(El Economista, 02-06-2025) | Fiscal
El problema de los pagos aplazados por parte de las Administraciones Públicas -conocido popularmente como las "facturas en los cajones"- ha vuelto a tomar protagonismo en España. Según los datos más completos y recientes elaborados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, el volumen de obligaciones pendientes de pago superaba a comienzos de 2024 los 6.000 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 45% respecto a 2019, cuando el importe adeudado alcanzaba los 4.237 millones de euros, incluyendo deudas tanto con empresas como con ciudadanos por bonificaciones o actualizaciones de prestaciones.
La elección del año 2019 como referencia no es casual, ya que se considera un punto de equilibrio previo a la pandemia y a las múltiples crisis que la siguieron. Además, coincide con el inicio de las legislaturas de Pedro Sánchez, etapa en la que los retrasos en los pagos han alcanzado cifras sin precedentes desde que existe este registro.
Un ejemplo destacado es el año 2022, en el que las facturas pendientes superaron los 7.000 millones de euros. Aunque las cifras actuales están algo por debajo, se mantienen muy próximas a ese récord histórico.
El registro de estas deudas se recoge en la denominada "Cuenta 413", una herramienta contable creada específicamente para evitar que estos pagos se oculten o queden fuera del presupuesto. En ella se reflejan las obligaciones de la Administración con "acreedores por operaciones devengadas", es decir, gastos que no fueron incluidos en el presupuesto del ejercicio actual y que se trasladan al siguiente.
Las normas de contabilidad pública son tajantes: todo gasto no imputado explícitamente al presupuesto queda pendiente de pago. La Cuenta 413 nació a principios de la década pasada bajo el mandato del entonces ministro Cristóbal Montoro, tras el escándalo que supuso para Bruselas descubrir que el déficit público español real era muy superior al declarado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, debido a deudas no reconocidas con proveedores y ciudadanos.
Desde entonces, este instrumento ha permitido un seguimiento más riguroso. Entre 2013 y 2018, los pagos pendientes recogidos en la Cuenta 413 se estabilizaron en torno a los 3.000 millones de euros anuales, es decir, la mitad de lo que se registra actualmente.
Actualmente, resulta complicado señalar una causa única para el repunte de estas deudas, dada la variedad de entidades implicadas. Algunos analistas apuntan que ciertos ministerios podrían estar asumiendo gastos que, en realidad, corresponderían a las comunidades autónomas, actuando así como un "FLA encubierto" (en referencia al Fondo de Liquidez Autonómico), en un contexto donde muchas regiones enfrentan tensiones de tesorería. Estas tensiones se agravan por los retrasos en las entregas a cuenta del Estado, derivadas de un sistema de financiación autonómica aún pendiente de reforma.
El informe más reciente de la IGAE ofrece pistas al respecto, señalando que uno de los mayores focos de pagos aplazados en 2023 corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Este ministerio acumula importantes obligaciones pendientes derivadas de transferencias habituales a entidades como Correos o Renfe, compensaciones por la supresión de peajes, subvenciones a residentes extrapeninsulares por viajes aéreos y marítimos, y ayudas para la compra de vivienda a través de la subsidiación de intereses.
Además, se incluyen gastos relacionados con concesionarias de autopistas de peaje, a las que el Estado debe indemnizar según las condiciones de los contratos vigentes. El informe también admite la posibilidad de que algunas de estas deudas no se resuelvan en el plazo de un año, lo que refleja la gravedad del problema.