia, ya que el sector está afrontando incrementos de hasta 280 euros por tonelada, precisamente en una época del año en la que el gasto en estos productos es especialmente elevado. Tras finalizar la reunión, fuentes de la mesa de negociación indicaron que el ministro Planas no adelantó medidas concretas del plan que el Gobierno prevé presentar el viernes, a pesar de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya había anunciado la semana pasada un paquete de ayudas en el que se incluiría al sector. Antes de reunirse con las organizaciones agrarias, Planas y el ministro de Economía mantuvieron un encuentro con representantes de la industria agroalimentaria y con fabricantes de fertilizantes y piensos. Desde estos sectores señalaron que el aumento de los costes todavía no se refleja plenamente en el precio final de los alimentos, aunque advirtieron de que el impacto podría trasladarse con rapidez, ya que el sector primario ya está soportando una fuerte subida de gastos. Por este motivo, pidieron al Gobierno que valore nuevas medidas en función de cómo evolucionen los precios, entre ellas una posible reducción temporal del IVA de los alimentos en los supermercados.

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(La Vanguardia, 17-03-2026) | Fiscal

El Gobierno aprobará este viernes un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo

El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes un amplio paquete de medidas para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán durante un Consejo de Ministros extraordinario. La reunión se celebrará un día después del Consejo Europeo en Bruselas, donde el conflicto y sus consecuencias ocuparán un lugar central en la agenda. Mientras tanto, PSOE y Sumar continúan debatiendo internamente el contenido de las medidas y negociándolas con sus socios parlamentarios. Diversas fuentes apuntan a que una de las decisiones clave será una rebaja fiscal en el ámbito energético para contrarrestar el encarecimiento reciente de los precios. Desde el Ejecutivo se señala que se trata de un plan de respuesta integral que combinará actuaciones de carácter estructural con otras de aplicación inmediata. Según el Gobierno, el objetivo es proteger a los colectivos más vulnerables y a los sectores que están sufriendo con mayor intensidad el aumento de los costes. Las medidas de carácter temporal estarán centradas principalmente en reducciones fiscales y ayudas destinadas a amortiguar el impacto del incremento de precios. Por su parte, las iniciativas estructurales buscarán avanzar en cambios de fondo, especialmente en la electrificación del sistema productivo con el fin de disminuir la dependencia del petróleo. España se encuentra relativamente adelantada respecto a otros países europeos en este proceso, lo que reduce parcialmente su exposición al encarecimiento energético provocado por la guerra. Aun así, el Ejecutivo quiere seguir acelerando la transición energética y lleva tiempo trabajando en nuevas iniciativas en esa dirección. El Gobierno también subraya que mantiene un diálogo constante con los grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores económicos más afectados. En estos momentos, los ministros de PSOE y Sumar continúan perfilando el alcance de la respuesta y negociando con los socios parlamentarios para garantizar el respaldo suficiente. El Ejecutivo quiere evitar que las medidas fracasen en el Congreso, como ocurrió anteriormente con otros paquetes de apoyo social. Esta necesidad de acuerdo político, junto con la incertidumbre sobre la duración del conflicto y sus efectos económicos, ha llevado a retrasar la aprobación de las medidas hasta el viernes en lugar de presentarlas este martes. Este plan de respuesta incluirá medidas fiscales, energéticas y sociales y se espera que puedan ser aprobadas este viernes mediante un real decreto, que debe ser convalidado posteriormente por el Congreso en el plazo de un mes. Entre las decisiones ya avanzadas por el Ejecutivo destaca que no se rebajará el IVA de los alimentos, una medida que sí se aplicó durante la crisis inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania. El Gobierno considera que, por ahora, el impacto del conflicto se concentra principalmente en el coste de la energía y los carburantes, y no tanto en la cesta de la compra. Una de las medidas centrales será reducir la carga fiscal en la factura de la luz, con el objetivo de contener el aumento de precios provocado por la tensión energética internacional. El Ejecutivo estudia recuperar rebajas del IVA eléctrico similares a las que ya se aplicaron en crisis anteriores. El Ejecutivo pretende reeditar parte del "escudo social" aplicado en crisis anteriores, con medidas de protección para los hogares más vulnerables, como evitar cortes de suministros básicos a personas con dificultades económicas. El plan también contempla medidas específicas para sectores especialmente expuestos a la subida del combustible, como el transporte por carretera y la agricultura y el sector agroalimentario. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que el Consejo de Ministros extraordinario aprobará las primeras actuaciones del escudo social destinadas a proteger a las familias trabajadoras frente a las consecuencias económicas del conflicto. Según ha explicado, el Gobierno tiene claras las prioridades que deben guiar este paquete de medidas. Entre ellas figuran actuaciones en el ámbito energético, políticas relacionadas con la vivienda para evitar que el encarecimiento de los precios agrave la situación que ya afrontan muchas familias y medidas para acompañar las rebajas fiscales con intervenciones en el mercado que eviten beneficios excesivos. Bustinduy ha defendido que el conflicto no debe convertirse en una oportunidad para que algunas grandes empresas aumenten de forma desproporcionada sus beneficios. Por ello, ha señalado que cualquier medida fiscal debería ir acompañada de regulaciones que impidan incrementos injustificados en los márgenes empresariales. Según el ministro, el objetivo es garantizar que las ayudas lleguen realmente a los ciudadanos y no se traduzcan en mayores ganancias para las grandes compañías.

