(Cinco Días, 31-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Reserva Federal mantiene tipos en el 4,5% pese a las presiones de Trump

La Reserva Federal apuesta por una quinta pausa consecutiva y deja sin cambios el precio del dinero ante la incertidumbre que se mantiene sobre el impacto real de la guerra comercial. Quinta pausa consecutiva. La Reserva Federal (Fed) mantiene los tipos de interés en la franja comprendida entre el 4,25% y el 4,5%, tramo en el que quedaron fijados en diciembre, cuando el banco central hizo su última rebaja en el precio del dinero, justo antes de que el presidente de EEUU, Donald Trump, jurara el cargo. Desde entonces, la Fed se ha instalado obstinadamente en una estrategia de "esperar y ver", convencida de que la guerra comercial es la responsable de que "la inflación siga alta" y quiere conocer el impacto real de los aranceles sobre la economía del país antes de retomar la desescalada en los tipos. Las bolsas tornaron al rojo tras la rueda de prensa de Powell, con un duro discurso sobre futuros recortes. El Nasdaq se dejaba un 0,11%, mientras que el S&P y el Dow Jones cedían un 0,36% y un 0,66%, respectivamente. Si bien Wall Street ya descontaba desde hace días la decisión de ayer, esta choca frontalmente con los deseos del presidente de EEUU, que horas antes de que el banco anunciara su decisión volvió a reiterar ayer en sus redes sociales la necesidad de un recorte de tipos, aprovechando el buen dato de PIB que también se conoció ayer. Lo cierto es que la economía del país dio muestras de una mayor resistencia de lo esperado, con un avance del PIB del 3% en el segundo trimestre del año, frente a una contracción del 0,5% entre enero y marzo. Powell definió ayer esta evolución como "irregular". El cambio tan drástico se debe a la guerra comercial, que ha distorsionado las estadísticas de crecimiento. Powell celebró que EEUU esté ultimando acuerdos por todo el planeta, incluyendo el tratado con la Unión Europea, que "mantiene el tipo efectivo (de los aranceles) sin muchos cambios"; pero al mismo tiempo, reconoció que "todavía sigue habiendo mucha incertidumbre". Luces y sombras en los datos que ponen a la Fed en una situación casi imposible. Por un lado, la inflación volvió a repuntar en junio, hasta el 2,7%. Lo hizo al ritmo más rápido de los últimos doce meses, respaldando las tesis más pesimistas del banco central. Y el PIB disparado en el 3%, lo que demuestra que la economía está lejos de enfriarse, escenario que justificaría una rebaja de tipos. Por el contrario, las últimas cifras también hablan de un parón en el mercado de la vivienda a consecuencia de los altos tipos de interés y un desplome en el último trimestre de la inversión empresarial, tanto por el alto coste del dinero como por la incertidumbre comercial. Los índices de paro todavía no preocupan y se consideran bajos, pero lo cierto es que la tasa de desempleo ya se ha afianzado por encima del 4% y crece mes a mes, situándose en su nivel más alto desde 2021, en plena crisis pospandemia. Aunque la Reserva Federal no ha dado pistas de cuál será su hoja de ruta para después del verano, los analistas creen que en septiembre se producirá el primer recorte de tipos de este año, aunque Powell insistió ayer en que "no hemos tomado una decisión todavía sobre qué ocurrirá en septiembre". Lo que sí dejó claro es que serán los datos y no la política los que guíen sus pasos: "Asegurar un banco central independiente es un pacto institucional que ha servido bien a los ciudadanos hasta ahora; nos tenemos que guiar por los datos, no por aspectos políticos". La cita de septiembre será especialmente importante, ya que también está previsto que los gobernadores actualicen entonces sus previsiones de cara a los próximos meses. El mercado está atento a la reacción de Trump ante la decisión de ayer de la Fed, con la duda de si forzará o no el relevo al frente del banco central. La campaña en contra del presidente de la institución, Powell, se ha intensificado en las últimas semanas, especialmente tras la visita sorpresa del inquilino de la Casa Blanca a las obras de la sede de la Fed en Washington, donde intentó dejar en evidencia a su anfitrión por su gestión en la reforma multimillonaria del cuartel general del regulador del mercado financiero. Ayer, Powell le restó importancia, y aseguró que "la visita fue agradable, a pesar de que no es habitual que un presidente de EEUU visite la sede de la Fed". Además, recordó que el proyecto de reforma se inició hace ya más de una década, antes de su llegada a la presidencia de la Fed. Relevo o no, hay mucha incertidumbre en torno al banco central y el futuro de los tipos, con las posiciones cada vez más polarizadas. Aunque Powell no ceda ante las presiones de Trump, lo cierto es que la campaña en su contra ya ha abierto una brecha en el seno del organismo. En Wall Street, tampoco hay consenso entre inversores y analistas. Mientras que los consejeros delegados de grandes bancos, como David Solomon (Goldman Sachs), se inclinan a favor de relajar la política monetaria, otros, como Jamie Dimon, defienden la cautela de Powell e insisten en la difícil posición de equilibrio en la que se encuentra.

