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(Expansión, 26-03-2024) | Laboral

Los autónomos con asalariados tienen hasta el 30 de junio para completar su documentación con la nueva cotización

La Seguridad Social ha extendido el plazo, desde el 30 de marzo hasta el 30 de junio, para que los autónomos propietarios y directivos con empleados -conocidos como autónomos societarios- proporcionen a la administración una serie de datos, entre ellos: la denominación social y el número de identificación fiscal de las empresas o comunidades de bienes en las que estén involucrados; su cargo como consejero o administrador, o cualquier otro servicio prestado a la empresa; el porcentaje de participación en el capital social, así como los nombres, apellidos y números de documento nacional de identidad o equivalentes de los familiares con los que convivan. Asimismo, los autónomos societarios deberán informar a la Seguridad Social del número de identificación fiscal de sus clientes, o de los clientes que sean su principal fuente de ingresos, así como del colegio profesional al que estén adscritos. Con estas medidas, la administración busca fortalecer el control sobre estos empresarios con empleados y sobre los profesionales. Adicionalmente, en el mismo decreto se especifican las condiciones para fraccionar el reembolso de prestaciones percibidas indebidamente, con un pago mínimo de 100 euros mensuales y un plazo máximo de hasta 5 años para su devolución a la Seguridad Social. También se amplía la obligación de domiciliar el pago de las cuotas para los trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios durante los periodos de inactividad, así como para aquellos trabajadores con acuerdos especiales con la Seguridad Social. Según se indica, esto brindará una mayor seguridad jurídica a estos trabajadores.

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(Expansión, 26-03-2024) | Laboral

La cotización de solidaridad de los salarios más altos para pagar las pensiones comenzará en 2025

El Gobierno tiene previsto aprobar hoy el reglamento sobre cotización y liquidación, el cual establece el marco necesario para implementar la cuota de solidaridad a partir de 2025 para los salarios más altos, que superen la base máxima. Este año, dicha medida afectaría a trabajadores con ingresos mensuales superiores a los 4,720.5 euros o anuales por encima de los 66,080 euros. Esta medida fue aprobada como parte de la reforma de las pensiones durante la legislatura anterior, liderada por José Luis Escrivá, quien ocupaba entonces el cargo de ministro de la Seguridad Social. El Gobierno señala que esta medida, con un enfoque redistributivo, se aplicará de manera gradual, comenzando con tasas cercanas al 1% en 2025 y aumentando progresivamente hasta alcanzar alrededor del 6% en 2045. Básicamente, en un período de veinte años hasta 2045, los salarios comprendidos entre la base máxima de cotización y un 10% adicional estarán sujetos a un tipo impositivo adicional que aumentará gradualmente del 0,92% al 5,50%. Para los salarios que superen la base máxima en un 10% hasta un 50% adicional, el tipo de cotización se situará, durante los próximos veinte años, entre el 1% y el 6%. Finalmente, para los salarios que superen el 50% de la base máxima de cotización, el tipo de cotización, en forma de cuota de solidaridad, aumentará gradualmente del 1,17% al 7%.

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(El Economista, 26-03-2024) | Laboral

Más de un millón de empleados públicos deberá jubilarse durante la próxima década

