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(El País, 23-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El turismo recuperó en 2024 el peso que tenía en la economía española antes del estallido de la pandemia

El turismo volvió a situarse en 2024 como uno de los pilares de la economía española, al generar el 12,6% del producto interior bruto (PIB), el mismo peso que alcanzó en 2019, último año completo previo a la pandemia. En términos monetarios, esta aportación ascendió a 200.699 millones de euros, lo que supone dos décimas más que en 2023, cuando el sector representó el 12,4% del PIB, según los datos de la Cuenta Satélite del Turismo de España publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La evolución de los últimos años permite dimensionar con claridad el impacto de la crisis sanitaria y la posterior recuperación. En 2019, el turismo alcanzó su máximo histórico, con una contribución superior a los 157.300 millones de euros. La llegada de la covid-19 provocó un desplome sin precedentes: en 2020, la actividad quedó prácticamente paralizada durante varios meses, con niveles nulos en abril y mayo, lo que hundió su peso en la economía. En 2021, todavía condicionado por las restricciones a la movilidad y la lenta reapertura de los mercados internacionales, el turismo apenas representó el 7,8% del PIB, uno de los registros más bajos de la serie. A partir de 2022, con la normalización progresiva de los viajes, el sector inició una recuperación sostenida. Ese año su aportación repuntó hasta el 12,1% del PIB, avanzó al 12,4% en 2023 y culminó en 2024 con el 12,6%, igualando el nivel previo a la pandemia. Cinco años después del estallido de la crisis sanitaria, el turismo completa así su ciclo de recuperación y consolida de nuevo su posición estructural dentro de la economía española. Además, dado que el conjunto de la economía ha crecido desde 2019, la aportación superior a los 200.000 millones supone un máximo histórico en términos absolutos. Este avance se explica porque la actividad turística ha evolucionado a un ritmo más intenso que el del conjunto de la economía. En 2024, la demanda final turística -que recoge el gasto directo de los visitantes en transporte, alojamiento, restauración, ocio y otros servicios- aumentó un 8,2%, frente al crecimiento del 6,4% registrado por ese mismo componente del PIB nacional. En la práctica, el gasto vinculado a los viajes ha sido uno de los principales impulsores del crecimiento económico general. Los datos del INE también apuntan a una mejora en productividad. Al comparar la evolución del PIB turístico con la del empleo, se observa que el sector está creciendo por encima de la media sin un aumento proporcional del número de trabajadores, lo que indica una mayor generación de valor añadido por empleado. Según el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, este comportamiento "demuestra que el crecimiento del turismo responde a factores estructurales positivos y no únicamente a un incremento del volumen de actividad". Perelli añade que la contribución real del turismo podría ser incluso superior a la reflejada actualmente. A su juicio, si el INE aplicara de forma homogénea a toda la serie histórica los criterios metodológicos introducidos en 2022, el peso del turismo en el PIB ya superaría los niveles de 2019 en términos comparables, situándose en máximos históricos. Desde Exceltur reclaman también una mayor agilidad en la publicación de las estadísticas -que actualmente se difunden con cerca de un año de retraso- y una armonización completa de los datos. Con este escenario, las previsiones del sector apuntan a que la aportación del turismo podría alcanzar el 13,1% del PIB en 2025. Dentro del análisis del gasto turístico, el turismo internacional volvió a ganar protagonismo. En 2024, el consumo de los visitantes extranjeros concentró el 55,6% del total del gasto turístico interior, 1,2 puntos porcentuales más que en 2023. Desde el inicio de la recuperación tras la pandemia en 2021, esta cuota ha aumentado en 15,4 puntos, reflejando el creciente peso del turismo receptor en el conjunto del sector. Este mayor protagonismo se sustenta en cifras récord. Durante 2024, España recibió 93,76 millones de turistas internacionales, un 10% más que el año anterior. El gasto asociado a estos visitantes alcanzó los 126.143 millones de euros, una cifra que previsiblemente será superada en 2025, dado que hasta octubre ya se habían acumulado 118.600 millones. A ello se suma el fuerte incremento del gasto medio diario por turista, que ha pasado de unos 140 euros en 2019 a cerca de 200 euros en lo que va de año. El sector explica este aumento tanto por el repunte generalizado de los precios tras la pandemia como por un cambio en el perfil del visitante y en la oferta turística. Por un lado, la inflación ha encarecido los servicios turísticos; por otro, se ha producido un reposicionamiento del sector hacia productos de mayor valor añadido. Este cambio es especialmente visible en el ámbito hotelero, donde han ganado peso los establecimientos de cuatro y cinco estrellas y los visitantes procedentes de mercados con mayor poder adquisitivo, como Estados Unidos, Asia u Oriente Medio. Perelli destaca también el auge de experiencias de mayor valor añadido, que han adquirido relevancia social y sitúan al turismo en una posición competitiva frente a sectores más orientados a bienes materiales. La recuperación del peso del turismo en el PIB ha tenido un reflejo directo en el mercado laboral. En 2024, el empleo en las actividades características del sector alcanzó los 2,78 millones de puestos de trabajo, lo que representa el 12,3% del total de la economía española, una décima más que el año anterior. Tras el desplome provocado por la pandemia -cuando el empleo turístico se redujo en casi un millón de personas y cerró 2020 con 1,74 millones de ocupados-, el sector no solo ha recuperado los niveles previos, sino que los ha superado ampliamente, frente a los aproximadamente 2,67 millones de empleos que registraba en 2019.

