(Expansión, 23-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La presión ejercida por las empresas energéticas, las compañías de renovables y la gran industria no ha logrado su objetivo: la convalidación del Real Decreto-Ley 7/2025 fue rechazada este martes en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra de partidos como Podemos, el PP y Junts.
El alcance del decreto iba mucho más allá de medidas para reforzar el sistema eléctrico y prevenir futuros apagones. Como ya había anticipado este medio, se trataba de un impulso clave para las inversiones en energías renovables en un momento delicado, en el que los grandes fondos están mostrando serias dudas sobre su apuesta por España. Expertos del sector y consultoras especializadas advertían que, si el decreto no se aprobaba, podrían perderse hasta 3.000 millones de euros en inversiones, ya que el jueves 24 de julio vence un trámite administrativo fundamental para avanzar en diversos proyectos. En concreto, unos 5 gigavatios de potencia eólica y solar están en riesgo de perder permisos, lo que podría desencadenar la ejecución de avales, generando gran preocupación entre los promotores. Ahora queda por ver si el Ejecutivo tiene margen para encontrar una salida que evite el colapso de estos desarrollos, que llevan años en trámite.
Según estimaciones del sector, la inversión potencial que se podría ver comprometida llegaría a los 200.000 millones de euros. Tras la negativa del Partido Popular, fuentes cercanas a las eléctricas insisten en que ese es el monto en juego. El decreto facilitaba la inversión en almacenamiento energético, desbloqueaba trámites para la conexión a la red eléctrica y favorecía proyectos clave como centros de datos, electrificación (vehículos eléctricos, aerotermia, etc.) y otras soluciones energéticas.
Además, incluía medidas para aliviar el coste de la electricidad para la industria electrointensiva. Este sector, fundamental para la economía en regiones afectadas por la despoblación, verá cómo su factura eléctrica se encarece entre un 3% y un 12%, al eliminarse una bonificación de 250 millones de euros destinada a cubrir el 80% de los peajes fijos. Las empresas han estado presionando a sus gobiernos autonómicos en busca de apoyo, en un contexto marcado también por la amenaza que suponen los nuevos aranceles de Donald Trump. Cabe recordar que esta es la segunda vez en 2025 que esta propuesta normativa no consigue el respaldo necesario en el Parlamento.
El decreto también otorgaba mayores competencias tanto al operador del sistema como a la CNMC para prevenir posibles apagones. Estos argumentos, esgrimidos con insistencia por el sector energético, fueron los que mantuvieron en el aire el sentido del voto del PP hasta último momento, tras la negativa inicial de Podemos. La presión interna ha sido fuerte, especialmente desde sus líderes regionales y empresas influyentes, que pedían una abstención "patriótica".
"Desde un punto de vista técnico, el PP coincide con muchas de las medidas del decreto, pero es posible que factores políticos tengan más peso en esta decisión", apuntaban en los días previos fuentes del sector. Aun así, algunas voces consideran que esta postura podría volverse en contra del partido: se arriesga a ser señalado por frenar miles de millones en inversión, debilitar la competitividad industrial y dejar al sistema eléctrico más expuesto. También preocupa al sector financiero, que veía en este decreto una vía para estabilizar un entorno crítico. Grandes firmas como Acciona, Iberdrola, Repsol o Endesa están intentando vender activos renovables en un contexto de gran incertidumbre que frena el interés de inversores internacionales.
Uno de los aspectos más relevantes del texto era la protección que ofrecía a proyectos renovables en Galicia, que están sufriendo una paralización casi total por procesos judiciales. Esto ha provocado una retirada de inversiones tanto de empresas nacionales como Naturgy, CaixaBank o Sabadell, como de grupos internacionales como Engie. La Xunta de Galicia -gobernada durante años por Alberto Núñez Feijóo- desea desbloquear esta situación que amenaza el desarrollo económico de la región, especialmente en un contexto de desindustrialización. Junts también respaldaba esta parte del decreto, ya que empresas catalanas enfrentan problemas similares tanto en Galicia como en Cataluña.
El Partido Popular, sin embargo, ha rechazado las críticas y defiende su decisión. "No compartimos las medidas relativas al apagón, especialmente porque no ha habido dimisiones tras un fallo eléctrico que dejó al país sin suministro durante 24 horas. En cuanto a otros aspectos del decreto, aunque necesarios, están incompletos. Por ello presentaremos en el Congreso una proposición de ley, en colaboración con las comunidades autónomas, que asegure las inversiones energéticas que necesita España", señalaron fuentes del partido horas antes de la votación. Y concluyen: "No es tarea de la oposición salvar al presidente del abandono de sus socios. Si no tiene mayoría, que lo consulte en las urnas. En otoño, elecciones: no hay otra salida".
La falta de claridad en torno a este decreto se suma a la retirada de una iniciativa similar impulsada por la Generalitat bajo el liderazgo de Salvador Illa. Este texto, también centrado en las renovables, no llegó a someterse a votación al no contar con el respaldo de ERC, molesta por la falta de avances en la financiación singular pactada con el Gobierno central. Este clima de inestabilidad normativa ha generado preocupación entre grandes inversores globales como Amazon, que planea desarrollar un innovador proyecto eólico en Girona.