Noticias

(Cinco Días, 07-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las empresas españolas mejoran su información contable: aumenta el porcentaje de auditorías favorables

En los últimos años, las empresas españolas han mejorado de forma notable la calidad de su información contable, algo que se refleja en el aumento de los informes favorables emitidos por los auditores, incluso en un contexto económico incierto. Así lo pone de manifiesto el estudio ¿Qué opinan los auditores de las empresas españolas? Las principales incidencias que detectan los auditores en las cuentas de las empresas españolas 2021-2022, elaborado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y la Universidad de Zaragoza. Según el informe, el porcentaje de compañías cuyas cuentas fueron calificadas como una imagen fiel de su situación económica ha pasado del 68% en 2015-2016 al 76% en 2021-2022, periodo marcado aún por los efectos de la pandemia. Esta tendencia, apuntan los autores, probablemente se haya mantenido en los años siguientes. El estudio, presentado durante la celebración del Día de la Auditoría en Madrid, destaca que la revisión externa de los estados financieros contribuye a elevar la fiabilidad de la información contable y a reducir errores en la presentación de resultados. No obstante, la mejora no se ha producido de forma uniforme. Según el presidente del ICJCE, Víctor Alió, mientras las empresas medianas y grandes han reducido de forma significativa las incidencias (30,6% y 17%, respectivamente), las pequeñas empresas concentran ya más de la mitad de los informes con salvedades (52,4%), seis puntos más que en el periodo anterior. Los errores más frecuentes detectados entre 2021 y 2022 se agrupan en tres grandes áreas, que suman aproximadamente la mitad de las incidencias. El más común es el deterioro del valor de los activos, responsable del 25,2% de las salvedades, especialmente por la infravaloración de créditos, inversiones o cuentas por cobrar. En segundo lugar se sitúan los créditos fiscales (12,6%), cuya principal problemática es su registro pese a la incertidumbre sobre su recuperación futura. Por último, el reconocimiento y valoración de ingresos y gastos representa el 11,6% de los errores, en su mayoría vinculados a incumplimientos del principio de devengo. El análisis también revela diferencias regionales. En el periodo 2021-2022, la mayoría de los informes con incidencias se concentraron en Madrid (23,4%), Cataluña (21,9%) y Andalucía (9,9%), que juntas suman más del 55% del total nacional. Les siguen la Comunidad Valenciana (8,5%) y el País Vasco (7,5%), mientras que comunidades como Cantabria, Ceuta y Melilla apenas alcanzan el 1%. No obstante, Madrid y Cataluña también lideran el número de informes sin incidencias, lo que refleja su elevada actividad empresarial y auditora. El estudio atribuye parte de esta mejora a la entrada de cerca de 10.000 nuevas empresas auditadas por primera vez entre 2015 y 2022, tras superar los umbrales que obligan a someter sus cuentas a revisión. "Cuando una empresa se audita por primera vez, es habitual que aparezcan múltiples aspectos a corregir", explicó Alió, quien advirtió que aumentar los límites de auditoría obligatoria dejaría fuera del control precisamente a las compañías que más lo necesitan. Durante 2024 se realizaron en España 72.723 auditorías, un 5% más que el año anterior, según datos del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). De estas, el 30% fueron encargadas a las cuatro grandes firmas internacionales -PwC, KPMG, EY y Deloitte-, una cifra ligeramente inferior al 31,12% del ejercicio previo. Esta concentración se debe a que las empresas cotizadas, incluidas las del Ibex 35, recurren principalmente a estas firmas. Alió valoró positivamente los datos del ICAC y destacó que la facturación del sector alcanzó un máximo histórico en 2024, creciendo un 8% hasta rozar los 1.000 millones de euros. Según el presidente del ICJCE, tanto los trabajos de auditoría como los servicios complementarios siguen aumentando, y las previsiones apuntan a que 2025 podría marcar un nuevo récord de actividad.

LEER MÁS

(Expansión, 07-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Corte Suprema se muestra escéptica sobre las bases legales de los aranceles de Trump