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(El Economista, 23-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno busca fórmulas para vetar lo que califican como "uso especulativo" de la vivienda con el objetivo de frenar la escalada de precios

Una de las iniciativas que se está tomando como referencia es el denominado modelo de Ámsterdam, en vigor desde 2022, que obliga a los compradores de viviendas en determinados barrios de ciudades neerlandesas a residir en ellas durante un mínimo de cuatro años. No obstante, fuentes jurídicas advierten de que imponer restricciones a la adquisición de viviendas con la exigencia de residencia habitual entra en conflicto con el derecho a la propiedad privada, amparado tanto por la normativa española como por la europea. En la actualidad, distintos grupos de trabajo analizan fórmulas para frenar la compra de inmuebles destinados a usos no residenciales o que permanezcan vacíos. Siguiendo el ejemplo de Países Bajos, en Cataluña se ha creado una comisión conjunta entre la formación Comuns y el Govern con el objetivo de poner coto a lo que califican como "compras especulativas de vivienda". En este marco, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha anunciado que durante el primer trimestre de 2026 abrirá el debate con los grupos parlamentarios para estudiar la vía más adecuada para limitar la adquisición de viviendas con fines especulativos. En Canarias, otro grupo de trabajo prepara una propuesta que tenga en cuenta la condición ultraperiférica del archipiélago a la hora de regular los usos de la vivienda. Asimismo, tanto el Ministerio de Vivienda, encabezado por Isabel Rodríguez, como las instituciones comunitarias están valorando distintas alternativas, según señalan fuentes ministeriales. Con todo, juristas y especialistas coinciden en que establecer límites permanentes a los usos que un propietario puede dar a su vivienda presenta importantes obstáculos legales. Desde el punto de vista del Derecho de la Unión Europea, una norma que prohibiera el alquiler de viviendas afectaría directamente a la libre circulación de capitales y de servicios, reconocidas en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha admitido restricciones al alquiler turístico por motivos de interés general, como ocurrió en el caso de París, siempre que sean medidas justificadas, proporcionadas y no discriminatorias. Sin embargo, una prohibición general del alquiler residencial no superaría ese estándar europeo, al eliminar una facultad esencial del propietario sin una justificación suficiente ni una alternativa menos restrictiva que permitiera alcanzar el mismo objetivo, explica Ángel Sánchez, socio y letrado de Golden Partners, despacho especializado en derecho inmobiliario. En el ámbito nacional, José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra y experto en mercado inmobiliario, sostiene que la medida no podría aplicarse tal y como se plantea actualmente. Entre otras razones, señala que el concepto de "compra especulativa" no existe jurídicamente y resulta extremadamente difícil de definir de forma precisa, dadas las múltiples situaciones que podrían darse y la complejidad de su comprobación. A diferencia del caso neerlandés, añade, allí se controla la posterior puesta en alquiler de la vivienda, una cuestión más clara desde el punto de vista legal. Además, al afectar a un elemento esencial de un derecho fundamental como la propiedad privada, cualquier restricción de este tipo requeriría una ley formal aprobada por el Parlamento, y no podría articularse mediante un decreto ley o una norma de rango inferior. En el actual contexto parlamentario español, concluye, la posibilidad de que prospere una iniciativa así es mínima. Una opinión similar expresa Carlos Bardavío, socio responsable del área de Real Estate en KPMG Abogados, quien considera que una regulación de este tipo difícilmente encajaría en el ordenamiento jurídico vigente. A su juicio, el problema no es tanto un ataque directo al derecho de propiedad como la enorme dificultad de regular un concepto no jurídico como la especulación y de verificar su cumplimiento. Además, plantea interrogantes de difícil respuesta, como el periodo mínimo de residencia exigible o si se impediría, por ejemplo, que unos padres adquieran una vivienda para que la habiten sus hijos cuando se independicen. Pese a estas limitaciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya reconoció en 2003 que objetivos como la política de vivienda, la ordenación del territorio o la garantía de acceso a la vivienda pueden constituir razones imperiosas de interés general que justifiquen determinadas restricciones al derecho de propiedad. No obstante, subraya Rodanthi Tzortzaki, abogada especializada en derecho europeo del bufete Navas Cusí Abogados, estas medidas deben ser siempre proporcionadas, no discriminatorias y basadas en criterios objetivos y transparentes. Esta experta recuerda además que el marco jurídico europeo resulta plenamente aplicable cuando los compradores son ciudadanos o empresas de Estados miembros de la UE, ya que en esos casos operan directamente las libertades recogidas en los Tratados comunitarios. La situación cambia, sin embargo, respecto a compradores procedentes de terceros países, para los que no se aplican de la misma manera la libertad de establecimiento ni otras garantías del mercado interior, lo que concede al legislador nacional un mayor margen para introducir restricciones, sin perjuicio de otros compromisos internacionales que puedan resultar de aplicación.

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(El Economista, 23-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bizum permitirá pagar en los comercios en situaciones de emergencia como el apagón