En un escenario que promete cambios significativos en el ámbito laboral, se estima que más de un millón de empleados del sector público en España, aproximadamente 1.050.000, se jubilarán en la próxima década. Este pronóstico, basado en los datos de trabajadores asalariados del sector público de 2023 publicados por el Instituto Nacional de Estadística, plantea un desafío sin precedentes para las instituciones gubernamentales, que se ven obligadas a adaptarse a una nueva realidad laboral marcada por la renovación generacional, una cuestión que Europa también está observando de cerca. Por áreas, las Comunidades Autónomas (CCAA) destacan como el epicentro del desafío para la transformación, ya que concentran el 59% del total de trabajadores públicos mayores de 55 años, lo que equivale a unos 622.000 trabajadores. Les siguen los organismos locales y municipales, con alrededor de 215.000 trabajadores que se jubilarán en los próximos 10 años. Además, la Administración Central y la Seguridad Social suman aproximadamente 160.000 trabajadores en esta situación. El resto de las administraciones albergan a los 52.000 trabajadores restantes. Asimismo, este panorama laboral también muestra una mayor presencia de mujeres, que representan el 42,7% de la fuerza laboral del sector público. Los grupos de edad más cercanos a la jubilación (de 65 a 69 años y de 70 en adelante) son los que tienen menos presencia, con menos de 60.000 trabajadores en total. Por otro lado, las franjas de edad de 55 a 59 años y de 60 a 64 años concentran a 567.900 y 422.200 trabajadores, respectivamente. En comparación con el año anterior, se observa un aumento de 32.000 personas en esta situación. Desde la crisis financiera, la plantilla del sector público ha experimentado una disminución del 10% en sus miembros y enfrenta un desafío demográfico particular. Según las proyecciones a ocho años, se anticipa una "pérdida masiva de efectivos", como señaló la cartera de Función Pública en 2022. El ministro Escrivá estima que cerca del 60% de la plantilla de la Administración Central se jubilará para 2032, lo que equivale a unos 100.000 funcionarios de carrera y personal laboral fijo. "Nos enfrentamos a un desafío extraordinario en términos de relevo generacional", afirmó. "Nuestro país está envejecido, especialmente en la Administración Pública", explicó el ministro Escrivá en el Senado la semana pasada. Por ello, el titular de la cartera de Función Pública se compromete a reformar la Administración e invertir en "capital humano". El mercado laboral español enfrenta un déficit de inversión en capital humano, tanto en el sector privado como en el público, según Escrivá. A pesar de las ofertas récord de empleo público, la Administración ha experimentado una reducción del 10% en su plantilla desde antes de la crisis de 2008. El desafío es aún mayor debido a la evolución demográfica, que requiere que el personal atienda a un número creciente de personas (2 millones más) y la emergencia de nuevos servicios y prestaciones. Hasta 2021, el saldo entre las bajas y las altas en la plantilla fue positivo. Sin embargo, las jubilaciones masivas eran previsibles debido a la edad promedio de la plantilla, como muestra el estudio anual de envejecimiento del ministerio. El 64% de la Administración tiene 50 años o más, más del doble que el total de asalariados (30%). La edad media del personal laboral ronda los 52 años, mientras que el personal fijo tiene una media de 54,5 años. Una de las medidas que Escrivá está considerando para equiparar los beneficios entre asalariados y funcionarios es la introducción de la jubilación flexible, para lo cual prepara incentivos que serán negociados con los agentes sociales. El ministro Escrivá planea expandir el catálogo de tipos de retiro disponibles en la Seguridad Social, mejorando las condiciones de jubilación anticipada, parcial, activa y demorada. "Es importante que en cada uno de estos ámbitos de jubilación existan los incentivos adecuados", explicó el responsable de Función Pública.

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(Expansión, 25-03-2024) | Laboral

Trabajo disputa a la CEOE en los tribunales 4,7 millones en formación

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se encuentra inmerso en un prolongado litigio con la patronal CEOE, reclamando un total de 4,7 millones de euros en subvenciones destinadas a la formación de trabajadores. Esta disputa se divide en dos partes: por un lado, un conflicto de 3,3 millones de euros pendiente de sentencia en la Audiencia Nacional, y por otro lado, una reclamación de cerca de 1,4 millones de euros que está siendo tratada por el Tribunal Supremo. Este enfrentamiento tiene sus raíces en el año 2010, cuando el Tribunal de Cuentas emitió un informe crítico sobre la gestión de los fondos de formación por parte de las organizaciones empresariales y sindicales. Como resultado, el Servicio Público de Empleo Estatal demandó a CEOE y Cepyme por presunta gestión irregular de los fondos, solicitando un reembolso de doce millones de euros. La situación se enmarca en un contexto económico difícil, marcado por la recesión provocada por la crisis financiera entre 2007 y 2013. En ese momento, muchas organizaciones empresariales enfrentaban dificultades financieras, lo que complicaba aún más el cumplimiento de las obligaciones económicas. La disputa ha continuado a lo largo de diferentes gobiernos y ministros de Trabajo, llegando hasta la actualidad con Yolanda Díaz al frente del Ministerio. En la actualidad, el conflicto está a la espera de resolución tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. Además de este conflicto, la CEOE, Cepyme y UGT también enfrentan otro desafío legal debido a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que anuló la concesión directa de fondos para la formación digital por parte del Ministerio de Educación en 2022. Esta situación ha generado una paralización de los cursos y una reducción en el número de alumnos admitidos, afectando a los planes de formación en competencias digitales financiados por fondos europeos de recuperación.