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(Cinco Días, 31-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La economía de la zona euro se frena en plena guerra comercial con un leve crecimiento del 0,1% entre abril y julio

La economía europea ha estado marcada durante los últimos seis meses por las tensiones comerciales impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump. En el segundo trimestre de 2025, el producto interior bruto (PIB) de la zona euro apenas creció un 0,1%, su menor ritmo en los últimos 18 meses, según datos de Eurostat. El conjunto de la Unión Europea registró un avance del 0,2%, lo que pone en evidencia que el buen comportamiento observado a comienzos de año -con subidas del 0,6% en la eurozona y del 0,5% en la UE- respondió más a factores coyunturales que a una tendencia sostenida. Buena parte de estos resultados económicos se explican por las consecuencias de la guerra comercial. Durante los tres primeros meses del año, muchas empresas estadounidenses adelantaron sus compras para evitar los aranceles anunciados, lo que impulsó temporalmente la actividad. Sin embargo, con la entrada en vigor de esas tarifas en abril, la demanda se ha frenado. A esto se suma la apreciación del euro, que ha subido cerca de un 13% en lo que va de año frente al dólar, encareciendo así las exportaciones europeas. Alemania, el país con mayor peso económico en la zona euro, refleja bien esta dinámica. Su economía, muy dependiente de la industria exportadora -especialmente en sectores como el automóvil, la química y la maquinaria- se benefició inicialmente de las compras anticipadas de EE. UU., lo que le permitió crecer un 0,3% en el primer trimestre, su mejor dato desde el inicio de la guerra en Ucrania. Sin embargo, entre abril y junio volvió a registrar una caída del 0,1%. Según Carsten Brzeski, economista jefe de ING para macroeconomía, el impulso inicial dado por las exportaciones alemanas se ha desvanecido y el impacto de los aranceles comienza a notarse. Advierte, además, que esta tendencia negativa podría continuar en el tercer trimestre, pese a que existe un marco de entendimiento comercial entre la UE y Estados Unidos. En su análisis, estima que los aranceles del 15% podrían restar entre 0,1 y 0,2 puntos al crecimiento del PIB alemán. Italia muestra un comportamiento similar. Su economía también se expandió un 0,3% al inicio del año, para luego retroceder un 0,1% en primavera. Como Alemania, depende en gran medida de las exportaciones al mercado estadounidense. En contraste, España presenta un panorama más favorable. Al tener menos exposición al mercado de EE. UU., los efectos del proteccionismo norteamericano han sido limitados. Su economía continúa creciendo con fuerza: un 0,7% en el último trimestre. Factores como la creación de empleo, que ha superado los 22 millones de ocupados, y una inversión sólida apoyada en los fondos europeos de recuperación, han consolidado a España como uno de los países con mejor evolución económica en la UE. Portugal también ha mostrado un buen desempeño, con un crecimiento del 0,6% en el segundo trimestre. Irlanda representa un caso atípico. Debido a su fiscalidad favorable, muchas multinacionales -especialmente estadounidenses y también chinas- establecen allí sus filiales, lo que distorsiona los datos del PIB. Así, mientras en el primer trimestre su economía creció un 7,4%, en el segundo se contrajo un 1%. A pesar de esa caída, la comparación anual arroja un crecimiento del 16,2%. No obstante, Irlanda es uno de los países europeos más expuestos a los nuevos aranceles, ya que acoge fábricas de importantes farmacéuticas estadounidenses que exportan desde allí a su país de origen.

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(El País, 31-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC aprueba su primer informe sobre el apagón sin señalar aún responsables a los que multar

