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(El País, 02-10-2025) | Fiscal

Trabajo abre la puerta a que el salario mínimo tribute y pide a Hacienda que exprese su posición

El Ministerio de Trabajo ha solicitado al comité de expertos que proponga una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), indicando qué cantidades permitirían alcanzar el 60% del salario medio neto en España en dos posibles escenarios: uno en el que el SMI esté exento de impuestos y otro en el que sí tribute. Esta petición representa un paso significativo desde el punto de vista político, debido al debate recurrente que enfrenta a este ministerio con Hacienda en los últimos años respecto a este tema. Dado que el SMI tiene un peso cada vez mayor entre los trabajadores, algunas voces defienden que esta renta mínima no debería estar sujeta al IRPF. El Ministerio de Trabajo ha mostrado apertura a esta posibilidad, aunque su preferencia sigue siendo que el salario mínimo continúe exento. Sin embargo, se prepara para ambos escenarios, como refleja el encargo detallado a los expertos. "La diferencia clave en esta nueva comisión es que, para cumplir estrictamente con el objetivo de que el SMI alcance al menos el 60% del salario medio, tal como exige la Carta Social Europea, hemos pedido a los expertos que calculen dos cifras: una teniendo en cuenta el sistema fiscal actual, con el SMI exento de impuestos, y otra suponiendo que dicho ingreso sí tribute", explicó este miércoles Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. "Cumpliremos con el objetivo del 60% del salario medio, tanto si está exento como si tributa", añadió. Preguntada por la postura concreta de su ministerio, Díaz afirmó que considera que el SMI no debería tributar y que la reforma fiscal debería centrarse en los ingresos más altos. No obstante, también admitió que esta decisión no depende de su departamento, sino de Hacienda, al frente del cual está María Jesús Montero. "Será Hacienda quien lo decida", concluyó. Desde el Ministerio de Trabajo aclaran que pedirán a Hacienda una definición clara sobre si el próximo año el SMI estará sujeto a impuestos o no, para poder incorporar esa decisión en las negociaciones con los agentes sociales. Una vez que los expertos emitan su recomendación, Trabajo iniciará las conversaciones con sindicatos y organizaciones empresariales. Esta nueva subida se sumaría a las ya realizadas durante los últimos años, especialmente durante el inicio del mandato de Pedro Sánchez. Desde 2018, el SMI ha aumentado un 61%, pasando de 736 euros a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que, según cálculos del Gobierno, lo sitúa en el 60% del salario medio. La actualización del SMI se ha convertido en una medida emblemática del Gobierno, ya que no requiere del respaldo parlamentario y puede aprobarse mediante decreto. A diferencia de otras reformas, como la reducción de jornada que fracasó recientemente en el Congreso, esta iniciativa no se ve afectada por la mayoría conservadora en el Parlamento y suele salir adelante sin grandes obstáculos.

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(El Economista, 02-10-2025) | Fiscal

Andalucía amplía la deducción fiscal de 200 euros por hijo sin límite de renta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado una ampliación relevante en las deducciones autonómicas del IRPF de 200 euros por nacimiento, adopción o acogimiento de hijos, al suprimir el límite de renta que existía hasta ahora. Con este cambio, la ayuda fiscal pasa a ser universal y podrán beneficiarse de ella todas las familias andaluzas, sin importar su nivel de ingresos. Según las estimaciones, la medida alcanzará a unos 13.100 contribuyentes y supondrá un impacto negativo en la recaudación de 2,6 millones de euros, una cifra que el Ejecutivo andaluz considera una inversión en políticas sociales y de apoyo a la infancia. El anuncio se produjo tras la rueda de prensa celebrada en las Atarazanas de Sevilla, en el marco de un paquete de medidas fiscales que ya incluía deducciones relacionadas con el gasto veterinario para mascotas, cuotas de gimnasio, vivienda o productos para celíacos. Con esta nueva incorporación, el ahorro total para las familias andaluzas superará los 62 millones de euros, frente a los 55 millones calculados previamente. La deducción, aplicable en el ejercicio en el que se produzca el nacimiento, la adopción o el acogimiento, asciende a 200 euros por cada menor. Además, se eleva a 400 euros si el contribuyente reside en municipios afectados por la despoblación y se incrementa en 200 euros adicionales en casos de partos, adopciones o acogimientos múltiples. El cambio más significativo es la eliminación del requisito de ingresos: antes solo podían aplicarse la deducción los declarantes con rentas inferiores a 25.000 euros en modalidad individual y 30.000 en conjunta, lo que dejaba fuera a numerosas familias con gastos importantes vinculados a la crianza. Moreno ha defendido la universalización de esta medida con dos argumentos principales: por un lado, fomentar la natalidad y facilitar la conciliación frente al envejecimiento demográfico; y por otro, asegurar que todas las familias reciban un apoyo económico que contribuya a cubrir los costes iniciales derivados de tener hijos. Este paso se suma a la ampliación ya realizada en 2022, cuando se multiplicó la deducción base por cuatro y hasta por ocho en casos de categorías especiales.