La forma de pagar en los comercios físicos está a punto de experimentar una transformación profunda. Bizum trabaja junto a Redsys y Cecabank en una nueva solución que permitirá realizar pagos directamente desde la cuenta bancaria, sin recurrir a las grandes redes internacionales como Visa o Mastercard. Además, el sistema admitirá el uso de tarjetas bancarias y ofrecerá una alternativa operativa incluso en situaciones excepcionales, como caídas de la red que impidan la conectividad, tal y como ocurrió durante el apagón. Esta funcionalidad para pagos sin conexión garantizará las transacciones cuando falle la comunicación, una prioridad estratégica en Europa y uno de los objetivos que el Banco de España quiere incorporar en la estrategia nacional de pagos, prevista para el próximo año. La necesidad de dar respuesta a escenarios extraordinarios cobra especial relevancia en el contexto geopolítico actual, en el que Europa busca reforzar su autonomía en un servicio tan esencial como el de los pagos, especialmente después de que Estados Unidos haya utilizado su infraestructura como herramienta de presión política. El apagón puso de manifiesto, no obstante, que garantizar la operativa en estas circunstancias no depende únicamente del sistema financiero. Bizum y las entidades bancarias mantuvieron el servicio activo, pero la falta de suministro eléctrico impidió el uso de cajeros automáticos, terminales de pago en comercios y teléfonos móviles una vez agotadas las baterías. Aun así, la industria puede mitigar los efectos de una interrupción telemática mediante soluciones técnicas específicas. En este contexto se enmarca el nuevo proyecto de Bizum. La plataforma de pagos inmediatos prepara el lanzamiento de Bizum Pay para la próxima primavera, que incorporará, entre otras funciones, la posibilidad de realizar pagos offline, según fuentes del sector. Se tratará de un monedero digital que permitirá abonar compras en establecimientos físicos mediante pagos contactless con el móvil, utilizando tecnología NFC y sin necesidad de introducir un PIN, de forma similar a servicios como PayPal, Apple Pay o Google Wallet, aunque con características propias. La cartera digital permitirá al usuario añadir las tarjetas de débito y crédito de sus entidades financieras o pagar directamente con Bizum, como hasta ahora, mediante transferencias inmediatas de cuenta a cuenta, sin intermediación de Visa ni Mastercard. Será el propio cliente quien elija el método de pago que prefiera en cada operación. Además, las entidades financieras podrán integrar esta funcionalidad en sus propias aplicaciones de banca digital, de modo que el uso de Bizum sea posible desde la app del banco, sin necesidad de descargar Bizum Pay de forma independiente. En cualquier caso, se espera que la solución sea compatible tanto con Android como con iOS, facilitando al máximo su adopción. La llegada de Bizum Pay ha generado una notable expectación en el sector. Durante los últimos meses, los bancos han ido reforzando sus estrategias comerciales, vinculando algunas de sus ofertas más atractivas de captación de clientes a la activación del servicio de Bizum, ante la expectativa de aprovechar la amplia base de usuarios del sistema de pagos entre particulares. Al disminuir la dependencia de las redes de tarjetas internacionales, algunos analistas apuntan a que las entidades podrían aplicar comisiones más reducidas a los comercios, lo que favorecería su implantación, apoyándose además en una experiencia de uso ya familiar para los consumidores. Bizum, en cualquier caso, parte de una posición consolidada. La plataforma, impulsada por la banca en 2016 y que ya suma 30 millones de usuarios, dio el salto al comercio electrónico en noviembre de 2019. Su llegada al comercio físico se ha producido este año de la mano de entidades como BBVA, CaixaBank, Santander y el Grupo Caja Rural, aunque de forma limitada y con un sistema más complejo que el que ofrecerá Bizum Pay. Hasta ahora, mediante la modalidad request to pay, los comercios enviaban solicitudes de cobro desde el TPV al cliente introduciendo su número de móvil, y el pago se confirmaba al recibir la notificación en el teléfono. Actualmente, Bizum cuenta con 110.000 comercios adheridos y más de 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado que ya permiten pagar en establecimientos físicos mediante códigos QR. La nueva aplicación está llamada a simplificar el proceso tanto para comercios como para usuarios: los establecimientos no tendrán que sustituir sus TPV, bastará con una actualización de software, y los clientes podrán pagar simplemente acercando el móvil al terminal, sin enviar ni recibir solicitudes ni mensajes adicionales.

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(Expansión, 22-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las grandes fortunas de España revolucionan el capital riesgo al crear 900 fondos en 4 años

Desde los Puig hasta los propietarios de Mahou, pasando por apellidos como Sánchez Galán, Cortina Lapique, Arrufet o Daurella, el auge del private equity se ha convertido en un auténtico retrato del empresariado español. España cerrará 2025 con cerca de 1.500 sociedades y fondos de capital riesgo, una magnitud que sitúa al país por delante de Reino Unido, Francia o Alemania, pese a que estos cuentan con sistemas financieros más desarrollados. En los últimos cuatro años, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado luz verde a unos 900 vehículos de private equity, destinados a invertir en compañías y activos no cotizados. Con ello, el número total asciende a 1.460 entidades, multiplicando por siete las existentes hace una década. Este crecimiento responde a la decisión de numerosos empresarios, familias con grandes patrimonios y altos directivos de crear sociedades (SCR) o fondos de capital riesgo (FCR) para destinar parte o la totalidad de su riqueza a mercados privados, diversificando frente a sus inversiones tradicionales en Bolsa, renta fija e inmobiliario. El perfil de los promotores de estos vehículos refleja a la élite económica y financiera del país. Entre las incorporaciones más recientes destaca la familia Gervás, accionista de Mahou, que ha lanzado el fondo Canetonin Investment junto a Kibo Ventures para invertir en tecnología. También Myriam Lapique, viuda del expresidente de Repsol Alfonso Cortina, y sus hijos inscribieron en octubre la sociedad Glastonbury Capital, gestionada por Renta 4. En los últimos años, otras familias empresarias han seguido el mismo camino, como los Puig, Daurella, Serratosa, Galíndez (Solarpack), Remacha (Opdenergy), Carulla (Agrolimen), Vivancos (Mivisa), Esteve, Argudo (Frimancha), Miguel Arrufat (Unir), Escribà (Argal), Villagrá (Pipas Facundo), Gallardo (Almirall), López Sánchez (Andamur), Alcaraz (Goldcar) o Fernando Romero (EIDF), entre otros. También existen sociedades ligadas de forma personal o familiar a altos ejecutivos, como Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola; Santiago Eguidazu, al frente de Alantra; Álvaro de Remedios, presidente de Arcano; Juan Carlos Ureta, máximo responsable de Renta 4; Olaf Díaz Pintado, ex consejero delegado de Goldman Sachs en España; o Iñaki Berenguer, fundador de Life X Ventures. Estas SCR suelen constituirse con un capital inicial de 1,2 millones de euros. Este fenómeno ha abierto nuevas oportunidades de negocio para gestoras como Altamar, Arcano Capital, Renta 4, GVC Gaesco, Bankinter, Inveready, Abante Asesores o Actyus. Habitualmente, estas firmas canalizan el dinero de las SCR privadas hacia otros fondos, más que invertirlo directamente en compañías. Se trata de vehículos unipersonales o familiares que se alejan del modelo clásico del capital riesgo, basado en agrupar capital de numerosos inversores institucionales, como hacen gestoras españolas como Asterion, Qualitas Energy, Portobello, MCH, ProA Capital o Magnum. Los especialistas apuntan a dos factores clave detrás de este aluvión de SCR. Por un lado, la búsqueda de mayores retornos en los mercados privados, tradicionalmente menos volátiles que la Bolsa, aunque en los dos últimos años el Ibex ha superado al private equity. A cambio, presentan menor liquidez, ya que el capital y los beneficios pueden tardar hasta una década en repartirse. Por otro, su atractivo fiscal, dado que hasta el 99% de las plusvalías y el 95% de los dividendos pueden quedar exentos de tributación si se cumplen ciertos requisitos. Esta expansión recuerda al boom de las sicavs de los años noventa, entonces orientadas a la inversión bursátil. Tras la pérdida de sus ventajas fiscales, su número ha caído de 3.000 a menos de 500 en España. En el caso del private equity, la CNMV subraya que a cierre de 2024 el 23% de las entidades contaba con un único inversor y el 39% con menos de siete partícipes. En conjunto, el sector gestionaba 70.000 millones de euros en patrimonio comprometido, aunque solo 17 entidades concentraban el 26% del total.