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado este martes un primer informe sobre el gran apagón eléctrico del 28 de abril, según confirman diversas fuentes conocedoras del proceso. El pleno del organismo, responsable también de la potestad sancionadora, ha avalado de forma unánime un documento preliminar que analiza lo ocurrido durante el mayor fallo del sistema eléctrico en la historia reciente de la península Ibérica, que dejó a millones de personas sin suministro durante varias horas. Este análisis inicial no señala responsables específicos, pero deja abierta la posibilidad de imponer sanciones en el futuro. Este informe responde a la obligación de realizar una evaluación posterior al suceso, impuesta por las normativas europeas. Tras un incidente de esta magnitud, las autoridades nacionales deben emitir una valoración técnica del evento, basada en el diagnóstico elaborado previamente por el comité de expertos designado por el Gobierno. Paralelamente, la CNMC continúa con su propia investigación para esclarecer todos los hechos. Las fuentes consultadas indican que el contenido del documento es técnico y moderado, con algunos matices respecto al informe presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 17 de junio. Desde la CNMC han optado por no hacer declaraciones, mientras que en el sector se considera razonable que no se señalen culpables en esta fase, con el fin de no interferir en las investigaciones ni fortalecer los argumentos defensivos de los posibles sancionados en un futuro. El informe se ha aprobado justo antes del receso de verano del consejo de la CNMC, con la intención de enviarlo junto con el del Ejecutivo a la Comisión Europea y al grupo de coordinación de electricidad, que se encarga de coordinar la política energética entre países. La legislación comunitaria fijaba un plazo de tres meses desde el apagón para remitir esta información. Desde el primer momento, la CNMC anunció que realizaría una investigación independiente al margen de otras iniciativas. En este contexto, ha solicitado información detallada a todos los actores implicados, incluyendo a las grandes empresas eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) y al operador del sistema, Red Eléctrica. El 13 de mayo, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, compareció en el Congreso para anunciar que su institución llevaría a cabo un análisis técnico exhaustivo para reconstruir el suceso. Afirmó que, si se detectaban infracciones graves, se abrirían los correspondientes expedientes sancionadores. Estas sanciones podrían incluir, además de multas, la retirada de autorizaciones o incluso la inhabilitación de algunos operadores. El informe de la CNMC también puede incluir propuestas y recomendaciones para evitar situaciones similares en el futuro. Una parte clave de la investigación se centra en cómo se gestionó la reposición del servicio y si en ese proceso también hubo errores. Los análisis publicados hasta ahora ofrecen versiones distintas. El comité gubernamental que examinó el suceso señaló a Red Eléctrica por una falta de previsión y a las eléctricas por no respetar los parámetros de control de tensión, lo que provocó la desconexión de algunas plantas. En respuesta, tanto Red Eléctrica como las compañías eléctricas difundieron sus propios informes, culpándose mutuamente por el fallo, que tuvo consecuencias económicas y humanas de gran calado. Otra pieza clave en esta investigación es el informe que está elaborando Entso-e, el organismo europeo que agrupa a los operadores de sistemas eléctricos y supervisores nacionales. Este grupo de expertos internacionales dispone de seis meses para emitir su análisis, y en sus avances preliminares apuntan a una cadena de desconexiones causadas por un aumento de tensión. También investigan si esta subida se debió a una disminución en la absorción de potencia reactiva por parte de los generadores, deficiencias en las líneas de transmisión o un exceso de energía reactiva desde las redes de distribución. En este contexto, el informe de la CNMC mantiene abierta la posibilidad de que tanto las eléctricas como Red Eléctrica tengan algún grado de responsabilidad, sin descartar a ninguno de los actores implicados. Aunque hasta ahora el organismo no había señalado responsables públicamente, el pasado 24 de junio su presidenta afirmó que "la respuesta de las instalaciones no fue la adecuada" durante el apagón. También recordó que las sanciones podrían llegar hasta los 60 millones de euros. El Gobierno, por su parte, ha indicado que serán la CNMC y los tribunales los que determinen oficialmente las posibles responsabilidades, tanto en el ámbito administrativo como judicial.

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(El Periódico, 31-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación acelera cuatro décimas en julio, hasta el 2,7%, por el tirón de la electricidad y los carburantes