El miércoles, durante una audiencia muy seguida en Washington, los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos mostraron escepticismo ante el uso que hizo Donald Trump de los poderes de emergencia para imponer una serie de aranceles. La Corte, dividida 6-3 entre magistrados conservadores y liberales, cuestionó la aplicación que el Gobierno dio a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para establecer gravámenes globales. Esto genera incertidumbre sobre si uno de los pilares de la segunda presidencia de Trump podría ser anulado por el máximo tribunal del país. La demanda fue interpuesta por asociaciones empresariales estadounidenses, respaldadas por 12 estados, que alegaron haber sufrido perjuicios a causa de los aranceles impuestos por el expresidente. Una derrota en este caso pondría en riesgo su agresiva política comercial, amenazando la estrategia de aranceles "recíprocos" que sustenta la guerra comercial de su segundo mandato, así como los gravámenes contra China, Canadá y México en respuesta a su supuesta implicación en el comercio del opioide fentanilo. Además, un fallo desfavorable comprometería los más de 50.000 millones de dólares (unos 43.400 millones de euros) recaudados por el Gobierno en 2025 mediante ingresos arancelarios adicionales, fondos que han contribuido a calmar la preocupación de los inversores ante el alto nivel de endeudamiento del país. Trump ha presentado este caso como una cuestión fundamental. En una publicación en redes sociales, aseguró que se trata de "una cuestión de vida o muerte para nuestro país". Añadió que una victoria garantizaría una "gran seguridad financiera y nacional", mientras que una derrota dejaría a Estados Unidos "prácticamente indefenso frente a países que durante años se han aprovechado de nosotros". El procurador general de Estados Unidos, John Sauer, defendió ante los jueces que el presidente determinó que "los crecientes déficits comerciales nos han llevado al borde de una catástrofe económica y de seguridad nacional". Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien asistió personalmente a la audiencia, se mostró optimista tras la sesión: "Fue muy bien. Creo que el procurador general expuso una argumentación muy sólida", declaró a los medios. Al ser consultado sobre si el Gobierno devolvería los ingresos por aranceles si perdía el caso, Bessent respondió a Fox Business: "Ya veremos si llega el momento, pero confío en que no será necesario". Añadió que Estados Unidos atraviesa "una emergencia económica" y que "el verdadero objetivo es reequilibrar nuestras relaciones comerciales y recuperar la producción manufacturera nacional". Algunos jueces del bloque conservador, como Samuel Alito y Brett Kavanaugh, se mostraron comprensivos con los argumentos del Gobierno. Sin embargo, otros magistrados conservadores expresaron sus reservas respecto al uso de la IEEPA, ya que ningún presidente anterior la había invocado para imponer aranceles. "El instrumento de esta política son los impuestos a los propios estadounidenses, y ese ha sido siempre un poder exclusivo del Congreso", señaló el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. El juez Neil Gorsuch advirtió sobre el riesgo de "un avance constante hacia la concentración de poderes en el Ejecutivo, en detrimento de los representantes elegidos por el pueblo". Añadió que, una vez que el Congreso delega sus competencias en los presidentes, "en la práctica, jamás las recupera... ¿Qué presidente renunciaría voluntariamente a ese poder?". La magistrada Amy Coney Barrett, considerada conservadora pero criticada por los seguidores de Trump por algunas decisiones contrarias al Gobierno, también cuestionó la amplitud de la medida: "¿De verdad era necesario aplicar aranceles a todos los países por amenazas a la base industrial y de defensa? ¿A España? ¿A Francia? Puedo entenderlo con algunos Estados, pero explíqueme por qué tantos debían incluirse en la política de aranceles recíprocos", preguntó a Sauer. El Tribunal Supremo ya ha revisado en otras ocasiones políticas impulsadas por Trump, como la autorización de deportaciones a terceros países. Sin embargo, esta es la primera vez que examina directamente la legalidad de un elemento central de su agenda en el segundo mandato. El bloque liberal del tribunal también mostró dudas sobre la legalidad de los aranceles. La jueza Elena Kagan puso en entredicho las declaraciones de Trump sobre una supuesta emergencia nacional que justificaría sus políticas, señalando: "Parece que vivimos en un estado de emergencia casi permanente, en buena parte del mundo".

LEER MÁS

(El País, 07-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España estudia imponer límites a la concesión de hipotecas de riesgo para evitar una burbuja

