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(Cinco Días, 02-02-2026) | Laboral

El paro ha bajado en España del 10% por primera vez en 17 años

El dato ha sido presentado por el Gobierno como un logro, calificado incluso de "histórico" por la ministra de Trabajo. Y lo es, en cierto modo: resulta significativo que haya sido necesario tanto tiempo para reducir la tasa de paro hasta el 9,9%. También es llamativo que, tras ese recorrido, España continúe encabezando el desempleo en la Unión Europea, cuya media ronda el 6%, y que siga registrando la mayor tasa de paro juvenil del continente. En la actualidad hay alrededor de 2,5 millones de personas desempleadas, algo más de la mitad mujeres, y cerca del 46% corresponde a parados de larga duración o personas que no han tenido empleo previo. Entre quienes sí trabajaron antes, la causa principal del desempleo es la finalización del último contrato. Aproximadamente el 76% de las personas en paro recibe algún tipo de prestación, mayoritariamente la contributiva o el subsidio, con un gasto medio de unos 1.465 euros mensuales por beneficiario. Los hogares en los que todos sus miembros están desempleados suman unos 770.000, y el desembolso presupuestario total en prestaciones por desempleo supera los 2.000 millones de euros al mes. La Encuesta de Población Activa también refleja una cifra récord de ocupación, con cerca de 22,5 millones de personas trabajando. Son dos millones más que en 2007, en pleno auge inmobiliario, y casi diez millones más que en 1994, antes de la entrada en el euro. La evolución por sectores muestra transformaciones relevantes: la agricultura mantiene su tendencia descendente; la industria, pese a las dificultades, ha aumentado el empleo entre 1994 y 2025, lo que cuestiona la idea de una desindustrialización generalizada; la construcción ha perdido más de un millón de ocupados desde 2007; y los servicios han experimentado un crecimiento muy notable, con cuatro millones más de empleos que en 2007 y diez millones más que en 1994. La terciarización de la economía es evidente, aunque bajo esta categoría no solo se incluye el turismo, sino también actividades profesionales, tecnológicas, financieras y de consultoría, que aportan valor añadido y peso a la balanza de pagos. Otros tres aspectos del mercado laboral merecen atención. En primer lugar, el número de trabajadores por cuenta propia ha disminuido en las dos últimas décadas, pese al énfasis político en el emprendimiento. En segundo lugar, el 40% de los ocupados trabaja en empresas de menos de 50 empleados, que constituyen el 97% del tejido empresarial. En tercer lugar, aunque el 88,5% de los asalariados tiene contrato indefinido y solo el 11,5% es temporal, el empleo a tiempo parcial -con salarios que equivalen al 43% de un puesto a jornada completa- representa el 26% del total y afecta mayoritariamente a mujeres. Si se observa únicamente el periodo entre enero y diciembre de 2025, la mayoría de los contratos firmados fueron temporales y, dentro de los indefinidos, los contratos a tiempo parcial y los fijos discontinuos alcanzaron el 60%. Todo ello en un contexto de elevada precariedad, en el que fue necesario formalizar más de 15 millones de contratos para que el empleo asalariado neto aumentara en apenas medio millón al cierre del año. La complejidad del mercado laboral se amplía con otros dos fenómenos relevantes: el aumento de las vacantes y el elevado nivel de absentismo. Según las estadísticas disponibles, la demanda de empleo no cubierta ha crecido de forma sostenida desde la pandemia y supera ya los 150.000 puestos. No obstante, desde el punto de vista empresarial, la dificultad para cubrir vacantes es aún mayor, no tanto por cuestiones salariales como por un choque de expectativas y culturas laborales con las nuevas generaciones, un fenómeno que conviene seguir de cerca. El absentismo laboral alcanza actualmente niveles récord. Más de 300.000 trabajadores faltan cada día a su puesto sin causa justificada y, si se suma la incapacidad temporal, España lidera también este indicador en Europa, con más de 1,5 millones de personas fuera del trabajo diariamente. El impacto sobre la productividad, los costes empresariales y el sistema sanitario es considerable. Los datos muestran que España empeora en absentismo 4,6 veces más que la media de la UE, un liderazgo poco deseable que apenas recibe atención pública. Otro hito reciente lo aporta el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social: a finales de enero, más de tres millones de trabajadores extranjeros estaban afiliados a la Seguridad Social, representando por primera vez el 14% del total, con más de medio millón de autónomos. Estas cifras indican que la economía española ya no atrae únicamente empleo temporal o de bajos salarios, sino también perfiles cualificados -ingenieros, especialistas tecnológicos, analistas financieros- que cubren déficits derivados del desajuste entre formación y necesidades del mercado laboral. Por último, el Informe Foessa de Cáritas pone de relieve una realidad preocupante: la precariedad laboral se ha convertido en una situación habitual, especialmente entre los colectivos más vulnerables. Cerca de 2,5 millones de jóvenes se encuentran atrapados en una precariedad estructural marcada por contratos temporales, jornadas parciales y salarios bajos. El trabajo a tiempo parcial involuntario actúa como una trampa de pobreza, mientras las nuevas generaciones acceden al empleo con remuneraciones sensiblemente inferiores a las de sus predecesores. La vivienda se ha convertido en el principal foco de desigualdad y tener empleo ya no garantiza escapar de la pobreza. Según el informe, España destaca en Europa como un caso extremo de fragilidad económica, con vulnerabilidades muy elevadas pese al crecimiento macroeconómico.

