(Expansión, 29-05-2025) | Fiscal
El PSOE ha planteado una nueva propuesta para intervenir en el mercado inmobiliario español que introduce una tabla con más tramos fiscales para gravar a los propietarios de viviendas vacías. Según el documento, solo quedarían exentas la residencia habitual y los terrenos no urbanizados, lo que implica que quienes posean segundas viviendas en zonas rurales o costeras también estarían sujetos a esta nueva carga impositiva.
Desde el Consejo General de Economistas (CGE), los asesores fiscales advierten que esta nueva escala para imputar rentas inmobiliarias complica el cálculo del IRPF y dudan que un mayor coste fiscal motive a los propietarios a poner sus inmuebles en alquiler, ya que en la mayoría de los casos se trata de segundas residencias o viviendas en el entorno rural. Esto, señalan, podría tener un carácter confiscatorio.
La medida impactaría directamente en los dueños de segundas viviendas, incluso si estas tienen un valor catastral modesto. Actualmente, la imputación de rentas inmobiliarias en la declaración de la Renta se calcula aplicando un porcentaje sobre el valor catastral de los inmuebles -incluidas plazas de garaje que no pertenezcan a la vivienda habitual-, que es del 1,1% o 2% según si el valor ha sido revisado en los últimos diez años, según explica Raquel Jurado, secretaria técnica del REAF. No obstante, la propuesta del PSOE elevaría estos tipos hasta el 3%, en función del valor total de los bienes inmuebles.
Por ejemplo, una persona con una casa valorada catastralmente en 200.000 euros en un pueblo actualmente incluiría 2.200 euros en su base imponible del IRPF (aplicando el 1,1%). Con la reforma planteada, la cifra subiría a 2.600 euros, es decir, 400 euros más. Si el inmueble tuviera un valor de 400.000 euros, la diferencia ascendería a 1.200 euros.
En el caso de que ese mismo contribuyente fuera también propietario de un apartamento en la costa, valorado en 200.000 euros, el total del valor catastral ascendería a 600.000 euros. Aplicando el nuevo sistema, debería imputar 9.100 euros al IRPF, frente a los 6.600 actuales, lo que representa un aumento de 2.500 euros.
A medida que el valor catastral de las propiedades crece, también lo hace el importe de la renta imputada, ya que incluye tanto las viviendas como las plazas de garaje no vinculadas a la residencia principal. Dado que estos activos han aumentado de precio en los últimos años, su inclusión incrementa la carga fiscal.
De acuerdo con estimaciones de los asesores fiscales, si un contribuyente posee inmuebles cuyo valor conjunto es de 900.000 euros, debería añadir 15.100 euros a la base imponible del IRPF, 5.200 más que actualmente. En casos de patrimonios inmobiliarios con un valor catastral de 1,5 millones de euros, la cantidad imputada subiría a 32.100 euros, casi el doble de los 16.500 euros que se declararían bajo el sistema vigente.
Este aumento de la presión fiscal podría afectar especialmente a quienes tienen ingresos próximos a un cambio de tramo en el IRPF, provocando un salto automático que les lleve a pagar un porcentaje mayor. Todo esto mientras el Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, se sigue resistiendo a ajustar los tramos del IRPF a la inflación acumulada de los últimos años.
Al margen de esta subida, las reducciones fiscales previstas en la propuesta del PSOE no se aplicarían a los propietarios que alquilen sus segundas residencias durante los periodos en que no las usan, ya que estas viviendas no estarían destinadas a ser domicilio habitual de los inquilinos, según aclara el Consejo General de Economistas.
Este punto es relevante, ya que las reducciones se presentan como uno de los pocos elementos beneficiosos para los propietarios. Si se aprobara, podrían obtener un incentivo fiscal por rebajar el precio del alquiler mayor que la renta dejada de percibir. Sin embargo, la aplicación práctica de estos beneficios es compleja, debido a la variedad de porcentajes disponibles (100%, 95%, 90%, 85% o 60%), lo que, en opinión de los expertos, complica aún más la normativa, como ya ocurre con las reducciones por aportaciones a planes de pensiones. Esto, advierten, hace que las reglas resulten cada vez más enrevesadas para los ciudadanos.