(Cinco Días, 06-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco Central Europeo (BCE) ha bajado los tipos de interés hasta el 2%

Una vez más, el Banco Central Europeo (BCE) ha optado por aplicar la misma medida que ha venido repitiendo en los últimos meses: una reducción de los tipos de interés de 25 puntos básicos. Este jueves se ha producido la séptima bajada consecutiva -la octava desde que se inició el ciclo de rebajas hace un año-, situando el tipo de interés en un 2%, el nivel más bajo desde diciembre de 2022. Christine Lagarde, presidenta del BCE, ofrecerá más información en una rueda de prensa a partir de las 14:45. El mercado ya daba por hecho este movimiento, con una probabilidad cercana al 100%, y el Consejo de Gobierno del BCE no encontró razones para contradecir esa expectativa. Detener las bajadas justo ahora, cuando la inflación ha descendido por debajo del simbólico 2%, mientras el euro gana fuerza, la energía baja de precio, los salarios se moderan y los servicios aflojan la presión sobre los precios, habría resultado difícil de justificar. Tampoco se esperaba una bajada más agresiva, de medio punto porcentual, sobre todo porque el BCE ya ha liderado entre los grandes bancos centrales el proceso de reducción de tipos -acumulando una rebaja de 200 puntos básicos en un año, el doble que la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra. Avanzar demasiado rápido podría ser arriesgado: persisten amenazas para la estabilidad de precios, como un posible fracaso en las negociaciones comerciales entre la UE y EE. UU., cuyo plazo expira el 9 de julio, y que podría desembocar en una escalada de aranceles perjudicial para ambas partes. Al igual que en sus anteriores revisiones -en septiembre, diciembre y marzo-, el BCE ha vuelto a ajustar a la baja sus previsiones de crecimiento económico, aunque de forma mínima esta vez. Se espera que la economía de la eurozona crezca un 0,9% en 2025 (igual que antes), un 1,1% en 2026 (una décima menos), y un 1,3% en 2027, sin cambios. Aunque el comunicado oficial no menciona a Donald Trump, se intuye que sus amenazas arancelarias han influido en estas revisiones. No obstante, el BCE confía en que otros factores amortigüen el impacto. En palabras del organismo: "Aunque la incertidumbre sobre las políticas comerciales puede afectar negativamente a la inversión empresarial y a las exportaciones en el corto plazo, el incremento del gasto público en defensa e infraestructuras debería sostener el crecimiento a medio plazo". En este contexto, ha ganado notoriedad un acrónimo que circula entre analistas: TACO (Trump Always Chickens Out), que sugiere que el expresidente estadounidense suele recular en sus amenazas más duras, como ya ocurrió con las tarifas a China o sus intentos de destituir a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Si se repite el patrón, podría retirarse también de la imposición de aranceles a Europa. Sin embargo, el BCE prefiere mantener la cautela y sigue considerando que el entorno comercial supone un riesgo real para la recuperación. Por el lado de los precios, el panorama también mejora. Las nuevas proyecciones del BCE sitúan la inflación media de 2024 en el 2% (anteriormente 2,3%), la de 2026 en el 1,6% (por debajo del 1,9% estimado antes), y para 2027 se mantiene en el 2%. Esta evolución se atribuye, entre otros factores, al fortalecimiento del euro, al abaratamiento del petróleo y a una fuerte caída del precio del gas en el índice TTF holandés, que ha descendido casi un 40% desde su punto máximo en febrero. Ante esta situación, las proyecciones futuras dependen en buena medida de que las tensiones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos no escalen. Si se evita una confrontación, el BCE podría continuar con su política monetaria flexible. De hecho, el descenso de la inflación en mayo al 1,9% refuerza esta estrategia gradual de bajadas de tipos, sin que se observen efectos inflacionarios adversos. Según Bloomberg Economics, el desvío de productos chinos hacia Europa -como resultado de las restricciones en EE. UU.- podría reducir la inflación en la eurozona en hasta cuatro décimas este año y el próximo. Los mercados financieros ya anticipan entre uno y dos nuevos recortes de tipos antes de que termine 2025, con septiembre y diciembre como fechas clave. Esta tendencia también se está reflejando en el euríbor, que está a punto de situarse por debajo del 2% por primera vez desde septiembre de 2022, lo que supondría un alivio importante para quienes tienen hipotecas variables y facilitaría el acceso al crédito inmobiliario. Entre los elementos que más han contribuido a esta mejora en los precios destacan varias partidas que preocupaban al BCE. La inflación en el sector servicios ha bajado del 4% al 3,2%, el nivel más bajo en más de tres años; los salarios pactados en convenios se han moderado del 4,1% al 2,4%; y la inflación subyacente -que excluye componentes volátiles como energía, alimentos, alcohol y tabaco- descendió en mayo del 2,7% al 2,3%. Estos datos refuerzan la percepción de que la desaceleración inflacionaria es sólida y permite continuar con los ajustes monetarios sin grandes riesgos.

