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(El País, 28-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Cómo afecta a España el acuerdo arancelario alcanzado entre la UE y EE UU

La Unión Europea ha acordado aplicar un arancel del 15% a sus exportaciones dirigidas a Estados Unidos, en un acuerdo cerrado entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el mandatario estadounidense, Donald Trump. Este entendimiento, alcanzado el domingo, llega casi cuatro meses después de que la Casa Blanca diera inicio formal a su ofensiva comercial global. A pesar del nuevo impuesto, el impacto en la economía española será limitado, ya que solo el 5% de sus exportaciones tiene como destino EE. UU. No obstante, hay sectores que podrían verse más afectados, como el agroalimentario -incluyendo aceite y vino-, así como la maquinaria y los equipos eléctricos. Las negociaciones entre Bruselas y Washington comenzaron a mediados de abril, pocos días después de que Trump anunciara una ola de aranceles a escala global, alterando el equilibrio económico internacional. Durante los meses siguientes, en medio de la presión de los mercados, Trump cambió de rumbo varias veces, pospuso medidas y selló acuerdos bilaterales con países como Reino Unido y Japón. En ese lapso, diversos organismos elaboraron estudios para calcular el posible efecto de estas tarifas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó que España sería una de las economías menos afectadas dentro de la UE por un arancel del 10%, inicialmente previsto por Washington, que incluso llegó a hablar de un 20% para Europa. Según el FMI, cada 10 puntos porcentuales de arancel se traducen en una reducción del 0,1% del PIB español. Así, el arancel del 15% pactado implicaría una caída estimada del 0,15% en la actividad económica a corto y medio plazo. El Banco de España presentó una estimación similar: con un arancel del 10%, proyectaba una reducción del 0,11% del PIB en un periodo de tres años. La razón principal de este impacto limitado está en el bajo nivel de intercambio comercial entre España y Estados Unidos. De hecho, España mantiene un déficit comercial con ese país: en 2024 importó bienes por más de 28.000 millones de euros y solo exportó cerca de 18.000 millones, generando un saldo negativo de unos 10.000 millones. Además, los servicios -que no están sujetos a estos aranceles- ocupan un lugar importante en las relaciones económicas bilaterales. Aun así, ciertos sectores sí sentirán con mayor intensidad las consecuencias del acuerdo, como ya ocurrió durante el primer mandato de Trump con otras medidas similares. Uno de los casos más notables es el del vino: Estados Unidos es el segundo mayor comprador de vino envasado español (después del Reino Unido) y el principal destino de los vinos espumosos. En 2024, las exportaciones españolas de vino a EE. UU. alcanzaron los 390 millones de euros, según la Federación Española del Vino (FEV). El aceite de oliva también está entre los productos más vulnerables. Según el Ministerio de Economía, España exporta productos agroalimentarios a EE. UU. por más de 3.500 millones de euros al año, y más de 1.000 millones corresponden al aceite de oliva. Desde el punto de vista del consumidor estadounidense, esto también supone un encarecimiento, ya que más del 30% del aceite que consume proviene de España, al igual que una proporción similar de las aceitunas. Otro sector con gran exposición es el de maquinaria y material eléctrico y mecánico, que depende en gran medida del mercado estadounidense. Las exportaciones españolas en este rubro superaron los 4.000 millones de euros en 2024. También destacan las manufacturas de piedra, vidrio, joyería, y los productos metálicos, todos ellos con ventas a EE. UU. superiores a los 1.000 millones de euros, según datos de la Cámara de Comercio. Los productos químicos y farmacéuticos también tienen una presencia significativa en el mercado estadounidense, con exportaciones por encima de los 3.000 millones de euros el año pasado. Sin embargo, de acuerdo con la información preliminar del acuerdo, estos sectores podrían quedar parcialmente exentos del nuevo arancel. Von der Leyen ha indicado que ciertos productos considerados estratégicos -como algunos medicamentos, químicos, componentes aeronáuticos, chips y artículos agrícolas- estarán libres de aranceles. Más allá del impacto directo del gravamen del 15%, que variará según el sector, hay que tener en cuenta los efectos indirectos. El acuerdo afecta por igual a todos los países miembros de la UE, ya que el bloque actúa como un mercado único y no se permite establecer tarifas diferenciadas por nación. Este contexto genera implicaciones adicionales. Por ejemplo, España no exporta automóviles completos a EE. UU., pero sí piezas que otros países europeos usan para fabricar vehículos destinados al mercado estadounidense. Estos también estarán sujetos al arancel del 15%, que sustituye al 25% previo, lo cual tendrá efectos en cadena. Además, si la economía europea -ya debilitada- sufre una desaceleración por la guerra comercial, será más difícil redirigir la producción afectada hacia otros mercados alternativos.