El Banco de España está trabajando en la aplicación de límites a la concesión de hipotecas, con el fin de evitar una posible nueva burbuja inmobiliaria provocada por el fuerte aumento de los precios de la vivienda. Actualmente, el supervisor analiza las condiciones macroeconómicas que podrían justificar la puesta en marcha de estas restricciones, así como la forma de evitar que frenen en exceso el flujo de crédito hacia la economía, especialmente en un contexto de dificultades para acceder a la vivienda, según fuentes conocedoras del proceso. Una vez concluido este análisis, la dirección del organismo podrá decidir si activa o no dichas medidas. Tras la crisis financiera de 2008, tanto las instituciones nacionales como las europeas y globales reforzaron las herramientas de los supervisores para prevenir desequilibrios financieros, como la burbuja inmobiliaria que hundió a buena parte del sistema bancario español hace 15 años. Entre las medidas creadas entonces se encuentra el colchón anticíclico, que el Banco de España activó el año pasado con un recargo del 0,5% sobre los activos de las entidades. Este mecanismo obliga a los bancos a acumular capital en épocas de bonanza para poder absorber mejor los impactos negativos en periodos de crisis. Otra de las herramientas disponibles son las llamadas "medidas basadas en los prestatarios" (borrower-based measures), que permiten a los bancos centrales de la zona euro limitar la concesión de hipotecas con riesgo elevado. Estas restricciones pueden fijar límites en cuatro aspectos principales: la relación entre el valor del inmueble y el importe del préstamo, el peso del crédito respecto a los ingresos del cliente, los intereses a pagar y la duración del préstamo. Aunque el Banco de España cuenta con el marco legal para aplicar estas medidas desde 2018, solo en los últimos meses ha comenzado a avanzar en esa dirección. El momento es especialmente delicado: los precios de compraventa se encuentran en su punto más alto de los últimos 17 años, y las entidades bancarias denuncian una competencia feroz que mantiene los tipos hipotecarios por debajo del euríbor o incluso del bono español, lo que reduce su rentabilidad. El primer aviso sobre la posibilidad de imponer límites apareció en el Informe de Estabilidad Financiera del primer semestre, donde el Banco de España reconocía que estaba desarrollando un plan de seguimiento de los criterios de concesión hipotecaria, en línea con la recomendación de la Junta Europea de Riesgos Sistémicos de activar estas medidas preventivas. Aun así, el regulador español consideró entonces que las políticas vigentes eran suficientes para contener los riesgos del mercado inmobiliario. Desde entonces, el organismo ha avanzado en la creación de un marco teórico que permita valorar cuándo sería apropiado activar los límites. Para ello, ha recopilado datos históricos sobre la concesión de hipotecas, analizado estudios internacionales sobre la eficacia de estas medidas en otros países y elaborado modelos que evalúan sus costes y beneficios. El objetivo es definir las condiciones precisas que justificarían su activación, sin restringir excesivamente el acceso al crédito. "Se trata de un debate incluso político, sobre cómo introducir estas limitaciones sin agravar el problema del acceso a la vivienda", señala una fuente interna. El Banco de España ofrecerá más información sobre estos avances en su informe del segundo semestre, que se publicará la próxima semana. Una vez completado este análisis, la Dirección General de Estabilidad Financiera presentará sus conclusiones a la cúpula del organismo, presidida por José Luis Escrivá, quien tendrá la última palabra sobre la activación de los límites hipotecarios. El Banco Central Europeo (BCE) respalda este tipo de medidas, que ya están activas en casi todos los países del euro salvo España, Alemania e Italia. Hasta ahora, el BCE se había limitado a desincentivar la concesión de hipotecas arriesgadas penalizando en el capital regulatorio los préstamos que superaban el 80% del valor del inmueble, pero el debate apunta ahora hacia una política más estricta. Fuentes financieras consultadas apuntan a que los bancos esperan recibir pronto noticias sobre estas posibles restricciones. No obstante, prevén que el impacto será limitado, ya que las entidades son ahora mucho más prudentes que antes de la crisis inmobiliaria. Aun así, muestran su preocupación por el exceso de regulación que, a su juicio, encarece y complica la actividad del sector. El auge de la demanda de vivienda, los precios elevados y las dificultades de acceso de colectivos como los jóvenes han llevado a algunos bancos a flexibilizar sus criterios y ofrecer préstamos que superan el 80% del valor del inmueble, amparados en avales públicos que cubren el resto, como los ofrecidos por algunas comunidades autónomas o el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Tras las bajadas de tipos de interés de principios de año, muchas entidades buscan compensar la pérdida de ingresos aumentando el volumen de créditos concedidos. A pesar de la fuerte subida del precio de la vivienda, el Banco de España no percibe todavía un riesgo grave. En su último informe, calificó estos riesgos como moderados, destacando la firmeza de la demanda frente a la escasa oferta y la estabilidad en los criterios de concesión. Asimismo, las ratios que el regulador sigue de cerca -como la relación entre préstamo e ingresos o el peso de los intereses sobre la deuda- se mantienen en niveles contenidos según la serie histórica.

LEER MÁS

(El Confidencial, 07-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El alquiler en España: 1.187 € de media y hasta 444 interesados por piso en Barcelona

