(El Periódico, 03-06-2025) | Fiscal
Un pacto alcanzado en paralelo con ERC y los Comuns será aprobado en breve por el Parlament, aportando hasta 4.000 millones de euros adicionales al margen de actuación del PSC en el Govern. Este acuerdo representa un impulso clave que otorga "estabilidad" a la legislatura -algo que, según Salvador Illa, "es especialmente valioso en el contexto actual"- y refleja, además, su apuesta por la "ambición y el consenso".
Las gestiones lideradas por la consellera de Economía, Alícia Romero, han reunido todos los elementos propios de unos presupuestos, salvo el nombre. Han incluido negociaciones con múltiples actores, ampliación de recursos y un acto conjunto con los agentes sociales. "Parece que estamos confeccionando unos presupuestos por partes", ha comentado con sorna el secretario general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, quien ha expresado su deseo de que "el próximo año se puedan elaborar de forma integral".
El último acto en esta línea tuvo lugar este lunes, con la firma de un acuerdo entre Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT, que avala un paquete de 72 medidas, muchas de las cuales ya habían sido pactadas previamente con los socios de investidura. Estas acciones incluyen incentivos para la inversión industrial, mejoras en la tramitación de proyectos de energía eólica, y refuerzos en las oficinas de empleo.
Tal como había adelantado El Periódico, el pacto también contempla la continuidad de las bonificaciones al transporte público durante todo el año, la contratación de hasta 500 orientadores laborales en el SOC, y la incorporación de unos 100 técnicos para facilitar la conexión entre centros de formación profesional y el tejido empresarial.
En contraste con la época de la pandemia, donde la emergencia sanitaria facilitó múltiples consensos entre gobiernos y agentes sociales, los acuerdos amplios se han vuelto escasos en el escenario actual. Con un fuerte desencuentro entre patronales y sindicatos en torno a propuestas como la jornada laboral de 37,5 horas, no es fácil volver a ver a Illa firmando acuerdos con ambas partes. Sin embargo, lo ha logrado este lunes, aunque empresarios y sindicatos ya le han exigido que trabaje en los presupuestos de 2026.
"No queremos que se repita la situación de los años anteriores", ha advertido Antoni Cañete, presidente de Pimec, recordando que Catalunya encadena ya dos años consecutivos de presupuestos prorrogados. En la misma línea, Belén López, secretaria general de CCOO, ha lamentado que "hubiéramos preferido aprobar unos presupuestos completos y no créditos adicionales".
Ambos han pedido al president que impulse ya las negociaciones, y a los socios parlamentarios que se comprometan a cerrar acuerdos con tiempo suficiente para que puedan aplicarse al inicio del próximo ejercicio. Son conscientes de que muchas de las 72 medidas firmadas este lunes probablemente no podrán ejecutarse antes de que acabe el año. Aun así, Illa se ha comprometido: "Tendremos que hacer un gran esfuerzo para cumplir con lo pactado antes de que acabe el ejercicio, pero no tengan duda de que lo haremos".
"Firmamos este acuerdo por responsabilidad, porque es positivo para el país. Todo lo que implique consenso debe valorarse", ha señalado el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. No obstante, su organización está siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar nuevos consensos, como el que propone el conseller de Empresa, Miquel Sàmper, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.
Sàmper plantea la creación de una figura de delegados territoriales de prevención que, trabajando por parejas, visiten pymes para detectar posibles deficiencias en seguridad laboral y asesorarlas. Pero Foment rechaza esta propuesta. Este lunes, Sánchez Llibre reafirmó su oposición: "Estamos absolutamente en contra. Las empresas tienen suficiente capacidad para no requerir la presencia de estos agentes".