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(El Economista, 28-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La gran banca introduce Bizum en los pagos de las tiendas físicas

CaixaBank, BBVA y Santander están impulsando la expansión de Bizum como método de pago más allá de las transferencias entre particulares, llevándolo al ámbito comercial. Los tres bancos han incorporado una función en sus terminales de punto de venta (TPV) que permite a los comercios aceptar pagos directamente desde el móvil del cliente. Esta herramienta, que debutó en abril con BBVA y ya ha sido adoptada por las otras dos entidades, se instala en TPVs con sistema Android y permite al comercio enviar un enlace de cobro al cliente ingresando su número de teléfono. El usuario recibe una notificación en su móvil y debe autorizar la operación desde la aplicación de su banco para completar el pago. Esta funcionalidad sigue el modelo ya utilizado en el comercio electrónico para el cobro de facturas, pedidos o reservas, y responde al creciente interés por facilitar pagos móviles sin necesidad de introducir contraseñas. Es, además, un paso previo al desarrollo de una nueva solución que permitirá realizar pagos con Bizum directamente desde el TPV, como se hace con cualquier otro medio de pago. Esta opción, aún en fase de diseño, está prevista para lanzarse el próximo año y será accesible para todas las entidades financieras. El uso generalizado de Bizum entre los usuarios está llevando a los bancos a integrarlo en más servicios y ofertas comerciales, especialmente en aquellas dirigidas a captar nuevos clientes. También se ha convertido en una herramienta clave para neobancos y fintech que buscan afianzar su relación con los usuarios, ya que la ausencia de Bizum dificulta convertirse en su banco principal. Desde el punto de vista del sistema financiero, el impulso a Bizum cobra aún más sentido en un contexto en el que se trabaja en la creación de un gran sistema de pagos europeo que compita con los gigantes internacionales del sector. El Banco Central Europeo apuesta por el euro digital con el objetivo de garantizar la soberanía europea en materia de pagos y reducir la dependencia de proveedores externos, una necesidad acentuada por las actuales tensiones geopolíticas. Bizum ya ha logrado conectar sus servicios con los sistemas equivalentes de Italia y Portugal, permitiendo transferencias entre particulares en esos países. Además, dentro de la Alianza Europea de Pagos (EuroPA), se están desarrollando acuerdos con los sistemas de Noruega, Polonia, Dinamarca, Finlandia y Suecia, y se están negociando conexiones con Wero, una solución conjunta de Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos. Por ahora, la infraestructura se está enfocando en las transferencias entre usuarios, pero está previsto que en fases futuras se amplíe al ámbito de los pagos en comercios.

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(El Economista, 24-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite y estudiará si la multa por no ofrecer un alquiler social al arrendatario es constitucional

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) examinará si las medidas adoptadas por la Generalitat para frenar los desahucios de personas vulnerables respetan la Constitución. En un auto fechado el 1 de julio de 2025, el tribunal considera que existe un "interés casacional objetivo" que justifica esclarecer si estas normas invaden competencias que, según el artículo 149.1 de la Constitución Española, corresponden en exclusiva al Estado en materia de legislación procesal y civil. La controversia gira en torno a la aplicación de la Ley 24/2015, reformada posteriormente por la Ley 1/2022, que obliga a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social antes de iniciar un proceso de desahucio. Esta normativa ha generado respuestas judiciales contradictorias en Barcelona, donde algunos juzgados han respaldado las sanciones impuestas en su aplicación, mientras que otros las han anulado. En concreto, el TSJC deberá valorar si el artículo 5.2 de dicha ley excede las competencias autonómicas al interferir en materias reservadas al Estado, como el funcionamiento de los procedimientos judiciales y el derecho civil. La revisión surge a raíz de un recurso contra una multa de 25.000 euros impuesta a un gran tenedor que no ofreció un alquiler social antes de presentar una demanda de desahucio. El recurso argumenta que no se consideró adecuadamente la posible inconstitucionalidad del precepto legal en cuestión. Cabe recordar que el requerimiento de ofrecer un alquiler social previo ha sido ya impugnado por partidos como el PP y Vox. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 20/2024, declaró inconstitucional la obligación de realizar dicha oferta antes de acudir a los tribunales, así como la de renovar contratos de alquiler social o subrogarlos a nuevos propietarios. Sin embargo, aclaró que esta decisión no afecta a los contratos ya firmados. En una sentencia posterior, la 25/2025, el Constitucional estableció que, si bien la Generalitat puede imponer sanciones administrativas, no puede imponer requisitos que dificulten el acceso a la justicia, ya que esa es una competencia exclusiva del Estado. Por tanto, la validez de la infracción establecida por la normativa catalana dependerá de que no impida la interposición de demandas judiciales y se limite estrictamente al ámbito sancionador administrativo.