Encontrar un piso de alquiler en España se ha convertido en una experiencia muy diferente según la provincia donde se busque. En algunas zonas la competencia es tan intensa que conseguir vivienda resulta casi imposible, mientras que en otras la presión es mucho menor. El mercado del alquiler muestra una gran desigualdad: las llamadas "zonas tensionadas", que son también las más caras, concentran una demanda desbordada y unos precios que parecen haber alcanzado su límite. De acuerdo con el último Barómetro del Alquiler del Observatorio de la Fundación Alquiler Seguro, la regulación de precios en estas áreas ha generado un "desequilibrio creciente": la oferta de pisos ha caído de forma notable, mientras que la demanda de inquilinos, atraídos por los topes de precio, ha alcanzado niveles récord. Esta presión ilustra claramente la existencia de dos realidades distintas dentro del mercado del alquiler. Barcelona es el caso más extremo: en el tercer trimestre de 2025, cada piso disponible recibió una media de 444 solicitudes en solo diez días, superando el récord anterior (437) y cuadruplicando los datos de Madrid. Encontrar vivienda en la capital catalana se asemeja, por tanto, a ganar una "lotería". El Observatorio mide esta presión según el número medio de contactos que recibe una vivienda en diez días: considera presión normal entre 1 y 15 contactos, riesgo entre 15 y 30, presión elevada entre 30 y 45, alta entre 45 y 60, muy alta entre 60 y 75 y fuera de rango a partir de 75. Aunque Barcelona lidera con mucha diferencia, el efecto se ha extendido a ciudades cercanas tras su declaración como zona tensionada. Girona es ya la segunda provincia catalana más competida, con 140 contactos por inmueble, seguida de Tarragona con 93. Otras provincias con gran competencia son Las Palmas (130), Baleares (129), Vizcaya (128), Madrid (103), Valencia (103) y Guipúzcoa (102), cifras todas muy por debajo de las barcelonesas. En el otro extremo, aunque la presión también ha aumentado, las diferencias son notables. Navarra, con 37 contactos por piso, y A Coruña, con 55, registran los menores niveles de competencia entre las zonas tensionadas. En promedio, cada vivienda en España recibe 136 interesados. La principal causa de esta competencia tan elevada es la escasez de oferta. Según el Observatorio, en 2025 el mercado español contará con 21.220 viviendas menos que en 2024. Solo Barcelona perderá 7.330 inmuebles, aunque las mayores caídas porcentuales se prevén en Guipúzcoa (-23,5%) y Vizcaya (-17,3%). Paradójicamente, esta fuerte presión se concentra donde los alquileres son más caros. El precio medio nacional alcanza ya los 1.187 euros mensuales, y doce provincias superan los 1.000 euros. Barcelona encabeza la lista con 1.654 euros, seguida de Baleares (1.648) y Madrid (1.590). En el País Vasco, Guipúzcoa y Vizcaya registran medias de 1.480 y 1.312 euros, respectivamente. A continuación se sitúan Málaga (1.275), Las Palmas (1.133), Valencia (1.131), Santa Cruz de Tenerife (1.090), Álava (1.040) y Navarra (1.025). Alicante se une por primera vez a este grupo con 1.002 euros de media, mientras que provincias como Badajoz, Jaén o Ciudad Real permanecen por debajo de los 600 euros. Otro aspecto destacado del informe es el efecto de la declaración de "zona tensionada" sobre los precios. Aunque las provincias donde se aplican estos límites (como Barcelona o el País Vasco) siguen siendo las más caras, los precios se han estabilizado en los últimos tres meses, sin cambios respecto al trimestre anterior. El caso de Barcelona es ilustrativo: pese a liderar el ranking de precios, su incremento anual del 3,1% es moderado y menor que la media nacional, que subió un 6,3%. Según el Observatorio, esta estabilización es consecuencia directa de la regulación: al limitar los precios, la demanda crece con fuerza, pero la oferta se reduce al disminuir los incentivos para alquilar, lo que agrava la competencia. No obstante, los precios ya apenas suben, lo que refleja que los inquilinos han alcanzado su tope de capacidad.

LEER MÁS

(La Vanguardia, 07-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Pulso al Gobierno, vetando todas las leyes del Gobierno: "La legislatura queda bloqueda"

Junts ha dejado aún más evidente ante el Gobierno de Pedro Sánchez que, aunque no impulsará ninguna moción de censura y, por tanto, permitirá su continuidad en el poder, el Ejecutivo de PSOE y Sumar tendrá muy limitada su capacidad de acción. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha presentado este jueves enmiendas a la totalidad de todas las leyes impulsadas por el Gobierno, lo que supone su voto en contra de las que están en tramitación y el rechazo a unos futuros Presupuestos para 2026. Nogueras ha recalcado que el Ejecutivo no podrá aprobar ni las cuentas públicas ni el techo de gasto salvo que "busque el apoyo del PP y Vox". "La legislatura de Pedro Sánchez está bloqueada", ha sentenciado la diputada en una comparecencia en el Congreso junto a los otros seis representantes de Junts. Nogueras ha reprochado al presidente del Gobierno que, una semana después del anuncio de su formación, todavía no haya aclarado cómo pretende gobernar sin el respaldo de Junts. Mientras comparecía ante los medios, su grupo parlamentario registraba las enmiendas de totalidad a las 25 leyes del Ejecutivo que aún no han iniciado su tramitación. Además, Junts ha confirmado que no apoyará otras 21 normas actualmente en curso y que exigirá la devolución al Gobierno de todas las iniciativas futuras. "Pedro Sánchez no podrá sacar adelante los Presupuestos ni leyes como la de Bolaños o la de Begoña", advirtió Nogueras, lamentando que el Gobierno haya desperdiciado "una oportunidad histórica" al no cumplir los compromisos pactados con el partido de Carles Puigdemont a cambio del apoyo a la investidura. Desde Moncloa, fuentes gubernamentales insisten en mantener una actitud conciliadora. "Mano tendida, siempre", aseguran, destacando que el Ejecutivo de Sánchez continúa abierto "al diálogo y al entendimiento con todos los grupos parlamentarios" dispuestos a mejorar la vida de los ciudadanos "en Cataluña y en el resto de España". Además, niegan haber incumplido los acuerdos con Junts y sostienen que todos los compromisos asumidos "se han cumplido o están en proceso de cumplirse". Las primeras reacciones políticas no se han hecho esperar. Desde el PP, su líder Alberto Núñez Feijóo ironizó en la red social X (antes Twitter): "¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?". Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, criticó a Junts por "alinearse con PP y Vox" y afirmó que su postura "no representa al conjunto de los catalanes". También se ha pronunciado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), quien reconoció que la legislatura se encuentra en un "punto muerto" tras el anuncio de Junts de bloquear leyes y vetar los Presupuestos Generales del Estado. Clavijo pidió a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, argumentando que "esto no va de resistir en La Moncloa, sino de gobernar y aprobar las medidas necesarias para resolver los problemas de los ciudadanos". El dirigente canario realizó estas declaraciones en Bruselas, durante un acto de apoyo a las Regiones Ultraperiféricas (RUP).

