(Cinco Días, 23-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Reglamento MiCA, la primera ley que regula de forma específica el sector de las criptomonedas en Europa, ha llegado con la intención de poner orden en un entorno que hasta hace poco carecía de normas claras. Su implementación coincide con un momento clave, marcado por avances legislativos, el respaldo de Donald Trump y el interés creciente de grandes inversores, factores que han impulsado al alza el mercado de los activos digitales. Aunque MiCA establece un marco común para toda la Unión Europea y busca ofrecer mayor protección a los inversores, los reguladores insisten en que la precaución debe seguir siendo la norma cuando se trata de criptomonedas. En este contexto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado por primera vez una advertencia sobre los riesgos que conlleva la creciente conexión entre el ecosistema cripto y los mercados bursátiles, ya que cualquier perturbación podría intensificar los efectos de contagio. Además, señala que la falta de transparencia de ciertos participantes dificulta la evaluación del riesgo sistémico.
En su Nota de Estabilidad Financiera correspondiente al primer semestre de 2025, publicada este martes, el organismo regulador español ha transmitido un mensaje de alerta similar al emitido recientemente por el Banco Central Europeo (BCE). Este último destacó en su informe que son pocos los países que han legislado de forma completa este mercado, lo que provoca una fragmentación normativa que incrementa el riesgo de contagios entre fronteras en caso de crisis. Esto se agrava por la alta volatilidad de los activos digitales y su creciente relación con el sistema financiero tradicional. El BCE también subrayó que la falta de transparencia de una parte del sector plantea serias dificultades para medir el riesgo sistémico y los posibles efectos colaterales sobre las entidades bancarias de la eurozona.
Las inquietudes de los supervisores no son menores. En Estados Unidos, numerosas compañías cripto buscan cotizar en Wall Street, mientras otras acumulan reservas en criptomonedas con la expectativa de que su valor aumente. En España, por ejemplo, la cadena de cafeterías Vanadi Coffee tiene previsto adquirir hasta 1.000 millones de dólares en bitcoin, a pesar de encontrarse en una situación cercana a la insolvencia. A esto se suma el crecimiento de las stablecoins, que despiertan preocupación debido a su estrecho vínculo con el mercado de deuda estadounidense. La normativa recién aprobada exige que las reservas de estas monedas estén invertidas en activos líquidos como bonos del Tesoro y deuda a corto plazo, lo cual podría incrementar la volatilidad y generar tensiones de liquidez si el mercado entra en crisis.
Por estas razones, la CNMV insiste en la necesidad de actuar con cautela y recuerda los peligros asociados a la inversión en criptomonedas. Advierte que, a pesar del impulso político de Trump, los primeros meses de 2025 estuvieron marcados por una gran inestabilidad en los mercados cripto, con fuertes correcciones como consecuencia de los mensajes contradictorios del presidente estadounidense respecto a los aranceles. Aunque desde abril el mercado ha experimentado una recuperación y alcanzado nuevos máximos, existe un riesgo latente de que se produzca otra corrección abrupta. Este riesgo se ve amplificado por la expansión de productos como los fondos cotizados (ETF) basados en criptoactivos, la tokenización de activos o la integración de monederos digitales con cuentas bancarias dentro de las plataformas financieras.
En el panorama español, BBVA ha sido la primera entidad en obtener la licencia MiCA y ha comenzado a ofrecer a sus clientes la compraventa y custodia de bitcoin y ether a través de su app bancaria. Por su parte, otras entidades como CaixaBank y Santander estudian incorporar criptoactivos a su oferta, aunque aún están a la espera de la autorización correspondiente del regulador.
La implementación de MiCA avanza a diferentes ritmos en Europa: mientras autoridades como las de Alemania y los Países Bajos ya han concedido más de una decena de licencias, otros países aún no han aprobado ninguna. En este sentido, la CNMV afirma que el proceso de autorización en España se está llevando a cabo con máxima prudencia, con el objetivo de aplicar la regulación de forma rigurosa. Sin embargo, ya han surgido ciertas fricciones. Recientemente, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) instó a los reguladores nacionales a reforzar sus procedimientos de evaluación, cuestionando especialmente el proceso seguido por el supervisor financiero de Malta (MFSA) al otorgar una licencia MiCA a una empresa específica, por considerar que no fue lo suficientemente exhaustivo ni riguroso.
Estas observaciones han encendido las alarmas sobre la verdadera protección de los inversores si los países aplican criterios dispares al supervisar a los proveedores de servicios cripto. La preocupación radica en que cualquier fallo en la supervisión podría afectar a todos los ahorradores de la Unión, dado que con una sola licencia MiCA las empresas pueden operar en todos los países miembros. Por eso, las autoridades insisten en que, aunque el reglamento ya esté vigente, no desaparecen los riesgos asociados a un tipo de inversión volátil, poco transparente y cuya normativa aún no alcanza el nivel de protección que ofrece MiFID II para otros productos financieros y servicios de inversión.