(El Periódico, 06-11-2025) | Laboral
El Ministerio de Función Pública trabaja en un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos que cubriría el periodo 2026-2028, junto con una subida específica y diferenciada para 2025. El objetivo es que las actualizaciones anuales incluyan un componente fijo y otro variable, garantizando en todo momento la compensación frente a la inflación.
En la primera reunión entre el Ministerio y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, se sentaron las bases para negociar este nuevo marco retributivo que afectará a más de 3,5 millones de trabajadores públicos. El departamento que dirige Óscar López propuso un acuerdo de tres años (2026-2028), además de una revisión salarial para 2025, año en el que las nóminas del sector público no han sido actualizadas, ya que el anterior pacto cubría el trienio 2022-2024.
Aunque en este primer encuentro el Ejecutivo no detalló el mecanismo exacto para aplicar estas cuatro subidas acumuladas, sí confirmó que las revisiones salariales igualarán, como mínimo, el avance de la inflación, combinando una parte fija y otra variable con el fin de que los empleados no pierdan poder adquisitivo. Los sindicatos recordaron tras la reunión que el año 2025 no puede quedar fuera del acuerdo, ya que la única mejora aplicada hasta ahora, un 0,5% adicional aprobado en verano, se debía a las cláusulas del acuerdo 2022-2024, activadas al superarse los límites de inflación previstos. Por tanto, esa subida no corresponde a una actualización salarial propia de 2025, lo que equivale, de hecho, a una congelación salarial.
El modelo propuesto por el Gobierno replicaría la fórmula mixta del último acuerdo, vigente entre 2022 y 2024, que combinaba incrementos fijos y variables. Dicho marco garantizaba una subida mínima del 6,5%, que podía llegar al 9,5% según la evolución del IPC y del PIB. En detalle: en 2022 se aplicó un aumento fijo del 2% más un 1,5% variable; en 2023, un 2,5% fijo más un 1% variable; y en 2024, un 2% fijo más un 0,5% adicional, abonado retroactivamente en verano junto con los atrasos correspondientes desde enero de ese año.
"No aceptaremos un año de congelación salarial o subida cero", advirtió Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, al término del encuentro. Por su parte, CSIF señaló que el 19 de noviembre Función Pública presentará ya una propuesta económica concreta tanto para el acuerdo 2026-2028 como para el incremento de 2025, que será "claramente diferenciado". La organización sindical exigió que la subida para 2025 se aplique de inmediato y con carácter retroactivo desde enero, y no descartó movilizaciones o huelgas si la oferta no satisface sus demandas.
Fuentes del Ministerio explicaron que en esta primera toma de contacto se acordó un calendario de reuniones para elaborar un texto que pueda elevarse a la mesa general de negociación de las Administraciones Públicas "tan pronto como sea posible".
La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, destacó que el propósito del acuerdo no es solo mejorar las retribuciones, sino también introducir reformas organizativas que beneficien tanto a los trabajadores como a los servicios públicos que reciben los ciudadanos. "Queremos avanzar con las organizaciones sindicales hacia una Administración más participativa, con servicios personalizados, políticas públicas centradas en las personas y una estructura preparada para afrontar los retos de la transformación digital y la transición ecológica", declaró Sánchez.
En este sentido, el Ministerio señaló que el pacto incluirá mejoras organizativas y nuevos avances en la consolidación de derechos laborales para los empleados públicos.