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(Cinco Días, 23-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV ve riesgos para la estabilidad financiera ante la interconexión entre las criptos y las Bolsas

El Reglamento MiCA, la primera ley que regula de forma específica el sector de las criptomonedas en Europa, ha llegado con la intención de poner orden en un entorno que hasta hace poco carecía de normas claras. Su implementación coincide con un momento clave, marcado por avances legislativos, el respaldo de Donald Trump y el interés creciente de grandes inversores, factores que han impulsado al alza el mercado de los activos digitales. Aunque MiCA establece un marco común para toda la Unión Europea y busca ofrecer mayor protección a los inversores, los reguladores insisten en que la precaución debe seguir siendo la norma cuando se trata de criptomonedas. En este contexto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado por primera vez una advertencia sobre los riesgos que conlleva la creciente conexión entre el ecosistema cripto y los mercados bursátiles, ya que cualquier perturbación podría intensificar los efectos de contagio. Además, señala que la falta de transparencia de ciertos participantes dificulta la evaluación del riesgo sistémico. En su Nota de Estabilidad Financiera correspondiente al primer semestre de 2025, publicada este martes, el organismo regulador español ha transmitido un mensaje de alerta similar al emitido recientemente por el Banco Central Europeo (BCE). Este último destacó en su informe que son pocos los países que han legislado de forma completa este mercado, lo que provoca una fragmentación normativa que incrementa el riesgo de contagios entre fronteras en caso de crisis. Esto se agrava por la alta volatilidad de los activos digitales y su creciente relación con el sistema financiero tradicional. El BCE también subrayó que la falta de transparencia de una parte del sector plantea serias dificultades para medir el riesgo sistémico y los posibles efectos colaterales sobre las entidades bancarias de la eurozona. Las inquietudes de los supervisores no son menores. En Estados Unidos, numerosas compañías cripto buscan cotizar en Wall Street, mientras otras acumulan reservas en criptomonedas con la expectativa de que su valor aumente. En España, por ejemplo, la cadena de cafeterías Vanadi Coffee tiene previsto adquirir hasta 1.000 millones de dólares en bitcoin, a pesar de encontrarse en una situación cercana a la insolvencia. A esto se suma el crecimiento de las stablecoins, que despiertan preocupación debido a su estrecho vínculo con el mercado de deuda estadounidense. La normativa recién aprobada exige que las reservas de estas monedas estén invertidas en activos líquidos como bonos del Tesoro y deuda a corto plazo, lo cual podría incrementar la volatilidad y generar tensiones de liquidez si el mercado entra en crisis. Por estas razones, la CNMV insiste en la necesidad de actuar con cautela y recuerda los peligros asociados a la inversión en criptomonedas. Advierte que, a pesar del impulso político de Trump, los primeros meses de 2025 estuvieron marcados por una gran inestabilidad en los mercados cripto, con fuertes correcciones como consecuencia de los mensajes contradictorios del presidente estadounidense respecto a los aranceles. Aunque desde abril el mercado ha experimentado una recuperación y alcanzado nuevos máximos, existe un riesgo latente de que se produzca otra corrección abrupta. Este riesgo se ve amplificado por la expansión de productos como los fondos cotizados (ETF) basados en criptoactivos, la tokenización de activos o la integración de monederos digitales con cuentas bancarias dentro de las plataformas financieras. En el panorama español, BBVA ha sido la primera entidad en obtener la licencia MiCA y ha comenzado a ofrecer a sus clientes la compraventa y custodia de bitcoin y ether a través de su app bancaria. Por su parte, otras entidades como CaixaBank y Santander estudian incorporar criptoactivos a su oferta, aunque aún están a la espera de la autorización correspondiente del regulador. La implementación de MiCA avanza a diferentes ritmos en Europa: mientras autoridades como las de Alemania y los Países Bajos ya han concedido más de una decena de licencias, otros países aún no han aprobado ninguna. En este sentido, la CNMV afirma que el proceso de autorización en España se está llevando a cabo con máxima prudencia, con el objetivo de aplicar la regulación de forma rigurosa. Sin embargo, ya han surgido ciertas fricciones. Recientemente, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) instó a los reguladores nacionales a reforzar sus procedimientos de evaluación, cuestionando especialmente el proceso seguido por el supervisor financiero de Malta (MFSA) al otorgar una licencia MiCA a una empresa específica, por considerar que no fue lo suficientemente exhaustivo ni riguroso. Estas observaciones han encendido las alarmas sobre la verdadera protección de los inversores si los países aplican criterios dispares al supervisar a los proveedores de servicios cripto. La preocupación radica en que cualquier fallo en la supervisión podría afectar a todos los ahorradores de la Unión, dado que con una sola licencia MiCA las empresas pueden operar en todos los países miembros. Por eso, las autoridades insisten en que, aunque el reglamento ya esté vigente, no desaparecen los riesgos asociados a un tipo de inversión volátil, poco transparente y cuya normativa aún no alcanza el nivel de protección que ofrece MiFID II para otros productos financieros y servicios de inversión.