LEER MÁS

(Cinco Días, 06-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El bitcoin cae por debajo de los 100.000 dólares por primera vez desde junio

El mercado de las criptomonedas atraviesa un nuevo periodo de debilidad. El bitcoin, su activo más emblemático, ha caído este miércoles por debajo de los 100.000 dólares por primera vez desde junio. Ni las políticas favorables del presidente estadounidense Donald Trump ni su creciente reputación como activo institucional han logrado frenar la caída. Según datos de 10x Research, una fuerte ola de ventas en el mercado al contado, protagonizada por los grandes inversores -que han liquidado cerca de 45.000 millones de dólares en el último mes-, está detrás de este retroceso. Las altcoins, por su parte, han sufrido aún más debido a su menor liquidez y mayor volatilidad. El rally vivido durante el verano y prolongado hasta principios del otoño se ha desvanecido por completo. Desde sus máximos de octubre, bitcoin acumula una pérdida del 20%, aunque en el balance del año aún conserva una ganancia superior al 8%. Su rendimiento, sin embargo, queda por debajo del S&P 500 (15%), del Ibex (37%) o del oro (50%). En las últimas 24 horas, el bitcoin ha retrocedido más de un 2,5%, justo un año después de la reelección de Trump, evento que había impulsado su cotización más de un 12% en solo dos días. El descenso de los grandes inversores ("ballenas"), junto con salidas de capital en los ETF y una menor demanda institucional, ha debilitado la base del mercado. Los fondos de inversión ligados a criptomonedas están registrando retiradas de capital, mientras que la llegada de nuevos inversores se mantiene en niveles discretos. El sentimiento general también refleja el pesimismo: los indicadores de miedo y codicia muestran un mercado dominado por la cautela. Las altcoins han perdido todo el terreno ganado en verano: Ether cae un 32% desde agosto, XRP un 37% desde julio, y Solana se hunde un 40% desde marzo, regresando a niveles de mediados de año. En paralelo, los factores macroeconómicos han aumentado la presión sobre el mercado. Según Simon Peters, analista de eToro, las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfriaron las expectativas de un recorte de tipos en diciembre. Antes de su intervención, el mercado estimaba una probabilidad del 96% de recorte; tras sus palabras, cayó por debajo del 70%. Desde XTB apuntan que "la creciente preocupación por la economía global y el fortalecimiento del dólar están llevando a los inversores a reducir su exposición a activos volátiles, como las criptomonedas". El nerviosismo también se traslada a la renta variable, donde crecen los temores de una sobrevaloración de las grandes tecnológicas, como Nvidia, lo que podría anticipar una nueva burbuja. Si aumenta la aversión al riesgo y la Bolsa corrige, bitcoin y el resto de criptoactivos podrían sufrir caídas adicionales por su alta correlación con los índices estadounidenses. Además, el mercado aún arrastra las consecuencias de la oleada de liquidaciones ocurrida entre el 10 y el 11 de octubre, cuando se esfumaron miles de millones en posiciones alcistas tras un tuit de Trump anunciando aranceles del 100% a China. Aunque la medida no llegó a aplicarse, el miedo provocó un cierre masivo de posiciones apalancadas, eliminando 19.000 millones de dólares en futuros en cuestión de horas. Según Chris Newhouse, analista de Ergonia, "el declive del bitcoin refleja que el mercado sigue lidiando con las secuelas psicológicas de ese episodio, que ha modificado la forma en que los inversores afrontan la tendencia bajista actual". Los datos de Deribit (Coinbase) respaldan su visión: los contratos de futuros que permiten vender bitcoin a 80.000 dólares son los más demandados de cara a finales de noviembre. Mientras tanto, el bitcoin ve cuestionada su reputación como activo más rentable que la Bolsa. Desde 2011, solo en tres ocasiones (2014, 2018 y 2022) ha rendido peor que el S&P 500, años marcados por fuertes desplomes. Ahora, sin una crisis equiparable, parece encaminarse a repetir ese patrón, aunque, como siempre, será el mercado quien tenga la última palabra.