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(Expansión, 02-02-2026) | Laboral

Sánchez ultima otro decreto para reactivar el alza de pensiones

El Ejecutivo negocia a toda prisa para conseguir los respaldos necesarios a un nuevo paquete normativo, después de que el Congreso rechazara el decreto ómnibus, con el objetivo de aprobarlo entre mañana y el próximo Consejo de Ministros y evitar que la situación afecte al abono de las pensiones. "Quiero decirles a los jubilados y jubiladas de toda España que las pensiones se van a revalorizar, pase lo que pase y con o sin el apoyo del PP, como hemos venido haciendo durante los últimos siete años mientras he sido presidente del Gobierno. Ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir", aseguró ayer Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, en un acto electoral celebrado en Teruel con motivo de las elecciones autonómicas aragonesas del próximo domingo. Según fuentes oficiales, el Gobierno trabaja contrarreloj para sumar apoyos a un nuevo decreto que permita recuperar la subida de las pensiones, tras el rechazo parlamentario al macrodecreto aprobado la semana pasada. Desde La Moncloa insisten en que el Ejecutivo "está trabajando para sacarlo adelante lo antes posible" y confían en llevar la iniciativa al Consejo de Ministros de mañana o, como máximo, al de la próxima semana, con el fin de evitar que el bloqueo legislativo tenga consecuencias en la próxima paga de los pensionistas. El Real Decreto-ley aprobado el pasado 23 de diciembre contemplaba una actualización del 2,7% de las pensiones contributivas para compensar la inflación, además de incrementos de entre el 7% y el 11,4% en las pensiones mínimas y una subida del 11,4% del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pese a que esta medida contaba con un amplio respaldo parlamentario, PP, Vox, Junts y UPN sumaron sus votos para rechazar el decreto ómnibus, que vinculaba la revalorización de las pensiones a una nueva prórroga del llamado escudo social. Este incluía, entre otras medidas, la extensión de la prohibición de desahucios a familias sin alternativa habitacional y el mantenimiento del veto a los cortes de suministros básicos a personas vulnerables. El texto también recogía la prórroga de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, la retirada de la obligación de que los desempleados declaren el IRPF, nuevos coeficientes del impuesto de plusvalía, el mantenimiento de cuotas y módulos de los autónomos, diversas exenciones fiscales -como las ligadas a la rehabilitación de viviendas o la compra de vehículos eléctricos- y ayudas para los damnificados por la dana. El Gobierno sostiene que su intención es recuperar todas las medidas incluidas en el decreto, aunque aún está por ver con qué apoyos parlamentarios logrará aprobarlas. En este contexto se enmarcan los recientes acuerdos con Podemos para la regularización de cerca de 500.000 inmigrantes en situación irregular y con Junts para avanzar en la cesión de competencias en materia migratoria a Cataluña, movimientos destinados a recomponer la mayoría parlamentaria. Desde el PP reclamaron ayer al Ejecutivo que reactive de inmediato la subida de las pensiones, pero a través de un decreto específico y separado que pueda contar con su respaldo. El decreto rechazado también contemplaba la prórroga provisional del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 durante este año, por lo que, de forma oficial, esa referencia ha quedado sin efecto. No obstante, el Gobierno alcanzó el jueves un acuerdo bilateral con los sindicatos -sin el apoyo de las organizaciones empresariales- para incrementar el SMI un 3,1% en 2026, hasta situarlo en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Esta medida será aprobada mañana en el Consejo de Ministros para poner fin al vacío legal generado.

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(Expansión, 02-02-2026) | Laboral

El "Observatorio de las ocupaciones" del SEPE señala que el número de vacantes ha ido aumentando en los últimos año