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(Expansión, 22-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La escalada de precios vivida en los últimos años parece haber echado el freno en Madrid y Barcelona

El alquiler encadena ya más de tres años y medio de incrementos continuados. En el último año, el precio medio de las rentas ha crecido un 7,4% interanual, hasta alcanzar los 14,10 euros por metro cuadrado al mes en noviembre, según Fotocasa. No obstante, se trata del aumento más moderado registrado en lo que va de año y, por primera vez en siete meses, no se supera la barrera de los dos dígitos. Este cambio de tendencia sugiere un posible punto de inflexión que también empieza a percibirse en Madrid y Barcelona, los mercados de alquiler más caros del país. En Madrid, los precios comienzan a dar señales iniciales de enfriamiento. En noviembre, el alquiler anotó la subida interanual más suave de los últimos 46 meses, con un avance del 0,5%. "Aunque durante la segunda mitad de 2025 ya se habían abandonado los crecimientos superiores al 10%, el dato de noviembre es especialmente relevante. Indica que, tras tres años de máximos históricos consecutivos, uno de los mercados más tensionados podría haber alcanzado su techo, aunque todavía no se puede hablar de una corrección general", señala María Matos, directora de Estudios de Fotocasa. Actualmente, el precio medio del alquiler en la capital se sitúa en 21,95 euros por metro cuadrado al mes, lo que supone que una vivienda tipo de 80 metros cuadrados alcanza una renta mensual cercana a los 1.756 euros. En Barcelona, el comportamiento ha sido algo distinto. En noviembre, los precios subieron un 2,9% interanual, aunque la moderación comenzó antes. La ciudad dejó atrás los incrementos de doble dígito en septiembre de 2023 y desde entonces ha mantenido avances más contenidos. Aun así, sigue siendo la ciudad más cara de España para alquilar, con un precio medio de 23,48 euros por metro cuadrado, lo que eleva el alquiler de un piso de 80 metros a más de 1.878 euros al mes. "Aunque comparte niveles de precios muy elevados con Madrid, Barcelona presenta una dinámica urbana e inversora diferente, marcada por una fuerte reducción de la oferta y un parque de vivienda más limitado. Esto ha propiciado una transición más temprana hacia un escenario de mayor estabilidad. La evolución del mercado apunta a una fase de moderación sostenida, más que a un nuevo ciclo de subidas intensas", explica Matos. Para Ricardo Sousa, consejero delegado de Century 21, en ambas ciudades "más que un techo claro, lo que se producirá es una moderación condicionada por la capacidad adquisitiva. Cuando el alquiler se aleja demasiado de los ingresos disponibles, la demanda se vuelve más selectiva y se desplaza hacia zonas más asequibles". Eso sí, advierte de que "sin un aumento significativo de la oferta, es difícil pensar en descensos generalizados: habrá estabilidad en algunos segmentos y presión en otros". En Madrid, los precios del alquiler han subido en noviembre en 15 de los 21 distritos analizados en comparación interanual, aunque en ninguno se superó el 10%. Los mayores incrementos se registraron en San Blas (9,9%), Moratalaz (9,4%), Hortaleza (7,1%), Carabanchel (4,6%) y Vicálvaro (3,3%), lo que refleja que las subidas más intensas se concentran en áreas periféricas. Otros distritos también cerraron en positivo, pero con aumentos inferiores al 2%, como Ciudad Lineal (1,9%), Moncloa-Aravaca (1,9%), Latina (1,7%), Barrio de Salamanca (1,7%), Chamartín (1,4%), Villaverde (1,3%), Puente de Vallecas (1,2%), Usera (0,3%), Tetuán (0,3%) y Centro (0,2%). En este grupo se mezclan zonas dentro y fuera de la M-30. Por el contrario, seis distritos registraron descensos de precios respecto a hace un año. Barajas encabezó las caídas (-16,3%), seguido de Villa de Vallecas (-7,1%), Chamberí (-0,5%), Arganzuela (-0,4%), Retiro (-0,2%) y Fuencarral-El Pardo (-0,2%). Este comportamiento pone de manifiesto un desgaste de la demanda con mayor capacidad económica, especialmente entre jóvenes y clases medias, que ven cómo el alquiler deja de ser asumible en numerosos barrios. En términos de precio por metro cuadrado, Madrid ha abandonado los máximos históricos y se sitúa en 21,85 euros al mes, tras una bajada mensual del 1,9%. El distrito más caro es Centro (24,10 euros/m²), seguido de Chamberí (23,89), Barrio de Salamanca (23,76), Arganzuela (22,34), Tetuán (22,27), Chamartín (22,09), Moncloa-Aravaca (21,65), Retiro (21,55), Hortaleza (20,59) y Usera (20,48). Todos superan los 20 euros por metro cuadrado, destacando la presencia de barrios periféricos como Hortaleza y Usera, que han absorbido parte de la demanda expulsada del centro. En el extremo opuesto, Barajas y Villa de Vallecas son los distritos más económicos, con 16,67 euros por metro cuadrado. Les siguen Moratalaz (17,20), Fuencarral-El Pardo (18,07), Vicálvaro (18,13), San Blas (18,29), Villaverde (19,35), Carabanchel (19,42), Puente de Vallecas (19,69), Ciudad Lineal (19,89) y Latina (19,99). Estos niveles están empujando a muchos inquilinos a trasladarse a municipios del área metropolitana como Alcorcón, Leganés o Getafe, e incluso a ciudades más alejadas como Toledo o Segovia, que cuentan con buenas conexiones de transporte con Madrid. En Barcelona, el alquiler ha aumentado en todos los distritos salvo en dos durante el último año. Las rentas han retrocedido en Horta-Guinardó (-2,8%) y Sarrià-Sant Gervasi (-1,8%), mientras que en Sants-Montjuïc se han mantenido estables. En estas zonas, "los precios han alcanzado cotas muy elevadas y es posible que la demanda esté empezando a redistribuirse hacia distritos próximos, más competitivos en precios, sin perder conectividad ni calidad de vida", apunta Matos. En el resto de la ciudad, los precios han seguido al alza, aunque a un ritmo inferior al de Madrid. Cabe recordar que en Barcelona se aplican los topes de alquiler previstos en la Ley de Vivienda, a diferencia de Madrid. Así, los mayores incrementos se dieron en Les Corts (6,1%), Gràcia (5,9%), Eixample (4,9%), Sant Andreu (3,9%), Ciutat Vella (3,2%), Sant Martí (1,6%) y Nou Barris (0,8%). Barcelona mantiene el precio medio más alto de España para arrendar una vivienda, superando los 20 euros por metro cuadrado en todos sus distritos. Gràcia encabeza la lista (24,46 euros/m²), seguida de Ciutat Vella (23,93), Eixample (23,88), Sant Martí (23,79), Les Corts (22,72), Sants-Montjuïc (22,65), Sarrià-Sant Gervasi (22,34), Sant Andreu (22,04), Horta-Guinardó (20,98) y Nou Barris (20,68). Se trata de un mercado muy uniforme, donde la diferencia entre el distrito más caro y el más barato no alcanza los cuatro euros por metro cuadrado. En Madrid, en cambio, la brecha es mucho mayor, con una horquilla que va desde los 24,10 euros del Centro hasta los 16,67 de Villa de Vallecas, una distancia de 7,43 euros. Esta divergencia se explica en gran medida por el tamaño de ambas ciudades. Barcelona, limitada geográficamente entre el mar y la montaña, cuenta con unos 100 kilómetros cuadrados y distritos muy próximos entre sí. Madrid, con una extensión cercana a los 600 kilómetros cuadrados, presenta mayores distancias entre las zonas centrales y periféricas, lo que genera una oferta más heterogénea. Lo que sí se repite en la capital catalana es el desplazamiento de inquilinos desde el centro hacia la periferia. Municipios del interior como Sabadell y Martorell, así como localidades costeras como Mataró, Vilanova o Cunit, están registrando un notable aumento de la demanda de alquiler.