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(Expansión, 25-03-2024) | Laboral

La mayoría de los países europeos han conseguido aproximarse a los niveles denominados de pleno empleo

Cuando toda la población en edad laboral cuenta al menos con un trabajo, se alcanza una situación deseable en la que la tasa de desempleo se sitúa entre el 4% y el 6%, e incluso algunos economistas la consideran aceptable hasta un 8% en ciertos países. En el caso de España, durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se llegó a ese nivel, pero la crisis de 2010 lo hizo desaparecer. A día de hoy, el país aún registra una tasa de desempleo superior al 11% de la población activa, a pesar del incremento considerable de la ocupación tras la pandemia, en gran medida debido a las contrataciones masivas en el sector público, especialmente en sanidad y educación. ¿Cómo es posible? La reforma laboral de 2022 limitó drásticamente las opciones de contratación parcial y temporal con el objetivo de reducir la precariedad. Sin embargo, los economistas argumentan que este efecto no se ha logrado, sino que simplemente se han reemplazado los contratos temporales por otros indefinidos pero de duración similar, en algunos casos incluso de apenas unas horas. Aunque se hayan resuelto más contratos que nunca, en promedio son más breves, lo que genera un fenómeno en el empleo que se podría describir como "precariedad indefinida". A pesar de esto, el Gobierno defiende vehementemente el éxito de la reforma laboral impulsada por Díaz, que ha llevado a un máximo histórico el volumen de cotizaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, el desglose de esta cifra genera más incertidumbres que certezas. El Ministerio de Trabajo optó por promover el uso del contrato fijo-discontinuo como alternativa a la contratación temporal, que era predominante antes del cambio legislativo. Este tipo de contrato permite a los trabajadores recibir prestaciones por desempleo durante los periodos en que su contrato está suspendido. Por lo tanto, es crucial conocer el número de trabajadores con este tipo de contrato inactivo para tener una imagen completa del mercado laboral. Sin embargo, el Ministerio impuso una falta de transparencia estadística argumentando la falta de datos suficientes previos a la reforma, ya que este tipo de contrato era minoritario hasta entonces. Resulta revelador que la líder de Sumar, conocida por su habilidad retórica para desmontar argumentos de la oposición en el Congreso, ahora defienda la opacidad estadística. El año pasado, prometió hacer públicos los datos de trabajadores con contrato fijo-discontinuo suspendido, pero recientemente su Ministerio descartó ofrecer esta información regularmente debido a la falta de homogeneidad en el registro de las autonomías. Una situación que podría resolverse estandarizando la metodología utilizada por los servicios públicos de empleo regionales, como se hace con otros datos del mercado laboral. Ante esta falta de homogeneidad, el sindicato USO investigó los datos del SEPE y detectó la existencia de 736.000 "no parados con relación laboral", que incluyen fijos-discontinuos inactivos, trabajadores en ERTE y otras categorías. Sin embargo, Díaz redujo esta cifra a 55.300 empleando "microdatos" de una encuesta del INE. ¿Es creíble una discrepancia tan grande? ¿Cuál sería la tasa de desempleo si se contabilizaran todos los trabajadores inactivos?

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(Expansión, 25-03-2024) | Laboral

El mercado laboral afronta una Semana Santa en niveles de empleo récord

Casi alcanzando los 21 millones de afiliados, con estimaciones de contratación al menos un 10% superiores a las del año pasado, pero también con mayores dificultades para cubrir ciertos puestos. Según la patronal Asempleo, se prevé que durante la temporada de Semana Santa se generen más de 75.000 contratos a través de Agencias de Empleo y Empresas de Trabajo Temporal (ETT), lo que supondrá un incremento del 10% en comparación con 2023. Principalmente, la hostelería y las actividades recreativas absorberán la mayoría de los empleos creados durante esta campaña, según explica Asempleo, aunque se espera que estas previsiones sean incluso superadas. Los perfiles más solicitados serán los de camarero de barra y de sala, camarero de piso, cocinero y ayudante de cocina, recepcionista, azafato o auxiliares. En las actividades relacionadas con el comercio y el ocio, se demandarán vendedores, teleoperadores, comerciales telefónicos, así como guías y monitores de actividades de ocio y tiempo libre. "La tendencia es positiva, pero será más complicado medir la contratación este año, dado que los trabajadores con contratos fijos discontinuos ya están plenamente activos", señala Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, a la agencia Efe. "No se puede considerar como nuevos contratos cuando se trata de llamamientos a trabajadores con esta modalidad de contrato, lo que podría generar un cierto desfase entre altas y bajas en la Seguridad Social y contratos", explica. Por su parte, Randstad eleva ligeramente estas previsiones con alrededor de 116.200 contratos en España, un 18,6% más que el año pasado, y destaca la mayor tensión en la búsqueda de algunos perfiles. "En esta campaña de Semana Santa, las empresas necesitarán profesionales con poco tiempo de margen, ya que el mercado y sus demandas evolucionan rápidamente", señalaba en un informe reciente. "Ha sido difícil cubrir los puestos (...) y será un desafío atender la demanda de verano", añade Cruañas. Según un estudio reciente de Infojobs, en la categoría profesional de turismo y restauración se han registrado 16.074 vacantes, siendo camareros, cocineros y camareros de piso los perfiles más buscados. En cuanto a las comunidades autónomas, Cataluña, Madrid, Andalucía y Canarias son las que ofrecen más puestos de trabajo en el sector turístico y de restauración en el último mes. Todos estos datos coinciden con una Semana Santa en la que se espera un aumento de ingresos y ocupación en el sector turístico en comparación con el año anterior, según el avance de las reservas, principalmente de turistas nacionales, pero también extranjeros. La Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav) estima un crecimiento de entre el 5% y el 10% en la facturación respecto al año pasado. Los hoteleros también están "muy esperanzados" con los índices recibidos para Semana Santa, que reflejan una tendencia general que sitúa al sector un 25% por encima de la misma época en 2019, según la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). Con estas proyecciones, es posible que la Seguridad Social alcance por primera vez los 21 millones de afiliados en marzo en España, tras sumar 103.621 ocupados en febrero, llegando a los 20,7 millones.

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(El Economista, 25-03-2024) | Laboral

Europa critica que España limite a los jueces la capacidad de imponer indemnizaciones por despido adecuadas

El Comité Europeo de Derechos Sociales, encargado de garantizar el cumplimiento de la Carta Social Europea, censura la restricción en España que limita a los jueces la facultad de otorgar una compensación adicional adecuada a los trabajadores por los perjuicios sufridos en caso de despido improcedente, especialmente durante el embarazo o la baja de maternidad. Esta crítica del Comité adelanta su posición sobre las dos demandas presentadas por CCOO y UGT en 2022, las cuales buscan modificar el sistema de indemnizaciones por despido y considerar compensaciones adicionales, cuya resolución se espera para principios de 2025. En sus conclusiones sobre el cumplimiento de España con la Carta Social Europea en 2023, el Comité señala que, en situaciones donde el trabajador recibe una indemnización insuficiente por despido improcedente, "el juez no puede conceder una compensación adecuada que compense todos los daños sufridos". Actualmente, cuando un despido es declarado nulo, el empleador debe pagar al trabajador la retribución dejada de percibir desde el cese, más una cantidad estipulada en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores (33 días por año trabajado). Los tribunales también pueden otorgar una indemnización adicional de hasta 15 días de salario por año trabajado. Sin embargo, el Comité observa que ambas indemnizaciones están limitadas por un máximo, lo que restringe la capacidad del trabajador para recibir una compensación justa según las circunstancias. En este contexto, el Comité concluye que España viola el artículo 8.2 de la Carta Social Europea, que protege a las mujeres embarazadas y en baja de maternidad del despido, ya que si la empresa no puede reincorporar a la trabajadora, "el juez no puede otorgar una indemnización adecuada para compensar todas las pérdidas sufridas". Además, el Comité critica que España permita despedir a mujeres embarazadas o en baja por maternidad dentro de un ERE, cuando la Carta Social Europea solo lo permite en casos de falta grave, cese de actividad de la empresa o si el contrato era temporal y expiró. Por otro lado, el Comité también censura a España por aprobar un permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años sin remuneración, incumpliendo así la Directiva europea que exige que este tipo de permisos sean remunerados. Este aspecto es crucial para que los padres puedan tomar este tiempo y especialmente para aquellos en familias monoparentales. España debe corregir esta situación antes de agosto para cumplir con la Carta Social Europea.

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(El País, 22-03-2024) | Laboral

Escrivá plantea becas para los opositores y recortar a un año el plazo para ser funcionario

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, anunció hoy la intención de establecer un programa de becas dirigido a los aspirantes a opositores de las administraciones públicas. Además, Escrivá planteó la posibilidad de reducir a un año, e incluso a un periodo aún más corto, la duración de las ofertas de empleo público. Durante su comparecencia en el Senado, el ministro se comprometió a crear programas de becas destinados a los opositores, con el objetivo de facilitar el período de estudio para aquellos aspirantes que no puedan permitirse estar sin ingresos durante ese tiempo. Reconoció que algunas oposiciones son muy exigentes y requieren varios años de preparación. En este mismo sentido, Escrivá se comprometió "a acortar los plazos de los exámenes". Según sus palabras, "muchas partes de los procesos de los exámenes son prescindibles". Asimismo, afirmó: "Debemos garantizar que la oferta de empleo público no supere un año de duración, e incluso menos". El ministro hace referencia al hecho de que, en la actualidad, puede transcurrir un año o más desde que el Gobierno publica una oferta de empleo público hasta que se cubren las plazas convocadas. Cada etapa del proceso de convocatoria está llena de trámites para garantizar que se cumplan los requisitos de mérito, capacidad, igualdad y publicidad. Esta situación ha contribuido al aumento del empleo temporal en las administraciones públicas. Sin embargo, el factor más determinante para el crecimiento de la temporalidad y del empleo de interinos en las administraciones es la tasa de reposición. Esta tasa se refiere a la capacidad del Gobierno para decidir cuántas plazas se pueden ocupar de los funcionarios que se jubilan o fallecen. Es un modelo comúnmente utilizado para reducir el gasto público durante épocas de crisis económicas. En este contexto, Escrivá anunció la eliminación de la tasa de reposición en 2025, y su reemplazo por "un modelo que diseñe las plantillas conforme a los servicios públicos que brinda el Estado del Bienestar y los escenarios presupuestarios plurianuales establecidos por la UE". Además, agregó: "Cambiaré el modelo actual de autorización previa para la planificación de las plantillas por uno en el que los gestores tengan más autonomía en su organización y responsabilidad en su diseño, con un posterior control sobre la calidad de esa planificación". Escrivá también detalló ante los senadores su intención de "ampliar el catálogo de opciones de jubilación flexible para los empleados públicos, equiparándolo con el sector privado". Esto incluiría posibilidades de jubilación anticipada, parcial, activa y diferida, con los incentivos apropiados.

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(El Economista, 22-03-2024) | Laboral

Los abogados y procuradores autónomos cobrarían hasta 700 euros más de pensión en el RETA

UPTA presentó el jueves una iniciativa junto con los procuradores del Movimiento #J2 y la Asociación ANAMA para establecer una pasarela "voluntaria" destinada a abogados y procuradores que sean parte de mutualidades y deseen unirse al Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos (RETA), mediante el pago de la cuota correspondiente a las mutualidades alternativas. Según Eduardo Abad, líder de la asociación, muchos profesionales, al optar por el sistema alternativo, han quedado desprotegidos socialmente, obteniendo pensiones de entre 400 y 600 euros al mes al retirarse a edades superiores a las establecidas para acceder a la jubilación en el sistema público de pensiones. Por otro lado, los autónomos que ya están en el RETA, y han trabajado en condiciones similares a sus colegas mutualistas, podrían recibir alrededor de 1.100 euros mensuales, lo que representa un aumento de hasta 700 euros. Se estima que unos 60.000 autónomos podrían optar por unirse al RETA, según confirmó esta semana el presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana. Esto significaría una aportación aproximada de 3.600 millones de euros a la Seguridad Social proveniente de las mutualidades. La propuesta de UPTA prevé que la Seguridad Social recaude alrededor de 300 millones de euros al año mediante el actual sistema de cotización basado en ingresos reales. La asociación explica que el plan se basa en la capitalización de las aportaciones y los rendimientos generados por las mutualidades, permitiendo la transición automática al RETA y la conversión del tiempo cotizado en el sistema público. Para llevar a cabo esta pasarela, se requeriría la capitalización individual de todas las contribuciones a la mutualidad y la liquidación del patrimonio inmobiliario de las mutualidades, distribuyendo los resultados de manera proporcional entre los mutualistas. Según la propuesta de UPTA, el monto resultante se denominaría "capitalización individual del mutualista", exento de impuestos y sujeto a convergencia con las cuotas mínimas del RETA, ajustadas según las bases y los tipos mínimos de cotización establecidos en los últimos 29 años. Bajo este esquema, no se impondría la obligación a los nuevos autónomos de unirse al RETA a partir de 2027, como propone la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz. En su lugar, ambos sistemas coexistirían, permitiendo a los mutualistas optar voluntariamente por permanecer en la Mutualidad o adscribirse al RETA. UPTA calcula que con alrededor de 80.000 euros se podrían acreditar 29 años cotizados en el RETA, lo que permitiría acceder a una pensión contributiva. Sin embargo, la aplicación de complementos por mínimos sería incompatible con la percepción de otras rentas, lo que podría dejar a muchos mutualistas con pensiones muy bajas.

