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(El Economista, 08-04-2024) | Laboral

La Seguridad Social prepara una batería de normas para este año

El Plan Anual Normativo para 2024 presenta las nuevas leyes y reales decretos que el Gobierno espera desarrollar y promulgar en un año marcado por aspectos significativos en el ámbito laboral. En el ámbito de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigida por la ministra Elma Saiz, se espera la aprobación de una nueva ley y diez reales decretos durante este año. Estas iniciativas abarcan desde modificaciones en la jubilación parcial hasta medidas para fomentar el retorno de los españoles emigrados, los días de cotización de los ministros de culto y la largamente esperada creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, una iniciativa hermana de la Agencia Tributaria. La creación de la Entidad Estatal de la Seguridad Social es una medida legislativa clave, conforme a la recomendación octava del Pacto de Toledo, que ahora se ha incluido en el segundo bloque de la reforma de pensiones. Esta iniciativa busca modernizar la organización y gestión de la Seguridad Social, tanto en su vertiente contributiva como no contributiva, incluyendo el Régimen de Clases Pasivas del Estado, con el objetivo de garantizar un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos basado en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. Otra medida destacada será la facilitación de la jubilación anticipada a través de coeficientes reductores para trabajadores en ocupaciones penosas, forzosas o tóxicas. Este proceso está siendo discutido con los sindicatos, los empresarios y el Gobierno en la mesa de negociación de pensiones, aunque la complejidad para establecer criterios objetivos que permitan acceder a la jubilación desde los 52 años es un desafío importante para la aprobación de esta reforma. Además, se espera la elaboración de un reglamento para los ciudadanos españoles en el exterior, con el objetivo de incentivar el retorno de los emigrantes. Esta normativa, desarrollada en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene como propósito reducir la burocracia y adaptarse a las diversas realidades mundiales y situaciones derivadas de la residencia en diferentes países. En el ámbito de la extranjería, se prevén mejoras en el marco regulatorio a través de un real decreto conjunto con el Ministerio de Asuntos Exteriores. El objetivo es simplificar la documentación y trámites, proteger los derechos de las personas migrantes y unificar la gestión de autorizaciones de residencia y trabajo, incluyendo la creación de una agencia única de migraciones. Finalmente, se proyectan dos reales decretos que reconocerán los periodos cotizados de los ministros religiosos pertenecientes a federaciones evangélicas y de la iglesia ortodoxa rumana, permitiéndoles acceder a diversos tipos de pensiones.

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(Expansión, 05-04-2024) | Laboral

Fuertes sanciones para las empresas que repriman las denuncias de sus empleados

El Gobierno está estableciendo el marco legal necesario para prevenir y castigar las posibles acciones de las empresas que impliquen discriminación o incumplimiento de la igualdad con sus trabajadores, especialmente en el contexto de los avances en la protección de las mujeres y las diferencias crecientes en cuanto a orientaciones sexuales. Por lo tanto, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considerará como "infracciones muy graves" cualquier represalia que un empleador pueda tomar contra un empleado que reclame un trato justo y no discriminatorio, ya sea dentro de la empresa, ante las autoridades laborales o los tribunales, o en caso de tener múltiples empleos. Esta disposición se encuentra en la enmienda número 84 presentada por la coalición de Gobierno, compuesta por el PSOE y Sumar, al proyecto de ley que adapta el Estatuto de los Trabajadores a una directiva comunitaria del 20 de junio de 2019 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. La enmienda, revelada por EXPANSIÓN, modifica la disposición final primera del Estatuto de los Trabajadores para introducir el nuevo apartado 12 bis del artículo 8 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Esta enmienda es significativa porque establece sanciones severas para los empleadores que cometan infracciones "muy graves" al tomar represalias contra empleados que hayan denunciado desigualdad o discriminación, tanto dentro como fuera de la empresa. Las sanciones pueden alcanzar hasta 225.018 euros por trabajador afectado en su grado máximo, entre 30.001 y 120.005 euros en su grado medio, y entre 7.501 y 30.000 euros en su grado mínimo. Además, los empresarios infractores podrían perder automáticamente, y de manera proporcional al número de trabajadores afectados, las ayudas, bonificaciones y beneficios derivados de programas de empleo, a partir de la fecha en que se cometió la infracción. Estas sanciones se aplicarán preferentemente sobre los beneficios de mayor cuantía en el momento de la infracción, y podrían resultar en la exclusión del acceso a tales beneficios por un período de seis meses a dos años. Con esta enmienda, el Gobierno busca proteger el principio de indemnidad en el ámbito laboral, es decir, garantizar que los empleadores no tomen represalias contra los trabajadores que ejerzan sus derechos laborales o presenten reclamaciones por acciones perjudiciales de la empresa ante las autoridades o tribunales de justicia.