LEER MÁS

(Expansión, 06-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

14 bancos cuestionan el euro digital del BCE

Crece la controversia en Europa en torno al euro digital, cuya implantación está prevista para 2029. El que se presenta como uno de los proyectos más transformadores en la historia reciente de las finanzas europeas se enfrenta ahora a importantes discrepancias y críticas dentro del propio sector financiero. En vísperas de una audiencia clave en el Parlamento Europeo, catorce entidades bancarias advirtieron ayer que la introducción de la nueva divisa digital podría poner en riesgo las soluciones de pago privadas desarrolladas por los propios bancos. Entre los firmantes se encuentran grandes nombres del sector, como Deutsche Bank, BNP Paribas o ING, que forman parte del grupo creado para competir con los gigantes estadounidenses de los pagos, como Visa y Mastercard, a través del servicio Wero, lanzado el año pasado. Según este consorcio bancario, el proyecto del euro digital, tal y como está planteado actualmente, no ofrece beneficios claros para los usuarios. "El diseño del euro digital minorista cubre prácticamente los mismos casos de uso que las soluciones privadas, sin aportar un valor añadido tangible para los consumidores", afirmaron los portavoces de las entidades. El eurodiputado español Fernando Navarrete, designado como ponente del Parlamento Europeo para evaluar la iniciativa, también ha defendido una versión más limitada del proyecto. El Banco Central Europeo (BCE) comenzó a estudiar la viabilidad de un dinero digital de banco central hace cinco años. La semana pasada, su Consejo de Gobierno decidió dar los pasos necesarios para que la institución esté en condiciones de emitir los primeros euros digitales en 2029, tras un periodo de prueba previsto para dentro de dos años. La base legal del proyecto fue presentada por la Comisión Europea en 2023, aunque la normativa actual solo autoriza al BCE a emitir dinero físico, no digital. Por tanto, la iniciativa solo podrá avanzar con la aprobación de los gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo. Desde el BCE se defiende que el euro digital modernizaría los pagos ante la caída del uso del efectivo -un descenso de 20 puntos porcentuales entre 2019 y 2024- y reforzaría la independencia financiera europea frente al dominio de los sistemas de pago extranjeros. Según Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, esta nueva divisa protegería la "libertad, autonomía y seguridad" de las finanzas de la zona euro. Otro motivo que impulsa el proyecto es la rápida expansión de las stablecoins o monedas estables en Estados Unidos, lo que muchos responsables europeos consideran una amenaza para la soberanía monetaria del euro. La creciente influencia de estos activos ha llevado a una veintena de ministros europeos a pedir a Bruselas que acelere el marco regulatorio necesario para impulsar el euro digital. Entre los expertos, las opiniones están divididas: algunos ven las divisas digitales vinculadas a monedas fiat como una herramienta esencial para competir con las criptomonedas, mientras que otros sostienen que se trata de activos de naturaleza completamente distinta. En un informe reciente, Navarrete propone que el euro digital se utilice solo como sustituto del efectivo en pagos sin conexión a Internet o al móvil, pero no como medio de pago digital en tiempo real, como plantea el BCE. Según el eurodiputado, permitir su uso online podría generar un sistema de pagos paralelo que limitaría el crecimiento de las soluciones privadas europeas. Navarrete sostiene además que la versión en línea del euro digital solo debería activarse si los competidores europeos fracasan en su intento de ofrecer alternativas sólidas a los servicios de pago estadounidenses. En declaraciones al Financial Times, el eurodiputado subrayó que, en el contexto económico actual, el sector financiero europeo está "más cerca que nunca" de construir un sistema de pagos propio y competitivo, lo que a su juicio reduce la necesidad de una versión digital completa del euro.

LEER MÁS

(Cinco Días, 05-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La pausa del BCE estabiliza las rentabilidades de las letras a 12 meses en el 2%