Durante el mes de julio, los precios han experimentado un nuevo incremento, impulsados por el aumento de la demanda turística, el encarecimiento de servicios típicos de la temporada estival y un efecto estadístico relacionado con la evolución de los precios energéticos en el mismo periodo del año anterior. Según el dato provisional publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, el índice de precios de consumo (IPC) ha alcanzado una tasa interanual del 2,7%, lo que supone un aumento de cuatro décimas respecto a junio, cuando se registró un 2,3% y se rompió la tendencia descendente que se venía observando. Este repunte, que deberá ser confirmado en las próximas semanas, está principalmente motivado por el aumento en el coste de determinados componentes energéticos, como la electricidad y los carburantes, aunque las causas detrás de cada uno son distintas. En el caso de la electricidad, la subida actual se compara con unos precios excepcionalmente bajos de julio de 2024, cuando coincidieron una caída temporal del precio del gas y una demanda reducida. Este contraste provoca un efecto estadístico que incrementa artificialmente la variación interanual. Por otro lado, los carburantes, como ya ocurrió en junio, han vuelto a subir debido al aumento habitual de la movilidad durante el verano, lo que presiona sus precios al alza. En cuanto a la inflación subyacente -que excluye los alimentos frescos y la energía por ser más volátiles-, se ha situado en el 2,3%, apenas una décima por encima del mes anterior, lo que indica cierta contención en la evolución del núcleo de precios. Estos datos reflejan nuevos desafíos para el proceso de desinflación iniciado hace dos años, en el camino hacia el objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. Entre los factores de riesgo, el sector está dando prioridad a la estabilidad de la red, lo que repercute en los costes. Además, aunque en menor medida, las condiciones meteorológicas también están influyendo. Además, del encarecimiento de los alimentos no elaborados, achacándolo tanto a cuestiones climáticas como a problemas de alcance global. A pesar del aumento de tres décimas en el IPC, el Ministerio de Economía asegura que la inflación sigue siendo compatible con el buen momento que atraviesa la economía española. Subrayan que el control de los precios, la creación récord de empleo y el aumento de los salarios están ayudando a que las familias recuperen gradualmente su poder adquisitivo. Los datos disponibles respaldan esta visión. En el primer trimestre del año, los sueldos aumentaron un 3,8% respecto al mismo periodo del año anterior, superando claramente la tasa de inflación. Además, los convenios colectivos firmados hasta ahora recogen incrementos salariales superiores al 4% de media, lo que se sitúa por encima del pacto alcanzado entre sindicatos y empresarios para este año. Al mismo tiempo, persisten presiones inflacionistas derivadas del fuerte consumo interno. El gasto de los hogares se ha consolidado como uno de los pilares del crecimiento económico en España, y muchas empresas están aprovechando este contexto para aplicar subidas de precios. En el segundo trimestre de 2025, la economía española aceleró su ritmo y creció un 0,7% respecto al trimestre anterior -una décima más que en el primer trimestre-, mientras que en términos interanuales el avance fue del 2,8%, según el INE. Esta evolución positiva se debe, sobre todo, al dinamismo de la demanda interna, que aportó 0,9 puntos al crecimiento trimestral del PIB y 3,4 puntos a la tasa anual. En particular, el gasto de los hogares aumentó un 0,8% frente al trimestre anterior, lo que refleja la fortaleza del empleo y la mejora del poder adquisitivo. Según Torres, este comportamiento favorece el crecimiento económico, aunque también implica una presión adicional sobre los precios.

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(La Razón, 31-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España ha perdido casi 50.000 pequeños comercios en los últimos cinco años

Entre 2019 y 2024, el comercio minorista en España ha sufrido una importante contracción, con el cierre de 49.970 establecimientos. Esta cifra refleja una tendencia preocupante de desaparición del pequeño comercio, que compromete la diversidad empresarial y amenaza la continuidad de muchos negocios locales. Aunque el declive no es nuevo -desde el año 2000 han cerrado más de 140.000 tiendas, lo que equivale a un 22,6% del total-, la irrupción de la pandemia y el crecimiento acelerado del comercio electrónico han intensificado el problema. En los últimos cinco años, más de un tercio del sector minorista ha desaparecido, lo que evidencia el desafío para aquellos negocios que no se adaptan al nuevo entorno comercial. El informe "Nuevas Dinámicas de Consumo tras la Covid-19", elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, revela que el comercio minorista se ha visto empujado a una transformación profunda por dos factores principales: la caída de las ventas presenciales y el avance imparable de las compras por internet. Entre 2019 y 2024, las ventas online han crecido un 95%, alcanzando los 95.200 millones de euros. Destaca especialmente el crecimiento de las compras a través del móvil: en 2020, aumentaron un 62,4%, frente al 41% de los canales digitales más tradicionales, según datos de Euromonitor. Además, el porcentaje de empresas que venden por internet ha subido del 36% en 2019 al 45% en 2023, triplicando los datos de 2008, cuando era solo del 14,7%. La pandemia fue un claro acelerador de este cambio: en 2024, el 56,7% de los hogares españoles compran online, frente al 46,9% de 2019 y apenas el 10% en 2006. El problema para los pequeños negocios es que esta transformación se da en un entorno altamente desigual. Las grandes cadenas, con más capacidad financiera y tecnológica, han liderado la digitalización, adaptando sus estrategias con agilidad. Durante la pandemia, estas grandes superficies resistieron mejor el impacto económico: mientras en el primer trimestre de 2020 desaparecieron 20.808 pequeños comercios, los supermercados e hipermercados incrementaron sus ventas en un 10%, según datos de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). Pero el cambio no solo afecta a cómo se compra, sino también a lo que se valora al comprar. Hoy en día, los consumidores otorgan gran importancia a factores como la sostenibilidad, la salud o la cercanía. En 2023, un 66% de los compradores prefería productos locales, y un 79% elegía marcas sostenibles. Al mismo tiempo, la incertidumbre económica ha incentivado el ahorro, impulsando el consumo de marcas blancas, que ya representan el 43,7% del mercado, según la consultora Kantar. Durante la pandemia, muchos redescubrieron el comercio de barrio, favoreciendo iniciativas adaptadas a los nuevos valores de conveniencia, trato personalizado y compromiso ambiental. No obstante, ese deseo de conveniencia también se volcó hacia el comercio digital, que ganó terreno rápidamente, captando nuevos usuarios y consolidándose como una opción habitual. El informe subraya que, en este nuevo escenario, la supervivencia del comercio minorista dependerá de su capacidad para adoptar un enfoque omnicanal, que combine eficazmente las ventas presenciales y digitales, ofreciendo una experiencia de compra más completa y adaptada al consumidor actual. Aunque las tiendas físicas seguirán teniendo un papel importante, su función está cambiando: ya no son solo espacios de venta, sino también lugares para ofrecer atención personalizada, experiencias y conexión con un cliente cada vez más digital. Si los pequeños comercios no se adaptan a esta realidad, podrían quedar fuera de juego en un mercado cada vez más concentrado y dominado por grandes cadenas y plataformas de venta online, como ya se ha venido observando en los últimos años.