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(Expansión, 05-04-2024) | Laboral

Prohibido discriminar en las ofertas de empleo

La misma modificación al proyecto de ley que incorpora a la legislación española la directiva de la Unión Europea sobre "condiciones laborales transparentes y previsibles", también aborda con igual determinación las prácticas de las empresas en los procesos de contratación de personal. Se considera una falta muy grave por parte del empleador "solicitar datos personales en cualquier fase de intermediación o colocación, establecer condiciones discriminatorias a través de la publicidad, difusión u otros medios, o tomar decisiones que constituyan discriminación en el acceso al empleo por motivos prohibidos por la normativa laboral". Estos motivos incluyen derechos fundamentales como la ideología, creencia religiosa, raza, sexo, afiliación política o sindical, entre otros. Con esto, el Gobierno unifica la calificación de esta falta en los procesos de selección de personal, ya que actualmente está redactada de manera diferente en la Ley de Empleo del 28 de febrero de 2023 y en la Ley de Igualdad de las Personas Trans y de Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, ambas con fecha del mismo día. Esta discrepancia genera inseguridad jurídica. Además, por razones de claridad normativa, pasa de ser una infracción "leve" a "grave" el hecho de "no informar por escrito al trabajador sobre los elementos del contrato y las condiciones de la prestación laboral".

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(Expansión, 05-04-2024) | Laboral

El absentismo laboral en máximos: 1,16 millones de personas faltan todos los días al trabajo

El aumento del ausentismo laboral se ha convertido en un desafío cada vez más grave para las empresas. A las dificultades existentes para atraer y retener talento profesional, se suma un incremento significativo en el número de empleados que se ausentan de sus puestos de trabajo en los últimos años, alcanzando cifras récord. Durante el cuarto trimestre del año pasado, la tasa de ausentismo laboral en España alcanzó el 7,2%, tres décimas más que el trimestre anterior y seis más que en el mismo período de 2022, según el informe trimestral sobre ausentismo y siniestralidad laboral del Instituto Adecco Group, publicado recientemente. Este porcentaje es histórico, superando incluso el 7,06% registrado durante el pico de la pandemia en 2020, cuando las horas no trabajadas debido a la incapacidad temporal se dispararon. Además, está muy por encima del 4,1% registrado en 2013, último año de la gran recesión provocada por la crisis financiera. Considerando que la jornada laboral pactada al final del año pasado fue de 454 horas por trabajador y que se registraron 29 horas de ausentismo por persona, el informe presenta un panorama alarmante para el tejido productivo: las horas no trabajadas debido al ausentismo equivalen a que 1,16 millones de personas no hayan acudido ni un solo día a su lugar de trabajo, lo que representa un aumento interanual del 11,9%. La mayor parte del ausentismo corresponde a bajas por incapacidad temporal, que aumentaron hasta el 5,6%, un 0,5% más interanual, es decir, a las ausencias por contingencias comunes y accidentes no laborales. A pesar de esto, el informe muestra que la siniestralidad laboral disminuyó un 5% en el cuarto trimestre tanto en tasa anual como interanual. El aumento del ausentismo representa un gran desafío para la actividad económica, tanto por su impacto económico, que se elevó a 25.326 millones de euros en 2023 entre las cotizaciones que pagan las empresas y las contingencias comunes que paga la Seguridad Social, como por su efecto directo en la productividad de las empresas, un problema crónico en el tejido empresarial español que limita el potencial de crecimiento a largo plazo de la economía. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, hizo un llamado al diálogo social para abordar este problema, señalando que algunas empresas llegan a tener hasta un 15% de ausentismo, lo que significa que "de cada 600 personas, 90 no acuden al trabajo todos los días". Este fenómeno afecta de manera desigual a las diferentes regiones y sectores de actividad. Por ejemplo, Asturias fue la comunidad autónoma con la tasa de ausentismo más alta en el cuarto trimestre de 2023, con un 8,3%, seguida por País Vasco, Galicia y Aragón, todas con un 7,8%. Por otro lado, Andalucía fue la región menos afectada, con una tasa del 6,6%. En cuanto a los sectores de actividad, la industria fue la más afectada, con una tasa de ausentismo del 7,7%, seguida de los servicios, con un 7,3%, mientras que la construcción registró una tasa más baja, del 5,8%.