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(El Economista, 22-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Un nuevo Reglamento limita a 18.000 euros anuales las donaciones a los partidos políticos europeos de empresas y personas físicas

Investigaciones por presunta financiación irregular, como la abierta tras las elecciones europeas contra el eurodiputado Alvise, explican la aprobación del Reglamento (UE) 2025/2445, publicado recientemente en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esta norma obliga desde ahora a los partidos y fundaciones políticas europeas a reforzar la transparencia sobre el origen de sus recursos. Para ello, deberán hacer públicos, a través de la web de la Autoridad para los partidos políticos y fundaciones -un nuevo organismo independiente de la UE cuya estructura directiva no se detalla- y del Parlamento Europeo, la identidad de cualquier persona física o jurídica que realice aportaciones superiores a 3.000 euros anuales, así como el importe donado. Este procedimiento se enmarca dentro de lo que se denomina diligencia debida. El Reglamento persigue como finalidad principal evitar la dependencia de grandes financiadores y proteger la autonomía y la independencia de las organizaciones políticas. En el caso de las donaciones comprendidas entre 1.500 y 3.000 euros, solo se harán públicas si el donante autoriza expresamente su divulgación por escrito. En cambio, las aportaciones que superen los 12.000 euros deberán comunicarse de forma inmediata a la Autoridad competente. Este umbral es inferior al límite máximo anual de 18.000 euros que una persona física o jurídica puede donar. Además, la normativa prohíbe expresamente las donaciones anónimas y aquellas procedentes de poderes públicos, ya sea de Estados miembros, de terceros países o de empresas sobre las que dichos poderes públicos ejerzan una influencia dominante. Las aportaciones de los propios afiliados al partido también están sujetas a un tope individual de 18.000 euros al año, salvo en el caso de cargos electos. En cualquier caso, el conjunto de las contribuciones, incluidas las realizadas por representantes electos, no podrá superar el 40% del presupuesto anual del partido o fundación. El Reglamento (UE, Euratom) 2025/2445 incorpora un régimen sancionador amplio, disuasorio y proporcionado, destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de gobernanza, transparencia y respeto de los valores fundamentales de la Unión. La Autoridad es el organismo encargado de imponer estas sanciones. En el ámbito de las infracciones financieras cuantificables -aquellas en las que puede determinarse el importe irregular, como la aceptación de donaciones prohibidas o el uso indebido de fondos-, las multas podrán alcanzar hasta el 300% del importe de la irregularidad, con un límite máximo del 10% del presupuesto anual de la entidad. Entre los supuestos sancionables figuran la recepción de donaciones anónimas o procedentes de poderes públicos, así como el uso de financiación europea para fines no permitidos, como apoyar partidos nacionales, candidatos o campañas de referéndum. Para las infracciones no cuantificables, relacionadas con el incumplimiento de las normas de gobernanza y transparencia, la Autoridad podrá imponer sanciones de hasta el 20% del presupuesto anual, en función de la gravedad y de la reincidencia. En casos de fraude o actividades ilegales, estas sanciones podrán elevarse hasta el 50% del presupuesto, especialmente cuando se facilite información falsa o engañosa a la Autoridad. La norma también introduce un régimen específico contra la injerencia electoral mediante el uso indebido de datos personales. Se prevén sanciones económicas si se demuestra que un partido o fundación ha influido o intentado influir deliberadamente en elecciones al Parlamento Europeo vulnerando la normativa de protección de datos. Asimismo, se crea un Procedimiento Especial por el que la Autoridad, al tener conocimiento de una infracción en materia de datos personales en actividades políticas, deberá solicitar un dictamen al nuevo Comité de Personalidades Independientes, encargado de evaluar si existió una intención deliberada de manipulación electoral. La sanción más grave prevista es la pérdida de la personalidad jurídica europea mediante la exclusión del Registro, reservada para los incumplimientos de mayor entidad y sujeta a control democrático y legal. Entre los motivos para esta medida figuran la vulneración manifiesta y grave de los valores fundamentales de la Unión -como la democracia, el Estado de Derecho o la dignidad humana-, el incumplimiento de los requisitos esenciales de inscripción (como la representatividad transnacional o la ausencia de ánimo de lucro) y la infracción grave del Derecho nacional, a instancia motivada de un Estado miembro. Por último, el régimen sancionador contempla incentivos a la regularización: las multas podrán reducirse si la entidad reconoce voluntariamente la infracción antes del inicio de una investigación formal y adopta medidas correctoras.