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(El Periódico, 02-10-2025) | Fiscal

Cataluña aprueba ampliar la Agencia Tributaria para adaptarla a la financiación singular

La nueva Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) da un paso más hacia su despliegue con vistas a asumir la futura financiación singular. Este miércoles, el Parlament ha validado el decreto que el Govern aprobó a finales de agosto para adaptar la agencia al aumento de recaudación que deberá gestionar en los próximos años. Esto supone dotarla de más recursos y autonomía, cumpliendo con uno de los compromisos que Esquerra Republicana (ERC) acordó con el PSOE y el PSC para facilitar las investiduras de Pedro Sánchez y Salvador Illa. En respuesta a la exigencia de ERC de cumplir primero con los pactos antes de empezar a negociar los presupuestos catalanes, la aprobación del decreto se interpreta como una muestra de compromiso por parte del PSC con sus socios. "Llevamos 13 meses trabajando en este proyecto", ha destacado la consellera de Economía, Alícia Romero, que ya está preparando el nuevo marco presupuestario de cara a 2026. El decreto ha sido aprobado con el voto a favor de PSC, ERC, los Comuns y la CUP (72 diputados), mientras que Junts se ha abstenido (34 diputados) y PP, Vox y Aliança han votado en contra (27). La propuesta de Junts y Vox para tramitar el decreto como proyecto de ley, lo que habría permitido introducir enmiendas, fue rechazada por la Cámara. La validación de este decreto representa un avance en la construcción de un nuevo modelo fiscal en Cataluña. En el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez en 2023, ERC consiguió el compromiso de crear un sistema de financiación singular que, no obstante, requiere reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en el Congreso, algo que aún no se ha producido. Mientras tanto, el pasado 14 de julio, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado acordó ampliar las competencias de la ATC para que pueda asumir un volumen mayor de recaudación. La previsión es que la agencia pase de gestionar 5.000 millones de euros anuales (en tributos propios y cedidos) a manejar hasta 30.000 millones, incluyendo el IRPF, algo inviable con los medios actuales. Con el nuevo decreto, la ATC contará con mayores capacidades legales y organizativas para afrontar este reto. "Ahora mismo no tenemos ni un solo informático y apenas 30 inspectores. Contamos con unos 850 trabajadores, pero necesitaremos muchos más, además de una infraestructura tecnológica capaz de gestionar grandes volúmenes de información", ha advertido Romero. Como ensayo, la ATC ya asumió un mayor papel en la última campaña de la renta, con récord de atención a los contribuyentes. "El objetivo es seguir reforzando el autogobierno", ha añadido. ERC y los Comuns, socios preferentes del Govern, han respaldado el decreto y han defendido el refuerzo de la autonomía fiscal, aunque desde ERC han expresado su malestar por la falta de concreción en los plazos y por lo que consideran una "negociación a la baja" con el PSOE en el marco de la Comisión Bilateral. "No hemos recibido ninguna garantía sobre el traspaso del IRPF", ha lamentado Albert Salvadó (ERC).