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(Expansión, 04-04-2024) | Laboral

El tejido empresarial aporta en España un 32,4% de la recaudación pública total frente al 25,8% de media en la UE

El esfuerzo tributario de los españoles supera en un 17,8% el promedio de la Unión Europea, según el informe de 'Competitividad fiscal 2023' del Instituto de Estudios Económicos (IEE). La carga impositiva es un tema central en el debate económico, ya que un modelo fiscal inadecuado impacta negativamente en la inversión y la actividad empresarial, lo que a su vez afecta las perspectivas de crecimiento. Este es precisamente el escenario que enfrenta España, donde "el continuo endurecimiento de la fiscalidad empresarial está minando la confianza de los agentes económicos, desincentivando las inversiones y desacelerando el crecimiento económico y la creación de empleo". Así lo revela el informe Competitividad fiscal 2023, publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que resalta que la presión fiscal sobre las empresas españolas es mucho mayor que el promedio europeo. En concreto, el informe destaca que las empresas en España contribuyen con un 32,4% del total de la recaudación pública, en comparación con el 25,8% de promedio en la UE, según datos de Eurostat de 2022. Este aumento en la recaudación proviene principalmente de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que han aumentado en los últimos años y representan el 25,2% del total de la recaudación, frente al 17,7% de promedio en la UE. En menor medida, también contribuye el Impuesto de Sociedades, que representa el 7,2% del total en España, frente al 8,1% en la UE. En términos de PIB, las cotizaciones sociales representaron el 9,5% y el impuesto de sociedades el 2,7%; juntos, estos impuestos generaron el 12,2% del PIB en España, en comparación con el 10,4% en la UE. En este contexto, el informe critica que en España las empresas enfrentan una presión fiscal mucho mayor que el promedio europeo, lo que resulta en un sistema fiscal más ineficiente y distorsionante que penaliza tanto la inversión como el ahorro. El Gobierno justifica los aumentos de impuestos al ahorro y a las empresas con argumentos como avanzar en la convergencia fiscal con la UE, cumplir con los objetivos de déficit establecidos por Bruselas y redistribuir la riqueza, argumentando que los grandes patrimonios pagan pocos impuestos. Sin embargo, el informe destaca que el esfuerzo fiscal de los españoles es un 17,8% superior al promedio de la UE y supera al de otras economías de la OCDE. Además, subir impuestos para reducir el déficit se considera una decisión contraproducente en un contexto económico marcado por la incertidumbre, ya que deprime la oferta productiva y el consumo, deteriora las expectativas y socava la confianza necesaria para la recuperación económica. En cuanto al argumento de que los grandes patrimonios pagan pocos impuestos, el informe señala que tanto la tributación empresarial como la imposición sobre el ahorro están entre las más altas de los países europeos, a pesar de las afirmaciones en contrario. Como resultado de los constantes aumentos de impuestos durante el mandato de Pedro Sánchez, España ha experimentado una significativa pérdida de competitividad fiscal. Según el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) de la Tax Foundation, en 2023 España ocupaba el puesto 31 entre 38 países analizados, tres puestos por encima del año anterior, pero ocho puestos por debajo del puesto 23 que ocupaba en 2019.

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(El Economista, 04-04-2024) | Laboral

La Seguridad Social publica una nueva orden de cotización el Jueves Santo y la tiene que corregir en menos de una semana

En esta ocasión, más de 25.000 graduados sociales se vieron sorprendidos el Jueves Santo al encontrar en el Boletín Oficial del Estado una nueva orden que desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024. Esta orden, que reemplaza a la anterior publicada el 29 de enero, fue motivada por el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) publicado el pasado 7 de febrero en el BOE, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. El incremento del 5% en el SMI no solo impacta en los salarios de los trabajadores, sino que también requiere ajustes en las bases de cotización y ha generado otros cambios, como el aumento del 5% en el recargo de la Seguridad Social para los contratos de menos de 30 días. Estos aspectos, que también deben revisarse con efecto retroactivo, son regulados por la nueva orden publicada la semana pasada, más de dos meses después de la actualización del salario mínimo. Entre los graduados sociales, causó extrañeza el retraso en la tramitación. La orden de enero se publicó apenas 29 días después de que la prórroga de los Presupuestos de 2023 entrara en vigor, incluyendo también revisiones en las cotizaciones, mientras que la nueva orden tardó 53 días. Sin embargo, la sorpresa se convirtió en malestar al notar la fecha de publicación y descubrir que el texto incluía varias correcciones de errores en la orden anterior, lo que obligó a revisar más a fondo los expedientes de sus clientes. La situación alcanzó su punto álgido cuando, el miércoles 3 de abril, se publicó la primera corrección de errores de la norma publicada seis días antes. Y no se trató de un error menor: afectó a las tablas que regulan las bases máximas y mínimas de cotización por contingencias comunes al Régimen General para cada grupo de categorías profesionales. En la versión inicial, se incluyó una tabla única que establecía dichos topes en euros al mes para los 11 grupos. Sin embargo, al revisar las cantidades, se observó que, mientras los primeros siete grupos tenían cifras entre 1.847,4 y 1.823 euros para las bases mínimas, y de 4.720,50 euros para la máxima, los cuatro restantes iban desde 44,10 euros de base mínima a 157,35 euros para la base máxima. ¿Cómo fue posible esta discrepancia? La explicación es sencilla: las bases para el segundo bloque de grupos profesionales se calculan en euros por día, lo que requería una tabla aparte para evitar confusiones. La corrección, aparentemente simple, solucionó esta errata, pero resultó ser de gran importancia para los asesores de empresas. Aunque el error era evidente y los profesionales lo detectaron desde el principio, lo que cuenta es lo que aparece en el BOE. La corrección tardó seis días naturales y tres hábiles en publicarse, durante los cuales ediciones del Boletín bloquearon numerosos trámites. Este incidente subraya el verdadero problema para estos asesores, que brindan servicios a miles de pymes y autónomos. A menudo, son considerados "colaboradores" de una administración electrónica que, según denuncian, no entiende conceptos como vacaciones, festivos o fines de semana, ni los principios básicos del derecho a la desconexión digital. Todo esto ocurre en un momento en el que el colectivo evalúa cómo defender sus reivindicaciones tras la protesta del 14 de marzo, que llegó a amenazar con 'colapsar' los trámites telemáticos de la Agencia Tributaria, el SEPE y la propia Seguridad Social. Aunque finalmente no se produjeron problemas en el servicio ni incidentes significativos, los convocantes consideran que se logró visibilizar su situación. Sin embargo, los acontecimientos recientes demuestran que el Gobierno no ha tomado nota. Resulta significativo que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hoy dirigido por Elma Saiz, fuera dirigido hasta hace unos meses por José Luis Escrivá, actual ministro de Transición Digital y Función Pública y responsable directo de los problemas en la administración electrónica.

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(El País, 03-04-2024) | Laboral

España alcanza por primera vez en la historia los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social

La Seguridad Social ha registrado 21.032.661 trabajadores afiliados en marzo, descontando la estacionalidad y el efecto calendario. Es el mejor dato de la serie histórica, después de haber sumado 530.843 en el último año, en línea con el promedio de creación de empleo en los años anteriores a la pandemia, de 2015 a 2019. En comparación con el mes anterior, hay 77.876 afiliados más a la Seguridad Social. La afiliación ha sumado más de 1,6 millones de trabajadores desde antes de la pandemia. Por su parte, la cifra de afiliación media (la serie original) se sitúa en niveles récord, con 20.901.967 afiliados. Son 193.585 ocupados más que en febrero, un incremento muy superior al de la media de los años 2017 a 2019, que era de 150.000 ocupados. El crecimiento interanual de la afiliación media ha sido del 2,6%, con 525.414 trabajadores más que hace un año. "En marzo, la afiliación marca registros históricos y se acentúa el cambio estructural que ha supuesto la reforma laboral, con un impulso de los empleos de los sectores con mayor calidad", ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. "La cifra de mujeres afiliadas es la más alta de la serie, con casi 10 millones de mujeres trabajando, el 47,35% del total", ha añadido. En el último mes, el sector que más ha crecido en el Régimen General es Hostelería, con 81.151 afiliados más, el 6,1%. Le sigue Comercio, con 13.643, y Educación, con 11.744 más. Todos los sectores del Régimen General crecen o permanecen estables. La afiliación diaria se ha mantenido por encima de los 20,9 millones de trabajadores desde el día 14 de marzo y superó por primera vez los 21 millones el día 25. Respecto al nivel previo a la pandemia (diciembre 2019), la afiliación ha crecido en más de 1,6 millones de personas en términos desestacionalizados. Además, la creación de empleo en España (+8,3%) supera a la de los grandes países europeos (Francia, +5%; Italia +2,9%; Alemania, +1,5%) en comparación con ese nivel anterior a la pandemia. El aumento del empleo es más destacado que en estos países también desde el inicio de la guerra de Ucrania, en España ha crecido un 6,3%, mientras que en Francia y Alemania se registran crecimientos cercanos al 2% en este periodo. La buena marcha del empleo es más acusada entre las mujeres. En marzo, se registran 9.896.150 afiliadas, 297.948 más que en el mismo mes de 2023, lo que supone que más de la mitad del empleo creado en el último año corresponda a mujeres (el 56,7%). El crecimiento del empleo femenino es del 11,8% desde el año previo a la pandemia y supera en 4,1 puntos al incremento producido entre hombres, que es del 7,7%. De esta forma, se va cerrando la brecha en el mercado laboral. En la actualidad, las mujeres suponen el 47,35% del conjunto de trabajadores, que es el nivel más alto de la serie. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, la afiliación entre las mujeres ha aumentado un 6,2%, frente al 1,2% del crecimiento del empleo masculino, y ya suponen el 36,8% del total. El incremento de la afiliación respecto al nivel previo a la pandemia es especialmente intenso en sectores de alto valor añadido, como Información y Comunicación y Actividades profesionales, científicas y técnicas. Estos sectores arrojan crecimientos superiores al 16% frente a la situación prepandemia. De hecho, más de 1 de cada 5 afiliados se incorpora a estos dos sectores desde entonces. Se trata de actividades con una mayor estabilidad y calidad del empleo. El peso de los contratos indefinidos a tiempo completo supera el 85% en el caso de Información y Comunicación y el 75% en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. Como contrapartida, los niveles de temporalidad caen aún más que en el resto de las secciones, hasta el 5% en el caso de Información y Comunicación y el 7,5% en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. Asimismo, cuentan con unos mayores salarios y, por tanto, unas bases de cotización más elevadas. En concreto, en el sector de Información y Comunicación estas bases son un 36% más altas que en el conjunto de sectores, y un 15% en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. Dos años después de la entrada en vigor de la reforma laboral, se acentúan sus efectos positivos en la estabilización del empleo y la mejora de su calidad. En conjunto, ahora hay más de 3,3 millones de afiliados (3.329.793) con contrato indefinido más que en diciembre de 2021, el último mes antes de la entrada en vigor de la reforma. Además, en marzo, el porcentaje de afiliados con contrato indefinido se sitúa en el 87,3%, su máximo histórico, creciendo 17,3 puntos desde la reforma laboral. Así, la tasa de temporalidad sigue en mínimos históricos (el 12,7%). En el caso de los menores de 30 años, la reducción del nivel de temporalidad es más intensa, bajando en 33,6 puntos porcentuales (del 53% al 19,4%) respecto al nivel que tenía antes de la reforma. Los efectos de la reforma laboral también se perciben en la evolución de los afiliados con contratos indefinidos a tiempo completo en el último año, que crecen con mayor intensidad (4,7% interanual, que son 429.645 más) que los de tiempo parcial (4,4%, que son 103.490) y que los fijos discontinuos (2,1%, que son 18.174). Por último, el número de trabajadores en ERTE se mantiene en niveles mínimos, en torno a los 11.600, menos del 0,1% del total de afiliados.

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(El País, 03-04-2024) | Laboral

El paro baja en 33.405 personas en marzo y se sitúa en 2.727.003

En términos interanuales, el paro ha descendido en 135.257 personas (-4,73 %). El desempleo se reduce, sobre todo, entre las mujeres y, por sectores, desciende en Servicios, Industria, Agricultura y Construcción. El número de desempleados y desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de marzo ha descendido en 33.405 personas (-1,2 %). El paro registrado se sitúa en 2.727.003 personas, la cifra más baja para el mes de marzo desde el 2008. El desempleo se reduce en Servicios en 31.294 personas (-1,58 %), en Industria en 2.055 personas (-0,96 %), en Agricultura en 1.502 personas (-1,52 %) y en la Construcción en 333 personas (-0,16 %). Aumenta en el Colectivo sin Empleo anterior en 1.779 personas (0,71 %). En el mes de marzo se redujo el desempleo, sobre todo, femenino con 23.009 mujeres en paro menos que en el mes anterior (-1,39 %). El total se sitúa en 1.632.557 mujeres en desempleo. El desempleo masculino desciende a menor ritmo: un 0,94 % con 10.396 hombres desempleados menos que en el mes anterior y se sitúa en 1.094.446 El desempleo entre las personas jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de marzo en 2.748 personas (-1,32 %). El total de jóvenes en desempleo se sitúa en 205.007, el dato más bajo en un mes de marzo. El paro sube en Euskadi (en 926 personas) y la Comunidad de Madrid (en 701 personas) y hay menos personas desempleadas en quince comunidades autónomas con Andalucía (-11.374), Canarias (-4.686) y la Comunidad Valenciana (-3.998) a la cabeza. En el mes de marzo se firmaron un total de 1.123.488 nuevos contratos. De ellos, 504.893 tienen carácter indefinido y representan el 44,94 % de todos los contratos. El total de contratos temporales registrados en marzo es de 618.595 contratos temporales la menor cifra desde el año 1997. Los beneficiarios y beneficiarias existentes a final del mes fueron 1.893.595. La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de febrero de 2024 ha sido del 73,19 %. El mismo indicador en febrero de 2023 fue de 68,11 %, lo que supone un, aumento del 7,5 %. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de febrero de 2024 ha sido de 1.092 euros lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 21,3 euros (2 %). Los gastos totales de febrero de 2024 ascendieron a 2.027,1 millones de euros. En 2023 se ha aumentado el superávit presupuestario hasta los 5.927 millones de euros gracias a la recuperación del empleo y la recaudación por el incremento de los salarios.

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(El Economista, 03-04-2024) | Laboral

Trabajos temporales, fijos discontinuos y a jornada parcial acaparan el empleo creado en marzo