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(El País, 30-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

CEOE expresa su “más absoluto rechazo y máxima preocupación” ante el acuerdo comercial entre la Europa y Estados Unidos

El reciente acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, que establece un arancel del 15% sobre las importaciones procedentes del bloque comunitario, ha generado tensiones tanto a nivel político como empresarial. En este contexto, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha manifestado este martes su "rechazo absoluto" al pacto, mostrando una "profunda preocupación" por el impacto que podría tener sobre la economía y la viabilidad financiera de las empresas españolas. En un comunicado oficial, la organización presidida por Antonio Garamendi ha señalado que el origen del acuerdo responde "a la presión ejercida por los reiterados anuncios de aumentos arancelarios por parte de la Administración Trump", lo que, según la CEOE, repercute de manera directa en las exportaciones europeas. Desde la patronal se advierte que "fijar un arancel general del 15% a todas las exportaciones contradice frontalmente el principio del libre comercio, introduce una gran dosis de inseguridad jurídica y representa un retroceso en el marco multilateral que sustenta la actividad empresarial internacional". A ello se suma, afirman, la posibilidad de que este tipo de medidas quede sujeto a modificaciones unilaterales por parte del Gobierno estadounidense, lo que refuerza la percepción de inestabilidad. La CEOE también alerta de que esta nueva política arancelaria "provoca una fragmentación de los mercados globales, eleva la incertidumbre y afecta negativamente a la competencia justa entre empresas". Además, muchas compañías -subraya- se ven afectadas de forma desigual y sin capacidad de adaptación ante este tipo de decisiones. "La finalidad de este pacto parece más centrada en frenar amenazas por parte de EE. UU. que en buscar una solución equilibrada; sin embargo, el resultado es una carga arancelaria más elevada sobre sectores clave, lo que crea un trato desigual y debilita la competitividad de nuestras industrias", afirma la patronal. Finalmente, la CEOE reitera su compromiso con el libre comercio, con el respeto a las normas internacionales y con un sistema económico global sustentado en reglas estables, equitativas y previsibles. En este sentido, recuerda que desde hace años viene defendiendo la necesidad de acuerdos que fortalezcan el multilateralismo y garanticen un marco claro para operar en ambos lados del Atlántico. "Este pacto, tal como ha sido presentado, se aleja por completo de esa visión y nos sitúa en un escenario incierto, con posibles repercusiones negativas a nivel mundial", concluye la organización empresarial.

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(El País, 30-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Luz verde a la declaración de nuevas zonas tensionadas para poner un freno a la escalada de los precios del alquiler