Desde hace varios meses, las letras del Tesoro han perdido protagonismo entre los pequeños inversores. La continua bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) ha ido reduciendo sus rentabilidades, alejándolas de los niveles máximos alcanzados tiempo atrás. Sin embargo, la pausa en los recortes de tipos está contribuyendo a frenar el descenso de los rendimientos. Una semana después de que el BCE decidiera mantener estable el precio del dinero, el Tesoro Público ha iniciado noviembre con una subasta de letras a seis y doce meses, en la que ha captado 5.028,4 millones de euros, con tipos prácticamente sin cambios. La confianza de los inversores en el buen rumbo de la economía sigue siendo elevada. Aunque las rentabilidades han ido moderándose, la demanda continúa fuerte: las solicitudes de compra superaron los 8.229 millones de euros. La mayor parte de la emisión -unos 3.600 millones- se concentró en las letras a 12 meses. Tras haber subido en octubre hasta el 2% por primera vez en medio año, el rendimiento cayó ligeramente -dos puntos básicos- y se mantuvo en ese nivel. Pese a la moderación, el interés de los ahorradores se mantiene sólido, aunque ya lejos de las cifras récord de 2023, cuando las largas colas en el Banco de España se convirtieron en noticia. Las peticiones no competitivas, que corresponden en su mayoría a inversores particulares, alcanzaron los 1.026,17 millones, el nivel más alto desde junio. El resto de la emisión, unos 1.428,4 millones, correspondió a las letras a seis meses, un tramo especialmente sensible a los movimientos de la política monetaria. El mercado prevé que los bancos centrales reduzcan el ritmo de sus recortes y mantengan una fase prolongada de estabilidad en los tipos. Con este escenario, la rentabilidad marginal de la deuda a seis meses se situó en el 1,962%, prácticamente igual que en la subasta anterior (1,958%). Las peticiones de pequeños inversores ascendieron a 754,87 millones, por debajo de los 1.043 millones registrados en octubre. Con la moderación de las rentabilidades, muchos ahorradores minoristas han optado por no reinvertir los vencimientos de sus letras y están dirigiendo su dinero hacia otros productos conservadores, como los fondos de renta fija. Según datos del Banco de España, a cierre de agosto -último mes con información disponible- las familias españolas mantenían unos 20.082 millones de euros invertidos en letras, el nivel más bajo desde 2022. Ese fue el año en que los bancos centrales abandonaron los tipos cero y comenzaron a subirlos rápidamente para contener la inflación. Actualmente, el contexto es muy distinto. Con una inflación moderada, del 2,1% en la zona euro, y una economía que ha evitado la recesión, el BCE no tiene prisa ni por bajar ni por subir los tipos, lo que ayuda a estabilizar las rentabilidades. Así, mientras los inversores se enfrentan a menores oportunidades de obtener beneficios a corto plazo con bajo riesgo, los emisores públicos y privados se benefician de una reducción en los costes de financiación gracias a la pausa monetaria. En este entorno de estabilidad financiera y crecimiento sostenido, el Tesoro español ha aprovechado la buena evolución económica del país para avanzar en su programa de financiación anual. Con más del 90% del plan ya ejecutado, la fortaleza del mercado laboral y las revisiones al alza del PIB han permitido reducir en 5.000 millones de euros la emisión neta de deuda prevista. Además, las menores necesidades de financiación han llevado a limitar a tres las operaciones sindicadas este año, una menos de lo habitual en ejercicios anteriores.

LEER MÁS

(El Economista, 05-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las empresas reclaman que las salidas a bolsa en España vuelvan a tener un tramo minorista

Desde la salida a bolsa de Aena en 2015, España no ha vuelto a ver una oferta pública de venta (OPV) que contemple un tramo específico para los inversores minoristas. En los últimos años, tanto las grandes como las pequeñas operaciones bursátiles han estado reservadas exclusivamente para inversores institucionales. Incluso el debut más destacado, el de Puig -la mayor salida a bolsa de Europa en 2024-, se dirigió únicamente a inversores cualificados. Lo mismo ocurrió con la reciente operación de Hotelbeds, que también dejó fuera al público particular. Al no existir un tramo destinado a los inversores retail, estos solo pueden participar una vez que las acciones ya cotizan en el mercado secundario. Sin embargo, después de casi una década sin contar con este tipo de participación, casi el 80% de las empresas españolas cotizadas considera que las OPV deberían volver a incluir un tramo minorista, según una encuesta de Evercom a la que ha tenido acceso elEconomista.es. Concretamente, el 77% de las compañías opina que es necesario incorporar este segmento "por el bien del mercado y de la propia empresa cotizada". En el sondeo participaron responsables de relaciones con inversores y otros directivos de firmas del Ibex 35, del Mercado Continuo y de BME Growth. Este porcentaje supone un aumento de 20 puntos respecto a la encuesta de 2024. Además, el 89% de las empresas considera "muy relevante" la presencia de pequeños inversores en el accionariado, ya que contribuyen significativamente a la liquidez de las acciones. El caso de Aena es el último ejemplo de éxito en este sentido: en 2015 destinó un 5,7% del capital a los inversores minoristas, y la demanda superó con creces las expectativas, cuadruplicando la oferta disponible. Desde entonces, este modelo no se ha repetido, aunque el debate sobre el regreso del pequeño inversor a los mercados sigue muy presente. Juan Flames, consejero delegado de BME (Bolsas y Mercados Españoles) -integrada en el grupo suizo Six-, lo resumía así durante un evento organizado por elEconomista.es: "En BME creemos fundamental que los ciudadanos vuelvan a la bolsa. Debemos recuperar al inversor minorista, como ocurrió en los años noventa con el boom de los fondtesoros y las privatizaciones, cuando los particulares llegaron a absorber el 38% del volumen colocado". Ese llamado "capitalismo popular" ha perdido fuerza con los años, pero el mercado reclama su regreso. No obstante, abrir las OPV a los particulares implica requisitos regulatorios más exigentes, que pueden alargar y complicar el proceso. Estas normas buscan proteger al pequeño inversor, sobre todo tras el caso Bankia, que marcó un punto de inflexión en España en cuanto al acceso de los minoristas a las salidas a bolsa. Aun así, no existe ninguna restricción legal que impida reservar un tramo minorista junto al institucional, según explica Ángel Benito, director general de Mercados de la CNMV. "Los ejemplos de Aena o de las antiguas privatizaciones demuestran que funciona", señala. En su opinión, el inversor minorista "debe volver a participar en las salidas a bolsa, ya que, una vez las empresas cotizan, estos acaban comprando igualmente las acciones". Por su parte, Lola Solana, presidenta del Instituto Español de Analistas, resume el dilema de forma clara: "Se ha protegido tanto al pequeño inversor que, al final, se le ha dejado fuera del mercado." Actualmente, el peso de los particulares en la bolsa española se encuentra en su nivel más bajo en 32 años. Según datos del Servicio de Estudios de BME con cierre en 2024, los hogares poseen solo un 15,8% del total de la capitalización, frente al 16,4% del año anterior. El informe destaca que ni siquiera las fuertes subidas bursátiles de los últimos tres años en Europa y España han conseguido frenar la caída de la participación de las familias en el accionariado de las empresas cotizadas desde 2020.