Camareros, chefs, trabajadores de la construcción, conductores de camión, personal de enfermería, cuidadores y médicos de atención primaria figuran entre las profesiones en las que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha identificado una falta significativa de personal, hasta el punto de que cerca del 20% de las vacantes resultan prácticamente imposibles de cubrir. Según el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, el número de puestos sin cubrir no ha dejado de crecer en la última década: de unos 56.000 en 2014 se ha pasado a casi 150.000 en 2024, y a cierre del tercer trimestre de 2025 la cifra ya superaba las 152.000 vacantes, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a este aumento, las vacantes siguen representando menos del 1% del total de la oferta de empleo, muy por debajo de la media europea, situada en torno al 3%. El observatorio subraya además que aproximadamente un tercio de esos puestos corresponde al sector público y pone como ejemplo que el 80% de las plazas sin cubrir en el ámbito de los cuidados debería ser atendido por la Administración. Del conjunto de vacantes detectadas, únicamente el 2,1% se cubre con facilidad, mientras que el 79,3% presenta serias dificultades para encontrar candidatos y el 18,6% se considera directamente de cobertura imposible. El SEPE atribuye este problema, por un lado, al envejecimiento de la población y al rechazo de determinadas condiciones laborales -especialmente en la construcción y la hostelería- y, por otro, al desajuste entre las competencias que demandan las empresas y la formación de los trabajadores, sobre todo en empleos de cualificación media y alta. Los mayores desequilibrios se concentran en la hostelería, la construcción, las actividades sanitarias y el transporte, aunque también destaca el sector agrario. En este último, el organismo resalta la necesidad de mano de obra extranjera, en contraste con el hecho de que numerosos trabajadores españoles opten por desplazarse a la vendimia francesa, donde encuentran condiciones más atractivas. Esta situación convive con un elevado número de personas en desempleo -2,47 millones a finales de 2025, según la Encuesta de Población Activa (EPA)-, si bien el observatorio apunta que muchos parados nacionales muestran reticencias a aceptar empleos de baja cualificación. En 2025, un total de 25.767 trabajadores migrantes accedieron al mercado laboral español a través del programa de gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO), una cifra récord que supera las más de 20.000 incorporaciones de 2024 y las 19.000 de 2023, según datos recogidos por la agencia Efe. Estos programas, en funcionamiento desde hace más de veinticinco años, permiten la tramitación conjunta de los permisos de residencia y trabajo para ciudadanos extracomunitarios que no se encuentran ni residen en España. Marruecos fue el principal país de origen en el último ejercicio, con el 81% de las contrataciones, de las cuales nueve de cada diez correspondieron a mujeres con una edad media de 43 años empleadas en explotaciones agrícolas. Otra herramienta para cubrir puestos vacantes en el exterior es el catálogo trimestral de ocupaciones de difícil cobertura que elabora el SEPE y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este instrumento facilita la concesión de autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena a ciudadanos extranjeros. El catálogo es limitado y se centra en empleos para los que no existen candidatos en el mercado nacional y que se repiten en todo el territorio, como ocurre con muchas profesiones de la marina mercante. En el correspondiente al último trimestre de 2025 figuran marineros, pilotos de buques mercantes, oficiales radioelectrónicos, mecánicos, maquinistas, engrasadores, contramaestres, mozos de cubierta, caldereteros y frigoristas navales, además de cocineros, camareros y mayordomos de buque. También incluye distintas especialidades del sector de la construcción y la edificación, como carpinteros metálicos, instaladores electricistas y operadores de grúa, así como entrenadores y deportistas profesionales.

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(El Economista, 02-02-2026) | Laboral

La subida del SMI eleva el coste mínimo por cada trabajador en 690 euros al año

El Ejecutivo tiene previsto aprobar a lo largo de este mes el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales repartidos en 14 pagas, lo que supone unos ingresos anuales de 17.094 euros. Esta cuantía ha sido pactada con los sindicatos, pese al rechazo de la CEOE, y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Junto a la mejora salarial, también aumentarán las cotizaciones sociales, de modo que el coste para las empresas se elevará en al menos 690 euros anuales por trabajador respecto al año anterior. El Ministerio de Trabajo optó por una subida del 3,1% del SMI, siguiendo la recomendación del comité asesor en un escenario en el que no se aplicara tributación. A diferencia de lo ocurrido en el ejercicio previo, el Ministerio de Hacienda se comprometió desde el inicio de las negociaciones a mantener este nivel salarial exento del IRPF. Por este motivo, en el diálogo con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme no se barajaron alternativas con importes distintos. Como consecuencia de esta actualización, el coste mínimo que deberán asumir las empresas por cada trabajador con salario mínimo ascenderá a unos 23.470 euros anuales, frente a los aproximadamente 22.780 euros correspondientes al SMI vigente a comienzos de 2025. No obstante, esta cifra es orientativa, ya que en los sectores con mayor nivel de riesgo laboral el desembolso será superior, al aplicarse tipos de cotización más elevados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Los cálculos realizados parten de un tipo del 1,5% para estas contingencias, habitual en empleos de oficina, asesorías o despachos profesionales. Sin embargo, este porcentaje puede situarse entre ese mínimo y el 7,15%, según la actividad económica, lo que genera diferencias de hasta 1.120 euros en las aportaciones a la Seguridad Social entre unas empresas y otras. Desde la patronal señalan que la media ponderada ronda el 2%, aunque en sus estimaciones suelen emplear un 3%. Al igual que sucede con las cotizaciones por contingencias comunes, desempleo, formación profesional, FOGASA o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -que ha experimentado un ligero aumento a comienzos de año-, la cotización por accidentes se calcula sobre la base mínima, que se incrementa con el SMI al equivaler a este salario más una sexta parte. En la actualidad, dicha base se sitúa en 1.381,2 euros y, tras la subida, pasará a 1.416 euros. De este modo, las empresas pagarán de media unos 6.375 euros anuales en cotizaciones por cada trabajador que cobre el SMI, lo que supone 173 euros más que el año anterior. La mayor parte del incremento del coste laboral se trasladará directamente al salario del trabajador, con un aumento de 518 euros anuales. El MEI es el único componente de cotización que ha subido de forma directa, por lo que la principal causa del encarecimiento es la ampliación de la base mínima. Durante las negociaciones del SMI, tanto los agentes sociales como el Ministerio de Trabajo adelantaron que Hacienda pretendía repetir el sistema aplicado en 2025, creando una nueva deducción para evitar que estos salarios tributen. El departamento dirigido por María Jesús Montero ha confirmado su intención de hacerlo, aunque aún no ha concretado el importe de la ampliación de la deducción introducida el año pasado, que permitiría este ajuste sin modificar el mínimo exento. Los Técnicos de Hacienda (GESTHA) señalaron el pasado viernes que dicha deducción debería alcanzar los 592 euros para impedir que los trabajadores solteros y sin hijos que perciben el SMI tengan que pagar IRPF. No obstante, el colectivo volvió a mostrar su rechazo a esta solución transitoria, que implica retenciones mensuales y devoluciones posteriores en la declaración de la renta, y reclamó elevar directamente el mínimo exento. Además, estimaron en unos 200 millones de euros la merma de recaudación derivada de mantener el SMI libre de tributación. Por otro lado, las empresas de trabajo temporal han advertido del impacto económico de la revisión de las nóminas correspondientes al mes de enero. Aunque todavía no se ha concretado la fecha exacta de aprobación del nuevo SMI, su entrada en vigor con carácter retroactivo obligará a rehacer millones de nóminas, lo que conlleva tanto un coste económico -por las diferencias salariales y de cotización- como un esfuerzo administrativo significativo. La patronal de las ETT y Agencias de Empleo, ASEMPLEO, alertó de que este proceso puede suponer un sobrecoste administrativo cercano a los 2,9 millones de euros para el conjunto de las empresas, debido al retraso en la publicación oficial del SMI de 2026 y su aplicación desde el inicio del año. En el caso concreto de las ETT, el coste estimado asciende a unos 690.000 euros, agravado por el hecho de que muchos trabajadores ya no permanecen en las mismas empresas. Según detallan, cada recálculo requiere unos 14 minutos de gestión, con un coste horario de consultoría de nóminas de 57 euros y un gasto unitario de 13,30 euros, lo que afecta especialmente a sectores con alta rotación de personal. El presidente de ASEMPLEO, Andreu Cruañas, subrayó que la dificultad para trasladar estos costes administrativos al cliente final reduce los márgenes y la productividad, perjudicando la competitividad de un sector sometido a elevadas exigencias normativas. Por ello, la organización, integrada en la CEOE, solicitó que la aplicación del nuevo SMI se posponga hasta el momento de su aprobación oficial, en lugar de tener efectos retroactivos desde enero. A su juicio, que las empresas conozcan con antelación la normativa y puedan calcular sus costes resulta esencial para una correcta planificación.

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(El Economista, 02-02-2026) | Laboral

Díaz calcula que los salarios crecerán 234 euros al mes al sumar los pluses al SMI