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(Expansión, 21-03-2024) | Laboral

El coeficiente reductor de la prestación por la jubilación anticipada debe aplicarse sobre la pensión máxima que se fija cada año

La Seguridad Social ha emitido una comunicación para esclarecer el cálculo del coeficiente reductor aplicado a las pensiones que exceden la cantidad máxima establecida por el sistema, la cual se determina anualmente, en casos de jubilación anticipada voluntaria. En una circular reciente del 4 de marzo, conocida como Criterio de Gestión dentro del sistema, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) especifica que, en estos casos, el coeficiente reductor por adelantar la jubilación de manera voluntaria debe aplicarse sobre la pensión máxima establecida en los Presupuestos Generales del Estado cada año. Para el año 2024, este límite es de 3.175,04 euros al mes y 44.450,56 euros anuales considerando catorce pagas. La circular responde a la pregunta de sobre qué cantidad se aplica el coeficiente reductor mensual o anual por adelantar la jubilación voluntaria: ¿sobre la pensión máxima establecida por la Seguridad Social anualmente o sobre la cantidad resultante que supere este límite, teniendo en cuenta los años de cotización y el salario? De esta manera, el INSS interpreta la disposición transitoria decimocuarta de la Ley General de la Seguridad Social. Este precepto es resultado de una de las reformas de pensiones implementadas en 2022. La disposición está vigente desde el 1 de enero de este año y ha generado confusión sobre qué cantidad aplicar el coeficiente reductor, lo que ha llevado al INSS a publicar la mencionada circular. Por lo tanto, la circular establece que "los coeficientes reductores por anticipación de la edad [de jubilación] se aplicarán directamente sobre el límite máximo de pensión establecido para el ejercicio correspondiente". Esto significa que no se aplicarán sobre la cantidad resultante al calcular el tiempo de cotización y el salario cuando esta sea superior. Además, la Seguridad Social aclara que lo que se consideraba como base de cotización hasta ahora debe entenderse como pensión. Otro aspecto importante es que la circular aclara que los coeficientes reductores previstos en la pensión para los casos de jubilación voluntaria deben seguir lo establecido en la disposición transitoria de la Ley General de la Seguridad Social, no los regulados en el artículo 208 de la normativa anterior a la reforma. La penalización varía según el caso. Por ejemplo, un trabajador que adelante su jubilación de manera voluntaria dos años, con una pensión superior al límite máximo del sistema, perdería un 21% de la pensión con los coeficientes reductores anteriores a la reforma si ha cotizado menos de 38 años y seis meses. Con la nueva disposición transitoria, esta penalización sería del 5,70%. Esto significa que, en el primer caso, con un descuento del 21% en la pensión máxima de este año (3.175,04 euros al mes) por jubilarse de forma anticipada y con ese tiempo de cotización, la pensión mensual resultante sería de 2.508,29 euros. Con la disposición transitoria mencionada, el coeficiente reductor a aplicar sobre la pensión del trabajador sería del 5,7%, resultando en una pensión mensual de 2.994,06 euros por jubilarse dos años antes de forma anticipada y con menos de 38 años y 6 meses de cotización. Como se puede observar en el gráfico, la disposición transitoria establece un período de diez años para aumentar gradualmente el coeficiente de reducción en la jubilación anticipada voluntaria para las pensiones que superen la cantidad máxima, siempre en función del tiempo de cotización. A medida que aumenta la contribución del trabajador, la penalización en la pensión será menor.

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