(Expansión, 30-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno intenta calmar las críticas de Bruselas comprometiéndose a otorgar al Banco de España la autoridad "exclusiva" en materia de supervisión prudencial, aunque busca mantener parte de sus propias competencias. Apurando el plazo límite, el Ejecutivo español envió ayer su respuesta formal al expediente abierto por la Comisión Europea por su presunta intromisión en la fallida opa de BBVA sobre Banco Sabadell. En la carta, remitida por el Ministerio de Economía, el Gobierno defiende que la legislación nacional que amparó su actuación se ajusta plenamente a las normas comunitarias, y asegura que en el futuro la supervisión prudencial recaerá "en exclusiva" sobre las autoridades financieras. Sin embargo, evita renunciar a sus actuales facultades, intentando conservar su poder de veto sobre las fusiones bancarias, algo que ahora deberá analizar Bruselas.
La Comisión Europea inició el procedimiento de infracción en julio, al considerar que la normativa española que permitió al Gobierno intervenir y retrasar la opa vulnera las reglas europeas. En su comunicado, Bruselas advertía que ciertas disposiciones del marco legal español conceden al Ejecutivo poderes "ilimitados" para intervenir en fusiones y adquisiciones bancarias, interfiriendo con las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales. Además, la Comisión cuestionó la exigencia de que BBVA y Sabadell siguieran operando como entidades separadas durante tres años, al entender que esa medida no responde a razones de orden público o seguridad que no estén ya cubiertas por la legislación europea. Las observaciones se centraban principalmente en la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 y en la Ley de Solvencia de 2014.
Aunque inicialmente Bruselas concedió dos meses para responder, el Gobierno solicitó una prórroga de seis semanas más, que se agotó este miércoles. En su carta, según fuentes oficiales, el Ejecutivo reitera los argumentos defendidos por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien sostiene que "la normativa española es plenamente compatible con la europea" en materia de fusiones bancarias.
Aun así, el Gobierno reconoce que "en el futuro, en el marco de la transposición de la nueva Directiva de Requerimientos de Capital (CRD VI), se adaptará la normativa nacional para garantizar la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en supervisión prudencial, sin perjuicio del papel de otras autoridades dentro de sus competencias, como la CNMC".
Cabe recordar que la supervisión prudencial ya recae actualmente sobre los organismos financieros. De hecho, el Banco Central Europeo emitió su propio dictamen sobre la operación de BBVA y Sabadell. La nueva directiva, no obstante, reforzará formalmente esa competencia exclusiva. El Gobierno, por su parte, evita ceder más poder del exigido por la norma europea y busca mantener sus atribuciones en materia de competencia y control de las fusiones, un aspecto que la Comisión Europea deberá ahora valorar detenidamente.