El Ministerio de Trabajo alcanzó el pasado jueves un principio de acuerdo con los sindicatos en el que no solo asumió el compromiso de elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.221 euros mensuales, sino también de modificar la normativa vigente para garantizar que los complementos salariales por conceptos como peligrosidad o trabajo nocturno se sumen a ese umbral mínimo. El Ejecutivo considera que este cambio puede aprobarse vía reglamentaria y que supondrá, de media, un incremento adicional de 234 euros mensuales, según explicó Yolanda Díaz en un vídeo institucional. "La plantilla percibirá ambos conceptos: el SMI de 1.221 euros y, además, los complementos que le correspondan. Esto se traducirá, de media, en unos 234 euros más al mes, algo que hasta ahora apenas se reflejaba en la nómina", señaló la vicepresidenta segunda del Gobierno en un mensaje difundido este viernes. En términos anuales, el aumento podría superar los 3.000 euros, dado que el salario mínimo se abona en 14 pagas. CCOO y UGT llevan años reclamando una modificación legal que ponga fin a la denominada "absorción y compensación" de complementos salariales. Tanto el Estatuto de los Trabajadores como la jurisprudencia del Tribunal Supremo establecen que las empresas deben garantizar, como mínimo, el SMI, pero permiten alcanzarlo mediante la suma del salario base y los complementos. Sin embargo, Gobierno y sindicatos consideran esta práctica injusta, ya que a medida que sube el SMI muchos trabajadores dejan de percibir compensaciones por condiciones especialmente duras, riesgos laborales o mayor carga de trabajo, de modo que el incremento apenas se percibe en su sueldo final. El Ministerio de Trabajo ya se comprometió el año pasado a modificar la redacción del real decreto que regula anualmente el SMI para limitar esta práctica. El nuevo preacuerdo convierte ese cambio en una condición clave para que los sindicatos respalden la subida del 3,1%. El Ejecutivo pretende aprovechar la transposición pendiente de la directiva europea sobre salarios mínimos para introducir esta reforma y confía en hacerlo sin necesidad de pasar por el Congreso, pese a las reticencias expresadas por la CEOE y algunos grandes despachos de abogados. En octubre, el Gobierno presentó un primer borrador a patronal y sindicatos en el que proponía una redacción alternativa que mantenía abierta la posibilidad de compensar y absorber los complementos, salvo los incluidos en una extensa relación posterior. Dado que en esa lista figuraban la mayoría de los pluses habituales, la patronal advirtió de que recurriría la medida ante los tribunales, mientras que desde el ámbito sindical se cuestionaba la viabilidad de ese planteamiento. Ante ello, CCOO y UGT defienden una reorganización de los complementos salariales que permita distinguir claramente entre aquellos vinculados a formación específica, condiciones concretas de trabajo u horarios especiales, y los que se aplican de forma generalizada en los convenios o están asociados a determinados puestos. Al tratarse de una modificación relevante del real decreto del SMI, el texto que finalmente acuerde Trabajo con los sindicatos deberá someterse a trámites como el informe del Consejo de Estado. Por este motivo, la reforma no llegará al Consejo de Ministros al mismo tiempo que la subida del salario mínimo. No obstante, CCOO y UGT reclaman disponer de ambos borradores antes de firmar definitivamente el acuerdo para elevar el SMI a 1.221 euros mensuales, una vez que sus órganos internos lo aprueben formalmente. Aunque los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes, fuentes del diálogo social reconocen que un informe negativo podría dificultar una tramitación que ya cuenta con la oposición expresa del Ministerio de Economía, lo que podría obligar a llevar la iniciativa al Congreso de los Diputados. Desde la CEOE ya advirtieron meses atrás de que este cambio en el tratamiento de los complementos salariales podría traducirse en incrementos de entre el 15% y el 25% en los salarios, en función del peso del SMI en cada sector y de los pluses establecidos en los distintos convenios colectivos.

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(El Economista, 02-02-2026) | Laboral

La regularización sumará cerca de 70.000 nuevos autónomos, según UPTA

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) calcula que la regularización de personas extranjeras podría generar alrededor de 70.000 nuevas altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Según la organización, aproximadamente un 14% de las personas regularizadas optarían por iniciar un proyecto empresarial y desarrollar una actividad por cuenta propia. El Gobierno aprobó el pasado martes un proceso extraordinario de regularización dirigido a extranjeros que carecen de documentación y que ya se encuentran en España. La ministra de Seguridad Social indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se estima que la medida beneficiará a cerca de 500.000 personas. UPTA subraya que esta iniciativa, lejos de ser un obstáculo económico, representa una oportunidad estratégica para afrontar uno de los principales desafíos estructurales del país: el envejecimiento de la población activa y la próxima jubilación de miles de trabajadores, tanto asalariados como autónomos. Además, la organización destaca que esta medida permitirá avanzar de manera significativa en la lucha contra la economía sumergida. El efecto de la regularización se reflejará, una vez completada, en los datos de afiliación a la Seguridad Social. Actualmente, los autónomos inmigrantes contribuyen con cerca de 10.500 millones de euros al Producto Interior Bruto y han aportado más de 8.500 millones en cotizaciones sociales, mientras que las prestaciones que han recibido no superan los 6.000 millones de euros. Asimismo, UPTA señala que el emprendimiento extranjero ha sido clave para el crecimiento del RETA: en 2025, más del 80% de las nuevas altas en este régimen correspondieron a personas de origen extranjero que optaron por trabajar por cuenta propia. La organización también resalta que la regularización llega en un momento especialmente crítico, dado que muchos sectores productivos enfrentan dificultades para cubrir vacantes, mientras que miles de pequeños negocios necesitan relevo generacional y mano de obra cualificada. Sin embargo, UPTA insiste en que este proceso debe ir acompañado de un esfuerzo adicional en formación y recualificación profesional para los trabajadores y emprendedores implicados. El presidente de la organización, Eduardo Abad, señaló que "es nuestra responsabilidad desmontar con hechos y cifras las falsedades difundidas por la ultraderecha. Las personas inmigrantes aportan mucho más de lo que cuestan y resultan imprescindibles para sectores abandonados durante años por autónomos y asalariados españoles. No se trata solo de empleo o economía, sino de derechos humanos. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos no puede ni debe repetirse en España. No lo permitiremos".

