El Índice de Precios de Consumo (IPC), principal indicador de la inflación se modera una décima más en abril hasta el 2,2%, según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación se modera una décima más después de las siete décimas menos de marzo hasta el 2,3% interanual por la caída del precio de la electricidad.
En este mes el IPC baja una décima fruto del descenso de los precios del gas, frente a la subida de abril de 2024, y a la bajada de los precios de la electricidad, mayor que en abril del año pasado. También bajan los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales.
En sentido contrario, destaca la subida de los precios de ocio y cultura, que bajaron en abril de 2024. La tasa anual del indicador adelantado de la inflación subyacente aumenta cuatro décimas, hasta el 2,4%. La variación anual del indicador adelantado del IPCA es del 2,2%.
Cataluña ha incrementado un 65% la contratación pública en apenas un año y lidera, por tanto, las adjudicaciones por encima de la Comunidad de Madrid y Andalucía. De acuerdo con el último Informe Anual de Supervisión elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), un órgano independiente, pero adscrito a la Subsecretaría de Hacienda, la comunidad presidida en ese momento por Pere Aragonés concentró en 2023 el mayor peso de la contratación autonómica con 8.887 millones de euros en 9.488 adjudicaciones, lo que supuso un 20,43% sobre el total del sector y un incremento del 64% respecto al año anterior, cuando alcanzó los 5.404 millones de euros en contratos.
Comunidades como Madrid o Andalucía alcanzaron en 2023, sin embargo, un total de 4.031 contratos con una partida económica de 6.286 millones de euros y 9.047 expedientes con un importe de 6.930 millones de euros, respectivamente. En cualquier caso, el volumen de contratación pública de Cataluña en 2023 representó además más de una quinta parte del total a nivel estatal, situándose por delante de regiones tradicionalmente líderes como Madrid o Andalucía. El volumen de ésta última de hecho responde, en buena medida, a proyectos cofinanciados con fondos europeos.
Según el informe, pese al liderazgo de Cataluña donde, además, se publicaron el 80% de los contratos en plazo y acorde a la transparencia que exige la ley por encima de la media estatal, destaca el especial repunte que experimentó en ese mismo periodo la Comunidad de Aragón, que pasó de concentrar un peso en las adjudicaciones del 3,16% en 2022 hasta alcanzar un volumen del 8,06% en tan solo un año. Este crecimiento, tal y como expone el análisis, "se debe a la licitación de dos contratos de gran volumen, de concesión de obras de carreteras, licitados en 2023 y adjudicados en 2024.
Cataluña ha mejorado asimismo la media de licitadores alcanzado un ratio de 5,8 pujadores por contrato, frente a los 4,1 de Madrid y los 3,9 de Andalucía. Esto, según recoge el informe, supone una mayor competencia y, por tanto, una reducción media del 10% entre el presupuesto inicial y el precio final adjudicado.
Por tipo de procedimiento a nivel autonómico, se registró un alza tendencial del importe económico de las licitaciones realizadas por procedimiento abierto para llegar a representar, en concreto, el 79,61% del total. Los contratos a dedo, sin embargo, registraron un leve descenso en el peso total de los procedimientos, pasando del 10,85% en 2022 al 8,69% un año después.
Respecto al tipo de contrato, cabe precisar, que Cataluña a diferencia de otras Comunidades Autónomas como Madrid, donde lideran los contratos sanitarios, ha diversificado las contrataciones en distintos sectores como, por ejemplo, obra pública, movilidad sostenible y proyectos de transición ecológica. En este punto, destaca asimismo la licitación del soterramiento de la línea R2 en Montcada i Reixac, adjudicado por Adif por más de 500 millones de euros. En cualquier caso, la contratación pública autonómica experimentó un incremento del 7,72% del importe de los contratos, alcanzando el 40,45% del importe total licitado a nivel estatal.
En paralelo, la Comunidad de Madrid supera sin embargo a Cataluña en la contratación de obra pública. Tal y como informó este periódico, ambas autonomías vienen sucediéndose en los últimos años en lo más alto de clasificación y en 2024 la región central se impuso gracias al fuerte crecimiento de los proyectos adjudicados por parte de la Administración Central, concentrando 4.051 millones de euros -lo que supuso un 39,2% más que los 2.911 millones de 2023-, frente a Cataluña, que acaparó 3.662 millones de euros. Un importe que, en cualquier caso, es superior respecto al año anterior al incrementar un 9,6%.