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(Expansión, 01-10-2025) | Fiscal

La Agencia Tributaria cosecha 210.000 millones en los ocho primeros meses del año, un 11% más

La recaudación tributaria mantiene un crecimiento de dos dígitos y, en apenas ocho meses, ya ha alcanzado el mismo volumen que en todo 2021. El aumento se explica por varios factores: los efectos de la última reforma fiscal, la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF, la aplicación de retenciones al salario mínimo, la vuelta a la normalidad de los gravámenes sobre alimentos y electricidad, y el incremento de salarios, pensiones y beneficios empresariales. Todo ello ha impulsado un alza interanual del 11% en los ingresos fiscales en lo que va de 2025. Entre enero y agosto, la Agencia Tributaria recaudó 209.851 millones de euros, un 10,8% más (11,6% en términos homogéneos), lo que supone 20.500 millones adicionales respecto al mismo periodo de 2024. Casi la mitad de este incremento procede del IRPF, que sumó 98.530 millones, un 11,4% más (10.050 millones extra). El Impuesto de Sociedades aportó 15.394 millones (+6,5%), el IVA generó 69.393 millones (+9,4%) y los Impuestos Especiales 15.216 millones (+6%). Según Hacienda, de los casi 11 puntos de subida, 2,4 corresponden a un mayor ingreso en las declaraciones anuales de IRPF y Sociedades. Otros 4 puntos derivan de las retenciones sobre salarios y rentas del capital, impulsadas por el crecimiento del empleo, la entrada en vigor de retenciones sobre el SMI, la reducción de intereses bancarios y la falta de actualización de la tarifa del IRPF frente a la inflación. El IVA explica 3 puntos de incremento, tras la recuperación de los tipos ordinarios en alimentos y electricidad, que añadieron 2.800 millones. Por último, el aumento de beneficios empresariales aportó un punto adicional a través de mayores pagos fraccionados. A ello se suma el impacto de la reforma fiscal en vigor desde 2025. El paquete aprobado a finales del año pasado ha supuesto entre enero y agosto un ingreso neto adicional de 3.481 millones de euros. Destaca la reimplantación de medidas del real decreto 3/2016 de Cristóbal Montoro -anuladas en su momento por el Constitucional y rescatadas ahora por María Jesús Montero-, como la limitación a la compensación de bases imponibles negativas, que generó 1.696 millones extra. También han tenido peso el nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones bancarias (566 millones), el alza en el impuesto sobre el tabaco (228 millones) y la creación de un tributo específico sobre cigarrillos electrónicos (15 millones). En conjunto, las subidas fiscales de la reforma han aportado 3.836 millones, mientras que las medidas de alivio tributario restan 355 millones, entre ellas los 39 millones derivados de mayores deducciones por donativos. Por otra parte, la compensación a los jubilados de las antiguas mutualidades -que sufrieron doble tributación, según dictó el Tribunal Supremo- obligó a Hacienda a devolver 812 millones de euros solo en agosto.

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(Expansión, 01-10-2025) | Fiscal