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(Cinco Días, 23-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Trump anuncia un acuerdo comercial con Japón: aranceles del 15% a todos sus productos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes por la noche (hora de Washington) un "enorme acuerdo" comercial con Japón, que calificó como "posiblemente el más grande de todos los tiempos", según publicó en su red social Truth, el canal habitual del republicano para realizar importantes anuncios sobre la política económica del país. De este pacto, del que aún se conocen pocos detalles y no se han difundido documentos oficiales, se sabe que Japón obtendrá una reducción arancelaria del 15% para todas sus exportaciones hacia Estados Unidos. A cambio, explicó Trump, Japón invertirá 550.000 millones de dólares en territorio estadounidense, del cual EE.UU. obtendría el 90% de las ganancias. "Este acuerdo generará cientos de miles de empleos, algo sin precedentes", afirmó el mandatario con su característico tono grandilocuente. También destacó que el acuerdo permitirá una mayor apertura del mercado japonés a productos estadounidenses como automóviles, camiones, arroz y otros bienes agrícolas. Horas antes, Trump había anunciado otro pacto con Filipinas, también a través de Truth, en el cual Estados Unidos aplicará un arancel del 19% a las importaciones procedentes de ese país, una cifra algo mayor que la impuesta anteriormente a Manila. Posteriormente, en una reunión con legisladores republicanos en la Casa Blanca, Trump indicó que el acuerdo con Japón incluye la creación de una empresa conjunta para exportar gas natural licuado desde Alaska. Desde Tokio, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, declaró a la prensa que este acuerdo demuestra que su gobierno está comprometido con la defensa de los intereses nacionales. Tras el anuncio, el índice Nikkei subió un 2,5%. En cuanto a los aranceles sectoriales, estos se mantienen sin cambios: 50% para el aluminio, el acero y el cobre. La entrada en vigor de este nuevo gravamen está prevista para el 1 de agosto. En 2024, Estados Unidos registró un déficit comercial con Japón de 68.500 millones de dólares. El pasado 2 de abril, Trump presentó una cartulina con una tabla que mostraba los nuevos aranceles que pretendía aplicar a numerosos socios comerciales. A Japón le correspondió entonces una tarifa del 24%. Una semana después, el presidente suspendió temporalmente esas tasas, concediendo un plazo de 90 días, que vencía el 9 de julio, para negociar con Washington. Sin embargo, pocos días antes de esa fecha, Trump anunció una nueva prórroga en su guerra comercial, extendiéndola hasta el 1 de agosto. Antes de llegar a este punto, Trump ya había criticado a Japón por su actitud "dura" en las negociaciones. El mandatario estadounidense insistió en que Tokio aumentara la compra de arroz estadounidense y cuestionó el equilibrio comercial en la compraventa de automóviles. Incluso amenazó con imponer aranceles del "30%, 35% o cualquier cifra que se estime conveniente". Durante la semana del 9 de julio, Trump inició el envío de cartas a una veintena de socios comerciales, incluyendo a la Unión Europea, cuyas negociaciones con Washington se encontraban en punto muerto. Japón fue de los primeros países en recibir dicha misiva, que proponía un arancel del 25%, un punto más alto que el de abril y diez menos que el finalmente anunciado. Las amenazas arancelarias fueron similares para la mayoría de países, aunque en algunos casos aumentaron notablemente: Canadá enfrentó un 35% para productos no cubiertos por el tratado de libre comercio norteamericano (antes era del 25%), México un 30% para bienes incluidos en el TMEC (anteriormente 25%), y Brasil recibió el castigo más severo. Al país sudamericano se le impuso un arancel del 50%, cinco veces mayor que el que se le aplicaba en abril. ¿La razón? Según Trump, el trato que recibe Jair Bolsonaro -a quien considera víctima de una "persecución política" por el juicio que enfrenta por su supuesta implicación en el intento de golpe de Estado de enero de 2023- es injusto. Así se lo expresó al presidente brasileño Lula da Silva. Bolsonaro podría enfrentar hasta 43 años de prisión si es condenado.