Los fondos Next Generation de la Unión Europea permitieron asimismo elevar los volúmenes de contratación a niveles que no se veían desde antes de la crisis financiera de 2008. De hecho, según los datos del sector de la construcción, las adjudicaciones totales ascendieron en el último año a 22.692 millones de euros, lo que representa un incremento del 14% con respecto a los 19.901 millones de 2023.
El nuevo programa de viajes del Imserso, que contempla 880.000 plazas para personas mayores de 55 años a partir de octubre, ha generado un fuerte malestar entre los turoperadores y hoteleros, lo que podría desembocar en una oleada de impugnaciones y provocar retrasos en su ejecución. Una de las principales modificaciones del pliego establece que ningún operador podrá quedarse con los lotes correspondientes tanto a la península como a los archipiélagos.
Esta medida busca impedir que Mundosenior, del grupo Ávoris, se adjudique nuevamente ambos bloques, como ha hecho en los últimos dos años, lo que le ha supuesto el control del 70% de las plazas totales. Con ello, se pretende favorecer una distribución más equitativa entre los licitadores. Este año, además de Mundosenior, han mostrado interés Soltour (Grupo Piñero), W2M (de Iberostar), Mundiplan (una alianza de Iberia, Alsa e IAG7), Seniorplan y Nautalia, que en anteriores convocatorias se presentó junto a otras empresas. Algunas de estas compañías afirman que si en el pasado fueron ellas las que recurrieron la adjudicación a favor de Ávoris, ahora podría ser esta última la que acuda a los tribunales, al entender que el pliego favorece al resto con condiciones técnicas y económicas hechas "a medida".
Para intentar calmar los ánimos, el Imserso ha introducido incentivos económicos para los operadores: se aplicará un recargo de 100 euros a los viajes en temporada alta y otro del mismo importe para los usuarios que participen en más de un viaje por campaña. Sin embargo, esta última medida ha generado incertidumbre entre las agencias, ya que no está claro cómo se podrá controlar con precisión qué viajeros repiten y cómo se comunicará esta información al Imserso.
Por otro lado, los hoteleros son quienes muestran mayor rechazo. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ya ha recurrido en otras ediciones, lo que aunque no logró anular el pliego, sí retrasó su ejecución. Pero el mayor obstáculo podría venir de un boicot por parte de los hoteles, que critican que el precio que perciben por plaza, entre 21 y 23 euros, no se ha actualizado, forzándolos -según afirman- a operar con pérdidas.
Nuria Montes, secretaria general de Hosbec (la patronal hotelera valenciana que representa un 15% de las plazas), advierte que el programa no contempla la realidad actual del sector, con fuertes subidas en los costes laborales, de suministros y energéticos. Además, critica que el pliego no prevea revisiones de precios para las prórrogas ni aumentos en la aportación del Gobierno o de los propios usuarios.
De hecho, la continuidad de muchos hoteles valencianos en el programa se ha debido al respaldo financiero de la Generalitat Valenciana, que ha destinado cinco millones de euros durante tres años consecutivos para evitar que abandonaran el proyecto.
En la Costa del Sol, donde se concentra un 9% de las plazas, los hoteles no cuentan con ningún tipo de apoyo por parte de la Junta de Andalucía. Como resultado, muchos han ido retirándose del programa progresivamente. Zoraida Valverde, gerente de Aehcos (Asociación Hotelera de la Costa del Sol), asegura que la participación en el Imserso no es rentable y lamenta que el sector no haya sido escuchado. "La decepción es generalizada porque se esperaban cambios que no han llegado", comenta.
Además, otras disposiciones han generado nuevas críticas, como el hecho de penalizar a los hoteles que no admitan mascotas, lo cual se valorará negativamente en los criterios de adjudicación. También ha causado revuelo la asignación de cerca de 7.500 plazas a pensionistas con ingresos mínimos, quienes podrán acceder a viajes por tan solo 50 euros. Estas plazas estarán destinadas a beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o jubilación que no superen los 7.805,8 euros anuales (568,7 euros en 14 pagas), lo cual, aunque bienintencionado, plantea dudas sobre la sostenibilidad del programa para los alojamientos turísticos.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quiere aumentar el control sobre los depósitos bancarios estructurados dirigidos a pequeños ahorradores. Estos productos ofrecen una rentabilidad más alta que los depósitos tradicionales a plazo fijo, pero dicha rentabilidad no está garantizada y depende de la evolución de ciertos activos financieros como índices bursátiles, acciones específicas o materias primas como el petróleo. Por estas características, se consideran productos financieros complejos y con un riesgo elevado.
El organismo, presidido por Carlos San Basilio, ha actualizado la normativa sobre advertencias al inversor para incluir estos depósitos estructurados entre los instrumentos que requieren una alerta clara en el contrato si existe una "diferencia significativa" entre el valor estimado y el precio pagado. Esta diferencia podría traducirse en pérdidas o en la ausencia de rentabilidad al vencimiento del producto. La CNMV subraya que, al incorporar estructuras difíciles de entender, especialmente en lo referente a su rentabilidad o al coste de cancelación anticipada, estos productos se clasifican como complejos. Según el sistema de clasificación de riesgos -que utiliza una escala de colores y una numeración del 1 al 7-, algunos depósitos estructurados recientes han sido calificados con un nivel 2.
Estos productos tuvieron su auge tras la crisis financiera de 2008 y la caída de tipos de interés en Europa, que llegaron a niveles mínimos del 0,05%. Hoy en día, han desaparecido casi por completo de la oferta comercial bancaria. No obstante, algunas entidades como CaixaBank siguen ofreciendo deuda estructurada a clientes con patrimonios superiores al millón de euros y con servicios de asesoramiento contratado, llegando a ofrecer rentabilidades del 4%, e incluso del 8,5% en el pasado, cuando los tipos del BCE eran más altos.
En la actualidad, solo EBN Banco ofrece a pequeños inversores un producto de este tipo: un depósito a un año al 3,25% vinculado a una nota estructurada con vencimiento en 2028 que puede generar un cupón del 4,08%. Esta nota depende del comportamiento en Bolsa de Amadeus y Acciona, garantizando el capital invertido, aunque existe el riesgo de no recibir intereses si las acciones no se revalorizan.
Las nuevas advertencias también deberán aplicarse cuando un banco actúe como intermediario en operaciones de renta fija emitidas por terceros, o cuando comercialice productos estructurados propios. La CNMV busca evitar una situación de desprotección para los pequeños inversores que podría producirse por diferencias regulatorias en función del papel que asuma la entidad.
Además, el organismo ha publicado en el BOE una nueva circular con la que establece los requisitos de información para las entidades que ofrezcan servicios con criptoactivos. Esta norma afectará tanto a los nuevos operadores del sector como a las gestoras y firmas de inversión que ya trabajan con estos activos. Las nuevas entidades deberán remitir sus cuentas anuales auditadas y un informe sobre la custodia de los activos de sus clientes cuando se les solicite, en cumplimiento con la normativa europea MICA vigente desde enero.
Asimismo, la CNMV ha unificado los criterios de reporte para las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAF) y las Empresas de Asesoramiento Financieras Nacionales (EAFN), figura creada este 2024 para permitir a pequeños asesores operar en España con menores requisitos, aunque con la limitación de no poder actuar fuera del país ni sobre productos como derivados cotizados o criptoactivos. Actualmente, el registro de la CNMV cuenta con 53 EAFN, entre ellas firmas como Capitalia Familiar, Nextep Asesores Financieros o las gestionadas por Emérito Quintana y Araceli de Frutos.
Desde el sector reconocen que esta nueva exigencia representa una carga adicional en sus obligaciones informativas, que se suma a la reciente entrada en vigor del reglamento DORA sobre resiliencia operativa digital. Aunque están sujetos a la normativa contra el blanqueo de capitales, la CNMV ha decidido que las EAF sin agentes y las EAFN quedarán exentas de tener que informar al respecto.
El mecanismo instaurado por el Gobierno español tras la pandemia de Covid para supervisar las inversiones extranjeras en sectores "estratégicos" alcanzó un récord histórico en 2024, al analizar 147 operaciones, aunque solo una fue bloqueada: la adquisición del fabricante de trenes Talgo por el grupo húngaro Ganz Mavag.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa -organismo encargado de gestionar el llamado "escudo anti-opas"-, la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) revisó un 50% más de operaciones en comparación con 2023, cuando examinó 97 transacciones. Desde su creación en 2020, cuando apenas afectó a 29 operaciones, la cantidad de inversiones sujetas a este control ha ido en aumento.
Este crecimiento se debe, por un lado, al mayor interés de los inversores extranjeros por el mercado español, pero también a la ampliación progresiva del alcance del escudo, sobre todo tras la aprobación de un nuevo decreto-ley en 2023.
La normativa actual considera "activos estratégicos" a sectores clave como las telecomunicaciones, la energía, la sanidad, la banca, los medios de comunicación, la defensa, la alimentación y cualquier actividad que maneje datos personales o sensibles.
Todo inversor procedente de fuera de la Unión Europea debe solicitar autorización para adquirir empresas en estos sectores. En el caso de compradores europeos, se requiere permiso si pretenden adquirir más del 10% de una empresa cotizada o invertir más de 500 millones de euros en una empresa no cotizada. Aunque el control a los inversores comunitarios es temporal, se ha extendido hasta finales de 2026.
El temor a incumplir esta normativa lleva a muchos compradores a solicitar autorización preventiva. De las 147 operaciones revisadas por la Jinvex -que incluye representantes del Centro Nacional de Inteligencia-, 42 fueron archivadas tras confirmarse que no afectaban a la seguridad, el orden o la salud públicos.
Otros 11 casos correspondieron a prórrogas de autorizaciones anteriores pendientes de ejecución. Del resto, 85 operaciones fueron aprobadas sin inconvenientes, 8 se autorizaron con condiciones (como la participación de BlackRock en Naturgy o la compra de Vodafone España por Zegona) y solo la adquisición de Talgo fue rechazada.
Aunque la mayoría de las operaciones supera el filtro, asesores legales advierten que este proceso puede retrasar las transacciones, generar incertidumbre y frenar operaciones de gran envergadura en sectores estratégicos. Un ejemplo es la entrada de STC en Telefónica, que no obtuvo luz verde hasta noviembre de 2024, pese a haberse anunciado en septiembre de 2023. Según el Gobierno, el plazo medio para resolver estos expedientes es de 72 días.
Paralelamente, el Ejecutivo también ha incrementado su activismo inversor mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que ha adquirido participaciones relevantes en empresas como Telefónica e Indra.
De las 94 operaciones que finalmente requirieron autorización (sin contar las archivadas), 85 fueron elevadas al Consejo de Ministros y 9 fueron aprobadas directamente por la dirección general de Comercio e Inversiones, dado que su importe no superaba los 5 millones de euros.
En cuanto al origen de los inversores, los estadounidenses fueron los más vigilados, con 39 solicitudes de autorización, seguidos de los británicos con 12. Desde el resto de la UE se tramitaron únicamente 8 operaciones que cumplían los requisitos de control.
Según el Ministerio de Economía, "el control de inversiones responde a la necesidad de proteger la seguridad de la economía española, logrando un equilibrio efectivo entre salvaguardar el orden público, la seguridad y la salud, y fomentar la llegada de inversión extranjera como motor de crecimiento y empleo".
Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró en abril sus previsiones de crecimiento para la economía española respecto a las que publicó en enero, los análisis de varias firmas nacionales empiezan a apuntar en la dirección contraria. Esto supone un cambio de tendencia respecto a los últimos tiempos, en los que predominaban las revisiones al alza. Ahora, debido en parte a las políticas proteccionistas de la Administración Trump, se espera que España crezca algo menos de lo previsto inicialmente. No obstante, seguirá liderando el crecimiento entre las grandes economías.
Estamos entrando en una etapa en la que las nuevas proyecciones macroeconómicas serán más bajas que las anteriores. Durante los dos últimos años, las previsiones siempre se corregían al alza, pero la reciente imposición de aranceles ha alterado ese patrón.
Esta advertencia ya la había hecho el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en una entrevista televisiva, donde anunció que el organismo revisaría a la baja su previsión del 2,7% para este año, aunque sin precisar cuánto. Posteriormente, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ratificó esta perspectiva en declaraciones a El Mundo.
Funcas, la fundación vinculada a la CECA, sí ha puesto cifras concretas sobre la mesa: calcula que el crecimiento en 2025 será tres décimas inferior a lo previsto, situándose en el 2,3%, y en 2026 bajaría cuatro décimas, hasta un 1,6%. Estas estimaciones tienen, eso sí, un mayor margen de error debido a la incertidumbre sobre cómo evolucionará la situación internacional. Los primeros síntomas de esta desaceleración podrían empezar a notarse en los datos de actividad del segundo trimestre, ya que las cifras del primero no mostraron ningún desvío respecto a las previsiones anteriores.
Mañana el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará su estimación adelantada del crecimiento hasta marzo, y tanto Funcas como otros centros de análisis coinciden en prever un avance del 0,7% en ese trimestre, un ritmo compatible con las expectativas de principios de año. Aunque aún hay poca información concreta sobre el segundo trimestre -apenas ha transcurrido un mes-, los datos provisionales de afiliación a la Seguridad Social sugieren que, de momento, la tendencia se mantiene estable.
Además, el indicador en tiempo real de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) refleja, con datos hasta el 21 de abril, un crecimiento trimestral del 0,8%, equivalente a un 3,2% anualizado. Esto indica que la desaceleración más intensa podría producirse en la segunda mitad del año, afectando también el arranque de 2026.
Funcas reconoce que sus proyecciones tienen ahora más incertidumbre que en ocasiones anteriores, no solo por la duración de la guerra comercial en curso, sino también por su desenlace. Sus cálculos asumen que no se impondrán nuevos aranceles y que las tarifas actuales entre Estados Unidos y China disminuirán, aunque seguirán vigentes los aranceles del 10% general y del 25% para ciertos metales y automóviles. Si la situación empeora o se prolonga, las previsiones empeorarían.
Además, el informe no contempla el impacto positivo que podría tener en la actividad económica el reciente anuncio del Gobierno de un paquete de gasto en seguridad y defensa superior a 14.000 millones de euros. Se espera que parte de este desembolso -por ejemplo, el destinado a incrementos salariales de militares, policías y guardias civiles- aporte un impulso al crecimiento de unas dos décimas de punto.
Un fallo clave para la banca y para miles de hipotecados está a punto de conocerse. El próximo 30 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidirá si la comisión de apertura en los préstamos hipotecarios puede considerarse abusiva. Esta decisión pretende resolver la confusión generada por el Tribunal Supremo, que en su sentencia del 29 de mayo de 2023 señaló que debía analizarse cada caso concreto, considerando abusiva la cláusula si el coste era desproporcionado para el cliente o si los servicios cobrados ya aparecían reflejados en otra parte del contrato.
El Juzgado de Primera Instancia número 8 de San Sebastián y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta han elevado consultas al TJUE para aclarar si el criterio adoptado por el Supremo se ajusta al Derecho comunitario.
Ambos juzgados recuerdan que el tribunal europeo ya se pronunció el 16 de julio de 2020, estableciendo que la comisión de apertura puede ser considerada abusiva si se impone de manera unilateral al consumidor y no se detallan los servicios específicos que la justifican.
Por ello, consideran que la postura del Supremo podría entrar en conflicto con la doctrina europea. Además, al no fijar jurisprudencia en su sentencia sobre esta cuestión, el Supremo ha generado incertidumbre y distintas interpretaciones entre los juzgados españoles.
El Gobierno tiene como objetivo posicionar a España como un país capaz de beneficiarse en medio de las turbulencias del comercio internacional. Mientras numerosas empresas alrededor del mundo ajustan sus estrategias a raíz del impacto de la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump, el Ejecutivo aprovechará este lunes la ocasión para presentarse ante la comunidad internacional como un destino seguro, predecible y con una de las economías más sólidas entre los países desarrollados. Esta presentación tendrá lugar en el Invest in Spain Summit, un nuevo foro internacional que reunirá al equipo económico del Gobierno con representantes de 75 grandes empresas de 25 países, con la intención de resaltar las ventajas que ofrece España y atraer capital extranjero.
El evento se celebrará en el Real Casino de Madrid y contará con el respaldo de la jefatura del Estado, ya que será inaugurado por el Rey Felipe VI. Esta cumbre busca poner en valor las oportunidades que ofrece el mercado español, especialmente en sectores estratégicos de alto valor añadido, permitiendo a los líderes empresariales un contacto directo con el Ejecutivo, incluyendo al presidente Pedro Sánchez, quien cerrará la jornada y mantendrá reuniones privadas con algunos participantes.
Las 75 multinacionales confirmadas provienen de 25 países distintos y, por cuestiones de confidencialidad, aún no se han revelado sus nombres. No obstante, según ha podido saber EXPANSIÓN, la mayoría proceden de Estados Unidos -centro de la actual guerra comercial-, China -país con el que España ha fortalecido relaciones tras la visita de Sánchez a Xi Jinping-, Japón -líder asiático en tecnología-, así como Alemania y Francia, dos de las principales economías europeas.
Fuentes cercanas al evento indican que los sectores con mayor presencia serán el tecnológico, energético (especialmente renovables), químico, agroalimentario, aeroespacial y automovilístico. Todos ellos se alinean con la estrategia del Gobierno para impulsar la transformación verde y digital de la economía, considerándolos clave para el crecimiento europeo en los próximos años, además de ser generadores de empleo cualificado y estable.
Organizado por ICEX - Invest in Spain, el foro permitirá a los altos ejecutivos de estas compañías exponer sus iniciativas, necesidades e inquietudes directamente a miembros del equipo económico, ministros, secretarios de Estado y otros representantes de organismos públicos vinculados al comercio y la inversión. Se prevé la celebración de unas 100 reuniones bilaterales, incluidas aquellas con el presidente y varios ministros.
Además de Pedro Sánchez, participarán en el encuentro la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.
El Ejecutivo también ha extendido la invitación a las comunidades autónomas, que estarán representadas por sus consejeros de Economía o directores generales, con el propósito de establecer vínculos con las empresas interesadas en invertir en sus regiones. La jornada se desarrollará en inglés, desde primera hora de la mañana hasta media tarde, e incluirá un almuerzo presidido por el ministro de Economía con los representantes de las multinacionales.
El Invest in Spain Summit tiene un doble propósito: consolidar la imagen de España como un lugar atractivo, estable y competitivo para la inversión internacional, y al mismo tiempo identificar y fomentar nuevas oportunidades de inversión, sobre todo en áreas clave como la transición ecológica, la digitalización, la industria tecnológica y las energías limpias.
En un escenario internacional marcado por la inestabilidad económica y geopolítica, el Gobierno quiere mostrar a España como uno de los países más fiables del entorno europeo, destacando la solidez de su economía frente a los vaivenes políticos de Estados Unidos. En este contexto, la reciente revisión al alza del crecimiento del PIB español hasta el 2,5% para 2025, según el FMI, refuerza el atractivo del país justo a las puertas del foro. El Ejecutivo espera que este encuentro sea el primero de muchos, con la ambición de convertirlo en una cita anual fija para las multinacionales interesadas en establecerse o ampliar su presencia en España.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una inversión de 1.300 millones de euros a lo largo de los próximos diez años para el nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) centrado en la vivienda. El anuncio tuvo lugar durante el cierre del evento Hacia una construcción industrializada, celebrado en Ifema Madrid, con la presencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El propósito de esta iniciativa, según destacó Sánchez, es "construir más viviendas, de mejor calidad, en menos tiempo y con precios más accesibles".
Financiado con fondos europeos, este programa pretende promover la construcción de unas 15.000 viviendas industrializadas al año -fabricadas en entornos industriales-, con el objetivo de alcanzar las 20.000 unidades en una década. La base del proyecto se situará en la zona logística del Puerto de Valencia, en terrenos gestionados por Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo), como símbolo del compromiso del Ejecutivo con la recuperación de áreas afectadas por la gota fría del pasado octubre.
"Necesitamos cambiar el modo en que construimos para mejorar nuestra calidad de vida. Hoy en día, para millones de personas, acceder a una vivienda digna y asequible se ha vuelto una utopía, tanto en España como en Europa. Por eso debemos actuar con determinación desde todas las administraciones públicas", ha subrayado el presidente.
El PERTE se estructura en torno a tres ejes fundamentales: ampliar la capacidad de producción, fomentar la eficiencia y sostenibilidad en la edificación, y aumentar la presencia de jóvenes y mujeres en el sector. En lo relativo a la producción, se apoyará a pymes interesadas en la industrialización de viviendas mediante la financiación de sus proyectos. En cuanto a eficiencia, se espera que los nuevos métodos constructivos reduzcan los tiempos de ejecución entre un 20% y un 60%, a la vez que las edificaciones estén mejor preparadas para el impacto del cambio climático. En el ámbito laboral, se pretende aumentar la participación femenina en el sector, donde actualmente representan solo el 11% de la fuerza laboral.
Este plan llega en un momento clave para el mercado inmobiliario español, marcado por el aumento de los precios y la escasez de oferta accesible. Con esta estrategia, el Gobierno pretende transformar el modelo constructivo del país apostando por métodos como la edificación modular, que permitirían acelerar los plazos y abaratar costes. Sánchez también aprovechó para recalcar la urgencia de reformar el modelo productivo y desbloquear la reforma de la Ley del Suelo, aún estancada en el Congreso.
El presidente hizo hincapié en la necesidad de actualizar el artículo 55 de dicha ley para evitar que errores menores en la planificación urbanística paralicen proyectos enteros. "Es una demanda de numerosos colectivos y cuenta con el respaldo de gran parte del sector y de muchas comunidades autónomas, incluso aquellas dirigidas por partidos de la oposición", afirmó Sánchez, apelando a las Cortes Generales para dar impulso a esta reforma que podría facilitar la contención de precios del suelo y ofrecer mayor seguridad jurídica.
La feria Rebuild, donde se presentó la iniciativa, reúne esta semana en Madrid a representantes de promotoras, arquitectos, empresas tecnológicas y administraciones públicas. Este evento sirvió como escaparate para presentar las primeras medidas concretas del PERTE, uno de los doce pilares que el Ejecutivo adelantó en enero para abordar la actual crisis de vivienda. Según datos del Banco de España, el país arrastra un déficit acumulado de unas 600.000 viviendas entre 2022 y 2025, lo que ha provocado un aumento constante en los precios y ha agudizado la emergencia habitacional.
La ministra de Vivienda subrayó que el sector está mostrando signos de recuperación, al haberse construido en 2024 más viviendas nuevas (127.000) que hogares creados (111.000), algo que no ocurría desde 2020. "Estamos más cerca de alcanzar la media europea y contamos con una base sólida para seguir avanzando", afirmó Rodríguez. David Martínez, presidente de Rebuild y consejero delegado de Aedas Homes, respaldó el plan, asegurando que el objetivo de construcción anual es factible. "Esta es la dirección correcta. Es necesario un cambio de modelo en la construcción para poder responder a las necesidades habitacionales del país", concluyó.
Los mercados financieros comienzan a vislumbrar un escenario en el que tanto el dólar como la deuda pública de Estados Unidos podrían ver debilitado su papel dominante como referencias globales. Desde que Donald Trump oficializó su ofensiva comercial, la moneda estadounidense ha ido perdiendo valor, generando un entorno de inestabilidad financiera que aleja a los inversores. Las políticas económicas radicales del país están provocando un desvío de los flujos financieros hacia otras regiones del mundo, consolidando a la deuda soberana europea -especialmente la alemana- como un nuevo refugio seguro en medio de tanta incertidumbre.