Veintiún municipios navarros, entre ellos Pamplona, así como las ciudades de San Sebastián y A Coruña, se han sumado al mecanismo de zonas tensionadas en el mercado de la vivienda, según la resolución publicada este martes por el Ministerio de Vivienda en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En total, ya son 301 los municipios identificados como áreas de alta presión inmobiliaria en cuatro comunidades autónomas, donde residen más de ocho millones de personas. La declaración de zonas tensionadas, recogida en la nueva Ley de Vivienda, está pensada para intervenir en aquellos lugares donde el incremento de los precios está expulsando a la población residente. Este mecanismo permite aplicar límites al aumento de los alquileres y ofrecer incentivos fiscales a propietarios que reduzcan las rentas que cobran. La competencia para activar esta medida recae en las comunidades autónomas, a propuesta de los ayuntamientos, lo que ha generado disparidad en su implementación, especialmente en aquellas regiones gobernadas por el Partido Popular, que han mostrado su rechazo a la ley estatal. Cataluña fue la primera comunidad en aplicar esta figura y concentra la mayor parte de la población que reside en zonas ya declaradas (más de siete millones de personas). También el País Vasco y Navarra iniciaron el procedimiento el año pasado, mientras que Galicia lo ha hecho recientemente en A Coruña, convirtiéndose así en la primera ciudad de una comunidad gobernada por el PP en incorporarse al sistema. Santiago de Compostela podría ser la siguiente. Asimismo, Asturias y algunos municipios vascos se encuentran en proceso de tramitación. Para identificar estas áreas, se deben cumplir al menos uno de dos criterios: que el coste medio del alquiler o la hipoteca (más suministros) supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de la zona, o que los precios de compraventa o alquiler hayan subido en más de tres puntos porcentuales por encima del IPC regional en los últimos cinco años. En estas zonas, los pequeños arrendadores que firmen nuevos contratos deben mantener el mismo precio del alquiler anterior (salvo actualización anual mediante un índice específico) y no podrán incorporar nuevos gastos. Podrán subir el alquiler hasta un 10% solo si realizan mejoras significativas en la vivienda o si acuerdan contratos de larga duración (10 o más años). Si reducen la renta al menos un 5%, podrán deducirse hasta un 90% en los impuestos sobre esos ingresos. En el caso de los grandes propietarios -aquellos con más de 10 viviendas o más de 1.500 metros cuadrados residenciales-, los nuevos contratos deberán ajustarse a un sistema oficial de precios de referencia. Este también se aplica a pequeños propietarios si la vivienda no ha sido alquilada en los últimos cinco años o si es la primera vez que se oferta. Además, las administraciones están obligadas a implementar un plan de tres años para aumentar la oferta de alquiler y controlar los precios en estos territorios. El Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, defiende la efectividad de esta regulación y cita los resultados en Cataluña como ejemplo. En Barcelona, los alquileres han bajado un 8,9%; en las zonas tensionadas de la comunidad, un 4,9%, y en todo el territorio catalán, un 4,7%. A su vez, aseguran que la oferta no se ha visto perjudicada, con más de 11.800 nuevos contratos firmados. "La ley ha demostrado que es posible reducir los precios sin afectar la oferta", declaró Rodríguez este martes, e instó a otras comunidades a aplicarla. "No comprendo por qué en Andalucía, donde Málaga es una de las ciudades más inaccesibles, no se adoptan estas medidas. Lo mismo ocurre en Madrid, donde podrían beneficiarse miles de propietarios si bajaran los alquileres", señaló. Las nuevas incorporaciones al listado del BOE incluyen A Coruña (solicitada por el gobierno local del PSOE y aprobada por la Xunta del PP), San Sebastián (la primera capital vasca en declararse zona tensionada) y Galdakao (distrito 2). En Navarra, se han sumado municipios como Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Altsasu, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta.

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(El País, 30-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las reclamaciones ante el Banco de España alcanzan su máximo histórico por los fallos judiciales sobre los gastos hipotecarios