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(Expansión, 23-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El rechazo al decreto antiapagón amenaza 3.000 millones de inversión verde y subirá un 12% la factura a la industria

La presión ejercida por las empresas energéticas, las compañías de renovables y la gran industria no ha logrado su objetivo: la convalidación del Real Decreto-Ley 7/2025 fue rechazada este martes en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra de partidos como Podemos, el PP y Junts. El alcance del decreto iba mucho más allá de medidas para reforzar el sistema eléctrico y prevenir futuros apagones. Como ya había anticipado este medio, se trataba de un impulso clave para las inversiones en energías renovables en un momento delicado, en el que los grandes fondos están mostrando serias dudas sobre su apuesta por España. Expertos del sector y consultoras especializadas advertían que, si el decreto no se aprobaba, podrían perderse hasta 3.000 millones de euros en inversiones, ya que el jueves 24 de julio vence un trámite administrativo fundamental para avanzar en diversos proyectos. En concreto, unos 5 gigavatios de potencia eólica y solar están en riesgo de perder permisos, lo que podría desencadenar la ejecución de avales, generando gran preocupación entre los promotores. Ahora queda por ver si el Ejecutivo tiene margen para encontrar una salida que evite el colapso de estos desarrollos, que llevan años en trámite. Según estimaciones del sector, la inversión potencial que se podría ver comprometida llegaría a los 200.000 millones de euros. Tras la negativa del Partido Popular, fuentes cercanas a las eléctricas insisten en que ese es el monto en juego. El decreto facilitaba la inversión en almacenamiento energético, desbloqueaba trámites para la conexión a la red eléctrica y favorecía proyectos clave como centros de datos, electrificación (vehículos eléctricos, aerotermia, etc.) y otras soluciones energéticas. Además, incluía medidas para aliviar el coste de la electricidad para la industria electrointensiva. Este sector, fundamental para la economía en regiones afectadas por la despoblación, verá cómo su factura eléctrica se encarece entre un 3% y un 12%, al eliminarse una bonificación de 250 millones de euros destinada a cubrir el 80% de los peajes fijos. Las empresas han estado presionando a sus gobiernos autonómicos en busca de apoyo, en un contexto marcado también por la amenaza que suponen los nuevos aranceles de Donald Trump. Cabe recordar que esta es la segunda vez en 2025 que esta propuesta normativa no consigue el respaldo necesario en el Parlamento. El decreto también otorgaba mayores competencias tanto al operador del sistema como a la CNMC para prevenir posibles apagones. Estos argumentos, esgrimidos con insistencia por el sector energético, fueron los que mantuvieron en el aire el sentido del voto del PP hasta último momento, tras la negativa inicial de Podemos. La presión interna ha sido fuerte, especialmente desde sus líderes regionales y empresas influyentes, que pedían una abstención "patriótica". "Desde un punto de vista técnico, el PP coincide con muchas de las medidas del decreto, pero es posible que factores políticos tengan más peso en esta decisión", apuntaban en los días previos fuentes del sector. Aun así, algunas voces consideran que esta postura podría volverse en contra del partido: se arriesga a ser señalado por frenar miles de millones en inversión, debilitar la competitividad industrial y dejar al sistema eléctrico más expuesto. También preocupa al sector financiero, que veía en este decreto una vía para estabilizar un entorno crítico. Grandes firmas como Acciona, Iberdrola, Repsol o Endesa están intentando vender activos renovables en un contexto de gran incertidumbre que frena el interés de inversores internacionales. Uno de los aspectos más relevantes del texto era la protección que ofrecía a proyectos renovables en Galicia, que están sufriendo una paralización casi total por procesos judiciales. Esto ha provocado una retirada de inversiones tanto de empresas nacionales como Naturgy, CaixaBank o Sabadell, como de grupos internacionales como Engie. La Xunta de Galicia -gobernada durante años por Alberto Núñez Feijóo- desea desbloquear esta situación que amenaza el desarrollo económico de la región, especialmente en un contexto de desindustrialización. Junts también respaldaba esta parte del decreto, ya que empresas catalanas enfrentan problemas similares tanto en Galicia como en Cataluña. El Partido Popular, sin embargo, ha rechazado las críticas y defiende su decisión. "No compartimos las medidas relativas al apagón, especialmente porque no ha habido dimisiones tras un fallo eléctrico que dejó al país sin suministro durante 24 horas. En cuanto a otros aspectos del decreto, aunque necesarios, están incompletos. Por ello presentaremos en el Congreso una proposición de ley, en colaboración con las comunidades autónomas, que asegure las inversiones energéticas que necesita España", señalaron fuentes del partido horas antes de la votación. Y concluyen: "No es tarea de la oposición salvar al presidente del abandono de sus socios. Si no tiene mayoría, que lo consulte en las urnas. En otoño, elecciones: no hay otra salida". La falta de claridad en torno a este decreto se suma a la retirada de una iniciativa similar impulsada por la Generalitat bajo el liderazgo de Salvador Illa. Este texto, también centrado en las renovables, no llegó a someterse a votación al no contar con el respaldo de ERC, molesta por la falta de avances en la financiación singular pactada con el Gobierno central. Este clima de inestabilidad normativa ha generado preocupación entre grandes inversores globales como Amazon, que planea desarrollar un innovador proyecto eólico en Girona.