Mientras la deuda estadounidense sufre presiones ante un panorama de menor crecimiento económico y la ofensiva de Trump contra la independencia de la Reserva Federal, los intereses de los bonos europeos descienden, volviendo a niveles previos al anuncio del ambicioso plan de gasto del canciller alemán, Friedrich Merz. En este contexto, el euro ha ganado terreno frente al dólar, alcanzando su valor más alto en tres años. Otras monedas refugio, como el yen japonés y el franco suizo, también se han beneficiado del movimiento de capitales.
El rendimiento del bono alemán, por ejemplo, ha caído al 2,45%, regresando a cifras anteriores al 5 de marzo, fecha en la que el "bund" experimentó la mayor subida de rentabilidad desde la reunificación alemana. En aquella ocasión, Merz presentó un programa de inversión pública sin precedentes, valorado en un billón de euros, para reforzar el gasto en defensa e infraestructuras, rompiendo así con la tradición de disciplina fiscal impuesta por la Constitución alemana. Esta transformación del enfoque económico tuvo un fuerte impacto en los mercados, provocando un aumento de la rentabilidad del bund hasta el 3%, efecto que se contagió a otros bonos europeos.
Sin embargo, el temor a las consecuencias de la política comercial estadounidense ha desatado una oleada de ventas de deuda de EE. UU. y una mayor demanda de bonos europeos, considerados más seguros. El bono español a diez años también ha retrocedido, situándose en el 3,13% tras haber superado el 3,5%, aunque este ajuste ha incrementado ligeramente las primas de riesgo, hasta los 70 puntos básicos en el caso español y 116 en el italiano.
"Todos los activos denominados en dólares están registrando salidas, salvo el oro", afirma David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value. Según él, las decisiones económicas de Trump suponen un choque para EE. UU., pero para Europa podrían generar un efecto deflacionario: menores precios energéticos, una moneda más fuerte y una reducción del consumo. "La deflación sopla con fuerza en Europa, y ante la previsión de nuevas bajadas de tipos, la demanda de bonos europeos ha aumentado", añade. De hecho, el Banco Central Europeo ya ha iniciado ese camino, y el mercado anticipa recortes de hasta 70 puntos básicos en los tipos este año, mientras que se diluyen las expectativas de recortes en Estados Unidos.
Finaccess Value es solo una de las muchas gestoras que han reducido su exposición a activos estadounidenses en favor de la deuda europea de mayor calidad crediticia, como los bonos a largo plazo de Alemania y Austria, ambos con calificación AAA. "En marzo el mercado reaccionó de forma exagerada ante la deuda alemana. Nosotros aprovechamos para vender bonos de EE. UU. y reforzar posiciones en Europa. En bolsa estadounidense solo mantenemos inversiones cubiertas en euros; hemos salido de la renta variable en dólares", explica Ardura. La última encuesta de gestores de Bank of America confirma este giro en las carteras. Por su parte, los inversores japoneses, tradicionalmente conservadores, han vendido más de 20.000 millones de dólares en bonos internacionales este mes, según el Financial Times.
En un primer momento, los bonos del Tesoro de EE. UU. actuaron como refugio frente a los aranceles generalizados impuestos por Trump el 2 de abril, reduciendo su rentabilidad por debajo del 4%. No obstante, días después los inversores comenzaron a castigar duramente los efectos de estas políticas, llevando el rendimiento al 4,5%, debido al temor a un déficit fiscal creciente por el debilitamiento económico. Esta presión obligó a Trump a anunciar una tregua de 90 días en sus medidas arancelarias, aunque la rentabilidad del treasury se mantiene elevada, en torno al 4,3%, y la desconfianza persiste, agravada por los constantes ataques a la Fed.
"Estamos ante un movimiento global de reubicación de capitales. No se trata solo de la política monetaria europea. Los inversores están abandonando bonos y activos en dólares y cambiando a euros o yenes, si no tienen el dólar como moneda de referencia. No se puede hablar aún de una huida total, pero sí de un cambio relevante en las carteras", concluye Francisco Chambel, director del mercado de capitales de Unicredit. Solo el tiempo dirá si los inversores volverán a cobijarse en el dólar. Pero si Trump no rectifica su rumbo económico, muchos analistas consideran que ya ha comenzado una rotación estructural de largo plazo hacia otros mercados y divisas, que podría extenderse durante años.
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