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(Cinco Días, 19-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE congela los tipos en el 2% y mejora las previsiones de crecimiento de la zona euro

El Banco Central Europeo sigue instalado en la inacción. La institución con sede en Fráncfort decidió este jueves mantener los tipos de interés sin cambios, en el 2%, por cuarta reunión consecutiva, una señal de que se siente cómoda con el actual nivel de inflación, situado en el 2,1% en la eurozona. El contexto de crecimiento también resulta algo más favorable: las nuevas previsiones del BCE anticipan un mayor avance del PIB en los próximos años. No se perciben riesgos inmediatos de crisis ni desviaciones relevantes en los precios, aunque con Alemania y Francia aún mostrando debilidad, la economía de la zona euro -que pasará de 20 a 21 países cuando Bulgaria adopte la moneda única en enero- tampoco puede calificarse de especialmente dinámica. Al igual que en septiembre, los técnicos del BCE han revisado al alza sus estimaciones de crecimiento. Ahora prevén que el PIB de la eurozona aumente un 1,4% en 2025, frente al 1,2% calculado anteriormente, y un 1,2% en 2026, dos décimas más que en la previsión previa. Para 2027 elevan la estimación al 1,4%, desde el 1,3%, y añaden por primera vez una proyección para 2028, también del 1,4%. Las previsiones de inflación también se ajustan ligeramente. Para este año se mantiene en el 2,1%, sin cambios, mientras que para 2026 se revisa al alza hasta el 1,9%, desde el 1,7% anterior. En 2027 se conserva la estimación del 1,9% y para 2028 se anticipa un repunte hasta el 2%, justo el objetivo del banco central. Este escenario sugiere que el BCE espera varios ejercicios de estabilidad en los precios, lo que refuerza la idea de un periodo prolongado sin cambios en los tipos de interés. Con esta nueva pausa, el BCE concluye 2025 con cuatro recortes de tipos, el mismo número que en 2024. Si el año pasado el precio del dinero bajó del 4% al 3%, en este ejercicio ha pasado del 3% al 2%. Salvo un shock inesperado que empuje a la economía europea a la recesión, no parece probable que en 2026 se repita una secuencia similar. La mayoría de analistas considera que el ciclo de bajadas ha llegado a su fin, o que, como mucho, podría producirse un último ajuste adicional. Ese eventual recorte solo se contemplaría si se intensifica la caída de los precios energéticos -con el petróleo y el gas natural en niveles bajos- y si el euro continúa apreciándose frente al dólar, dos factores que podrían dar algo más de margen al BCE. No obstante, el consenso para seguir reduciendo tipos parece distante dentro del Consejo de Gobierno. Algunas voces más restrictivas, como la de la alemana Isabel Schnabel, han insinuado incluso que el próximo movimiento podría ser al alza. Entre los argumentos que esgrimen figuran una mayor fragmentación del comercio internacional, el incremento del gasto público en países como Alemania, que ha anunciado un ambicioso plan de inversión en infraestructuras y defensa, y el envejecimiento de la población, que reduce la fuerza laboral y presiona al alza salarios y precios. El debate está abierto, pero de momento prevalece la cautela. En cualquier caso, las previsiones económicas suelen quedar pronto superadas por los acontecimientos. Hace apenas tres meses, el gobernador del Banco de Lituania, Gediminas Simkus, bromeaba con la posibilidad de recortes inminentes al decir que no le sorprendería que Papá Noel llegara con tijeras. Finalmente, parece que en su saco solo habrá una tienda de campaña: la pausa monetaria podría alargarse.

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(Cinco Días, 19-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE emitirá 90.000 millones en deuda para salvar financieramente a Ucrania

La reunión europea más trascendental de los últimos años concluyó de madrugada con un acuerdo político relevante en apoyo a Ucrania y con un nuevo aplazamiento del pacto comercial con Mercosur. Tras más de 16 horas de negociaciones, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, reunidos en Bruselas, decidieron emitir eurobonos por valor de 90.000 millones de euros para cubrir las necesidades financieras de Kiev. Sin esos recursos -que Ucrania solo tendría que devolver a sus socios europeos si Rusia acaba pagando por los daños causados por su guerra- el país invadido corría el riesgo de quedarse sin fondos en marzo del próximo año. La medida se concibe como una solución inmediata para atender la urgencia del momento. A más largo plazo, los líderes europeos se comprometen a seguir analizando la posibilidad de un "préstamo de reconstrucción" respaldado por los activos rusos congelados en la UE. Sin embargo, la oposición de Bélgica -país que custodia la mayor parte de esas reservas- y las reticencias del resto de socios a concederle las garantías necesarias para mutualizar el riesgo frustraron esa opción. De esta cumbre salen claramente debilitados el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El equilibrio político en Europa está cambiando, y los gobiernos nacionalpopulistas han impuesto sus posiciones. Alemania defendía utilizar los activos rusos como instrumento para garantizar la financiación de Ucrania, frente a la oposición de la Hungría de Viktor Orbán y de la Bélgica gobernada por el nacionalista flamenco Bart de Wever. Berlín también aspiraba a cerrar el acuerdo comercial con América Latina. Finalmente, el pacto con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) se aplaza hasta enero, y será el contribuyente europeo -y no los activos rusos- quien respalde el esfuerzo bélico ucraniano. Hace años, la excanciller Angela Merkel afirmó que no habría eurobonos "mientras ella viviera". En los últimos días, Merz había insistido en que el objetivo era recurrir a los activos rusos y evitar la deuda común. No obstante, la UE recurre a los eurobonos por segunda vez en menos de cinco años, tras la experiencia de la pandemia. Ahora lo hace ante el riesgo existencial que supondría la quiebra de Ucrania y su posible derrota frente a la Rusia de Vladímir Putin. La cumbre, celebrada durante todo el jueves, estuvo marcada por la incertidumbre. Con Bruselas bloqueada por las protestas de los agricultores, Francia y Polonia se oponían al acuerdo con Mercosur, aunque fue finalmente la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien presionó para retrasarlo hasta enero. Meloni habló con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le reiteró su apoyo al pacto, pero pidió unas semanas -como máximo un mes- para contener las presiones internas. "Después de casi 26 años de negociaciones, un retraso de tres semanas es asumible", defendió Von der Leyen, responsable de la política comercial de la UE. El eje central de la reunión, sin embargo, fue Ucrania. Kiev obtendrá la financiación necesaria, aunque sin el fuerte simbolismo que se buscaba: que Rusia asumiera directamente el coste de los daños causados. La UE no logró activar los activos del Banco Central ruso congelados por las sanciones. En su lugar, los Estados miembros recurrirán a los mercados financieros para captar 90.000 millones de euros, respaldados por el margen presupuestario comunitario, con el fin de sostener a Ucrania durante los próximos dos años. Además, algunos países considerados cercanos a Moscú quedarán al margen del esquema financiero. El acuerdo establece que la República Checa, Hungría y Eslovaquia no asumirán obligaciones financieras en este plan. Ucrania evita así la bancarrota y asegura los fondos necesarios. No obstante, la última cumbre del año -tras meses especialmente duros para la UE y en un contexto internacional marcado por el regreso de Donald Trump y una relación distinta con Estados Unidos- deja un regusto amargo. El objetivo mayoritario era crear un mecanismo simbólico de apoyo utilizando las reservas rusas congeladas. Aunque se insiste en que se seguirá trabajando en esa dirección, no se ha alcanzado. "Hemos cumplido el compromiso de financiar a Ucrania durante los próximos dos años con 90.000 millones de euros y hemos acordado que solo devolverá ese dinero cuando Rusia pague por los daños de la guerra. Además, mantendremos inmovilizados los activos rusos hasta que eso ocurra", afirmó de madrugada el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, junto a Ursula von der Leyen. Ambos hablaron de deber cumplido. En la misma línea se expresó Merz: "Creo que es una solución pragmática y eficaz, con el mismo efecto que la que debatimos durante tanto tiempo -la movilización de los activos rusos-, pero que era claramente demasiado compleja", concluyó tras la maratoniana reunión.

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(El Economista, 19-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Un juez se salta al Supremo y anula una hipoteca con IRPH por encarecer el crédito

Un juzgado ha decidido apartarse del criterio del Tribunal Supremo (TS) y ha declarado nulo el índice IRPH en un préstamo hipotecario por considerar que el banco no informó adecuadamente al cliente y que la cláusula le generó un desequilibrio económico, al obligarle a pagar más de lo que habría abonado si el préstamo hubiera estado referenciado al euríbor. La resolución, fechada el pasado 10 de diciembre, condena a la entidad financiera a reintegrar todos los intereses cobrados hasta ahora y establece que el prestatario solo deberá devolver el capital inicialmente prestado. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Santa Coloma de Farners (Girona) sostiene que la interpretación del Supremo sobre el control de transparencia del IRPH resulta "restrictiva". Por ello, afirma que debe prevalecer la interpretación "vinculante" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que exige una transparencia material efectiva y un verdadero control de abusividad, y no únicamente formal, especialmente cuando la cláusula introduce un sistema de fijación del precio más complejo y potencialmente más oneroso que otros índices disponibles en el mercado. Cabe recordar que el Tribunal Supremo, en dos sentencias dictadas el 11 de noviembre, descartó la anulación generalizada del IRPH al entender que, por norma general, las entidades no estaban obligadas a explicar en detalle su configuración o evolución, siempre que informaran al cliente de que esos datos se publicaban periódicamente en el Boletín Oficial del Estado. En el caso de las hipotecas firmadas bajo la normativa de 1994, el Alto Tribunal consideró suficiente que las entidades hicieran referencia a la circular del Banco de España que recomendaba aplicar un diferencial negativo, dado que el IRPH podía situarse por encima de los tipos medios del mercado. El juzgado gerundense, aplicando los criterios del TJUE, concluye sin embargo que una mención genérica a la consulta de datos en el BOE o en la web del Banco de España no va acompañada de explicaciones concretas que permitan al consumidor localizar, comprender y valorar la información relevante. La sentencia subraya que el banco no proporcionó al cliente los elementos necesarios para entender el impacto económico real de vincular su hipoteca al IRPH. En particular, no se le explicó que este índice se calcula a partir de la Tasa Anual Equivalente (TAE) media del mercado, que incluye no solo los intereses, sino también comisiones y gastos. Tampoco se le facilitó la definición ni el método de cálculo del IRPH, ni se le informó de la conveniencia de aplicar un diferencial negativo para abaratar el coste del préstamo. Además, el juzgado considera abusiva la cláusula al entender que, al desconocer el consumidor las implicaciones de este índice, terminó asumiendo un coste financiero mayor del que habría soportado si su hipoteca se hubiera referenciado al euríbor. Desde Unive Abogados, el despacho que ha llevado la defensa del cliente, destacan que esta sentencia refuerza la línea de resoluciones que aplican directamente la doctrina del TJUE, incluso después de los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo. "El fallo deja claro que invocar la jurisprudencia del Supremo no supone rebajar el estándar europeo: cuando no existe una transparencia real, la cláusula debe declararse nula y la entidad financiera está obligada a devolver cantidades que, en préstamos hipotecarios elevados, pueden ascender a decenas de miles de euros", concluyen.

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(El País, 19-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña aprueba la regulación del alquiler de temporada y habitaciones

Jornada clave este jueves en el Parlament de Cataluña. En pleno agravamiento de la crisis habitacional -que ha situado el acceso a la vivienda como el principal problema para la ciudadanía según los sondeos oficiales-, la Cámara catalana ha aprobado la regulación de los alquileres de temporada y del alquiler por habitaciones. Estas dos modalidades se habían extendido con fuerza en las grandes ciudades y habían tensionado aún más el mercado, al convertirse en una vía habitual para sortear los límites de precios establecidos por la ley estatal de vivienda. Una vez más, Cataluña actúa como banco de pruebas en materia de regulación, impulsada inicialmente por entidades defensoras del derecho a la vivienda y movimientos vecinales. La norma aprobada, denominada Ley de medidas en materia de vivienda y urbanismo, introduce cambios en la legislación catalana de urbanismo y vivienda. Tras una larga sesión parlamentaria con decenas de enmiendas, salió adelante con el respaldo de PSC, ERC, Comuns y la CUP. Junts apoyó la mayor parte del texto, aunque rechazó la regulación específica de los alquileres de temporada. El PP anunció que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional al considerar que invade competencias autonómicas y supone "una expropiación encubierta de la propiedad privada". Vox y Aliança Catalana también votaron en contra. La nueva ley incluye asimismo la prórroga de la calificación de las viviendas de protección oficial (VPO) situadas en municipios declarados como mercado tenso, con el objetivo de frenar la pérdida masiva de vivienda protegida. Solo en Barcelona, cerca de 40.000 pisos perderían esa condición antes de 2030 si no se actuara. Además, se faculta a los ayuntamientos para establecer en sus planes urbanísticos la prioridad del uso residencial dentro de su parque de vivienda. En esencia, la regulación equipara el alquiler de temporada y el alquiler por habitaciones al arrendamiento residencial habitual: ambos quedarán sujetos a los límites de precio fijados por el índice oficial. En el caso de los pisos compartidos, la suma de los precios de todas las habitaciones no podrá superar el máximo permitido. En ciudades como Barcelona, el coste de alquilar una habitación ya alcanza niveles similares al de un piso completo. Los contratos deberán especificar la causa de la estancia temporal -por motivos laborales o de estudios- y el domicilio habitual del inquilino. La ley diferencia, además, entre el alquiler de temporada con finalidad residencial y el alquiler turístico o recreativo, que queda excluido de la regulación de precios. La consejera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, defendió la norma alineándose con el planteamiento del Govern de Salvador Illa: la necesidad de intervenir cuando el mercado desvirtúa la cohesión social. "Esta ley pretende que la vivienda sea un derecho y no una fuente de angustia", afirmó, advirtiendo de que no actuar conduce a ciudades más inseguras y menos cohesionadas. Desde ERC, la diputada y exconsejera Ester Capella sostuvo que "el mercado tiene un límite, que es el bien común". Susana Segovia, de Comuns, agradeció el papel del Sindicato de Inquilinas y de la PAH por su movilización constante, mientras que Laure Vega, de la CUP, alertó del riesgo de que crisis como la de la vivienda alimenten el crecimiento de la ultraderecha. La regulación del alquiler de corta duración con precios limitados era una reivindicación histórica de los sindicatos de inquilinas, que ya la reclamaban durante la tramitación de la ley estatal de vivienda entre 2022 y 2023. Entonces advertían de que, sin este control, muchos propietarios trasladarían sus viviendas al alquiler de temporada para esquivar los topes. En la legislatura pasada, una iniciativa similar estuvo a punto de aprobarse por decreto, poco antes de las elecciones de primavera de 2024, impulsada por el Govern de ERC junto a Comuns. Sin embargo, Junts y PSC reclamaron más tiempo y mayor "seguridad jurídica". El fuerte aumento de este tipo de contratos -que ya representan el 26% de los firmados en Barcelona, según datos oficiales, y probablemente más si se cuentan los no registrados- ha llevado finalmente a los socialistas a respaldar la medida. El Sindicato de Inquilinas celebró la aprobación y pidió inspecciones y sanciones para garantizar su cumplimiento, además de una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) a nivel estatal para reforzar este enfoque. La ley aprobada tiene su origen en el decreto 2/2025, elaborado por el Govern de Salvador Illa para modificar la normativa administrativa, urbanística y de vivienda con el fin de acelerar la ampliación del parque público, dentro del objetivo de sumar 50.000 viviendas sociales hasta 2030. El texto, que ha pasado en dos ocasiones por el Consejo de Garantías Estatutarias, incorpora cambios relacionados con obra pública, procedimientos administrativos, VPO y planificación urbanística. Más allá de la regulación del alquiler de temporada y de la extensión de la protección de la VPO en zonas tensionadas, la ley refuerza la financiación del Incasòl para promover vivienda social, incrementa los porcentajes de reserva obligatoria de vivienda pública en nuevos desarrollos urbanos y amplía los supuestos en los que la administración puede ejercer el derecho de tanteo y retracto. También crea un registro de grandes tenedores y de viviendas vacías, y establece sanciones para quienes no inscriban sus propiedades.

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