El Banco de España volvió a registrar en 2024 un notable incremento en el número de reclamaciones, impulsado por las resoluciones judiciales que refuerzan los derechos de los consumidores frente a cláusulas abusivas impuestas por entidades financieras. Durante el año pasado, el organismo supervisor -bajo la dirección de José Luis Escrivá- recibió 56.099 reclamaciones, lo que representa un aumento del 69% con respecto a 2023 y marca un récord histórico desde la creación del servicio hace 38 años. Más de la mitad de los expedientes estuvieron relacionados con la reclamación de gastos asociados a hipotecas. La Memoria de Reclamaciones de 2024 atribuye este repunte a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo, que han aclarado cuestiones clave sobre la nulidad de cláusulas hipotecarias y los plazos para reclamar. Estas resoluciones han motivado un aluvión de quejas por parte de los clientes afectados. Este fenómeno no es nuevo. Ya hace más de una década que el Banco de España comenzó a experimentar repuntes en las reclamaciones, a raíz de sentencias como las de mayo de 2013 y septiembre de 2014 sobre las cláusulas suelo, o la de diciembre de 2015 relativa al reparto de los gastos hipotecarios. También ocurrió en 2020 con las tarjetas revolving, cuando el Supremo consideró usurarios los tipos de interés aplicados, y en 2023 con una nueva resolución que clarificó aún más esta cuestión. En 2024, las reclamaciones sobre hipotecas se intensificaron especialmente entre marzo y mayo, llegando a representar nueve de cada diez quejas. Se tramitaron 34.941 expedientes por este motivo, lo que equivale al 62,3% del total, superando el volumen total de reclamaciones recibidas en 2023. Además de los gastos de formalización del préstamo, también se presentaron reclamaciones sobre tipos de interés, comisiones aplicadas y problemas en la cancelación de préstamos. No obstante, a partir del último trimestre de 2024 comenzó a observarse un descenso en el número de reclamaciones por gastos hipotecarios, una tendencia que continuó durante los primeros cuatro meses de 2025. Hasta el 30 de junio de este año, el Banco de España ha recibido 15.574 reclamaciones, menos de la mitad de las que se presentaron en el mismo periodo del año anterior. De mantenerse esta evolución, la cifra anual rondará las 30.000, niveles similares a los de 2021, 2022 y 2023. Por detrás de las reclamaciones hipotecarias, los siguientes asuntos con más volumen en 2024 fueron los relacionados con tarjetas (crédito, débito, prepago y revolving), que sumaron 8.435 expedientes (15% del total), aunque con una caída del 13% respecto a 2023. Las quejas en este ámbito se vinculan, principalmente, a fraudes, contratos mal gestionados o falta de acceso al historial de pagos. Casi igualadas en número están las reclamaciones sobre cuentas y transferencias (8.338), también con un 15%, que giran en torno a cargos indebidos, comisiones y operaciones fraudulentas. A continuación, se sitúan las reclamaciones sobre préstamos personales (1.695 casos, un 3%), y, por último, las relacionadas con herencias, con 963 expedientes (2%). El informe también señala que la avalancha de reclamaciones hipotecarias ha afectado al número de casos admitidos. Dado que el Banco de España no tiene competencia directa en esta materia, muchas quejas han sido inadmitidas. A esto se suma la falta de reclamación previa ante el servicio de atención al cliente de las entidades -un paso obligatorio- o la ausencia de documentación. De las más de 56.000 reclamaciones presentadas, solo 11.062 fueron admitidas a trámite, lo que representa cerca del 20% del total, una tasa inferior a la del año anterior. De estas, 6.295 concluyeron con un resultado favorable para el cliente. En el 79% de los casos favorables, las entidades bancarias aceptaron el criterio del supervisor, ya sea resolviendo el problema de forma amistosa con el consumidor, allanándose o acatando la resolución. Esta cifra se mantiene en línea con la media de los últimos tres años, que se situó en torno al 80%. Durante 2024, las entidades financieras reintegraron al menos 5,07 millones de euros a los clientes, un 16% más que el año anterior. Esta cifra corresponde, principalmente, a devoluciones de comisiones indebidas, cargos por operaciones fraudulentas con tarjetas o transferencias, y cancelación de hipotecas. El importe medio reintegrado fue de 458,72 euros, aunque la cifra real podría ser mayor, ya que los bancos no están obligados a informar del total devuelto. El Banco de España valora de forma positiva que las entidades resuelvan las reclamaciones antes de que se emita un informe final, pero insiste en que deben dar solución a los problemas desde el primer momento, ya sea en oficinas o canales de atención, evitando así que el cliente tenga que recurrir al procedimiento de reclamación formal. Finalmente, el documento destaca que el 68% de las reclamaciones se inició de forma telemática (frente al 63% de 2023), y que el 98% de los reclamantes eran consumidores residentes en la Unión Europea. El 81% de las quejas se dirigieron contra bancos nacionales, y los tres principales grupos bancarios (CaixaBank, BBVA y Santander) concentraron el 56% de los expedientes, una proporción acorde a su cuota de mercado. El tiempo medio de tramitación fue de 47 días naturales, lo que supone una mejora de seis días respecto a 2023.

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(El Economista, 30-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El grupo de expertos del Banco de España plantea subir de 6 a 8 años el mandato del gobernador y subgobernador