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(El Economista, 23-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE se blinda frente a China o Emiratos: vetará compras si detecta ayudas públicas

La Comisión Europea se prepara para fortalecer su capacidad de defensa frente a la entrada de empresas extranjeras que operen en el mercado único con el respaldo de subvenciones. Para ello, Bruselas está elaborando unas directrices destinadas a aplicar el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras, que permitirán frenar adquisiciones empresariales o la participación en licitaciones públicas cuando se detecte financiación estatal de países no pertenecientes a la UE que pueda generar competencia desleal. Esta iniciativa se presenta en un momento clave, ya que el próximo 24 de julio la presidenta Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo António Costa y la alta representante Kaja Kallas viajarán a China. En Pekín, Von der Leyen y Costa mantendrán encuentros tanto con el presidente Xi Jinping como con el primer ministro Li Qiang, en un contexto marcado por las investigaciones europeas en curso sobre las subvenciones chinas a sectores como el automóvil eléctrico y la industria de paneles solares. El reglamento, en vigor desde julio de 2023, otorga por primera vez a las instituciones comunitarias la facultad de investigar, controlar e incluso impedir operaciones empresariales financiadas por ayudas de gobiernos extracomunitarios que puedan alterar las reglas de competencia dentro del mercado europeo. Las nuevas directrices, actualmente sometidas a consulta pública hasta el 12 de septiembre, definirán cómo se interpretará y aplicará esta norma. Hasta la aprobación de este reglamento, la legislación europea solo regulaba las ayudas de Estado concedidas por los países miembros, dejando sin cobertura legal las subvenciones procedentes de terceros países que pudieran beneficiar injustamente a compañías foráneas en procesos de inversión, compra de empresas o licitaciones en la UE. El Reglamento 2022/2560 corrige esta laguna legal y establece un mecanismo de control sobre las compañías extranjeras que, habiendo recibido apoyo económico de sus gobiernos, aspiren a adquirir empresas en la Unión o a competir por contratos públicos. Entre los principales avances que introducen las nuevas directrices destaca la obligación de notificar previamente ciertas operaciones. Por ejemplo, las fusiones o adquisiciones deberán comunicarse si una de las partes genera más de 500 millones de euros en ventas dentro del territorio comunitario y el grupo ha recibido más de 50 millones de euros en subvenciones extranjeras en los tres años anteriores. En el caso de la contratación pública, las empresas deberán declarar si han recibido más de 4 millones de euros en ayudas externas cuando se presenten a concursos cuyo valor supere los 250 millones de euros. Además, la Comisión podrá exigir notificaciones fuera de estos umbrales cuando detecte indicios de distorsión o podrá iniciar de oficio una investigación si lo considera oportuno. Las directrices también explican cómo se valorará si una subvención extranjera altera la competencia. Para que se considere distorsionadora, deberán cumplirse dos condiciones: que la ayuda mejore la posición competitiva de la empresa beneficiada en el mercado único y que dicha mejora tenga un impacto negativo, real o potencial, sobre el entorno competitivo. Bruselas identificará además ciertos tipos de ayudas particularmente problemáticas, como las concedidas a empresas en dificultades, las garantías sin límite, el respaldo a licitaciones con precios anormalmente bajos o las subvenciones destinadas a facilitar adquisiciones dentro de la UE. En los casos donde se confirme una distorsión, la Comisión podrá imponer medidas correctoras, como la devolución parcial o total de la ayuda, la modificación de la operación o la imposición de condiciones que limiten el uso de la subvención. Incluso podrá bloquear adquisiciones o impedir que una empresa se adjudique un contrato público. El reglamento prevé también un mecanismo de evaluación global que permite autorizar una ayuda extranjera si sus efectos beneficiosos -como el fomento de la innovación, la sostenibilidad o el interés estratégico para la Unión- superan su impacto negativo en la competencia. "Desde su entrada en vigor, el Reglamento sobre subvenciones extranjeras busca corregir los desequilibrios generados en el mercado interior por apoyos financieros de terceros países. Esta normativa ha cerrado el vacío legal que existía en comparación con el estricto control que se aplica a las ayudas estatales concedidas por los Estados miembros. Con la publicación del borrador de directrices, las partes interesadas tienen ahora la oportunidad de colaborar con la Comisión para reforzar la previsibilidad y la transparencia en su aplicación", ha declarado la vicepresidenta Teresa Ribera.