Madrid amplía su brecha de PIB con Cataluña a más de 14.000 millones de euros

Desde el sorpasso de 2017, Madrid no solo ha consolidado su posición como primera economía regional de España, sino que también ha ampliado la distancia respecto a Cataluña: su PIB es hoy un 4,7% mayor y representa el 19,8% del total nacional, frente al 18,9% que aporta la comunidad catalana. Madrid y Cataluña siguen siendo, con diferencia, los motores económicos del país, seguidas a distancia por Andalucía. Durante décadas, Cataluña lideró gracias a su industria y al dinamismo de su sector turístico, pero el escenario cambió a raíz del procés. El referéndum ilegal de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia desencadenaron una fuga masiva de empresas, cuyas secuelas aún lastra la economía catalana. Ese mismo año, Madrid superó a Cataluña de manera definitiva. No era la primera vez que ocurría -ya lo hizo en 2012, aunque entonces de forma puntual-, pero desde 2017 la brecha no ha dejado de ensancharse. Ocho años después, el liderazgo madrileño es indiscutible. Según los datos de la Contabilidad Regional del INE, ambas regiones crecieron en 2024 un 3,6%, ligeramente por encima de la media nacional. Sin embargo, el PIB madrileño alcanzó los 316.242 millones de euros, mientras que el catalán quedó en 301.894 millones, una diferencia de 14.348 millones que marca el mayor desfase desde aquel adelantamiento. La comparación con 2016 resulta reveladora: antes del procés, Cataluña y Madrid tenían un peso casi idéntico en el PIB nacional, en torno al 19%. Hoy, Cataluña ha retrocedido al 18,9% y Madrid ha escalado hasta el 19,8%. El Govern de Salvador Illa intenta revertir esta tendencia con un plan de inversiones de 18.500 millones a cinco años y apelando a la "normalidad institucional". También ha cargado contra Madrid por lo que considera dumping fiscal, acusándola de bajar impuestos mientras es la región que más aporta al fondo común autonómico. Pero los datos muestran que la confianza empresarial sigue lejos de recuperarse: de las más de 9.500 compañías que trasladaron su sede fuera de Cataluña desde 2017, apenas 739 habían regresado hasta agosto, menos del 8%, según Informa D&B. Mientras tanto, Madrid ha explotado la situación con políticas de rebaja fiscal, simplificación administrativa, apertura comercial y estabilidad institucional. Gracias a ello, lidera la creación de empresas y empleo, y es la región que más inversión extranjera recibe, incluso en un año marcado por el desplome del 60% de estas inversiones en España, motivado tanto por la coyuntura internacional como por la inseguridad jurídica que proyecta el país. Aunque Madrid y Cataluña juntas concentran el 38,7% del PIB nacional, el mayor dinamismo en 2024 lo protagonizaron Murcia, Canarias y Baleares, con crecimientos del 4,5%, 4,4% y 4,2% respectivamente, impulsados por un turismo récord. En el extremo opuesto, Cantabria y País Vasco registraron las menores subidas (2,3% y 2,8%), seguidos de Extremadura y Galicia, con un 3%. El crecimiento de los últimos años ha impulsado, en mayor o menor medida, el PIB per cápita en el conjunto de las comunidades autónomas españolas, donde, sin embargo, los datos siguen siendo un mosaico de asimetrías, con grandes diferencias entre unas autonomías y otras y especialmente entre la más rica, Madrid, con un PIB per cápita de 44.755 euros en 2024 y la más pobre, Andalucía, con 24.566 euros (sin contar Ceuta y Melilla, donde las cifras son aún menores: 23.228 y 21.128 euros). Además, pese a la que la economía española creció en 2024 un 3,5% frente al 1% que lo hizo el conjunto de la UE, solo dos comunidades españolas, Madrid y País Vasco (con 41.016 euros) superaron la renta per cápita promedio de los 27, que el año pasado se situó en 39.870 euros.

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(El Economista, 01-10-2025) | Fiscal

La tasación de un inmueble exige visitar su interior

La Comisión Europea presentó este martes de forma oficial una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados miembros para impulsar la creación de cuentas de inversión en aquellos países que aún no las tienen y mejorar su funcionamiento en los que ya cuentan con ellas, como Suecia o Italia. Estas cuentas permitirían invertir en acciones de empresas cotizadas, bonos, fondos de inversión e incluso activos alternativos pensados para pequeños ahorradores, como los Eltif. El objetivo es movilizar parte de los más de 10 billones de euros que los hogares europeos mantienen inmovilizados en depósitos bancarios y dirigirlos hacia la inversión productiva. Cabe destacar que entre las recomendaciones no figura la obligación de invertir exclusivamente en activos europeos. Entre los incentivos fiscales propuestos figuran deducciones en la base imponible, exenciones, aplazamientos del pago de impuestos o un tipo impositivo uniforme para los rendimientos obtenidos, dado que se trata de productos concebidos para el largo plazo. Además, se plantea que sean los propios proveedores -bancos, entidades de inversión o plataformas digitales- los encargados de recaudar los impuestos y facilitar la información a las autoridades fiscales, con el fin de simplificar el proceso. Durante la presentación, la comisaria europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, María Luisa Albuquerque, subrayó la intención de dar el máximo impulso político a esta iniciativa y recalcó que abrir una cuenta de inversión debería ser tan sencillo como hacer un depósito en una cuenta corriente y accesible desde importes muy bajos, como 10 euros. La Comisión también apuesta por que los inversores puedan disponer de varias cuentas para fomentar la competencia, que exista la posibilidad de trasladar fondos entre diferentes proveedores -incluso de distintos países- y que las inversiones puedan liquidarse sin penalizaciones en cualquier momento, eliminando cargas burocráticas y reduciendo costes. En lugar de un proceso legislativo completo, la Comisión ha optado por presentar estas cuentas en forma de recomendaciones para acelerar su puesta en marcha, dado que cualquier normativa fiscal exigiría el aval del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, lo que podría retrasar el proyecto varios años. Aun así, Bruselas ha anunciado que hará un seguimiento cercano de la aplicación de estas recomendaciones, informará periódicamente al Eurogrupo y evaluará los avances dentro de la revisión intermedia de la estrategia de la Unión de Ahorro e Inversión prevista para 2027, así como en el marco del Semestre Europeo.

