(La Vanguardia, 07-11-2025) | Laboral
Amazon anunció la semana pasada el inicio de un proceso de despido colectivo que podría afectar hasta a 1.200 empleados de sus oficinas corporativas en España. Este jueves, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, informó de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha intensificado las investigaciones sobre posibles irregularidades cometidas por Amazon y otras grandes tecnológicas en el uso de algoritmos de control laboral. Durante su intervención ante la Comisión de Trabajo del Congreso, Díaz adelantó además el lanzamiento de una campaña específica para supervisar este asunto.
"Ya está en marcha una campaña de Inspección destinada a vigilar el uso de algoritmos en las grandes tecnológicas que operan en España", señaló la ministra, mencionando expresamente a "Uber, Cabify y Amazon". Díaz criticó los sistemas de vigilancia y control que aplican estas empresas, asegurando que "parecen muy modernas, pero mantienen condiciones laborales propias del siglo XIX".
La vicepresidenta también advirtió que su Ministerio no permitirá prácticas como "el modelo Amazon de 120 horas semanales o el uso de pulseras para controlar cuánto tiempo pasa un empleado en el baño", y recordó a las compañías tecnológicas que en España "los derechos laborales se respetan y se cumplen".
El programa de Gobierno del PSOE y Sumar incluye el compromiso de aprobar un "Estatuto del Trabajo del siglo XXI", destinado a garantizar una base común de derechos laborales y a regular la transparencia en el uso de algoritmos dentro de las empresas. El objetivo es que los procesos de toma de decisiones automatizados sean comprensibles tanto para las compañías como para la representación de los trabajadores.
Por su parte, Amazon -que acaba de registrar un aumento de beneficios del 38% y un nuevo récord en Bolsa- ha aclarado que los despidos solo afectarán a sus oficinas de Madrid y Barcelona, sin impacto en los repartidores ni en el personal de los centros logísticos. En total, la empresa emplea a 28.000 personas en España, por lo que el ajuste previsto afectaría a algo más del 4% de la plantilla.
La Inspección de Trabajo también mantiene abierta una investigación sobre Uber Eats, centrada en la posible utilización de falsos autónomos pese a la entrada en vigor de la ley rider. El organismo examina si el modelo híbrido de la empresa -que combina subcontratas (flotas) y repartidores por cuenta propia- vulnera la normativa laboral. En octubre, Díaz advirtió que mantener este sistema podría acarrear responsabilidad penal para los directivos. El caso recuerda al de Glovo, que modificó su modelo hacia la contratación laboral tras la apertura de una causa penal contra su consejero delegado en España, Óscar Pierre.
Durante su intervención, Díaz también destacó los buenos datos de empleo en España, con niveles de ocupación récord, especialmente entre mujeres y jóvenes, y con la tasa de paro más baja desde 2008 en un tercer trimestre. La ministra reprochó a la oposición sus críticas, defendiendo que "hay más empleo y de mayor calidad", con más puestos cualificados y menos contratos temporales.
Asimismo, confirmó que el salario mínimo interprofesional (SMI) volverá a subir una vez el comité de expertos emita su recomendación. Desde 2018, el SMI ha crecido un 61%, y Díaz insistió en que "un país de bajos salarios no tiene futuro", reclamando a las empresas que también asuman su parte y aumenten los sueldos, especialmente en los tramos medios.
Por último, en medio del debate sobre las cuotas de autónomos, la ministra subrayó que existen diferentes realidades dentro del trabajo por cuenta propia, lo que requiere "respuestas diferenciadas". Recordó que fue crítica con la primera propuesta de subida de cuotas planteada por la Seguridad Social, la cual finalmente se ajustó a la baja tras las negociaciones.