(El Periódico, 23-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La Generalitat se muestra dispuesta a estudiar el informe elaborado por el Ayuntamiento, la Diputación y el Área Metropolitana de Barcelona, que considera constitucional la posibilidad de limitar la compra de viviendas por parte de inversores. Mientras tanto, el sector inmobiliario ha elevado su tono crítico frente a la política de vivienda impulsada por el Govern de Salvador Illa (PSC).
La cuestión de fondo es si resulta constitucional impedir a los inversores adquirir viviendas que no estén destinadas a residencia habitual. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestado su disposición a analizar esta propuesta, que un informe reciente de varias administraciones catalanas considera conforme con la ley.
El estudio, elaborado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) -un consorcio que agrupa al Ayuntamiento, la Diputación y el Área Metropolitana de Barcelona-, concluye que este tipo de restricción sería legal siempre que se aplicara de forma limitada tanto en el espacio como en el tiempo. En concreto, la medida se propondría únicamente para las zonas de mayor tensión inmobiliaria y cuando las viviendas no estuvieran destinadas al uso habitual.
Durante el Debate de Política General celebrado en el Parlament a comienzos del otoño, En Comú Podem ya presentó una resolución para establecer restricciones de este tipo, aunque no prosperó. Este miércoles, la CUP ha vuelto a recuperar la propuesta durante la sesión de control al Govern, donde Illa se ha mostrado abierto a estudiar una iniciativa de esta naturaleza.
"El Govern está analizando la propuesta desde las consejerías competentes; priorizamos la vivienda como un derecho", afirmó el president. Illa subrayó que ha tenido en cuenta el informe del PEMB y ha encargado a la consellera responsable de vivienda, Sílvia Paneque, que lo examine en detalle. No obstante, insistió en que las medidas que se adopten deben ser "legalmente viables, aplicables y efectivas".
Cataluña es la comunidad autónoma que más ha avanzado en la intervención y regulación del mercado inmobiliario, una línea que comenzó en anteriores gobiernos y que el actual Ejecutivo de Illa ha decidido mantener. Actualmente, existen topes en los precios del alquiler en los principales municipios, y el Govern prevé aprobar a finales de mes un decreto para regular el registro de grandes tenedores, imponiendo sanciones a quienes no se inscriban. Además, se ha incrementado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para este grupo de propietarios. En Barcelona, la actividad constructora continúa prácticamente paralizada desde 2018, cuando se introdujo la obligación de destinar el 30% de las nuevas promociones o grandes rehabilitaciones a vivienda pública.
La diputada de la CUP Laure Vega aprovechó su intervención en la sesión de control para preguntar al Govern si estaría dispuesto a "prohibir la compra especulativa" de viviendas, después de que el informe del PEMB considerara legal una medida en esa dirección.