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(Expansión, 02-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Producto Interior Bruto creció en 2025 un 2,8% gracias al tirón del consumo y la inversión

Así lo refleja el avance de la Contabilidad Nacional difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que pone de manifiesto una desaceleración del crecimiento económico en 2025. La economía española avanzó siete décimas menos que el año anterior, cuando el PIB creció un 3,5%. En términos nominales, el producto interior bruto alcanzó en 2025 los 1.685.783 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,7% respecto a 2024. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, subrayó que se trata de un crecimiento "robusto, apoyado en el consumo y la inversión". "Hemos cerrado el año con un crecimiento del 2,8%, a la cabeza de las economías avanzadas y prácticamente duplicando el ritmo de la zona euro", señaló en un vídeo difundido por su departamento. Aunque el avance del PIB se moderó en el conjunto del año, la actividad económica cobró impulso en el último trimestre, con un crecimiento del 0,8%, dos décimas más que en el trimestre anterior. Este repunte estuvo impulsado por la demanda interna, que contribuyó con un punto al crecimiento trimestral, mientras que el sector exterior tuvo un efecto negativo de dos décimas en el tramo final del año. Desde el punto de vista de la demanda, el consumo final de los hogares aumentó un 1% y el de las Administraciones Públicas un 0,1%. La formación bruta de capital creció un 1,7%. Las exportaciones de bienes y servicios avanzaron un 0,8% intertrimestral, lo que supone un incremento de 1,5 puntos respecto al tercer trimestre, mientras que las importaciones aumentaron un 1,4%, una décima más que en el trimestre precedente. Por el lado de la oferta, todos los grandes sectores registraron crecimientos. La industria avanzó un 0,3% entre octubre y diciembre; la construcción se incrementó un 2,1%, cuatro décimas más que en el trimestre anterior; y los servicios mantuvieron un ritmo similar al previo, con un crecimiento del 0,8%. La agricultura, por su parte, aumentó un 0,2%, un punto más que en el trimestre anterior. En términos interanuales, el PIB creció un 2,6% en el cuarto trimestre, una décima menos que en el trimestre previo y la tasa más baja en dos años, concretamente desde finales de 2023. La demanda interna aportó 3,6 puntos al crecimiento interanual, mientras que la demanda externa restó un punto. El consumo final aumentó un 2,9% interanual, una décima más que en el trimestre anterior: el gasto de los hogares se aceleró hasta el 3,3% y el de las Administraciones Públicas alcanzó el 1,7%. La formación bruta de capital creció un 6,5%, aunque con una desaceleración de 1,7 puntos respecto al trimestre previo. Las exportaciones de bienes y servicios avanzaron un 3,5% interanual, siete décimas más que en el tercer trimestre, mientras que las importaciones aumentaron un 6,9%, dos décimas por encima del periodo anterior. Por sectores de actividad, la industria registró un crecimiento del 2,8%, la construcción del 7,2%, los servicios del 2,8% y la agricultura del 1,3%.

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(El País, 02-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Diferentes estudios muestran que hasta ahora las empresas americanas absorben el alza de costes

Los aranceles suelen ser descritos por muchos economistas críticos como un impuesto que un país acaba imponiéndose a sí mismo, con efectos similares a los de la inflación. La ofensiva arancelaria impulsada por Donald Trump en abril de 2025, el denominado "Día de la Liberación", ha confirmado en buena medida esa idea. Diversos estudios sobre su impacto a lo largo de 2025, así como los análisis del Fondo Monetario Internacional, coinciden en que el coste de los gravámenes sobre las importaciones ha recaído mayoritariamente en Estados Unidos, ya sea a través de una reducción de los márgenes de las empresas que comercializan esos productos o mediante un encarecimiento de los precios finales para los consumidores. No obstante, los efectos indirectos o a medio plazo todavía podrían manifestarse. En aquel anuncio solemne desde la Casa Blanca, Trump proclamó que el 2 de abril de 2025 pasaría a la historia como el día en que la industria estadounidense renacía y el país recuperaba su destino económico. Sin embargo, gran parte de esas promesas no se materializaron. Las tarifas anunciadas, exhibidas en dos grandes paneles, terminaron siendo rebajadas o directamente suspendidas, en buena medida por la reacción negativa de los mercados financieros. La venta masiva de deuda pública estadounidense elevó los rendimientos de los bonos y encareció la financiación de una deuda ya muy abultada. Este factor explica en parte por qué el impacto de los aranceles estadounidenses -que aun así alcanzaron niveles no vistos desde 1932- no provocó el terremoto económico global que muchos anticipaban. En aquel momento, Trump anunció un arancel mínimo del 10%, con incrementos para los países con los que Estados Unidos mantenía mayores déficits comerciales. Para la Unión Europea, por ejemplo, la tasa prevista era del 20%. Tras meses de negociaciones, Washington y Bruselas cerraron en verano un acuerdo que fijó un arancel del 15% para la mayoría de productos europeos, dejando fuera sectores como el aeronáutico y determinados productos químicos y agrícolas. A ello se sumó la capacidad de adaptación de las empresas, que ajustaron sus cadenas de suministro para reducir el impacto. Un estudio del Center for Economic Policy Research publicado en enero muestra que entre abril y agosto se aceleró el desvío del comercio exterior estadounidense hacia otros socios, especialmente México y Canadá, según los datos de importaciones del US Census Bureau. Este reajuste del comercio internacional coincide con la evaluación del FMI. El arancel medio efectivo terminó situándose en el 18,5%, por debajo de las previsiones iniciales, mientras que el sector privado reconfiguró sus cadenas de suministro y el comercio mundial continuó mostrando fortaleza. El economista jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, señaló recientemente que los datos evidencian que el coste de los aranceles lo ha asumido Estados Unidos y que, en la práctica, funcionan como un impuesto interno. Otros estudios refuerzan esta conclusión. El instituto alemán Kiel Institute estima que los importadores estadounidenses absorbieron el 96% del coste de los aranceles, frente al 4% asumido por los exportadores extranjeros. Este análisis se basa en el seguimiento de 25 millones de operaciones comerciales por valor de cuatro billones de dólares entre abril y agosto, y calcula que los ingresos aduaneros aumentaron en unos 200.000 millones de dólares en 2025, sufragados casi íntegramente por agentes estadounidenses. Un trabajo elaborado por economistas de Harvard y de la Universidad de Chicago subraya la diferencia entre los aranceles anunciados y los finalmente aplicados, en gran parte debido a las exenciones introducidas por Washington, como en el caso de los semiconductores. El estudio concluye que alrededor del 94% del coste de los aranceles recayó sobre empresas estadounidenses, un porcentaje superior al observado durante la guerra comercial con China en 2018 y 2019, cuando fue del 80%. China ilustra bien la reorientación del comercio: su peso en las exportaciones estadounidenses pasó del 22% a finales de 2017 al 12% en 2024 y al 8% en septiembre de 2025. Pese a las distorsiones comerciales, la economía mundial ha seguido avanzando. Políticas fiscales y monetarias claramente expansivas, junto con la inversión tecnológica, han permitido mantener un crecimiento global cercano al 3%. Estados Unidos, impulsado especialmente por el auge de la inteligencia artificial, se perfila además como una de las economías más dinámicas de cara a 2026. Miguel Otero, investigador principal de Economía Política Internacional del Real Instituto Elcano, advierte de que los efectos de este tipo de medidas tardan en trasladarse plenamente a la economía real. Señala que a corto plazo el impacto puede ser limitado, como ocurrió con el Brexit, pero que las consecuencias sobre la inversión y la confianza son evidentes, en un contexto de elevada incertidumbre y sin que se haya producido la reindustrialización prometida. El desenlace de esta política arancelaria aún no está cerrado. Las tarifas se encuentran ahora bajo revisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que debe decidir si la Administración Trump podía ampararse en la Ley de Emergencia de 1977 para imponerlas. Se trata de una decisión de gran calado para la economía del país. A corto plazo, la reacción de los mercados ya es conocida, pero el consenso entre los economistas llama a la cautela: los aranceles han supuesto un freno que ha sido compensado por otros factores y cuyos efectos a medio plazo todavía están por materializarse.

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(El Economista, 02-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los beneficiarios del bono social eléctrico pagarán hasta un 46% más en su factura de la luz

A finales de diciembre, cerca de 1,7 millones de hogares en situación de vulnerabilidad recibieron con alivio la aprobación en el Consejo de Ministros del real decreto-ley que prorrogaba durante todo 2026 las medidas del denominado escudo social. En el ámbito energético, la norma aseguraba el suministro de electricidad y agua y mantenía los descuentos vigentes del bono social eléctrico, del 42,5% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos. Sin embargo, el rechazo del Pleno del Congreso el pasado martes, con los votos contrarios de PP, Vox y Junts, ha devuelto a estas familias al escenario previo, marcado por una mayor incertidumbre y un notable encarecimiento de sus recibos. El aumento de la factura se explica porque, al no prorrogarse los descuentos actuales, estos regresan a los niveles establecidos tras el fin de la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania: un 35% para los consumidores vulnerables y un 50% para los vulnerables severos. Esto supone una reducción de 7,5 y 15 puntos porcentuales, respectivamente, frente a lo que contemplaba la propuesta que finalmente no salió adelante. De acuerdo con las estimaciones de Papernest, esta rebaja en las ayudas se traducirá, para un hogar tipo -con una potencia contratada de 4 kW y un consumo mensual de 290 kWh-, en un incremento del recibo de la luz del 30% en el caso de los vulnerables y del 46% para los vulnerables severos. Aunque la prórroga decayó en el Congreso junto al resto del decreto ómnibus, el Ejecutivo aún dispone de margen para recuperarla si opta por separar esta medida del conjunto y logra los apoyos parlamentarios necesarios para sacarla adelante. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el año 2025 cerró con 1.752.902 beneficiarios del bono social eléctrico. De ellos, el 47% correspondía a consumidores vulnerables (813.442), el 52% a vulnerables severos (904.700) y el 0,45% a hogares en riesgo de exclusión social (7.760). En los últimos años, los descuentos asociados al bono social han experimentado importantes cambios en función del contexto económico. Inicialmente fijados en el 25% y el 40%, se elevaron hasta el 65% y el 80% como parte de la respuesta del Gobierno a la crisis energética, junto a medidas como la llamada Excepción Ibérica. En el verano de 2024 se inició un retorno gradual a niveles más habituales, situándolos en el 35% y el 40%. No obstante, durante las Navidades de ese mismo año se decidió ampliar temporalmente la protección: el descuento para los consumidores vulnerables se estableció en el 50% durante el primer semestre, en el 42,5% en la segunda mitad del año y en el 35% a partir de 2026. Un esquema similar se aplicó a los vulnerables severos, que disfrutaron de rebajas del 65% en el primer semestre, del 57,5% en el segundo y del 50% desde 2026.

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(El Economista, 30-01-2026) | Fiscal

Hacienda incrementa las inspecciones sobre las estructuras que inflan créditos fiscales para sus socios

La Agencia Tributaria ha intensificado su vigilancia sobre el uso de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) cuando se emplean para generar créditos fiscales artificiales o sobredimensionados con el objetivo de reducir la carga tributaria de sus socios. Las AIE son estructuras legales habitualmente utilizadas para financiar proyectos de I+D+i o producciones audiovisuales, como películas o series. En estos casos, una empresa que necesita financiación recurre a un inversor privado, que aporta capital a través de una AIE creada específicamente para el proyecto. Desde el punto de vista fiscal, estas agrupaciones no tributan como entidad propia, sino que los beneficios, pérdidas y deducciones se trasladan directamente a sus socios. Así, si un inversor aporta, por ejemplo, 10 millones de euros y el proyecto genera pérdidas, estas se convierten en créditos fiscales que el socio puede utilizar para reducir su factura tributaria. A ello se suman las deducciones vinculadas a actividades de I+D+i, lo que puede hacer rentable la operación incluso aunque el proyecto no obtenga beneficios económicos directos. Según explica Javier Lucas, socio responsable del área fiscal de Ceca Magán, este tipo de estructuras cuentan con respaldo legal y han sido avaladas en numerosas ocasiones por la Dirección General de Tributos, ya que su finalidad es fomentar la inversión privada en determinados sectores mediante incentivos fiscales. No obstante, el experto advierte de que en algunos casos se han detectado prácticas abusivas, lo que ha llevado a la Inspección a intensificar los controles. "Se están revisando tanto estructuras claramente irregulares como otras que, en principio, parecen ajustadas a la norma", señala. En concreto, Hacienda analiza si la actividad declarada es realmente un proyecto de I+D y, en segundo lugar, si los costes declarados se corresponden con la realidad. El foco está en detectar posibles inflados artificiales del presupuesto con el objetivo de generar mayores deducciones fiscales. Por ejemplo, si un proyecto requiere 10 millones de euros pero se factura por 18 millones, el crédito fiscal generado sería muy superior al que correspondería en condiciones normales. "La Agencia Tributaria comprueba si la facturación es real o si existe simulación. Primero revisa la AIE y a la empresa ejecutora del proyecto, aunque a estas normalmente solo se les impone una sanción. Después, una vez determinado el crédito fiscal correcto, regulariza la situación del socio inversor", explica Lucas. La propia Agencia Tributaria reconoce que ha reforzado el control sobre estas estructuras en los últimos años. De hecho, el Plan Anual de Control Tributario de 2025 ya advertía de una supervisión específica sobre el uso de las AIE como instrumentos para canalizar deducciones fiscales. Según el organismo, ante la proliferación de este tipo de vehículos resulta imprescindible verificar que se cumplen todos los requisitos legales para aplicar los beneficios fiscales. En especial, se vigilan aquellos casos en los que se detectan prácticas abusivas, simulaciones o incrementos artificiales de los créditos fiscales que desvirtúan el objetivo para el que fueron creados estos incentivos.

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