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(El Economista, 23-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La concesión del permiso de residencia por arraigo social exige disponer de medios de subsistencia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó el 17 de julio de 2025, de forma unánime, que España no infringió el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al denegar un permiso de residencia a un ciudadano de nacionalidad boliviana. Según la sentencia, las autoridades españolas actuaron dentro del margen de discrecionalidad que les concede la ley y alcanzaron un "equilibrio adecuado entre los intereses del señor Siles Cabrera y los del Estado en su política migratoria, orientada a salvaguardar el bienestar económico general del país". El caso se centra en una solicitud de residencia por razones de arraigo social presentada en 2018. La petición fue rechazada por la Administración española, al considerar que el solicitante no disponía de medios económicos propios y que su unidad familiar era beneficiaria de ayudas públicas como la renta garantizada de ciudadanía y el complemento de vivienda. Aunque un primer informe de integración social resultó favorable e incluso sugería eximirle del requisito de contrato de trabajo debido a la discapacidad grave de su hijo (diagnosticado con trastorno del espectro autista), los tribunales españoles adoptaron una interpretación más restrictiva. Determinaron que, incluso con esa posible excepción, el solicitante debía probar su autosuficiencia económica para no convertirse en una carga para los recursos públicos. El TEDH respaldó este criterio, considerando legítimo que se exigiera al interesado demostrar que contaba con medios suficientes sin recurrir a prestaciones sociales, en consonancia con el objetivo de regular la inmigración en función del interés económico nacional. Además, el Tribunal señaló que el demandante permaneció en situación irregular durante gran parte de los trece años que ha residido en España. Esta condición, según el fallo, no equivale a una residencia legal y repercute directamente en la valoración de su arraigo en el país. El demandante argumentó que la denegación del permiso afectaba su vida familiar y que no podía trabajar. Sin embargo, el TEDH desestimó estos argumentos, observando que su hijo sigue recibiendo atención médica, escolarización y otros servicios esenciales, y que el solicitante ha seguido ejerciendo su rol como representante legal. Los jueces nacionales, además, consideraron que su situación personal no impedía que su esposa asumiera parte de las responsabilidades de cuidado. Un aspecto relevante para la decisión del TEDH fue que el solicitante no agotó otras posibles vías de regularización dentro del ordenamiento jurídico español. A juicio del Tribunal, dichas opciones podrían haber constituido una alternativa válida a la solicitud inicialmente rechazada. Asimismo, se tuvo en cuenta que las autoridades españolas continuaron abonando ayudas sociales a la familia, lo que evidencia que no se produjo una situación de abandono institucional. Las decisiones sobre permisos de residencia, como la analizada en esta sentencia, se adoptan conforme al marco legal español establecido por la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros y el Real Decreto 557/2011, que la desarrolla reglamentariamente. Este fallo del TEDH refuerza la idea de que los Estados gozan de un amplio margen para definir y ejecutar sus políticas migratorias, siempre que se respete el equilibrio entre los derechos fundamentales de las personas y el interés general. Aunque se refiere a un caso individual, la sentencia sienta un precedente significativo sobre la interpretación del artículo 8 del Convenio Europeo en supuestos de denegación de residencia por motivos económicos. Cabe destacar que esta resolución no es firme, ya que las partes disponen de un plazo de tres meses para solicitar que el caso sea revisado por la Gran Sala del TEDH, lo que podría alterar el resultado final.