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(Expansión, 06-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España y otros seis países lanzaron ayer el primer marco conjunto de instrumentos de inversión comunes

El nuevo distintivo europeo, denominado Finance Europe, fue aprobado este lunes en París por los ministros de Economía de España, Carlos Cuerpo, y de Francia, Éric Lombard, principales impulsores de la iniciativa, junto con sus homólogos de Alemania, Países Bajos, Portugal, Luxemburgo y Estonia. En el acto también participaron destacados representantes del sector financiero europeo, entre ellos bancos, aseguradoras y asociaciones empresariales. La Unión Europea dispone de un volumen de ahorro de los hogares que ronda los 35 billones de euros, aunque cada año se desvían alrededor de 300.000 millones hacia Estados Unidos, según estima el informe Letta. Además, buena parte del capital restante tampoco se canaliza de forma eficaz hacia inversiones productivas dentro de la propia UE. Ante esta situación, los siete países firmantes han puesto en marcha un marco común destinado a facilitar la creación de productos financieros orientados a aprovechar ese ahorro interno, reforzar el mercado único y dirigir los recursos privados hacia sectores clave como la innovación, la transición ecológica y digital, la defensa y la autonomía estratégica de Europa. Los productos financieros que se ajusten a este nuevo marco podrán recibir incentivos fiscales a nivel nacional para aumentar su atractivo entre los inversores. A cambio, deberán cumplir tres condiciones fundamentales: Al menos el 70% de los activos deben estar invertidos en empresas europeas; Se exigirá un compromiso mínimo de inversión de cinco años y Una parte importante de la cartera deberá estar destinada a renta variable, sin garantía de capital, con el fin de fomentar la inversión productiva y estimular el crecimiento económico. Según el Ministerio de Economía, "una mayor implicación de los ciudadanos en los mercados de capitales permitirá también una gestión del ahorro más eficiente". El sello podrá aplicarse tanto a nuevos productos como a instrumentos ya existentes que se adapten a los criterios establecidos. El sistema está diseñado para ser simple y descentralizado, de modo que bancos, aseguradoras y otros intermediarios financieros podrán ofrecer productos bajo la etiqueta Finance Europe, siempre que cumplan las reglas del marco común. Las autoridades nacionales competentes serán las encargadas de vigilar que se respeten estas normas, lo que garantizará la transparencia y la credibilidad del nuevo distintivo. Se prevé que más países se sumen próximamente a la iniciativa. Durante el acto de presentación, Carlos Cuerpo calificó el sello como "una herramienta innovadora y muy necesaria para movilizar fondos privados frente a los desafíos actuales de la Unión Europea". Además, propuso continuar el trabajo conjunto, en coordinación con la Comisión Europea y otras instituciones internacionales, para impulsar nuevas medidas dentro del proceso de integración de la Unión Bancaria y del Mercado de Capitales.

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(El País, 05-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El alquiler vacacional sube un 7% y roza los 1.300 euros semanales