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(El Periódico, 17-03-2026) | Fiscal

Hacienda insiste con la factura electrónica

La digitalización de la facturación empresarial avanza de forma significativa en España. El Ministerio de Hacienda ha revisado el calendario para que autónomos y pequeñas y medianas empresas adapten sus sistemas de facturación a las nuevas obligaciones legales. Con esta iniciativa se pretende modernizar los procedimientos administrativos, reforzar la lucha contra el fraude fiscal y mejorar la transparencia en los pagos entre compañías. En la actualidad, la obligación de emitir facturas electrónicas en un formato estructurado entre empresas y profesionales todavía no está plenamente activa, ya que depende de un reglamento específico que aún no se ha aprobado. Este desarrollo normativo deriva de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, conocida como Ley Crea y Crece, que estableció la obligatoriedad de la factura electrónica en las operaciones entre empresas y profesionales. No obstante, su aplicación definitiva requiere de una regulación complementaria que todavía está pendiente. A pesar de ello, ya se está aplicando una obligación gradual para que los programas de facturación se adapten a determinados requisitos técnicos. El objetivo es garantizar la integridad, la trazabilidad y la fiabilidad de los registros de facturación mediante el sistema denominado Verifactu. Este marco se apoya en el Real Decreto 1007/2023, que establece las condiciones que deben cumplir los programas informáticos utilizados por autónomos y empresas para emitir facturas. El calendario fijado por Hacienda establece que, a partir del 1 de enero de 2027, las empresas y profesionales sujetos al Impuesto de Sociedades deberán utilizar sistemas de facturación adaptados a la nueva normativa. Posteriormente, desde el 1 de julio de 2027, la obligación se extenderá al resto de autónomos y pequeñas y medianas empresas, que deberán contar con programas que cumplan los requisitos técnicos de trazabilidad e inalterabilidad exigidos por Verifactu. Estas fechas suponen una ampliación respecto a los plazos inicialmente previstos, que apuntaban a 2025 y 2026, con el objetivo de facilitar la transición y permitir que los contribuyentes dispongan de más tiempo para adaptar sus herramientas tecnológicas. Cuando estos sistemas sean obligatorios, los autónomos y las empresas no podrán emitir facturas utilizando programas que no cumplan con las condiciones técnicas establecidas por la Agencia Tributaria. Aunque las facturas puedan seguir generándose en formatos habituales como el PDF, estos no serán válidos para la transmisión de datos estructurados una vez entre en vigor la obligación de factura electrónica entre empresas. Además, los programas deberán crear registros de facturación que no puedan modificarse, firmados digitalmente e incorporando códigos QR que permitan verificar su autenticidad. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones. La Agencia Tributaria contempla multas que pueden alcanzar los 50.000 euros para aquellos autónomos o pequeñas empresas que no adopten sistemas informáticos adaptados a la normativa vigente, especialmente en lo relacionado con el sistema Verifactu y las exigencias establecidas por la Ley Antifraude. Esta normativa supone un cambio profundo en la manera en que las empresas emiten y reciben sus facturas y se considera una de las reformas fiscales más relevantes de los últimos años en España. Su impacto se extenderá especialmente al tejido de pequeñas empresas y autónomos, impulsando su digitalización y modificando los procesos administrativos habituales. Conocer los plazos establecidos, actualizar los programas de facturación con antelación y prepararse para este nuevo escenario será fundamental tanto para evitar sanciones como para aprovechar las ventajas que ofrece la facturación electrónica.

