(El Economista, 25-11-2025) | Fiscal
La Comisión Europea planea introducir cambios significativos en la política fiscal con el objetivo de financiar la construcción de viviendas a precios asequibles en toda la Unión. Así se desprende del informe del Housing Advisory Board, el grupo de 15 especialistas que orienta al Ejecutivo comunitario en la elaboración del inminente Plan Europeo de Vivienda Asequible. El informe plantea que la riqueza vinculada a los inmuebles -como herencias que incluyan propiedades, ganancias por compraventas o terrenos sin uso- debería tributar más en los Estados miembros, destinando esos ingresos adicionales a ampliar el parque de vivienda social y de alquiler regulado. Estas recomendaciones servirán de base para el plan que la Comisión prevé presentar a comienzos de 2026, como respuesta a una crisis habitacional que ya tiene alcance europeo. Los expertos también subrayan la necesidad de ordenar el alquiler de corta duración para contener el impacto del turismo en los mercados más tensionados.
Con unos precios de compra que crecen muy por encima de los salarios y unos alquileres en máximos, el documento sostiene que las actuales partidas presupuestarias son insuficientes. Por ello propone aumentar la fiscalidad sobre los beneficios generados por la propiedad inmobiliaria en las últimas décadas, con el fin de financiar nuevos proyectos de vivienda asequible.
En lo que respecta a las herencias, el informe sugiere que los países de la UE revisen sus impuestos sobre la transmisión de bienes inmuebles, especialmente en los niveles patrimoniales más altos y en el caso de segundas y terceras residencias que han experimentado revalorizaciones significativas. Los autores justifican este incremento impositivo en que gran parte del aumento de valor de estos activos responde a inversiones públicas en urbanización, infraestructuras y servicios.
El texto insiste en que el objetivo no es únicamente elevar impuestos, sino redefinirlos y orientar sus ingresos hacia la financiación de la vivienda. En este sentido, propone que la recaudación procedente de grandes herencias inmobiliarias se asigne automáticamente a programas de vivienda, mediante un mecanismo presupuestario estable que permita una planificación a largo plazo.
Los expertos también denuncian que, en muchos casos, el incremento del valor de las propiedades derivado de decisiones públicas acaba en manos privadas, mientras que es la Administración quien asume los costes. Por eso defienden reforzar herramientas ya existentes -como contribuciones obligatorias, cesiones de suelo o cupos de vivienda asequible en nuevos desarrollos- y avanzar hacia sistemas donde parte de la plusvalía se utilice de forma automática para financiar infraestructuras y proyectos de alquiler regulado.
Con ello, argumentan, se podría crear una base fiscal más estable y menos sujeta a los ciclos económicos, permitiendo a las ciudades planificar promociones de vivienda asequible en las zonas de mayor demanda.
Otra línea de actuación del informe se centra en mejorar el aprovechamiento de solares vacíos y edificios en ruinas dentro de los núcleos urbanos consolidados. Se propone incrementar los impuestos vinculados al valor del suelo para impulsar la puesta en uso de estos espacios, de modo que mantener un terreno vacío o un inmueble infrautilizado en áreas céntricas resulte más costoso.
También plantea aplicar recargos sobre suelo recalificado que permanezca sin desarrollar durante demasiado tiempo y sobre inmuebles deteriorados en zonas de alta demanda residencial. Con estas medidas se pretende frenar prácticas especulativas que mantienen fuera del mercado grandes superficies de suelo y acelerar la regeneración urbana, especialmente si se incluyen obligaciones de destinar parte del desarrollo a vivienda asequible.
El informe también señala que en numerosas ciudades la proliferación de alquileres turísticos ha reducido la oferta residencial y elevado los precios. Por ello, recomienda que la Comisión apoye a los Estados miembros en la regulación de este tipo de arrendamientos. En las áreas más afectadas por el turismo, el documento aconseja adoptar medidas para controlar los precios, facilitar que el sector público adquiera suelo y viviendas, y limitar o gravar los registros de alquileres de corta duración. Asimismo, insiste en priorizar las inversiones en vivienda asequible en estos territorios.
"La Comisión Europea debería respaldar a los Estados miembros en la regulación del alquiler turístico mediante sistemas de licencias, zonificación y mecanismos de control", indica el informe. Los expertos recalcan que, en muchas ciudades, la expansión de estos alquileres ha disminuido la disponibilidad de vivienda y ha contribuido al aumento de los alquileres.