El grupo de trabajo constituido por el Banco de España para plantear reformas en su Ley de Autonomía con el objetivo de fortalecer su independencia y transparencia institucional ha propuesto ampliar la duración del mandato del gobernador y subgobernador de seis a ocho años, sin posibilidad de renovación, tal como ya sucede actualmente. Este informe, de carácter consultivo, también recomienda limitar las intervenciones del organismo en cuestiones de políticas públicas, entre otras reformas. El Consejo de Gobierno del Banco ya ha hecho una primera revisión del documento en sus reuniones del 14 y 29 de julio. Ahora se abre una fase de análisis más detallado por parte de los equipos técnicos y jurídicos, que deberán estudiar su contenido a fondo y compararlo con las prácticas de otros organismos similares. El objetivo es definir qué propuestas concretas se trasladarán al Gobierno para su posible incorporación en la normativa vigente. Está previsto que las conclusiones se publiquen en el primer semestre de 2026. El Banco ya ha adelantado que cualquier cambio que se adopte tendrá carácter prospectivo, es decir, se aplicará a futuros mandatos y no afectará al actual gobernador, José Luis Escrivá, ni a la subgobernadora, Soledad Núñez. El grupo de trabajo fue impulsado por el propio Escrivá poco después de su llegada al cargo, y está integrado por los economistas Rosa Lastra, Joaquín Vial y Daniel Innerarity. Su cometido es identificar mejoras para blindar al organismo frente a posibles injerencias políticas, tomando como referencia las mejores prácticas internacionales. La sugerencia de ampliar los mandatos a ocho años busca alinearse con lo que ocurre en otros bancos centrales de países de la OCDE, donde los mandatos largos (de ocho años o más) son comunes. En el caso del Bundesbank, incluso pueden extenderse hasta 16 años con renovaciones, aunque en España no existe esa posibilidad, ni es una opción contemplada por los expertos. De hecho, el Banco Central Europeo ya establece un mandato único de ocho años sin reelección. El informe también recomienda fortalecer el proceso de nombramiento de las altas autoridades del Banco de España. Propone que los candidatos a gobernador, subgobernador y consejeros no natos comparezcan ante el Congreso de los Diputados, de modo que su designación reciba al menos una "no objeción" parlamentaria. Actualmente, el nombramiento del gobernador depende únicamente del Ministerio de Economía. De esta forma, se eliminaría una anomalía institucional y se acercaría el procedimiento al que ya siguen organismos como la CNMV o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), cuyas máximas autoridades comparecen ante las Cortes. Para reforzar la independencia del Banco, se sugiere además que los consejeros no natos -que representan al Tesoro y a la CNMV- mantengan voz, pero no voto, como sucede ahora. En concreto, estos puestos corresponden al secretario general del Tesoro (actualmente Paula Conthe) y a la vicepresidencia de la CNMV (ocupada por Paloma Marín). En sus casos, el grupo propone conservar el mandato actual de seis años. Estas medidas, en principio, contarían con buena acogida por parte de la institución, lo que facilitaría su inclusión en una futura propuesta formal al Ejecutivo. El documento también plantea otras reformas para reducir la concentración de poder en la figura del gobernador. Entre ellas, destaca la propuesta de que el subgobernador asuma un papel más activo en las tareas de supervisión bancaria, incluida su participación en el Consejo de Supervisión Europeo. También se propone crear un segundo subgobernador que pueda asumir funciones del gobernador en caso de ausencia o por delegación. Además, se plantea que los miembros del Consejo de Gobierno tengan dedicación exclusiva y que la renovación de sus integrantes se realice de forma escalonada, con una periodicidad anual. Esto evitaría situaciones de vacíos prolongados en el órgano de gobierno, como ya ha ocurrido en el pasado. El informe también aborda el papel del Banco de España en su función asesora. En línea con lo defendido por Escrivá, recomienda acotar sus intervenciones en asuntos de política pública, limitándolas a áreas vinculadas con su mandato, como la política monetaria o la sostenibilidad fiscal. No obstante, reconoce que los técnicos del Banco pueden seguir elaborando estudios y haciendo recomendaciones a título individual. En este sentido, la institución podría seguir reflejando estos análisis en sus informes oficiales, como el Informe Anual, aunque con un enfoque centrado más en el análisis macroeconómico o financiero que en prescribir medidas al Gobierno para corregir desequilibrios económicos.

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(La Vanguardia, 30-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 2,7% en julio, cuatro décimas por encima de la registrada en junio

Los precios han repuntado en el mes de julio por el empuje de la demanda turística, el encarecimiento de los servicios asociados a la temporada veraniega y, también, por un efecto base relacionado con la evolución de los precios energéticos hace un año. El dato adelantado que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa el índice de precios de consumo (IPC) en el 2,7% interanual, lo que, de confirmarse en un par de semanas, supondría un incremento de cuatro décimas respecto al mes anterior, cuando se registró una tasa del 2,3%. La subida está impulsada principalmente por el encarecimiento de algunos componentes energéticos, como la electricidad y los carburantes, aunque por diferentes razones. En el caso de la electricidad, el repunte de este mes se compara con los precios inusualmente bajos registrados hace exactamente un año, en julio de 2024, cuando una caída coyuntural del gas y una menor demanda redujeron de forma significativa las tarifas. Este cambio de base amplifica ahora la variación interanual. Por su parte, los carburantes también han contribuido a la subida, en línea con el patrón estacional del verano, cuando el aumento de la movilidad presiona al alza los precios. Con estos datos, el IPC se aleja un poco más del objetivo del 2% que fija la autoridad monetaria europea para el medio plazo. Por su parte, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los elementos más volátiles de la cesta de la compra -como los alimentos frescos y la energía-, se situó en el 2,3%, apenas una décima por encima de la tasa registrada en junio, lo que refleja una cierta estabilidad en el núcleo de los precios. Desde el Ministerio de Economía valoran que la evolución registrada de la inflación es compatible con un fuerte dinamismo de la economía española, que se mantiene como uno de los motores de crecimiento entre los principales países europeos. Según el departamento que dirige Carlos Cuerpo, la estabilidad de los precios, el récord en la creación de empleo y las subidas salariales están permitiendo que las familias recuperen de forma progresiva su poder adquisitivo. En Economía se apoyan en los datos que se conocen hasta la fecha. En el primer trimestre del año, de nuevo según datos del INE, los salarios crecieron un 3,8% interanual, superando con claridad el ritmo de la inflación, situada algo por encima del 2% en el mismo periodo. Además, los convenios colectivos pactados en lo que va de año recogen una subida ligeramente superior al 4% de media, más de un punto por encima de la senda acordada por sindicatos y empresarios para 2025.

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