(El Periódico, 23-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Un informe elaborado por un consorcio integrado por el Ayuntamiento, la Diputación y el Área Metropolitana de Barcelona considera legal restringir la compra de viviendas en zonas tensionadas cuando no estén destinadas a residencia habitual.
La clase política catalana apuesta por una mayor regulación como respuesta a la crisis habitacional que atraviesa la comunidad, en un contexto donde la población crece y la oferta de vivienda resulta claramente insuficiente frente a la demanda.
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), organismo que agrupa a varias administraciones locales, sostiene en su estudio que sería jurídicamente viable prohibir la adquisición de viviendas en áreas tensionadas con fines distintos al uso residencial, lo que, en la práctica, supondría limitar la actividad de los inversores.
Esta propuesta no es nueva. En los últimos días, En Comú Podem volvió a plantearla en el Parlament, dentro de las resoluciones debatidas durante el Debate de Política General.
El documento, elaborado por el jurista Pablo Feu, señala que "las administraciones públicas están facultadas para intervenir en el mercado inmobiliario", y que dicha posibilidad se ajusta a la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional.
Según el estudio, tanto las Cortes Generales como los Parlamentos autonómicos o incluso el Gobierno, mediante un decreto ley, podrían aplicar este tipo de medidas siempre que exista una "causa justificada" y se establezcan con límites claros "en el espacio y en el tiempo".
Esto es precisamente lo que contempla la Ley del Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, que introdujo la figura de las Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT). En dichas áreas, la normativa permite restringir la compra de edificios completos o segundas residencias destinadas al alquiler o la inversión.
"No estamos ante una propuesta teórica ni imposible: si existe voluntad política, puede llevarse a cabo", afirmó Janet Sanz, presidenta de la comisión ejecutiva del PEMB y concejala de En Comú en el Ayuntamiento de Barcelona.
El estudio también subraya que la función social de la propiedad está reconocida tanto en la legislación estatal como en la autonómica, y recuerda que varios países y ciudades europeas ya han aplicado restricciones similares. Entre los ejemplos citados figuran Dinamarca, Croacia, Finlandia, Malta y Ámsterdam.