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(El Periódico, 01-10-2025) | Fiscal

Hacienda ultima la senda fiscal y se propone "correr" para votar los Presupuestos antes de final de año

El Ministerio de Hacienda quiere agilizar al máximo los plazos y prevé llevar "en los próximos días" al Consejo de Ministros la senda fiscal y el techo de gasto. Antes deberá convocarse el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se trasladarán los objetivos de déficit a las comunidades autónomas. Ha pasado ya un mes desde los primeros contactos con los grupos parlamentarios para negociar los Presupuestos y se ha superado el plazo constitucional que fija que las cuentas deben remitirse al Congreso tres meses antes de finalizar el ejercicio. Aun así, el Ejecutivo mantiene como prioridad que la votación de totalidad se produzca antes de que acabe el año, lo que obligará a acelerar los tiempos y evitar nuevas demoras. De hecho, una vez aprobada en Consejo de Ministros la senda fiscal -primer paso para elaborar las cuentas-, la intención es incluirla de urgencia en el pleno del Congreso esa misma semana. En Moncloa se apoyan en los precedentes de años anteriores para defender que todavía hay margen y evitar así una nueva prórroga si los Presupuestos no entran en vigor a inicios de 2026. El límite temporal se sitúa a mediados de octubre, cuando las cuentas deberían estar presentadas. Una de las principales dificultades será el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta y podría retrasar la tramitación, aunque en el Gobierno calculan que, incluso si la Cámara alta las rechaza de inmediato, regresarían al Congreso sin demasiada demora. "Estamos cerrando los últimos ajustes", señaló este lunes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al confirmar que se presentará "lo antes posible" el techo de gasto y la senda de estabilidad, paso previo a los Presupuestos. Pese a los retrasos, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiso recalcar que "seguimos en el calendario previsto y habrá Presupuestos Generales del Estado". Antes, eso sí, será necesario cerrar un acuerdo entre PSOE y Sumar, ya que aunque Hacienda avanza en la negociación de partidas con los ministerios de la coalición, el documento aún no está cerrado. Más allá de los tiempos, el Gobierno sigue lejos de garantizar apoyos entre sus socios de investidura. Ni siquiera hay consenso en torno a los objetivos de déficit, aunque el Ejecutivo se muestra dispuesto a ampliar el margen a las comunidades autónomas. En Hacienda valoran la posibilidad de presentar la senda fiscal incluso sin apoyos asegurados para dar inicio al proceso parlamentario. En caso de que el Congreso rechazara la propuesta, se aplicaría la senda vigente, un movimiento que se interpreta también como presión hacia los socios. Las tensiones con ERC por la financiación singular siguen marcando la negociación. Hacienda calificó de "inasumible" la propuesta republicana para gestionar el IRPF en Cataluña, lo que llevó a Oriol Junqueras a advertir que sin acuerdo no habrá Presupuestos. Montero, además de ser ministra, es candidata en las elecciones andaluzas, lo que la obliga a manejar con cuidado un discurso en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, insiste en denunciar agravios hacia Andalucía. El clima tampoco mejora con Junts tras la decisión del Gobierno de aprobar por decreto el refuerzo del control horario, después de que el Congreso rechazara la reducción de jornada laboral. El enfrentamiento entre Yolanda Díaz y los posconvergentes dificulta la negociación, aunque desde el ala socialista se intenta suavizar posturas para no romper el diálogo. En paralelo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha intentado rebajar la tensión con Junts apostando por medidas de apoyo a pymes y sectores más afectados por la reducción de jornada. Tampoco con Podemos se vislumbran avances: sus exigencias, como intervenir el mercado del alquiler o romper relaciones con Israel, son consideradas inaceptables por el Ejecutivo. A ello se suma el bloqueo en otras cuestiones sensibles, como la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, rechazada recientemente en el Congreso con los votos de PP, Vox y los propios morados.

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(El Economista, 30-09-2025) | Fiscal

Europa denuncia a España ante el TJUE por discriminación fiscal a los extranjeros

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por considerar que aplica un trato fiscal discriminatorio a los contribuyentes extranjeros. El reproche de Bruselas se centra en que Hacienda permite a los residentes en España posponer el pago de impuestos por las plusvalías cuando el cobro se produce de forma aplazada, mientras que a los no residentes les exige declarar de inmediato, incluso aunque no hayan recibido aún el dinero de la operación. José Blasi, abogado y asesor fiscal, además de presidente de la Sección de Derecho Fiscal y Financiero del Colegio de la Abogacía de Barcelona, fue quien presentó la queja inicial en 2021. Explica que, en la práctica, cuando un particular o empresa con residencia en España vende, por ejemplo, acciones y pacta el cobro a plazos, puede optar por tributar según el criterio de caja (es decir, a medida que recibe los pagos) en lugar del criterio de devengo, que obliga a declarar en el mismo momento de la venta. Sin embargo, esta alternativa no existe para los no residentes, ya sean personas físicas o jurídicas, que solo pueden tributar mediante el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), sin posibilidad de acogerse al criterio de caja. Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Hacienda al procedimiento de infracción abierto por Bruselas, la Comisión ha decidido escalar el caso al TJUE, cuya sentencia se espera en los próximos meses. Si el fallo fuera desfavorable para España, Blasi señala que tendría dos efectos inmediatos: el Congreso debería reformar el IRNR para permitir la tributación por caja y, aun sin reforma legislativa, los no residentes podrían acogerse igualmente a ese criterio en base a la resolución judicial. Lo más razonable, añade, sería que el Gobierno introdujera la modificación de forma urgente mediante una disposición adicional en alguna ley ya en tramitación parlamentaria. Este caso se suma a otra denuncia presentada en marzo ante la Comisión por el abogado Alejandro del Campo, de DMS Legal, relativa a la fiscalidad aplicada a ciudadanos extracomunitarios que alquilan inmuebles en España. Según esta reclamación, el sistema actual impide que los no residentes deduzcan en el IRNR gastos como el IBI, cuotas de comunidad, intereses o seguros, además de obligarles a tributar a un tipo más alto que los españoles. La desigualdad se ha acentuado con la Ley de Vivienda de 2023, que elevó las deducciones en el IRPF hasta un 90% en zonas tensionadas, beneficio del que los no residentes quedaron excluidos. La Audiencia Nacional ya ha respaldado este verano la tesis de Del Campo.

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(Expansión, 29-09-2025) | Fiscal

El Constitucional sopesa vetar las ventajas fiscales que dan las CCAA a sus empresas

El Tribunal Constitucional analiza la posibilidad de anular los beneficios fiscales que algunas comunidades autónomas conceden a empresas radicadas en su territorio, en detrimento de las que proceden de otras regiones. En concreto, los magistrados han admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra una norma de la Xunta de Galicia que aplica un tipo impositivo reducido a determinadas sociedades con sede en Galicia, mientras que grava con un porcentaje más alto a las que están domiciliadas fuera. Este caso podría fijar los límites de actuación de las autonomías en materia de tributación societaria. La decisión fue adoptada la semana pasada por el Pleno del Constitucional tras estudiar el recurso presentado por la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG). Dicho tribunal considera que la normativa autonómica que permite a la Xunta aplicar un tipo superior del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) sin domicilio en Galicia podría vulnerar el principio de igualdad, pilar básico del sistema tributario. En febrero, el TSXG elevó cuestión de inconstitucionalidad respecto al artículo 15, apartados 1 y 6, del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, que aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales autonómicas en materia de tributos cedidos. Este artículo fija un gravamen del 1,5% en el IAJD sobre documentos notariales cuando el sujeto pasivo es una SGR domiciliada fuera de Galicia, mientras que reduce ese tipo al 0,1% cuando la sociedad tiene su sede en la comunidad gallega. La duda planteada es si esta diferencia de trato, basada en el origen geográfico de la sociedad, contradice el artículo 14 de la Constitución Española, que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y prohíbe cualquier forma de discriminación. Además, el tribunal gallego señala que la regulación podría entrar en conflicto con los artículos 139.2 y 157.2 de la Carta Magna, que garantizan la libre circulación de personas, bienes y servicios en todo el territorio nacional y limitan la capacidad de las comunidades autónomas para establecer medidas fiscales que obstaculicen esa libertad. El Constitucional ya se ha pronunciado anteriormente en contra de ventajas fiscales de carácter discriminatorio. En una sentencia de 2022, recordó que el legislador no puede fijar beneficios tributarios localizados en una parte del país y para un grupo concreto de contribuyentes sin una justificación sólida que prime sobre los principios de redistribución y solidaridad establecidos en la Constitución. Mientras los magistrados del Constitucional estudian el caso, el TSXG ha suspendido el procedimiento abierto a raíz de la reclamación de una Sociedad de Garantía Recíproca de otra región, que exige que se le aplique el mismo tipo reducido del 0,1% otorgado a las entidades gallegas, en lugar del 1,5% que pretende cobrar la Consellería de Facenda. En términos generales, las comunidades autónomas cuentan con un margen limitado de maniobra en materia de fiscalidad empresarial. No obstante, el TSXG reconoce que Galicia sí tiene competencias normativas en tributos cedidos, como el IAJD, aunque subraya que estas facultades no son absolutas. El auto añade que la norma gallega no justifica de qué manera la bonificación fiscal favorece realmente la actividad de estas sociedades o a sus socios, dado que los servicios financieros que ofrecen pueden prestarse a distancia o a través de sucursales en Galicia, independientemente de dónde esté domiciliada la empresa.

