(El País, 31-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado este martes un primer informe sobre el gran apagón eléctrico del 28 de abril, según confirman diversas fuentes conocedoras del proceso. El pleno del organismo, responsable también de la potestad sancionadora, ha avalado de forma unánime un documento preliminar que analiza lo ocurrido durante el mayor fallo del sistema eléctrico en la historia reciente de la península Ibérica, que dejó a millones de personas sin suministro durante varias horas. Este análisis inicial no señala responsables específicos, pero deja abierta la posibilidad de imponer sanciones en el futuro.
Este informe responde a la obligación de realizar una evaluación posterior al suceso, impuesta por las normativas europeas. Tras un incidente de esta magnitud, las autoridades nacionales deben emitir una valoración técnica del evento, basada en el diagnóstico elaborado previamente por el comité de expertos designado por el Gobierno. Paralelamente, la CNMC continúa con su propia investigación para esclarecer todos los hechos.
Las fuentes consultadas indican que el contenido del documento es técnico y moderado, con algunos matices respecto al informe presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 17 de junio. Desde la CNMC han optado por no hacer declaraciones, mientras que en el sector se considera razonable que no se señalen culpables en esta fase, con el fin de no interferir en las investigaciones ni fortalecer los argumentos defensivos de los posibles sancionados en un futuro.
El informe se ha aprobado justo antes del receso de verano del consejo de la CNMC, con la intención de enviarlo junto con el del Ejecutivo a la Comisión Europea y al grupo de coordinación de electricidad, que se encarga de coordinar la política energética entre países. La legislación comunitaria fijaba un plazo de tres meses desde el apagón para remitir esta información.
Desde el primer momento, la CNMC anunció que realizaría una investigación independiente al margen de otras iniciativas. En este contexto, ha solicitado información detallada a todos los actores implicados, incluyendo a las grandes empresas eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) y al operador del sistema, Red Eléctrica.
El 13 de mayo, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, compareció en el Congreso para anunciar que su institución llevaría a cabo un análisis técnico exhaustivo para reconstruir el suceso. Afirmó que, si se detectaban infracciones graves, se abrirían los correspondientes expedientes sancionadores. Estas sanciones podrían incluir, además de multas, la retirada de autorizaciones o incluso la inhabilitación de algunos operadores.
El informe de la CNMC también puede incluir propuestas y recomendaciones para evitar situaciones similares en el futuro. Una parte clave de la investigación se centra en cómo se gestionó la reposición del servicio y si en ese proceso también hubo errores. Los análisis publicados hasta ahora ofrecen versiones distintas. El comité gubernamental que examinó el suceso señaló a Red Eléctrica por una falta de previsión y a las eléctricas por no respetar los parámetros de control de tensión, lo que provocó la desconexión de algunas plantas. En respuesta, tanto Red Eléctrica como las compañías eléctricas difundieron sus propios informes, culpándose mutuamente por el fallo, que tuvo consecuencias económicas y humanas de gran calado.
Otra pieza clave en esta investigación es el informe que está elaborando Entso-e, el organismo europeo que agrupa a los operadores de sistemas eléctricos y supervisores nacionales. Este grupo de expertos internacionales dispone de seis meses para emitir su análisis, y en sus avances preliminares apuntan a una cadena de desconexiones causadas por un aumento de tensión. También investigan si esta subida se debió a una disminución en la absorción de potencia reactiva por parte de los generadores, deficiencias en las líneas de transmisión o un exceso de energía reactiva desde las redes de distribución.
En este contexto, el informe de la CNMC mantiene abierta la posibilidad de que tanto las eléctricas como Red Eléctrica tengan algún grado de responsabilidad, sin descartar a ninguno de los actores implicados. Aunque hasta ahora el organismo no había señalado responsables públicamente, el pasado 24 de junio su presidenta afirmó que "la respuesta de las instalaciones no fue la adecuada" durante el apagón. También recordó que las sanciones podrían llegar hasta los 60 millones de euros. El Gobierno, por su parte, ha indicado que serán la CNMC y los tribunales los que determinen oficialmente las posibles responsabilidades, tanto en el ámbito administrativo como judicial.