LEER MÁS

(Expansión, 04-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los alquileres suben un 10,9% con 14 capitales de provincia creciendo a doble dígito

Aunque en octubre el precio del alquiler en España registró una ligera bajada respecto a los máximos históricos alcanzados durante el verano, las tensiones en el mercado inmobiliario siguen siendo muy elevadas. La escasez de oferta y el aumento constante de la demanda continúan impulsando los precios, que el pasado mes se situaron en 14,5 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 10,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Así lo revela el último informe mensual publicado por el portal inmobiliario idealista, que destaca subidas de dos dígitos en 14 de las 52 capitales de provincia. Además, el encarecimiento afecta a más del 98% del territorio nacional. Solo Huesca se desmarca de esta tendencia, con una leve bajada del 1,7% en los precios durante octubre. Pese a esta tensión, el coste medio del alquiler en España ha caído un 0,7% en los últimos tres meses -los de verano- desde los récords históricos registrados en junio. No obstante, el efecto estacional parece haberse diluido, ya que en octubre los precios repuntaron una décima frente a septiembre. Este ligero aumento podría anticipar una nueva escalada de precios, impulsada por una oferta cada vez más limitada (o estancada en ciertas zonas) y una demanda en continuo crecimiento. Entre los factores que explican esta presión destacan la llegada de inmigrantes, la reducción del tamaño medio de los hogares y el traslado de potenciales compradores al mercado del alquiler ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en propiedad, especialmente entre los jóvenes. A todo ello se suma la falta de protección de los propietarios de viviendas en alquiler, que, junto con las políticas gubernamentales y recientes resoluciones judiciales desfavorables, estaría contribuyendo también al incremento de los precios. Cada vez más arrendadores, cansados de los límites de precio en las zonas tensionadas o de los complejos procesos legales en casos de impago o de ocupación ilegal, están retirando sus viviendas del alquiler residencial para destinarlas a usos más rentables, como el alquiler temporal o turístico. Esta tendencia está reduciendo significativamente la oferta disponible en el mercado. Según los datos de idealista, las mayores subidas interanuales del precio del alquiler en octubre se registraron en Zamora (+18,1%), Ciudad Real (+15,1%), Teruel (+13,4%) y Segovia (+13,2%). Resulta llamativo que este incremento se haya producido en capitales alejadas de las grandes urbes, donde la tensión en los precios ha sido más acusada en los últimos meses. También se registraron aumentos de dos dígitos en Santa Cruz de Tenerife (+11,9%), Palencia (+11,6%), Madrid (+11,5%), Lérida y Orense (+11,4%), Lugo (+11,2%), Guadalajara (+10,6%), León (+10,5%), Burgos y Huelva (+10,2%) y Cáceres (+10%). En el extremo opuesto, además de Huesca, las subidas más moderadas se produjeron en Pamplona (+0,5%), Girona y San Sebastián (+1,2%), Vitoria (+2,7%), Málaga (+3,8%), Soria (+3,9%) y Tarragona (+4%). En términos absolutos, Barcelona sigue siendo la ciudad más cara de España para alquilar una vivienda, con un precio medio de 24,3 euros por metro cuadrado, pese a crecer solo un 5,1%. Esto significa que alquilar un piso de 70 metros cuadrados cuesta ya más de 1.700 euros mensuales. Le siguen Madrid (23 euros/m²), Palma de Mallorca (18,2 euros/m²), San Sebastián (18,1 euros/m²), Valencia (15,5 euros/m²), Málaga (15,4 euros/m²) y Bilbao (15 euros/m²). Por el contrario, las capitales donde resulta más económico alquilar una vivienda son Cáceres, Lugo, Ciudad Real y Zamora, con un precio medio de 7,8 euros por metro cuadrado, equivalente a unos 546 euros al mes para un piso de 70 metros. Justo por encima se sitúan Jaén (8 euros/m²), Cuenca, Badajoz y Orense (8,1 euros/m²), Palencia (8,2 euros/m²), Huesca y Ávila (8,4 euros/m²) y Teruel, donde el alquiler medio en octubre alcanzó los 8,5 euros por metro cuadrado.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF