La Dirección General de Tributos (DGT) ha resuelto una cuestión relevante para quienes compran vivienda: la comisión pagada a una agencia inmobiliaria no puede considerarse una pérdida patrimonial deducible en el IRPF cuando el comprador se retracta y decide no seguir adelante con la operación. Con esta interpretación, el organismo distingue de forma precisa este gasto del régimen fiscal aplicable a las arras penitenciales.
En una resolución vinculante, la DGT afirma que la pérdida del importe entregado como arras sí supone una disminución patrimonial que reduce la base imponible general, ya que implica una variación negativa en el patrimonio del contribuyente.
No obstante, el organismo subraya que la comisión abonada a la inmobiliaria -incluso cuando únicamente se retenga una parte por los servicios ya prestados- tiene una naturaleza diferente. Basándose en el artículo 33.5 de la Ley del IRPF, la DGT considera ese pago como una "aplicación de renta al consumo". Es decir, se trata del precio de un servicio de intermediación que el cliente ha recibido y del que ha disfrutado, aunque finalmente no se formalice la compraventa.
Por ello, a diferencia de las arras, que funcionan como una penalización, la comisión constituye la retribución por un trabajo efectivamente realizado. En consecuencia, este importe no puede deducirse en la declaración de la Renta, fijando así un criterio relevante para casos futuros en los que la operación no llegue a buen término.
Esta interpretación obliga a los compradores a distinguir claramente entre la penalización por desistir -las arras, que sí se pueden deducir- y el pago por los servicios profesionales de la agencia -la comisión, que no resulta deducible-, redefiniendo el impacto fiscal de echarse atrás en una compra inmobiliaria.
El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a un techo de gasto estatal de 212.000 millones de euros. Esto supone un aumento del 8,5% y ofrece al Gobierno un amplio margen para negociar con las distintas fuerzas políticas los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Para 2025, el límite de gasto había crecido un 3,2%, de modo que, pese a que el avance nominal de la economía es menor que el estimado hace un año, el incremento aprobado ahora casi triplica al anterior.
La clave para lograrlo es la elevada previsión de recaudación de impuestos que también baraja el Gobierno. En este sentido, Montero estimó que el ejercicio 2025 acabará arrojando "unos ingresos tributarios por encima de los 325.000 millones", lo que implicaría un incremento del 10,3% respecto a los 295.000 de 2024, y más de 30.000 millones de recursos adicionales. A partir de ahí, detalló, la previsión de Hacienda es que en el año 2026 la recaudación se eleve otro 8,5%, lo que supondría rondar los 353.000 millones, casi 28.000 millones extra respecto a 2025.
Una cuantía que se alcanzaría "sin ningún tipo de actuación" ni de "medidas adicionales en materia fiscal o nuevas figuras impositivas". Es decir, sin subir impuestos, por pura inercia, gracias al efecto del crecimiento económico (del 2,9% este año y el 2,2% en 2026, según las nuevas previsiones económicas del Gobierno), de la renuncia de Hacienda a deflactar el IRPF con la evolución de precios y salarios, y de la última reforma fiscal, que según Montero aún se está "estrenando" y que incluye palancas "tributarias que tienen todavía capacidad de rendimiento" por delante.
Aunque el Gobierno tiene pendientes compromisos con Bruselas como la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, la titular de Hacienda admitió que el Gobierno renuncia a impulsar nuevas medidas fiscales dada "la dificultad que tenemos para acometer reformas de este tipo en el Congreso de los Diputados".
A partir de esta previsión de ingresos y gastos, el Gobierno aprobó ayer una nueva senda fiscal que pasa por reducir el déficit desde el 2,5% del PIB previsto para 2025 al 2,1% en 2026, el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028. El grueso del ajuste recaería en la Administración General del Estado, que debe rebajar su agujero fiscal al 1,8%, el 1,5% y el 1,4%, respectivamente. A su vez, las autonomías mantendrían de margen una décima de déficit anual todo el periodo; la Seguridad Social, dos décimas iniciales, a reducir a una en 2028, mientras los ayuntamientos deberán tener equilibrio presupuestario.
Este nuevo límite de gasto permite al Estado disponer de 16.600 millones adicionales respecto al techo fijado para 2025 (que sigue siendo válido aunque no hubiera nuevas cuentas). A esto se suman los 4.200 millones restantes procedentes de las transferencias de los fondos europeos.
Con este planteamiento, Hacienda propone un aumento sustancial del gasto para intentar atraer el apoyo de los grupos parlamentarios. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió que se trata de "unos presupuestos atractivos, capaces de ampliar derechos y consolidar las políticas del Estado del bienestar". "Serán expansivos y responsables", insistió, confiando en que susciten el respaldo de otras formaciones.
Las cifras también contemplan una transferencia adicional de 23.000 millones de euros a la Seguridad Social para seguir compensando el déficit contributivo del sistema de pensiones. Es la misma cuantía que la asignada el año pasado, motivo por el cual el organismo no reducirá su déficit en 2026. El objetivo fijado para la Seguridad Social se mantiene en un 0,2%, igual que en el ejercicio actual. El grueso del incremento del techo de gasto se reserva, por tanto, para políticas que gestionará directamente la Administración Central.
Además, el Consejo de Ministros aprobó la nueva senda de estabilidad presupuestaria, que deberá ser refrendada por el Congreso. Como ya se planteó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes, se propone un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas, una meta que el Parlamento rechazó el año pasado con el voto negativo de Junts. Para 2026, el déficit previsto del Estado será del 1,8% y el de la Seguridad Social del 0,2%, mientras que los ayuntamientos deberán mantener equilibrio presupuestario hasta 2028.
El fuerte ritmo de crecimiento de los ingresos públicos, impulsado por la actividad económica y la inflación, permitirá seguir reduciendo el déficit en los próximos ejercicios. Hacienda confirma que el déficit se situará en el 2,5% del PIB este año, bajará al 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y llegará al 1,6% en 2028. Si las previsiones se cumplen, España alcanzará este año su primer superávit primario (antes del pago de intereses de la deuda) desde 2007.
El Gobierno ha decidido reforzar la normativa del juego para combatir posibles fraudes, poniendo fin al uso de métodos de pago anónimos. Los cambios introducidos obligarán a los jugadores a utilizar únicamente medios de pago que estén a su nombre y sean de su propiedad. De forma paralela, las empresas del sector solo podrán aceptar "medios de pago nominativos y cuyo titular sea el participante".
Las compañías deberán verificar que las tarjetas bancarias, transferencias, monederos electrónicos o pagos mediante móvil pertenecen realmente a quien juega. El objetivo es evitar, entre otros problemas, casos de suplantación de identidad que a menudo salen a la luz cuando Hacienda atribuye al contribuyente suplantado el pago del IRPF correspondiente.
Una vez que la modificación legislativa entre en vigor, los jugadores dispondrán de un plazo de seis meses para registrar los métodos de pago de los que sean titulares. Durante este periodo podrán seguir jugando, pero no podrán retirar sus premios hasta completar la identificación. Si transcurren los seis meses sin cumplir con esta obligación, las empresas deberán cancelar el contrato y devolver tanto los saldos acumulados como los premios pendientes, aunque esto no impedirá que la Administración investigue posibles delitos de fraude.
El Ejecutivo ha incorporado estas medidas a la ley que regula los servicios de atención al cliente, aprobada por el Congreso el 13 de noviembre y actualmente en trámite en el Senado. Los cambios obedecen, en parte, a la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de abril de 2024, que anuló varios artículos del Real Decreto de 2020 sobre publicidad del juego por carecer de respaldo legal. Ahora, el Gobierno introduce directamente las modificaciones en una ley. Las novedades se dividen en dos bloques: publicidad y control del juego.
En materia de control, se exigirá a los operadores que las cuentas bancarias donde los usuarios ingresen o retiren fondos estén radicadas en España. Además, se creará el Registro de Proveedores de Juego, en el que deberán inscribirse obligatoriamente todas las empresas que quieran ofrecer apuestas o juegos de azar en el país. Únicamente se homologarán en España los sistemas y programas informáticos inscritos previamente en dicho registro.
Las compañías que operen sin autorización en territorio español incurrirán en una infracción grave, sancionada con multas de entre 100.000 euros y 1 millón, así como con la suspensión de su actividad durante un máximo de seis meses. Tendrán seis meses para adaptarse desde la entrada en vigor de la ley.
El texto también prevé un nuevo reglamento para regular límites y prohibiciones en publicidad. El Gobierno quiere impedir que se envíen promociones a usuarios que no hayan dado su consentimiento. Asimismo, solo se podrán enviar ofertas a jugadores con una cuenta activa desde hace al menos 30 días y que hayan sido verificados documentalmente.
La normativa permitirá vetar la participación de personas famosas o influencers en anuncios de juegos de azar y apuestas, así como restringir la difusión de promociones en plataformas como YouTube, Twitch o redes sociales si no cuentan con mecanismos eficaces para evitar que lleguen a menores. También se impondrán límites a los patrocinios y a la colocación de publicidad en eventos deportivos sujetos a apuestas o loterías.
El Ministerio de Hacienda presentará a comienzos del próximo año una propuesta para renovar por completo el sistema de financiación autonómica -un cambio pendiente desde 2014- con la que promete incrementar los recursos destinados a todas las comunidades, reconocer las particularidades de cada territorio y abrir la posibilidad de transferir a las autonomías una mayor parte de los impuestos estatales, además de garantizar que esos fondos se entreguen de manera inmediata.
Así lo comunicó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los consejeros autonómicos durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Adelantó también que su intención es convocar un nuevo Consejo monográfico para presentarles la reforma "entre enero y febrero" de 2026.
Montero recordó que ya intentó abordar esta reforma a finales de 2021, cuando envió a las comunidades una propuesta de revisión de la población ajustada considerando factores como la despoblación, la dispersión geográfica o la insularidad, como base para actualizar el reparto de fondos. Sin embargo, explicó que "las comunidades no renunciaron a sus posiciones de máximos, lo que impidió alcanzar un acuerdo", incluso entre territorios gobernados por el mismo partido. Por ello, esta vez Hacienda optará por "presentar el modelo completo de una sola vez", mostrando el impacto final que tendría para cada autonomía.
La vicepresidenta precisó que el planteamiento inicial garantiza que "ninguna comunidad autónoma saldrá perdiendo: el sistema dispondrá de más recursos para sanidad, educación, servicios sociales o dependencia". Subrayó que será aplicable a todas las regiones de régimen común, aunque incorporará las particularidades territoriales que correspondan. De este modo, aclaró, permitirá integrar el acuerdo de financiación específica alcanzado para Cataluña entre PSC y ERC.
Montero añadió que el nuevo sistema "reflejará de manera explícita la solidaridad entre territorios, con criterios claros y transparentes" y que "otorgará más capacidad normativa a las comunidades dentro de un marco de responsabilidad fiscal y respeto a su autonomía". Esto implica aumentar el porcentaje de impuestos cedidos a las regiones -que actualmente reciben el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales- aunque evitó adelantar cifras. Al mismo tiempo, Hacienda prevé poner fin al sistema de entregas a cuenta, reemplazándolo por transferencias inmediatas de la parte de los tributos que corresponda a cada comunidad.
Además, señaló que el nuevo modelo reducirá las desigualdades actuales en financiación por habitante ajustado. La diferencia entre la comunidad con menor dotación y la mejor financiada asciende hoy a 1.005 euros por persona, algo que, afirmó, "no se justifica bajo ningún criterio". En paralelo, Montero explicó que el plan contempla la "implantación de un modelo de gestión en red" entre las administraciones tributarias autonómicas y la Agencia Tributaria estatal, con el que las comunidades irán asumiendo más competencias en esta materia, lo que daría cobertura también al denominado cupo catalán.
Finalmente, la ministra se declaró partidaria de establecer medidas que desincentiven el dumping fiscal, es decir, la reducción de impuestos para competir con otras autonomías, lo que podría incluir penalizaciones en la financiación de los territorios que apliquen bajadas de tributos.
Las reacciones desde los gobiernos autonómicos del PP no se hicieron esperar. "Es indignante que hablen de bilateralidad y singularidades", criticó la consejera de Hacienda andaluza, Carolina España. Por su parte, la consejera madrileña, Rocío Albert, tachó la propuesta de "maremágnum" y acusó a Montero de "no tener nada preparado" y de intentar "contentar a todos para postularse como candidata a la Junta de Andalucía y cumplir con Cataluña".
El Ministerio de Hacienda planteó este lunes a las comunidades autónomas un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para cada uno de los ejercicios entre 2026 y 2028. Así lo indican fuentes conocedoras de la reunión técnica del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro donde el Ministerio y los responsables regionales de Hacienda analizan cuestiones relacionadas con las cuentas autonómicas. Este objetivo amplía en unos 5.500 millones la capacidad de gasto de los gobiernos regionales, pero sigue sin satisfacer a las autonomías gobernadas por el PP -mayoritarias-, que reclaman que antes se aborde una reforma profunda del sistema de financiación.
Hacienda ha reunido a las comunidades para comunicarles los objetivos de déficit y deuda, así como el límite de crecimiento del gasto para el periodo 2026-2028; elementos esenciales para poder elaborar tanto los Presupuestos Generales del Estado como los presupuestos autonómicos. Sin embargo, el orden del día no incluye avanzar de forma sustancial en la reforma del modelo de financiación, pendiente desde hace más de diez años y reivindicada continuamente por los gobiernos regionales.
Aunque Hacienda ha incorporado un punto para debatir sobre el sistema de financiación, fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero adelantan que no se presentará un nuevo modelo completo, sino que se retomará el diálogo. Ya en 2021, el Gobierno esbozó una propuesta centrada en revisar la población ajustada -una variable clave para repartir los fondos entre autonomías-, pero aquella iniciativa no prosperó.
El Ejecutivo tampoco ha conseguido que el Congreso apruebe la senda de déficit en los últimos años, lo que ha obligado a prorrogar los Presupuestos desde 2023. El último rechazo, con los mismos objetivos que ahora se ponen sobre la mesa, vino de Junts, que tras distanciarse del acuerdo de investidura amenaza con bloquear de nuevo las metas fiscales cuando lleguen al Parlamento.
"Estamos ante una situación de bloqueo", expresó la consejera de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Ruth Merino (PP), antes de entrar en la reunión. Su homólogo asturiano, Guillermo Peláez (PSOE), señaló por su parte que confían en que el encuentro se desarrolle "con lealtad y respeto institucional", destacando que la fijación de la regla de gasto es clave para elaborar los presupuestos.
La consejera andaluza, Carolina España (PP), mostró su escepticismo por el retraso en comunicar los objetivos de estabilidad, que deberían haberse conocido antes del 30 de junio. Afirmó además que Andalucía ya tiene aprobado el presupuesto de 2026, pero ha tenido que hacerlo sin conocer los límites fiscales. "Es un auténtico desgobierno que llega tarde y mal", criticó.
Andalucía también ha insistido en la reforma urgente del sistema de financiación y en evitar acuerdos bilaterales que generen privilegios, en referencia a Cataluña. España recordó que, si se aborda una reforma, habría que partir de los "4.000 millones que le faltan a Andalucía", una cifra que la propia Montero defendía cuando era consejera. Asimismo, calificó la senda del déficit como "incoherente", al considerar que no tiene sentido permitir más endeudamiento autonómico mientras se plantea condonar 83.000 millones de deuda y se alcanza un acuerdo con ERC que definió como "chantaje".
El consejero murciano, Luis Alberto Marín (PP), calificó la reunión de "día de la marmota", asegurando que acuden esperando una reforma del sistema pero convencidos de que será "un monólogo de la ministra para contentar a sus socios". Recordó además que el PP gobierna en 14 territorios y que esto les da "legitimidad moral" para que se atiendan sus demandas. "Seremos combativos con la reforma del sistema", concluyó.
La consejera de Madrid, Rocío Albert, también insistió en el retraso en fijar los objetivos de déficit y criticó que el orden del día sea "un mero trámite" para que Hacienda pueda sacar adelante su propuesta ahora que el Gobierno aspira a presentar los Presupuestos.
En el CPFF, Hacienda tiene asegurado el respaldo necesario para aprobar la senda, ya que solo necesita el voto de una comunidad, apoyo que garantizan Cataluña y otras dos autonomías socialistas. El reto real será su paso por el Congreso. Aunque el Gobierno ya no depende del Senado -donde la oposición mantiene la mayoría-, la aprobación sigue siendo compleja tras la ruptura de Junts con el Ejecutivo.
Hacienda también ha revisado al alza las entregas a cuenta para 2026, los anticipos que reciben las comunidades en función de las previsiones económicas y de recaudación. En julio se comunicó que ascenderían a 156.990 millones, pero ahora se elevan a 157.731 millones, la cifra más alta de la historia y un 7% más que este año.
Según fuentes ministeriales, esta actualización se debe al buen comportamiento de la economía. De hecho, el Gobierno elevará mañana su previsión de crecimiento del 2,7% al 2,9%. Sumando las entregas a cuenta y la liquidación prevista de 2024, la financiación total para las comunidades en 2026 alcanzará los 170.300 millones, un 7,7% más que en 2025.
Las empresas españolas se juegan esta semana la posibilidad de recuperar miles de millones de euros en intereses por parte de la Agencia Tributaria. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) dictará sentencia en los próximos días para determinar si la obligación impuesta a las compañías de adelantar trimestralmente un pago mínimo del 23% del Impuesto sobre Sociedades vulnera el principio de capacidad económica.
Desde 2016, las empresas con una facturación superior a los 10 millones de euros están obligadas a anticipar ese tipo mínimo sobre su resultado positivo, sin poder aplicar exenciones ni deducciones habituales, como la compensación de bases negativas. Estos pagos fraccionados deben realizarse en abril, octubre y diciembre, y se calculan sobre los beneficios obtenidos en los primeros tres, nueve y once meses del año.
Posteriormente, al igual que ocurre con la declaración de la renta en el caso de los particulares, las compañías presentan en julio del año siguiente la liquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio completo. En ese momento, Hacienda regulariza el importe: si la empresa ha pagado de más, le devuelve el exceso, aunque sin abonar intereses.
El Gobierno de Mariano Rajoy incorporó esta obligación en un Real Decreto-ley de 2016 que introducía diversas modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, ante la posibilidad de que el Constitucional anulara la norma -como finalmente ocurrió en julio de 2020-, el Ejecutivo decidió incluirla posteriormente en la Ley de Presupuestos de 2018.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana planteó dos cuestiones de inconstitucionalidad sobre esta obligación en la primavera de 2024. El Tribunal Constitucional las admitió a trámite en febrero y resolverá sobre ellas esta semana.
En este caso, las compañías no discuten la devolución del impuesto -que ya reciben si han pagado en exceso-, sino el derecho a percibir intereses por esos anticipos que Hacienda retiene temporalmente. La obligación de adelantar este tipo mínimo puede generar tensiones de liquidez, ya que las empresas se ven obligadas a entregar al fisco un dinero que podrían destinar a cubrir sus necesidades, funcionando en la práctica como un préstamo sin intereses a la Administración.
En caso de que el Constitucional falle a favor de las empresas, solo podrán beneficiarse aquellas que hayan recurrido en su momento el pago fraccionado con tipo mínimo, ya que el tribunal suele limitar el alcance de sus decisiones. Así lo hizo en 2021, cuando anuló el sistema de cálculo de la plusvalía municipal, y de nuevo en enero de 2024, al invalidar parte de un Real Decreto-ley de 2016 que también afectaba al Impuesto sobre Sociedades: únicamente obtuvieron devoluciones quienes tenían recursos aún abiertos, sin resolución administrativa firme ni sentencia definitiva.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que Sumar exigirá al PSOE en la negociación presupuestaria la instauración de lo que ha denominado "tasa Trump", para que las grandes tecnológicas estadounidenses paguen impuestos en España. "No puede ser que las cinco mayores tecnológicas estadounidenses [Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) y Microsoft] no paguen impuestos en nuestro país, no los paguen en Europa y no los paguen en el mundo. Es decir, lo que les vamos a pedir es que bajen de la nube y pasen por la Hacienda Pública española", ha dicho Díaz durante su intervención en la jornada Metafuturo organizada por Atresmedia. La responsable de Trabajo ha rechazado especificar el tipo de esta tasa u otras características de la misma, pero ha dicho que lo detallarán en breve.
La vicepresidenta segunda ha indicado que los autónomos en España tributan entre el 15% y el 18%, y las grandes empresas una media del 7% por sus beneficios. "Pero las grandes tecnológicas es una burla lo que hacen con los españoles, las españolas y los europeos. Por tanto, esa tasa Trump la vamos a exigir en la negociación con el Partido Socialista, porque tienen que pagar impuestos", ha comentado Díaz. El Ministerio de Hacienda está bajo el mando de la socialista María Jesús Montero, además vicepresidenta primera.
Díaz ha dicho que harán público el detalle de esta tasa junto al resto del propuestas de Sumar para los Presupuestos Generales del Estado. "Es clave. ¿O es que las empresas no pagan impuestos como todo el mundo? ¿Es que un grupo elegido de big tech puede no pagar impuestos porque sí? ¿Por qué?", ha insistido.
La responsable de Trabajo viene volcando sus discursos contra las grandes tecnológicas estadounidenses en las últimas semanas. Tras el anuncio de Amazon de un ERE en España que afectará a en torno a 1.200 empleados corporativos, Díaz aprovechó una intervención en el Congreso de los Diputados para anunciar una campaña específica de Inspección contra el uso inadecuado de algoritmos por parte de las tecnológicas. "Se llame Uber, Cabify o Amazon, vamos a vigilar el uso del control algorítmico que estas empresas tienen sobre los trabajadores. Son empresas que parecen muy modernas, pero con condiciones de Dickens, del siglo XIX", dijo Díaz.
El Tribunal Supremo ha vuelto a cuestionar la normativa fiscal española con una sentencia que unifica criterio y pone fin a una discriminación histórica. En esta resolución, el Alto Tribunal determina que los contribuyentes no residentes en España también pueden acogerse al límite conjunto aplicado al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto sobre el Patrimonio, un beneficio que hasta ahora solo se concedía a los residentes fiscales.
La sentencia afirma que excluir a los no residentes de este límite vulnera la libre circulación de capitales, uno de los principios esenciales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Según el Supremo, no existe "ningún motivo de interés general" que justifique un trato desigual basado únicamente en la residencia del contribuyente. Hasta este fallo, la legislación española diferenciaba entre dos tipos de contribuyentes del Impuesto sobre el Patrimonio: los residentes, sometidos a tributación por obligación personal sobre todos sus bienes en el mundo, podían aplicar el límite conjunto; los no residentes, sujetos solo por obligación real -es decir, por bienes situados en España- quedaban excluidos de este mecanismo.
Ese límite establece que la suma de las cuotas del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio no puede superar el 60% de la base imponible del IRPF. Si se sobrepasaba, se ajustaba la cuota de Patrimonio hasta no exceder ese tope, con un máximo de reducción del 80%. La imposibilidad de aplicar este límite llevaba a que un no residente con el mismo patrimonio en España que un residente pudiera abonar una carga fiscal muy superior.
El caso concreto que ha dado pie a este pronunciamiento se originó en la reclamación de un contribuyente residente en el extranjero frente a una liquidación de la Hacienda balear. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya había fallado a su favor por considerar que la normativa española imponía un trato "desproporcionado e injustificado" a los no residentes. Aunque la Abogacía del Estado recurrió en casación, el Supremo ha rechazado sus argumentos y ha establecido un criterio que deberán aplicar tanto la Administración Tributaria como los tribunales inferiores.
La lógica jurídica empleada por el Supremo no es nueva; se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Uno de los antecedentes más relevantes es la sentencia de 2014 relativa al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en la que se declaró ilegal que España negara a los no residentes las ventajas fiscales autonómicas, obligando después a modificar la legislación.
Ahora, el Supremo traslada ese razonamiento al Impuesto sobre el Patrimonio. Considera que mantener una normativa que desincentiva la inversión extranjera al imponer a los no residentes una tributación potencialmente confiscatoria y más elevada que la de los residentes-sin una justificación objetiva-equivale a restringir de forma encubierta la libre circulación de capitales.
Las consecuencias de esta sentencia son relevantes. A partir de ahora, cualquier no residente podrá aplicar el límite del 60% en sus declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio. Además, abre la posibilidad de que quienes hayan tributado en los últimos cuatro años soliciten la rectificación de sus autoliquidaciones y la devolución de lo pagado en exceso, junto con los intereses de demora.
Para Esaú Alarcón, socio de Gibernau, el fallo del Supremo refleja una interpretación "audaz". Señala que el tribunal, ante la opción de ceñirse estrictamente al texto legal o adoptar una interpretación más flexible, ha optado por esta última, lo que en la práctica implica dejar sin efecto la norma nacional en favor de la primacía del Derecho europeo. Para Alarcón, se trata de "una excelente noticia" que evidencia la voluntad de los jueces -recordando que el TSJ de Baleares ya había aplicado este enfoque- de garantizar las libertades comunitarias.
Por su parte, Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence, considera que esta decisión se suma a una corriente más amplia de protección al inversor extranjero. Añade que el Supremo tendrá pronto que pronunciarse sobre otra cuestión relevante: la discriminación que afrontan los no residentes extracomunitarios con inmuebles alquilados en España en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, ya que la Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional del 28 de julio que permitió a estos arrendadores deducir gastos.
La asociación de inspectores municipales exige acabar con los "paraísos fiscales" utilizados por las empresas de renting de vehículos y prohibir que las inspecciones tributarias se privaticen. "La Hacienda local lleva décadas sufriendo la dejadez del legislador estatal, lo que ha generado una inseguridad jurídica perjudicial tanto para los contribuyentes como para las Administraciones", denuncia la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (Anihpl).
Durante su congreso por el XXV aniversario -celebrado en Alicante el jueves y viernes-, la organización presentó un Libro Blanco para la reforma de la fiscalidad local, en el que recoge "100 propuestas orientadas a reforzar la seguridad jurídica y la justicia tributaria". El documento, de 265 páginas, detalla la redacción concreta de los cambios normativos necesarios para armonizar los tributos municipales, aumentar su seguridad jurídica y fortalecer las competencias de los inspectores locales.
Entre esas medidas, la asociación plantea modificar la Ley de Haciendas Locales para permitir que los inspectores de los ayuntamientos puedan realizar actuaciones de recaudación ejecutiva en todo el territorio nacional, incluso fuera de su municipio. Esto incluiría, por ejemplo, ordenar embargos de cuentas bancarias en oficinas situadas en otras localidades. "La prohibición actual no tiene sentido, ya que el dinero no está vinculado físicamente a una oficina concreta", sostienen.
Asimismo, y apoyándose en la jurisprudencia revelada por EXPANSIÓN, el colectivo reclama prohibir que las inspecciones fiscales se externalicen a empresas privadas, una práctica que algunos ayuntamientos han aplicado en los últimos años. Insisten en que "la gestión, recaudación, inspección, sanción y revisión de los tributos locales" debe ser exclusiva de funcionarios públicos por tratarse del ejercicio de autoridad, admitiéndose únicamente apoyo técnico puntual, tal como han subrayado tribunales como el TSJ de Cataluña.
En cuanto al diseño de los tributos locales, los inspectores plantean varias reformas. En primer lugar, proponen eliminar los "paraísos fiscales" creados en torno al renting de vehículos, impidiendo que una empresa decida libremente en qué municipio matricula su flota para reducir el pago del Impuesto de Circulación. Denuncian que existen municipios con apenas 100 habitantes que figuran con 30.000 vehículos censados debido a estos incentivos fiscales. Defienden también que este impuesto deje de calcularse según los "caballos fiscales" y pase a basarse en el valor real del vehículo.
Además, abogan por unificar los valores catastrales utilizados para calcular el IBI y reforzar su inspección municipal; ampliar la exención del Impuesto de Actividades Económicas a todos los contribuyentes con menos de un millón de euros de facturación; y simplificar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Los ayuntamientos de España ingresaron más de 30.000 millones de euros en 2023 a través de impuestos y tasas municipales, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda. Esta cifra supone un aumento del 4,5% respecto al año anterior, un crecimiento en el que destaca especialmente el fuerte repunte del Impuesto de Plusvalía, cuya recaudación se disparó un 41%.
Es importante recordar que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como Plusvalía, quedó prácticamente desmantelado después de varias sentencias del Tribunal Constitucional que culminaron en 2021 con la anulación de su sistema de cálculo. Esto obligó a Hacienda a rediseñar el tributo para preservar la que era la segunda principal fuente de financiación municipal, solo por detrás del IBI.
Sin embargo, la reforma provocó una caída abrupta de su recaudación, que pasó de 2.449 millones en 2021 a 1.206 millones en 2022, un descenso del 40%. En 2023, los ingresos por Plusvalía se recuperaron hasta alcanzar los 1.702 millones, aunque aún no se sitúan en los niveles previos al cambio normativo. La mejora del mercado inmobiliario y la consolidación del nuevo método de cálculo parecen ser factores que explican esta evolución.
De cara al futuro, los inspectores de Hacienda local prevén que la nueva tasa de basuras se convierta en la segunda mayor fuente de ingresos municipales, con una recaudación estimada de 3.500 millones anuales. No obstante, advierten de que su diseño presenta importantes problemas.
Mientras tanto, en 2023 los ayuntamientos ingresaron 14.821 millones de euros por IBI (1,1% más); 6.358 millones por tasas municipales (3,3%); 2.402 millones por el Impuesto de Circulación (-1,5%); 1.684 millones por el Impuesto de Actividades Económicas (0,4% más); y 1.525 millones por el Impuesto sobre Construcciones y Obras, que creció un 10%.
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