Cada año resulta más difícil poder pasar una semana en las costas españolas. La fuerte demanda turística, en especial la proveniente del extranjero, ha alterado profundamente el panorama económico del alquiler vacacional. Desde 2020, los precios han aumentado un 40%, un ritmo que supera ampliamente el crecimiento de los ingresos de la mayoría de las familias españolas. Esto ha derivado en una oferta enfocada más en obtener el mayor beneficio posible que en ser accesible, haciendo que disfrutar del verano junto al mar se convierta en un privilegio cada vez más distante para muchos. El verano de 2025 no será diferente. De acuerdo con un informe de la tasadora Tecnitasa, el precio promedio por una semana de alquiler en primera línea de playa ha alcanzado los 1.270 euros, lo que representa un 7% más que el año anterior. Esto supone un aumento de 110 euros respecto a 2024, que ya había experimentado una subida del 10%. Esta tendencia, que triplica el crecimiento del índice de precios al consumo (IPC), confirma una presión estructural sobre el mercado de vivienda vacacional. Factores como la proliferación de plataformas de alquiler turístico, la profesionalización del negocio y la persistente demanda internacional han impulsado un modelo que prioriza la rentabilidad en las semanas de mayor ocupación. El verano, con su alta concentración de visitantes, sirve de excusa perfecta para seguir elevando los precios en un mercado con escasa oferta disponible. Esto ha generado un mercado desigual, donde la ubicación influye de forma significativa en el acceso. Las zonas más populares -por su proyección internacional, conexiones aéreas o servicios exclusivos- alcanzan precios récord. En Puerto Banús (Marbella), por ejemplo, una semana cuesta 3.700 euros; en Santanyí (Mallorca), 3.400 euros; y en la Isla de la Toja (Galicia), alrededor de 2.900 euros por siete días. Estas cifras dibujan una barrera invisible que separa a quienes pueden asumir estos costes de quienes quedan al margen. Con el salario mínimo interprofesional fijado en 1.184 euros mensuales en catorce pagas, una semana de vacaciones en estas zonas cuesta más que el ingreso mensual completo de un trabajador con ese sueldo. Incluso una familia con dos salarios mínimos apenas podría hacer frente al alquiler de un piso medio en agosto sin desequilibrar su economía. Así, muchos destinos costeros se vuelven inalcanzables para gran parte de la población. Sin embargo, todavía existen algunos lugares donde los precios se mantienen relativamente bajos. En Moncófar o Vinaroz (Castellón), se pueden encontrar apartamentos de 70 m² por unos 550 euros semanales. En El Puig (Comunidad Valenciana), los de 80 m² se alquilan por unos 710 euros, y en Vicedo (Lugo), los precios rondan los 650 euros. Son destinos con menor presión turística y menos proyección internacional, lo que contribuye a mantener los precios moderados. El informe también destaca que provincias como Cádiz y Málaga, sin llegar a los máximos de Marbella, han registrado los mayores aumentos interanuales, superiores al 12%. En San Roque (Cádiz), el alquiler semanal ha pasado de 1.900 a 2.300 euros, y en Nerja (Málaga), de 1.200 a 1.450 euros. Estos incrementos reflejan que incluso zonas consideradas más asequibles están empezando a encarecerse con rapidez. El norte y noreste del país tampoco se quedan atrás, con subidas de entre el 6% y el 12% en provincias como A Coruña, Lugo, Girona, Barcelona y Vizcaya. Aun así, hay enclaves costeros donde los precios se han mantenido estables, como algunas zonas de Pontevedra, Huelva, Almería, Granada, Asturias o Cantabria. Por ejemplo, en Sangenjo y El Grove, los alquileres semanales siguen en 1.400 y 950 euros, respectivamente. En Almuñécar (Granada), todavía es posible encontrar apartamentos de 80 m² por unos 900 euros, y en Llanes (Asturias), por alrededor de 780 euros.

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(El Economista, 05-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Jueces y fiscales amenazan con una huelga por la polémica reforma para acceder a ambas carreras

Cinco jueces y cuatro fiscales de Barcelona han hecho público un manifiesto en el que llaman a sus colegas a apoyar una posible huelga si el Gobierno no retira el proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal, así como el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En dicho documento expresan su preocupación por lo que consideran un serio retroceso en la independencia del poder judicial y en la separación de poderes. Afirman que estas reformas contradicen tanto el marco jurídico europeo como la Constitución española, al facilitar que personas sin la preparación adecuada puedan ser nombradas jueces o fiscales por criterios políticos, en perjuicio de quienes acceden por oposición. Subrayan que "la única vía para evitar esta situación es la retirada de las propuestas legislativas", y que la huelga se presenta como "el último recurso legítimo" para defender la independencia judicial. Por ello, hacen un llamamiento a todos los miembros de la carrera judicial, fiscal y a los letrados de la Administración de Justicia para que respalden el manifiesto y se sumen a la movilización. El texto ha sido difundido en la red social X a través del perfil '@Huelga2025', creado en mayo con el fin de promover una movilización conjunta del sector contra las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Uno de los cambios propuestos en la normativa es la modificación del acceso al conocido como "cuarto turno", que permite a juristas con más de cinco años de experiencia optar a plazas de jueces y fiscales. Actualmente, este sistema requiere superar tres pruebas -una tipo test y dos orales que abarcan un temario extenso de 329 temas- además de completar dos años de formación en la Escuela Judicial. La reforma pretende eliminar una de las pruebas orales, que cubre 144 temas, e incorporar un dictamen escrito de evaluación más subjetiva. También plantea reconocer de forma automática cinco años de antigüedad a los aspirantes que accedan por esta vía y que su formación quede bajo control del Gobierno mediante el Centro de Estudios Jurídicos. Según los firmantes, estas medidas supondrán una merma en la preparación de jueces y fiscales y permitirán una mayor injerencia política en la composición del poder judicial, socavando la separación de poderes. Otro aspecto cuestionado es la conversión en fijos de más de 1.000 jueces y fiscales sustitutos actuales, mediante un concurso-oposición que se convocará dos meses después de la entrada en vigor de la ley. Los autores del manifiesto critican que estas personas ya cuentan con otras vías de acceso a la carrera, como el cuarto turno, y rechazan la regularización automática. Finalmente, en cuanto al anteproyecto de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, alertan de que otorga más poder al Fiscal General del Estado, debilita el papel del Consejo Fiscal y reduce las garantías de los fiscales en cuestiones clave como el reparto de casos, la disciplina interna o la resolución de conflictos. Según indican, la norma pone en peligro la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal.

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(La Vanguardia, 05-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez propone a las comunidades un pacto para triplicar la inversión en vivienda

Después de asegurar la celebración de la Conferencia de Presidentes al aceptar los temas propuestos por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, Pedro Sánchez ha decidido dar un paso adelante y presentar sus propias iniciativas con el objetivo de acercar posturas respecto al problema del acceso a la vivienda. A través de una carta enviada este jueves a los presidentes autonómicos -a la que ha tenido acceso este medio-, el presidente del Gobierno plantea alcanzar un pacto durante la reunión de este viernes en Barcelona para triplicar la inversión pública en vivienda, condicionando ese incremento a la aplicación indefinida del régimen de protección oficial para las viviendas subvencionadas. El llamado nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda 2026-2030 implicaría aumentar la inversión de los actuales 2.300 millones a 7.000 millones de euros. De esa cantidad, el Gobierno central se compromete a aportar el 60% (4.000 millones), siempre que las comunidades autónomas contribuyan con al menos 2.700 millones. Los recursos irían destinados principalmente a la construcción y rehabilitación de vivienda pública, tanto en propiedad como en alquiler. Sánchez recalca en la carta que la política de vivienda es una responsabilidad compartida y recuerda que las comunidades autónomas han recibido del Estado un 47% más de fondos entre 2019 y 2025 en comparación con el periodo 2012-2018. Además, propone que todas las viviendas financiadas con fondos públicos mantengan su condición de protegidas de forma permanente, garantizando así una oferta estable de viviendas asequibles para compra o alquiler. Otro de los compromisos que plantea el Gobierno en materia de corresponsabilidad tiene que ver con la transparencia en el mercado de la vivienda. En su escrito, Sánchez lanza duras críticas contra portales inmobiliarios como Idealista y Fotocasa, a los que acusa de acaparar la información y ofrecer datos poco fiables. "Hoy en día no existe una base de datos pública y precisa que permita conocer los precios reales de compraventa y alquiler de inmuebles en cada ciudad", argumenta el presidente. Según él, esta falta de información dificulta tanto el diseño de políticas públicas eficaces como la capacidad de negociación de los ciudadanos. Por ello, propone que las comunidades compartan todos los datos disponibles para crear una base estatal integrada y accesible a través de un portal web público. "No podemos seguir tomando decisiones a ciegas", concluye en ese apartado. En la parte final de la carta, Sánchez invita a los presidentes autonómicos a analizar sus propuestas, centradas en "mayor inversión pública, menos especulación y más transparencia", con el objetivo de debatirlas de forma "serena y constructiva" este viernes, y alcanzar un consenso antes del verano. Asegura que los ciudadanos no eligen a sus representantes para enzarzarse en disputas partidistas, sino para trabajar conjuntamente en la solución de sus problemas. Y remata: "El problema de la vivienda es clave, y debemos estar a la altura". Desde el Gobierno reconocían este martes que la reunión de la Conferencia de Presidentes corría el riesgo de quedar en un mero trámite, tras varios días de tensiones y amenazas por parte de las comunidades del PP de impugnar legalmente la convocatoria o incluso ausentarse si no se incluían todos los puntos que habían exigido. Finalmente, el Ejecutivo accedió a todas sus peticiones para garantizar la celebración del encuentro. "Aunque no se alcancen acuerdos concretos, el simple hecho de reunirse ya tiene valor", señalaban fuentes gubernamentales. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interpretó esta situación como una victoria de su partido. "Ha quedado demostrado para qué sirve el peso institucional del PP", afirmó el martes por la tarde en un acto en Logroño. "Sirve para frenar que el presidente del Gobierno imponga su agenda", añadió. En su intervención, también criticó duramente a Sánchez por evitar hablar de casos como el de la militante socialista Leire Díez, aludiendo a una presunta operación para obstaculizar investigaciones de la Guardia Civil, y acusó al Ejecutivo de estar más centrado en los tribunales que en atender a los ciudadanos. Los populares consiguieron incluir en el orden del día temas como la retirada del proyecto de ley para la condonación de deuda, medidas contra la ocupación ilegal y los inquilinos morosos, un nuevo plan energético con fuentes de respaldo, más inversión en infraestructuras clave para evitar "el caos ferroviario", y la eliminación de los proyectos de ley que afectan al Poder Judicial y al Estatuto del Ministerio Fiscal. También exigieron que se reitere que el control de fronteras y la gestión migratoria son competencias exclusivas del Estado. Aunque inicialmente el Gobierno consideró que estos últimos asuntos excedían el ámbito de la Conferencia, finalmente cedió para garantizar la asistencia de todos los presidentes autonómicos.

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(El Periódico, 05-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Comisión Europea pide acelerar el cumplimiento del plan de recuperación y gastar 335.000 millones en un año

Quedan aún por cumplir 4.800 objetivos, por ejecutar 335.000 millones de euros y apenas 454 días hasta que finalice el plazo de implementación del plan de recuperación. La Comisión Europea ha instado este miércoles a los gobiernos a acelerar el ritmo para aprovechar al máximo los fondos disponibles y evitar que se pierdan. Bruselas destaca los avances conseguidos hasta ahora con este plan, un mecanismo de financiación de 800.000 millones de euros creado por la UE como respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19 en 2020. Los desembolsos están vinculados al cumplimiento de reformas e inversiones previamente pactadas, y el Ejecutivo comunitario subraya que la ejecución de estos fondos ha tenido una capacidad de absorción mucho mayor que otros instrumentos similares, contribuyendo significativamente al crecimiento económico. Según fuentes comunitarias, el buen rendimiento de las economías de países como España e Italia se debe en parte a estas reformas estructurales impulsadas gracias al plan de recuperación. En el caso español, se calcula que un 9,3% del PIB en 2023 estuvo relacionado con inversiones financiadas mediante este plan. A pesar del progreso, queda un largo camino por recorrer. Entre 2020 y 2024, los países de la UE han gastado el 80% de las subvenciones asignadas, lo que equivale a unos 161.000 millones de euros. Sin embargo, solo se ha utilizado el 38% de los préstamos y el 57% de las subvenciones disponibles. Si no se cumplen los hitos establecidos antes de agosto de 2026, los fondos restantes se perderán. Hay cuatro fechas clave en este calendario. El 31 de agosto de 2026 es el límite para que los países cumplan con sus compromisos. El 30 de septiembre es la fecha tope para solicitar los últimos desembolsos. Luego, la Comisión tiene hasta el 30 de noviembre para evaluar las solicitudes y hasta el 30 de diciembre para realizar los pagos. La razón por la que no es factible extender estos plazos radica en que la UE emitió deuda conjunta para financiar el plan y solo puede acudir a los mercados según la necesidad. Modificar el calendario sería extremadamente complejo y políticamente casi inviable, ya que requeriría unanimidad entre los 27 Estados miembros y la aprobación de numerosos parlamentos nacionales. Países como España, Italia, Polonia, Grecia, Croacia y Rumanía aún tienen por ejecutar grandes sumas de dinero, y el tiempo apremia. "Esto no va a cambiar, no se puede cambiar", advirtieron fuentes comunitarias. "Si seguimos al ritmo actual, sobre todo en el primer semestre de 2025, no llegaremos a cumplir los objetivos. Es necesario un cambio de ritmo", insistieron. Para facilitar el cumplimiento, la Comisión ha propuesto varias medidas. En primer lugar, pide a los gobiernos que prioricen las reformas y proyectos de inversión que sea realista completar antes del 31 de agosto de 2026; el resto, deberá descartarse. "Algunos países parecen esperar milagros con ciertos proyectos. No van a ocurrir", señalan desde Bruselas. También se recomienda apostar por aquellas medidas que ya hayan demostrado ser eficaces. "Si algo ha funcionado mejor de lo previsto, puede incorporarse al plan", indican fuentes comunitarias. Asimismo, se aconseja dividir proyectos cuando parte de ellos no pueda ejecutarse a tiempo, dejando esa parte para ser financiada más adelante con fondos propios. Otra posibilidad planteada es que los gobiernos inyecten capital en Bancos Nacionales de Promoción para movilizar inversión privada o que transfieran parte de los fondos a iniciativas a nivel europeo. Además, se insta a los gobiernos a simplificar los planes, eliminar reformas que no estén alineadas con las recomendaciones del Semestre Europeo y ser claros y realistas en sus objetivos. La Comisión subraya la urgencia de modificar cuanto antes los planes si se desea aprovechar los fondos disponibles. Pero recalca que las inversiones deben ser útiles y tener impacto real. "No se trata de gastar por gastar. Se trata de garantizar que los recursos restantes del fondo se destinen a proyectos concretos y transformadores", subrayan fuentes comunitarias. España, en particular, es uno de los países con más fondos pendientes de utilización, tanto porque fue uno de los más golpeados por la pandemia -y por tanto recibió más recursos- como porque no solicitó los préstamos disponibles hasta 2023, tres años después del inicio del programa. Además, la Comisión recuerda que una parte importante de los fondos está destinada a la creación de instrumentos financieros que buscan fomentar la inversión privada, lo cual hace que su ejecución dependa también de la demanda del mercado.

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(Cinco Días, 04-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El interés de las letras a 12 meses cae del 1,9%, mínimos de septiembre de 2022

Los primeros días de junio están siendo protagonizados por una tendencia bajista en los mercados bursátiles. La creciente incertidumbre en torno a los aranceles y la publicación de datos macroeconómicos poco alentadores han empujado a los inversores a buscar activos considerados seguros, situando nuevamente a la deuda pública de la eurozona como una opción atractiva. En este contexto, el Tesoro ha dado inicio al calendario de emisiones del mes con una subasta de letras a seis y doce meses. Solo una semana después de haber captado 13.000 millones de euros en la tercera emisión sindicada del año, el organismo dirigido por Paula Conthe ha colocado 5.780,61 millones en letras, a los tipos más bajos registrados desde septiembre de 2022. Pese al descenso de los rendimientos, el interés por la deuda española sigue siendo alto: la demanda ha superado los 9.380 millones, lo que representa una ratio de cobertura de 1,62 veces. De ese total, las solicitudes de los pequeños inversores han alcanzado los 2.417,4 millones, lo que supone un 25,7% del total adjudicado. La mayor parte de la emisión corresponde a letras a 12 meses, por un importe de 3.926,67 millones. El tipo marginal se ha situado en el 1,893%, ligeramente por debajo del 1,9% anterior, marcando su nivel más bajo desde septiembre de 2022. Esta evolución está en línea con el comportamiento del mercado secundario, influenciado por la moderación de la inflación y las expectativas de recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo. El entorno actual difiere notablemente del vivido en 2022, cuando el BCE, junto a otros bancos centrales como la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, emprendía agresivas subidas de tipos para combatir una inflación desbocada. En septiembre de ese año, el BCE aprobó un aumento histórico de 75 puntos básicos. En cuanto a las letras a seis meses, se han colocado 3.751,94 millones al 1,915%, el rendimiento más bajo desde octubre de 2022. Al igual que en el caso de las letras a un año, la caída de los tipos no ha reducido el interés por parte de los pequeños ahorradores. La falta de alternativas atractivas en la banca tradicional y el componente de seguridad continúan posicionando a las letras del Tesoro como un producto popular entre los minoristas. Además, con una inflación en mayo situada en el 1,9%, estas letras a seis meses logran, aunque por poco, mantener su rentabilidad real positiva. Las peticiones no competitivas -procedentes en gran medida de particulares- han ascendido a 1.209,65 millones, una cifra superior a los 846 millones registrados en la subasta anterior.

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(Expansión, 04-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE bajará los tipos al 2%, mínimos de diciembre de 2022

Un nuevo recorte se avecina, aunque ya se empieza a vislumbrar el final del ciclo. Esa parece ser la lectura del Banco Central Europeo (BCE), que mañana celebrará una nueva reunión de política monetaria en la que, salvo una gran sorpresa, volverá a reducir los tipos de interés, situándolos en el 2%. Será la octava rebaja dentro del actual proceso de flexibilización monetaria y la séptima consecutiva, lo que dejará el tipo de interés en su nivel más bajo desde diciembre de 2022. Con un respaldo mayoritario prácticamente garantizado, el BCE habrá logrado implementar este ajuste de 200 puntos básicos con un alto grado de acuerdo interno, lo que ha facilitado tanto la rapidez como la ejecución del proceso. Sin embargo, este consenso podría estar llegando a su fin. La rebaja de tipos prevista para mañana podría ser la última que se apruebe con tanta facilidad. A partir de ahora, quienes dentro del BCE quieran seguir promoviendo una política más expansiva tendrán que argumentar con mayor firmeza y enfrentarse a un debate más intenso. Así lo sugiere el cambio de tono en el Consejo de Gobierno, donde los sectores más conservadores (los llamados "halcones") mantienen su postura firme, mientras que los más proclives al estímulo económico (las "palomas") han adoptado una actitud más cautelosa. Entre las señales más destacadas está la advertencia de Yannis Stournaras, gobernador del Banco de Grecia, quien ha afirmado: "En junio recortaremos los tipos una vez más y después habrá una pausa". Por su parte, Fabio Panetta, gobernador del Banco de Italia y uno de los más activos defensores de los recortes, ha reconocido que "los ajustes ya realizados reducen significativamente el margen para seguir bajando". Los inversores también han ajustado sus previsiones en función de estas declaraciones. Si bien antes se esperaba que los tipos se redujeran más profundamente, ahora los mercados anticipan una bajada en junio y, quizás, otra más en la segunda mitad del año. Según estas previsiones, el ciclo se cerraría con los tipos en el 1,75%. No obstante, todavía no está claro hasta dónde llegará el BCE con esta estrategia. La evolución de la política monetaria en Europa dependerá en gran medida del desarrollo de la guerra comercial con Estados Unidos, un factor que influye notablemente tanto en el crecimiento económico como en la inflación. Y como estas negociaciones entre la Unión Europea y el expresidente Donald Trump podrían extenderse más allá de junio, es probable que Christine Lagarde, presidenta del BCE, no pueda ofrecer mañana una orientación clara y definitiva sobre los próximos pasos del organismo.

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(Cinco Días, 03-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El turismo en España toca máximos y vive la mejor Semana Santa de su historia

El turismo atraviesa desde 2023 una etapa de crecimiento sostenido que le permite romper récords mes a mes, tanto en número de visitantes como en el gasto que realizan durante sus estancias. Abril de 2025, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa, no fue una excepción. Ese mes, llegaron a los principales destinos españoles 8,56 millones de turistas internacionales, un 10% más que en abril del año anterior, marcando así un hito al superar por primera vez los ocho millones de visitantes en este periodo, según los datos provisionales publicados hoy por el INE. Con ello, se ha registrado la Semana Santa más exitosa desde que hay estadísticas oficiales. Como ya ocurrió en los dos años anteriores, el gasto creció aún más que el volumen de turistas, un fenómeno que el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interpreta como una muestra del cambio de rumbo hacia un modelo turístico más cualitativo, centrado en el impacto económico en lugar de en el simple número de llegadas. En concreto, los visitantes internacionales gastaron en abril un total de 10.826 millones de euros, un incremento interanual del 14,1%. En los primeros cuatro meses del año, España recibió 25,6 millones de turistas, lo que representa un crecimiento del 7,1%, mientras que el gasto total se elevó un 9,3%, alcanzando los 34.332 millones de euros. Si se mantiene esta tendencia en lo que resta de 2025 -especialmente en los meses de verano-, el país podría superar por primera vez los 100 millones de turistas en un solo año, alcanzando aproximadamente los 100,5 millones, y romper también la barrera de los 137.500 millones de euros en gasto turístico. En cuanto a los principales países emisores, Reino Unido, Alemania y Francia continúan siendo los mercados más importantes, generando en conjunto el 44,6% del total de llegadas. Reino Unido lidera la clasificación con más de 4,7 millones de turistas, un 6,7% más que en el mismo período del año anterior. Le sigue Francia con 3,4 millones (+8,3%) y Alemania con algo más de 3,3 millones (+4,8%). Estos tres países también encabezan el ranking de gasto, aunque con variaciones en el orden: Reino Unido se mantiene en primer lugar con 1.768 millones de euros (+11,5%), seguido por Alemania con 1.602 millones (+14,4%) y Francia con 978 millones (+14,7%). Estas cifras evidencian la alta dependencia del turismo español respecto a estos tres mercados, que representan cerca del 44% de los turistas y alrededor del 40% del gasto total. Sin embargo, el gasto medio por persona de británicos, franceses y alemanes se encuentra entre los más bajos en comparación con otros mercados. En concreto, los turistas británicos gastan una media diaria de 169 euros, los alemanes 167 y los franceses apenas 128 euros. Estos niveles de gasto son similares a los de otros países europeos como Italia o los países nórdicos, pero quedan muy por debajo del gasto de los turistas provenientes de Asia o América, quienes suelen tener mayor capacidad económica, realizan viajes más largos y con itinerarios más variados. Así, el gasto medio diario de un visitante estadounidense alcanza los 274 euros, el de un mexicano llega a los 301 euros y el de los turistas asiáticos ronda los 340 euros.

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(Cinco Días, 03-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Desglobalizar la producción puede restar un 5% al PIB mundial

La tendencia proteccionista que se extiende a nivel global, con la nueva administración de Donald Trump como su máximo representante en la actualidad (aunque no el único), representa una amenaza significativa para el comercio y la economía mundiales, cuyo crecimiento futuro se encuentra ahora en entredicho. Así lo alertó ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), integrada por las economías más avanzadas del mundo, incluida la de Estados Unidos. Según esta organización, la creciente estrategia de relocalización de las cadenas de suministro a escala internacional podría reducir los flujos comerciales globales en más de un 18% y el PIB mundial en más de un 5%. Estas son algunas de las conclusiones del informe publicado ayer por la OCDE bajo el título "Sobre las cadenas de suministro resilientes", donde el organismo lanza una advertencia clara: la tendencia hacia la desglobalización -que pretende hacer más locales o incluso "nacionalizar" las cadenas de suministro (como propone Trump, quien promete excluir de aranceles a las empresas que trasladen su producción a suelo estadounidense)- no solo implica graves consecuencias económicas, sino que también podría poner en riesgo la seguridad del aprovisionamiento global. Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, explicó que "las medidas adoptadas en respuesta a preocupaciones sobre la seguridad del suministro y la concentración de mercado, así como la transformación prolongada de los flujos comerciales, pueden generar disrupciones indeseadas". La OCDE insiste en que "los intentos de relocalizar las cadenas de producción", amparándose en la seguridad del abastecimiento, no solo podrían afectar negativamente al comercio y al crecimiento económico global, sino que además "no fortalecen necesariamente la resiliencia" de estas cadenas. El organismo añade que "repatriar completamente la producción a nivel nacional perjudicaría el crecimiento y debilitaría, en lugar de fortalecer, la capacidad de recuperación de las cadenas de suministro". El informe también destaca que la volatilidad del PIB ha aumentado en más de la mitad de las economías analizadas, lo que pone en duda la idea de que la relocalización garantiza mayor estabilidad. Este mensaje tiene un destinatario evidente: Donald Trump, cuya estrategia arancelaria agresiva y sus amenazas a las empresas pretenden forzar el regreso de la producción a Estados Unidos. Esta postura entra en conflicto directo con la filosofía de libre comercio que la OCDE ha promovido históricamente como base para el crecimiento y el desarrollo globales, y que el informe de ayer defiende firmemente. En cuanto a las consecuencias económicas, la pérdida de PIB no afectaría a todos por igual: las caídas podrían variar entre el 1,1% y el 12,2%, según el nivel y tipo de integración de cada país en las cadenas globales de valor. Además, sectores estratégicos de la industria manufacturera -clave para la seguridad nacional y económica- como el petróleo y la electrónica, serían los más vulnerables, debido a la complejidad de sus cadenas de suministro. El informe también señala que los trastornos en sectores nacionales suelen tener repercusiones mayores que aquellos que se originan en el extranjero. En este contexto, la OCDE considera que la ofensiva relocalizadora impulsada por la administración Trump resulta perjudicial, incluso si se toma en cuenta la fuerte concentración del comercio mundial en China, país que ha pasado de representar el 5% de las importaciones globales hace 25 años al 30% actual, mientras que Estados Unidos, Alemania y Japón han reducido su cuota conjunta del 30% al 15%. A pesar de ello, la OCDE sostiene que relocalizar la producción de forma generalizada sería un remedio peor que el problema. Por ello, el organismo recomienda optar por "enfoques equilibrados", basados en una mayor diversificación geográfica y una cooperación internacional más sólida, en lugar de un repliegue nacionalista que puede acabar generando más vulnerabilidad que fortaleza.

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