El auge del empleo en España, que ha alcanzado la cifra récord de 21 millones de ocupados el mes pasado, tiene su cara B en la disminución de la calidad de los puestos de trabajo generados por el mercado laboral. De hecho, las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social revelan que el 80% de los nuevos contratos firmados el mes pasado fueron temporales, a tiempo parcial o correspondieron a trabajadores fijos discontinuos. Estas modalidades laborales se pueden calificar claramente como "precarias", según los expertos del equipo del vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. Desde Génova, se insta a cuestionar la elevada cifra de 1,13 millones de contratos firmados en marzo, un mes que este año ha estado fuertemente influenciado por la Semana Santa. De estos contratos, casi 619.000 son temporales, 124.100 son a tiempo parcial y cerca de 159.000 son fijos discontinuos. La suma de todas estas modalidades aumenta la proporción de precariedad en las nuevas contrataciones al mencionado 80%, una cifra que ha ido en aumento desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2021, con acuerdo del Gobierno y los agentes sociales. Aunque el seguimiento temporal de esta variable es complicado debido a la falta de transparencia del Gobierno y las comunidades autónomas en datos cruciales como el número exacto de fijos discontinuos registrados en las oficinas de empleo, las estimaciones sitúan esta cifra en alrededor de 700.000 personas. Esta marcada tendencia al alza compensa con creces la disminución evidente de la contratación temporal en España, a pesar de que el mes pasado se firmaron un 11,5% menos de contratos temporales que en el mismo período del año anterior, marcando la cifra más baja (618.595) registrada en marzo desde finales de los años noventa. Sin embargo, este descenso no evita que los contratos temporales constituyan el 55% del total de contratos firmados el mes pasado. Por otro lado, el número de contratos indefinidos en España ha disminuido un 18% respecto al año anterior, con un total de 504.893 contratos, lo que representa un 44,94% del total. Además, la modalidad de contrato inicial más común sigue siendo la temporal justificada por circunstancias de la producción, que representa el 41,9% del total de los contratos firmados. Más allá de la creación de empleo y la afiliación, el Gobierno también ha publicado las estadísticas de desempleo correspondientes al mes en que se celebró la Semana Santa. Aunque el paro registrado descendió en 33.405 personas ese mes, situándose en 2,7 millones de personas, la evolución muestra un cierto estancamiento desde mediados del año pasado. En consecuencia, el desempleo no ha logrado descender a los niveles de junio y julio del año pasado, y el retroceso de marzo pasado se sitúa por encima del registrado en el mismo mes del año anterior, aunque por debajo del de 2022, cuando Rusia inició la guerra en Ucrania. El sector servicios fue el principal impulsor de la disminución del desempleo, con reducciones en todos los sectores principales, incluyendo Servicios, Industria, Agricultura y Construcción.

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(Expansión, 02-04-2024) | Laboral

El Gobierno eleva un 5% el castigo a los contratos de muy corta duración

Reducir la temporalidad y la alta rotación en el mercado laboral español, que se sitúa entre las más altas de la UE, ha sido uno de los objetivos de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021 por el Gobierno de coalición (que entró en vigor en 2022), aunque hasta ahora su impacto ha sido limitado. Según una encuesta realizada por InfoJobs entre responsables de recursos humanos y trabajadores, casi un tercio de las empresas españolas experimentaron un aumento en la rotación laboral hacia finales del año pasado. Esto se debe no solo a la búsqueda de mejores oportunidades laborales por parte de los empleados, sino también al uso generalizado de contratos de corta duración. Para abordar esta situación, una de las medidas del Gobierno ha sido penalizar los contratos de muy corta duración con un aumento gradual de las cotizaciones sociales. Esta penalización se incrementó casi un 5%, pasando de 29,74 a 31,22 euros, para los contratos temporales inferiores a un mes de duración. Esta medida se incluyó en la reforma laboral de 2021 para desincentivar el uso de los contratos de corta duración. Inicialmente, la penalización era de 27,53 euros por trabajador dado de baja, pero ha ido aumentando gradualmente. Esta subida se ha ajustado al incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), que fue del 5%, elevando tanto las bases mínimas de cotización como la penalización para los contratos de menos de 30 días. Además de esta penalización, las empresas también deben hacer frente al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que entró en vigor este año para contribuir a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Este mecanismo implica una cotización adicional del 0,7%, con la mayor parte (0,58%) a cargo de las empresas y el resto (0,12%) a cargo de los empleados. El continuo aumento de las cargas laborales, tanto por impuestos como por cotizaciones sociales, es una de las principales preocupaciones del tejido empresarial español. Esto supone una carga competitiva para las empresas en un entorno de baja productividad. A pesar de un ligero respiro debido al abaratamiento de la energía y los insumos, los costos laborales y de servicios siguen en aumento, lo que afecta a la rentabilidad de las pymes españolas y las sitúa entre las menos rentables de Europa.

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