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(El País, 17-03-2026) | Fiscal

El esfuerzo fiscal de los españoles alcanza su punto máximo en torno a los 50 años de edad

El mayor esfuerzo fiscal de los españoles se produce aproximadamente alrededor de los 50 años. Esta etapa suele coincidir con el momento de mayor desarrollo profesional y con los ingresos laborales más altos, lo que provoca que los impuestos vinculados al trabajo, como el IRPF y las cotizaciones sociales, alcancen su nivel más elevado. Este máximo no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio que refleja cómo se generan y se distribuyen los recursos económicos a lo largo de la vida. La configuración del sistema tributario explica en buena medida este comportamiento. Las cotizaciones sociales y el IRPF son los tributos que más pesan sobre el contribuyente medio y evolucionan de forma paralela a la trayectoria laboral. Por ello, aumentan progresivamente hasta el momento en que se alcanzan los mayores ingresos y después disminuyen, dibujando una especie de curva ascendente que posteriormente se suaviza. En cambio, los impuestos ligados al consumo siguen una dinámica algo distinta: el tipo efectivo medio del IVA crece hasta situarse en torno a los 45 o 50 años y, a partir de ahí, comienza a descender. Este patrón se comprende mejor si se analiza dentro del denominado ciclo económico de la vida, un enfoque que permite observar cómo funcionan las cuentas intergeneracionales y cómo se financia el consumo en cada etapa vital. En este contexto, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicó recientemente el estudio Cuentas generacionales de los miembros de los hogares, que identifica diferentes fases de déficit y superávit económico a lo largo de la vida y muestra cómo operan los mecanismos de redistribución de recursos entre generaciones y en distintos momentos del tiempo. El informe, elaborado por los economistas Julio López Laborda, Carmen Marín, Jorge Onrubia y Ángel de la Fuente a partir de datos de 2022, concluye que España reproduce el patrón habitual de las economías desarrolladas. Durante la infancia y buena parte de la juventud predomina un déficit económico, ya que los ingresos son inexistentes o muy reducidos mientras el consumo continúa. Los menores de 16 años, por ejemplo, no cuentan con ingresos propios y dependen del apoyo familiar y de las transferencias públicas para cubrir sus gastos. Incluso después de incorporarse al mercado laboral, los menores de 30 años, de media, aún no generan recursos suficientes para financiar completamente su consumo. En este sentido, el hogar actúa como un mecanismo de protección frente a la falta temporal de ingresos en las primeras etapas de la vida. Además, el tratamiento de la vivienda en propiedad -que se contabiliza tanto como renta imputada como consumo privado- refuerza esta redistribución dentro de la familia. El cambio se produce a partir de los 30 años. Durante las décadas centrales de la vida laboral, los ingresos procedentes del trabajo crecen y superan claramente al consumo, lo que genera un superávit económico. Ese excedente permite sostener transferencias hacia otros miembros del hogar, como hijos u otros dependientes, y también contribuye a financiar buena parte del sistema público mediante el pago de impuestos y cotizaciones sociales. De hecho, el saldo de transferencias netas alcanza su valor más negativo alrededor de los 50 años, lo que indica que en ese momento las personas actúan, en promedio, como financiadores netos del resto de la sociedad. Entre los 50 y los 65 años, el perfil económico comienza a modificarse de forma gradual. Los ingresos laborales y la carga fiscal empiezan a reducirse, mientras que ganan peso los rendimientos del ahorro y de los activos acumulados. Con el paso del tiempo, estos ingresos van dejando protagonismo a las pensiones, que se convierten en la principal fuente de recursos tras la jubilación. En esta etapa, el equilibrio entre ingresos y consumo vuelve a depender en gran medida de mecanismos de redistribución, tanto públicos como privados. Las cuentas generacionales de Fedea muestran así que el funcionamiento económico entre generaciones se apoya en tres pilares fundamentales. El primero es el sector público, que redistribuye recursos mediante pensiones, prestaciones en especie y servicios como la sanidad o la educación. El segundo es la familia, que financia gran parte del consumo de los jóvenes a través de transferencias dentro del hogar. Y el tercero es el ahorro y la acumulación de activos, cuyo papel se vuelve más relevante conforme aumenta la edad. En conjunto, estos mecanismos permiten que los superávits generados en las etapas centrales de la vida -cuando también se concentra el mayor esfuerzo fiscal- compensen los déficits que se producen al inicio y al final del ciclo vital.

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