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(El Confidencial, 23-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La morosidad de la banca española cae hasta la tasa más baja desde octubre de 2008

La morosidad del sistema bancario español bajó en mayo hasta el 3,11%, frente al 3,18% registrado en abril, alcanzando así su nivel más bajo desde octubre de 2008. Esta mejora se debe a una disminución en los préstamos impagados y a un aumento en el volumen total de crédito concedido, según los datos publicados este martes por el Banco de España. En concreto, los créditos calificados como dudosos disminuyeron en 682 millones de euros durante el mes, situándose en 37.244 millones. Al mismo tiempo, el volumen total de préstamos ascendió a 1,196 billones de euros, frente a los 1,193 billones del mes anterior. En términos interanuales, la morosidad ha caído desde el 3,62% registrado en mayo de 2024 hasta el 3,11% actual. El informe del Banco de España también desglosa los datos de morosidad según el tipo de entidad. Así, la tasa conjunta de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito se redujo del 3,08% de abril al 3,01% en mayo, también el nivel más bajo en más de 15 años. En este grupo, los préstamos impagados bajaron en 710 millones, hasta los 34.491 millones. En comparación con el año anterior, la tasa se ha reducido desde el 3,49%. Por el contrario, las entidades financieras especializadas en crédito al consumo vieron un leve incremento en su tasa de morosidad, que subió al 6,03% desde el 5,99% del mes anterior. Es la primera vez que este índice supera el 6% desde noviembre de 2024, cuando se situó en el 6,72%. En cuanto a su volumen de crédito, los establecimientos financieros registraron en mayo una cartera de 42.567 millones de euros, 220 millones más que en abril. En paralelo, los préstamos morosos aumentaron en 30 millones. No obstante, pese a este repunte mensual, la morosidad en el crédito al consumo ha bajado significativamente respecto a mayo del año pasado, cuando se situaba en el 7,25%.

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(Cinco Días, 22-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El volumen de exportaciones españolas afectado por los aranceles de EE UU alcanzaría los 22.700 millones

Las exportaciones españolas que podrían verse directamente afectadas por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos ascienden a unos 15.100 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 83% del total de las ventas al país norteamericano. No obstante, si se consideran también los efectos indirectos, el impacto global podría alcanzar los 22.700 millones de euros. Así lo ha indicado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, este lunes durante su intervención en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados. La Unión Europea mantiene la esperanza de lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos antes del 1 de agosto. Sin embargo, el ministro ha advertido de que los aranceles estadounidenses podrían poner en riesgo unos 380.000 millones de euros en exportaciones comunitarias, es decir, cerca del 70% del total que la UE vende al mercado estadounidense. Aunque, en conjunto, la economía española muestra una menor vulnerabilidad en comparación con otros países europeos, Cuerpo ha destacado que a nivel sectorial las diferencias son notables, y algunos sectores concretos presentan una dependencia mucho mayor del mercado americano. Un ejemplo significativo es el de las grasas y aceites, donde se incluye el aceite de oliva, cuyas exportaciones a Estados Unidos superan los 1.000 millones de euros. "Se trata del volumen más elevado dentro de nuestras exportaciones a ese país, con una exposición que ronda el 20% del total del sector en este mercado", ha precisado el ministro. Desde el punto de vista macroeconómico, el Gobierno prevé que el conflicto arancelario podría tener un impacto equivalente a una décima del PIB en 2025. Cuerpo ha lamentado que el escenario global actual está marcado por una creciente incertidumbre, lo que complica y retrasa decisiones clave en inversión y consumo. Esta situación de inestabilidad ha llevado incluso al Fondo Monetario Internacional (FMI) a revisar a la baja las previsiones de crecimiento para la mayoría de las economías avanzadas de cara a 2025, con la excepción de España, cuya proyección ha sido ajustada al alza hasta el 2,5% para ese año. Ante este contexto, el ministro ha insistido en la importancia de mantener una actitud abierta al diálogo para lograr un acuerdo en las próximas semanas, pero también ha advertido que la Unión Europea no puede pecar de "ingenuidad" y debe prepararse para la posibilidad de que no se alcance ningún pacto antes del 1 de agosto. "Debemos tener un plan de acción preparado si no se llega a un acuerdo", ha subrayado, al tiempo que ha defendido la necesidad de fortalecer el mercado interior europeo y diversificar las relaciones comerciales, mencionando como ejemplo el impulso al acuerdo con Mercosur.

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