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(Expansión, 29-09-2025) | Fiscal

La Agencia Tributaria empieza a ingresar las devoluciones a los jubilados mutualistas

La Agencia Tributaria comenzó este verano a devolver el IRPF cobrado en exceso a jubilados que, en los años 60 y 70, realizaron aportaciones a las antiguas mutualidades de previsión social posteriormente integradas en la Seguridad Social. Muchos beneficiarios ya están recibiendo los ingresos, sobre los que Hacienda avisa previamente -con dos o tres días de antelación- a través de correo electrónico o notificación en el móvil para quienes estén dados de alta en el sistema de avisos electrónicos. Los pagos a los antiguos mutualistas se pusieron en marcha en agosto, tras la entrada en vigor del cambio normativo que recogía la doctrina del Tribunal Supremo. Dicho cambio establecía que las devoluciones pendientes de los ejercicios de 2019 a 2022 (y anteriores no prescritos) debían realizarse de una sola vez en 2025, en lugar de forma escalonada hasta 2028. Esta modificación legal se aprobó mediante una enmienda incluida en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que entró en vigor el 26 de julio de 2025. El nuevo texto eliminaba el calendario anterior de devoluciones, que preveía cuatro años para reintegrar las cantidades correspondientes a los ejercicios de 2019 y anteriores, así como a los de 2020 a 2022. La norma también aclaraba que la solicitud presentada en su día por los contribuyentes para reclamar las cantidades de 2019 bastaba para que Hacienda devolviera ahora, en un único pago, todas las cantidades adeudadas de 2019 a 2022 y de ejercicios previos no prescritos, sin necesidad de realizar más trámites. El cálculo lo hace la propia Agencia Tributaria de manera automática a partir de los expedientes ya abiertos. De esta forma, en 2025 se concentran en un solo ingreso las devoluciones que, con el sistema anterior, estaban repartidas en distintos años: la de 2019 y anteriores (prevista para 2025), la de 2020 (que se iba a abonar en 2026), la de 2021 (programada para 2027) y la de 2022 (inicialmente prevista para 2028). En paralelo, la devolución correspondiente a 2023 y 2024 ya se efectuó automáticamente en sus respectivas campañas de la Renta mediante el ajuste por mutualidades (DT2 LIRPF). El formulario habilitado el 2 de abril de 2025 para reclamar devoluciones de 2019 y ejercicios previos sirve también para incluir los años 2020 a 2022, incluso en los casos en los que la solicitud se hubiera presentado antes del 26 de julio, fecha de entrada en vigor de la nueva disposición legal. En esos supuestos, la petición se entiende ampliada automáticamente a dichos ejercicios. La nueva regulación también introdujo una suspensión en el cómputo de la prescripción de los derechos a solicitar la devolución. Esta suspensión afecta a los plazos que seguían vigentes el 22 de diciembre de 2024 -cuando entró en vigor la disposición anterior- y se prolonga hasta el 26 de julio de 2025, fecha de la nueva ley. Si no se hubiera aprobado esta suspensión, el plazo de prescripción habría vencido el 30 de junio pasado. Al haberse prorrogado, los contribuyentes con derecho a devolución que aún no la hubieran solicitado disponen ahora de un periodo adicional de seis meses y nueve días, a contar desde la entrada en vigor de la nueva norma, para presentar su reclamación.

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